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CAPITULO 11 LA CRISIS CENTROAMERICANA 2.1. LA CRISIS ESTRUCTURAL Cuando concluye la década de los ochenta, resulta difícil encontrar análisis que no refieran la crisis de estos años, expresada en términos politicomilitares, a una crisis más amplia, de carácter estructural, que, lejos de solucionarse de forma constructiva y pacífica, provocó la acumulación de profundas tensiones económicas, sociales y potiticas. Existen, eso sí, diferentes versiones en cuanto a la vía de traducción de la crisis estructural en agudo conflicto politicomilitar: desde que sostienen que se trata de una traducción lógica, basada en el legítimo derecho de los pueblos a la rebelión, cuando están cerradas vías potiticas democráticas para lograr la satisfacción de las mínimas necesidades de la mayoria de la población; hasta las que ponen el énfasis en la idea de aprovechamiento de las tensiones estructurales por parte de quienes quieren subvertir el orden, coaligados con los intereses de potencias muy distantes de la región. Pero, en todo caso, existe ya un consenso bastante amplio sobre la idea de que la presente crisis hay que referirla a ese cuadro critico estructural. Así pues. antes de expo- ner los efectos de la crisis politicomilitar actual, parace útil tratar de describir dicho cua- dro. l.a primera cuestión que se plantea al respecto, es establecer la dinámica constitutiva de la crisis estructural en un periodo temporal. En este sentido, la referencia ha de ser obligadamente el reconocimiento de la dirección de esa dinámica, los objetivos que perse- guía y desde cuando se phmteron estos. Es decir, sin desconocer los antecedentes históri- cos, se trata de estudiar esta crisis y su espacio temporal concretos. Desde esta perspectiva, resulta una evidencia empírica que la mayoria de los análisis que tratan de explicar las especificidades de la crisis actual se refieren concretamentea la acumulación de fustraciones que tienen lugar en la región cuando se da el paso de la Centroamérica rural y simplemente agroexportadora a la región mitad urbana y con apre- ciable industrialización que llega a la década de los ochenta. Una transición que, como se sabe, no significó -como sucedió en otras regiones de América Latina- la sustitución del mecanismo agroexportador. sino la adición sobre éste de un proceso de urbanización e industrialización que cambió las sociedades centroamericanas, aunque arrastrando estructu- ras y formas del El inicio de esta es situado regularmente en torno a la Segunda Guerra Mun- 25

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CAPITULO 11

LA CRISIS CENTROAMERICANA

2.1. LA CRISIS ESTRUCTURAL

Cuando concluye la década de los ochenta, resulta difícil encontrar análisis que no refieran la crisis de estos años, expresada en términos politicomilitares, a una crisis más amplia, de carácter estructural, que, lejos de solucionarse de forma constructiva y pacífica, provocó la acumulación de profundas tensiones económicas, sociales y potiticas. Existen, eso sí, diferentes versiones en cuanto a la vía de traducción de la crisis estructural en agudo conflicto politicomilitar: desde la~ que sostienen que se trata de una traducción lógica, basada en el legítimo derecho de los pueblos a la rebelión, cuando están cerradas la~ vías potiticas democráticas para lograr la satisfacción de las mínimas necesidades de la mayoria de la población; hasta las que ponen el énfasis en la idea de aprovechamiento de las tensiones estructurales por parte de quienes quieren subvertir el orden, coaligados con los intereses de potencias muy distantes de la región.

Pero, en todo caso, existe ya un consenso bastante amplio sobre la idea de que la presente crisis hay que referirla a ese cuadro critico estructural. Así pues. antes de expo­ner los efectos de la crisis politicomilitar actual, parace útil tratar de describir dicho cua­dro. l.a primera cuestión que se plantea al respecto, es establecer la dinámica constitutiva de la crisis estructural en un periodo temporal. En este sentido, la referencia ha de ser obligadamente el reconocimiento de la dirección de esa dinámica, los objetivos que perse­guía y desde cuando se phmteron estos. Es decir, sin desconocer los antecedentes históri­cos, se trata de estudiar esta crisis y su espacio temporal concretos.

Desde esta perspectiva, resulta una evidencia empírica que la mayoria de los análisis que tratan de explicar las especificidades de la crisis actual se refieren concretamentea la acumulación de fustraciones que tienen lugar en la región cuando se da el paso de la Centroamérica rural y simplemente agroexportadora a la región mitad urbana y con apre­ciable industrialización que llega a la década de los ochenta. Una transición que, como se sabe, no significó -como sucedió en otras regiones de América Latina- la sustitución del mecanismo agroexportador. sino la adición sobre éste de un proceso de urbanización e industrialización que cambió las sociedades centroamericanas, aunque arrastrando estructu­ras y formas del pa~ado.

El inicio de esta tr~msición es situado regularmente en torno a la Segunda Guerra Mun­

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dial, aunque se trate de un proceso más amplio, cuyo primer paso se ubique en el impacto que tuvo la depresión mundial de 1929 sobre la sociedad agroexportadora del momento. En efecto, desde ese año hasta el repunte del comercio mundial al acabar la guerra mun­dial, se produce un proceso complejo de reestructuración que concluye con el intento más importante de modernización estructural, económica y política, producido en este siglo y que presentará diversas formas según cada país, pero manteniendo un contenido básico: la sustitución de la sociedad oligárquica basada en la agroexportación.

El establecimiento del período desde la postguerra a los años ochenta, tiene una ventaja en cuanto al análisis de la situación de la mujer en el área: es en este período donde se van a producir cambios fundamentales en su condición, comenzando por el hecho de que precisamente en la postguerra es cuando la mujer adquiere plenos derechos ciudadanos.

Para reconocer más claramente este punto de partida, conviene tener alguna idea del carácter de la sociedad que había existido hasta entonces y que iba a ser sustituida. La sociedad oligárquica se basaba economicamente en el sistema agroexportador (principal­mente café y banano), de propiedad local o en manos de compañías extranjeras, con una estructura de tenencia de la tierra, basada en la concentración latifundista, que, hasta los años cuarenta, tuvo siempreelementos de economía de frontera, es decir la posibilidad de incorporar nuevas tierras al sistema productivo.

Socialmente, se trataba de sociedades con un Úldice importante de d¿sagregación y, aunque ya desde los años veinte el crecimiento urbano era significativo, eran sociedades fundamentalmente rurales, que mantenían algunos enclaves indígenas (excepto en Guate­mala, donde la población indígena era mayoritaria) y aún de mestizos fuera del sistema civilizatorio central. De hecho, la acción efectiva del Estado no abarcaba mucho más allá de las capitales y otras ciudades importantes: sucediendo así que las funciones educativas, sanitarias, de orden público, etc., se resolvían en el seno de las relaciones socioeconómicas entre terratenientes y campesinos, es decir, de acuerdo con los intereses del sector emplea­dor. La dependencia sociopolíticaque generaban tales estructuras, al lado de la extrema concentración de la riqueza, hacía que tales sociedades, con una pobreza generalizada, estuvieran cauteladas por sistemas polfticos basados en la exclusión de la mayoría de la población (voto sensitario, elecciones de segundo grado, etc.), que, cuando no pasaban por períodos de dictadura, limitaban la vida pública republicana a los grandes propietarios y sus clientelas.

En esta sociedad, la información fragmentaria que se tiene de la situación de la mujer, indica una fuerte participación económica en el campo, que, como mostraron todavía los censos de 1950 realizados en varios países de la región, era apreciablemente visible, con mucho menos problemas de declaración y registro de los que habría en los años siguientes (ver observaciones metodológicas en la introducción). Todo indica que la participación económica en la'> zonas rurales era mayor que en la'> zonas urbana'>, algo que cambiaría radicalmente en el curso del período que se va a examinar. Pero social y politicamente, la sociedad oligárquica excluía drasticamente a la mujer, a la que negaba -por razones de género, independientemente de la clase social- el derecho a elegir y ser elegida.

No obstante, en los años treinta ya se había dado una modernización social suficiente como para que los problemas que originó la depresión mundial de 1929 se tradujeran en

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crisis sociales y políticas con algún grado de integración local: insurrección campesina de 1932 en El Salvador, acción de Sandino (19271932) en Nicaragua, la gran huelga de los trabajadores agrícolas de la United Fruit Company de 1934 en Costa Rica.

De esta forma, la rampa económica alcista que llega con la guerra mundial y su final, coincide con una progresiva acumulación de sectores sociales que convergen hacia la ne­cesidad de abrir las estructuras de la sociedad oligárquica agroexportadora, comenzando por su sistema sociopolítico. El efecto inmediato de esta alza económica para el negocio exportador es un desarrollo de sus posibilidades, y así recupera sus niveles de rentabilidad y aún los supera con nuevas opciones (inicio del boom algodonero). Además, el regreso y/o el fortalecimiento de los capitales norteamericanos en la región aumentará la producti­vidad del sector. Ahora bien, sobre el aumento de los ingresos por la exportación, se acelera un fenómeno importante: juntos o por separado, capital nacional y extranjero, comienzan a orientarse sensiblemente hacia la actividad industrial.

Y, sobre este repunte económico y modernizador, se va a desarrollar la tentativa de apertura del sistema político procedente de la sociedad oligárquica exportadora. Pues bien, estudios de diferente signo coinciden en que la fiustración de esta tentativa va a determinar el tipo de desarrollo societario que se producirá posteriormente en Centroamé­rica y que conducirá a la crisis de los años setenta y ochenta.

Este intento de apertura política se inició por diversas vías en la región. En un clima internacional dominado por la derrota de las dictaduras fa'icistas, caen en Centroamérica las dictaduras procedentes de la crisis de los años treinta en Guatemala (Jorge Ubico, 1944) Y El Salvador (Maximiliano Hernández, 1944); se abren crisis políticas nacionales en Honduras (1945-1948) Y Nicaragua (secesión de los conservadores liderados por Pedro Joaquín Chamorro, 1945) y se producen profundos reacomodos políticos, como el surgido de la guerra civil de 1948 en Costa Rica.

Este impulso renovador apoyado por el clima internacional que se concretó en la cons­titución de las Naciones Unidas, trajo consigo unos discursos políticos fundamentados en la no discriminación, tampoco por razones de sexo. Este clima provocaría en toda la región la obtención, entre los años cuarenta y cincuenta, del derecho al voto de la mujer (aunque se mantuvieran algunas restricciones en dos países, El Salvador y Honduras, que fueron eliminadas a principios de los años sesenta).

La cuestión es que, también por diferentes caminos, estas aperturas políticas no logra­ron estabilizarse como sistemas en la región (a excepción de Costa Rica), incluso en los casos en que se afianzaron más y tuvieron mayor duración, como fue el paradigmático caso de Guatemala. En este país, durante toda una década (1944-1954), avanza un proce­so que parece dar cauce a instituciones de la sociedad modernizada (establecimiento legal de sindicatos, código de trabajo, etc.) y que incluso va a acabar por encarar la clave que pone en cuestión la sociedad agroexportadora: la reforma agraria. Como se sabe, la reac­ción conservadora fue más fuerte y pudo asociarse al rápido cambio del clima internacio­nal que se formuló como guerra fría. Así, el Gobierno reformista de Arbenz acabará cayendo a manos de una intervención militar implementada por Estados Unidos.

El resultado má'i evidente de esta frustración sociopolítica será que el proceso de indus­

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trialización y urbanización continuará aceleradamente, pero sin estar acompañado de un sistema político que permita integrar socialmente estos cambios. Ciertamente, esto no debe entenderse como un proceso lineal -ni coetáneo- en toda la región (excepto Costa Rica), donde la dinámica industrializadora avanzó sin que se produjeran tentativas de aper­tura política (quizá la más importante, la producida en 1972 en El Salvador), pero éstas fueron aisladas y consecutivamente frustradas, por lo que resulta posible aceptar esa lectu­ra general del período: proceso acelerado de industrialización y urbanización sin integra­ción social y política. Un fenómeno que se retroalimentará: la exclusión de sectores im­portantes de la población del mercado interno, y, concretamente del mercado de trabajo, provocará permanentemente un conjunto de tensiones que exigirán de un endurecimiento cada vez mayor de los mecanismos coercitivos del sistema político cerrado.

De esta forma, el fuerte crecimiento económico de Centroamérica -la región más pobres de América Latina- en los veinticinco años que siguieron a 1950 tendrá un acentuado carácter paradójico. Una idea de su magnitud la da el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) a una media del 5.3 % (siempre según datos de la CEPAL), superior a la media latinoamericana y que sobrepasa con creces el incremento notable de la pobla­ción: así en 1970, el PIB por habitante había crecido en un 80 % respecto del de 1950. En términos absolutos, el PIB de 1976 ($ 8,567 millones) era cuatro veces el PIB de 1950 ($ 2,253 millones).

Dicho crecimiento guarda relación con el desarrollo industrial (la participación indus­trial en el PIB creció el 13.3 % en 1960 al 17.9 % en 1970), aunque se basara aún mayoritariamente en la agroexportación (que decreció del 32.4 % al 26.2 % en las mismas fechas). En realidad, estos fueron buenos años para la exportación de productos agrícolas tradicionales y de otros nuevos (algodón, azúcar y carnes, principalmente), que se vió impulsada por un salto cualitativo en la mecanización, la productividad y el aumento de la tierra cultivada. Por otra parte, la creación del Mercado Común Centroamericano hizo que, en la década de los sesenta, el comercio intrarregional se multiplicara por diez, pasan­do de 30 a 300 millones de dólares. En este contexto, se dará el crecimiento lento pero sostenido de la participación de la mujer en la fuerza del trabajo industrial, al tiempo que se produce una caida vertical del registro de la actividad económica de la mujer rural.

Ahora bien, este crecimiento presentaba algunas deficienciac; en el plano económico y, sobre todo, grandes problemas en el orden social. En el primer plano, no hay que olvidar que, de todas formas, se está hablando de una región pobre que crece deficitariarnente en términos comerciales: su balanza en 1960 era de -83 y en 1970 de -226 millones de dólares. y que, paradojicamente, el aumento del déficit corre paralelo al desarrollo indus­trial. Así, incluso, en los peores años de la exportación (los ochenta), el sector agrícola seguirá siendo el único que presentará saldos comerciales positivos para el conjunto cen­troamericano, frente a los otros dos sectores (aunque éste no sea un mal específico de Centroarnérica sino de toda América Latina). Por otra parte, esta industrialización presen­ta una enorme penetración extranjera, que en los años sesenta hizo saltar el índice de inversión extranjera industrial del 3.8 % en 1960 al 30.8 % de 1969 (siempre teniendo en cuenta que este índice se refiere al total de la industria, cuando sucede que la propiedad extranjera se centra casi exclusivamente en la nueva empresa). Dicho en breve, se trata de un desarrollo estructuralmente dependiente de los factores externos, algo que tendrá sus consecuencias con la crisis económica mundial de los años setenta.

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Los problemas sociales generados por este proceso no fueron menores. En primer lu­gar, la mejor explotación del campo y el aumento de la tierra cultivada no significaron una mayor distribución de tierras, sino, en algunos casos, incluso una concentración aún más fuerte (los impulsos de reforma agraria, débiles y fluctuantes, se produjeron fundamental­mente como decisiones en el terreno político y social). En todo caso, el elevado creci­miento poblacional en el campo superó con creces la formación de empleo, lo que originó una emigración forzosa hacia las ciudades: la población urbana era en 1950 el 30 % de la total y en 1975 ya era el 40 % (promedio regional). Como se sabe, este movimiento migratorio fue mayor en las mujeres que en los hombres, entre otras razones porque las mujeres jóvenes vieron cómo la contracción del mercado de trabajo agrícola expulsaba mayoritariamente a las mujeres de este mercado (quedando tendencialmente en el campo las mujeres adultas campesinas, cuyo trabajo agrlcola se confundia progresivamente con los quehaceres domésticos, cuando no se ocupaban en trabajo estacional, y se hacía nota­blemente invisible).

Sin embargo, este movimiento migratorio no pudo ser absorbido en la ciudad por el sector industrial, ni en general por el aparato productivo mbano. En suma, se producirla en este perlodo el siguiente cuadro: un crecimiento acelerado del PIE (5.3 % promedio anual) y de la industria (8.4 %), muy por encima del importante crecimiento de la pobla­ción (3.2 %), pero que sólo será capaz de producir un incremento de la Población Econo­micamente Activa (PEA) del 2.4 %, lo que muestra una brecha excesiva entre crecimiento económico y ampliación de mercado de trabajo, como para ser interpretada simplemente por factores positivos (más escolarización, mejoras de las posibilidades de retiro, etc.), sino que está apuntando a la marginación de sectores de la población del mercado formal del trabajo, que se acumulan progresivamente en la periferia de las ciudades. Dicho de otra forma, el notable crecimiento de la ocupación industrial ha de entenderse como aquel que se produce en una región donde la industrialización era muy incipiente (presentando además un carácter tendencialrnente intensivo), lo que significa incapacidad de absorción de los volúmenes de población crecientes. Puede afirmarse, por tanto, que la mejora técni­ca en el agro y el proceso de industrialización insuficiente, provocaron un fortalecimiento de la informalidad y de la tercerización ocupacional, que acogió abrumadoramente a las mujeres que buscaban empleo.

La cuestión es que todo ello guardó relación con una conclusión grave en términos políticos. La idea de que el crecimiento del PIE por habitante es sólo una operación matemática que guarda poco que ver con la realidad, se mostró descamadamente en los años del crecimiento centroamericano: los estudios muestran cómo, al tiempo que crecía el PIE por habitante, aumentaba la brecha del reparto de la riqueza (el 5 % más rico creció a una tasa quince veces mayor que la tasa del 50 % más pobre) y, en términos globales, la CEPAL estimaba que en 1976 el 65.2 % de la población centroamericana se encontraba en estado de pobreza, con un 42 % de extrema pobreza. Incluso es interesante ver cómo esta paradoja aumenta examinando país por país: excepto Costa Rica, que tiene una mayor congruencia entre PIE por habitante e índice de pobreza (sólo un 24 %), sucede que el país con un PIB por habitante más alto, Guatemala, tiene el mayor índice de pobreza (79.0 %, con 52 % de extrema pobreza) y el país con un PIE por habitante más bajo, Honduras, tiene el índice de pobreza menor (60.9 %, con una extrema pobrreza del 40.9 %). Algo que parece fortalecer la idea de que a mayor crecimiento industrial hubo más riqueza en los sectores dinámicos de la economía, pero se mantuvo a amplios sectores

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de la población en la pobreza o fueron conducidos hacia una marginalidad cada vez más numerosa.

En todo caso, este crecimiento económico, rápido en términos comparados pero depen­diente y no integrador, fue acompañado por sistemas políticos cerrados que trataron de resolver los problemas creados por el modelo de crecimiento a través de la coerción y la eliminación -física en muchos casos- de opciones alternativas. En este contexto, tuvo lugar el influjo del discurso político norteamericano, primero en su fórmula de Alianza para el Progreso y después, con la Administración republicana (hasta 1976) en su versión menos reformista. A continuación se examinará la importancia de este factor extrarregio­nal, pero es importante constatar que este influjo ideológico tuvo efectos pertinentes -nega­tivos y positivos- en el caso de la mujer, puesto que fortaleció en el sistema de valores el modelo de la familia nuclear moderna, al tiempo que actuó sobre los parámetros de fecun­didad. La cuestión es que eso sólo tuvo una influencia mas o menos armónica en el caso del país que tenía condiciones socioeconómicas y políticas más tolerables, Costa Rica, contribuyendo así a la modernización familiar (la fecundidad en ese país se redujo drasti­camente en el período, pasando de los 6 hijos promedio por mujer en edad fértil de 1950 a los 3.5 de 1980).

2.2. LOS FACTORES EXTRARREGIONALES

La vulnerabilidad de la región centroamericana respecto de los factores externos tiene profundas raices históricas, pero durante este período tiene una formulación específica que contiene nuevos elementos, quedando determinada por los siguientes factores fundamenta­les: 1) las tensiones referidas a la relación Norte-Sur, acentuadas, como se ha visto por la fuerte dependencia externa de su crecimiento: 2) el peso de la geopolítica, a partir del hecho de ser flanco de una de las superpotencias que compiten por la hegemonía mundial; 3) el desarrollo de las tensiones Este-Oeste que imparablemente van a tener lugar en la región con la consolidación de la revolución cubana como aliado de la otra superpotencia.

En cuanto al primer factor, es posible afirmar que Centroamérica sufre de los proble­mas clásicos de las relaciones Norte-Sur (deterioro de los términos de intercambio, indus­trialización hacia dentro no competitiva y sin control nacional, debilidad en las relaciones financieras mundiales, etc.), dentro de los parámetros generales del contexto latinoamerica­no, pero con especificidades que identifican netamente a este área.

En primer lugar, porque como se ha dicho el mecanismo agroexportador se ha manteni­do predominante en esta región mucho más que en el resto de América Latina. Pero también porque la industrialización ba'>aba en buena medida su dinámica en la inversión externa, siendo así que, por proximidad geográfica, están más acentuados determinados patrones de consumo especificamente norteamericanos en esta región que en el resto del continente latinoamericano.

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Naturalmente, un hecho que aumenta la dependencia estratégica del área es que las relaciones comerciales se realicen en gran medida con un determinado país, Estados Uni­dos, cuyos capitales fueron parte del relanzamiento de la agroexportación y de la industria­lización en cuanto a la mediana y gran empresa. Tal dependencia económica no dejó de suponer importantes recortes en los espacios de maniobra de los gobiernos locales frente a la Administración norteamericana.

Sobre estos factores se van a agregar los problemas financieros que afectan a toda América Latina. Durante los años cincuenta y sesenta los paises centroamericanos contra­jeron una deuda externa relativamente manejable, causada en especial por los desbalances provocados por el crecimiento industrial. Pero este problema se fue desbordando en los años setenta, agudizado por los desequilibrios externos de la crisis mundial y los cambios en las condiciones del mercado financiero internacional, hasta convertirse, como se sabe, en uno de los principales factores de vulnerabilidad externa de la región.

En cuanto a la determinación geopolítica que pesa sobre Centroamérica, por el hecho de ser el flanco de una de la'> dos superpotencias, puede afirmarse que hace de esta región un caso especial en el contexto latinoamericano, tanto en términos glogales como en los mas especificos de seguridad. En este sentido, los análisis que se hacen desde Centroamé­rica tienen su fondo de verdad cuando sostienen que, mucho antes de que apareciera en la región la tensión Este-Oeste, Centroamérica ya habia experimentado las consecuencias geoestratégica,> del hecho de ser objetivamente - y sobre todo en el plano de las percepcio­nes- el flanco delicado de una potencia en desarrollo.

Tales efectos han pasado por distintas fases históricas, pero en términos globales es evidente que, conforme se desarrolla el Administración norteamericana, esta va percibien­do a Centroamerica a partir de dos supuestos geoestrátegicos: a) entendimiento de la re­gión como el bajo vientre ("soft underbelly" de Haig) del gigante norteamericano, y b) comprensión, especialmente en términos de seguridad, del área como un conjunto mas amplio, la Cuenca del Caribe, que abarca Centroamérica, Panamá y el Caribe propiamente dicho.

Pueden establecerse, de forma amplia, tres fases esenciales en el desarrollo de políticas norteamericanas hacia el área: 1) la preparación y ejecución final de una politica de con­trol sobre el área como protección estrategica, que avanza con el siglo XIX y desemboca en la guerra con España por Cuba y otra'> posesiones, ba'>ada en una visión mesianica de liberación colonial y en la doctrina Monroe (l 823); 2) la articulación efectiva de su poder estratégico, que dura desde los resultados de la guerra con España hasta la segunda guerra mundial, donde completa el posesión sobre el perunetro de seguridad (Florida, Puerto Rico. canal de Panamá), ademas de quedar en sus manos la via interoceártica, y tiene una politica basada en dos elementos, la intervención si es necesario para protejer a la región del incendio de la Revolucón Mexicana de 1910 y el arbitraje y mediación de los conflic­tos regionales ( que va desde los acuerdos de Marblehead en 1906 a la Conferencia de Guatemala de 1934); 3) la necesidad del reacomodo de los parámetros de seguridad de la región, que van desde la segunda guerra mundial hasta hoy, a la vista de elementos nue­vos, como son la diferente competencia hegemonica surgida de la guerra y el factor de la revolución cubana.

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La etapa que se inicia con el fin de la Guerra Mundial parece llegar marcada por la aceptación latinoamericana de una hegemonía estadounidense, dentro de un cierto equili­brio, que se concretará en la firma de la alianza militar en 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) y la estructuración de la Organización de Estados Ameri­canos (OEA). Sin embargo, en esta fase es cuando Estados Unidos va a enfrentar las mayores sorpresas. Es cierto que con el establecimiento de la era nuclear los parámetros de seguridad van a acabar sufriendo un cambio irreversible, donde los flancos geográficos pierden la extrema importancia que tenian anteriormente (pronto el mayor flanco sera el cielo abierto), pero ello no significará que dichos flancos dejen de ser percibidos como tales. Por esa razón no puede resultar extraño que unos Estados Unidos en medio de la guerra fria, perciban los intentos reformistas que tienen lugar en la región durante los cincuenta como torbellinos desestabilizadores a los que hay que poner límites. De esta forma, sera una int~rvención norteamericana la que ponga final, como vimos, a la expe­riencia reformista mas intensa: el gobierno guatemalteco de Arbenz (1954).

No obstante, esta necesidad de reformas -e incluso la propia intervención en Guatema­la- es captada por sectores políticos norteamericanos, especialmente en el Partido Demó­crata, que adoptan una visión más positiva de los movimientos nacionalistas, especialmen­te en los casos más agudos, como era la Cuba de Batista. Pero, de nuevo, el problema consistió en una cuestión de límites: los Estados Unidos no estaban dispuestos a aceptar en la Cuenca un nacionalismo triunfante que sobrepasara ciertos límites de autonomía. Pronto las presiones sobre el Castro nacionalista van a volvar la naciente revolución cuba­na del lado soviético. Y la progresiva percepción de amenaza que este fenómeno signifi­caba se vió confirmada por el intento soviético de instalar misiles en la isla. La crisis de los misiles (1962) será así uno de los niveles de riesgo más alto de escalada hacia la conflagración que ha existido en la era nuclear. Una crisis regional en su flanco sur acabó convirtiéndose en el caso más grave de los supuestos de tensión Este-Oeste (el choque nuclear). La retirada de los misiles soviéticos fue compensada con la aceptación relativa en el área del elemento disruptor (Cuba), sobre el que se aplicará una política de conteo­sión y no una de "roll-back" a corto plazo. Pero el caso cubano consolidó el inicio de la guerra de insurgencia/contrainsurgencia no sólo en la región, sino en toda América Latina.

Sobre el tercer factor, la determinación de la tensión Este-Oeste sobre el área, puede afirmarse que, aunque sea cierto que la base de la actual crisis centroamericana esté referi­da a las tensiones Norte-Sur que han profundizado la crisis estructural de la región, así como que sea un hecho histórico previo el factor geopolítico que pesa sobre la región, no es menos cierto que, agudizadas por la transformación de la revolución cubana en un aliado de la Unión Soviética, las tensiones Este-Oeste se van a establecer en la región tanto sustantivamente como en el plano de las percepciones.

Por un lado, los Estados Unidos se movían entre el apoyo a las aperturas democráticas y la rotunda decisión -en términos de seguridad- de impedir cualquier otra Cuba en la región. Ello supuso en los hechos, aceptar la necesidad de obtener aliados seguros contra las guerrillas de corte castrista, independientemente de si tales aliados eran dictadores típi­cos (Somoza, por ejemplo) o incluso se hacía necesaria la intervención directa, como se puso de manifiesto en la República Dominicana el año de 1975.

Por otro lado, los movimiento revolucionarios armados que han ido surgiendo en la

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región, nacieron de fonna autóctona, pero siempre confiando en el apoyo logístico y estra­tégico que podían obtener de Cuba. Y lo cierto es que, pasando por fases de alza y baja, Cuba ha prestado su solidaridad de fonnas diferentes. Es un hecho conocido y aceptado que los insurgentes, además de usar armas que arrebatan a los ejércitos con los que se enfrentan, se proveen de armamento procedente de los países del este de Europa y de sus aliados en el sudeste asiático.

De esta fonna, la revolución nicaragüense sufrirá de inmediato las consecuencia'> de la dialéctica Este-Oeste. Es sabido que la caída de Somoza fue producto de una convergen­cia social interna y regional de amplios sectores liberales y de izquierda, mucho más que de alguna influencia de Cuba y la Unión Soviética. Sin embargo, una vez triunfante la revolución, la URSS pero sobre todo Cuba, buscará intensamente un aliado en la nueva Nicaragua. Cuba incluso llegó a crear a comienzos de los años ochenta en la tesis nortea­mericana de las fichas de dominó y apoyó a fondo la ofensiva de la guerrilla salvadoreña. Es imposible saber qué hubiera sucedido si con el nacimiento de los ochenta no hubiera surgido en los Estados Unidos una Administración dispuesta a recuperar en ténninos duros la hegemonfa mundial, lo que significó para Nicaragua un intento de "roll-back" politico­militar. Pero lo cierto es que la elección de esa vía llevó a Nicaragua a la búsqueda de apoyo militar, que, al encontrarla en el Este, ha supuesto que el conflicto militar adquiriera -mientras se mantenfa- un profundo sesgo Este-Oeste.

El hecho de que las detenninaciones fundamentales de orden externo que pesan sobre la región sean las tres que se han visto, no significa en absoluto que los factores extrarre­gionales se agoten en ella'>. Al menos pueden mencionarse otros tres de importancia: América Latina, Europa y Japón.

América Latina en su conjunto, pero especialmente los paises medianos que circundan el área, no podían dejar de ser afectados por la crisis centroamericana. De hecho, la primera respuesta má'> articulada a la profundización de la crisis, Contadora, procederá no por casualidad de los mencionados paises limítrofes.

La Europa occidental, la segunda contraparte comercial de Centroamérica, si bien a distancia de Estados Unidos, también tenfa intereses en evitar la crisis regional. De Euro­pa llegará un apoyo fundamental para las opciones que busquen una solución negociada en Centroamérica, al tiempo que se mantienen las tradicionales acciones de cooperación y de solidaridad política antidictatorial de buena parte de las fuerzas políticas europeas, en es­peciallas escandinavas.

Un interlocutor comercial creciente con la región es Japón, cuya penetración en los mercados electrónico, automovilístico, ha desplazado en algunos paises a los Estados Uni­dos. Dichos intereses se ven más protegidos con un clima pacífico estable que pennita el desarrollo económico y así lo deja ver Japón a través de una diplomacia y una acción de cooperación crecientes. De hecho, el Plan de Paz Esquipulas II ha tenido siempre en Japón un sólido aliado diplomático.

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2.3. EL ESTALLIDO DE LA CRISIS POLITICOMILITAR (1975-1979)

En la segunda mitad de los años setenta, la crisis centroamericana toma un giro decisi­vo: los primeros síntomas de la crisis económica coinciden -excepto en Costa Rica- con una grave agudización del cierre de los sistemas políticos y de la violencia política institu­cionalizada. Es cierto que la inflación que provocó en la región el shock petrolero mun­dial no significó de inmediato una crisis económica regional, en otras razones porque los Gobiernos centroamericanos -como casi todos los latinoamericanos- acudieron al endeuda­miento externo sin pensarlo demasiado. Pero también es cierto que la inflación fue trasla­dada rapidamente al conjunto de las capas más pobres (subida del precio del maíz) y que, en todo caso, excepto el repunte de 1977, el crecimiento del PIB por habitante empezó a debilitarse.

Ciertamente, la recesión generalizada consiguió retrasarse hasta la llegada de los años ochenta y fueron los factores sociopolíticos los que hicieron que la crisis abierta estallara antes de la depresión económica global. Excepto en Costa Rica, los diferentes intentos de oposición legal fueron trizados entre las dos caras de una misma moneda: el fraude elec­toral y los escuadrones de la muerte. En estas condiciones -y con la llegada de una infla­ción que afectó sobre todo a los más desfavorecidos- no podía resultar extraño que el descontento se extendieran entre amplios sectores de la población.

Conforme avanzaba la segunda mitad de los setenta, la respuesta creciente a este des­contento fue la represión generalizada. Empezar a contar los muertos y desaparecidos por decenas de miles no dejó mucho más salidas a diferentes sectores políticos, de la izquierda marxista al centro democristiano, que la respuesta armada. Lo cierto es que las organiza­ciones guerrilleras surgidas en los sesenta crecieron apreciablemente y nacieron otras nue­vas. Estas fuerzas lograron en dos país, Nicaragua y El Salvador, establecer crisis genera­les que paralizaron amplios sectores de la vida nacional; produciéndose incluso coyunturas recesivas: el PIB por habitante decreció en Nicaragua durante 1978 (- 10.7 %) y al año siguiente sucedía lo mismo (- 4.6 %) en El Salvador.

Las acciones represivas, bien si se hacían directamente dentro o fuera de las fuerzas militares regulares, formaban parte fundamental de la guerra de contrainsurgencia -y así se justificaban- llevada adelante por los Ejércitos en los distintos países centroamericanos.

Como se sabe, las Fuerzas Armadas fueron el apoyo sobre el que se establecieron los cierres del sistema político, desde que se fustró la tentativa reformista de los cuarenta y cincuenta, independientemente de si la dictadura tenía o no un corte estrictamente militar. En esa guerra contraínsurgente, el apoyo norteamericano dotó a los ejércitos no sólo de una doctrina de la seguridad nacional basada en la lucha contra el enemigo interno, sino de apoyo financiero, entrenamiento, material y estructura logística (todo esto último se hizo masivo desde 1979). No obstante, este apoyo norteamericano no significó, como erronea­mente se ha pensado, disolver completamente el marcado carácter corporativo de los ejér­citos que les permite un grado importante de autonomía. De esta forma, las Fuerzas Ar­madas con menor grando de disfuncionalidad (bien porque sufren menos del fenómeno de cantonalismo que produce "señores de la guerra", o bien porque están menos afectados por

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procesos de corrupción) pueden incluso enfrentar la guerrilla en medio de fricciones con los Estados Unidos, si llegan a darse situaciones de conflicto de intereses, como sucedió con el ejército guatemalteco con oportunidad del contencioso sobre Belize.

En todo caso, puede afirmarse que la fuerza creciente de la guerrilla en Nicaragua y El Salvador sorprendió negativamente a los Estados Unidos. La Administración Carter trató, desde 1978, de cambiar el curso de las cosas, buscando algún tipo de solución política (las democracias posibles) que hiciera la situación centroamericana más acorde con su discurso fundamentalista sobre los derechos humanos. Pero tales intentos llegaron tarde o fueron demasiado débiles.

El triunfo de la rebelión nicaragüense en junio de 1979 y el golpe, tres meses más tarde, contra la dictadura de Romero en El Salvador, abrían así una etapa completamente diferente. Los factores politicomilitares ganaban difinitivamente la escena política e inclu­so se ofrecían como instrumentos exitosos para desbloquear los cambios necesarios. Algo que, imparablemente, haría sonar la alarma en toda la región y especialmente en la super­potencia hegemónica. De hecho, en los últimos meses de la Administración Carter se establecía la política de doble carril: mantener el apoyo a posibles procesos de institucio­nalización civil, incluso si estos exigían una legitimación electoral suficiente, al mismo tiempo que se acudía a los instrumentos militares para contener la revolución nicaragüense y, sobre todo, impedir la victoria de las guerrillas en El Salvador.

Con el estallido de esta crisis politicomilitar, acababa una década que había comenzado con un signo mucho más esperanzador. Puede afirmarse que uno de los quinquenios de mayor desarrollo económico en el área fue el primero de esa década, cuando se producía también en algunos paises intentos importantes de apertura política, el más claro en El Salvador (972). Esta primera mitad de los años setenta tuvo una importancia significati­va para las mujeres centroamericanas. Su participación económica creció mucho más cla­ramente que durante los años sesenta y sus condiciones de vida mejoraron apreciablemen­te, aunque todavía se mantuvieran entre los niveles má'> bajos de América Latina. Pero, el fenómeno más importante estuvo referido al plano de la educación: desde finales de los años sesenta se inició una aceleración en la participaci6n de las mujeres en todos los niveles educativos y, especialmente, en la secundaria y los estudios universitarios. El he­cho de que la crisis económica se postergara hasta los años ochenta, hizo que estos desa­rrollos en el caso de la mujer continuaran teniendo lugar hasta el estallido de la crisis politicomilitar y la crisis económica generalizada de la siguiente década. No obstante, la participación de la mujer respecto del hombre todavia era debil, sobre todo en el plano de la'> organizaciones políticas, lo que supuso que el protagonismo en el estallido de la crisis politicomilitar fuera abrumadorarnente masculino. Dicho de otra forma, dado que la parti­cipación general de la mujer a fines de los años setenta habia crecido notablemente, su participación política en dicha crisis fue notablemente mayor de la que había sido en décadas anteriores, pero en relaci6n con el hombre, todavia fue fuertemente minoritario. Otra cosa es que la mujer hubiera de soportar las crisis y sus consecuencias, así como la respuesta por sobrevivirla, como se evidenciará en los capítulos siguientes.

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2.4. LA CRISIS DE LOS OCHENTA (1980-1989).

Con la llegada de los años ochenta, se instala en Centroamérica una crisis que, por su mismo desarrollo, hace que surjan dos dinámicas opuestas: la tendencia a la profundiza­ción de la confrontación militar a escala regional, ó la búsqueda de una solución política negociada tambien de dimensión regional. Ambas dinámicas se desarrollan en el plano político preferentemente, pero se imbrican con la crisis económica generalizada que venia postergandose desde la segunda mitad de los setenta. Ciertamente, la crisis politicomilitar y la depresión económica se alimentan mutuamente, pero la interrelación no será la misma en ambos sentidos: mientras es dificil esperar que una mejoría en la crisis económica resuelva ya la confrontación militar (de hecho, la tregua lograda en Nicaragua se ha man­tenido en el plano politicomilitar y justo cuando se aceleraba la crisis económica en ese país), sin embargo, una pacificación en la región sí es condición indispensable para una mejoría de la recesión economica a mediano plazo (naturalmente, en los paises que no sufren profundamente de un conflicto armado podrá manifestarse una mejoria de la crisis económica, como ha sucedido en Costa Rica en la segunda mitad de los ochenta, pero eso no cambia el pronóstico en el ámbito regional).

En todo caso, el inicio de la década sera dificil para todos los paises de la región: comenzando un poco antes o despues, los cinco paises sincronizan un brusco frenazo en 1981-1982, presentando todos cifras negativas del crecimiento del PIB. Como sucede que el crecimiento poblacional no tiene oscilaciones de ese caracter, el retroceso del PIB supo­ne que el PIB por habitante simplemente dé un salto al pasado: siempre segun datos de la CEPAL, los casos mas graves, Nicaragua y El Salvador, regresan a valores obtenidos veinte años atrás (1963 y 1964 respectivamente); Guatemala y Costa Rica regresan una década (1975), y Hondura., regresa a los valores presentados inmediatamente antes de la crisis (1977).

El retroceso del creciminento se da en los ámbitos industrial y agrario, produciendose un retroceso mas sensible en la agroexportación, pero tambien mas fácil de recuperar, mientras tiene lugar un proceso de desindustrialización mucho mas estructural. En el agro se da una fuerte caida de la producción, especialmente en los paises con conflicto interno, junto a un deterioro agudo de los términos de intercambio, que responde a los desequili­brios del mercado externo. Las tendencia., proteccionistas de los paises desarrollados afec­tan directamente a la agroexportación centroamericana, que tambien presenta signos de proteccionismo intrazonal (que confirman la liquidación del Mercado Común regional).

Por otra parte, los factores financieros se hacen cada vez más negativos. Paralelamente a la caida de la inversión directa privada extranjera (que pasa de 218.2 millones de dólares en 1978 a 179.5 millones de dólares en 19R3) entra en escena la espiral de la deuda externa y el salto de la., tasas de interés internacionales. La deuda crece en el período 1978-1983 un 17.7 %, ha.,ta llegar a ser un 71.4 del PIB centroamericano. Sólo los servi­cios de la deuda alcanzan el 25.6 % del valor de las exportaciones totales. Los coeficien­tes de inversión interna marcan su caida generalizada, acompañados por una importante fuga de capitales, que se calcula de unos 3.725 millones de dólares entre 1977 y 1984. lo que significa un 31 % del total del incremento de la deuda externa desembolzada durante

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ese mismo período (se calcula que un 60 % de esa fuga se establece en depósitos banca­rios norteamericanos). Esto se produce mientras tiene lugar un aumento notable del déficit fiscal. En el ámbito industrial, como fenómeno generalizado en América Latina, se produ­ce durante los ochenta una desindustrialización que afecta a los índices de participación de este sector en el PIB, a pesar de que continua adelante la tendencia a que la agricultura disminuya su participación.

Esta recesión global tiene su correspondiente impacto en las sociedades centroamerica­nas. Se asiste a un crecimiento notable de factores negativos: el crecimiento del desem­pleo y el deterioro de los salarios reales, principalmente. En este último aspecto, entre 1979 y 1984, la caida más leve se dio en Honduras en torno a un 15 %; los descensos intermedios tuvieron lugar en Costa Rica y Panamá, sobre un 20 %; y los más brutales en El Salvador y Nicaragua, por encima de un 35 %. A excepción de Costa Rica, esto signi ficó un salto hacia atrá<; que colocó los salarios reales como antes de 1970. En cuanto al crecimiento del desempleo, éste se desarrolla tanto como desempleo abierto (que pasa del 17.5 al 1l.0 entre 1979 y 1984 en la región) como en el ámbito del subempleo. Este desempleo procede de los sectores agrícola e industrial. Como por otra parte sucede que el proceso de urbanización sigue su curso (en 1980 la población urbana en toda la región era un 45.4 % de la total y en 1985 era el 47.3 %) Y que se agota la capacidad de absorción de la administración pública, lo que acaba produciéndose es la llamada "terceri­zación espúrea" con un incremento del sector informal urbano, que ya era en 1982 de un 31 % de la población ocupada de las cinco capitales de la región (oscilando entre 23 % de San José y el 38 % de San Salvador). Dicho en breve, se extiende y profundiza la pobreza en todo el área y, sobre todo, crece la marginalización, principalmente en las grandes ciudades.

En este contexto, la situación de la mujer -como se verá en los capitulas siguientes­presenta una evolución compleja, que obliga a distinguir entre condiciones de vida y evo­lución de su participación socioeconómica y política. La crisis economica provocó, como se sabe, no sólo una caída en los ingresos de amplios sectores de población, sino tambien un serio deterioro en los gastos públicos y servicios sociales de los cinco países, aunque el grado fuera distinto segun cada país, siempre mas alto en los países con un conflicto militar profundo. Ello supuso un empeoramiento en las condiciones de vida de la pobla­ción, mas especialmente sentido por las mujeres, dada su relación directa con muchos de estos servicios (especialmente condiciones de salud). El deterioro financiero del sistema educativo frenó el desarrollo general del mismo, pero sólo afectó levemente al proceso de crecimiento de la participación femenina.

En cuanto a la participación en el mercado de trabajo, la crisis supuso la formación de dos modelos, uno en los paises que sufren un conflicto militar profundo, El Salvador y Nicaragua, y otro modelo en los países restantes. Este último podría describirse así: 1) un ritmo menor de crecimiento de la PEA femenina, dada la contracción general del mercado de trabajo; 2) un frenazo en la ocupación femenina, por el aumento notable de la desocu­pación. La información estadística obtenida indica con toda claridad que la expulsión de ocupados en la industria fue mas rápida para las mujeres que para los hombres, y, sobre todo, que las puertas de admisión de nuevos entrantes se cerraron mucho más y mucho antes. El notable crecimiento de las mujeres que no podían encontrar trabajo por primera vez, puso de manifiesto la contradicción entre contracción del mercado de trabajo y volull­

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tad de las mujeres (por necesidad o vocaci6n) de acudir a éste. Esa situaci6n fue diferente en El Salvador y Nicaragua, donde la guerra absorvi6 una cantidad apreciable de hombres en edad de trabajar (bien como parte de los ejércitos regulares o de los insurgentes), y el crecimiento de la participaci6n femenina continu6 creciendo, aunque no de una forma general y sin problemas, puesto que la crisis econ6mica también signific6 disfunciones en el empleo, como se verá en los capítulos correspondientes.

El afio que inicia la década también será el de la regionalizaci6n e incluso la internacio­nalizaci6n del conflicto. La Administraci6n Reagan va a continuar la política de doble carril del final del mandato Carter, pero haciéndola más congruente con su decisi6n de reponer con dureza la hegemonía norteamericana en la escena mundial. Ello va a signifi­car dos cambios: a) una política declaratoria que va a exacerbar la dialéctica Este-Oeste y b) una enfatizaci6n de la ünea militar, sin abandonar del todo la opci6n política. Al apoyo masivo a la guerra de contrainsurgencia de El Salvador que ya iniciara Carter, Reagan acentuará la acci6n militar contra Nicaragua, decidiéndose por la formaci6n de una fuerza militar irregular que posibilite el roll-back de la revoluci6n. Al conjunto de las acciones militares y no militares que buscan la caída del régimen sandÍIÚsta, la nueva Administra­ci6n le dará un carácter menos abierto y má., tenaz que bautizará con el nombre que la hizo famosa: la guerra de baja intensidad. Este reforzamiento de los insbUmentos milita­res pasará por la instalación de fuerzas militares en Honduras, bajo la direcci6n del Co­mando Sur (panamá) y el diseño de un plan de contingencia donde las Fuerzas de Desplie­ge Rápido serán el elemento sustantivo. Este instrumento se pondrá a prueba con motivo de la invasi6n a Granada.

Por su parte, Cuba y la Uni6n Soviética iniciarán su ayuda a la revoluci6n triunfante nicaragüense y, especialmente Cuba -con elementos de autonomía en la regi6n respecto de la URSS, un fen6meno que resulta familiar en Estados Unidos que sufre la autonomía israelí en Oriente Medio- se jugará por la ofensiva guerrillera en El Salvador de 1980­1981, que acabará en una derrota notable. Con el tiempo, la opci6n del Este -acentuada con la URSS de Gorbachov- aceptará la idea de la contenci6n de la revoluci6n centroame­ricana, aunque no acepte el roll-back en Nicaragua.

El mantenimiento del otro carril por parte de la Administraci6n Reagan, apoyo a las democracias posibles, tendrá pronto un éxito parcialmente envenenado. Porque el estable­cimiento de gobiernos electos mediante comicios mÍIÚmamente reconocibles en los tres paises bajo dictadura., militares, podrá resultar a corto plazo una acci6n exitosa contra la in.,urgencia, pero la misma legitimidad necesaria exigirá cada vez mayores márgenes de autonomía. Las democracias con deseo de legitimación acabarán apoyando una soluci6n política negociada para la crisis, algo que, al cabo de los años, tendrá sus frutos en un plan de paz centroamericano, Esquipulas n, que excluirá explicitamente el roll-back sobre Ni­caragua, a cuyo Gobierno legitimará a nivel regional y terminará por ser el principal obstá­culo para el mantenimiento de las fuerzas irregulares.

En medio de la crisis, Honduras es el primer país que tiene elecciones a Constituyente en el mismo 1980 y presidenciales a finales del año siguiente. Tras varios quiebres en el interior de la institución militar, en 1985 se realizan de nuevo elecciones presidenciales con la victoria del Partido Liberal y su candidato José Azcona Hoyo. En 1982 el proceso constituyente llega a El Salvador, que tendrá elecciones presidenciales dos años más tarde,

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con la victoria de la Democracia Cristiana y José Napoleón Duarte. Ese mismo año (1984) tienen lugar las elecciones a Constituyente en Guatemala y a fines del año siguien­te, las presidenciales que tamabién entregan el triunfo a la Democracia Cristiana con Vini­cio Cerezo. Por otra parte, se desarrolla nonnalmente la vida representativa en Costa Rica, cuyas elecciones en 1982 dan la victoria a Liberación Nacional con Luis Alberto Monge y en 1986 confinnan ese mismo partido con Oscar Arias como presidente. Tam­bién en Nicaragua serán realizadas elecciones generales en 1986, que darán la victoria al Frente Sandinista y harán presidente a Daniel Ortega.

Excepto en el caso de Costa Rica, estos procesos electorales no hacen sino iniciar la transición democrática y hasta que no se produzca el asentamiento de los poderes públicos civiles, no se podrá hablar de una consolidación democrática estable. Es cierto que los procesos electorales abiertos se hacen en condiciones que distan de ser óptimas, pero in­cluso en los casos más controvertidos por el hecho de la guerra, El Salvador y Nicaragua, los observadores internacionales, tanto de fuerzas políticas reconocidas en Occidente como de organismos internacionales, han avalado la credibilidad mínima de los comicios. Algo que reconocerán los propios gobiernos centroamericanos a nivel regional, cuando se otor­guen reciprocamente legitimidad con la finna de Esquipulas n.

En todo caso, la otra característica del conflicto regional, el enfrentamiento politicomili­tar, se ha mantenido durante la década de los ochenta. Pasada la primera etapa en que los actores regionales y extrarregionales temieron o confiaron en soluciones militares inmedia­tas, y que, de una fonna u otra, alcanza hasta la invasión de Granada en 1983, la guerra simplemente se enquistó en el área. En todo caso, durante esta primera etapa se estable­cieron algunos parámetros importantes: se resolvió la amenaza de victoria irnnediata de la guerrilla en El Salvador, con lo que Estados Unidos buscó enfocar la crisis en el caso nicaragüense, arrastrando politicamente al resto de la región a esta tarea. Tras algunos éxitos diplomáticos, en 1983 se produjo un quiebre en el cuadro general: los conflictos fronterizos entre Honduras y Nicaragua y la invasión de Granada mostraron abiertamente los riesgos de una confrontación militar regionalizada, lo que produjo una aceleración entre los paises latinoamericanos del contorno hacia la concreción de una salida política (Contadora) y una reorientación primero de Costa Rica y más tarde de Guatemala hacia posiciones más neutralistas. Por eso puede afinnarse que el enquistamiento de la guerra responde a una suerte de empate politicomilitar en la región.

Ahora bien, esta suerte de equilibrio militar inestable tuvo al menos un resultado efecti­vo: aumentar el crecimiento de la militarización en el área. Cualquier cálculo conserva­dor del salto en el volumen de fuerzas y armamentos entre 1979 y 1985 habla de un cambio espectacular. Según el "Military Balance", el incremento de efectivos militares, en números regionales globales, simplemente se multiplicó por seis. Nicaragua y El Salvador fueron las locomotoras de ese brutal incremento (crecieron en un 870 % y un 717 %, respectivamente), pero los otros tres paises también sufrieron del tirón (Guatemala en un 360 %, Honduras en un 160 % y las fuerzas de seguridad de Costa Rica en un 396 %). En 1985, el mosaico militar de la región estaba fonnado por un amplio conjunto de fuerzas: las fuerzas de los ejércitos regulares (61.800 en Nicaragua, sobre 51.000 en Guatemala y El Salvador, 23.000 en Honduras); las fuerzas paramilitares y/o de seguridad (11.600 en Guatemala, 9.500 en El Salvador y 19.800 regulares de seguridad en Costa Rica); milicias populares y de Defensa Civil (entre 30.000 y 60.000 en Nicaragua y 500.000 en Guatema­

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la); fuerzas insurgentes annadas (15.000 "contras" que operaban contra Nicaragua, 10.000 del FMLN en El Salvador); efectivos regulares norteamericanos en el área (21.940 según cifras oficiales para Centroamérica, Panamá y el Caribe); y efectivos regulares cubanos en Nicaragua (200 según cifras oficiales, 3.000 según Estados Unidos). Incluso hay paises que reunen en su territorio varios elementos de este mosaico, como es el caso de Honduras (ejército regular, ejército norteamericano, fuerzas antisandinistas annadas).

No obstante, conforme avanza la segunda mitad de los ochenta, la competencia entre dinámicas, solución militar vs. solución negociada, parece favorecer parcial y provisional­mente a la segunda. La firma de Esquipulas 11 y el proceso de pacificación que provoca (que serán examinados en el segundo tomo), pueden tener, a comienzos de 1989, el si­guiente balance: 1) ha conseguido que la crisis militar no se profundizara a nivel regional; 2) ha logrado una tregua provisional pero importante en el conflicto que afecta a Nicara­gua; y 3) tras múltiples tentativas, no ha conseguido detener la guerra en Guatemala y en El Salvador, luego del acceso al Gobierno del partido derechista ARENA se plantea una perspectiva cada vez más polarizada.

También en este segundo quinquenio, la crisis económica ha evolucionado, pasando de la depresión del primer quinquenio (crecimientos negativos del PIB) a una estabilización sobre la que se intentan políticas de ajuste duro (con crecimientos débiles y oscilantes de los Pffi respectivos). Este panorama tiene dos variaciones: Costa Rica y Nicaragua. En Costa Rica se ha producido una mejoría más apreciable de la crisis, aunque todavía existan signos notables de ésta. Por el contrario, en Nicaragua, por razones económicas y extrae­conómicas, se ha producido una desarticulación económica dramática. Ciertamente, en El Salvador, la nueva política de ajuste del Gobierno de ARENA todavía ha de pasar por la prueba de la práctica.

En todo caso, el escenario socioeconómico que corresponde a esta estabilización de la crisis no es muy alagüeño. La depresión aumentó los niveles de pobreza en toda la región, reduciendo la proporción de la población no pobre del tercio previo a la crisis a cerca del 20 % en 1988 (en Costa Rica, la población pobre pasó de ser un cuarto a un tercio de la total). En este contexto, las condiciones de vida de las mujeres han empeorado, al tiempo que éstas parecen decididas a enfrentar la crisis para sobrevivirla. La próxima década aparece llena de importantes incógnitas sobre la condición de las mujeres centroamerica­nas. Pero, antes de encarar esa perspectiva, se hace necesario reconocer con alguna preci­sión cuál ha sido la evolución de las tendencias estructurales que han correspondido a dicha condición durante los ochenta y años precedentes, como se hace en los siguientes capítulos.