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La violencia que callaLa libertad de prensa en Venezuela 2010-2011

Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS venezuela)

Junta DirectivaEwald Scharfenberg Ricardo UcedaMercedes de FreitasAlfredo MezaGonzalo Jiménez

Consejo Asesor Eli BravoTamoa CalzadillaGonzalo JiménezAymara LorenzoAlfredo MezaAlonso MoleiroHugo PrietoLaura Weffer

Directora EjecutivaMarianela Balbi

CoordinadoraLuisa Torrealba Mesa

La violencia que calla: la libertad de prensa en Venezuela 2010-2011 ©2012, Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Área de Monitoreo de Libertad de Prensa: Carla YánezInvestigación: Luisa Torrealba, Carla Yánez, Teresa Rita y Emily AvedañoEdición y corrección de textos: Gustavo Hernández DíazDiseño: Jaime CruzInfografías: Mauricio Rodríguez Hecho el depósito de LeyISBN: 978-980-7520-00-3Depósito Legal: If25220120702167

Página web: www.IPYS.org.veTwitter: @IPYSvenezuelaFacebook: https://www.facebook.com/IPYSVenezuelahttps://www.facebook.com/people/Equipo-IPYS/1433421188

Esta publicación se realiza para distribución gratuita. Prohibida su venta. El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines comerciales. Se agradece citar la fuente.

Este documento se ha realizado con ayuda financiera de la Unión Europea y de la Embajada de Noruega. Las opiniones expresadas en el mismo no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de la Embajada de Noruega

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Índice

Presentación Sin parar de contar ewald scharfenberg | página 11

Balance de la situación de la libertad de prensa en venezuela (mayo 2010-diciembre 2011) | página 15

Iluminar para cambiar. Nota metodológica sobre las nuevas categorías | página 17fernando j. ruiz

Nuevo sistema de categorías para el monitoreo de la libertad de prensa | página 22

La libertad de expresión bajo el yugo del Estado. Balance de la situación de la libertad de expresión en el país | página 35luisa torrealba mesa

Índice de libertades periodísticas 2011 | página 67

Entre la impunidad y la justicia

Medidas emblemáticas que han afectado el ejercicio de la libertad de prensa en venezuela | página 81

El laborioso oficio de ser corresponsal de prensa extranjera en venezuela | página 83

Caso de Susana Quijada sienta un precedente en Anzoátegui | página 91

yoleida salazar

Con deudas se aplica la censura en Barinas | página 96briceida morales

reporte anual de libertad de prensa 2010-20118

Victoria 103.9 FM es obligada a modificar su concesión radioeléctrica | página 104

mirsay shimkevich

Presiones y silencio oficial afectan periodismo guayanés | página 111

alba perdomo

La libertad de expresión y el periodismo libre fueron encarnados en Francisco “Pancho” Pérez | página 114

Alejandro Villalobos

Desinformación y virus atacan al periodismo en Mérida | página 117

nilsa gulfo

Grupos políticos desestiman la violencia para recurrir a otros métodos de censura | página 121

juan josé farías

Cronología de la situación de la libertad de prensa en Venezuela (3 de mayo de 2010 – 3 de diciembre 2011) | página 125

Base de datos sobre violaciones a la libertad de prensa en Venezuela | página 126

Mirada de la libertad de prensa en las regiones | página 267

Anzoátegui: predominaron las agresiones físicas y verbales y disminuyó el número de casos | página 269

yoleida salazar

Aragua: ataques y amenazas contra la prensa incentivan el silencio y el temor | página 272

mirsay shimkevich

Bolívar: 2011 año violento y difícil para el periodismo en Guayana | página 276

alba perdomo

Barinas: ataques y amenazas contra la prensa son el acontecer diario | página 281

briceida morales

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Carabobo: funcionarios públicos encabezan agresiones contra periodistas | página 288

alejandro villalobos

Mérida: las presiones económicas acorralan a la prensa | página 291nilsa gulfo

Lara: prevalecen las presiones oficiales y las restricciones al acceso a las fuentes | página 295

jesús yajure

Zulia: cambios en la propiedad de los medios generan escenario adverso para la libertad de prensa | página 302

juan josé farías

Dossier: Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas | página 305 El examen periódico de los derechos humanos en Venezuela en el marco del sistema de las Naciones Unidas | página 309feliciano reyna y yolanda d´elia

Informe sobre la situación de la libertad de expresión enviado por la

red intercambio internacional para la libertad de expresión de América

Latina y el Caribe IFEX ALC, por sus siglas en Inglés) al Consejo de

Derechos Humanos de la ONU para el Examen Periódico Universal

(EPU) | página 319

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PRESENTACIÓN

Sin parar de contarewald scharfenberg5

Este reporte marca el décimo aniversario del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que se constituyó en mayo de 2002 como iniciativa de un grupo de periodistas locales, inspirados por el ejemplo de la organización homónima (y hoy, her-mana) en Perú.

Se completan, por tanto, diez años de documentación y registro sistemáticos de ataques y limitaciones contra la libertad de prensa en el país. Trabajo no ha faltado durante este período. La década fue pródiga en episodios, diatribas y reflexiones sobre un derecho humano, la libertad de expresión, que, siendo fundamental para la condición humana, ni siquiera en democracia puede darse por sen-tado. Tales son su fragilidad y exposición a amenazas.

Uno de los componentes de ese derecho, la libertad de prensa, ha estado en el centro del debate político a lo largo de la autodeno-minada revolución bolivariana que se hizo del poder desde 1999. A diferencia de otras administraciones de la precedente democracia puntofijista, teñidas con frecuencia de males endémicos como el clientelismo y el personalismo, y que no tenían problemas en colu-

5 Periodista y Presidente de la Junta Directiva de IPYS Venezuela.


dirse con ciertos sectores empresariales de la comunicación en des-medro de otros, que quedaban vetados; el discurso del poder cons-tituido hoy en Venezuela caracteriza a los medios privados, sean de entretenimiento o informativos, como fichas de una hegemonía de facto que se legitima e ideologiza a sus audiencias con unos mensa-jes de sojuzgamiento, frivolidad y, en suma, enajenación. La denun-cia pone en primera línea del frente de batalla a la prensa privada, a la que acusa de naturalizar un relato de dominación de determina-das clases sociales, al interior del país, y del imperialismo norteame-ricano y transacional, en el marco global. A la que acusa de servir a intereses nada inocentes y contrarios a los de la revolución. A la que acusa, en definitiva, de mentir.

Al colocar la evaluación del desempeño de la prensa en el terreno de la “verdad”, las autoridades gubernamentales de Venezuela ubi-caron por definición a cualquier línea editorial distinta a la oficial en coordenadas de contrarrevolución. Y tal como han buscado plas-marlo en la normativa que vienen construyendo desde hace años, no sólo señalan a esas otras versiones de la realidad –pretendidamente objetivas según los cánones tradicionales del periodismo, o sesga-das de partisanía- como adversarios políticos, sino como expresio-nes potencialmente ilegales.

Justo es recordar que el periodismo venezolano, con sus crónicas falencias éticas y técnicas, a veces ha hecho poco para ganarse la solidaridad de la sociedad ante tales embates. Pero cabe al Estado ve-nezolano la máxima responsabilidad por la atmósfera crispada que rodea al ejercicio del periodismo. Que cerca de 400 casos de agresio-nes físicas y amenazas contra la integridad, con el doble del núme-ro de víctimas, hayan sido registrados por IPYS Venezuela durante estos diez años, es muestra palpable de esa tensión permanente que se percibe en cualquier cobertura periodística (y de la que son vícti-mas también los trabajadores de medios del Estado, que año a año han recibido un promedio de 5% de los ataques). Así mismo, como se verá en el cuerpo del reporte, este último año hemos asistido a una multiplicación de los ataques cibernéticos contra periodistas y medios informativos.

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Pero vale también decir que se desplegaron otras estrategias de acoso contra la prensa independiente, de una sutileza y sofisticación sólo comprensibles si se toma en cuenta que cuentan con el res-paldo financiero e institucional del rico Estado venezolano: cadenas nacionales de TV, leyes a la medida, demandas a destajo en el poder judicial, compra de medios rebeldes, campañas de desprestigio por la panoplia comunicacional del Estado… Entre todas tejen la arma-zón estructural que atenaza el libre ejercicio de la labor informativa en Venezuela.

Como se trata de fenómenos muy sui generis, casi sin parangón en el continente, propios de un arsenal que el Estado administra a discreción, el presente reporte refleja una novedad importante: la redefinición del sistema de categorías de atentados contra la libertad de prensa. En el proyecto, que contó con la asesoría del profesor Fernando Ruiz, de la Universidad Austral de Argentina, se procuró diseñar un sistema de clasificación que sea capaz de tener en el ra-dar esas particularidades y mantenerse flexible como para amparar nuevos mecanismos aún no conocidos. Los resultados de este ciclo anual se presentan de acuerdo a estas categorías.

No es gratuito que este volumen incluya, además, varios reporta-jes de corte periodístico que cubren situaciones emblemáticas de li-bertad de prensa que se registran, fundamentalmente, en el interior del país. Con enorme frecuencia las regiones son el escenario donde se desarrollan las más raras y crudas, pero también representativas, amenazas contra la prensa. El reporte retrata algunas de ellas, con la perspectiva de los corresponsales de IPYS Venezuela en capitales de provincias.

Y finalmente también se reseña otra novedad institucional de IPYS Venezuela. Su participación en las sesiones del Examen Perió-dico Universal (EPU) de Venezuela que en octubre de 2011 tuvieron lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tal participación se realizó en el marco de una delegación del Intercambio Internacional por la Li-bertad de Expresión (IFEX, por sus siglas en inglés) y con el respaldo de esa organización que, con sede en Toronto, Canadá, agrupa a un


centenar de instituciones de defensa de la libertad de expresión. La misión buscaba que la comunidad internacional pusiera atención en el tema de la situación de libertad de prensa en Venezuela e hiciera referencia a ella en las recomendaciones que formulara al Estado ve-nezolano. A la postre, resultó sintomático de todo cuanto IPYS Vene-zuela relata desde 2002, que los representantes del Estado (encabe-zados por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Viceministro para Europa) rechazaran de manera sistemática cada una de las recomen-daciones que en materia de libertad de expresión se le hicieron en el Informe del EPU, incluyendo una de Indonesia donde se le requería garantizar la seguridad de los periodistas en el país.

De 2012 se espera que sea un año decisivo para la democracia en Venezuela y, por lo tanto, para la libertad de expresión. Ojalá las tendencias se desdigan y para cuando de nuevo en IPYS Venezuela volvamos a sacar la cuenta, sea otro el cuento que debamos echar.

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CAPÍTULO 1

Balance de la situación de la libertad de prensa en Venezuela [mayo 2010-diciembre 2011]

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Iluminar para cambiarNota metodológica sobre las nuevas categorías

fernando j. ruiz5

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS vene-zuela), tomó la decisión de renovar su sistema de categorías por-que percibían que éstas mostraban cierto agotamiento para su uso, y no estaban pudiendo capturar el amplio y renovado abanico de agresiones y limitaciones a la libertad de prensa que se estaban pro-duciendo en Venezuela. Por eso se inició una revisación profunda. Para eso se podía aprovechar el rico sistema de categorías elaborado por el Grupo Andino de Libertad de Información (GALI), proceso del que participó el IPYS Venezuela. Era clave poder regionalizar la información sobre libertad de expresión para mejorar el análisis y facilitar las comparaciones entre varios países.

Por lo tanto, los insumos principales del trabajo fueron el siste-ma de categorías que venía utilizando el IPYS Venezuela y el siste-ma desarrollado colectivamente por el GALI. Además, se revisaron modelos de monitoreo de otras organizaciones de América Latina y de fuera de la región. Para la revisación y reforma del sistema de categorías armamos un equipo de trabajo compuesto por Luisa To-rrealba Mesa y Emily Avendaño, bajo la supervisión de Ewald Schar-fenberg.

5 Profesor de Periodismo y Democracia (Universidad Austral/Argentina) y Vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).


La calidad de un sistema de categorías está dada en gran medida por la capacidad de ajustarse a las necesidades más concretas de un corresponsal en un estado y a la capacidad de “viajar” por otras reali-dades que tengan esas categorías. Una buena categoría nos permite registrar y procesar esa información en un marco más amplio que el propio país. Por su parte, el conjunto del sistema debe ir iluminan-do un mapa completo y matizado de las limitaciones y agresiones de tal forma que se vaya dibujando con claridad también un mapa de posibles soluciones. El monitoreo es un sistema de alerta, pero también y tan importante como eso, un sistema de descripción de la realidad periodística, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión.

Las funciones de los monitoreos son varias: defensiva, reparado-ra, preventiva, docente y concientizadora6. Por eso, dada su impor-tancia, es una herramienta que no puede perder precisión.

Se hizo un trabajo en tres columnas, comparando las categorías GALI con las que tenía el IPYS Venezuela y luego cada miembro del equipo hizo sus comentarios sobre la pertinencia de esa categoría. Después tomamos los registros de los casos concretos seleccionados por el IPYS Venezuela para ver su compatibilidad con esas catego-rías. Con esos registros analizamos las agresiones y/o limitaciones que nos quedaban sin categoría y así pudimos armar una especie de mapa de las ausencias.

De a poco se fue desarrollando un tercer sistema que fuera com-patible con ambas (el histórico del IPYS Venezuela y el nuevo del GALI), pero mucho más amplio y detallado. El objetivo era tratar de abrir al máximo el abanico de agresiones, para luego si fuese necesario volver a agruparlas. Este objetivo de abarcar lo más po-sible la cantidad de categorías nos fue muy útil para reordenarlas después. Con el anterior sistema de categorías se había perdido esa capacidad de registrar los matices, las “innovaciones” en las políticas agresoras, y las categorías existentes funcionaban como bolsas muy amplias que invisibilizaban nuevos estilos de agresores o de limi-

6 “Hacia una agenda integral de la libertad periodística”, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), 2010. Disponible en: http://fopea.org/Libertad_de_Expresion/Informes_Monitoreo_LE/Hacia_una_agenda_inte-gral_de_la_libertad_periodistica

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taciones. Además, los criterios de los corresponsales no eran para algunos casos similares por lo que a veces se cometían errores en los registros.

El sistema actual, producto de ese trabajo, está funcionando como un pintor que muy prolijamente va realizando pequeñas pinceladas y va revelando en su cuadro la verdadera estructura de represión a la libertad de expresión. Esto permite al IPYS ser más fuerte frente a las visiones contrapuestas existentes sobre este tema.

En Venezuela, como en el resto de América Latina, el debate so-bre la libertad de expresión es muy intenso y está en la calle. Es claro que parecen haber dos visiones contrapuestas de la libertad de ex-presión: una que se centra en la demonización del Estado y otra que demoniza la empresa periodística. Este monitoreo diseñado por el IPYS escapa a las visiones simplistas y está armado para capturar las agresiones y limitaciones vengan de donde vengan, con la capacidad de desarmar cualquier discurso ideológico falaz.

Con respecto al Estado, se ha definido el concepto de “uso abusi-vo del poder estatal” tratando de registrar todas las dimensiones de la complejísima estructura estatal. Para ello analizamos las funcio-nes estatales que pueden afectar al periodismo, y definimos siete. Así se puede ver la cantidad de opciones que tiene un gobernante para asfixiar a la prensa y, sobre todo, ahora lo podemos registrar con más precisión. Se trata de analizar en detalle cada agencia es-tatal que realice alguna acción en relación a la libertad periodísti-ca. Hablar de “Estado” finalmente es una abstracción. El objetivo es poder delinear la combinación de agencias y acciones estatales concretas que en ese momento están provocando las limitaciones, y cómo esa combinación va cambiando en el tiempo y, además, cómo varía para cada zona.

Con respecto a la empresa periodística, hay dos conceptos que engloban muchas potenciales agresiones. Estas son “censura in-terna” y “censura indirecta por poderes no estatales”. Aquí también están incluidos expresamente los poderes fácticos, que son poderes no estatales que tienen una enorme influencia, la que pueden usar también para limitar la libertad de expresión.


Por eso el IPYS Venezuela ha querido presentar el sistema de categorías más abarcador posible de la realidad latinoamericana en temas de libertad de expresión. Este comenzó a utilizarse en el se-gundo semestre del 2011 y está en revisión. A medida que el equipo de monitoreo de la libertad de expresión, del IPYS Venezuela lo fue revisando se ajustaron las categorías, desde cuestiones de redacción hasta problemas más estructurales que se detecten. Si bien el siste-ma de categorías tiene que tener estabilidad en el tiempo, tiene que permitir cierta flexibilidad, con lo que deja abierta la posibilidad de su revisión continua, evaluación y optimización.

Sin duda, este nuevo sistema hace más fino y elaborado al tra-bajo del monitoreo de la libertad de expresión que se realiza con el apoyo de la red de corresponsales del IPYS Venezuela, presente en 10 ciudades del interior del país (Barinas, Barquisimeto, Mara-caibo, Maracay, Mérida, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Carlos, San Cristóbal y Valencia). Ya no son pocas y amplias las categorías que sirven para marcar las agresiones evidentes, sino que la mirada ahora busca registrar las que antes no se hacía. Pero el beneficio es evidente. Ahora podremos delinear mejor la silueta de lo que hay que cambiar.

Por último, el IPYS Venezuela quería elaborar un indicador que pudiera visibilizar en forma más gráfica los avances y los retrocesos de la libertad de expresión en el país. Para ello, una vez realizada la construcción del sistema general de categorías, buscamos los pun-tos críticos, los posibles checkpoints, que nos permitan saber si en ese lugar se cruzó la línea roja en cada uno de los temas críticos. Tenían que ser checkpoints que fueran fáciles de averiguar, fáciles de responder, lo que le daría a nuestro indicador una mayor obje-tividad.

Buscamos entonces veinte temas clave de la libertad de expre-sión, y formulamos una pregunta que permitiera discernir con cla-ridad cerca de qué polo de la libertad de expresión se encuentra esa zona geográfica, más cerca del positivo o del negativo. En algunas de las preguntas hay una gradación de las respuestas. El resultado es que cuantos más puntos suma un estado más difícil es la situación

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de su libertad de expresión. Esto lo denominamos Test de Libertad Pe-riodística y los cuestionarios son respondidos por los corresponsales, según su conocimiento del terreno. En varios estados se ha pedido a varios referentes que respondan la encuesta, y después se arma un promedio del puntaje propuesto por cada uno de ellos para extraer el promedio del estado.

Con estas dos herramientas, el IPYS intenta seguir sirviendo al periodismo y a la democracia venezolana, y además ofrecer infor-mación analizada de tal forma que sea útil también en el ámbito regional y mundial.


Nuevo sistema de categorías para el monitoreo de la libertad de prensa

Listado general de categorías

1. Acceso a la información pública.

2. Normas que dificultan la libertad de expresión.

3. Agresiones físicas.

4. Agresiones normativas.

5. Uso abusivo del poder estatal.

6. Censura previa.

7. Censura indirecta por poderes no estatales.

8. Censura interna.

9. Impunidad.

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Consideraciones generales para todas las categorías:

1. El monitoreo sirve para alertar de las agresiones, para defender a las víctimas, y para visibilizar, entender y cambiar las limitaciones estructurales.

2. Cuánto más preciso es la categorización de la agresión, mejor quedará visibilizada la estructura de limitación a la libertad de expre-sión. Y de esa forma, más posibilidad habrá de superarla.

3. Ante la duda, se evalúa el caso y se hacen consultas y así va-mos construyendo los criterios.

4. Este listado de categorías es flexibles y se pueden ajustar a partir de una evaluación de su funcionamiento.

5. Es posible que una misma agresión haya que registrarla en más de una categoría. En un mismo hecho puede haber habido una convergencia de acciones bloqueadoras de la libertad de expresión. Puede ser, por ejemplo, un hecho que incluya violencia policial y un bloqueo de información por parte de un alto funcionario público.

6. En este sistema de categorías el IPYS Venezuela incorporó áreas que prácticamente no eran monitoreadas, conscientes de que siempre restringieron mucho la libertad de expresión. Es el caso, por ejemplo, de los medios estatales, medios comunitarios y tam-bién de algunos medios privados.


1. Acceso a la información pública Está dividida en cuatro: acceso a la cobertura, a los funcionarios, a las

instituciones y a la documentación pública. Se trata de captar todas las

formas de bloqueo de la información de interés público. Es importante

considerar aquí un criterio amplio de funcionario, incluyendo escuelas

públicas, hospitales públicos, empresas públicas, fuerzas de seguridad

y militares, científicos, funcionaros judiciales, etcétera. También incluye

cuando una empresa ejerce algún tipo de control de territorio fiscal.

1.1. Acceso a la cobertura de asuntos de interés público:

1.1.1. Normas (desde sentencias de la corte hasta toda decisión

formalizada del Estado. Incluye reglamentos de instituciones

públicas, por ejemplo, o exigencia de acreditaciones, o

bloqueos arbitrarios de ingresos).

1.1.2. Proyectos oficiales que restringen la cobertura de asuntos de

interés públicos.

1.1.3. Limitaciones de hecho a la cobertura de asuntos de interés

públicos:

1.1.3.1. Limitaciones arbitrarias de acceso al lugar.

1.1.3.2. Limitaciones arbitrarias al derecho de preguntar de los

periodistas.

1.1.3.3. Inseguridad evidente de los periodistas para realizar una

cobertura en la calle:

1.1.3.3.1. Por hostilidad del gobierno.

1.1.3.3.2. Por hostilidad de grupos políticos.

1.1.3.3.3. Por hostilidad de grupos sociales.

1.1.3.3.4. Por hostilidad de grupos criminales.

1.1.3.3.5. Otras.

1.2. Acceso a los funcionarios públicos:




bloqueos arbitrarios de ingresos).

1.2.2. Proyectos oficiales que restringen el acceso a los funcionarios

públicos.

1.2.3. Limitaciones de hecho al acceso a los funcionarios públicos:

1.2.3.1. El alto funcionario no da ninguna información a los

periodistas.

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1.2.3.2. El alto funcionario sólo da información a los periodistas

ideológicamente afines.

1.2.3.3. Presión desde el Estado para revelar la fuente de alguna

información.

1.3. Acceso a las instituciones públicas:




bloqueos de ingreso arbitrarios).

1.3.2. Proyectos oficiales.

1.3.3. Limitaciones de hecho. (Presidencia de la nación, Fuerza

Armada, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunales,

Ministerios y dependencias, Cuerpos policiales, Institutos

autónomos, Asamblea Nacional o Consejo Legislativo,

Gobernaciones y dependencias, Seniat, etc.).

1.4. Acceso a la documentación pública:


formalizada del Estado)

1.4.2. Proyectos oficiales que restringen el acceso a la

documentación pública.

1.4.3. Limitaciones de hecho que restringen el acceso a la

documentación pública:

1.4.3.1. Estructural (abarca a todos los usuarios)

1.4.3.2. Específica (la limitación está orientada a un sector

crítico)

2. Normas que dificultan la libertad de expresiónEn este punto se agrupa sobre todo la legislación restrictiva que no está

incorporada a otro punto. La lista se puede ir ampliando si hay nuevos

tipos de legislación restrictiva.

2.1. Leyes de privacidad que restringen la investigación y difusión

de temas de interés público. Sentencias que afecten la

libertad de información.

2.2. Tipificación penal para difamación, vilipendio e injurias. Delito

de desacato. Severas condenas civiles.


2.3. Normas, penalidades, amenazas o restricciones por

obligación de título universitario, adscripción a gremio,

credencial o certificado oficial para ejercicio del periodismo.

2.4. Restricciones a la libertad de reunión, afiliación y expresión

de las organizaciones profesionales y sindicales relacionadas

con la actividad periodística.

2.5. Imposición por el Estado de un código de ética o de conducta

periodística.

2.6. Omisiones, distorsiones, inhibiciones o penalidades por

condicionamientos de la información / Restricciones

estatales por condicionamientos de veracidad, oportunidad o

imparcialidad de la información. Prevalencia injustificada de

otros valores sociales.

2.7. Normas o actuaciones judiciales o administrativas que

amenacen la reserva de las fuentes.

3. Agresiones físicasSituaciones en las que se atenta contra la vida y/o la integridad física de

periodistas o trabajadores de medios de comunicación. Las diferencias

entre las subcategorías tienen que ver con el grado, si hay riesgo de vida

o no.

3.1. Ataques a la vida:

3.1.1. Asesinato.

3.1.2. Intento de asesinato.

3.1.3. Desaparición forzada.

3.1.4. Secuestro.

3.2. Ataques a la integridad física del periodista:

3.2.1. Agresión física.

3.2.2. Intimidación.

3.2.3. Acoso.

3.2.4. Persecución.

3.2.5. Amenazas de agresión física.

3.2.6. Torturas.

3.2.7. No se cumplen estándares mínimos durante la detención

(falta de acceso a atención médica, condiciones que debilitan

el estado de salud del detenido, etcétera).

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3.3. Ataques contra los bienes del periodista:

3.3.1. Robo de información.

3.3.2. Ataque contra sus herramientas de trabajo.

3.3.3. Otros.

3.4. Ataques contra los medios de comunicación.

3.4.1. Robo.

3.4.2. Confiscación.

3.4.3. Daño leve.

3.4.4. Daño grave.

3.5. Cierres, suspensiones, incautaciones de medios de

comunicación.

3.6. Ciberagresiones.

4. Agresiones con el uso de las normas vigentesEste punto intenta captar el uso que actores públicos o privados pueden

hacer de las normas para amenazar o intimidar. Por ejemplo, cuando un

funcionario amenaza con iniciar o inicia una causa judicial contra un peri-

odista o un medio. Incluye también acciones administrativas.

4.1. Amenaza de acciones administrativas.

4.2. Acciones administrativas.

4.3. Amenaza de acciones legales.

4.4. Acciones legales.

5. Uso abusivo del poder estatalRegistra el perfil del Estado agresor de la libertad de expresión, pudiendo

reflejar el conjunto de acciones de todas las oficinas estatales, desde

la presidencia hasta las más diversas, que generan obstáculos para la

libertad periodística.

5.1. De las agencias y funciones estatales relacionadas con los

medios de comunicación:


5.1.1. De la función de comunicación oficial:

5.1.1.1. Uso abusivo de la cadena de radio y televisión con

evidente intencionalidad de censura.

5.1.1.2. Del poder discursivo:

5.1.1.2.1. Declaraciones agraviantes de autoridades públicas

(de acuerdo a la distinción entre crítica y agravio que

determinan los jueces de Venezuela).

5.1.1.2.2. Campañas de agravios promovidas por grupos oficiales

o paraoficiales -desde los medios afines, las redes

sociales, la vía pública, o cualquier otro medio de

comunicación- (de acuerdo a la distinción entre crítica y

agravio que determinan los jueces de Venezuela).

5.1.1.3. De la publicidad oficial:

5.1.1.3.1. Poca o nula transparencia en la información disponible

sobre utilización de recursos para la publicidad oficial.

5.1.1.3.2. Inexistencia de criterios definidos de distribución de

publicidad oficial.

5.1.1.3.3. Condicionamiento por medio de la pauta publicitaria

oficial a medios de comunicación comerciales y/ o

sociales.

5.1.1.3.4. Retiro de la publicidad oficial por razones informativas/

ideológicas.

5.1.1.3.5. Financiamiento a través de la publicidad oficial de

medios que agravian, no critican, a otros medios en

forma sistemática.

5.1.2. De la gestión de medios de comunicación estatales: Refleja

todos los abusos a la libertad de expresión que se producen

en los medios estatales, replanteando la tendencia a

naturalizar lo que siempre fue así.

5.1.2.1. Restricción arbitraria a los críticos en los espacios en los

medios estatales.

5.1.2.2. Despido arbitrario vinculado a razones informativas/

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ideológicas.

5.1.2.3. Utilización sistemática de un medio estatal para agraviar

a periodistas y/o medios de comunicación.

5.1.2.4. Utilización de la gestión de los medios estatales para

limitar o bloquear el desarrollo de medios comerciales o

del sector social.

5.1.3. De la promoción de medios de comunicación comunitarios:

Refleja las diferentes limitaciones que se producen en el desarrollo de

los medios comunitarios.

5.1.3.1. Exclusión por razones ideológicas del apoyo para la

creación de medios comunitarios.

5.1.3.2. Suspensión del apoyo por razones ideológicas.

5.1.3.3. Cambio de línea editorial de medios comunitarios por

condicionamiento del apoyo estatal.

5.1.3.4. Condicionamientos ideológico/políticos para recibir la

Habilitación-Concesión (CONATEL).

5.1.3.5. Condicionamientos ideológico/políticos para recibir el

Acompañamiento Social (MINCI).

5.1.4. De la regulación de licencias y concesiones de radio y

televisión:

Sigue y refleja los abusos para la libertad de expresión en radio y

televisión, en la gestión de la autoridad regulatoria.

5.1.4.1. Dependencia política de la autoridad regulatoria

(CONATEL).

5.1.4.2. Dependencia de intereses privados de la autoridad

regulatoria (CONATEL).

5.1.4.3. Falta de información en la gestión de las licencias o

concesiones de transmisión.

5.1.4.4. Condicionamiento arbitrario a medios sociales o

comunitarios para la obtención de concesiones de radio

y televisión.

5.1.4.5. Condicionamiento arbitrario a medios comerciales para

la obtención de concesiones de radio y televisión.

5.1.4.6. Evidente desigualdad ante la ley por razones de afinidad

política en la gestión de las licencias.


5.1.4.7. Disposiciones arbitrarias en la gestión de las licencias y

concesiones.

5.1.5. De la regulación de contenidos de radio y televisión.

5.1.6. De la función de regular las telecomunicaciones.

5.1.6.1. Limitación de contenidos en Internet.

5.1.6.1.1. Estructural (a todos).

5.1.6.1.2. Específico (selectivo).

5.1.6.2. Limitación de acceso a Internet.

5.1.6.2.1. Estructural (a todos).

5.1.6.2.2. Específico (selectivo).

5.2. De las agencias y funciones estatales no relacionadas

directamente con los medios de comunicación:

5.2.1. De la función militar, policial y de inteligencia:

5.2.1.1. Seguimientos.

5.2.1.2. Detenciones arbitrarias.

5.2.1.3. Interceptación arbitraria de las comunicaciones.

5.2.1.4. Uso de información para desprestigio de periodistas/

medios de comunicación (incluye a los servicios de

inteligencia y a otras fuerzas).

5.2.1.5. Otros.

5.2.2. De la función electoral (se refiere a los abusos que puede

cometer la autoridad electoral).

5.2.3. De la función migratoria:

5.2.3.1. Deportación.

5.2.3.2. Denegación de visa de entrada.

5.2.3.3. Otros.

5.2.4. De la función tributaria (SENIAT, alcaldías, etc.) (todo abuso

llevado a cabo con la excusa tributaria).

31

5.2.5. De la función cambiaria y de la regulación del comercio exte-

rior (CADIVI, etc) (todo abuso llevado a cabo con la excusa

cambiaria).

5.2.6. De la función bancaria (todo abuso llevado a cabo contra

medios y/o periodistas por bancos oficiales o autoridades

regulatorias de esa área).

5.2.7. De otras funciones estatales no específicas (cualquier otra

acción de una oficina estatal no enunciada aquí que tenga

como efecto la limitación de la libertad de expresión).

6. Censura previaToda norma o acción de alguno de estos tres poderes que represente un

ejercicio de la censura previa.

6.1. Poder Ejecutivo.

6.2. Poder Legislativo.

6.3. Poder Judicial.

7. Censura indirecta por actores no estatalesEstas son limitaciones difíciles de verificar pero son muy reales y de

mucha influencia. Ningún monitoreo de libertad de expresión estaría

completo, si no avanza en el monitoreo de actores privados que limitan

la influencia.

7.1. Abuso de posición dominante por parte de medios privados.

7.2. Anunciantes privados dominantes que presionan la agenda

informativa.

7.3. Poderes fácticos legales que limitan la libertad de expresión:

7.3.1. Declaraciones agraviantes de miembros de poderes fácticos

que puedan tener carácter intimidante.

7.3.2. Otras formas de censura por parte de poderes fácticos

legales

7.4. Poderes criminales organizados


8. Censura internaÉsta es un área crítica, pero de difícil registro. Hay que hacer el ejerci-

cio de intentar reflejar lo que ocurre en el interior de los medios.

8.1. Cambio de línea editorial por presión oficial.

8.2. Cambio de línea editorial por presión de los dueños/directivos

de los medios.

8.3. Cambio de línea editorial por ingreso de propietarios vincula-

dos al poder oficial.

8.4. Evidente censura de temas de interés público por presión de

directivos/accionistas.

8.5. Evidente censura de temas de interés público por temor a

represalia oficial.

8.6. Evidente censura de temas de interés público por temor a

represalia de poderes fácticos legales.

8.7. Evidente censura de temas de interés público por poderes

criminales organizados (bandas de secuestradores, narco,

trata de personas, otros contrabandos, grupos paramilitares,

grupos guerrilleros).

8.8. Despido, o cambio de rol, vinculado a razones informativas.

8.9. Terminación de contrato en radio o televisión por presiones

externas recibidas (oficiales o privadas).

8.10. Concertaciones para no informar.

8.11. Autocensura. El periodista evita difundir información de in-

terés público.

9. Impunidad La impunidad estructural hay que intentar delinearla. Buscar cómo fun-

ciona, cuáles son los actores que finalmente evitan por acción u omisión

que las agresiones no sean resueltas. Hay una impunidad discursiva (9.1

y 9.2.), hay una impunidad por mala praxis (9.3, 9.4. y 9.5.) y una impuni-

dad donde contribuye la víctima por no realizar ni denuncia mediática ni

denuncia judicial (muchas veces, por supuesto, con causas muy justifi-

cadas). Este punto nos puede permitir identificar mejor las causas de la

impunidad.

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9.1. Destacados personeros oficiales explican/justifican la

agresión.

9.2. Destacados personeros de poderes fácticos explican/justifi-

can la agresión.

9.3. Mala praxis administrativa que produce impunidad para los

agresores a la libertad de expresión (puede ser inacción o

acción).

9.4. Mala praxis policial que produce impunidad para los


acción).

9.5. Mala praxis judicial que produce impunidad para los


acción).

9.6. Los agredidos no realizan la denuncia judicial.

9.7. Los agredidos no realizan la denuncia mediática. (Aquí el reg-

istro se debe hacer de tal forma que no afecte al agredido).

IncidentesTodo registro de caso que consideramos que no es un atentado pero sí

un incidente en el ejercicio del trabajo periodístico.

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La libertad de expresión bajo el yugo del EstadoBalance de la situación de la libertad de prensa en el Venezuela [3 de mayo de 2010-3 de diciembre de 2011]

luisa torrealba mesa5

las agresiones físicas, el uso abusivo del poder estatal y las restricciones al acceso a la información pública, fueron las principales limitaciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela, entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2011.

Durante este período IPYS Venezuela emitió un total de 200 alertas sobre ataques o limitaciones a la libertad de prensa, en los que hubo una o varias víctimas y un total de 433 tipos de violaciones a este derecho.

El contexto para el ejercicio de la actividad periodística continuó siendo hostil, a partir de limitaciones o presiones ejercidas por el propio Estado, por particulares o por actores no estatales; sin que haya habido una condena explícita de los hechos por parte de autori-dades públicas. Tampoco hubo actuaciones por parte de los órganos de justicia, para investigar los hechos, sancionar a los responsables y brindar reparación a las víctimas, como lo garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 21 y 29.

Del total de las violaciones a la libertad de prensa registradas en

5 Periodista, Coordinadora General de IPYS Venezuela e Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Universidad Central de Venezuela)


el período, las “agresiones físicas” ocuparon el primer lugar, con 204 registros (47,11%); seguidas por 76 incidentes (17,55%) iden-tificados como “uso abusivo del poder estatal”; en tercer lugar se ubicaron las “limitaciones al acceso a la información pública”, con 51 registros (11,78%). Estos tipos de agresiones fueron seguidas por “agresiones con el uso de las normas vigentes”, 44 incidentes (10, 16%); “normas que dificultan la libertad de expresión”, 23 incidentes (5,31%); “censura interna”, 13 incidentes (3,00%); “censura previa”, 10 incidentes (2,31%); “censura indirecta por actores no estatales”, 7 incidentes (1,62%); e “impunidad”, 5 incidentes (1,15%) (ver Gráfico Nº 1).

Estos incidentes afectaron el desarrollo del trabajo periodístico y pu-sieron en riesgo la vida e integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación y el derecho de todos los ciudadanos a la información libre y plural, como lo establece la Constitución de la

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República Bolivariana de Venezuela; vulnerando los derechos a la libertad de expresión y a la información, establecidos en los artículos 57 y 58 de la Carta Magna; el derecho de acceso a la información pú-blica, reguardado en los artículos 51 y 143; el respeto a la integridad física contemplado en el artículo 46; e incumpliendo la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio de los derechos huma-nos, establecido en el artículo 19.

IPYS Venezuela observó el surgimiento de nuevos y sutiles me-canismos de violaciones a la libertad de expresión que no estaban siendo registrados, lo que motivó una exhaustiva revisión de las ca-tegorías que sirven de referencia para el monitoreo del derecho, que permitió incluir distintos tipos de acciones que afectan de forma directa o indirecta el ejercicio de este derecho.

Se incluyeron en la revisión limitaciones coyunturales o estruc-turales, independientemente de quienes fueran los responsables de las mismas (Estado, desconocidos o grupos para-estatales), que es-tán en las 9 categorías reflejadas arriba en el Gráfico Nº 1.

Violaciones proporcionales a la conflictividadHistóricamente, desde la fundación del IPYS Venezuela en mayo de 2002, los momentos de mayor tensión o conflictividad política y social en el país han sido los que han agrupado el mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión. En el lapso corres-pondiente al presente informe se mantuvo esa tendencia.

IPYS Venezuela emitió 200 alertas sobre hechos violatorios de la libertad de expresión, 120 (que constituyen el 60% del total de los casos), se registraron entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de mayo de 2011 y las otras 80 (40% del total de los casos), se registraron entre el 4 de mayo de 2011 y el 3 de diciembre de 2011.

El mayor número de casos del período correspondiente al pre-sente informe se situó en agosto de 2010, cuando se emitieron 26 alertas (13,00%); seguido por julio de 2010, con 21 alertas (10,50%); mayo de 2010, con 18 alertas (9%) y noviembre de 2011, con 14 aler-tas (7,00%) (ver Gráfico Nº 2).


Los meses de mayor registro de casos, agosto y julio de 2010, coin-cidieron con la campaña electoral para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, celebradas en septiembre de ese año; que implicaron la realización permanente de marchas y concentraciones de calle, en las que fue frecuente la exacerbación de los ánimos, por parte de actores de los distintos sectores políticos y sus seguidores, en medio de los cuales resultaron agredidos equipos periodísticos , al ser vinculados con las líneas editoriales de los medios de comuni-cación en lo que trabajaban.

Un contexto similar se registró en noviembre de 2011, que cons-tituyó el mes de mayor incidencia de casos durante ese año, que coincidió con la campaña electoral para la celebración de las elec-ciones primarias convocadas por organizaciones políticas del sector opositor al gobierno del Presidente Hugo Chávez, caracterizada por concentraciones y movilizaciones públicas de seguidores de los di-versos candidatos.

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Responsabilidad por acción y omisiónEn 7 de cada 10 hechos violatorios a la libertad de expresión se iden-tificó como responsables a funcionarios del Estado. De las 200 aler-tas emitidas durante el período, 144 (72,00%) tuvieron un victima-rio vinculado al Estado; mientras que en las restantes 56 (28%), los responsables fueron actores no estatales (ver Gráfico Nº 3).

Los funcionarios del Estado que se identificaron como responsables en un mayor número de casos de violaciones a la libertad de expre-sión están relacionados con las siguientes instituciones: “Ministe-rios y dependencias” (en casos que constituyen 11,50%); “Fuerza Ar-mada” (19 casos que representan 9,50%); “gobernaciones y depen-dencias” (18 casos que constitu-yen 9,00%); “Ejecutivo Nacional” (17 casos, que conforman 8,50%); seguidos por “cuerpos policiales”, “tribunales” y “Fiscalía General de la República”, con 17, 12 y 12 casos, respectivamente.

En los casos en los que se iden-tificaron como responsables a actores no estatales, los registros se-ñalan como principales victimarios a: “desconocidos” (28 casos que constituyen 14%); seguidos por “simpatizantes del presidente Hugo Chávez” (21 casos que representan 10,50%); y “otros” (11 casos, cu-yos victimarios no estaban en las categorías existentes, que repre-sentan 5,50%) (ver Gráfico Nº 4).

Resultó preocupante que el Estado, que está llamado a proteger los derechos humanos y a investigar y sancionar las violaciones de éstos, se ubique como el principal responsable de las violaciones a la libertad de expresión (14 de los 17 posibles victimarios, están


vinculados con el Estado), creando un contexto propicio para la im-punidad.

Otro aspecto relevante es el elevado número de casos en los que los victimarios resultaron ser desconocidos (28 de 200); que da cuenta que las agresiones podrían registrarse en cualquier momen-to, con una actuación clandestina del responsable, quien se oculta tras agraviar a sus víctimas o permanece en el anonimato. Este tipo de victimario suele actuar en medio de grandes grupos de personas, como ocurre, por ejemplo en actividades de calle como concentra-ciones o movilizaciones, enmarcadas en protestas o en campañas electorales.

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La ubicación de “simpatizan-tes del presidente” Hugo Chávez, como el tercer tipo de victima-rio de mayor incidencia, guarda relación con el empleo de un discurso de crítica, amenaza y descalificación por parte de al-tos funcionarios de gobierno, en contra de los medios de comuni-cación, que podría incitar a sus seguidores a atacar a periodistas y medios de comunicación. Ade-más, quedan amparados por la impunidad, al no haber conse-cuencias judiciales para quienes ataquen o agredan a periodistas o medios de comunicación.

Los hechos violatorios em-prendidos de forma directa por

funcionarios de instituciones estatales, como “gobernaciones y de-pendencias”, “Ejecutivo Nacional” “tribunales” y “Fiscalía General de la República”, tampoco son investigados ni sancionados. Sus responsables son protegidos por la majestad que les da la propia institución pública en la que laboran.

En relación con los miembros de la Fuerza Armada y de cuerpos policiales, quedan amparados por el estatus que le da el ser un hom-bre de armas.

Periodistas en la calle, los más afectadosEn los hechos violatorios de la libertad de expresión registrados du-rante el período (200 alertas), se registraron una o varias víctimas. Entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2012, se contabili-zaron 329 víctimas, de las cuales 257 (78,12%) fueron personas na-turales y 72 (21,88%), correspondieron a medios de comunicación o instituciones (personas jurídicas), (ver Gráfico Nº 5).


El alto número de personas naturales afectadas guarda re-lación con los tipos de agresio-nes de mayor incidencia en el período: agresiones físicas que afectaron a equipos reporteriles que salieron a la calle a buscar información; el uso abusivo del poder estatal, a través de desca-lificaciones y amenazas contra periodistas, desde los medios de comunicación estatales; y las restricciones al acceso a la infor-mación pública, de la que fue-ron víctimas equipos periodísti-cos cuando intentaron ingresar a sedes de organismos públicos, obtener información de parte de funcionarios públicos o tener

acceso a documentos o archivos públicos. De las personas naturales afectadas 151 (58,75%) correspondieron

al género masculino; 97 (37,74%) pertenecían al género femenino; y en 9 (3,50%) oportunidades no se logró identificar el género de las víctimas por cuanto fueron afectadas de forma simultánea, varias personas (ver Gráfico Nº 6).

En relación con la profesión u oficio de las personas naturales afectadas, se corroboró que el mayor número de afectados, 144 (56,03%), fueron periodistas que ejercen funciones como “reporte-ros” en las calles. En segundo lugar, se ubicaron los “camarógrafos”, con 33 afectados (12,84%); y en tercer lugar, se registraron los “re-porteros gráficos”, con 29 afectados (11,28%) (ver Gráfico Nº 7).

Estos datos dan cuenta de que los equipos periodísticos que de-ben salir a buscar la información tanto en las calles como en las se-des de organismos o instituciones públicos o privados, son los más vulnerables de ser agredidos o ser víctimas de limitaciones para su

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ejercicio profesional; quienes pueden ser fácilmente identificables al portar equipos como cámaras de video o fotografía, grabadores, libretas de apuntes o micrófonos. De este hallazgo se deriva que los ataques contra trabajadores de medios de comunicación son inten-cionados y dirigidos a obstruir la labor informativa de equipos repor-teriles que han sido plenamente identificados por sus victimarios.

La mayoría de las veces los camarógrafos, reporteros gráficos y miembros del personal técnico, de televisoras y radioemisoras, son hombres; de allí que el mayor número de personas naturales afec-tadas son hombres.

En relación con el tipo de medios de comunicación en los que trabajan las víctimas (incluidas las agresiones a particulares o con-tra los propios medios de comunicación), los de mayor incidencia


fueron las “televisoras”, con 122 casos (37,08%); seguidos por me-dios “impresos”, 119 casos (36,17%); y “radioemisoras” con 29 casos (8,81%) (ver Gráfico Nº 8). Identificamos también el tipo de medios en los que trabajan las víc-timas (incluidas las agresiones a particulares o contra los propios medios de comunicación), según la propiedad de los medios (pri-vada, estatal u otras). Así se constató que 285 víctimas (86,63%), corresponden a “medios privados”; 17 víctimas (5,17%), a “medios estatales”; en 12 ocasiones (3,65%), las víctimas fueron tanto de “medios estatales, como de medios privados”; en 7 oportunidades (2,13%) atañen a víctimas que ejercen su profesión de forma “in-dependiente”; en dos ocasiones (0,61%), los afectados son “medios comunitarios” y en otras dos ocasiones (0,61%) son a “gremios” (ver Gráfico Nº 9).

La exacerbación de los ánimos en los momentos en que se de-sarrollaban campañas electorales en el país (julio y agosto de 2010

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y noviembre y diciembre de 2011), entre los sectores políticos que siguen o se oponen al gobierno nacional; así como el recurrente dis-curso de descalificación, amenazas con acciones administrativas o penales y de ubicación de los medios de comunicación como adver-sarios, por parte de altos funcionarios de gobierno, guarda relación directa con el número de casos que afectaron a medios privados y medios estatales, periodistas en ejercicio independiente, gremios y medios comunitarios. Quienes salen a la calle en busca de la infor-mación han sido víctimas de la intolerancia al ser vinculados por los agresores con las líneas editoriales de los medios de comunicación en los que trabajan; lo que ha generado los ataques, agresiones e intimidaciones.

Caracas y Barinas, las más afectadasEl mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión registrados entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2011, se registró en el Distrito Capital, 112 (56%); seguido por el estado Barinas, 14 casos (7%); y los estados Carabobo y Zulia, con 9 casos cada uno (4,50% en cada entidad), (ver Gráfico Nº 10).


Se mantiene la tendencia registrada en el período anterior en el que Distrito Capital y Barinas reunieron el mayor número de casos. Ca-racas, al ser la sede de los poderes públicos nacionales, aglomera el mayor número de medios de comunicación del país; por ser el epicentro de la actividad política, es la cuidad que genera el mayor volumen de información noticiosa, por un lado, y de mayor conflic-tividad socio política expresada en manifestaciones, marchas, con-centraciones y actos oficiales, en los que se registran buena parte de los ataques u obstrucciones al trabajo periodístico.

Entretanto, las ciudades de Maracaibo (Zulia) y Valencia (Cara-bobo), constituyen dos centros industriales del país que agrupan a importantes medios de comunicación locales. El flujo informativo derivado de la actividad económica, así como las actuaciones de sec-tores políticos opuestos, constituyen el contexto en el que se regis-tran las violaciones a la libertad de expresión.

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En el caso del estado Barinas, que durante los últimos cuatro años se ha ubicado como el estado con mayor registro de obstruc-ciones y ataques a la prensa, el gobierno regional, cuyo líder forma parte del oficial Partido Socialista de Venezuela, mantiene un dis-curso permanente de descalificación a los medios de comunicación privados, acompañados de acciones de amenazas e intimidación, que han derivado en el cierre de programas de radio y televisión, presiones vinculadas a la publicidad oficial, negativa de acceso a la información emanada de la gobernación y de la Oficina Regional de Información (ORI), adscrita al Ministerio de Comunicación; lo que lesiona gravemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en esta ciudad.

La libertad de expresión entre limitaciones estructurales y coyunturalesComo lo adelantamos en la líneas previas, para el monitoreo de la libertad de expresión, se definió un conjunto de nuevas categorías que permitieran detectar patrones estructurales que afectan nega-tivamente el ejercicio de la libertad de expresión y que no estaban siendo registradas. Se definieron 9 categorías principales, de las cuales se derivan subcategorías, que permiten una revisión y se-guimiento exhaustivo de la situación. Las 9 categorías principales definidas son:

1. Acceso a la información pública. 2. Normas que dificultan la libertad de expresión.3. Agresiones físicas. 4. Agresiones normativas. 5. Uso abusivo del poder estatal. 6. Censura previa. 7. Censura indirecta por poderes no estatales. 8. Censura interna.9. Impunidad.

Estas categorías dan cuenta de las modalidades de limitaciones identificadas en los 200 hechos documentados por IPYS Venezuela;


considerando que hubo más de un tipo de violación a la libertad de expresión, en las siguientes sub-categorías:

1. Acceso a la información pública: registró las limitaciones, para el acceso a funcionarios públicos, instituciones públicas y documenta-ción pública.

El monitoreo de las restricciones para el acceso a la información pública se fundamentó en cuatro subcategorías que, a su vez, contie-nen un desglose más específico sobre el tipo de limitaciones:

1.1. Acceso a la cobertura de asuntos de interés público: “limitacio-nes de hecho a la cobertura de asuntos de interés público” (14 inci-dentes); “inseguridad evidente de los periodistas para realizar una cobertura en la calle”(8 incidentes), y “normas” restrictivas del acce-so a la información pública (desde sentencias de la corte hasta toda decisión formalizada del Estado. Incluye reglamentos de institucio-nes públicas, por ejemplo, o exigencia de acreditaciones, o bloqueos de ingreso arbitrarios) (6 incidentes).

En las limitaciones de hecho a la cobertura de asuntos de interés público, fueron recurrentes las “limitaciones para el acceso a las ins-tituciones públicas”; las cuales en su mayoría fueron impuestas por funcionarios miliares, miembros de cuerpos policiales o efectivos de seguridad de organismos públicos.

Así, por ejemplo, el 7 de julio de 2010, funcionarios de seguridad le negaron el acceso a la periodista Sara Carolina Díaz, periodista del diario El Universal, a la sede de la Asamblea Nacional, en Caracas. La orden presuntamente fue emitida por el jefe de seguridad del palacio legislativo.

Un hecho similar ocurrió el 22 de julio de 2010, cuando el per-sonal de seguridad de la Cancillería General de la República negó el acceso de la periodista Marianna Gómez y el camarógrafo Ángel Alviares, ambos de Globovisión, al edificio sede del organismo, en Caracas.

La mañana del miércoles 11 de agosto de 2010, los medios de co-municación Globovisión, Venevisión, Canal i y Televen fueron des-alojados de las instalaciones de la Fiscalía Militar por dos efectivos

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de la Policía Militar, quienes les dijeron que no tenían autorización para estar ahí. El hecho sucedió en la zona militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

El viernes 13 de agosto de 2010, acaeció un nuevo hecho restric-tivo en Caracas. Los equipos de las televisoras privadas Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV Internacional fueron impedidos de en-trar a la Coordinación de Ciencias Forenses, conocida como Morgue de Bello Monte, en Caracas.

Sobre las normativas restrictivas para el acceso a la información pública adoptadas en el período, tres resultaron emblemáticas.

El primero fue el Decreto Presidencial Nº 7.454, de creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, publicado el martes 1º de junio de 2010, en la Gaceta Oficial Nº 39.436, que le otorgó al presidente de este organismo la atribu-ción de “declarar de carácter reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia” que sea tramitado por un organismo estatal.

El segundo correspondió a la “Normativa para la Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública”, pu-blicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.578, del El 21 de diciembre de 2010, que contempla restricciones para el acceso a la información pública, al establecer que “toda información generada por la institu-ción no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la Unidad Responsable de la Imagen Institucional o de la Máxima Autoridad de la Institución”.

Una tercera normativa que resultó restrictiva fue la reforma del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, tam-bién aprobado en diciembre de 2010, que estableció que las sesio-nes plenarias del parlamento sólo podrán ser transmitidas por la televisora pública de la institución: ANTV. El canal del Estado, Vene-zolana de Televisión (VTV), podrá apoyar en las transmisiones. Los medios privados interesados en difundir tal información deberán hacerlo a través de la señal de ANTV; sin que tengan acceso a las salas de reunión de los diputados.


1.2 Acceso a funcionarios públicos: “limitaciones de hecho al acce-so a los funcionarios públicos”, registradas en 3 ocasiones.

1.3 Acceso a las instituciones públicas: “limitaciones para el acceso a las instituciones públicas” (14 incidentes).

También se registraron restricciones similares en el interior del país. El 16 de junio de 2010, dos sargentos de la Guardia Nacional negaron al periodista Walter Obregón, reportero del diario La Noti-cia y corresponsal del diario El Universal, al acceso al Conscripto Mi-litar de la ciudad de Barinas, estado Barinas. Muchas familias de la zona fueron trasladadas a ese recinto castrense a causa de las fuertes lluvias que afectaron al estado Barinas en los últimos días de mayo y los primeros días de junio de 2010. Obregón quería entrevistar a los damnificados, sin embargo, le prohibieron el ingreso en dos oportunidades.

El 5 de agosto de 2010, la periodista Madelyn Palmar, correspon-sal en el estado Zulia de la televisora privada Globovisión, informó que un funcionario de la Aduana Principal de Maracaibo le impidió realizar su trabajo periodístico.

Se registraron casos de “limitaciones arbitrarias de acceso al lu-gar”, un ejemplo de este tipo de incidente se registró el 5 de agosto de 2010 en el estado Barinas. El Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional, Coronel Roque Carmona Nieve, le impidió al fotógrafo Javier Roselis del diario La Prensa dar cobertura al des-cubrimiento de una avioneta cargada con narcóticos. El reportero gráfico fue expulsado de la finca “Los Samanes”, ubicada en la vieja carretera El Toreño, de Barinas, donde ocurrió el hecho.

Otros incidentes similares se registraron durante la celebración del proceso de elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, el domingo 26 de septiembre de 2010, cuando miembros del Plan República, encargados de la seguridad del material electoral impi-dieron el acceso de reporteros de medios de comunicación privados a centros electorales, en varios puntos del país.

1.4. Acceso a la documentación pública: 5 incidentes derivados de restricciones al acceso a documentación pública (Ver Gráfico Nº 11).

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2. Normas que dificultan la libertad de expresión: Se incluyeron to-das las limitaciones a la libertad de expresión vinculadas a normati-vas restrictivas para el ejercicio del derecho:

2.1. Leyes de privacidad que restringen la investigación y difusión de temas de interés público.

2.2. Tipificación penal por difamación, vilipendio e injurias. Deli-to de desacato y severas condenas civiles.

2.3. Normas, penalidades, amenazas o restricciones por obliga-ción de título universitario, adscripción a gremio, credencial o certi-ficado oficial para el ejercicio del periodismo.

2.4. Restricciones a la libertad de reunión, afiliación y expresión de las organizaciones profesionales y sindicales relacionadas con la actividad periodística.

2.5. Imposiciones por el Estado de un código de ética o de con-ducta periodística.

2.6. Omisiones, distorsiones, inhibiciones o penalidades por condicionamientos de la información/ restricciones estatales por condicionamiento de veracidad, oportunidad o imparcialidad de la información/ prevalencia injustificada de otros valores sociales.

2.7. Normas o actuaciones judiciales o administrativas que ame-nacen la reserva de las fuentes.


Durante el período abarcado en el presente informe hubo 11 vio-laciones a la libertad de expresión sobre: “Tipificación penal para difamación, vilipendio e injurias. Delito de desacato. Severas conde-nas civiles”; 8 violaciones de omisiones, distorsiones, inhibiciones o penalidades por condicionamientos de la información/ restricciones estatales por condicionamientos de veracidad, oportunidad o impar-cialidad de la información/ prevalencia injustificada de otros valores sociales”; 3 violaciones de “leyes de privacidad que restringen la in-vestigación y difusión de temas de interés público/ sentencias que afecten la libertad de información”; y una violación de “restricciones a la libertad de reunión, afiliación y expresión de las organizaciones profesionales y sindicales relacionadas con la actividad periodística” (ver Gráfico Nº 12).

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Se pudo constatar que en Venezuela continúan vigentes penas de cárcel por causas de vilipendio o desacato, difamación e injuria, contenidas en el Código Penal; lo que va en dirección opuesta a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que pro-mueve la eliminación progresiva eliminación de sanciones penales, derivadas del ejercicio de la libertad de expresión, en el marco legal interno de los países.

El 11 de junio de 2010, cuando el Juez del Tribunal 5to de Juicio, de Valencia, estado Carabobo, sentenció al Francisco “Pancho” Pé-rez, a 3 años y 9 meses de prisión, lo inhabilitó profesionalmente y políticamente por el mismo período de tiempo y le impuso una multa de 1.250 Unidades Tributarias, por los supuestos delitos de ofensa a un funcionario público e injuria. Esta decisión que marcó un precedente negativo en el país al inhabilitar a un periodista para el ejercicio de su trabajo profesional, fue revocada en diciembre de 2010, dejando encendidas las alertas sobre el uso de las leyes para silenciar el libre flujo informativo.

3. Agresiones físicas: se incluyen las acciones que afecten la vida o la integridad personal de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, o que impliquen destrucción o daños de materia-les informativos o medios de comunicación. Se incluyen 6 catego-rías específicas: 1. Ataques a la vida (asesinato, intento de asesinato, desaparición forzada, secuestro). 2. Ataques a la integridad física del

periodista (agresión física, intimidación, acoso, persecución, ame-nazas de agresión física, torturas, incumplimiento de los estánda-res mínimos durante detenciones). 3. Ataques contra los bienes del

periodista (robo de información, ataque contra sus herramientas de trabajo; otros). 4. Ataques contra los medios de comunicación (robo, confiscación, daño leve, daño grave). 5. Cierres, suspensiones, incau-

taciones de medios de comunicación; y 6. Ciberagresiones.

Durante el período no se observaron casos asociados la subca-tegoría “ataques a la vida”. No obstante, los casos de “ataques a la integridad física del periodista” fueron los de mayor registro. Espe-cíficamente, 59 violaciones correspondieron a “agresión física”; 30 a “intimidación” y 14 situaciones de “acoso” (ver Gráfico Nº 13).


Las agresiones se registraron tanto en Caracas, como en diversas ciudades del interior del país. En la mayoría de los casos los agreso-res fueron desconocidos, o personas vinculadas a algún grupo políti-co. El 8 de junio de 2010, dirigentes políticos vinculados al gobierno amenazaron e insultaron a la periodista Carmen Marín de Finol y al reportero gráfico Yunior Lugo, ambos del diario regional La Maña-na, en Coro, estado Falcón. Un caso parecido se registró el domingo 22 de agosto de 2010, cuando la periodista Adriana Salazar, de la televisora Globovisión, fue atacada por personas identificadas con el símbolo del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A Salazar la empujaron y le robaron el micrófono cuando cubría un simulacro electoral en el Liceo Andrés Bello, en Caracas.

En algunos casos los agresores usaron la fuerza bruta y objetos contundentes que ocasionaron lesiones severas en los agraviados. El viernes 30 de julio de 2010, el fotógrafo Wilfredo Yustis, del diario El Tiempo, fue golpeado con una pala en la cabeza por manifestantes que no querían ser fotografiados en sus actos frente a la sede del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), en Caracas.

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El 3 de agosto de 2011, el periodista del Diario El Mío de Puerto La Cruz, Óscar Tarazona, fue agredido a golpes y luego detenido en medio de un confuso operativo policial, cuando salío de la sede del diario en la ciudad ubicada en el estado Anzoátegui.

Los hechos violentos dirigidos contra equipos periodísticos afec-taron tanto a trabajadores de periodistas de medios privados y de me-dios estatales. El 14 de octubre de 2011, Héctor Rosales, camarógrafo del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) fue insultado y des-pojado del transmisor de un micrófono cuando cubría una protesta de docentes quienes exigían un aumento salarial cerca a la sede de la gobernación del estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto.

Las agresiones físicas afectaron tanto a periodistas de medios pri-vados como a periodistas de medios estatales y las mismas tuvieron contextos diversos, en los que se incluyen actividades deportivas o recreativas. Así por ejemplo, el 30 de mayo de 2010, camarógrafos y técnicos de los canales Meridiano Televisión (privado) y Tves (es-tatal) fueron agredidos por fanáticos del equipo de fútbol Deportivo Táchira. Los atacantes también dañaron los equipos de transmisión de ambas televisoras, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.

En algunos casos se produjeron detención o persecuciones de equipos periodísticos, que sirvieron como mecanismos de intimida-ción. Uno de estos casos se registró el 15 de julio de 2010, cinco efec-tivos de Casa Militar retuvieron a los periodistas Jhonny Montenegro, Karina Pérez y Héctor Castillo del diario Últimas Noticias, así como a John Lara, conductor del vehículo que los transportaba. Los militares alegaron que los reporteros habían ignorado una voz de alto. De igual forma, el 16 de julio de 2010, soldados del ejército venezolano detu-vieron a los periodistas colombianos Philip Moreno, Milton Uzcáte-gui (del canal RCN) y Paola Osorio (de la emisora Sarare Estéreo), así como al chofer que los acompañaba. Esto ocurrió mientras realizaban un reportaje en el estado Apure, al suroeste de Venezuela.

Sobre la subcategoría 3, “ataques contra los bienes del periodis-ta”, los incidentes de mayor incidencia fueron: ataque contra sus he-rramientas de trabajo (en 18 oportunidades) y robo de información (en 9 oportunidades) (ver Gráfico Nº 14). De los “ataques contra los medios de comunicación”; se registraron


5 incidentes, de los cuales 12 corresponden a “confiscación”; 5 “daño grave”; 2 “daño leve” y 3 fueron “robos”.

El 7 de junio de 2010, cinco artefactos explosivos de fabricación casera fueron lanzados al edificio Torre la Prensa, donde estaban ubicadas, para ese momento, las sedes de los diarios Últimas No-ticias, El Mundo y Líder, pertenecientes a la Cadena Capriles. Un caso similar se registró durante la madrugada del martes 3 de agosto de 2010, cuando la sede del diario Las Noticias de Cojedes –zona central de Venezuela– fue atacada con dos bombas caseras por dos hombres a bordo de motocicletas que las lanzaron a la fachada del medio, causando daños en ésta y el incendio de una camioneta del Diario La Opinión, perteneciente al mismo dueño.

La subcategoría “cierres, suspensiones, incautaciones de me-dios de comunicación registrados durante el período”, registró 12 incidentes; mientras que la categoría “ciberagresiones”, tuvo 14 incidentes.

Esta última categoría tuvo relevancia durante el año 2011, cuando un grupo denominado N33 e identificado como defensor del Presi-dente Hugo Chávez, se dedicó a hackear cuentas de correos electró-nicos y la red social Twitter¸ de periodistas, activistas de derechos humanos y líderes de opinión pública, que son considerados críticos de la gestión gubernamental.

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4. Agresiones con el uso de las normas vigentes: son casos de ac-ciones intimidatorias emprendidas a partir del uso de normativas legales vigentes, por parte de actores estatales públicos o privados. Se incluyen 4 subcategorías derivadas de ésta: 1. Acciones legales, que se registraron en 20 oportunidades. 2. Amenazas de acciones legales, en 15 ocasiones. 3. Amenazas de acciones administrativas, en 5 oportunidades; y 4. Acciones administrativas, en 4 ocasiones (ver Gráfico Nº 15).

El 30 de junio de 2011, la televisora Globovisión fue notificada de un proceso administrativo sancionatorio que le acusa de haber difun-dido imágenes que presuntamente “incitan al odio y la intolerancia por razones políticas” que generaron “zozobra” en la población, por la cobertura que hizo en la cárcel El Rodeo, donde murieron varios reclusos. El procedimiento se fundamentó en la Ley de Responsa-bilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Posterior-mente, el 18 de octubre de 2011, el presidente de la Comisión Na-cional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, anunció que se sancionaría a la cadena televisiva privada Globovisión con una multa de 9,3 millones de bolívares (2 millones 162 mil dóla-res), por su cobertura de los amotinamientos ocurridos en el penal El Rodeo. El funcionario acusó a la televisora de haber tenido un “comportamiento editorial inadecuado”.


La multa contra el canal se fundamenta en el artículo 29 de la Ley que señala que quienes “hagan apología al orden público, apo-logía al delito, apología al odio e intolerancia, zozobra y alteren el orden público serán sancionados con hasta el 10% de sus ingresos brutos de su último ejercicio fiscal o con cierre de 72 horas”. Esta multa fue cancelada por los representantes de Globovisión, el 29 de junio de 2012, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decidió aplicar una medida de embargo administrativo contra el canal. Dicha medida de embargo fue suspendida luego de la can-celación de la multa.

5. Uso abusivo del poder estatal: Acciones emprendidas desde ofi-cinas estatales o a través del uso de recursos del Estado, como la red de emisoras y televisoras oficiales, que obstaculizan el ejercicio de la libertad de expresión. Incluye violaciones de parte de: “Las agencias y funciones estatales relacionadas con los medios de comunicación” y “las agencias y funciones estatales no relacionadas directamente con los medios de comunicación”.

“Las agencias y funciones estatales relacionadas con los medios de comunicación”, incluye: “el uso abusivo de las cadenas de radio y televisión con evidente intencionalidad de censura”, abusos de “poder discursivo” (“declaraciones agraviantes de autoridades pú-blicas y campañas de agravios promovidas por grupos oficiales o para oficiales”); el uso irregular de la “publicidad oficial”; “a ges-tión de los medios de comunicación estatales”; “la promoción de los medios de comunicación comunitarios”; “la regulación de las licencias de radio y televisión” (dependencia política de la autoridad regulatoria, dependencia de intereses privados de la autoridad re-gulatoria, condicionamiento arbitrarios a medios para obtención de licencias, comunitarios o privados desigualdad ante la ley por razones de afinidad política, para obtener la licencia, disposiciones arbitrarias para la obtención de la licencia); “la regulación de los con-tenidos de radio y televisión”; y “la función de la regulación de las telecomunicaciones”(limitación de contenidos en Internet y limita-ción de acceso a internet).

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Se registraron los siguientes casos: 19 “declaraciones agravian-tes de autoridades públicas”; 7 “campañas de agravios promovidas por grupos oficiales o paraoficiales” (el uso de medios afines, redes sociales, la vía pública, o cualquier otro medio de comunicación); 2 “restricciones arbitrarias a los críticos en los espacios en los medios estatales”; 2 incidentes en los que se identificó “dependencia política de la autoridad regulatoria (CONATEL)”; 4 incidentes sobre “condi-cionamiento arbitrario a medios comerciales para la obtención de concesiones de radio y televisión”; un incidente de “evidente des-igualdad ante la ley por razones de afinidad política en la gestión de las licencias” un incidente de naturaleza estructural de “limitación de contenidos en internet” (que afectó a todos los posibles victima-rios); y 3 incidentes “específicos” (que afectaron a determinados con-tenidos o portales de internet).

Las “agencias y funciones estatales no relacionadas directamen-te con los medios de comunicación” incluye: “la función militar, policial y de inteligencia” (“seguimientos, detenciones arbitrarias”, “intercepción arbitraria de comunicaciones” y “uso de información para desprestigio de periodistas”); “de la función electoral”; “de la función migratoria” (“deportación” y “denegación de visa”); “de la función tributaria”; “de la función cambiaria y de la regulación del comercio exterior”; “de la función bancaria”; y “de otras funciones estatales no específicas”.

Sobre las actuaciones de las “agencias y funciones estatales no relacionadas directamente con los medios de comunicación”; se re-gistraron los siguientes incidentes: 20 “detenciones arbitrarias”; 2 “seguimientos”; un caso de “uso de información para desprestigio de periodistas/medios de comunicación”; una “deportación”, 4 inci-dentes vinculados a la “función tributaria”; uno vinculado a la “fun-ción cambiaria y de la regulación del comercio exterior” (Cadivi, etc); 5 relacionados con la “función bancaria”: 5 incidentes.

Un ejemplo ilustrativo del uso abusivo del poder estatal, a través del uso del poder discrusivo se registró el 27 de septiembre de 2010, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuestionó el des-empeño periodístico de la reportera Andreína Flores -venezolana,


corresponsal de Radio Francia y RCN noticias de Colombia- durante una rueda de prensa con medios extranjeros donde comentó los re-sultados de las elecciones parlamentarias efectuadas el día anterior del domingo. Ante una pregunta de la periodista sobre los votos ob-tenidos por los diferentes sectores políticos, el Presidente Chávez cuestionó a Radio Francia y dijo que transmiten “mentiras” y acusó a la periodista de desconocer la Constitución Nacional.

Pocos días después, el equipo de producción del programa La Hojilla, que se transmite a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), inició una campaña de descalificación contra la periodista, que incluyó la revelación de datos de su vida privada.

Un año después, el 29 de septiembre de 2011, Flores fue agre-dida verbalmente por el Ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, quien la tildó de carecer de ética y ser irrespetuosa con las autoridades.

6. Censura previa: incluye normas o acciones, emprendidos desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o Poder Judicial, que represen-ten ejercicio de censura previa. Se registraron 5 incidentes de censu-ra emprendidos desde el Poder Judicial, convirtiéndolo en el mayor responsable de este tipo de violaciones a la libertad de expresión; seguido de 3 incidentes de censura del poder Ejecutivo; y 2 casos de censura por parte del Poder Legislativo (ver Gráfico Nº 16).

El sábado 14 de agosto de 2010, el Ministerio Público (Fiscalía) inició una investigación por la foto publicada en la portada del diario El Nacional, en la que se muestran varios cadáveres en un área de la Coordinación de Ciencias Forenses, conocida como Morgue de Bello Monte, en Caracas. La fotografía fue replicada el día siguiente en la edición del diario Tal Cual.

Como consecuencia de esa investigación, el 17 de agosto de 2010, el Tribunal Décimo Segundo (12º) de Primera Instancia de Media-ción y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metro-politana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, prohi-bió a los medios impresos del país publicar imágenes violentas. La

61

medida fue levantada parcialmente, sin embargo, se mantuvo sobre los diarios El Nacional y Tal Cual; una acción judicial que establece la censura previa, sobre un tema de alta sensibilidad: los asesinatos de decenas de ciudadanos cada semana como consecuencia de la violencia asociada a la inseguridad.

7. Censura indirecta por actores no estatales: Casos de censura que son ejecutados por parte de actores privados que limitan el ejercicio de la libertad de expresión. Con esta categoría se amplía el rango de monitoreo, permitiendo documentar casos cuyo registro no existía y se no se llevaba de forma adecuada.

Los hechos registrados en el período, estuvieron vinculados con “poderes fácticos legales que limitan la libertad de expresión”: se re-gistraron 5 “declaraciones agraviantes de miembros de poderes fác-ticos que puedan tener carácter intimidante” y dos casos documen-tados como “otras formas de censura por parte de poderes fácticos legales”.

El 6 de octubre de 2010, un grupo de personas irrumpieron por la fuerza en las instalaciones de la radio ULA 107.7 FM, pertene-ciente a la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida, estado Mérida, con el objeto de difundir una serie de consignas políticas.

El grupo estaba integrado por unos 20 individuos que se autode-nominaron: “colectivo revolucionario”, y se apropiaron del estudio y los micrófonos impidiendo que la emisora continuara difundiendo


su programación habitual y a la fuerza emitieron un comunicado en el que protestaban por una actuación policial realizada en una de las residencias estudiantiles. Este tipo de medidas se inscribien dentro de la subcategoría de “declaraciones agraviantes de miembros de poderes fácticos que puedan tener carácter intimidante”.

El 28 de noviembre de 2011, se presentaron dos casos de censura y amenazas a periodistas, por parte de integrantes del Sindicato de la Construcción, cuyos miembros, en su gran mayoría, forman parte del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). José Luis Machín Machín, conductor de un programa en la radioemiso-ra Radio Sensacional 94.7 FM, recibió una llamada de líderes del Sindicato de la Construcción en el Estado Barinas, amenazándolo y pidiéndole que no continuara entrevistado a personas que hicieran denuncias contra el sindicato. Por otro lado, el personal directivo y de información del diario Diario De Frente, recibieron advertencias de que se abstuvieran de publicar noticias en contra del Sindica-to de la Construcción. En este caso se evidencian tanto “declaracio-nes agraviantes de miembros de poderes fácticos que puedan tener carácter intimidante”, como “otras formas de censura por parte de poderes fácticos legales”, pues este sindicato está legalmente cons-tituído.

8. Censura interna: Categoría de difícil documentación. Intenta re-flejar mecanismos de censura que se aplican en el interior de los medios de comunicación, incluyen cambios en la línea editorial por presiones, censura de temas de interés público por temor a repre-salias; despidos o cambios de roles a periodistas o trabajadores vin-culados a su trabajo informativo, fin de contratos por presiones o autocensura.

Durante el período estos son los incidentes: “despido, o cambio de rol, vinculado a razones informativas” (6 incidentes); “evidente censura de temas de interés público por temor a represalia oficial”(2 incidentes); “cambio de línea editorial por presión oficial” (un inci-dente); “cambio de línea editorial por ingreso de propietarios vincu-lados al poder oficial” (un incidente); “evidente censura de temas de

63

interés público por temor a represalia de poderes fácticos legales” (un incidente); “terminación de contrato en radio o televisión por presiones externas (oficiales o privadas), un incidente; y “concerta-ciones para no informar” (un incidente) (ver Gráfico Nº 17).

Un ejemplo de una situación de censura interna se registró en la ciudad de Barinas, estado Barinas, cuando El 8 de julio de 2010, miembros del Gobierno Regional de Barinas y los dueños del diario De Frente solicitaron la renuncia de Misael Salazar, director del me-dio. Esto sucedió en el estado Barinas; luego de que el medio publi-cara el titular: “Extraditan a Chávez”, referido al supuesto terrorista salvadoreño, Francisco Chávez; acusado de supuestamente elaborar un plan para asesinar al presidente Hugo Chávez.


El locutor Alexander Mireles denunció que su programa radial “Hablando Claro y Raspao”, transmitido por la radioemisora Class 98.7 FM, de San Carlos, estado Cojedes, salió del aire el 6 de julio de 2010, debido a que Teodoro Bolívar, Gobernador del Estado de Coje-des, al centro del país, compró todos los espacios de la radioemisora.

La censura interna también se evidenció con el despido directo de periodistas que resultaban incómodos por el trabajo informativo que realizaban. El 31 de agosto de 2010, la periodista Rosa Virginia Garrido fue destituida del cargo que ocupaba en la oficina de pren-sa del Consejo Legislativo del estado de Yaracuy; según ella, como una forma de represalia política, debido a la actividad gremial que desempeña como miembro del Tribunal Disciplinario Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), donde en varias oportunida-des reclamó por la situación de la libertad de expresión en el estado Yaracuy.

Las medidas de censura interna pretendieron silenciar la voz de periodistas críticos y también de ciudadanos que informaban sobre asuntos de interés público, como la salud. El 7 de abril de 2011, Ma-nuel Aldana, director del colegio estatal “Rafael Antonio Godoy”, en la ciudad de Mérida, estado Mérida, fue destituido de su cargo por informar a la prensa sobre casos de gripe AH1N1 detectados en la institución educativa.

9. Impunidad: esta última categoría intentan dar cuenta de la impu-nidad estructural existente en el país sobre los casos de violaciones a la libertad de expresión; intentando identificar a los actores res-ponsables; y los hechos concretos de impunidad por mala praxis; impunidad asociada a acciones discursivas; e impunidad derivada de la falta de denuncia por parte de las víctimas ante los organismos de justicia. Los casos registrados en este período tuvieron las siguientes causas: 1.“Mala praxis policial que produce impunidad para los agresores a la libertad de expresión” (3 ocasiones). 2.“Destacados personeros oficiales que explicaron/ justificaron la agresión” (2 ocasiones) (ver Gráfico Nº 18).

65

Un caso claro de mala praxis por parte de funcionarios de segu-ridad se produjo el 31 de octubre de 2011, cuando Daniel Guillermo Colina, reportero de Globovisión, su camarógrafo y un asistente, fueron agredidos por presuntos simpatizantes del Presidente Hugo Chávez, identificados con camisetas rojas con mensajes alusivos al mandatario, con empujones y golpes, mientras cubría una protesta de pacientes y sus familiares frente a un hospital militar del suroeste de Caracas, capital del país. En el lugar se encontraban presentes funcionario de la Guardia Nacional quienes presenciaron la agre-sión pero no intervinieron para evitar que la misma continuara.

IPYS Venezuela pudo constatar que muchos de los periodistas o trabajadores de los medios de comunicación prefieren no presentar las denuncias correspondientes ante los órganos de justicia, por te-mor de represalias o por desconfiar en que se haga justicia en sus casos.

También notó otro elemento que contribuye con la impunidad: la ausencia por parte de altos voceros del Estado de una condena pública a las violaciones a la libertad de expresión y la activación de mecanismos para garantizar el derecho a la integridad física de periodistas y trabajadores de medios y condiciones adecuadas para que puedan realizar sus funciones informativas.

Mientras que faltan las acciones concretas de parte del Estado,


para evitar que se sigas registrando limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa, la violencia física, el uso abusivo del poder esta-tal y las restricciones al acceso a la información pública, persisten convirtiéndose en “las normas” que silencia a la prensa, e impiden que los ciudadanos puedan disfrutar de su derecho a la información libre y plural.

67

Indice de Libertades Periodísticas 2011

0tra novedad de este informe es la inclusión de un Índi-ce de Libertades Periodísticas en el que 61 periodistas de 22 estados del país refirieron sus percepciones en torno al ejercicio de la liber-tad de expresión en Venezuela.

Este índice es similar a otros que se han venido haciendo inter-nacionalmente y permitió observar elementos de difícil medición por otras herramientas, como por ejemplo la autocensura. Y medir los avances o retrocesos de la libertad de expresión en los distintos estados del país.

Se construyó un cuestionario denominado Test de Libertades Pe-riodísticas (TLP), con 20 preguntas, sobre aspectos claves para el ejercicio de la libertad de expresión, fundamentadas en el nuevo sistema de categorías para definidos para el monitoreo del derecho.

Se evaluó la situación de la libertad de expresión en las regiones en el período comprendido entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2011. Cada pregunta fue valorada con el rango del 1 al 5; siendo 5 la situación más adversa para la libertad periodística y 1 la situación más favorable. Con una sumatoria total posible de 100 puntos en cada cuestionario.

Para tener una muestra más completa se pidió a tres periodistas de cada una de las regiones. Se procuró que la muestra estuviera conformada por periodistas que trabajaran activamente en medios de comunicación locales y fueran conocedores de las condiciones y


contexto para el ejercicio del trabajo informativo en cada uno de los estados y algunos académicos que se hayan dedicado a estudiar el tema.

En los estados Guárico y Delta Amacuro hubo dificultades para completar la muestra de tres personas, por lo que en esta ocasión quedaron excluidos del ranking.

Una vez obtenido los cuestionarios se armó un promedio del puntaje definido según las respuestas, que permitió obtener el pro-medio por estados y construir el índice, a partir de los puntajes tota-les; considerando como máxima restricción a la libertad periodística el puntaje de 100 puntos. Se pudo corroborar que, al igual que las tendencias derivadas del monitoreo, las agresiones durante el perío-do se concentraron en el Distrito Capital.

No obstante, en algunos de los estados del interior hubo algunas diferencias en relación con los indicadores mostrados por el moni-toreo, que dan cuenta de que existe entre los periodistas de la zona una percepción distinta sobre las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Otra posible interpretación es que pese a que en algunas regiones del país se están registrando con frecuencia limitaciones para el ejercicio del trabajo periodísti-co, éstas no son percibidas como tales y más bien son consideradas como parte de la asuntos cotidianos que deben afrontar para poder realizar su trabajo; lo que evidencia desconocimiento de los dere-chos establecidos legalmente y de las garantías que deben tener para su disfrute.

Para la realización del Índice de Libertades Periodísticas se contó con el aporte del académico argentino Fernando Ruiz, profesor de la Universidad Austral, quien ha realizado numerosos estudios para medir la relación entre medios y democracia, como el trabajo “Indi-cadores de periodismo y democracia en América Latina” que publica semestralmente.

A continuación presentamos el índice resultante:

69

Distrito Capital 64 1

Vargas 62 2

Anzoátegui 56 3

Apure 50 4

Aragua 50 4

Bolívar 50 4

Cojedes 50 4

Miranda 49 8

Nueva Esparta 49 8

Zulia 48 10

Falcón 46 11

Monagas 43 12

Mérida 40 13

Lara 38 14

Trujillo 35 15

Táchira 33 16

Amazonas 31 17

Carabobo 30 18

Portuguesa 27 19

Yaracuy ` 21 20

Barinas 19 21

Sucre 9 22

Estado Puntaje promedio Lugar ocupado obtenido en el Test en el ranking de Libertad Periodística (TLP)


Test de Libertad Periodística (TLP)(cuestionario aplicado a periodistas venezolanos para la construcción del Índice de Libertades Periodísticas).

Con las siguientes preguntas se va a construir un índice de libertad en su respectivo estado, y a nivel nacional, en el período compren-dido entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2011. Cada pregunta suma cinco puntos si la respuesta es negativa para la li-bertad periodística. El máximo entonces de restricción a la libertad periodística es de 100 puntos.

71

Primera parteResponda sí o no en cada una de las preguntas. En el caso de que su respuesta sea positiva

incorpore información sobre casos ilustrativos, observaciones o comentarios.

¿Hubo en los últimos 18 meses un periodista que sufrió un intento de asesinato, o fue efec-

tivamente asesinado, posiblemente por ejercicio de su profesión?

SI [ ] NO [ ]

Ejemplos (en caso de que la respuesta sea afirmativa), observaciones o comentarios:

¿Hay periodistas presos por el ejercicio de su profesión?

SI [ ] NO [ ]


¿Los agresores de los periodistas permanecen impunes?

SI [ ] NO [ ]


¿En el último semestre hubo algún medio relevante que fue cerrado o cambió su línea

editorial por algún tipo de acción oficial o paraoficial?

SI [ ] NO [ ]



Segunda parteResponda sí o no en cada una de las preguntas. Luego escoja una opción para indicar el

nivel de gravedad de la violación. En el caso de que su respuesta sea positiva incorpore

información sobre casos ilustrativos.

SI [ ] NO [ ]

Si su respuesta es afirmativa: ¿qué tan grave considera la limitación?:

Marque una opción de acuerdo a la siguiente escala:

1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿La autoridad regulatoria de radio y televisión tiene autonomía del poder político?

SI [ ] NO [ ]

Si su respuesta es afirmativa: ¿qué tan grave considera la limitación?: Marque una opción

de acuerdo a la siguiente escala:

1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Existen condicionamientos ideológico/políticos a los medios comunitarios para recibir la

Habilitación-Concesión o el Acompañamiento Social (Minci)?

SI [ ] NO [ ]

73



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los principales medios estatales son pluralistas, o están al servicio de un grupo político?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿La publicidad oficial es un recurso para premiar a los amigos y castigar a los enemigos?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]



¿Existe control de contenidos en internet?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿El Estado limita en forma arbitraria el acceso a internet?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


75

¿Los principales canales de televisión abierta invitan a los principales líderes de la oposi-

ción política y les ofrecen un tratamiento similar al de los líderes del gobierno?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los funcionarios oficiales suelen no dar información a los periodistas/medios que consi-

deran críticos?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los medios oficiales de comunicación son utilizados para agraviar, no criticar, a los me-

dios considerados críticos?

SI [ ] NO [ ]




1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Existe algún mega-anunciante privado que haya tenido éxito en silenciar algún tema de

gran interés público?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los poderes criminales organizados limitan, en forma directa o indirecta, la agenda in-

formativa?

SI [ ] NO [ ]

77



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Algunos de los poderes fácticos legales limitan, en forma directa o indirecta, la agenda

informativa?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los directivos de las radios comerciales AM más importantes de la comunidad limitan

severamente la libertad profesional de sus periodistas?

SI [ ] NO [ ]




1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los directivos de los periódicos más importantes de la comunidad limitan severamente la

libertad profesional de sus periodistas?

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]


¿Los directivos de los canales abiertos de televisión comerciales más importantes de la

comunidad limitan severamente la libertad profesional de sus periodistas? (capítulo 8)

SI [ ] NO [ ]



1 = muy leve [ ]

2= leve [ ]

3= moderado [ ]

4=grave [ ]

5 = muy grave [ ]

79


Nota: Estas 20 preguntas definen la existencia de las limitaciones estructurales a la liber-tad periodística. Cada pregunta tiene el mismo valor. Si en un Estado se cumplen las 20, el puntaje es 100, que es la máxima gravedad de libertad de expresión.

81

CAPÍTULO 2

Entre la impunidad y la justicia Situaciones emblemáticas que han afectado el ejercicio de la libertadde prensa en el Venezuela

83

El laborioso oficio de ser corresponsal de prensa extranjera enVenezuela

IPYS Venezuela, Caracas.- El dictamen seis de la declara-ción de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos establece que la actividad periodís-tica debe regirse por conductas éticas que “en ningún caso pueden ser impuestas por el Estado”.

Sin embargo, en algunos países latinoamericanos la actividad periodística está regulada por disposiciones de autoridades naciona-les que complementan la afiliación de los periodistas a un gremio profesional.

La mayoría de estas regulaciones provienen de la autoridad mi-gratoria del país que otorga visas de trabajo a los periodistas extran-jeros que entran al país y que trabajan como enviados por el medio para el que laboran.

En el caso de Venezuela, tanto los corresponsales extranjeros como los venezolanos que trabajan para un medio internacional de-ben solicitar una acreditación del Ministerio de Información y Co-municación (MINCI), si desean cubrir actos del Gobierno Nacional.

Esta acreditación contiene requisitos adicionales a la función mi-gratoria que algunos estados latinoamericanos solicitan para que los representantes de la prensa internacional trabajen en otro país.

A continuación presentamos una tabla comparativa por países sobre los requisitos de acreditación para periodistas de medios ex-tranjeros, en algunos países latinoamericanos.


País

Argentina

Brasil

Requisito Migratorio

Solicitar visa de trabajo (si es extranjero) y entregar carta del medio que lo contrató.

Carta del medio donde trabaja y documentos de identidad.

Si es extranjero:• Carta del medio que indica la relación laboral del periodista• Formulario con datos personales• Declaración de dependientes a su cargo• Visa y pasaporte• Registro de extranjero entregado por la policía federal

Si es brasileño:• Carta del medio que indica su relación laboral.• Dos fotografías.• Formulario con datos personales.• Declaración de dependientes a su cargo.• Registro profesional• Copia del contrato de trabajo.• Registro de contribuyente.

Entidad que lo otorga

Ministerio de Rela-ciones Exteriores, Culto y Comercio

Adicionalmente, la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina (ACERA) permite que el corresponsal se asocie de forma voluntaria. Internacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores: Oficina de Relaciones con los Medios.

Requisitos para obtener acreditación

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Entidad que lo otorga

Perú

Colombia

Chile


Visa de Periodista expedida por un añoRegistro de Corresponsales de Prensa Extranjera.

La Constitución colombiana no exige acreditación alguna para ejercer el periodismo en el país.

Visa de trabajo.

• Carta del medio que contrata al cor-responsal, puede ser temporal mientras se pide la original.• Formulario.• Fotos carnet.• Original pasaporte y Fotocopia.

Algunas entidades del gobierno solicitan una identificación al periodista que indique para el medio que trabaja.

• Foto digital • Carta de presentación del medio donde trabaja• Llenar un formulario con datos personales.

Oficina de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

APEP (Asociación de Periodistas Extranjeros en Perú) (No es obligatorio ser socio de la organización para ser acreditado).

Algunas entidades gubernamentales en caso de cumbres internacionales o eventos especiales.

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Chile otorga una membrecía voluntaria, adicional a la que otorga el gobierno.


País


Venezuela


Si es extranjero:• Visa de tránsito laboral entregada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) • se debe hacer un depósito bancario por 5 unidades tributarias a nombre del SAIME-.• Carta laboral del medio, apostillada y traducida.• Resumen curricular.• Contrato de trabajo apostillado y traducido.

Si es venezolano:• Cedula de identidad.• Carta del medio sellada y traducida. que indique:• Copia del contrato de trabajo. • Tipo de relación laboral (si es freelance o contratado).• Recibo del último salario devengado.• Afiliación al Colegio Nacional de Periodistas.• Resumen curricular.

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación.


País Entidad que lo otorga

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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Venezuela, seguido de Brasil, es el país que solicita mayor cantidad de requisitos a un trabajador de la prensa extranjera para realizar sus labores en el país. La solicitud del contrato de trabajo data desde el año 2004, cuando se publicaron en la Gaceta Oficial, las normas que rigen la acreditación de corresponsales de medios extranjeros.

Desde ese momento, el Ministerio de Comunicación e Informa-ción (MINCI) exige tanto a periodistas venezolanos como extranje-ros, su contrato de trabajo como requisito indispensable para ser acreditados en el país. Para Humberto Márquez, corresponsal de la agencia Inter Press Service (IPS) en el país, los problemas con las acreditaciones, sobre todo con los corresponsales de medios inter-nacionales que proceden del extranjero, se derivan de la falta de co-nocimiento sobre los requisitos exigidos por el MINCI. A su juicio, el ministerio no comunica adecuadamente estos requerimientos al servicio migratorio venezolano, por lo que el corresponsal extranje-ro podría tener dificultades para acreditarse.

Márquez indica que durante los años 2004-2006, marcados por una conflictividad política importante, les fueron negadas las acre-ditaciones a algunos corresponsales por razones políticas, bien sea porque lo que escribían no era del agrado del gobierno o porque prestarían servicio en un medio crítico al gobierno, lo cual demora-ba su acreditación o no se les entregaba.

Estos requisitos datan del año 2011 y aunque en la mayoría de los casos la acreditación ministerial es utilizada para actos oficiales asociados al Ejecutivo, en marzo de 2012 la Asamblea Nacional ve-nezolana abrió un periodo para acreditarse ante el ente legislativo y entre sus requisitos para los corresponsales de medios extranjeros exigían la credencial entregada por el MINCI, de forma obligatoria.

Los corresponsales fijos de medios extranjeros pueden compro-bar más fácilmente su relación laboral ante el ministerio, pero cuan-do asumen la figura de colaboradores, el proceso puede tener más limitaciones.


El contrato laboral perjudica a los colaboradoresEl presidente de la Asociación de Prensa Extranjera (APEX) Nés-tor Rojas recomienda a los periodistas que no desean revelar infor-mación confidencial sobre su relación laboral, que al momento de entregar el contrato al Ministerio de Comunicación e Información (MINCI) borren el salario devengado, ya que los periodistas podrían sentir temor de que esa información pierda su confidencialidad si alguna persona ajena a los entes gubernamentales la obtuviese.

Algunos reporteros de medios internacionales (cuyos nombres están en reserva), se han rehusado a entregar su información laboral para obtener una acreditación. Es por ello que no les llegan las co-municaciones de la prensa oficial ni las invitaciones a las ruedas de prensa del presidente Chávez. En algunos casos, el reportero acude igualmente a los actos oficiales sin que la acreditación sea un obs-táculo.

No obstante, para los reporteros que tienen una relación laboral como colaboradores, es más difícil cumplir con los requisitos, ya que no siempre pueden obtener una carta original de sus jefes en un breve periodo de tiempo para ser legalizada y traducida. El corres-ponsal de Inter Press Service (IPS), Humberto Márquez, cree que los colaboradores son los más propensos a tener dificultades, ya que sus condiciones de trabajo muchas veces son discutidas verbalmen-te con sus patronos en el exterior y el MINCI quiere comprobar las condiciones de trabajo por escrito.

Esto ha conllevado a que hayan desistido de enviar recaudos al MINCI. Tal es el caso de la colaboradora del diario El País, Maye Primera, quien se limita a cubrir los actos presidenciales extrayen-do la información de las cadenas de radio y televisión. Ella fue una de los periodistas que aparecieron en una cartelera dentro de las instalaciones del despacho de Comunicación e Información, en el que se señalaba a representantes de algunos medios extranjeros de “conspirar” contra el gobierno venezolano.

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Señalados por el “pulpo mediático” Aunque el tema de las acreditaciones no ha sido planteado al Minis-terio de Información y Comunicación por los corresponsales extran-jeros, en oportunidades anteriores sí expresaron su punto de vista sobre limitaciones y descalificaciones de las que han sido objeto. La más notoria ocurrió en el 2011, con una cartelera que estaba en las propias paredes del ministerio bajo el título de “El Pulpo Mediático”, en la que aparecían diversos representantes de los medios extranje-ros en el país y sus posibles vínculos con intereses políticos interna-cionales contrarios a Venezuela.

La cartelera creó gran controversia en el gremio periodístico y ac-tualmente no se encuentra en las oficinas del ministerio. En ese mo-mento, la directiva de la APEX solicitó una reunión con el ministro Andrés Izarra por ese suceso, pero nunca ocurrió esa reunión. Rojas comenta que la última reunión de la asociación, con algún ministro de la cartera de comunicaciones, fue con el fallecido Willian Lara en 2006, donde los reporteros pudieron hablar con el ministro sobre su trabajo en el país.

Los corresponsales enviaron una nota de protesta al ministro Iza-rra sobre la cartelera, ya que al exponer la fotografía y los nombres de los periodistas, los reporteros serían propensos al escarnio públi-co y quizás objeto de agresiones.

Humberto Márquez señala que el contenido de la cartelera fue utilizado para transmitir videos en el canal del Estado, Venezola-na de Televisión, en los que se mostraba a los corresponsales como “integrantes de una conspiración mediática internacional contra Venezuela”. Una de las corresponsales que aparecía en el video fue increpada en las calles por un transeúnte que la reconoció. La perio-dista sospecha que la fotografía que aparece en el audiovisual es la misma que entregó al MINCI para ser acreditada.

Márquez añade que debió haberse hecho un anuncio formal por parte del Ministerio de Información y Comunicación para informar que se eliminaba la cartelera.


Luego de este incidente, los corresponsales no quieren enviar sus datos para preservar el principios de confidencialidad; sienten temor de que el MINCI los pueda divulgar.

La credencial del MINCI es importante en los países andinos y latinoamericanos que no están familiarizados con los requisitos que se piden en Venezuela. “Puede ser utilizada para comprobar que se tiene una acreditación”, señala Márquez.

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Caso de Susana Quijada sienta un precedente en Anzoátegui

Pese a que aún no ha concluido, la periodista oriunda de El Tigre, estado Anzoátegui, ha logrado que las instancias laborales fallen a su favor en una situación de despido injustificado debido a presuntas presiones gu-bernamentales.

Yoleida Salazar, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.- El 26 de septiem-bre del 2010, mientras hacían la cobertura de las elecciones parla-mentarias que se efectuaban en Venezuela en esa fecha, dos perio-distas de la ciudad de El Tigre (Anzoátegui), Sara Vargas de Órbita TV y Susana Quijada, de TV Sur, fueron agredidas físicamente por representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes además de golpearlas destruyeron equipos audiovisuales de los camarógrafos que acompañaban a las reporteras. La que llevó la peor parte fue Vargas, quien tuvo que ser atendida de emergencia por varios golpes y contusiones.

Ambas periodistas acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público para colocar la denuncia de la agresión recibida, además de divulgar y repudiar el hecho a través de varios medios de comunicación regio-nales. Desde entonces, las acciones emprendidas para hacer valer los derechos de libre ejercicio del periodismo le trajeron problemas a Su-sana Quijada, quien continuó con sus labores en TV Sur. La demanda de Sara Vargas prosperó y el agresor, identificado y confeso, fue con-denado a seis meses de cárcel en noviembre de 2011.

Discriminación laboralMediante una carta suscrita por el presidente de la televisora TV Sur C.A., Moisés Serrano, el 6 de abril de 2011, la periodista Susa-na Quijada fue notificada que debía cesar sus labores de reportera en el canal donde laboraba desde hacía un año y siete meses. Se alegaba falta e incumplimiento de labores los días 23, 24, y 25 de marzo; periodo en el que estuvo ausente debido a un permiso no remunerado que solicitó de manera verbal, y que le fue concedido


de la misma forma. De hecho, en su recibo de pago correspondiente al del 31 de marzo de 2011, fue reflejado el descuento de los tres días de ausencia.

“Horas antes de recibir la carta de despido, recibí varios mensa-jes vía celular de parte de la esposa del dueño y vicepresidenta del canal, Yaneth Centeno, donde me notificaban que mi despido estaba apegado a razones netamente políticas, ya que supuestamente entes gubernamentales amenazaron con no cancelar deudas que mantie-nen con TV Sur mientras yo estuviera laborando en ella, y en vista de la presión, al parecer los directivos procedieron a despedirme”, relató Quijada.

La periodista acudió en mayo de ese año a la Inspectoría del Mi-nisterio del Trabajo, ente que se encarga de velar por los derechos de los trabajadores frente a los empleadores, y tras varias audiencias y reuniones entre las partes, el inspector del Trabajo de El Tigre, Juan López, dictaminó que la comunicadora debía ser restituida en su puesto de trabajo de forma inmediata. El ente laboral basó su decisión en el decreto 7.914 mediante el cual el Presidente de la República estableció la inamovilidad laboral de los empleados del sector público y privado en todo el territorio nacional.

Adaybelice Figueroa, Rafael Chacín y Shirley Gómez, quienes eran para esa fecha miembros de la Junta Directiva del Colegio Na-cional de Periodistas, seccional El Tigre, recordaron que el caso fue peleado y celebrado en el seno del gremio. “Cuando la Inspectoría del Trabajo ordenó el reenganche de Susana, nos sentimos agrade-cidos porque nos asistía la razón ante la manera arbitraria como fue despedida la periodista Susana Quijada. Además se demostró que a través de la denuncia los entes públicos pueden actuar y hacer cum-plir las normativas legales”, dijo Chacín.

Sin embargo, el Colegio Nacional de Periodistas nada pudo ha-cer, salvo denunciar en comunicados, para impedir las presiones que ejercía la directiva del canal sobre Susana Quijada, una vez que retornó a su puesto de trabajo el 3 de mayo de 2011.

“Volví a mi puesto de trabajo con algunas desmejoras y exigencias que me hizo el patrono, entre ellas que debía cumplir un horario,

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cuando anteriormente jamás lo había hecho. Además, sólo podía dar-le cobertura a las informaciones que ellos me indicaran, es decir, no podía tener agenda propia, y no podía salir a trabajar en otro carro que no fuera el del canal, esto para presionarme porque yo trabajo para otros dos medios de comunicación de la zona”, detalló la perio-dista. Pese a las nuevas pautas que impusieron a su trabajo, Susana Quijada continuó acudiendo al canal a diario, pero de igual forma notificó a la Inspectoría del Trabajo sobre las nuevas exigencias.

La reportera asegura que, pese a estar en desacuerdo, cumplió con lo establecido por la directiva del canal y por intermediación de la Inspectoría del Trabajo le fueron cancelados sus salarios caídos. No obstante, las presiones seguían y en septiembre de 2011, el director del canal dijo que debía despedir a tres periodistas por razones eco-nómicas –entre esas a Quijada- y les proponía cancelar sus prestacio-nes sociales dobles a cambio de que firmaran una carta de renuncia.

Susana no aceptó el trato y el 5 de octubre de ese mismo año vol-vió a ser despedida. La reportera acudió a la instancia laboral de la región y después del respectivo careo, la consignación de pruebas y de casi cuatro meses de espera, el 15 de febrero de 2012, nuevamen-te este organismo apeló a su favor.

“El pasado 17 de febrero me presenté ante la empresa para el reenganche voluntario y el patrono no aceptó. El 1 de marzo me diri-gí con una abogada de la Inspectoría del Trabajo hasta el canal, pero la vicepresidenta, Yaneth Centeno, se negó a atendernos”. Hasta la fecha la periodista no ha podido recuperar su trabajo ni tampoco ha podido negociar una salida monetaria a su caso, debido a que los dueños de la estación se han negado a atenderla, a ella y a los abogados de la Inspectoría.

Se intentó contactar en diversas oportunidades tanto a Moisés Serrano (presidente de TV Sur), como a Yaneth Centeno (vicepresi-denta), pero ambos declinaron dar declaraciones sobre el caso.

Susana sigue apegada a los procedimientos legales que le indican que se violó la ley con su despido; afirma que seguirá empeñada en hacer valer sus derechos constitucionales como ciudadana y como periodista.


Autocensura De acuerdo con los registro del Instituto Prensa y Sociedad de Ve-nezuela (IPYS Venezuela), la mayoría de los atentados en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el es-tado Anzoátegui, y en oriente en general, están vinculados al factor político. Las denuncias sobre casos de corrupción gubernamental, las presiones económicas e impositivas a las empresas mediáticas, aunado a la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, fomentaron los ataques a la prensa, caracteriza-dos por el recrudecimiento de las presiones del sector oficial hacia los medios de comunicación.

En los estados Anzoátegui y Monagas se han producido desde 2005, choques entre los gobernantes locales y algunos medios pri-vados no identificados con la corriente oficialista. En Monagas, por ejemplo, el alcalde capitalino impuso un veto a varios medios de circulación regional y nacional, y presionó con amenazas de retirar la pauta publicitaria oficial.

Entretanto, en Anzoátegui el gobernador de esa entidad del no-roriente venezolano, Tarek Wiliam Saab, ordenó un veto comunica-cional a los diarios El Tiempo y a El Nuevo Día, rotativos a los que acusa de estar organizando una “campaña mediática” en su contra. El mandatario amenazó con despedir a los funcionarios públicos que proporcionen información a estos medios, violando no sólo la Ley del Funcionario Público sino también la Constitución Nacional.

Como sucede en la mayoría de las ciudades del interior del país, uno de los principales anunciantes de los medios locales es el go-bierno, bien sea municipal, regional o nacional. La subsistencia de muchos pequeños y medianos periódicos, radios y televisoras, sub-sisten de la pauta publicitaria oficial, y esta situación los hace vulne-rables a las presiones que ejercen los mandatarios de turno.

“La publicidad oficial no se inserta con criterios regulares y en al-gunos casos es usada como instrumento de premio y castigo”, resal-ta en las conclusiones del Proyecto Integral de Monitoreo de Censu-ra y Autocensura en Venezuela, efectuado en el año 2007, publicado por IPYS Venezuela en un libro titulado Noticias confiscadas 2007.

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La ciudad de El Tigre, ubicada al sur del estado Anzoátegui, es un enclave petrolero cuyo gobierno municipal está en manos, desde 2008, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, es la ciu-dad natal del actual gobernador, también oficialista, y la familia del mandatario regional ejerce allí una gran influencia. El único medio crítico a la gestión gubernamental que se encuentra en esa zona es el Circuito Órbita, y es el único –junto con el diario El Tiempo, de circulación regional- que carece de pauta publicitaria oficialista.

A Adaybelice Figueroa, ex directiva del Colegio Nacional de Perio-distas (CNP)-El Tigre, no le parece raro que el despido de Quijada se deba a presiones gubernamentales. “Lamentablemente, cada día las empresas privadas son más escasas en el país, lo que ha hecho que se contraiga la inversión publicitaria de ese sector, y cada vez más los entes gubernamentales sean los que copan el espacio y tiempo en los medios locales, y esta situación, en éste y en gobiernos ante-riores, siempre ha sido un problema”, puntualizó.

Para Domingo Luis Díaz, presidente del CNP Anzoátegui, el caso de Susana Quijada: “significa un avance en el rescate de los procesos legales de los periodistas, que muchas veces son maltratados por los dueños de los medios de comunicación”.


Con deudas se aplica la censura en Barinas

Briceida Morales, Barinas, estado Barinas.- A todos los medios de comunicación les adeudan compromisos desde el año 2008. Nin-gún directivo o dueño quiere comprometerse dando su nombre. Lo cierto es que desde hace cuatro años exactamente, los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión en la región de Barinas están a la espera de que les sean canceladas sus deudas por concepto de publicidad.

¿A cuánto asciende el tamaño de esta monto real? No lo sabemos. Sólo podemos entrever, que son varios miles de millones de bolíva-res fuertes.

La historia de este periplo, al parecer, comenzó en la campaña del actual Gobernador del Estado Barinas, Adán Chávez, hermano del Presidente de la República, Hugo Chávez.

Quizá, algunos medios, confiados en este vínculo consanguíneo, pensaron que los compromisos asumidos iban a ser cancelados a la brevedad, pero la historia fue otra.

Lo más grave del asunto, es que algunos medios siguieron man-teniendo una postura de sumisión, que sigue extendiéndose en el tiempo, sin llegar a saber cuándo recibirán el pago de los compro-misos asumidos.

Durante la gestión del anterior gobernador, padre del actual, Hugo Chávez, fue saldada gran parte de las deudas con los medios de comunicación. Pero no pasaría así con Adán.

Aquí se incluye, no sólo la gobernación, sino alcaldías, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), el Instituto Municipal Amigos de la Feria (IMAFER), institución ya desaparecida.

No se escapan ni los medios privados, ni aquellos cuya línea edi-torial es claramente afecta al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para Tarquino González Concho, presidente de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas- Barinas, la situación en el estado podría circunscribirse a dos áreas bien delimitadas.

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Por un lado, el caso del diario La Prensa de Barinas, al cual le han negado el pago de lo adeudado desde el año 2008, por órdenes de Adán Chávez. Pero como se dice en el diario “les salió el tiro por la culata”, explica el colega, dado que, con esta medida el Gobierno simplemente se equivocó ya que este periódico ha recibido el apoyo no sólo de la publicidad del sector privado, sino de público lector.

Por otro, el cerco económico a los medios para obligarlos a man-tener determinada línea editorial. Esta medida fue exitosa, en algu-nos casos.

Esto ha comenzado a cambiar en los últimos meses ya que el gobierno regional insiste en hacerse oídos sordos.

Concluye, González Concho, que esta táctica sistemática imple-mentada por el gobierno de Adán Chávez atenta contra la libertad de expresión, y de información de todos los venezolanos, toda vez que ellos mismos han cerrado los espacios a los periodistas para acceder a determinados contenidos o conocer de primera fuente acerca de los problemas de la región.

La tragedia del diario De FrenteEl caso más dramático es el del diario De Frente; con varios cam-bios de dueños en su haber, desde que Gino Manfredi decidió dar en venta esta empresa, luego de estar consolidada como uno de los medios más atrayentes entre el público lector, a la par del diario la Prensa de Barinas.

Luego su dueño sería de Luis Velásquez Alvaray, hoy exiliado del país. En el año 2009 fue noticia de primera cuando se habló de su vinculación al empresario chavista Fernández Barrueco, aunque luego se comprobó que el medio había sido vendido un año antes.

Trascendió luego que este diario fue vendido por Fernández Ba-rrueco a unos hermanos de apellido Hernández.

Al parecer estos últimos personajes tendrían vínculos cercanos con la presidenta de VTV, Tania Díaz. Información que no se ha podido confirmar.

Se conoció, además, por una fuente de este medio a la que lla-maremos, Fuente 2, que ambos serían dueños de una empresa de


publicidad llamada “Ámbitos”, a través de la cual se maneja toda la imagen publicitaria del Presidente Hugo Chávez.

A pesar de estas vinculaciones con las esferas de poder, y de que este medio responde claramente a una línea editorial pro gobierno, la situación de este periódico ha dado de que hablar durante los úl-timos años.

Ellos no escapan a las deudas que tiene el gobierno regional con los medios de comunicación.

Por ejemplo, el año pasado, informa la Fuente 2, debieron espe-rar la cancelación de tres meses de cesta ticket, pago que se concretó entre diciembre y enero de 2012.

Tanto fue la incertidumbre vivida, que decidieron protestar para que el estado Barinas conociera lo que allí estaba pasando.

Otros aspectos puntuales para conocer la realidad actual de este medio impreso, es que se han dado fallas en suministros, ameri-tando el año pasado la solicitud de colaboración a un medio de la competencia para el préstamo de una bobina; o el quemado de las planchas ya que la máquina de fotolito se encuentra dañada. Otras medidas restrictivas: el desperfecto en los vehículos de transporte para trasladar al personal. La supresión de los periódicos de cortesía al personal del periódico. El despido de dos vigilantes que tenían poco tiempo laborando en este medio; sólo dejaron al más antiguo pues el arreglo les llevaría a desembolsar casi 50 millones.

En medio del ambiente de tensión por el pago de las deudas, el año pasado cuando una de las periodistas abordó al mandatario re-gional para preguntarle acerca de este delicado tema, Adán Chávez respondió que: “él no podía creer que el periódico sólo dependiera del pago de la Gobernación, que ellos deberían hacer una revisión de a quién le pautan o no, de acuerdo al presupuesto del periódico”.

A pesar de ello, la Oficina Regional de Información siempre pau-ta y elige la página en la cual quiere aparecer.

Al momento de informársele al director del periódico, Oscar Pa-lacios, quien asumió la jefatura en agosto del año pasado - el an-terior director salió luego de la quiebra de De Frente Portuguesa-, sobre la respuesta del gobernador, rápidamente llamaron a Caracas

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para hablar con los jefes y determinar si debían sacar esta declara-ción textual o suavizarla.

Al día siguiente de las declaraciones del gobernador, continuaron sacando noticias positivas para que éste y el gobierno regional, en general, entendieran que continúan apoyando al proceso.

A pesar de esto, el director del medio, dijo la Fuente 2, les ma-nifestó a los periodistas que se sentía defraudado de ellos al haber traicionado su confianza. El jefe de fotografía los catalogó como “pe-riodistas de provincia”.

Una de las periodistas llegó a decirle al director, “¿por qué depen-der de un pago de la gobernación si nosotros no somos empleados de esta institución?”.

Hay que hacer la salvedad de que las alcaldías y otras institucio-nes también le adeudan dinero a este periódico.

Ahora bien, dice la Fuente 2, en relación a las notas que salen publicadas en el medio, siempre se trata de destacar algo positivo. Si por ejemplo nombran a Corsobain - empresa aparentemente vincu-lada a un hijo del gobernador-, se le dedica muy poco espacio.

Las notas de comunidad son las más complicadas pues casi siem-pre destacan algo positivo, subestimando las denuncias de los pro-blemas que viven sus habitantes. Los mismos declarantes pregun-tan si van a sacar las notas o no.

En bloqueLa situación de incertidumbre ameritó que el año pasado varios me-dios de comunicación, entre ellos, el diario La Prensa de Barinas, Diario Los Llanos, La Noticia y Telellano, acudieran unidos en bloque a solicitar la cancelación de las deudas y enviaron una misiva dirigida al Gobernador del Estado. Sin embargo, nunca les cancelaron.

La acción de actuar en bloque surgió luego de las agresiones eje-cutadas por miembros del Sindicato de la Construcción a finales del 2006, cuando llegaron a destruir las instalaciones del medio y agredir a uno de los directivos del Diario Los Llanos.

Otra fuente que llamaremos “Fuente 3”, informó al respecto, que en el caso del diario La Prensa la deuda alcanza un monto de 250 mil bolívares desde el año 2008, eso sin contar lo que adeudan las


alcaldías. Algo que fue corroborado por Tarquino González, perio-dista de este medio.

La “Fuente 3” dijo, además, que en el caso de este medio, la pre-sión ha sido muy sutil: “todos saben a quién se están enfrentando”.

Al margen de que ni siquiera se les está enviando boletines de prensa o pautas del gobierno regional y municipal, el diario La Pren-sa ha sabido manejarse y posicionarse como uno de los primeros de la región.

Prácticamente, lo que existe es un boicot informativo en contra de La Prensa, que se ha radicalizado luego de que el propio director reclamara el año pasado, que se le cancelara la deuda, cuando la jefe de la Oficina Regional de Información exigió derecho a réplica por una información aportada por los propios consejos comunales sobre el retardo en la construcción de viviendas, dijo la Fuente 3.

El caos es tal que si bien durante el gobierno del maestro Chávez, se saldaron las deudas y hubo un trato tolerable entre medios y go-bierno, en la gestión de su hijo, Adán Chávez, lo que ha habido es descalificación en contra de La Prensa, desde los días de la campaña electoral del año 2008.

El 14 de diciembre del 2011, el director del diario La Prensa, Al-berto Santeliz, informó que se quiere criminalizar al medio por ha-ber publicado fotografías de imágenes a color o blanco y negro que registran a personas que perdieron la vida de forma accidental, vio-lenta o sangrienta, y que impactan en niños, niñas y adolescentes.

No obstante, estas fotografías fueron entregadas por los mismos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes pidieron el favor a los medios de publicar las fotos de varios cadáveres que no habían sido reclamados por sus familiares. Algunos tenían hasta ocho días en la morgue del CICPC.

Las gráficas también fueron publicadas por los otros tres medios impresos de la región. Además de ello, se conoció la pretensión de sancionar al medio con una multa que alcanzaría un porcentaje im-portante de sus ingresos, como una manera de seguir presionando a este periódico.

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En el caso del diario La Noticia, la deuda total es de alrededor 1.500.000 (un millón quinientos mil) bolívares fuertes. La Alcaldía del Municipio Barinas, 500 mil bolívares fuertes; PDVSA, entre 500 y 600 mil bolívares fuertes; e IMAFER, 400 mil bolívares fuertes.

En la consulta se pudo conocer según otra fuente que llamare-mos Fuente 4, que incluso han pretendido comprar La Noticia, pero no se ha concretado la venta y que a pesar de los intentos de impo-ner la línea editorial, no han podido lograrlo.

No obstante, han habido ciertas presiones para salir de uno sus periodistas, como es el caso de Walter Obregón, quien también es corresponsal del diario de circulación nacional, El Universal, por ór-denes de la jefa de la Oficina Regional de Información (ORI), María Cecilia Ferreira.

Lo más grave de este chantaje, explican las fuentes consultadas, es que aparte de esto, existe un sobregiro presupuestario bárbaro, ya que el Gobierno gastó el año pasado su presupuesto anual y además de ello, ni siquiera solicitando los créditos adicionales pudo saldar la deuda, es decir, gastó el equivalente al presupuesto de seis años, y aún así no pudo pagar los aguinaldos.

Iniciado este año 2012, declaró la Fuente 4, acudieron a la gober-nación los directivos del diario La Noticia y del Diario Los Llanos para exigir que se les cancelara la deuda, pero sólo les dijeron “va-mos a revisar”.

La Fuente 4 informó, además, que en el caso del Diario Los Lla-nos, su actual directora dada la recurrente negativa de cancelarle la deuda, ha dejado de enviar el equipo periodístico a cubrir las pautas de la gobernación.

No obstante, la ORI continúa enviando boletines de prensa a La Noticia y al Diario Los Llanos.

“Si tratan de imponerme algo”, dice la Fuente 4, no les respondo el teléfono.

El Grupo Medina, propietario de Telellano se vio obligado a ven-der la televisora, ante la presión ejercida por el gobierno regional y la deuda exorbitante que nunca les solventaron.

No valieron todas las posiciones acomodaticias y la censura a va-


rios programas de opinión que fueron cancelados, sin dar un por qué al grupo de periodistas que allí laboraban.

De acuerdo a información que habría llegado a oídos del presi-dente del CNP, seccional Barinas, el monto de la compra por el ca-nal ascendería a un equivalente al tamaño de la deuda que tenía el gobierno regional con sus dueños.

El Grupo Medina es dueño, además, de cinco empresas; tres emi-soras de radio (Positiva, Paraíso Stereo y Premio) y una emisora en el estado Amazonas. Además, este grupo tiene una empresa de su-ministros de equipos de bienes muebles.

En total, la deuda ascendería a unos 6.000 millones de bolíva-res, aproximadamente, dice la Fuente 4.

Los actuales dueños de Telellano serían Roger Casanova y sus hermanos, contratistas y aliados del gobierno. Aunque se presume que estarían actuando en calidad de testaferros de algún alto funcio-nario político o muy cercano a las esferas del poder.

La pregunta que los periodistas se hacen con este caso, es en re-lación a la viabilidad de esta compra, dado que, de acuerdo al artí-culo 17, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, reformada en el 2010: “Las habilitaciones administrativas para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de teleco-municaciones a que hace referencia la presente Ley tienen carácter personalísimo, en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse, ni adquirir o transmitirse por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción (…)”.

Emisoras también piden lo suyoEl pasado 06 de enero en una nota aparecida en el diario La Prensa, y como ha sido el leit motiv en estos años, tampoco pudieron dar a conocer sus nombres, directores, locutores y trabajadores de las distintas emisoras de la región decidieron expresar malestar y pre-ocupación ya que la Gobernación del Estado mantiene una serie de deudas con ellos desde el año 2009.

Muchas de estas emisoras, dice la fuente al periodista de La Pren-sa Raúl Álvarez, estaban a la espera de que se cumpliera con un por-

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centaje de la deuda, el pasado año 2011, pero, todo quedó en nada, pues nade de esto se vio concretado.

Al igual que lo han hecho los medios impresos y la televisión, el mandatario regional no quiso recibirlos, sólo se les permitió expre-sar su malestar a través de un emisario enviado por Adán. El mismo les informó que estaban a la espera de un crédito adicional para cancelar la deuda, pero tampoco fue así.

Esta misma situación de incumplimiento, se estaría presentando en el caso de la Alcaldía del Municipio Barinas, con las pasadas Fe-rias Socialistas de Barinas, y las deudas con las emisoras cuando se presentó Ricardo Arjona.

En el caso de Radio Sensacional, informó la Fuente 4, se escuchó el rumor de intentos de comprarla el año pasado, algo que fue des-mentido por la dueña de la emisora, Althis Torrealba, a la correspon-sal del IPYS Venezuela, en Barinas.

Barinas TV, con marcada línea pro gobierno, también se encuen-tra en la misma situación que los otros medios, a la espera de que le sean canceladas las deudas del año 2008, especialmente de la gobernación del estado.

Al finalizar el mes de febrero, son fuertes los rumores sobre la intención de los actuales dueños de Telellano, de comprar el diario De Frente. El temor que existe entre los trabajadores es que decidan prescindir de varios de ellos y dejarlos en la larga espera de su liqui-dación.


Victoria 103.9 FM es obligada a modificar su concesión radioeléctrica

La medida fue notificada por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, impidiendo que se siguiera cumpliendo con la misión de la emisora, que es dar información vial de la Autopista Regional del Centro, y reduciendo la señal con alcance en 27 municipios a sólo 3 localidades de los estados Miranda, Aragua y Carabobo.

Mirsay Shimkevich, Maracay, estado Aragua.- Victoria 103.9 FM em-pieza sus transmisiones en el año de 1997 en la ciudad de La Vic-toria, estado Aragua, con el firme propósito de brindar información vial a todas las personas que transitan por la Autopista Regional del Centro (ARC). La Emisora se caracteriza por integrar un staff de locutores, periodistas, productores, personal técnico sumamente preparado que, además de informar sobre la situación de la prin-cipal artería vial del país y las zonas aledañas, forman parte de una programación amena, variada, actualizada y profesional. Periodis-tas, psicólogos, abogados, ingenieros, entre otros, son los que día a día acompañan a los radioescuchas en el camino a sus trabajos o a sus hogares.

Thaelman Felez, Gerente de Producción de la emisora, relata cómo surge la idea de crear Victoria 103.9 FM. Un medio de co-municación social que transformó un evento negativo y difícil para la sociedad aragüeña en algo productivo y positivo. Felez comenta: “La idea de crear una emisora vial informativa, surge de parte de la Directora y propietaria de la radio, Norma Cardier de Sigala, a raíz de la tragedia de Las Tejerías. Ella se trazó la meta y logró crear una radio que le sirviera de apoyo, de guía, de orientación a los usuarios de la Autopista Regional del Centro y otras arterias viales del país. El día del terrible suceso, no se sabía qué era lo que ocurría, todo era confusión y los choferes fueron víctimas del hecho ante la falta de información que hubiese impedido su tránsito por la ARC en ese momento”.

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El 28 de septiembre del año 1993, se realizaban trabajos de insta-lación de la nueva fibra óptica a la altura del kilómetro 57 de la ARC. La retroexcavadora que realizaba los trabajos perforó el gasoducto, ocasionando una explosión y posterior incendio. El tramo donde ocurrió el hecho fue en Tejerías, estado Aragua. “Ese acontecimien-to es conocido como la explosión del gasoducto de Corpoven, don-de fallecieron 58 personas, entre ellas, Cruz Fernando Sigala, de 22 años, estudiante de Comunicación Social, hijo de la Dra. Sigala”, expresa Felez.

La Autopista Regional del Centro o mejor conocida como la ARC, se encuentra al Norte de Venezuela uniendo a los estados Carabo-bo, Aragua y Miranda. Esta artería vial es transitada por camiones, autobuses y carros particulares. Muchos de los conductores forman parte de la familia de Victoria 103.9 FM, ya que la emisora se apoya en aliados denominados “Icaros”, que son los que todos los días se enfrentan al tránsito e informan a la emisora sobre la situación de una de las vías más transitadas del país.

Thaelman Felez explica que: “Los Icaros son fuente fundamental del informativo vial. Son más de 1.500 personas que circulan por todo el país y que permanentemente reportan lo que acontece en las vías. Son venezolanos que se sienten comprometidos con el hecho de prestar un servicio público, como lo es la información vial, la cual beneficia sin distingo de raza, color, estatus político o económico a cualquier venezolano que sintonice la radio y quiera saber cómo está la ARC”.

Medidas drásticas que pretenden callar la vozEl 26 de febrero de 2010, directivos, locutores, personal técnico y administrativo fueron notificados por el Ministerio de Obras Públi-cas y Vivienda (MOPVI), de que debían disminuir su frecuencia de 2.500 Vatios a 250 Vatios. Esto significaba, que ya no podrían ser escuchados en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Miranda, es decir, la ARC, zonas aledañas y parte de las ciudades más im-portantes de cada uno de los estados mencionados. La disminución sólo les daba cobertura a tres municipios del estado Aragua: Santos


Michelena, Revenga y José Felix Ribas. Según la notificación, la emi-sora tenía 10 días para aplicar la medida.

Gilberto Reyes Kinzler, Abogado de Victoria 103.9 FM, relata la situación de la emisora para el momento. “En el caso de Victoria 103.9 FM, Diosdado Cabello, quien para enero de 2010 fungía como Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MO-PVI), cartera a la cual estaba adscrita la Comisión Nacional de Tele-comunicaciones (CONATEL), hoy adscrita a la Vicepresidencia de la República, ordenó abrir un procedimiento Sumario a Victoria FM 103.9, por supuestos vicios de nulidad absoluta en sus permisos ori-ginales, otorgados en 2006 y 2007. Alegaron que nuestra estación se escuchaba más allá de lo permitido y concluido el procedimiento de tan solo 30 días, nos modificaron la concesión, ordenándonos bajar la potencia de 2.500 vatios a 250 vatios”.

Según el MOPVI, a la Emisora se le abrió un proceso adminis-trativo el 15 de enero de 2010, por violar especificaciones técnicas en cuanto a potencia, antena, cobertura y transmisor. Desde 1997, Vic-toria 103.9 FM recibió los permisos correspondientes para operar en señal abierta y en 2008 fue concedida la autorización hasta el 2017. Dicha autorización le permitía seguir cubriendo 27 municipios de los estados Aragua, Miranda, Carabobo y Guárico.

Reyes explica que “lo primero que hizo la emisora, a través de mi persona, fue preparar un escrito de contestación, llamado Escrito de Descargo, mediante el cual esgrimimos nuestras razones para oponernos a la investigación, primero, porque estamos legalmente autorizados por el Estado para explotar porción del espectro radio eléctrico con la frecuencia 103.9 FM; y segundo, porque el proce-dimiento iniciado contra nosotros no era el idóneo. Lo correcto era que, en caso de haber motivos suficientes, se abriera un procedi-miento sancionatorio, de acuerdo a lo pautado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde se respetase el debido proceso y el derecho a la defensa, principios y garantías además de rango consti-tucional, y no el proceso sumario que Diosdado Cabello utilizó, que si bien esta previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-trativos, no es aplicable a los concesionarios de telecomunicaciones,

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dados que éstos se rigen por ley especial antes nombrada”.El 12 de marzo de 2010 se procedió a reducir la señal con la pre-

sencia de trabajadores de la emisora y funcionarios de la CONA-TEL, quienes llegaron de manera sorpresiva a horas del medio día, cuando se esperaban para la media noche. A pesar de haber cum-plido con la reducción de la señal, la emisora se seguía escuchando aproximadamente en el mismo alcance. Esta situación ya había sido advertida por los técnicos del medio de comunicación. En ese senti-do para el momento, se desconocían las acciones que pudiera tomar la CONATEL.

Reyes expone: “La radio se siguió escuchando en algunos lugares donde antes se oía, pero sin la nitidez ni calidad de sonido acostum-brados. Ello de acuerdo a condiciones meteorológicas, climatólogas, entre otras. Esto se debe a que las ondas de radio no suelen expan-dirse en forma lineal, sino circular; algunas se reflejan en lagos tipo espejo, otras chocan contra montañas; a menos que coloques deflec-tores o desviadores de señal en sus antenas de transmisión, y aun así, puede oírse un poco más del radio permitido por los motivos expresados. Es lo que se denomina en radio “Contorno de Protec-ción”, a diferencia del “Contorno de Servicio”, que es el espacio legal permitido dentro de los atributos de la concesión, para explotar el espectro y prestar el servicio de radiodifusión”. Esta información fue entregada en un informe técnico a la CONATEL.

El 9 de febrero de 2011, la Sala Político Administrativa del Tribu-nal Supremo de Justicia (TSJ), declara improcedente la medida caute-lar solicitada por la radio para seguir difundiendo su señal en los es-tados Aragua, Carabobo, Guárico y Miranda, mientras se lleva a cabo el juicio contra la disposición que los obligó a disminuir su potencia.

Gilberto Reyes agrega: “Después que el TSJ declaró sin lugar la solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de los efec-tos de la decisión de Diosdado Cabello, la radio no tuvo otro remedio que acatarla y continuar el procedimiento de fondo del asunto, que no es más que lograr anular esa decisión que tanto perjudica a nues-tra estación desde todo punto de vista”.

A pesar de estos acontecimientos, el personal que labora en Vic-


toria 103.9 FM, sigue trabajando con el mismo dinamismo y pasión. La emisora no ha dejado de transmitir y ha buscado vías alternas para seguir ofreciendo su servicio. Esto tampoco ha sido motivo para autocensurarse, pues conocen su compromiso con la sociedad. Thaelman Felez expresa: “En nuestra línea editorial no ha influido la decisión arbitraria e ilegal de recortarnos la potencia. Seguimos in-formando a los oyentes en los programas informativos y de opinión de la estación con mucha ética y dignidad, y con criterio de amplitud y compromiso hacia los oyentes y con la libertad de expresión”.

El 31 de julio de 2009, Diosdado Cabello, hoy Diputado y Pre-sidente de la Asamblea Nacional, anunciaba al país el cierre de 34 emisoras radiales a nivel Nacional. En esta oportunidad Victoria 103.9 FM no fue perjudicada con la medida. Cabello aseguraba que la medida era producto de un censo que se realizó a fin de poner en orden la documentación de cada una de las emisoras y avalar la vigencia de las licencias. Al parecer, las 34 emisoras tenían do-cumentación que no estaba en regla y en la mayoría de los casos la concesión estaba a nombre de personas que ya habían fallecido. Según la legislación venezolana, y más específicamente, el Articulo 22 de la Ley de Telecomunicaciones, indica que el espectro no puede ser heredado, ni traspasado a otra persona.

Es decir, que: “Las habilitaciones administrativas, concesiones de uso y explotación del espectro radioeléctrico y permisos a que hace referencia esta Ley, se extinguirán por las causas siguientes: 1. Ven-cimiento del plazo para el cual fue otorgada; 2. Renuncia del titular, aceptada por el órgano rector o la CONATEL, según sea el caso. 3. Revocatoria del título de conformidad con lo previsto en la presen-te Ley; 4. Muerte del titular en los casos de personas naturales, de conformidad con la normativa aplicable, o la extinción, disolución, quiebra o liquidación en caso de personas jurídicas.5. Decaimien-to del título en los casos que se verifique la pérdida de alguno de los requisitos y condiciones que dieron lugar al otorgamiento del mismo.6. Cualquier otra causa establecida en la presente Ley, sus reglamentos y el título respectivo”.

Esta medida, no sólo provocó el cierre de 34 emisoras al mismo

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tiempo en toda Venezuela, sino que creó cierta inconformidad en los ciudadanos y pronunciamientos de organizaciones internacio-nales.

“El Gobierno cerró a esas 34 emisoras porque no tenían la trans-formación de los títulos originales, entregados antes del año 2000. Cuando entra en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones después del año 2000, se requería que todos los concesionarios soli-citasen la transformación de dichos títulos, en las correspondientes concesiones y habilitaciones; y además se obligaba a los concesio-narios a suscribir con la CONATEL, el correspondiente contrato de concesión, debidamente notariado. Pocas radios tuvieron la suerte de lograr esa transformación de títulos. Entre esas pocas, Radio Vic-toria, C.A., lo logró y fue cuando en agosto de 2008, nos otorgaron la concesión hasta el año 2017, con facultad para operar en los 4 estados mencionados.”, explica Reyes.

Meses después se aplicaron otro tipo de medidas a las emisoras que no seguían la línea editorial del Estado. Una de esas medidas, es la disminución de la frecuencia de Victoria 103.9 FM. Para Felez esta medida es una especie de “cierre técnico” que busca amedrentar y callar la mística de trabajo con que se desempeña la emisora. “Lo que buscaban con nosotros no lo han conseguido, es decir, no han logrado acallarnos o amedrentarnos, lo que en definitiva era el fon-do de la medida: neutralizar o silenciar a una radio con un alcance importante que no ha bajado la cabeza, que se ha mantenido firme en su línea editorial y totalmente independiente de la pauta comer-cial del gobierno”.

Al respecto Reyes agrega: “Esto deja claro que así como la no renovación de las concesiones de esas 32 radio emisoras y 2 de te-levisión, produjo el cierre de éstas, a Victoria 103,9 FM no podían cerrarla porque teníamos la concesión, pero igualmente le pasaron factura política por el sólo hecho de cometer el ´crimen´ de ser plu-ral, libre, democrática, inclusiva e incluyente, y de ser la única radio del centro del país, especializada en información vial seria, servicio público de incalculable valor, servicio que ni siquiera el gobierno nacional ni regional han sabido prestar”.


Felez acota que los grandes perjudicados fueron los ciudadanos que ahora, no pueden recibir la información de tránsito, que les per-mitía evitar una cola o tomar vías alternas.

Victoria 103.9 FM, no sólo sigue trabajando y transmitiendo su programación bajo un esquema pluralista y de inclusión, como afir-ma su abogado, sino que se encuentra a la espera de decisiones que sólo están en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras los procesos se llevan a cabo y se sigan obstaculizando las vías para transmitir adecuadamente, los grandes perjudicados seguirán sien-do los radioescuchas, pero sobre todo los usuarios de la ARC.

Gilberto Reyes expresa que: “contra esa decisión ejercimos recur-so Administrativo Jerárquico ante el mismo Diosdado Cabello en su debida oportunidad legal, al cual respondió con negativa del recur-so, obligándonos a acudir al Tribunal Supremo de Justicia, instancia en donde actualmente cursa Demanda de Nulidad de Acto Admi-nistrativo de Efectos Particulares, conjuntamente con Solicitud de Medida Cautelar Innominada, específicamente ante la Sala Político Administrativa, según expediente signado con el Nº 2010-0770. A la presente fecha estamos en etapa de evacuación de pruebas, luego vendrán las conclusiones o informes y terminará con una decisión, que esperamos, sea a favor de Radio Victoria, C.A., concesionaria de la frecuencia 103.9 FM hasta el año 2017”

Para Reyes este tipo de procedimientos “tramposos” e “indebi-dos” ejercidos por el gobierno no producen la revocación de la con-cesión, sino que la modifica a su antojo, alegando supuestos vicios de nulidad en la permisología original. Esta situación “va disminu-yendo los atributos, parámetros y términos de la concesión, produ-ciendo por supuesto, casi el mismo daño que produciría una revo-catoria de dichos permisos de radiodifusión o de televisión en señal abierta o por suscripción”.

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Presiones y silencio oficial afectan periodismo guayanés

Los periodistas denuncian las dificultades para acceder a la información en las empresas públicas y la conflictiva relación con las fuentes sindica-les. Clavel Rangel, reportera del Correo del Caroní, llegó a ser acusada por los medios y redes sociales de ser testigo de un asesinato en los portones de Ferrominera del Orinoco.

Alba Perdomo, Ciudad Guayana, estado Bolívar.- Uno de los casos emblemáticos en Guayana en el 2012, de la presión ejercida sobre los profesionales del periodismo, fue el de Clavel Rangel, redactora del Correo del Caroní, quien durante las elecciones del sindicato de ferrominera, el 09 de junio, fue acusada por Alfredo Spoonner, se-cretario de la organización sindical de Ferrominera del Orinoco, de ser la testigo principal del asesinato de un trabajador en los portones de la empresa y de no decir la verdad al respecto.

“Una periodista del Correo del Caroní, Clavel Rangel, ella estaba detrás de mí y lo vio todo, tiene que decir la verdad”. Esto lo declaró el sindicalista en el programa de radio de Maripili Hernández, en la emisora Actualidad del Circuito Unión Radio, el jueves 09 de junio, luego lo repitió a la corresponsal de Televen, y el lunes 12 lo dijo en el programa de entrevistas de Radio Fe y Alegría en Puerto Ordaz.

En declaraciones a Máxima 99.5 FM, en el programa de Freddy Patety, Spooner llegó a pedir prisión para Rangel, por cómplice en referencia al caso del asesinato ocurrido en los portones de Ferro-minera.

El 11 de junio apareció en Twitter un mensaje de Esmin Ramí-rez, cuya cuenta en la red social es @SINTRAfmo1, donde Rangel es acusada de cómplice de sicariato de Ferrominera. También hizo público otro mensaje donde se le declara persona no grata en los portones de Ferrominera.

Otro tweet hizo referencia a Rangel, que decía lo siguiente en dos mensajes: “Clavel Rangel cómplice del sicariato de Ferrominera. Ella es periodista del Correo del Caroní. Ella debe tener pruebas de


quien realizó los disparos, de quien le segó la vida a nuestro compa-ñero y camarada Renny Rojas. Ella debe saber, esa periodista”.

Para la fecha de cierre del presente informe, IPYS Venezuela co-rroboró que el usuario de la cuenta de Twitter cambio el nombre, identificándose ahora como “Fuera RubénG. de FMO”.

Todo este hostigamiento generó una oleada de solidaridad regio-nal con Rangel, periodista de sólida trayectoria en la región. En con-versación con IPYS Venezuela, indicó que afortunadamente todo el panorama se calmó. “Los de Ferrominera me volvieron a invitar a las ruedas de prensa, he ido sola, no ha habido ninguna falta de respeto”.

Asegura que en el ejercicio profesional en Guayana lo más duro de hacer es decir la verdad, “es lo más complicado en todos los casos, se te cuestiona por darle el nombre a las cosas, los dirigentes labora-les ponen límites, no todos están de acuerdo con el enfoque que le das a las noticias, pero nada como el año pasado”.

Entre el hermetismo y el silencioMarelys Torres, periodista de laboral del semanario El Crítico, indica que la principal traba para ejercer su labor ha sido el secretismo oficial, que dificulta el acceso a los datos de las fuentes en las em-presas de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y hace complicado conseguir cifras fidedignas. “Decir que no están autorizados para hablar es una excusa recurrente en algunos repre-sentantes de oficinas públicas”. Menciona además haber recibido insultos verbales de trabajadores que le gritaron críticas a su trabajo. “He presenciado como a corresponsales de televisoras nacionales los trabajadores les negaban las declaraciones, por ser de medios opositores”.

Por su parte Elita Barroso, quien se desempeña en la fuente sin-dical para el diario Primicia, destacó que el principal escollo para buscar la versión oficial de las empresas sobre los conflictos labora-les es el hermetismo. “Es muy fácil hablar con los trabajadores, pero no con los gerentes, por lo que la información siempre está desba-lanceada. Muchos de ellos dicen que no pueden dar la información”.

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Barroso refiere haber sido objeto de acoso por parte de un diri-gente laboral que intentó impedir que ella siguiese escribiendo so-bre su rival político. “En Ferrominera del Orinoco, el secretario de organización Alfredo Spooner, como yo estaba cubriendo mucho a Rubén González, me mandó a decir con la periodista que les lle-va la prensa, Oryaici Lara, que tuviera cuidado por allí, que me po-dían caer a golpes. De ahora en adelante voy a sus ruedas de prensa acompañada, no lo entrevisto a solas”.

Críticos y exigentesNatalia Urdaneta define a la fuente laboral como una de las más importantes dentro de la región. “Pero eso lleva a que las fuentes se crean más importantes que el medio. Los sindicatos critican y presionan por el tamaño de las notas, viven comparando cuánto escribiste de uno y de otro, si les pusiste foto o no. Hay que tener cuidado, proporcionan datos falsos”.

Resaltó que hay dos factores que inciden en la cobertura, la pri-mera es que las decisiones importantes se toman en reuniones en los portones de las empresas, muy temprano en la mañana y la se-gunda es una fuente muy poco instruida, pero acostumbrada a leer y a criticar. “Lo llevan al plano personal y creen que no los queremos si no sacamos las cosas. Son pasionales, aprehensivos, tratan mal al que consideran enemigo. Le dicen cosas a los periodistas”. Pero la parte patronal no se salva, Urdaneta afirma haber recibido presiones de las empresas básicas para que no publique cosas malas, y pone como ejemplo de ello a la empresa Carbonorca.


La libertad de expresión y el periodismo libre fueron encarnados en Fancisco “Pancho” Pérez

La sentencia que pretendió impedir el ejercicio del periodismo, por de-nunciar un caso de nepotismo, lejos de generar autocensura y callar a los medios, impulsó una cohesión gremial alrededor de su autor y la defensa de la libertad de expresión.

Alejandro Villalobos, Valencia, estado Carabobo.- La sentencia que el juez carabobeño Toredit Alfredo Rojas, a cargo del Tribunal 5to. de Juicio de Valencia, le impuso al periodista Francisco “Pancho” Pérez, el 11 de junio de 2010, no logró el objetivo que comunicadores socia-les, gremios y juristas aseguran tenía de trasfondo: callar la opinión y generar autocensura en los medios de esta entidad industrial del centro norte de Venezuela.

“Es un mal precedente que se creó y, aunque la Corte de Ape-laciones la echó para atrás, quedó como una decisión aberrante”, afirmó Pancho Pérez.

Anulada cinco meses después, el 30 de noviembre de 2010, la medida imponía cárcel de tres años y nueve meses para el articulista de El Carabobeño, además de su inhabilitación profesional y políti-ca, y una multa de 1.250 unidades tributarias (valor de la UT en 2010 es de 65 bolívares) que equivalían a 81 mil 250 bolívares.

Por tratarse de una pena inferior a cinco años, el Código Orgáni-co Procesal Penal (COOP) de Venezuela le permitía al profesional de la comunicación cumplir con su pena en libertad, pero su abogado, Pedro Granadillo, criticó que se le cercenara el derecho al trabajo a su cliente, pues el ejercicio del periodismo era su “modus vivendi”.

Edgardo Parra, alcalde de Valencia, capital de Carabobo, había de-nunciado a Pancho Pérez por ofensa a funcionario público e injuria contra otro.

En su columna del 30 de marzo de 2009, titulada “En Secre-to”, el periodista escribió que el alcalde de Valencia tenía familiares ocupando cargos de alta responsabilidad en la administración mu-nicipal, por lo que se estaban “pagando y dando el vuelto”. “Yo no he dicho que ellos son ladrones, ni nada de eso, sencillamente dije

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y lo sostengo que esto crea una situación irregular”, se defendió en aquella oportunidad.

Hoy, Pérez está seguro de que se trató de un atropello a la libertad de expresión que, afortunadamente, no se pudo materializar, por la acción de la Corte de Apelaciones. Más allá del hecho jurídico, desta-ca que ese derecho humano a expresarse salió fortalecido.

Nadie se amilanó. Ni siquiera él, que era el afectado. En días si-guientes a la sentencia, Pérez ratificó la denuncia que había hecho en su columna. “Yo dije la verdad, cuando el señor alcalde llevó a su entorno, a sus familiares más cercanos, a cargos en la alcaldía y denuncié el nepotismo”, señaló en una rueda de prensa, respaldado por el Colegio Nacional de Periodistas, dos días después del fallo.

Pérez agregó en aquella oportunidad que: “el alcalde Edgardo Pa-rra quería que publicara una página diciendo que yo había mentido y dije que no; yo no voy a retroceder, soy íntegro y responsable”.

Y aún lo mantiene: “Sigo ejerciendo mi profesión tal y como lo establece la Ley, muy apegado al Código de Ética del Periodista, y por ser un derecho como tal. La verdad es mi fundamento básico”.

Recién conocida la sentencia, en 2010 Pérez advirtió que su caso: “es una clarinada para todos los periodistas” y que en ese momento fue él quien sufrió la situación, pero, “a futuro pudiera ser otro pe-riodista, incluso de las nuevas promociones”.

No ocurrió como lo preveía Pérez. Todo lo contrario. “La libertad de expresión quedó fortalecida”, sentencia Carolina González, jefa de redacción del diario El Carabobeño, donde se publica la columna de Pérez. “Aquí nadie se quedó callado. Todos salimos en defensa de nuestros derechos”, agregó. Cuando se conoció la sentencia, en 2010, la reacción de González fue inmediata y coincidente con el Colegio Nacional de Periodistas: “quieren callar a los medios”. No lo lograron.

Los medios en la entidad no modificaron su línea editorial hacia el alcalde, sus colaboradores u otros funcionarios públicos. Tampo-co en El Carabobeño se dieron órdenes de autocensura. “Ni siquiera lo pensamos”, ratifica González.

En torno a Pérez surgió la unión del gremio para su defensa. El secretario de la seccional Carabobo del Colegio Nacional de Perio-


distas, Ángel Perozo, reflexionó que el caso fue una “batalla ganada por todo lo alto”.

“Por suerte hubo un apoyo muy consolidado de las instituciones y los gremios ante una decisión tan aberrante. Quedó demostrado que había intereses políticos de por medio”, señaló Pérez.

“Fue el gremio el que inclinó la balanza hacia la justicia”. “La libertad de expresión y el periodismo libre fueron encarnados en Pancho Pérez”, recalca Perozo.

Perozo no sólo se refiere a las muestras de apoyo que recibía Pérez, quien cuando llegaba a un evento público los asistentes se levantaban de sus asientos para aplaudirlo. “Pancho somos todos”, coreaban periodistas o personas no vinculadas al gremio por igual. El respaldo se mantuvo en instancias judiciales.

“El encarcelamiento de un periodista por expresar un justo co-mentario es un abuso del imperio de la ley y una violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela”, declaró en Viena, en aquellos días, el director del Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), David Dadge, coincidiendo con la ma-yoría de los gremios en Venezuela.

Dadge agregó que “los periodistas tienen el derecho a actuar en interés público y poner de relieve los casos de nepotismo de forma justa en el ámbito de la labor periodística. Ningún periodista debería ser nunca condenado por actuar en nombre de la opinión pública y revelar los comportamientos erróneos de los políticos”.

Desde la sentencia hasta la decisión de la Corte de Apelaciones, Pérez no ejerció el periodismo. El espacio de cada domingo destina-do a su columna en El Carabobeño fue dejado en blanco, y sólo se leía la palabra “CENSURADO”, con una breve explicación de las razones.

Inédita, perversa y brutal. Esos fueron algunos de los calificativos para la sentencia dictada por el juez Alfredo Toredit Rojas.

El director del diario El Carabobeño, Eduardo Alemán, donde se publica la columna de Pérez, calificó como una “pena de muerte disfrazada” la decisión del juez. Prohibir el trabajo a un periodista nunca había ocurrido en el país.

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Desinformación y virus atacan al periodismo en Mérida

La información sobre los dos primeros casos de la AH1N1 provocó una arremetida contra los medios y las autoridades de salud. Si bien se come-tieron errores al difundir información privada de los niños afectados, este hecho impidió informar sobre un tema sensible de interés público.

Nilsa Gulfo, Mérida, estado Mérida.- A mediados del mes de marzo del año 2011, se suscitó en la ciudad de Mérida un llamativo caso de cobertura de una información que desbordó las propias fronteras de Venezuela para convertirse en noticia de relevancia internacional.

Se trató de la noticia y el posterior seguimiento de un brote de la enfermedad conocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como Virus H1N1/09 pandémico, popularmente llama-da Gripe Porcina. La sensibilidad mundial ante este virus viene del hecho de que en el año 2009 se desató una gran preocupación por varios casos de este tipo de influenza en México – detectados en abril de 2009 – que llevaron a las autoridades mundiales a hablar de una pandemia.

En Mérida, el caso involucró, en una primera parte, a los perió-dicos locales Diario de Los Andes y Pico Bolívar, al zuliano Panora-ma, y al diario Correo del Orinoco, de cobertura nacional. Todas las versiones digitales de estos impresos así como portales cuya acción informativa se produce sólo vía Web (como Noticias al Día), también participaron en la inicial cobertura.

Cronológicamente, el día martes 15 de marzo de 2011 una infor-mación colgada en el portal del diario oficialista Correo del Orinoco indicaba que: “un estudiante de 4 años de edad que cursa preescolar, y una alumna de 6 años, ambos hermanos, son los primeros casos positivos durante este año en Mérida, por la influenza AH1N1”.

Adelfo Solarte, quien para el momento era director del Diario de Los Andes, explicó que la noche del martes 15 de marzo la Jefa de Re-dacción del rotativo, Wendy Molero, le informó que en la página web del diario Correo del Orinoco estaba esa información importante.


“La nota era de un portal de un medio oficialista y tenía como fuente al propio director encargado de la escuela básica Rafael Anto-nio Godoy, Manuel Aldana, donde se suscitaron los casos”, recuerda Solarte, para quien la información era digna de crédito. “Además –remat0– estaba firmada por una reconocida periodista de amplia y seria carrera profesional”, refiriéndose a la comunicadora Annel Mejías.

El Diario de Los Andes decidió reproducir la nota en sus páginas, la cual salió publicada el día miércoles 16 de marzo, en la página 8 (sección regionales), bajo el título: “Foco de gripe porcina se presen-tó en la Escuela Godoy”. Lo mismo decidieron hacer varias redac-ciones como las de Pico Bolívar, Panorama, la versión impresa de Correo del Orinoco, Noticias al Día, entre otros medios, cada cual haciendo énfasis en la novedad del hecho y en la posible gravedad sanitaria, pero desde distintos enfoques.

“Recuerdo que el miércoles 16 de marzo, me llamó la colega Annel Mejías para informarme que se había producido un grave error con la publicación de la información: tanto la versión digital de Correo del Orinoco como el Diario de Los Andes y otros medios habían publicado los nombres de los niños así como elementos de la “intimidad” como, por ejemplo, el récipe médico. Supe que como medios debíamos dar una explicación y una aclaratoria urgente”, explicó Solarte.

En este punto ya el director de la escuela había sido separado de su cargo por “órdenes superiores”; y los cargos del Jefe de la Zona Educativa del estado Mérida y otros funcionarios estaban en vere-mos debido al hecho de haber revelado información sin tener en cuenta la intimidad de los niños involucrados, amén del efecto polí-tico que la información pudiera desencadenar.

“Es decir: la noticia, su contenido, no era el problema porque los datos eran rigurosamente exactos. El problema fue un violación a la normativa legal que prohíbe exponer a los niños a situaciones que pudieran someterlos al señalamiento o escarnio público, o que sim-plemente afecte su intimidad y la de sus familiares”, recordó Solar-te, quien señaló, como detonante de los días convulsos que estaban

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por venir, la poca disposición oficial a revelar información de interés colectivo bajo el pretexto de evitar especulaciones y preocupaciones innecesarias.

Reclamo familiar y posición gubernamentalLa publicación de la noticia de los niños en proceso de recuperación de la enfermedad del Virus H1N1, reveló varias situaciones vincula-das al derecho a la información y a los alcances y responsabilidades de la prensa.

Por explicación de los padres de los niños – dato que fue corrobo-rado luego por las autoridades de la Corporación de Salud del estado Mérida –, los síntomas de H1N1 en uno de los niños se presentaron el 25 de febrero de 2011 y fueron confirmados una semana después, el 2 de marzo.

“Se constata que pasaron dos semanas sin que la comunidad fue-se enterada. Incluso en el propio colegio la información no circuló cosa que pudo haber producido un mayor efecto de la epidemia”, estimó el periodista, quien en ese momento era director del Diario de Los Andes.

Aún más, la noticia que circuló el 16 de marzo fue producto más bien del azar y no había sido planificada. La periodista del Correo del Orinoco, que difundió la primera versión del hecho, se enteró del asunto no porque fuese llamada a conocer la novedad sino por un detalle familiar: su hijo estudiaba en la institución educativa donde se había iniciado el brote y allí se enteró de que algo ocurría. “Es decir, tal vez nos hubiésemos enterado cuando ya el brote se hubiera desatado y se tornara más difícil de monitorear para las propias au-toridades sanitarias”, consideró Solarte.

Recuerda el periodista que el caso, al menos desde la responsa-bilidad del Diario de Los Andes, fue tratado con mucho tacto y se brindó una asistencia “diaria, cercana y respetuosa” a los padres, quienes reclamaron un derecho a réplica para dejar en claro que sus hijos estaban sanos y que repudiaban el hecho de que los medios hubiesen publicado la historia con tantos detalles.

“Yo reconocí el error y publicamos el derecho a réplica además de


asistir a los padres para que lograran una respuesta del resto de los medios”, señaló Adelfo Solarte.

Entre los errores cometidos por los medios estaban la publica-ción de los nombres de los niños, la fotografía de un récipe médico y datos de la ubicación de vivienda familiar.

Las autoridades amenazaron con iniciar procesos judiciales por los excesos cometidos por los medios, violatorias de la Ley Orgáni-ca de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNA). “Al Diario de Los Andes llegaron comunicaciones del depuesto director en el que anunciaba que el caso había pasado al Consejo de Protección del Niño y del Adolescente. Creo que el proceso se detuvo porque a los pocos días la enfermedad comenzó a desbordarse y decenas de infectados en la ciudad de Mérida comenzaron a dar positivo en las pruebas para H1N1”, contó Solarte. Dijo que la historia tomó otro rumbo: esta vez las autoridades tuvieron que asumir un parte diario desde Mérida para todo el país, en el que se contaba el avance de la enfermedad.

Entre desmentidos iniciales de que el H1N1 se hubiese registra-do en Mérida, hasta la confirmación posterior y su seguimiento, la noticia reveló, por un lado, procedimientos periodísticos con claras grietas que indicaban poco conocimiento legal de los alcances de una nota con datos violatorios a la intimidad de los afectados, y por el otro, unas autoridades prestas a denunciar a quien informa más que a atender el hecho informado.

No obstante, la magnitud de la enfermedad, que llegó a registrar cerca de 300 casos de H1N1 en Mérida y más de 2 mil 857 en todo el país, con 135 muertes confirmadas en toda Venezuela; lo que en principio pudo haber sido tomado como una noticia imprudente, se convirtió en un despliegue de información de alta trascendencia co-lectiva, que ameritó, curiosamente, del acompañamiento mediático intenso para poder dar cuenta de la enfermedad.

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Grupos políticos desestiman la violencia para recurrir a otros métodos de censura

En el Zulia, el ataque a los medios de comunicación ha tomado nuevas formas, como por ejemplo, el cierre o cambio de propietarios de tres ca-nales de televisión que a raíz de eso cambiaron su línea editorial para hacerla más acorde con la política comunicacional oficialista.

Juan José Faría, Maracaibo, estado Zulia.- La petrolera región zulia-na, al extremo occidental del país, es la zona donde existe mayor población opositora al gobierno del presidente Hugo Chávez. Eso lo demuestran los procesos electorales que, desde 1998, han sig-nificado una derrota para el oficialismo. El periodismo ha estado en la mira, pero poca concentración de poderes en este estado hace que, mientras en algunos sitios se degrade al periodista, en otros se defiende.

Son las palabras del periodista Raúl Semprún las que sustentan este argumento. Ha trabajado en emisoras radiales, canales de te-levisión y periódicos antes de ser, desde 2010, jefe de información del diario La Verdad, un impreso que se caracteriza por su fuerte editorial contra la línea revolucionaria nacional.

“Por la diversidad que existe en los niveles de gobierno (goberna-ciones, alcaldías), el estado no controla todas las instituciones. Por eso vemos que las policías no se encargan de amedrentar a los perio-distas, ni otras instituciones. No es tan fuerte por el mismo entorno socio-político actual”.

Ese mismo entorno socio-político tiene otras aristas. Para mues-tra un botón: Semprún asegura que los dirigentes del Partido Socia-lista Unido de Venezuela en el estado Zulia tienen sus propios con-flictos internos y están abocados a resolver, no a defender la figura presidencial en esta zona del país.

Sin embargo, los métodos cambian desde 2009. Para ese año era común que la policía del municipio San Francisco atacara a los medios de comunicación, como ocurrió con reporteros del diario La Verdad y el canal Globovisión, en dos hechos distintos. A partir


del año pasado se genera una forma de censura y autocensura que resulta la alternativa a la agresión.

Raúl Semprúm es muy cuidadoso con sus palabras. Explica que entre enero y agosto del año pasado, tres canales de televisión regio-nal cerraron por distintos motivos. Tal es el caso, aislado, de Urbe TV, la televisora de la Universidad Rafael Belloso Chacín, que sus-pendió su señal argumentando más pérdidas que ingresos econó-micos.

Cuando se vendió la cadena Zuvisión, un canal con varias sedes en los distintos municipios de Zulia, el Colegio Nacional de Perio-distas de esta seccional hizo un llamado a la reflexión: la amenaza era que grupos chavistas se habían apoderado del canal y la frecuen-cia. La televisora se vendió a un grupo desconocido y ahora funciona como Coquivacoa Tv, una televisora con un marcado lineamiento político que beneficia al poder central.

Fuentes extraoficiales aseguran que entre la directiva de este ca-nal figuran el dirigente Francisco Arias Cárdenas y el alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto. Poco antes de la venta de ese canal, cerró sus puertas TeleN para convertirse en Catatumbo TV, que tiene, entre sus colores institucionales, el tradicional rojo del partido revolucionario.

“Las amenazas de arrebatar la concesión son frecuentes. Perio-distas que se dicen independientes han debido autocensurarse en sus programas. Son sutiles cambios que se han hecho paulatina-mente”.

La agresión física a los periodistas sigue siendo frecuente, pero la política se muestra alejada como garante obligatorio de su exis-tencia.

SucesosLa fuente de sucesos vive un hecho distinto al anterior, aunque tra-dicional en el aspecto social: reporteros gráficos y periodistas con frecuencia son golpeados y amenazados de muerte por su labor.

En este caso, Raúl Semprún aborda un tema que afecta a todos: la violencia. “Mientras exista impunidad, los van a atacar a ellos porque

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están más expuestos a las mafias y las zonas de mayor violencia”.Al periodista de radio Fe y Alegría lo atacaron el primer día de

agosto. El hecho pareció un secuestro exprés, hasta que los delin-cuentes le dijeron que dejara de publicar lo que sabía de la cárcel de Sabaneta.

Unos meses después, en octubre, un militar le arrebató la cáma-ra fotográfica a Ingrid Contreras, reportera de Mi Diario, cuando fotografiaba la fachada externa de la cárcel de Sabaneta durante una reyerta. El uniformado le golpeó los brazos y la retuvo por más de un cuarto de hora. No dieron motivos del hecho.

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CAPÍTULO 3

Cronología de la situación de la libertad de prensa en venezuela

[3 de mayo de 2010 – 3 de diciembre 2011]


Base de datos sobre violaciones a la libertad de prensa en venezuela

IPYS Venezuela.- A continuación, el lector encontrará la reseña de cada uno de los casos de violaciones a la libertad de expresión y ata-ques contra la prensa registrados por IPYS Venezuela durante el período comprendido entre el 3 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2011.

Las alertas son notas documentadas que dejan registro de cada uno de los hechos violatorios de la libertad de expresión registrados contra una o varias víctimas, que son elaboradas por el equipo de monitoreo de IPYS Venezuela, luego de que los hechos son docu-mentados y se ha recabado el testimonio de los afectados.

Estas notas (alertas) son difundidas a través de la página web de la organización, www.IPYS.org.ve, y a través de las redes Grupo An-dino de Libertades Informativas (GALI), www.elgali.org e Intercam-bio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX, por sus siglas en inglés), www.ifex.org.ve, de las que IPYS Venezuela forma parte.

A continuación se presentan todas las alertas emitidas durante el período, en orden cronológico, que incluye las 200 alertas emitidas durante el período y tres notas de ampliaciones de algunos de los casos:

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2010

4 DE MAYO | CASO 1

Periodista está detenido hace dos años y sin juicioEl 4 de mayo de 2010, se cumplieron dos años de la detención del perio-dista Leocenis García, acusado de portar armas ilegalmente, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad privada. García está recluido en la cárcel del Tocuyito, en el estado Carabobo, al norte de Venezuela. El periodista se encuentra a la espera de una audiencia que determine si puede ser puesto en libertad.

El 3 de mayo, la Fiscalía pidió prolongar por un año la privación de libertad. El abogado de García, Pedro Aranguren, aseguró que a su defendido le correspondía, por ley, una medida cautelar de libertad.

El 11 de mayo se realizará una audiencia preliminar en el Tribu-nal 23º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas para determinar la situación legal del periodista.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1671&y=2010&m=05

6 DE MAYO | CASO 2

Fiscalía denuncia formalmente a dirigente político por sus opinionesEl 6 de mayo de 2010, la fiscal Ginera Rodríguez presentó, ante el Tri-bunal 25º de Control del Área Metropolitana de Caracas, la acusación formal al ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz. Los delitos imputados son: instigación pública a delinquir y difusión de in-formación falsa.

Álvarez Paz fue detenido el 22 de marzo por unas declaracio-nes ofrecidas en el programa “Aló Ciudadano”, transmitido por Globovisión. (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2230).


La Fiscalía solicitó que se mantenga al ex gobernador privado de su libertad. Además, pidió que se le enjuicie por los delitos ratificados.

Omar Estacio, abogado de Álvarez Paz, acudió el 7 de mayo a los tribunales para solicitar que su defendido sea juzgado en libertad. Corresponde al tribunal convocar una audiencia para emitir su de-cisión. Álvarez Paz está detenido en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.Disponible: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1875&y=2010&m=05

7 DE MAYO | CASO 3

Crean nuevo medio en respuesta al cierreEl 7 de mayo de 2010, apareció Notillanos Plus, nuevo medio que surge en respuesta a la medida de cierre por 180 días que afecta al semanario Notillanos. El nuevo medio tiene la misma periodicidad y circula en los estados Carabobo, Aragua, Guárico y Apure.

La publicación pertenece a una cooperativa que funciona en la ciudad de Valencia, está dirigida por Marcelo Parada y trabaja con la misma plana de periodistas.

José Alberto Morales, abogado de la municipalidad de San Fer-nando y quien ejecutó el cierre del periódico, declaró el 10 de mayo que estaban investigando al medio y que llegarían “sorpresas”.

El dueño de Notillanos, Vladimir Hidalgo, informó que la em-presa ha enjuiciado al alcalde del municipio San Fernando, Jhon Guerra, al abogado de la municipalidad, José Alberto Morales, al su-perintendente Tributario de la alcaldía, Jhon Balí, y también al direc-tor de Protección Ciudadana y Seguridad, José Pinto Rosario. Son acusados de abuso genérico de funciones y cobro ilegal de tributos.Disponible: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1670&y=2010&m=05

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10 DE MAYO | CASO 4

Militar detiene a equipo de prensaEl 10 de mayo de 2010, la reportera gráfica Tulia Buriticá y el conductor Oscar Jaimes, del diario La Nación, fueron detenidos durante una hora por un efectivo militar. Esto sucedió en el estado Táchira, al suroeste del país.

Los periodistas fotografiaban las colas de autos en una estación de servicio custodiada por un agente. El uniformado se acercó de manera prepotente y los detuvo. Además, en repetidas ocasiones in-tentó apropiarse de la cámara.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1746&y=2010&m=06

12 DE MAYO | CASO 5

Diario denuncia que el control de cambio no le permite comprar papelEl 12 de mayo de 2010, el director del Diario Vea, Guillermo García Pon-ce, publicó una nota editorial en la explica las dificultades que atraviesa el medio de circulación nacional para adquirir papel. El director asegura que el control cambiario que existe en Venezuela le dificulta la obtención de las divisas necesarias para comprar las bovinas de papel.

Ponce denuncia las “largas y difíciles gestiones con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para obtener un cupo de dólares”.

El director del diario señaló que el Diario Vea ya ha agotado sus reservas de papel y que ahora circulan gracias a la solidaridad de otro diario: Correo del Orinoco.

Desde su aparición hace seis años, el Diario Vea se ha caracte-rizado por mantener una línea editorial favorable a la gestión del presidente Hugo Chávez.

IPYS rechaza la asignación arbitraria de divisas para la importa-ción de materiales necesarios para el funcionamiento de los medios de comunicación.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1874&y=2010&m=05


12 DE MAYO | CASO 6

Tribunal niega medida cautelar y canal no podrá transmitirEl 12 de mayo de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a cargo del juez Arcadio Delgado, negó la medida cautelar que introdujo RCTV Internacional para regresar al sistema de televisión por suscripción. Esto sucedió en Caracas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1869&y=2010&m=05

13 DE MAYO | CASO 7

Otorgan libertad condicional a dirigente político y le prohíben hablar públicamente sobre su casoEl 13 de mayo de 2010, el Tribunal 25º de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Rafael Osío, otorgó la libertad condicional a Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia.

El dirigente político deberá presentarse cada 15 días ante el tri-bunal, no podrá salir del país y, además, tiene prohibido hablar de manera pública sobre su caso.

Álvarez Paz fue detenido el 22 de marzo por unas declaraciones ofrecidas en el programa “Aló Ciudadano” de Globovisión (ver aler-ta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2230).

El próximo 28 de mayo se realizará una audiencia preliminar en la que se decidirá si se enjuiciará a Álvarez Paz por los delitos que aún pesan sobre él.

Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1770&y=2010&m=05

13 DE MAYO | CASO 8 Detienen por cuatro horas a reporterosEl 13 de mayo de 2010, la periodista Mawampy Bonillo, del diario Panora-ma y el reportero gráfico Enrique Rivera, del diario El Vigía, permanecie-ron detenidos en la subcomisaría Nº 12 del estado Mérida, al oeste del país.

Los periodistas fueron acusados de “violar la reserva legal de la

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investigación” en el caso de la exhumación del cadáver del boxeador Edwin Valero.

Según informó Mawampy Bonillo a IPYS, ella y otros reporteros estaban afuera del cementerio, mientras cubrían la exhumación del cadáver de Valero.

Bonillo relató que los policías exigieron al reportero gráfico Enri-que Rivera, a una vecina del lugar que observaba el acto y a ella, que los acompañaran hasta la subcomisaría Nº 12 de la Policía.

Los comunicadores permanecieron detenidos durante cuatro ho-ras. Además, los policías exigieron que borraran las imágenes toma-das durante la tarde.Disponible: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1720&y=2010&m=05

13 DE MAYO | CASO 9 Ministro acusa a medio de golpistaEl 13 de mayo de 2010, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, acusó al diario El Nacional de golpista durante el pro-grama Contragolpe de Venezolana de televisión, el canal del Estado. Esto sucedió en Caracas.

El ministro aseguró que el medio buscaba desestabilizar el go-bierno del presidente Hugo Chávez, y además, crear una situación de conflicto que desencadene en un golpe de Estado.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1873&y=2010&m=05

14 DE MAYO | CASO 10

Gobierno investiga a BlogEl 14 de mayo de 2010, el Presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que el blog Dólar Paralelo violaba la ley venezolana y que el go-bierno había iniciado una investigación para dar con los responsables del sitio. Estas declaraciones fueron hechas en Caracas, durante la firma de acuerdos bilaterales con China.


Según el presidente Chávez, esta página coloca un precio espe-culativo al dólar para que sea comercializado en el mercado negro. Explicó que se trataba de una especulación, porque el dólar en Vene-zuela tiene un precio oficial.

Hugo Chávez amenazó con que se realizarían allanamientos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1883&y=2010&m=06


Ministro amenaza a medios con hacerlos enfrentar a la justiciaEl 18 de mayo de 2010, el ministro de Planificación y Finanzas, Jor-ge Giordani, señaló que los medios de comunicación asumirían su res-ponsabilidad por la información económica que publicasen. El ministro amenazó con llevar a la justicia a los medios que generen expectativas económicas. Esto sucedió en una rueda de prensa en Caracas.

Giordani acusó a los medios de crear una matriz de opinión para satisfacerse a ellos mismos y a grupos económicos que los respaldan.

Las declaraciones se produjeron mientras anunciaba las medidas tomadas por el gobierno venezolano sobre el control cambiario.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1872&y=2010&m=05

8 DE MAYO | CASO 12

Manifestantes agreden a periodistaEl 18 de mayo de 2010, la periodista Beatriz Adrián y el camarógrafo Larry Rico, del canal privado Globovisión, fueron agredidos por personas que participaban en la toma de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en el oeste de Caracas.

Los reporteros cubrían el secuestro de las autoridades de la uni-versidad, quienes estaban retenidos en el rectorado. Al parecer, los autores del hecho eran estudiantes del Instituto Pedagógico del Ma-caro, sede de la UPEL en el estado Aragua.

Durante la cobertura, Adrián recibió empujones de los manifes-

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tantes. También intentaron golpear a Rico con un casco que tiró la cámara al piso.

Posteriormente, intentaron quitarle el micrófono a la periodista. Un reportero gráfico protegió a Beatriz Adrián, lo que evitó que la situación se complicara.

IPYS rechaza estas acciones que atentan contra la integridad físi-ca de los reporteros y dificultan el ejercicio periodístico.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1871&y=2010&m=05

18 de MayoCASO 13Condenan a asesino de periodistaEl 18 de mayo de 2010, el Tribunal 6º de Control de la Circunscripción Penal de Carabobo condenó a 25 años de prisión al ex funcionario de la Policía, Rafael Segundo Pérez, por el asesinato del periodista Orel Sam-brano.

Los cargos que se le imputan son: sicariato y asociación para de-linquir.

Pérez fue detenido el 13 de febrero de 2009, un mes después del asesinato del periodista. El ex policía permanecerá en el Internado Judicial de Carabobo (conocido como penal del Tocuyito) hasta que un juez de ejecución determine donde cumplirá la condena.

Rafael Segundo Pérez es sólo uno de los implicados en el caso.Sambrano era director de Radio América, dirigía el semanario

ABC de la Semana y era columnista del diario Notitarde. Disponible: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1669&y=2010&m=05


Profesores y estudiantes agreden a reporterosEL 19 de mayo de 2010, estudiantes y profesores de la Universidad Peda-gógica Experimental Libertador (UPEL), intimidaron e insultaron a las


reporteras Virginia Pérez de Radio Nacional de Venezuela, Ingrid Cal-zadilla de la Agencia Bolivariana de Noticias, y María Alejandra Moli-na de Venezolana de Televisión. El camarógrafo Alhavis Viztale también fue agredido. Esto ocurrió en Aragua.

Las periodistas fueron a la universidad para cubrir una conferen-cia de prensa, ofrecida por profesores simpatizantes del presidente Hugo Chávez, en la que iban a denunciar irregularidades en el fun-cionamiento de la institución educativa. La actividad fue interrum-pida por un grupo de estudiantes y profesores de tendencia política opositora que cuestionaron el trabajo de los periodistas y de los me-dios de comunicación a los que representan.

Los agresores rodearon a los periodistas y se generó mucha ten-sión. La rueda de prensa no pudo ser finalizada. María Alejandra Molina debió salir inmediatamente del lugar pues a ella se dirigían la mayoría de los insultos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1588&y=2010&m=05


Prorrogan detención de periodistaEl 20 de mayo de 2010, el Tribunal 20º de juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de Gustavo Jiménez, decidió prorrogar por un año la detención del periodista Leocenis García.

El 3 de mayo último, el Ministerio Público solicitó prolongar por un año la detención del comunicador, quien ya lleva más de dos años preso.

La audiencia preliminar de Leocenis García ha sido suspendida más de 70 veces. El periodista está acusado de portar armas de ma-nera ilícita y de haber causado daños a la propiedad privada.

IPYS exige transparencia y constitucionalidad en el proceso.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1870&y=2010&m=05

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Guardaespaldas de gobernador y alcalde agreden a periodistaEl 20 de mayo de 2010, los guardaespaldas del gobernador de Zulia, Pa-blo Pérez y del alcalde de Maracaibo, Daniel Ponne, agredieron física-mente al periodista radial, Danilo Vergara. Esto sucedió en Maracaibo, al oeste de Venezuela.

El periodista cubría un homenaje a un músico local. Mientras entrevistaba a los participantes, llegó el gobernador Pérez, quien or-denó que sacaran a Vergara del lugar.

Inmediatamente, una persona agarró al reportero por el cuello y no le permitió seguir con su trabajo. El comunicador protestó ai-radamente, pero los agresores lo amenazaron y le exigieron que se fuera.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1773&y=2010&m=07


Hackean la cuenta de Twitter de darioEl 22 de mayo de 2010, un usuario identificado como @simonbocanegra hackeó la cuenta de Twitter del diario Tal Cual, @talcualdigital. La sede del medio impreso se encuentra en Caracas.

La hipótesis que maneja el periódico es que el pirata informático conectó ambas cuentas para tener una relación parasitaria con el medio. Por ello, Tal Cual eliminó su cuenta de Twitter, que tenía más de 77 mil seguidores.

Posteriormente, el 23 de mayo, apareció @talcualdigital2 con toda la información de la cuenta original del diario y simuló ser su nueva cuenta autorizada.

IPYS rechaza esta usurpación de la libertad informativa y se com-promete a seguir de cerca las investigaciones sobre el caso.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1868&y=2010&m=05



Funcionario gubernamental agrede a periodistaEl 24 de mayo de 2010, el funcionario público e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Roland Villanueva, agredió a la periodista del diario El Tiempo, Moralis Lara. Esto sucedió en el estado Anzoátegui, en el nororiente del país.

Villanueva, tesorero del partido PSUV en su localidad, se encon-traba en un acto cuando la periodista se acercó a entrevistarlo. El funcionario se negó y golpeó la mano en la que Lara sostenía el grabador.

El funcionario oficialista afirmó que no declararía al diario El Tiempo por considerarlo “un medio golpista y contrario a las pautas de la revolución”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1801&y=2010&m=05


Se cumplen tres años de la salida del aire de RCTVEl 27 de mayo de 2010 se cumplieron tres años de la salida de Radio Caracas Televisión (RCTV) del servicio de televisión abierta venezolana. Esto sucedió en Caracas.

El canal es el más antiguo del país con 54 años de transmisión, hasta que salió del aire en 2007 debido al vencimiento de su licen-cia.

La televisora migró entonces al servicio por suscripción con el nombre de RCTV Internacional. Sin embargo, el 24 de enero úl-timo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), determinó la salida del aire del nuevo canal.

Pese a distintos recursos legales presentados, RCTV y RCTV In-ternacional permanecen fuera de la programación.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1867&y=2010&m=05

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Dirigente político agrede verbalmente a periodistaEl 28 de mayo de 2010, Luis Hugas, periodista del canal estatal Venezola-na de Televisión (VTV), fue agredido verbalmente por el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz. El hecho ocurrió en Caracas.

A su salida del Tribunal 25º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Álvarez Paz declaró a los medios de comunicación sobre el caso que se le sigue por difusión de información falsa e instigación pública al odio.

Hugas le preguntó si poseía pruebas de la vinculación del gobier-no venezolano con el narcotráfico. El dirigente descalificó la pregun-ta del periodista, a quien acusó de querer provocarlo y faltarle el res-peto. Finalmente, Álvarez Paz afirmó que el periodista era poco serio.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1882&y=2010&m=06


Dirigente político irá a juicio por sus opinionesEl 28 de mayo de 2010, el Tribunal 25º de Control del Área Metropolitana de Caracas determinó que el ex gobernador del estado Zulia y dirigente político, Oswaldo Álvarez Paz deberá ir a juicio.

Se le acusa de difundir información falsa e instigar públicamente al odio, debido a unas declaraciones que diera en la televisora Globo-visión en marzo pasado.

A Paz le fueron levantadas la obligación de presentarse cada 15 días ante los tribunales y la prohibición de declarar públicamente sobre el caso, medidas cautelares que le fueron dictadas cuando se le otorgó la libertad condicional (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2295).

Sin embargo, se mantiene la prohibición de salida del país sin autorización del tribunal. La fecha de inicio del juicio será fijada por los tribunales.

Durante el programa Aló Presidente del domingo 30 de mayo, Hugo Chávez se refirió al caso de Álvarez Paz e instó a los tribuna-


les y al Ministerio Público a tomar acciones y evitar que el dirigente político vuelva a declarar contra las instituciones del Estado.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1772&y=2010&m=06


Agreden violentamente a equipo de prensaEl 28 de mayo de 2010, partidarios del Partido Socialista Unido de Vene-zuela (PSUV) agredieron a la periodista Andrea Rocha y al camarógra-fo Víctor Davalí, ambos del equipo de prensa del diputado Ismael García. Esto sucedió en el estado Aragua, al norte del país.

Los reporteros, quienes cubrían un acto de campaña, grabaron a un grupo de entre 80 y 100 personas con franelas rojas y gorras del PSUV. Éstos irrumpieron en el evento, destrozaron las vallas y también el escenario.

Cuando los agresores se percataron de la presencia de los perio-distas se acercaron a exigir que les entregaran el material. Alrededor de 15 personas rodearon al camarógrafo. Davalí se negó e intentó escapar. Las personas lo siguieron y lo golpearon. El periodista cayó y lo patearon en el suelo. Andrea Rocha pidió ayuda a los pasajeros de un vehículo cercano. Cuando los atacantes la vieron, dejaron a Davalí para perseguir a la reportera. Pensaban que ella tenía la cinta. Rocha subió al auto y logró huir.

De seguido, los partidarios de gorras rojas lanzaron una pedrada que rompió uno de los vidrios del auto y causó un corte en el brazo de la periodista. Rocha inmediatamente se comunicó con radio Vic-toria FM para denunciar lo que ocurría en ese momento. Al mismo tiempo, el camarógrafo pudo ponerse a salvo. Los reporteros logra-ron conservar la cinta con la grabación.

Andrea Rocha y Víctor Davalí recibieron atención médica.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1589&y=2010&m=06

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Hinchas de fútbol agreden a periodistaEl 30 de mayo, camarógrafos y técnicos de los canales Meridiano Televi-sión y TVes fueron agredidos por fanáticos del equipo de fútbol Deportivo Táchira. Los atacantes también dañaron los equipos de transmisión de ambas televisoras. Esto sucedió en San Cristóbal, capital del estado Tá-chira, al oeste del país.

Las agresiones se dieron durante y después de la final del cam-peonato de fútbol venezolano entre el equipo local y el Caracas FC.

Los hinchas, además de lanzar piedras a los periodistas, arreme-tieron contra unidades móviles y equipos de transmisión. Esto cau-só la interrupción de las señales.

Al día siguiente, 31 de mayo, los reporteros fueron agredidos nue-vamente, mientras comían en un restaurante; en especial Alberto Camardiel. Los simpatizantes del Táchira también intentaron robar las cámaras.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1745&y=2010&m=06

31 DE MAYO | CASO 24 Canal suspende programas por presiones políticasDurante el mes de mayo, cuatro programas de opinión de Telellanos, ca-nal 7, salieron del aire. Esto sucedió en Barinas, al oeste de Venezuela.

“La suspensión se ejecutó por presiones políticas indirectas”, ase-guró un miembro del canal. Algunas de las pautas del gobierno le fueron retiradas días antes de la suspensión de los programas.

Los espacios retirados del aire son: Sumario, conducido por Gui-llermo Araujo; Rubén Darío y sus invitados, de Rubén Darío Rodrí-guez; Al día, a cargo de Víctor Faneite; y Qué se comenta, el último en ser suspendido, conducido por Héctor Villamediana.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1610&y=2010&m=06


1º DE JUNIO | CASO 25

Ejecutivo crea organismo facultado para control y clasificación de la informaciónEl martes 1º de junio de 2010 se creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, cuyo Presidente tendrá entre sus atribuciones “declarar de carácter reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia” que sea tra-mitado por un organismo estatal. Esto según el decreto presidencial Nº 7.454, aparecido en la Gaceta Oficial 39.436.

De este modo, se le atribuye al CESNA la facultad para clasificar información. Es así que podría otorgar el carácter “reservado” a in-formación de interés público. El riesgo del decreto sería la violación de los artículos 51 y 58 de la Constitución Nacional que garantizan el derecho de todas las personas a la información; y el artículo 143 que señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la ad-ministración pública y acceder a archivos y registros administrativos.

Así mismo, el decreto resulta contrario al artículo 337 de la Cons-titución Nacional, que establece que el derecho a la información debe preservarse incluso cuando exista una situación de Estado de Excepción.

Según la Constitución Nacional, el “Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden rela-ción directa con la planificación y ejecución de operaciones concer-nientes a la seguridad de la Nación” (artículo 325); pero esta función debe ser establecida en la Ley. Desde la entrada en vigencia de la Constitución, en el año 2000, no se ha aprobado la Ley que regule la materia de archivos y clasificación de información, lo que evidencia una deuda de parte del Poder Legislativo.

La regulación de la clasificación de la información a través de un decreto es inconstitucional y pone en riesgo el derecho a la infor-mación, al dejar en manos de un solo individuo (el presidente del CESNA) la potestad de clasificar la información pública.


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3 DE JUNIO | CASO 26

Introducen recurso para lograr libertad de periodistaEl 3 de junio de 2010, la defensa del periodista Leocenis García introdujo ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, un recurso de avocamiento para que su caso sea revisado.

La acción, dirigida al magistrado Eladio Aponte, presidente de la Sala de Casación Penal, busca que el TSJ conozca las irregularidades que, según la familia y la defensa de García, existen en este proceso judicial. Si el recurso resulta favorable, el periodista podría obtener la libertad condicional.

El 20 de mayo pasado, el Tribunal 20º de juicio del Área Metro-politana de Caracas decidió prorrogar por un año la detención del periodista Leocenis García, quien ya lleva más de dos años detenido sin que haya comenzado un juicio en su contra.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1881&y=2010&m=06


Periodista recibe amenazas en su celularEl 4 de junio de 2010, Tarquino González Concho, periodista del diario La Prensa y candidato a secretario general del Colegio Nacional de Pe-riodistas (CNP) en Barinas, recibió un mensaje de texto intimidatorio.

La amenaza provino de un número que no pertenece a Vene-zuela. En el texto se aseguraba al reportero que estaba siendo “che-queado por el antiimperialismo, desde fuera y dentro del país”. Finalmente, le advirtieron que no se metiese con periodistas consi-derados ilegales.

González recibió el mensaje luego de haberse referido al ejercicio ilegal del periodismo, así como a sus planes para hacerle frente a esta situación, en caso de que salga electo para el cargo que aspira en el CNP.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1611&y=2010&m=06



Fiscalía investiga a sitio webEl 8 de junio de 2010, el Ministerio Público (Fiscalía) anunció una in-vestigación contra el sitio web Noticiero Digital. Se acusa al medio de “presuntos llamados al desconocimiento de la institucionalidad”. Esto ocurrió en Caracas.

La denuncia fue introducida por el Vicepresidente de la Repúbli-ca, Elías Jaua, a solicitud del presidente Hugo Chávez, quien, a raíz de un artículo publicado el 2 de junio, acusó al portal de noticias de llamar al golpe de Estado.

De acuerdo con la denuncia de Jaua, Noticiero Digital publicó un texto escrito por Roberto Olivares, que señala que militares retira-dos con influencia en las Fuerzas Armadas, estarían diseñando una “transición cívico-militar”.

Ya en marzo pasado, se abrió una investigación contra el sitio web a solicitud del presidente Chávez (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2215).

Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alertas?page=1&y=2010&m=06


Ministerio público designa fiscal para investigar agresión con-tra editorialEl 8 de junio de 2010, el Ministerio Público designó al fiscal auxiliar 73° del Área Metropolitana de Caracas, Jairo Flores, para que investigue las circunstancias de la agresión contra la sede del conglomerado editorial Cadena Capriles.

El 7 de junio, cinco artefactos explosivos de fabricación casera fueron lanzados al edificio Torre la Prensa, donde funcionan varios diarios y revistas de esta casa editorial, entre ellos el diario Últimas Noticias, que es el de mayor tiraje nacional.

Flores dirigirá la labor de los funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con el apoyo de la Fiscal 9° nacional, Daisy

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Bolívar, para esclarecer el hecho y los responsables.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1879&y=2010&m=06


Dirigentes políticos amenazan a equipo de prensaEl 8 de junio de 2010, dirigentes políticos vinculados al gobierno amena-zaron e insultaron a la periodista Carmen Marín de Finol y al reportero gráfico Yunior Lugo, ambos del diario regional La Mañana. Esto ocurrió en el estado Falcón, al oeste de Venezuela.

El acoso surgió por una investigación publicada el 8 de junio últi-mo, en la que se denunciaba el desperdicio de alimentos de la marca gubernamental, Venezuela Socialista. Estos productos son distribui-dos por los programas sociales de alimentación.

El ex gobernador de la zona, Jesús Montilla, y el diputado del Consejo Legislativo del estado Falcón (CLEF), Rubén Mendieta, han aparecido en programas de radio y televisión asegurando que el tra-bajo de los reporteros era falso.

Denunciaron, además, que las fotografías eran producto de un montaje realizado en complicidad con la oposición, para desestabili-zar al gobierno. Por esta razón, Montilla y Mendieta han amenazado con denunciar a Marín de Finol y Lugo ante la fiscalía.

Los periodistas de La Mañana aseguraron tener respaldo y prue-bas de toda la información que publicaron.

Lugo ha recibido llamadas anónimas, en las que lo acusan de “vendido”, “escuálido” y de querer “tumbar al gobierno”.

Los representantes legales del diario tienen previsto acudir a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para denunciar el acoso e inti-midación del que son víctimas sus reporteros y el medio.




Funcionaria del gobierno acusa a periodistas de publicar infor-mación tendenciosaEl 10 de junio de 2010, Sejam Yammoul, directora regional de salud en Barinas, acusó a los periodistas Walter Obregón del diario regional La Noticia y corresponsal de El Universal, de circulación nacional; y Tarqui-no González Concho, reportero de La Prensa, de publicar información tendenciosa.

La funcionaria realizó esta denuncia debido a una información publicada el 9 de junio último por ambos periodistas, en la que da-ban a conocer la pérdida de 40 toneladas de carne en un matadero barinense.

Yammoul aseguró que era una irresponsabilidad generar alarma con ese tipo de informaciones y solicitó al Ministerio Público que intervenga en el caso. La directora regional de salud además señaló que era inaceptable que se juegue con la integridad del pueblo y que se genere un ataque contra las autoridades de la zona. La fun-cionaria declaró también que sólo 2 mil ochocientos kilos de carne habían perdido la coloración, pero que aún servían para el consumo humano a través de embutidos.

Las noticias publicadas tanto por Obregón como por Tarquino manifestaban que, de acuerdo a información extraoficial recogida entre los trabajadores, el veterinario de la empresa encargada de la comercialización de la carne había afirmado que el producto no era apto para el consumo humano.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1612&y=2010&m=07


Insultan y agreden a reporteros de medio estatalEl 14 de junio de 2010, el periodista Luis Hugas y el camarógrafo Ubaldo Pérez, del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), recibieron em-pujones e insultos por parte de los ahorristas del Banco Federal, reunidos en las afueras de la sede principal de esa entidad financiera en Caracas.

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El reportero de VTV intentaba recoger las impresiones de los clientes de ese banco, que estaba siendo intervenido. De pronto, las personas allí congregadas exigieron que la prensa se retirara. Ade-más, se negaron a declarar y culparon a los medios de la decisión oficial de suspender las operaciones del Banco Federal.

Los periodistas tuvieron que retirarse acompañados por policías y el personal de seguridad. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1890&y=2010&m=07


Gobierno amenaza y ordena captura de dueños de medioEl 16 de junio de 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ame-nazó con confiscar las acciones de Globovisión, pertenecientes a Nelson Mezerhane, como parte de las consecuencias de la intervención al Banco Federal, propiedad de este empresario. Esto ocurrió durante una cadena nacional de radio y televisión, desde Caracas.

El presidente Chávez argumentó que la confiscación se haría para respaldar el pago a los ahorristas de la institución financiera. Además, aseguró desconocer que Mezerhane fuese uno de los accio-nistas de Globovisión.

El empresario no estaba en Venezuela durante la intervención del Banco Federal y ha señalado que no volverá al país.

Por otra parte, el 18 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores y Justicia, Tareck El Aissami, notificó que la INTERPOL ha dicta-do la orden de captura internacional del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga Núñez y de su hijo, Guillermo Zuloaga Siso. El paradero de ambos es desconocido.

Desde Globovisión, se dice que estas medidas son represalias por la línea editorial que maneja este medio, conocido por su oposición a la gestión del presidente Chávez.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1878&y=2010&m=06



Guardia Nacional impide trabajo de periodistaEl 16 de junio de 2010, dos sargentos de la Guardia Nacional negaron al periodista Walter Obregón el acceso al Conscripto Militar. Obregón es re-portero del diario La Noticia y corresponsal de El Universal. Esto ocurrió en Barinas, al oeste de Venezuela.

Muchas familias de la zona fueron trasladadas a ese recinto cas-trense a causa de las fuertes lluvias en Barinas, durante fines de mayo y comienzos de junio. Obregón quería entrevistar a los damnifica-dos, sin embargo, le prohibieron el ingreso en dos oportunidades.

Obregón, había sido invitado por la directora de Desarrollo Social de la Gobernación de Barinas, Marisela Cornejo, quien solicitó la colaboración de los medios para sensibilizar a la colectividad y cola-borar con las familias afectadas.

El mismo 16 de junio, el periodista había ido al Instituto Autóno-mo de la Vivienda del Estado Barinas (IAVEB), donde pidió hablar con el director Yovanny Benaventa, también por recomendación de Cornejo. La secretaria del funcionario negó la petición del reportero sin ofrecerle explicaciones.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1609&y=2010&m=06


Fiscalía solicita extradición de accionista de medio de comunicaciónEl lunes 16 de junio de 2010, el Ministerio Público (Fiscalía) solicitó la extradición de Nelson Mezerhane, accionista de la televisora privada Globovisión. A él se le imputa la presunta comisión de los delitos de aso-ciación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional por el caso del Banco Federal, de su propiedad.

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El Ministerio Público solicitó la extradición ante el Tribunal 43° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC). El trámite fue realizado por los fiscales 50° y 51° nacional y 61 del AMC, William Guerrero, Rochelly Barboza y Katherine Harrington, respectiva-mente.

A Mezerhane le fue dictada orden de aprehensión el 30 de ju-nio último por estar presuntamente vinculado con irregularidades cometidas en el Grupo Federal en perjuicio de sus ahorristas y ac-cionistas.

Además, existe una medida de aseguramiento de bienes sobre Mezerhane y la Superintendencia de Bancos ha acordado la inter-vención de 34 empresas relacionadas con el grupo financiero Fede-ral, y se continúa analizando a más de cien instituciones presunta-mente vinculadas con el empresario. El Banco Federal fue liquidado el pasado martes 10 de agosto (ver alerta:http://www.IPYS.org/aler-tas/atentado.php?id=2416 ).Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1906&y=2010&m=08


Gobernador amenaza con demandar a televisoraEl 20 de junio de 2010, el gobernador del estado Sucre, Enrique Maestre, anunció que demandaría a Globovisión y acusó al canal de terrorismo. Esto sucedió en Sucre, al este de Venezuela.

Esto se debe a un informe emitido dos días antes en el que, se-gún Maestre, se vinculó a empresas del gobierno en el hallazgo de más de 18 mil kilos de pollo podrido en un basural de la ciudad de Cumaná, capital del estado.

En su reporte, Globovisión señaló que junto a los pollos se en-contraron cajas de las marcas Sadia, de Brasil, y Aveguay, de Ar-gentina, ambas distribuidas por las redes populares de alimentación estatales. Sin embargo, la noticia no afirmó concretamente que el pollo perteneciera a las empresas gubernamentales.

La investigación de la policía determinó que los pollos desecha-dos pertenecían a la empresa privada Pollos de Venezuela.


En declaraciones para el canal estatal, Venezolana de Televisión, Maestre señaló: “Le hacemos una propuesta al país, proceder con una demanda penal contra Globovisión, contra ese aparato que lo que hace es impulsar soterradamente una línea de terrorismo”. Ade-más se quejó de que la televisora no haya confirmado la información con fuentes oficiales.

También, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, acusó al ca-nal de manipular información.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1791&y=2010&m=07


Ex directivos de colegio de periodistas desmantelan le sede de la instituciónEl 25 de junio de 2010, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Barinas, Tarquino González Concho, denunció que la sede de esta institución, ubicada en el estado Barinas, al oeste de Venezuela, ha-bía sido desmantelada por la directiva anterior.

Dentro de lo que se llevaron estaban los equipos de la emisora Periodistas 93.7 FM, por lo que el medio se encuentra actualmente fuera del aire.

Según informó el vigilante de la sede del CNP a González, el desmantelamiento comenzó el 23 de junio ultimo, cuando la direc-tiva saliente, encabezada por José Gregorio Adames, empezó a sacar todos los equipos de una emisora de radio y de una televisora, que operaban en las instalaciones. También se llevaron aires acondicio-nados, mesas y computadoras.

Desde el momento en que se conocieron los resultados de las elecciones convocadas para elegir la nueva directiva, los ataques por parte de los miembros salientes han sido constantes.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1613&y=2010&m=07

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Ministerio Público acusa a directivo de televisoraEl 29 de junio de 2010, el Ministerio Público concluyó la investigación sobre el caso de los empresarios Guillermo Zuloaga Núñez, presidente y accionista mayoritario de Globovisión, y su hijo Guillermo Zuloaga Siso. Los resultados determinaron que existían “más de 40 elementos de con-vicción” para solicitar la orden de captura y presentar la acusación contra los Zuloaga. Esto sucedió en Caracas.

A los empresarios se les acusa de presunta comisión de los de-litos de usura genérica continuada y asociación para delinquir.Ya el Ministerio Público había emitido una orden de detención contra ambos hombres por este caso, y el 18 de junio último, la INTERPOL generó la orden de captura internacional de ambos Zuloaga (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2345).

Por otra parte, en la residencia de Nelson Mezerhane, otro de los accionistas de Globovisión, se realizó un procedimiento de asegura-miento de bienes y allanamiento.

La finalidad de esta acción fue hacer un inventario de los bienes muebles que posee Mezerhane en su residencia. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1896&y=2010&m=07


Municipio amenaza con cerrar diario por deuda impositivaEl 30 de junio de 2010, una comisión de la Dirección de Hacienda del Municipio de Infante se presentó en la sede del diario Jornada para soli-citar su cierre administrativo por una supuesta morosidad en el pago de impuestos municipales. Esto ocurrió en el estado Guárico, al centro de Venezuela.

Tras el diálogo entre los directivos del medio y los funcionarios de la alcaldía, se determinó que la deuda no era de Jornada sino de la compañía Jornada Publicitaria, que es la que factura la publicidad del diario. Por lo que no se procedió a la clausura.

La compañía publicitaria canceló la deuda que tenía con la muni-


cipalidad y Jornada circula con normalidad.IPYS seguirá atento a la situación del medio.



Periodista detenido inicia huelga de hambreEl 30 de junio de 2010, el periodista Leocenis García anunció en su cuen-ta de Twitter que comenzaría una huelga de hambre indefinida. García se encuentra detenido desde hace más de dos años en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Penal de Tocuyito al norte de Venezuela, sin haber sido juzgado.

El comunicador, acusado de porte ilícito de armas y de daños a la propiedad privada, publicó en su cuenta de la red social @Leocenis: “Empiezo una huelga de hambre indefinida hasta tanto el juez Jesús Jiménez del Tribunal 20 de Juicio, se inhiba de conocer mi caso”.

Pedro Aranguren, abogado de García, denunció a Jiménez ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales por haber rechazado la recusación presentada por la defensa del periodista. Aranguren aseguró que el recurso debió ser enviado a una Corte de Apelaciones. El abogado explicó que la deci-sión del juez viola las leyes venezolanas, por lo que Jiménez debería ser inhabilitado.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1674&y=2010&m=07

1º DE JULIO | CASO 41

Dictan orden de aprehensión contra accionista de canalEl 1 de julio de 2010, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el Ministerio Público (Fiscalía) solicitó una orden de detención contra Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión. Esto ocurrió en Caracas.

Mezerhane está acusado de presuntas irregularidades cometidas

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por el Banco Federal, también de su propiedad, en perjuicio de sus ahorristas.

El paradero del empresario es desconocido, por lo que la orden de captura se realizó con la intención de que se incluya en la alerta roja de la INTERPOL, según declaró la fiscal en un programa radial de la emisora del Estado.

El Banco Federal fue intervenido el 14 de junio pasado, debido a “la grave situación económica y financiera” que enfrenta, de acuerdo al ministro de Estado para la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz.

Esta medida se suma a la orden de aprehensión emitida contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y su hijo Guillermo Zuloaga Siso. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1894&y=2010&m=07

2 DE JULIO | CASO 42

Presidente Chávez amenaza a GlobovisiónEl 2 de julio de 2010, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez criticó el desempeño informativo de la televisora privada Globovisión y aseguró que desde ese canal se desarrollaba una campaña mediática para generar caos en el país e inducir al desconocimiento de su mandato. Las declara-ciones las dio en cadena nacional de radio y televisión, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Chávez se refirió a los medios de comunicación que, a su juicio, son manejados por la burguesía, y los llamó “corruptos”, pues ase-gura que han callado lo relacionado con las irregularidades del Ban-co Federal, entidad financiera intervenida, que pertenece a Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión.

El Presidente abrió la posibilidad de que se expropien las accio-nes de Globovisión que pertenecen a Mezerhane, para cancelar al Estado la inversión que está haciendo para devolver el dinero de los ahorristas del Banco Federal.

Continuó diciendo: “sus dueños se dieron a la fuga, vamos a ver qué hacemos con ese canal”, en alusión a Mezerhane y Guillermo


Zuloaga, ambos con orden de captura por la justicia venezolana.Finalmente, aseguró: “ese canal en los últimos días ha arreciado

en su locura. Vamos a ver quién aguanta más: si la locura de Globo-visión o Venezuela y su sabiduría”. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1893&y=2010&m=07


Periodista es liberado tras permanecer dos años en prisiónEl 6 de julio de 2010, el Tribunal 20 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenó la excarcelación del periodista Leocenis García, quien llevaba dos años y dos meses detenido en el Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, sin haber sido juzgado.

Pedro Aranguren, abogado de García, informó que el periodista salió libre con una medida cautelar.

El Tribunal 20 de Juicio señaló el 19 de julio próximo, como fecha tentativa para el comienzo del proceso. Aunque Aranguren indicó que seguirán intentando una serie de recursos para que este tribu-nal se aparte del caso.

Antes de la decisión, el periodista había comenzado una huelga de hambre indefinida desde el 30 de junio último. Su objetivo era solicitar que el juez Jesús Jiménez se retirara de su caso.

García no recibió ningún tipo de atención médica durante su pe-ríodo de protesta. A su salida del penal fue trasladado a un centro de salud, pues estuvo siete días sin comer (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2357).

La defensa del periodista ha denunciado varias irregularidades en el proceso.

Disponible en: http://IPYS.org.ve/alerta?id=1673&y=2010&m=07

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Niegan ingreso de periodista a la Asamblea NacionalEl 7 de julio de 2010, Sara Carolina Díaz, periodista del diario El Uni-versal, informó que funcionarios de seguridad le negaron el acceso a la sede de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), en Caracas.

El personal de vigilancia dijo a Díaz que por órdenes del jefe de seguridad los periodistas no podían entrar al edificio. Según infor-maron a Díaz, la decisión también incluía a los reporteros de los medios oficiales y de la propia Asamblea Nacional. También le indi-caron que la disposición sólo estaría vigente durante ese día.

Sin embargo, se conoció que horas más tarde sí se permitió la entrada a los medios de comunicación al edificio de la Asamblea.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1892&y=2010&m=07


Solicitan renuncia de director de diarioEl 8 de julio de 2010, miembros del Gobierno Regional de Barinas y los dueños del diario De Frente solicitaron la renuncia de Misael Salazar, director del medio. Esto sucedió en el estado Barinas.

La molestia entre los funcionarios del gobierno y los propietarios del diario se debió a un titular que decía: “Extraditan a Chávez”.

La noticia se refería al supuesto terrorista salvadoreño, Francisco Chávez, quien está acusado de elaborar un plan para asesinar al pre-sidente Hugo Chávez.

Datos aportados a IPYS indicaron que, a pesar de la línea mar-cadamente oficialista del diario, Salazar no permitía ningún tipo de imposiciones.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1617&y=2010&m=08



Voceros del oficialismo amenazan a organizaciones defensoras de los derechos humanosEl 12 de julio de 2010, distintos voceros del oficialismo señalaron a IPYS Venezuela y Espacio Público, organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de expresión en el país, como presuntas integrantes de una red de financiamiento de Estados Unidos a medios y periodistas venezolanos. La red tendría como finalidad la creación y promoción de espacios de ataque al presidente Hugo Chávez.

Diosdado Cabello, miembro de la Dirección Nacional del Parti-do Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y William Lara, también oficialista y gobernador del estado Guárico, fueron dos de los re-presentantes del gobierno que hicieron las acusaciones. Además, el 13 de julio último, el Movimiento por un Periodismo Necesario, vinculado al gobierno, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue de manera oficial a las organizaciones acusadas de recibir financiamiento del exterior.

Estos señalamientos se produjeron a raíz de un artículo publica-do en Internet por la periodista Eva Golinger. En la nota, se asegura que a través de IPYS Venezuela y Espacio Público, periodistas opo-sitores han recibido al menos 4 millones de dólares para atacar al gobierno y desestabilizar el país.

Cabello, además, criticó el apoyo económico de organizaciones como la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PAFD), Free-dom House, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Uni-dos (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) para la defensa de la libertad de expresión en Venezuela. Incluso, vinculó el terrorismo con el financiamiento del exterior.

Tanto Golinger como Cabello aseguraron que pronto revelarían los nombres de los periodistas y dueños de medios de comunicación que habrían recibido dinero del gobierno estadounidense.

En Venezuela, al igual que en otros países del mundo, las orga-nizaciones no gubernamentales reciben fondos de instituciones del extranjero, que permiten formar profesionales, promover derechos cívicos, entre otros aspectos, sin que esto constituya delito alguno.

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Ciudadanos detenidos por opinar en TwitterEl 12 de julio de 2010, Luis Enrique Acosta y Carmen Cecilia Nares fue-ron imputados por presunta difusión de información falsa a través de mensajes de Twitter. Esto sucedió en la ciudad de Bolívar.

Tanto Acosta como Nares fueron apresados el 8 de julio último a raíz de los mensajes que publicaron en Twitter durante el mes de marzo. Ambos criticaban el sistema bancario en sus comentarios.

El Tribunal de Control de Ciudad Bolívar acogió la imputación realizada por la fiscal Ninorka González y acordó medidas caute-lares. Los imputados deberán presentarse cada 15 días y no podrán difundir mensajes referidos a los bancos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1651&y=2010&m=08


Militares retienen a reporterosEl 15 de julio de 2010, cinco efectivos de Casa Militar retuvieron a los pe-riodistas Jhonny Montenegro, Karina Pérez y Héctor Castillo del diario Últimas Noticias, así como a John Lara, conductor del vehículo que los transportaba. Los militares alegaron que los reporteros habían ignorado una voz de alto. El hecho ocurrió en Caracas.

El equipo de prensa volvía de realizar una cobertura. Cuando pa-saron por el lugar de la retención se encontraron con que allí se rea-lizaría un acto presidencial. Se detuvieron para que Castillo tomara algunas fotos, pero un funcionario les pidió retirarse. En el momen-to en que los reporteros se marchaban, los efectivos militares los interceptaron, los bajaron del vehículo apuntándolos con armas de fuego, los requisaron y los llevaron a la oficina de seguridad de la Asamblea Nacional.


Mientras los tuvieron retenidos, los militares intentaron borrar las fotos que Castillo había tomado. Argumentaron que atentaban contra la seguridad del Presidente. Finalmente, no borraron las foto-grafías, pero se quedaron con la memoria que las contenía.

Al lugar se acercó un grupo de seguidores del presidente Chávez para intimidar a los periodistas concentrados en las afueras de la Asamblea Nacional, quienes exigían la libertad de Montenegro, Pé-rez, Castillo y Lara. Finalmente, las autoridades autorizaron la libe-ración de los reporteros para evitar que la situación empeorara.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1889&y=2010&m=07


Tribunal Supremo de Justicia limita el acceso a la informaciónEl 15 de julio de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que limita el derecho de acceso a la infor-mación pública, garantizado en el Constitución Nacional. Esto sucedió en Caracas.

La sentencia sostiene que “en ausencia de una ley expresa”, cuan-do se solicite información, el interesado deberá señalar “las razones o propósitos por los cuales requiere esa información”. Además, in-dica que la “magnitud” de la información que se solicite debe ser proporcional con el uso que se le pretenda dar a los datos requeri-dos. El fallo afirma que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto.

El dictamen, redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Mer-chán, tiene carácter vinculante, por lo que los tribunales del país deberán guiarse por él hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley sobre el tema.

La sentencia se realizó para declarar improcedente una acción de amparo constitucional, interpuesta por la ONG Espacio Público, con respecto a una solicitud de información hecha a la Contraloría General de la República.

Espacio Público había solicitado el 13 de noviembre de 2008 que

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se le informara sobre el salario base y otras erogaciones a favor del Contralor General de la República, así como del personal que labora en la Contraloría.

Al no haber recibido respuesta, la ONG repitió la solicitud el 11 de febrero de 2009, a lo que la Dirección de Recursos Humanos de esa institución respondió que brindar esos datos implicaría invadir la privacidad de los funcionarios públicos.

Por este motivo, Espacio Público introdujo un recurso de amparo el 12 de agosto de 2009, lo reiteró el 11 de marzo de 2010 y lo ratificó el 16 de marzo de 2010.

Esta sentencia resulta contraria al derecho de las personas de so-licitar y acceder a la información pública, garantizado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1888&y=2010&m=07


Presidente solicita que se revise concesión de canal que pertenece a la iglesiaEl 20 de julio de 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, solicitó que se revisara la concesión de Vale TV (Valores Educativos Televisión), que fue otorgada en 1998 al Arzobispado de Caracas. El pedido lo hizo durante la graduación de la II Promoción de la Policía Nacional Boliva-riana, en la capital de la república.

El presidente Chávez pidió al ministro del Interior y Justicia, Ta-reck El Aissami, que “revise” la concesión de Vale TV y que ponga ese canal “a la orden del pueblo, de las comunidades. Que sea del pueblo y no del Cardenal”.

Vale TV es una televisora cultural, sin fines de lucro.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1887&y=2010&m=07



Globovisión responde al presidenteEl 20 de julio de 2010, la televisora privada Globovisión emitió un comu-nicado en el que responde a las declaraciones del presidente Hugo Chávez, acerca de su intención de que el Estado se haga cargo de la administra-ción de casi la mitad de las acciones del canal. Esto sucedió en Caracas.

Globovisión explica que según sus estatutos “los miembros de la Junta Directiva son designados por la Asamblea de Accionistas, con el voto de más del cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social”.

Sin embargo, el presidente Chávez insistió en la posibilidad de designar a una persona para que ocupe un lugar en la junta directiva del canal.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1886&y=2010&m=07


Gobierno intenta controlar acciones de canal privadoEl 20 de julio de 2010, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, anunció que la Junta Interventora del Banco Federal designe en los próximos días a una persona para que ocupe un cargo en la junta directiva de Globo-visión. Esto se debe a que la entidad financiera intervenida pertenece a Nelson Mezerhane, quien también es accionista del canal. El anuncio del presidente se hizo en Caracas.

El gobierno de Chávez pretende controlar casi el 48% de las ac-ciones de Globovisión. Es decir, el casi 30% que es propiedad de Me-zerhane y un 20% perteneciente al fallecido Luis Teófilo Núñez. De acuerdo con la ley venezolana, las concesiones no son hereditarias, porque el espacio radioeléctrico es del Estado.

El Banco Federal fue intervenido el 14 de junio último. Ya el 16 de junio el Presidente se había referido a la posibilidad de confiscar las acciones de GlobovisiónDisponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1884&y=2010&m=07

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Niegan acceso de equipo de prensa a la CancilleríaEl 22 de julio de 2010, el personal de seguridad de la Cancillería General de la República negó el acceso de la periodista Marianna Gómez y el camarógrafo Ángel Alviares, ambos de Globovisión. Esto sucedió en el edificio de la Cancillería, en Caracas.

En el lugar se realizaba una conferencia de prensa en la que se tratarían asuntos relacionados a la ruptura de relaciones diplomá-ticas entre Venezuela y Colombia. Los periodistas de Globovisión intentaron ingresar, pero les dijeron que no estaban en la lista de medios autorizados.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1919&y=2010&m=08


Militares retienen a equipo de prensa de GlobovisiónEl 22 de julio de 2010, la periodista Madeleine Palmar y el camarógrafo Lender Neira, ambos de Globovisión, fueron retenidos por militares en el punto de control fronterizo en Paraguachón, estado Zulia. El lugar está ubicado en la frontera con Colombia.

Palmar explicó que habían llegado a la frontera para recoger al-gunos testimonios, luego de la ruptura de las relaciones entre los gobiernos de ambos países.

La periodista agregó que en el último control militar venezolano, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana les indicó colocarse a la derecha de la carretera. Después, les pidió sus documentos perso-nales y los del vehículo.

Los periodistas fueron privados de sus documentos por 45 minu-tos. Posteriormente, otro efectivo militar se acercó al vehículo y les devolvió los documentos. Además, les sugirió que realizaran su labor periodística una hora después y cerca del punto de control militar.




Defensora del pueblo amenaza a los mediosEl 22 de julio de 2010, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, cri-ticó la difusión de información referida a la situación del agua potable en el estado Carabobo, al norte del país. La funcionaria aseguró que las denuncias sobre la contaminación de las aguas en ese estado, difundidas a través de los medios de comunicación, responden a intereses políticos y tienen como objetivo desestabilizar la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán en septiembre.

Ramírez agregó que las denuncias podrían ser sancionadas, pues el Código Penal venezolano indica que “todo individuo que por me-dio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impre-so, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos pan-fletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1675&y=2010&m=08


Departamento de seguridad de Colombia retiene a periodistas en la fronteraEl 23 de julio de 2010, la corresponsal de RCTV Internacional en el estado Zulia, al oeste de Venezuela, Fabiola Arvizú, fue detenida por el Depar-tamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). También fue detenido su compañero, el camarógrafo Luis Rincón. Esto sucedió en el punto fronterizo entre ambos países, en el lado colombiano.

Arvizú explicó a IPYS que permanecieron detenidos por 5 horas dentro de la sede del DAS. Además, fueron interrogados para cono-cer los motivos de su presencia en territorio colombiano.

Los efectivos del DAS explicaron a la periodista y su camarógrafo, que estaban de manera irregular en Colombia porque no contaban con el permiso necesario para trabajar.

Luego de 5 horas sin poder salir de la sede, les entregaron un documento de advertencia sobre su situación irregular. Los repor-

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teros debieron firmar el escrito para que se les permitiera regresar a Venezuela.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1775&y=2010&m=08


Presidente amenaza a medios y a ONGEl 25 de julio de 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se refirió a los grupos que se oponen a su gestión, entre los que incluyó medios de comunicación y Organizaciones No Gubernamentales.

Chávez calificó de “apátridas” y “lacayos” a estas instituciones. Además, aseguró que “tomaría medidas” con grupos que se dejen guiar por intereses foráneos, en caso de un conflicto militar. Esto sucedió en Caracas.

Las declaraciones las hizo durante un acto de juramentación de “patrullas bolivarianas” que se sumarán a la Campaña Electoral para las próximas elecciones parlamentarias del 26 de septiembre próximo.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1917&y=2010&m=08


Tribunal Supremo de Justicia admitió acción de nulidad interpuesta por televisoraEl 27 de julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una acción de nulidad interpuesta por Globovisión.

El recurso anula una medida de la Comisión Nacional de Tele-comunicaciones (Conatel), que ordenaba la apertura de un procedi-miento administrativo para sancionar al canal, debido a la transmi-sión de la campaña publicitaria en defensa de la propiedad privada. Esto ocurrió en Caracas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1918&y=2010&m=08



Simpatizantes del gobierno dañan fachada de canal privadoEl 28 de julio de 2010, personas afectas al oficialismo pintaron la facha-da de la sede de Globovisión. Las pintas contenían mensajes de apoyo al presidente Hugo Chávez y emblemas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esto sucedió en Caracas.

Los manifestantes se identificaron como trabajadores de la red de alimentación Mercal. Ronald Rivas, vicepresidente de la red, fue el vocero del grupo y afirmó que se encontraban allí en rechazo a la línea editorial de Globovisión que, a su juicio, era “contraria a los intereses del pueblo”. Además, aseguró que el canal manipulaba la información para desestabilizar la “revolución bolivariana”.

Rivas entregó a la directiva de la televisora un comunicado para exigir respeto a los trabajadores de Mercal, pues, según ellos, Glo-bovisión desarrolla una estrategia comunicacional desprestigiarlos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1916&y=2010&m=08


Municipio expropia terreno que pertenece a diarioEl 29 de julio de 2010, se ejecutó la expropiación de un terreno que per-tenece al diario Las Noticias de Cojedes. Esto fue ordenado por el Gober-nador del estado Cojedes, Teodoro Bolívar, y por el alcalde del municipio Falcón de ese estado, Carlos Añez.

La decisión de los funcionarios contó con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional y de representantes de la Asociación Civil Socia-lista de Vivienda Maizanta. Entre todos acordaron la “expropiación por utilidad pública del terreno”.

La propiedad iba a ser utilizada para construir una nueva sede de Las Noticias de Cojedes. Sin embargo, se realizará una venta simbó-lica del terreno a la asociación Maizanta, que prometió desarrollar allí un complejo habitacional.

Ya en febrero último, Bolívar había ordenado la expropiación de un terreno perteneciente a Petter Taffin, presidente del Consejo

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Editorial de Las Noticias de Cojedes y director de la cadena radial Rumbera Network (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atenta-do.php?id=2191). Este embargo se realizó por razones de utilidad pública. No obstante, la gobernación no le ha dado ningún uso al te-rreno y aún no se ha publicado el decreto que avale la expropiación.

Eligio Elorga, director de Las Noticias de Cojedes, declaró a IPYS que el diario recibe amenazas constantes por parte del Gobernador. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1701&y=2010&m=08


Golpean a reportero gráfico que registraba manifestaciónEl viernes 30 de julio de 2010, el fotógrafo Wilfredo Yustis, del diario El Tiempo, fue golpeado con una pala en la cabeza por manifestantes que no querían ser fotografiados en sus actos frente a la sede del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), en Caracas.

Yustis fotografiaba a los manifestantes, trabajadores de una con-tratista adscrita al Ministerio de Vivienda que exigían el pago de salarios atrasados. Al verlo, los hombres le quitaron la cámara, lo rodearon y lo golpearon en la cabeza con una pala. La máscara anti-gases que Yustis llevaba puesta disminuyó el impacto, pero él cayó al suelo donde continuaron golpeándolo.

El reportero gráfico, que debió recibir atención médica, logró es-capar gracias a la intervención de un vendedor informal de comida, quien también fue golpeado y además saquearon su puesto de trabajo.

No hay ningún detenido por la agresión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1914&y=2010&m=08


Programa radial sale del aire debido a intereses políticosEl viernes 30 de julio de 2010, el locutor Alexander Mireles denunció que su programa radial “Hablando Claro y Raspao”, transmitido por la ra-


dioemisora Class 98.7 FM, salió del aire el pasado 6 de julio debido a que Teodoro Bolívar, Gobernador del Estado de Cojedes, al centro del país, compró todos los espacios de la radioemisora.

Mireles -crítico a la gestión de Bolívar- dijo al IPYS que el suyo fue uno de los primeros programas en ser retirado del aire y la emi-sora pasó a convertirse “en el medio oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela en Cojedes” gracias, además, a la inversión del gobierno regional. Mireles ha intentado transmitir su programa en otras estaciones, pero no ha logrado volver al aire.

Previo a esto, la emisora era constantemente atacada por las au-toridades del estado. El 17 de abril, la alcaldesa del municipio de Ricaurte, Hylcris Martínez, amenazó con cerrar la radio y demandar a Mireles por sus comentarios durante el programa. Así mismo, en mayo de 2009 la radio denunció que Bolívar intentó expropiarle el terreno donde tienen su planta de transmisión. (Ver esta alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=1874).Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1700&y=2010&m=08

3 DE AGOSTO | CASO 63

Atacan con artefactos explosivos sede de diario regionalLa madrugada del martes 3 de agosto de 2010, la sede del diario Las Noti-cias de Cojedes -zona central de Venezuela- fue atacada con dos bombas caseras por dos hombres a bordo de motocicletas que las lanzaron a la fachada del medio, causando daños en ésta y provocando incendio de una camioneta del Diario La Opinión -perteneciente al mismo dueño-.

A pesar que el director del diario, Eligio Elorga, dijo al IPYS que desconocen el motivo del ataque, no descarta que este obedezca a la línea editorial del medio, al que la semana pasada se le confiscaron unos terrenos por órdenes del gobernador del Estado de Cojedes, Teodoro Bolívar, y el alcalde del municipio Falcón, Carlos Añez.

Aparentemente la intención fue que los explosivos penetraran a la sede del diario, cosa que no sucedió y con lo que se evitaron daños mayores. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de la Policía de

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Cojedes confirmaron que se trató de bombas de fabricación casera.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1699&y=2010&m=08


Impiden trabajar a reportero gráfico del Diario La PrensaEl 5 de agosto de 2010, el Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional, Coronel Roque Carmona Nieve, le impidió al fotógrafo Javier Roselis del diario La Prensa registrar una avioneta cargada con narcó-ticos. El periodista fue expulsado de la finca “Los Samanes”, ubicada en la vieja carretera El Toreño, Estado Barinas, al suroeste de Venezuela.

El fotógrafo contó que en la finca se encontraban dos represen-tantes de medios oficialistas y de la Oficina Regional de Información (ORI) del Estado Barinas y que uno de los efectivos presentes, el Teniente Coronel José Anicetti, informó al Coronel Carmona que no podían comenzar mientras permanecieran en el lugar medios no estatales.

El comandante Carmona inmediatamente dio la orden para que Roselis fuese escoltado hasta la salida de la finca.

Posteriormente, un periodista reclamó al comandante de la Poli-cía del Estado, General Giuseppe Caccipo Oliveri, la actitud asumida por Carmona. Éste alegó que la acción tuvo como fin resguardar el sitio del hecho, lo cual es contradictorio, ya que allí permanecieron medios del Estado y de la ORI.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1616&y=2010&m=08


Impiden trabajar a equipo de prensa de GlobovisiónEl pasado 5 de agosto de 2010, la periodista Madelyn Palmar, corres-ponsal en el estado Zulia -oeste de Venezuela- de la televisora privada Globovisión, informó que un funcionario de la Aduana Principal de Ma-racaibo le impidió realizar su trabajo periodístico.


Palmar contó al IPYS Venezuela que su equipo llegó hasta la sede de la Aduana y solicitó el ingreso a las instalaciones para cubrir la rueda de prensa ofrecida por el Superintendente del Servicio Na-cional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello Rondón. Sin embargo, un funcionario le infor-mó que no estaba en la lista de convocados.

La periodista explicó que el funcionario consultó por radio para confirmar la ausencia de su nombre en la lista y ella logró escuchar que no estaban convocados. Esto a pesar de que habían sido convo-cados a través de una cadena enviada por el Ministerio de Comuni-cación e Información del estado Zulia.

Pasados unos minutos, Palmar y el equipo decidieron retirarse de las instalaciones.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1774&y=2010&m=08


Golpean y arrestan a trabajador de radio comunitariaEl lunes 9 de agosto de 2010, funcionarios de la Guardia Nacional gol-pearon al coordinador general de la Radio Comunitaria Alí Primera, Alí Verenzuela, y a Mariana Mendoza, productora. Tras el ataque, Veren-zuela estuvo retenido, esposado e incomunicado durante tres horas. Esto sucedió frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) en Caracas.

Verenzuela y Mendoza cubrían la protesta -frente a la Asamblea Nacional (AN)- en la que estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela del estado Táchira exigían la liberación de un compa-ñero detenido.

Según contó el periodista al IPYS-Venezuela, militares de la Guar-dia reprimieron la protesta violentamente y arremetieron contra la madre del estudiante detenido, por órdenes de un Teniente Coronel. Cuando Verenzuela exigió respeto a la señora, los militares lo insul-taron, golpearon y se lo llevaron a una de las oficinas de seguridad de la AN. Asimismo, empujaron a Mariana Mendoza al piso.

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A pesar de estar identificado como periodista de la radio, retuvie-ron esposado a Verenzuela por más de tres horas. Lo golpearon en el estómago, se sentaron encima de él, le pisaron el cuello e incluso le partieron un diente.

Funcionarios de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional intervinieron y lograron li-berar a Verenzuela. Radio Alí Primera ya denunció el hecho ante la Fiscalía General de la República.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1911&y=2010&m=08


Restringen acceso de la prensa a instalaciones de la Fiscalía MilitarLa mañana del miércoles 11 de agosto de 2010, los medios de comunica-ción Globovisión, Venevisión, Canal i y Televen fueron desalojados de las instalaciones de la Fiscalía Militar por dos efectivos de la Policía Militar, quienes les dijeron que no tenían autorización para estar ahí. El hecho sucedió en la zona militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Los reporteros se encontraban cubriendo la comparecencia, ante la Fiscalía Sexta Militar, de Antonio Rivero, General retirado y can-didato a la Asamblea Nacional, quien es imputado por los delitos de injuria a la Fuerza Armada Nacional y revelación de noticias secretas de la cúpula militar.

Por Globovisión estaba la periodista Delvalle Canelón, junto al camarógrafo Ademar Dona y un asistente de apellido Graterol; por Televen, la periodista Adriana Núñez; por Canal i, la periodista Mar-garita Toledo y por Venevisión, un camarógrafo y un asistente de cámara.

Los periodistas pudieron entrevistar a Rivero a su salida de la comparecencia -a más de un kilómetro de distancia- fuera de la zona del Fuerte Tiuna, según las normas de seguridad.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1913&y=2010&m=08



Vicepresidente propone que bancos no puedan ser accionistas en medios de comunicaciónEl miércoles 11 de agosto de 2010, Elías Jaua, Vicepresidente de Venezue-la, solicitó ante la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) que los dueños o directivos de entidades bancarias no puedan ser propietarios o accio-nistas en las juntas directivas de medios de comunicación. Esa propuesta -hecha a nombre del presidente Chávez- es parte del proyecto de reforma de la Ley General de Bancos.

Asimismo, Jaua propuso incorporar un apartado a la Ley que prohíba a las empresas de comunicación ser, a la vez, accionistas, directores, administradores o consejeros de bancos o entidades fi-nancieras.

Jaua se refirió directamente al caso del Banco Federal (interve-nido recientemente), cuyo dueño, Nelson Mezarhane, es accionista de la televisora privada Globovisión. Al respecto, dijo que ese canal participó activamente en una campaña de publicidad engañosa que invitaba a la población a hacer depósitos en ese banco, aun cuando éste se encontraba en una situación delicada.

También refirió que los periodistas y anclas de Globovisión par-ticiparon del “engaño” porque a fin de cuentas, son empleados y sujetos de explotación.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, informó que la propuesta del Vicepresidente será discutida y aprobada en la se-sión ordinaria de hoy jueves 12 de agosto.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1912&y=2010&m=08


Manifestaciones frente a Globovisión por el caso del Banco FederalEl 11 de agosto de 2010, un grupo de ex ahorristas del Banco Federal se presentó frente a la sede del canal de televisión privado Globovisión para protestar por la situación que vive la entidad financiera -accionista del

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canal-, luego de que se anunciara la liquidación y venta parcial de los activos del banco.

El martes 10 de agosto, el ministro del Poder Popular para Pla-nificación y Finanzas, Jorge Giordani, anunció en rueda de prensa la liquidación del Banco Federal mediante la venta de parte de sus activos y con la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).

Las personas presentes en la manifestación exigían que se hicie-ra “justicia” con sus ahorros y protestaban contra Nelson Mezerha-ne, dueño del Banco Federal, y también contra Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, quien se encuentra fuera del país y está solicitado por las autoridades. Al respecto, los manifestantes dije-ron: “son de la misma relación”.

El Banco Federal fue intervenido el pasado 14 de junio por la Su-perintendencia de Bancos (SUDEBAN), por una presunta falta de liquidez. Mezerhane respondió a través de un documento donde acusa al gobierno y a la SUDEBAN de formular “órdenes arbitrarias a fin de doblegar a los accionistas del Banco Federal y obtener a cambio el silencio de Globovisión”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1910&y=2010&m=08


Tribunal admite acción de nulidad interpuesta por RCTV InternacionalEl 11 de agosto de 2010, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la acción de nulidad interpuesta por RCTV International contra la Providencia Ad-ministrativa que contiene la “Norma Técnica Sobre los Servicios de Pro-ducción Nacional Audiovisual” y que calificó a RCTV como un servicio de producción nacional audiovisual, por lo que debía dar cumplimiento inmediato a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Ambas medidas generaron la salida del aire de la televisión por suscripción de RCTV Internacional.


El juzgado ordenó notificar de su decisión a la Fiscal General de la República, la Procuradora General de la República, al Presidente del Directorio de Responsabilidad Social y al Director de la Comi-sión Nacional de Telecomunicaciones.

La solicitud fue llevada ante el TSJ por los apoderados de RCTV Internacional el pasado 14 de julio de 2010.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1927&y=2010&m=09


Tribunal militar prohíbe a imputado declarar sobre su casoEl viernes 13 de agosto de 2010, el Tribunal 2º de Control Militar pro-

hibió al general retirado Antonio Rivero, “dar declaración a cualquier medio nacional e internacional relativo a información que comprometa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

La medida obedece a que el general y ahora candidato a la Asam-blea Nacional fue imputado -paso previo a la acusación-, por la pre-sunta comisión de los delitos de injuria a la Fuerza Armada Nacio-nal y revelación de noticias secretas de la cúpula militar.

Además de la prohibición de hablar con los medios sobre las Fuerzas Armadas, el juzgado militar impuso a Rivero las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada quince días ante el tribunal.

Guillermo Heredia, abogado defensor del general, informó que apelará la decisión al considerarla una violación a los derechos polí-ticos de Rivero, sobre todo cuando opta a un cargo en el Parlamento.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1908&y=2010&m=08


Autoridades emprenden acciones contra el diario El Nacional por fotografía publicada en primera plana

El sábado 14 de agosto de 2010, el Ministerio Público (Fiscalía)

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inició una investigación por la foto publicada en la portada del diario El Nacional, en la que se muestran varios cadáveres en un área de la Coordinación de Ciencias Forenses, conocida como Morgue de Bello Monte, en Caracas.

De acuerdo a la nota de prensa difundida por la Fiscalía, la inves-tigación se inició a solicitud del Frente de Estudiantes Contra la Pri-vatización de la Universidad Central de Venezuela (Fecpucv), quie-nes acudieron a la Dirección de Protección Integral de la Familia de la Fiscalía General de la República al considerar que la imagen -de gran tamaño y en la primera plana- “vulnera el derecho a la integri-dad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral”. La investiga-ción estará a cargo del fiscal 106° y su auxiliar del Área Metropolita-na de Caracas, Ramón Lizcano y Freddy Lucena, respectivamente.

En este mismo sentido, el 14 de agosto, el Ministerio Público ejerció una acción de protección ante el Tribunal de Guardia de Pro-tección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues a juicio de los fiscales, la fotografía estaría amenazando o violentando los derechos colec-tivos de éstos.

Además del Ministerio Público, otras instituciones han tomado acciones contra el diario El Nacional a raíz de la fotografía: la Defen-soría del Pueblo introdujo una acción de protección ante el Tribunal del Niño, Niña y Adolescente en Caracas, el 13 de agosto. El director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, Larry De-voe, explicó que buscan que el diario se abstenga de publicar este tipo de imágenes violentas; y el Instituto Autónomo Consejo Nacio-nal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena) exigió la apertura de una investigación de carácter penal contra el diario. La presidenta de esa institución, Lisbell Díaz, dijo que también toma-rían acciones de carácter administrativo y tributario.

El viernes 13 de agosto, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Wilmer Flores Tro-sel, aseguró que la foto publicada por El Nacional es extemporánea. Según él, esa foto fue tomada en el año 2006, no en diciembre de 2009 como expresaba la leyenda. Ese día también aseguró que acu-


diría a la Fiscalía a exigir las medidas jurídicas pertinentes contra el medio de comunicación. Flores Trosel afirmó que El Nacional esta-ría jugando con el dolor humano y que los responsables podrían ser penalizados con cárcel. Añadió que la foto forma parte de una cam-paña mediática contra el gobierno nacional. Ante esta acusación, Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario, aseguró que tienen la data de la cámara para comprobar que la foto fue tomada el 26 de diciembre de 2009, y no en 2006. Resaltó que fotos así han salido siempre en los periódicos y que lo que pudo disgustar a las autoridades fue el tamaño de la foto.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1905&y=2010&m=08


Defensoría del pueblo solicita medidas cautelares sobre publicación de imágenes en medios impresosEl lunes 16 de agosto de 2010, la Defensoría del Pueblo solicitó ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes una medida pre-ventiva para que los medios de comunicación impresos del país se abs-tengan de publicar imágenes de contenido violento que atenten contra la integridad psíquica y moral de la infancia y la adolescencia.

La información la dio a conocer Larry Devoe, director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo. Devoe informó que el mismo lunes la Defensoría solicitó una acción de protección con-tra el diario Tal Cual, que en su portada del lunes repitió la publica-ción de una fotografía que muestra varios cadáveres apilados en la morgue de Bello Monte. La imagen fue difundida previamente por el diario El Nacional, y por ella la Defensoría ya había solicitado una acción de protección ante el Tribunal del Niño, Niña y Adolescente.

Devoe refirió que es “sumamente preocupante que el Diario Tal Cual vuelva a publicar de manera intencionada esa fotografía, la cual fue cuestionada por diversos especialistas en el área de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que obligó a la institución a inter-poner una acción de protección ese mismo día”.

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Reiteró que Tal Cual desconoció de manera flagrante la respon-sabilidad de los medios de comunicación social de contribuir en la formación de los niños, niñas y adolescentes.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1907&y=2010&m=08


Ratifican denuncias contra ONGS y periodistas por recibir financiamiento extranjeroEl martes 17 de agosto de 2010, la abogada Eva Golinger y el vocero oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Félix Paisano, acu-dieron ante el Ministerio Público (Fiscalía) para consignar documentos que presuntamente demuestran el financiamiento a periodistas y ONG en Venezuela desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Golinger acusó al periodista Miguel Ángel Rodríguez y a las ONG Espacio Público, CEDICE, Instituto de Prensa y Sociedad, Sú-mate, Consorcio y Justicia, Radar de los Barrios, Liderazgo y Visión, Ciudadanía Activa, entre otros. Según Golinger, estas instituciones funcionan en Venezuela como partidos políticos de oposición.

Aseguró que el financiamiento proviene de agencias “cuasi gu-bernamentales” como la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), lo que para ella “ha ayudado durante los últimos ocho años a alimentar un conflicto en el país”.

Por su parte, Félix Paisano del PSUV dijo que fueron a la Fisca-lía del Área Metropolitana de Caracas a ratificar una denuncia que hicieran contra estas instituciones el 7 de julio y a solicitar mayor celeridad en la investigación. Este hecho se suma a las denuncias de la Asociación por un Periodismo Necesario contra las ONG Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela.




Tribunal Supremo de Justicia admite extradición de presidente de GlobovisiónEl 17 de agosto de 2010, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición contra Guillermo Zuloaga Núñez, presidente de la televisora privada Globovisión, y su hijo, Gui-llermo Zuloaga Siso. La solicitud había sido presentada por el Ministerio Público (Fiscalía) el 29 de junio pasado.

A ellos se les acusa de los delitos de usura genérica y por el pre-sunto almacenamiento irregular de vehículos en una de sus residen-cias. Con esta medida, a cargo del Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte, las autoridades venezolanas podrán comenzar los trámites ante los organismos judiciales de Estados Unidos para concretar la extradición.

El Ministerio Público ya había emitido una orden de detención contra ambos hombres por este caso, y el 18 de junio último el mi-nistro de Relaciones Exteriores y Justicia, Tareck El Aissami, notificó que la INTERPOL había generado la orden de captura internacional de los Zuloaga (ver alerta: http://www.IPYS.org/alertas/atentado.php?id=2354). Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1904&y=2010&m=08


Tribunal prohíbe publicar imágenes que atenten contra la integridad de niños, niña y adolescentesEl 17 de agosto de 2010, el Tribunal Décimo Segundo de Primera Ins-tancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, libró una medida preventiva innominada que ordena que todos los medios de comunicación impresos se abstengan de publicar imágenes de contenido “violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no, que de una u

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otra forma vulneren la integridad psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes”.

Esta misma decisión se dirigió explícitamente al diario Tal Cual, al que también se le prohíbe la emisión de imágenes sangrientas o violentas.

Por su parte, este mismo tribunal determinó el 16 de agosto una notificación al diario “El Nacional” en la que le prohíbe publicar no sólo imágenes, sino también informaciones y publicidad con con-tenidos de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes.

La medida contra los diarios responde a la solicitud hecha por Ramón Liscano y Freddy Lucena, fiscal 106° y su auxiliar del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, quienes actuaron en función de los derechos colectivos de los niños y adolescentes ve-nezolanos.

La decisión sobre “El Nacional” alega que “el derecho constitu-cional a la libertad de expresión y a la información no ha de ejerci-tarse a las solas expensas de amenazar y/o violentar otros derechos igualmente fundamentales, tales como el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral… en especial cuando se entra en disputa con el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el cual es preferente”.

La acción legal surge luego de que “El Nacional” publicara en su portada del viernes 13 de agosto una fotografía en la que muestra un conjunto de cadáveres en el interior de la morgue de Bello Monte. Esta imagen fue replicada el lunes 16 de agosto por el diario Tal Cual en su primera plana.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1903&y=2010&m=08



Ley de bancos prohíbe a dueños de medios poseer acciones bancariasEl 18 de agosto de 2010, la Asamblea Nacional sancionó la Reforma Par-cial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Esta ley prohíbe a los dueños de medios de comunicación poseer acciones en entidades financieras.

La Asamblea Nacional se reunió en sesión extraordinaria a so-licitud del Vicepresidente, Elías Jaua, quien el pasado miércoles 11 de agosto acudió al Parlamento para sugerir la incorporación de un numeral en el artículo 12 de la Ley que estableciera que los dueños o directivos de entidades bancarias no pueden ser propietarios o accio-nistas en las juntas directivas de medios de comunicación.

La solicitud del Vicepresidente fue aceptada por la Asamblea Na-cional el jueves 12 de agosto.

Según reseña la oficial Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento venezolano, Ricardo Sanguino, explicó que ahora “accionistas, di-rectores, administradores, comisarios o factores mercantiles de em-presas que desarrollen las materias de comunicación, información y telecomunicaciones no podrán ser promotores, accionistas princi-pales, directores, administradores y consejeros de bancos, así como demás instituciones financieras”.

Los motivos de la ley, explica AVN, tienen como objetivo “des-mantelar el perverso sistema que combina intereses mercantiles, industriales, comerciales y financieros con el sagrado derecho a la libertad de información y comunicación”.

Ahora la reforma será enviada al Ejecutivo Nacional para que pro-mulgue la ley y se proceda a su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela, para que con ello entre en vigencia.


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Sale del aire programa televisivo por presunta presión política El miércoles 18 de agosto de 2010, la junta directiva del canal Telecentro, ubicado en la ciudad de Barquisimeto (centro occidente del país), decidió sacar del aire el programa “90 minutos al Día”, que conducía la perio-dista Minna Vargas.

La periodista señaló al IPYS Venezuela que “la medida se tomó por presión política y por eso decidieron censurar mi espacio que era de corte informativo y de opinión. El gerente general del canal, Jesús Granadillo, me llamó la atención en diversas ocasiones por mis comentarios en contra de la alcaldía del municipio de Iribarren”.

Vargas dijo que hace un mes y medio recibió una llamada de la alcaldesa Amalia Sáez, del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), quien le manifestó su preocupación por las opiniones que emitía en contra de su gestión. “Le dije que estaba cordialmente invitada al programa si quería hacer alguna aclaratoria, pero me res-pondió que enviaría a alguno de sus funcionarios”.

Vargas indicó que Granadillo le comunicó hace varias semanas que la licencia del canal para transmitir por señal abierta se venció el 11 de julio de este año. Por ese motivo se había reunido con el ex gobernador Luis Reyes Reyes (del PSUV) -quien tiene un contacto cercano al presidente Hugo Chávez- para que mediara en el proceso de renovación.

La periodista considera que pudo haber presión del dirigente del PSUV contra la televisora para que saliera del aire y que modificara su línea editorial, a cambio de recibir apoyo para la renovación de la licencia. La medida de la suspensión se la comunicó el gerente del canal por vía telefónica y le argumentó que era por cambios en la programación.

IPYS Venezuela contactó al Gerente General de Telecentro, Jesús Granadillo, quien confirmó los motivos de la salida del aire del pro-grama. “Estamos en nuestro derecho de modificar nuestra parrilla de acuerdo a nuestros intereses y necesidades”.




Levantan sanción que impedía publicar imágenes violentasEl jueves 19 de agosto de 2010, el Tribunal Décimo Segundo (12º) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacio-nal, revocó la decisión que prohibía a todos los medios impresos del país publicar imágenes violentas. Sin embargo, la medida se mantiene sobre los diarios El Nacional y Tal Cual.

Según reseñó El Nacional en su página web, la tarde del jueves recibieron el oficio que explica el cambio parcial de la decisión con-tra ellos: “Al hacer una revisión de las actas, debió versarse única-mente a las imágenes y no a la información y a la publicidad, pues la acción que está siendo ventilada se introdujo por la publicación de una fotografía en la primera plana del diario El Nacional”. Actual-mente, el diario puede publicar información referida a casos violen-tos, más no imágenes.

El director general de servicios jurídicos de la Defensoría del Pue-blo, Larry Devoe, fue quien informó durante una entrevista para el canal del Estado, Venezolana de Televisión, que el juez Wiliam Páez había levantado la orden que impedía a los medios impresos publi-car imágenes de hechos violentos durante los próximos 30 días.

Devoe explicó que la sanción se mantiene sobre Tal Cual, pues ese diario, sabiendo que se solicitó una medida cautelar por la foto-grafía publicada en El Nacional, “insistió y publicó nuevamente la fotografía”.

Estás decisiones jurídicas se originan a raíz de que El Nacional publicara una fotografía en su primera plana del viernes 13 de agos-to, en la que muestra un conjunto de cadáveres en el interior de la morgue de Bello Monte. Foto que fue también reproducida por el diario Tal Cual en su portada del lunes 16 de agosto y que originó que el 17 de agosto último, el Tribunal 12 de Mediación y Sustan-ciación de Protección del Niño, Niña y Adolescente prohibiera a todos los medios impresos del país publicar imágenes de contenido violento.

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Niegan entrada a equipos de prensa a la CancilleríaEl viernes 20 de agosto de 2010, se les prohibió la entrada a la Cancille-ría a varios periodistas entre los cuales se encontraban: Adriana Salazar (periodista), Ademar Dona (camarógrafo) y Oscar Graterol (asistente de cámara), todos de Globovisión. Lo mismo sucedió con Jesús Castro del diario Notitarde, con Armando Avellaneda y Jesús Uzcátegui del dia-rio “El Nacional”. Otro equipo de Globovisión, conformado por Dereck Blanco (periodista), Frank Fernández (camarógrafo) y Héctor Sánchez (asistente de cámara), tampoco pudo ingresar.

El personal de prensa del Ministerio de Comunicación e Infor-mación alegó que se les negó la entrada a los periodistas por no ha-ber sido convocados a la reunión entre los cancilleres de Venezuela y Colombia donde se discutiría el camino para normalizar las relacio-nes entre ambos gobiernos.Avellanada comunicó al IPYS Venezuela que sí solicitó previamente ser incorporado en la lista de medios invitados y pese a esto se le negó el paso.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1898&y=2010&m=08


Prohíben sintonizar Globovisión en Círculo MilitarEl 21 de agosto de 2010, el diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, José Lorenzo Monasterios, declaró a IPYS Venezuela que desde el mes de abril se prohibió sintonizar el canal Globovisión en el Círculo Militar (centro social de entretenimiento para las Fuerzas Armadas) de la ciudad de Barquisimeto (centro occidente) y de todo el país.

Un memorando emitido por la Gerente de Operaciones de los Círculos Militares del país, licenciada María Mireya Marturet, de fe-cha 28 de abril de 2010, prohibió la sintonización del canal en los


diferentes centros sociales de la Fuerza Armada que funcionan en todo el país. El parlamentario Lorenzo consignó a IPYS Venezuela una copia de la orden que textualmente dice: “queda totalmente pro-hibido sintonizar el canal Globovisión. Información que hago llegar a usted, para su conocimiento y estricto cumplimiento”.

Lorenzo considera que se trata de un caso de censura contra Glo-bovisión, que es un canal que transmite información durante las 24 horas del día, emite su señal desde la ciudad de Caracas y ha sido crítico de la gestión del Presidente Hugo Chávez. “Todos sabemos que en ese canal se difunden noticias de tipo político partidistas e in-formaciones críticas sobre la gestión del gobierno, eso les duele a los funcionarios porque no quieren que les digan la verdad en la cara”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1710&y=2010&m=08


Roban micrófono de periodista durante coberturaEl domingo 22 de agosto de 2010, la periodista Adriana Salazar,

de la televisora Globovisión, fue atacada por personas identificadas con el símbolo del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A Salazar la empujaron y le robaron el micrófono cuando cubría un simulacro electoral en el Liceo Andrés Bello, en Caracas.

Seguidores del oficialismo bloquearon la entrada del liceo para impedir el acceso del movimiento estudiantil venezolano que inten-taba inspeccionar el simulacro. En medio de la confusión, Salazar intentó entrevistar a los estudiantes, pero una mujer le golpeó la mano insistentemente bajándole el micrófono. Luego la empujaron y un hombre le quitó el micrófono.

Salazar fue protegida por personal de seguridad de Globovisión que la acompañó, por lo que la situación no pasó a mayores. La pe-riodista optó por no realizar la entrevista y se retiró del lugar.

Previo al incidente, las personas del PSUV gritaron insultos di-rigidos a Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, presidente y ac-cionista de la televisora, respectivamente, buscados por la justicia venezolana.

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Policías dificultan el trabajo de los periodistas en caso La Morgue

Desde el domingo 22 de agosto de 2010, funcionarios del Cuer-po de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se instalaron en las afueras de la Coordinación Nacional de Cien-cias Forenses -Morgue de Bello Monte-, en Caracas, para llevar a los familiares de los fallecidos por homicidios a esperar las noticias dentro del Instituto Universitario de la Policía Científica (IUOPLC) y persuadirlos de que no hablen con los medios de comunicación, a cambio de agilizar sus trámites.

Cuando los policías observaban a alguna persona hablando con los periodistas, se acercaban a ellos con el objetivo de escuchar la conversación. Cabe señalar, que es la primera vez que los funciona-rios del CICPC realizan este tipo de acciones.

Según informaron los periodistas, los familiares de los fallecidos que llegan a la morgue, son interceptados inmediatamente por los efectivos del CICPC. Si descubren que se encuentran ahí por causa de homicidios los llevan al IUOPLC. Si por el contrario, los falleci-dos se deben a causas naturales o accidentes de tránsito, los dejan esperando fuera de la morgue como habitualmente se hacía con to-dos los que allí llegaban.

El lunes 23 de agosto, a los policías se les dificultó el control de la gente y de los medios por la cantidad considerable de personas que se ubicaron fuera de la morgue. Este hecho normalizó un poco el trabajo de la prensa.

Esta medida se da a raíz de la polémica que levantó la publicación de una foto en la primera plana del diario El Nacional el viernes 13 de agosto, en la que se observan varios cadáveres dentro de la morgue.




Tribunal de Justicia acepta extradición de presunto autor intelectual de asesinato de periodistaEl 23 de agosto de 2010, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supre-mo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición de Walid Makled, empresario venezolano considerado uno de los tres narcotrafi-cantes más buscados del mundo y presunto autor intelectual del asesinato del periodista Orel Sambrano.

Makled fue detenido por funcionarios policiales colombianos en un operativo conjunto con la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) en Cúcuta, Colombia, el 19 de agosto último. El Ministerio Público venezolano (Fiscalía) solicitó su extradición el viernes 20 de agosto, argumentando que Makled es el “presunto jefe de una orga-nización dedicada al tráfico de drogas y al sicariato en Venezuela”.

Makled es solicitado por distintos Tribunales de Control del esta-do de Carabobo desde el 13 de noviembre de 2008, cuando se deco-misaron en una finca de su propiedad 398 envoltorios de cocaína. También por los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, ambos asesinados en la ciudad de Valencia en enero de 2009.

Sambrano era director de Radio América, dirigía el semanario ABC de la Semana y era columnista del diario Notitarde. Los me-ses previos a su muerte había denunciado casos de narcotráfico y corrupción.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1901&y=2010&m=08


Gobernador de Barinas ataca al Diario La PrensaEl 24 de agosto de 2010, el gobernador del estado Barinas -al oeste de Venezuela-, Adán Chávez, reiteró sus ataques contra el diario La Prensa, acusándolo de tergiversar información y mentir.

Chávez -en su función de jefe de la Campaña Bolívar en Bari-

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nas- convocó a una rueda de prensa de cara a las elecciones par-lamentarias del 26 de septiembre. En ella, el mandatario regional denunció al diario La Prensa refiriéndose a este medio “no como el único, pero sí como el principal medio de comunicación opositor del estado de Barinas, donde se tergiversa la información, se dicen mentiras, imbecilidades y manipulaciones”.

Adán Chávez continúo diciendo: “ojo con los que todavía leen ese medio impreso, especialmente los compatriotas indecisos e indife-rentes. No deben dejarse arrastrar por esa guerra mediática. Cada día estoy más seguro que ese periódico irá perdiendo más lectores y lo digo con toda responsabilidad, y me sabe a etcétera que digan que estoy atentando contra los medios de comunicación”.

El gobernador advirtió que va a demostrar “todas las barbarida-des, mentiras, y montajes que ha hecho La Prensa por desestabilizar y desprestigiar la gestión de Gobierno, donde en muchas ocasiones publican hasta fotos viejas”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1614&y=2010&m=08


Detienen por una hora a reportera gráfica del VigíaEl miércoles 25 de agosto, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Mérida -al oeste del país- detuvieron en la mañana, durante una hora, a la repor-tera gráfica del Diario El Vigía y estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Sulgey Salamanca, cuando cubría un allanamiento que el cuerpo de seguridad realizaba en el barrio Las Flores, situado en la ciudad de El Vigía.

La fotógrafa estaba realizando un trabajo de comunidad en la zona, cuando escuchó unas detonaciones y se percató de que el cuerpo detectivesco allanaba una vivienda. Se acercó al lugar para dar cobertura al procedimiento policial y logró tomar dos fotos: en una de ellas aparecía una de las patrullas del CICPC y en la otra la fachada de la casa donde se encontraban los funcionarios.


Un miembro del CICPC observó a la reportera y ordenó su de-tención preventiva “por razones de seguridad”. Otro funcionario, que trasladó a la comunicadora en la patrulla policial hasta la sede principal de CICPC, le pidió la cámara. Ella se negó a entregar el equipo. Sulgey Salamanca aclaró que el funcionario no insistió en su solicitud y tampoco le exigió borrar las fotos tomadas.

Al llegar a la subdelegación de El Vigía, el comisario jefe de la institución, Rigoberto Moreno, explicó a la comunicadora que en ningún momento el organismo quiso impedir su derecho a regis-trar y dar información, sino que la medida se había ejecutado para resguardarla. El comisario señaló que el cuerpo de seguridad evitó que la reportera resultara agredida en un sector de Las Flores, consi-derado de “alta peligrosidad”.

Sulgey Salamanca informó a IPYS Venezuela que entendía la medida. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la manera abrupta en que fue sacada de la comunidad sin que se le ofreciera, en el momento, una explicación razonable de su detención.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1721&y=2010&m=09


Niegan acceso de Globovisión a reunión de cancilleresEl jueves 26 de agosto de 2010, a Carolina Alcalde, al camarógrafo Da-niel Rincón y al asistente de cámara Franklin Vega, de la televisora Glo-bovisión, les fue negado el ingreso a la Cancillería, a pesar que se hicieron los trámites para estar acreditados en la reunión entre el canciller venezo-lano, Nicolás Maduro, y su homóloga mexicana, Patricia Espinosa. Esto sucedió en Caracas.

En la Cancillería les dijeron que las acreditaciones las otorgaba el Ministerio de Comunicación e Información, pero allí los volvieron a remitir a la Cancillería, quienes se negaron a darles el permiso.

Finalmente, el equipo de prensa se presentó en la Cancillería y les negaron la entrada a diferencia de las televisoras oficiales que sin acreditación pudieron cubrir la reunión de los cancilleres.

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Militares agreden a equipo de Globovisión e intentan quitarles sus equipos El lunes 30 de agosto de 2010, militares de la Guardia Nacional empu-jaron al camarógrafo de Globovisión, José Medina, e intentaron quitarle la cámara, cuando terminaba de cubrir la protesta de los trabajadores del Grupo Friosa (distribuidora de alimentos). Previamente, los militares ya habían intentado que Medina, junto a la periodista Lorena Cañas, abandonaran el sitio de la protesta. Esto sucedió en el estado de Bolívar -sur de Venezuela-.

Funcionarios de la Guardia Nacional comenzaron a pedirles a los reporteros de Globovisión que se retiraran del sitio de forma vio-lenta. Uno de ellos tomó al camarógrafo para quitarle su equipo de trabajo. Sin embargo, los trabajadores que protestaban exigían que se quedaran. Una de las manifestantes intervino intentando prote-gerlo, pero también resultó agredida.

Finalmente, el grupo de trabajadores de Friosa logró detener a los guardias para dar tiempo de que Cañas y Medina subieran a su vehículo y abandonaran el lugar.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1652&y=2010&m=09


Cesan contrato de periodista en organismo legislativo por razones políticas El 31 de agosto de 2010, la periodista Rosa Virginia Garrido fue destituida del cargo que ocupaba en la oficina de prensa del Consejo Legislativo del estado de Yaracuy -noroeste de Venezuela-, según ella, como una forma de represalia política.

La periodista dijo al IPYS que la medida se debió a su labor como


miembro del Tribunal Disciplinario Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), donde en varias oportunidades reclamó por la situación de la libertad de expresión en el estado Yaracuy.

Garrido explicó que el día martes 31 de agosto recibió una carta en la que se le notificaba el fin de su contrato en el Consejo Legislati-vo, por supuesta falta de presupuesto en la institución. No obstante, la periodista informó que en la institución ya había alguien sustitu-yéndola ese mismo día.

También informó que el día lunes 30 de agosto se ventiló su caso durante el Gabinete Regional, en donde se dijo que si la periodista continuaba “molestando” con sus pronunciamientos, lo mejor sería prescindir de ella.

Incluso, la semana previa, la secretaria de Comunicación e In-formación de la Gobernación de Yaracuy, Nibean Corona, la llamó exhortándola a renunciar al cargo, pues “no podía estar en ambos bandos” -refiriéndose al gobierno y a la oposición-.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1789&y=2010&m=09

7 DE SEPTIEMBRE | CASO 90

Periodista es forzada a renunciar por no promover a partido políticoEl martes 7 de septiembre de 2010, la periodista Lorena Uzcátegui fue obligada a renunciar a su cargo en el Instituto Autónomo contra la Po-breza y la Exclusión Social (IAPESEV) del estado de Yaracuy, al noroes-te de Venezuela, por no haber conseguido a diez personas que votaran por el oficial Partido Socialista de Venezuela (PSUV) en las próximas elecciones parlamentarias del 26 de septiembre.

Uzcátegui fue llevada a la oficina de Recursos Humanos de la institución. Allí le dijeron que iban a solicitar su renuncia, aparen-temente, porque no tenía una buena relación con los medios de comunicación del Estado y eso limitaba la difusión de noticias del Instituto.

La periodista respondió que eso era falso, pues tras el Goberna-

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dor del estado de Yaracuy, la persona que más espacio ocupa en los medios es el director del IAPESEV.

Frente a esta argumentación, el funcionario de Recursos Huma-nos reconoció que había una persona “pidiendo su cabeza por razo-nes políticas”, según contó Uzcátegui al IPYS Venezuela.

El día viernes 10 de septiembre la periodista firmó -obligada- su carta de renuncia. Uzcátegui iba a exponer su caso en una reunión del Colegio Nacional de Periodistas en su seccional de Yaracuy.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1788&y=2010&m=09


Detienen a ingeniero por sus comentarios en TwitterEl miércoles 8 de septiembre de 2010, funcionarios del Cuerpo de Investi-gaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a Je-sús Majano, empleado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), por haber difundido en las red Twitter mensajes que presuntamente “in-citaban al magnicidio” e “instigaban a delinquir” contra Hugo Chávez.

Majano fue detenido en su residencia y trasladado hasta División de Captura del CICPC, donde permaneció hasta el 10 de septiem-bre, cuando fue trasladado al Palacio de Justicia. Allí se designó la audiencia al juez Gerardo Camero y luego al fiscal Andrés Bravo para que lleve el caso.

El ingeniero tiene libertad condicional, con una medida cautelar de presentación quincenal en el Tribunal 31 de Control. Se le atribu-yó el delito de instigación al odio público.

El abogado de Majano, Luis Rodríguez, declaró que en los próxi-mos días solicitarán la revisión de la medida.

La detención de Majano fue confirmada por el director del CI-CPC, Wilmer Flores Trosel. Según el funcionario, en la cuenta de Twitter de Majano se publicaban imágenes del presidente Chávez con heridas en el rostro y se daban instrucciones acerca de cómo de-bía producirse la muerte del mandatario venezolano. Los funciona-rios policiales decomisaron un teléfono blackberry y un disco duro para someterlos a pruebas.


Actualmente, la cuenta @majano23, donde presuntamente ha-brían salido los mensajes, permanece bloqueada. La cuenta sólo te-nía 41 seguidores.

Previamente, el 12 de julio de 2010, Luis Enrique Acosta y Car-men Cecilia Nares fueron imputados por presunta difusión de in-formación falsa a través de mensajes de Twitter.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1926&y=2010&m=09


Investigan al Diario La PrensaLa Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral investigan, des-de el 11 de septiembre, al diario La Prensa en el estado de Barinas -su-roeste de Venezuela- por la publicación de un aviso clasificado donde un ciudadano colombiano puso a la venta uno de sus riñones.

A raíz del aviso, la defensora del Pueblo en Barinas, Ingrid Gil, en una entrevista en La Prensa, llamó a los medios a abstenerse de publicar artículos que vayan en contra de la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Durante la entrevista, la jefa de redacción del medio, Estela Tami, entregó a la Defensora un ejemplar del diario De Frente -de tendencia oficialista- donde anuncian la venta de riño-nes y pulmones. Esto lo hizo para pedir igualdad en el trato que se da a los medios. Gil considerará la situación, pero aclaró que si La Prensa publica otro de esos avisos, tomarán acciones legales, pues estarían “incurriendo en un delito”.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral investiga al diario por el “desequilibrio informativo” en el que habría incurrido durante la campaña para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de sep-tiembre.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1618&y=2010&m=09

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Radioemisora censura a candidato invitado a programaEl 13 de septiembre de 2010, el candidato a diputado de la Asam-

blea Nacional por la Unidad, William Ojeda, tuvo que abandonar el debate en el que participaba en Fundación Radio de la Asamblea Nacional (AN Radio) -emisora administrada por el Poder Legislativo venezolano-, por opinar que consideraba lamentable que el Poder Legislativo haya “usurpado” el espacio en el que funcionaba la ra-dioemisora CNB 102.3 para contar con un medio radial, a pesar que dijo estar de acuerdo en que el Estado debe tener espacio mediático.

La moderadora indicó durante una de las respuestas de Ojeda que había una llamada -cuando a los candidatos se les había seña-lado que la participación de la audiencia sería sólo por mensajes de texto-. La persona se identificó como Carolina Cestari, presidenta de AN Radio.

Ella exigió que Ojeda fuera sacado del aire a la fuerza, según na-rró el candidato a IPYS Venezuela. Finalizada la llamada, el produc-tor del programa le pidió que por favor abandonase la emisora. El debate, pactado para un ahora, no duró más de tres minutos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1924&y=2010&m=09


Militar retiene por una hora a reporterosEl pasado lunes 20 de septiembre de 2010, un teniente de la Guardia Nacional, de apellido Rivas, retuvo cerca de una hora a la periodista Glorimar Fernández y al fotógrafo Jairo Ramírez, del diario La Región, del estado de Miranda (norte de Venezuela).

El equipo cubría un operativo del Dispositivo Bicentenario de Se-guridad (DIBISE), cuando el teniente le preguntó al fotógrafo qué estaban haciendo, Ramírez le mostró su credencial, pero el Teniente Rivas lo agredió verbalmente y le quitó la cámara.

En ese momento, la periodista intervino y el militar la atacó ver-balmente, cuestionando el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación. Finalmente, el teniente les dijo que sólo los deja-


ría ir hasta que uno de los jefes de los reporteros fuera al lugar.La situación duró una hora, hasta que el jefe de Información de

La Región, Daniel Murolo, llegó a la Plaza Guaicaparo, a la carpa de la Guardia Nacional, donde retenían a los reporteros.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1735&y=2010&m=09


Comisión de medios solicita a fiscalía investigar redes sociales en InternetEl martes 21 de septiembre de 2010, representantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional (Poder Legislati-vo) acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República (Ministerio Público), en Caracas, para solicitar que se realice una investigación a los usuarios de las redes sociales en Internet donde se habrían difundido mensajes de burla sobre las recientes muertes de personas simpatizantes al gobierno del presidente Hugo Chávez.

Según reseñó la oficial Agencia Venezolana de Noticias, la inves-tigación va a estar orientada hacia las “redes sociales y a los usuarios que se burlaron de la muerte trágica de quien fuese gobernador de Guárico, Willian Lara; del director del diario Vea, Guillermo García Ponce; y del diputado Luis Tascón”.

El pasado jueves 16 de septiembre, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba, solicitó se investigara a las páginas web que se habrían “regocijado” en estas muertes y por “incitar al odio”. Hasta ahora no se ha identificado qué medios web son los presuntos involucrados.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1923&y=2010&m=09


Peligra circulación de revistas hípicasEl viernes 24 de septiembre de 2010, el Bloque de Armas -conglomerado

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editorial-denunció en un comunicado que se les ha negado el acceso a la información de los programas de carreras hípicas, lo que los obliga a suspender la edición de cinco revistas especializadas.

El martes 20 de septiembre de 2010, se presentó en la sede del Bloque de Armas una comisión del Instituto Nacional de Hipódro-mos (INH) -principal entidad que suministra insumos para la elabo-ración de todas las revistas hípicas del Bloque de Armas- para comu-nicarles que de acuerdo a la resolución del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), los derechos de autor del Programa Oficial de Carreras pertenecen únicamente a las personas que allí elaboran el programa de las carreras. Así, el Bloque de Armas tiene prohibido usar dicha información.

La única revista hípica que puede continuar publicándose es la del INH: “Al Galope”. El Bloque de Armas está interesado en llegar a un acuerdo con los representantes del INH para que la información hípica continúe divulgándose.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1921&y=2010&m=09


Vicepresidente de la República empuja a reporteroEl sábado 25 de septiembre de 2010, el Vicepresidente de la República, Elias Jaua, empujó al reportero de Globovisión, Jhonny Ficarella. Esto ocurrió durante una visita de Jaua al estado Vargas -norte de Venezue-la- donde fue para hacer un balance de los daños dejados luego de fuertes lluvias. Ficarella intentó entrevistarlo, pero el Vicepresidente se negó y argumentó que él, como fuente, podía hablar cuando quisiera. Ante la insistencia del reportero, Jaua lo empujó.

Antes de eso ya la jefa de prensa de la Vicepresidencia de la Re-pública, Goizeder Odriozola, había tapado el lente de la cámara de Globovisión para evitar la grabación. Sin embargo, Jaua sí declaró a los reporteros de los medios estatales.




Impiden a reporteros cubrir actividad del VicepresidenteEl sábado 25 de septiembre de 2010, al periodista de Globovisión, Jhonny Ficarella, a José De Bastos, de Televen, y a la periodista del diario El Nacional, Maolis Castro, se les impidió la cobertura del recorrido del Vi-cepresidente de la República, Elías Jaua, por el Hospital Pérez de León, en Caracas.

Un hombre apostado en la entrada del centro de salud, vestido con una franela roja, les negó la entrada a los periodistas. Cuando el reportero de Televen preguntó al funcionario si podía entrar, éste le dijo que las televisoras no podían pasar. Ante esto, Castro dijo que ella era de un medio impreso, pero al identificarse como de El Nacional le respondió: “no, tú tampoco”.

Los periodistas debieron retirarse del sitio. Castro contó a IPYS Venezuela que los medios oficiales sí pudieron cubrir el recorrido del Vicepresidente por el hospital.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1922&y=2010&m=09


Se restringió el acceso a puntos de votación durante elecciones parlamentariasEl domingo 26 de septiembre de 2010, se presentaron incidentes entre los reporteros de medios de comunicación privados y militares del Plan Re-pública que impidieron el acceso a centros electorales o instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en varios puntos del país, durante el proceso electoral parlamentario.

Los periodistas del diario El Carabobeño, Daniela Vera y Joanna Álvarez, y el fotógrafo Álvaro Acosta, enfrentaron dificultades para entrar a varios centros de votación del estado Carabobo (norte de Venezuela). Álvarez contó a IPYS que de 12 centros de votación, tuvo problemas para ingresar a 10. Apesar de estar acreditada, en varios lugares pedían incluso su cédula de identidad.

En el estado Táchira (oeste de Venezuela), en la noche, funcio-

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narios del Plan República impidieron el acceso de Globovisión a la sede de la Junta Regional Electoral del CNE.

Al periodista Franklin Vivas, el camarógrafo Eduardo Masías y el asistente de cámara Renier Gómez, les fue impedido -por no estar acreditados- el acceso a la rueda de prensa donde se daban a conocer los resultados de las elecciones de Diputados a la Asamblea Nacio-nal. Vivas explicó que pese a que el canal había hecho la solicitud de acreditación, el CNE no envió todas las identificaciones al estado de Táchira. Cuando el reportero denunció que no se le permitía el paso, un representante del CNE se comunicó con él pidiéndole que regresara a la sede. Finalmente, se le permitió entrar.

En el estado Monagas -oriente de Venezuela- a los medios se les impidió la entrada a los centros de votación. Luego del diálogo entre periodistas y funcionarios del Plan República, pudieron ingresar.

En el estado Bolívar algunos militares impidieron que se toma-ran fotografías en varios centros de votación. Así lo denunciaron los reporteros Yasmin Sanguino, Marilyn Mavarez y Lesly Martínez, las dos primeras de Nueva Prensa de Guayana.

A Nilo Jiménez, fotógrafo de la Cadena Capriles, no le fue permi-tido el ingreso a un centro de votación en el estado de Anzoátegui, al oriente del país. Ingresó luego de 40 minutos. Además, fue mal-tratado verbalmente. En este estado se presentaron problemas para los fotógrafos y camarógrafos, debido a que los efectivos del Plan República carecían de información sobre los límites en que podía actuar la prensa.

En horas de la tarde, Manuel González, director regional del CNE, presentó una explicación a los medios locales donde justificó que las limitaciones al trabajo de los medios se debieron a un “mal entendido”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1747&y=2010&m=09



Reporteras agredidas por simpatizantes del PSUVEl 26 de septiembre de 2010, Susana Quijada y Sara Vargas, periodistas de TV Sur y Órbita TV, respectivamente, fueron agredidas por seguidores del partido oficialista. En el incidente, ocurrido en la ciudad de El Tigre, del estado de Anzoátegui, al este de Venezuela, también resultó atacado el cámarografo Luis Reina, de Órbita TV.

Los reporteros cubrían la votación del candidato del partido opo-sitor, Ernesto Paraqueima, cuando éste fue increpado y posterior-mente golpeado por militantes del PSUV. Alertados por la presencia de los periodistas, los mismos agresores les quitaron sus equipos, compuestos de cámara y micrófonos, destrozándolos después. Sara Vargas, una de las periodistas, resultó herida al serle arrojada la cá-mara. Dos de los agresores fueron detenidos por militares. IPYS intentó, sin éxito, conocer su situación legal.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1803&y=2010&m=10


Presidente cuestiona labor de periodistas de medios extranjeros durante rueda de prensaEl lunes 27 de septiembre de 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuestionó el desempeño periodístico de la reportera Andreína Flores -venezolana, corresponsal de Radio Francia y RCN noticias de Colombia- durante una rueda de prensa con medios extranjeros donde comentó los resultados de las elecciones parlamentarias del domingo. La actividad se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Flores preguntó al presidente cómo explica que con 100 mil vo-tos de diferencia entre el oficial Partido Socialista Unido de Vene-zuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad (oposición) -que no representa gran diferencia-, estos últimos hayan logrado 37 diputados menos que el PSUV y si esto confirmaría la tesis de la oposición acerca de que la redistribución de los circuitos electorales se había hecho con la intención de favorecer al PSUV.

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Ante esto, Chávez cuestionó a Radio Francia y dijo que transmiten “mentiras”. Luego le preguntó si conocía la Constitución Nacional. Flores respondió que sí, pero el Presidente argumentó que: “yo creo que tú no la conoces porque la respuesta está ahí. Tú pregunta a mi me deja ver que ignoras un poco de estas cosas y lo que aquí pasó”.

El martes 28 de septiembre, Radio Francia Internacional (RFI) publicó un comunicado en su web rechazando el trato que el pre-sidente Chávez le dio a su periodista y finalizó invitándolo a una entrevista en RFI. En la misma conferencia, Chávez criticó a la ca-dena CNN en Español y a su reportero Carlos Montero, quien no estuvo invitado y al que el Presidente le dijo: “que le vaya a pedir una entrevista a la mamá de Tarzán”. Así mismo, se refirió a la periodista Patricia Janiot, de la misma cadena, como un instrumento del im-perio yanqui.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1920&y=2010&m=09


Corresponsal de Radio Francia y RCN Colombia es investigada por programa de televisión estatalEl jueves 30 de septiembre de 2010, la periodista Andreína Flores, corres-ponsal de RCN Colombia y Radio Francia Internacional en Venezuela, mostró su preocupación por la investigación que el programa La Hojilla -transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión-, está haciendo para obtener información personal sobre ella, pues el tratamiento que hacen con los datos en ese programa podría perjudicar su credibilidad como periodista.

El lunes 27 de septiembre, Flores fue cuestionada por el Presi-dente de la República, Hugo Chávez, en una rueda de prensa con medios internacionales luego de los resultados de las elecciones par-lamentarias del domingo 26.

Según Flores, tras este episodio, el equipo de producción de La Hojilla se trasladó a Barquisimeto, ciudad natal de la periodista, para investigar datos de su vida privada, como los lugares en los que


ha vivido y los sitios en donde ha estudiado. Esta información ha sido utilizada para descalificarla, acusándola de haber creado víncu-los con sectores de derecha durante su estadía en Francia.

La periodista no ha denunciado esto ante las autoridades. Sin embargo, le preocupa lo que dicen de ella y sobre su desempeño periodístico pues, aunque no es cierto, esto podría desacreditarla y poner en riesgo su credibilidad.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1930&y=2010&m=10


Periodista es agredida en refugio para damnificadosEl jueves 30 de septiembre de 2010, personas sin identificar atacaron a la periodista Beatriz Adrián, del canal de televisión Globovisión. La agre-sión ocurrió en la escuela Miguel Otero Silva, en Caracas.

Beatriz Adrián estaba haciendo un recorrido por los centros que dieron albergue a los damnificados por las recientes lluvias en Cara-cas. Cuando llegó a esta unidad educativa que da refugio a más de 900 afectados, cerca de 12 personas, algunos vestidos con franelas rojas, le cerraron el paso y comenzaron a empujarla, insultarla y golpearla por la espalda hasta que la periodista abandonó el sitio.

La reportera de Globovisión se encontraba sola, pues el resto del equipo periodístico estaba buscando dónde estacionar el vehículo en el que se transportaban. Adrián indicó que en el lugar había fun-cionarios de la Guardia Nacional y personal de seguridad del Vice-presidente de la República, Elías Jaua -quien iba a declarar sobre la situación de los damnificados-. Ninguno impidió la agresión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1929&y=2010&m=10

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2 DE OCTUBRE | CASO 104

Agreden a fotógrafo durante asamblea vecinalEl 2 de octubre de 2010, varias personas agredieron física y verbalmente a Gustavo Bandres, fotógrafo del diario El Universal. El incidente tuvo lugar en el barrio de El Junquito (Caracas), donde el fotógrafo, junto con la periodista Migdali Cañizález, cubría la asamblea ciudadana local.

En el transcurso del debate, una propuesta planteada por el porta-voz del gobierno municipal, hizo aumentar la tensión entre vecinos y políticos. Fue entonces cuando Bandres fue insultado y empuja-do al intentar realizar su trabajo. Gracias a la intervención de otros vecinos, los periodistas pudieron abandonar el lugar, evitando así mayores agresiones.

Tanto Bandres como Cañizález presumen que los agresores son simpatizantes del oficialismo, dado que uno de ellos coordina los Consejos Comunales de El Junquito.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1928&y=2010&m=10


Grupo de personas irrumpen en emisoraEl 6 de octubre de 2010, un grupo de personas irrumpieron por la fuerza en las instalaciones de la radio ULA 107.7 FM, perteneciente a la Uni-versidad de los Andes, con el objeto de difundir una serie de consignas po-líticas. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Mérida, del mismo estado, al este del país.

Tras amenazar al personal de vigilancia, los individuos, 20 aproxi-madamente, autodenominados como “colectivo revolucionario”, di-fundieron un comunicado en el que protestaban por una actuación policial realizada en una de las residencias estudiantiles.

Después de advertir que la señal había sido cortada, “por medi-das de seguridad”, según las autoridades universitarias, los indivi-duos abandonaron las instalaciones sin provocar daños materiales.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1802&y=2010&m=10



Gobernador descalifica a periodistas de un medioAdán Chávez, gobernador del estado de Barinas, al sureste del país, rea-lizó comentarios despectivos contra los periodistas del diario La Prensa, durante la celebración de una rueda de prensa el 6 de octubre de 2010.

El gobernador acusó a los reporteros de La Prensa de “golpistas” y “vendidos”, como crítica por la cobertura que éstos realizaron so-bre la protesta de un grupo de agricultores ante la expropiación de la empresa Agroisleña, anuncida por Hugo Chávez el día anterior.

El Colegio Nacional de Periodistas, a través de su secretario regio-nal, señaló el continuo hostigamiento que sufre la prensa en Bari-nas por parte del político.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1620&y=2010&m=10


Simpatizantes del PSUV agreden a periodistas Varios reporteros fueron agredidos, el 17 de octubre de 2010, por simpa-tizantes del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los hechos se produjeron en esta ciudad, estado de Carabobo, al norte de Venezuela.

Los periodistas informaban sobre una campaña de firmas que pretendía impedir el traslado de unos animales del Acuario de Va-lencia a Corea del Sur. Militantes del PSUV intentaron impedir su desarrollo de manera violenta, y al percatarse de que los miembros de la prensa estaban filmándolos, comenzaron a agredirlos.

Nohanna Morillo, del diario El Siglo, recibió varias agresiones por parte de una militante del PSUV, mientras que los reporteros Raúl Galindo y Katherine Ledo, del periódico Notitarde, fueron gol-peados, acusados por los agresores de difundir “mentiras” sobre la situación. Por último, Dhamelys Díaz, del diario El Carabobeño, y Teresa Morán, de la Televisora de la Universidad de Carabobo, reci-bieron insultos y empujones. Los periodistas tuvieron que abando-nar el lugar de los hechos para evitar mayores agresiones.

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1º DE NOVIEMBRE | CASO 108

Periodista es retenido por la policíaCristian Fuentes, periodista independiente, fue retenido e intimidado por efectivos de la Policía Nacional, el 1 de noviembre de 2010. El incidente se produjo en una estación del Metro de Caracas, en la capital de Vene-zuela, luego de que el afectado captara unas fotografías, con el objeto de publicarlas en un blog.

Según Fuentes, un miembro de la Policía Nacional Bolivariana le increpó, a la vez que lo sujetaba, exigiéndole que borrara las fotogra-fías. El periodista accedió a borrar una de ellas, pero ante la negativa de borrar todas, el funcionario requirió la presencia de refuerzos.

Una vez llegados éstos, la discusión continuó en los mismos tér-minos, y fue entonces cuando condujeron al periodista a la parte superior de la estación y le requisaron su carnet de identidad. Fuen-tes les exigió que se identificaran, y al no recibir respuesta, trató de abandonar la estación, pero fue amenazado por los funcionarios.

Una nueva patrulla llegó al lugar de los hechos, con tres miem-bros; se identificaron como Yefri Marines, Juan Carlos Becerra, y Ramón Pérez. Pasados unos 45 minutos, los policías le devolvieron su documento identificativo y lo dejaron ir.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1932&y=2010&m=11

12 DE NOVIEMBRE | CASO 109

Policía Nacional dificulta cobertura periodísticaJosé Pernalete, periodista de RCTV Internacional, y Omar Véliz, fotó-grafo del diario El Nacional, denunciaron haber sido presionados por miembros de la Policia Nacional Bolivariana al tratar de informar sobre el transcurso de una protesta realizada en el Metro de Caracas, en la capital de Venezuela. Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2010.


Según la versión de Vélez, mientras se encontraba fotografiando la protesta de los usuarios, que se quejaban tras ser desalojados de un tren, dos polícias le instaron a retirarse de la estación, así como borrar las fotografías que hasta el momento había realizado. Se da la circunstancia de que al mismo tiempo que Vélez abandonaba las instalaciones, dos periodistas de un medio oficial accedían a las mis-mas.

Por su parte, José Pernalete, que se encontraba informando de las detenciones que se estaban dando como consecuencia de la ma-nifestación, alega que un policia le golpeó el micrófono con el áni-mo de evitar que hiciera entrevistas y registrara las detenciones. La protesta terminó con la detención de 33 personas. El pasado 1 de noviembre, Cristian Fuentes, periodista independiente, fue retenido por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana por haber tomado fotografías en la estación Plaza Venezuela.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1931&y=2010&m=11


Funcionario agrede a periodistaEl 15 de noviembre de 2010, Ángel Figueroa, funcionario encargado de defender los intereses gubernamentales en Upata, del estado Bolívar, en el sur del país, agredió físicamente al periodista Miguel Bellorín, de Radio Única 102.7 FM, tras irrumpir en las instalaciones de la emisora.

Según Bellorín, el origen de las agresiones se encuentra en una serie de denuncias realizadas por él mismo, acerca de tensiones internas en el partido de gobierno, al que pertenece Figueroa, así como a la mala gestión del propio político. Como consecuencia del ataque, el periodista denunció tener diversas lesiones.

Se da la circunstancia de que el periodista también fue atacado por otro funcionario municipal en febrero de 2007.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1653&y=2010&m=11

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Equipos de prensa agredidos por un grupo de obrerosEl 17 de noviembre de 2010, Doricer Alvarado y Gustavo Jiménez, pe-riodistas de Globovisión y Televen, respectivamente, denunciaron haber sido agredidos por un grupo de obreros en Morán, en el estado Lara, en la zona centroeste de Venezuela.

Estiven Granadillo y Ángel García, cámaras de Globovisión, así como Néstor Díaz, de RCTV Internacional, también resultaron agredidos en el ataque.

Según el relato de los afectados, el incidente ocurrió cuando se encontraban informando sobre las consecuencias de unas lluvias recientes, que dejaron una cifra de 200 damnificados. Mientras cu-brían el estado de una parroquia, un grupo de obreros se acercó con el ánimo de impedir a los periodistas que continuaran su labor. Tras negarse éstos a detenerse, fueron golpeados. Los periodistas presu-men que los obreros son trabajadores de la alcaldía.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1712&y=2010&m=11


Anulada sentencia contra periodistaEl 30 de noviembre de 2010, la Corte de Apelaciones del estado Carabobo (centro-norte de Venezuela) anuló el fallo que sentenciaba al periodista Francisco “Pancho” Pérez a 3 años y 9 meses de prisión, lo inhabilitaba profesional y políticamente por el mismo período de tiempo y ordenaba el pago de 1,250 Unidades Tributarias ($18,900).

“Pancho” Pérez regresó a la actividad periodística, en el diario El Carabobeño, el 6 de diciembre de 2010. El fallo de la Corte de Ape-laciones es de carácter definitivo.

La sentencia que ahora se revoca se produjo el pasado 11 de ju-nio, por una demanda de Edgardo Parra, alcalde de la ciudad de Valencia, quien denunció al periodista por un delito de difamación e injurias contra un funcionario público.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1677&y=2010&m=12


3 DE DICIEMBRE | CASO 113

Ordenan liquidación de empresa accionista de GlobovisiónEl 3 de diciembre de 2010, las autoridades bancarias gubernamentales venezolanas acordaron la liquidación de la empresa Sindicato Ávila, poseedora, entre otras, del 20% de las acciones del canal de televisión privado Globovisión.

Esta decisión, publicada a través de la Gaceta Oficial, significa que el gobierno de Hugo Chávez se hace cargo de la quinta parte del accionariado de la televisora, conocida por su linea crítica.

El Estado tiene el control de estas acciones desde el mes de julio, cuando se ordenó la intervención de esta empresa por su vincula-ción con el Grupo Financiero Federal, propiedad del empresario Nelson Mezerhane, actualmente buscado por la justicia venezolana. Las acciones fueron administradas primero por Sudeban (autoridad bancaria) y tras la publicación de la Gaceta Oficial se encuentra en manos del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade).

Según los estatutos de Globovisión (registrado como Corpome-dios GV Inversiones C.A.), la posesión del 20% de las acciones no da derecho a participar ni a designar miembros en la Junta Directiva de la televisora, ni tampoco permite tomar decisiones sobre su línea editorial.

Ana Cristina Núñez, representante legal de Globovisión, explicó que si Fogade decide vender las acciones del Sindicato Ávila, tienen preferencia para su compra los actuales accionistas del canal.

El Presidente de la República, Hugo Chávez, se refirió en junio y julio pasados sobre la posibilidad de que el Estado adquiriese control sobre las acciones de Globovisión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1936&y=2010&m=12

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Militares arremeten contra periodista en Apure El 6 de diciembre de 2010, funcionarios de la Guardia Nacional golpea-ron a los periodistas Alí Pérez, del diario Visión Apureña, y a José Ramón González, secretario general regional del Colegio Nacional de Periodis-tas. El hecho ocurrió en el Puente María Nieves, que da entrada a la ciudad de San Fernando de Apure (suroeste de Venezuela).

Los periodistas cubrían una protesta de empleados de la Gober-nación del estado Apure que reclamaban reivindicaciones salariales. Los manifestantes habían cerrado el acceso al puente -única vía de entrada y salida de la ciudad- por más de ocho horas, por lo que el General Pedro Gómez, según contó González, dio la orden de aca-bar con la manifestación por la fuerza.

En medio de la revuelta, González intervino para defender a una mujer y cuando la estaba apartando un militar lo tomó por el cue-llo, asfixiándolo, mientras otro lo golpeaba. Los efectivos, además, lo insultaron y lo acusaron de mentir. Los militares amenazaron a González con llevárselo detenido. La situación se calmó por la inter-vención de los manifestantes, quienes lo protegieron. Pérez quiso fotografiar la agresión, pero fue interceptado por dos funcionarias de la Guardia Nacional que lo empujaron e intentaron quitarle su cámara fotográfica, aun habiéndose identificado como fotógrafo. Otro militar intercedió para que lo dejaran seguir trabajando.Gon-zález denunció las agresiones ante la Fiscalía (Ministerio Público).Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1574&y=2010&m=12


Asamblea Nacional aprueba leyes que amenazan la libertad de expresión

El 14 y 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela apro-bó, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley de Res-ponsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que incluye restricciones para los contenidos de internet, y el proyecto de refor-


ma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), que amplía el control del Estado sobre las licencias para medios radioeléctricos.

La reforma a la Ley Resorte incluye restricciones para los conte-nidos (textos, imágenes y sonidos) difundidos por radio, televisión (abierta y por suscripción) y medios electrónicos y prohíbe que es-tos medios difundan mensajes que puedan incitar o promover el odio y la intolerancia, inciten o hagan apología del delito, fomenten la zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, induzcan al homici-dio o promuevan el incumplimiento del orden jurídico. Además, establece bloques de horarios restringidos a los canales que trans-miten a través de servicios de televisión por suscripción. La norma contempla multas que pueden llegar a las 200 unidades tributarias (alrededor de 3 mil dólares) y la suspensión o retiro de la licencia a quienes incumplan la ley.

Según la opinión de diferentes expertos, el proyecto de ley es am-biguo y no define qué son “medios electrónicos”. En consecuencia, su aplicación quedará expuesta al criterio de las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y podría aplicarse en contenidos difundidos en blogs, redes sociales, y a través de plata-formas usadas por teléfonos celulares.

Por su parte, el proyecto de reforma de la LOTEL declara como “servicio de interés público” la prestación de servicios de telecomu-nicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual, que en la legislación vigente estaban concebidas como actividades de “interés general”; esto implica, a nivel práctico, que el Estado tendrá la potestad de revocar una licencia cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”. Además, establece que si el Estado lo considera necesario, cuando finalice el período de vigencia de una concesión, “los bienes afectados” pasarán a sus manos.

De aprobarse de forma definitiva estas leyes se verán severamen-te afectados el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la libre asociación en Venezuela.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1935&y=2010&m=12

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Ley sanciona donaciones extranjeras a ONG´SEl 15 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó, de forma preli-minar, el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autode-terminación Nacional”, que establece sanciones para las “organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políti-cos”, que reciban financiamiento extranjero.

El objeto de la ley, según el propio proyecto, es “proteger el ejer-cicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera”. El texto establece que las organizaciones sólo podrán recibir donaciones o contribuciones de personas naturales o jurídicas venezolanas y que las ayudas económicas o aportes fi-nancieros extranjeros a estas instituciones pueden “atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República”.

Las organizaciones que no cumplan con esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto recibido. Adicionalmente, el presidente de la institución que haya recibido una contribución extranjera será inhabilitado políticamente entre cinco y ocho años.

La propuesta también considera como una “injerencia extranje-ra” que estas instituciones inviten a ciudadanos u organizaciones ex-tranjeras “para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofen-dan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Agrega que los extranjeros que participen de estas actividades “estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República”.

Aunque el proyecto no menciona de forma directa a las organiza-ciones no gubernamentales, durante la discusión de la norma, el di-putado Mario Isea, del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que esta legislación es necesaria, porque existen organizacio-nes como Súmate, Cedice, Instituto Prensa y Sociedad, Organiza-ción para la Paz, Espacio Público, Libertad Ciudadana (todas organi-zaciones no gubernamentales), “que reciben y dan financiamiento para hacer lo que quieran sin ningún tipo de regulación”.

De aprobarse de forma definitiva, esta ley afectará el derecho a la


libre asociación y al trabajo de las organizaciones de derechos hu-manos en Venezuela. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1933&y=2010&m=12


Agreden y amenazan de muerte a director de ONGEl 16 de diciembre de 2010, presuntos simpatizantes del presi-

dente Hugo Chávez amenazaron de muerte y golpearon a Carlos Correa, periodista y director de la organización no gubernamental Espacio Público, que trabaja en la defensa de la libertad de expre-sión. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Asamblea Nacio-nal (poder legislativo), en Caracas.

Correa se encontraba junto a integrantes de otras organizaciones no gubernamentales que conforman la Alianza para la Libertad de Expresión (de la que IPYS Venezuela forma parte), que conversaban con los medios de comunicación presentes, después de haber entre-gado una carta dirigida a la presidenta del organismo, Cilia Flores. En ese momento, se produjo el lanzamiento de un cono vial, que impactó en la cabeza de Correa, causándole una gran inflamación. Después, un hombre que vestía con una chaqueta azul y gorra lo amenazó diciéndole: “te vamos a matar”.

En el lugar se encontraban presentes funcionarios de la Guardia Nacional y de la seguridad interna de la Asamblea Nacional, quienes observaron lo ocurrido sin intervenir.

Minutos antes, Mariana Belalba, abogada de Espacio Público, fo-tografió a un funcionario de seguridad que conversaba con uno de los presuntos simpatizantes del Presidente Chávez. Al advertir que había sido fotografiado, el vigilante le exigió que borrara la fotografía.

En la carta consignada en la Asamblea Nacional, pedían el dere-cho a dialogar con los diputados sobre las reformas que se discuten en el parlamento en estos días, entre ellas la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y a la Ley Orgánica de Telecomunica-ciones.

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Nueva normativa limita el acceso a la información públicaEl Estado Venezolano aprobó, a finales de diciembre, nuevas re-

gulaciones que limitan el acceso a la información pública. Tras esta modificación, toda información producida por las instituciones gu-bernamentales deberá pasar un filtro, que la clasificará y restringirá en función de los intereses del Estado.

De acuerdo al documento oficial en el que se publicó la nueva regulación, “toda información generada por la institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autoriza-ción debida y formal de la Unidad Responsable de la Imagen Insti-tucional o de la Máxima Autoridad de la Institución”.

Por su parte, la Asamblea Nacional estableció que las sesiones plenarias del parlamento sólo podrán ser transmitidas por la tele-visora pública de la institución: ANTV. El canal del Estado, Vene-zolana de Televisión (VTV), podrá apoyar en las transmisiones. Los medios privados interesados en difundir tal información deberán hacerlo a través de la señal de ANTV.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1837&y=2011&m=01


año 2011

12 DE ENERO | CASO 119

Niegan entrada de Globovisión a rueda de prensaEl 12 de enero de 2011, periodistas del canal Globovisión fueron impedidos de acceder a una rueda de prensa ofrecida por representantes de la banca pública venezolana. Los afectados fueron la periodista Adriana Salazar, el camarógrafo Carlos Blanco y el asistente de cámara Freddy Caldera. La conferencia se realizó en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protec-ción Bancaria (Fogade).

Según la versión de Salazar, el personal de seguridad de dicha institución les negó el acceso a la sala donde se realizaba la rueda de prensa. Tras pedir explicaciones a la encargada de comunicaciones de Fogade, Raquel Morelli, ésta les informó de que sólo los medios públicos podían cubrir el acto. Sin embargo, otros medios privados si se encontraban presentes en ese momento.

Cabe destacar que el presidente de Fogade, David Alastre, se comprometió, en diciembre de 2010, a permitir la entrada de Glo-bovisión a los actos informativos que su institución realizara.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1836&y=2011&m=01


Personal de seguridad agrede a periodista El 20 de enero de 2011, Gabriela Iribarren, del diario Últimas Noticias, denunció haber sido agredida por un vigilante de la red estatal de mer-cados (PDVAL). El incidente ocurrió en la Parroquia San José, en la ciudad de Caracas.

Según la versión del periodista, el vigilante le quitó su libreta tras varios forcejeos, donde estaba apuntando los precios de los alimen-tos. A pesar de contar con el permiso de la dirección del lugar para

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realizar esta labor, el vigilante intentó retenerla. En un descuido de los guardias, Iribarren consiguió evadirse, junto con un colega de su propio periódico que la acompañaba.

Gracias a algunos contactos en varias instituciones estatales, Irri-barren pudo recuperar su libreta ese mismo día. Asimismo, la ge-rente del PDVAL le telefoneó presentando sus disculpas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1834&y=2011&m=01


Amenazan de muerte a secretario del Sindicato de Trabajadores de la Prensa Nilo Jiménez, secretario de Reporteros Gráfico, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció haber recibido amenazas de muerte a través de unas llamadas anónimas. En las mismas, se le insta a dejar de recopilar imágenes para una publicación del sindicato, con motivo de su 65º aniversario, sobre agresiones a la libertad de prensa.

Según la versión del periodista, ha recibido cuatro llamadas de un mismo interlocutor, en las que se le advierte que “no recopiles el material, puedes arrepentirte”, además de amenazarle con disparar-le. En una última llamada, recibida el 20 de enero de 2011, le comu-nicaron que en vista de su insistencia, le esperaba una “sorpresa” a él y a su familia.

El periodista señaló que las amenazas comenzaron al enviar una solicitud por correo electrónico a diversos medios de comunicación, con el fin de que colaborasen con la publicación que prepara el sin-dicato para documentar gráficamente los riesgos que corren los pe-riodistas.

Jiménez indicó que denunciará el caso ante la Fiscalía.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1833&y=2011&m=01



Amenazan a caricaturista via Twitter El 24 de enero de 2011, Rayma Suprani, caricaturista del diario El Uni-versal, recibió amenazas a través de la red social Twitter, emitidas desde la cuenta de Lina Ron, dirigente del partido político Unidad Popular Ve-nezolana (UPV) y activista política a favor de Hugo Chávez. Las ame-nazas se produjeron en relación al contenido de una viñeta de Suprani publicada ese mismo día en El Universal.

En la misma se hacía referencia al cable submarino que unirá Venezuela con Cuba y Jamaica, con el propósito de mejorar las te-lecomunicaciones en esos países. La viñeta presentaba esa infraes-tructura con el dibujo de un cable y el texto “Cable a Cuba”, mientras que al lado se veía ese mismo cable, en forma de soga, diciendo “Cable a Venezuela”.

Entre los mensajes amenazantes enviados desde la cuenta de Lina Ron (@LinaNRonUPV) destaca el siguiente: “Esa soga t (te) la vamos a poner a ti X (por) apátrida, X pitiyanqui, X desleal a Vzla (Venezuela)”

Suprani denunció el hecho ante el Colegio Nacional de Periodistas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1831&y=2011&m=01

3 DE FEBRERO | CASO 123

Militar agrede a periodista El 3 de febrero de 2011, un efectivo de la Guardia Nacional agredió fí-sicamente y borró las fotografías de la periodista Thais Cardona, de la Agencia Carabobeña de Noticias, quien cubría la visita de dos diputados de oposición al Hospital Pediátrico Jorge Lizárraga, ubicado en el estado Carabobo, al norte de Venezuela.

Aunque Cardona estaba identificada como periodista, el militar, de apellido Peña, la tomó por el cuello y le arrebató el teléfono móvil con el que estaba fotografiando la protesta de los seguidores del pre-sidente Chávez contra la presencia de los diputados en ese centro de salud. Peña arrojó el aparato al suelo y de inmediato lo recogió para

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borrar las fotografías. Otro militar intervino, indicándole a Peña que Cardona era periodista, y así fue como cesó la agresión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1830&y=2011&m=02


Dificultan la labor de los medios en la Asamblea Nacional El 3 de febrero de 2011, los periodistas que cubrían una sesión de la Asam-blea Nacional denunciaron haber sido impedidos de informar correcta-mente sobre la misma. La sesión, en la que se decidió la agenda parla-mentaria del año 2011, se celebró en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, capital del país.

Como consecuencia del reglamento aprobado en diciembre que impide a los periodistas filmar las sesiones, los reporteros deben cubrirlas desde una sala con una televisión en la que se transmite la señal del canal oficial de la Asamblea (ANTV).

Sin embargo, en esta oportunidad un trabajador de ANTV, lla-mado César, entró a la sala y desconectó el sonido alegando que se trataba de una sesión privada. Ante el rechazo y las reclamaciones de los periodistas, el funcionario dijo que la medida obedecía a pro-blemas técnicos.

Tras intentar negociar con el funcionario, éste los insultó e inclu-so agredió a Oliver Fernández, del canal Televen, quien reaccionó violentamente y también le agredió.

Posteriormente, miembros de la Guardia Nacional escoltaron a Fernández, su camarógrafo y asistente de cámara hasta la salida del Hemiciclo y tomaron sus datos. El periodista teme que en la próxi-ma sesión parlamentaria le sea negado el acceso.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1829&y=2011&m=02



Agreden a periodistas de Globovisión El 9 de febrero de 2011, Alejandro Ledo, camarógrafo de Globovisión, fue golpeado con un objeto contundente por personas identificadas como seguidores del presidente Hugo Chávez. En el mismo incidente, Carmen Elisa Pecorelli, periodista del mismo canal, fue insultada por los mismas personas. La agresión ocurrió en el sector José Félix Rivas, del estado Ara-gua (norte de Venezuela).

Los agresores formaban parte de un grupo encargado de restau-rar las viviendas que sufrieron daños tras el incendio de una insta-lación militar en la zona; iban vestidos con overoles de color rojo y camisas alusivas al Che Guevara y Hugo Chávez.

La agresión se produjo mientras los reporteros estaban recogien-do las quejas de los vecinos por la situación de sus viviendas. Mien-tras Pecorelli tomaba datos de la situación, los agresores se acerca-ron a la periodista insultándola, y posteriormente agredieron a Ledo.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1581&y=2011&m=02


Radio regional deberá continuar con alcance restringidoEl alcance de Radio Victoria 103.9 FM deberá continuar limitado a tres municipios del estado Aragua (norte de Venezuela), tras una sentencia emitida el 9 de febrero de 2011 por el Tribunal Supremo de Justicia, que declara improcedente la medida cautelar solicitada por la radio para se-guir difundiendo su señal en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Miranda, mientras se lleva a cabo el juicio contra la disposición que los obligó a disminuir su potencia.

Por decisión del Ministerio del Poder Popular para las Obras Pú-blicas y Vivienda (MOPVI), la radio debió bajar su frecuencia ra-dioeléctrica de 2.500 vatios (un radio de 200 Km aproximados) a 250 vatios de potencia (un radio de 20 Km aproximados), el 26 de febrero de 2010.

La decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Su-

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premo de Justicia impide a las comunidades de los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Miranda conocer, de manera oportuna, la si-tuación de las principales arterias viales de la zona, hasta que se produzca una sentencia sobre el caso.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1579&y=2011&m=02


Periodista freelance denuncia acoso del servicio de inteligenciaJohn Enders, periodista norteamericano freelance y ex corresponsal de Associated Press, denunció ser víctima de presiones por parte de supuestos miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Enders se encuentra en Venezuela elaborando un libro sobre la Historia de América Latina, para lo que se ha entrevistado con repre-sentantes de organizaciones de derechos humanos en Venezuela.

El 13 de febrero de 2011, el periodista se encontraba en la ciudad de Sabaneta, en el estado Barinas, al oeste del país, cuando percibió que estaba siendo seguido y fotografiado por dos desconocidos. En-ders se entrevistó después con representantes del partido opositor COPEI, quienes al comprobar que efectivamente el periodista es-taba siendo seguido, fotografiaron a los desconocidos. En ese mo-mento, la policía apareció y les sustrajo el chip de memoria de sus cámaras fotográficas.

En vista de lo sucedido, Enders decidió cambiar de hotel. Tras hacerlo, fue informado por el personal del hotel de que se había re-cibido una llamada preguntando por él, así como del hecho de que un desconocido había llegado con una moto intentando saber si el reportero se encontraba allí.

El 14 de febrero, el periodista se trasladaba de Barinas a Mérida, acompañado por la abogada Lucía Quintero, cuando se percataron de que eran, de nuevo, seguidos por desconocidos. Quintero avisó de la situación a funcionarios de la Guardia Nacional que se encon-traban en un puesto policial, quienes detuvieron a los sujetos, que se habrían identificado como efectivos de del Servicio Bolivariano


de Inteligencia. Hasta el momento se desconoce la causa del acoso al periodista. IPYS Venezuela seguirá el desarrollo de estos hechos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1602&y=2011&m=02


Canal estatal sufre acto vandálicoEl 18 de febrero de 2011, la televisora oficial Venezolana de Televisión (VTV) perdió el servicio telefónico y de Internet debido a la acción de des-conocidos que quemaron intencionalmente las instalaciones del cableado de la compañía telefónica CANTV, también estatal. VTV se encuentra en la Urbanización Los Ruices, en Caracas, capital del país.

Según trabajadores de VTV, se presume que la acción iba dirigida a afectar la labor informativa del canal estatal, que permaneció más de dos horas sin los servicios de comunicaciones.

Un equipo técnico y de seguridad de CANTV se encargó de res-tablecer el servicio, y colabora con los cuerpos policiales para identi-ficar a los responsa.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1828&y=2011&m=02


Amenazan de muerte a pasanteEl 22 de febrero de 2011, Kervin García, pasante del diario El Carabobeño, fue amenazado de muerte por dos sujetos que identificó como afines al alcalde del municipio Guacara, estado Carabobo, en el centro del país.

García cubría las incidencias de la paralización de la empresa Heinz, que fabrica alimentos y bebidas. Tras acercarse al grupo de trabajadores con el objeto de grabar sus conversaciones, vio como Gerardo Sánchez, alcalde de Guacara, apartaba a dos hombres del grupo y hablaba con ellos.

Momentos después estos mismos sujetos se acercaron a García y le dijeron que si seguía escribiendo sobre el municipio lo matarían.

García comenta que algunos funcionarios municipales le han ex-

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presado su molestia por los reportajes que hace sobre el mal estado de calles, plazas, canchas deportivas y quejas de la comunidad. Ha recibido mensajes insultantes y amenazantes. “En la calle andamos y ahí nos vemos”, le dijo días atrás Angel Aljorna, director del ente encargado de las obras sociales de la alcaldía.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1665&y=2011&m=02


Director Regional de Educación agrede a periodistaEl 22 de febrero de 2011, el Director Regional de Educación del estado Tru-jillo, Benito Flores, agredió verbalmente a la periodista Marianela Ma-vares, del diario El Tiempo, mientras cubría un conflicto educativo en la región, ubicada al oeste de Venezuela. Flores también sustrajo grabadora de la periodista.

En el transcurso de la protesta, al intentar la periodista contactar con el alto funcionario regional, éste le arrebató la grabadora e inició una serie de insultos hacia la comunicadora, que quedó registrado en el aparato de la corresponsal.

Ante esta agresión, la periodista acudió a la Fiscalía Primeradel Ministerio Público de Trujillo y presentó la denuncia por maltrato de género y por impedimento de la labor periodística. A la vez solicitó un recurso de protección, pues no es la primera vez que el funciona-rio atenta contra su persona.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1762&y=2011&m=03

6 DE MARZO | CASO 131

Agreden a fotógrafa en velorio de dirigente política El 6 de marzo de 2011, Alexandra Blanco, reportera gráfica del diario El Nacional, fue atacada durante el velorio de la dirigente política Lina Ron, fundadora del partido Unión Popular Venezolana (UPV). Blanco recibió insultos y empujones por parte de algunos de los asistentes al se-


pelio, quienes comenzaron a agredirla al pensar que era reportera de la televisora privada Globovisión. El hecho ocurrió en la Plaza Andrés Eloy Blanco, en Caracas, capital del país.

Blanco llegó a la plaza sin portar visible su carnet de identifica-ción. Al solicitársele la credencial, la reportera dijo desconocer la necesitad de acreditación, y expresó su deseo de tomar una fotogra-fía. En ese momento, una de los presentes en el acto gritó que ella era de Globovisión y el resto de los asistentes comenzó a insultarla y a empujarla. Ante la agresión, los camarógrafos de Venevisión la protegieron para evitar que la golpearan.

Humberto López, representante de UPV, le pidió que se retirara del lugar. Junto a la diputada del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, Cilia Flores, la ayudaron a salir del sitio enviándola en una moto hasta el palacio de gobierno Miraflores.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1827&y=2011&m=03


Prohíben circulación de semanario en un municipioEl dueño y director del semanario Notillanos Plus, Vladimir Hidalgo, denunció que desde el 14 de marzo de 2011 esa publicación tiene prohibi-da su circulación, edición, distribución, comercialización y venta dentro del municipio San Fernando del estado Apure, al suroeste de Venezuela.

Hidalgo explicó que no recibió ninguna notificación formal de la medida, de la que se enteró por un aviso publicado el mismo día 14 en el diario regional Visión Apureña que indicaba que por objeto de investigación y defraudación fiscal, presuntamente cometida por la compañía Inversiones Goga -encargada de la edición del semana-rio-, se prohíbe la circulación del medio hasta que se esclarezcan los hechos y se fijen responsabilidades.

Según el director del medio, la decisión fue notificada a la em-presa sin concederle tiempo suficiente para defenderse. Hidalgo también manifestó que la alcaldía carece de potestad para tomar semejante decisión, ya que carece de pruebas y la empresa se en-

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cuentra registrada en otro municipio. Por estas razones, el director considera que la decisión se debe a que su diario publica con fre-cuencia quejas de la ciudadanía sobre la gestión del alcalde de San Fernando, John Guerra.

Notillanos Plus apareció en mayo de 2010, en respuesta a la me-dida de cierre por 180 días del semanario Notillanos y del decomiso de 4 mil de sus ejemplares el 23 de abril de 2010. Por esta acción la empresa llevó a tribunales a las autoridades municipales, aunque la resolución del caso se encuentra todavía pendiente.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1515&y=2011&m=03


Policía dificulta el trabajo de la prensa y acusa a periodista de organizar manifestación MaracaiboEl 17 de marzo de 2011, la periodista Gina Caldera y el camarógrafo Johan Gómez, corresponsales de la televisora nacional Televen, fueron agredidos por efectivos policiales y por un vigilante del Ministerio de In-terior y Justicia en los tribunales penales de Maracaibo, al occidente de Venezuela, cuando cubrían una protesta estudiantil.

Los manifestantes escribieron un graffiti y se encadenaron en los tribunales para exigir la liberación del diputado José Sánchez “Mazuco”. Esto causó la intervención de los vigilantes y policías que resguardaban la sede.

Johan Gómez denunció que las fuerzas de seguridad le inten-taron quitar varias veces la cámara de video y romper el cable del micrófono, para evitar que siguieran grabando las escenas de la re-presión policial.

Durante el forcejeo, el vigilante arremetió contra Gina Caldera, acusándola de organizar la protesta. La periodista desmintió esa acusación. La situación se detuvo cuando la policía logró replegar la manifestación y detener a uno de los 9 estudiantes que protestaban.




Cierran emisora de radio por supuesta clandestinidad El 18 de marzo de 2011,la Comisión Nacionalde Telecomunicaciones (Conatel) cerró temporalmente la emisora Carabobo Stereo 102.3 FM, ubicada en Valencia, en el centro norte de Venezuela, alegando que ac-tuaba de manera clandestina. Sin embargo, sus dueños alegan que los documentos de la radio están en regla.

La medida fue aplicada sin que la emisora fuera notificada de la existencia de algún procedimiento administrativo previo en su contra, para investigar el presunto uso irregular del espectro radio-eléctrico del que la acusa Conatel.

De acuerdo a Conatel, Carabobo Stereo 102.3 FM interrumpía la transmisión de una emisora en Maracay, capital del municipio Aragua, vecino de Carabobo, y que está a 50 kilómetros. Cuando fue sacada del aire la radio en Valencia, la otra entró en el espectro de inmediato.

Los funcionarios de Conatel confiscaron transmisores, el recep-tor y emisor de enlace, procesador de audio, micrófonos y consolas de grabación que se encontraban en los estudios, sin que ningún testigo lo presenciara. Sólo estaba presente el operador de guardia.

La medida de Conatel afecta a 60 empleados directos entre lo-cutores, personal administrativo y productores nacionales indepen-dientes.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1664&y=2011&m=03


Familiares de dos jóvenes muertos agreden violentamente a reporteros gráficosEl 24 de marzo de 2011, los reporteros gráficos Reinaldo Vílchez y Ale-jandro Mendoza, de los periódicos Panorama y Mi Diario, respectiva-mente, fueron golpeados e insultados cuando cubrían el levantamiento de los cuerpos de dos jóvenes asesinados en el estado Zulia, al oeste del país.

Vílchez explicó que cuando tomó la primera foto una mujer, que

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estaba cerca de los cuerpos, le lanzó una piedra. Tras ella, se suma-ron dos mujeres más que lo golpearon con un tubo y un palo. Luego del primer impacto lograron derribarlo y aprovecharon para patear-lo. Junto a Vílchez se encontraba Mendoza quien también recibió golpes, patadas e insultos.

Los reporteros lograron levantarse e irse del lugar con el apoyo de otros colegas. De allí se dirigieron a una revisión médica que evidenció que habían sufrido varias contusiones. Vílchez aún tiene dificultades para mover uno de sus hombros y tiene hinchada una de las muñecas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1526&y=2011&m=04


Conatel cierra emisora e incauta sus equiposEl 25 de marzo de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra la emisora Musicable 93.7 FM de Higuerote, por funcionar presunta-mente de forma clandestina. El hecho ocurrió en el estado Miranda, al norte del país.

Funcionarios de Conatel llegaron a las instalaciones de la radio para aplicar la medida que ordenó la suspensión inmediata de sus actividades y la incautación de sus equipos.

Pedro Tartak, director de Musicable, explicó que en 2008 solicitó los permisos a Conatel para operar legalmente. Sin embargo, pasa-dos los 45 días que ordena la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para dar una respuesta, Tartak asumió el silencio de Conatel como una aprobación y comenzó a operar.

El director de la radio señaló que su medio no ha funcionado de forma clandestina ya que han cumplido con el pago de los tri-butos correspondientes a la explotación del espectro radioeléctrico. Es más, señaló que en varias oportunidades Conatel ha acudido a las instalaciones de la radio a inspeccionarlos, verificando que todo estaba en regla.


Conatel otorgó a la radioemisora quince días para exponer su de-fensa y cinco más para oponerse a las medidas cautelares acordadas. Esta decisión deja sin empleo a quince trabajadores.

Con ésta son dos las emisoras que han sido sancionadas con me-didas cautelares. La primera fue Carabobo Stereo 102.3 FM, cerrada el pasado 18 de marzo.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1523&y=2011&m=03


Policía golpea a corresponsal de televisora y detiene a su camarógrafo

El 28 de marzo de 2011, Lorena Cañas y José Medina, reportera y camarógrafo de Globovisión, fueron agredidos por un funcionario de la policía del estado de Bolívar durante la cobertura de una ma-nifestación en la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país. El efectivo golpeó en la cara y en el estómago a Cañas y retuvo al camarógrafo en el Centro de Coordinación Policial Los Olivos.

Mientras las fuerzas del orden dispersaban la protesta, el policía, de apellido López, retuvo al camarógrafo con su equipo de trabajo en una patrulla. Cañas explicó que en ese momento se acercó a los policías a pedir que no se llevaran a su compañero, pero éstos recri-minaron su trabajo periodístico.

Cañas intentó meterse en la patrulla y fue agredida por López, quien la tomó por la cintura y por el brazo, la apartó violentamente del vehículo y la golpeó en la boca.

La patrulla se retiró del lugar con el camarógrafo hacia el Centro de Coordinación Policial Los Olivos, donde fue liberado luego de una hora y después de que la noticia fuera difundida por los medios y que Cañas se comunicara con el coronel Julio César Manzulli, se-cretario de Seguridad Ciudadana y comandante de la policía de ese estado. El camarógrafo también recuperó sus equipos.

Cañas hizo la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Cien-tíficas, Penales y Criminalísticas del estado Bolívar y acudió a un

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hospital donde recibió atención médica. La periodista sufrió contu-siones a nivel lumbar y cervical y una laceración en el labio.

Cañas solicitará al fiscal Warner Blanco, encargado del caso, una medida de protección para José Medina y para ella.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1647&y=2011&m=03


Vicepresidente podrá revocar concesiones de radio y televisión Desde el 29 de marzo, la Vicepresidencia de la República de Ve-

nezuela tiene la potestad de otorgar, revocar, renovar y suspender las habilitaciones administrativas y concesiones en materia de ra-diodifusión sonora y televisión abierta, según Decreto Presidencial aparecido en el diario oficial.

La atribución forma parte de la reforma parcial del Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República, que en su artículo 2 le otorga 13 potestades al Vicepresidente en materia de telecomu-nicaciones. Entre ellas “ejercer la rectoría de las políticas públicas en materia de administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, recurso órbita-espectro y otros recursos limi-tados de telecomunicaciones, (…)”.

De este modo, el Decreto Presidencial, de número 8.122, confiere al gobierno mayor potestad sobre la asignación de frecuencias de radio y televisión. Aunque desde el 3 de agosto de 2010, el ejecutivo nacional había otorgado el control de la Comisión Nacional de Tele-comunicaciones (Conatel) a la Vicepresidencia de la República, no es hasta la entrada en vigencia de este decreto que el representante del Ejecutivo puede decidir unilateralmente el otorgamiento o revo-cación de una concesión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1826&y=2011&m=04


1º DE ABRIL | CASO 139

Simpatizantes del presidente Chávez agreden a periodistasEl 1 de abril de 2011, los periodistas Rosana Barreto, del diario La Opi-nión, y Juan Vicente Maya Jr., del periódico Las Noticias de Cojedes, fueron agredidos por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Ve-nezuela, en el estado Cojedes, al oeste del país.

Los periodistas se encontraban en las afueras de la radioemisora Rumbera Network 94.7 FM, donde era entrevistado el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. Cuando el gober-nador salió, los simpatizantes del partido oficial gritaron consignas contra el mandatario regional y reaccionaron de forma violenta contra los reporteros que intentaban entrevistarlo. Barreto y Maya recibieron empujones e insultos, al igual que Capriles Radonski y su equipo de prensa. Los agresores intentaron golpearlos desde la salida de la emisora hasta que abordaron sus automóviles.

Tanto los vehículos de prensa como los de la Gobernación de Mi-randa recibieron golpes y patadas de los manifestantes. Los reporte-ros gráficos fueron empujados y atacados con objetos contundentes.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1520&y=2011&m=04

1º DE ABRIL | CASO 140

Simpatizantes del gobierno agreden a periodistas de partido político opositorEl 1 de abril de 2011, los periodistas Deyanira Castellanos y Eucaris Per-domo, y el camarógrafo Lenín León, integrantes del equipo de prensa del partido político “Primero Justicia”, fueron insultados y agredidos cuando cubrían una actividad de su organización realizada cerca de la sede de una compañía petrolera estatal, ubicada en Caracas.

Los periodistas fueron rodeados por unas 40 personas, algunas con carnets de Petróleos de Venezuela e identificados como chavis-tas, quienes los insultaron y les arrojaron botellas, latas, palos, pie-dras, basura y objetos contundentes.

Los periodistas se replegaron para seguir filmando pero fueron

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perseguidos y se dispersaron. León fue alcanzado por diez de los agresores que querían quitarle su cámara. En el equipo se tenían registradas las agresiones y los rostros de algunos atacantes. Caste-llanos corrió hacia su compañero pero fue alcanzado por una turba que los insultó y que también quería despojarlo de su cámara. Efec-tivos de la policía llegaron al lugar para evitar mayor violencia contra los periodistas.

Los funcionarios pidieron a los periodistas que facilitaran el ma-terial audiovisual para usarlo como evidencia de la agresión. Caste-llanos también rindió su manifestación ante la policía. Todavía no se conocen los resultados de las investigaciones. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1825&y=2011&m=04

4 DE ABRIL | CASO 141

Periodista denuncia que alcalde inició campaña en su contra que le impide el acceso a fuentes oficialesEl 4 de abril de 2011, Luis Alberto Perozo, periodista del diario El Impul-so, denunció que es víctima de una campaña de descrédito emprendida por el alcalde Richard Coroba, lo que le ha significado el no poder acceder a fuentes oficiales del municipio de Palavecino, ubicado en el estado Lara, al oeste de Venezuela.

Perozo dijo a IPYS que los ataques del alcalde se iniciaron por un comentario que hizo por Twitter en el que se refirió al sueldo del funcionario y otras críticas sobre su gestión. El comentario fue leído en un programa de radio donde entrevistaban a Coroba.

El alcalde respondió en varios medios de comunicación acusan-do al periodista de no tener ética y de aceptar sobornos para publicar ciertas informaciones. El alcalde también dirigió sus ataques contra El Impulso. Perozo denunció que tras las declaraciones del alcalde, éste ha ordenado limitarle el acceso a los actos oficiales en los que participa en calidad de funcionario estatal.




Detienen a reporteros en instalación militarEl 7 de abril de 2011, Maolis Castro y Ernesto Morgado, periodista y re-portero gráfico del diario El Nacional, fueron detenidos por la Policía Militar cuando cubrían una protesta en las inmediaciones de la base militar Fuerte Tiuna, en Caracas.

Los periodistas fueron convocados por los manifestantes del re-fugio Bicentenario Las Mayas, donde habitan más de 300 personas damnificadas por las lluvias y ubicado en las instalaciones de Fuerte Tiuna, para que entrasen y viesen su situación. Sin embargo, el ca-pitán de la Guardia Nacional, Jesús Arias, no les permitió el paso, detuvo a Morgado, le exigió su identificación e intentó quitarle su cámara. Castro intervino, pero también debió entregar su identifica-ción, aunque logró darle la cámara a un motorizado del diario.

Arias trasladó a los reporteros al Departamento de Investigación Criminal de la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Allí permanecieron detenidos por más de seis horas, por orden del Coronel Jesús Ferra-ra. Se les acusó de haberse hecho pasar por damnificados.

Castro denunció al IPYS que el Coronel Ferrara le dijo altane-ra, que recibió empujones de un militar cuando la escoltaba y que condicionaron su salida con la firma de una caución en la que cons-tatara que no hubo agresión, a lo que la periodista se negó. Tras la intervención de defensores del pueblo, defensores públicos, los abogados del periódico y la firma de cauciones separadas -en la suya Castro insiste en que sufrió agresión- a los periodistas finalmente se les devolvió su identificación y fueron liberados.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1824&y=2011&m=04


Destituyen a director de un colegio por declarar a la prensa sobre casos de gripe AH1N1El 7 de abril de 2011, Manuel Aldana, director del colegio estatal “Rafael Antonio Godoy”, fue destituido de su cargo por informar a la prensa sobre

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casos de gripe AH1N1 detectados en la institución educativa, ubicada en la ciudad de Mérida, al oeste del país.

La medida fue tomada luego que Aldana declaró al diario Correo del Orinoco que dos niños de su escuela eran portadores del virus.

Tras sus declaraciones el gobierno regional se vio obligado a dar a los medios las cifras reales de los contagiados y emitir un decreto para suspender varias actividades educativas.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) y otros gremios protestaron por el despido de Aldana, paralizando las clases en ese colegio desde el 8 de abril.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1525&y=2011&m=04


Agreden a periodistas en protesta de enfermerosEl 14 de abril de 2011, el periodista José Gregorio Jaén y el fotógrafo Li-sandro Barazarte, del diario Notitarde, fueron agredidos por seguidores al presidente Hugo Chávez mientras cubrían un paro de enfermeros en el estado Carabobo, centro de Venezuela.

Los reporteros habían salido del hospital Enrique Tejera para to-mar declaraciones y fotos a unos manifestantes que llegaron a apo-yar a los enfermeros en huelga de hambre hace 24 días, por mejoras salariales.

Jaén y Barazarte volvían al hospital cuando un segundo grupo, gritando consignas y portando franelas rojas (distintivo chavista), les impidieron el ingreso, los empujaron y golpearon. Además les destrozaron el flash de una cámara fotográfica.

Los periodistas sólo pudieron entrar nuevamente al hospital lue-go que la policía intervino. Dentro prosiguieron su trabajo bajo ame-nazas e insultos de los simpatizantes chavistas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1519&y=2011&m=04



Agreden a fotógrafo durante protestaEl 25 de abril de 2011, Jhonny Camacho, reportero gráfico de La Prensa de Barinas, y corresponsal de El Nacional, fue retenido por la policía durante una protesta en los alrededores de los tribunales judiciales, en el estado de Barinas, oeste del país.

Camacho cubría un enfrentamiento entre la policía y represen-tantes del movimiento estudiantil Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), quienes exigían la libertad de presos políticos y la celeridad de los distintos procesos penales en Venezuela.

Al percatarse de la presencia del reportero gráfico, varios policías forcejearon con él hasta quitarle su cámara, además de un teléfono celular; lo detuvieron en un camión anti motín.

Tras hora y media de detención, Camacho fue liberado por órde-nes del Comandante de la Policía de Barinas, Giusseppe Cacciopo; su cámara y su celular le fueron devueltos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1517&y=2011&m=04


Amenazan de muerte a periodista por denunciar irregularidades en saludEl 26 de abril de 2011, la periodista Laura Domínguez, corresponsal de Globovisión, denunció al IPYS Venezuela que ha recibido amenazas de muerte del jefe de Personal de la Fundación para la Salud (Fundasa-lud), Alfonso González, y del directivo del Sindicato Bolivariano de la Salud, Geovani Pinto, en el estado Trujillo, oeste del país.

Las amenazas por mensajes de texto y radio se deben a denuncias que cubrió la reportera, sobre aplicación de vacunas contra el virus AH1N1 probablemente vencidas y sobre la contaminación del área pediátrica del Hospital Pedro Emilio Carillo. Le han advertido que su vida corre peligro si insiste en más denuncias.

El 7 de abril, los funcionarios González y Pinto, acompañados por más de 20 simpatizantes del gobierno, agredieron a Domín-

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guez y al camarógrafo Heisser Gutiérrez, a quien le fracturaron la muñeca, cuando cubrían una huelga de hambre de enfermeros en el citado hospital. Incluso les arrebataron su cámara videográfica que sólo recuperaron tras la intervención de la policía.

Para los periodistas las agresiones no fueron más graves porque recibieron ayuda de los enfermeros. Ambos comunicadores presen-taron sus denuncias del hecho por separado, pero hasta ahora los funcionarios denunciados no han respondido a las citaciones de los tribunales.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1527&y=2011&m=04


Acusan a tres periodistas y una activista de promover golpe de EstadoEl 5 de mayo de 2011, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció que ella y los periodistas Marianella Salazar, Pa-tricia Poleo -actualmente exiliada- y Nelson Bocaranda son acusados por una publicación militar de querer desestabilizar a las Fuerzas Armadas de su país con el fin de provocar un golpe de Estado al Presidente Chávez.

La denuncia de San Miguel obedece a un artículo “Fuerza Arma-da Nacional Bolivariana en la Mira”, de la edición diciembre 2010 - enero de 2011, de la revista Ámbito Cívico Militar, del Comando Estratégico Operacional, máximo órgano de la Fuerza Armada Na-cional Bolivariana (FANB).

Los periodistas aludidos son investigadores y críticos del régimen chavista. La revista sostiene que Salazar y Poleo “se han escudado en `supuestas` fuentes de inteligencia para la manipulación mediática” y que Bocaranda es un “frustrado agente de inteligencia”. A San Mi-guel, conocida por sus denuncias sobre irregularidades en la FANB, la tildan de “vocera fiel de los laboratorios de guerra del imperio”.

En la publicación los cuatro son catalogados como “actores tácti-co-operacionales”, señalamiento que acarrea penas de cárcel de 25 a 30 años. Según San Miguel, estas afirmaciones consideran que son en términos claros “objetivo militar”, lo que significa “ser parte del


interés de los organismos de búsqueda, procesamiento y análisis del Estado venezolano”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1823&y=2011&m=05


Desconocido golpea a periodista por denuncias publicadas El 12 de mayo de 2011, el periodista Manuel Isidro Molina, editor y pro-pietario del diario digital Enfoque365.net y columnista del semanario La Razón, fue agredido físicamente por un desconocido, probablemente, de-bido a denuncias de corrupción de la que es autor. El hecho se produjo en Caracas, capital del país.

Isidro Molina, también dirigente gremial del Colegio Nacional de Periodistas, se encontraba en un Centro Comercial, renovando su pasaporte cuando el desconocido lo golpeó en el rostro con un casco, tirándolo al piso y propinándole luego más patadas y golpes. El periodista gritó por ayuda y el desconocido huyó.

El agresor en ningún momento intentó despojar a Molina de sus pertenencias, ni pronunció palabra sobre el motivo de la agresión. Producto del ataque, el periodista resultó con hinchazón en el ojo derecho, hematomas en varias partes del cuerpo y le aplicaron pun-tos en una ceja.

Molina, quien acudió ante la Fiscalía General a denunciar el ata-que, considera que éste pudo deberse a que en su columna “Pasando la hoja”, que difunde La Razón y Enfoque365.net, ha denunciado actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y sus testaferros.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1822&y=2011&m=05


Impiden acceso de Globovisión a Cumbre de MinistrosEl viernes 13 de mayo de 2011, la periodista Adriana Salazar, el cama-rógrafo Daniel Rincón, y el asistente de cámara, Carlos Blanco, de la

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televisora Globovisión, fueron impedidos de entrar a la Reunión Regional de Ministerios de Energía de América Latina y el Caribe, realizada en el Hotel Meliá, en Caracas, capital del país.

Salazar dijo al IPYS que Alfredo Carquez, funcionario de Prensa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), le indicó: “Globovisión no está autorizado para cubrir ninguna actividad en donde esté presente el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ni tampoco alguna actividad de PDVSA”.

Globovisión no fue convocado oficialmente al encuentro de Ministros, pese a que se trató de una invitación abierta, dirigida a medios en general. Cuando se trató de obtener su versión de los hechos, Carquez indicó a IPYS Venezuela que estaba ocupado, y que atendería la próxima semana.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1821&y=2011&m=05


Agreden verbalmente a equipo reporteril de RCTV InternacionalEl viernes 13 de mayo de 2011, Jessica Flores y Giovanni Campos, repor-tera y camarógrafo de RCTV Internacional, respectivamente, sufrieron agresiones verbales cuando cubrían un censo realizado en la Plaza Ma-dariaga de El Paraíso, en Caracas, capital de Venezuela.

Varias de las personas que hacían fila para registrarse en el lla-mado censo familiar para participar en la Misión Vivienda -plan de construcción impulsado por el Gobierno Nacional-, profirieron insultos contra los periodistas, llamándolos golpistas y fascistas, y exigiéndoles que se retiraran del lugar.

Cuando el equipo reporteril salía del sitio, un hombre de la fila insultó Campos, y éste le respondió. El hombre se acercó a donde ellos estaban e intentó golpear al camarógrafo. Flores medió en la agresión, y un funcionario de la Guardia Nacional intervino para finalizar el forcejeo aunque justificó la actitud del agresor.




Intentan expropiar galpón perteneciente a diario crítico al gobiernoEl 18 de mayo de 2011, unos 25 funcionarios públicos, de la Alcaldía del Municipio Libertador, de Fundacaracas y de la policía se presentaron en el galpón donde funciona una rotativa del diario El Nuevo País, crítico al régimen chavista, para ejecutar la expropiación del inmueble, ubicado en Caracas, capital del país.

La policía violentó el local para entrar. La directora de fiscalización de la Alcaldía, Nelly Fernández, justificó la incursión para refugiar a seis familias damnificadas. Los funcionarios que no presentaron una orden formal para ejecutar la medida, se retiraron luego de una hora, aunque la medida de expropiación continúa latente.

Isnardo Bravo, director del diario, dijo al IPYS que el motivo de la expropiación se vincularía a la difusión de una noticia publicada por el diario alemán Die Welt que da cuenta de un acuerdo entre los go-biernos de Venezuela e Irán, con la finalidad de instalar plataformas para el lanzamiento de misiles en el estado Falcón.

La Vicepresidenta Ejecutiva, Graciela Requena, a su turno, infor-mó que teme que un grupo de desconocidos que cerró la calle donde se halla el galpón, pueda insistir en tomarlo si los empleados del diario se retiran.

El Nuevo País es propiedad del periodista Rafael Poleo, exiliado en Miami tras ser acusado, por unas declaraciones dadas a Globovisión en 2008, de apoyar un intento de magnicidio al presidente Chávez.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1818&y=2011&m=05


Agreden, insultan y amenazan a periodistas de diario regionalEntre el 9 y el 11 de junio de 2011, periodistas del diario Correo del Caroní sufrieron agresiones, insultos y amenazas cuando cubrían varios hechos violentos ocurridos en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco de Puerto Ordaz, estado Bolívar, al sur del país.

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El 9 de junio el fotógrafo William Urdaneta fue pateado y empu-jado por sindicalistas de la empresa cuando intentaba registrar un proceso electoral interno que terminó con la muerte de un trabaja-dor y dos heridos.

Urdaneta acompañaba a la reportera Clavel Rangel cuando los sindicalistas intentaron sin éxito pero a golpes quitarle su cámara fotográfica.

Ese mismo día, Ramses Siverio, redactor del Correo del Caroní, fue insultado en una rueda de prensa realizada en la Ferrominera del Orinoco, luego de preguntar sobre los sucesos que derivaron en la muerte del trabajador de la empresa.

A través de los medios y redes sociales, los sindicalistas acusaron a Clavel Rangel de ser cómplice de la muerte del trabajador y pidie-ron prisión para ella.

La periodista desmintió ante IPYS las acusaciones en su contra.El 11 de junio, la reportera Maisduslin Younis y el fotógrafo Car-

los León fueron agredidos en el Palacio de Justicia por trabajado-res de la Ferrominera del Orinoco para impedirles que cubrieran la presentación de su líder Héctor Maican, vinculado a los hechos violentos.

Los sindicalistas portaban carteles que acusaban a los periodistas de terroristas y al diario de cómplice de sicariato. El fotógrafo quiso registrar la protesta pero fue atacado por los manifestantes quienes lo lanzaron al suelo, patearon y golpearon. Younis solicitó ayuda a la policía pero no tuvo respuesta.

Una mujer, gritando improperios, empujó a Younis y otro sujeto amenazó con “quemar vivos a los periodistas” si Maican resultaba encarcelado. León, con moretones en el cuerpo, fue llevado a una clínica para ser atendido.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1518&y=2011&m=06



Impiden a fotógrafa cubrir comisión en audiencia judicialEl 10 de junio de 2011, la reportera gráfica Lesly Martínez, del semanario El Crítico, fue impedida de cubrir una audiencia en el Palacio de Justicia de la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, al sur del país.

Martínez intentaba fotografiar la audiencia contra el líder sindi-cal Héctor Maican, de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, por su presunta vinculación con el asesinato de otro sindicalista ocu-rrido en días pasados.

La periodista dijo al IPYS que un funcionario de Ferrominera, que portaba identificación y vestía de rojo -distintivo chavista- le pro-hibió tomar fotos. Otro sujeto que no se identificó la amenazó y un tercero le exigió que se retire para evitar hechos de violencia.

Martínez se tuvo marchó sin poder realizar la cobertura.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1646&y=2011&m=06


Insultan y escupen a periodistas en medio de protestaEl 15 de junio de 2011, Haymara Alfonso, reportera de Anzoátegui TV, y Jesús Albino, corresponsal de Televen en Anzoátegui, recibieron insultos de parte de supuestos integrantes del partido político Podemos, en medio de una manifestación en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, zona nororiental del país.

Ambos comunicadores cubrían una protesta convocada para re-chazar unos cortes de electricidad registrados recientemente. Dos sujetos, no identificados, los agredieron verbalmente, tildándolos de “vendidos” al gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, miembro del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela.

Alfonso se retiró del lugar. Albino continuó con su trabajo, cuan-do uno de los manifestantes le escupió la espalda. Podemos des-mintió que el hecho haya ocurrido, y según su versión, el periodista le pidió a los dirigentes que se quitaran la identificación del partido político.

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Insultan a reporteros de dos medios estatalesEl 16 de junio de 2011, Michel Caballero, reportero de Venezolana de Tele-visión (VTV), su camarógrafo y María Olga Paz, de Radio Nacional de Venezuela (RNV), fueron insultados por un grupo de mujeres, cuando cubrían una manifestación de médicos, en Caracas, capital del país.

Caballero dijo al IPYS, que cuando esperaban que una comisión de la Federación Médica Venezolana entregara un documento al Mi-nisterio de Salud, apareció un grupo de manifestantes mujeres que los insultaron, forcejearon e intentaron arrebatarle el micrófono a Olga Paz.

Las mujeres acusaron a los periodistas de “chavistas” y los des-calificaron bajo la premisa que al trabajar para medios estatales, el gobierno determinaba su línea informativa.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1522&y=2011&m=07


Persiguen e intentan despojar de cámara a fotógrafoEl 17 de junio de 2011, un grupo de motorizados armados, en su mayoría encapuchados, persiguieron al fotógrafo del diario El Carabobeño, César Pérez, e intentaron despojarlo de su cámara fotográfica, cuando cubría el presunto secuestro de un representante del gobierno regional por miem-bros de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Núcleo Aragua, en Maracay, estado Aragua, centro del país.

Los motorizados irrumpieron en la cita en la que los profesores, estudiantes y trabajadores universitarios reclamaban reivindicacio-nes. Dispararon y destrozaron algunas áreas de la universidad. Apa-rentemente, querían rescatar al funcionario público supuestamente retenido tras unas negociaciones que no prosperaron.


Pérez, que acompañaba a la reportera Marianela Agreda, tomó fotos de la incursión de los encapuchados, quienes al percatarse lo persiguieron para despojarlo de su cámara, pero logró escapar y es-conderse en un laboratorio. Agreda, por su parte, quedó en medio de la zona de disparos pero también logró resguardarse.

Los periodistas, finalmente, fueron protegidos por los estudian-tes para evitar que sufrieran daños físicos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1516&y=2011&m=06


Abren nuevo proceso sancionatorio a GlobovisiónEl 30 de junio de 2011, el canal de TV Globovisión fue notificado de un proceso administrativo sancionatorio que le acusa de haber difundido imágenes que “incitan al odio y la intolerancia por razones políticas, fo-mentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”.

El proceso contra la televisora responde a la cobertura que diera el 17 de junio a un motín de la cárcel de El Rodeo, estado Miranda, que produjo la muerte de varios internos.

Éste es el séptimo procedimiento administrativo contra el canal, señala su consultor jurídico Ricardo Antela, pero el primero basado en el tratamiento informativo a un hecho y no sobre opiniones indi-viduales, como en los casos anteriores.

De acuerdo a las normas venezolanas, reformadas en diciembre de 2010, si la televisora es encontrada culpable, le espera el pago del 10% de sus ingresos brutos o la suspensión de su señal por 72 horas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2156&y=2011&m=06

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Agreden, detienen y borran fotos a reportero gráficoEl 5 de julio de 2011, José Altuve, reportero gráfico de la alcaldía de Cara-cas, fue agredido por policías de inteligencia que lo detuvieron y borraron unas fotografías que registró durante una concentración de estudiantes en la capital del país.

Altuve cubría la negociación entre un dirigente estudiantil y la policía para retirarse de la manifestación en apoyo a una huelga de hambre de sus familiares detenidos en prisión.

El fotógrafo relató al IPYS que un sujeto no identificado bajó de un vehículo y forcejeó con él para quitarle su cámara, lo arrojó al suelo y le colocó una capucha. Luego, lo trasladaron a dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde también habían llevado a algunos estudiantes de la manifestación. Antes de liberar-lo, los policías borraron sus fotografías y nunca le explicaron el mo-tivo de su detención.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1545&y=2011&m=07


Dos comentaristas deportivos son agredidos en final de baloncestoEl 10 de julio de 2011, los comentaristas Manuel Rodríguez y Fermín Pérez del canal Meridiano TV fueron agredidos, verbal y físicamente, por simpatizantes del equipo de baloncesto Marinos de Anzoátegui, durante el partido final de esta liga profesional que disputaban con Cocodrilos de Caracas, en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, oriente del país.

La gerente de producción de ese canal deportivo, María Alexan-dra Azar, informó que los fanáticos insultaron a los periodistas acu-sándolos de estar parcializados y casi al término del juego lanzaron un objeto contundente que hirió en la frente a Rodríguez, incidente que fue transmitido en vivo.

Otro grupo de fanáticos de Marinos de Anzoátegui intentó acer-carse y agredir a golpes a Pérez, pero fue resguardado por sus cole-


gas. Azar relató que un vehículo de la televisora también fue golpea-do mientras esperaba salir del estacionamiento del estadio.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2157&y=2011&m=07


Sentencian a dirigente opositor por delito de opiniónEl 13 de julio del 2011, Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia, y opositor al gobierno del presidente Chávez, fue sentenciado a dos años de prisión por el presunto delito de “difusión de información falsa”. El hecho ocurrió en Caracas capital, del país.

Álvarez Paz cumplirá la pena en libertad condicional pero no po-drá salir del país, según lo dispuesto por el juez Alberto Rossi, titular del tribunal que acogió la denuncia de la Fiscalía de la República, quien acusa a Álvarez Paz de haber instigado públicamente el odio y difundido información falsa al afirmar que Venezuela ampara ac-tuaciones vinculadas con el narcotráfico.

Álvarez Paz dio esas declaraciones durante una entrevista, el 8 de marzo de 2010, en el programa de opinión “Aló Ciudadano”, trans-mitido por el canal Globovisión. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1521&y=2011&m=07


Prohíben circulación de semanario, detienen a directora y ordenan captura de su editorEl 21 de julio de 2011, el semanario Sexto Poder fue cerrado, su directora, Dinorah Girón, fue detenida; y el editor,Leocenis García, enfrentaba una orden de captura, debido a que el medio publicó en portada un montaje fotográfico en el que funcionarias del gobierno eran retratadas como in-tegrantes de un cabaret. El hecho se registró en Caracas, capital del país.

Sexto Poder ironizó con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales; la Defensora del Pueblo, Gabriela

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Ramírez; la Contralora General, Adelina González; la Fiscal Gene-ral, Luisa Ortega Díaz; y la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout.

En una marcha en repudio contra el semanario, Luisa Estella Mo-rales declaró que la caricatura constituía una “ofensa a la dignidad y desempeño de labor de las mujeres con cargos en los Poderes Pú-blicos”.

Mientras el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detenía a Girón, un juzgado emitía la orden de captura contra García, según informó éste último al canal Globovisión, y prohibía la edición y circulación del semanario.

Se supo, además, que en las afueras del semanario patrullaban miembros de inteligencia.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2158&y=2011&m=07


Aplican restricciones de información oficial al Diario La PrensaEl 22 de julio de 2011, la jefa de la Oficina Regional de Información (ORI) del estado Barinas (oeste del país), adscrita al Ministerio de Co-municación e Información, María Cecilia Ferreira, notificó al diario La Prensa que su despacho no le enviará más boletines de prensa y prohibió que los funcionarios públicos de la entidad declaren al diario.

La denuncia fue presentada al IPYS por la Jefa de Redacción de La Prensa, Estela Tami, quien opina que la prohibición se debía al desacuerdo de Ferreira por cómo el diario había publicado una ré-plica exigida por ella.

La Prensa le concedió a Ferreira el derecho a réplica por un repor-taje del periodista Tarquino González, que denunció un retraso de construcción de viviendas prometida por el gobernador de Barinas, en 2008. La publicación de la réplica no se difundió en el espacio y página que la funcionaria exigía.

Tami denunció que la ORI acordó con otros periodistas afectos a la línea oficial, y con el aval del Gobernador de Barinas, Adán


Chávez, no dar declaraciones a periodistas de La Prensa y unos de ellos fue Tarquino González.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2159&y=2011&m=07


Periodista denuncia que le retiraron su programa por presiones políticasEl 28 de julio de 2011, el periodista y locutor Henry Viola denunció que por presiones políticas, su programa “Magazine Informativo” fue suspen-dido, a sólo 15 días de estrenado, en radio Primerísima 98.5 FM, en el estado Barinas, oeste del país.

El programa comenzó a emitirse el 11 de julio, de 10 de la ma-ñana a 12 del mediodía, pero permaneció en el aire hasta el 28 de julio, porque como refirió Viola, el director encargado de la emisora le informó que “por órdenes del alto mando” no podían permitirle transmitir más.

Viola ya ha sido objeto de medidas similares. En febrero transmi-tía “Magazine Informativo” en la televisora regional “Barinas TV”, que también fue retirado del aire por presiones del gobernador de Barinas, Adán Chávez y del presidente del equipo del Zamora Fút-bol Club, Adelis Chávez, hermanos del presidente Hugo Chávez.

Posteriormente, en abril, el “Magazine de la Radio”, de corte ju-venil, que conducía diariamente en Familia 107.1FM fue retirado de la programación de la emisora por órdenes de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2160&y=2011&m=07


Atentan contra sede de televisora estatal Vive TV- OccidenteEl 31 de julio de 2011, la sede de la televisora estatal, Vive TV- Occidente, de Maracaibo, sufrió un atentado perpetrado por sujetos no identificados,

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que tras varios disparos dejaron un saldo de dos heridos, según confirmó el sacerdote Vidal Atencio, vocero de ese medio de comunicación, ubicado en el estado Zulia, región noroccidental del país.

En el atentado resultaron heridos, con un disparo en el muslo de-recho, el policía Gustavo Ceballos; y con una fractura en una pierna, el policía retirado José Brito, ahora oficial de seguridad de la televi-sora, ambos de guardia en ese momento.

Ricardo Márquez, presidente de Vive TV - Occidente, señaló a algunos medios estatales que la televisora ha difundido reportajes sobre explotación a campesinos e indígenas y que por ello algunas mafias podrían haber convertido al medio de comunicación en un objetivo para acallar.

IPYS Venezuela condena este tipo de agresiones que pueden aca-rrear pérdida de vidas humanas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2161&y=2011&m=07

1º DE AGOSTO | CASO 165

Raptan, roban y abandonan a periodista de Radio Fe y AlegríaEl 1 de agosto, el periodista de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Carlos Sán-chez, fue raptado por cuatro sujetos desconocidos, quienes lo despojaron de sus pertenencias, y lo abandonaron en una vía de Maracaibo, estado de Zulia, noroeste del país

Sánchez salía de la emisora cerca de las 2 y 30 de la tarde, se disponía a tomar un transporte público cuando uno de los sujetos lo interceptó y lo embarcó en un carro particular. Dentro del auto otros tres le robaron lo que llevaba y minutos más tarde lo abandonaron.

Según el reportero, los delincuentes le repitieron insistentemen-te que Fe y Alegría debía “dejar de emitir ciertas informaciones” y que “debían seguir con las noticias que tenían”. IPYS rechaza las agresiones e intimidaciones cometidas en contra del periodista.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2162&y=2011&m=08



Reportero de diario es agredido a golpes y detenidoEl 3 de agosto de 2011, el periodista del Diario El Mío de Puerto La Cruz, Óscar Tarazona fue agredido a golpes y luego detenido en medio de un confuso operativo policial, ocurrido en el estado Anzoátegui, noreste del país.

Tarazona contó que salía del diario en la noche, cuando se topó con los policías, cerca de un automóvil que conducía un primo suyo. Se identificó como periodista, preguntó los motivos de la interven-ción pero como respuesta recibió un golpe de un policía; respondió por la agresión y luego otros efectivos se sumaron a golpearlo, lo esposaron y lo llevaron detenido hasta una comandancia.

Tarazona dijo que los policías se burlaron de él con la frase “los periodistas creen que son intocables”; salió momentos después y sentó la denuncia en la Fiscalía. El jefe de la Policía del estado, co-misario Francisco Ortiz, dijo que él defendía el procedimiento de sus efectivos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2165&y=2011&m=08

CASO 167 3 DE AGOSTO | CASO 167

Equipo de televisora estatal fue agredido en fiesta de El NacionalEl 3 de agosto de 2011, el comunicador Pedro Carvajalino y su camarógra-fo Daniel Daniels de la televisora pública Ávila TV denunciaron que fue-ron agredidos por personal de seguridad durante la fiesta de aniversario del diario El Nacional, celebrada en Caracas, capital del país.

Carvajalino dijo al IPYS que los trabajadores de seguridad los de-jaron entrar a la fiesta, pero que al reconocerlo como presentador del programa “Zurda Konducta” le pidieron se retirara del lugar.

Un video divulgado por Globovisión, muestra a miembros de se-guridad tratando de tapar la cámara del equipo de Ávila TV, aunque estas agresiones, que Carvajalino insiste le propinaron a él y a Da-

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niels, no fueron registradas por ninguno de los medios presentes, pues ocurrió cuando apagaron sus cámaras.

IPYS rechaza las agresiones a medios y a periodistas, sean de medios públicos como privados.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2164&y=2011&m=08


Diputado demandará a periodista por nota con testimonios que lo acusan de golpeadorEl 3 de agosto de 2011, el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Lander aseguró que demandará por difamación a la periodista Sara Carolina Díaz, por un envío en twiter y una nota que publicó ese día en la web del diario El Universal, en donde recoge testimonios que señalan que el político habría golpeado a un indigente. El hecho se produjo en Caracas, capital del país.

La reportera se encontraba la tarde anterior, cerca del Palacio Federal Legislativo, cuando se produjo el incidente. Según la nota periodística de Díaz, miembros de la Policía Nacional Bolivariana buscaron al diputado para conocer su versión pero no lo localizaron.

Díaz aclaró que en su nota contrastó las dos versiones encontra-das, e incluyó la opinión de la directora de la emisora de radio de la Asamblea Nacional, Carolina Cestari, esposa de Lander, quien negó que él estuviese involucrado en la agresión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2163&y=2011&m=08


Niegan acceso a periodistas a rueda de prensa El 5 de agosto de 2011, un grupo de periodistas fueron impedidos de cu-brir una rueda de prensa y realizar un recorrido por el cuartel Páez, en Macaray, a los que fueron previamente convocados. El hecho ocurrió en el estado Aragua, centro del país.


La invitación la cursó el departamento de prensa de la Goberna-ción y supondría una visita por el cuartel, donde funciona un refugio de damnificados por las lluvias de los últimos meses, para observar la situación en que éstos se hallan.

Cuando los periodistas, tanto de medios privados como estatales, llegaron al lugar, les impidieron la entrada. Eliecer Hernández, de DAT TV, informó que al pedir una explicación, el Secretario del go-bierno regional, Víctor Ruido, se excusó y argumentó que la entrada les fue negada porque los permisos correspondientes para el reco-rrrido no fueron coordinados previamente.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2167&y=2011&m=08


Diputado denunció a periodista por vilipendioEl 5 de agosto de 2011, el diputado por el Parlamento Latinoamericano, Pedro Lander, denunció por vilipendio a la periodista del diario El Uni-versal Sara Carolina Díaz, ante la Fiscalía General de la República, con sede en Caracas, capital del país.

Díaz publicó, el 3 de agosto, una nota según la cual transeúntes en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, le comentaron que Lander había agredido presuntamente a un indigente. La perio-dista no pudo ubicar al parlamentario para contrastar la informa-ción, por lo que habló con su esposa, Carolina Cestari, directora de la radio de la Asamblea Nacional, quien negó que Lander estuviese involucrado con la agresión; versión que fue incluida en la nota.

Inmediatamente después de ver la publicación, el parlamentario amenazó con la demanda que ahora sentó formalmente, y en sus declaraciones a los medios, ha señalado que denuncia a Díaz, ya que según sus palabras ella busca “perjudicar mi figura como diputado”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2166&y=2011&m=08

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Desalojan de municipalidad a periodistas con insultos y empujonesEl 18 de agosto de 2011, cuatro periodistas fueron insultados y desalojados a empujones de la municipalidad de Valencia por un grupo de funciona-rios públicos, cuando cubrían la solicitud de fiscalización que un dipu-tado presentaba ante la contraloría municipal de esa ciudad, capital del Estado Carabobo, ubicado al centro del país.

Los periodistas agredidos fueron Roberto Giusti, de Notitarde; Emperatriz Álvarez, de DAT Televisión; Thaís Cardona, de la Agen-cia Carabobeña de Noticias; y Víctor Hernández, de El Carabobeño.

Los cuatro ingresaron a la sede de la municipalidad donde el di-putado independiente de la Asamblea Nacional, Miguel Cocchiola, acudió para solicitar una fiscalización de recursos públicos de esa alcaldía. Pero de inmediato varios empleados municipales los in-sultaron y, cuando se disponían a entrevistar al parlamentario, los empujaron hasta sacarlos de la municipalidad.

Según el testimonio de Víctor Hernández, ya al otro lado de la calle, los funcionarios públicos siguieron abucheándolos, y les arro-jaron tierra y agua para amedrentarlos. Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2168&y=2011&m=08


Declaran procedente amparo contra diario El VenezolanoEl 22 de agosto, un tribunal declaró procedente la acción de amparo soli-citada por Francisco Rangel Escobar, en contra de la sociedad Mercantil Editorial Aguilar C.A y Orlando Aguilar Guevara, editor del diario El Venezolano, medio de comunicación que no podrá publicar temas que afecten los intereses del grupo familiar de Rangel, hijo del gobernador del estado Bolívar donde se registraron los hechos.

La decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y para el Régimen Transitorio de la Circunscripción de Bolívar, obedece a información


publicada en el diario sobre un proceso que tiene abierto el hijo del gobernador por presunta corrupción en la fabricación de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco.

De acuerdo al Tribunal, el amparo busca proteger la presunción de inocencia de Rangel “sin que esto suponga una violación al dere-cho de la libertad de expresión”, sino para no publicar información “donde puedan ser inculpados o incriminados los querellantes”.

En nota de prensa, Rangel Escobar indicó que Aguilar había ini-ciado “una sucia campaña mediática en su contra” que tendría como fin lesionar su honor y el de su familia. Por su parte, Aguilar ha dicho que la exigencia de un derecho a réplica pedida por Rangel Escobar nunca le fue negada y ahora le sorprende que la orden ju-dicial le prohíba mencionar al hijo de un importante personaje de este estado.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2169&y=2011&m=08


Sentencian con libertad condicional a directora de semanarioEl 23 de agosto de 2011, Dinorah Girón, directora del semanario Sexto Poder, fue sentenciada a libertad condicional, por el montaje fotográfico que el citado medio de comunicación publicó en el que caricaturizaba como cabareteras a cinco funcionarias del gobierno.

De acuerdo a la sentencia dictaminada por el Juzgado Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas, Girón cometió los delitos de “vilipendio (difamación), instigación al odio y ofensa al género (femenino)”. La periodista, detenida desde el 20 de agosto de 2011, deberá presentarse en adelante en los tribunales cada 15 días y tiene prohibido salir de Venezuela.

A esta medida se suma al cierre del semanario y la emisión de una orden de captura contra Leocenis García, editor de la publica-ción, de quien se teme corra la misma suerte de Girón.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2171&y=2011&m=08

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Presidente de parlamento regional pide citación a periodistaEl 23 de agosto de 2011, el periodista del diario La Prensa, Dimas Medina, fue citado por el Ministerio Público, a petición del Presidente del Consejo Legislativo Regional del Estado Barinas, Miguel Ángel León Artahona, para que rinda declaraciones sobre informaciones publicadas sobre un sonado caso de agresiones a derechos humanos, ocurrido en esta región del oeste del país.

Medina publicó las declaraciones del director de la ONG Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos, Oscar Pineda, sobre secues-tros, raptos y desapariciones ocurridos a miembros de esa entidad, así como la negativa de León Artahona de atender a la ONG y a los familiares de las víctimas.

León Artahona calificó las informaciones del periodista como “refritos que carecen de verdad”, y solicitó que se le exijan pruebas a la hora de publicar ese tipo de noticias. A su vez, Medina cree que el pedido para que sea citado es secuela de una persecución política que se remonta a 2008 cuando fue detenido en el aeropuerto de Barinas por publicar detalles del robo de la casa de un sobrino del Presidente Hugo Chávez.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2170&y=2011&m=08


Oficial de la Guardia Nacional amenaza a reportero gráficoEl 24 de agosto de 2011, un teniente de la Guardia Nacional amenazó a Jairo Nieto, reportero gráfico del diario El Impulso, cuando cubría unos sucesos violentos en la Cárcel de Uribana, en Barquisimeto, capital del estado Lara, centro occidente de Venezuela.

Nieto contó que el policía le increpó que se retirara de los exterio-res de la prisión. Como no obedeció, porque pensó que la orden era exagerada y tenía además el mejor ángulo para sus fotos, el guardia lo amenazó con sembrarle droga y apresarlo por varios años.

El periodista teme que el oficial, cuyo nombre no identificó, cum-


pla sus amenazas y por eso acudirá ante el Ministerio Público para formular su denuncia.

Respecto a los sucesos recientes de la cárcel de Uribana, los pe-riodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes cumplieron su labor en medio de una ráfaga de tiros, por el enfrentamiento que se pro-dujo entre los presos y efectivos de la Guardia Nacional.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2172&y=2011&m=08


Golpean a director de agencia y destruyen equipo a camarógrafoEl 27 de agosto de 2011, el director de la agencia de noticias Zorro Co-municaciones, Wilmer Solano, y su camarógrafo, William Vegas, fueron golpeados mientras cubrían unas declaraciones del dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, en Tinaquillo, estado Cojedes, al occidente del país.

Solano denunció que funcionarios de la alcaldía de Tinaquillo, vestidos de rojo, distintivo chavista, comenzaron golpeando a los manifestantes de Primero Justicia que acompañaban a Borges, y cuando se percataron de que Vegas registraba con su cámara las agresiones, arremetieron contra los periodistas, a quienes golpea-ron en sus rostros y brazos.

Uno de los funcionarios intentó quitarles la cámara y al no lograr-lo, la destruyó. Los periodistas finalmente pudieron resguardarse. Tiempo después, el camarógrafo recuperó su cámara totalmente des-truida, pero sí pudo transmitir el vídeo a través del canal Globovisión.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2173&y=2011&m=08

1º DE SEPTIEMBRE | CASO 177

Dictan pena privativa de libertad contra editor de Semanario Sexto PoderEl 1 de septiembre, el Noveno Juzgado de Control del Área Metropolitana

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de Caracas, dictó pena privativa de libertad contra el editor del Semana-rio Sexto Poder, Leocenis García. La acusación señala que se le imputan los delitos de instigación al odio y difamación.

El abogado de García, Pedro Aranguren, indicó que se prepara para apelar la decisión y que insistirá para que el periodista sea juz-gado en libertad, ya que se le está acusando por delitos de opinión.

Por otro lado, los familiares de García denunciaron que el perio-dista, recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, ubicada en Caracas, está incomunicado.

El editor se entregó el día 30 de agosto en la sede del Comando Regional de la Guardia Nacional en Maracaibo, estado Zulia, occi-dente del país; debido a que pesaba una orden de captura sobre él por haber publicado un fotomontaje en el cual se caricaturizaba a algunas funcionarias del Estado venezolano.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2174&y=2011&m=09


Periodistas denuncian ‘hackeo’ de sus cuentas en TwitterEl 4 de septiembre de 2011, la periodista Berenice Gómez y el escritor Leonardo Padrón denunciaron el ‘hackeo’ de sus cuentas en la red social Twitter ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Crimina-lísticas (CICPC), en Caracas, capital del país.

La cuenta de Padrón fue ‘hackeada’ el 1 de septiembre e inmedia-tamente recibió una llamada anónima que en tono intimidatorio le increpaba haber publicado datos de “inteligencia” y ser “mentirosa”, dijo al IPYS.

El ataque a la cuenta de Gómez ocurrió el 3 de septiembre. Ese mismo día, un grupo anónimo denominado N33, de presuntos sim-patizantes del presidente Chávez, se atribuyó esos ‘hackeos’ y tam-bién los de las cuentas de los periodistas Ibéyice Pacheco y Jesús Torrealba así como del dirigente político Eduardo Semtei.

N33 aseguró que la arremetida es contra “la dirigencia irrespon-sable y apátrida” de la oposición y al supuesto “mal uso” que hacen


de la libertad de expresión. Y anunciaron que en los próximos días atacarán las cuentas de los periodistas Nelson Bocaranda y Alberto Federico Ravell.

Según la Ley de Delitos Informáticos de Venezuela, el ‘hackeo’ de cuentas electrónicas es un delito con pena de dos a seis años de cárcel.Disponible en:http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2176&y=2011&m=09


Vetan a diario por reportar averías en el metroEl 6 de septiembre de 2011, el diario Tal Cual fue vetado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), según le comunicó vía telefóni-ca al mismo medio de comunicación un funcionario de esa dependencia pública. El veto responde a una nota periodística que el día anterior el diario publicó sobre ciertas averías ocurridas al metro de Caracas, capital del país.

El texto de Tal Cual fue escrito por el reportero Daniel Palacios Ybarra, quien relató al IPYS que sólo se limitó a recoger los testi-monios de los usuarios del subterráneo y que, además, los contrastó con opiniones de organizaciones civiles y de una vocería externa al MTC, pues fue imposible contactar a un representante oficial.

La oficina de Comunicaciones del MTC mostró su desacuerdo con Palacios. Y señaló que si bien le seguiría enviando al diario no-tas de prensa, ya no podrá contactar a ningún funcionario acredita-do para consultarle información.

La postura del MTC contra Tal Cual es contraria a la propia Cons-titución venezolana que en su artículo 28, garantiza el derecho a acceder a información pública en concordancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados internacio-nales.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2177&y=2011&m=09

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Detienen a fotógrafo de organización de derechos humanosEl 23 de septiembre de 2011, Sergio González, fotógrafo y colaborador de la organización de derechos humanos Provea, fue detenido mientras cubría una protesta de propietarios de stands de venta de diarios en una urbanización de Caracas, capital del país.

González estaba tomando fotos a los manifestantes, quienes que-maban llantas de autos en protesta por haber sido desalojados de sus puestos de venta, cuando efectivos de la Policía de Caracas, lo detuvieron junto a cuatro de los rebeldes.

El fotógrafo fue trasladado a la comandancia de la policía donde estuvo cuatro horas detenido. Los integrantes de Provea se comu-nicaron con las autoridades policiales y exigieron la liberación del fotógrafo, la cual lograron, finalmente.

Al momento de irse, los policías solicitaron a González que bo-rrara sus fotografías tomadas, algo que no hizo pues la memoria de la cámara digital ya la había entregado a sus compañeros antes de su detención. Esto permitió que la organización pudiese publicar lo ocurrido en la manifestación.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2178&y=2011&m=09


Ministro acusa a corresponsal internacional de no tener éticaEl 29 de septiembre de 2011, la periodista de Radio Francia Internacio-nal, Andreína Flores, fue agredida verbalmente por el Ministro de Co-municación e Información, Andrés Izarra, quien la tildó de carecer de ética y ser irrespetuosa con las autoridades. El hecho se produjo en Cara-cas, capital del país.

Previamente, Flores había denunciado por Twitter que el Minis-tro dio instrucciones para que se le impidiera hacer preguntas en una rueda de prensa, transmitida en cadena de radio y TV, y ofrecida por el Presidente Hugo Chávez.

Flores pudo hacer dos preguntas al mandatario, y reiteró su de-


nuncia: que en su presencia Izarra había pedido a su personal que la reportera no preguntara al presidente.

El ministro respondió a la periodista que “carecía de ética” y que “debía respetar para que la respetaran” y que en su cuenta de Twitter ella se burlaba del presidente y de sus ministros.

El presidente Chávez reiteró que ella debía “respetar” al ministro. A las preguntas de la periodista se limitó a responderle que debía “informarse y leer la historia”.

Flores fue objeto de una situación similar, en septiembre de 2010, cuando a raíz de su pregunta sobre el resultado electoral de las parlamentarias, el mandatario, la calificó de “ignorante” y la invitó a “informarse” sobre las leyes y la Constitución.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1529&y=2011&m=10


Hackean blog, cuenta de Twitter y correo electrónico de periodistaEl 29 de septiembre de 2011, la periodista Milagros Socorro, directora del sitio web Código Venezuela, denunció que su cuenta de Twitter, su blog y su correo electrónico fueron “hackeados”, como represalia a unas críticas suyas a la actitud del Ministro de Comunicación e información, Andrés Izarra, en una cadena de radio y televisión quien desacreditó a una co-rresponsal internacional, en una rueda de prensa ocurrida en Caracas, capital del país.

Los hackers cambiaron el avatar de la cuenta de Twitter de la pe-riodista por una pastilla de jabón, con un mensaje que la mandaba a “lavarse la boca” por sus comentarios.

El hackeo tanto del Twitter como de la cuenta de correo asociada de Socorro se produjo mientras se transmitía una cadena presiden-cial en radio y TV. Luego borraron su blog personal.

El ataque se lo atribuyó el grupo N33 quienes han ‘hackeado’, an-teriormente, cuentas de periodistas y personalidades venezolanas.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=1528&y=2011&m=10

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Gobernador ataca a gremio periodísticoEl 6 de octubre de 2011, el Gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, lanzó una serie de acusaciones contra el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a raíz del manejo que el gremio dio través de las redes sociales, a la información sobre un intento de robo en un restaurante de la ciudad de Maracay (capital del estado Aragua), que le costó la vida a una persona y dejo a otras tres heridas, entre ellas una periodista.

Sobre ese hecho, la Secretaria General del CNP, Amira Muci, emitió un comunicado en el que lamentó la situación y manifestó su preocupación por la inseguridad que prevalece en el estado, argu-mentando también que la institución gremial decidió pronunciarse al respecto, pues los hechos ocurridos afectaron a una profesional de la comunicación.

El comunicado generó malestar en Isea, para quien el CPN min-tió, manipuló, no tuvo ética, y fue guiado según las directrices de los partidos políticos de derecha; y adelantó que defendería, en las calles, la verdad con los partidarios del oficial Partido Socialista Uni-do de Venezuela.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2368&y=2011&m=10


Camarógrafo de canal estatal es agredido cuando cubría protestaEl 14 de octubre de 2011, Héctor Rosales, camarógrafo del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), fue insultado y despojado del trans-misor de un micrófono cuando cubría una protesta de docentes quienes exigían un aumento salarial cerca a la sede de la gobernación del estado Lara, al oeste del país.

Rosales dijo al IPYS que tras el enfrentamiento entre los maes-tros y un grupo de simpatizantes del partido Patria Para Todos (PPT), intentó grabar unas imágenes de apoyo pero una mujer se le acercó y de forma violenta le tapó el lente de la cámara.


El periodista agregó que en medio del forcejeo, un grupo de sim-patizantes del gobernador de Lara comenzaron a gritar consignas en contra del gobierno nacional, se le acercaron, lo insultaron y le quitaron el transmisor del micrófono.

Rosales, que reconoció que los reporteros no cuentan con medi-das de seguridad para protegerse en situaciones como éstas, no sen-tó ninguna denuncia hasta no consultar con los directivos del canal.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2366&y=2011&m=10


Aplican millonaria multa a Globovisión que podría llevar a su quiebraEl 18 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunció que multaría al canal de noticias Globovisión con el 7,5% de sus ingresos brutos, por su cobertura de hechos violentos regis-trados en la cárcel de El Rodeo, en las inmediaciones de Caracas, ocurri-dos en julio del 2011. Esta multa supone la quiebra del canal.

La multa asciende a 9.300.000 bolívares fuertes (unos 2.100.000 dólares) y se remite a la Ley de Responsabilidad en Radio y Televi-sión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), que establece que serán sancionados los medios que “hagan apología al orden público, apo-logía al delito, apología al odio e intolerancia, zozobra y alteren el orden público serán sancionados con hasta el 10% de sus ingresos brutos de su último ejercicio fiscal o con cierre de 72 horas”.

El anuncio lo hizo el presidente de CONATEL, Pedro Maldonado, quien aseguró que la decisión sólo puede ser apelada en el poder ju-dicial. Según el funcionario, Globovisión tuvo un “comportamiento editorial” inadecuado e incurrió en descalificación de informaciones oficiales. Agregó que además tomó 18 declaraciones de familiares de presos, y las repitió 269 veces en cuatro días, incorporando “ráfagas de metralletas”.

La sanción se estableció tras un procedimiento sancionatorio abierto el 30 de junio. Para Conatel, Globovisión no transmitió las

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declaraciones de las autoridades con la regularidad que se produje-ron. El canal se excusa en que no pudo tener acceso a las autoridades de la cárcel, que sólo atendieron al estatal Venezolana de Televisión.

Para el consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, queda claro que la intención de CONATEL es multar al canal por el modo de informar y su línea editorial; y que a su juicio, el organismo de-bería tener un censor en cada medio independiente para controlar la cantidad de información transmitida. Agregó que pagar la multa supondría “la quiebra” de Globovisión.

Aún quedan abiertos en CONATEL otros 6 procedimientos ad-ministrativos sancionatorios contra Globovisión, que de ser resuel-tos con sanciones, podría ocasionar el retiro definitivo de la licencia a la televisora.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2369&y=2011&m=10


Niegan a equipo de Globovisión acceso a rueda de prensaEl 19 de octubre de 2011, el reportero Carlos Alberto Figueroa y su ca-marógrafo Michael Montes, no pudieron entrar a una rueda de prensa convocada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONA-TEL), porque personal de seguridad de un hotel, les impidió el acceso. Probablemente, este hecho se deba a que el organismo multó un día antes, a Globovisión por haber trasmitido los incidentes violentos registrados en julio en la cárcel de El Rodeo. Esta prohibición se produjo en Caracas.

Figueroa dijo al IPYS que CONATEL convocó a una rueda de prensa junto a organizaciones civiles de derechos humanos asocia-dos al Gran Polo Patriótico, una alianza político-partidista nombra-da pocos días antes por el presidente Chávez. Al llegar el equipo de Globovisión al hotel Anauco Venetur, el personal de seguridad impidió su entrada por orden de los organizadores.

Como se recuerda, el 18 de octubre, CONATEL anunció que mul-taría a Globovisión con el 7,5% de sus ingresos brutos por su cober-tura de los hechos violentos registrados en la cárcel de El Rodeo, en


julio del 2011. El monto asciende a unos 2.100.000 dólares, que de cancelarse acarrearía el quiebre de la televisora.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2367&y=2011&m=10


Agreden a periodistas de TV frente a efectivos militaresEl 31 de octubre de 2011, Daniel Guillermo Colina, reportero de Globo-visión, su camarógrafo y un asistente, fueron agredidos mientras cubría una protesta de pacientes y sus familiares frente a un hospital militar del suroeste de Caracas, capital del país.

Según contó Colina, primero preguntó a los efectivos de la Guar-dia Nacional que custodiaban el hospital si podía cubrir la protesta y éstos les permitieron trabajar en las inmediaciones.

En plena cobertura, varios simpatizantes del oficialismo vestidos con camisetas rojas, símbolo chavista, lo empujaron y patearon. Uno de los agresores, no identificados, incluso le lanzó una silla que golpeó su cabeza. La agresión quedó registrada y fue trasmitida por Globovisión.

Cabe destacar que el camarógrafo y el asistente que acompañaban a Colina, agredidos también con empujones y golpes, no desean reve-lar sus nombres por temor a represalias. La televisora ha cuestionado que los efectivos de la Guardia Nacional, frente a cuyos ojos ocurrió la agresión, no intentaron proteger a los periodistas de los ataques.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2364&y=2011&m=10


Incautan equipos a cinco emisoras de radioEl 3 y 4 de noviembre de 2011, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y efectivos de la Guardia Nacional incautaron los equipos de cinco emisoras, dos en el estado Falcón y tres en el estado Zulia, ambos al noroeste del país.

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Las emisoras que fueron sancionadas son Enamórate 95.3 FM y Viajera 101.7 FM, en Falcón, y Machiques Stereo 106.7 FM, Roman-ce 104.3 FM y K´lor 92.1 FM que se encuentran en Zulia.

Pese a que las radioemisoras llevaron a cabo sus procedimientos legales, CONATEL nunca les comunicó el estado de sus concesio-nes definitivas, colocando en una suerte de “limbo” a las estaciones que operaban por años, sin saber si realmente actuaban al margen de la ley.

Hay casos más complejos. El presidente de K´lor 92.1 FM, José Ramón Socorro, aseguró que la emisora tiene más de quince años operando legalmente, pero que la habilitación de la concesión no está a su nombre, sino a nombre de un ex socio, ahora desvinculado de la empresa.

Socorro indicó que podría existir una relación entre la confisca-ción de los equipos y una visita que realizó CONATEL a la emisora hace dos meses, que él atribuye a la presencia de programas de opi-nión críticos al gobierno.

El director de Viajera 101.7 FM, Jackson Pereira, en su caso, atri-buye la medida de CONATEL a conflictos entre el ex alcalde de la ciudad de Coro y la gobernadora de Falcón, debido a que el ex fun-cionario tenía en la estación dos programas que la criticaban.

En un comunicado, el gerente de operaciones de CONATEL, En-rique Quintana, dijo que las emisoras, presuntamente, explotaban el espectro radioeléctrico de manera clandestina. Aseguró que la medida “no afecta la libertad de expresión” y que “resguarda el dere-cho de quienes en el marco de la ley han sido habilitados para el uso del espectro radioeléctrico”.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2358&y=2011&m=11


Periodista comienza huelga de hambre indefinidaEl 9 de noviembre de 2011, el editor del Semanario Sexto Poder, Leocenis García, comenzó una huelga de hambre indefinida en el Servicio Boli-


variano de Inteligencia (SEBIN), ubicado en Caracas, donde permanece detenido.

A través de un comunicado, García indicó que se niega a aceptar tratamiento médico hasta tanto se declare la nulidad de los cargos que se le imputan, o renuncien a sus cargos tanto la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, como la presidenta del Tribunal Su-premo de Justicia, Luisa Estella Morales.

Manifiesta que tanto la fiscal como la presidenta del Tribunal Su-premo de Justicia, deben separarse de sus funciones para promover libremente alegatos contra su persona, al parecer como víctimas de su supuesta instigación al odio.

Leocenis García se encuentra detenido desde el 30 de agosto de 2011, luego de entregarse a la justicia, para levantar la medida de cierre contra el semanario Sexto Poder, tras la publicación de un montaje fotográfico en el que aparecían funcionarias del gobierno venezolano retratadas como cabareteras.

El 1 de septiembre, el Juzgado Noveno de Control del Área Metro-politana de Caracas, dictó pena privativa de libertad contra el editor del semanario Sexto Poder por los delitos de instigación al odio, vi-lipendio contra funcionarios públicos y ofensa al género femenino.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2359&y=2011&m=11


Funcionario público veta a diarioEl 13 de noviembre de 2011, Franklin Pérez, Presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), calificó al diario de circulación nacional, Últimas Noticias, como irresponsable y amarillista y anunció que el im-preso quedaba vetado. El hecho se produjo en Caracas, capital del país.

El veto del funcionario público se produjo luego de que el medio de comunicación publicara, ese mismo día, un reportaje sobre fallas de mantenimiento en el sistema ferrocarril Caracas – Cúa.

Pérez anunció el veto a través de su cuenta en Twitter asegurando además que una de las fuentes citadas en el reportaje dio unas de-

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claraciones “fuera de lugar” y que al no ser funcionario de IFE, “no tiene vocería en este tema”.

Últimas Noticias intentó entrevistar al Presidente del IFE, antes de publicar el reportaje, sin lograrlo, y así lo comunicaron en el in-forme. El tema del sistema de ferrocarriles de Venezuela ha genera-do mucho interés en la opinión pública, luego de que el pasado 29 de septiembre un accidente entre tres trenes ocasionara la muerte de un conductor y varios usuarios heridos.

El veto constituye una acción de censura previa, contraria a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-zuela, que en su artículo 57 garantiza el derecho a la libre expresión y prohíbe la censura.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2363&y=2011&m=11


Retienen grabadoras de audio a periodistas en debate de candidatosEl 14 de noviembre de 2011, Hirleny Molina, periodista de la emisora FM Center, y Luis Araujo, de Radio Nacional de Venezuela (RNV), fueron objeto de la retención de sus grabadoras de audio cuando cubrían el debate de los cinco candidatos opositores que participarán en las elecciones prima-rias de febrero de 2012. El hecho se registró en Caracas, capital del país.

Molina informó al IPYS que José Palma, miembro del personal de seguridad, les retuvo sus grabadores cuando se percató de que se encontraban cerca de los parlantes de sonido del Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde tenía lugar la reunión.

Tanto Molina como Araujo le exigieron al agente de seguridad que les devolvieran sus grabadoras, porque a su juicio se estaba vio-lando su derecho a informar. Sin embargo, el agente Palma, les informó que por órdenes de las autoridades de la UCAB estaba pro-hibido ingresar al debate con grabadoras y que se los entregarían al final del evento.


Araujo pidió hablar con Diego Sharifker, conocido dirigente es-tudiantil universitario, para que intercediera. Y al poco tiempo le devolvieron su grabadora. Molina se comunicó con Gaby Arellano, otra dirigente universitaria, pero no tuvo la misma suerte, y sólo le regresó su grabadora al término del debate.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2356&y=2011&m=11


Periodista García trasladado en contra de su voluntadEl 16 de noviembre de 2011, el periodista y editor del semanario Sexto Poder, Leocenis García, que se encontraban recluido en la sede del Servi-cio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) desde el 30 de agosto, fue trasladado en contra de su voluntad al Hospital Militar de Caracas.

Después de nueve días de haber iniciado una huelga de hambre indefinida en su sitio de reclusión, treinta efectivos del SEBIN junto con un fiscal del Ministerio Público, trasladaron a García de manera forzosa al Hospital debido a que la salud del periodista estaba muy deteriorada.

El jefe de información del Semanario Sexto Poder, Federico Olio-so, informó a IPYS que durante el traslado de Leocenis García los funcionarios le ataron las manos y lo obligaron a ingerir comida, sin embargo, éste la rechazó.

García llegó al hospital con problemas respiratorios, estomacales y asfixia. Los médicos le suministraron agua, único producto que aceptó ingerir. Hasta los momentos no se sabe si le han suministra-do algún medicamento, debido a la delicada situación de salud que padece el periodista, agregó Olioso.

Es importante señalar que los efectivos del SEBIN le prohibieron al periodista contacto alguno con sus familiares; y también llevarse consigo objetos personales, libros, etc.

Leocenis García se niega a levantar la huelga de hambre hasta tanto no se le retiren los cargo que se le imputan. El editor está acusado por los delitos de instigación al odio, vilipendio contra fun-

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cionarios públicos y ofensa al género femenino, luego del montaje fotográfico que realizó la publicación en la que se ridiculizaba a fun-cionarias del gobierno venezolano.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2357&y=2011&m=11


Roban equipos de oficina de la organización Espacio PúblicoEl 17 de noviembre de 2011 en horas de la madrugada, desconocidos ro-baron material de oficina y equipos electrónicos de la sede de la organiza-ción no gubernamental Espacio Público, ubicada en el centro de Caracas.

De acuerdo a lo señalado por su director, Carlos Correa, se pudo observar en las cámaras de seguridad instaladas en las oficinas de la organización, que dos personas robaron ocho computadoras de escritorio, dos portátiles, una cámara de video y otros equipos.

Los representantes de la organización denunciaron ese mismo día el robo ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Las causas del robo aún están investigán-dose.

Desde julio del 2010, el Ministerio Público investiga a Espacio Público e IPYS Venezuela, debido a que según el Presidente Hugo Chávez estas organizaciones estarían recibiendo financiamiento del exterior, en particular de Estados Unidos, para “desestabilizar” su gobierno.

El director de Espacio Público fue amenazado de muerte y agre-dido con un objeto que hirió su rostro en diciembre de 2010, por presuntos simpatizantes del presidente Chávez frente a la Asam-blea Nacional. Correa se encontraba en el lugar para presentar argu-mentos contra las reformas a la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, realizadas ese año.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2360&y=2011&m=11



Periodista y ciberactivista es amenazado por teléfonoEl 20 de noviembre de 2011, el coordinador del Área de Comunicación y Redes del Centro Gumilla, Luis Carlos Díaz, recibió varias amenazas directas a través de su cuenta de la red Twitter y su teléfono móvil por sus actividades como ciberactivista en Caracas.

El Centro Gumilla es un centro de investigación y acción social de la Compañía de Jesús en Venezuela.

Díaz recibió estos mensajes en su Twitter: “estás fichado”, “te gustó la sorpresita”, desde la cuenta VTV Periodistas. En Venezuela se le atribuye este perfil a un grupo de periodistas de Venezolana de Televisión (canal estatal), aunque no se ha comprobado la veracidad de la misma.

Después de la publicación de estos mensajes, el periodista re-cibió una llamada a su teléfono móvil donde lo insultaban. Díaz reconoció la voz que lo llamó, y aseguró que se trata de la misma voz que llamó a la periodista Berenice Gómez.

La periodista Berenice Gómez, en el mes de septiembre, le fue hackeada su cuenta en Twitter y recibió una amenaza por parte de un presunto ‘hacker’ de un grupo anónimo de hackers integrado por simpatizantes del presidente Chávez, identificado como N33.

Díaz, junto a un grupo de abogados, se encuentra evaluando es-tos hechos para determinar si amerita algún procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.Disponible en: ttp://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2361&y=2011&m=11


Funcionarios policiales hieren a conductor de periódico El 23 de noviembre de 2011, fue agredido un conductor del diario El Sol de Maturín, Luis Linares, por efectivos de la policía de Monagas, en el nororiente del país, mientras acompañaba a un equipo periodístico del diario a cubrir una manifestación sobre la inseguridad.

La información fue corroborada por el reportero de salud del dia-

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rio El Sol, Donny González, quien indicó que ese día un equipo del diario se encontraba cubriendo una manifestación de vecinos del sector Fundemos en Monagas, quienes protestaban por la insegu-ridad del lugar.

Un contingente de Polimonagas comenzó a dispersar la mani-festación con perdigones, sin percatarse de que había un equipo reporteril cubriendo la protesta. Durante la represión policial, el conductor del diario quedó atrapado y fue herido en el cuello, en su cara y brazos.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2370&y=2011&m=11


Incautan equipos a cuatro emisoras de radio El 24 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) incautó los equipos a cuatro emisoras de radio del estado Monagas, en el nororiente del país, por considerar que no contaban con la debida habilitación administrativa.

Las emisoras que fueron sancionadas son Activa 93.9 FM, Di-gital 90.1 FM, Elim Estereo 90.3 FM y Rema Estereo 101.3 FM que funcionan en la ciudad de Maturín, capital del estado Monagas.

En un comunicado, el gerente de operaciones de CONATEL, Enrique Quintana, informó que las medidas cautelares que se aplicaron a estas emisoras como la “suspensión de las actividades clandestinas” e incautación de los equipos “no afectan la libertad de expresión” y que “resguardan el derecho de quienes en el marco de la ley han sido habilitados para el uso del espectro radioeléctrico”.

El director de la emisora Digital 90.1FM, Giuseppe Morreale, in-dicó que le sorprendió la medida, ya que la emisora cumplía con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televi-sión y pagaba puntualmente sus impuestos.

Aseguró que si bien operaban sin un permiso formal por parte de CONATEL, introdujeron con antelación los requisitos ante el or-ganismo y cumplían con el pago de aranceles, mientras trascurría el


lapso para la entrega de la habilitación. Sin embargo, al no obtener respuesta oficial continuaron operando.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2372&y=2011&m=11


Roban por segunda vez las oficinas de la ONG Espacio PúblicoEl 25 de noviembre de 2011, sujetos no identificados robaron, por segunda vez, computadoras, monitores y otros equipos de las oficinas de la orga-nización no gubernamental Espacio Público, en el centro de la ciudad de Caracas.

Según Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, los delincuentes forzaron las cerraduras de dos puertas para entrar en el lugar, sacando los equipos del edificio, presuntamente a través de una ventana de vidrio desde la cual pudieron saltar hacia el edificio contiguo. Además de robar a la organización, incursionaron en una oficina vecina perteneciente a una empresa de diseño.

Este hurto ocurre a pocos días de otro que acaeció en la sede de la institución, el 16 de noviembre de 2011. En esa ocasión robaron diez computadoras y otros equipos de valor. Correa señaló que tras este segundo robo, se denunció el caso nuevamente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2373&y=2011&m=11


Sindicato de la construcción amenaza y fomenta la censura en el estado BarinasEl 28 de noviembre de 2011, se presentaron dos casos de censura y ame-nazas a periodistas y comunicadores del estado Barinas, al suroccidente del país, por parte de integrantes del Sindicato de la Construcción, cuyos miembros, en su gran mayoría, forman parte del oficialista Partido So-cialista Unido de Venezuela (PSUV).

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El primer caso corresponde al comunicador social José Luis Ma-chín Machín, conductor del programa “Dialogando con los vecinos” que se transmite de 1:00 a 3:00 pm, de lunes a viernes, por la emi-sora Radio Sensacional 94.7 FM.

Durante la transmisión del programa el conductor recibió la lla-mada de los líderes del Sindicato de la Construcción en el Esta-do Barinas, amenazándolo para que no continuara entrevistando a personas que no cuenten con pruebas en contra del mencionado sindicato y sus representantes, a quienes se les acusa de ser los res-ponsables de varios casos de secuestros, desapariciones y muertes por encargo.

Machín respondió al aire “que todos y cada uno de los entrevis-tados han llegado con pruebas y todos y cada uno, han formalizado su denuncia ante el Ministerio Público. Este programa está abierto para todos y cada uno, incluso ustedes pueden venir cuando así lo deseen”.

El segundo caso ocurrió en el Diario De Frente, periódico vincu-lado al oficialismo donde fueron giradas instrucciones al personal directivo y de información para que se abstuvieran de publicar noti-cias en contra del Sindicato de la Construcción.

Ese día, otro grupo de miembros del PSUV decidió convocar una marcha en contra de las muertes por sicariato, secuestros y desapa-riciones.Disponible en: http://www.IPYS.org.ve/alerta?id=2375&y=2011&m=11


Niegan acceso a equipo de Globovisión a reunión presidencialEl 28 de noviembre de 2011, funcionarios del palacio presidencial, ubica-do en el centro de Caracas, negaron el acceso a un equipo de Globovisión que acudió a cubrir un encuentro presidencial entre el presidente venezo-lano Hugo Chávez y su par colombiano Juan Manuel Santos.

El equipo estaba conformado por la periodista Carolina Alcalde, el camarógrafo Luis Lara y el asistente Freddy Martínez. Alcalde in-


dicó a IPYS que pese a no haber sido convocados al encuentro bila-teral, enviaron los permisos y las credenciales correspondientes con antelación ante la prensa presidencial.

Según indicó la periodista, tras haber hecho todos los trámites se dirigieron al palacio presidencial y minutos antes de que comenzara el encuentro le indicaron al equipo de Globovisión que no podía entrar debido a que “habían entregado las credenciales tarde”.

Alcalde indicó que otros canales privados de televisión pudieron ingresar a la reunión presidencial.



Hackean cuenta de periodista anunciando muerte de director de diarioEl 30 de noviembre de 2011, presuntos ‘hackers’ atacaron la cuenta de Twitter de la periodista del Semanario Quinto Día, Sebastiana Barráez. El atacante, usurpando la cuenta de Barráez, colocó mensajes según los cuales el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, había muerto.

Barráez informó a IPYS que el grupo N33 se había atribuido el ataque y añadió que a su juicio la agresión respondía a datos de las investigaciones que ella había publicado sobre la situación que se vive en la región del Alto Apure, al suroeste del país.

Este grupo se atribuyó un ataque informático masivo ocurrido en septiembre en el cual usurparon cuentas de dirigentes políticos y periodistas.


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Agreden equipo de prensa de precandidato opositor El 30 de noviembre de 2011, funcionarios de la Policía de Caracas agre-dieron al equipo de prensa del precandidato a la Alcaldía de Caracas, Antonio Ecarri, integrado por la periodista María Fernanda Soledad, y el reportero gráfico Jesús Urea, frente al Consejo Municipal de Caracas, en el centro de la capital del país.

Soledad informó a IPYS que funcionarios de la Policía de Caracas la empujaron e insultaron, mientras a su compañero Urea lo golpea-ron, le aplicaron descargas eléctricas, le quitaron la cámara fotográfi-ca y lo detuvieron por cuatro horas en un modulo policial cercano.

Este hecho ocurrió cuando la periodista y el reportero gráfico cubrían una denuncia de Contraloría Social introducida por los ve-cinos del sector El Silencio, ubicado al centro de la ciudad. Los fun-cionarios los identificaron como “grupos opositores” e iniciaron las agresiones contra los periodistas.

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CAPÍTULO 4

Mirada a libertad de prensa en las regiones

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En el presente capítulo se presentan informes detallados sobre la situación de la libertad de expresión en los estados en los que está presente la red de corresponsales de IPYS Venezuela, que evidencia cómo se han agudizado los amenazas y ataques a la prensa en el año 2011.

Anzoátegui: predominaron las agresiones físicas y verbales y disminuyó el número de casos

Yoleida Salazar, Barcelona, estado Anzoátegui. La situación de la li-bertad de prensa e información en 2011 en el estado Anzoátegui, ubicado en la zona nororiental del país, estuvo relativamente en cal-ma, si la comparamos con la de años anteriores. Este año el IPYS sólo registró dos casos de agresión contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y un caso de despido de un comunicador por pre-siones del gobierno regional.

En abril de 2011, recibimos la denuncia de la periodista Susana Quijada, quien labora en la televisora de El Tigre, (sur del estado Anzoátegui) Tv Sur y que fue despedida el 6 de abril, por presiones del gobierno municipal y regional, según se determinó en las prue-bas consignadas por la comunicadora en la Inspectoría del Trabajo, instancia ante la cual elevó las denuncias. La directiva de Tv Sur fue presionada por voceros de la Alcaldía de El Tigre –apoyados por fun-cionarios del gobierno regional- para que despidiera a Quijada, pues de lo contrario no cancelarían las deudas por pautas publicitarias que mantenían con la televisora.

Ante las evidencias presentadas por la periodista (por escrito) ante la Inspectoría del Trabajo, este organismo ordenó el 28 de abril de 2011 el reenganche de Susana Quijada, a la empresa Tv Sur C.A., mandato que se cumplió el martes 3 de mayo. La periodista comu-nicó que al asumir nuevamente su cargo de reportera del canal, la directiva de la planta televisora le impuso nuevas pautas a su trabajo (por ejemplo, que no podía trabajar para otros medios, o debía noti-ficar en todo momento qué información estaba cubriendo). Quijada aún continúa ejerciendo su labor como reportera del canal, aunque asegura que siguen las presiones, de manera soterrada.


El 15 de junio de 2011, Haymara Alfonso, reportera de Anzoáte-gui Tv y Jesús Albino, corresponsal del canal nacional Televen en Anzoátegui, recibieron insultos y fueron escupidos por presuntos militantes del partido Podemos, durante una manifestación pública en Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

Ambos comunicadores cubrían una protesta convocada para rechazar los apagones eléctricos que se suscitaban en esa entidad. Dos sujetos no identificados agredieron verbalmente a los comuni-cadores, tildándolos de “vendidos” al gobernador del estado, Tarek William Saab, miembro del oficial Partido Socialista Unidos de Ve-nezuela (PSUV).

Altos dirigentes del partido Podemos desmintieron que tales he-chos hayan ocurrido, pero dijeron que en todo caso los periodistas habrían sido quienes generaron la agresión. Por este hecho no se identificaron a los culpables.

El 3 de agosto de 2011, el periodista del diario “El Mío” de Puerto La Cruz, Óscar Tarazona, fue agredido a golpes y luego detenido en medio de un confuso operativo policial en esa ciudad. Tarazona contó que salía del diario alrededor de las 7 de la noche, cuando se topó con los policías quienes le pidieron su identificación. Tarazona mostró su carnet de prensa y al preguntar por qué se le estaba requi-riendo su indentidad, recibió como respuesta un golpe de uno de los agentes. Al intentar defenderse de la agresión otros policías le gol-pearon, esposaron y se lo llevaron detenido hasta una comandancia.

Tarazona contó que, ya en la comandancia, los policías se bur-laron de él y le decían: “los periodistas creen que son intocables”. Al ser liberado horas después por intermediación de periodistas del medio, Tarazona acudió a la Fiscalía a consignar la denuncia. Al ser consultado sobre el caso de agresión, el jefe de la Policía del estado, comisario Francisco Ortiz, dijo que él defendía el procedimiento de sus efectivos. Hasta la fecha los policías agresores siguen en el ejer-cicio de sus funciones y no fueron investigados ni destituidos.

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Un caso resueltoPero no todo fueron malas noticias en 2011. El 27 de julio de ese año se hizo justicia en un caso de agresión contra un periodista. Erick Rodríguez, militante del PSUV, fue condenado a seis meses de pri-sión por las lesiones causadas a la jefa de Prensa del Circuito Órbita de la ciudad de El Tigre, Sara Vargas García, mientras efectuaba la cobertura de las elecciones parlamentarias nacionales, celebradas el domingo 26 de septiembre de 2010.

El Fiscal Cuarto del Ministerio Público, Oswaldo Freites, ratifico la acusación, mientras el imputado, luego de admitir los hechos, a través de la Defensa Pública, solicitó la suspensión condicional del proceso, medida que no procedió debido a la conducta pre delictual de Rodríguez, quien posee antecedentes penales y se encuentra in-habilitado políticamente. El fallo a favor de la periodista sentó un precedente judicial en el caso de las agresiones contra periodistas.


Aragua: Ataques y amenazas contra la prensa incentivan el silencio y el temor

Mirsay Shimkevich, Maracay, estado Aragua.-Aragua sigue siendo un estado con bajo porcentaje de denuncias sobre irregularidades cometidas en contra de la libertad de expresión. Los periodistas si-guen apostando al silencio, no sólo ante organismos como el Ins-tituto Prensa y Sociedad (IPYS), sino en sus propios medios de comunicación, donde no se observa algún esfuerzo por publicar situaciones irregulares.

En Semana Santa de 2011, se les impidió el paso a periodistas del diario El Aragüeño a las instalaciones del Zoológico de Maracay. El vigilante expresó, que la orden dada por un superior era impedir el paso a los periodistas. En época de asueto, la prensa recorre las diferentes zonas de recreación de la ciudad a fin de constatar la pre-sencia de temporaditas. En esta oportunidad, no se pudo corroborar la mencionada información.

El Hospital Central de Maracay (HCM), sigue siendo el centro de polémica, ya que los periodistas no tienen acceso a la información de manera directa. En gobiernos anteriores, los jefes de la emergen-cia hacían las veces de voceros y le ofrecían a los periodistas datos como la cantidad de muertes de fin de semana, los ingresos a la emergencia, entre otros. Hoy, se le impide el acceso a las instala-ciones del centro asistencial y los datos son filtrados por el Depar-tamento de Prensa, que es el ente encargado de enviar mensajes o correos a los profesionales de la comunicación, con los datos. Vale la pena acotar que el HCM es uno de los más grandes del centro del país. Recibe a la mayor cantidad de pacientes referidos de centros asistenciales pertenecientes a regiones aledañas. Por esta razón, es tomado en cuenta para sacar las estadísticas y buscar la información relevante sobre el tema salud. Por más que se ha intentando conven-cer a los periodistas que cubren la fuente, de denunciar este tipo de atropello, no se ha logrado concretar una presentación formal de los hechos ante IPYS.

En mayo de 2011, el periodista y columnista del Diario El Clarin,

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Wilfred Ojeda, fue hallado muerto con un tiro en la Cabeza. Wilfred Ojeda había realizado una vida política en la Ciudad de La Victoria, más que periodística, pero para descartar cualquier móvil el Cuer-po de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas (CICPC) solicitó algunos de sus escritos. Dichos escritos, estaban basados en opinión sobre la realidad política nacional y no en temas que pudie-ran haber ocasionado su muerte. El CICPC, determinó que la causa de la muerte fue venganza por una deuda financiera.

En junio de 2011, la corresponsal de Venevisión en Aragua, Ro-sangel Sánchez, fue despedida de su cargo por orden del Goberna-dor del Estado Aragua, Rafael Isea. Al conversar con la periodista, la respuesta fue no ofrecer ningún tipo de explicación y mucho menos denunciar sobre lo ocurrido. Lo único que dijo fue que llegó a un acuerdo con el canal y con el Gobernador Rafael Isea, que por tal motivo no daría ningún otro tipo de declaración.

La Jefa de Prensa del partido político Podemos, Andrea Rocha en varias oportunidades ha sido víctima de maltratos verbales y físicos por personas afectas al gobierno. Al hablar con ella personalmen-te, expresó su temor de hacer algún tipo de denuncia, ya que sería más fácil ubicar su residencia y números telefónicos, por parte de organismos del estado. El caso de ella es bastante particular, ya que vive en las afueras de la ciudad de Maracay y la carretera es bastante peligrosa.

En diciembre de 2011, al Presidente y Editor del diario El Siglo, Tulio Capriles, le fue hackeada su cuenta de correo electrónico y su Twitter. La corresponsalía de IPYS en Aragua, ha trató de estable-cer contacto con Capriles por diferentes vías, pero lamentablemente aún no se obtuvo una respuesta o denuncia sobre el caso.

Estos hechos no han sido denunciados ni a IPYS, ni al Colegio Nacional de Periodistas Seccional Aragua, ni a ningún otro organis-mo encargado de velar por la libertad de expresión o la integridad física. En cambio, los corresponsales de medios nacionales son los más dispuestos a la hora de ofrecer una declaración referida a la violación de la libertad de expresión.

En febrero de 2011, la corresponsal de Globovisión en la entidad,


Carmen Elisa Pecorelli, y su camarógrafo Alejandro Ledo, cubrían la situación de las casas afectadas por la explosión en el arsenal de CAVIM, cuando un grupo de personas vestidas y con palabras alu-sivas al Presidente Hugo Chávez Frías los agredieron física y verbal-mente. Este caso fue denunciado ante IPYS y se levantó el respectivo alerta.

Otro caso que se denunció en su oportunidad y se ha venido ha-ciendo seguimiento es el de Radio Victoria 103.9 FM. La situación ha mantenido en alerta a toda la población de Aragua, Guárico, parte de Carabobo y Miranda donde la conocida emisora ofrecía su servi-cio vial informativo. Durante el 2010 le fue disminuida la potencia de 2.500 vatios a 250 vatios. La emisora solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de seguir transmitiendo su señal con potencia de 2.500 vatios, mientras se lleva a cabo el jui-cio que hizo se le bajara la mencionada frecuencia. El 9 de febrero de 2011, el TSJ declaró improcedente la medida cautelar y la emisora se vió obligada a seguir difundiendo su señal en 250 vatios.

En agosto de 2011, Eliecer Hernández, corresponsal en Aragua de la televisora Dat Tv, denunció que se le impidió el acceso al Cuar-tel Páez ubicado en Maracay, estado Aragua. Los periodistas fueron convocados por el Departamento de Prensa de la Gobernación del Estado Aragua, a fin de hacer un recorrido por la instalación militar que está funcionando de refugio para los damnificados por las llu-vias. En esta oportunidad, ningún periodista tuvo acceso, a pesar de ser convocados. Al solicitar una respuesta, fueron atendidos por el Secretario de Gobierno Regional, Víctor Ruido, quien informó que no fueron coordinados los permisos correspondientes.

Otra denunciada ante IPYS fue el ataque verbal del Gobernador del Estado Aragua, Rafael Isea, a los miembros de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Aragua. La situación fue generada a raíz de las declaraciones de la Secretaria General del CNP, Amira Muci, ante hechos ocurridos en un restaurant de la en-tidad, donde resultó herida una periodista bajo situación de tiroteo. El gobernador Isea alega mal manejo de la información y denuncia a los miembros del CNP por seguir directrices de partidos políti-

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cos de derecha, además de no cumplir con el trabajo ético que todo profesional de la comunicación debe seguir. Muci manifestó su pre-ocupación por la inseguridad que prevalece en el estado, argumen-tando también que la institución gremial decidió pronunciarse al respecto pues los hechos ocurridos afectaron a una profesional de la comunicación.


Bolívar: 2011 año violento y difícil para el periodismo en Guayana

Alba Perdomo, Ciudad Guayana, estado Bolívar. La violencia contra los periodistas cobra fuerza en el estado Bolívar y uno de los mo-mentos más dramáticos se vivió la primera semana de marzo 2011, cuando un policía golpeó en la cara y en el estómago a la reportera de televisión Lorena Cañas, durante la cobertura de una manifes-tación estudiantil efectuada en la Plaza Monumento a la CVG de Puerto Ordaz.

Cañas explicó que su camarógrafo fue detenido en una patrulla policial, portando la cámara televisiva, y que cuando ella se acercó a pedirle a los policías que no se lo llevaran éstos le recriminaron su trabajo de cobertura a la manifestación. “Cuando me dijeron que se estaban llevando a mi camarógrafo, corrí hasta una de las patrullas y le pedí al funcionario que no se lo llevara. Pero él estaba bloqueado y nos dijo que estaba mal lo que hacíamos (…) forcejeamos, quise meterme en la patrulla, me dio el empujón y fue cuando me dio en la boca”, relató Cañas. Indicó que nunca en su carrera profesional había sido tratada de esta manera.

La patrulla se retiró del lugar con el camarógrafo y la cámara, hacia el Centro de Coordinación Policial Los Olivos. Dos horas des-pués del hecho y gracias al revuelo armado por la noticia de la agre-sión, fue dejado en libertad el camarógrafo y devueltos los equipos. La periodista aseguró que había hecho la denuncia de la agresión ante el CICPC.

Ya en junio se notó un repunte de las agresiones, motivadas por la cobertura a hechos violentos vividos en las empresas básicas de Guayana. Ejemplo de ello fue el caso del fotógrafo William Urdane-ta, del Correo del Caroní, quien fue pateado y empujado por suje-tos identificados como integrantes del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, el jueves 09 de junio en horas de la mañana, cuando es-taba en los portones de la empresa para dar cobertura a un proceso eleccionario interno. Allí se presentó una trifulca que culminó con la muerte de un trabajador y dos personas más heridas. Urdaneta

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no requirió tratamiento médico luego de los empujones.Los sindicalistas intentaron quitarle la cámara a Urdaneta para

impedir que registrara las acciones violentas y el posterior tiroteo. Este mismo fotógrafo debió rendir declaraciones ante el CICPC so-bre el tema, en horas de la tarde, ya que aparecía dentro de los videos relacionados al caso y deseaban conocer su versión de los hechos.

A las 4 de la tarde del jueves, una comisión de dos funcionarios se presentó en la sede del diario Correo del Caroní a requerir el material fotográfico tomado por Urdaneta. Les entregaron 40 fotos con el compromiso de que esperaban una carta donde se notificara que las fotos son elemento probatorio en el hecho.

Apenas un día más tarde, el sábado 11 de junio, la periodista Maisduslin Younis y su fotógrafo Carlos León fueron empujados y golpeados para impedir que hicieran cobertura a la presentación de Héctor Maican, representante sindical de Ferrominera del Orinoco ante el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz. Younis indicó a IPYS que se disponía a hacer su recorrido de sucesos cuando al llegar a tribunales consiguió a un grupo de personas portando carteles don-de se leía que los periodistas eran terroristas y Correo del Caroní cómplice de sicariato.

Al enviar al fotógrafo a hacer las gráficas de la protesta, León fue tomado por un grupo de hombres con uniformes de la em-presa Ferrominera que lo lanzaron al suelo y allí lo patearon y lo golpearon. Younis explicó a IPYS que se acercó a solicitar ayuda a los funcionarios de la Guardia Nacional allí presentes y éstos se negaron a prestar apoyo. Igualmente recurrió a un efectivo policial para que impidiera la golpiza y éste le respondió que lo mejor era que se fueran del lugar.

Una mujer que se encontraba en el sitio empujó a Younis, mien-tras les gritaban improperios. Indicó la periodista que uno de los presentes le dijo que si Maican quedaba preso, los iban a buscar para quemarlos vivos dentro del medio donde laboran. León fue lle-vado a una clínica de la ciudad y recibió tratamiento para los golpes, presentando moretones en varias partes del cuerpo.

La cobertura del caso de Ferrominera siguió generando inconve-


nientes a los periodistas regionales. A la periodista Clavel Rangel, de la fuente laboral del Correo del Caroní, en Ciudad Guayana, se le hicieron señalamientos por parte de Alfredo Sponner, secretario de la organización sindical de Ferrominera del Orinoco, quien la ha acusado en reiteradas ocasiones de ser la testigo principal del asesi-nato de un trabajador en los portones de la empresa y de no decir la verdad al respecto.

“Una periodista del Correo del Caroní, Clavel Rangel, ella estaba detrás de mí y lo vio todo, tiene que decir la verdad”. Esto lo declaró el sindicalista en el programa de radio de Maripili Hernández, en el circuito Actualidad, el jueves 09 de junio; luego lo repitió a la corres-ponsal de Televen, y el lunes 12, lo dijo en el programa de entrevistas de Radio Fe y Alegría, en Puerto Ordaz.

En declaraciones a Máxima 99.5 FM, en el programa de Freddy Patety, Spooner llegó a pedir prisión para Rangel, por cómplice en referencia al caso del asesinato en Ferrominera.

El 11 de junio en Twitter apareció un mensaje de Esmin Ramírez donde Rangel es acusada de cómplice de sicariato de Ferrominera. También hizo público otro mensaje donde se le declara persona no grata en los portones de Ferrominera.

Otro mensaje de Twitter hizo referencia a Rangel, que decía lo siguiente en dos mensajes: “Clavel Rangel cómplice del sicariato de Ferrominera. Ella es periodista del Correo del Caroní. Ella debe te-ner pruebas de quien realizó los disparos, de quien le segó la vida a nuestro compañero y camarada Renny Rojas. Ella debe saber esa periodista”.

Similar presión recibió el 11 de junio, el reportero Marcos Valver-de, encargado de la fuente de política del diario regional Correo del Caroní, quien recibió una serie de tweets amenazantes de la direc-ción “Angel proletario”, perteneciente a un periodista de la emisora comunitaria Calypso TV.

Por otra parte, y en referencia al mismo caso, el periodista Ram-ses Siverio, redactor del diario regional Correo del Caroní, fue abu-cheado e insultado durante una rueda de prensa realizada el jueves 09 de junio a las 2 de la tarde, en las instalaciones de Ferrominera

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del Orinoco, con motivo de dar a conocer la posición de la empresa ante los hechos de violencia donde murió un trabajador y dos resul-taron heridos.

El presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, respondió a Si-verio golpeando la mesa y llamándolo asesino, ante la pregunta de por qué se había esperado que ocurriera un hecho de tal magnitud para asegurar los portones de Ferrominera.

Indicó que los trabajadores presentes lo abuchearon, y su fo-tógrafo Carlos León oyó cuando dos sindicalistas, portadores de gorras rojas alusivas a la plancha 7 de Ferrominera, hacían observa-ciones amenazantes contra su persona. Explicó Siverio que tuvo que salir del lugar con escolta para impedir mayores agresiones.

También la reportera gráfica Lesly Martínez del semanario El Crítico, fue impedida de realizar su trabajo al acudir al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, el sábado 10 de junio a las 04 de la tarde, a cubrir la audiencia de Héctor Maican, sindicalista de Ferrominera .

Un funcionario de la empresa Ferrominera, con su identificación y portando una franela roja, se interpuso en su camino y le prohibió tomar fotos. Otro hombre no identificado, le gritó y se acercó, de manera amenazante, para impedirle el paso, hasta que un tercero le solicitó que se retirara del lugar para evitar agresiones, explicó Martínez a IPYS.

Arremetida legalYa el 21 de junio, otro caso relacionado a malversación de fondos de las empresas básicas, generó un intento de represión legal contra Correo del Caroní, cuando el Frente de Abogados Bolivarianos, representado por José Beria, anunció públicamente la intención de realizar acciones judiciales contra el mencionado diario y la página web Primicias24, por la difusión de opiniones, acusaciones e in-formaciones adelantadas sobre los involucrados en los hechos in-vestigados por el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia Militar, con respecto a un fraude de compraventa de productos de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco.

El abogado José Gregorio Beria informó que solicitarán al Minis-


terio Público, se tomen las medidas pertinentes porque si bien se prevé en la Constitución Nacional el derecho a la libertad de expre-sión, existe la presunción de que en su abuso, algunos medios como Correo del Caroní y Primicias24 pretenden vilipendiar, ofender, hu-millar y difundir falsas informaciones de dirigentes del PSUV y el Gobernador.

Cerrazón hospitalariaA mediados de octubre se empeoró la situación con respecto a la cobertura de lo que sucede dentro de los centros asistenciales de la ciudad, porque los directores de los dos grandes hospitales de la ciudad reforzaron las medidas de seguridad, para que los vigilantes impidieran la entrada a los medios de comunicación. Exigen que los periodistas soliciten ante la dirección de los centros asistenciales un permiso firmado por el director. Son las empresas de vigilan-cia privada las encargadas de ejecutar los desalojos. Lesly Martínez, fotógrafa del semanario El Crítico, denunció haber sido expulsada del hospital de Guaiparo, cuando intentaba entrar para realizar un reportaje.

Otra directriz no oficial pero que sí se está cumpliendo en Guaya-na es la emitida por el CICPC de no dar datos locales, sino esperar que los emanen desde Caracas. Al respecto, el periodista German Dam, que cubre sucesos para el Correo del Caroní, informó a IPYS que uno de los principales obstáculos en la cobertura diaria, está en esa instrucción no girada oficialmente, pero que se hace sentir. “Hay hermetismo sobre las cifras, y como yo publico mis propias cifras, los funcionarios me reclaman que les estoy dando duro. Mientras era jefe Carlos Tovar, no había problema con los datos, pero luego de su salida, el nuevo jefe dice que hay que esperar los datos que vienen desde Caracas. Esto entorpece el trabajo, ellos piden los datos a la capital y llegan acá cuatro días más tarde. Hay trabajos en caliente que no pueden esperar tanto tiempo por los datos”.

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Barinas: Ataques y amenazas contra la prensa son el acontecer diario

Briceida Morales, Barinas, estado Barinas. El sólo hecho de que Ba-rinas sea considerada “la cuna de la Revolución”, ya marca un pre-cedente. El que Adán Chávez, hermano mayor del presidente de la República, y catalogado como el principal ideólogo de este proceso revolucionario, sea el actual Gobernador del Estado, es otro punto a tomar en cuenta.

Desde el 2008, año en que Adán Chávez asumió la Gobernación del estado Barinas de manos de su padre, Hugo Chávez, las cosas se radicalizaron.

Así lo hace saber también, el periodista del diario La Prensa y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Barinas, Tarquino González Concho, quien califica la presencia del actual mandatario regional, como perjudicial.

El ataque continuo a los periodistas y medios que no son afectos a su política de gobierno, es constante.

González habla incluso de un chantaje económico y presión po-lítica persistentes en contra del diario La Prensa y de Radio Sensa-cional, por ejemplo.

No debemos obviar, las restricciones a los funcionarios que labo-ran en instituciones y organismos del Estado, de no dar declaracio-nes a determinados medios o periodistas.

Desde el mes de enero hasta la actualidad, son diversos los he-chos que marcan la pauta en relación a los casos de agresiones a la libertad de expresión en la región así como limitaciones en el acceso a la información pública.

El año 2010 inició con alertas desde el mes de junio. Cuatro casos fueron reportados: mensajes intimidatorios al Presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Barinas y periodis-ta del diario La Prensa, Tarquino González; solicitud de investiga-ción al Corresponsal del Diario El Universal y periodista del diario La Noticia, Walter Obregón, por una información publicada; el des-


mantelamiento de la sede del CNP, seccional Barinas y suspensión de cuatro programas de opinión en el canal Telellano.

En el mes de julio, solicitud de renuncia al director del diario De Frente por el titular de primera página “Extraditan a Chávez”, en cla-ra referencia al supuesto terrorista salvadoreño, Francisco Chávez.

En agosto, la orden de salida de un reportero gráfico mientras cu-bría una noticia; la investigación iniciada por el Consejo Legislativo Regional para el control y seguimiento de medios; y los ataques por parte del Gobernador al diario La Prensa.

En septiembre, la investigación iniciada por la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral en contra del diario La Pren-sa.

En octubre, nuevos ataques verbales por parte del Gobernador en contra del diario La Prensa y la solicitud de investigación por parte de la Fiscalía, luego de las informaciones publicadas por dos periodistas que denunciaron la pérdida de 40 toneladas de carne en Barinas; y la suspensión de un programa de opinión por censura del Gobierno.

En noviembre, protestas frente al diario La Prensa, en rechazo a la línea informativa del medio; agresiones al equipo reporteril del diario Los Llanos mientras cubrían una pauta en Mercal; y la amo-nestación a la jefe de redacción del diario De Frente (medio pro go-bierno) por publicar una nota del Colegio Nacional de Periodistas

En lo que corresponde al año 2011, los casos iniciaron con la par-ticipación de distintos organismos de seguridad e instituciones del país.

Por ejemplo, en el mes de enero, la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indeppabis) en la supervisión de la emisora Radio Sensacional.

En el mes de febrero, las presiones a un periodista para sacar su programa del aire, que mantenía en el canal pro gobierno, Barinas TV.

Aunque el evento que rompe el celofán podría decirse que es el del caso del periodista estadounidense, John Enders, durante su es-

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tadía de tres días en Barinas, y casi una semana en el país. Este caso ameritó una atención especial dado que Enders fue vi-

gilado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-cional (Sebin), quienes se mantenían pendientes de cada uno de sus pasos en Venezuela, hasta el punto de seguirlo en vehículo cuando éste se trasladaba a otro estado del país. Estos funcionarios se pre-sentaron en el lobby del hotel donde se estaba alojando en la ciudad de Caracas, antes de su partida a los Estados Unidos.

En el mes de abril, la agresión al fotógrafo del diario La Prensa, Yonny Camacho, mientras cubría una protesta.

En mayo, el cierre de un canal de televisión por cable y de un programa de radio, por orden del alcalde del Municipio Pedraza en el estado Barinas, Yusein Silva; y el asesinato del dueño de una emisora de radio en su residencia, una muerte que aún no se ha esclarecido.

Otros dos casos se registraron en junio de 2011: la prohibición de acceso a los periodistas al área interna del Hospital Luis Razetti, en Barinas, el posterior desmentido de la información por parte de la Oficina Regional de Información y los señalamientos proferidos por la Directora Regional de Salud, en contra de los periodistas del diario La Prensa, Tarquino González Concho y Dimas Medina, a quienes se acusó desestabilizar el sistema de salud en la región.

Los ataques directos en contra de los periodistas no han cesado. En lo que concierne al diario La Prensa, ya son tres años ininterrum-pidos de menciones por parte del actual dirigente estadal en contra de sus periodistas y el medio.

Cuando existe alguna nota que genera algún resquemor, no tar-dan en mandar a funcionarios de algún organismo o institución, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para que protesten la línea editorial.

Son fuertes los rumores, incluso dentro del seno del PSUV, que hablan de una intención de compra de este medio por parte de un testaferro del gobierno.

Prácticamente este es el único periódico cuyos periodistas aún se siente libres de expresar su opinión sin ningún tipo de censura.


En el caso de los otros dos, El Diario Los Llanos y La Noticia, se percibe un tratamiento un poco más cuidadoso con algunas noti-cias. En relación al diario De Frente, es un medio de marcada línea pro gobierno.

Si hablamos de los canales de televisión, Telellano, sobrevive a expensas de haber salido de varios de sus programas de opinión. Or-lando Medina, director de este canal, dice que las deudas que man-tiene el gobierno con ellos, aún no han sido canceladas.

Barinas TV, es canal pro gobierno, y Llanovisión, es muy variable en su contenido.

En relación a las emisoras de radio, Radio Sensacional es una de las pocas que se permite emitir a través de sus programas de opi-nión, información sobre lo que está ocurriendo en el país.

A pesar de las opiniones adversas al gobierno, sigue siendo la más escuchada tanto por ellos, como por la oposición.

Héctor Villamediana, director del diario La Noticia, señala que desde el año 2008 los medios están sobreviviendo, pues aún las deudas que mantiene el gobierno no han sido canceladas en su to-talidad. A saber, la Gobernación del Estado Barinas, la Alcaldía del Municipio Barinas y Petróleos de Venezuela (PDVSA), ésta última es la que más o menos ha solventado sus compromisos con los me-dios.

Aún así, La Noticia y el Diario Los Llanos, dependen de la publi-cidad oficial.

A mediados del año 2011, varios fueron los eventos que infligie-ron algunos cambios a la forma como venían ocurriendo los hechos en la región.

En primer lugar, con las presiones sistemáticas, el periodista y lo-cutor, Henry Viola, quien en abril del 2011 denunció que su progra-ma de corte juvenil “Magazine de la Radio”, que conducía todos los días en la emisora Familia 107.1FM, de 12:00 a 2:00 pm, por espacio de cuatro meses, fue suspendido por órdenes de “funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Posteriormente, inició un programa el día 11 de julio en la emiso-ra Primerísima 98.5 FM, denominado “Magazine Informativo”, de

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10:00 am a 12:00 del mediodía, el cual duró sólo 15 días al aire, es decir, hasta el 28 de julio.

De acuerdo a la información que le ofreció el operador de la emi-sora a Viola, el mensaje del Director Encargado fue: “por órdenes del alto mando, no podemos abrirle los micrófonos”. Incluso, le ma-nifestaron que podría irse sin pagar el espacio.

La emisora fue vendida a otros dueños, y se le ha permitido a Vio-la, continuar con su programa, en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm.

Previo a estos dos eventos, en el mes de febrero, el programa del periodista “Magazine Informativo” transmitido por la televisora regional “Barinas TV” fue sacado del aire por presiones políticas, del Gobernador del Estado Barinas, Adán Chávez y el presidente del equipo del Zamora Fútbol Club, Adelis Chávez, ambos herma-nos del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

Cabe añadir las agresiones directas por parte de un grupo de supuestos estudiantes, quienes ingresaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), con pasamontañas y armas de fuego y agredieron al equi-po reporteril del diario De Frente, Naiyelis Garcés y Jesús Bastidas, periodista y fotógrafo, respetivamente.

Finalizando el mes de julio, la directora de la Oficina Regional de Información en Barinas (ORI), licenciada María Cecilia Ferreira, organizó una Sala Situacional a los fines de prohibir las declaracio-nes o acceso a la información oficial a los periodistas del diario La Prensa de Barinas, luego de que sostuviera una fuerte discusión con el director de este medio, Alberto Santeliz, quien le reclamó la can-celación de 260.000 bolívares que le adeuda la gobernación desde el año 2008.

De acuerdo a la información aportada por los propios periodistas y el director del medio, la directora de la ORI se habría molestado por una información publicada en el medio, donde los propios con-sejos comunales reclamaron el retraso en la construcción de vivien-das.


Ferreira solicitó al director del medio que le diera un derecho a réplica, y éste accedió, sin garantizarle, la misma ubicación y el tamaño, pero sí ubicarla en una página preferencial.

Acto seguido la licenciada Ferreira le exigió que se hiciera como ella lo decía, ameritando una respuesta por parte del director del medio, quien le reclamó el pago de la deuda millonaria.

Desde ese día la ORI no enviaría boletines de prensa a este medio y desde entonces, se daban por rotas las relaciones.

Posteriormente, el 23 de agosto, el Presidente del Consejo Legis-lativo instó a la Fiscalía interrogar al periodista del diario La Prensa de Barinas, Dimas Medina, para que rindiera declaraciones en torno a las noticias publicadas, referidas a la ONG Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos, que preside el señor Oscar Pineda.

A través de esta ONG, Pineda ha reportado casos de secuestros, raptos y desapariciones ocurridas en la región, Barinas, y la negativa del presidente del ente legislativo, León Artahona, de atender a los directivos de la ONG y familiares de las víctimas.

Otro hecho puntual, es la censura y autocensura en el estado Ba-rinas, por parte del grupo de poder, el Sindicato de la Construcción.

Periodistas y comunicadores sociales de la región han recibido amenazas y son censurados en las informaciones vinculadas con este sindicato, cuyos miembros, en su gran mayoría, forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido de gobierno.

El primer caso corresponde al comunicador social José Luis Ma-chín, conductor del programa “Dialogando con los vecinos”, que se transmite de 1:00 pm a 3:00 pm, de lunes a viernes, por la emisora Radio Sensacional 94.7 FM.

Durante la transmisión del programa Machín recibió la llamada de los líderes del Sindicato de la Construcción en el Estado Barinas, amenazándolo para que no continuara entrevistado a personas que no tuvieran pruebas en contra del mencionado sindicato y sus repre-sentantes, a quienes se les acusa de ser los responsables de varios casos de secuestros, desapariciones y muertes por encargo.

Los familiares de las víctimas han entregado las pruebas en la Fiscalía del Ministerio Público.

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Otro hecho, ocurrió el 28 de noviembre, en el Diario De Frente, periódico vinculado al oficialismo, donde fueron giradas instruccio-nes al personal directivo y de información para que se abstuvieran de publicar noticias en contra del Sindicato de la Construcción.

Así mismo, se conoció la venta del canal Telellano, propiedad del Grupo Medina, a empresarios ligados a funcionarios del gobierno regional. Desde el año 2008, este medio de comunicación había intentado que le fueran canceladas las deudas por parte de la go-bernación, alcaldía, entre otros organismos. No se ha tenido más información a respecto, comenzado el año 2012.

El mes de diciembre cerró con la prohibición al diario La Pren-sa de Barinas, de publicar en primera y última página, imágenes a color o blanco y negro que registren el deceso de personas que hayan perdido la vida de forma accidental, violenta o sangrienta, y de cualquier otra que cause impacto en la mente de los niños, niñas y adolescentes.

Esta orden fue emitida por el Tribunal Primero de Primera Ins-tancia de Mediación y Sustanciación de la Lopna de Barinas.

El director del diario La Prensa, Alberto Santeliz, denunció que se quiere criminalizar al medio por haber publicado estas fotogra-fías, toda vez que fueron los mismos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) quie-nes pidieron el favor a los medios de publicar las fotos de varios ca-dáveres que no habían sido reclamados por sus familiares. Algunos tenían hasta ocho días en la morgue del CICPC.

Adicionalmente se conoció, la intención de sancionar al medio con el pago del 10 por ciento de los ingresos del año 2011, con lo cual se intentaría llevar a la quiebra económica a este periódico.


Carabobo: Funcionarios públicos encabezan agresiones contra periodistas

Alejandro Villalobos, Valencia, estado Carabobo. Amenaza de muer-te. Cierre de emisoras de radio. Disparos contra el vehículo de un periodista. Empujones. Ofensas. Las agresiones contra los comuni-cadores sociales en el estado Carabobo, durante 2011, estuvieron eje-cutadas, en su mayoría, por funcionarios públicos y personas afectas al oficial Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). Aún per-manecen en impunidad.

Carabobo es un estado del centro del país, el tercero más poblado, con la más importante zona industrial de Venezuela. Su gobernador pertenece a un partido opositor al presidente Hugo Chávez.

El primer caso del año fue el de Kervin García, un pasante del diario El Carabobeño, que fue amenazado de muerte por supuestos trabajadores de la fábrica de alimentos y bebidas Heinz, por orden del alcalde de Guacara, un municipio vecino a la capital (Valencia), de tendencia socialista.

Fue la tarde del lunes 22 de febrero, cuando García cubría las in-cidencias de la paralización de la empresa. Frente a la planta estaba reunido un grupo de trabajadores que discutían su posición frente a una decisión de la Inspectoría del Trabajo, de obligar a levantar la huelga de 23 días, para reiniciar la negociación del contrato colecti-vo.

El alcalde Gerardo Sánchez llegó al lugar y al verlo, apartó a dos hombres que permanecían cerca del grupo y les dijo unas palabras. El pasante aseguró haber leído los labios al alcalde, que le ordenaba a los hombres amenazarlo con matarlo. Cuando notó que los dos hombres se acercaban a él, se retiró del grupo y caminó hacía el vehículo alquilado por el diario. Antes de poder subir, lo llamaron y le dijeron que si seguía escribiendo sobre el municipio lo matarían.

El caso de Kervin García fue denunciado por la seccional Cara-bobo del Colegio Nacional de Periodistas en la Fiscalía, los días si-guientes a la agresión, pero a pesar que ya se cumplió un año, no ha habido una respuesta oficial. En la entidad hay varios casos en espe-

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ra de acción del Ministerio Público, entre los que destaca la golpiza dada a una decena de periodistas en el Consejo Legislativo Regional, en diciembre de 2008.

Más agresionesEn medio de una huelga de hambre que realizaron los enfermeros del país por casi un mes, un equipo de periodistas del diario Notitar-de, recibió ofensas y agresiones verbales de parte de personas iden-tificadas como seguidoras del presidente venezolano Hugo Chávez.

El periodista José Gregorio Jaen y el reportero gráfico Lisandro Barazarte, cubrían la huelga el 14 de abril cuando notaron la llegada de una protesta en apoyo a los enfermeros. Decidieron salir para registrar el hecho. Pero al intentar ingresar de nuevo al centro asis-tencial, un grupo de personas vestidas con franela roja (color que identifica a los seguidores del gobierno) y que gritaban consignas a favor del Presidente Hugo Chávez, los agredieron. Ambos pudieron esquivar golpes y resistir los empujones. El flash de Barazarte que-dó destruido. El director de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), José Barbour, fue testigo y no trató de evitar la agresión, como sí lo hizo la Policía de Carabobo (dependiente de la goberna-ción, en manos opositoras).

El 18 de agosto, cuatro periodistas de medios impresos y audiovi-suales fueron sacados a empujones, junto al diputado Miguel Coc-chiola, de la sede de la alcaldía de Valencia, capital de Carabobo. Los agresores fueron empleados de la municipalidad quienes, al lograr su cometido de tener a los periodistas en la calle, les lanzaron agua y tierra de las jardineras cercanas.

El diputado independiente había acudido a la Contraloría Muni-cipal a solicitar la fiscalización de los recursos públicos (por infor-maciones que indican que la Alcaldía de Valencia está en quiebra) y el supuesto despilfarro de 2.400 millones de bolívares. Los pe-riodistas Roberto Guisti, de Notitarde; Emperatriz Alvarez, de DAT Televisión; Thaís Cardona, de la Agencia Carabobeña de Noticias; y Víctor Hernández, de El Carabobeño, cubrían esa noticia.


Ataque a tirosEl periodista y locutor Mario Sánchez y su acompañante (un cantan-te de música criolla), fue víctima de una persecución y ataque a tiros de un efectivo policial que estaba bajo los efectos de alcohol. Ocurrió el sábado 2 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en la avenida Lisandro Alvarado, una de las más concurridas del sur de Valencia.

Sánchez, jefe de prensa de la emisora radial Taguapire 100.3 FM, de corte folclórico y cultural; relató que en una intercepción, un ve-hículo particular dio una vuelta en “U” (prohibida), y después de es-quivar el auto para no chocar notó que el conductor del otro vehículo sacó un arma de fuego. Aceleró pensando que se trataba de un robo. Comenzó una persecución de 20 minutos durante los cuales escu-chó ocho detonaciones, una de las cuales impactó contra la maleta de su carro, un Daewoo Cielo, blanco.

Sánchez manejó hasta el módulo policial de Los Caobos, en la misma zona, y al llegar, pudo ver a su agresor bajarse del vehícu-lo con el uniforme de la Policía de Carabobo. El policía lo empujó contra una pared, y trató de golpearlo, pero otros uniformados in-tervinieron y lo colocaron contra el suelo para hacerle una revisión. Esto le ocasionó excoriaciones en la cara. Luego pudo mostrar sus credenciales de periodista. El caso fue denunciado en la Fiscalía 28, contra los abusos policiales.

Cierre temporal sin respuestaEl cierre de Carabobo Stero ya no parece temporal, como lo indicó

la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), al ejecutar la medida ante sospechas de clandestinidad. La medida fue aplicada el viernes 17 de marzo, a las 7:30 de la noche, sin que antes se haya emprendido un proceso administrativo para investigar la denuncia.

Representantes de la emisora, de corte musical e informativo, aseguran tener los documentos en regla. En tres años de operacio-nes han pagado impuestos a Conatel.

La medida afectó a 60 empleados directos entre locutores, perso-nal administrativo y productores nacionales independientes.

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Mérida: Las presiones económicas acorralan a la prensa

Nilsa Gulfo, Mérida, estado Mérida.- El estado Mérida, en Venezue-la, está ubicado en la región andina al occidente del país. En la actualidad existen tres diarios impresos, dos televisoras y una dece-na de emisoras FM, cuya programación no es muy dada al aspecto informativo. Son pocas las emisoras de radio que tienen espacios informativos y de opinión.

A principio del año 2000 existían en la ciudad cuatro medios im-presos y cuatro televisoras. Hoy en día este número se ha reducido debido a problemas económicos presentados en estos medios. En el 2009, la televisora regional OMC anunció su cierre por problemas económicos. Ese mismo año cerraba sus puertas el diario Cambio de Siglo por presentar elevadas deudas laborales con sus empleados, lo que provocó la ocupación de la empresa editorial por parte de algunos trabajadores.

Los medios que han sobrevivido se han visto en la necesidad – y así lo han anunciado- de revisar su nómina de trabajadores y re-ducirla a lo mínimo. Por su parte, el diario Frontera, el diario con mayor tradición en la región, despidió a principios de año a cuatro periodistas, alegando falta de liquidez y problemas para enfrentar gastos.

Por otro lado, el Diario de los Andes, hizo lo mismo, pero a fi-nales del año 2010 y sacó de su nómina a cuatro periodistas, por problemas económicos graves. Las dos televisoras ULA Tv y la Tele-visora Andina de Mérida, se limitan a un personal básico para cum-plir con sus compromisos informativos, sin aspiraciones de subir la nómina.

Esta es una realidad a la que han tenido que enfrentarse los perio-distas en la región. Es un panorama que no ha garantizado duran-te el año 2011 una estabilidad laboral, puesto que los medios- aun cuando lo necesitan- prescinden de contratar periodistas por proble-mas económicos.

El 22 de febrero de 2011, fue agredida verbalmente la periodista


Marianela Mavares, mientras cubría un conflicto educativo en la ciu-dad de Trujillo. La agresión provino del Director de Educación de esa entidad, Benito Flores.

La situación se presentó en la Unidad Educativa estatal “Andrés Lomelli Rosario”, cuando la periodista, quien es corresponsal del diario El Tiempo en la ciudad de Trujillo, intentó cubrir una protesta desarrollada por padres, representantes y consejos comunales en apoyo al director Daniel Cegarra, quien había sido destituido de su cargo por orden del Director Regional de Educación.

Flores le arrebató el grabador a la comunicadora social e inició una serie de insultos en medio de la protesta de quienes se encon-traban en el lugar. La comunicadora hizo la denuncia ante la Fiscalía Primera del Ministerio Público de Trujillo.

El jueves 7 de abril de 20011, el director de la Escuela Básica “Rafael Antonio Godoy” de la ciudad de Mérida, Manuel Aldana, fue destituido de su cargo tras una orden emanada de la Zona Educativa del estado Mérida.

La medida se tomó porque el director Aldana informó a los me-dios sobre algunos casos de AH1N1, que se presentaron en la insti-tución a principios del mes de marzo. La salida a la luz pública de estos casos obligó a las autoridades sanitarias del estado a sincerar el número de casos presentados en la región y a que se declarara un alerta sanitario en todo el estado Mérida.

La medida fue tomada por el director de la Zona Educativa, En-rique Plata, pero fue protestada por el Sindicato de Maestros, junto a la Federación Venezolana de Maestros (FVM), seccional Mérida, quienes denunciaron que el profesor Aldana fue separado del car-go sólo por cumplir con el deber de informar a la opinión pública sobre una delicada situación que se estaba presentando en la ins-titución escolar.

El 7 de abril de 2011, funcionarios de la Fundación Trujillana para la Salud agredieron físicamente a la corresponsal de Globovi-sión en el estado Trujillo, Laura Domínguez, por haber denunciado el vencimiento de las vacunas del AH1N1, y por hacer pública la contaminación en el área de pediatría del hospital “Pedro Emilio

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Carrillo”. Esta agresión fue dirigida por el Jefe de Personal de la refe-rida fundación, Alfonso González, y por miembros del directivo del Sindicato Bolivariano de la Salud. Para el momento de la agresión, Domínguez estaba acompañada de su camarógrafo Heisser Gutié-rrez, a quien le fracturaron la muñeca y le arrebataron la cámara.

Aun cuando la denuncia se hizo ante el Cuerpo de Investigacio-nes Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y ante la Fiscalía del Ministerio Público, ambos funcionarios se negaron a compare-cer ante estos dos despachos. La situación se agravó cuando, a tra-vés de mensajes de textos, la periodista recibió amenazas de muerte.

El 30 de junio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) envió a Mérida, específicamente a la dirección de la FM 98.7, una comunicación donde ordenaba el cierre de dos de sus programas de opinión. Uno de ellos pertenecía al periodista Jorge Villet Salas, que era catalogado por funcionarios del gobierno na-cional como demasiado crítico. El programa “Frente a Frente” era transmitido de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes en la citada emisora. El comunicador, en la actualidad, tiene el programa en otra emisora de la ciudad.

El otro programa afectado por la orden de Conatel fue el condu-cido por el reconocido locutor Francisco Hita, quien aparentemente estaba haciendo comentarios negativos en contra de algunas obras del gobierno. Este programa salió del aire, pero a las pocas semanas volvió a estar en la parrilla de programación.

En esa oportunidad, el secretario del Colegio Nacional de Perio-distas de Mérida, Alfredo Aguilar, manifestaba su rechazo ante la medida emitida por el ente regulador de las comunicaciones y la catalogó como de arbitrarias porque van en contra del derecho a la libre expresión. Criticó, igualmente, la forma en que se les comu-nicó a los afectados la medida. Ambos recibieron verbalmente la notificación, no hubo nada por escrito.

El 2 de agosto de 2012, el director Regional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del estado Trujillo, Exhar Balza, agredió físicamente al estudiante de comunicación social Hernán Araujo mientras éste cubría la entrega de un donativo para damni-ficados en la región andina.


Aun cuando no está clara la situación que rodeó el hecho, pues el estudiante no quiso emitir declaraciones, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Trujillo, en voz de su secretario general Jesús Segovia, rechazó la agresión hacia el joven estudiante.

Informó Segovia que el funcionario le propinó puntapiés, golpes y le dio con la cacha del revólver en la cabeza al estudiante sin que éste tuviera oportunidad de defenderse. El agredido pertenece a la Oficina Regional de Información de la Gobernación de Trujillo.

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Lara: Prevalecen las presiones oficiales y las restricciones al acceso a las fuentes

Jesús Yajure, Barquisimeto, estado Lara.- La libertad de expresión es un derecho inalienable, fundamental e inherente al hombre, con-templado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Además, figura como uno de los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en demás acuerdos internacionales suscritos por el Estado venezolano.

La libertad de expresión configura también el ejercicio de otros derechos y garantías como el derecho a estar informados, a recibir y difundir informaciones, y accesar a fuentes de información de ca-rácter público.

El estado Lara se encuentra asentado en el centroccidente de Ve-nezuela y es una de las cinco entidades con mayor población del país. Esto sin duda lo posiciona como una encrucijada estratégica al ser un punto de encuentro y tránsito común entre otros estados.

La industrialización, el desarrollo agrícola y pecuario y la diversi-dad de su economía lo hacen también una de las entidades más de-sarrolladas y con mayor influencia en el ámbito social y económico. Posee tierras de gran potencial para la agricultura, como lo son el Valle del Turbio y el Valle de Quibor, estas últimas catalogadas como “las tierras más fértiles del país”, en las cuales se cultivan cebolla, tomate, maíz, entre otros rubros, que sirven para cubrir una parte importante de la demanda nacional.

En este contexto político la región ha atravesado por cambios importantes que han agudizado el proceso de polarización que no es ajeno al resto del país. Después de ocho años bajo administración oficialista –entendida ésta como el partido del gobierno nacional-, pasó en el año 2008 a ser dirigida por el actual gobernador, Henri Falcón, quien si bien perteneció al partido del presidente Chávez, ahora es de la oposición.

Esto sin duda transformó la dinámica de las relaciones y avivó los enfrentamientos entre el oficialismo y la nueva administración, acentuando el discurso cada vez más agresivo entre los partidarios


de una filiación política y otra. Para entender ésto, hace falta analizar los antecedentes que han originado esta situación y sus consecuen-cias.

El ex gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes y compañero de armas del presidente Chávez durante el golpe de 1992, se man-tuvo en el cargo por dos periodos lectivos: desde el año 2000 hasta 2008. Su sucesor, el abogado Henri Falcón Fuentes, cumplió –al igual que Reyes Reyes- dos períodos como alcalde del municipio Iribarren (Barquisimeto).

La alcaldía de Iribarren es también la más grande de la entidad, en la que habitan cerca de 2 millones de personas (75% de la pobla-ción total del estado Lara). Al vencer el segundo período del gober-nador Reyes, Falcón se convirtió en la alternativa más idónea en el seno Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para optar a la gobernación del estado en manos del oficialismo.

Las diferencias entre ambos dirigentes se hicieron evidentes du-rante el segundo período de Reyes Reyes. Pese a esto, el ex alcalde se mantuvo como miembro del partido oficialista y continuó militando en las filas, lo que le garantizó la candidatura a los comicios electo-rales de 2008.

En los últimos años estas diferencias políticas se han profundi-zado, a medida que la actual alcaldesa de Iribarren y el gobernador Falcón protagonizan –junto a Reyes- discordias que son también protagonistas de los principales titulares en diarios de la región.

Periodismo, Medios y Libertad de ExpresiónEl Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en la entidad cuenta –se-gún las últimas informaciones correspondientes al año 2010- con una población de 820 profesionales inscritos. Sin embargo, se esti-ma que esta cifra sea mayor como consecuencia del incremento de la población y el egreso de nuevos comunicadores sociales.

La apertura de programas de comunicación social en casas de estudios superiores en Lara, ha jugado papel importante en el cre-cimiento y reciente dinamismo por el que atraviesa el ejercicio del periodismo en la región centroccidental. Desde el año 2006 se han

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instalado al menos tres nuevas empresas de medios impresos; tam-bién se han establecido dos nuevas televisoras.

Entre los principales medios impresos (periódicos) están el Dia-rio El Impulso, El Informador, La Prensa de Lara, El Mío y el Diario de Lara (vespertino). También están las televisoras Promar Televi-sión, Telecentro, V+TV y Somos Televisión. A estas se unen las dece-nas de estaciones de radio esparcidas por toda la región y emisoras comunitarias.

Sin embargo, esto no ha significado –y aunque parezca contra-dictorio- mejores condiciones en materia de libertad de expresión y acceso a información que permitan el mejor y más libre ejercicio del periodismo. Persisten como ejemplos las agresiones a profesionales de la comunicación y restricciones en el acceso a fuentes oficiales y a datos que son carácter público.

Estas circunstancias limitan la labor de los profesionales y están encaminadas a obstaculizar el trabajo de los periodistas, reporteros, camarógrafos y demás trabajadores de empresas de medios, impi-diéndoles así cumplir con principios inherentes al oficio como la búsqueda de informaciones, el libre ejercicio de la denuncia, el con-traste de datos oficiales, contraloría social y rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Los casosEl Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) recoge, procesa y sistematiza las denuncias referentes a agresiones, ataques o inci-dentes que de alguna manera u otra, limitan, obstaculizan o interfie-ren en el ejercicio de una prensa libre e independiente.

Aunque se mencionarán en este informe algunos casos denun-ciados ante el IPYS durante el año 2011, éstos no constituyen la to-talidad de las agresiones y ataques a representantes de los medios en la entidad. Otros no fueron denunciados, o simplemente fueron acallados.

Como punto de partida figura la denuncia que hiciera, el 4 de abril, el periodista y reportero del diario El Impulso, Luis Alberto Perozo Padua. El profesional, que cubre la fuente municipal en el


distrito de Palavecino, en el estado Lara, acusó al alcalde Richard Coroba de encabezar una campaña de descrédito en su contra.

Perozo dijo a IPYS que los ataques del alcalde se iniciaron por un comentario que hizo en la red social Twitter en el que se refirió al sueldo del funcionario y otras críticas sobre su gestión. El comenta-rio fue leído en un programa de radio donde entrevistaban a Coroba.

El alcalde respondió en varios medios de comunicación, acusan-do al periodista de no tener ética y de aceptar sobornos para publicar ciertas informaciones. El alcalde también dirigió sus ataques contra El Impulso. Perozo denunció que tras las declaraciones del alcalde en su contra, éste ha ordenado limitarle el acceso a los actos oficiales en los que participa Coroba.

Como se verá, persiste la práctica de la censura por parte de au-toridades y el uso de mecanismos varios para restringir el acceso a fuentes oficiales como consecuencia de las denuncias o críticas a la administración pública.

A la periodista Helymar Rojas Acosta, de la fuente de salud del Diario La Prensa, también se le ha restringido el acceso a fuentes oficiales. Relata que en varias ocasiones se le negaron cifras oficia-les desde el despacho de la directora regional de salud, Dra. Yleana Guarenas, quien también la ha acusado de “mentir y manipular” en las informaciones publicadas por La Prensa.

Rojas hizo seguimiento de cerca a la publicación del Boletín Epi-demiológico y exigió en varias ocasiones que se proveyera informa-ción con relación a este informe. No obstante, los datos le fueron negados en varias oportunidades, hasta que fueron dados a conocer por las autoridades. En ocasiones también ha sido víctima de mal-trato y Guarenas se ha negado a atenderla –específicamente a ella- cuando ha recibido en su despacho a otros periodistas.

En mayo también fueron denunciadas las agresiones verbales a las que fueron sometidos periodistas, reporteros gráficos y cama-rógrafos de varios medios en Lara, cuando cubrían la audiencia de presentación de trece integrantes del Frente Revolucionario de In-quilinos y Ocupantes (Grupo FRIO), detenidos días antes por una invasión a un inmueble en la avenida Vargas de Barquisimeto.

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El 15 de mayo los integrantes del FRIO fueron liberados en tribu-nales, después de ser apresados por agentes de la Policía del Estado Lara (Polilara). Días antes, los miembros de esta agrupación habían protagonizado la invasión de un edificio de tres plantas en la avenida Vargas con calle 18. El inmueble estaba desocupado porque estaba siendo sometido a remodelaciones, aseguró el propietario.

La protesta pública por la invasión generó el cierre de calles y la avenida. El gobernador del estado ordenó el desalojo de los ocu-pantes ilegales y de inmediato se produjeron enfrentamientos entre funcionarios de Polilara y los integrantes del FRIO.

Luego de la audiencia, efectuada dos días después, la periodista de Promar Televisión, Paola Matos, se acercó a tres de los detenidos para entrevistarlos. Matos recibió como respuesta gritos e insultos contra ella y su compañero, el camarógrafo Jeison Gámez. Matos dijo que se sintió intimidada para cumplir con su labor por la pre-sión del grupo.

En el lugar también estaban Mariángel Durán y Jairo Nieto, pe-riodista y reportero gráfico del diario El Impulso, respectivamente y María José Pacheco, reportera del diario el Mío.

Todos fueron víctimas de violencia verbal y amedrentamiento con consignas como “váyanse porque son opositores, “fuera porque dicen puras mentiras” y “no tienen ética”.

En ocasiones, la violencia verbal y agresiones provienen también de funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad del Estado. Jairo Nieto, reportero gráfico del diario El Impulso, denunció, el 24 de agosto de 2011, que fue amenazado por un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando se encontraba en una cobertura de sucesos en el Centro Penitenciario de Centroccidente, común-mente conocido como Cárcel de Uribana.

Nieto contó que el policía le increpó que se retirara de los exte-riores de la prisión. Como no obedeció, porque pensó que la orden era exagerada y tenía además el mejor ángulo para sus fotos, el guar-dia lo amenazó con sembrarle droga y apresarlo por varios años. El periodista manifestó a IPYS tener miedo de que el oficial, cuyo nombre no identificó, cumpla sus amenazas y por eso acudirá ante


el Ministerio Público para formular su denuncia.Respecto a los sucesos recientes de la cárcel de Uribana, los pe-

riodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes cumplieron su labor en medio de una ráfaga de tiros, por el enfrentamiento que se pro-dujo entre los presos y efectivos de la Guardia Nacional.

En los incidentes en la cárcel de Uribana resultaron muertos tres reclusos. Los decesos fueron reseñados en medios impresos y au-diovisuales. Sin embargo, las muertes fueron negadas días después por funcionarios del recién creado Ministerio de Asuntos Peniten-ciarios.

La periodista Edy Pérez, titular de la fuente de sucesos en el dia-rio La Prensa, denunció que fue agredida por el director de la cárcel de Uribana, Nelson Bracca, cuando cubría unos enfrentamientos en el penal.

Según el relato de Pérez, el director Bracca se sorprendió de en-contrar a los medios en las inmediaciones del recinto penitenciario, posteriormente a denuncias recibidas por parte de familiares y mu-jeres en la visita donde escucharon detonaciones.

Pérez fue invitada por las autoridades a retirarse de los predios. Ante la negativa, Bracca la acusó a ella y al también periodista Ri-chard Alexander Lameda, del Diario El Impulso, de “satanizar a Uri-bana” y de mentir en las informaciones publicadas por los medios, entre éstas, las que hacían referencia a las muertes dentro del centro penitenciario.

Un acompañante del Bracca, que se encontraba vestido de ne-gro, la llamó “estúpida”. El intercambio de comentarios duró unos minutos, pero tuvo sus repercusiones. Días después, el director de Uribana convocó a los medios al penal, pero prohibió la entrada a los reporteros del diario La Prensa, entre ellos, Edy Pérez.

La cobertura de protestas y marchas también ha planteado nue-vos retos a los periodistas. El 14 de octubre de 2011, el camarógrafo de Venezolana de Televisión (VTV), Héctor Rosales, denunció las agresiones físicas de las que fue objeto cuando cubría una protesta de docentes regionales en las adyacencias de la gobernación de Lara.

En medio de la protesta se produjo un enfrentamiento entre los

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docentes y militantes del partido Patria Para Todos (PPT), que sim-patiza con el gobernador Henri Falcón. Rosales dijo al IPYS que intentó grabar unas imágenes de apoyo pero una mujer se le acercó y de forma violenta le tapó el lente de la cámara.

Agregó que en medio del forcejeo, un grupo de partidarios del gobernador de Lara comenzaron a gritar consignas en contra del gobierno nacional, lo insultaron y le quitaron el transmisor del mi-crófono.

Rosales, que reconoció que como reporteros no cuentan con me-didas de seguridad para protegerse en situaciones como éstas, no sentó ninguna denuncia hasta no consultar con los directivos del canal.

Una amenaza: censura y autocensuraLa práctica de censura por parte de entes oficiales también recru-dece en un entorno en el que la polarización política, la conflicti-vidad social y el abuso de poder se hacen cada vez más presentes. Es común ver en la entidad cómo funcionarios públicos y actores políticos convocan ruedas de prensa, las cuales son usadas como mecanismo intimidatorio en contra del trabajo de los periodistas.

Otro fenómeno que se ha hecho común es el de las llamadas de funcionarios a las redacciones solicitando réplicas o quejándose de la labor de los periodistas. Se han conocido casos en los cuales estas llamadas han provocado la remoción de periodistas de algunas fuen-tes, para cumplir las peticiones de gobernantes locales.

Las agresiones, la censura y las trabas al ejercicio periodístico configuran en sí un cuadro que da paso a un fenómeno aun más preocupante: la autocensura. Los periodistas y medios se han ido censurando en cuanto a las denuncias que trastocan intereses políti-cos e incluso económicos, ya sea por temor a perder una fuente, por ser objeto de críticas públicas y para no experimentar el “ostracismo” al que pretenden someterlos las autoridades, que se sienten amena-zadas por el trabajo de los profesionales de la prensa.


Zulia: Cambios en la propiedad de los medios generan escenario adverso para la libertad de prensa

Juan José Farías, Maracaibo, estado Zulia.- El Colegio Nacional de Periodistas lo advirtió durante todo el año pasado. Y era eso lo que podía hacer: advertir sobre la adquisición, por parte de grupos cha-vistas, de medios de comunicación del estado Zulia.

Ahora existe mayor polarización por parte de los medios, según Raúl Semprúm, jefe de información del diario La Verdad, periódico abiertamente crítico al Gobierno Nacional.

Ese es el resultado del análisis dedicado a la libertad de expresión en la región: cada medio abraza a su contendiente y la objetividad pasó a un segundo plano, aunque aún existen esfuerzos por man-tenerla, al menos en algunas fuentes, en algunos de los medios lo-cales.

Con respecto a la injerencia política entre grupos editoriales, se muestra que el mecanismo de adeptos al gobierno es apropiarse de esos espacios para mantener la imagen viva del Socialismo del Siglo XXI en un estado que, históricamente, ha negado su apoyo al gobierno actual. Para Semprúm este mecanismo responde a los lineamientos de no agresión a los medios que tanto ha funcionado en otras regiones del país.

Por tratarse de una región totalmente polarizada, cada partido cuenta con adeptos, organismos e instituciones que lo apoyan, así que ningún representante se siente solo. Por eso no existe una agre-sión directa contra periodistas.

En el año 2011 fueron tres los medios televisivos que cambiaron drásticamente: Urbe TV salió del aire por falta de financiamiento y TeleN y Zuvisión ahora se denominan Coquivacoa TV y Catatumbo TV. Sus colores institucionales son los mismos del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Semprúm asegura que la presión también influye: desde las amenazas de cierres de concesiones hasta los perturbadores cierres de programas en los mismos canales de televisión.

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“Hay que ser objetivos. Es cierto que en años anteriores la Poli-cía Municipal de San Francisco tenía una larga lista de agresiones a periodistas. Todo eso cambió radicalmente. Ahora el alcalde tiene un programa de televisión. También es cierto que las dos emisoras que cerraron hace poco, este año 2012, no tenían permiso para estar al aire”.

Que sea un año electoral también influye y como lo muestra el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) desde 2010, la desacelera-ción de la agresión contra los medios ha mermado conforme crece el número de medios adeptos al actual Gobierno Nacional.

Otro ámbito de la sociedad que debilita la libertad de expresión es la propia inseguridad personal. El periodista, que se enfrenta a dia-rio en la calle a desconocidos y situaciones peligrosas, siente mayor temor de lo que pueda sucederle porque, como en todos los estratos y profesiones, el delincuente puede atacar libremente sin tener nin-gún tipo de castigo.

Como le pasó al periodista radial Carlos Sánchez, de Fe y Alegría. Lo secuestraron por unas horas, le quitaron sus pertenencias y lo abandonaron en un sitio baldío del oeste de Maracaibo. Los agreso-res le hicieron saber que era un hecho ordenado por reos de la cárcel de Sabaneta, disgustados por su trabajo con respecto a las reyertas que allí se suscitan. No hubo justicia en este caso.

Tampoco el hecho que se registró a principios de febrero contra los periodistas de medios impresos y digitales en una funeraria. Los familiares, de una víctima del hampa, los atacaron frente a los ojos de la policía. Nadie hizo nada y las denuncias que se hicieron en la Fiscalía, no llegaron a ningún lado.

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CAPÍTULO 5

Dossier: Examen Periódico Universal (epu) de Venezuela, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

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El 7 de octubre de 2011 se realizó en el seno del Consejo de Dere-chos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Examen Periódico Universal (EPU) en el que se evaluó al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que el Exa-men Periódico Universal (EPU):

(…) es un proceso único que consiste en una revisión de los antecedentes de derechos humanos de todos los 192 Estados miembros de la ONU una vez cada cuatro años. El EPU es un proceso impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, el cual ofrece la oportunidad a cada Estado para declarar lo que las acciones que han tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos (ONU, s/f: parr. 2).

El EPU no solo evalúa el desempeño de los estados en materia de derechos humanos y también permite recibir recomendaciones por parte de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que podrían contribuir a mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos en cada país evaluado.

En el proceso de evaluación a los estados en Consejo toma en cuenta los informes elaborados por las propias delegaciones de la ONU en cada país, los informes nacionales que deben elaborar cada uno de los Estados evaluados, fundamentados en una amplia consulta con las diversas oficinas públicas responsables de la pre-servación y defensa de los derechos humanos y las organizaciones sociales que promueven y defienden los derechos humanos y de los aportes que hagan las organizaciones no gubernamentales a través de informes específicos que deben enviar ante el Consejo, sobre la situación del derecho específico sobre el que trabaja cada una, en el país.

La red Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión de América Latina y el Caribe (IFEX ALC, por sus siglas en inglés) de la que IPYS Venezuela forma parte participó en el proceso del EPU, a través del envío y difusión de un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, que se redactó de acuer-


do a los lineamientos establecidos por el Consejo de Derechos Hu-manos de la ONU, para la participación de la sociedad civil en el proceso, al igual que lo hicieron otras organizaciones de derechos humanos del país.

En el mes de octubre la red IFEX realizó una misión a Ginebra para participar como observadores en la sesión del EPU Venezuela, en la que participó un integrante de IPYS Venezuela. Como parte de esta misión se dio a conocer a algunas representaciones diplomáti-cas acreditadas en Ginebra, el contenido del informe sobre la situa-ción de la libertad de expresión en Venezuela remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El derecho a la libertad de expresión fue incluido en 13 reco-mendaciones que le fueron formuladas al Estado venezolano el 7 de octubre, por otros Estados miembros del Consejo, las cuales fueron rechazadas en su totalidad por el Estado venezolano.

A continuación se presenta un dosseir que contiene un trabajo preparado por Feliciano Reyna y Yolanda D´Elia de la organización Civilis, que da cuenta del proceso del Examen Periódico Universal al que fue sometido el Estado venezolanos en octubre de 2011.

En segundo lugar se incluyó el informe sobre la situación de la libertad de expresión, elaborado por la red IFEX ALC y remitido el Consejo de Derechos Humanos para su consideración en el proceso del EPU.

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El examen periódico de los derechos humanos en Venezuela en el marco del sistema de las Naciones Unidas5

feliciano reyna y yolanda d´elia6

civilis / [email protected]

IntroducciónVenezuela transita por difíciles situaciones de riesgo en lo que con-cierne a la vigencia del estado de derecho y a la protección de liberta-des y derechos fundamentales. Desde hace varios años, el gobierno venezolano ha mostrado una conducta de desviación del marco y las garantías constitucionales, alegando la necesidad de dar predomi-nancia al proyecto político que lidera el Presidente de la República, por encima de las normas, las instituciones, el ejercicio de liberta-des democráticas e incluso la voluntad popular, bajo supuestos de amenaza interna y externa a la soberanía de la nación. Aunque hay espacios de la gestión de gobierno donde se han llevado a cabo ac-ciones con un sentido de mayor inclusión y participación social, ello se ha hecho alterando principios y mandatos de la Constitución, y creando un marco de leyes y de facultades que favorecen al poder

5 CIVILIS es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 2010, independiente, pluralista y autónoma, dedicada al apoyo de la labor que realizan grupos y organizaciones de la sociedad civil en el campo de los derechos humanos. La asociación tiene como objeto la formación y el desarrollo de conocimientos, así como la educación y el fomento de la acción de ciudadanos organizados en la promoción y protección de los derechos humanos, con el soporte de enfoques asociativos y multidisciplinarios, cívicos y democráticos, para contribuir a la expansión y el fortalecimiento de marcos de respeto y garantías a la dignidad de las personas en las dimensiones civiles, políticas, sociales, económicas y culturales.

6 Feliciano Reyna y Yolanda D´Elia son miembros fundadores de la asociación civil Civilis.


ejecutivo, en detrimento del diálogo no discriminatorio y la plura-lidad, la libre participación, el escrutinio público y la evaluación de su compatibilidad con la efectiva mejora de los derechos humanos.

El mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), creado en el año 2006 por el Sistema de las Naciones Unidas, es una oportu-nidad para elevar el interés, exponer abiertamente a la luz pública nacional e internacional y evaluar de manera rigurosa y exhausti-va la situación de los derechos humanos en relación con los com-promisos y obligaciones de los Estados, emanados de los Pactos y Convenios Internacionales, suscritos en esta materia. Venezuela fue examinada en el mes de octubre y este documento se ha hecho con el fin de presentar una síntesis acerca de la información presentada por el Estado, los órganos internacionales de derechos humanos y las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) durante la etapa de re-visión del país, así como los resultados que se obtuvieron de dicho examen, en términos de las recomendaciones realizadas por los Es-tados participantes y los compromisos preliminarmente asumidos por el Estado venezolano.

Informe Nacional del Estado venezolanoEl marco de evaluación para preparar el Informe Nacional fue el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, el cual, según se men-ciona en aquél: “define las líneas estratégicas del desarrollo de la nación; tiene como base la garantía de los derechos humanos de toda persona, inspirada en la doctrina del Libertador Simón Bolívar; y fortalece una nueva estructura social incluyente y participativa”. En este Informe se abordaron 20 temas, 14 de los cuales pueden agruparse dentro de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en los que el Estado consideró existían avances sustantivos en derechos huma-nos, y se destacaron temas como las misiones y la inversión social, los eventos electorales, las nuevas leyes de participación ciudadana dentro del concepto del Estado Comunal, las actuaciones del TSJ en materia de derechos humanos y las leyes que regulan la materia ambiental.

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Aunque se admitieron esfuerzos insuficientes en la pobreza, el derecho a la vida y la seguridad ciudadana, el derecho a la vivienda, la protección de derechos de la población sexo-género-diversa, la si-tuación penitenciaria, el derecho al asilo y refugio y el seguimiento y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, se atribuyeron tales deficiencias a los obstáculos y limitaciones que produjeron la desestabilización interna llevada a cabo por la oposi-ción política, incluyendo dentro de ésta a las élites empresariales y sindicales, todos los partidos de oposición y parte de la jerarquía de la iglesia católica, así como la intervención de potencias extranjeras con posturas hegemónicas, colonialistas y neocolonialistas.

Más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil venezolana fue-ron excluidas de las convocatorias y consultas realizadas por el Esta-do venezolano para elaborar el Informe Nacional sobre la situación de los derechos humanos, por no actuar dentro del ámbito del Poder Popular. Aunque la participación de las ONG es una recomendación de la ONU por mandato de la Asamblea General7, en este Informe se explicó que la metodología para elaborarlo fue, por una parte, el trabajo interinstitucional entre las 5 ramas del Poder Público y, por otra, la formación y el “diálogo interno” llevado a cabo con el “poder comunal, organizaciones y movimientos sociales”, en una “consulta social puntual”.

Desde marzo de 2010, el Ministerio de las Comunas y Protec-ción Social realizó talleres dirigidos a Consejos Comunales y Salas de Batalla, a través de las Escuelas del Fortalecimiento del Poder Popular (EFPP) en cada estado del país, en los que se trabajaron “los alcances obtenidos por la Revolución Bolivariana en materia de derechos humanos”, para participar en el EPU de Venezuela. Algunos conte-nidos de los talleres fueron: contexto histórico de la República 1800-1999, situación económica actual, el poder popular como esencia del sistema político de la nación, la obra de la revolución bolivariana y el cumplimiento de las metas del milenio. El Ministerio de las Co-munas sería el organismo responsable de seleccionar a los posibles

7 Véase: Resolución 60/251 de la Asamblea General y la Resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.


“voceros del poder popular” para asistir a la sesión del examen en Ginebra a fin de “defender a Venezuela ante la Comisión de Dere-chos Humanos de la ONU”.

En el Informe Nacional no se presentaron cifras sobre el dere-cho a la vivienda y la situación penitenciaria, se omitió información acerca del acceso a la justicia y el ejercicio de la libertad de expresión y se publicó data errada sobre la situación de inseguridad en el país, extraída de instituciones públicas del gobierno chileno, la cual fue corregida posteriormente.

Informe del Consejo de Derechos HumanosLa Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pre-sentó un informe que recoge la situación del Estado venezolano so-bre el cumplimiento de obligaciones internacionales, la cooperación con los órganos de procedimientos especiales o relatorías y la im-plementación de medidas, exhortaciones y recomendaciones reali-zadas por órganos del sistema universal y regional de protección de derechos humanos. En este Informe la OACDH recogió la califica-ción de actos objeto de atención por la gravedad del incumplimien-to: a) la sentencia del TSJ de 2009 que declaró “inejecutable”un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desconociendo su valor obligatorio, y la solicitud de denunciar la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos hecha en esta sentencia; b) la pri-vación arbitraria de libertad de la jueza Afiuni, como represalia por el ejercicio legítimo de sus funciones constitucionales y el intento de reprimir la independencia de los jueces y abogados del país a través de esta medida; y c) la incompatibilidad del marco legal vigente en materia de libertad de expresión con las obligaciones de la Conven-ción Americana de Derechos Humanos.

En lo que se refiere a la cooperación del Estado venezolano con los procedimientos especiales del Sistema de Naciones Unidas (SNU), el Informe de la OACDH estableció que hasta ahora el Esta-do no ha cursado invitación permanente ni ha dado autorización a

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6 solicitudes de visitas hechas por diferentes Relatores8; tampoco ha autorizado ninguna solicitud de visita de la OIT desde el año 2005.

Asimismo, el Estado venezolano sólo había respondido 7 de 24 cuestionarios enviados por titulares de mandatos de procedimientos especiales. Además, no se han llevado a efecto acuerdos de coope-ración ante la problemática de las ejecuciones extrajudiciales, ni se ha utilizado el ofrecimiento de asistencia técnica y cooperación en materia de justicia de menores. Por otra parte, se indicaron consi-derables retrasos en la presentación de informes y en el suministro de información sobre infancia, tortura y derechos sociales, así como existen 7 años de retraso en la presentación de informes al propio Comité de Derechos Humanos.

En materia de ratificaciones de instrumentos internacionales de derechos humanos, el informe de la OACDH señala al menos 12 que no han sido ratificados por el Estado venezolano o falta com-pletar el procedimiento establecido de ratificación, como lo es el caso del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-rechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). También se señalaron 14 situaciones de incumplimiento en la implementación de conven-ciones ratificadas y declaraciones de compromiso, entre las cuales se encuentran el Estatuto de Roma, los Tratados de Derecho Huma-nitario, las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, Resoluciones de la OIT, la Convención contra la Tortura, la Declaración de Viena y los Principios de París.

Se recogieron también preocupaciones manifestadas por los ór-ganos del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en una diversidad de temas, respecto de las libertades fundamentales; los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos sectores específicos de la población —mujeres, niños, niñas y adolescentes y los traba-jadores—; y de personas altamente discriminadas —personas pri-vadas de libertad, personas lesbianas, gays, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTI) y pueblos indígenas.

8 Dos del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, dos del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y dos del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.


Informes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)Al culminar la consignación de informes, se publicaron 576 in-formes en el sitio web del EPU, enviados por organizaciones ve-nezolanas y extranjeras. De los consignados por organizaciones venezolanas, 48 (8,3%) procedían de redes y coaliciones de dere-chos humanos, 45 (7,8%) de otras organizaciones autónomas y 290 (50,4%) de Consejos Comunales y Unidades de Batalla. De los en-viados por organizaciones extranjeras, 92 (16%) fueron bolivianas, 14 (2,4%) norteamericanas, 12 (2,1%) cubanas, 11 (1,9%) españolas y 11 (1,9%) paraguayas. Otros 40 informes fueron enviados por orga-nizaciones de las américas; 8 por organizaciones europeas; y 1 por una organización japonesa.

En referencia a los 48 informes de redes y coaliciones de dere-chos humanos, participaron más de 150 organizaciones de la socie-dad civil venezolana9, que presentaron 88 recomendaciones agrupa-das en 34 temas sobre situaciones de severa restricción y violación de los derechos humanos en Venezuela. Estos temas fueron orga-nizados en seis grupos de derechos vulnerados: 1. Defensa y promo-ción de los derechos humanos; 2. Libertad de expresión y acceso a la información; 3. Derecho a la vida, libertades y seguridad ciudadana; 4. Garantías judiciales y acceso a la justicia; 5. Derechos sociales y ambientales; y 6. Derecho a la no discriminación.

Respecto del trabajo de este conjunto de organizaciones, recogi-do en una matriz que facilitó el trabajo de incidencia, y luego de su reunión en Ginebra, el día previo al EPU, con la Sra. Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Canciller venezolano, Nicolás Maduro, expresó: �A estas ONG tari-fadas ( ) por allí hemos visto a algunos �ONGistas�, les pudiéramos decir, tarifados por el imperio, la verdad los aplastará, les caerá encima�10

Por su parte, el Procurador General de la República, Carlos Esca-

9 Estas fueron: Acción Solidaria (AcSol), Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Cisfem, Cofavic, Comisión de Derechos Humanos de la FCU-UCV, Conapro (4 ONG), Control Ciudadano, Convite, Diver-lex, Espacio Público, Foro por la Vida (18 ONG), Fundación Agua Clara, Fundación Reflejos de Venezuela, Incosec, Liberados en Marcha, Movimiento por la Calidad del Agua (3 ONG), Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano por los Derechos de las Mujeres (43 ONG), Paz Activa, Profesores de Derecho Público UCV, Provea, Provene, Redhnna (11 ONG), Sinergia (54 ONG individuales y redes), Transparencia Venezuela, Una Ventana a la Libertad y Unión Afirmativa.

10 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=mCWdFJvKNAM&feature=player_embedded#!

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rrá, quien acompañó a la delegación del Estado durante el examen, se refirió a estas organizaciones como �aliadas del extranjero�:

(…) esos países no entienden a Venezuela, ellos se van con las ONG tradi-cionales, que reciben fondos del exterior para cuestionarnos. No se trata de que estemos limitando a estas organizaciones, sino que tenemos una visión distinta a la de esas naciones. Los más de 40 mil consejos comunales son verdaderas organizaciones del Poder Popular, que no están financiadas desde el exterior, no dependen del Estado y son totalmente autónomas11.

Resultados del examenA pesar de los intentos de descalificación, el trabajo articulado de las organizaciones de sociedad civil se vio reflejado en los resultados del EPU. Durante la sesión, los Estados participantes consignaron 148 recomendaciones, de las cuales 95 (64%) fueron aceptadas y 53 (35,8%) no lo fueron. De las aceptadas, 75 (78.9%) se considera-ron recomendaciones en implementación y 20 (21%) fueron nuevos compromisos a implementar. De las no aceptadas, 15 (28.3%) fue-ron diferidas para su revisión por parte del Estado venezolano �hasta la adopción definitiva en marzo de 2012� y 38 (71.7%) fueron recha-zadas. Si se analizan los resultados del examen desde el punto de vista temático, durante la revisión de la situación de Venezuela, los Estados dieron importancia a 29 temas. La mayoría de las mencio-nes, preguntas y recomendaciones se refirió a libertad de expresión, derechos de las personas privadas de libertad, derechos sociales en general, independencia del poder judicial, derechos de la mujer, de-recho a la vida y a la integridad personal, solicitudes de ratificación de protocolos y convenios internacionales, protección de los defen-sores y organizaciones de derechos humanos, la invitación abierta de representantes de los procedimientos especiales de los sistemas internacionales de protección y la cooperación internacional.

En cuanto a la respuesta del Estado venezolano a las recomenda-ciones, es significativo que siendo la libertad de expresión el tema de

11 Noticia al Día: Procurador Carlos Escarrá Malavé: “Cada país es autónomo de cumplir las recomen-daciones dadas en el Consejo de Derechos Humanos”. 14.10.2011. Disponible en: http://noticiaaldia.com/2011/10/procurador-carlos-escarra-malave-“cada-pais-es-autonomo-de-cumplir-las-recomendaciones-dadas-en-el-consejo-de-derechos-humanos”/


preocupación más mencionado, 79% de las referidas a éste hayan sido rechazadas. Igualmente ocurrió en el reconocimiento y protec-ción de defensores de los derechos humanos —rechazando el 75% de las recomendaciones— y la independencia del poder judicial —rechazando el 100%—. El Estado rechazó también la única reco-mendación referida a la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, fue signi-ficativo que el Estado haya diferido el 100% de las recomendaciones relacionadas con la visita al país de representantes de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y con la elabo-ración de un plan de derechos humanos, con amplia participación de la sociedad civil.

ConclusionesA pesar de que el Presidente Chávez había planteado el escenario del EPU como una confrontación y no como un diálogo constructivo —”hay que dar la batalla, esos son los organismos de Naciones Unidas, y aunque nos ataquen, hay que ir a dar la batalla”12— y de que durante la sesión la representación del Estado no respondió preguntas, li-mitándose a hacer lectura de documentos preparados previamente, el EPU ofrece al Estado venezolano la oportunidad de cumplir, con estándares y reglas abiertas, transparentes y estrictas, con sus obli-gaciones en materia de derechos humanos y de garantías a una vida digna. Esto exige como condición el diálogo plural y el esfuerzo con-junto, para poder poner fin a las situaciones de vulneración y avan-zar en las garantías contenidas en la Constitución y en los pactos y convenios internacionales suscritos por la República en materia de derechos humanos, patrimonio inalienable de cada venezolano y venezolana. El EPU también es una oportunidad para las organi-zaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos para aportar al conocimiento de la situación, articular esfuerzos de incidencia y abrir espacios para seguir exigiendo la solución a los problemas que causan la violación de los derechos humanos.

12 Disponible en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111004/chavez-dice-que-dara-batalla-en-examen-sobre-derechos-humanos

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Los resultados del examen tienen un valor altamente positivo. El mecanismo permitió que organizaciones y defensores con larga tra-yectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos contri-buyeran con sus aportes, de manera autónoma, a un conocimiento amplio sobre la situación en Venezuela, a pesar de no haber sido convocados a participar en la preparación del Informe Nacional. Por otra parte, independientemente de las reacciones del gobierno ve-nezolano, junto al reconocimiento de avances en temas de derechos económicos, sociales y culturales, se colocaron de relieve las situa-ciones de mayor afectación a las libertades y los derechos civiles en Venezuela, haciendo justicia al valor supremo de proteger la digni-dad de las personas, por encima de la gestión o los propósitos del Estado. Las recomendaciones expresaron el carácter universal, inter-dependiente e indivisible de los derechos humanos, que no puede dar cabida a tratamientos y enfoques parciales o selectivos. Además, el EPU hizo evidente que, para muchos Estados, la garantía y el res-peto de los derechos humanos se antepone a intereses políticos o económicos.

El seguimiento a las recomendaciones continúa durante los próxi-mos 4 años, y comprende tanto la implementación de las adoptadas como la afectación de los derechos involucrados en las rechazadas, pues de esto último dependerá en gran medida la posibilidad de avanzar en las primeras. Finalizado este plazo, el Estado venezolano se presentará nuevamente a rendir cuentas en la siguiente ronda del EPU. Es de esperar que para ese momento no sólo haya cumplido con los compromisos adquiridos, sino que lo haya hecho con ampli-tud, involucrando a las más diversas expresiones de la sociedad civil venezolana y con la cooperación de los sistemas internacionales de derechos humanos, en particular, con los procedimientos especiales de Naciones Unidas.

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Informe sobre la situación de la libertad de expresión enviado por la red intercambio internacional para la libertad de expresión de América Latina y el Caribe (IFEX ALC, por sus siglas en inglés) al consejo de derechos humanos de la onu para el examen periódico universal (EPU)

Venezuela Informe para la ONUExamen Periódico Universal (EPU)Duodécima Sesión del Grupo de Trabajo del EPU, octubre 2011

Introducción1. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezue-

la), www.IPYS.org.ve, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en 2002 para dar continuidad al trabajo que desarrolla la organización en América Latina, desde 1993. Trabaja en la defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión, desarrollo de actividades de capacitación para mejorar la calidad del periodismo de investigación y estimular el uso de herramientas de acceso a la información pública por parte de periodistas.

2. IPYS Venezuela suscribe el presente documento, que fue pre-parado a partir del trabajo sistemático de monitoreo de la situación de la libertad de expresión, que realiza la organización en todo el país, mediante el cual documenta y emite alertas que difunde a tra-vés de la red Intercambio Internacional para la Libertad de Expre-sión (IFEX).

3. En Venezuela, la Constitución Nacional, promulgada en 1999, garantiza en sus artículos 57 y 58, el derecho a la libertad de ex-presión y a la comunicación libre y plural. A pesar de esta garantía constitucional, en el país se manifiesta un conjunto de regulaciones y prácticas que tienen un efecto negativo en el ejercicio de este de-recho, que a continuación se señalan. Se incluyen seis áreas en las que se han identificado limitaciones para el derecho a la libertad de


expresión e información, en los últimos cuatro años (2007-2010), de acuerdo a los deberes asumidos por el Estado y contemplados en instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país: ataques y amenazas, regulaciones restrictivas para periodis-tas y medios de comunicación, pluralidad y diversidad de medios de comunicación, acciones judiciales, difamación y otros delitos de opinión, el derecho a la información pública y procedimientos ad-ministrativos que contemplan limitaciones al trabajo de medios de comunicación.

Ataques y amenazas 4. Se han incrementado las agresiones y amenazas contra la vida

y la integridad física de periodistas, trabajadores de medios de co-municación, comunicadores comunitarios, defensores de derechos humanos y medios de comunicación por ejercer la libertad de ex-presión y el derecho a la información. De acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, entre 2007 y 2010 se registraron 449 casos, en los que resultaron afectadas 838 víctimas13. Se observó un incremento en el número de limitaciones cada año. Los atentados contra la vida o la integridad física de periodistas y trabajadores de medios de co-municación, la confiscación o destrucción de materiales, equipos e infraestructura de medios de comunicación y los impedimentos para la cobertura periodística de hechos de interés público, han sido los tipos de hechos con mayor registro.

5. En el período monitoreado se ha constatado la responsabili-dad tanto de actores no estatales, como de actores estatales, en las violaciones a la libertad de prensa registradas. Los principales res-ponsables no estatales durante el período han sido presuntos sim-patizantes del Presidente Hugo Chávez y particulares reunidos bajo las categorías “otros” y “desconocidos”; seguidos por responsables estatales como integrantes de la Fuerza Armada Nacional, miem-bros del Poder Legislativo, funcionarios de Ministerios y de sus de-pendencias y tribunales.

13 En la página web de IPYS Venezuela (www.IPYS.org.ve) se pueden ver todas las alertas emitidas entre 2007 y 2010 de casos de violaciones a la libertad de expresión.

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6. La presencia de presuntos simpatizantes del Presidente Hugo Chávez y de desconocidos se ha evidenciado en casos como el ata-que sufrido por periodistas y trabajadores de los diarios Últimas Noticias, Líder y El Mundo, de la Editorial Cadena Capriles, el 13 de agosto de 2009, cuando manifestaban de forma pacífica en rechazo de un proyecto de Ley de Educación, que contenía restricciones para el ejercicio de la libertad de expresión; en el que 9 de ellos resultaron con heridas severas y otros 3 con lesiones leves.

7. De igual forma, la presencia de desconocidos o particulares re-unidos bajo la categoría “otros”, se ha constatado en diversos ataques perpetrados contra las sedes de medios de comunicación y de resi-dencias de reconocidos periodistas de medios privados. Un ejemplo de ello fueron los ataques con bombas lacrimógenas contra las se-des del canal Globovisión, del diario El Nuevo País y las residencias de Leopoldo Castillo, conductor del programa “Aló Ciudadano”, que se transmite por Globovisión, y de Marta Colomina, conductora de un programa de opinión en Unión Radio y columnista del diario El Universal; cuya autoría fue asumida por el colectivo “La Piedri-ta”, grupo de un sector popular ubicado al oeste de Caracas, que se ha identificado como seguidor del gobierno del Presidente Hugo Chávez. Existe una orden de captura contra el líder de esta organi-zación; sin embargo, aún las autoridades no han dado con su para-dero. No se han observado los esfuerzos suficientes para ubicarlo.

8. El retraso en la investigación de estos casos, por parte de las autoridades venezolanas, ha impedido que se tomen acciones de re-paración a las víctimas y sanciones hacia los responsables. En algu-nos casos, la burocracia de las instituciones ha incidido en el retraso de los procesos judiciales, en otros, se han desechado las pruebas de las agresiones presentadas por los afectados. Por ejemplo, no ha habido sanción para los responsables de la agresión contra los periodistas de la Cadenas Capriles (2009), a pesar de que existen diversos registros gráficos en los que se identifica el rostro de los res-ponsables. Uno de los presuntos responsables estuvo detenido por algunos días y posteriormente fue liberado, sin que se estableciera ningún mecanismo de seguimiento. El caso continúa abierto en la


Fiscalía pero está estancado. Ha faltado capacidad técnica y jurídica de parte de los organismos policiales para concluir los casos, lo que ha contribuido a que sus responsables sigan sin castigo.

9. También se ha evidenciado dilación injustificada en la inves-tigación y el juicio que se siguen a los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Orel Sambrano, ocurrido en 2009, que se produjo luego de que denunciara en sus trabajos periodísticos un caso de narcotráfico. Aunque permanecen detenidos aún no hay una sentencia definitiva para todos los implicados (hasta marzo de 2011, sólo se conocía la sentencia firme contra Rafael Segundo Pé-rez, cómplice del autor material). El presunto autor intelectual de su muerte fue detenido en un operativo antidrogas fuera del país y las autoridades venezolanas solicitaron su extradición, que aún no se ha completado.

10. Trabajadores de las televisoras Globovisión y RCTV que go-zan de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han recibido la protección correspon-diente por parte del Estado para resguardar su integridad14, lo que ha incidido en que se sigan cometiendo ataques contra ellos15. De parte de las autoridades del gobierno nacional ha prevalecido un discurso de crítica y descalificación reiterada hacia medios de comunicación privados, en los que se ubica a los periodistas como opositores de su proyecto político16. No se han emprendido medidas por parte de los

14 La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció dos casos por agresiones y amenazas a period-istas venezolanos: Caso Perozo (por agresiones y amenazas contra trabajadores de la televisora Globovisión) y otros Vs. Venezuela y Caso Ríos y otros Vs. Venezuela (por agresiones y amenazas contra trabajadores de televisora RCTV) . Desde la apertura de estos casos se emitieron medidas provisionales para resguardar y proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los periodistas, directivos y trabajadores de las televisoras, las cuales fueron incumplidas de forma plena por el Estado Venezolano. En ambos casos la Corte emitió sentencias en enero de 2009, en las que encontró que el Estado era responsable por el in-cumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de bus-car, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal y ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas para buscar, recibir y difundir información, de los trabajadores de las televisoras afectados y concluir dentro de un plazo razonable las investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno que se encuentran en trámite, se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones establecidas por la Ley, lo que no ha ocurrido hasta marzo de 2011.

15 Los textos completos de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están dis-ponibles en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf y http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf

16 Algunas alertas emitidas por IPYS Venezuela dan cuenta de la descalificación de altos funcionarios de gobierno hacia medios y periodistas. Disponibles en: http://www.IPYS.org.ve/2007/a_CD_HGC.htm http://

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organismos de justicia para proteger a los periodistas y trabajadores de otros medios de comunicación que han sido atacados, ni se han tomado medidas de prevención para evitar que las agresiones se si-gan registrando, lo que ha ocasionado que el número de amenazas y agresiones haya crecido cada año17. La mayoría de los periodistas afectados no presentan su denuncia ante las autoridades venezola-nas porque desconfían en que habrá alguna actuación18.

11. También se ha constatado el surgimiento de una matriz de criminalización de las actividades de organizaciones que promue-ven y defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Se han efectuado acusaciones formales contra estas organizaciones que han generado la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República contra estas organizaciones y una campaña de intimidación y descrédito contra sus integrantes a tra-vés de medios estatales. Adicionalmente, en el mes de diciembre se propuso la aprobación de un proyecto de Ley de Cooperación Inter-nacional, que incluía un mecanismo de control por parte del Esta-do de las donaciones internacionales. Posteriormente, se discutió y aprobó la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que prohíbe la recepción de fondos a través de los mecanismos de cooperación internacional, reconocidos internacionalmente a “orga-nizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos”, y la sanciona con multas. Su redacción es confusa y podría ser aplicada para las organizaciones de derechos humanos, con lo que se afectaría el derecho a la libre asociación y al trabajo de estas organizaciones en el país.

www.IPYS.org.ve/2007/a_CD_MED.htm, http://www.IPYS.org.ve/2008/a_cd_an108.html y http://www.IPYS.org.ve/2009/Alertas%20Mayo%202009/a_120509.htm

17 En algunos casos ha merecido la emisión de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13

18 Una investigación realizada en el año 2007 por IPYS Venezuela, que fue publicado en formato libro, con el nombre “Censura, autocensura y auditabilidad en los medios periodísticos venezolanos”, arrojó que apenas el 2% de los periodistas agredidos presenta la denuncia ante las autodiridades. Los resultados completos del estudio están disponibles en: http://www.IPYS.org.ve/articulos/noticiasconfiscadas.pdf


Regulaciones restrictivas para periodistas y medios de comunicación12. El 20 de diciembre de 2010 fue aprobada la Ley de Reforma

de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos19, que establece restricciones para la publicación de contenidos de televisoras y radioemisoras. Como la versión anterior de la Ley, incluye algunos criterios imprecisos que pueden (como ya lo han hecho) traducirse en restricciones para los contenidos (tex-tos, imágenes y sonidos) difundidos por radio, televisión (abierta y por suscripción) y medios electrónicos y prohíbe que estos medios difundan mensajes que inciten o promuevan, fomenten “zozobra” en la ciudadanía; lo que ha ocasionado la apertura de procesos san-cionatorios discrecionales contra medios de comunicación. Por otro lado, la prohibición de contenidos que puedan promover zozobra puede ocasionar censura e inducir a la autocensura en los medios de comunicación, por temor a sanciones. La Ley contempla criterios que pueden interpretarse discrecionalmente. El órgano regulador encargado de su cumplimiento puede considerar, y lo ha hecho, que un contenido determinado es violatorio de la ley, sin una base argumentativa proporcional a los fines que se buscan con las limi-taciones legítimas al derecho a la libertad de expresión (que deben estar expresamente fijadas en la ley), lo cual resulta contrario a este derecho.

13. El ente encargado de velar por el cumplimiento de esta Ley, el Directorio de Responsabilidad Social, no cuenta con las garantías suficientes para proteger al organismo de interferencias de sectores gubernamentales o económicos, ni para garantizar la independen-cia de los sectores regulados. Entre otras cosas que lo impiden, se encuentra el que ocho de sus doce miembros son representantes de ministerios y organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

14. Las restricciones para los contenidos de los medios electró-nicos (que incluyen Internet), deben ser aplicadas por los propios proveedores de servicio cuando sea solicitado por los órganos con

19 Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.579 del 22-12-2010, http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciem-bre/22122010/22122010-3045.pdf.

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competencia en telecomunicaciones. La Ley contempla multas que pueden llegar a las 200 unidades tributarias (alrededor de 3 mil dó-lares) y la suspensión o retiro de la licencia a quienes incumplan la ley. No queda claro qué define la Ley como “medios electrónicos”, ni tampoco los criterios que usarán las autoridades para la aplicación de las sanciones. La falta de perfiles claros en la aplicación de las sanciones puede derivar en arbitrariedad por parte de la autoridad.

15. Adicionalmente, la reforma de la Ley Orgánica de Telecomu-nicaciones aprobada el 20 de diciembre de 201020, le da al Estado la potestad de revocar una licencia cuando lo considere “convenien-te a los intereses de la Nación” y por motivos de “orden público” o “seguridad”(artículo 22). No queda claro el proceso que se seguirá cuando una de estas causas que refiere la Ley sean citadas para llevar a cabo la revocatoria de la licencia a algún medio de comunicación, con lo que se incrementan las potestades del Estado para ejercer control sobre la administración de licencias de radio y televisión. En su conjunto, la interpretación en el momento de la aplicación administrativa de estas disposiciones puede traducirse en actos arbi-trarios. Particularmente, preocupa el establecimiento de la sanción “revocación” por criterios amplios y subjetivos que pueden tener una interpretación incierta como “conveniente a los intereses de la nación” o “seguridad”.

16. No existen criterios de transparencia y acceso a la informa-ción pública para conocer procesos de revocación y renovación de licencias para operar radio y televisión.21 La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha ofrecido información clara sobre la distribución actual del espectro radioeléctrico y sobre los

20 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28-12-10, http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciembre/28122010/28122010-3039.pdf.

21 Ejemplo de esto son los siguientes: en mayo de 2007 se produjo el retiro de la licencia que les permitía transmitir en señal abierta a la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV). En julio de 2009 se produjo el cese de las transmisiones de 32 emisoras de radio y de 2 televisoras locales, luego de que la Comisión Nacio-nal de Telecomunicaciones (Conatel), ordenó la revocatoria de sus licencias y cierre inmediato de transmis-iones, por presunta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Estos casos no fueron procesados de forma transparente por la CONATEL, pues el organismo no hizo públicos los documentos que evidenciaran las supuestas irregularidades que tenían las operadoras con sus licencias; ni la documentación contentiva de los fundamentos jurídicos que motivaron la no renovación de la licencia de RCTV y el retiro de las licencias a los otros 34 medios de comunicación.


criterios aplicados por los órganos rectores en materia de telecomu-nicaciones para el otorgamiento de licencias del espectro radioeléc-trico a nuevas operadoras. Conatel se ha negado a dar respuesta a solicitudes de información sobre el tema.

Pluralidad y la diversidad de medios de comunicación17. Durante el período analizado prevaleció el uso de los medios

de comunicación del Estado, por parte de funcionarios públicos, militantes del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela o con-ductores de programas, para la transmisión de contenidos en los que se emitieron amenazas y descalificaciones contra medios de comunicación y comunicadores sociales, que no simpatizaban con la gestión del Presidente Hugo Chávez, favoreciendo un clima de intimidación. También se atentó contra la reputación y la seguridad de periodistas, exponiendo ante la opinión pública información que correspondía a sus vidas privadas o acusaciones derivadas de sus trabajos periodísticos con la finalidad de generar un clima de inti-midación y que un sector de opinión pública sintiera rechazo contra los periodistas, que en algunos casos estimuló que los agredieran22.

18. De igual forma, el Presidente de la República ha emitido de forma reiterada alocuciones oficiales de radio y televisión, de trans-misión obligatoria, que pueden alcanzar una duración de 8 horas continuas, durante las cuales los ciudadanos se ven imposibilitados de acceder a información plural y oportuna, de acuerdo a lo estable-cido en la Constitución Nacional. En estas alocuciones, el Presiden-te suele emitir críticas, contra periodistas y medios de comunicación que no comparten las ideas de su proyecto político.

19. Se ha observado la tendencia al retiro de licencias a medios

22 Un ejemplo de ello es el programa “La Hojilla”, que se transmite a través de la televisora estatal Vene-zolana de Televisión (VTV), en la que se difunden imágenes y videos en los que se pueden observar los rostros de periodistas y defensores de derechos humanos que son acusados de opositores y son objetos de burla y de descalificación de su trabajo profesional. Otro caso los constituye la difusión de un spot que incluía caricatura del defensor de derechos humanos, Carlos Correa, quien era objeto de burla por trabajar con el respaldo de donantes por la vía de la cooperación internacional, lo que produjo que pocos meses después fuera reconocido, amenazado de muerte y golpeado con un objeto contundente que le fue lanzado en la calle por un presunto simpatizante del Presidente Hugo Chávez, cuando participaba en un acto a favor de la libertad de expresión en las afueras de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo). La alerta emitida por IPYS Venezuela sobre este caso se puede ver en el siguiente enlace: http://www.IPYS.org.ve/2010/Diciembre%202010/a_161210.htm

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privados, por supuesto incumplimiento de la Ley, cuyas motivacio-nes no han quedado claras para los ciudadanos. La señal que deten-taba RCTV antes de su salida del aire de su señal abierta, que era la de mayor cobertura en el país, ahora es empleada por la estatal Televisora Venezolana Social (TVES). De igual forma, la señal de la radioemisora CNB en Caracas (una de las 32 que salió del aire en julio de 2009), ahora es usufructuada por Asamblea Nacional Radio (AN Radio), emisora estatal adscrita a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo). Aunque los criterios para renovación de licencias de ra-dio y TV, están previstos expresamente en la legislación venezolana, preocupa que en estos casos se realizaron procedimientos ad hoc (para los que se aprobaron providencias administrativas específicas) para transferir señales que eran operadas por medios privados al Estado. La pluralidad y el equilibrio en la distribución del espec-tro radioeléctrico, entre medios públicos, privados y comunitarios es importante; sin embargo, el fortalecimiento de la voz oficial en el sistema de medios de comunicación, en detrimento de las voces privadas o particulares, no constituye un aporte a la pluralidad, que debe caracterizar el ejercicio del derecho a la comunicación, ni a una administración democrática del espectro radioeléctrico.

20. No existe en la práctica un sistema de medios públicos de comunicación que garantice su independencia, una programación orientada al interés público y con acceso universal.

21. Si bien la legislación reconoce la existencia de medios comu-nitarios, se ha observado dilación por parte de la Conatel en el otor-gamiento de licencias a algunos medios comunitarios, que las han solicitado desde el año 2002.

Acciones judiciales, difamación y otros delitos de opinión22. En Venezuela continúan vigentes penas de cárcel por cau-

sas de vilipendio o desacato, difamación e injuria, contenidas en el Código Penal; a pesar de que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos aboga por la progresiva eliminación de sanciones penales en las legislaciones nacionales para este tipo de delitos. Sobre la base de esta legislación se ha abierto procesos


judiciales contra periodistas, líderes políticos y propietarios de me-dios. Un caso emblemático fue la sentencia que condenó al perio-dista Francisco “Pancho” Pérez a 3 años y 9 meses de prisión, lo inhabilitó profesionalmente y políticamente por el mismo período de tiempo. También le impuso una multa de 1,250 Unidades Tribu-tarias (aproximadamente USD 18,900), por los supuestos delitos de ofensa a un funcionario público e injuria. Esta decisión fue poste-riormente revocada en diciembre de 2010, pero dejó un precedente negativo en la aplicación de este tipo de penas por el ejercicio de la libertad de expresión23.

23. Se han producido casos de censura debido a órdenes de tri-bunales. Un ejemplo de ello fue la decisión del Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas y Nacional de Adopción Internacional (agosto de 2010), que prohibió a todos los medios de comunicación impresos publicar imágenes de contenido “violento, sangriento, grotesco”, que pudie-ra afectar la integridad psíquica y moral de niños y adolescentes24. Esta medida fue revocada a los dos días, pero aún se mantiene sobre dos medios. La protección a los niños, niñas y adolescentes está ga-rantizada tanto en los instrumentos nacionales como en los inter-nacionales de derechos humanos; abogamos por el respeto de las mismas. Genera preocupación que se use la defensa de los derechos de los niños y adolescentes de forma poco clara, para establecer cen-sura previa.

El derecho a la información pública24. Desde el 15 de enero de 2009, la directiva de la Asamblea

Nacional (Poder Legislativo) prohibió el ingreso de las cámaras de televisión a las sesiones plenarias del organismo. En diciembre de 2010 se otorgó carácter oficial a la restricción, al incluirla en la re-

23 Los casos arquetípicos son Ríos Vs. Venezuela y Uxon Ramírez Vs. Venezuela en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Venezuela.

24 Además, prohibió a los diarios El Nacional y TalCual la difusión de informaciones y publicidad con contenidos similares. Esta decisión fue levantada parcialmente en los días siguientes, pero se mantiene la prohibición sobre El Nacional y TalCual para la publicación de fotografías de hechos violentos.

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forma del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Na-cional. El artículo 97 de la reforma al reglamento estableció que las sesiones plenarias del parlamento sólo podrán ser transmitidas por el canal estatal Asamblea Nacional Televisión (ANTV), que podrá contar con el apoyo del canal del estado Venezolana de Televisión (VTV). No se contempla el acceso de las televisoras privadas, lo que resulta contrario al artículo 58 de la Constitución de la República Bo-livariana de Venezuela que establece que “la comunicación es libre y plural” y las garantías para la pluralidad y diversidad para el dere-cho a la información por parte de los ciudadanos, que está contem-plado en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como el derecho que tienen todas las personas a recibir informaciones y opiniones a través de cualquier medio de expresión, contemplada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

25. De forma recurrente se restringe el acceso a reuniones o ac-tos públicos que se realizan en sedes de instituciones públicas como el Palacio Presidencial de Miraflores y las sedes de ministerios, a periodistas de medios de comunicación privados que cuentan con acreditación e invitación para dar cobertura a actos públicos que se desarrollan en esos recintos.

26. También se han hecho recurrentes las negativas de los fun-cionarios públicos a dar información noticiosa de interés a medios de comunicación privados, con el argumento de no estar autoriza-dos por sus superiores, a pesar de que la Constitución Nacional es-tablece en sus artículos 57 y 143 la obligatoriedad de los funcionarios públicos de rendir cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad25.

27. Los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establecen garantías para el acceso a la información pública. Luego de 11 años de entrada en vigencia, no se ha aprobado una Ley de Acceso a la Información Pública que

25 IPYS Venezuela ha emitido diversas alertas que evidencian estas restricciones, algunas se pueden ver en los siguientes enlaces: http://www.IPYS.org.ve/2010/Enero%202010/a_220110.htm, http://www.IPYS.org.ve/2010/Febrero%202010/a_190210-3.htm, http://www.IPYS.org.ve/2010/Marzo%202010/a_marzo10.htm y http://www.IPYS.org.ve/2010/Julio%202010/a_julio10.htm.


contemple disposiciones para el ejercicio pleno de este derecho.28. El 1º de junio de 2010 fue creado el Centro de Estudio Situa-

cional de la Nación (CESNA), adscrito al Ministerio para las Relacio-nes Interiores y Justicia cuyo decreto de creación establece: “El Pre-sidente o Presidenta del Centro de Estudio Situacional de la Nación, podrá declarar el carácter reservada, clasificada o de divulgación li-mitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro de Estudio Situacional de la Nación ( )”26. Dado que no existen criterios claros sobre cuál es la información que debe ser clasificada o reservada, esta disposición contradice las garantías del derecho de acceso a la información pública establecidas en la Cons-titución Nacional.

29. El 21 de diciembre de 2010 fue publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.57827 la “Normativa para la Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública”, que contempla restric-ciones para el acceso a la información pública, dando rango jurídico a la confidencialidad, al establecer que “toda información generada por la institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la Unidad Res-ponsable de la Imagen Institucional o de la Máxima Autoridad de la Institución” (parágrafo único, artículo 17). Esta normativa establece un esquema de clasificación (artículo 13) que le otorga carácter “es-trictamente confidencial” a la información que pudiera causar “gra-ves daños a la institución y/o al Estado” (artículo 14) y clasifica como “confidencial” a toda información que cause “daños a la institución” (artículo 15); dejando a discreción de los propios organismos esta-tales la decisión de la información que se debe restringir, sin que exista una reglamentación clara al respecto. Los criterios de “daños a la institución” son vagos e imprecisos y pueden dar cabida a una in-debida clasificación de la información para su publicidad. Si bien los instrumentos internacionales como la Convención Interamericana

26 Artículo 9 del decreto presidencial Nº 7.454, de creación del CESNA, aparecido en la Gaceta Oficial 39.436, http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Junio/162010/162010-2863.pdf.

27 Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciembre/21122010/21122010-3031.pdf.

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de Derechos Humanos, establecen que pueden existir limitaciones para la información, éstas deben estar expresadas en la Ley y deben ser por motivos de protección a la seguridad nacional, salud y moral públicas y para resguardar la honra y la reputación de las personas. En los instrumentos citados no quedan claros los criterios de la in-formación que se clasificará como reservada o confidencial ni por qué son contrarios a los criterios de máxima publicidad que debe prevalecer en las instituciones públicas.

Procedimientos administrativos que contemplan limitaciones al trabajo de medios de comunicación30. Desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se han

abierto de forma reiterada procedimientos administrativos sancio-natorios fundamentados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y en la Ley Orgánica de Te-lecomunicaciones, que podrían culminar en el cierre temporal de los medios de comunicación afectados o en la revocatoria de la licen-cia28. Se ha observado dilación en la resolución de los casos lo que ha causado temor en los medios de comunicación afectados. A la fecha de cierre del presente informe, ninguno de los medios afectados han recibido notificación de la conclusión de los procedimientos sancio-natorios que se les siguen. Los procedimientos administrativos le otorgan la posibilidad de los afectados de que se defiendan, por lo que su aplicación se enmarca dentro del respeto al debido proceso; no obstante, en los casos de procedimientos abiertos contra medios de comunicación radioeléctricos no están claros los fundamentos jurídicos sobre los que se sustentan.

Recomendaciones31. Adoptar medidas efectivas para proteger y prevenir agresio-

nes o ataques contra los periodistas, trabajadores de medios de co-municación, comunicadores comunitarios, defensores de derechos humanos y medios de comunicación. Llevar a cabo investigaciones

28 En algunos casos, como la televisora Globovisión los procedimientos han sido abiertos de forma seguida (entre 2008 y 2009 le fueron abiertos 6 procedimientos).


exhaustivas que permitan identificar a los responsables de las agre-siones y aplicar las sanciones correspondientes.

32. Adoptar un discurso de respeto hacia periodistas y medios de comunicación social. Instar a los actores del gobierno nacional a hacer un llamado público para que cesen las agresiones contra periodistas y ataques contra medios de comunicación y para que se garanticen las condiciones adecuadas para el trabajo informativo.

Derogar los artículos de la Ley de Responsabilidad Social en Ra-dio, Televisión y Medios Electrónicos que pueden generar censura previa.

33. Establecer en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones un ór-gano independiente que supervise las transmisiones de los medios de comunicación y vele por el cumplimiento de la norma.

34. Solicitar que se hagan públicos los registros referidos a los procedimientos administrativos que han llevado al retiro o no reno-vación de los medios radioeléctricos; así como de los criterios que se usan para el otorgamiento de nuevas licencias y el status de las licencias del espectro radioeléctrico.

35. Regular la periodicidad de transmisión y duración de las alocuciones oficiales de radio y televisión, en función de que las mis-mas se emitan respetando los principios de pluralidad y oportuni-dad que debe prevalecer en el ejercicio del derecho a la información.

36. Derogar los artículos en el Código Penal que castigan el des-acato o vilipendio, la difamación, las injurias y la calumnia, para ga-rantizar coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos, en materia de libertad de expresión.

37. Aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, que se fundamente en las garantías a este derecho establecidas en los artí-culos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución Nacional.

38. Derogar el Decreto Presidencial de Creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) y la “Normativa para la Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública”, en virtud de que contempla restricciones para el acceso a la información pública y son contrarios a las garantías para este derecho contempladas en la Constitución Nacional.

39. Derogar el artículo 97 del Reglamento de Interior y de De-bates de la Asamblea Nacional, para permitir que todos los medios de comunicación puedan ingresar a las sesiones plenarias del parla-mento y realizar la cobertura informativa de las mismas.

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Cubierta Informe Ipys_Print_CU_DEF.pdf 1 8/22/12 6:47 AM

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