La comunicación para el Cambio Social y de Comportamientos y su

vigencia para alcanzar los derechos humanos plenos Por Olga Moraga Amador

Hacer comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento implica poner en el centro

de las intervenciones programáticas, al ser humano como sujeto de derechos. Para que los

“participantes” a través de la comunicación educativa, intercambio de saberes y de

experiencias, de la reflexión-acción, sean sujetos de su propio desarrollo.

Generalmente la comunicación es concebida como una “herramienta” estratégica en

cualquiera que sea el programa o proyecto. No obstante, esta herramienta no es siempre

utilizada de la mejor manera. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el recibir y dar

información por cualquier medio, el emitir opinión por las personas son derechos

inalienables y recogidos por la Constitución Política.

En materia de los derechos humanos, la comunicación no solo se vuelve una herramienta

imprescindible, sino una estrategia fundamental para el empoderamiento de la población. Y

es sólo a través de la comunicación educativa los participantes pueden conocer sus derechos

y responsabilidades, y por lo tanto demandar su cumplimiento.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como agencia del Sistema de las

Naciones Unidas, desde su fundación ha reconocido el rol trascendental de la comunicación

para el cambio social y de comportamientos. Considera a la comunicación como un

componente transversal y estratégico para alcanzar los objetivos programáticos propuestos.

UNICEF junto a contrapartes y socios, a través de la comunicación para el cambio social y de

comportamiento, ha logrado impulsar estrategias de comunicación con mucho éxito en el

área de salud, como la inmunización de muchas enfermedades en la niñez, disminuir la

mortalidad infantil por enfermedades prevenibles, modificar comportamientos contra los

derechos de las mujeres etc.

Para que la comunicación surta el efecto estratégico y desde el enfoque de derechos

humanos, debe estar basada en cuatro grandes principios, la equidad de género, la

participación, la intersectorialidad, y la sostenibilidad. Poniendo como centro de las

intervenciones el interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Estas intervenciones,

deben tener diversos escenarios que coadyuven el cumplimiento de estos principios: la

abogacía, la movilización social y la comunicación programática.