FÓRUM EUROPA. TRIBUNA ANDALUCÍA

Conferencia de María Jesús Montero, consejera de Hacienda y

Administración Pública de la Junta de Andalucía (Sevilla, 6 de

febrero de 2014)

Decía Saint Exupery que “el hombre se descubre cuando se

mide con un obstáculo” y de obstáculos sabemos mucho

últimamente; más de lo que nos gustaría o de lo que

podíamos imaginar hace tan solo unos años.

1.- Introducción:

Espero poder trasladarles de forma breve algunas

impresiones y propuestas en torno al apasionante y

complejo escenario que tenemos en ciernes, al coincidir en

el tiempo los debates sobre la salida de la crisis

económica, la reforma de la financiación autonómica,

o la reforma fiscal.

Asuntos que por separado ya darían para un abundante

intercambio de opiniones pero que, en conjunto, creo que

reflejan una imagen bastante fiel de la envergadura del reto

al que nos enfrentamos quienes tenemos la enorme

responsabilidad de velar por los intereses de los ciudadanos

y ciudadanas.

1

Vivimos tiempos apasionantes para los amantes de los

matices y desesperantes para los esclavos de las certezas.

Tiempos de cambio y de evolución, donde constantemente

exigimos como sociedad respuestas rápidas y eficaces a los

problemas complejos.

Y si hasta hace poco tiempo estas cuestiones sólo

interesaban a algunos expertos en la materia, hoy podemos

decir que todo lo que tiene que ver con la Macroeconomía

forma parte habitual de las preocupaciones cotidianas de

los ciudadanos. A diario encontramos reflexiones sobre la

inflación, la prima de riesgo, el déficit público, la deuda, las

dificultades de financiación de la Seguridad Social o las

expectativas de modificación de los impuestos, y esto

sucede tanto en los titulares de la prensa generalista o en

las tertulias radiofónicas como en cualquier conversación

privada en la calle, en el trabajo o en cualquier otro lugar.

Esta socialización de los problemas económicos y

financieros; esta lógica preocupación de la ciudadanía por

los parámetros que definen las cuentas públicas y su

incidencia sobre la vida diaria, nos obliga aún más a ser

rigurosos y precisos en el análisis y las propuestas, un rigor

que, a mi juicio, no debe estar reñido con la claridad

expositiva, ni con la honestidad intelectual, ni con la

transparencia. Todo lo contrario, deben ser una oportunidad

para hacer a la ciudadanía no sólo conocedora sino

2

partícipe y protagonista de las dificultades que afrontamos

y de las opciones que podemos aplicar.

Porque hay opciones en política económica y financiera. Y

esas opciones, como intentaré detallarles durante los

próximos minutos, responden a visiones muy diferentes

sobre el origen de los problemas y sobre las medidas más

apropiadas a tomar. Desde la perspectiva del Gobierno de

Andalucía, estas propuestas deben estar basadas en tres

ideas clave:

La primera, que todos los esfuerzos y actuaciones que

llevemos a cabo tienen como objetivo absolutamente

prioritario el bienestar de los ciudadanos y

ciudadanas. Y este bienestar pasa por una recuperación

económica sólida y sostenida que genere empleo de

forma equitativa llegando al conjunto de la ciudadanía. A

todos y a todas.

Decía el Profesor Richard Musgrave, un prestigioso

hacendista norteamericano, que la Hacienda pública tiene 3

misiones: la asignación eficiente de recursos, el crecimiento

económico estable y la distribución equitativa de la renta.

Hoy, que parece haberse olvidado este último componente,

quiero reiterar que la igualdad es la esencia de nuestra

concepción política, de nuestro modelo social y de nuestra

visión de Andalucía y de España.

3

La segunda idea clave que querría señalar es que la

configuración descentralizada del Estado y la provisión de

los servicios públicos básicos por las Comunidades

Autónomas ha sido un elemento vital para nuestro modelo

de convivencia y de desarrollo, que ha contribuido, hasta la

llegada de la crisis, a la convergencia social y

económica entre los territorios de España. Y a una

mayor eficiencia en la asignación de los recursos.

Por eso, el actual debate sobre el devenir del modelo de

financiación autonómica, al que luego me referiré más

ampliamente, no puede poner en cuestión el modelo

constitucional descentralizado del Estado por la vía de una

recentralización de facto. Ni quebrar el principio

constitucional de la igualdad en la prestación de servicios

públicos fundamentales. Ni difuminar la obligación de los

poderes del Estado, también de base constitucional, de

promover el equilibrio económico y la convergencia

territorial.

Y la tercera idea clave es que de esta crisis tenemos mucho

que aprender y que cambiar. Aprender a poner las bases

para un nuevo modelo productivo realmente competitivo

y sostenible. Pero aprender también que no podemos

permitirnos para el futuro la total desregulación de los

mercados financieros y su deriva especulativa. Y también

aprender que hemos de revisar el funcionamiento de las

4

estructuras de las Administraciones públicas y sus

instrumentos operativos. Algo especialmente importante

para un Gobierno como el de Andalucía, que cree

firmemente en la capacidad transformadora de las políticas

públicas, en el liderazgo del sector público en la provisión

de los servicios fundamentales y en su capacidad

integradora de la sociedad y generadora de igualdad

efectiva de oportunidades.

2.- Salida de la crisis:

Es cierto que en los últimos meses estamos atisbando un

horizonte más favorable para la salida de la crisis. El ritmo

de destrucción de empleo se ha ralentizado y las cifras de

paro, con sus vaivenes, pueden haber tocado techo. Cada

vez son más numerosos los servicios de estudios que

comienzan a pronosticar una ligera creación de empleo

neta en 2014.

Sin embargo, no podemos confundir el final de la crisis, algo

que celebramos sinceramente, con la recuperación.

Durante estos años hemos asistido a profundos cambios en

las relaciones económicas, y prácticamente en su totalidad

han tenido un efecto regresivo sobre los trabajadores.

Es bien sabido que nuestra política ha estado

absolutamente condicionada por los criterios y exigencias

de la Comisión Europea junto con el Banco Central Europeo,

en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, a partir

5

del procedimiento de déficit excesivo abierto a España

en abril de 2009. Pero no podemos admitir la afirmación de

que “se ha hecho lo que había que hacer”.

De hecho, la eurozona es probablemente el único espacio

económico del mundo que ha apostado por la restricción

del gasto público como única fórmula para hacer frente a

la crisis. Frente a las políticas de austeridad, otras

economías avanzadas han optado por políticas

expansivas. Y los resultados están ahí.

Por ejemplo, en Estados Unidos, donde comenzó la crisis

global, se han creado cerca de 6 millones de empleos desde

2009, situándose ya en el 6,7% de paro, el nivel más bajo

desde octubre de 2008. ¿Se imaginan que en España

tuviéramos ahora las cifras de paro de 2008? Les recuerdo

que por entonces apenas superábamos los 2 millones y

medio de desempleados.

Y también es el caso de Japón, otro país que está

impulsando una política expansiva del gasto público y

donde el desempleo ha caído al 3,7%, el nivel más bajo

desde el año 2007.

Mientras, la zona euro sigue a la cola del mundo en tasa de

crecimiento económico y en generación de empleo.

6

Se nos ha repetido por activa y por pasiva que debíamos

ajustar nuestra senda de gasto y ser más competitivos.

Pero no considero que las únicas opciones para reconducir

la situación económica sean abaratar el despido, propiciar

la reducción de los salarios de los trabajadores, limitar las

prestaciones a desempleados, consolidar la pérdida de

poder adquisitivo de los pensionistas, introducir copagos

sanitarios o recortar prestaciones del Estado de Bienestar.

La devaluación interna que supuestamente nos iba a

colocar en una posición competitiva a nivel internacional lo

que nos ha traído es un aumento de la pobreza y de la

exclusión social, ha agravado la crisis y ha retrasado la

recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la

actividad económica. 

Y lo que es aún más grave. Ni siquiera la creación de

empleo que se vaticina tímidamente a partir de este año va

a permitir una mejora significativa de la situación de los

ciudadanos. Hace unos días la Comisión Europea avisó de

que encontrar trabajo en España y otros Estados miembros

no es una garantía suficiente para salir de la pobreza

debido a la elevada proporción de contratos temporales o a

tiempo parcial.

También la última EPA continúa poniendo de relieve que el

ajuste del empleo aun no ha terminado. Además, el ajuste

no está siendo sólo cuantitativo, sino también cualitativo:

7

se siguen sustituyendo puestos de trabajo a tiempo

completo e indefinidos por empleos a tiempo parcial y de

carácter temporal.

Por tanto, parece claro que se necesita algo más que las

recetas aplicadas hasta la fecha. Aunque, por desgracia, el

conocimiento acumulado en situaciones similares sirve de

poco ante las convicciones inmutables de los defensores de

la austeridad. No sé si conocen que un estudio del Fondo

Monetario Internacional identificó 173 casos de austeridad

fiscal en países avanzados entre 1978 y 2009 y constató

que a las políticas de austeridad le siguieron la contracción

económica y el aumento del desempleo. Y sin embargo, a

pesar de todas estas evidencias, hemos perdido un tiempo

precioso yendo en una dirección que ha agravado la

situación.

3.- Reforma de la financiación autonómica:

Desigualdades sociales

Seguramente no les descubro nada nuevo si les digo que

son numerosos los indicadores y estudios publicados en los

últimos meses –por citar algunos, los de la Fundación de

Análisis Económico (FEDEA), la Fundación BANCAJA y el IVIE

(Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o la

Comisión Europea- que concluyen que los niveles de

pobreza y desigualdad han aumentado notablemente

durante la crisis como consecuencias de las políticas de

austeridad a ultranza.

8

De hecho, la fuerte caída de las rentas del trabajo -por el

aumento del desempleo y la bajada de salarios-, combinada

con la reducción del gasto público por efecto de las políticas

de austeridad, están generando importantes descensos de

la renta disponible.

En paralelo, la contracción de la recaudación tributaria está

dejando sin efecto los instrumentos fiscales de

redistribución de la renta, con lo que las políticas de

igualdad de oportunidades no pueden ser desarrolladas.

Desigualdades territoriales

Hay que recordar que en los últimos años asistimos a un

continuo recorte del gasto público, con la finalidad de

reducir la cifra de déficit. Ajustes que se han exigido con

mayor intensidad a las Comunidades Autónomas, las

prestadoras de los pilares básicos del Estado de Bienestar,

como son educación, sanidad, dependencia y otros gastos

sociales.

Junto a ello, también se han acrecentado las diferencias en

los recursos que reciben las Comunidades Autónomas,

poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a recibir

los mismos servicios públicos independientemente del lugar

donde residan.

Como consecuencia, desde 2008 se ha detenido el proceso

de convergencia en nuestro país, aumentando nuevamente

9

las disparidades territoriales. La crisis ha afectado a todas

las Comunidades Autónomas, pero con distinta intensidad a

causa de su diferente estructura productiva y del peso de

su administración regional, puesto que los recortes del

gasto público afectan de forma desigual al PIB.

Así se refleja en la Contabilidad Regional del INE, que

muestra que la caída del PIB fue más intensa en aquellas

Comunidades que mayores esfuerzos realizaron para

recortar su déficit, de forma que, en términos de PIB per

cápita, la brecha entre las regiones más ricas y las

más pobres se ha ampliado en los últimos años.

El proceso de consolidación fiscal agudiza la

discriminación financiera que padecen algunas

regiones, lo que hace que comunidades como Andalucía

tengan que hacer un sobreesfuerzo que repercute en

nuestro PIB, el empleo y en el nivel de prestación de

servicios y que agrava la distancia de nuestra renta per

cápita con la media nacional.

Y es que, además de los ajustes derivados de la

consolidación fiscal, en los tres primeros años de aplicación

del actual sistema de financiación autonómica (2009-2011),

Andalucía ha obtenido ingresos sensiblemente inferiores a

la media de las Comunidades, algo que es profundamente

injusto.

10

Para que se hagan una idea de la dimensión, de haber

contado con recursos similares al promedio en estos 3 años,

Andalucía hubiera dispuesto de 2.821 millones de euros

más. Y en 2012 también hemos seguido percibiendo menos

recursos por habitante. Estamos hablando de una

disminución de entre 0,5 y 0,7% del PIB.

Disponer de medio punto de PIB menos que la media -en

términos de recursos públicos- supone que a través de los

multiplicadores de la economía (inversión y consumo) el

proceso de divergencia entre Comunidades se acentúa, con

importantes efectos sobre los niveles de desempleo.

Reforma modelo financiación autonómica

Podemos, pues, afirmar que el actual modelo de

financiación autonómica y su aplicación por el Gobierno de

la Nación han contribuido muy sensiblemente a la quiebra

del proceso de convergencia entre las regiones españolas.

No sólo por limitaciones del diseño del modelo, que las

tiene, sino también porque se ha desvirtuado la

capacidad de nivelación de los fondos a través de caídas

sucesivas de sus cuantías. Por dar sólo un dato, los

Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan

un incremento del gasto no financiero del 2.7%, aunque el

gasto para los Ministerios baja un 4.7% mientras que las

cuantías para los fondos de convergencia (el fondo de

competitividad y el de cooperación) bajan nada menos

11

que un 16.8%. Menos recursos en general, pero muchos

menos recursos para la convergencia entre territorios

Por esta razón hemos reclamado la modificación del modelo

de financiación autonómica con la mayor brevedad posible.

Y les diré que nuestro punto de partida es configurar un

sistema de financiación solidario y suficiente, y que sea

acordado multilateralmente entre el Gobierno y las

Comunidades Autónomas.

No va a ser una tarea fácil. Los pronunciamientos públicos

sobre la necesidad imperiosa de una revisión del actual

modelo de financiación anticipan posiciones contrapuestas

en relación con el futuro del modelo y, por tanto, un debate

complejo y difícil.

Por parte de las Comunidades más ricas el debate se

pretende llevar al terreno de las diferencias entre lo

recaudado en su territorio y lo recibido, con el fin de acotar

las transferencias a otras autonomías. Olvidan que tanto el

esfuerzo fiscal como el destino de los servicios públicos

corresponde a personas y no a territorios.

Andalucía defiende centrar la reforma en corregir las

diferencias existentes en los recursos recibidos per cápita,

puesto que ello es lo que en gran medida determina la

igualdad entre todos los ciudadanos.

12

Por este motivo, consideramos que el cálculo de las

Balanzas Fiscales en términos de flujo monetario es una

aproximación inaceptable de acuerdo a los principios

constitucionales de igualdad, solidaridad y convergencia

territorial. Otras aproximaciones, como las Cuentas Públicas

Territorializadas con la incorporación de las Balanzas

Fiscales carga-beneficio, pueden aportar elementos de

juicio, siempre que su elaboración sea transparente y

permita la participación de diferentes expertos y de todas

las administraciones implicadas.

Todos los análisis serios que se han realizado sobre esta

cuestión, como por ejemplo el del Servicio de Estudios

Económicos del BBVA, concluyen que Andalucía sale

malparada del actual modelo de financiación. También

lo cree así el Economista del CSIC Ángel de la Fuente, uno

de los expertos que viene trabajando en el nuevo modelo

que promueve del Gobierno de la Nación.

Rechazamos la reclamación de Madrid y Cataluña de limitar

su contribución quebrando los principios de solidaridad y

convergencia con el resto de españoles reclamando un

reparto basado en el PIB.

Tampoco estamos de acuerdo con las propuestas de

determinadas regiones, que pretenden mantener el actual

statu quo, ya que les proporciona un volumen de recursos

por habitante muy superior a la media.

13

Y miren, no tengo ningún inconveniente en reconocer que,

en buena medida coincidimos con el diagnóstico que realizó

la Comisión de expertos del Parlamento Valenciano sobre el

actual sistema de financiación. Dicho informe pone de

manifiesto que las diferencias de financiación per cápita son

sustanciales y que la población es la variable central a

tener en cuenta para determinar el volumen de

necesidades de cada Comunidad y, por ello, las diferencias

de recursos por habitante deberían ser escasas.

En el mismo se cuantifica la “discriminación acumulada”,

que entre 2002 y 2012 se estima en 5.295 millones de

euros para Andalucía, equivalente al 3,8% del PIB de 2012.

A esa cifra habría que añadir el coste financiero que ha

provocado el mayor endeudamiento al que se ha recurrido

para cubrir la insuficiencia financiera.

Lo que demuestra que el modelo no ha contribuido a

garantizar la igualdad de oportunidades ante la educación,

la salud o los servicios sociales a los ciudadanos que viven

en los distintos territorios de España.

Un informe, el de la Comunidad Valenciana, que

coincidiendo con la opinión del Gobierno andaluz, es

también muy crítico con la gestión asimétrica entre

administraciones de la estabilidad presupuestaria en

España en estos años. Venimos denunciando

14

sistemáticamente que no se ha tenido en cuenta el gasto

gestionado por cada nivel de administración y sus

competencias y destacar que el Gobierno central ha

impuesto a las autonomías una convergencia mucho más

rápida hacia la estabilidad presupuestaria que la que se fija

para sí mismo, cuando el ajuste del gasto para las

Comunidades presenta más obstáculos porque sus

funciones se concentran en servicios de más difícil

reducción y que forman parte del núcleo del Estado de

Bienestar.

Por eso pensamos que el nuevo modelo debería definir las

políticas de gasto fundamentales para la sociedad española

y, sobre esta base, blindar un equilibrio entre la

Administración central y las Autonómicas para que

dispongan del mismo grado de cobertura de sus

necesidades de gasto desde su ámbito competencial.

No hablamos sólo del reparto de recursos, sino también de

un reequilibrio de la senda de consolidación fiscal.

Una vez puestos de acuerdo con el modelo de sociedad que

queremos, cualquier sistema de financiación autonómica

que se desarrolle en nuestro país, para ser fiel a los

principios constitucionales, ha de:

permitir la autonomía financiera de las Comunidades;

garantizar la solidaridad efectiva entre regiones;

15

asegurar un nivel mínimo en la prestación de servicios

públicos fundamentales;

promover el equilibrio económico y la convergencia

territorial;

evitar situaciones de privilegio económico y social.

Y esto no puede ser una reivindicación de unas u otras

Comunidades Autónomas en función de cómo salen

paradas con tal o cual modelo, sino que es el Estado

quien debe garantizar la aplicación efectiva de estos

principios y quien debería liderar este proceso,

esencial para la convivencia y el progreso de nuestro país

en su conjunto.

Por supuesto, el modelo resultante debe ganar en

transparencia y sencillez. Esto evitaría interpretaciones

arbitrarias o unilaterales como las que se han venido dando

en los últimos años, así como la génesis de conflictos

institucionales innecesarios o la judicialización excesiva de

las diferencias de criterio.

También es imprescindible establecer mecanismos de

suficiencia dinámica. En caso de disfunciones del modelo, o

resultados que se desvían de forma evidente de las

previsiones, no parece razonable la situación actual en la

16

que simplemente el mecanismo continúa su curso

inexorablemente mientras siga vigente.

El nuevo sistema tiene que garantizar la equidad mediante

un nivel similar de prestación de los servicios públicos

esenciales para todos los ciudadanos con independencia del

lugar en que vivan. En este sentido, debe cuantificarse el

coste promedio de los servicios públicos esenciales y

garantizarse su cobertura plena con un Fondo de Garantía

de Servicios Públicos Fundamentales y, si fuera necesario,

con otros mecanismos complementarios. A partir de ahí se

pueden incorporar otros fondos adicionales en los que

existe un amplio margen para la negociación y el consenso.

Esto implica necesariamente, en relación con la situación

actual, una mayor dotación del fondo de Garantía, que ha

resultado a todas luces insuficiente.

Entendemos que debe superarse el concepto de coste

actual, asociado al statu quo, y avanzar en la determinación

de un coste promedio como opción preferible ya que

favorecería a las Comunidades más eficientes en la

prestación de servicios y por tanto contribuiría a la

sostenibilidad global a largo plazo.

Es preciso que asegure la suficiencia financiera también en

relación con el resto de competencias asumidas por las

Comunidades Autónomas. El modelo debe garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de las administraciones

17

públicas así como la totalidad de los parámetros de

sostenibilidad y equilibrio financiero.

La reforma del modelo debe garantizar que los fondos de

convergencia realmente se destinen a ese fin, que se dirijan

a las Comunidades con menor renta y que tengan una

cuantía suficiente como para que su impacto sea

significativo, de forma que deberían incrementarse si las

diferencias territoriales se acentúan.

Ligado a esto, debe insistirse en preservar el principio de

adicionalidad de los Fondos Europeos de Desarrollo

Regional, que hasta ahora no se ha respetado. Es

inaceptable que los fondos que destina la Unión Europea

para favorecer la convergencia de las regiones se utilicen

para equilibrar el reparto territorial de los fondos

nacionales. Es una barbaridad contraria al propio espíritu de

los fondos regionales, pero sobre todo es injusto con las

regiones más desfavorecidas.

Por otra parte, deberían eliminarse o minimizarse las

situaciones de privilegio y evitarse en todo caso la

generación de nuevas situaciones de privilegio territorial.

Los resultados de la financiación de las Comunidades de

régimen foral son abiertamente contradictorios con el

mandato constitucional, aportando diferencias de hasta un

50% o incluso un 60% en la financiación por habitante a

igualdad de presión fiscal. Esta situación es insostenible y

18

supone un incentivo para buscar fórmulas al margen del

régimen común.

Por último, el sistema ha de evitar que existan incentivos al

dumping fiscal para atraer contribuyentes de otras

Comunidades.

Andalucía se juega mucho con estas reformas. Está en

juego hacer efectivos los derechos de los andaluces

mediante la sostenibilidad de los servicios públicos

esenciales. Pero también la posibilidad de reducir las

desigualdades sociales y entre territorios, para que los

ciudadanos de Andalucía puedan disfrutar de las mismas

oportunidades que el resto de españoles.

Lealtad institucional

Señoras y señores, a pesar de que no compartimos muchas

de las decisiones e imposiciones que nos llegan desde

Madrid, no creo necesario reafirmar la lealtad del Gobierno

andaluz con los compromisos internacionales del Gobierno

de España. No hay más que observar la gestión de las

finanzas públicas para corroborarlo, como ha sido nuestro

cumplimiento del objetivo de déficit de 2013, a pesar de

nuestra posición desfavorable de partida, si bien tengo que

advertirles que esa lealtad no ha sido siempre recíproca.

Junto a la incorrecta aplicación del modelo de financiación,

desde el 1 de enero de 2009, fecha en la que entró en

vigor, hasta el día de hoy, el Estado ha aprobado varias

19

decenas de normas que han afectado negativamente a los

ingresos de las Comunidades Autónomas.

En la actualidad tenemos en marcha reclamaciones al

Ministerio de Hacienda -por discrepancias en las

liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de

traspasos, etc.– por importe de 5.865 millones de euros.

La última de estas discrepancias está motivada porque el

Estado estimó que iba a aumentar sus ingresos de 2011 en

4.000 millones de euros por las subidas del IVA y del

tabaco, aunque finalmente sólo fueron 46.

Pues bien, a las CC.AA. se nos restaron esos 2.000 millones

de euros del Fondo de Suficiencia Global. Y pese a que los

ingresos no se han comportado de la forma prevista, no se

ha articulado ningún mecanismo para compensarnos.

Si se liquidaran correctamente, el Estado tendría que

devolver a Andalucía 385 millones de euros: 107 millones

por el Impuesto Especial sobre el Tabaco y 278 millones por

IVA.

Como conocen, la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril

de 2012 constriñe la actuación de las Administraciones

públicas por tres vías: la imposibilidad de incurrir en déficit

estructural, el respeto al techo de deuda pública y la

20

limitación del crecimiento del gasto, que no podrá crecer

por encima de la tasa de crecimiento del PIB (Regla de

Gasto).

En caso de incumplimiento de los objetivos, quedamos en la

práctica tutelados por el Gobierno de España,

condicionando decisivamente nuestro margen de maniobra

para desarrollar políticas económicas alternativas.

A este retroceso en autonomía, el Gobierno central le ha

dado una vuelta de tuerca con la aprobación de la nueva

Ley de control de la deuda comercial.

Déjenme aclararles, que los retrasos en los pagos por parte

de las Comunidades Autónomas se deben a la necesidad de

sostener el Estado de Bienestar en un contexto de

reducción de ingresos presupuestarios. Es una cuestión de

prioridad política, garantizar los servicios públicos

esenciales, aun a costa de demoras en otro tipo de pagos.

La nueva Ley, en lugar de favorecer el cumplimiento de las

obligaciones acompasando las necesidades de tesorería a

los plazos de pago, introduce mecanismos de control y

medidas coercitivas a las Comunidades que sobrepasen el

período de pago estipulado. En el fondo se trata de un paso

más en el proceso recentralizador al que estamos

asistiendo en los últimos años, puesto que esta Ley no

facilitará a las Administraciones el cumplimiento de sus

21

obligaciones en tanto no se garantice una financiación

suficiente.

Y la suficiencia financiera no puede depender sólo de una

contención del gasto público, que puede ser razonable

dentro de ciertos límites, sino que requiere necesariamente

una revisión del problema de los ingresos públicos.

4.- Reforma tributaria:

Y es que, después de seis años de crisis económica, es

evidente la incapacidad de nuestro sistema tributario para

alcanzar la suficiencia financiera. Por eso déjenme ahondar

ahora brevemente en la posición de Andalucía ante la

inminente reforma fiscal anunciada por el Gobierno de la

nación.

Pese a que los tipos nominales de la mayoría de los

impuestos se encuentran en España entre los más elevados

de los países europeos, lo cierto es que la recaudación de

impuestos y cotizaciones sociales en España se encuentra

muy alejada de los valores medios de la eurozona: los

ingresos fiscales en España en 2011 representaron el 31.4%

del PIB mientras que la media de la eurozona fue del 39.5%.

En Alemania fue del 38.7% y muchos países del centro y

norte de Europa superan el 40%.

22

Llevar la presión fiscal a la media europea supondría

aproximadamente 70.000 millones de euros adicionales

para las Administraciones públicas españolas.

No podemos renunciar a uno de los aspectos claves que nos

permitiría reducir significativamente el déficit

presupuestario del conjunto de Administraciones, haciendo

posible el desarrollo de políticas favorecedoras del

crecimiento y el mantenimiento de los servicios públicos

fundamentales.

Porque, como he repetido en numerosas ocasiones, los

problemas no los ha provocado un excesivo gasto público,

sino un deficiente volumen de ingresos.

Sin embargo, tengo que recordarles que en el Programa de

Estabilidad del Reino de España 2013-2016 el Gobierno

contempla un estancamiento de los ingresos públicos,

volcando toda la estrategia de consolidación fiscal por la vía

del gasto. Es más, el peso del gasto público en el PIB, debe

recortarse en otros 3,6 puntos sobre el PIB en los 3

próximos años.

Como se imaginarán, esta reducción se concentraría en

gran medida en sanidad, educación, medio ambiente y

protección social. Es decir, en su mayor parte en

competencias de las Comunidades Autónomas, que habrán

23

de continuar recortando sus gastos al no recibir ingresos

adicionales.

Otro aspecto esencial sería que la reforma tributaria

avanzara en la equidad. De hecho, el último estudio sobre

Opinión pública y política fiscal del Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi el 90% de

los españoles piensa que los impuestos no se pagan

justamente.

En los últimos años las medidas destinadas a incrementar

los ingresos fiscales se han centrado en subidas del IRPF y

del IVA y otros impuestos indirectos, incidiendo

especialmente en la clase media y en los grupos más

desfavorecidos. Mientras, las grandes fortunas, empresas y

multinacionales contribuyen de forma poco proporcionada y

eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar.

Los datos más recientes de la Agencia Tributaria reflejan

que el tipo efectivo que están soportando las grandes

empresas se sitúa alrededor del 4%. Tendría sentido

avanzar en lograr que estas empresas contribuyan en

función de su capacidad.

A este respecto, resulta escandalosa la noticia que se

publicó hace unos días denunciando que los llamados “siete

gigantes” de Internet -Apple, Google, Amazon, Facebook,

24

eBay, Microsoft y Yahoo- pagaron el año pasado únicamente

un millón de euros en impuestos a las arcas públicas.

Mejorando la equidad y la progresividad, debe ensancharse

la base del sistema tributario español, consiguiendo ampliar

el número de personas y empresas que contribuyen al

mismo y eliminando las bolsas de fraude y la economía

sumergida, que según estimaciones recientes del Sindicato

de Inspectores de Hacienda alcanza los 253.000 millones de

euros, el 24,6% del PIB nacional.

La lucha contra el fraude debe ser uno de los pilares de la

reforma. No podemos seguir consintiendo que se debiliten

las bases éticas del sistema fiscal, como fue el caso de la

reciente amnistía fiscal, cuyos resultados han sido muy

pobres con relación al perjuicio que se ha provocado en

general.

La pérdida de ingresos por el fraude también tiene como

consecuencia que el sector público no puede aplicar todo su

potencial redistributivo, agravando las desigualdades

sociales. Por no hablar de las distorsiones que provoca en

los mercados la existencia de fraude y la economía

sumergida.

Por otro lado, sería deseable que la reforma contribuyera a

garantizar la autonomía fiscal de las Autonomías, otorgando

25

suficiencia y capacidad para hacer frente a la prestación de

los servicios públicos fundamentales.

Sin embargo, hasta que el modelo de financiación no

proporcione una suficiencia financiera real no es posible

seguir avanzando en la autonomía fiscal y en la

corresponsabilidad, puesto que, como hemos tenido

ocasión de sufrir, sólo genera una competencia desleal por

parte de algunas Comunidades.

Entre las noticias o “globos sonda” que hemos leído

respecto a la reforma fiscal que está planteando el grupo de

expertos del Ministerio se encuentra una reducción de los

tipos impositivos a los tramos de rentas más bajas.

Según datos de la Agencia Tributaria, casi el 40% de los

contribuyentes declaran ingresos inferiores a 12.000 euros,

de manera que una rebaja fiscal les proporcionará una

cantidad poco significativa, máxime si simultáneamente se

incrementa la imposición indirecta o se eliminan

deducciones.

Sin duda apoyamos medidas que beneficien a los sectores

más débiles, aunque la pérdida de recaudación ha de

compensarse mediante una mayor progresividad del

impuesto. Por ejemplo, promoviendo que las rentas del

capital tengan el mismo tratamiento que las rentas del

trabajo.

26

Aunque ha sido negado por el Ministro de Hacienda, otra

hipótesis de trabajo del Grupo de expertos consistía en

incrementar el IVA del 21 al 23% y aumentar también los

tipos reducido y súper reducido.

A este respecto, no creo en absoluto conveniente una

medida de este tipo, sino más bien al contrario, con objeto

de incentivar el consumo y el empleo. Considero que

deberían revisarse los tramos de algunos productos

mayoritariamente consumidos por las rentas bajas y medias

o que tienen una especial importancia en Comunidades

como Andalucía, como son los productos culturales, lo que

podría generar incluso un aumento de la recaudación.

Finalmente, también se apuntaban propuestas en relación

al impuesto de sociedades –homogeneizando la tributación

entre grandes y pequeñas empresas- o la eliminación del

Impuesto de Patrimonio, que es precisamente uno de los

más progresivos dado que obliga a la tributación a las

rentas más altas (personas con patrimonios superiores a

700.000 euros).

Así como la supresión de la progresividad del impuesto de

donaciones, de manera que se tributaría exclusivamente

por el grado de parentesco y no como ahora, en función de

la capacidad económica.

27

En definitiva, no compartimos un modelo de esta

naturaleza, cargado de propuestas regresivas. Nos

tememos que el Gobierno está atrapado entre la necesidad

de presentar un proyecto que satisfaga a sus bases y las

exigencias de la Comisión Europea de mantener a toda

costa la recaudación.

5.- Hoja de ruta:

Como les decía al principio de mi intervención, es necesario

abordar estos tres debates -el de la situación económica, el

de modelo de financiación y el de la reforma fiscal- con una

visión crítica, serena y rigurosa. Pero no podemos dejar de

lado otros debates igualmente imprescindibles, como son el

cambio en el modelo productivo y la necesaria revisión en

general de las políticas públicas y el papel que desempeñan

en la configuración de nuestro modelo de sociedad.

Creo que tenemos que ser honestos y reconocer que a

pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos

años, la dureza de esta crisis nos ha puesto por delante una

realidad distinta, dramática para muchas familias, a la que

tenemos que enfrentarnos con valentía y con respuestas.

De ahí que todos nuestros esfuerzos en el Gobierno andaluz

estén volcados en una hoja de ruta que persigue la creación

de empleo y la reorientación de nuestro modelo productivo

para hacerlo más competitivo, basado en el conocimiento y

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en la creación de valor a través de la innovación y el

emprendimiento.

Y creo sinceramente que en esta senda contamos con una

serie de ventajas competitivas que hemos de aprovechar al

máximo.

En Andalucía estamos consiguiendo sanear las cuentas

públicas, pero no a cualquier precio. A diferencia de lo que

sucede en otros territorios, aquí cumplimos con el objetivo

de déficit para 2013 sin recurrir a privatizaciones y

preservando las políticas sociales, sin aplicar recortes de

derechos o de prestaciones. Habrán podido ver en los

últimos días que hemos comunicado al Ministerio nuestra

cifra de cierre de año, con un déficit ligeramente por debajo

del límite fijado por el Gobierno de España.

Y este es un dato que merece ser situado en su justa

medida, porque hemos trabajado muy duramente en estos

meses por conseguir este resultado con un objetivo muy

claro: lanzar un mensaje de confianza a los mercados y a

los inversores, trasladarles que Andalucía hace frente a sus

obligaciones, que mantiene sus compromisos, y que es

atractiva para la inversión. En definitiva, ganar credibilidad

en nuestra política económica con el fin de atraer empresas

y crear empleo.

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Junto a ello, también hay que revisar como les decía las

políticas públicas, que tienen que continuar avanzando en

eficiencia económica, pero también en eficacia social y en

calidad institucional.

Cuando se habla de eficiencia en las administraciones

públicas se introducen en demasiadas ocasiones

interpretaciones interesadas o sesgadas, pero quiero dejar

claro que la administración andaluza es bastante eficiente

en el gasto público. Con áreas de mejora, por supuesto, en

las que tenemos que seguir ahondando, pero nuestro gasto

corriente por habitante es de los más bajos de todas las

Comunidades Autónomas.

Aunque hay quien tiende a identificar un menor gasto con

peores servicios públicos, disponemos de suficientes datos

e indicadores que avalan que Andalucía ofrece múltiples

ejemplos de provisión de servicios públicos de calidad a un

coste altamente eficiente. Y así lo perciben además los

ciudadanos cuando se expresan en distintas encuestas de

satisfacción o barómetros de opinión.

Al hilo de esto, me gustaría mencionar dos de las líneas de

actuación que hemos puesto en marcha para contribuir a la

recuperación. En primer lugar, la disminución de los

trámites administrativos a las empresas, evitando barreras

innecesarias, y con procedimientos ágiles y simplificados,

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para que no se pierda ningún proyecto de inversión por

dificultades burocráticas.

Y en segundo lugar, queremos aportar prácticas financieras

diferentes, que permitan acercar recursos al sector

empresarial, atendiendo proyectos solventes y viables, y

favoreciendo el cambio hacia un nuevo modelo productivo.

Para ello, estamos elaborando el proyecto de Ley de

creación del Instituto Público de Crédito de Andalucía, que

pretendemos elevar en el primer trimestre del año al

Consejo de Gobierno con el fin de que sea aprobado por el

Parlamento andaluz de la forma más rápida posible.

Termino ya, no sin antes volver a mencionar la

trascendencia del momento que vivimos, no ya sólo como

el año de posible cambio de tendencia económica, como

avanzan diferentes estudios, sino del momento que puede

definir en un sentido o en otro qué sociedad configuramos

para las próximas dos o tres décadas.

Si apostamos por un modelo de país con crecientes

desigualdades entre territorios y personas, o si por el

contrario defendemos como base de nuestro modelo de

convivencia y desarrollo la equidad, la solidaridad y la

justicia.

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Si priorizamos la salida de la crisis a cualquier precio,

aunque eso lastre generaciones, o si nuestros esfuerzos

como sociedad se encaminan a salir de la crisis mejor de lo

que entramos en ella, más fuertes y más iguales, todos, sin

dejar a nadie atrás ni tampoco nuestros valores.

Mi apuesta y la de mi Gobierno es evidentemente la

segunda. No es nada sencillo, como comprenderán.

Requiere altura de miras colectiva, una visión capaz de

conjugar el corto y el largo plazo, además de una franca

voluntad de diálogo y de consenso para alcanzar acuerdos

satisfactorios para la mayoría.

Pero como decía Robert Kennedy, el futuro no es ningún

regalo, es una conquista; la de cada uno de nosotros. Cada

generación es la responsable de tejer su propio futuro y nos

corresponde la tarea de decidir qué queremos alcanzar

como individuos y como sociedad y a qué estamos

dispuestos a comprometernos para lograrlo, ni más, ni

menos. En esa tarea estoy, en esa tarea estamos.

Muchas gracias

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