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Guatemala: La guerra de Paz y Paz

Tabla de contenido

Abstracto 2 La revolucin 3 Las vctimas 13 Enemigo pblico 22 Retrato de un agente poltico guatemalteco 33

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Abstracto

Desde que asumi el cargo en 2010, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz,

ha librado una guerra revolucionaria desde el interior de una de las instituciones ms

aquejadas del pas. Paz y Paz ha presentado su nombre para un nuevo mandato de

cuatro aos, que comenzara en mayo, pero sus enemigos son fuertes y quieren

regresar al status quo.

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La revolucin A principios de 2011, narcotraficantes como Juan Alberto Ortiz Lpez, alias Juan Chamal, eran figuras intocables en Guatemala. Ortiz Lpez -un vaquero bigotudo que se convirti en un predicador evanglico del departamento de San Marcos, a lo largo de la frontera entre Mxico y Guatemala- entendi esto perfectamente. Como uno de los transportadores de drogas

clave para la red criminal ms grande del hemisferio, el Cartel de Sinaloa de Mxico, Juan Chamal era conocido como un benefactor que rpidamente podra convertirse en un enemigo peligroso. Le haba quitado la vida a ms de un lder local de la zona, dijeron las autoridades guatemaltecas a InSight Crime. Adems, tena contactos en las altas esferas del gobierno, incluyendo a la hermana de la entonces primera dama, Gloria Torres. Torres y Juan Chamal decidieron quines se presentaran como candidatos a la alcalda en varios municipios bajo su influencia, dijeron bajo condicin de anonimato un ex investigador de alto nivel del gobierno y dos fiscales actuales a InSight Crime. Trabajando en estrecha colaboracin con representantes del Congreso nacional, ambos habran canalizando dinero a travs de contratos de obras pblicas hacia empresas de Juan Chamal, quien daba sobornos a Torres, dijeron las autoridades. Sin embargo, iniciaba una nueva era en los cuerpos de seguridad de Guatemala. Y usando nuevas herramientas a su disposicin, en particular la interceptacin telefnica y el equipo de vigilancia, la nueva fiscal general, su pequeo equipo de trabajo, la polica y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), haban estado monitoreando los movimientos de Ortiz durante meses, mientras el gobierno de Estados Unidos prepar la solicitud de su extradicin. Saban, por ejemplo, que a Juan Chamal le gustaba viajar a Quetzaltenango a ver a su novia. Saban que tena tneles en su rancho, en el departamento de San Marcos, para poder escapar si las autoridades lo sorprendan. Tambin saban que tena contactos de alto nivel en el gobierno, adems de Torres, a los que pondra sobre aviso en caso de que las autoridades judiciales montaran un operativo en su contra. (Sin lugar a dudas, slo una hora despus de que llegara la solicitud de extradicin, una de las fuentes de Juan Chamal le inform por va telefnica, dijeron los investigadores a InSight Crime.)

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Todos estos factores entraron en juego cuando lleg la solicitud de extradicin. El gobierno le puso una trampa, filtrando la informacin de que estaban acercndose para capturar a Juan Chamal en su casa en San Marcos. Para reforzar la trampa, enviaron fuerzas de seguridad desde la costa hacia el rancho de Juan Chamal. Al mismo tiempo, la polica puso a 200 hombres de las Fuerzas Especiales, recin entrenados, en camiones y los envi hacia Quetzaltenango. La confianza con la unidad an era pobre, as que nadie les dijo a donde iban. Para agregar un nivel de engao, les hicieron ponerse su equipo antimotines. La trampa funcion. Ante el temor de una incursin en su rancho, Juan Chamal huy a Quezaltenango, y las autoridades lo vieron conduciendo por la autopista. El fiscal en la escena prepar el papeleo, llam a la oficina de Ciudad de Guatemala, y se prepar para el arresto. Estos eran los momentos en donde las cosas a menudo se derrumbaban en Guatemala. Una llamada telefnica. Un soborno. Una amenaza. Juan Chamal podra utilizar cualquiera de estas tcticas. En su lugar, el fiscal en la escena llam de nuevo: "Lo tenemos", dijo. "Est seguro de que es l?", pregunt la fiscal general. "S". "Cmo lo sabes?" "T eres Juan Alberto Ortiz Lpez, Juan Chamal, verdad?" Le pregunt a su prisionero. "S," ellos oyeron la respuesta de Juan Chamal. En Ciudad de Guatemala ellos se rieron. La captura de Juan Chamal fue el comienzo de la revolucin; una situacin que, se podra decir, Guatemala no haba experimentado desde principios de 1950 cuando el presidente Jacobo Arbenz trat de nacionalizar las tierras que pertenecan a las lites y a las compaas multinacionales. O la guerra, de casi cuatro dcadas de duracin, que se dio despus de que el gobierno de Estados Unidos, trabajando con los poderes econmicos y las partes conservadoras del ejrcito, derrocara a Arbenz en un golpe de Estado, en 1954. Sin embargo, a diferencia de esas revoluciones, sta est dirigida por una ex profesora de derecho, diminuta y con voz suave, cuyo apellido Paz y Paz, connota un enfoque ms suave todava. Y, a diferencia de esa revolucin, sta cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

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Esto se debe, en parte, a que sta es una pequea revolucin interna que est centrada en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, y no en su detrimento. Y para las lites econmicas del pas, muchos polticos y algunos ex oficiales militares, nada puede ser ms aterrador. Obteniendo el trabajo Si no hubiera sido por una serie de circunstancias extraordinarias, Claudia Paz y Paz no sera fiscal general. Durante gran parte de su carrera, nunca se le haba ocurrido llegar a ocupar ese cargo. Ella haba trabajado desde afuera como espectadora, tratando de cambiar una institucin corrupta, ineficiente y sin recursos, criticndola y moldeando a sus potenciales reclutas, en lugar de trabajar desde adentro. De hecho, ella haba pasado la mayor parte de su carrera tratando de resolver cmo demonizar, en lugar de reformar, al gobierno. Era, en una palabra, el enemigo. Haba dedicado su carrera a trabajar por los ms feroces crticos del gobierno. A principios de lo aos noventa, Paz y Paz form parte de un equipo de abogados jvenes, reconstruyendo lo que haba sucedido durante la guerra civil, en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Ms de 200.000 personas haban muerto durante casi cuatro dcadas de conflicto. Parte del trabajo que realiz el Arzobispado fue recoger testimonios en todo el pas, enfocndose en las reas indgenas, al noroeste de Guatemala. Paz y Paz recogi testimonios de las vctimas en diferentes lugares del pas, una experiencia que la marcara para siempre, influenciando, y podra decirse que tambin nublando, su juicio poltico en los siguientes aos. Paz y Paz luego obtuvo un doctorado en Espaa, y fue profesora de derecho penal en varias universidades. Luego trabaj en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y manej un centro de estudio llamado Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Una de las lneas de trabajo del Instituto es la transformacin estructural del sistema de justicia. Cuando se abri el puesto de fiscal general en 2010, Paz y Paz entreg su habitual lista de quejas sobre el proceso, particularmente sobre el pequeo nmero de candidatos. Sus colegas en el Instituto la animaron a postularse. "Las mujeres pueden participar, no?", le dijo uno de sus colegas. "As que participa". No fue una decisin fcil. Otros que haban trabajado con ella en el pasado haban sido denigrados por sus amigos y antiguos colegas, despus de ocupar puestos en el gobierno. En Guatemala, lo llaman una "mancha". Sin embargo, el gobierno de lvaro Colom era territorio amigo, relativamente hablando. Anteriormente, Colom haba

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dirigido FONAPAZ, un programa para proveer ayuda econmica en las reas rurales. Colom tambin deba su presidencia a los votantes indgenas. l fue el primer jefe del ejecutivo que gan las elecciones sin haber vencido en Ciudad de Guatemala. Paz y Paz tambin tena contactos, como el ministro del Interior, Carlos Menocal, quien trabaj en estrecha colaboracin con el presidente. Pero aunque Paz y Paz tena las credenciales y un cierto apoyo al interior de la presidencia, su condicin de ser una persona ajena a las lites polticas y econmicas de Guatemala, y sus antecedentes como abogada de Derechos Humanos, la hicieron parecer una eleccin poco probable. Es ms, el proceso de seleccin para la Fiscala General de Guatemala, como todo lo dems en el pas, est plagado por una excesiva y destructiva influencia por parte de los grupos especiales de inters. Estos grupos de inters incluyen poderosas lites econmicas, algunas de las cuales forman parte de las asociaciones monolticas empresariales. Los intereses polticos y criminales tambin juegan un papel clave en la eleccin del fiscal general, y a menudo trabajando en conjunto con los grupos econmicos. La razn por la cual Paz y Paz tuvo la oportunidad de postularse al cargo fue porque el fiscal general que haba sido elegido antes que ella haba sido vinculado con intereses criminales por un equipo de investigadores de las Naciones Unidas que trabajaban con el gobierno. Conocido por sus siglas CICIG (Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), el trabajo del equipo de las Naciones Unidas era ayudar a desmantelar las organizaciones criminales dentro del Estado, reducir los ndices de impunidad, y capacitar al Ministerio Pblico (MP, que es la Fiscala General de Guatemala) y a la polica en investigacin criminal. Frente a estas acusaciones, la Corte de Constitucionalidad anul el proceso y oblig al fiscal general a renunciar. Las embarazosas revelaciones surgieron slo meses despus de que el presidente Colom estuviera cerca ser derrocado por otro caso penal en el que un rival haba montado su propio asesinato, con el fin de implicar al ejecutivo. El extraordinario caso incluy un dramtico video en el que Rodrigo Rosenberg, el abogado que cre su propio asesinato, dice inexpresivamente ante la cmara: "Si usted est viendo este video, es porque fui asesinado por el presidente lvaro Colom". El presidente sobrevivi al huracn poltico que sigui, casi nicamente porque la CICIG haba triangulado las llamadas telefnicas de Rosenberg, rastrendolos tanto a l como a sus asesinos, y no dejando ninguna duda sobre lo que haba sucedido el da en que Rosenberg recibi un disparo junto a su bicicleta en una tranquila calle en Ciudad de Guatemala. Los investigadores guatemaltecos que trabajaron en el caso aprendieron en el camino una valiosa leccin acerca de la importancia poltica que tienen las pruebas forenses.

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Sin embargo, los acontecimientos haban debilitado al presidente Colom, y ste no poda darse el lujo de traer a otro comodn proveniente de los grupos especiales con intereses criminales y polticos, para ser su fiscal general. Paz y Paz tambin se benefici de un importante cambio en la ley en 2009. El proceso de seleccin, que antes se celebraba a puerta cerrada, se hizo literalmente ante la mirada pblica. La comisin de postulacin se reuni en un espacio en la Corte Suprema donde hizo la eleccin, tal y como lo hara un ayuntamiento: en una mesa con espectadores, operarios polticos y la prensa tomando notas desde una pequea galera. El lobby, la corrupcin y la poltica seguan siendo parte del proceso, pero los grupos con intereses especiales tuvieron un momento difcil en manipularlo. Cuando Paz y Paz consigui algunas de las calificaciones ms altas en su evaluacin, la comisin no tuvo ms remedio que hacer de ella una de sus seis finalistas, desde ese momento la decisin dependa del presidente Colom. An as, los grupos de inters no estaban preocupados. "Ellos pensaron en ella como un adorno", dijo a InSight Crime Menocal, el entonces ministro del Interior y uno de los apoyos de Paz y Paz, acerca de la decisin de la comisin de hacerla finalista. "Ella no representa una amenaza en lo absoluto se dijeron a s mismos". Los detractores de Paz y Paz incluyeron al propio partido del presidente, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y a la mayora de su gabinete, quienes, al igual que otros grupos con intereses especiales, haban calculado mal el momento poltico as como la propia posicin del presidente. Al final de su entrevista con el mandatario, Colom le dijo: "Vas a escuchar de m muy pronto". Cuarenta y cinco minutos ms tarde, ella recibi la llamada. La revolucin haba comenzado. Los Zetas Paz y Paz expuso su agenda: 1) reforma institucional; 2) reduccin de la tasa de homicidios, en particular la violencia y el abuso contra las mujeres; 3) casos de justicia transicional para las vctimas de la guerra. Para ayudarla con este primer punto, trajo a su propio equipo -algunos de los cuales haban trabajado con ella en el Instituto- y purg la parte superior del MP. Agreg algunas unidades especiales y reconfigur otras. Casi la totalidad de las 22 unidades tuvieron nuevos lderes. A cualquiera que no consegua sacar del MP -y haba muchos, sobre todo porque ella no controlaba el consejo de gobierno de la institucin, que estaba compuesto por tres de los seis

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finalistas que ella haba derrotado para obtener su trabajo lo aislaba. Muchos de los que fueron marginados, se retiraron por decisin propia. Despus dirigi su atencin a la reduccin de los homicidios. En mayo de 2011, dos meses despus de que Juan Chamal fuera capturado, miembros de la organizacin criminal mexicana Los Zetas comenzaron a desplegar una violencia histrica, con el fin de reafirmar su ya fuerte control sobre la parte norte de Guatemala. Comenzaron con el secuestro y asesinato de tres familiares de un rival. Al da siguiente, interceptaron y mataron a otro rival y a sus dos guardaespaldas. Luego masacraron a 27 peones en un rancho y utilizaron sus extremidades para garabatear mensajes amenazantes contra su objetivo. Apenas unos das despus, los Zetas secuestraron a un fiscal en Cobn -una ciudad en el departamento de Alta Verapaz que se haba convertido en el cuartel general de facto del grupo en Guatemala- cuando se diriga a recoger a su hijo. Al da siguiente su cuerpo apareci en cuatro lugares diferentes de la ciudad, incluyendo el frente de la alcalda y de la gobernacin. Junto a una de las partes del cuerpo, los Zetas haban dejado un mensaje al Ministerio Pblico: "No traten de ser como los gringos. Esta lucha no es asunto suyo. La masacre y el asesinato fueron un duro golpe para el MP. Guatemala est acostumbrada a la muerte. Sus tasas de homicidios se encuentran entre las ms altas del mundo. Pero no est acostumbrada a las masacres llevadas a cabo por el crimen organizado, y la particular marca de terror de los Zetas ya era legendaria. Toda la oficina en Cobn renunci de la noche a la maana, y en Ciudad de Guatemala el miedo era palpable, dijeron dos de los colaboradores ms cercanos de Paz y Paz a InSight Crime. Paz y Paz convoc a una reunin. Paz y Paz no es del tipo de dar discursos apasionados o de hacerse cargo de una situacin como un comandante militar lo hara. Su cara redonda y amable, y su pelo rizado, la hacen lucir un poco como los mochileros ingenuos y hippies que todava hacen su camino a travs de Guatemala. Paz y Paz tambin es muy suave al hablar, y con frecuencia delega a los dems en las reuniones. Pero en este caso, ella no tena necesidad de transmitir la urgencia. La situacin lo exiga. "Si no enviamos un mensaje, el prximo podra ser cualquiera de nosotros", le dijo a su atemorizado personal. El MP y el Ministerio del Interior luego crearon lo que se convertira en un elemento esencial en estos momentos: una "mesa de crisis". Estos grupos de trabajo incluyeron a policas y a fiscales, quienes se dividan en grupos de investigacin y operacionales.

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Tambin se apoyaban en la unidad de anlisis. Cuando Paz y Paz lleg, la unidad tena slo 15 personas quienes haban sido aisladas y cuyos servicios haban sido poco utilizados. Bajo Paz y Paz, esta unidad ha aumentado a 115 personas y es una parte integral de los casos grandes y pequeos. El nfasis en el anlisis dice mucho sobre la forma en que Paz y Paz aborda la lucha contra los grupos criminales. Para ella, los casos individuales son importantes, por supuesto, pero en la lucha contra la criminalidad se trata de ver los patrones y tener la capacidad de dibujar la imagen ms grande. En el caso de los Zetas, con lo que se encontraron fue con un grupo que tena tanto de terror como de trfico de drogas. Tendran que reaccionar con fuerza y concentrar a casi toda la oficina hacia esa tarea. Al igual que en el caso de Juan Chamal, las interceptaciones telefnicas condujeron a los lderes, y pequeos equipos de investigadores comenzaron a seguirles la pista, mientras que otros construyeron el caso judicial para tener listas las rdenes de captura. Una de las primeras personas que fue puesta bajo vigilancia fue Hugo lvaro Gmez Vsquez, alias "Comandante Bruja". Bruja es una figura corpulenta, con la cabeza rapada. Fue uno de los primeros ex miembros de las fuerzas especiales de Guatemala, conocidos como Kaibiles, en unirse a los Zetas, cuando ese grupo comenz a reclutar guatemaltecos a mediados de la primera dcada del siglo XXI. El aura Kaibil era especialmente inquietante para los guatemaltecos que estaban luchando contra la criminalidad. El grupo haba participado en algunas de las atrocidades ms espeluznantes durante la guerra civil, incluyendo la bien documentada masacre de Dos Erres, ocurrida en 1982, en la que ms de 200 hombres, mujeres y nios fueron asesinados y arrojados a pozos y fosas comunes. A pesar de esta figura intimidante, cuando un fiscal en el departamento de Baja Verapaz localiz a Bruja, llam a sus colegas, y ellos se movilizaron con los documentos legales en la mano. La polica instal un retn, y una vez ms, el equipo de Ciudad de Guatemala se situ con ansiedad al lado del telfono, esta vez porque el fiscal dio una descripcin detallada sobre el desarrollo del arresto. En cuestin de minutos, el Bruja estaba bajo custodia. Su captura estuvo seguida por docenas ms, muchas de ellas de Zetas de alto rango, tanto de origen guatemalteco como mexicano. Al principio, capturaron a un contador de nivel medio quien les dio una imagen an ms clara del tamao de la organizacin, sus nacionalidades, sus finanzas y su armamento. En total, el MP arrest a ms de 100 miembros de los Zetas, incluyendo a uno de sus principales operadores guatemaltecos, Horst Walther Overdick, una figura intocable al estilo de Juan Chamal. En das anteriores, aquellos casos podran haber muerto all. Los jueces son notoriamente susceptibles a los sobornos en Guatemala, y los registros telefnicos

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obtenidos por InSight Crime muestran que los Zetas intentaron sobornar a por lo menos un juez que tena el poder de liberar temporalmente a varios sospechosos en un arresto masivo. (En la conversacin, los Zetas se quejaron de que el juez ya les haba robado unos US$2 millones). Sin embargo, desde 2009, Guatemala ha estado estableciendo tribunales especiales de mayor riesgo, para lo que llaman casos de "alto impacto" . Estos tribunales han manejado cerca de 30 casos al ao. En el caso de los Zetas, decenas han sido procesados, todos ellos en los tribunales de "alto impacto; algunos por el asesinato del fiscal y otros por la masacre de los peones. En al menos dos casos, los fiscales guatemaltecos tambin trabajaron con los fiscales mexicanos para capturar a los sospechosos. Los fiscales dicen que van a solicitar la extradicin de estos sospechosos. "Estamos enviando un mensaje de que, Usted no puede venir aqu nunca ms y hacer esa mierda", dijo a InSight Crime un viejo miembro del equipo de Paz y Paz. Haciendo aliados internacionales, salvando su trabajo Con la detencin de sospechosos del narcotrfico de alto nivel, Paz y Paz rpidamente se declar como una firme aliada de la DEA. Y en estos das el gobierno de Estados Unidos confa en Paz y Paz como en pocos, si es que hay algn otro, de los fiscales generales en la regin. Ella a su vez dedica tiempo, energa y recursos a una lucha que a menudo est por fuera de su jurisdiccin oficial. Las dos partes estn en contacto casi constante, y aunque ella ocasionalmente dice no, la cooperacin se ha convertido en una parte central de lo que hace el MP. Al hacerse indispensable para la DEA, tambin hace que sea ms difcil para cualquiera removerla por razones polticas. Estados Unidos, en otras palabras, se ha convertido en el aliado ms importante de Paz y Paz, al igual que ella se ha convertido en la de ellos. La irona es marcada, considerando la trayectoria de la fiscal general en materia de Derechos Humanos. Adems de la participacin de Estados Unidos en el golpe de Estado contra Arbenz, el gobierno estadounidense apoy a los gobiernos militares represivos durante la guerra, y foment un feroz plan de lucha contra la insurgencia que impact a ms de uno de los colegas de Derechos Humanos de Paz y Paz, sobre la marcha. Paz y Paz es de linaje izquierdista, y sus amigos dicen que ella tiene sus propias y fuertes opiniones sobre lo que el gobierno de Reagan provoc en Centroamrica. En el caso de Guatemala, eso incluy un abierto apoyo a dictadores como el general Efran Ros Montt, quien lider la campaa de tierra arrasada en las tierras altas a principios de los aos ochenta, matando a miles de personas y causando el desplazamiento de miles ms. En algunos casos, Estados Unidos fue cmplice de estas atrocidades. Estados Unidos, por ejemplo, supo de la infame masacre conocida como Dos Erres,

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casi inmediatamente despus de que ocurriera en 1982, pero lo mantuvo en secreto hasta 1998, inform recientemente ProPublica. Pero Paz y Paz es demasiado inteligente como para abordar directamente el giro del destino que la ha llevado a ella y a Estados Unidos uno a los brazos del otro. Cuando se le pregunt, ella dijo que no era su plan ir detrs de los Zetas; los narcotraficantes la forzaron a ello. No fui tras ellos. Ellos fueron tras nosotros", dijo a InSight Crime.

Paz y Paz gan an ms aliados internacionales tras el dramtico asesinato de Facundo Cabral. Cabral fue asesinado a tiros la maana del 9 de julio de 2011, mientras se diriga al aeropuerto con un promotor de conciertos y propietario de un club nocturno. Cabral, un cantante de msica popular de Argentina, fue uno de los artistas ms famosos de su generacin, y su asesinato provoc luto en toda la regin y un inmediato flujo de aficionados que salieron a las calles buscando el lugar en donde haba sido asesinado. Para Paz y Paz y su equipo, no haba mucho ms en

juego que el simple asesinato de un cono musical. Tambin estaban preocupados por su futuro. Aunque Colom la haba ubicado por el plazo requerido de cuatro aos, su presidencia estaba llegando a su fin. El favorito en las elecciones era Otto Prez Molina, un ex-general que haba estado al frente de los temidos servicios de inteligencia del ejrcito durante la guerra. Haba una creencia generalizada de que Prez Molina intentara destituir a Paz y Paz. El dramtico asesinato de Cabral, por lo tanto, fue una oportunidad para asegurar su trabajo. "Nos probamos a nosotros mismos y nos convertimos en un nuevo MP, o estamos fuera en cuatro meses", le dijo uno de los miembros de su equipo. Paz y Paz y su equipo de nuevo movilizaron todos sus recursos y pusieron en marcha muchas de sus nuevas herramientas y entrenamiento. Las cmaras a lo largo de las avenidas principales de Ciudad de Guatemala les dieron una increble secuencia de videos y el equipo de anlisis -que obtuvo experiencia en el caso Rosenberg descubri una importante pieza de evidencia en esas primeras horas de estudio de la cinta: uno de los sospechosos era negro. Guatemala no tiene una poblacin negra grande, por lo que el equipo comenz a examinar sus bases de datos y a hacer referencia a antiguos casos que involucraban a guatemaltecos de color. Los anlisis de balstica y huellas dactilares de los expedientes

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y la escena del crimen redujeron la lista de sospechosos. De esa lista seleccionaron a uno que haca parte de un conocido grupo criminal en el sur del pas, y emitieron un boletn a todos los medios de comunicacin para lograr su captura. Ellos tambin tuvieron suerte. Dos das despus del asesinato, un participante en el asesinato se entreg a la Procuradura de Derechos Humanos. En la Antigua Guatemala, los fiscales no habran tenido qu ofrecerle. Pero desde la aprobacin de la Ley Contra la Delincuencia Organizada en 2006, la Fiscala General de la Nacin puede negociar penas ms bajas por informacin valiosa. El llamado colaborador eficaz", es ahora un componente crtico de muchos grandes casos de Guatemala y algo que el equipo de Paz y Paz ha utilizado ampliamente. El colaborador en el caso de Cabral los condujo a los vehculos, que a su vez los llevaron a los perpetradores, uno de los cuales ya haba sido identificado. En menos de 72 horas, los cuatro participantes en el asesinato de Cabral fueron detenidos. El caso tambin condujo a una cooperacin regional sin precedentes. La investigacin se extendi a Nicaragua, Costa Rica, Panam, Colombia y Mxico. El blanco, como descubrieron, no era Cabral sino el otro hombre que lo conduca al aeropuerto en esa fatal maana, un hombre llamado Henry Farias, un nicaragense que supuestamente haba robado dinero de un costarricense llamado Alejandro Jimnez Gonzlez, alias "Palidejo". Farias fue enviado de regreso a Nicaragua para enfrentar cargos por narcotrfico y lavado de dinero. Palidejo fue capturado en Colombia y deportado a Guatemala, en donde se encuentra en la crcel a la espera de un juicio por asesinato. Esta fue otra victoria contra las drogas y el crimen organizado para Paz y Paz, esta vez a nivel regional. Como era de esperarse, Prez Molina fue elegido, pero era poco lo que poda hacer para librarse de Paz y Paz. Durante la campaa presidencial, Estados Unidos haba sido claro al declarar que Paz y Paz tena su total apoyo. El embajador se reuni en privado con Prez Molina y su compaera de frmula, Roxana Baldetti, para permitir que el principal candidato supiera lo importante que la fiscal general era para las relaciones bilaterales. Estados Unidos tambin le concedi a Paz y Paz una reunin privada con Hillary Clinton durante su visita a Guatemala, la cual result en una oportunidad crucial para tomarse fotos. Con el apoyo de Estados Unidos y el respaldo regional, estaba claro que a pesar de sus dudas, el nuevo presidente tena que confirmarla en su puesto. La revolucin continuara.

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Las vctimas Desde el comienzo de su mandato, Paz y Paz siempre dijo que iba a abogar por las vctimas. En este sentido, Paz y Paz considera que existen dos grandes categoras: las mujeres y las vctimas de la guerra civil (1960-1996). Estadsticamente, Guatemala es uno de los peores lugares del mundo para ser mujer. Un informe de 2012, realizado por Small Arms Survey, afirma que el pas tiene la tercera tasa ms alta de feminicidios en el planeta. La trata de personas, a menudo de mujeres extranjeras, tambin es comn en Guatemala. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al pas como un "Nivel 2" haciendo referencia a su importante papel en el "trfico sexual y el trabajo forzado". Para hacer frente a estas realidades alarmantes, la Corte Suprema de Justicia cre en 2010 un tribunal especial para tratar los feminicidios y otros crmenes violentos contra las mujeres. En 2012, el Ministerio de Gobernacin y la Fiscala General o el Ministerio Pblico (MP), como se le conoce, crearon un grupo de trabajo conjunto para crmenes contra las mujeres. Posteriormente, el MP agiliz el proceso, facilitando a las mujeres el acceso a toda la cadena judicial. Si una mujer es vctima de abuso, por ejemplo, debe ir a una sola oficina donde encontrar a un fiscal, un especialista forense, un trabajador social y un psiclogo. Tambin se estableci un tribunal especial para atender los casos de feminicidios las 24 horas. En cuanto a las investigaciones, el MP comenz a separar los casos de abuso sexual. Por un lado se investigaban los casos en que las vctimas conocan a sus agresores, y por el otro, los casos en los que no los conocan. Aunque parezca obvio, esto fue algo nuevo para los investigadores guatemaltecos. Tambin comenzaron a usar pruebas de ADN con ms frecuencia. El ADN haba estado disponible durante aos, pero bajo la nueva direccin del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el tiempo necesario para procesar el ADN ha pasado de entre cuatro y siete meses a tan slo dos das para algunos casos. Las nuevas tcticas ayudaron recientemente a la fuerza de tarea conjunta a abrir un caso contra un grupo de agresores que robaban y violaban a muchas de sus vctimas. La aproximacin forense es crtica en la justicia guatemalteca. En el pasado, la mayora de los casos se basaban en el testimonio de los testigos presenciales. Adems de ser una forma muy poco confiable de procesar a los criminales, los testigos son fcilmente coaccionados y pueden ser manipulados, especialmente en un lugar como Guatemala. Por otro lado, el gobierno todava tiene que crear un programa confiable de proteccin de testigos. Estudios forenses, como los que ha fundado Paz y Paz, son

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tambin un instrumento poltico muy poderoso. En Guatemala, todo es conspiracin hasta que se demuestre lo contrario. Y este espritu a menudo influye en cmo se planifican y cometen los crmenes (Vea el caso Rosenberg en la Parte I -La revolucin). Personal de inteligencia militar, tanto retirado como activo, tambin es especialista en maipular la escena del crimen y en inventar testigos. Este fue el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi. Gerardi diriga a un equipo de investigadores en el Arzobispado, equipo del cual Paz y Paz fue miembro en los aos noventa. En 1998, el equipo produjo el informe de Recuperacin de la Memoria Histrica o REMHI, desatando una batalla por el control del relato sobre la guerra que contina vigente hasta la fecha. El informe narra detalladamente los medios por los cuales el aparato de inteligencia del ejrcito seal a una amplia parte de la poblacin que consideraba como el enemigo, a travs del uso de vigilancia sistemtica, persecucin, tortura y, frecuentemente, ejecucin. Tambin replante la historia de Guatemala, poniendo a las lites econmicas en el centro de las problemticas del pas, culpndolos de preparar el terreno para la guerra, y acusndolos de formar alianzas con los militares para "destruir violentamente" a la oposicin. Por ltimo, dijo que las acciones de los militares tenan en algunos casos "caractersticas genocidas", y culp a los militares del 90 por ciento de los abusos a los Derechos Humanos durante la guerra. Gerardi fue asesinado dos das despus de la presentacin del informe de REMHI. Primero, el asesinato fue atribuido a un desafortunado romance y despus a un perro. Posteriormente, las autoridades condenaron a dos miembros de los servicios de inteligencia militar, uno de los cuales sigue desempeando un papel importante en el mundo del hampa guatemalteco desde la crcel. El desarrollo y la profesionalizacin de la parte forense del MP ha permitido a Paz y Paz acabar con la especulacin que giraba en torno a algunos casos, y restaurar un poco de confianza en el sistema judicial, en conjunto. Al parecer, no todo es un tortuoso plan para destruir a un rival poltico o para silenciar a un enemigo. Quizs, tambin ha disminuido el uso de casos fabricados, lo que podra inclinar la balanza de poder en el pas. Dada su importancia recin descubierta, el control del laboratorio forense, conocido por su acrnimo INACIF, se ha vuelto casi tan importante como el propio MP, y las batallas por ese control han involucrado a las altas esferas del poder. De repente, pareciera que la lite aqu -ya sea de origen econmico, poltico o militar- ya no puede construir un relato que se adapte a sus intereses, y esto los aterroriza. "El sistema poltico tiene un combustible", explic a InSight Crime uno de los que ha sido miembro desde hace mucho tiempo del equipo de Paz y Paz. "Y ese combustible se llama impunidad. Y cuando ese combustible se acaba, entonces el motor falla".

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El enfoque en las vctimas empuja el pndulo ms en esta direccin. Fue un giro para un sistema judicial que tradicionalmente haba protegido los intereses de los ricos y de los poderosos. Y es una posicin que, sin que nadie se sorprenda, ha metido a Paz y Paz en un buen lo poltico que amenaza con acabar prematuramente su revolucin institucional. En ninguna parte es esto ms claro que en los casos que involucran a su segunda gran categora de vctimas: las que sufrieron durante la guerra. El caso de Ros Montt

Paz y Paz insiste en que no fue su idea impulsar los casos contra exmilitares, y se apresura en sealar que no es la primera en llevar estos casos a un juicio. De hecho, la mayora de los casos que se han llevado bajo la direccin de Paz y Paz ya haban comenzado bajo la direccin de fiscales generales anteriores, y varios de ellos ya haban concluido antes de que se uniera al MP.

Adems, ciertos acontecimientos abrieron el camino para revivir los casos, argumenta. Para comenzar, en una decisin de 2007, la Corte de Constitucionalidad declar que los casos de desapariciones forzadas no tenan estatuto de limitaciones. En 2011, el gobierno de lvaro Colom abri el 94 por ciento de los archivos militares a los investigadores. El gobierno tambin abri antiguos archivos policiales. Ambos archivos son el tipo de documentos internos que necesitaban los investigadores para demostrar una cierta "intencionalidad" y una forma sistematizada de represin. "Siempre a lo que tenamos acceso era la parte de las vctimas", dijo Paz y Paz a InSight Crime. "Y el archivo lo que es, [es] lo que ocurri desde los perpetradores". Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenz a obligar al Estado a pronunciarse sobre estos casos, poniendo un freno al uso de la tctica legal que desde haca mucho tiempo aplicaban los ex oficiales militares para evitar ser enjuiciados. Este tipo de orden judicial es conocida como "recurso de amparo" en Guatemala. Como describe un reciente informe de International Crisis Group, el amparo es una herramienta legal sagrada en el pas, pero ha sido utilizada en muchas oportunidades para retrasar y enredar procesos judiciales, especialmente en casos que involucran a exmilitares y a acusados de narcotrfico. No hay lmite al nmero de amparos que se pueden presentar, y los jueces, en vez de desecharlos inmediatamente, a menudo escuchan los argumentos y retrasan voluntariamente los procesos.

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An as, Paz y Paz tena fuertes conexiones con los casos antes de que trabajara en el MP, lo que pareca influenciar sus propias acciones, una vez estuvo en el poder. Adems de su trabajo como investigadora para REMHI, Paz y Paz tambin haba trabajado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Dos Erres, en 20011, lo que llev a que cuatro exmilitares fueran condenados a ms de 6.000 aos combinados en prisin. El inters de Paz y Paz en estos casos fue ms all de lo profesional. Su ta, el esposo de su ta y tres primos de esa misma familia se haban desempeado en diferentes actividades en el Ejrcito Guerrillero de los Pobres (EGP), un grupo guerrillero que fue fundado por un abogado y se volvi formidable al noroeste. Paz y Paz, que es una persona sumamente reservada, no habla en pblico sobre su familia, y nunca ha sido conectada con el grupo de ninguna manera. Pero cuando se convirti en fiscal general, los grupos de Derechos Humanos vieron su oportunidad y presionaron para la reanudacin de los juicios, especialmente el que acusaba al general Efran Ros Montt, y a su jefe de inteligencia militar de la poca, Jos Mauricio Rodrguez Snchez, de genocidio. El caso en contra del exgeneral Ros Montt llevaba consigo una cantidad increble de carga emocional, histrica y poltica. Aunque el gobierno de Guatemala haba firmado un acuerdo de paz con las diferentes facciones guerrilleras en 1996, el proceso de paz se llev a cabo slo parcialmente, y la divisin ideolgica entre las partes nunca se super. Un referndum constitucional en 1999, diseado para implementar los acuerdos, fall en medio de la apata generalizada, la abstencin y el desinters poltico. A diferencia de El Salvador, donde la organizacin paraguas de la guerrilla form un fuerte partido poltico y, a partir de mediados de marzo, el partido ha ganado dos elecciones presidenciales consecutivas, la coalicin guerrillera guatemalteca se fractur, y luego se desintegr. Hubo algunas victorias para los guerrilleros y para los sectores ms progresistas de la sociedad guatemalteca. El ejrcito se redujo a un tercio de su tamao original, y la antigua fuerza policial se disolvi. En los aos siguientes, sin embargo, estos pasos aparentemente positivos generaron todava ms problemas. Gran parte de los antiguos miembros de la inteligencia militar se volvieron parte del mundo del hampa, y las prcticas corruptas llegaron a caracterizar a la clase poltica y econmica del pas. Los conflictos agrarios persistieron, ya que la tenencia de la tierra continu prcticamente igual. El crimen aument exponencialmente a medida que toda una generacin, en la que muchos haban sido desplazados por la guerra, luchaban por adaptarse a un entorno nuevo y mucho ms urbano. Las lneas de batalla de la posguerra se han elaborado en torno a quin va a escribir la historia del conflicto. En este sentido, una de las pocas piezas duraderas del acuerdo fue el informe de seguimiento escrito por la Comisin de Esclaracin Histrica (CEH).

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A diferencia del informe de REMHI, la comisin dirigida por las Naciones Unidas no tena la orden de dar nombres. Pero hizo crnicas de miles de abusos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros actos de barbarie durante la guerra, el 93 por ciento de los cuales son atribuido al Estado. Ms contundente todava fue que la CEH calificara a estas atrocidades como "actos de genocidio" contra los pueblos mayas. Como escribi la comisin: "la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la poblacin maya, as como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social". Estas tres palabras -"actos de genocidio"- podran ayudar a formar el ncleo del caso en contra de Ros Montt. Por una ley tras el acuerdo de paz, los antiguos cuerpos de seguridad y la guerrilla podan ser procesados por "genocidio, tortura y desaparicin forzada", as como por violaciones "de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Si bien la ley abri el camino para que los fiscales optaran por la condena de genocidio, tambin abri el camino para tomar una posicin menos radical sobre la posibilidad de enjuiciar al general por enormes violaciones a los Derechos Humanos o, simplemente, por crmenes de lesa humanidad. Las consecuencias no slo fueron semnticas. El genocidio, como lo mostraron los casos relativos a la Alemania nazi, y posteriormente a Ruanda, poda ser utilizado como medio para perseguir no slo a los autores de los crmenes, sino tambin a sus cmplices. Para Guatemala, esto significaba que las lites del pas -que haban participado activamente en el gobierno de Ros Montt, entre 1982 y 1983, cuando presuntamente ocurrieron los "actos de genocidio"- posiblementa tambin podan ser investigadas y judicializadas. Algunas de estas lites haban formado parte del consejo de gobierno de Ros Montt. Otras haban proporcionado apoyo financiero y logstico al ejrcito. Plaza Pblica posteriormente relat de forma detallada estas conexiones, en un artculo que se asemejaba tanto a una acusacin como a un informe de investigacin. (El artculo apareci despus de que el juicio finalizara, pero al menos un prominente hombre de negocios dijo a InSight Crime que crea que el autor, el entonces editor de Plaza Pblica, Martn Rodrguez, haba conseguido su informacin del MP, una prueba, dijo, de que el MP crea que las lites eran las siguientes en la lista de acusados). "Esto no fue el juicio de un general", dijo a InSight Crime el exministro del Interior, Carlos Menocal. "Se trata del juicio del sistema de un pas cuyos sectores tradicionales, poderes econmicos lo apoyaron, lo financiaron".

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Conviccin, absolucin y confusin Dentro del MP, la estrategia para perseguir a Ros Montt por genocidio gener mucho malestar entre el muy unido equipo de Paz y Paz, y algunos de ellos trataron de disuadir a la Fiscala General para avanzar en el caso, bajo esta controversial pretensin. En las discusiones internas, algunos argumentaron que los "actos de genocidio" eran una manera de mantener el caso alejado de los casos de Ruanda y Alemania por parte de las Naciones Unidas. Las masivas violaciones a los Derechos Humanos fueron suficientes para enviar el mensaje de que se haba hecho justicia, dijeron. Pero Paz y Paz dijo que los "actos de genocidio" y "genocidio" representaban la misma cosa, e hizo referencia al propio cdigo legal de Guatemala como refuerzo para su argumento. "No conozco porque la comisin puso actos de genocidio pero me imagino que entre los tericos hay una discusin si se que querra exterminar a todos o, en cierto momento en cierto lugar, a una parte de [ellos]", explic a InSight Crime. "Pero como el tipo penal (guatemalteco) habla 'en parte o en todo igual encajan en la figura tpica actos. Al principio, la estrategia pareca funcionar. El juicio en s -que comenz en marzo de 2013- fue bastante unilateral, segn un reporte de International Crisis Group. El MP present decenas de testigos, entre ellos numerosas vctimas, quienes relataron sus tragedias personales con horrible detalle. Paz y Paz tambin utiliz ADN, pruebas balsticas, as como testimonios de expertos antroplogos forenses, entre otros. La defensa, por su parte, present slo nueve testigos, y apenas contradijo la afirmacin central del caso de la fiscala: que el ejrcito destruy intencionalmente a pueblos indgenas enteros. Sin embargo, ya estaba en marcha la campaa publicitaria para frustrar el proceso. Con el genocidio sobre la mesa, la lite tradicional del pas se ali con exmilitares en un esfuerzo por frustrar cualquier posible veredicto de culpabilidad. A mediados de abril, a medio camino de haber comenzado las audiencias pblicas, un grupo moderado de las lites polticas e intelectuales emiti un anuncio pagado, que describa las posibles consecuencias de una condena por "genocidio" en los niveles legales, sociales y polticos. El anuncio fue firmado por dos exvicepresidentes, entre ellos Eduardo Stein, y seis exministros del gabinete. "La acusacin por genocidio contra exfuncionarios del ejrcito de Guatemala constituye una acusacin no slo contra aquellos funcionarios o contra el ejrcito, sino contra el Estado de Guatemala en su totalidad", escribieron. "[sta] tiene peligrosas

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implicaciones para nuestro pas, incluyendo el empeoramiento de la polarizacin social y poltica, y la reversin de las ganancias ya obtenidas por los acuerdos de paz". Es ms, la acusacin tuvo sus contratiempos, incluyendo el dramtico testimonio de un exsoldado que afirm haber visto el presidente Prez Molina (cuando era un coronel del ejrcito) a la vista de una masacre. Paz y Paz y su equipo insisten en que el testigo no haba dicho eso durante los preparativos previos al juicio y que les haba tomado por sorpresa, al igual que al resto del pas. El presidente, por supuesto, estaba furioso, y neg con vehemencia la denuncia. "Es un testimonio falso, que no corresponde a la realidad de los hechos", dijo el presidente a InSight Crime en una declaracin escrita. Ms importante, desde el punto de vista legal, fue la decisin del 19 de abril tomada por la juez Iris Yassmn Barrios quien presida el tribunal de tres jueces de "alto impacto" que estaba decidiendo el caso- para continuar el juicio, incluso despus de la abrupta salida de los abogados de Ros Montt del palacio de justicia, en protesta por una de las decisiones de procedimiento de Barrios. Barrios misma haba sufrido las guerras. Haba enfrentado amenazas cuando haba presidido el caso del asesinato de Monseor Gerardi, lo que incluy sobrevivir a una explosin de una granada en su patio. Lo que pareca un tecnicismo en el momento -especialmente teniendo en cuenta la tctica a menudo utilizada, de estancar estos procesos a travs de amparos, cambios de ltimo minuto y renuncias de equipos legales- se convertira en la pieza central de una apelacin. El 10 de mayo de 2013, el tribunal de tres jueces declar culpable a Ros Montt y lo conden a 50 aos de crcel por genocidio y a otros 30 por crmenes de lesa humanidad; absolvi a su jefe de inteligencia de ambos cargos. Mientras el pas estall en un juego cargado poltica y emocionalmente de recriminacin mutua, Paz y Paz fue estoica. Se hizo justicia, al parecer ella coment. Ros Montt, sin embargo, pas dos noches en la crcel y luego fue puesto en libertad, mientras el caso era apelado. Diez das despus de la sentencia condenatoria inicial, el Tribunal Constitucional revoc la histrica decisin, declarando lo que fue efectivamente una anulacin del juicio, desde el momento en el que Barrios haba seguido el proceso el 19 de abril, tras la salida del equipo de abogados de Ros Montt, ocurrida un da antes. Las perspectivas de un retorno a los tribunales parecen escasas. Los tres jueces se han recusado a s mismos. Muchos de los testigos estn de vuelta en sus pueblos. El equipo principal de Paz y Paz estuvo devastado. La interpretacin desde diversos espacios es que el MP presion demasiado hacia el genocidio. Pero cuando se le

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pregunt sobre su estrategia, Paz y Paz se mantuvo firme, volviendo a uno de los pilares de su filosofa. "Hay una parte que es la parte humana", dijo a InSight Crime. "Creo que para todos era muy importante que las mujeres sobre todo las sobrevivientes, todos -hombres sobrevivientes pero las mujeres sobrevivientes tambin- superaran (imaginamos) cuantas barreras para viajar desde all y venir aqu, al palacio de justicia, al espacio ms importante que es donde se celebran las vistas de la corte suprema, donde se estaban llevando a cabo el juicio y dijeran frente al perpetrador Ud. a m me hizo tal y tal y tal. Incluso narran actos de violencia sexual. Yo creo que eso es algo muy importante socialmente, muy importante, y lo hicieron en su idioma". Reconocimiento internacional, rencor interno El caso de Ros Montt le dio ms fama internacional a Paz y Paz. Ella ya haba sido nombrada en 2012, por el columnista de la revista Forbes, como una de las "5 mujeres ms poderosas que estn cambiando el mundo en la poltica y las polticas pblicas". Tras el juicio por genocidio, ella fue perfilada en numerosos medios de comunicacin internacionales. Gan varios premios y fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Fue invitada a hablar en todo el mundo. (La juez Barrios tambin gan elogios, incluso del gobierno de Estados Unidos, que le otorg el premio "Mujer del Coraje" este ao, en presencia de la primera dama Michelle Obama.) Irnicamente en Guatemala, el caso pudo haber cerrado el destino de Paz y Paz en el MP. En febrero, un hombre de negocios y abogado, Ricardo Sagastume, quien apropiadamente sola dirigir el colegio de abogados, y quien una vez se haba presentado como candidato a la presidencia por el partido poltico fundado por exmilitares, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad alegando que el Congreso no haba abierto el proceso de seleccin para el puesto de fiscal general para todos los candidatos en "su debido momento", que en sus cuentas era de mayo de este ao, seis meses antes de los cuatro aos que ordena la Constitucin. Para los expertos legales, el amparo pareca frvolo, incluso irresponsable. Pero la lgica parece ser menos importante que el poder en el sistema judicial de Guatemala. Para Paz y Paz, todo slo empeor. En el perodo previo a la decisin de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo de Segastume, la revista Contrapoder public extractos de un libro en el que se le haba pedido a Paz y Paz nombrar a aquellos "que estaban protegiendo la impunidad". En un raro desliz, ella nombr a AVEMILGUA, un grupo de ala derecha de ex oficiales militares y CACIF, la asociacin empresarial ms poderosa del pas. Tambin cit el famoso anuncio pagado, firmado por los exvicepresidentes y exmiembros del gabinete como prueba de quines eran y cmo estaban conectados con los tradicionales agentes del poder poltico. Las declaraciones

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reforzaron lo que sus enemigos haban estado diciendo acerca de ella: que haba tomado su agenda poltica "izquierdista" para el MP. Cinco das ms tarde, la Corte de Constitucionalidad, citando un tecnicismo, dijo que el perodo de Paz y Paz deba terminar en mayo, no en diciembre como lo ordena la Constitucin. La decisin fue unnime. La decisin del tribunal fue ampliamente criticada. Grupos de Derechos Humanos, dentro y fuera de Guatemala, la criticaron. En una carta, el Parlamento Europeo llam a la decisin del tribunal "arbitraria" y algo que "pone en peligro el Estado de derecho". El embajador de Estados Unidos, Arnold Chacn, dijo en un comunicado que la Embajada de Estados Unidos estaba estudiando el fallo. "Es un privilegio para mi gobierno contar con un socio como la Dra. Paz y Paz", agreg. La decisin tambin desat una reaccin por el puesto de la Fiscala General, que ser ocupado en mayo. Un nmero de candidatos inmediatamente present sus nombres. Y despus de considerar dejar el gobierno, Paz y Paz decidi intentar un segundo mandato.

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Enemigo pblico Dado su historial en la lucha contra el crimen, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, debe ser una eleccin obvia para continuar con su trabajo. Adems de los arrestos de alto perfil de figuras del crimen organizado, y su trabajo para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, las tasas de impunidad han cado en un 23 por ciento en los ltimos seis meses, segn el equipo judicial de la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigido por las Naciones Unidas.

La Fiscala General, o Ministerio Pblico (MP) como se le conoce, est aclarando ms casos en todos los mbitos. En 2013, haba 6.188 criminales condenados, en comparacin con slo 2.884 en 2008. Adems, cada ao los jueces han emitido ms sentencias por femicidios desde que se pusieron en marcha los nuevos mecanismos. La cooperacin, tanto a nivel internacional como interinstitucional, se ha incrementado. Sin embargo, se cree poco probable que Paz y Paz conserve su puesto. Ella es criticada por no hacer lo suficiente para luchar contra la delincuencia comn y la corrupcin. El MP slo logr 12 condenas por corrupcin en 2012, y 149 en 2013. Tambin hay quejas sobre sus habilidades administrativas. Por ejemplo, ella ha dividido a los fiscales entre los que estrictamente hacen el trabajo de investigacin y los que son abogados litigantes. Los litigantes, sin embargo, recientemente se quejaron con la revista Contrapoder de que no tienen suficiente tiempo para prepararse para los casos, que algunos dicen que se estn moviendo al azar a travs del sistema. Sin duda, los crticos ms fuertes son ex miembros militares, empresarios conservadores y miembros de crculos polticos, quienes dicen que ella ha llevado demasiado lejos su agenda izquierdista de Derechos Humanos. Ellos dicen que el caso contra el general Efran Ros Montt -en el que el ex dictador militar fue condenado por genocidio antes de que un tribunal superior revocara la decisin 10 das despus- muestra su fervor partidista. La falta de casos en contra de exguerrilleros, aaden, ilustra su agenda poltica. Paz y Paz no contribuy a su causa para ejercer un nuevo mandato cuando un testigo en el juicio de Ros Montt insisti en que el presidente Otto Prez Molina estaba involucrado en masacres, cuando estuvo en el ejrcito. (Prez Molina neg con

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vehemencia las acusaciones, y Paz y Paz dijo a InSight Crime que ella y su equipo estaban sorprendidos por el testimonio.) Adems de los ex-militares, las lites econmicas, y las numerosas fuerzas polticas, tambin hay poderosos grupos empresariales que estn tratando de detener a Paz y Paz. Los problemas de tenencia de la tierra siguen afectando a Guatemala, y algunos proyectos mega-industriales y mineros se han estancado debido a las protestas. Paz y Paz es vista como una aliada de los manifestantes, agregando estos grandes intereses empresariales a la larga lista de detractores, quienes estn trabajando tras bambalinas para asegurarse que ella no vuelva a ser fiscal general. Adems, los grupos alineados con figuras del crimen organizado estn haciendo maniobras para asegurarse de que Paz y Paz no obtenga un segundo mandato en el MP. Su historial muestra claramente que ella poco conoce de lmites y cuatro aos ms de liderazgo podran ser devastadores para ms de una red criminal de gran tamao. Quizs el ms notable de los oponentes de Paz y Paz, es un hombre que representa a varios de estos intereses especiales, Gustavo Herrera. Herrera es un hombre de muchas caras. l es un hombre de negocios y un donante de campaas electorales con estrechos vnculos con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que fund y apoy durante aos el exgeneral Ros Montt. (Vea: Retrato de un agente poltico guatemalteco). Herrera entra dentro de esta historia porque es un representante de los grupos con intereses especiales. Cuando sus contactos, en altos cargos polticos o empresas sospechosas, necesitan algo del sistema judicial, es a Herrera al que llaman. Su capacidad de maniobra en este sistema tambin lo ha ayudado a navegar por aguas turbias en su propia vida. Herrera fue acusado de mover drogas y lavar dinero en 2004, incluso por el presidente Prez Molina cuando trabaj como comisionado de seguridad para esa administracin. Sin embargo, no se presentaron cargos en contra de Herrera. Herrera tambin ha enfrentado acusaciones por robar millones del instituto de seguridad social del gobierno, el IGSS, logrando que un tribunal retirara los cargos en 2009. Un operador poltico de la (vice) presidenta? Despus de que el caso IGSS fuera denegado y los cargos por trfico de drogas hubieran sosegado, Herrera reapareci y desde entonces ha sido conectado con el Partido Patriota del presidente Prez Molina, concretamente con la vicepresidenta Roxana Baldetti. Prensa Libre, citando a "diputados" y a "sectores de la sociedad civil", dijo que Herrera trabaja por mandato de la vicepresidenta. El medio de comunicacin elPeridico calific a Herrera como el "narco-operador de Prez Molina, sealando

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sus relaciones con Baldetti. Siglo 21, citando a la directora del Movimiento Pro Justicia, dijo que Herrera trabaja en estrecha colaboracin con el Partido Patriota del presidente, el cual dirige la vicepresidenta. Dos de las principales organizaciones no gubernamentales en la supervisin del sistema judicial, Accin Ciudadana y el Movimiento Pro Justicia, as como numerosos analistas gubernamentales e independientes, tambin conectan a la presidencia con Herrera. Estos observadores externos dicen que la presidencia utiliza al actual jefe del IGSS, Juan de Dios Rodrguez, como su intermediario con Herrera. (Vea: Retrato de un agente poltico guatemalteco). La implicacin es que la vicepresidenta puede tener sus propios intereses que proteger de una fiscal general agresiva como Paz y Paz. Sin embargo, el presidente rechaz las supuestas conexiones entre Herrera y Baldetti y su oficina. "El rumor (de que Herrera sea un operador poltico de la presidencia) que recoge un muy pequeo sector de la prensa y algunos observadores, no tiene fundamento alguno [sic]. No existe la relacin que as se pretende establecer a nivel de rumor con el seor Herrera, ni del presidente ni de la vicepresidenta. El presidente se distanci an ms de Herrera cuando se le pregunt acerca de las acusaciones por trfico de drogas que haba hecho en su contra en 2004. "Sostengo lo afirmado en abril del Ao 2004", escribi en respuesta a la pregunta especfica del InSight Crime sobre este asunto. El hecho de que el presidente se mantenga firme en la fuerte acusacin que hizo anteriormente puede sorprender a aquellos que siguen relacionando a Prez con Herrera. Contrapoder, que es financiado por un miembro del gabinete de Prez Molina, describi recientemente a Herrera como "un operador del gobierno", quien se encuentra en el corazn del problema en el proceso de seleccin del siguiente MP. Habr fuerza capaz de impedir que cobre poder en esa comisin Gustavo Herrera, el abogado ligado a operaciones corruptas con el seguro social, con liderazgo en la profesin y considerado, aunque l lo rechaza con vehemencia, un operador del Gobierno?

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Movindose en las sombras La comisin en cuestin es la llamada Comisin de Postulacin, establecida por la Constitucin de Guatemala para elegir a los candidatos finales a ocupar el cargo de fiscal general. Estas comisiones funcionan como filtros para la seleccin de algunos de los puestos ms importantes del gobierno del pas, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, la Contralora, y, por supuesto, la Fiscala General. El hecho de que alguien como Herrera se haya convertido en un mediador en este proceso dice tanto sobre el estado de los asuntos polticos en Guatemala como sobre el proceso en s. Como la mayora de las cosas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado de Guatemala, el proceso de decisin sobre quin ocupar estos puestos en la comisin est lleno de corrupcin y de maniobras polticas. En apariencia, la seleccin del fiscal general es la democracia en su forma ms transparente. Hay una convocatoria abierta para que los guatemaltecos que cumplen con los requisitos bsicos para el puesto presenten sus hojas de vida, as como otros documentos que son considerados por la comisin. La comisin est compuesta por el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quien tambin la preside), y los decanos de todas las escuelas de derecho del pas. Actualmente hay 11 escuelas de derecho acreditadas en Guatemala, y 14 personas componen la Comisin de Postulacin para fiscal general. Todas las comisiones, en foros celebrados en el edificio de la Corte Suprema que son abiertos al pblico (y que pueden ser vistos por televisin e Internet), evalan los antecedentes y califican a los candidatos. En el caso del fiscal general, la

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responsabilidad ltima de la comisin consiste en utilizar este sistema para seleccionar a los ltimos seis candidatos, que luego son transferidos al presidente, quien elige entre ellos.

Sin embargo, a menudo el proceso es subvertido antes de que llegue al pblico y a la televisin. Es til desglosar en capas la forma como sucede este proceso. En la capa superior hay varios grupos con intereses especiales, entre ellos miembros de la sociedad civil, gobiernos extranjeros, grupos de crimen organizado, exmilitares y empresas privadas. Estos grupos canalizan sus esfuerzos a travs de mediadores en los partidos polticos, la Presidencia, el Congreso, bufetes de abogados y grupos no gubernamentales locales. Todos estos buscan influenciar al Colegio de Abogados, a las universidades privadas, y a la institucin de educacin superior nacional, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes son los que realmente

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ocupan los puestos en estas comisiones y los que determinan quienes sern los candidatos finales. Como se seal anteriormente, Herrera trabaja como mediador de los intereses polticos, en concreto para el Partido Patriota, el partido del presidente Prez Molina, y para el partido de Ros Montt, el FRG. El FRG ha sido un agente muy eficaz en los ltimos aos. En un informe de 2009 sobre las comisiones, desarrollado por la CICIG de las Naciones Unidas, la CICIG determin que en ese ao, el 38 por ciento de los miembros de las comisiones de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones respondan al FRG. Segn investigadores del gobierno, Herrera tambin recurri al partido cuando necesitaba sofocar los cargos de que l haba robado millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Tanto el Partido Patriota como el FRG estn, como es aparente por sus races, estrechamente conectados con el tipo de ex-militares que quieren desesperadamente ver a Paz y Paz por fuera del Ministerio Pblico (MP). Herrera tambin es mediador de intereses criminales, dijeron grupos de vigilancia a InSight Crime. La CICIG seal que una gran cantidad de los bufetes de abogados que cuentan con clientes relacionados con adopciones anmalas, narcotrfico, corrupcin y trfico de influencias, ejercen un poder considerable sobre las comisiones de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. Adems, las presuntas conexiones de larga data de Herrera con el hampa hacen de l un interlocutor poderoso para estos grupos. Como mediador, Herrera centra su atencin en dos miembros importantes de la Comisin de Postulacin. El primero de ellos es la USAC , en parte porque es donde muchos de estos mundos se cruzan. La USAC es, de lejos, la institucin de educacin superior ms importante del pas tan slo por su tamao: cuenta con 190.000 estudiantes matriculados. Y muchos potenciales miembros de la comisin y demandantes se conocen y relacionan all. En un informe especial de este mes, la revista Contrapoder seal que seis miembros de la Comisin de Postulacin se graduaron de la USAC. La universidad tambin puede influir en los votos de diversos sectores al repartir puestos. Estos puestos tienen salarios bajos pero generosos paquetes de prestaciones. Segn Contrapoder, ocho miembros actuales de la comisin han trabajado en la USAC en algn momento. Incluso otros miembros de la comisin pueden deber su trabajo como decanos de otras facultades de derecho a la USAC. Como ellos controlan los votos en estas comisiones, estas escuelas de derecho han venido apareciendo como flores durante la primavera. Desde 2004, la cantidad de escuelas de derecho ha pasado de siete a once. Una de estas universidades fue fundada por un congresista.

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Maniobrar correctamente en la USAC, por lo tanto, puede resultar en el control directo de un voto en la Comisin de Postulacin: el decano de la Facultad de Derecho de la USAC. El anterior decano era considerado como aliado del FRG, as como del Partido Patriota, ambos aliados cercanos de Herrera y enemigos de Paz y Paz. El actual decano parece ser ms independiente. El poder en la USAC tambin puede resultar en un control indirecto sobre algunos otros votos, a travs de los decanos de otras facultades de derecho, o a travs del control del propio Colegio de Abogados, en concreto de su presidente y del Tribunal de Honor del colegio. El segundo nodo crtico en el que Herrera podra ejercer influencia es en el Colegio de Abogados. El funcionamiento interno del colegio es semejante al de un sistema poltico, dijo la CICIG en su informe de 2009. Hay almuerzos y eventos de campaa para atraer a los candidatos, asegurar a los donantes e influenciar votos para las posiciones relacionadas con en el funcionamiento de todo el sistema de justicia, incluyendo el del fiscal general. Para complicar las cosas, estn los numerosos bufetes de abogados privados y asociaciones de abogados profesionales, que a menudo trabajan para intereses especiales. "Es as como algunos abogados, juristas y empresarios se comienzan a manejar dentro del mbito poltico como intermediarios entre los intereses de unos en funcin al trabajo de otros, escribi la CICIG. Herrera al parecer tiene relaciones con el presidente del Colegio. Y las altas esferas del Colegio ya han demostrado que estn claramente ubicadas en el campo anti-Paz y Paz. A principios de abril, el Tribunal de Honor suspendi a la juez Yassmn Barrios, quien haba presidido el juicio contra Ros Montt, por obligar a un abogado a que asumiera la defensa de Ros Montt durante el juicio contra el exgeneral. El abogado se quej ante el Tribunal por lo que consideraba un acto de "humillacin", lo que est en contra de la tica del Colegio. El presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, quien tambin es miembro de la Comisin de Postulacin para fiscal general, apoy la decisin de sancionar a Barrios. Pero si bien existe un consenso acerca del papel de Herrera como mediador, lo que ste realmente hace para asegurar su influencia no est del todo claro. Mientras que otros mediadores trabajan abiertamente, celebrando actos pblicos y asistiendo a almuerzos con polticos y decanos de facultades de derecho en restaurantes de lujo, Herrera trabaja desde las sombras. Cultiva a sus candidatos y contactos en reuniones privadas. Herrera no habla con la prensa. Cuenta con numerosos intereses comerciales, pero a menudo trabaja a travs de socios y terceros. En uno de los pocos casos en los que alguien ha sealado pblicamente sus acciones, un grupo de vigilancia no gubernamental local denunci reuniones de Herrera con decanos de facultades de derecho, que incluan la presencia de al menos un

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representante de la USAC. Manfredo Marroqun del grupo de Accin Ciudadana, dijo que uno de los asistentes a la reunin se mostr sorprendido debido a la presencia de Herrera. Segn Marroqun, Herrera dijo que estaba all representando al gobierno, especficamente a la presidencia. l era un "prepotente como que quiere ordenar lo que hay que hacer " dijo Marroqun a InSight Crime. Al final, Herrera sostiene el palo proverbial y la zanahoria. Por un lado, su trabajo consiste en reprender, persuadir, convencer y amenazar a cualquiera y a todos los que sean necesarios para asegurarse de que sus candidatos obtengan los puestos adecuados. Por el otro lado, tiene que estar listo para repartir favores. Para esto puede recurrir a su banco no oficial: el IGSS. Como sealaron varios observadores de la comisin, Herrera tiene buenas relaciones con el actual jefe del IGSS, Juan de Dios Rodrguez. Su comprensin de cmo saquear a una de las entidades pblicas ms grandes de la regin, y su relacin personal con el jefe de sta, es una parte fundamental, aunque en gran medida no contada, de su poder. Si hace bien su trabajo, los grupos con intereses especiales, sus socios polticos, aquellos que determinan a los comisionados y aquellos en el sistema judicial en s, estarn en deuda con l. Y cualquiera de estos que necesite influir en decisiones judiciales buscar los consejos y las conexiones de Herrera. A menudo en Guatemala se trata ms de una cuestin de acceso que de justicia. Los intereses especiales que necesitan influir en el sistema no siempre saben cundo y cmo lo van a necesitar hacer, as que lo que estn comprando los mediadores como Herrera es el acceso a quienes controlan el sistema en el momento preciso en que lo necesitan. En ocasiones, es en este acceso en donde radica la diferencia entre un negocio exitoso y uno fracasado; una victoria y una derrota poltica; estar en la crcel y ser una persona libre; deshacerse de un fiscal general eficaz o vivir con las consecuencias de que ocupe el cargo durante otros cuatro aos. "Terminar correctamente" Paz y Paz tiene sus propios aliados poderosos, entre ellos el gobierno de Estados Unidos y miembros de la Unin Europea. El cabildeo est tomando lugar en los ms altos niveles, ha aprendido InSight Crime, pero los acuerdos secretos entre los comisionados y mediadores como Gustavo Herrera no incluyen a los diplomticos extranjeros. La comunidad diplomtica se puede reunir con miembros de las comisiones, que tanto la CICIG como el gobierno de Estados Unidos han hecho en el pasado. Sin embargo, los miembros de la Unin Europea se han abstenido, en su mayor parte, de participar en lo que ven como cruzar una lnea diplomtica hacia la interferencia poltica. Y Estados Unidos est entre embajadores, algo que puede afectar la eficacia de una estrategia

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aplicada por la embajada para presionar por un nuevo mandato de Paz y Paz: hay una diferencia entre hacer un llamado a la transparencia por medio de declaraciones pblicas, y reunirse personalmente para recordar a los comisionados cules son sus responsabilidades. Manteniendo al mnimo el contacto directo, los gobiernos extranjeros estn haciendo la mayor parte de su trabajo al financiar grupos de vigilancia, como Pro Justicia y Accin Ciudadana, quienes mantienen un ojo en el proceso y cabildean por "transparencia", en lugar de abogar por un candidato especfico. Sin duda, Paz y Paz no es el nico candidato slido. Y su fama internacional y su polarizador perodo como fiscal general han dejado una "mancha" en ella y en su reputacin, un recordatorio de que el proceso se trata tanto de celos profesionales como de diferencias polticas entre los principales fiscales. Si todo lo dems permaneciera constante, Paz y Paz debera ganar por sus propios mritos. Y su gran actuacin durante sus primeros tres aos y medio parecen haberle conseguido el apoyo de hasta cuatro decanos de facultades de derecho de universidades privadas, entre ellos algunos de los nombres ms consolidados en el mundo acadmico de Guatemala, dicen los observadores de la comisin. Cuando se le pregunt, el presidente Prez Molina tambin afirm apoyar el trabajo de la fiscal general en el MP. En una respuesta escrita, el presidente dijo a InSight Crime que tena una relacin "positiva" con ella y cit el aumento en el presupuesto para probarlo. "Es una relacin de coordinacin y trabajo conjunto", dijo. "Que queda evidenciada en primer lugar en el gran apoyo presupuestario que mi gobierno le ha dado a la Fiscala, que desde el ao 2012 recibi Q200 millones adicionales (US$25 millones). Agreg que la relacin de la vicepresidenta con ella era igualmente "positiva". "La relacin de la Fiscal con la vicepresidenta es la misma que tiene con el resto del gobierno", dijo.

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Sin embargo, hay poco que ocultar en el aislamiento que Paz y Paz siente durante estos das por gran parte del resto del gobierno y por los grupos con intereses especiales. La reciente decisin de la Corte de Constitucionalidad para recortar su mandato por seis meses,

seguido por la sancin de Barrios por parte del Colegio de Abogados, han enviado un mensaje claro. Las fases iniciales de la Comisin de Postulacin actual tampoco han ido bien. Paz y Paz recibi 32 de las 79 "tachas", o quejas formales por procedimiento, e incluso quejas criminales, presentadas por grupos de la sociedad civil y de vigilancia. El candidato ms prximo recibi siete tachas. Los observadores del proceso admiten que en este momento an es difcil determinar quin se est confabulando con quin, pero el elevado nmero de tachas que Paz y Paz ha recibido apunta a una estrategia de descalificacin por razones tcnicas. La determinacin de los seis finalistas por parte de la comisin se espera para el 2 de mayo. Su enorme cantidad de enemigos y el alcance que estos tienen, han desgastado a Paz y Paz y la han empujado a convertirse en un actor poltico, ms de lo que ella hubiera previsto o querido. Durante su tiempo como fiscal general ha logrado mantener gran parte de su vida privada por fuera de la mirada pblica, pero hay cosas que se han deslizado a travs de la red. A medida que el proceso de seleccin del prximo fiscal general avanza, inevitablemente, se darn a conocer sus asuntos ms personales. Por citar slo un ejemplo pasado, su hijo, que tiene cncer, tuvo que conseguir una ciruga de emergencia, que coincidi con la inauguracin presidencial de Prez Molina. La situacin la oblig a emitir un comunicado en Facebook para explicar su ausencia en la ceremonia, para que as nadie creyera que exista una ruptura entre ella

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y el nuevo presidente. El recuerdo an la hace sentir incmoda y ste es el tipo de experiencia que la hace estremecer frente a otros cuatro aos bajo el microscopio. Paz y Paz est, de hecho, notoriamente cansada. Cuando se le pregunt qu la motivaba a seguir, la fiscal general cita los casos que ha llevado adelante. Y aunque todava se emociona explicando cmo su Oficina ha procesado a criminales que anteriormente eran intocables, tiene que ser empujada para tomar el crdito por sus acciones y, en general, no disfruta de las apariciones pblicas ni de las conferencias de prensa. Ella es, dice, una litigante de corazn, una ejecutora de la ley. Pero sabe que sta es slo la mitad de la descripcin de su trabajo. La otra parte de su trabajo -la de ser un operador poltico que puede contener a los adeptos y poderosos enemigos en todos los frentes- est acabando con su entusiasmo. Aunque no se ha rendido, se est preparando para el final, y desde ya habla de "terminar correctamente".

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Retrato de un agente poltico guatemalteco Gustavo Herrera empresario y agente poltico en el proceso de seleccin del prximo fiscal general de Guatemala- puede tener muchas manchas en su historial, pero se las ha ingeniado para mantenerse fuera de la crcel y ha conservado sus conexiones polticas y su influencia. En 2002, la Fiscala General, conocida como el Ministerio Pblico (MP) en Guatemala, dijo que Herrera haba planeado una compra fraudulenta de tierras y un acuerdo de construccin, de US$50 millones, que involucraba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El IGSS es una de las entidades pblicas ms grandes de la regin y, como parte del acuerdo, gast US$30 millones en terrenos valuados en US$1 milln. Un notario recibi US$2 millones por falsificar los documentos; una empresa constructora recibi US$4 millones por disear planes de vivienda que nunca construira. El dinero se traslad a cuentas en el extranjero. El exjefe del IGSS fue encarcelado, junto con tres miembros de la junta directiva del IGSS. Herrera se dio a la fuga y por medio de su abogado neg cualquier participacin en el plan. Posteriormente, un juez deneg los cargos pese a las protestas vociferantes por parte del MP. Herrera luego fue vinculado con el trfico de drogas. En marzo de 2004, un helicptero se estrell al aterrizar en Huehuetenango con 173 kilos de cocana a bordo. Una investigacin posterior publicada por Siglo 21 revel que el helicptero perteneca a Herrera, y la cocana fue rastreada hasta Otto Herrera (sin parentesco), quien para entonces era uno de los blancos prioritarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en la regin. Otto Herrera, dijeron funcionarios guatemaltecos y estadounidenses, ayud a mover la cocana para el Cartel de Sinaloa a travs del Istmo Centroamericano. Lav las ganancias con la ayuda de personas como Gustavo Herrera, dijo el informe de el peridico, citando a funcionarios del MP y del gobierno. Entre las personas que inculparon a Gustavo y a Otto Herrera se encontraba el entonces comisionado presidencial para la seguridad y el ahora presidente, Otto Prez Molina. "Otto y Gustavo s tienen relacin con el narcotrfico", fue citado Prez Molina en el peridico Siglo 21, sobre lo que dijo en ese momento. "Se dedican al transporte,

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almacenamiento, distribucin, y colaboraron con carteles de Colombia, Guatemala y Mxico". La operacin de trfico de drogas de los "Herreras" se vino abajo cuando Otto Herrera fue capturado en Colombia en 2007, y fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. Luego, el caso de Otto Herrera fue cerrado, y no hay ms informacin pblicamente disponible sobre si fue condenado y cundo; una buena seal de que est colaborando con las autoridades estadounidenses. Gustavo Herrera sigui prfugo y en el momento neg todos los cargos por trfico de drogas a travs de su abogado. Los investigadores del gobierno de Estados Unidos, consultados por InSight Crime, dijeron que no haba cargos por trfico de drogas contra Herrera en Estados Unidos. Investigadores guatemaltecos, sin embargo, dijeron que todava haba tres investigaciones abiertas en contra de Herrera, aunque no especificaron cules. Sin lugar a dudas, Herrera con quien InSight Crime intent, sin xito, ponerse en contacto en varias ocasiones- sigue siendo una parte fundamental del hampa de Guatemala, segn los investigadores. Especficamente, los investigadores conectan a Herrera con otra poderosa red, encabezada por Hayron Eduardo Borrayo y su esposa, Mirza Silvana Hernndez de Borrayo.

Borrayo es desde hace mucho tiempo una figura del hampa, quien ha vendido cocana a varias organizaciones criminales mexicanas. Durante un tiempo, en 2009 y 2010, l

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fue el principal proveedor de los Zetas. Uno de sus apodos, "Oso", aparece en varias ocasiones en un libro de contabilidad que fue confiscado por el equipo de Paz y Paz durante su ofensiva contra los Zetas en 2011. (InSight Crime obtuvo de forma independiente una copia del libro de contabilidad.) En enero de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Borrayo y su esposa Myrza formaban parte de una red ms grande de lavado de dinero y trfico de drogas, dirigida por Marllory Dadiana Chacn Rossell, conocida como la "Reina del Sur". La red de Chacn tena por lo menos 26 empresas en Guatemala y 2 ms en Panam, segn el Departamento del Tesoro. Para complicar ms las cosas, Chacn ha sido vinculada con la vicepresidenta Roxana Baldetti a travs de informes de prensa. Concretamente, los periodistas Jos Rubn Zamora y Ana Arena -en un artculo publicado por elPeridico y la Fundacin MEPI en 2013 (pdf)- dijeron que Chacn haba ido a la fiesta de 50 aos de Baldetti. La acusacin no fue corroborada y el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de hacer esta conexin en sus declaraciones acerca de Chacn. El gobierno de Guatemala estaba tan furioso que lanz una campaa para desacreditar a Zamora, y a los numerosos sealamientos de elPeridico que hacen ver a Baldetti como perversa, corrupta y conectada con el crimen organizado. El presidente Prez Molina rechaz con vehemencia la afirmacin cuando InSight Crime le pregunt a travs de un cuestionario escrito. Su pregunta parte de rumores sin fundamento, dijo en su declaracin escrita a InSight Crime sobre las presuntas conexiones entre Baldetti y Chacn. "La vicepresidenta no tiene ninguna relacin con el narcotrfico. Ninguna agencia de Estados Unidos encargada del control y combate al trfico de drogas ha establecido ningn vnculo de la vicepresidenta con el narcotrfico. Sin lugar a dudas, Baldetti se ha convertido en el pararrayos de esta administracin. Una ex reina de belleza, que se convirti en poltica y en una mujer de negocios, ahora dirige el gobernante Partido Patriota del pas. En los ltimos aos, el aumento en las fortunas de sus legtimos negocios han llamado la atencin, a pesar de que no ha sido acusada de ningn delito. Despus de su ms reciente declaracin a la Contralora, los periodistas la bombardearon con preguntas acerca de sus empresas y negocios, que admiti, ahora incluyen centros comerciales, condominios y proyectos agroindustriales. Esta informacin no es pblica y, una vez ms, el presidente Prez Molina defendi a la vicepresidenta.

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"El patrimonio de la vicepresidenta existe en el marco de actividades legales", dijo a InSight Crime.