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El Estado Peruano moderno y contemporáneo no se circunscribe sólo al tradicional aparato público, denominado sector público, sino que se extiende a la sociedad civil. A la base de este concepto, se encuentra la consideración del Estado como representación de los intereses de todos los peruanos y las peruanas.
El aparato estatal tiene competencias precisas para la gestión pública y política desde el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos descentralizados y reguladores. Asimismo, la administración pública está formada por el conjunto de servidores y funcionarios de confianza que son los ejecutores finales de las acciones del Estado.
Es desde esta perspectiva, de la gestión política orientada por las normas establecidas en la Constitución Política y las Leyes, que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y el Vice Ministerio
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de la Mujer a través de su órgano de línea la Dirección General de la Mujer reflexiona el Quincuagésimo Aniversario del Voto Femenino.
¿En qué contexto histórico social y demográfico se ha ejercido el voto femenino a lo largo del siglo veinte?
El proceso histórico de incorporación de la mujer a la esfera pública laboral, fue la derrota de los prejuicios sociales con que la había perseguido la idea generalizada de la supuesta "inferioridad femenina" para desempeñarse en actividades ajenas al hogar y la familia.
Las mujeres de sectores populares como algunas mujeres de clases altas y medias, articulaban el trabajo con el cuidado de su numerosa familia, formada por más de 10 hijos.
Los registros históricos informan que muchas mujeres de la época fueron esposas, hijas, parientes y familiares de los obreros protagonistas del movimiento sindical peruano. Fue desde ese parentesco de familiares solidarias, como de trabajadoras que la población femenina participó en las primeras huelgas sindicales, como la defensa de la jornada de las 8 horas de trabajo en 1918. Lo mismo sucedió, en las luchas de Huacho y Vitarte como en la Huelga General contra el alza del costo de vida en 1919. En ese momento, el Comité Femenino Pro – Abaratamiento de las subsistencias estuvo formado por obreras, comerciantes y también, por amas de casa que pidieron el abaratamiento del costo de vida como de los alquileres. Las mujeres de la época, supieron imponer sus demandas derivadas de su rol reproductor doméstico, rebasando los intereses de los movimientos sindicalizados.
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Por otro lado, las pocas mujeres profesionales de entonces, fueron herederas de las escritoras contestatarias del siglo XIX especialmente de la prolífica generación de 1870, entre ellas Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa Gonzáles de Fanning, Elvira García y García, quienes consideraban la educación, factor fundamental del progreso de todas las mujeres.
María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres representaron a la población femenina culta, limeña, perteneciente a las clases altas y medias, que se asociaron con las obreras vinculadas al mutualismo y al anarcosindicalismo para orientar la actividad gremial hacia las acciones pedagógicas, culturales y artísticas. De esta manera, fundaron centros culturales y bibliotecas obreras en Lima y provincias.
La convergencia entre el pensamiento ilustrado de las sufragistas feministas y el anarco sindicalismo de las obreras, fue posible debido a que ambos proyectos libertarios abogaron por la educación femenina laica y postularon la "libertad e igualdad entre los sexos". Así como, sintonizaron con la lucha por la emancipación social de las mujeres que se desarrollaba en Europa y Estados Unidos.
Las sufragistas feministas sostuvieron que la supuesta inferioridad femenina se basaba en causas históricas y sociales, y, dado que el Estado era el ordenador de las relaciones sociales y representante del poder formal debía atender la demanda de educación y trabajo para las mujeres, ya que había un principio fundamental "de igualdad de la potencialidad mental y de la habilidad para el trabajo del hombre y de la mujer". Así, la mujer se convertía en
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sujeto activo del progreso y de la integración nacional. Era lógico entonces que exigieran la igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres, y que, una de sus demandas fuera el derecho al sufragio femenino y a la ocupación de cargos públicos.
El debate político ocurrido en 1930 y en 1950 para incorporar los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres refleja la dualidad de la sociedad moderna peruana expresada en la separación de la esfera pública (asuntos públicos, Estado a cargo de los varones) y privada (familia a cargo de las mujeres). La mentalidad de la época afirmaba que "el hombre es para la calle y la mujer para la casa". Este sentido común se expresó en la norma jurídica de la época. La Carta Política, consideraba sólo al hombre como ciudadano por ser el pater familis. Por ello, la mujer no era considerada sujeto de derechos del contrato social, negando la presencia femenina en la generación de riqueza para el país. Este debate demostró que ni el Estado ni las políticas son neutrales sino que reflejan y reproducen valores y normas vigentes en la sociedad incluyendo las percepciones acerca de lo femenino y lo masculino.
A mitad del siglo XX, el Perú pasó de un país rural y de lento crecimiento demográfico a convertirse en una sociedad predomi-nantemente urbana debido a los intensos flujos migratorios internos hacia Lima. Este crecimiento estaría relacionado con la transición demográfica, la evolución de la cobertura educativa y las repetidas crisis económicas que se vinieron produciendo en el país.
A fines del siglo XX, el Perú tenía definitivamente un rostro urbano. Los flujos migratorios internos se desplazaron a las ciudades intermedias del litoral costeño como a las zonas de colonización
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en la selva. En 1993 teníamos 22,5 millones de habitantes y 25,7 millones en el 2005.
El patrón reproductivo de las mujeres en edad fértil muestra un tendencia declinante. Hasta 1950 las peruanas tuvieron 6.9 hijos por mujer, a partir de 1988 fue de 4.4 hijos por mujer, y de 1997 al 2000 fue de 2.4 hijos por mujer. Sin embargo, el promedio nacional oculta las diferencias de fecundidad entre regiones y áreas urbanas y rurales, aunque da cuenta de un mayor acceso a los métodos anticonceptivos modernos por parte de algunos segmentos de la población femenina (1991 fue declarado el Año de la Planificación Familiar). En el 2000, la mortalidad materna era de 185 mil por cada 100 mil nacidos vivos debido a causas asociadas a la carencia de controles prenatales.
A nivel educativo, es oportuno señalar, que a pesar del incremento del grado de escolaridad femenina en los últimos años, ello no ha significado que las mujeres accedan a más y mejores empleos en comparación con sus pares masculinos.
Durante los años ochenta y noventa, con el conflicto armado interno, las mujeres rurales andinas y de la selva amazónica fueron víctimas de asesinatos indiscriminados y estuvieron sometidas a un régimen de terror y opresión. La violencia sexual fue ejercida con el fin de obligar a la mujer a autoinculparse o como una demostración del poder masculino sobre ellas o frente a los varones de la misma población. Como parte de la población civil, eran víctimas de las organizaciones subversiva o eran acusadas de colaborar con la subversión por los miembros de las Fuerzas Armadas. Al sufrir la desaparición y muerte de sus esposos, hijos, padres y hermanos, se hicieron cargo de la búsqueda, denuncias
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y reclamo de justicia para sus familiares y tuvieron que procurar la sobrevivencia de sus familias sin recursos económicos y en condiciones de desarraigo cultural y estigmatización social.
Las organizaciones feministas estuvieron activas desde los ochenta, inicialmente de militancias de izquierda se vincularon a las mujeres de sectores populares, concientizándolas en sus derechos y demandas femeninas. También colaboraron con las organizaciones sindicales en la elaboración de Planes de Igualdad de Oportunidades entre obreros y obreras con apoyo de la cooperación internacional.
Las organizaciones feministas de mujeres se institucionalizaron en organismos no gubernamentales y se dedicaron a una prolífica producción editorial, así como, a la ejecución de proyectos orientados al desarrollo de las mujeres. Promovieron en la comunidad académica los estudios de género, diplomados y maestrías sobre las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres. Algunas se involucraron en la gestión estatal en temas de género y derechos de las mujeres buscando institucionalizar el tema de género como política de estado.
En los años noventa y 2000, la incidencia de la pobreza ha provocado que un mayor número de miembros de la familia se incorpore al mercado de trabajo para la subsistencia del grupo familiar, convirtiéndose un 30% de ellas en jefas de hogar, muchas de ellas eligiendo como salida a sus problemas económicos la migración laboral hacia Japón, Estados Unidos, España, Italia, Chile, Venezuela, Argentina, Ecuador, entre otros. De cada tres mujeres trabajadoras, una es vendedora de comercio ambulatorio,
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el 18% son profesionales y técnicas, 15% trabajadoras de servicios y el 12.5% trabajadoras del hogar. La concentración de la ocupación femenina en el sector informal y en los empleos precarios las excluye de los sistemas de seguridad social así como de los sistemas provisionales. Asimismo, las mujeres están más expuestas al subempleo tanto por ingresos como por horas trabajadas que los varones.
La lucha contra la pobreza y las sucesivas crisis económicas del país han empujado a las mujeres populares a salir del ámbito doméstico para liderar en el ámbito público la gestión social de sus organizaciones y cubrir con su voluntariado el aporte del que el varón desempleado era incapaz de cubrir en el hogar. Sin embargo, estos logros son más urbanos que rurales. En las áreas rurales alto andinas y amazónicas, persisten mentalidades y prácticas que dificultan la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y la equidad entre géneros.
A fines como al inicio del siglo veinte, las mujeres de sectores populares y las mujeres de sectores medios se han aliado para demandar al Estado por la igualdad ciudadana y la ampliación de sus derechos políticos y sociales.
¿Qué ha realizado el Estado para fortalecer la ciudadanía de las mujeres?
El Estado Peruano ha formalizado los derechos políticos de las mujeres a través de la normatividad jurídica. También ha institucionalizado la perspectiva de género, asumiendo el enfoque de derechos de las mujeres para la igualdad ciudadana femenina.
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Al respecto, el Estado ha firmado Tratados Internacionales a favor del adelanto de las mujeres, contribuyendo a consolidar los derechos políticos y civiles de las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación hacia ellas. El Perú, es uno de los países de la región que tiene aprobado y en ejercicio el sistema de cuota de género como mecanismo de promoción de la participación femenina en la política del país.
Como se menciona en capítulos anteriores, la igualdad de derechos ciudadanos de las mujeres peruanas se logró el 5 de setiembre de 1955 mediante la Ley N° 12391, luego la Constitución Política de 1979 garantizó la igualdad en derechos políticos a mujeres y varones. Esto ha permitido que más de la mitad de mujeres rurales y cerca de la cuarta parte del total de mujeres del país se integre por primera vez a los procesos de ejercicio ciudadano sin limitarles el voto por aspectos como el analfabetismo y el estado civil.
En los años noventa, la Constitución Política de 1993 reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, y como consecuencia la no discriminación por motivo de sexo.
Art.2. Inc.2º. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole.
El Anexo 1 de la presente publicación contiene una relación de la normatividad vigente para el adelanto de las mujeres.
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Asimismo, es bueno resaltar que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), han participado activamente en la reforma del código electoral y cumplen actualmente importante labor en la educación del electorado, habiendo incorporado el enfoque de género en los últimos años. ¿Cómo se explicaría la subrepresentación femenina en política?
Si bien hay avances de las mujeres en el ámbito público respecto a los inicios del siglo veinte, todavía se constata subrepresentación femenina en la actividad política en este Siglo XXI.
Los registros estadísticos oficiales así como los electorales al ser analizados por género, demuestran que de 1955 al 2005 la participación política femenina ha sido de emisión del voto más que de ser elegidas. Esto se evidencia en la irregularidad del número de representantes femeninas en los diversos niveles de la gestión política y pública del Estado a diferencia de sus pares masculinos, quienes han tenido una presencia política constante en la representación nacional, regional o local, así como, en los niveles de toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
Si bien la participación política está asociada a la democracia, derechos y ciudadanía, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social han afectado el ejercicio democrático de ciudadanía. En el caso particular de las mujeres las desigualdades son de tipo cruzado, es decir sociales (pobreza), éticas y raciales, etáreas, por discapacidad, por residir en áreas rurales y por género. Este
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conjunto de discriminaciones también influye en la representación política femenina. Para el caso de las mujeres pobres la exclusiva responsabilidad de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas es una fuerte barrera para la actividad ciudadana y política.
Durante cincuenta años la mujer ha limitado sus derechos ciudadanos al ejercicio del voto, porque la mayoría de mujeres han estado confinadas al ámbito privado doméstico y de las responsabilidades familiares exclusivas, el que se presenta antagónico al ámbito público de las responsabilidades políticas. La socialización de las mujeres ha estado –y está– orientada hacia los afectos antes que a la despersonalización racional propia de la masculinización.
La subjetividad femenina ha internalizado la secular división sexual del trabajo, pese a los avances contemporáneos. A este fenómeno, se le conoce como el techo de cristal, hace referencia a la internalización de las jerarquías patriarcales en la mente y en las dimensiones irracionales y emocionales de las mujeres, lo que luego se transforma en limitaciones subjetivas para asumir cargos profesionales o responsabilidades de toma de decisiones políticas por considerar el cuidado del hogar y la familia como exclusiva responsabilidad. Esta mentalidad atrapa todavía a muchas mujeres con probadas capacidades de liderazgo. Las mentalidades son procesos culturales lentos en relación a la dinámica de las prácticas sociales.
La dicotomía entre lo privado y lo público, mantiene a las mujeres como únicas responsables del cuidado de los niños, los enfermos y los adultos mayores, desestimando la corresponsabilidad
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familiar con el varón, la misma que de ser atendida permitiría que las mujeres participaran en los espacios públicos de la política.
No todo es negativo, el ejercicio de ciudadanía activa está permitiendo a las mujeres dirigentas, fortalecer su liderazgo y empoderarse para participar en los escenarios políticos formales. Se crean nuevos espacios democráticos en la esfera pública desafiando las relaciones asimétricas de poder en su hogar.
El Estado Peruano desde su surgimiento ha evidenciado una aparente contradicción en su expresión legislativa, la que a pesar de sustentarse en los fundamentos de libertad e igualdad para conceptuar la ciudadanía, excluye socialmente a las mujeres como sujetos de ciudadanía y de derechos.
La ciudadanía política se refiere a la ciudadanía con derechos a ser miembro del cuerpo político y participante en los asuntos públicos, sin embargo, hasta 1984, fecha en que aprueba el código civil peruano, las mujeres debían ser representadas en lo público legal o social por un varón, padre, marido, hermano o hijo. Esta es una forma de exclusión social y cultural de género. En el Perú, todavía tenemos rezagos de la influencia del Código Civil napoleónico, en el se establece la subordinación legal femenina al varón como cabeza de familia, quien debe proteger a la esposa, ser su proveedor y representante público.
Es necesario enfatizar que los derechos políticos y ciudadanos no son posibles sin la ampliación de los derechos sociales, económicos y culturales, de la profundización de la democracia
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y la democratización de las relaciones entre los géneros. A lo largo del siglo veinte, hemos asistido a los hechos jurídicos del reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos activos de ciudadanía pero ese reconocimiento también ha puesto de relieve que un acceso formal no es suficiente, porque es parte de desigualdades previas en las relaciones sociales entre los sexos. Así, no hay un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.
Desde esa perspectiva, es posible entender que la participación de las mujer en los partidos políticos, se ha basado en los estereotipos sociales y en el sistema patriarcal predominante en las mentalidades y en la cultura. Es conocido que diversos partidos políticos modernos han asignado a las militancias femenina a las secretarías de la mujer, de bienestar social o de tesorería antes que a los comités políticos encargados de la orientación política partidaria o que han desarrollado sus actividades de acuerdo a los horarios masculinos sin considerar los roles reproductivos de las mujeres con familia. También, se tiene conocimiento de la discriminación de género hacia las militantes femeninas para ser elegidas internamente como candidatas en las campañas electorales, con acceso equitativo a la asignación de recursos económicos del partido para lograr una campaña exitosa.
La ausencia de democracia interna y de apoyo financiero con equidad de género ha sido recogido correctivamente en la Ley de Partidos Políticos.
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Desafíos Pendientes
Aunque resulte paradójico mencionarlo, han sido los gobiernos autoritarios16 los que han dado mayor respaldo al posicionamiento de las mujeres aunque sin llegar a resolver la exclusión social de la población femenina para un ejercicio de ciudadanía plena. Toca a los gobiernos democráticos resolver las desigualdades sociales y de género, a través de políticas que sean inclusivas para las mujeres.
También es evidente que la armonización del ámbito privado con el público plantea desafíos en el campo de los valores y los comportamientos, y que se requiere de políticas públicas que favorezcan las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres para el ejercicio real e integral de los derechos humanos de las mujeres.
Por ello, si bien la agenda pública del Estado prioriza la lucha contra la pobreza, gobernabilidad y ciudadanía, sabemos que estos temas no son ajenos a los intereses de la población femenina. Además, la construcción de políticas públicas de género no es tarea exclusiva del Estado, sino que compromete al colectivo de mujeres como a la sociedad en su conjunto.
El Estado Peruano debería reconocer que opera con un conjunto de restricciones que pueden actuar en el mismo sentido o en contradicción con la equidad de género. La política económica
16 Gobierno Militar del Gral Odría 1955; del Gral. Velasco Alvarado 1975; de la dictadura cívico-militar de A.Fujimori 1995
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puede contradecirse con las propuestas de mejorar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo o la calidad de sus empleos, la política educativa si no disminuye la brecha entre mujeres y varones difícilmente permitirá logros educativos que redunden en mejores oportunidades económicas para las mujeres. Esto es, no siempre las políticas públicas y sociales de carácter general se articulan con propuestas a favor de la equidad de género. El desafío es articular la agenda de género con las Políticas de Estado y las Políticas de Gobierno. No son excluyentes la gobernabilidad, la ciudadanía, la participación política y el género, por el contrario son temas centrales de la consolidación democrática. Con la Reforma del Estado se busca redefinir la relación Estado-sociedad, en la que se tome en cuenta las demandas y propuestas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas.
Esta realidad lleva a concluir que se tiene los siguientes desafíos pendientes:
• Articular las políticas públicas de igualdad entre mujeres yhombres y de equidad de género con las políticas de Estado y las políticas de gobierno.
• Fortalecer la transversalización de la perspectiva de géneroen la gestión pública nacional, regional y local, con asignación de presupuesto para la ejecución de planes y programas orientados a este fin.
• Lapromocióndelaplenaciudadaníadelasmujerespasaporresolver los intereses domésticos y reproductivos de las mujeres
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con la profundización de políticas públicas de igualdad, de acción positiva y de políticas paritarias de corresponsabilidad entre varones y mujeres.
• La relación familia-Estado debe ser revisada. Lacorresponsabilidad familiar debe ser promovida para superar las relaciones de desigualdad entre mujeres y varones. Es necesario que el principio de responsabilidad familiar compartida de la crianza, cuidado de los hijos, adultos mayores, enfermos y del trabajo doméstico sea apoyado con la creación de centros de cuidado diurno y no escolarizado para los hijos. Además de servicios de apoyo a las actividades domésticas.
• Noessuficientereivindicarlaigualdadformalentrelossexos.El Estado y la sociedad civil y el colectivo de mujeres deben establecer alianzas estratégicas para pasar de los mecanismos de acción positiva a la ampliación del concepto de democracia paritaria, más cercana a la democracia participativa que a la idea de democracia representativa.
• Reconocer al colectivo autónomo de mujeres organizadascomo interlocutoras legítimas del Estado para los derechos de las mujeres.
• El Estado debe colaborar con la formación política de lasmujeres, asignando cuotas de género para el acceso de la mujer a la toma de decisiones en el nivel ejecutivo sectorial así como en los niveles nacional, regional o local. Así las mujeres podrían adquirir experiencia en la gestión de los asuntos públicos.
• Usodeindicadoresdegéneroenlagestiónpolíticapública.
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• El Estado tiene como desafío garantizar con sanciones laobligatoriedad del cumplimiento de las cuotas de género y las medidas pertinentes establecidas en la reforma del código electoral.
• El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos y laigualdad entre varones y mujeres en el acceso en los bienes económicos, sociales políticos y culturales.
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ANEXO N° 1Marco Normativo
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Políticas de Estado
• Sétima Política de Estado, que propone la erradicación dela violencia, fomentando una cultura de paz a través de una educación y ética pública que incida en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos.
• Undécima Primera Política de Estado, establece la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, fortaleciendo la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y concertan con el Estado y la sociedad civil.
Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades sin discriminación
• PlanNacionaldeIgualdaddeOportunidadesentreHombresyMujeres 2000 – 2005, vigente. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006 – 2010. A cargo de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.
• PlanNacionalcontra laViolenciahacia laMujer,2002-2007,implementado por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES.
ANEXO N° 1
Marco Normativo
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Políticas de acción positiva
• LeyNº27982,quemodificóelTextoÚnicoOrdenadodelaLeyde Protección frente a la Violencia Familiar;
• Ley Nº 27942 de Prevención y Sanción del HostigamientoSexual;
• Ley de Cuotas electorales. Ley Orgánica de EleccionesGeneralesNº26859modificadaporLeyNº27387;
• Ley 26864 de Elecciones Municipales, 1997. Las listas decandidatos debe estar conformada por no menos de 25% de mujeres y varones;
• LeyNº27683deEleccionesRegionales,2002.Laslistasdecandidatos deben estar conformadas por no menos de un 30% de hombres o mujeres;
• Ley Nº 27558 de Fomento de la Educación de la niña yadolescente rural;
• LeyNº27867,LeyOrgánicadeGobiernosRegionales.Art.6.Establece entre los principios rectores de las políticas y la gestión regional el de inclusión para el desarrollo de políticas regionales sin discriminación (…) por razones de género. En el art. 60 enfatiza en la equidad de género;
• Ley 26300. Ley de los Derechos de Participación y ControlCiudadano,1994. Regula la participación de la ciudadanía en los gobiernos locales;
• LeyNº28094dePartidosPolíticos,establecequeenlaslistasde candidatos para cargos de dirección del partido político como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 30% del total de candidatos.
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Políticas de lucha contra la pobreza
• LaEstrategiadeSuperacióndelaPobreza(DSNº002-2003-PCM) ha incluído políticas que contribuirán a reducir la discriminación y las brechas sociales por sexo, incrementar la eficiencia del trabajo femenino y establecer las bases para el desarrollo de la población femenina, de manera tal, que no sólo logre el real reconocimiento social y económico a su esfuerzo, sino fundamentalmente, una mayor inserción en los niveles de decisión en igualdad de condiciones que el hombre.
Políticas de Igualdad de Género en los Gobiernos Regionales
• ElGobiernoRegionaldeTacna,declaradenecesidadsociale interés regional la perspectiva de equidad de género. OrdenanzaRegionalNº038-2004-CR/GobRegTacna.
• Gobierno Regional de Callao. Comisión Regional de laMujer.OrdenanzaRegional Nº 010-2003-RegiónCallao-CR.Conforman la Comisión Especial de la Mujer.
• GobiernoRegionaldeMoquegua.AcuerdoRegionalNº046-2005-CR/GRM. Acuerdan aprobar el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.
• Gobierno Regional de Ayacucho. Ordenanza Regional Nº 015-2005/GRA. Crean el Instituto Regional de la MujerAyacuchana el Consejo Regional por los Derechos de la niña, niño y adolescente.
• GobiernoRegionaldeLima.OrdenanzaRegionalNº003-2005-CR/RL. Conforman el Consejo Regional de Promoción Social y de Género.
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• Gobierno Regional de Lambayeque. Ordenanza RegionalNº 017-2004. Disponen utilización del lenguaje sensible algénero o lenguaje inclusivo.
• GobiernoRegionaldePasco.OrdenanzaRegionalNº059-2004/ GRP-CR. Aprueban la elaboración del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del Gobierno Regional de Pasco.
• GobiernoRegionaldeHuánuco.OrdenanzaRegionalNº011-E-2005-CR/GRH. Crean Consejo Regional de la Mujer. OR Nº025-E-2005-CR-GRHapruebanlautilizacióndellenguajeinclusivo en las dependencias del GRH.
• Gobierno Regional de Piura. Ordenanza Regional Nº 041-2004/GRP-CR. Aprueban lineamientos de Política Regional enmateriadelEnfoquedeGénero2004-2006.ORNº042-2004/GRP-CR. Aprueban lineamientos de Política Regional para una Educación en materia de enfoque de género para todas las edades 2004-2006.
• GobiernoRegionaldeIca.OrdenanzaRegionalNº011-2004-GORE-ICA. Aprueban lineamientos de Política Regional en materia de enfoque de género.
• GobiernoRegional deSanMartín.OrdenanzaRegionalNº012-2004-GRSM/CR. Constituyen el Consejo Regional de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor.
• Gobierno Regional de La Libertad. Ordenanza RegionalNº 011-2004-CR/RLL. Aprueban la creación del ConsejoRegional de Promoción de la mujer.
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Compromisos Internacionales adquiridos por el Estado Peruano
El Estado Peruano como Poder Ejecutivo ha suscrito y como Poder Legislativo ha ratificado un conjunto de Tratados Internacionales de carácter vinculante en relación a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, ha estandarizado el derecho internacional específico de los derechos de las mujeres con la legislación nacional. Así tenemos:• Convenciónsobre losDerechosPolíticosde laMujer, 1952.
Establece el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones y a ser elegibles para todos los organismos públicos electivos.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas lasFormas de Discriminación Racial, 1965.
• PactoInternacionaldeDerechosCivilesyPolíticos,1966.• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos,1966.• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1966. Los Estados Parte se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual goce de los derechos económicos, sociales y culturales.
• ConveniosNº 100,111,122,156 yRecomendación 165 de laOrganización Internacional del Trabajo (OIT). Derecho a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, la no discriminación en materia de empleo, política nacional de empleo que promueva la igualdad de oportunidades y de trato y responsabilidades familiares.
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• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer, CEDAW 1979. Establece que la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, y los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
• Convención sobre los derechos del niño, 1989. Establecela obligatoriedad de la inscripción de niños y niñas inmediatamente después del nacimiento, etc.
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia contra la Mujer. Belém do Pará, 1994. Define como violencia contra la mujer cualquier acción basada en su género; por tanto los Estados tienen la responsabilidad de castigarla, prevenirla y erradicarla.
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,1998.Reconoce como crimen de lesa humanidad, la violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada ó cualquier otra forma de agresión sexual comparable, así como la esclavitud, el tráfico de personas en especial de mujeres y niños.
• DeclaracióndelMilenio,2000.
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Mecanismos para el Desarrollo de la Mujer
• En 1996, se crea la Defensoría Adjunta de los Derechosde la Mujer de la Defensoría del Pueblo para concentrarse específicamente en los casos de vulneración de los derechos humanos de las mujeres.
• En 1996 crea el Ministerio de Promoción de la Mujer y elDesarrollo Humano (PROMUDEH) encargado de atender las brechas entre mujeres y hombres. Así como de establecer políticas específicas al respecto.
• En1997,seformalaComisióndelaMujerdelCongresodela República, para formular y evaluar proyectos legislativos referente al avance de las mujeres.
• EnelMarcodelaLeydeModernizaciónyReformadelEstadose da la Ley 27779. Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los Ministerios, 2002. En el art. 34.A establece como función del MIMDES la promoción de la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer.
• Ley 27793. Ley deOrganización y Funciones delMinisteriode la Mujer y Desarrollo Social, 2002. En el Art.2 señala que el MIMDES formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de mujer y desarrollo social promoviendo la equidad de género, es decir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se institucionaliza la tranversalización del enfoque de igualdad y oportunidades, es decir equidad de género, en las regiones y gobiernos locales con la creación de dos direcciones normativas dentro de la Dirección General de la Mujer.
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Crónica del Foro"50 años del voto de la mujer:
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El 16 de setiembre 2005, al conmemorarse los 50 años de la ley del voto a la mujer en el Perú y como una forma de renovar nuestro compromiso con la estabilidad y consolidación del sistema democrático y gobernabilidad en el Perú, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en coordinación con la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la República, organizó en la Sala Grau del Congreso de la República, el Foro "50 años del voto de la mujer: participación política de las mujeres en el Perú".
Este Foro tuvo como objetivo generar un espacio abierto de reflexión con los partidos políticos sobre el derecho al voto y el proceso de ciudadanía de las peruanas en la vida política.
ANEXO N° 2
Crónica del Foro"50 años del voto de la mujer:
Participación política de las mujeres en el Perú"
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Contó con la participación de la Coordinadora de la Asociación de los Clubes de madres, la FEMOCCPAALC, la Coordinadora Nacional de Clubes de Madres y Comedores Populares, la Coordinadora Metropolitana de los Comités de Vaso de Leche, la Policía Nacional del Perú, Ministerios de Justicia, Pesquería, Salud, Trabajo, MIMDES, Defensa y Educación, Defensoría de la Policía, INDEPA, las Municipalidades de Lima, La Molina, Los Olivos, Ate-Vitarte, Callao y Rímac, las Federaciones de Ayacucho, Lucanas, Satipo, Huancavelica, Cajamarca, CUT, las ONGs FOVIDA, Chirapaq, Filomena Tomayra, RECARE, ANIPAD, CEDIN, Club de Leones, Asociación de Mujeres Cono Norte, por la Cooperación Internacional estuvo ACDI y DED, los Colegios Profesionales de Obstetrices y Abogados, y de las Universidades Federico Villarreal, UNIFE y Científica del Sur.
En el primer panel, expusieron la posición y propuestas de los partidos, la señora Josefa Ramírez del Partido por la Democracia Social – PDS, la señora Aída García Naranjo del Partido Democrático Descentralista – PDD, el señor congresista Jesús Alvarado del Partido Perú Posible - PP, y el señor Congresista José Luis Delgado del Partido Aprista Peruano - APRA. En su desarrollo, se tuvo consenso en impulsar la aprobación de la ley de alternancia de candidatos varones y mujeres en las listas electorales consagrando el principio de la paridad, así como alcanzar el 50% de participación de las mujeres en las cuotas electorales y también promover en el Congreso que el año 2006 se declare "Año del 50 aniversario del ejercicio del voto femenino".
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Durante el diálogo, dirigentas de organizaciones expusieron entre sus demandas que se ponga en la agenda legislativa del 2005, la Ley de partidos políticos, la ampliación de los beneficios para las mujeres en materia de capacitación, la ampliación de la presencia femenina en la franja electoral y la alternancia; la aprobación del proyecto de Ley que incrementa la cuota de equidad de género al 50 %, con el sistema de alternancia en las listas electorales, que se eliminen las trabas para la inscripción al Seguro Integral de Salud.
En el segundo panel, Estado y las Políticas Públicas: Prácticas y Experiencias de Participación Política de las Mujeres, hicieron uso de la palabra, la representante de la ONPE, Luz Marina Vera, quien presentó los distintos proyectos que tienen referente a la promoción del voto tanto de las electoras indígenas y rurales como mecanismos de vigilancia ciudadana; y la representante de la RENIEC, Carmen Velarde, quien presentó el Plan Nacional de Restitución de la identidad – Documentando a los indocumentados, como política de la RENIEC .
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La Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ana María Romero-Lozada, inaugurando el Foro.
La Congresista Rosa Yanarico, Presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso, dio las palabras
de bienvenida. La acompaña la Ministra del MIMDES, Sra. Ana María Romero-Lozada y la Viceministra de la Mujer,
Sra. Elizabeth Querol de Arana.
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Primer panel "Ciudadanía de las Mujeres y su implicancia en los Partidos Políticos", Congresista José Luis Delgado Núñez del APRA,
Sra. Josefa Ramírez del PDS, Sra. Russela Zapata Zapata, Directora General de la Mujer del MIMDES,
Sra. Elizabeth Querol de Arana Viceministra de la Mujer, Sra. Aída García Naranjo del PDD, y Sr. Jesús Alvarado Hidalgo de PP.
Segundo panel "El Estado y las Políticas Públicas: Prácticas y Experiencias de Participación Política de las Mujeres". La Dra. Luz Marina
Vera de la ONPE y la Sra. Carmen Velarde de la RENIEC
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Acto de Clausura a cargo del Presidente del Congreso Sr. Marcial Ayaipoma Alvarado, lo acompañan los congresistas José Luis Delgado, Mercedes Cabanillas y Rosa Yanarico, la Viceministra de la Mujer del
MIMDES Elizabeth Querol, señora Luzmila de la Cruz, Presidenta de la Federación de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y Callao,
señora Rosa Castillo de la Asociación de Clubes de Madres.
Participantes del Foro, Sala Grau del Congreso de la República.
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