La compra pública innovadora en España y la perspectiva

regional

Autoras: María Concepción Peñate Valentín y María del Carmen Sánchez Carreira

Email de la persona de contacto: maria.penate@usc.es; carmela.sanchez@usc.es

Departamento: Economía Aplicada

Universidad: Universidade de Santiago de Compostela

Área Temática: Crecimiento, desarrollo, competitividad y desigualdades territoriales

Resumen: La actuación del sector público como consumidor puede dinamizar la actividad

innovadora en el sector privado y favorecer el desarrollo económico a nivel regional. La

importancia creciente de la demanda pública como instrumento de política de

innovación y desarrollo se explica por su peso significativo en las economías de la

OCDE, tanto en relación al PIB como al gasto público.

El objetivo de este trabajo es analizar la experiencia de la compra pública innovadora

en España desde la perspectiva regional, centrándose en el estudio de las pautas

regionales en cuanto a estrategias, sectores predominantes, gestión y retos de la compra

pública innovadora. En definitiva, se trata de conocer si existe diversidad u

homogeneidad regional en la utilización de este instrumento. La compra pública

innovadora constituye un instrumento con potencial para impulsar nuevos bienes,

servicios y tecnologías en sectores diversos. La utilización estratégica de la compra

pública puede promover determinados sectores, potenciar la innovación en el sector

privado o favorecer el crecimiento e internacionalización de las PYMEs. Asimismo,

puede favorecer la especialización productiva en actividades innovadoras de alto valor

añadido, proporcionando una ventaja competitiva a las empresas regionales o

nacionales.

Palabras Clave: compra pública innovadora, innovación, España, diversidad regional

Clasificación JEL: O33, O38, O20, O25

1

1. Introducción

Tradicionalmente, en los estudios sobre políticas de innovación predomina la

perspectiva de oferta; sin embargo, la visión de la demanda adquiere una relevancia

creciente en los últimos años. Desde esta perspectiva más novedosa, el sector público

puede desempeñar un papel muy destacado, a través de su actuación como regulador y

como consumidor. En este segundo tipo de actuación, la compra pública representa

aproximadamente el 13% del PIB en la UE en 2014, suponiendo valores superiores al

20% del PIB en los países que utilizan dicho instrumento con mayor intensidad (como

Países Bajos o Suecia).

A pesar del auge de este instrumento en los últimos años, está infrautilizado en varios

países. Así sucede en España, si bien recientemente se incide más en el fomento de la

demanda pública de innovaciones o compra pública innovadora (CPI). Los cambios en

su marco normativo e institucional, orientados a fomentar este instrumento desde la

normativa comunitaria, ayudan en esa dirección.

El objetivo principal de este trabajo es analizar la utilización de la compra pública

innovadora en España y las características que presenta este instrumento desde la

perspectiva regional. Así, se pretende identificar pautas comunes o diferencias en

cuanto a la modalidad utilizada de la compra pública innovadora, los sectores

predominantes y la utilización de fondos europeos.

La metodología seguida consiste en el análisis de una base de datos de casos de compra

pública innovadora a nivel español, de elaboración propia y que cuenta con un total de

90 casos. Para la comparación a nivel regional, se siguen las clasificaciones de regiones

del Fondo Tecnológico y del Regional Innovation Scoreboard 2016.

Este trabajo se estructura en cuatro apartados, además de introducción, conclusiones y

bibliografía. El primer apartado presenta el instrumento de la compra pública

innovadora y su relevancia para fomentar la innovación. El segundo apartado

contextualiza la situación en España y el marco institucional relativo a dicho

instrumento. El tercer apartado analiza la utilización de la compra pública innovadora a

nivel regional, desde una perspectiva comparativa. Ello permite establecer distintos

grupos de regiones. Finalmente, el cuarto apartado recoge la valoración y análisis de los

resultados obtenidos.

2

2. La compra pública innovadora

2.1. El sector público como demandante de innovaciones

El sector público es un agente económico clave para el desarrollo de un país o región,

dado el elevado volumen de recursos que gestiona y la variedad de sus actuaciones. Su

actuación no se limita al papel de regulador, distribuidor, productor o incluso

empleador, sino que también actúa como consumidor. De hecho, su capacidad de

compra lo convierte en un notable demandante de bienes y servicios, requiriendo en

algunos casos el desarrollo de soluciones innovadoras para poder desempeñar

adecuadamente sus funciones.

La compra pública innovadora (CPI) supone el desarrollo de nuevos productos o

servicios, o incluso de una nueva tecnología, por parte del sector privado para satisfacer

la demanda pública. Es decir, tiene lugar cuando el producto adquirido no existe todavía

en el mercado, pero podría ser desarrollado en un plazo razonable de tiempo; por lo

tanto, requiere un esfuerzo innovador por parte del proveedor (Gavras et al., 2010).

Tradicionalmente, la compra pública innovadora se utilizó ampliamente para la

fabricación de equipo militar; aunque desde hace décadas también se aplica en áreas

civiles. Esa extensión se explica por el surgimiento de nuevas necesidades sociales que

se convierten en prioridades para los gobiernos nacionales o regionales; y que originan

nuevas oportunidades para el desarrollo de soluciones innovadoras. La compra pública

innovadora persigue satisfacer necesidades específicas de difícil cumplimiento por el

mercado. Así se refleja en el desarrollo de diversos proyectos de compra pública que

conducen a innovaciones en campos como el medioambiente o la defensa.

La compra pública innovadora permite lograr un mayor grado de eficiencia al mejorar la

prestación de servicios por el sector público o incluir nuevos servicios (Rolfstam, 2012;

Edler et al., 2015). Además, la demanda de innovaciones estimula al mercado, de forma

que pueden producirse efectos spillover; y favorecer la difusión de productos y

tecnologías. Asimismo, la demanda pública puede marcar el paso innovador y

tecnológico, debido a su papel central en los sistemas de innovación (Gregersen, 2010).

La importancia real del sector público como demandante se refleja en que asciende a

1.931 mil millones de euros en la UE en 2014 (última información estadística

disponible), representando el 13% de su PIB. En España la compra pública supone el

3

11% del PIB (aproximadamente 105 mil millones de euros), perteneciendo al grupo de

países con menor importancia de la compra pública en relación al PIB, junto con

Irlanda, Portugal o Italia. Debe indicarse que España presenta un valor del indicador

ligeramente superior al de los demás países que conforman el grupo.

2.2. Modalidades de compra pública innovadora

La utilización de diversos términos para referirse a distintas modalidades de compra

pública innovadora puede conducir a confusión. Por ello, se debe clarificar su

significado preciso. Todos ellos coinciden en que intentan reflejar una relación en la que

están involucrados un agente público y una o varias empresas privadas. Además, no se

limita a un nivel institucional específico, sino que puede referirse al nivel local,

regional, nacional o incluso supranacional. En este trabajo se consideran tres

modalidades concretas, que ordenadas de menor a mayor según el potencial resultado

innovador, son: la compra pública regular (CPR), la compra pública pre-comercial

(CPC) y la compra pública con criterios de innovación (CPCI).

La compra pública regular (CPR) se puede definir como el suministro y

aprovisionamiento de bienes y servicios ya existentes y necesarios para el desempeño de

las actividades del sector público (Peñate y Sánchez, 2015). En principio, el objetivo de

esta modalidad no es favorecer la aparición de innovaciones. A diferencia de lo que

ocurre en las otras dos modalidades, no se establecen criterios específicos en la

licitación para fomentar la actividad innovadora en el sector privado. Sin embargo,

puede ocurrir que de forma espontánea el sector privado desarrolle una innovación que

permita satisfacer la demanda pública. En ese caso, estaríamos hablando de una

modalidad de estímulo a la innovación mediante la demanda obtenida a través de la

compra pública regular (Hommen y Rolfstam, 2009; Gavras et al., 2010). Estos casos

pueden presentar dificultades para su identificación como compra pública innovadora,

debido a que el resultado innovador no se busca explícitamente.

El término compra pública pre-comercial (CPC) se refiere a la adquisición de

investigación y desarrollo para obtener soluciones innovadoras que aun no están

disponibles en el mercado. La compra pública pre-comercial pretende ofrecer una

oportunidad al desarrollo de diversas ideas en paralelo, pese a que finalmente el sector

público demandante solo adquirirá alguna o algunas (Comisión Europea, 2006 y 2007).

4

Este concepto lo introduce por primera vez la Comisión Europea en 20061 y, desde

entonces, lo promueve como un instrumento dinamizador de la innovación, con una

importancia creciente en las actuales políticas de innovación europeas. Asimismo,

supone una respuesta a la necesidad de reforzar las capacidades de innovación de la UE,

al tiempo que pretende mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos

(Edquist y Zabala-Iturriagagoitia, 2015)2.

El concepto de compra pública con criterios de innovación (CPCI) se refiere a todo

contrato público que contemple como requisito en su licitación el desarrollo de una o

varias innovaciones para satisfacer la demanda pública.

3. La situación de la compra pública innovadora en España

3.1 Marco institucional e iniciativas para el fomento de la compra pública

innovadora en España

La compra pública innovadora constituye un instrumento infrautilizado, en lo que

influye notablemente un marco normativo tradicionalmente poco favorecedor de ese

instrumento (COTEC, 2009, 2014). La normativa relativa a contratación pública

desarrollada en los años noventa, vigente hasta la modificación de 2007, obviaba

aspectos estratégicos como el estímulo a la competencia y a la innovación (De la

Morena, 2012). Recientemente, surgen diferentes iniciativas desde el ámbito público

centradas en impulsar la utilización de la compra pública innovadora. Algunos de estas

iniciativas son la Estrategia Estatal de Innovación 2010-2015 (E2I), el Plan de

Innovación de 2010 (destacando la acción INNPLICA); y el Plan Estatal de

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (como la Acción

Estratégica en Economía y Sociedad Digital recoge la importancia de este instrumento).

Otras iniciativas relevantes son los programas INNOCOMPRA e INNODEMANDA. El

primero, el programa INNOCOMPRA, se inicia en 2011 con la finalidad de apoyar a

los órganos públicos de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de proyectos

innovadores que puedan generar contratos de compra pública innovadora, contando con

financiación del Fondo Tecnológico. Este programa financió en el período 2011-2012,

1 Este término aparece por primera vez en el documento “Pre-commercial procurement of innovation. A

missing link in the European innovation cycle” de la CE, en 2006. 2 Aunque en general la compra pública pre-comercial se considera un tipo de compra pública innovadora,

para Edquist y Zabala-Iturriagagoitia (2015) representa un tipo de financiación de una clase específica de

I+D, orientada a objetivos muy concretos.

5

11 convenios con un valor aproximado de 170 millones de euros. En estos primeros

años, el 60% de los fondos se destinaron a proyectos relacionados con la temática de

salud, el 25% a aeronáutica y el 15% a TIC. Durante las actuaciones de segunda

generación, entre 2012-2013, se financian otros 11 convenios con un valor de 90

millones de euros (Díaz, 2015). En el actual período 2014-2020, se estima un

presupuesto de aproximadamente 300 millones de euros, tratando de conseguir nuevos

objetivos3. Asimismo, se espera que las regiones de Andalucía, Galicia, Canarias,

Castilla-La Mancha y Extremadura perciban mayor parte del presupuesto del programa,

por haber sido regiones Objetivo 1. Además, Canarias presenta la singularidad de ser

una región insular. En este período aparecen nuevos subprogramas específicos, como

son las líneas de Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) orientadas a las

soluciones en salud (FID-SALUD) y seguridad (FID-MIR).

El segundo programa, denominado INNODEMANDA, constituye un instrumento de

financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a procesos de compra

pública innovadora. Gracias a este programa, gestionado por el Centro para el

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), comunidades como País Vasco, Galicia,

Madrid, Andalucía, Cataluña y Castilla y León, cuentan con diversos proyectos de

compra pública innovadora en desarrollo.

A nivel global, y en gran medida como resultado de los diversos programas e

iniciativas4, la inversión en proyectos de compra pública innovadora en el período 2007-

2014 asciende a 285 millones de euros. Se estima que en el período 2014-2020 alcance

los 410 millones de euros (COTEC, 2016). Debe indicarse que la compra pública

innovadora es un instrumento destacado en las estrategias regionales de especialización

inteligente en casi todas las Comunidades Autónomas. Así, en 16 de los 17 documentos

3 Entre esos nuevos objetivos se incluye el alcance transregional, que se refiere a que el bien o servicio

que resulte de la CPI pueda satisfacer no solo la necesidad específica del territorio en que se concibió,

sino que además sirva para resolver necesidades similares en otras regiones. Además, una de las nuevas

condiciones consiste en que las operaciones financiadas deben contar con un presupuesto superior a 5

millones de euros. 4 Otras iniciativas dirigidas a fomentar este instrumento son la ventanilla de compra pública innovadora;

o la línea ICO-Innovación. Esta última iniciativa se establece en 2013 y se dirige a conceder préstamos a

empresas innovadoras para participar en actividades de compra pública innovadora, cofinanciada por

Fondos FEDER y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, otras medidas facilitadores de la

compra pública innovadora son la guía publicada en 2011 por el Ministerio de Ciencia e Innovación como

documento de apoyo y orientación a órganos contratantes de las Administraciones Públicas, actualizada

en 2016; y el mapa de proyectos de los departamentos de la Administración General del Estado.

Recientemente, y en cumplimiento de la legislación comunitaria, se aprueban medidas orientadas a

fomentar la participación de las PYMEs en la compra pública, como la división en lotes de los contratos.

Asimismo, España está pendiente de transponer la Directiva Comunitaria 2014/24/UE.

6

que recogen las estrategias de cada región, aparece la compra pública innovadora como

elemento estratégico de relevancia; siendo Baleares la única excepción.

A pesar de los avances de los últimos años y de su potencial, aun se requieren cambios

relevantes en el marco normativo e institucional que permitan explorar las

oportunidades de este instrumento.

3.2. Visión general de la compra pública innovadora en España

La compra pública en España representa el 11% del PIB en 2013 y aproximadamente el

23% del gasto público (OCDE, 2015). El número total de contratos en España es de

74.057 en 2014 (último año disponible); mientras que el importe total supone 9,87

millones de euros. El análisis por Comunidad Autónoma, presentado en la Tabla 1,

permite observar las diferencias entre regiones. Así, se aprecia que las comunidades con

un mayor porcentaje de contratos con respecto al total son Cataluña (30,3%),

Extremadura (18,8%), Andalucía (13,9%) y la Comunidad Valenciana (9,5%). En

relación al importe, las comunidades con mayor peso sobre el total español son Madrid

(15,5%), Cataluña (14,5%), Galicia (13,3%) y Andalucía (12,1%).

Tabla 1. Número de contratos públicos e importe por Comunidades Autónomas, 2014

Comunidad Autónoma Número de contratos Importe (miles de euros)

Andalucía 10.278 1.190.241

Aragón 1.681 644.287

Asturias 1.154 192.330

Canarias 2.041 292.684

Cantabria 494 77.629

Castilla-La Mancha 1.701 326.712

Castilla-León 1.657 497.456

Cataluña 22.429 1.432.926

Ceuta 6 3.110

Extremadura 13.902 397.148

Galicia 4.089 1.309.866

Islas Baleares 740 240.534

Madrid 3.784 1.530.476

Melilla 133 45.748

Murcia 1.373 299.884

Navarra 403 222.469

País Vasco 730 402.729

La Rioja 438 174.828

Comunidad Valenciana 7.024 593.552

Total 74.057 9.874.610

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016)

La Tabla 2 muestra el porcentaje de contratos por Comunidades Autónomas y por tipo

de contrato, en el año 2012 (último con información disponible). Se establecen cuatro

tipos de contrato según su contenido, que son obras, suministros, servicios y otros;

siendo los dos últimos tipos presumiblemente los más proclives a la aparición de

innovaciones. Recientemente también surgen innovaciones en los contratos por obras,

7

debido al crecimiento de la construcción sostenible de edificios públicos e

infraestructuras. En España, la mayoría de los contratos se concentran en suministros

(43,8%) y servicios (42,3%); los contratos por obras y otros son minoritarios,

suponiendo aproximadamente el 7% del total cada uno de ellos. La relevancia según el

tipo de contrato varía entre regiones. Así, se puede observar que en Asturias, Cantabria,

País Vasco o Navarra los contratos de servicios suponen más del 60% del total;

mientras que en Extremadura o Canarias no alcanzan el 25%. En Extremadura (71,7%),

Aragón (66,9%), Canarias (53,5%) y Madrid (46,6%) los contratos por suministros

presentan un mayor peso. Este tipo de contrato es minoritario en Cantabria, Galicia,

Ceuta y Melilla (no llegan al 20%). Los contratos de otro tipo son escasos, aunque en

Castilla y León, Andalucía y Canarias superan el 20%.

Tabla 2. Porcentaje de contratos por Comunidades Autónomas y tipo de contrato, año 2012

Comunidad Autónoma Obras Suministros Servicios Otros

Andalucía 10,5% 21,7% 42,4% 25,4%

Aragón 2,1% 66,9% 29,5% 1,4%

Asturias 3,8% 26,7% 68,6% 0,8%

Canarias 1,3% 53,5% 21,4% 23,8%

Cantabria 13,0% 17,1% 69,2% 0,6%

Castilla-La Mancha 3,9% 48,5% 40,0% 7,6%

Castilla-León 5,9% 30,2% 42,8% 21,0%

Cataluña 6,5% 33,6% 58,4% 1,6%

Ceuta 37,5% 0,0% 62,5% 0,0%

Extremadura 5,2% 71,7% 16,2% 6,9%

Galicia 15,1% 18,5% 59,2% 7,1%

Islas Baleares 2,4% 31,1% 52,0% 14,5%

Madrid 8,4% 46,6% 41,4% 3,6%

Melilla 29,1% 10,9% 60,0% 0,0%

Murcia 4,6% 43,8% 40,2% 11,4%

Navarra 11,0% 22,9% 66,1% 0,0%

País Vasco 7,3% 22,9% 67,9% 2,0%

La Rioja 13,6% 50,1% 33,5% 2,7%

Comunidad Valenciana 11,8% 25,0% 61,8% 1,4%

Total 7,1% 43,8% 42,3% 6,8%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016)

El tipo de criterio utilizado en la licitación para determinar la oferta adjudicada influye

en la posibilidad de que se desarrollen innovaciones para satisfacer la demanda pública.

Así, si el criterio único o principal es el precio, se dificulta la posibilidad de que una

oferta innovadora obtenga la licitación, debido a los costes inherentes de las actividades

de I+D y el desarrollo de innovaciones. La existencia de varios criterios (multicriterio)

puede favorecer la aparición de innovaciones, dependiendo del peso que tenga cada

criterio para la elección de una oferta innovadora frente a otra no innovadora. La Tabla

3 muestra el porcentaje de contratos según la forma de adjudicación en las

Comunidades Autónomas. En España, el 60% de los contratos utiliza un sistema

8

multicriterio; mientras que el 31,9% son contratos que siguen otros criterios; y el precio

solo es la forma de adjudicación en el 7,9% de los contratos. Por lo tanto, se observa

que el criterio de precio no es el mayoritario, salvo en Asturias (en Melilla también es

importante, pues se acerca al 50%). El sistema multicriterio predomina en Aragón,

Extremadura o Castilla y León; mientras que tiene menor relevancia en Castilla-La

Mancha y Cataluña (no alcanza el 30%). En estas dos comunidades son relevantes otros

criterios, superando el 60% del total de contratos; en cambio, en Aragón, Asturias y

Navarra no se aplican otros criterios.

Tabla 3. Porcentaje de contratos por Comunidades Autónomas y forma de adjudicación

Comunidad Autónoma Multicriterio Otros Precio

Andalucía 57,1% 40,4% 2,5%

Aragón 79,3% 0,0% 20,7%

Asturias 48,4% 0,0% 51,6%

Canarias 81,5% 17,0% 1,5%

Cantabria 52,7% 35,1% 12,2%

Castilla-La Mancha 23,9% 64,8% 11,3%

Castilla-León 80,7% 11,5% 7,8%

Cataluña 29,6% 63,4% 7,0%

Ceuta 37,5% 62,5% 0,0%

Extremadura 95,7% 3,7% 0,6%

Galicia 74,8% 18,9% 6,3%

Islas Baleares 46,6% 45,9% 7,4%

Madrid 57,6% 15,8% 26,5%

Melilla 51,8% 1,8% 46,4%

Murcia 71,4% 10,2% 18,4%

Navarra 73,1% 0,0% 26,9%

País Vasco 68,1% 5,9% 26,1%

La Rioja 56,7% 26,4% 16,9%

Comunidad Valenciana 43,2% 48,3% 8,3%

Total 60,1% 31,9% 7,9%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016)

El estudio regional realizado en este trabajo se basa en el análisis de una base de datos

de elaboración propia, conformada por 90 casos de compra pública innovadora

identificados en España, en el período 1999-20165. La mayoría de los casos se

concentran entre los años 2012 y 2016, coincidiendo con el período en el que más se

utiliza este instrumento en España. El porcentaje de proyectos finalizados en el

momento de realizar este trabajo es del 58,9%.

Con respecto a la distribución territorial de los 90 casos de compra pública innovadora

(Tabla 4), están representadas 12 Comunidades Autónomas. No se incluyen Asturias,

Navarra, La Rioja, Islas Baleares, Ceuta y Melilla debido a que no se identificó ningún

caso en las mismas. Las Comunidades Autónomas con más casos son Andalucía (17),

5 Debe tenerse en cuenta que los casos de compra pública innovadora referidos al año 2016 se limitan al

primer semestre del año.

9

Cataluña (14), Madrid (12), Galicia (10) y País Vasco (9)6, mientras que el menor

número de casos se encuentra en Aragón (1), Cantabria (1) y la Región de Murcia (1).

Tabla 4. Número de casos de CPI por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma Número de casos

Andalucía 17

Cataluña 14

Madrid 12

Galicia 10

País Vasco 9

Comunidad Valenciana 6

Extremadura 5

Castilla y León 3

Canarias 3

Castilla-La Mancha 2

Aragón 1

Cantabria 1

Región de Murcia 1

Fuente: Elaboración propia

En relación con la modalidad de compra pública innovadora utilizada para impulsar la

innovación desde la demanda en España, destaca la compra pública con criterios de

innovación, que se aplica en el 68,9% de los casos analizados. Le sigue en importancia

la compra pública pre-comercial, aplicada en el 32,2% de los casos; mientas que la

compra pública regular es residual (2,2%).

El Gráfico 1 presenta la evolución del número de proyectos que han recibido

financiación europea. En el período 1999-2009 solo se ha identificado un caso de

compra pública innovadora que contara con financiación europea, iniciado en 1999. El

incremento de la utilización de fondos europeos para financiar proyectos de compra

pública innovadora por las administraciones públicas es notable, especialmente desde

2011. La tendencia es creciente a nivel global, aunque con diferencias entre regiones,

como se mostrará en el siguiente apartado7.

En los últimos cinco años, en los que se incrementa el apoyo institucional a la compra

pública innovadora, tanto a nivel español como europeo, se observa un crecimiento

relevante del porcentaje de casos de compra pública innovadora financiados con fondos

europeos (Gráfico 2).

6 Además, se detectaron 6 casos de carácter nacional, es decir, que no fueron promovidos por ningún

órgano regional y se aplican en todo el territorio nacional. Debido al número reducido de casos y a que el

objetivo de este trabajo se centra en el estudio regional, estos casos no se incluyen en el análisis. 7 Estos datos deben interpretarse con cautela debido a la dificultad para identificar la presencia de

financiación europea en algunos proyectos, como sucede por ejemplo en la Comunidad de Madrid en el

año 2014. Así, la ligera disminución que se produce en 2014, tanto en cantidad como en porcentaje, puede

deberse a ese hecho.

10

Gráfico 1. Número de proyectos de CPI financiados con fondos europeos

Nota: los datos del año 2016 solo se corresponden el primer semestre del año.

Fuente: Elaboración propia

Otro aspecto relevante son las áreas en las que se desarrolla un mayor número de

proyectos de compra pública innovadora. Se observa que en España predominan

claramente tres de ellas: medioambiente, salud y TIC. Esto se debe a la relevancia de los

retos sanitarios en una población cada vez más envejecida y dependiente; a los riesgos

que generan los modos de vida y producción no sostenibles; y al avance de las nuevas

tecnologías. Posteriormente, se analiza un ámbito transversal como la inclusión de

criterios sociales en las licitaciones correspondientes a procesos de compra pública

innovadora.

Gráfico 2. Porcentaje de casos con financiación europea, 2012-2016

Nota: para el año 2016 solo se corresponde con los meses de enero a finales de julio.

Fuente: Elaboración propia

4. Análisis de la compra pública innovadora desde la perspectiva regional

Este trabajo se basa en el análisis de 90 casos de compra pública innovadora

identificados en España provenientes de una base de datos de elaboración propia, para el

período 1999-2016. Con el objetivo de realizar el análisis a nivel regional, se dividirán

las Comunidades Autónomas en grupos, utilizando dos criterios diferentes. El primero

11

de ellos se basa en la clasificación establecida por el Fondo Tecnológico. El segundo

criterio tiene en cuenta el Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2016, elaborado por la

Comisión Europea, que valora la actividad innovadora de las regiones. El RIS utiliza un

indicador sintético basado en distintos indicadores de innovación. En función del valor

de ese indicador, se establecen cuatro grupos de regiones, clasificación que seguiremos.

4.1 Análisis regional según el criterio del Fondo Tecnológico

El Fondo Tecnológico se corresponde con una partida especial de los fondos FEDER de

la UE, cuya finalidad es promover la I+D+i empresarial en España. El organismo

encargado de gestionar una parte del Fondo Tecnológico es el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). El Fondo Tecnológico se destina a todas las

Comunidades Autónomas españolas, aunque la distribución varía entre ellas, pues se

intenta priorizar en base a criterios de desarrollo. Así, las anteriores regiones del

Objetivo 1 son destinatarias del 90% de su presupuesto. La Comisión Europea establece

una clasificación de las regiones basada en el desarrollo económico regional, que se

utiliza en este estudio. La Tabla 5 muestra la clasificación de regiones según el Fondo

Tecnológico8 en relación con el porcentaje de los fondos destinados a cada región y con

las regiones para las que se analizan los casos de compra pública innovadora.

Tabla 5. Clasificación regional según el criterio del Fondo Tecnológico, porcentaje de fondos destinados

a cada región y CC.AA.del estudio

Clasificación Fondo Tecnológico Porcentaje CC.AA. del estudio

Convergencia9 70% Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha

Inclusión Gradual10 15% Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Canarias

Exclusión Gradual11 5%

Competitividad12 10% Cataluña, Madrid, País Vasco y Aragón

Fuente: Elaboración propia

8 En las Comunidades Autónomas pertenecientes al grupo Exclusión Gradual, solo se puede identificar un

único caso en la Región de Murcia, con un importe de 217.000 euros. Por ello, no se incluye este grupo

en el análisis. 9 Regiones cuyo PIB por habitante es inferior al 75% de la media comunitaria, que son Andalucía,

Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha. 10

Regiones a las que hasta 2013 se les concedió un sistema de introducción progresiva (dado que

anteriormente pertenecían al Objetivo 1), pero cuyo PIB supera el 75% del PIB medio de la UE-15. Son

Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias. 11

Regiones en las que se establecen sistemas transitorios de ayudas para la supresión de los fondos, pues

se beneficiaron de la asistencia financiera antes de la ampliación de la UE. Se trata de Murcia, Asturias,

Ceuta y Melilla. 12

Regiones que no están incluidas en el objetivo de convergencia o por la asistencia transitoria, elegibles

para beneficiarse del objetivo de competitividad y empleo. Son Cataluña, Madrid, País Vasco y Aragón.

12

Uno de los primeros aspectos que destaca al analizar los casos según esta división

regional es que la modalidad de compra pública innovadora utilizada difiere según el

grupo al que pertenece la región. Ello se observa en las dos clasificaciones de regiones

utilizadas en este trabajo. El Gráfico 3 muestra que para los grupos de convergencia e

inclusión gradual prevalece la modalidad de compra pública con criterios de innovación.

Así, esta modalidad supone el 79,4% de los casos del grupo de convergencia y el 91,7%

del grupo de inclusión gradual. Sin embargo, en el grupo de competitividad no

predomina esta modalidad, sino que existe un equilibrio entre las modalidades de

compra pública con criterios de innovación y compra pública pre-comercial, con ligera

superioridad de la segunda (48,6% y 51,3%, respectivamente). No se han encontrado

casos de utilización de la modalidad compra pública regular en el grupo de

competitividad; mientras que supone el 8,3% de los casos en el grupo de inclusión

gradual y tan solo el 2,9% en el grupo de convergencia.

En algunos casos, la adquisición de bienes y servicios innovadores a través de procesos

de compra pública con criterios de innovación tiene como origen la I+D obtenida de un

proceso de compra pública pre-comercial. Es decir, el proyecto comenzó como compra

pública pre-comercial y, posteriormente, la I+D resultante se transformó en nuevos

bienes o servicios, adquiridos a través de compra pública con criterios de innovación.

Por lo tanto, en estos casos estamos hablando de una modalidad mixta. Se observa que

en el grupo de inclusión gradual el 16,7% de los casos se corresponde con esta

modalidad combinada; mientras que para el grupo de convergencia supone el 2,9%. En

el grupo de competitividad no se encuentran casos.

Gráfico 3. Modalidad de CPI utilizada a nivel regional según el criterio del Fondo Tecnológico

Fuente: Elaboración propia

13

Resulta de interés analizar los programas INNODEMANDA e INNOCOMPRA, que

pueden estimular la compra pública innovadora. Como muestra el Gráfico 4, la

relevancia de INNODEMANDA alcanza un porcentaje similar para las regiones de los

grupos inclusión gradual y competitividad (16,7% y 16,2%, respectivamente). La

importancia del programa es menor en el grupo de convergencia (5,9% de los casos). El

programa INNOCOMPRA solo se utiliza en el grupo de convergencia, representando el

8,8% del total de casos.

En cuanto a la financiación europea, la utilización de fondos y otras ayudas para la

materialización de proyectos de compra pública innovadora destaca especialmente en

las regiones del grupo de convergencia. La relevancia de la financiación europea

también es notable en las regiones de los grupos de competitividad y de inclusión

gradual, representando el 54% y el 50% de los casos, respectivamente.

Gráfico 4. Importancia de los programas de financiación pública de la CPI a nivel regional según el

criterio del Fondo Tecnológico

Fuente: Elaboración propia

Otro aspecto destacable en el análisis por grupos de regiones es el predominio del

desarrollo de proyectos en ciertas áreas (Gráfico 5). Los casos estudiados permiten

observar el predominio de las TIC en los tres grupos de regiones, con un porcentaje que

siempre supera el 70%. Para los grupos de convergencia y competitividad, la segunda

área con mayor número de proyectos es la de salud (58,8% y 51,3%, respectivamente),

frente al 25% de proyectos en este ámbito en el caso de las regiones de inclusión

gradual. En cambio, en el grupo de inclusión gradual, la segunda área en importancia es

la medioambiental, suponiendo el 50% de los casos. La relevancia del área

14

medioambiental es menor en el grupo de convergencia (32,3%) y, especialmente, en el

de competitividad (27%).

Los proyectos de carácter social tienen menor presencia en los procesos de compra

pública innovadora. De hecho, el valor más elevado corresponde a las regiones que

pertenecen al grupo de competitividad, en las que el aspecto social se considera en

aproximadamente el 11% de los casos analizados; siendo mucho menor el porcentaje en

los otros dos grupos, especialmente en el de convergencia.

Gráfico 5. Distribución por áreas de los proyectos de CPI según el criterio del Fondo Tecnológico

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la compra pública innovadora afecta a distintos sectores en cada región.

El Gráfico 6, que muestra la distribución sectorial según la clasificación CNAE 2009,

permite comprobar que la construcción destaca claramente como sector principal en las

regiones del grupo de inclusión gradual, con el 41,7% de los casos. Sin embargo, en el

grupo de competitividad tiene el menor impacto, pues solo el 11% de los casos están

relacionados con la construcción.

Las actividades profesionales y científicas destacan en el grupo de competitividad, con

más del 40% de los casos. Entre ellas sobresalen los servicios técnicos de arquitectura e

ingeniería, los ensayos y análisis técnicos, la investigación y el desarrollo y las

actividades de diseño especializado. También son la segunda actividad más importante

en el grupo de convergencia (32,3%). En cambio, es el sector de menor impacto en el

grupo de inclusión gradual (25%). Las actividades industriales tienen una elevada

trascendencia tanto en el grupo de convergencia como en el de competitividad, siendo la

más relevante en ambos con más del 45% de los casos. En el grupo de inclusión gradual

15

es la segunda en relevancia, después de la construcción. Los casos en el sector de

transporte son escasos y se concentran en el grupo de competitividad (2,7%).

Gráfico 6. Sectores principales de los proyectos CPI según el criterio del Fondo Tecnológico

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, debe considerarse la posibilidad de que los proyectos de compra pública

innovadora generen efectos en más de un sector. Para realizar este análisis, se distingue

entre proyectos en los que el impacto principal se encuentra en un único sector;

proyectos en los que el impacto es considerable en dos sectores (aunque uno es el

principal); y proyectos en los que existen más de dos sectores afectados por las

actividades de compra pública innovadora en desarrollo. En el Gráfico 7 se puede

observar que en las regiones del grupo de convergencia predominan los proyectos con

impacto en un sector (44,1%), aunque ligeramente por debajo se encuentran los

proyectos con impacto en dos sectores (38,2%). En el grupo de inclusión gradual la

tendencia observada es diferente, con el 41,7% de los casos en dos sectores y el 33% en

un sector. En este caso, destaca el porcentaje de casos de más de dos sectores, el 25%,

valor superior al de los otros dos grupos. Las regiones del grupo de competitividad

siguen un patrón similar a las de inclusión gradual, aunque con un porcentaje mucho

menor de casos que afectan a más de dos sectores (10,8%). Estas diferencias se pueden

deber a que en regiones menos desarrolladas a nivel industrial, los proyectos pueden

orientarse a estimular un sector concreto, mientras que en las más desarrolladas se

producen conexiones entre distintos sectores, pero relacionados, que se retroalimentan.

16

Gráfico 7. Número de sectores afectados por los proyecto de CPI según el criterio del Fondo Tecnológico

Fuente: Elaboración propia

4.2 Análisis regional según el criterio del Regional Innovation Scoreboard 2016

Con el objetivo de profundizar en el análisis presentado en el apartado anterior, se

realiza un análisis del comportamiento regional de la compra pública innovadora según

la actividad innovadora del territorio. Para ello, se utiliza la clasificación establecida por

el Regional Innovation Scoreboard (RIS) para el año 2016, que clasifica a las regiones

según su desempeño innovador.

El RIS 2016 replica la metodología del European Innovation Scoreboard (EIS) para

medir el rendimiento de los sistemas regionales de innovación. Así, utiliza 12 de los 25

indicadores del EIS para 214 regiones de Europa; y se elabora un índice de innovación.

Estos indicadores se agrupan en tres tipos principales: impulsores, actividades

empresariales y resultados. El EIS y el RIS establecen cuatro grupos de países o

regiones, respectivamente, según su desempeño innovador: líderes en innovación,

innovadores fuertes, innovadores moderados e innovadores modestos. En general, se

observa una alta coincidencia entre el grupo de desempeño innovador al que pertenece

una región en el RIS 2016 y su país en el EIS 2016. Utilizando como base el RIS 2016,

las regiones españolas se clasifican en tres grupos diferentes13

. Los tres grupos están

conformados como recoge la Tabla 6.

13

Como ninguna región pertenece al grupo de región líder en innovación, esta categoría no se incluye en

el análisis.

17

Tabla 6. Denominación RIS, denominación utilizada en este trabajo y CC.AA. de cada grupo

Denominación

RIS

Denominación por nivel

de innovación

CC.AA.

Fuerte Nivel medio-alto (RIA) País Vasco

Moderada Nivel medio-bajo (RIM) Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana,

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón y Murcia

Modesta Nivel bajo (RIB) Canarias, Extremadura

Fuente: Elaboración propia

En las regiones RIA destaca el uso de la modalidad de compra pública con criterios de

innovación, que representa el 77,8% de los casos; mientras que la compra pública pre-

comercial supone el 22,2% (Gráfico 8). En las regiones RIM también predomina la

modalidad de compra pública con criterios de innovación (64,2%), si bien cabe destacar

la mayor utilización de la compra pública pre-comercial en comparación con las RIA

(38,8%). En las regiones RIB no existen casos de compra pública pre-comercial y se

utiliza la compra pública regular en el 1,5% de los casos; la combinación de compra

pública pre-comercial y compra pública con criterios innovadores supone el 4,5% de los

proyectos, siendo el único grupo en que se utiliza esta modalidad mixta. En las regiones

RIB, la compra pública con criterios de innovación es claramente la modalidad más

utilizada (87,5%), siendo también las regiones donde más relevancia tiene la compra

pública regular (12,5% de los casos).

Gráfico 8. Modalidad de CPI utilizada a nivel regional según el criterio del RIS

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la financiación, solo el grupo de regiones RIM cuenta con proyectos

financiados a través del programa INNOCOMPRA. En cambio, todas las regiones

cuentan con proyectos financiados por el programa INNODEMANDA, si bien se

encuentran diferencias notables según el grupo considerado. Así, el grupo RIA es el que

más utiliza este programa (22% de los casos), seguido del RIM (12,5%) y el RIB

(10,4%). Además, como se aprecia en el Gráfico 9, todas las regiones reciben

18

financiación europea para el desarrollo de proyectos de compra pública innovadora. La

financiación europea tiene un peso muy elevado en los grupos RIB (en el 87,5% de los

casos existen fondos europeos para cofinanciar los proyectos) y RIM (supone el 70,3%

de los casos). En el grupo RIA su peso es menor; si bien representa un porcentaje

relevante (44% de los casos). Por lo tanto, las regiones pertenecientes a los grupos RIM

y RIB muestran un comportamiento más dependiente de la financiación europea para

desarrollar proyectos innovadores. Ello puede deberse a un comportamiento

tradicionalmente menos innovador y a la menor experiencia en la demanda pública de

innovaciones, en comparación con el grupo RIA. El grupo RIA es el que recibe menos

fondos europeos para realizar compra pública innovadora, sin embargo se observa que a

través del programa INNODEMANDA se financia un porcentaje de proyectos mayor

que en los otros dos grupos. En cualquier caso, los datos analizados muestran la

importancia de la financiación pública en los procesos de compra pública innovadora.

Gráfico 9. Importancia de los programas de financiación pública de la CPI a nivel regional según el

criterio del RIS

Fuente: Elaboración propia

En relación a la distribución regional por áreas, se observa en el Gráfico 10 un esquema

similar al mostrado en el análisis de la clasificación de regiones según el Fondo

Tecnológico. Así, el desarrollo de las TIC sigue siendo el más relevante, especialmente

en el grupo RIB, en el cual ese área alcanza un porcentaje de aproximadamente el 100%

de los proyectos; mientras que en el grupo RIA supone el 78% y en el RIM el 73,1%.

Tanto en el grupo RIA como en el RIM destaca como segunda área la de salud, que

representa el 55% y el 54% de los casos, respectivamente. Sin embargo, para el grupo

RIB, la segunda área en importancia es la medioambiental, que representa el 37,5% de

los casos; mientras que la salud supone el 25%. En los grupos RIA y RIM este tipo de

19

proyectos supone el 44% y 29,8% de los casos, respectivamente. Nuevamente, se

aprecia que los proyectos con criterios sociales son los menos habituales en los tres

grupos de regiones; sin embargo en el grupo RIA constituyen el 22% de los casos frente

a los porcentajes inferiores de las otras regiones (que no alcanzan el 14%).

Gráfico 10. Distribución por áreas de los proyectos de CPI según el criterio del RIS

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a sectores de actividad, los proyectos del grupo RIA se concentran, en

porcentajes similares, en el sector industrial y en actividades profesiones, científicas y

técnicas (aproximadamente el 44% en ambos casos); mientras que la construcción solo

supone el 11% de los casos (Gráfico 11). En el caso del grupo RIM, el sector industrial

es el predominante (44,8%), seguido por las actividades profesionales, científicas y

técnicas (35,8%); a mayor distancia se encuentran la construcción (17,9%). El

transporte tiene un peso menor (1,5%). En el grupo RIB, los sectores de construcción e

industria comparten porcentajes similares (aproximadamente el 38%), correspondiendo

el 25% de los proyectos a actividades profesiones, científicas y técnicas.

El Gráfico 12 muestra que para el grupo RIA predomina claramente el impacto sobre

dos sectores, lo que sucede en el 89% de los casos; mientras que el 11% solo tienen

impacto en un sector. Por su parte, en el grupo RIM, el impacto sectorial se distribuye

de la siguiente forma: el 44% de los casos tienen efecto en un sector, el 38% en dos

sectores y el 16% en más de dos. El grupo RIB sigue un patrón similar al RIM, aunque

con porcentajes parecidos entre uno y dos sectores (alrededor del 38%, con una ligera

ventaja para la segunda opción). El 25% de los casos supone un impacto en más de dos

sectores.

20

Gráfico 11. Sectores principales de los proyectos CPI según el criterio RIS

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. Número de sectores afectados por los proyecto de CPI según el criterio del RIS

Fuente: Elaboración propia

5. Valoración comparativa del comportamiento regional según los dos criterios

utilizados

Los casos estudiados permiten observar que se repiten características en el análisis de

las dos fuentes utilizadas. Así, se constata un comportamiento regional bastante similar,

constituyendo la principal diferencia el análisis sectorial y, en menor medida, la

financiación. La Tabla 7 recoge los dos criterios utilizados, Fondo Tecnológico y

Regional Innovation Scoreboard 2016, y las Comunidades Autónomas que pertenecen a

cada uno de los nueve potenciales grupos. Debe indicarse que la única Comunidad

Autónoma perteneciente al grupo RIA, es a su vez una región del grupo competitividad.

Además, ninguna región del grupo RIB pertenece al grupo de competitivad. Como

21

resultado, tres de los nueve potenciales grupos combinados no cuentan con ninguna

región.

Tabla 7. Clasificación combinada de las CC.AA. con los dos criterios utilizados en el análisis

Criterio RIS Criterio Fondo Tecnológico

Convergencia Inclusión Gradual Competitividad

RIA País Vasco

RIM Andalucía, Galicia,

Castilla-La Mancha

Comunidad Valencia,

Castilla y León

Cataluña, Comunidad de

Madrid, Cantabria, Aragón

RIB Extremadura Canarias

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 8 sintetiza las principales características de la combinación de cada grupo,

según los dos criterios utilizados para este análisis. Un primer aspecto destacable es el

predominio de la compra pública con criterios de innovación como modalidad utilizada

en la mayoría de los gupos, con escasa utilización de la compra pública pre-comercial.

Los grupos de regiones RIM-Convergencia, RIM-Inclusión Gradual, RIB-Convergencia

y RIB-Inclusión Gradual comparten la modalidad principal.

Además, los casos que recibieron financiación a través del programa INNOCOMPRA

se concentran en las regiones RIM y de convergencia. El programa INNODEMANDA

es el más utilizado en los casos analizados, estando presente en todos los grupos de

regiones, si bien destaca su utilización en el grupo RIA. La financiación europea supone

un estímulo en todas las regiones, con un mayor impacto en las regiones de

convergencia y en las RIB. Estas regiones con menos recursos y peores condiciones

para la innovación son las principales receptoras de estos fondos para el desarrollo de la

compra pública innovadora. Las regiones del grupo RIM siguen de cerca a esos dos

grupos en el porcentaje de casos, mientras que los demás grupos se encuentran a una

mayor distancia. Aunque todos los grupos coinciden en la utilización de financiación

europea, los niveles difieren considerablemente, siendo el grupo RIA-Competitividad el

que cuenta con menor financiación de este tipo. Asimismo, aunque los proyectos TIC

predominan en todos los grupos, los proyectos en el área de salud son relevantes en los

grupos RIM-Convergencia y RIM-Competitividad. En las regiones RIB y de inclusión

gradual la mayoría de los casos de desarrollo de TIC se centran en el medioambiente. El

envejecimiento poblacional y el aumento de la dependencia son características que

estimulan proyectos de compra pública innovadora en salud. También la preocupación

medioambiental y los retos de las grandes ciudades en este sentido favorecen la

22

aparición de proyectos en el área de medioambiente, aunque, en general, el porcentaje

de estos es menor que en salud y TIC.

Tabla 8. Principales características de cada grupo combinado de Comunidades Autónomas

Criterio

RIS Criterio Fondo Tecnológico

Convergencia Inclusión Gradual Competitividad

RIA Predominio de financiación

europea, aunque con menor

intensidad que en otras CC.AA.

seguida de Innodemanda.

Destaca el área TIC, seguida de

salud.

Efecto mayoritario en 2 sectores.

RIM CPCI modalidad predominante,

seguida de CPC.

Predominio de financiación

europea.

Destaca el área TIC, seguida de

salud.

Industria sector predominante,

seguido de actividades

profesionales, científicas y

técnicas.

Mayoritariamente efectos en 1

sector, y en menor medida en 2.

CPCI modalidad predominante.

Predominio de financiación

europea, seguida de

Innodemada

Predominio área TIC

Predominio de financiación

europea, seguida de

Innodemanda.

Destaca el área TIC, seguida de

salud.

Industria sector predominante,

seguido de actividades

profesionales, científicas y

técnicas.

RIB CPCI modalidad predominante.

Predominio de financiación

europea.

Predominio área TIC

Mayoritariamente efectos en 1

sector, y en menor medida en 2.

CPCI modalidad predominante

Predominio de financiación

europea, seguida de

Innodemada Predominio área

TIC

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los sectores de actividad, la construcción predomina en las regiones de

inclusión gradual y en las RIB, mientras que las actividades profesionales, científicas y

técnicas destacan en las regiones de competitividad y las RIA. Los casos de los grupos

RIM-Convergencia y RIM-Competitividad destacan en los mismos sectores: industria,

seguida de actividades profesionales, científicas y técnicas. Así, se observa una

tendencia en las regiones de mayor crecimiento económico y más innovadoras hacia el

desarrollo de proyectos de compra pública innovadora no vinculados con la

construcción y con mayor orientación a los sectores industriales y de generación de

conocimiento. La aproximación realizada sobre el número de sectores al que afecta la

compra pública innovadora muestra que, de manera general, puede producir efectos en

más de un sector. Además, aunque en todas las regiones se advierte que afecta al menos

a dos sectores en un porcentaje notablemente alto, tan solo en el grupo RIA-

Competitividad el efecto mayoritario se produce en dos sectores.

23

6. Conclusiones

La compra pública innovadora es un instrumento de política de innovación con un

notable potencial para promover la actividad innovadora en el sector privado y también

para fomentar el desarrollo regional. Su potencial está condicionado por factores

institucionales y regulatorios que afectan a los distintos niveles jerárquicos. Los

cambios experimentados en España para flexibilizar el sistema de contratación, además

de la aparición de programas incentivadores de la compra pública innovadora son

aspectos clave en la importancia creciente de la compra pública innovadora en España.

Sin embargo, se trata todavía de un instrumento infrautilizado en España, aunque su

relevancia aumenta desde el año 2011. Al analizar el comportamiento a nivel regional,

se observa la repetición de ciertas características presentes según los dos criterios

utilizados, constatándose un comportamiento regional semejante en varios aspectos.

Según las clasificaciones utilizadas para este trabajo, la modalidad de contrato

predominante es la compra pública con criterios de innovación, destacando la compra

pública pre-comercial en algunas regiones, aunque en un porcentaje muy inferior. Sin

embargo, la compra pública regular tiene poco impacto como estímulo al desarrollo de

innovaciones desde el sector privado para satisfacer la demanda pública. También son

escasas las ocasiones en que la compra pública pre-comercial se combina con procesos

de compra pública con criterios de innovación.

Por otro lado, el análisis de los programas INNOCOMPRA e INNODEMANDA

permite constatar que el segundo es el más utilizado en los casos analizados, con

presencia en todos los grupos. Asimismo, la financiación europea representa un

estímulo notable para la compra pública innovadora en todos los grupos, con más

presencia en aquellos grupos a los que pertenecen las regiones menos desarrolladas. La

utilización de financiación europea para el desarrollo de estos proyectos es creciente,

especialmente a partir de 2011, coincidiendo con el aumento de la relevancia de este

instrumento en el marco institucional europeo y también en el español. Así, se constata

que la presencia de financiación europea es un aspecto clave en el desarrollo de los

proyectos de compra pública innovadora, especialmente en regiones con un desarrollo

económico menor y con un nivel medio-bajo y bajo de innovación.

El desarrollo de TIC aparece en la mayoría de los proyectos de los grupos de regiones

estudiados, superando el 70% de los casos en todas ellas, aplicándose especialmente en

24

las áreas de salud y medioambiente. Las innovaciones en materia de salud y

medioambiente también tienen un peso notable en la compra pública innovadora a nivel

regional. Por otro lado, la construcción es el sector predominante en regiones menos

desarrolladas, al contrario de lo que ocurre con las actividades profesionales, científicas

y técnicas o las actividades industriales, que son más relevantes en regiones innovadoras

con cierta capacidad industrial y tecnológica. También se observa que este instrumento

puede producir efectos en más de un sector en la mayoría de los grupos analizados.

En conclusión, este análisis a nivel regional de la utilización de la compra pública

innovadora permite observar que existen ciertas características compartidas por diversas

Comunidades Autónomas en la aplicación de este instrumento; pero también constata la

presencia de aspectos distintos en cada grupo, especialmente en lo relativo a los sectores

de actividad. La identificación de estas particularidades puede suponer la base para

plantear políticas desde la perspectiva de la demanda con un mayor acercamiento a las

características intrínsecas de cada territorio.

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