¿La Corte Penal Internacional Es Competente Para Juzgar Al Presidente Alvaro Uribe?Recordemos que el estado colombia acepta la existencia y regla del estatuto de roma que le dio nacimiento a la corte penal internacional en la haya, son varios delitos por los que podria ser condenado el presiente uribe.-hostigamiento a la justicia.-falsos positivos. (q aunque fueron cometidos por subalternos, la corte internacional prevee como culpable al jefe supremo de las fuerzas militares de colombia, es decir el mismo uribe)entre otros mas como los homicidios de los sindicalistas (en el dia de hoy no queda ninguno), parapolitica,genocidio y masacres a manos de miembros de la fuerza publica.desde el pasado año, varios fiscales de la corte internacional han venido a colombia y se han encontrado con evidentes perturbaciones de parte del ejecutivo hacia los demas poderes e insituciones del estado, ademas ya se inicio un proceso en contra del gobierno colombiano por los falsos positivos en la haya, accion que nadie conoce porque no ha sido mostrada por los medios oficiales del gobierno, RCN,CARACOL y EL TIEMPO.

hace 2 años Notificar un abuso

Información adicional

Según mis estudios de derecho internacional la corte SI es competente y podrían juzgar al presidente Uribe.

hace 2 años

si se comprueba que uribe dio la orden de asesinar a sindicalistas, indigenas y otros mas, pues SI sera suceptible de juicio penal, de todos modos la sancion que le impondra lacorte de la haya a colombia no sera contra el presidente uribe,sera en general contra el estado colombiano.

hace 2 años

Mejor respuesta - Elegida por la comunidad

Si es competente para juzgar a los presidentes que han dado golpes de estado disfrazados de constituyente

hace 2 años Notificar un abuso

100% 2 votos

Otras respuestas (12)

A Uribe se le a demandado multipes de veces desde Tribunales Internacionales, pero el desde su Gobierno siempre a hecho oidos sordos, y Bush hacia lo mismo por gran amistad que tienen, Obama lo amenazo nada mas entrar en la presidencia y le refrego sus nexos con los narcos y paramilitares, y Uribe al mes el ofrecio llenar todo el pais de Bases yankees, a cambio. Se decia y se dice que Uribe cuando salga de la presidencia no tendra ni debera tener respaldos de gobiernos, y no podra escusarse de ir a los tribunales, tendra que sentarse en los tribunales cuando le empiecen a llamar.

por lo que se si puede, pero procesos juicios son bastantes difíciles de llevar a cabo, se necesitan pruebas muy pero muy contundentes ya que juzgar a un presidente por delitos de lesa humanidad las cuales lamentablemente no hay, solo lo sabemos por suposiciones y habladurías (de las cuales por lo general son ciertas, pero no son suficientes para juzgar a alguien). por otro lado los falsos positivos lo hicieron lo militares para subir de rango y ganar prestigio y lamentablemente por mas que queramos condenar al presidente uribe no se le puede juzgar por eso. ya que en un país cualquiera siempre va a haber un servidor publico o agente del estado que cometa un delito y por tanto por estos tipos de delitos todos los presidentes, absolutamente todos, deberían ser juzgados, cosa que es inviable.Con todo lo anterior no pretendo justificar todos los delitos y errores de uribe, sino que para que La Corte Penal Internacional lo pueda juzgar las cosas no son tan fáciles como crees.

o hace 2 años o Notificar un abuso

Sì es competente,pero para juzgar a Alvaro Uribe V, hay que presentar PRUEBAS CONTUNDENTES que ameriten llevarlo a juicio.Quienes lo hagan deben estar muy bien preparados,y seguros de lo que hacen,so pena de quedar incursos en el delito de falsas imputaciones,si no fundamentan bien su demanda.-Recuerda que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.Obviamente hay muchos culpables sueltos,en relaciòn con los delitos atroces y de lesa humanidad que mencionas,pero hay que probarles sus crìmenes,para que sean condenados como merecen.

o hace 2 años o Notificar un abuso

mira si es competente pero eso solo se quedara en deseo, pues alvaro uribe es un presidente apyado por los eu y asi nada les sucede , fuera muy diferente si no cooperara con los eu,a lo mejor ya lo hubieran derrocado,satanizado y juzgado no en la haya sino en estados unidos,¡conoces los crimenes lesa humanidad que se han cometido por parte de los eu hacia los vietnamitas, irakies, afganos,cubanos y etc?¿quien dice algo?no fuera un hitler de hace mas de medio siglo por que todavia los estuvieran publicitando, pero¿hiroshima? ese fue un gran avnce de la humanidad por que se pudo liberar y controlar la fuerza del atomo, lejos de reprobarsele se le admira como un momento cumbre de la

tecnologia puesta al sevicio de la paz , al masacrar a miles de civiles enemigos, lo que fue un gran logro y para nada un crimen,no, los crimenes los cometes los enemigos de los eu. ellos no.

o hace 2 años o Notificar un abuso

Esa corte juzga delitos de lesa humanidad, y su jurisdicción alcanza a tods los paises que reconocen a la corte entre esos Colombia, por tal causa sí es perfectamente posible que la corte estudie las denuncias contra Uribe, sin embargo dudo que se le condene pues siendo objetivos no hay pruebas fehacientes contra el presidente.

o hace 2 años o Notificar un abuso

La competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, es decir la corte no juzga por tener ideas contrarias al izquierdismo, de eso se encarga Amnistía Internacional, que no es una corte pero sataniza todo lo que no este contaminado de ideas de izquierda.

o hace 2 años

Publicidad

11:42 AM - 1 de Noviembre de 2009

CPI ya puede juzgar crímenes de guerra cometidos en ColombiaPor: Con Efe

Desde este domingo, la Corte Penal Internacional tiene plenas facultades para investigar y castigar delitos atroces que cometan guerrilleros, paramilitares, miembros de la fuerza pública y hasta jefes de Estado. Informe especial.

Archivo

Con el vencimiento de la moratoria que solicitó en 2002 el Gobierno colombiano, la CPI podrá investigar crímenes de guerra, ya que en los últimos siete años sólo tenía potestad para intervenir en delitos de lesa humanidad y genocidio.

En 2002, cuando entró a operar la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente colombiano saliente, Andrés Pastrana (conservador, 1998-2002), y el recién elegido, Álvaro Uribe, pidieron la moratoria a fin de facilitar una salida negociada al conflicto armado que ha sacudido al país por más de medio siglo.

Pastrana había intentado, sin éxito, negociar una salida política con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para lo cual cedió una tajada del territorio a esa guerrilla.

Entre tanto, Uribe, que llegaba al poder con la intención de no dialogar con las FARC, implantó la llamada política de seguridad democrática, con la que la que, según estadísticas oficiales, ha recuperado la confianza del país, al tiempo que ha asestado importantes golpes a la guerrilla minando su accionar.

Sin embargo, vencido ese periodo de gracia, el conflicto interno colombiano sigue vivo aunque con menor intensidad, especialmente tras el acuerdo firmado entre el Gobierno de Uribe (reelegido en 2006) y los paramilitares, que permitió que unas 50.000 personas dejaran las armas.

¿Hay motivos para temer?

El Gobierno colombiano ha manifestado que no hay razón para que la CPI inicie investigaciones en el país, porque los acusados -miembros de la guerrilla, paramilitares y de la fuerza pública- son procesados por la justicia nacional. 

Sin embargo, parte de una bancada política afín al Gobierno del presidente  Álvaro Uribe impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca la creación de un cuerpo de defensores que actúe en los casos en que miembros de la fuerza pública sean investigados por la corte.

Según la congresista Lucero Cortés, la iniciativa no "busca generar impunidad", sino que lo que se pretende es garantizar a "esos miles de colombianos que todos los días están colocando su pecho para defender nuestra integridad" el derecho básico a la defensa.  El proyecto prevé que estarán cobijadas las conductas que son de conocimiento de la CPI como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en las que resulten presuntamente involucrados directa o indirectamente miembros tanto activos como en uso de buen retiro de la Fuerza Pública, por actos propios del servicio.

Defensores de derechos humanos en Colombia coincidieron en que la entrada plena de la Corte Penal Internacional al país es una forma de disuadir a los grupos armados ilegales y al propio Estado de cometer crímenes de guerra.

Para Marcelo Pollack, responsable de Amnistía Internacional para Colombia, en el país "hay muchos crímenes que son competencia de la CPI, incluyendo el desplazamiento forzado, las desapariciones, el uso de niños soldados, la violencia sexual, tortura, homicidios y la toma de rehenes".

¿No más impunidad?

Pollack reconoce que Colombia ha avanzado en el tema, especialmente en el relacionado con los derechos humanos, pero "la mayoría de los abusos siguen en la impunidad".

Detalló que ese tribunal internacional tendrá que decir si Colombia está haciendo lo suficiente para llevar a la justicia a los responsables de esas acusaciones.

Recordó, por ejemplo, que en las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, la Fiscalía colombiana investiga cerca de 2.000 casos y aunque muchos de los responsables están siendo juzgados "todavía queda mucho por hacer".

"En el caso de abusos cometidos por la guerrilla o violaciones por los paramilitares, la impunidad hasta ahora ha sido casi total", puntualizó.

A propósito del tema, el embajador colombiano ante los Países Bajos, Francisco Lloreda, y quien también es interlocutor ante la CPI, indicó este domingo en una entrevista con el diario El País, de Cali, que el tribunal ha pedido información específica.

"Ha solicitado información sobre los jefes paramilitares y los de la guerrilla, sobre el vínculo del sector político con grupos armados ilegales, crímenes cometidos por la fuerza pública, y relacionada con el apoyo externo o de otros Gobiernos a los grupos armados".

Aclaró, sin embargo, que Colombia no está siendo investigada por la CPI, pero que está "bajo observación" porque "La Fiscalía de la corte considera que se estarían cometiendo crímenes atroces de su eventual competencia".

Puntualizó, sin embargo, que "el análisis preliminar no es equivalente a una indagación preliminar. Es un monitoreo al Estado y su sistema judicial".

Otra de las muchas voces que se han dejado escuchar a propósito de la entrada de la CPI, es Alirio Uribe Muñoz, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien dice que "para los actores de la guerra esta vigencia debe ser un mensaje para que conduzcan el conflicto dentro de los parámetros de respeto a la población civil y a los combatientes".

Recalcó que desde que Colombia se adhirió con reservas al Tratado de Roma, por el que se creó la CPI, dos millones de colombianos han sido víctimas del desplazamiento forzoso y se han registrado más de 14.000 homicidios.

También explicó que este tribunal podrá exigir responsabilidad política por delitos de guerra y lesa humanidad a altos cargos, incluido el propio presidente Álvaro Uribe.

Bogotá

Con Efe | CaracolTV.com

Tags de esta nota: Justicia

Colombia

conflicto armado

Corte Penal Internacional

CPI

crímenes de guerra

genocidio

informe especial

lesa humanidad

Noticias Caracol

víctimas

Promedio: 0

Su voto:

Mala

Regular

Aceptable

Buena

Muy buena

Excelente

Opinar| Enviar| Imprimir|

compartir

Comentarios Facebook

Comentarios

14

Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado. Regístrese o ingrese aquí

Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión. Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de ataques al pensamiento contrario.

latinoamorir

2 Noviembre 2009 - 10:22amuribe, santos, los generales, estos putos son los culpables por muerte de sindicalistas, campesinos para roberles sus tierras, hasta los senadores uribestias q patrocinandole la paracodemocracia al narcoparamilirtarde uribe tendrian q ser juzgados pero eso es pura mierda todo organizmo internacional de esta clase esta condicionado a los EEUU y los gringos saben quien es uribe el narco # 82 , lo q pasa es q este arrastrao les sirve en sus planes de invadir venezuela uribe eres un traidor narcoparamilitar asesino

orlastiemp

1 Noviembre 2009 - 10:52pmla corte penal internacional no tiene su sede en colombia por lo cual al genocida colombiano llamado alvaro uribe velez no podra manipular y manejar a su antojo a estos respetables jueces por lo cual tarde o temprano caera bajo el martillo de la corte penal internacional ademas por desplazar forzadamente a los campesinos y esas tierras las usan para cultivo de palma africana y estuperfacientes. se hara justicia.

rogaroberth

1 Noviembre 2009 - 7:45pmpipe 149 de pronto comienzan por usted....cuidese mejor....arrepientece de lo que dice nuestro presidente se merece respeto al igual q usted de por si es el que mas duro le ha dado a los delincuentes como tu si eres uno de esos ; muy chistosito o tambien se cree o se las pica de loco al igual q chavez usted sabe q para un loco loco y medio

pipe149

1 Noviembre 2009 - 7:07pm!!! EL PRINCIPIO DE ESTO SON LOS DE CUELLO BLANCOO !!! A TEMER SANTOS Y URIBE

pipe149

1 Noviembre 2009 - 7:06pm!! CON SANTOS Y URIBE POR PARACOS !!!!

pipe149

1 Noviembre 2009 - 7:06pm!!!!! QUE EMPIECE CON LOS FALSOS POSITIVOSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ñagro

1 Noviembre 2009 - 6:03pmelqemira minimo eres sapo de la guerrilla si uribe lo qe ha hecho es dalanombre a un pais a una nacion por eso tendra qe ser elejido asi se presente 20 veses y esqedeve de haver una ley el qe tenga algo qever con los terrorista devendeser asesinado por qe los terrorista con la cantidad de millones de victima qe handejado ahora los sapo quieren estar limpio silos hanmatado espor algo por in formantes y todo el qesea asi manodura conb ellos erradicar todo por completo y hasta los qe hablen mal del presidente y qe viva uribe un mensaje atodo los sapos soplones

elquemira

1 Noviembre 2009 - 8:53pmni guerrillero ni paramilitar solo un colombianos cansado de tanta violencia. ñagro grandisimo ignorante chavez y uribe son la misma mierda el uno con los paracos y el otro con la guerrilla

rogaroberth

1 Noviembre 2009 - 5:12pmVENEZUELA A LA FINAL ES UN PAIS HERMOSO LO QUE LO DAÑA ES ESE DEMENTE HUGO CHAVEZ FRIAS SE CREE SIMON BOLIVAR EL UNICO TITULO QUE LE MERECE ES EL DE CHIFLADO, COLOMBIA NO NECESITA DE QUE OTRO VENGA A IMPONER LEYES COMUNISTAS DEJEN EN PAZ CON NUESTRA DEMOCRACIA, LO LIBRES QUE DISFRUTAMOS ASI TENGAMOS DELINCUENTES PERO A LA FINAL SON COLOMBIANOS PERO NO QUEREMOS Q IDEAS DISQUE DEL CHE , FIDEL CASTRO Y OTROS TONTOS VENGAN A ATORMENTARNOS Y A DAÑARNOS EL RATO CON LO QUE TENEMOS ACA NOS BASTA

rogaroberth

1 Noviembre 2009 - 5:01pmpues ojala juzguen duro a esos violadores de los derechos humanos, pero que sea imparcial esa CPI. mira esos gurrilleros, paramilitares , violadores de niños, y esos de los falsos positivos tengalos muy encuenta. bien por eso.

elquemira

1 Noviembre 2009 - 3:44pmURIBE Y SUS SECUACES PIDEN A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CONDENAR LOS ACTOS DE LA GUERRILLA, PERO QUE VAN A JUZGAR SI ESOS SON UNOS ASESINOS SIN MADRE NI LEY NI DIOS, A ESOS COMBATANLO CON LA FUERZA DE LA JUSTICIA. PERO CUANDO SUS SECUACES HACEN MASACRES MATAN GENTE INOCENTE Y LO VISTEN DE CAMUFLADOS. URIBE DA LA ORDEN A LOS MEDIOS DE NO HABLAR NADA DE ESO. UN EJEMPLO CLARO DE QUE LOS MEDIOS EN COLOMBIA YA PASARON A SER UN ACTOR DEL CONFLICTO ES UNO MUY RECIENTE,

YA URIBE LES ORDENO DEJAR TAPADO EL ROBO DE AGROINGRESO SEGURO QUE FUE DEVOLVER UN FAVOR A LOS QUE CON PLATA Y ARMAS Y ENGAÑOS PROMOVIERON LA REELECCION. CON TODO ESTO QUIERO DECIR QUE VOTEMOS EN CONTRA DE ESE ASESINO DE ALVARO URIBE EN NOMBRE DE LOS MILES DE COLOMBIANOS ASESINADOS POR PARACOS Y MILITARES

elquemira

1 Noviembre 2009 - 3:34pmESO DE LA CORTE INRENACIONAL ES PURO BARRO AGUADO MINTRAS ESTDOS UNIDOS NO DECLARE QUE ALVARO URIBE ES UN ASESINO SEGUIRAN LOS ASESINATOS DE COLOMBIANOS POR PARTE DEL EJERCITO Y LA POLICIA APARTE DE LOS ASESINATOS POR GUERILLEROS Y PARAMILITARES. DOSO SABEN QUE URIBE ES UN ASESINO Y QUE ES UN DICTADOR TAPADO CON UNA CORTINA DE DEMOCRACIA LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESTAN ARRODILLADOS A SUS PIES POR QUE NO NO LO SEMIREN ESTE ARTICULO COMO LO DEFIENDE IMPORTANDOLE MAS A PARACOL URIBE QUE LA VIDA DE MILES COLOMBIANOS QUE PARAS Y GUERRILA HA MATADO ESTE PAIS. A URIBE LE CONVIENE CHAVEZ Y A CAHAVEZ LE CONVIENE URIBE SI INTERVIENEN LOS TELEFONOS DE ELLOS SE DARAN CUENTAN QUE EL UNO LE DA POPULARIDAD AL OTRO POBES PUEBLOS LIBRES QUE SOÑABA BOLIVAR CON ESTOS DOS HIJOS DE PUTA

caromar13

1 Noviembre 2009 - 2:57pmESTAMOS HARTOR DE LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS ESPECIALMENTE VENEZUELA Y ECUADOR, QUEREMOS QUE SOLUCIONEN PRIMERO ESO, ABURRIDOS DE CHAVEZ Y SUS LOCURAS QUEREMOS QUE NOS DEJEN EN PAZ, QUE NO ASESINEN LOS COLOMBIANOS, Y DIGAN QUE S0N PARAMILITARES, QUE JUZGUEN AL CHAVEZ, Y SU BANDA DE CRIMINALES, ELLOS SON LOS QUE QUIEREN ACABAR CON NUESTRO PAIS PORQUE NO NOS DEJAMOS SOMETER DE ELLOS, APOYO AL PRESIDENTE Y SU GOBIERNO, PERO ESTAMOS HARTOS MUY HARTOS CON CHAVEZ QUE NO SEMETA MAS CON COLOMBIA, QUE SE ALEJE DE NOSOTROS QUE DEJE ESA PARANOIA QUE LO QUE QUEREMOS ES GUERRA ES CUENTO DE EL, POR ALGO SERA QUE LE TIENE MIEDO A LOS MILITARES ANTINARCOTICOS, POR ESO LOS INTERPRETA A SU MANERA, QUE LOCO. ESTAMOS HARTOS DE CHAVEZ PERO HARTOS DEJE A COLOMBIA EN PAZ. ADIOS A LOS LOCOS

COSTEÑO CANSADO

1 Noviembre 2009 - 1:39pmPERO QUE BIEN..!! SE HABIA DEMORADO, ESPERO QUE LA CPI EMPIECE CON LOS ASESINOS DE CUELLO BLANCO Y DESPUES CON LOS MILITARES CORRUPTOS

Recursos relacionados

Video

1:59pm

¿Qué delitos podrá juzgar la CPI en Colombia? Video

8:06pm

Reclutamiento de menores en Colombia, en la mira de la CPI Video

2:10pm

La impunidad que flagela a las víctimas del conflicto armado Video

8:25pm

Crímenes como sembrar minas antipersona también serán juzgados por CPI Video

8:29pm

CPI expidió orden de arresto contra Presidente de Darfur Occidental

Relacionados en caracoltv.com

9:03pm

El próximo martes inicia discusión de Ley de Televisión

7:38pm Conmovedora despedida de los tres policías secuestrados por las FARC

6:33pm Denuncian asesinatos por parte de grupos armados colombianos en Venezuela

Más noticias en Justicia

Colombia: acusan a Uribe de "crímenes de lesa humanidad"

El ex presidente de Colombia fue acusado de espionaje de ecreta a diversas personalidades.

29/11/2010 18:31 | Agencias Télam

Un grupo de abogados y periodistas colombianos presentó hoy ante el Congreso una denuncia contra el ex presidente Alvaro Uribe, al que acusó de haber cometido "crímenes de lesa humanidad" en relación con el caso de espionaje hecho por la policía secreta a diversas personalidades.

La denuncia fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (diputados) por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, grupo especializado en la defensa de los derechos humanos, y periodistas como Claudia Duque y Carlos Lozano.

Duque explicó que Uribe, que gobernó de 2002 a 2010, debe responder por "crímenes de lesa humanidad como persecución política y tortura psicológica, que están contemplados en la jurisdicción internacional", consignó la agencia noticiosa DPA.

Uribe es investigado desde hace varias semanas por dicha comisión a raíz del caso del espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) a jueces de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos, periodistas y activistas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"Son muchas las pruebas que demuestran que el ex presidente Uribe tuvo que ver con este delito", dijo Lozano, director del semanario comunista Voz.

El escándalo comenzó en febrero de 2009. Desde entonces, varios ex funcionarios del DAS cayeron presos y la Fiscalía investiga a los ex directores del organismo Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, quienes ocuparon el cargo durante la administración Uribe.

Hurtado recibió asilo en Panamá, lo que originó una gran controversia en Colombia, donde diversos sectores afirman que esa figura fue creada para proteger a "perseguidos" y no a quienes "han perseguido" a opositores políticos.

Uribe intervino en la polémica al señalar que está de acuerdo con que ex colaboradores suyos que son investigados busquen asilo para no enfrentar a la justicia de su país.

El presidente Juan Manuel Santos tomó distancia de Uribe y afirmó la semana pasada que en Colombia hay garantías para que funcionarios del gobierno anterior rindan cuentas ante la justicia.

COLOMBIA: CORTE PENAL PIDE ACLARAR CRIMENES LESA HUMANIDAD  

La Corte Penal Internacional (CPI) expresó el 30 de marzo de 2005 su preocupación por la amplia cantidad de asesinatos, secuestros y desplazamientos de personas que se han registrado en Colombia desde el primero de noviembre de 2002 cuando comenzó su jurisdicción en el país, y pidió al gobierno del presidente, Álvaro Uribe Vélez, un informe sobre las investigaciones adelantadas por los crímenes de lesa humanidad.  

Simultáneamente, el alto Tribunal también solicitó al ejecutivo colombiano que le informe detalladamente acerca de los proyectos de ley “discutidos recientemente” por el Congreso para castigar a los autores de estos execrables delitos y, al mismo tiempo que le mantenga al tanto del proyecto de “Justicia y Paz” que estudian las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes para poder definir las normas de castigo que se aplicarán a los miembros de la banda terrorista paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con las que adelanta unas conversaciones de paz.  

El Fiscal del tribunal de la CPI que funciona en Roma, Luis Moreno Ocampo, envió la solicitud al gobierno colombiano a través de su embajador ante la Corte Internacional de la Haya, Guillermo Fernández de Soto, que fue ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen presidido por Andrés Pastrana Arango (1998-2002).  

Este funcionario diplomático anunció que su país “colaborará con la Corte Penal Internacional para aclarar los crímenes de lesa humanidad”, pero aclaró que este organismo solo se encuentra en un “proceso de investigación” y que, por consiguiente, “no ha emitido aún ningún juicio de valor sobre el caso colombiano”.  

De acuerdo con Fernández de Soto, la CPI solicitó los informes no sólo al gobierno colombiano sino a varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “sobre hechos cometidos por los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), los paramilitares (Auc) y por agentes estatales”.  

Para evitar malos entendidos, el Fiscal Moreno Ocampo enfatizó que el gobierno colombiano no “está blindado” ante la competencia de la CPI, a pesar de haber suscrito una reserva de siete años para delitos de guerra, y que si bien el Organismo, en concordancia con el artículo 124 (que la creó) “no tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra” sí “sobre las alegaciones de crímenes de lesa humanidad y genocidio”.  

El gobierno colombiano presentó en marzo pasado por intermedio del Ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un proyecto de ley para crear el marco jurídico indispensable sobre los principios de “Verdad, Justicia y Reparación”, dentro del cual queden debidamente señaladas los procesos y las penas para los paramilitares de extrema derecha que desde junio de 2004 adelantan una cada vez más confusa “negociación de paz” con el gobierno de Uribe, que ha originado apenas la desmovilización de 4.500 miembros de los 20.000 que tienen las Auc.  

Ese proyecto, sin embargo, ha chocado con otro propuesto por los Congresistas, y existen amplias y variadas divergencias sobre la manera como los poderes Legislativo y Ejecutivo han diseñado esos principios de Verdad, Justicia y Reparación, debido a los intereses, muchas veces llenos de obcecación, que les está caracterizando, hasta el punto que existen serias sospechas que uno y otro lo que quieren es diseñar un marco más de impunidad que de castigo para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.  

Según la CPI, desde que entró en vigencia su jurisdicción (noviembre de 2002), “ha habido miles de asesinatos, secuestros y desplazamientos” y que “crímenes atroces y genocidios han sido cometidos por guerrilleros (terroristas), paramilitares y oficiales de la Fuerza Pública”.  

Este Organismo tiene conocimiento, según el Fiscal Moreno Ocampo, sobre no menos de 54 delitos de lesa humanidad cometidos por las “organizaciones ilegales, por los cuáles aún no ha abierto investigación”, pero cuyos precisos detalles hizo llegar al gobierno colombiano a través de Fernández De Soto.  

La CPI, explicó Fernández de Soto, “verifica la información y requiere la versión de los gobiernos involucrados antes de tomar otros procedimientos”, por lo que reiteró que en actual “caso, Colombia está en proceso de información y verificación preliminar”, por lo que a su juicio, “debe haber, y la va a haber, una colaboración decidida de nuestro gobierno”.  

El Ministro de Interior y Justicia, Pretelt de la Vega, afirmó que no cree que la CPI vaya a juzgar a los terroristas desmovilizados, pues “hay que tener presente que la Corte trabaja de manera subsidiaria, es decir si en los países de origen no se aplica la justicia, no se persigue el crimen, no hay sentencias y prevalece la impunidad”.  

“En esas condiciones –añadió- sí puede intervenir”, al tiempo que defendió el proyecto de ley presentado por el gobierno en el cual se fijan penas de cárcel de entre cinco y ocho años para los delitos de lesa humanidad, y que servirá de marco jurídico del plan de paz con los paramilitares (terroristas) de extrema derecha, que se comprometieron a desarmar a sus 20.000 combatientes antes que finalice el presente año”.  

La opinión pública colombiana, a través de sus principales organizaciones de víctimas del terrorismo, de defensa de los derechos humanos y de búsqueda de la paz, se ha mostrado totalmente contraria a que los terroristas sean castigados con “mínimas penas” porque con ellas lo que se pretende es “otorgarles impunidad” a sus gravísimos delitos.  

Esas entidades han denunciado que el gobierno de Uribe Vélez “tiene un compromiso secreto” transmitido a los terroristas de las Auc a través del Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para “castigarles de forma mínima”, ya que con las rebajas penitenciarias y los beneficios que la misma ley otorga, “las penas no alcanzaría en la mayoría de los casos siquiera a los tres o cuatro años, como máximo” y muchos “apenas visitarían las cárceles”.  

Para el gobierno, el asunto no es así, porque según Pretelt de la Vega, “precisamente lo que se busca con la ley de Justicia y Paz es que no haya impunidad en Colombia, que sean juzgados los delincuentes por delitos de lesa humanidad, que se les aplique la pena alternativa por colaborar en los procesos de paz, de manera que eso en principio quedaría finiquitado por la CPI”.  

Esta opinión difiere sustancialmente de las expuestas por el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, y el Comisionado Restrepo, quienes se enfrentaron a Pretelt porque quieren que los delitos de lesa humanidad se dejen sin castigar o que la ley sea completamente benevolente con los terroristas de la extrema derecha.  

El pasado 5 de febrero, luego de tres días de deliberaciones en Cartagena de Indias, la Comunidad Internacional y organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, ofrecieron el apoyo a Colombia para el proceso de paz que se adelanta –cada día de forma más lenta- con los terroristas de las Auc, pero siempre y cuando que sean castigados por sus crímenes atroces y los delitos de lesa humanidad.  

Aunque el presidente Uribe, que durante el primer día de la reunión –el 5 de febrero- sufrió la enfermedad de “laberintis”, que le obligó a guardar absoluto reposo durante dos semanas, se comprometió a no permitir la impunidad y a “continuar mejorando la gobernabilidad”, como le pidió la Comunidad Internacional, lo cierto es que el proyecto que presentó al estudio del Congreso no es un “fiel reflejo” de la palabra empeñada, por lo que mucha gente piensa, entre ella los Congresistas Darío Martínez y Luis Fernando Velasco, que la Corte y la “Conferencia de Donantes” opinarán negativamente sobre Colombia.  

Otros Congresistas, conocidos como “uribistas” por su apoyo al Presidente, no le han prestado ningún interés a la petición de la CPI y, como afirmó el senador Mauricio Pimiento, lo que “tenemos que hacer es una ley que atienda la situación del caso colombiano”, es decir, como la presentada por el gobierno que no busca castigar sino premiar la impunidad, porque las Auc han tenido, desde su creación, la simpatía del mandatario colombiano, que las apoyó decisivamente cuando fue Gobernador del departamento (provincia) de Antioquia.  

Uribe, que en todos los foros a los que asiste ha pedido el apoyo internacional para la lucha contra el terrorismo y eventuales procesos de paz –así sean tan negativo en sus resultados como el que adelanta con sus amigos de las Auc- deberá prepararse para recibir un fuerte golpe y para que le vuelvan las espaldas, si no saca adelante un proyecto que sea ejemplar en el castigo y que evite que en su país la impunidad siga estando bendecida por el propio gobierno.

Por qué Álvaro Uribe Vélez debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional

Autor: Johnson Bastidas Fecha de publicación: 22/08/09

Imprimir

Dos hechos internacionales de justicia se han producido últimamente en el mundo que envían mensajes claros contra la impunidad. En esa perspectiva, la situación de Colombia, a nivel de los DDHH no puede pasar desapercibida. La impunidad reinante en el país, la ausencia de división de poderes, y la configuración de un aparato político-jurídico personalista en torno al presidente y a su proyecto excluyente de sociedad hacen que, solamente la justicia internacional puede garantizar una verdadera justicia frente a esa orgia de sangre que reina en este régimen colombiano.      

La señal más clara e importante, es que los autores, dos jefes de Estado, uno en ejercicio (El presidente de Darfur Al Bashir) y otro expresidente (Alberto Fujimori), no pueden ocultarse en la inmunidad propia de sus cargos, ésta no le garantiza la impunidad a ningún jefe de Estado en ejercicio para el caso de Darfur, o la inmunidad que puede garantizarse un expresidente, que como en el caso de Fujimori controló en su momento todas las instancias de los tres poderes públicos peruanos.  Los delitos cometidos por Fujimori y por Al Bashir son una gota de agua comparado con el mar de atrocidades e impunidad que ha reinado en Colombia durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, AUV (2002-2006/ 2006- y lo que va ocurrido del 2009). Sin querer decir con esto, que los lazos paramilitares y mafiosos de AUV se reducen a sus dos períodos en la presidencia.  

Si bien el mandato de la CPI  se limita a crímenes cometidos después del primero de julio del 2002, fecha de entrada en vigencia del tratado firmado por más de cien estados, incluido Colombia. A pesar de la cláusula de moratoria de 7 años que Colombia interpuso al momento de firmar el Estatuto de Roma acogiéndose al articulo 124 del Estatuto, la CPI tiene en éste país, una situación dramática en materia de derechos humanos, situación agravada con el rol estimulante al delito que tiene la impunidad en un 97% de los casos.  

A esto se agrega que, a través de pronunciamientos públicos de las más altas personalidades en la jefatura del Estado, empezando por el propio presidente de la república que, en muchas intervenciones reseñas por los medios de comunicación han incitado a la eliminación física de organizaciones/y o personas que han osado emitir una critica contra su régimen acusándolas sistemáticamente de ser insurgentes, “guerrilleros de civil o simplemente terroristas”. Esto se ha interpretado como una patente de corso para que los paramilitares actúen y ejecuten a los opositores políticos, sindicalistas, defensores de DDHH, y ciudadanos en general.  

Y lo que es peor, jamás se ha emitido un pronunciamiento público de condenada por parte del jefe del Estado -y otros jerarcas del régimen- a los crímenes cometidos por el concubinato fuerzas militares-paramilitares, como esta demostrado en diferentes casos donde el acerbo probatorio dejó en claro la política estatal consiste en la unidad de acción fuerzas militares y paramilitares.  

Recordemos que las responsabilidades no se pueden perder en la cadena de mando. Que el presidente de la república es el comandante en jefe de las FFMM, y que un funcionario público es culpable por acción u omisión de las funciones propias de su cargo. 

Sólo tres casos, entre tantos de la historia reciente de Colombia donde Álvaro Uribe

Vélez ha sido protagonista de primer orden en delitos que ofende a la humanidad:  

A) Por los delitos cometidos contra la comunidad de San José de Apartado por parte de las fuerzas militares colombianas en acción conjunta con paramilitares. La Comunidad ha sufrido varias masacres [Entre ellas las masacres de Mulatos y la de la Resbalosa, donde murieron niños indefensos] sin que haya habido justicia judicial efectiva, que garantice a sus miembros el derecho a saber la verdad para preservar su memoria colectiva, el castigo de los responsables y la reparación por parte del Estado. Públicamente el presidente señaló a la comunidad como colaboradora de organizaciones insurgentes. 

B) Por los delitos resultados de la entrega al servicio de los paramilitares de la Fiscalía General de la Nación, bajo la administración de Fiscal Luis Camilo Osorio. El nombramiento de Osorio en la Fiscalía garantizó la impunidad de muchos delitos [masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento de personas, muerte de testigos, etc.] de opositores políticos al régimen de AUV, Osorio no investigó diferentes delitos, y no sólo no investigó sino que entorpeció del desarrollo de la justicia. Mediante prácticas corruptas e intimidatorias el Fiscal Osorio trasladó a funcionarios honestos a otros lugares de Colombia para alejarlos de investigaciones sensibles, otorgó y reasignó casos sensibles a funcionarios corruptos, despidió a funcionarios que seguían los casos cuya responsabilidad militar era evidente.   

C) Los delitos cometidos y originados por permitir la infiltración y la puesta al servicio de paramilitares el DAS (el más importante organismo de seguridad del Estado). Recordemos que el directo del Das es nombrado directamente por el presidente de la república. El director del DAS responde a su jefe inmediato el presidente de la república, comandante constitucional de las fuerzas militares. El presidente defendió públicamente el nombramiento y obra de Jorge Noguera, quien durante su administración facilitó la elaboración de listas de personas que luego serian asesinadas por los paramilitares.     

La impunidad es una política de Estado del régimen colombiano, no se garantiza la justicia en una masacre, -como lo presentan los funcionarios del Estado colombiano en los foros internacionales-, condenando a un soldado o a un suboficial del ejército. Los oficiales superiores, el ministro de la defensa y el comandante en jefe de las FFMM deben responder por delitos cometidos por las fuerzas militares bajo su mando. En los pocos casos donde ha habido condena de algún delito (3%), su instigador principal queda bajo la sombra de la impunidad. El 97% de las violaciones de DDHH en Colombia quedan bajo la más completa impunidad. La impunidad demuestra el compromiso institucional en los diferentes crímenes cometidos por las FFMM en conjunto con los paramilitares, lo cual nos permite hablar de política de Estado.  

Un ejemplo que la impunidad es una política estatal se muestra en una revisión somera de la famosa la ley de justicia y paz. Recordemos que esta ley es el resultado, de acuerdos secretos entre el régimen de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. Como explicar que el criminal de guerra Ernesto Báez [Iván Roberto Duque] con más de 25 años como paramilitar no haya confesado ni una sola masacre.  

La ley de JUSTICIA Y PAZ es un punto de llegada de los lazos paramilitares

entretenidos por el ahora jefe del Estado, desde su permanencia en la administración departamental de Antioquia y su posterior llegada a la presidencia. Como es de conocimiento público, durante las elecciones presidenciales, las dos últimas en las que ha sido elegido AUV, en las dos, se han presentado votaciones atípicas en regiones de control paramilitar, donde el ganador absoluto es por obvias razones  ALVARO URIBE VELEZ. 

En un análisis pormenorizado de la ley de Justicia y paz, el padre Javier Giraldo ilustra muy bien porque ha sido una falacia http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article114 , la famosa ley ha sido presentada como resultado de una: a) negociación política, b) como una negociación de paz, c) como un proceso de desmovilización, d) como el desmonte definitivo de los paramilitares, e) como la superación de la impunidad.  

Ni lo uno ni lo otro. Una negociación política se hace entre contradictores políticos, (entre el Estado y la insurgencia por ejemplo), pero no entre dos instancias que han compartido los mismo objetivos y que han trabajado juntas en una división de trabajo macabra.  Los paramilitares y la fuerzas del orden no han tenido un solo conflicto, y contrario a eso, si muchas coincidencias en su visión de sociedad, en sus métodos utilizados, y en los objetivos perseguidos. Los paramilitares siguen operando, nunca se desmovilizaron, no hay tal de primera y segunda generación, son el resultado de un tronco común de una política de extermino a todo lo que suene o huela a oposición a los intereses vigentes. El presidente después de haberle dado una patente de corso al para-militarismo, ahora lo institucionaliza con sus programas de soldados campesinos, de guarda bosques, un millón de informantes, etc., etc.  

Con la entrega de la Fiscalía y del DAS al servicio de la causa común contrainsurgente y contra todo lo que suene a oposición política, el gobierno niega su compromiso con la paz, contra todo vestigio de reparación a las victimas, pero sobre todo, su compromiso con la justicia.  

Contrario a eso, el objetivo central de régimen se centra en garantizarse su permanencia en el poder, garantizarse la impunidad mediante las siguientes acciones:  

1. Poner toda la institucionalidad al servicio de la reelección presidencial. 2. Permitir la infiltración del programa de testigos de la Fiscalía, para eliminar

sistemáticamente todo testigo potencial contra los crímenes de Estado.

3. Persecución sistemática a las ONG y defensores de DDHH para acallar voces. 

4. Judicialización de los defensores de DDHH, como pretende hacerlo con el Padre J. Giraldo.

5. Allanamientos a las ONG para hacerse a los archivos y bancos de datos que sistematicen las violaciones del régimen.

6. El desprestigio de toda denuncia presentándola como cercana al terrorismo y contraria a la democracia. Etc. Etc.

 

Por todas estas razones, la justicia internacional tiene la palabra.

chontadurosolidario@gmail.com

No olvidar que Uribe fue demandado por genocidio en el 2005 ante la Corte Internacional

Autor: Iván Oliver Rugeles Fecha de publicación: 17/07/10

Imprimir Revista Semana de marzo/08

A través de la revista Semana de Bogotá en su edición digital de marzo 2008 se conoció que el presidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, fue demandado ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

Efectivamente, ante el reportaje de la revista sobre lo hechos acontecidos en Santo Domingo bajo el título ¿Final Feliz?, el lector Pedro Arroyave Barrios, envía el comentario que se incluye abajo, sobre el contenido de dicho reportaje, a través del cual recuerda que el presidente colombiano fue demandado por ser cómplice mayor de los paramilitares en sus crímenes atroces contra pueblos enteros y comunidades rurales de Colombia, entre los años 2002 y el 2005. Es bueno recordar que esa banda irregular armada hasta los dientes por la institucionalidad del país vecino y su oligarquía “narco latifundista”, fue creación del mismo Alvaro Uribe en asociación estrecha con el capo de la droga, Pablo Escobar Gaviria, en la oportunidad en que ejerció la Alcaldía de Medellín y, luego, la gobernación del departamento de Antioquia, por allá a comienzos de la década de los ochenta y que fueron bautizadas, entonces, como “Cooperativas de defensa Convivir”.

Veamos lo que escribe el señor Arroyave:

“Considero que fue mejor que no se demandara a Chávez a la Corte penal internacional puesto que el presidente Uribe también tiene una demanda en este organismo. Transcribo: "Uribe enfrenta demanda en La Haya por complicidad con paramilitares. En (el) texto de la demanda se identifican unos 2 mil crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, que comprenden masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados. La demanda, fue introducida en mayo de 2005 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD), que rechaza la "pasividad" que aseguran ha tenido el presidente Uribe para condenar los delitos cometidos por las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ."

Es interesante señalar que, según cifras de organismos de derechos humanos internacionales, se calcula en más de 35 mil los colombianos que han sido asesinados y

desaparecidos por las AUC en los últimos veinticinco años, de los cuales al menos cuatro mil quinientos corresponden a los dirigentes de la Unión Patriótica, grupo político que surgió a la vida civilizada luego de los arreglos de paz entre la FARC y el gobierno de Belisario Betancourt en 1.985. El extermino de la dirigencia de la UP tuvo como respuesta la reanudación de la lucha guerrillera de la FARC, antes de finalizar la década de los ochenta.Esta inormación fue divulgada a través de este mismo medio, el 09/03/08.