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INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNEROEN LOS COMPROMISOS DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE ARGENTINA 2

ABREVIACIONES

INTRODUCCIÓN

GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Situación actual de las mujeres en argentina, una mirada a las inequidades Educación formal y pautas de elección en la educación terciaria Actividades, ingresos y segmentación del mercado laboral Mujeres rurales

INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS

Contexto

Género y políticas públicas climáticas en la Argentina Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)

Modelo metodológico de integración de género, una propuesta desde argentina

Agricultura

Sector forestal Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques –REDD+

Sector energético Género y acceso a energía Inclusión de las mujeres en el sector energético

Integración de género en planes locales de acción climática

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

REFERENCIAS

3

5

6

79

1011

13

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14

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2021

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CONTENIDO

La información y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la Organización.Este documento es posible gracias al apoyo de la Embajada de Canadá en la Argentina.


ABREVIACIONES

AFOLU Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (del inglés Agriculture, Forestry and Other Land Uses).

AMES Asociación de Mujeres en Energías Sustentables.

BID Banco Interamericano de Desarrollo.

CBIT Iniciativa de Fortalecimiento de Capacidades en Transparencia (del inglés Capacity Building Initiative on Transparency).

CEDAWConvención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (del inglés Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

CNA Censo Nacional Agropecuario.

COVID-19 Coronavirus 2019.

ECOSOC Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (del inglés Economic and Social Council).

EAP Explotación Agropecuaria.

EPH Encuesta Permanente de Hogares.

GCF Fondo Verde para el Clima (del inglés Green Climate Fund).

GEI Gases de Efecto Invernadero.

GNCC Gabinete Nacional de Cambio Climático.

GRRIPPIniciativa Transformativa de Género en Resiliencia e Interseccionalidad en Políticas y Prácticas (del inglés Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice)

IDH Índice de Desarrollo Humano.

IDG Índice de Desarrollo de Género.

IDG-D Índice de Desigualdad de Género.

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos.

IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático (del inglés Intergovernmental Panel on Climate Change).

MMGD Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

NDC Contribución Determinada a Nivel Nacional (del inglés National Determined Contribution).


ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ONU Organización de las Naciones Unidas.

PERMER Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

PIB Producto Interno Bruto.

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

RAMCC Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques.

STEM Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (del inglés Science, Technology, Enge-neering and Mathematics).

TDCNR Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado.

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.


INTRODUCCIÓN

La integración de la perspectiva de género en la agenda ambiental es una tarea en permanente cons-trucción y revisión. Si bien los grupos de mujeres reclaman el reconocimiento de su papel en el vínculo entre desarrollo y ambiente ya desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, en ese entonces el centro de acción se circunscribe al aumento de su participación en los escenarios de toma de deci-siones. Años más tarde, en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, se establece la necesidad de pensar el rol de las mujeres en el balance entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Ahí mismo se plantea el que será el centro de acción del vínculo entre género y ambiente; a saber, cómo la discriminación de género plasmada al interior de instituciones de poder y gobierno incide y perpetúa “la indigencia y la feminización de la pobreza, el desempleo y la creciente fragilidad del medio ambiente (y) la continua violencia contra la mujer” (ONU, 1995, p.10). En el marco de esta conferencia se fija una serie de prioridades técnicas, temáticas y estratégicas para integrar la perspectiva de género en las acciones en pro de un desarrollo sostenible.

Entendemos la integración o transversalización de la perspectiva de género como “el proceso de va-lorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifi-que, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, la puesta en marcha, el control y la evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros” (ONU/ECOSOC, 1997). Trasla-dar este principio al ámbito del cambio climático significa pensar, en simultáneo, cómo identificar sus impactos diferenciales en la vida de mujeres y hombres en contextos particulares, y cómo potenciar sus aportes para responder a los desafíos que este fenómeno conlleva. En este sentido, la integración del género en las iniciativas de acción climática pasa por reconocer las desigualdades existentes, has-ta cierto punto conexas con las causas estructurales del cambio global¹, y utilizarlas como escenarios para potenciar el empoderamiento de las mujeres.

En Argentina existe un movimiento feminista fuerte y vivaz que aglutina diferentes feminismos convo-cados por la necesidad de cambios en las relaciones de poder. Su vinculación con las causas ambienta-les se remite a la participación de expertas nacionales en las reuniones de Río, y desde entonces crece en la medida en que la igualdad de género y las temáticas ambientales se hacen más relevantes en la agenda política y social nacional. Así, para comprender de qué manera se articulan y complementan las agendas de cambio climático e igualdad de géneros es necesario, en primer término, presentar un panorama general de la situación en Argentina con el fin de caracterizar socio-demográficamente las desigualdades y mostrar la heterogeneidad de situaciones y posiciones que enmarcan la vida de mu-jeres y hombres en el territorio. Segundo, profundizar en los avances en el proceso de integración de género a nivel sectorial, habida cuenta de los planes de acción de cambio climático. Por último, abor-dar las conclusiones y recomendaciones para continuar el proceso de integración a nivel de políticas públicas para incidir en las prácticas cotidianas y los modelos de relacionamiento con la naturaleza.

Es de destacar que este documento se elabora en medio de los impactos de la crisis global desencade-nada por la COVID-19. En el manejo de la pandemia, la cuestión de los cuidados fue estratégicamente planteada como área de soporte y acción, pero sin un real acompañamiento en términos de gestión y políticas públicas; en otras palabras, nunca ocupó el centro de la escena como sí por ejemplo el siste-ma médico, las medidas de confinamiento y el ajuste de prioridades con el empresariado como centro verdadero. Los efectos más contundentes son padecidos por las personas desprovistas de redes de

1. El concepto de cambio global hace referencia al conjunto de cambios y transformaciones a gran escala producto de las actividades antropogénicas que afectan nuestro planeta. Ver: https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/que-es-el-cambio-global


seguridad social, empleo formal, condiciones de habitabilidad y recursos para asumir el escenario de transformación. Por tanto, y en virtud del lugar simbólico, económico y político que tienden a ocupar en la sociedad, los impactos de la pandemia afectan más a las mujeres que a los hombres. De manera complementaria, es notable que la progresiva destrucción de los ecosistemas y la contaminación del aire y el agua son amenazas a la salud humana que tienen un impacto diferencial de género, no solo debido a la feminización del sector de salud en general, sino también por el rol que las mujeres ocupan en los hogares y las comunidades.

GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El diseño y la implementación de políticas públicas están intrínsecamente ligados a los intereses gu-bernamentales, las demandas puntuales de la sociedad civil y las necesidades emergentes acordes a cada contexto. Como parte de un proceso político cambiante, de democracia participativa y deliberati-va, progresivamente cobra impulso la idea de que las políticas públicas se den con base en un diálogo representativo con actores colectivos con intereses, conocimientos o directamente interpelados por el objeto de la política. Así, el concepto de gobernanza sirve para dar cuenta de procesos de concer-tación entre diversos agentes: “un nuevo estilo de gobierno, distinto al modelo del control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado” (Mayntz, 2000 en Canto Chac, 2008, pp. 15-16). En este marco, la participación se convierte en un factor clave en la formulación y el éxito de las políticas públicas, en contraposición a modelos como el autoritario, la tecnocracia o los acuerdos partidistas, en los que la decisión sigue un patrón de arriba hacia abajo (top-down) y la ciudadanía es considerada un objeto de la política, no un sujeto activo en su formulación.

Los actuales desafíos ambientales y sociales pueden ser mejor abordados desde una gobernanza cli-mática con perspectiva de género. Para eso es necesario considerar los siguientes puntos:

• Tanto las mujeres como los hombres son grupos altamente heterogéneos, marcados por experien-cias, condiciones y situaciones relativas no solo al género sino a la clase social, su origen geográfico (rural o urbano), nivel educativo, pertenencia étnico-racial, capacidades físico-mentales, religión, et-cétera. Dar cuenta de estos múltiples entrecruces de poder demanda la adopción de un enfoque de interseccionalidad.

• Se debe tener en cuenta la desigualdad estructural de género basada en la división sexual del trabajo, según la cual las mujeres asumen desproporcionadamente el trabajo de cuidados no remunerado, lo que impacta directamente en sus posibilidades económicas, educativas, laborales y de autocuidado.

• La inclusión directa de las mujeres y la adopción de una perspectiva de género son factores que aumentan la efectividad y eficiencia de la agenda de desarrollo sostenible. De acuerdo con el Progra-ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “un incremento del 1% en desigualdad de género reduce el índice de desarrollo humano del país en un 0.75%” (2016). En este sentido, la inclusión de gé-nero no solo obedece al interés de mejorar la calidad de la democracia –al fortalecer la participación directa–, sino que es beneficiosa para el desarrollo mismo.

• En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se entiende la igualdad de género como un de-recho y una condición habilitante para superar los desafíos de orden económico, sanitario, el cambio climático, la violencia y para fortalecer la democracia.

• Las mujeres constituyen la mitad de la humanidad y merecen ser parte de los procesos de toma de decisiones que les afectan directa e indirectamente.


• La formulación y el desarrollo de políticas públicas sustentadas en la gobernanza ambiental y con enfoque de género propenden a una mayor y más sustantiva participación de mujeres, hombres y personas con identidades diversas, lo que a su vez promueve desde las bases cambios en las formas de gobierno, las leyes, la ejecución programática y la ejecución presupuestaria de todas aquellas ac-ciones enmarcadas en el desarrollo sostenible. Esta visión, de abajo hacia arriba (bottom-up), facilita la generación de alianzas entre actores, el seguimiento de los procesos, la apropiación local y la co-hesión social.

Finalmente, se advierte la necesidad de incluir la perspectiva de género en las iniciativas climáticas para evitar que en su ejecución se vean exacerbadas las brechas estructurales que existen entre hom-bres y mujeres, presentes en todas las esferas de toma de decisiones en la región (Casas, 2017, p. 4). Por eso, la inclusión no puede limitarse a actividades alternativas con grupos de mujeres sino que debe, por el contrario, establecer metodologías que permitan la integración desde el inicio del diseño y durante la implementación, y contar con indicadores medibles para su seguimiento y evaluación. Por ende, garantizar la financiación de la integración de género es una parte clave del proceso.

Situación actual de las mujeres en Argentina, una mirada a las inequidades

Para caracterizar las tendencias de género en Argentina es válido usar estándares internacionales que den cuenta de su posición en un marco comparativo. El análisis sobre desarrollo humano que anual-mente trabaja PNUD da cuenta del posicionamiento de cada país en términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH)² que incluye una valoración de la igualdad de género. De acuerdo con la medición de 2020, Argentina (con un puntaje de 0,845) ocupa el segundo lugar de América Latina y el puesto 46 entre los países con IDH muy alto. No obstante, existen estadísticas e indicadores que dan cuenta de desigualdades estructurales en materia de género presentes en dimensiones como la salud, el empo-deramiento, el acceso al mercado laboral, la pobreza y la calidad de vida.

Tabla 1. Indicadores nacionales de género en Argentina

Categoría e Indicador Valor Interpretación

Índice de Desarrollo de Género, IDG (PNUD, 2020)

0,993 Mide las disparidades del IDH entre los géneros, al calcularlo por separado para mujeres y hombres. La proporción entre un resultado y otro es el valor del IDG. Cuanto más se aproxima la proporción a 1, menor es la diferencia entre mujeres y hombres.

Esperanza de vida al nacer, en años (PNUD, 2020)

80 mujeres 73,2 hombres

Las mujeres tienen mayor expectativa de vida al nacer.

Tasa de mortalidad adulta cada 1.000 habitantes (INDEC, 2018)

4,9 mujeres 7,9 hombres

Los hombres tienen una tasa de mortalidad 62% más alta que las mujeres.

Mortalidad materna cada 100.000 nacidos vivos (PNUD, 2020)

39 Desde 1990, el número de muertes relacionadas con el embarazo se redujo progresivamente.

2. El IDH es un “índice compuesto que mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente” (PNUD, 2019, p. 29).


Categoría e Indicador Valor Interpretación

Tasa de natalidad en adolescentes cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años (PNUD, 2020)

62,8 Desde 1990 la tasa de embarazo adolescente, un indicador indirecto de acceso a educación sexual integral, se redujo progresivamente.

Promedio de escolaridad en años (PNUD, 2019)

11,1 mujeres10,7 hombres

Ligera diferencia entre la media de años atendidos por el total de la población.

Población con al menos algún tipo de educación secundaria (PNUD, 2019)

59,2% mujeres54.8% hombres

Mayor proporción de la población femenina recibió instrucción formal secundaria.

Ingreso Nacional Bruto per cápita en USD (PNUD, 2017)

14.872 mujeres27.826 hombres

Derivado de la relación entre los salarios de mujeres y hombres, el porcentaje de mujeres y hombres de la población económicamente activa y el ingreso nacional bruto. En términos de paridad del poder adquisitivo, en promedio global los hombres reciben una remuneración mucho más elevada que las mujeres.

Tasa de participación en la fuerza de trabajo, porcentaje de más de 14 años (INDEC, EPH Segundo trimestre 2021)

48.4 % mujeres69.1 % hombres

Existe una brecha de 22 puntos porcentuales entre la cantidad de hombres que trabajan/buscan empleo y las mujeres que lo hacen.

Índice de feminidad en la pobreza urbana (CEPAL, 2019)

Pobreza extrema: 133,3Pobreza: 115,0

Relación entre la tasa de pobreza de las mujeres y la tasa de pobreza de los hombres. Por cada 100 hombres viviendo en pobreza extrema en las ciudades existen 122,2 mujeres en igual condición. Por cada 100 hombres pobres en las ciudades existen 120,6 mujeres en similar condición.

Dedicación en horas semanales al trabajo no remunerado entre población con ingresos propios (CEPAL, 2013)

46.8 mujeres24,5 hombres

Las mujeres de entre 20 y 59 años que cuentan con trabajo dedican un promedio diario de 6 horas 48 minutos al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Los hombres en las mismas condiciones, 3 horas y media.

Dedicación en horas semanales al trabajo no remunerado en población sin ingresos propios (CEPAL, 2013)

59,6 mujeres28,6 hombres

Las mujeres de entre 20 y 59 años que no cuentan con trabajo dedican un promedio diario de 8 horas y media al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Los hombres en las mismas condiciones, 4 horas.

Aporte estimado del Trabajo Doméstico no remunerado al PIB (Ministerio de Economía, 2020)

15,9% La medición formal del Producto Interno Bruto (PIB) no estima el valor agregado del TnR; por ende, su cálculo se establece con una metodología especial.

Fuente: elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles por cada fuente citada.


Una mirada general de los datos presentados en la Tabla 1 da cuenta de que la existencia de políticas de Estado como la salud y la educación pública universales y gratuitas favorece una paulatina reduc-ción de las desigualdades de género. Los datos muestran que la existencia de políticas públicas en pro de la igualdad apuntala la equidad de géneros en términos formales legales y de acceso a bienes públicos; sin embargo, son las prácticas sociales - tradiciones, costumbres o tendencias - factores que, de forma cotidiana y sostenida, dificultan alcanzar la igualdad.

Educación formal y pautas de elección en la educación terciaria

En Argentina, al igual que en otros países de América Latina, se observa que las mujeres tienen me-nos deserción escolar que los varones en todos los grados. La existencia de un sistema de educación primaria, secundaria y terciaria - sea esta técnica o universitaria - pública y gratuita brinda una oferta amplia representada en los años de escolaridad esperados. Un estudio especializado desarrollado con perspectiva de género señala que en todos los años monitoreados los varones tienden a repetir más los grados y que existe entre ellos una tasa más alta de abandono interanual comparada con la de sus compañeras mujeres. La investigación concluye que “los indicadores de trayectorias ponen en evidencia que las oportunidades de ingreso al sistema educativo se manifiestan en forma equitativa entre varones y mujeres, pero son los estudiantes de sexo masculino los que expresan mayores dificul-tades en sus trayectorias desde los años iniciales de la primaria. Están más expuestos a situaciones de fracaso escolar y abandono, e incluso con brechas que se profundizan en la población más vulnerable (Scasso y Sustas, 2018, p. 32). Ahora bien, este mismo informe da cuenta de las brechas de género en el desempeño por áreas del conocimiento. Precisamente, uno de los indicadores internacionales de inno-vación y avance tecnológico en el que es posible rastrear el empoderamiento de las mujeres tiene que ver con su vinculación en programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Según el PNUD (2019, p. 420), la proporción de graduadas en estos programas en nivel terciario en Argentina es del 9,1%, lo cual se ubica en el tercio inferior global. A su vez, la proporción de mujeres sobre el total de personas graduadas en programas STEM en nivel terciario es de 43,5%, lo que las posiciona en el tercio global más alto. La interpretación en conjunto de estos dos datos mues-tra que efectivamente hay un bajo nivel de enrolamiento de mujeres en estas áreas del conocimiento, pero un alto nivel de finalización de los estudios³. “La matrícula femenina en educación técnico-pro-fesional crece lentamente, las barreras de género y el ‘descrédito’ a las capacidades de las mujeres comienzan a ser interpelados (…) al igual que en el mundo del trabajo, los estereotipos de género son núcleos duros y barreras difíciles de derribar y/o sobrepasar” (Bloj 2017, p. 67). Los anteriores datos son muy importantes a la hora de establecer el potencial transformador de las mujeres en áreas clave de la investigación, la innovación y las ciencias vinculadas al análisis y las respuestas al cambio climático.

Finalmente, es necesario advertir acerca del evidente revés en estas tendencias como resultado de la pandemia por COVID-19. La no presencialidad en las aulas de todos los niveles ha tenido un fuerte im-pacto en el estudiantado, especialmente agresivo entre las poblaciones más vulnerables que no cuen-tan con conectividad ni implementos digitales para desarrollar los estudios, y para quienes el entorno educativo es sustancial en el sostenimiento cotidiano. La cuarta ronda de la Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) identifica la ines-tabilidad laboral de las personas adultas, la falta de recursos para comprar alimentos, las estrategias de cuidado y el acceso a las transferencias sociales como las principales dificultades para sostener la educación en razón de la pandemia (2021).

3. Comparado con la región de América Latina y el Caribe, en Argentina la proporción de graduadas STEM entre el total de profesiones es más bajo que el promedio regional (12%), pero la proporción de mujeres entre el total de personas graduadas a nivel de la región es inferior al valor en Argentina (34.5%).


Actividades, ingresos y segmentación del mercado laboral

Si bien la educación formal no es el único elemento que determina la entrada de las personas en el mercado del trabajo, sí se relaciona con las condiciones habilitantes técnicas y de conocimiento que, junto con las historias personales y las redes de contactos, inciden en las trayectorias de empleo de las personas que están, a su vez, fuertemente marcadas por el género. Los datos presentados en la Tabla 1 muestran serias desigualdades efectivas en remuneración, participación en el mercado laboral y car-ga de trabajo doméstico no remunerado. Se puede entonces inferir que, a pesar de contar con mayor trayectoria educativa, el peso del trabajo doméstico y de cuidados no – remunerado – concentrado pri-mariamente en atención a menores, personas mayores y con enfermedades; preparación de alimentos, provisión de agua, combustibles y producción de alimentos; limpieza y gestión doméstica – tiene una incidencia negativa en la disponibilidad total de tiempo para dedicar al trabajo retribuido. De acuerdo con la Encuesta Anual de Hogares Urbanos de 2014, los varones con o sin ingresos dedican mucho menos tiempo a estas labores que las mujeres. El trabajo de cuidado ha sido tradicionalmente una responsabilidad asumida por las mujeres, mientras que la participación masculina es marginal, tanto en tiempo como en intensidad (Rodríguez Enríquez, 2014). Este análisis muestra que la segmentación en el trabajo doméstico no solo está marcada por el género, sino por el entorno y la clase social.

La más reciente información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reporta una im-portante brecha en la tasa de actividad y de empleo de 2020, especialmente pronunciada en el tercer trimestre – periodo más afectado por la pandemia –, cuando la tasa de ocupación de mujeres fue del 45,4% y la de los hombres del 64,5% (2021). Las brechas en ocupación son solo reforzadas con brechas en el ingreso. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer tri-mestre de 2021, el ingreso promedio de los hombres fue de $48.570, mientras que el de las mujeres fue de $36.123. Esta brecha en los ingresos adquiere una complejidad mayor cuando se indaga la femini-zación de la pobreza, entendida como el resultado de las desigualdades estructurales que hace que las mujeres sean la mayoría de las personas pobres y, subsecuentemente, tengan mayores dificultades para superarla. La revisión de los datos sobre porcentaje de la población en los deciles4 de ingresos desagregado por sexo muestra la abrumadora mayoría de mujeres en los sectores con menos ingresos, como se observa a continuación en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Segmentación por sexo de la población según decil de ingresos

Distribución de población por decil de ingresos

50%25%0%

deci

l de i

ngre

so

proporción por sexo en cada decil

75% 100%

10987654321

hombres mujeres

4. En estadística descriptiva, un decil es cualquiera de los nueve valores que dividen un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población. En este caso, se refiere a la distribución del ingreso entre grupos de población.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la EPH correspondiente al primer trimestre de 2021


Asimismo, existe una marcada segmentación de género en ciertas áreas de ocupación, consecuente con el modelo tradicional de división sexual del trabajo. De acuerdo con los últimos datos del Boletín de Estadísticas Laborales de mayo de 2021, existen sectores altamente feminizados como el trabajo doméstico, la enseñanza, los servicios sociales y de salud, todos fuertemente impactados por la pande-mia. Los sectores altamente masculinizados como la industria, la construcción y el transporte, aunque afectados, contaron con mayor soporte organizacional para reactivarse.

Mujeres rurales

Al analizar la producción bibliográfica en la Argentina, tanto académica como técnica, incluida dentro de la categoría “género y ruralidad”, se encuentran insuficiencias temáticas, conceptuales y metodoló-gicas para abordar comprensivamente esta relación (Ferro, 2013). Formalmente, Argentina cuenta con la ley 26.727 del Régimen de Trabajo Agrario, que propende a la igualdad entre sexos en el empleo rural complementada por la Ley de Contrato Laboral, que incluye a las y los trabajadores rurales. Pese a esta inclusión de facto, la realidad tiende tanto a invisibilizar el rol de las mujeres como a reforzar el imaginario sociocultural por el cual el universo de la producción agropecuaria es un espacio masculino. Vale la pena destacar que existe una dificultad para distinguir lo que son los análisis de género de los estudios sobre mujeres rurales dado que los marcos conceptuales utilizados resultan insuficientes para abordar con propiedad “las desigualdades respecto de los desequilibrios económicos, ya que toda acti-vidad humana está protagonizada por varones y mujeres que interactúan entre sí en determinadas rela-ciones de poder justificadas desde la diferencia sexual, que luego se proyectan en su registro discursivo/normativo, que se proyecta a su vez en la acción planificada” (Ferro, 2013, p. 39). En este sentido, podría señalarse que describir las condiciones macro de las mujeres permite identificar los datos que sustentan el análisis sistémico e integral de las estructuras de desigualdad basadas en el género.

Datos del Censo Nacional Agropecuario de 2018 señalan que la población residente en las explotacio-nes agropecuarias (EAP, unidad analítica)5 es de 700.750 personas, de las cuales 38,3% son mujeres y 61,6% hombres (en el 0,1% no se determina el sexo de la persona). Las mujeres son el 20,9% del total de productores rurales reconocidos. En la ruralidad argentina existe una gran brecha de género entre la población residente; asimismo, existe una gran desigualdad entre el porcentaje de varones que son

5. Unidad estadística de producción con una superficie no menor a 500 m2 dedicada a producir bienes agrícolas, pecuarios o forestales, que cuenta con una conducción única encargada de su gestión, se beneficia de ella y asume el riesgo de la actividad.


responsables de producción y el porcentaje de mujeres a las que se les atribuye esta misma responsa-bilidad. Es por ejemplo notoria la desigualdad entre responsables hombres y mujeres en la provincia de Córdoba (86.8 % varones y 14,4% mujeres), mientras que Jujuy es la que está más próxima a la paridad (56.8% varones y 41.7% mujeres). Uno de los problemas metodológicos que impiden hacer un análisis profundo de género es la noción de “ocupación”6 en el ámbito rural. El último informe de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 2014 hace especial énfasis en destacar el rol protágonico de las mujeres en el marco de la agricultura familiar en Argentina, incluida en el marco del Censo Nacional Agropecuario (CNA).

Los datos del más reciente CNA (2018) señalan lo siguiente:

• Las mujeres son una minoría numérica y porcentual entre quienes residen en EAP. • Las mujeres “ocupadas” constituyen solo el 15,18% del total de personas ocupadas en EAP. • La razón principal por la que viven en EAP es por su relación familiar con la persona a cargo de la producción. • Las mujeres productoras son el 20,7% del total de “productores”, pero representan tan solo el 8,2% entre el total de residentes en EAP. • El porcentaje de mujeres que no tiene vinculación familiar con su empleador, sea persona natural/sociedad no registrada (1,24%) o una sociedad registrada (3%), es muy bajo frente al total de personas ocupadas en EAP.

El mayor “empleador de mujeres” son otras personas o sociedades de hecho no registradas (81,9%). La posición más frecuente entre las mujeres ocupadas es la de productora (62,7%). El CNA de 2018 compiló información sobre las mujeres, sus áreas de desempeño, ingresos por sector y otra serie de elementos que describen su relación con la producción. Sin embargo, la metodología no contó con una integración de la perspectiva de género por cuanto no se incluyeron preguntas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado, lo que no permite caracterizar los roles diferenciales y aportes a la economía nacional, local y familiar del trabajo no remunerado en el ámbito rural y de la producción agrícola. El marco con-ceptual usado en el CNA expone “la persistencia en la identificación ‘explotación/productor’ individual y masculino que subyace a las definiciones censales” lo que “no permitiría identificar de primera mano cuántos productores/as existen por cada parcela que forman el conjunto de la EAP individualizada, y en esos casos se conjugan dos factores para acentuar el subregistro de las productoras: a. los estereoti-pos androcéntricos de los censistas que relacionan prima facie que el decisor/gestor de la explotación es normalmente el esposo o varón adulto del grupo familiar presente en la EAP y solo se dirigen a las mujeres en caso de ausencia permanente de aquellos, y b. las posibles estrategias de minimización tributaria por parte de las familias” (Ferro, 2013, p. 67).

Los datos anteriormente presentados dan cuenta de brechas consistentes en términos de dedicación al Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR), su incidencia en diferentes grupos según ingresos, y cómo esto redunda en la cantidad de mujeres pobres. Todo lo anterior, a su vez, coexiste con escenarios marcados por las diferencias entre los contextos urbanos y rurales en razón de la edad, la pertenencia étnica, las relaciones raciales y las estructuras de relacionamiento social en cada contexto y cada territorio. Retomando el enfoque interseccional, este tipo de análisis de género propicia una ca-racterización de las necesidades, posiciones y posibilidades de los agentes. Esta información constituye el centro de atención de la ecología política que, como disciplina, se ocupa de indagar sobre el uso, acceso y control del territorio por parte de las poblaciones (Flöhlich y Gioly, 2015). Todo lo anterior es la base de aproximación a la propuesta sobre cómo integrar adecuadamente la perspectiva de géne-ro en los compromisos nacionales en términos de acción climática, ya que toda política pública debe considerar el amplio panorama de inequidades estructurales. Solo así se podrá responder efectiva y eficientemente al desafío de un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

6. “Población ocupada” incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al relevamiento, percibien-do un pago en dinero o en especie por la tarea realizada. También a quienes realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello, y a quienes se hallan en uso de licencia por cualquier motivo (INDEC, 1998). El principal problema de esta definición recae en la negación del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados que, en sentido estricto, no está reconocido como parte de la definición formal de “ocupación”.


INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS

Contexto

Desde 1988 el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) sirve como centro de debate ex-perto y construcción de acuerdos respecto del cambio climático, sus impactos, los riesgos que plantea, sus efectos naturales, políticos y económicos. En este escenario también se discuten las posibles salidas ante estas amenazas. En 1992 se adopta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que promueve la formulación e implementación de instrumentos internacionales que guíen el diseño de políticas públicas nacionales para responder a los múltiples desafíos del cambio climático. Las Conferencias de las Partes (COP) son el foro internacional más relevante en términos de agenda climática global; allí se dan cita Estados, sociedad civil, el mundo científico, político y ligado al desarrollo.

En 2016, como resultado de la COP 23 de 2015 en París, Argentina se compromete a “preparar, comuni-car y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar”; es decir, a planificar de qué manera adaptar los sistemas productivos a los retos del cambio climático y cómo fortalecer las medidas de mitigación.

En los últimos años, a la par del desarrollo temático y los compromisos establecidos, ganan relevancia la participación de las mujeres y la integración de la perspectiva de género. Para 2010 la sociedad civil logra que se consideren las cuestiones de género en los procesos de toma de decisiones y el for-talecimiento de la participación de organizaciones de mujeres. En la COP 20 de 2014 se avanza en la redacción del Programa de Trabajo de Lima sobre Género (UNFCCC, 2014), que sienta las bases para la estructuración del Plan de Acción en Género de la COP 25. A lo largo de las últimas décadas progresi-vamente avanza la integración de una perspectiva de género interseccional, que busca enriquecer los procesos de negociación sobre la gestión climática al abordar las desigualdades como un factor que aumenta los efectos negativos y ralentiza la transformación necesaria para luchar contra la crisis climá-tica. Es de destacar que se conmina a adoptar medidas que respondan a los desafíos de género –Gender responsive–7. Esto quiere decir que no solo es necesario tener en cuenta las diferencias de género en la planificación y ejecución de programas o políticas –enfoque sensible al género o Gender sensitive–, sino utilizar dichas plataformas para avanzar en la igualdad de género.

Entre los aspectos clave identificados en este sentido se destacan los siguientes (Habtezion, 2016, p. 6):

• La necesidad de integrar la perspectiva de género en las acciones de adaptación y mitigación. Esto implica fortalecer la participación de las mujeres, incorporar sus visiones, habilidades y conocimientos y asegurar que cuenten con oportunidades para mejorar su salud, educación y medios de vida.

• Asegurar que las acciones adaptativas sean formuladas para ofrecer a las mujeres condiciones mate-riales y habilitantes para su bienestar. Por ende, se debe facilitar el acceso de las mujeres a activos que les permitan tener mejores capacidades adaptativas frente al cambio climático.

• Asegurar que los esfuerzos de mitigación y adaptación prioricen las vulnerabilidades basadas en el gé-nero, la desigualdad y la pobreza. Por ende, la planificación de políticas públicas y programas tiene que reconocer el rol de las mujeres en el desarrollo. Se plantea que las acciones, tecnologías y estrategias tengan un enfoque sensible a la pobreza y que se incluya el género en las comunicaciones nacionales ante la ONU, la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y todos los instrumentos de reporte y verificación. Esto demanda una mayor y más profunda indagación sobre los aspectos de género que inciden y afectan la política climática.

7. Se ha traducido alternativamente como “género transformador” o “género responsivo”, pero no hay uniformidad conceptual.


• Conducir estudios a profundidad basados en el análisis de la evidencia sobre los roles de hombres y mujeres en los sectores que están más impactados por el cambio climático, así como dar cuenta de sus estrategias para asumir los impactos. Construir más y más sólido conocimiento sobre la interacción entre desigualdad de género y cambio climático.

Es importante señalar que, en paralelo, los activismos feministas han problematizado el vínculo entre cambio climático y desigualdad de género vinculándolo con la hegemonía, el patriarcado y el capita-lismo. Dentro de esta mirada se destaca la propuesta ecofeminista, que entiende la explotación de la naturaleza como una forma extendida de la violencia y la dominación patriarcal sobre “lo femenino” (Fröhlich et al., 2015; Guzmán, 2019; Varela, 2019). En este marco no solo se encuentran activistas te-rritoriales que dan cuenta de las dificultades para que Estados y agentes privados respondan ante los desafíos ambientales que enfrentan las mujeres y sus comunidades, también existe una creciente masa crítica que desde la academia propende a nuevas pedagogías, nuevos enfoques y perspectivas innova-doras que pongan el centro de acción en la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2014).

Género y políticas públicas climáticas en la Argentina

En Argentina la situación del cambio climático es abordada integralmente por el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), instancia intersectorial de coordinación de la política climática. Inicialmente creado por decreto en 2016 para facilitar el intercambio a nivel gubernamental y/o estatal, tiene como objeto articular procesos participativos con otros niveles territoriales para definir estrategias de miti-gación y adaptación. Otra importante función radica en la elaboración de planes de acción sectoriales para alcanzar los objetivos nacionales de la NDC de Argentina. Posteriormente, en 2020, se sanciona la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Esta ley establece un marco jurídico que facilita la coordinación interinstitucional; sin embargo, entre las autoridades convocadas no se encuentra el recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD). El texto de la normativa no menciona ningún tipo de consideración de género en relación con la gestión del cambio climático. No obstante, la misma creación del MMGD, el diálogo con el activismo feminista y los cambios a nivel sectorial han propiciado una mejor y más sólida inclusión de la perspectiva de género en la agenda climática nacional.


La acción del GNCC está sustentada en un esquema de gobernanza que se ramifica a nivel territorial y establece redes de puntos focales con articulación provincial. A su vez, el GNCC incluye la Mesa Am-pliada, instancias de debate con “todos los actores interesados (sector académico, de los trabajadores, sociedad civil, representantes de los partidos políticos, sindicatos, municipios, comunidades indígenas, sector privado entre otros)”8. La Mesa Ampliada es concebida como una instancia de recepción de in-sumos para mejorar y consolidar el conocimiento necesario para dar seguimiento a la NDC. En esta instancia se pone en práctica la gobernanza climática, que favorece la apropiación social y local del compromiso climático y la generación de conocimiento situado. Como toda instancia de participación, permite integrar de una manera más directa las temáticas sociales.

En la actualidad, “género” es una de las áreas temáticas transversales incorporadas a la agenda del GNCC y plasmadas tanto en la segunda NDC como, se espera, en la estrategia de descarbonización a largo plazo9. La inclusión favorece también el aterrizaje provincial de los temas de género en la gestión de los recursos en otras escalas territoriales. Este vínculo resulta sustancial en la ampliación de la base de acción de política climática que responde a los desafíos de género.

8. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/esquema-de-gobernanza9. Al momento de la elaboración de este documento, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo de la República Argentina no ha sido presentada. La expectativa de inclusión de la temática de género proviene de las instancias de participación previas a su publicación


Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)

La segunda contribución, lanzada en diciembre de 2020, aumenta los esfuerzos nacionales en términos de mitigación y adaptación al cambio climático: fija una nueva meta para el año 2030 de 359 MtCO2e. Es de destacar que en esta versión se da especial peso a la responsabilidad individual y colectiva como estrategia de adaptación que, mediante la sensibilización sobre los impactos del cambio climático, in-vita a una transformación en las acciones para “responder de manera solidaria al desafío de proteger el planeta” (MAyDS, 2020, p. 29). Se identifica la educación ambiental como un medio para transformar las lógicas operativas, mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnera-bilidad social, productiva y de infraestructura. Como eje transversal, la inclusión del enfoque de género se encuentra plasmada tanto en las acciones propuestas como en las metas a largo plazo, acompañada de un enfoque de equidad intergeneracional y de diversidad. En la Tabla 2 se presenta la forma en que se estructura conceptualmente la acción climática presente en la segunda NDC.

Tabla 2. Esquema de abordaje por ejes rectores de la segunda NDC de Argentina (2020)

Ejes rectores

Principios globales Ejes transversales y temáticos

Vinculación de la agenda de desarrollo sostenible e Integridad Socio Ambiental a 2030 (ODS)

Derechos Humanos Gestión del riesgo Seguridad energética

Transición Justa Ciencia, tecnología e innovación

Seguridad alimentaria

Federalización, eje rector de territorialización y abordaje de la diversidad social y ambiental

Género Soluciones basadas en comunidades

Educación ambiental

Interculturalidad Soluciones basadas en la naturaleza Transparencia, exactitud,

comparabilidad, consisten-cia y exhaustividadParticipación ciudadana y

popular para la definición de la política

Salud Equidad

Fuente: elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles por cada fuente citada

Es de destacar que la inclusión de la perspectiva de género, junto con principios de interculturalidad, equidad, derechos humanos y transición justa, da cuenta de un cambio en el enfoque por el que estos elementos se consideran parte central del análisis, la acción y el seguimiento de los compromisos, y no meras actividades o variables a considerar dentro de un plan técnico-operativo. En consecuencia, la vi-sión a 2030 vislumbra un futuro próximo en el que se han superado las desigualdades sociales, políticas y económicas no solamente entre hombres y mujeres, sino también respecto de las personas con diver-sas expresiones de género y/u orientación sexual. Para ello se refuerza la idea de la participación activa y efectiva en diferentes escenarios de toma de decisiones, la ampliación del derecho a la autonomía del cuerpo como territorio, la ampliación de las capacidades, y la incorporación de nuevos conocimientos y recursos financieros y tecnológicos que respondan a los desafíos climáticos y a la necesidad de alcanzar la igualdad de género. Con referencia a las desigualdades estructurales, en la segunda NDC se hace mención explícita a la necesidad de reconocer el trabajo no remunerado y de cuidados, extensivo a la naturaleza y como parte de la sostenibilidad del desarrollo; por ende, se propende a una “reorganiza-ción, redistribución y revalorización social más justa del trabajo de cuidados” (MAyDS, 2020, p. 23). Esta meta se vincula con ejes rectores como los derechos humanos y la transición justa, entre otros.


Modelo metodológico de integración de género, una propuesta desde Argentina

Pasar de las declaraciones a las acciones requiere contar con recursos disponibles, capacidades insta-ladas y, sobre todo, métodos para fomentar un cambio de paradigma. Desde 2019, el gobierno de Ar-gentina prioriza la integración de género en articulación con el principio de transparencia en la agenda climática gracias a la ejecución de la Iniciativa de Fortalecimiento de Capacidades en Transparencia (CBIT, por sus siglas en inglés) en América Latina y el Caribe10. En este marco, la integración de género se centra en el fortalecimiento de capacidades institucionales, la coordinación temática, la sistemati-zación de datos y experiencias, la adecuación de los marcos analíticos y conceptuales y la vinculación estratégica de personas sensibilizadas en género en posiciones clave en la toma de decisiones.

Con el fin de desarrollar el modelo metodológico, se hizo una revisión de todos los planes de acción nacional sectoriales para identificar puntos de entrada, avances y potencialidades. Esto comprendió la realización de análisis de género de los documentos, estableciendo el marco legal de aplicación, las fortalezas institucionales, los actores clave y la identificación de brechas de género particulares en cada sector. Como resultado se propuso una matriz de análisis de género aplicada a cada plan sectorial, en conjunto con recomendaciones específicas y algunas herramientas clave para asegurar el cumpli-miento de los compromisos climáticos sectoriales y de género.

La propuesta metodológica se sustenta en un marco conceptual y analítico que da cuenta de tres ejes: la habitabilidad, la soberanía y los cuidados. Esta mirada trasciende la tendencia a “incluir mujeres” como una estrategia de integración de género y se concentra en tres ámbitos en los cuales se identi-fican desigualdades estructurales que causan y ahondan los efectos del cambio climático. El análisis de género de cada uno de los planes de acción sectorial, en clave con los tres ejes, permite dotarlos de contenido técnico y específico que, al estar articulado conceptualmente con los ejes temáticos, amplía el marco de acción y transformación. Esta metodología eleva el lugar que las condiciones de habitabi-lidad, la capacidad de acción soberana – vinculada a la libertad y el empoderamiento – y la acción de cuidar, juegan en la planificación climática.

Subsecuentemente, el modelo propone establecer medidas que den cuenta de las oportunidades espe-cíficas de acción. Entre estas disposiciones se destacan lugares comunes como la necesidad de relevar datos desagregados por sexo y fomentar la participación en los espacios de toma de decisiones; se in-corpora también la necesidad de modificar las pautas de acceso al financiamiento, el hacer uso de las convocatorias a licitaciones para promover la inclusión de género, favorecer la formalidad laboral y pre-venir efectivamente la violencia, específicamente la violencia basada en género (Castañeda et al., 2020).

Cada una de las medidas ha de contar con un corpus de indicadores específicamente diseñados para construir bancos de datos que compilen de manera sistemática la información necesaria para moni-torear los avances tanto en reducción de desigualdades sociales y de género como respecto de los objetivos climáticos. Se recomienda hacer uso de cada oportunidad para recolectar y sistematizar datos desagregados por género, diversidad, edad, pertenencia étnica/racial, formación y localización geo-gráfica consecuentes con el enfoque interseccional. Asimismo, se aconseja establecer un sistema de etiquetado de acciones de género encaminado a dar seguimiento a indicadores y presupuestos con el fin de reducir las brechas de género; esto significa hacer explícito el grado de transformación esperado de una acción determinada. Todo lo anterior se complementa con el establecimiento de métodos de medición, verificación y reporte (MVR) de género.

Finalmente, en el marco de este modelo, el diseño presupuestario es clave para asegurar los recursos que faciliten las acciones propuestas. Se plantea que estos contemplen acciones específicas que no den seguimiento a los rubros funcionales a la reducción de las brechas, sino que faciliten y aseguren los recursos para desarrollar tanto las capacitaciones como las investigaciones en las que se relevan los datos primarios. Así se contempla un diseño de presupuestos sensibles al género.

10. Ver: http://www.transparenciaclimatica.org/en/


El diseño metodológico permite construir más y mejores capacitaciones en la medida en que se logra adecuar los formatos a cada una de las áreas temáticas clave. Desde 2019 a la fecha se ha avanzando en la implementación de este modelo metodológico, bajo el entendido de que no es una tarea sino un proceso de transformación. A continuación se presentan algunos de los puntos de entrada en cada sector, en los cuales se conjugan los avances, la articulación con los objetivos de la segunda NDC y las acciones puntuales de mitigación y adaptación que consideran aspectos de género relevantes.

Agricultura

Como se refirió extensamente en el apartado de mujeres rurales, la participación de las mujeres en el mundo agrícola a nivel formal parece restringirse al ámbito de la agricultura familiar regulada por la resolución 255/07, política pública impulsada alternativamente en función del interés del gobierno particular. Este rubro es en el que efectivamente se observa una mayor tendencia a la igualdad po-blacional, en contraste con datos del CNA en los que se muestra una alta masculinización entre las personas responsables de la producción y entre quienes trabajan en EAP. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el relevamiento desagregado “Personas integrantes de Núcleos de Agricultura Familiar (NAF)”, a nivel nacional el 48,2% son mujeres y el 51,8% son hombres.

Estudios antropológicos y etnográficos desarrollados en comunidades de productores agrícolas vin-culadas a la agricultura familiar comercial en provincias como Santa Fe identifican cómo las mujeres han sido tradicionalmente excluidas en los procesos de partición de herencias, especialmente en la distribución de la tierra (Archetti y Stølen, 1978 como se citó en Ferro, 2013, p. 59); así se corrobora “la incidencia preferencial masculina e individual de la ‘titularidad’ de la EAP, aún más importante que la mera titularidad legal sobre la tierra y que se constituye en la figura otorgadora de estatus profesio-nal” (Ibid., p. 19). Sumado a la dificultad de contar con los recursos para comprar tierras, un factor que aumenta la desigualdad es la exigencia de la designación de la figura “jefe de hogar” o la singularidad detrás de la figura del “productor”. Existe en el imaginario la idea del productor siempre como varón, adulto, propietario, patriarca. Esta figura es omnipresente en las encuestas y mediciones y se convierte en la representativa del mundo de la producción agropecuaria: “La persistencia en la identificación ‘ex-plotación/productor’ individual y masculino que subyace a las definiciones censales no permitiría iden-tificar de primera mano cuántos productores/as existen por cada parcela que forman el conjunto de la EAP individualizada” (Ibid., p. 86). Más allá de la observación metodológica, se apunta a mostrar cómo la mirada centrada en la “tenencia de la tierra” resulta simplista y problemática a la hora de hablar de las mujeres rurales y la capacidad productiva o su agencia en la agricultura.

En este aspecto también se encuentran importantes brechas, ya que es un sector profesional altamente masculinizado a pesar de que “más del 60% de los graduados de carreras como agronomía y veterinaria son mujeres pero no están siendo visibles” (Reinke, 2021). Ahora bien, resulta evidente que la aparente ausencia de las mujeres en los escenarios agro productivos se relaciona con el modelo de tenencia de tierra, con una marcada tendencia a la ruptura del vínculo entre la familia y la propiedad y en el que la relación es comercial y gestionada por fideicomisos. Las mujeres se benefician directa o indirectamente al recibir los réditos comerciales, mas no son reconocidas, o quizá no se reconocen a sí mismas, como agentes clave dentro de la gestión agropecuaria. Para otras mujeres la resistencia al modelo patriarcal se da vía migración a ciudades, mediante la emancipación y la construcción de otra identidad, en bús-queda de otra área de representación en el espacio profesional y público.

Esta descripción sobre la presencia o invisibilidad de las mujeres en el mundo rural agroproductivo sirve para dar contexto sobre cómo políticas públicas climáticas, como la estrategia nacional de descarbo-nización y la segunda NDC, constituyen espacios para reducir las brechas de género e incidir en la ges-tión climática. La estrategia nacional de descarbonización a largo plazo contempla una transformación sustancial en el modo de producción para generar estrategias de mitigación frente al cambio climático.


Sin embargo, una barrera para la transformación de las lógicas agroproductivas, su relación con la in-tegración de la perspectiva de género y la respuesta efectiva a los desafíos del cambio climático está presente en la reticencia de buena parte del sector agroproductivo a modificar sus pautas de relaciona-miento, gestión y producción. A nivel nacional, las cámaras de productores y el sector agroproductivo denuncian un tipo de lobby internacional que, de la mano de las redes sociales y la desinformación, problematiza innecesariamente el modelo de producción ganadera y agrícola11. Un análisis del modelo realizado por FARN en 202012 identifica ciertas problemáticas de orden socio ambiental relevantes en el análisis de género. Estas son:

• Alto uso y dependencia de insumos externos. La expansión y el sostenimiento del modelo de agricultu-ra están basados en la utilización de agroquímicos y fertilizantes sintéticos. Esto afecta directamente la salud de las personas trabajadoras de EAP y a las poblaciones que viven en zonas aledañas. En Argenti-na se han documentado ampliamente los efectos de los agroquímicos en la salud infantil y en general de la población (Avila-Vazquez et al., 2018; Sociedad Argentina de Pediatría, 2021). Esto afecta diferen-cialmente a las mujeres en virtud del trabajo de cuidado que demandan las personas con afecciones de salud o aquellas que viven con afectaciones en sus capacidades.

• Reducción de la capacidad productiva de los suelos. Procesos de degradación y afectación que inciden en la calidad de la producción y la eficiencia del uso de los fertilizantes.

• Avance de la frontera agropecuaria. Este es quizás el punto de mayor tensión entre la política de bosques y de cambio climático y las políticas de promoción del campo. El aumento permanente de la superficie de tierra para producción agropecuaria va en detrimento de la diversidad, conectividad y re-siliencia de los ecosistemas naturales. La expansión del modelo va de la mano con otros eventos como las quemas de humedales y los incendios forestales, lo que genera profundas afectaciones al sistema natural de provisión y regulación hídrica. Adicionalmente, este modelo amenaza tanto a las comunida-des y los pueblos originarios como a los actores del modelo de pequeña producción, sobre quienes se ejercen presiones para vender la tierra. En todos estos sectores las mujeres cuentan con menor empo-deramiento para hacer frente a estos desafíos.

• Creciente concentración de la tierra, con un fuerte impacto en la desigualdad en la titularidad y capa-cidad de gestión autónoma de las mujeres.

• Alta proporción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esto se calcula por el efecto com-binado de las emisiones de bovinos, la deforestación asociada, el manejo de excretas y la dependencia del uso de combustibles fósiles asociados a la producción y a las fuentes de la matriz energética.

El análisis de género desarrollado por Menna (2020) con la metodología de integración de la perspec-tiva de género en el plan de acción de cambio climático del sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) identifica las siguientes brechas:

- Marco legal insensible al género. - Falta de datos desagregados por género. - Invisibilización del rol de las mujeres. - Segmentación y segregación en el mundo del empleo. - Violencia contra las mujeres. - Baja participación en las mesas de decisión.

11. Por una parte, los productores usan el nacionalismo de las emisiones para señalar que los sectores agrícolas y ganaderos de Argen-tina aportan menos de un 0,1% de las emisiones globales y que, por ende, no pueden reducir su crecimiento. Por otra parte, como gremio se sienten amenazados por los cambios de tendencias en respuesta al cambio climático “por acción de activistas o en las redes sociales en donde se van incrementando los cuestionamientos y culpabilizando cada vez más a la ganadería y a la producción de animales y en los documentales, que tienen información muy sesgada y sensacionalista”. Testimonio de Adrián Bifaretti en “Consumo: Frente a la dificultad de navegar en un océano de información contrapuesta. (11 de septiembre de 2021). La Nación, p. 5. 12. FARN (2020). Consideraciones para el sector de AFOLU para una estrategia de descarbonización de largo plazo argentina.


- Régimen de tenencia de la tierra que no brinda (a las mujeres) acceso garantizado. - Problemas con la infraestructura de agua. - Deficiencias en la conectividad e inclusión digital. - Precaria inclusión financiera.

En términos de política climática, en la segunda NDC se establece como meta sectorial el “manejo sostenible y resiliente de agroecosistemas que contribuyan al logro de la seguridad alimentaria frente a los impactos del cambio climático”. Esta medida de adaptación, con co-beneficios de mitigación, ade-cuadamente gestionada puede tener un impacto diferencial por género, no solo al abordar el riesgo climático sino por la centralidad de los temas de seguridad y soberanía alimentaria en las temáticas sensibles al género.

Sector forestal

La inclusión de la perspectiva de género en la gestión climática de los bosques es abordada por orga-nismos internacionales especializados, organizaciones de mujeres vinculadas a la acción ambiental y de desarrollo, activistas y académicas que buscan visibilizar el importante rol de las mujeres en el conocimiento, el manejo y la protección de los bosques.

La preservación de los bosques es central en las estrategias de descarbonización del desarrollo, el com-promiso de protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. En la actualidad los bosques se encuentran amenazados por causas humanas como la deforestación con fines de cambio en el uso del suelo (adecuación para agricultura, ganadería, obras de infraestructura, desarrollos inmobi-liarios, etc.), así como por los procesos de degradación, los cambios en la humedad relativa y las sequías que facilitan los incendios forestales que consumen anualmente cientos de hectáreas de bosques nati-vos en el mundo. Este fenómeno, a veces causado por personas, otras tantas veces causado por motivos naturales, constituye un doble motor de emisiones que no solo genera partículas contaminantes, sino que fulmina ecosistemas completos de difícil recuperación natural.

La inclusión de género en las estrategias para la protección de bosques y la gestión forestal suele sus-tentarse en los siguientes argumentos:

• La participación amplia de las mujeres a título individual y colectivo es un elemento central en la go-bernanza forestal, facilita la consecución de recursos internacionales y genera mejores mecanismos de monitoreo y seguimiento.

• Incluye diferentes tipos de conocimientos sobre el uso y acceso de los recursos forestales, ligados mu-chas veces a prácticas (y medios de vida) sostenibles como la producción forestal no maderable.

• Aumenta la eficiencia y eficacia de los programas de desarrollo ligados a la preservación de los bos-ques en la medida en que fomenta un desarrollo sostenible. Esto también es aplicable a todos los pro-cesos de restauración ecosistémica promovidos en territorio.

De acuerdo con la segunda NDC, Argentina cuenta con una superficie de bosque nativo de 53.654.545 hectáreas, distribuidas en una amplia variedad de climas y territorios que conforman siete regiones forestales: Selva Paranaense, Yungas, Parque Chaqueño, Espinal, Bosque Andino Patagónico, Monte y Delta e Islas del río Paraná. Todas y cada una de estas regiones están sometidas a diferentes presiones tanto humanas como naturales que afectan la integridad ecosistémica y la salud de los bosques. Aparte, el país cuenta con una política de plantaciones forestales comerciales que no se contemplan como un eje de acción climática. Ahora bien, uno de los grandes retos a nivel nacional tiene que ver con


la armonización de las leyes federales y provinciales respecto del manejo de los recursos naturales. Por ende, es fundamental el rol de coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, y las instancias técnicas de acompañamiento que pueden incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus labores. En la segunda NDC, en lo relacionado con los bosques nativos, se establece que “se contará con capacidades para su gestión sostenible y su preservación con base en un enfoque de inclusión social. Se adoptarán herramientas más eficaces para el monitoreo y la planificación, y se promoverá́ el aprovechamiento sostenible del bosque agregando mayor competitividad en las cadenas de valor madereras y no madereras (…); se aumentarán los proyectos de planificación a escala de paisaje a través de Planes de Cuencas Forestales y Planes Integrales Comunitarios (PIC), se implementará el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), y se ampliará el sistema nacional de extensión forestal y el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT)” (MAyDS, 2020, p. 21). Otras medidas destacables que tienen potencial para reducir las inequidades sociales y de género son la conservación de paisajes productivos y el manejo sostenible de los bosques.

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+)

El sector forestal y la gestión de los bosques nativos son áreas centrales en la mitigación del cambio climático por la capacidad de captura y fijación de carbono que ofrecen los bosques y por ser éstos eco-sistemas que resguardan la diversidad biológica. En el marco de la COP16 de Cancún se conmina a las partes a elaborar planes de acción y estrategias que tengan en consideración el género en aspectos ta-les como la tenencia de la tierra y la gobernanza forestal, centrales en la definición de las salvaguardas.

La protección de los bosques es parte de los compromisos internacionales de Argentina. En términos de mitigación, en la COP16 se establece que las mujeres, junto con las infancias, son grupos vulnerables, y se conmina a los agentes encargados de desarrollar programas de Reducción de Emisiones por Defo-restación y Degradación de los Bosques (REDD+) a incluir enfoques de política e incentivos que tengan en cuenta consideraciones de género, así como las consecuencias diferenciales de su aplicación. Los programas REDD+ fueron diseñados para cubrir cuatro componentes que permiten definir estrategias para mitigar el cambio climático mediante la protección de los sistemas boscosos de captura y fijación de carbono, asegurando la salud e integridad de los diferentes tipos de bosques. A su vez, los programas REDD+ apuntan a la reducción de la presión sobre estos ecosistemas mediante mecanismos de com-pensación por captura, ya sea a través de acuerdos voluntarios de conservación o pago por resultados. El análisis de género es central en la planificación, el diseño y la implementación de iniciativas REDD+, ya que hombres y mujeres tienen diferentes tipos de roles y actividades en función del manejo forestal, dados por las estructuras de género en cada contexto. A su vez, se entiende que la protección de los bosques es una tarea colectiva de la cual participan hombres y mujeres de diferentes edades.

Los beneficios de integrar la perspectiva de género en las iniciativas REDD+ son los siguientes:

• Conocimientos específicos, habilidades y experiencias de las mujeres y los hombres de diferentes eda-des que hacen uso de los recursos forestales. Se contemplan los distintos roles, derechos y responsa-bilidades de hombres y mujeres, así como su acceso al uso de modalidades y conocimientos sobre los bosques.

• Información precisa sobre los propulsores de la deforestación y la degradación forestal.

• Medidas con eficiencia garantizada para la gestión sostenible, conservación y restauración de los bosques.

• Mejoras en la distribución equitativa de beneficios de REDD+.

• Coherencia garantizada con el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos.


Ahora bien, en Argentina desde 2009 se desarrollan los diálogos tempranos sobre REDD+, antecedidos por los procesos participativos desarrollados en el marco de la preparación de la Ley 26.331 de Presu-puestos Mínimos de Protección Ambiental del Bosque Nativo que organizaba la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el marco de REDD+, se exige la inclusión de la perspectiva de género tanto en el proceso de definición del trabajo como en los resultados esperados y en el cumpli-miento de las salvaguardas nacionales. Durante la fase de preparación del programa se desarrollaron una serie de encuentros (rondas regionales de intercambio) para primero identificar las áreas estratégi-cas de trabajo en cada territorio y, posteriormente, discutir más en detalle el alcance de las medidas y acciones propuestas en el marco de la política. En este espacio de gobernanza se encontraron actores clave de diversos sectores, como productores agropecuarios, representantes de la industria forestal, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, la academia y representantes de los pueblos originarios. En este sentido, REDD+ facilitó la definición de la política pública de bosques, expresada en el Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático de 2018.

En el marco del programa se produjo, además, una guía específica para la gestión de bosques y cambio climático con enfoque de género. Este documento ofrece un marco analítico y conceptual aplicable al nivel local y regional que contempla la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisión sobre los bosques, que las medidas contra la deforestación y la degra-dación afectan los medios de vida de hombres y mujeres, y el empoderamiento de las mujeres en la gestión de sus territorios (MAyDS, 2021).

Como resultado de la gestión del programa REDD+ en Argentina, el país se postuló a una donación del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) para proteger los bosques nativos. Esta entidad exige que se realicen análisis de género sobre los procesos y se adopten planes de acción de género como parte de la iniciativa, lo que incluye por ejemplo el desarrollo de 95 planes integrales comunita-rios para fortalecer los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas.

Sector energético

En Argentina el sector energético es el mayor responsable de las emisiones de GEI dada la alta depen-dencia de termoeléctricas (66% del total de generación) que funcionan a partir de combustibles fósiles (Camessa, 2020). El país cuenta con un amplio mercado de empresas generadoras de energía eléctrica, tanto de fuentes renovables como no renovables. A su vez, existen políticas públicas para la generación distribuida, especialmente en zonas desconectadas de la matriz eléctrica nacional.

Varios estudios, tanto académicos como técnicos, señalan que una de las mayores limitantes para la expansión de la energía distribuida (generada a partir de fuentes renovables y con un importante vín-culo comunitario con la población beneficiada) es el alto costo de los equipos fotovoltaicos, que en la actualidad deben ser financiados por el usuario interesado en realizar el cambio por una tecnología verde (Jacinto y Carrizo, 2018; Rabinovich, 2013; Durán y Comdori, 2019). Existe un fuerte incentivo económico para que los usuarios sostengan la conexión al sistema eléctrico termogenerado porque, a pesar de los cambios en el régimen tarifario, los costos son relativamente bajos frente a los de otros países de la región. Un análisis realizado por Contreras para CEPAL señala que en Argentina, como en otros países de la región, el diseño de tarifa no se estructura en razón de las características del consumo, lo que permite introducir mayores subsidios cruzados que influyen en el nivel de las tarifas, por ende en el valor del servicio (Calderón, 2020, p. 25).

Son muchos los vínculos entre el campo de la provisión de energía eléctrica y la perspectiva de género, teniendo siempre en cuenta que existen grandes brechas en términos de acceso, uso y posibilidades de control sobre la energía eléctrica como recurso esencial, especialmente en los medios urbanos. La ener-gía eléctrica no es solo un servicio público sino un derecho que faculta el desarrollo de actividades, el


sostenimiento de medios de vida, la producción y el conocimiento. En este sentido, es central reconocer que, en cada contexto, hombres y mujeres interactúan de forma diferente con las tecnologías a las que tienen acceso. Por ende, la perspectiva de género es central para entender cómo reducir brechas en el acceso a partir de la gestión pública, la generación distribuida y los efectos de la pobreza energética. Existe otra importante dimensión que tiene que ver con el fomento de la participación de las mujeres en las instancias técnicas y de decisión sobre los temas energéticos. A nivel global y nacional existen importantes organizaciones e iniciativas que vinculan mujeres con la gestión energética, entre las que se destacan ENERGIA - International Network on Gender and Sustainable Energy; la Organización Lati-noamericana de Energía (OLADE); la International Renewable Energy Agency (IRENA); y, a nivel nacio-nal, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables (AMES). En esta línea podemos identificar dos frentes de análisis del vínculo entre mujeres y la provisión de energía eléctrica: cómo las condiciones de acceso y el uso de la energía afectan diferencialmente a hombres y mujeres, y cómo las mujeres se han ido vinculando en el sector energético y sus aportes para la transición energética hacia fuentes limpias.

Género y acceso a energía

La inclusión de la perspectiva de género en cualquier análisis parte por preguntarse por las desigual-dades en el acceso, uso y control de los recursos. Con respecto a la energía, se identifican los siguientes puntos de entrada para abordar el vínculo (Rojas y Siles, 2014):

• En escenarios en los que no hay provisión de energía eléctrica, mujeres y hombres desempeñan di-ferentes roles en el sistema, siendo las mujeres las encargadas de recolectar la biomasa (leña, carbón, etc.) necesaria para asegurar el combustible de la cocción. Este medio, asequible para las poblaciones más pobres, es nocivo tanto para la salud de las mujeres como para el sostenimiento de las fuentes vegetales y para la seguridad personal.

• Las mujeres cuentan con menor acceso que los hombres a la propiedad de la tierra, el crédito, la capacitación y el empoderamiento, lo que redunda en mayores dificultades para acceder a servicios energéticos y otros beneficios ligados al sostenimiento de los medios de vida.

• Las mujeres y los hombres manejan distintos tipos de conocimientos y experiencias de la energía, ya sea a través de sus roles tradicionales, sus nuevos roles no tradicionales (como jefas de hogar) o como profesionales del sector energético.

• Las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir pobreza energética, definida como “la in-capacidad de cocinar con combustibles de cocción modernos y la ausencia de un mínimo esencial de iluminación eléctrica para leer o para otras actividades productivas y del hogar al ponerse el sol”.

• La carencia de fuentes de energía disponibles reduce el potencial de empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento y de actividades generadoras de ingresos.

• El acceso a energía eléctrica y uso de electrodomésticos favorece el desempeño de actividades pro-pias del cuidado como el mantenimiento de la ropa, la preparación de alimentos y la limpieza, labores que permanecen como responsabilidad mayoritaria de las mujeres.

• La energía eléctrica es indispensable para garantizar la conectividad, un activo que hoy es esencial para las comunicaciones, el empoderamiento, la generación de conocimiento y la acción política.

En los ámbitos urbanos la energía eléctrica está prácticamente asegurada para la población, sea for-malmente o mediante conexiones ilegales. El mayor problema de acceso a energía eléctrica se da en zonas apartadas, rurales y donde no se hacen inversiones estratégicas para garantizar soberanía energética. La propuesta para contrarrestar estas falencias es la energía distribuida. En Argentina, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) es el encargado de brindar acceso a


energías renovables mediante la provisión de sistemas fotovoltaicos en hogares, escuelas, EAP y peque-ños núcleos poblados.

Inclusión de las mujeres en el sector energético

El campo de la energía sostenible favorece el empoderamiento de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, dado que la posibilidad de contar con energía eléctrica de calidad alivia las deman-das causadas por cortes o sobrecargas en el servicio. Toda solución a problemas climáticos vinculados con viviendas tiene un efecto positivo en la calidad de vida de las mujeres, quienes tradicionalmente se ocupan de trabajos del cuidado, pasan más tiempo en la vivienda y gestionan el consumo eléctrico coti-diano. No obstante, existen otros impactos de la generación de energía distribuida relativos al potencial de transformar patrones tradicionales de género, al vincular activamente a mujeres como parte del personal a ser capacitado para la instalación y el mantenimiento de los sistemas de energía solar foto-voltaica. El fortalecimiento de capacidades técnicas y laborales en el ámbito de las energías renovables no solo promueve la inclusión de las mujeres en un sector con amplio desempeño técnico-laboral, sino que a su vez permite diversificar las áreas en las que tradicionalmente se identifican los beneficios de las energías renovables, por ejemplo mediante el desarrollo de futuras soluciones basadas en energías limpias.

Si bien no hay una política pública formal que fomente la participación de las mujeres en los escenarios de transición energética, existen dos características de la inclusión de mujeres en el sistema técnico que, en paralelo, facilitan esta vinculación. Por un lado, pese a la marcada segmentación poblacional de los bachilleratos técnicos, por ejemplo, el número de mujeres involucradas en carreras STEM en Ar-gentina es mayor al de otros países de la región (PNUD, 2020). Este cambio en la orientación profesional favorece indirectamente la vinculación de mujeres en el sector de las energías renovables. Un estudio próximo a ser publicado por AMES con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que, aunque históricamente han existido mujeres vinculadas a los sectores más “clásicos” de genera-ción —termo e hidroeléctrica—, hoy hay una mayor vinculación en el sector de renovables, sea porque su novedad viene acompañada de menos barreras para el ingreso y la permanencia en este mercado laboral o porque, en efecto, las dinámicas de relacionamiento son diferentes a las de sectores más mas-culinizados. De acuerdo con “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2019-2020”, publicado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (2021), solo el 37,3% del total de estudiantes de ciencias aplicadas son mujeres13. Paralelamente, el informe de IRENA sobre mujeres en el sector de energías renovables muestra que, aunque a nivel global se crearon cerca de 11 millones de empleos, solo 32% son de mujeres y, entre ellas, el 45% se desempeña en trabajos adminis-trativos (Balestro, 2020).

La producción de datos de calidad parece ser otro reto para visibilizar el rol de las mujeres en la gestión y el impulso de las energías renovables. Pese a esa falencia, hay datos que muestran la baja participa-ción de mujeres en diferentes fases de los proyectos de energía renovable. De acuerdo con información extraída de la ronda 3 del programa RenovAR, las mujeres están más presentes en las fases de opera-ción y mantenimiento que en la etapa de construcción de la infraestructura de energía (Balestro, 2020). No se cuenta con datos conclusivos acerca de la participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones. El trabajo de AMES persigue, entre otros, el objetivo de documentar de una manera más sistemática las barreras y las oportunidades para trascender tanto en el terreno técnico como en los puestos directivos. Adicionalmente, a través de esta asociación se promueve un sistema de mentorías profesionales para brindar apoyo y fomentar el intercambio con las jóvenes interesadas en involucrarse en el sector. En este marco también se avanzó en el diseño y desarrollo de instrumentos propios para la medición de las brechas, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Y se profundizó no solo en las temáticas relativas a la inclusión de las mujeres en el sector, sino también respecto de las implicaciones del género en el ámbito de trabajo relacionado con la adaptación al cambio climático.

13. Ver: https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-mujeres-superan-en-mas-del-10-los-varones-en-cantidad-de-estudiantes-y-en-egresadas-en


Integración de género en planes locales de acción climática

La Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) desa-rrolla en la actualidad un proyecto llamado “Inclusión del Enfoque de Género en los Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático (PLAC) en la región Neuquén-Río Negro, auspiciado por la Iniciativa Transformativa de Género en Resiliencia e Interseccionalidad en Políticas y Prácticas (GRRIPP, por sus siglas en inglés), parte de University College London. En el marco de esta iniciativa, un grupo de especia-listas en género acompaña al equipo técnico de RAMCC para brindar asesoría y apoyo en la transversa-lización de género. El trabajo contempla fortalecimiento de capacidades, acompañamiento técnico en la formulación de los planes locales de adaptación y el desarrollo de acciones de gobernanza climática, inicialmente en cuatro municipios.

Iniciativas locales como esta pueden servir como anclaje territorial para el monitoreo y seguimiento de los procesos nacionales, a través de la coordinación política y temática de las entidades descentraliza-das con acción pertinente. Esto, además, involucra a la sociedad civil, por cuanto la RAMCC promueve la participación ciudadana en la reducción de las emisiones.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Argentina es uno de los países en los que la movilización feminista ha logrado trascender el ámbito civil, apoderarse del espacio público e incidir no solo en políticas públicas fácilmente vinculadas a la vida de las mujeres, sino también en el extenso ámbito de los Derechos Humanos. Cada generación ha asumido los retos y problemáticas que le son pertinentes, y en la actualidad la crisis climática convoca no solo la movilización y acción de las mujeres, sino también la de las niñas y adolescentes.

Los resultados presentados en este reporte dan cuenta de un paulatino cambio en el diseño y la gestión de políticas ambientales y de género que refleja la importancia de las temáticas en la agenda pública nacional y global. Por una parte, se da una respuesta, en términos de políticas, a la demanda permanen-te e histórica por la igualdad que finalmente se materializa en una entidad política de nivel ministerial que comienza a articularse con programas sectoriales para avanzar en la integración del enfoque de género. Por otra parte, el diseño de una metodología para integrar la perspectiva de género en la ges-tión climática busca trascender el clásico enfoque de promover la participación de las mujeres para, en lugar de eso, orientar una transformación de los paradigmas que ordenan los procesos de toma de de-cisiones de forma tal que se contemplen de manera integral las inequidades de género. Los principales retos recaen en la implementación, el seguimiento y la evaluación de la metodología, una vez puesta en marcha de manera funcional.


Las razones que promovieron la adopción de la metodología esgrimen dos factores: por un lado, la voluntad política de fortalecer la presencia de mujeres comprometidas con la igualdad en roles clave dentro del poder ejecutivo y la creación del MMDG; por otro, el impulso del sentimiento feminista entre mujeres en posiciones técnicas, administrativas y operativas de poder, entre quienes el trabajo se consi-deraba separado de su acción política en pro de la igualdad. En este sentido, la vinculación de mujeres y personas feministas favoreció la igualdad y contribuyó al auto reconocimiento de las trabajadoras como feministas en cuanto a su interés por favorecer el avance en la igualdad de género. Este proceso permitió avanzar en el fortalecimiento de capacidades, la problematización de ciertas políticas que inadvertidamente podían aumentar las brechas, y la producción de datos de calidad para hacer segui-miento y evaluación.

El siguiente paso es trascender los espacios urbanos y de la capital. La articulación de estas iniciativas con los andamiajes en territorio —provinciales y locales— es el nuevo reto a superar. El escenario de las desigualdades es mucho más complejo en ciertos espacios donde el feminismo es aún una palabra que escandaliza o se considera un elemento negativo en el desarrollo del trabajo. A su vez, son territorios en los que se tiende a minimizar el impacto negativo de la desigualdad de género en tanto se lo naturaliza o considera parte de los valores tradicionales a defender. En este sentido, es menester propiciar más y mejores diálogos temáticos, tanto a nivel de la sociedad civil como de las instituciones públicas, para favorecer dichos cambios, de modo que contrarresten las tensiones entre el poder del gobierno central y la autonomía de las provincias. Acciones de política ambiental como la protección de las fuentes de agua, de los glaciares, la gestión de los bosques, los títulos y la explotación de la minería y la adminis-tración de tierras fiscales son asuntos de interés nacional que se encuentran bajo la potestad de las provincias. “Estas importantes cuestiones quedan atrapadas en la lógica neoliberal que las considera meros ‘recursos’ subalternizados a los sectores concentrados de la economía y de la producción agra-ria” (Ferro, 2013, p. 56).

El panorama de las inequidades en términos de acceso, uso y control sobre los recursos demuestra que la desigualdad de género intersecta con la desigualdad de clase, lo cual redunda en diversas manifes-taciones de la pobreza, la negación de los derechos y en mayores impactos relacionados con la crisis climática. Se requiere entonces avanzar en acciones preventivas de desastres climáticos que no solo afectarán a las poblaciones más vulnerables sino que requerirán de una inusitada y, quizá, recurrente inversión en términos de reconstrucción de los medios de vida sostenibles. Legislaciones como la Ley 27.604 de Manejo del Fuego requieren de una implementación sensible a las desigualdades de género, clase, origen y pertenencia étnica, de forma que la protección de los ecosistemas no aumente las des-igualdades presentes.

En términos específicos de los planes de acción, es necesario fortalecer y diversificar la agricultura familiar, que es central en la soberanía y seguridad alimentaria, con una vocación de sostenibilidad y mayor impacto en la tendencia a la igualdad de género e intergeneracional. Este fortalecimiento no solo debe ser político sino técnico,lo que significa robustecer las cadenas de valor para el consumo local y la reducción de costos asociados al transporte, mejorar las oportunidades de transformación de las materias primas, y propiciar los mercados locales y la adquisición de sus productos de manera prioritaria. Ahora bien, en términos de políticas se debería fomentar un cambio conceptual en la forma en que se conciben la propiedad rural y su modelo de gestión. Con referencia al sector de agricultura familiar de tipo comercial, “hay que ofrecer medidas contundentes desde el sector público y privado, que incrementen la implicación productiva y el desarrollo profesional de las propietarias en el espacio rural, para garantizar la perdurabilidad de la agricultura familiar en tanto institución socio histórica clave del desarrollo rural argentino, cuya continuidad aparece muy amenazada” (Ferro, 2013, p. 95). Se hace entonces necesario desentrañar las pautas de género englobadas detrás de las mediciones de la EAP, para poder cuantificar y rastrear el trabajo doméstico no remunerado en el ámbito rural y propiciar su reconocimiento. También es necesario problematizar la figura de “Jefe de hogar” que asume una normalidad en el liderazgo masculino y no permite habilitar una concepción compartida —cotitula-ridad— del poder y de la autoridad para tomar decisiones. Esto también se refleja en los procesos de


titulación de tierras, las prácticas de manejo de herencias y otras formas de caracterizar a las personas dedicadas al trabajo agrícola que tienden a centralizar la figura de autoridad, excluyendo de facto a quienes “comparten” su entorno.

El peso de la tradición, el éxito económico y la injerencia política “del campo” en Argentina suponen una gran barrera en lo relativo a la reducción de emisiones en el sector rural, que autopercibe el modelo agrícola actual como de respuestas avanzadas en términos de adaptación de tecnología y medición y control de las emisiones. En base a esta lógica, existe un factor más alto de eficiencia con potencial de reducción de emisiones dentro de un marco de promoción de la agricultura comercial de gran escala, que provee cerca del 60% de los dividendos del país. Si bien estos logros son destacables en términos de medición y reducción de las emisiones, este modelo es bussiness as usual, agricultura comercial en la que no se permite siquiera discutir el marco de inequidades socioeconómicas que subyace en el modelo agroexportador, como tampoco se discute el desplazamiento de factores de emisión ligados al desmonte, la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola. Los avances técnicos son solo una parte menor de los cambios necesarios para alcanzar las metas climáticas.

La existencia de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) provee de una buena base técnico-cientí-fica para sustentar con datos la transformación de paradigmas productivos. Se requiere entonces que, en el marco de su acción, se promueva un trabajo colaborativo con profesionales de las ciencias so-ciales que brinden herramientas prácticas para abordar integralmente los problemas resultantes de la desigualdad y la exclusión. El trabajo colaborativo, interdisciplinario y mancomunado puede propiciar la generación de alternativas metodológicas que aúnen los esfuerzos para reducir tanto las desigualda-des como los impactos del cambio climático. La producción de conocimiento situado y adecuado a las preguntas de cada contexto es una herramienta clave para disminuir la vulnerabilidad climática.

Es también aconsejable que se adopte de manera integral el contenido de la Recomendación General 37 (RG37- 2018) sobre las dimensiones de género en la reducción del riesgo de desastres en el contexto de cambio climático de la CEDAW, que establece la necesidad de contar con datos desagregados que den cuenta de los impactos diferenciales, coherencia en las agendas políticas, el desarrollo de capaci-dades y el acceso a tecnologías así como su vinculación con los derechos humanos, especialmente el derecho a una vida libre de violencias.

El impacto de la pandemia por COVID-19, aún desconocido en su verdadera magnitud, ya es palpable en términos económicos, sociales, políticos y culturales. En medio de la gestión de la crisis sanitaria se hizo evidente la vulnerabilidad de los estados neoliberales frente a amenazas no convencionales, pro-piciadas por el deterioro ambiental. Otras, como la polución del aire, la escasez de agua, las plagas que dañan cosechas, no solo perjudican los ecosistemas sino que redundan directamente en más trabajo no remunerado para las mujeres, lo cual incide negativamente en sus vidas y proyectos. Por consiguiente, es central reforzar la idea de que los cuidados son un eje transversal de acción que debe tenerse en cuenta en toda propuesta de política pública. En este sentido, el involucramiento y la participación de las mujeres en las acciones protectoras de la naturaleza, en el cuidado de la naturaleza, no puede ser una oportunidad más para alargar el listado de tareas incluidas en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Por el contrario, debe prevalecer un abordaje en el que se dé prioridad a la sostenibi-lidad de la vida, al rol fundamental del cuidado en el sostenimiento de los otros sistemas (productivo, político, social, etc.), especialmente en los momentos de crisis. Esto solo es posible si las mujeres que hacen parte de los gabinetes e instancias de toma de decisiones asumen la centralidad de la sostenibi-lidad de la vida como parte fundamental de su derrotero de trabajo.

Si el país logra apropiar la segunda NDC como una política de Estado y no de gobierno, es posible que se alcancen varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aun en un escenario incierto, rotun-damente impactado por la pandemia de COVID-19, en el que se han exacerbado las tensiones político simbólicas entre sectores que descreen de la ciencia, radicalismos políticos antiderechos y grupos ne-


gacionistas del cambio climático. Recientemente se ha explorado de qué manera el posicionamiento y la performance de gobernantes de derecha, expresados mediante un despliegue de “masculinidad tóxica” —con narrativas de odio, miedo o ira—, operan de manera similar frente a la COVID-19 y el cam-bio climático (Agius et al., 2020). Importantes sectores económicos, con poder masivo de comunicación a través de sus medios, fomentan el descreimiento frente a los impactos de la ganadería, del modelo extractivista agroexportador y el cambio progresivo en el uso del suelo (Mira, 2021).

El avance en la agenda de derechos de las mujeres y la diversidad de géneros viene acompañado de fuertes embates de la hegemonía patriarcal, resiliente y aleccionadora. Una de las principales barreras a superar en el camino hacia la igualdad son las fracturas al interior de los movimientos feministas y la resistencia simbólica a la inclusión. Para ello es imperativo continuar trabajando con y por los hombres que han empezado a romper el pacto del patriarcado, que adscriben a la lucha por la igualdad y que evidencian que el mandato patriarcal también les violenta como hombres. Resulta problemático abo-gar por la igualdad y demandar simultáneamente la existencia de espacios segregados para mujeres; sin embargo, existe una tendencia a la autoexclusión de los hombres cuando las temáticas incluyen la cuestión de género. El diálogo y el trabajo con hombres, mujeres y personas con diversas expresiones de género y orientaciones sexuales es clave para derribar las barreras simbólicas erigidas sobre la base del sistema jerárquico de género. Esta inequidad está tan naturalizada entre quienes toman decisiones políticas y técnicas (literalmente los tomadores de decisiones) que no les resulta necesario indagar por su existencia, y cuando la comprueban actúan con sorpresa. Asimismo, testimonios de múltiples muje-res en cargos técnicos, de dirección y coordinación confirman que en su quehacer son constantemente interpeladas para demostrar idoneidad y un desempeño sobresaliente.

En conclusión, pensar el género es reflexionar sobre una macroestructura de poder y dominación en la que existe un superior jerárquico asociado a lo masculino, a la producción, a la transformación del paisaje, el mundo de lo público, la imposición de la voluntad mediante el ingenio y la fuerza física. En contraposición se encuentra lo femenino, asociado con la reproducción, el cuidado, las funciones de apoyo y soporte, el ámbito privado y familiar y la capacidad de adaptación frente al deseo masculino. Este modelo de pensamiento binario ayuda a comprender de qué manera el cuidado de la naturaleza y la gestión ambiental son áreas feminizadas de la política pública. Se las identifica como feminizadas en la medida en que no ocupan un lugar central en los procesos de toma de decisiones (como sí por ejemplo la política de defensa, la productividad o el crecimiento económico); el cumplimiento de sus objetivos está subordinado a la flexibilidad de otras prioridades, se las considera como áreas de soporte más vinculadas al cuidado de la naturaleza y la reproducción social que al ámbito productivo y trans-formador. En muchos contextos lo ambiental es un área de alta concentración de mujeres, lo cual no significa que todas ellas apliquen un enfoque de género en su trabajo o sean feministas. Idealmente se debe avanzar hacia propuestas que integren el crecimiento social y económico y garanticen la sosteni-bilidad de la vida.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agius, C., Bergman Rosamond, A. y Kinnvall, C. (2020). Populism, Ontological Insecurity and Gendered Nationalism: Masculinity, Climate Denial and Covid-19. En: Politics, Religion & Ideology, 21:4, 432-450. Routledge.

Avila-Vazquez, M., Difilippo, F., Lean, B. , Maturano, E. y Etchegoyen, A. (2018). Environmental Exposure to Glyphosate and Reproductive Health Impacts in Agricultural Population of Argentina En: Journal of Environmental Protection, 9, 241-253.

Balestro, F. (2020). Transición energética y brecha de empleo: las energías renovables no son la excep-ción. En El Cronista. Disponible en: https://www.cronista.com/economia-politica/Transicion-energeti-ca-y-brecha-de-empleo-las-energias-renovables-no-son-la-excepcion-20200310-0040.html

Bloj, C. (2017). Trayectorias de mujeres. Educación técnico profesional y trabajo en la Argentina. Serie Asun-tos de género. CEPAL y Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/41230-trayectorias-mujeres-educacion-tecnico-profesional-trabajo-la-argentina

CAMESSA (2020). Informe mensual, principales variables del mes (Noviembre). Disponible en: https://microfe.cammesa.com/static-content/CammesaWeb/download-manager-files/Sintesis%20Mensual/In-forme%20Mensual_2020-11.pdf

Canto Chac, M. (2008). Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo. En: Política y cultura, Volumen 30, pp 9-37.

Casas Varez, M (2017). La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina. Síntesis de políticas públicas sobre Cambio Climático. Euroclima y CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/41101-la-transversalizacion-enfo-que-genero-politicas-publicas-frente-al-cambio

Castañeda Camey, I., Sabater, L., Owren, C. y Boyer, A.E. (2020). Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente: la violencia de la desigualdad. Wen, J. (Ed.).UICN. Disponible en: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-Es.pdf

CEPAL ARGENTINA- Perfil País. Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe https://oig.cepal.org/es/paises/5/profile

Contreras, R. (2020) “Análisis de las tarifas del sector eléctrico: los efectos del COVID-19 y la integra-ción energética en los casos de la Argentina, Chile, el Ecuador, México y el Uruguay”, serie Recursos Naturales y Desarrollo, N° 199 (LC/TS.2020/146), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Wo-men of Color. En: Stanford Law Review, 43 (6), pp. 1.241-1.299.

Durán, R. y Comdori, M. (2019). Evolución de la pobreza energética en Argentina durante el período 2002-2018. Oportunidades para las energías renovables. En: Extensionismo, innovación y transferen-cia tecnológica, Vol. 5 pp. 430-437. Disponible en: https://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/3780/0

FARN (2020). Consideraciones para el sector de AFOLU para una estrategia de descarbonización de largo plazo Argentina. Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/01-FARN-Consideracio-nes-para-el-sector-de-AFOLU-para-una-estrategia-de-descarbonizacion-de-largo-plazo-argentina.pdf


Ferro, S (2013). Género y Propiedad Rural, República Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Unidad para el Cambio Rural.

Fröhlich, C., y Gioli, G. (2015). Gender, Conflict, and Global Environmental Change. En: Peace Review, (27 de julio) 137–146.

Guzmán Arroyo, A. (2019). Descolonizar la memoria. Descolonizar feminismos. Tarpuna Muya.

Habtezion, S (2016). Gender and Climate Change. Overview of linkages between Gender and climate change. United Nations Development Programme.

INDEC (1998) Situación y Evolución Social – Síntesis Nº 4. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Disponible en Glorasario https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Glosario

(2021). 8M día internacional de la mujer. Dossier estadístico. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M_2021.pdf

(2021) Mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) segundo trimestre de 2021. Trabajo e ingresos Nº5, Vol 5. Ministerio de economía Argentina.

Jacinto, G., Carrizo, S., Gil, S. (2018). Energía y pobreza en la Argentina. En: Protecnia. Revista del Insti-tuto Argentino del Petróleo y del Gas, 3, 26-30. Disponible en: http://www.petrotecnia.com.ar/junio18/Petro_3-18.pdfMAyDS (2020). Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, República Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/contribucion-nacional

MAyDS (2021). Guía para la integración de la perspectiva de género en la gestión de bosques y cambio climático. Herramientas para la implementación de las salvaguardas de REDD+ en el terreno. Ministe-rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cam-bio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas

Menna, F. (2021). Incorporación del enfoque de género y diversidad en CBIT Argentina y Planes de Acción y Cambio Climático [Webinar]. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Gabinete Na-cional de Cambio Climático. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Sl6ezEHTKVE

Mira, C. (7 de agosto , 2021). Un mensaje diferente para insertarse en el mundo y ser parte de la solución. En: La Nación.. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ganaderia/un-mensaje-diferente-para-insertarse-en-el-mundo-y-ser-parte-de-la-solucion-nid07082021/

Ministerio de Educación de la Nación (2020). Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2018-2019. Ministerio de Educación de Argentina, Secretaría de Políticas Universitarias, Departamento de Informa-ción Universitaria. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-participacion-de-las-muje-res-en-el-sistema-universitario

Ministerio de Economía de la Nación (2020). Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado al Producto Interno Bruto. Ministerio de Economía Argentina, Secretaría de Política Económica y Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf

ONU (1995). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. Plataforma de acción, p. 10. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf


ONU (1997). Informe del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Naciones Unidas. Disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/52/3/REV.1(SUPP)

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Traficantes de Sueños.

PNUD (2016). Africa Human Development Report. United Nations Development Programme. Disponi-ble en: https://www.undp.org/publications/africa-human-development-report-2016

PNUD (2019). Informe sobre Desarrollo Humano. Más allá del ingreso, más allá́ de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/hu-man_development/IDH2019.html

PNUD (2020). Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera. El desarrollo humano y el Antropoceno. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

Rabinovich, G. (2013). Rápida evaluación y análisis de los objetivos del Proyecto Energía Sustentable para Todos en el sector energético de la República Argentina. PNUD/BID.

Reinke, M. (21 de agosto de 2021). Debates. Impulsan a la agroindustria como el motor del desarrollo. En: La Nación. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/impulsan-a-la-agroin-dustria-como-el-motor-del-desarrollo-nid21082021/

Rodríguez Enriquez, C. (2014). El trabajo de cuidado no remunerado en Argentina: un análisis desde la evidencia del Módulo de Trabajo No Remunerado. ADC, Ciepp y ELA. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/34802

Rojas, A.V. y Siles, J. (2014). Guía sobre género y energía para capacitadoras(es) y gestoras (es) de políti-cas públicas y proyectos. ENERGIA, OLADE e IUCN. Disponible en: http://www.olade.org/publicaciones/guia-sobre-genero-y-energia-para-capacitadorases-y-gestorases-de-politicas-publicas-y-proyectos

Scasso, M. y Sustas, S. (2018). Los aprendizajes de niñas y niños en la escuela primaria: aportes para dis-minuir las brechas de género; aportes para disminuir las brechas de género. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_tematico_2018_-_ninas_y_ninos_0.pdf

Sociedad Argentina de Pediatría (2021). Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil. Documento de incidencia. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_efectos-agrotoxi-cos-07-21_1625686827.pdf

UNFCCC (2014). Draft Decision - Lima Work program on gender. Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2014/sbi/eng/l43rev01.pdf

UNICEF (2021). Encuesta rápida COVID 19 Cuarta Ronda. Disponible en: https://www.unicef.org/argen-tina/media/11191/file

Varela, N (2019). Feminismo 4.0. La Cuarta Ola. Penguin Random House.

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