La Masacre del Mozote es el nombre que reciben un conjunto

de masacre contra población civil cometidos por batallón

atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador durante un

operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12

de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El

Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de

Mozote en El Salvador

En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatldel ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, un edificio pequeño conocido como "el convento", que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados no solamente encontraron a los residentes del cantón sino también a muchos de los insurgentes que buscaron refugio en dicho lugar Las tropas ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera, medida optada para proteger la vida de los pobladores civiles. Las Tropas permanecieron en el aldea durante toda la noche.

Estos hechos ocurrieron en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada "Operación Rescate", en la cual, además del Batallón Atlacatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.

En el curso de la Operación Rescate, se efectuaron, además, masacres de la población civil en los siguientes lugares: el día 11, más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del Batallón Atlacatl, los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando. Más de quinientas víctimas identificadas perecieron en El Mozote y en los demás caseríos. Muchas víctimas más no han sido identificadas.

De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

A pesar de las denuncias públicas del hecho, de las fotografías de SusanMeiselas y de un enorme cúmulo de pruebas, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre.

El Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado mayor han negado a la Comisión de la Verdad tener información que permita identificar a las unidades y oficiales que participaron en la Operación Rescate. Han expresado que no existen archivos de la época.

El Presidente de la Corte Suprema ha tenido una injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990.

El día siguiente, 12 de diciembre, los soldados del Batallón Atlacatl se desplazaron al cantón Los Toriles, a 2 km del Mozote. Varios de los habitantes del cantón intentaron escapar. Igual que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir de sus hogares, alineados en la plaza y asesinados. Miembros del Batallón Atlacatl realizaron acciones similares repetidas en los cantones de La Joya 11 de diciembre, Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13 de diciembre.

Anteriormente, el 9 de diciembre luego de un enfrentamiento entre las tropas del gobierno y los guerrilleros, una compañía del Batallón Atlacatl entró en el pueblo de Arambala Obligaron a los pobladores a salir a la plaza del pueblo, luego separaron a hombres de las mujeres y de los niños. Encerraron a las mujeres y a niños en la iglesia y ordenaron a hombres permanecer en la plaza, luego acusaron a varios hombres de ser colaboradores de la guerrilla, los ataron, torturaron y se los llevaron detenidos. Los pobladores de Arambala, encontraron más adelante los cuerpos de tres de los detenidos. El 10 de diciembre, otra unidad del Batallón Atlacatl ocupó el cantón Cumaro, donde también obligaron a los habitantes a salir a la plaza del cantón y los interrogaron pero nadie fue asesinado en esa población.

El 27 de enero de 1982 un mes y medio después de la masacre, el new york times publicó

una nota del periodista Raymond Banner, corresponsal de ese periódico en América

Central , con fotografías de Susan Méselas, que aseguraba que en El Mozote se había

cometido una gran matanza de civiles indefensos, y que el principal responsable era el

ejército. Ese mismo día, otro reportaje, obra de la periodista mexicana Alma

Guillermoprieto, apareció en el Washington Post y afirmaba que una masacre de grandes

proporciones se había llevado a cabo en un pequeño caserío del norte de Morazán, y los

pocos supervivientes aseguraban que la única responsable era la Fuerza Armada

salvadoreña. Guillermoprieto recogió el relato de una campesina de unos 30 años, Rufina

Amaya, que sobrevivió la masacre.

Bonner y Guillermoprieto fueron tildados de mentirosos por la casa blanca y por

legisladores delCongreso estadounidence , que pocos días después, el 1 de febrero de

1982, aprobó un nuevo aumento en la ayuda norteamericana al gobierno salvadoreño. El

conservador Wall Street Journal también puso en duda la veracidad de la información.

El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Los presidentes de

la Junta Revolucionaria (1979 - 1982), Álvaro Magaña (1982 - 1984) y José Napoleón

Duarte (1984 - 1989) negaron rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y

los atribuyeron a periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen

de El Salvador.

El 26 de octubre de 1990, un campesino llamado Pedro Chicas Romero, que perdió a toda su familia en la masacre, presentó una denuncia, asesorado por la ONU, ante la justicia de El Salvador. El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.

El 6 de marzo de2007, Amaya falleció sin haber visto justicia para

sus cuatro hijos, su esposo y sus vecinos asesinados en El

Mozote.

El gobierno de El Salvador ya no niega la masacre, pero afirma

que los archivos militares de aquella época se han extraviado o

han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes

ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar

responsables, éstos están amparados por la ley de amnistía

de1993, y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados.