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Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2016-2017
Organizaciones que conforman el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de DerechosHumanos en Centroamérica.
PERSONAS DE CONTACTO
El documento ha sido elaborado y publicado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis deDerechos Humanos en Centroamérica, en el marco del proyecto: “Informe centroamericano 2017sobre derechos humanos y con ictividad social” el cual es auspiciado por la Federación LuteranaMundial; y ejecutado por FESPAD, a través de la coordinación con el Programa de Derechos Socialesy Culturales.
AGRADECIMIENTOS
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis deDerechos Humanos en Centroamérica, expresa suagradecimiento a:
Elena Cedillo,Representante Regional,Federación Luterana Mundial
Giovanni Magaña,Coordinador Regional de Programa,Federación Luterana Mundial
Al Programa Nexos de Hivos yla Embajada de los Países Bajos
Revisión final:
Omar Flores
Centro de Desarrollo Humano -CDH- (Honduras)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos -CIPRODEH- (Honduras)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá -CONADEHUPA-
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- (El Salvador)
Grupo de Apoyo Mutuo -GAM -(Guatemala)
Iglesia Luterana Costarricense -ILCO-
Organización
CDH
CIPRODEH
CENIDH
CONADEHUPA
FESPAD
GAM
ILCO
Nombre
Héctor Herrera
Carlos Arturo
Marlín Sierra
Eric knudson
Omar Flores
Karla Campos
Osca Retana
Rubén Chacón
Georgina Ruíz
Saúl Baños
Cristóbal Santana
Daniel Alvarado
Jennifer Matamoros
INDICE
PRESENTACIÓN
CONTEXTO REGIONAL
CAPÍTULO ISISTEMA DEMOCRÁTICO Y CONCENTRACIÓN DE PODER.............................................. 1.1 Independencia de poderes................................................................................... 1.2 Acceso a la justicia................................................................................................ 1.3 Corrupción............................................................................................................. 1.4 Ejercicio de ciudadanía ....................................................................................... 1.5 Libertad de expresión y prensa............................................................................. 1.6 Agresiones a la libertad de expresión................................................................... 1.7 Situación de los defensores y defensoras de derechos humanos........................ CONCLUSIONES......................................................................................................... RECOMENDACIONES................................................................................................
CAPÍTULO IISEGURIDAD CIUDADANA................................................................................................... 2.1 Políticas de seguridad y militarización.................................................................. 2.2 Crimen organizado................................................................................................ 2.3 Homicidios............................................................................................................ 2.4 Violencia de género..............................................................................................
2.4.1 Femicidios/feminicidios........................................................................... 2.4.2 Violencia sexual...................................................................................... 2.4.3 Violencia estructural................................................................................ 2.4.4 Agresiones a la población LGBTI............................................................ CONCLUSIONES ....................................................................................................... RECOMENDACIONES...............................................................................................
CAPÍTULO IIIPOBREZA Y DESARROLLO HUMANO.............................................................................. 3.1 Índice de pobreza y de desarrollo humano ........................................................ 3.2 Poder adquisitivo y nivel de vida adecuado........................................................ 3.3 Impacto de las industrias extractivas, megaproyectos y monocultivos............
3.4 Migración en Centroamérica..............................................................................3.4.1 Migraciones y repatriaciones...................................................................
3.4.2 Remesas familiares................................................................................. CONCLUSIONES......................................................................................................... RECOMENDACIONES .............................................................................................. NOTAS SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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PRESENTACIÓN
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, ha realizado untrabajo exhaustivo de investigación sobre la situación actual del sistema democrático y concentracióndel poder; seguridad ciudadana; pobreza y desarrollo humano, en la región, sintetizado en este“Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2016-2017”.
El informe invita a la reflexión y análisis de los problemas relacionados a la violencia e inseguridad enla región; los obstáculos para el acceso a la justicia; la crisis del modelo democrático; la pobreza;desarrollo humano y discriminación; así como, las violaciones a los derechos humanos, y que, comosociedad civil se está llamado a prestar atención inmediata.
Para la Federación Luterana Mundial/ Servicio Mundial, Programa Centroamérica, el informe es uninstrumento de peso para generar consciencia acerca de diferentes problemáticas y conflictos quedeben ser visibilizados y atendidos, así como, las causas estructurales de los mismos.
Como Programa Centroamérica, consideramos que el informe nos desafía a buscar soluciones a lasproblemáticas que como región se enfrentan, desde cada una de las particularidades de los paísesdonde tenemos presencia, que contribuyan a que se respeten, reconozcan, tutelen y promocionenlos derechos humanos.
“Por la Vida Dignidad y Justicia de los Pueblos en Centroamérica”
Programa Centroamérica
Servicio Mundial
Federación Luterana Mundial
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CONTEXTO REGIONALCentroamérica se encuentra constantemente enescenarios de conflictividad a partir de la erosiónprogresiva de los sistemas democráticos, la crisisde inseguridad ciudadana y la profundizaciónde un modelo de desarrollo económico ysocial que no pone a su base el respeto de losderechos humanos de la ciudadanía en general,afectando en mayor medida a poblaciones ensituación de vulnerabilidad: mujeres, comunidadLGBTI, niñez, adolescencia y juventud, personascon discapacidad, afrodescendientes, pueblosindígenas, periodistas y personas defensoras dederechos humanos.
Los modelos democráticos regulados en lossistemas normativos en los países de la regiónhan sufrido modificaciones por medio deinterpretaciones constitucionales derivadasde los tribunales constitucionales. Nicaragua yHonduras permitieron la reelección en el ÓrganoEjecutivo, transgrediendo con ello el principio dealternancia en el poder y sometiéndose a procesoselectorales fuertemente cuestionados. La formarepublicana de gobierno, bajo el principiobásico de la separación e independencia esrecurrentemente invisibilizado; los principalesórganos de Estado invaden las funciones deotros y en mayor medida se ve violentada laindependencia judicial. La ausencia del respetoa las garantías constitucionales, procesales,la legalidad, la presunción de inocencia, losderechos humanos, entre otras, ha llevado aregistrar casos de ejecuciones extrajudiciales enla región, como en El Salvador y Nicaragua.
La débil institucionalidad hace que las finanzaspúblicas se vean afectadas con hechos decorrupción y a pesar de que se han investigado yjudicializado algunos casos ejemplarizante comoen Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala,la región no muestra indicios de poder superar sudebilidad en la materia. La corrupción no permiteel pleno ejercicio de los derechos humanos dela ciudadanía centroamericana y obstaculizagarantizar los mismos mediante el acceso a los
servicios públicos. En muchas ocasiones laspersonas se ven obligadas a realizar dadivas aempleados o funcionarios públicos para poderacceder a un servicio brindado por el Estado;el incide de soborno refleja que Panamá seencuentra mayormente afectado por dichasituación, seguido de Honduras y El Salvador.
La crisis democrática y las frecuentes violacionesa los derechos humanos generan escenariosde conflictos en donde la ciudadanía esamenazada con normas jurídicas ambiguasque permiten el arbitrio de los funcionariospúblicos, facilitando la represión de la protestasocial, la libertad de expresión, prensa y lacriminalización de las personas que defiendenderechos.
Centroamérica continúa siendo una regiónconvulsionada debido a los altos niveles deinseguridad que registra, con un mayor énfasisen el denominado Triángulo Norte, compuestopor Guatemala, Honduras y El Salvador. En estemarco, los Estados continúan apostándole asalidas inmediatistas de la crisis promoviendola remilitarización y los esquemas estrictamenterepresivos en las políticas de seguridad queimpulsan. De igual forma, se promueve el usode armas de fuego y se evita regular la venta apoblación civil, a pesar de que el mayor númerode muertes violentas son producidas por estas.
El crimen organizado y narcotráfico continúandejando una estela de violencia en la regióncentroamericana, misma que los Estadosminimizan por aquella violencia producida pormaras o pandillas.
Las inadecuadas políticas de seguridad hanllevado a los países centroamericanos a tenervariaciones abruptas en sus niveles de homicidiosy eventuales mejoras que no prometen sersostenibles, En ese marco podríamos agrupara los países del istmo como: a) los países quetienen ciclos muy pronunciados de alzas ybajas en los homicidios, como el caso de El
7Salvador y Honduras; b) Países que tienen unatendencia al alza, colocándose Costa Rica endicha situación; y c) Países que progresivamentemuestran una mediana reducción en los índicesde la violencia homicida, como Guatemala,Panamá y Nicaragua.
A nivel regional el promedio de la tasa dehomicidios por cada 100 mil habitantes es de32.58; no obstante, continúa siendo elevada yreflejando la situación de vulnerabilidad que seencuentra la ciudadanía centroamericana. Alincorporar la variable geográfica, identificamosque el Triángulo Norte concentra el mayor númerode muertes violentas de personas, al alcanzar unpromedio de 55.8 por cada 100 mil habitantes,frente a un promedio de 7.8 que reflejan lospaíses del sur de Centroamérica. En cuanto a laviolencia feminicida, Centroamérica en el 2016reportó 1,819 muertes violentas de mujeres, loque ha significado 106 muertes menos respectoal 2015; pero 179 más si se comparan las cifrascon el año 2014; Guatemala es el país que indicatener el caso más grave en cuanto a feminicidiosse refiere, tomando en cuenta: a) que en losúltimos años ha registrado una significativareducción de los homicidios en general; b) seha colocado en la tercera posición respecto alresto de países de Centroamérica en cuanto aviolencia; y c) es el menos violento del TriánguloNorte. No obstante, es el primero en cuanto afeminicidios a nivel regional, lo que evidenciauna alta vulnerabilidad en la que se encuentranlas mujeres guatemaltecas. Las agresionessexuales contra mujeres son incluso mayores quelos feminicidios registrados, pero los Estados no ledan la importancia debida para combatir dichoflagelo e incluso promueven normativa que lascriminaliza penalizando de forma absoluta elaborto en la mayoría de países.
La débil institucionalidad en el sistema judicial,la ausencia de normativa que proteja a lacomunidad LGBTI y los crímenes de odiocometidos en su contra colocan a esta poblaciónen extrema situación de vulnerabilidad.
En 2016 la economía mundial se expandióun 2,2%; si es comparado con cada uno delos países de la región se identificará que elcrecimiento económico fue mayor al registradoa nivel mundial, a excepción de El Salvador quienregistró un crecimiento igual.
Para los análisis economicistas dichas cifrasson alentadoras en cada uno de los países;pero cuando se incorpora la variable desarrollohumano tanto Honduras, Guatemala, Nicaraguay El Salvador son calificados con un desarrollohumano medio a pesar de que el crecimientoeconómico superó el promedio mundial.Tanto Panamá como Costa Rica registran uncrecimiento económico importante y obtienenlas mejores calificaciones en Centroamérica encuanto al desarrollo humano, pero se identificanniveles de desigualdad impresionantes al tomarcomo parámetro el índice de Gini, lo que indicaque el crecimiento económico y el desarrollohumano no está llegando a las personashistóricamente excluidas.
La falta de empleo, bajo salarios e inseguridad sonlas razones principales por las cuales los Estadosexpulsan a su población. Los Estados poseen unadoble moral en cuanto a la población migrante,por un lado promueven públicamente que seabstenga de migrar, pero se ven beneficiados porlos ingresos en divisas que generan las remesasfamiliares, que para el 2017 la región obtuvo$ 17,882 millones mediante un crecimientosostenido de más de cinco años.
A pesar de la grave situación de los derechoshumanos de la población migrante en los paísesde tránsito y destino, los Estados no han sidocapaces de reducir significativamente el númeroexpulsiones de la ciudadanía centroamericana,en mayor medida del Triángulo Norte. No seidentifican, políticas agresivas orientadas ala satisfacción de los Derechos Económicos,Sociales y Culturales. En materia ambiental, seregistran ligeros avances al haberse prohibido laminería metálica en El Salvador, sumándose aCosta Rica.
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CAPÍTULO ISISTEMA DEMOCRÁTICO YCONCENTRACIÓN DE PODER
Con el desarrollo de las incipientesdemocracias a lo largo de la historia laselites económicas, políticas o militares hancooptado uno o más poderes del Estadopara beneficiarse de la administración delmismo. A pesar de que progresivamentela ciudadanía va resistiendo esquemastendientes a la concentración del poder,continúa siendo un patrón en todos losgobiernos de la región centroamericana,con sus respectivas aristas.
Todos los países de Centroamérica en sussistemas normativos internos adoptan unaforma de gobierno republicana, democráticay representativa, en tanto que formalmenteconciben la división del poder, creansistemas de pesos y contrapesos, concibenel Estado de derecho como supeditacióndel poder a la ley, establece formas paraelegir funcionarios, entre otras; a pesar deello, en la práctica los gobiernos rompen conlas aspiraciones teóricas establecidas en loscuerpos normativos.
En el caso de Panamá, su sistemademocrático tiene raíces en la Constituciónde 1904, pero a la vez posee una trayectoriade presidentes populistas, reelectos muchasveces transgrediendo la alternancia en elpoder, donde la percepción del desempeñoeconómico de los gobiernos se constituyeen un indicador fundamental para apoyaro no los procesos democráticos y el sistemapolítico de dicho país, lo que es extensivopara toda la región centroamericana.
En el actual contexto, persiste y se profundiza labrecha entre lo dispuesto constitucionalmentey la realidad.
El quebranto del modelo normativo genera ladesconfianza de la ciudadanía en el sistemapolítico a consecuencia de los fraudeselectorales y clientelismos político, vinculadosa hechos de corrupción y graves violacionesa los derechos humanos, lo cual indicaque el estatus de democracia completa oconsolidada no se ha logrado y no se lograráhasta que no se restablezca el Estado deDerecho y la institucionalidad en la mayoríade los países centroamericanos, tomandoen cuenta que la práctica actual de losgobernantes elegidos “democráticamente”es socavar las instituciones, concentrar todoslos poderes en su persona, apoderarsey censurar a medios de comunicación yreprimir a quienes se oponen o critican sugestión.
Es evidente la disminución progresiva de laconfianza de la ciudadanía en la utilidad delos procesos electorales, pero sobre todo delas instituciones electorales cuyos funcionariosno brindan garantía alguna a la ciudadaníapara que ejerza el derecho a elegir y/o aser electo, validando procesos electoralesviciados y revestidos del interés partidario,donde se registran graves violaciones aderechos humanos.
En Nicaragua, durante las eleccionespresidenciales realizadas en noviembredel 2016, se observó un nivel elevado deabstencionismo, según opositores y críticosdel gobierno, la tasa de abstencionismo osciloentre el 60 y 70 %, pese a que el gobiernohizo obligatoria la membresía partidariapara empleados del sector público y queel Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN) utilizara los recursos estatales durantela campaña electoral. Situación similar seregistró durante las elecciones municipalesde noviembre de 2017, caractizadas por lamilitarización de varios municipios, lo que fueconstatado por la Organización de EstadosAmericanos (OEA), hechos de violencia y
9caos en varios municipios del Norte y Caribede Nicaragua, con un saldo de seis muertos,decenas de heridos por balas de gomas
y balines utilizadas por la Policía Nacional,casas quemadas y apedreadas, vehículos yedificios públicos destruidos.
OEA se apresura a validar las elecciones municipales en
Fuente: LA PRENSA/Uriel Molina
2016, en Nicaragua Fuente: Confi dencial/Wilfredo Miranda
La escalada de violencia –en un procesonuevamente marcado por la abstención y lasirregularidades–, el cual fue condenado porla misión de observación de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA), vía twitter,sin embargo en el informe preliminarpresentado dos días después de laselecciones por el jefe de la misión Sr. WilfredoPenco, minimizó los hechos, señalandoque “La votación transcurrió de maneratranquila, fluida, pacífica y sin mayoresincidentes. Sin embargo, al finalizar estaetapa se produjeron una serie de incidentesde violencia aislados que resultaron en lamuerte de cinco personas y varios heridos. LaMisión lamenta estos hechos y solicita a lasautoridades que realicen las investigacionescorrespondientes y que castiguen alos responsables de los crímenes“.1
De acuerdo al Informe del Latinobarómetro2
2015, en los 6 países de Centroaméricael autoritarismo alcanza el 50% o más.señala dicho informe “Los partidos, lapolítica y la visión que los ciudadanostienen de sus gobernantes están muchomás condicionados a los resultados yventajas que cada uno puede obtenerde la democracia, y cada día menos a la
ideología y pertenencia a un conglomeradodeterminado”.
Situación que se refleja en las constantes ydiversas violaciones a los derechos humanosy actos de corrupción, tales como: la crisisque atraviesa (septiembre 2017) Guatemala,detonada por escándalos de corrupción;en Honduras se debate la reelección delpresidente, en abierta contradicción conla Constitución Política y en un marco deseñalamientos y escándalos de corrupción;en El Salvador, la tensión crece ante laselecciones legislativas y municipalesprogramadas para 2018, también en mediode escándalos de corrupción que agudizanla polarización que caracteriza a la sociedadsalvadoreña; Nicaragua con la instauraciónde un sistema totalitario y represivo, que poneen peligro la estabilidad social ante la faltade alternativa de la ciudadanía para hacervaler sus derechos y la falta de garantíasen los procesos electorales, tal como seregistró en las elecciones municipales del 5de noviembre del 2017, con la inscripciónde lista secreta de los candidatos a alcaldespor los 153 municipios del país por el FSLN,seleccionados por la pareja presidencial,nombramiento de miembros propietarios y
10suplentes de las mesas electorales adeptosal partido de gobierno, siendo un detonantede protestas y generadores de violencia,ante la violación del derecho a elegir y serelegido, el derecho a la vida, a la integridadfísica y sicológica, a la libre movilización y elderecho de manifestación.
Costa Rica, con fuertes cuestionamientospor la sociedad civil, en torno a la intromisióndel Poder Ejecutivo y Legislativo en el PoderJudicial, para privilegiar en sus decisionesa los grupos de poder en el país y Panamácon un sistema democrático dirigido por elgran capital, que proviene de las grandescorporaciones o conjunto de empresas quecontrolan los resultados electorales, mismosque se han visto involucrados en actos decorrupción. Tal es el caso Odebrecht, en elcual el expresidente de la República RicardoMartinelli ha sido señalado del supuesto delitode blanqueo de capitales, relacionado conlos sobornos pagados Odebrecht a travésdel banco en Suiza, caso que ha salpicadoa varios países de la región.
1.1 Independencia de poderes
De acuerdo al orden constitucional lospaíses centroamericanos adoptan la formarepublicana de gobierno, bajo el principiobásico de la separación e independencia delos poderes: principio que es constantementetransgredido por el Poder Ejecutivo alsometer a los otros poderes bajo su control.Tal como sucede en Nicaragua, contendencias similares en Honduras y Panamá,situación que propicia impunidad y mayorpermisividad a que las redes criminaleso político-económicas ilícitas avancen ytengan mayor encubrimiento por parte delas autoridades.
En Guatemala, la injerencia que ha tenidoel Poder Legislativo sobre el Poder Judicial hamarcado una gruesa línea de impunidadque se ha venido trazando desde la década
de los 80´ del siglo pasado; puesto demanifiesto en innumerables casos en dondeel Poder Legislativo teniendo la facultad denombrar magistrados de la Corte Supremade Justicia, designa a personas afinesa líneas de pensamiento y conductastransgresoras, que buscan beneficio propioen garantías de impunidad futura y queha traído consigo la concentración delpoder en una clase política tradicional,acostumbrada a comprar favores y a ponery quitar funcionarios del Poder Judicial y alograr impunidad a través de su influenciaen este poder, creando grandes estructurasque han regido las dinámicas fraudulentas ycorruptas en el país.
Tales prácticas y estructuras se han vistosúnica y ligeramente dañadas por laintervención de la Comisión Contra laImpunidad en Guatemala (CICIG) quien enla dirección del Comisionado Iván Velásquezhan iniciado el proceso tan esperado junto alMinisterio Público (MP) de denuncia penal yenjuiciamiento de algunos de los principalescabecillas de dichas estructuras.
En El Salvador, ante la creciente tensión entreel Gobierno, sectores de la sociedad civil y laSala de lo Constitucional de la Corte Supremade Justicia por algunos excesos o eventualesinvasiones de funciones de un órgano aotro, la Relatora Especial de las NacionesUnidas (ONU) sobre la independencia delos magistrados y abogados afirmó que“las acciones que impiden el adecuadofuncionamiento del poder judicial y ponenen riesgo la seguridad y la integridad físicade los magistrados constituyen un ataqueinaceptable contra la independencia de lajusticia”. 3
En Honduras, el Alto Comisionado deNaciones Unidas para los Derechos Humanosen su informe anual publicado en marzo de2017, mostró especial preocupación por lasinjerencias del poder ejecutivo y legislativo
11en el poder judicial. Además, reconoció quela impunidad en el país sigue aumentando,situando el número de denuncias remitidaspor la Policía al Ministerio Público en 29%.En este sentido, los actos de corrupción y laimpunidad erosionan el imperio de la ley, loque se traduce no sólo en una vulneraciónde derechos humanos sino que tambiénpropicia su repetición.
Por su parte, la Corte Interamericana deDerechos Humanos (Corte IDH) se hapronunciado declarando que la Ley delConsejo de la Judicatura y Carrera Judicialde Honduras, es contraria a las normas dederechos humanos por no garantizar laseparación de poderes y atentar con laindependencia del sistema judicial.
En Nicaragua, la independencia de poderesestá anulada. La falta de independenciade los poderes: Legislativo, Judicial yElectoral han dejado como resultado unaconcentración de poder en el partido degobierno (FSLN), instaurando un modelo degestión autoritaria y dictatorial que ejerce uncontrol significativo sobre las funciones deestos poderes debilitando a las institucionesgubernamentales, haciéndolas másvulnerables a sobornos, manipulación y otrasformas de corrupción. Así como un controlsocial que obstaculiza la participaciónciudadana, criminaliza, judicializa, amenazay persigue a defensores y defensoras dederechos humanos.
En Costa Rica, durante los días de huelgarealizados por los funcionarios del PoderJudicial en julio del 2017, como protestacontra los planes de reformar el sistema dejubilaciones, efectivos de la Fuerza Pública setomaron el Complejo de Ciencias Forensesen la provincia de Heredia, tras una solicitudpresentada por el magistrado de la Sala III,Celso Gamboa4. Lo que fue señalado pordiversos especialistas como una intromisiónde la Fuerza Pública e invasión de funciones
del Magistrado Gamboa, que aun si bienes funcionario del Poder Judicial, no eracompetencia de la Sala que él dirige.
Cabe señalar que el magistrado Gamboase ha desempeñado como viceministroy ministro de Seguridad, Fiscal GeneralAdjunto y en febrero 2016 fue nombradoMagistrado, sin ejercer antes un puesto en lacarrera judicial, algo inédito en la elecciónde un magistrado de la República5 loque evidencia la influencia política en locardos del poder judicial, inobservando laidoneidad.
1.2 Acceso a la justicia
Son diversos los casos que han quedadoen la impunidad ante las prácticassistemáticas de encubrimiento por parte delos operadores de justicia ante situacionesgraves como lo es el abuso de autoridad,las ejecuciones sumarias, actos de torturas,cometidas por personal de seguridad,quienes al verse descubiertos se justificanbajo el argumento que se trata de garantizarla seguridad ciudadana y la soberaníainfiriendo que se trata de delincuentes omiembros del crimen organizado, auncuando familiares y pobladores aseguranlo contrario, un caso significativo fue elocurrido en la finca San Blas, en San JoséVillanueva, departamento de la Libertad,en El Salvador, donde existen indicios deejecuciones extrajudiciales de 8 personasen marzo de 2015. En septiembre de 2017,el tribunal de sentencia de Santa Tecla,departamento de la Libertad reconoció laexistencia de una ejecución extrajudicial;no obstante, por medio de un legalismoy una supuesta falla en el sistema dejustica ordena la libertad de cinco agentespoliciales que se encontraban involucrados,quedando el caso en total impunidad.
Situación similar se registra en Nicaragua,con un alto grado de impunidad sobre
12todo en aquellos casos donde se registranejecuciones extrajudiciales, como el casode la Mochila Bomba en la comunidadde Pantasma, Jinotega, Nicaragua y otrosregistrados entre el 2016 y 2017 dondela mayoría son asesinatos registradosen las montañas contra ex líderes de ladenominada “contra revolución” que seacogieron al plan de desarme en los añosnoventa del siglo pasado y que la Policíapresenta como enfrentamientos entre lasfuerzas combinadas (Policía y Ejército) ybandas “delincuenciales” que operan en lazona Norte.
Son diversas las denuncias de casos detortura y asesinatos en los que se han vistoimplicados miembros de la Policía Nacional yel Ejército de Nicaragua, pero las autoridadesrefieren que son asesinatos realizados porbandas delincuenciales o vinculadas alnarcotráfico, sin embargo familiares de lasvíctimas han demostrado lo contrario. Tales el caso de la familia Artola Delgadilloquienes desde hace diez años ha sidovíctima de acoso, amenazas, violacionesa sus derechos y asesinatos, por denunciaractos de tortura cometidos por la Policíadurante un operativo en la zona de NuevaGuinea, caso conocido por la CIDH, quienotorgó medidas cautelares para la familia, El27 de septiembre 2017, otros miembros de lafamilia fueron asesinados en la comunidadde Pueblo Amado, Ayapal, Jinotega dondese habían refugiado después del asesinatode Villanueva Delgadillo Obando, quien fuela persona que hizo la denuncia de la tortura.Meses después fue asesinado el esposo,Gilberto Artola Delgadillo, y dos mujeres de lamisma familia fueron objeto de abuso sexual.
El común denominador de la región esla ausencia del respeto a las garantíasprocesales, legalidad, la presunción deinocencia de la persona sometida al iuspuniendi, los principios del derecho penal,los derechos humanos, las regulaciones
procesales, la válida exigencia de construircasos fundados en evidencias y argumentosracionalmente defendibles.
1.3 Corrupción
El Instituto Centroamericano de EstudiosFiscales (ICEFI) en su libro “La corrupción: suscaminos e impacto en la sociedad y unaagenda para enfrentarla en el Triángulo NorteCentroamericano”, destaca que la corrupcióndebe ser entendida y enfrentada como unproblema que no es exclusivo del sectorpúblico, pues afecta y es especialmenterelevante en el sector privado empresarial.También refiere como la concentración delpoder y la opacidad en la administraciónpública propician la corrupción en los paísesde la región; además señala alguno delos factores que propician la corrupciónen Centroamérica, entre estos la falta deinstitucionalidad en alguno de los países ola débil institucionalidad en otros, sistema deadministración de justicia permeados por lospoderes políticos y económicos, sistemaselectorales que no brindan garantías a laciudadanía, acceso deficiente o nulo ala información pública, cierre de espaciosde participación ciudadana, conflictos deintereses e impunidad.
La corrupción no permite el pleno ejerciciode los derechos humanos de la ciudadaníacentroamericana y obstaculiza la garantíade los mismos mediante el acceso a losservicios públicos. En muchas ocasiones laspersonas se ven obligadas a realizar dadivasa empleados o funcionarios públicos parapoder acceder a un servicio brindado por elEstado.
El grafico refleja el porcentaje de personasque han tenido que dar soborno al accedera servicios básicos, siendo Panamá el casomás dramático de la región centroamericana,seguido en su orden por Honduras, El Salvador,Nicaragua, Guatemala y por ultimo CostaRica6.
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Índice de Percepción de la Corrupción 2016País Puntuación Posición
Somalia 10 176
Nicaragua 26 145
Guatemala 28 136
Honduras 30 123
El Salvador 36 95
Panamá 38 87
Costa Rica 58 41
Promediocentroamericano 36 95
Dinamarca 90 1Fuente: cuadro propio con datos de Transparencia International 2016
puntuación, con excepción Costa Rica.
En Guatemala, tras la caída del gobierno delPartido Patriota en el 2015, calificado como elgobierno más corrupto de la historia, en 2016y 2017, continúan las denuncias y los hallazgosen manos de la CICIG y el Ministerio Público(MP), quienes han dirigido la investigación hacianuevos actores y estructuras de la corrupción,entre estos el caso llamado Botín Registro dela Propiedad, en donde se ha visto vinculadoel hijo y el hermano del actual presidenteJimmy Morales que lo ha obligado a realizaracciones desacertadas al declarar no gratoal comisionado de la CICIG, comisionadoIván Velásquez, a destituir ministros y comoefecto colateral a tales acciones ha tenido larenuncia de otros ministros que públicamentehan expresado no estar de acuerdo asus decisiones y políticas, pero también aesconderse de los medios de comunicacióny no trasladar su postura clara a la sociedad.Las divisiones sociales cobraron auge tras elrumbo de los procesos legales al declarar nograto al comisionado Iván Velásquez por partedel presidente, en donde un grupo aplaudía ladecisión y otro de corte anticorrupción apoyabatodas las acciones de amparo ante la Cortede Constitucionalidad para frenar la salida delComisionado Velásquez. Al respecto el tribunalconstitucional ampara al comisionado. Alo anterior se suma el señalamiento al señorJimmy Morales por financiamiento ilícitocuando era Secretario General del PartidoFrente de Convergencia Nacional (FCN).
El índice de Percepción de la Corrupción (IPC),indica el grado de corrupción en el sectorpúblico según la percepción de empresariosy analistas de país, entre un rango de cienque indica una percepción de ausencia decorrupción y cero que indica la percepción demuy corrupto, en dónde Dinamarca es el mejorevaluado a nivel mundial con una puntuaciónde 90, que lo coloca en la posición uno enla lista y Somalia con la mayor corrupción anivel mundial, con una puntuación de 10 yel la posición 176. En ese marco, el cuadronos refleja la situación de Centroamérica enmateria de percepción de corrupción7.Enpromedio, Centroamérica tiene un IPC de36, que lo colocaría en la posición 95 si fueraevaluado como región. Entre los países quela componen, en los extremos se encuentraNicaragua como peor evaluado y CostaRica con el mejor puntaje. Se evidencia quetodos los países de la región se encuentranpor debajo de la media en cuanto a la
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Casos emblemáticos:a. Caso La Línea: “El trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidaden Guatemala (CICIG) pone al descubierto una red de corrupción encabezada por Juan CarlosMonzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Una estructura criminal conla capacidad para instalar o remover a dos superintendentes de administración tributaria, cobrarcomisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco”12 Se destacaque las investigaciones en este caso siguen y cada vez se suman más personas involucradas.
b. Caso Terminal de Contenedores Portuaria Quetzal TCQ: “Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ,ex presidente y vicepresidenta suman un nuevo proceso penal en su contra, cuando se dieron lascapturas y se explicó el que se denomina el Caso TCQ, consistente en el negocio fraudulento parala modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y para lo cual se contactó con la empresaespañola Transportes de Contenedores de Barcelona (TCB), que a su vez crearon su filial en GuatemalaTransportes de Contenedores Quetzal (TCQ). El negocio requirió ofrecerle a TCB la concesión y usufructode un tramo del Puerto Quetzal, con la finalidad de crear una plataforma moderna y que, al cabo delos años, quedara en propiedad del Estado de Guatemala. Para que ello se diera, los cabecillas OttoPérez Molina y Roxana Baldetti habían coordinado el pago de sobornos, para facilitarles los trámiteslegales y evitar problemas con los sindicalistas y con la justicia. Se habla de sobornos de hasta 30millones de dólares.”13
c. Caso Cooptación del Estado: “AI hacer un ordenamiento minucioso de la documentaciónincautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquemafinanciero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientosfinancieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el PartidoPatriota asumiera el poder
Así como también ha sido cuestionado elaumento de aproximadamente ocho mildólares mensuales al salario del Presidentea través de un bono que el Ministerio de laDefensa decretara para todo el personal delMinisterio el cual entro en vigencia en enerodel 2017.
Entre los casos de corrupción señaladospor la CICIG se encuentra el sector de lastelecomunicaciones, representados en elseñor Erick Archila8 y Angel Gonzales9, elprimero ex Ministro de Energía y Minas y Directorde Telecomunicaciones conocido comogrupo A, señalado por el caso denominado laCoperacha, y el segundo, dueño de canalesde televisión, señalado de financiamientoelectoral ilícito y lavado de dinero.Otro sector es el de la construcción, con el
caso que se ha denominado Construccióny Corrupción,10 donde Alejandro Sinibaldi, exMinistro de Comunicaciones es sindicado desobornos millonarios, por conseguir pagos dedeudas de arrastre de años anteriores de dichacartera con empresarios de la construcción.Derivado del trabajo de investigadoresfinancieros se develó un complejo esquemaque detallaba toda una maquinaria delavado de activos meticulosamente diseñadapara captar fondos durante la campañaelectoral del Partido Patriota del año 2011,que lleva a la Presidencia de la Repúblicaa Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia aRoxana Baldetti Elías. Esta estructura mafiosautilizó los canales electorales que ofrece lademocracia en Guatemala para hacersecon el poder a través de un partido políticodenominado Partido Patriota”11
15El Salvador ha mostrado algunos avancesen materia normativa e institucional. Desdesus respectivas funciones las institucionesexistentes para el combate a la corrupciónse encuentran la Secretaria de ParticipaciónCiudadana, Transparencia y Anticorrupción,la Sección de Probidad de la Corte Supremade Justicia (CSJ), el Tribunal de ÉticaGubernamental, el Instituto de Acceso a laInformación Pública (IAIP), la Fiscalía Generalde la República y los tribunales de justicia.
Un retroceso contra la corrupción es la reformaa la “Ley Especial de Extinción de Dominioy de la Administración de los Bienes deOrigen o Destinación Ilícita” es consideradacomo un retroceso contra la corrupción.Las fracciones legislativas de los partidospolíticos Alianza Republicana Nacionalista(ARENA), Frente Farabundo Martí para laLiberación Nacional (FMLN) y Gran Alianza porla Unidad Nacional (GANA), en mayo 2017presentaron una propuesta de reforma porconsiderar que la aplicación de la Ley porparte de la Fiscalía General de la Repúblicalesiona derechos constitucionales de lapropiedad y posesión, la cual fue aprobadael 18 de julio del mismo año; estas, propiciancondiciones para que delitos vinculados acasos de corrupción sean más engorrososy queden en la impunidad. No obstante,la Sala de lo Constitucional suspendió laentrada en vigencia de las reformas ya quese encuentran pendientes varios procesosconstitucionales en contra de dichanormativa, que deben ser resueltos. Desdesus respectivas funciones las institucionesencargadas para el combate a la corrupción(Secretaria de Participación Ciudadana,Transparencia y Anticorrupción, la Secciónde Probidad de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), el Tribunal de Ética Gubernamental, elInstituto de Acceso a la Información Pública(IAIP), la Fiscalía General de la República ylos tribunales de justicia) hacen sus esfuerzospara combatir este flagelo.
A finales de mayo de 2017, el periódico digital
El Faro publicó que durante los años 1994 y2006 la Presidencia de la República mantuvoun registro paralelo al oficial para ocultar elverdadero uso de cientos de millones dedólares. Se sostiene en la publicación la formaen cómo se utilizaron 322 millones de dólaresen los tres últimos Gobiernos de ARENA y quemás de la mitad de ese monto correspondea cheques emitidos a los tres expresidentesde dicho parti do político. Esto ha generadouna serie de amenazas contra periodistas dedicho medio. Los últimos tres presidentes dela República han sido señalados en casos demanejo irregular de fondos o por acrecentarsu patrimonio, Francisco Flores, quien fallecióen el trascurso del proceso penal, Elías AntonioSaca, quien se encuentra con la medida dedetención provisional, y Mauricio Funes, conquien no se ha judicializado causa penal,pero si se ha visto sometido a procesos civilesen su contra.
En Honduras, los casos de corrupción estánvinculados a los procesos de adquisicionespúblicas y la contratación de obras públicas,la defraudación en el Instituto Hondureñode Seguridad Social, casos de corrupciónen la Secretaría de Salud; corrupción enla prestación de servicios públicos; abusode fideicomisos públicos. Estos hechosprodujeron una pérdida estimada de recursosequivalentes al 4.3 % del PIB, destacando elsaqueo al Instituto Hondureño de SeguridadSocial con más del 95% del costo de loscasos relevantes de corrupción analizados.
Luego de hacerse públicas varias denunciassobre la malversación de fondos de losderecho habientes del Instituto Hondureñode Seguridad Social (IHSS), el Movimientode Oposición Indignada se manifestó en lascalles de las principales ciudades exigiendola instalación de una Comisión InternacionalContra la Impunidad en Honduras (CICIH),que contará con independencia políticay autonomía financiera para evitar la
16intromisión o limitación de sus actuaciones.La Secretaria de Finanzas de Honduras,proyecta que la deuda pública en Hondurasa finales del 2017 superará los $ 10,600millones, lo que supone un 47% del productointerno brutal (PIB). Por su parte, se estimaque de los 8 casos más emblemáticosde corrupción, se han malversado $ 158millones, con lo que se evidencia el impactoque tiene la corrupción en las finanzas delEstado, imposibilitando honrar muchas desus obligaciones.
En enero de 2016, el gobierno suscribió elConvenio para el Establecimiento de laMisión de Apoyo Contra la Corrupción y laImpunidad en Honduras (MACCIH), siendoratificado el 29 de marzo del mismo año, conel objetivo de apoyar al cumplimiento de loscompromisos internacionales adquiridos pormedio de La Convención Interamericanacontra la Corrupción y el Mecanismo deSeguimiento de su implementación (MESICIC),la Declaración Americana de los Derechosy Deberes del Hombre y la Convención delas Naciones Unidas contra la Corrupción(UNCAC); apoyar, fortalecer colaboraractivamente con las instituciones delEstado hondureño encargadas de prevenir,investigar y sancionar actos de corrupción;contribuir a mejorar la coordinación entre lasdistintas instituciones del Estado que trabajanen esta materia.
En el informe presentado por la MACCIH, enjulio del 2017, considera que es necesariorevisar la Ley de Secretos Oficiales paraponerla en consonancia con la Ley deTransparencia y Acceso a la InformaciónPública. En este sentido, recomienda que laslimitaciones a la información se presentende manera exhaustiva, el objetivo es noobstaculizar los procesos de investigación enlos casos de corrupción.
En mayo 2016, la Corte Suprema de Justicia,estableció tribunales con jurisdicción nacional
con competencias en delitos asociadosa corrupción y extorsión. El proceso deselección de jueces y magistrados de dichostribunales son supervisados por la MACCI. Sinembargo, persisten los niveles de corrupciónen el sistema de justicia, que se ha vistomanifiesta en las amenazas, intimidación,soborno a funcionarios del poder judicial paraque actué según los intereses de terceros; laexistencia de normativa interna del sistemajudicial q atenta contra la estabilidad en lasfunciones; fiscales que son trasladados decasos cuando tocan intereses de personasy grupos que poseen poder político yeconómico en el país; y policías vinculadoscon el crimen organizado.
En Nicaragua, la Unidad de AnálisisFinanciero (UAF) realizó un estudio a 106sentencias condenatorias realizadas por elPoder Judicial, relativas a delitos de lavadode dinero y actos de corrupción, con lo queidentificó siete tipologías usadas cometesdichos ilícitos: traslado transfronterizo dedinero ilícito, uso de testaferros, creación denegocios de fachada, traslado de dineroilícito, creación de sociedades de fachada,dividir en pequeños montos grandes sumas dedinero, y uso de prestamistas particulares. Esteinforme fue dado a conocer a institucionesfinancieras y profesiones no financieras através de una circular con directrices para serconsideradas en sus evaluaciones basadasen riesgo, en prevención del delito de lavadode dinero. La circular quedó sin efecto dosdías después sin explicación alguna.
Según el Índice Antilavado de dinero 2017,publicado el pasado 15 de agosto por elInstituto de Basilea sobre la Gobernanza, dioa conocer que Nicaragua, es la segundanación más vulnerable ante los delitosde lavado de dinero y financiamiento deactividades terroristas en Centroamérica. Enel mundo, el país se ubica en el puesto 45de las 146 economías que se evaluaron enel mismo; y es el octavo país más vulnerable
17en América Latina y el Caribe ante este ilícito.El Instituto dio a Nicaragua un puntaje de6.6414, superior (más vulnerable) que el 5.84obtenido en la evaluación de 2016. SiendoPanamá el que registra el índice más altocon 7.01, Guatemala 6.17, Honduras 5.97,Costa Rica 5.93 y El Salvador con el 5.48
Por otra parte, la Comisión Económicapara América Latina (CEPAL), en su informepublicado a inicios del año 2017, colocó aNicaragua en tercer lugar en América Latinaen el tema de lavado de dinero, destacandoque los rubros que registran las mayores cifrasde manipulación de precios para posibilitarlos flujos financieros ilícitos son: vehículos,medicamentos y combustibles.
El comisionado de la CICIG, Iván González haexpresado ante los medios de comunicación,la vinculación de Nicaragua en el caso decorrupción de Alejandro Sinibaldi Aparicioquien mediante testaferros creó cincosociedades anónimas, presuntamente paralavar dinero, caso que se ventila desdeagosto del 2017, en el Juzgado Sexto DistritoPenal de Audiencia de Managua, Nicaraguaquien ordenó levantar el sigilo bancario paratres sociedades vinculadas al guatemaltecoy para tres personas más. Además, ordenóla inmovilización de cuentas bancariasy otros productos financieros de estassociedades, como medidas cautelares.Entre las sociedades investigadas son ArqcoOutsourcing SA, Inversiones MJS SA y DonNico, SA, todas creadas en Nicaragua;la primera en el 2006 y las dos últimas enel 2016, según datos del Registro PúblicoMercantil de Managua.
Seis de cada diez jóvenes en Nicaragua(63%) consideran la corrupción como elprincipal problema del país, según encuestadel Foro Económico Mundial 2017.14
Por otra parte, la Ley Nicaraguan InvestmentConditionality Act, conocida como Nica Act,
promulgado por el Congreso de EstadosUnidos, sanciona al gobierno del presidenteOrtega, por la falta de democracia,elecciones libres, justas y transparentes;falta de independencia del sistema judicialy electoral; violación al Estado de Derecho;entre otros, señala la necesidad de combatirla corrupción, incluida la investigacióny el enjuiciamiento de los funcionariosgubernamentales que se presumencorruptos; tal como lo ha expresado elcongresista Albio Sires15, coautor de la Ley.
Costa Rica, mantiene un alto perfil decorrupción en la función pública, lo queimpacta en el manejo de las finanzas del país.Pese a que con la actual administración SolísRivera (Partido Acción Ciudadana), ha tenidouna menor incidencia en grandes casos decorrupción, no escapa de esta realidad.La Encuesta Nacional de Percepción de laCorrupción 2017, realizada por la ContraloríaGeneral de la República (CGR), señala queel 79% de quienes admiten ser testigos oconocen a testigos de actos de corrupciónen el sector público, prefirieron no presentardenuncia alguna. La principal razón para nodenunciar un acto de corrupción es el miedoa sufrir represalias, con un 28%; mientras queel segundo lugar -con un 22%- obedece a“no ver algún cambio” y en tercer lugar eldesconocimiento del trámite de denuncia,con un 16%16.
De igual manera, el sistema procesal penalrequiere reformas para dotar de celeridad alos procesos. Un ejemplo claro de lo anteriores el proceso judicial relativo a la “trochafronteriza”, una vía de 160 kilómetros paraleloal fronterizo Rio San Juan. En enero anteriorfueron acusados 26 personas, entre estos elexdirector del Consejo Nacional de Vialidad(CONAVI), Carlos Acosta Monge, funcionariosde esta institución y 18 empresarios, entreotros. La Fiscalía descartó que hubieseevidencia en la pesquisa para acusar a altosmandos por este caso, ya que en un inicio
18indagó a 46 personas. A la Fiscalía le tomó 5años solamente para presentar la acusacióny una inversión millonaria17.
En Panamá existen varias instituciones paracombatir la corrupción, la única limitantees que son nombrados por los gobernantesde turno, entre esas instituciones podemosmencionar, la Autoridad Nacional deTransparencia y Acceso a la Información(ANTAI), el Tribunal de Cuentas, cuyoobjetivo es detectar la corrupción y sobretodo cuantificar las lesiones patrimoniales,confiscar y orientar el patrimonio recuperadoal fisco. Sin embargo, no se escapa de casosemblemáticos de corrupción, entre estospodemos señalar el caso de la compañíaOdebresch cuyos actos de corrupcióninician con la gestión gubernamental deMartín Torrijos en el 2005 y posteriormentecon el gobierno de Ricardo Martinelli, con lossobrecostos de la cinta costera por ejemplo.Los casos del Plan de Ayuda Nacional (PAN)que originalmente era para apoyar a lossectores más desposeídos, se convirtió en unacaja menuda de inescrupulosos funcionariosque encontraron en esta institución unaforma fácil de apropiarse de los recursosestales destinados para la población másvulnerable. Otros casos emblemáticos son,los papeles de Panamá, Financial Pacific,Fin Meccanica, cadena de frío, comidadeshidratada, Riegos de Tonosí, dondenunca desarrollo un proceso investigativo qevidencia la búsqueda de la lucha contra laimpunidad.
1.4 Ejercicio de ciudadanía
El ejercicio de ciudadanía se constituye enun elemento clave para la democratizacióndel sistema político y para un desarrollosostenible e inclusivo. La participaciónciudadana, es en gran medida uno delos pilares fundamentales que conlleva laesperanza de una mejor calidad de vidasocioeconómica y política de los pueblos,
siempre y cuando se permita las personasejercer sus derechos, involucrarse endecisiones fundamentales y que los Estadosgaranticen sus derechos civiles, políticos,económicos, sociales y culturales para queles permita vivir en condiciones dignas.
A pesar de que en la mayoría de los países dela región centroamericana existen algunasnormativas que regulan los mecanismos departicipación ciudadana como el cabildoabierto, la consulta popular, el derecho aelegir y ser elegido, el derecho a protestar yexpresarse libremente, estos no son efectivos,ni garantizados.
Son diversos los esfuerzos que la sociedad civilha realizado para organizar y construir muchasformas de participación, de movilización,negociación y acción política, así comodiversos emprendimientos, gestiones eintervenciones claves para aportar a losprocesos democráticos a partir de sus propiavivencias, pero se han visto abatidos porquienes ejercen el poder político y económicoquienes no permiten una participación lomás amplia posible; quienes crean leyes y/onormativas para excluir y hacer inaccesiblea la ciudadanía su intervención, además deabusar del poder y hacer uso de las fuerzasde seguridad para amenazar, reprimir yagredir, destruyendo instancias creadas quehabían adquirido legitimidad y confianzaentre la población; por ejemplo, comité y/ojuntas comunitarias, comisiones y/o mesasde trabajo que funcionaban como espaciosde dialogo e interacción entre sociedad civily autoridades, entre otros.
Asimismo, es necesario tener en consideraciónlas violaciones a las modalidades propiasde organización y deliberación de lospueblos indígenas, lo cual supone tratar enlo posible de respetar sus procesos internosen sus comunidades, realizar las consultasde forma previa, libre e informada sobre
19
Campesinos de Nicaragua suspenden una protesta programadacontra el proyecto del canal interoceánico debido a la “represiónpolicial”, que desembocó en sucesos violentos y retenes encasi todo el país.
En Nicaragua la Constitución Políticaestablece que “Los ciudadanos tienenderecho de participar en igualdad decondiciones en los asuntos públicos y enla gestión estatal. Por medio de la ley se
garantizará, nacional y localmente, laparticipación efectiva del pueblo”(Art.50).Así mismo establece el derecho ciudadanode participar en la consulta de políticaspúblicas que haga el Poder Ejecutivo através de un referéndum y la ratificaciónde leyes nacionales que puede plantearla Asamblea vía un plebiscito. Además, sereconocen los derechos civiles y políticos dela ciudadanía a constituir organizaciones,participar en asuntos políticos y en la gestiónpública, así como hacer críticas sobre eldesempeño de funcionarios e institucionesde Estado a nivel nacional o municipal.(Art.49-52). La Ley de ParticipaciónCiudadana (Nº475-03) que señala “...lagestión pública no puede ser concebidahoy en día sin la participación directa ypermanente de la ciudadanía, pues estocontribuye…a convertirlos….en protagonistasde los procesos de transformación de lasociedad nicaragüense…” Este enfoque departicipación ciudadana, no se limita a losniveles tradicionales de brindar informaciónsobre una política pública o una ley,tampoco la simple consulta de las opinionesde los ciudadanos, sino que se trata de unaparticipación que alcanza el nivel decisorioen el diseño y la implementación de políticaspúblicas, en conjunto con el gobierno. Peroninguna de esta normativa se cumple,todo lo contrario prevalece la represión yla criminalización de la protesta social, auncuando organismos internacionales dederechos humanos han recomendado algobierno de Nicaragua cese la represióny garantice a la participación ciudadana,haciendo caso omiso, promulgando nuevasleyes, tal es el caso de la Ley de SeguridadSoberana, considerada por expertos entemas de seguridad y jurídicos, “un látigopara los derechos de los nicaragüenses”que quieran manifestar pacíficamente sudesacuerdo con las políticas del gobiernodeDaniel Ortega”.19
situaciones relacionadas con su tierra,territorio y recursos naturales, pero por elcontrario se toman decisiones que violantotalmente sus derechos colectivos, poneen riesgo la vida de los comunitarios ygeneran conflictos violentos; ejemplo deello es el conflicto de extrema violencia quevive la Costa Caribe nicaragüense, antela falta de voluntad política del gobiernodel Presidente de Ortega con relación a laúltima etapa de saneamiento que mandatala Sentencia de la Corte Interamericana deDerechos Humanos en el caso de Awas Tigni,registrando de enero 2011 a marzo 2017,el asesinato de 32 indígenas, 44 lesionados,22 secuestrados y cuatro desaparecidos,casos debidamente documentados porCEJUDHCAN, entre ellos 49 casos sobregraves violaciones a los derechos humanos(asesinatos, desapariciones forzadas,secuestros, y violaciones sexuales a mujeresindígenas) que no quisieron ser recibidaspor la policía de Waspam, Rio Coco,argumentando que tenían órdenes expresasde sus superiores de no hacerlo.
20En Honduras de acuerdo al Decreto N°.6/2017, se reformaron los artículos 222 y 335del Código Penal, en los que se endurecenlas penas para los delitos de extorsión yterrorismo. En el caso del delito de terrorismose enmarcaba bajo dicho supuesto,cualquier acto destinado a causar muerteo lesiones corporales graves, luego de lareforma el 22 de febrero, en la misma ley,fue agregado y aprobado el artículo 335 Bque tipificó el delito de apología e incitaciónde actos de terrorismo, dirigido a castigar a“quien públicamente o a través de mediosde comunicación o difusión destinada alpúblico hiciere apología, enaltecimientoo justificación del delito de terrorismo o dequienes hayan participado en su ejecución,o incitare a otro u otros a cometer terrorismoo financiamiento de esté será sancionadocon pena de cuatro a ocho años de prisión”.
Por su parte, la Relatoría Especial parala Libertad de Expresión de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos y laOficina del Alto Comisionado de NacionesUnidas de Derechos Humanos en Honduras(OACNUDH), se han pronunciados sobre “laambigüedad de los tipos penales aprobadosya que facilitan interpretaciones amplias quepueden conllevar a la sanción de conductasque no corresponden con la gravedad yla naturaleza del delito de terrorismo”. Laadopción de definiciones de terrorismo abrela posibilidad de sanciones a defensores ydefensoras de derechos humanos, así comomovimientos sociales, entre otros.
El Salvador cuenta con normativa quepuede ser utilizada de forma discrecionalpara criminalizar la protesta social, a saber:Ley Especial Contra Actos de Terrorismo;el articulo 348 y 348 A del Código Penal,referentes al delito de desórdenes públicos;los delitos en contra del honor, como lacalumnia, difamación o injuria, establecidosdesde el articulo 177 al 183 A, del mismocuerpo normativo, con los cuales pretenden
limitar el derecho a la libertad de expresiónde la ciudadanía. Desde el órgano ejecutivose han realizado algunos esfuerzos por crearespacios de participación ciudadana. Enese marco, en julio 2016, el Presidente dela República juramentó a los integrantesdel Consejo Consultivo Ciudadano paraMonitorear el Plan Quinquenal de Desarrollo2014-2019; además ha impulsadoprogramas como Festival del Buen Vivir;Gobernando con la Gente y Casa Abierta;además se conformaron 262 asambleasmunicipales como parte del proyecto“Asambleas Ciudadanas”, las cuáles estánfuncionando en los 14 departamentos delpaís. Estos programas han permitido un mayoracercamiento del gobierno con la población.Por su parte, la Asamblea Legislativa no hacreado un cuerpo normativo para regular laparticipación.
En Costa Rica, la participación ciudadanase caracteriza por su condición deproceso; su perdurabilidad en el tiempo, suinteracción con el poder, especialmentepúblico, incidiendo en la conducción de losprocesos políticos y administrativos a travésde los cuales, se construyen y gestionan lasdecisiones de gobierno, tal como lo señalala Constitución Política en su artículo noveno“El Gobierno de la República es popular,representativo, participativo, alternativo yresponsable. Lo ejercen el pueblo y tresPoderes distintos e independientes entre sí: elLegislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.
Esta redacción del artículo constitucional,reformado mediante la Ley N° 8364, de 1ºde julio de 2003 en lo concerniente a laincorporación del carácter participativo delGobierno, así como en el reconocimientodel pueblo como un operador político,colocado en el mismo plano que los poderespropios del sistema representativo, es fielexpresión de esa tendencia promotora dela participación ciudadana, observada en la
21dinámica política del país. Sin embargo, en lapráctica, existen distintas evidencias fácticasque muestran que, tras la participaciónpromovida, lo que se ha producido es lacooptación de distintos agentes sociales porparte de las élites de poder existentes, conel propósito de legitimar su proyecto políticopropio.
De igual forma, pese a que el país ha vistouna disminución en la protesta social durantela administración Solís Rivera, se continuacriminalizando la protesta social, bastarecordar el proceso judicial que enfrentancinco personas, dos estudiantes y tresdocentes, por participar en la protesta del8 de noviembre del 2012, frente al edificiode la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS), exigiendo acciones urgentes ante lafalta de presupuesto en clínicas y hospitales,donde resultaron 36 personas arrestadas. Losacusados tienen en su contra el cargo deresistencia (de un mes a tres años de prisión),que consiste en intimidación o violenciacontra cualquier funcionario público;asimismo, se les aplicarían cargos agravados(pena de uno a cinco años), por haber sidocometidos los hechos presuntamente pordos o más personas, por haber agredidofísicamente a los policías y por ser los autoresfuncionarios públicos, según lo indican losartículos 312 y 313 del Código Penal20.
En Panamá, la participación ciudadana en latoma de decisiones del Estado se establecea través de diferentes formas, siendo la mástradicional la de intervenir en la redacciónde leyes y en comisiones para analizar temasde importancia nacional; la conformaciónde comités, comisiones consultivas o juntadirectivas de diversas instituciones estatales.Estos espacios en la práctica no son efectivosy son excluyentes en tanto no toman encuenta la participación de la poblaciónindígena, ni tampoco existen espaciosde participación y toma de decisiones
conjunta entre el Estado y las institucionesrepresentativas de los pueblos indígenas.
Por otra parte, se han registrado procesos dejudicialización de las protestas públicas, conformulación de cargos contra aquellos quese manifiestan en las calles, como ocurriócon los taxistas y una estudiante universitaria,violando derechos humanos. Otro caso fuela agresión de la que fue objeto la protestarealizada por educadores de las áreas dedifícil acceso que se manifestaron en SanFélix21, en defensa de una mejor calidad delos centros educativos, donde se registraronvarios heridos y seis docentes detenidos, sinningún tipo de justificación, siendo liberados,luego de una audiencia, lo que evidenciala posición del gobierno del Presidente JuanOrlando Varela de no querer respetar losderechos fundamentales de libre expresióny manifestación.
El dirigente del Movimiento de la JuventudPopular Revolucionaria (MJP), Luis Coloma,denunció que la Policía Nacional (PN) se estáprestando para “el juego sucio y político deeste gobierno”. Sus declaraciones surgenluego de las acusaciones que han hechoalgunas unidades policiales en contra demanifestantes, como el reciente caso de launiversitaria Rita Ramos, quien fue liberadabajo medida cautelar, por la supuestaagresión en el dedo a un policía. En casitodas las acciones de protestas, los policíasdetienen a varios manifestantes, quienesluego son procesados y llevados a audienciade las que salen con alguna medida cautelar.
La viabilidad y efectividad de la participaciónciudadana verdaderamente inclusiva yno manipulada, depende del grado realde involucramiento de los actores socialesen la formulación, ejecución, seguimientoy control de las decisiones públicasadoptadas, que a su vez deberán reflejaren sus contenidos, esa diversidad socialparticipante en su construcción. En tal sentido,
22los gobiernos deben romper la barrera en lacomunicación con la ciudadanía y atendera sus necesidades para que la democraciapueda ser una realidad.
1.5 Libertad de expresión y prensaLa libertad de expresión es un derechoelemental, sustancial para el fortalecimientode cualquier democracia en el mundo.Impedir o limitar el ejercicio de este derecho,se considera un retroceso grande en materiade derechos humanos y democracia.Lamentablemente la libertad de expresiónen nuestra región está condicionada porlos círculos del poder económico y políticoquienes ejercen el control de los mediosde comunicación y recurren al chantajemediático, ejemplo de ello en Panamá, en el2016 se aprobó una ley que corría el espaciofísico de las frecuencias y no le daba cabidaa ningún medio nuevo, garantizando de estamanera sus permanentes oligopolios quevienen desde mediados de siglo pasado.En Nicaragua prevalece el monopolio de losmedios de comunicación concentrados enla familia presidencial.
En Honduras, el artículo 72 de la Constituciónde la República establece que: “Es librela emisión de pensamiento por cualquiermedio de difusión, sin previa censura. Sonresponsables ante la ley los que abusen deeste derecho y aquellos que por mediosdirectos e indirectos restrinjan o impidanla comunicación y circulación de ideasy opiniones”. Sin embargo, el derechoa la libertad de expresión es uno de losmayormente violados y criminalizados, apesar de la reforma al Artículo 355-B delCódigo Penal realizada en febrero del2017 por el Congreso Nacional donde losdelitos de injurias, calumnias y difamación,dejaron de estar penalizados y pasaron aestar multados. Sin embargo, en abril delmismo año, a solicitud del Presidente de laRepública, el Congreso Nacional volvió a
reformar dicho artículo, estipulando en elmismo párrafo “b” el delito de apología deodio, lo que fue rechazado por varios sectoresde la sociedad hondureña, organizacionesde derechos humanos y el gremio deperiodistas demandando la derogaciónde dicha reforma. Cabe destacar queel Decreto 418/2013 que promulga laLey para la Clasificación de DocumentosPúblicos relacionados con la seguridady defensa nacional el gobierno limita elacceso a información estableciendo cuatrocategorías: reservado, confidencial, secretoy ultra secreto.
En El Salvador, en junio 2017, el Vice Ministrode Prevención Social, del Ministerio de Justiciay Seguridad Pública, presentó a la AsambleaLegislativa la propuesta de “Ley de PrevenciónSocial de la Violencia”, que entre sus artículosplantea “Los medios de comunicacióndeberán contribuir a la promoción de laprevención de la violencia, la convivencia y lacultura de paz en la población, procurandola autorregulación ética de la información ycontenidos no violentos, para no afectar lasalud mental de la población, sin perjuicio delrespeto a la libertad de expresión, de prensay de información“. Dicha norma, ha sido demucha polémica ya que para los grandesmedios de comunicación constituye unaamenaza contra la libertad de expresión; noobstante, para las organizaciones sociales ymedios comunitarios aglutinados en la Redpor el Derecho a la Comunicación (RedCo)debe de estar normada la auto regulaciónde los medios de comunicación.22
En esa misma sintonía, la Sala de loConstitucional de la Corte Suprema de Justiciaya ha emitido valoraciones al respecto deque los medios de comunicación puedencometer el ilícito de apología del terrorismosi tramiten “ideas o doctrinas que enaltezcanel crimen o a sus autores, con el propósito deincitar a la comisión de delitos o favoreciendo
23su perpetración”; 23 por lo cual, deben deevitarlo, sin que ello implique una restriccióna la libertad de expresión y de prensa.
En Costa Rica, pese a la supuesta tradicióndemocrática, existe una deuda legal pararegular la libertad de expresión y prensa enel país, así como regulación para evitar laconcentración de medios de comunicaciónen pocas manos, o monopolios. La AsambleaLegislativa ha investigado denuncias deperiódicos contra dos bancos del Estadopor presunto daño a la libertad de prensa,al retirarles publicidad tras publicaciones coninformación desfavorable, y se ha expuestosobre diversas fuentes de manipulaciónde la información a través de los medios.Incluso, el uso de pauta publicitaria paracondicionar a los medios no es nuevo, sinoque ha sido práctica común durante lasúltimas décadas24.
En igual sentido, el país presenta seriosrezagos para desmonopolizar el control delos medios de comunicación y alcanzaruna pluralidad conforme a las democraciasmás progresistas. En torno a esto, puedeseñalarse que la ley de Radio (emitida en1954) está sensiblemente desactualizada,sumado al descontrol en el manejo delespectro radioeléctrico y la inexistencia demedios de comunicación comunitariosson algunas de las carencias del sistemamediático costarricense señaladas por lacomunicadora Aleida Calleja, quien escoordinadora de Incidencia del ObservatorioLatinoamericano de Regulación, Medios yConvergencia (OBSERVACOM)25. No debedejarse por fuera que no existe regulación afavor de la creación de medios comunitarios,lo que perjudica con la pluralidad y diversidadcomunicativa en el país.
Si bien, Costa Rica se ha librado hasta ahora deque algunas de estas amenazas o prácticashabituales para reprimir o coaccionar la labor
de la prensa. La Red de Medios e Iniciativasde Comunicación Alternativa (RedMica)denunció ante la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH) al Estado deCosta Rica por violar la libertad de Expresiónpor el mal manejo de las frecuenciasde radio y Televisión, manifestando supreocupación por la falta de transparenciaya que la ciudadanía no pueden conocerquienes ejercen el control y quienes son lospropietarios de los medios de comunicación.
1.6 Agresiones a la libertad de expresión
Las agresiones a periodistas en los últimosaños han tenido serias implicaciones alverse obligados ante la falta de seguridad ala autocensura, privando la ciudadanía deimportante información sobre asuntos deinterés público. El crimen organizado, los altosniveles de corrupción y la monopolizaciónde medios de comunicación por partedel poder económico y político son temasextremadamente peligrosos que no sóloatentan contra el derecho a la informacióno a la libertad de expresión, sino con uno delos derechos fundamentales como lo es elderecho a la vida, siendo Honduras, el paísde mayor riesgo para que los periodistasejerzan su labor, registrando entre 2003 yoctubre 2017 el asesinato de 71 periodistasy comunicadores de forma violenta, tresde estos casos se han registrado en el año201726, el último fue contra el periodistaOsmin España, registrado el 5 de octubre del2017, en la ciudad de Santa Rosa de Copán,en la zona occidente de Honduras, quienresultó con un disparo en la cabeza. Españaejercía un periodismo crítico a través delprograma humorístico “El show del Príncipe”,el cual dirigía y producía desde hace variosaños.
El numeral nueve de la Declaración dePrincipios de Libertad de Expresión de laComisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH), establece que “el
24asesinato, secuestro, intimidación, amenazaa los comunicadores sociales, así comola destrucción material de los mediosde comunicación, viola los derechosfundamentales de las personas y coartaseveramente la libertad de expresión; esdeber de los Estados prevenir e investigar estoshechos, sancionar a sus autores y asegurar alas víctimas una reparación adecuada”.
En Guatemala en el 2016 se reportó la muerteviolenta de nueve periodistas, entre ellos elasesinato del periodista Hamilton HernándezVásquez y su esposa Hermelinda GonzálezLucas, el 5 de noviembre 2016. El periodistalaboraba como reportero del noticiero PuntoRojo en el Canal 5. En el primer trimestre2017, se registran dos asesinatos: El primeroocurrió el 18 de enero en Zacapa, al orientedel país, contra el periodista Manuel SalvadorTrujillo Villagrán, vocero de la Municipalidadde San Jorge y periodista del noticieroImpacto Informativo de Canal 12 Telecom,quien fue acribillado por desconocidos y el5 de febrero del 2017, el asesinato de VilmaGabriela Barrios López, estudiante universitariay locutora de la radio cristiana Génesis 99.5FM, asesinada con arma blanca cerca delrío Samalá en Cantel, Quetzaltenango.
Como ha reiterado el Centro de ReporteInformativos de Guatemala (CERIGUA)27 endiversos estudios e informes sobre libertad deexpresión y violencia contra la prensa, algunosde los principales actores responsables de losataques contra la prensa son los funcionariosde distintos niveles del Estado, así como loselementos de policía. Este año han ocurridocuatro casos en los que estarían involucradasautoridades del Organismo Judicial,autoridades deportivas y municipales en eldepartamento de Suchitepéquez, mientrasque en el caso de las fuerzas de seguridadestarían relacionados únicamente en uno.
El director del vespertino La Hora, Oscar
Clemente Marroquín, denunció lasintimidaciones que sufrió el reportero deese medio el día 3 de marzo, José Pablodel Águila, por parte los magistrados LigiaAracely Pérez y Henry Elías Wilson, de la Salade Apelaciones del Delito de Femicidio, lacual ha sido cuestionada por beneficiar conamparos a personas acusas de incurrir endelitos de corrupción.
El jueves 23 de marzo de 2017, la Jueza dePaz de Turno de Mixco Norma Lizeth GarcíaSolís impidió el ingreso de periodistas alcentro judicial ese municipio, ubicado en lazona 5, cuando buscaban abordarla por laemisión de algunas de sus sentencias. Enotro caso de amenazas, Samuel Orozco,reportero de Noti 7, denunció ante la Fiscalíahaber recibidos amenazas de muerte pormensajes vía Facebook, la noche del 14 defebrero de 2017, en la que le advertían quedebía abstenerse de abordar el tema de lospandilleros en el noticiero.
A inicios del presente año, se tuvoconocimiento de un caso de aparentecensura editorial, en el que estuvoinvolucrada la revista Contra Poder, miembrodel consorcio de medios de comunicaciónGrupo “A”, presidido en su momento por elex Ministro de Energía y Minas, Érick Archilla,actualmente se encuentra prófugo por uncaso de corrupción, denunciado por laperiodista Sofía Menchú, quien denunció quedirectivos de ese medio de comunicacióncensuraron una investigación de su autoría,la cual abordaba una campaña iniciada pordistintos sectores para desacreditar a IvánVelásquez, jefe de la Comisión Internacionalcontra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En El Salvador, en agosto 2016, fue asesinadoen la Colonia Luz, del municipio de SanSalvador, Gilberto Antonio Torres García,periodista de la Universidad de El Salvador 28
y el 22 de agosto del 2017, fue asesinada
25Roxana Cortez Barrera, en Apopa, SanSalvador, reportera del canal 29 de dichomunicipio29.
También se conocieron las amenazasde muerte a través de las redes sociales,contra periodistas de Factum y El Faro, aquienes a través de un twiter se les advertíaque “acabarían como Christian Poveda”,periodista franco español asesinado porla pandilla Barrio 18 en 2009. Amenazasque surgen tras la investigación realizadapor ambos medios sobre vínculos entre lapolicía y grupos paramilitares que ejecutaronextrajudicialmente a sospechosos. La revistaFactum monitoreó durante tres meses a dosgrupos de chat en WhatsApp conformadospor más de 40 policías de distintas unidadesy documentó la participación de los policíasen tres homicidios, dos agresiones sexuales yal menos una extorsión.
Otro fenómeno poco visibilizado en ElSalvador son los despidos masivos querealizan los medios de comunicación. Enel 2016 fueron despedidos, sin justificaciónalguna, periodistas y personal administrativodel órgano oficial de comunicación delFMLN, El Siglo XXI. A principios del 2017,El Diario de Hoy despidió alrededor de 25periodistas; el 15 de mayo fueron cesadosde sus puestos laborales 20 periodistas ytécnicos de la Red Salvadoreña de Medios(RSM), cuatro comunicadores de la radio102.9 y otro de la radio YSKL, en mayo 2017.La poca investigación al respecto, generaarbitrariedades por parte de los medios decomunicación a los periodistas.30
En Nicaragua, de manera general, el gremioperiodístico que no pertenece al monopoliode los medios que están en poder del gobierno,está muy estigmatizado, siendo víctimasde represión, persecución y amenazas demanera sistemática. Los periodistas suelenser víctimas de campañas de difamación,acoso, espionaje, restricciones, agresiones,
detenciones arbitrarias y de amenazas demuerte, además de enfrentar de formacotidiana la amenaza de cierres de susprogramas radiales y televisivos o que se lesuspendan las licencias para que no ejerzansu labor, se les impide realizar cobertura decualquier tipo de actividad gubernamental,tal es el caso de los periodistas que intentarondar cobertura el día de los comicioselectorales presidenciales, siendo objeto demalos tratos por parte de funcionarios delpoder electoral. A menudo son agredidosdurante las manifestaciones y/o protestassociales, siendo reiterativo a connotadosperiodistas de La Prensa, Programa de OndaLocal, Canal 12 y en algunos casos hastaperiodistas del Canal 10 y periodistas deradios independientes.
El director del periódico Confidencial y elinformativo Esta Semana, Carlos FernandoChamorro, en octubre de 2016 denuncióante el Centro Nicaragüense de DerechosHumanos (CENIDH) un operativo de espionajepolítico por parte del Ejército de Nicaragua encontra de Confidencial, quienes medianteintimidación a sus trabajadores, pretendíacontrolar el sistema informático y la seguridadde su redacción. De igual forma se registróel cierre del espacio radiofónico Onda Local.Este se transmitía desde hace casi 17 añosen Radio La Primerísima. Hechos que fueronconsiderados por la población como unataque a la libertad de expresión por parte delGobierno. A ello se suman las expulsiones de14 personalidades que venían a Nicaragua adar conferencias sobre derechos humanos,entre ellos periodistas, camarógrafos,activistas de derechos humanos, abogadosy directores de organismos internacionalesde derechos humanos.
El día de las elecciones municipales – 5noviembre 2017 - al menos tres periodistas,dos de La Paz, de Carazo, y uno de Managua,fueron obstaculizados en su labor. De igualforma el periodista del Canal 100% Noticias,
26Jonathan Castro, fue agredido de formaverbal por funcionarios del Consejo SupremoElectoral cuando daba cobertura en uno delos centro de votación de Managua, y antelas amenazas opto por retirarse del lugar. Lasperiodistas Marisol Montenegro, de RadioMaranatha y Tania Narváez, corresponsalde El Nuevo Diario, también fueron víctimasde agresión por funcionarios electoralesy de la Policía Nacional. A la primera unefectivo policial le metió el pie para quecallera y la golpeó en el estómago, ella fue ainterponer denuncia ante una unidad policialla cual fue desatendida; y a la segunda learrebataron su teléfono celular con el queestaba grabando.
En Estelí el Consejo Electoral Departamentalentregó sus credenciales a los periodistas delos medios oficiales del partido, pero no alos independientes del gobierno, a quienesobligó a imprimir por su cuenta el documentoy a regresar al lugar para que fueran firmadosy sellados.
Cabe destacar que el Relator para la Libertadde Expresión, Dr. Eddy Lanzas, durante suintervención en la audiencia sobre Libertadde Expresión en Nicaragua en el 162 periodode sesiones de la CIDH, expresó “Más allá delas tendencias políticas… todos los gobiernosde la región se han comprometido con lademocracia representativa y la democraciaparticipativa. La Carta Democrática diceclaramente garantizar un ambiente propiciopara el ejercicio de libertad de expresión”.
En Panamá el Consejo Nacional de Periodismoy El Fórum por las Libertades, que aglutinan ala empresa, la Academia y el gremio, el 6de octubre del 2017, mostraron al MinisterioPúblico su oposición al proyecto de Ley quemodifica el Código Penal, el cual promuevesanciones contra algunas comunicaciones através de los nuevos soportes tecnológicos.Iniciativa, que ha despertado la alerta entrelos medios de comunicación y periodistas,
quienes consideran que dicha ley limita lalibertad de expresión.
En junio 2017, el Ministerio Público31 dePanamá por orden del Presidente Juan CarlosVarela, inició una investigación penal al GrupoEpasa “por la compra de una empresa queagrupa varios medios de comunicaciónpresuntamente con fondos vinculados aactividades ilícitas, blanqueo de capitales”contra empresarios que alega participaronen la compra del conglomerado editoriala la Familia Arias y que involucró al BancoGeneral.
Por su parte el Colegio Nacional de Periodistas(CONAPE) dijo en un comunicado que seha “declarado en estado de alerta ante lasituación que se cierne sobre los medios decomunicación del grupo Epasa, tomandoen cuenta que un medio de comunicaciónabierto es garante de la democracia quevive un país”, haciendo un llamado a lasautoridades para que las investigaciones serealicen sin que se afecten los puestos detrabajo de los periodistas, que se respete lalibertad de expresión, de prensa, el derechoal trabajo. En un comunicado firmado porla presidenta del Conape, Blanca Gómezinformó que en el grupo Epasa labora un grannúmero de periodistas, reporteros gráficosy personal administrativo, a quienes estasituación los mantiene en estado de angustia,al pensar que sus fuentes de ingresos estánen peligro, y por consiguiente la estabilidadsocioeconómica de sus familias”.
De acuerdo a los directivos de Epasa, estaacción es una represión por las constantesdenuncias de los nexos del propio gobernantey de allegados a su familia con el escándalode sobornos de Odebrecht; vinculados aActive Capital Holding, incluida por Suizaentre las que presuntamente movieron dinerode Odebrecht. Además de publicar lascuestionadas compras, con dinero público,al grupo de empresas Coremusa.
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1.7 Situación de los defensores ydefensoras de derechos humanos
En el periodo del presente informe se haobservado un incremento de la criminalizacióny judicialización de defensores y defensorasde derechos humanos, quienes además deenfrentar de forma sistemática campañasde difamación, descalificación, agresionesfísicas y sicológicas, amenazas, hoy en díaenfrentan procesos penales y otras formasde acoso judicial.
En su último informe, el Relator Especialsobre la situación de los defensores de losderechos humanos de la ONU, Michel Forst,quién en agosto del 2016 fue impedido arealizar una visita a Nicaragua ante la faltade seguridad para el desempeño de sulabor, enfatizó que la responsabilidad deproteger a los defensores y defensoras de losderechos humanos compete ante todo alEstado, quien debe de abordar la proteccióncon un enfoque basado en los derechos,centrarse en la seguridad holística de losdefensores, en particular en sus seguridadfísica, digital, bienestar psicosocial y quelas medidas de protección sean flexibles,adaptables y adecuadas a las necesidadesy circunstancias concretas de las personasque defienden derechos.
En Guatemala de enero a junio del presenteaño, la Unidad de Protección a Defensorasy Defensores de Derechos Humanos deGuatemala (UDEFEGUA) ha conocidoy registrado a través de su proceso deverificación un total de 236 denuncias.Documentando siete asesinatos contradefensoras y defensores de derechoshumanos. En su informe señala que uno delos fenómenos que lacera profundamente ladignidad y la vida de defensoras y defensoresde derechos humanos es la criminalización,con un total de 106 casos registrados entredifamación, denuncia judicial, detenciónarbitraria y detención ilegal, representando
así el 44.92% de todas las agresiones. Lapersonas defensoras más agredidas sonaquellas que orienta su labor a un ambientesano (tierra, territorio y recursos naturales)sumando 72 agresiones. Entre los casos quese registraron en el periodo destacan lasdetenciones de los hermanos Guitz Pop o lade Abelino Chub Caal.
Cabe destacar que en este mismo periodose registraron 34 hechos de criminalizacióncontra defensoras, quienes además sonsometidas a campañas de difamación yestigmatización, como denuncias judiciales,detenciones arbitrarias e ilegales.
En El Salvador, según el “Primer informe delObservatorio de Personas Defensoras deDerechos Humanos 2017”, la única instituciónque se activa ante una amenaza contrapersonas defensoras de derechos humanoses la Procuraduría para la Defensa de losDerechos Humanos emitiendo medidascautelares. Dicha situación implica que noexisten las condiciones mínimas de respetoa las personas que defienden derechos enel país, violentando la normativa nacional einternacional vigente, al no tener un sistemaarticulado, ni la normativa para protegera las personas que defienden derechoshumanos. 32
El primero de mayo de 2017 la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) realizóuna marcha que partió del Hospital Bloom hacia el Parque Centenario, en SanSalvador. La marcha culminaría con un acto Político Cultural; al cierre de laactividad, miembros de la PNC reprimen y capturan a participantes.Foto: La Chispa Obrera
28Re gistros alternativos, como el de FESPAD yTutela Legal “María Julia Hernández”, refierenque para el 2016 identificaron 13 agresionescontra defensores y defensoras de derechoshumanos; Por su parte, la Procuraduríapara la Defensa de los Derechos Humanossolamente contabilizó 10 casos, desdeagosto 2013 a agosto 2016.33 Lo anteriorindica la inexistencia de medidas por partedel Estado para registrar y darle seguimientoa las graves violaciones cometida contraeste sector.
En julio de 2016 la Fiscalía General dela República giró una orden de capturacontra un grupo de personas directivas de laAsociación de Desarrollo Comunal Bendiciónde Dios (ADESCOBD), quienes mantienenuna lucha legal sobre la administración deun sistema de agua comunal, contra elAlcalde Joel Ernesto Ramírez, del municipiode Tacuba, Ahuachapán quien los acusa dehurto agravado y usurpación de inmueble. Elproceso en contra de los defensores a un noha concluido.
Un periodista de un canal de televisión enel departamento de La Unión denunció enla Unidad de Asuntos Internos de la PolicíaNacional Civil (PNC) que fue agredido yamenazado por un agente del Sistemade Emergencias 911 de la cabeceradepartamental. El incidente sucedió mientrasel comunicador hacía un video con suteléfono celular de un procedimiento en elque, presuntamente, se estaba dando unabuso de autoridad. Según la versión delreportero, cuando el agente se percató deque había sido grabado, se dirigió haciaél y le arrebató el celular, posteriormente loobligó a borrar el material. “El policía me dijo:‘Si yo veo ese video en redes sociales, te vasarrepentir, porque no sabes con quién estástratando”, refirió el comunicador. Uno delos oficiales superiores de la delegación dela PNC de La Unión le expresó al periodista,
después de analizar el video, que estaba ensu derecho de hacer la denuncia ante launidad disciplinaria de la corporación.
En Honduras se cuestiona y se estigmatizala labor de las personas que defiendenderechos. La CIDH, en su último informesobre la situación de los derechos humanosreconoce y expone que personas defensorasderechos humanos son blanco de ataquescontra su vida, integridad física, secuestros,amenazas y ataques contra sus propiedadesentre otras formas de hostigamiento. Estasituación, se agudiza para los defensores dederechos ambientales.
Desde el golpe de Estado hasta diciembrede 2016 se registran 123 asesinatos,haciendo a Honduras el país más peligrosode mundo para la defensa medioambientala pesar de contar con una Ley de Protecciónde los Defensores de los Derechos Humanos,Periodistas, Comunicadores Sociales yOperadores de Justicia, aprobada enmayo de 2015, y en junio de 2016 con elobjetivo de agilizar la aplicabilidad de laLey, se aprobó el reglamento que desarrolladicha Ley y los procedimientos operativosestándar. Sin embargo, el mecanismo a lafecha presenta debilidades: (I) fijar quienesson beneficiarios de la Ley de Protección; (II)asignar los recursos financieros, materialesy personales necesarios y suficientes pararesponder a todos los casos (III) establecermedidas consensuadas entre el Estado ybeneficiario. Esto dificulta la implementaciónde medidas de protección efectiva.
Los defensores y defensoras de derechoshumanos en Nicaragua son víctimas dedifamación, estigmatización, amenazasde muerte, hostigamiento, actividades deinteligencia realizados desde las altas esferasdel Poder Ejecutivo y del poder económico,poniendo cada vez en mayor riesgo lavida, integridad física, psicológica, honor;
29a quienes de manera permanente se lesobstaculiza su labor restringiendo y negandoel acceso a la información, privándolosde libertad, abriendo procesos judicialesarbitrarios, limitando su libre circulación ymovilización, lo cual ha sido extensivo paradefensores y defensoras internacionales,quienes han sido víctima de expulsión ydeportación del país sin justificación alguna.
Además, se registra la criminalizaciónacompañada de violencia extrema,tratos inhumanos y degradantes, hacialas defensoras Arelly Cano Meza, Aydildel Carmen Urbina y Thelma FranciscaSuárez Oliva tras reclamar arbitrariedadespoliciales34, quienes fueron pateadas,golpeadas y sometidas a exploracionesvaginales, causándoles lesiones físicas yafectaciones psicológicas. En el caso deAydil permaneció varios días detenidasilegalmente y se le negó asistencia legal.Posteriormente fueron acusadas por laPolicía ante los tribunales por “obstrucción defunciones” y “estorbo a la autoridad”. A ellose suma el asesinato del líder del GobiernoTerritorial Indígena Tuahka, Camilo FrankLópez, realizado el 25 de enero de 2017 yel asesinato de la defensora de pueblosindígenas Bernicia Dixon Peralta, en el mismomes; la que fue amenazada y 3 semanasdespués asesinada, junto a su esposo e hijo. Ala fecha no hay ninguna persona investigadani condenado por su caso, generando unclima de impunidad.35
Global Witness en el informe del 2016, ubicaa Nicaragua entre los países de mayor riesgopara defensores de la tierra, tomando encuenta los once asesinatos registrados en2014-2016 contra defensores y defensorasde la Costa Caribe Norte de Nicaraguacomo consecuencia del incremento de laviolencia en la zona. La inacción del Estadoante los conflictos por el territorio indígena,ha conllevado a que la CIDH otorgue
medidas cautelares a doce comunidadesmiskitas y al personal del Centro por laJusticia y Derechos Humanos de la CostaAtlántica Norte (CEJUDHCAN)36. Cabe señalarque las defensoras Lottie Cunningham37
y Juana Bilbano38, de CEJUDHCAN, enrepetidas ocasiones han recibido amenazasde muerte. También han sido víctimas desecuestros39, requisas y cateos de agentescuando realizan su labor40. Vale acentuar quela Comisión ha otorgado medidas cautelarestanto a estas comunidades indígenas comoa las defensoras mencionadas.
A ello se suma la constante campaña dedifamación y descalificación, contra laDra. Vilma Núñez de Escorcia y personal delCENIDH, la cual no solo viola la integridadsicológica, la honra y reputación, sino quetambién les expone a mayores riesgos. Soloen el mes de Abril 2017, el portal digitalNicaleaks, a fin al partido de gobierno, realizónueve publicaciones difamatorias en la quedestaca una serie de entregas tituladas,entre estas: “La Galería de los Traidores”publicación que pone en riesgo la integridadfísica y psicológica de varios defensores ydefensores de derechos humanos entre ellosla Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñezal divulgar información sobre la localizaciónde sus viviendas, datos personales e inclusola identificación del vehículo en el que sedesplaza, así como definiéndola como“asalariada de organismos extranjeros comoAmnistía Internacional, CEJIL, USAID, NED” ycalificándola de “agente extranjero en supropio país”.
El Parlamento Europeo en la Resoluciónemitida en febrero 2017, condena la falta deprotección a los defensores de los derechoshumanos en Nicaragua y demanda el cesedel acoso del gobierno del presidente DanielOrtega contra la lideresa del MovimientoCampesino Francisca Ramírez, tambiénhace una llamado al gobierno a que cumplacon las obligaciones internacionales en
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materia de derechos humanos, en particularla Declaración de las Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por otra parte, en la Sentencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos en elcaso Acosta y Otros vs. Estado de Nicaraguadispuso por unanimidad que: “El Estadodebe elaborar mecanismos de proteccióny protocolos de investigación para casos desituaciones de riesgo, amenazas y agresionesde defensoras y defensores de derechoshumanos, en los términos de los párrafos22341 y 224 señalados en el Fallo”.
Los vacíos para garantizar la seguridadjurídica, alimentaria, laboral, ciudadana,medioambiental, cultural y de los aspectosbásicos del Estado de Derecho, con suvinculación a la institucionalidad y a suóptima gestión, se convierten en factoresque alimentan el grado de conflictividad,creando fundamentalmente desconfianzay escepticismo en el ambiente sociopolítico,además de un clima de incertidumbre en lapoblación, de persecución y amenazas paralos defensores y defensoras de derechoshumanos quienes son afectados sobre todocuando acompañan las protestas sociales.
En su último mensaje a la nación, el pasado 1de julio, el presidente de Panamá, Juan CarlosVarela, aseguró “Ninguna manifestación hasido reprimida con violencia, ni con gaseslacrimógenos, no se han hecho amenazas,ni ofensas, ni mucho menos se ha violado laprivacidad de nadie”. Pero se ha visto unarealidad antagónica a lo planteado, al serreprimidas manifestaciones protagonizadaspor transportistas, docentes de áreas de difícilacceso y estudiantes universitarios, donde losprimeros en ser reprimidos son los defensoresde estos derechos, usando diversas forma deagresión para someterlos y luego llevárselosdetenidos y criminalizarlos.
Costa Rica acumula numerosas causasconflictivas por falta de tierras paraagricultores, usurpaciones de tierras a pueblosindígenas que se vienen dando desde hacemás de 40 años, donde también se hanregistrado agresiones y procesos judicialescontra personas defensoras ambientalistasy de los pueblos indígenas, quienes handenunciado desalojos violentos de líderesindígenas de la Asamblea Legislativa ante lainacción del gobierno y el letargo del sistemajudicial costarricense.
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ConclusiónesEn Centroamérica cuenta con Estadosdemocráticos muy débiles, con unsistema político permanentemente alborde del colapso, poco representativos,con profundas desigualdades, que enlos hechos propician el caudillismo,prevaleciendo un régimen autocrático quecon la incorporación de los militares comoactores políticos la tendencia es establecerregímenes autoritarios con altos riesgos derestablecer dictaduras, tal es el caso delgobierno de Nicaragua, que ha reformadoel marco jurídico nacional para garantizarsela continuidad en el poder, acción que estásiendo imitada por el actual gobierno deHonduras, dando paso a la reelección parael continuismo en el poder.
Con la involución de la “democracia” seha fomentado un poder sin limitacionesconstitucionales, con patrones tradicionalesde autoritarismo que han sido empleadospor las elites gobernantes con un uso limitadodel sufragio, en el que participan diversosactores políticos, económicos, sociales ylas fuerzas armadas y de seguridad. Estosúltimos, hoy en día han pasado a jugarun papel importante para centralizar elpoder dentro de un marco referencial delegitimidad democrática pero con actitudesabsolutistas y autoritarias por parte de losgobernantes de turno.
La frágil e inexistente institucionalidad,la no independencia de los poderes delEstado, la cooptación del sistema deadministración de justicia, la vulnerabilidadde los sistemas electorales, los obstáculospara el acceso a la información pública,
la ineficacia del marco normativo paracombatir la corrupción, los altos nivelesde discrecionalidad en el uso de fondospúblicos y las restricciones al verdaderoejercicio de participación ciudadana, asícomo la amenaza, persecución y asesinatosde defensores y defensoras de los derechoshumanos, son entre otras cosas las causasque propician corrupción en los diferentesniveles del Estado.
Resulta preocupante observar que dosinstituciones cuyo rol es clave para unagobernanza efectiva son percibidas porla ciudadanía como las más corruptas, asaber: la Policía y el Ministerio Público. Porello, es urgente hacer profundos cambiosen los procedimientos de participaciónciudadana que puedan contrarrestar elcreciente desequilibrio de poder y riqueza,empoderar a los ciudadanos y ciudadanaspara que pongan freno a la impunidadgeneralizada por la corrupción, exijan quelas personas que administran el Estadorindan cuentas y realmente tengan voz enlas decisiones que afectan su vida diaria.
Preocupa en extremo el clima de agresión,violencia y criminalización contra quienesdefienden derechos humanos, lo cual vaen contra de la lógica de construccióncolectiva de los ejercicio democrático,ante la falta de voluntad política de losEstados para protegerles e implementar unclima favorable para el pleno ejercicio delos derechos humanos e impulsar PolíticasPúblicas de Protección a Defensoras yDefensores de Derechos Humanos.
ConclusiónesEn Centroamérica cuenta con Estadosdemocráticos muy débiles, con unsistema político permanentemente alborde del colapso, poco representativos,con profundas desigualdades, que enlos hechos propician el caudillismo,prevaleciendo un régimen autocrático quecon la incorporación de los militares comoactores políticos la tendencia es establecerregímenes autoritarios con altos riesgos derestablecer dictaduras, tal es el caso delgobierno de Nicaragua, que ha reformadoel marco jurídico nacional para garantizarsela continuidad en el poder, acción que estásiendo imitada por el actual gobierno deHonduras, dando paso a la reelección parael continuismo en el poder.
Con la involución de la “democracia” seha fomentado un poder sin limitacionesconstitucionales, con patrones tradicionalesde autoritarismo que han sido empleadospor las elites gobernantes con un uso limitadodel sufragio, en el que participan diversosactores políticos, económicos, sociales ylas fuerzas armadas y de seguridad. Estosúltimos, hoy en día han pasado a jugarun papel importante para centralizar elpoder dentro de un marco referencial delegitimidad democrática pero con actitudesabsolutistas y autoritarias por parte de losgobernantes de turno.
La frágil e inexistente institucionalidad,la no independencia de los poderes delEstado, la cooptación del sistema deadministración de justicia, la vulnerabilidadde los sistemas electorales, los obstáculospara el acceso a la información pública,
la ineficacia del marco normativo paracombatir la corrupción, los altos nivelesde discrecionalidad en el uso de fondospúblicos y las restricciones al verdaderoejercicio de participación ciudadana, asícomo la amenaza, persecución y asesinatosde defensores y defensoras de los derechoshumanos, son entre otras cosas las causasque propician corrupción en los diferentesniveles del Estado.
Resulta preocupante observar que dosinstituciones cuyo rol es clave para unagobernanza efectiva son percibidas porla ciudadanía como las más corruptas, asaber: la Policía y el Ministerio Público. Porello, es urgente hacer profundos cambiosen los procedimientos de participaciónciudadana que puedan contrarrestar elcreciente desequilibrio de poder y riqueza,empoderar a los ciudadanos y ciudadanaspara que pongan freno a la impunidadgeneralizada por la corrupción, exijan quelas personas que administran el Estadorindan cuentas y realmente tengan voz enlas decisiones que afectan su vida diaria.
Preocupa en extremo el clima de agresión,violencia y criminalización contra quienesdefienden derechos humanos, lo cual vaen contra de la lógica de construccióncolectiva de los ejercicio democrático,ante la falta de voluntad política de losEstados para protegerles e implementar unclima favorable para el pleno ejercicio delos derechos humanos e impulsar PolíticasPúblicas de Protección a Defensoras yDefensores de Derechos Humanos.
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La institucionalidad democrática, parasu propia reproducción, necesita que losciudadanos participen en los asuntos que seventilan en la esfera pública. La democraciasupone una participación ciudadanarecurrente, por lo que los estados debenpromoverla y garantizarla.
Las elecciones no son suficientes pues lasociedad demanda también la satisfacciónde una serie de derechos políticos, socialesy económicos, pero constituyen un soportefundamental a los demás derechos parael pleno disfrute de los mismos, por lo tantose requiere que los Estados garanticenlos procesos electivos y una participaciónciudadana activa, que progresivamentevaya transitando a una democracia conmayor participación ciudadana.
Los Estados deben de fortalecer laindependencia del poder judicial y del restode poderes e institucionalidad para evitar la
corrupción. A pesar de que existan ligerosavances en esta materia evidenciados porla judicialización de casos ejemplarizantes,es necesario fortalecer financiera ytécnicamente a las instituciones encargadasde la investigación de este tipo de casos.Además, se debe promover la libertadde expresión y de prensa como forma decontraloría social, y crear mecanismos dedenuncia seguros para que las personasque informan hechos de este tipo no seencuentren en situación de riesgo.
El sistema de justicia debe de especializarsetécnicamente y generar un ambiente delucha contra la impunidad en el marco de lasagresiones cometida a defensores y defensorasde derechos humanos; asimismo, evitando lacriminalización de los mismos. Los parlamentosdeben de crear la normativa necesaria paragarantizar los derechos humanos de este grupopoblacional.
RecomendacionesLa institucionalidad democrática, parasu propia reproducción, necesita que losciudadanos participen en los asuntos que seventilan en la esfera pública. La democraciasupone una participación ciudadanarecurrente, por lo que los estados debenpromoverla y garantizarla.
Las elecciones no son suficientes pues lasociedad demanda también la satisfacciónde una serie de derechos políticos, socialesy económicos, pero constituyen un soportefundamental a los demás derechos parael pleno disfrute de los mismos, por lo tantose requiere que los Estados garanticenlos procesos electivos y una participaciónciudadana activa, que progresivamentevaya transitando a una democracia conmayor participación ciudadana.
Los Estados deben de fortalecer laindependencia del poder judicial y del restode poderes e institucionalidad para evitar la
corrupción. A pesar de que existan ligerosavances en esta materia evidenciados porla judicialización de casos ejemplarizantes,es necesario fortalecer financiera ytécnicamente a las instituciones encargadasde la investigación de este tipo de casos.Además, se debe promover la libertadde expresión y de prensa como forma decontraloría social, y crear mecanismos dedenuncia seguros para que las personasque informan hechos de este tipo no seencuentren en situación de riesgo.
El sistema de justicia debe de especializarsetécnicamente y generar un ambiente delucha contra la impunidad en el marco de lasagresiones cometida a defensores y defensorasde derechos humanos; asimismo, evitando lacriminalización de los mismos. Los parlamentosdeben de crear la normativa necesaria paragarantizar los derechos humanos de este grupopoblacional.
Recomendaciones
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CAPÍTULO IISEGURIDAD CIUDADANA
En Centroamérica se estima que para el 2017la población ha ascendido a 47 millonesde personas con diferentes expresiones encuanto a su cultura, idioma, religión, raza,entre otros. Los países centroamericanostienen rasgos similares y distintivos en elmarco social, político y económico. Además,existe diversidad de población indígena yafrodescendiente que poseen su propialengua, religión, tradiciones, costumbres,entre otros.
La Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH), ha establecido quela seguridad ciudadana es una de lasdimensiones de la seguridad humana. Estoconlleva una “interrelación de múltiplesactores, condiciones y factores entre loscuales se cuentan la historia y la estructuradel Estado y la sociedad; las políticas yprogramas de los gobiernos; la vigencia de losderechos económicos, sociales, culturales; yel escenario regional e internacional” (Informesobre seguridad ciudadana y derechoshumanos, 2009).
Es por ello, que cuando los Estados nocumplen con su obligación de proteger,a través de la adopción de medidas paraprevenir, impedir los abusos y hacerlos cesar;hay un impacto negativo en la seguridadciudadana porque no se protege a laspersonas bajo su jurisdicción ante el crimen yla violencia, lo cual conlleva a violaciones dederechos humanos.
En materia de seguridad ciudadana laregión centroamericana registra marcadasasimetrías. Mientras que el denominadoTriángulo Norte presenta altos índices deinseguridad, sobre todo en relación ahomicidios, femicidios, entre otros; los países
del sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá)presentan niveles bajos. Pese a estasdiferencias, existen tendencias promovidasdesde los Estados.
Los índices macroeconómicos reflejanque Panamá demuestra liderazgo en lamateria, y El Salvador no despega de sureceso económico; por su parte el país másdesigual también es Panamá y el resto depaíses registra índices similares.
Políticamente, Costa Rica constituye una delas democracias más estables y tiene mayorinstitucionalidad e independencia de lospoderes, lo que no significa que cuentencon frecuentes transgresiones al Estado dederecho.
Entre esas tendencias se tiene:
a) Inclinación hacia la militarizaciónde la seguridad pública. Existe unatendencia de los Estados de solucionarproblemas de seguridad ciudadana a travésde la intervención de fuerzas militares, loque aumenta riesgo de violaciones de losderechos humanos en la región, en vista deque las personas miembros de las fuerzasarmadas, no han sido formados para tratarcon civiles y mucho menos con métodos yprocedimientos que respeten la integridadde las personas;
b) Los gobiernos le apuestan a lareducción de las cifras indicadoras deviolencia. Esta tendencia, ha permitido darsoluciones inmediatistas, sin embargo, no sonsostenibles ni integrales. Estas “soluciones” nopresentan cambios a mediano o largo plazo,debido a que no responde a una estrategiao política estatal integral de prevención delas diversas manifestaciones de violencias,o la resocialización del que ha cometidoconductas ilícitas;
c) Las políticas de seguridad sonfinanciadas por agentes y cooperacióninternacional. Existe una alta injerencia de
34otros Estados en las políticas internas de laregión a través de cooperación internacional,quienes mantienen un discurso contraviolaciones de derechos humanos, sinembargo, son incongruentes con el apoyopolítico y económico a los países de laregión centroamericana, ya que, se dirigeprecisamente a incrementar fuerzas deseguridad;
d) Involucramiento de redes del crimenorganizado con la clase política partidista. Elistmo centroamericano es estratégico paralas redes del crimen organizado, ya queconecta geográficamente Sudamérica conNorteamérica, desde donde mayormenteproviene la droga (marihuana y cocaína,principalmente), convirtiendola en unavía indispensable para el traslado de estetipo de estupefacientes. Esto deja gravesproblemas en los países de la región, entreellas, la vinculación con la clase política conel narcotráfico, a través del financiamientode campañas electorales, aumento decasos de corrupción estatal, entre otras.
e) Relación de casos de muertesviolentas vinculadas a la defensa de losderechos humanos. Principalmente, sepresentan altas cifras de muertes violentasde defensoras y defensoras de derechosterritoriales, debido al otorgamiento ilegalde concesiones para la implementación de
megaproyectos extractivos y energéticos,desencadenando conflictos socialescomunitarios entre las mismas comunidades,el sector privado y los Estados.
La suma de las tendencias anteriores,han tenido como resultado sistemáticasviolaciones de derechos humanos reflejadoprincipalmente, en el reclutamientoforzado de adolescentes y jóvenes porgrupos criminales para el traslado dedrogas; muertes violentas (homicidios yfemicidios) principalmente, de personasque pertenecen a grupos colocados ensituación de vulnerabilidad; desplazamientoforzado por violencia dentro del mismoterritorio e incluso al exterior, a otro país; y,detenciones ilegales o arbitrarias; entre otras.
Así mismo, para el año 2017, Centroaméricacontinúa siendo una región convulsionadadebido a los altos niveles de inseguridadque registra, con un mayor énfasis en eldenominado Triángulo Norte, compuesto porGuatemala, Honduras y El Salvador; así loconfirmó, el Índice de Paz Global42que evalúaa 163 países a nivel mundial, en donde elpaís mejor evaluado que ostenta la posición1 de la lista es Islandia y el peor calificado esSiria, quien enfrenta una grave crisis políticaque concentra diferentes poderes militaresque generan conflictividad en su territorio, yocupa la posición 163.
POSICIÓN DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS EN RELACIÓN AL ÍNDICE GLOBAL DE PAZ43
País 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Promediopor país
Honduras 129 134 123 117 116 111 106 119
El Salvador 121 128 112 116 123 112 115 118
Guatemala 128 125 109 115 118 116 117 118
Nicaragua 70 80 66 58 75 69 74 70
Panamá 53 62 56 57 64 48 49 56
Costa Rica 39 37 40 42 34 33 34 37
Promedio anualcentroamericano
90 94 84 84 88 82 83 86
Fuente: Elaboración propia, con datos de Global Peace Index
35El cuadro, refleja la posición de cada paísde forma anual en cuanto al índice depaz global. En principio, se identifica unaconstante en los niveles de violencia, en unperiodo de siete años por país. Además,se refleja en algunos países reducción delos niveles de violencia, como el caso deHonduras, que se trasladó de la posición 129que ostentaba para el 2011, a la posición106 para el año 2017, pero continua sobrela media mundial y que con un impactopoco significativo a nivel nacional.
De igual forma, en cuanto a los nivelesde inseguridad, existe una considerablediferencia entre los países que componen elTriángulo Norte y el sur de Centroamérica. Altomar como parámetro la media en la listade los 163 países evaluados por el Índicede Paz Global, el norte de Centroaméricase encuentra por encima de la mediay el sur por debajo de ella. No obstante,si Centroamérica fuera evaluada comobloque en el referido índice, se colocaríaen la posición 83, para el 2017, lo quesignificaría encontrarse sobre la media dela lista de los 163 países evaluados.
A pesar de los niveles elevados de convulsiónque registra la región centroamericana,culturalmente se promueve el uso de laviolencia como mecanismo de solución dela conflictividad e inseguridad ciudadana,por lo que los niveles de uso de armas en lapoblación civil son alarmantes tomando encuenta que la mayoría de homicidios soncometidos con armas de fuego.
A nivel del uso de armas, en Honduras,una persona puede tener de forma legalhasta 5 armas44. A esto se suma que en elpaís circulan alrededor de medio millón45
de armas de forma ilegal, lo que espreocupante considerando que más del75% de las muertes violentas se cometen conarmas de fuego, sin que el poder legislativoregule el uso de las armas promoviendo
y aprobando reformas a la Ley del Usode Armas. En El Salvador, La cantidad dearmas legales en manos de la poblaciónes alta. Desde 2014 hasta abril 2017 lossalvadoreños registraron 29,800 armas;46 en un mercado que en 2014 alcanzóventas por casi 2 millones de dólares, endonde cuatro empresas acaparan lasimportaciones47. Desde hace 11 años enNicaragua, se aplica la Ley No. 510 “LeyEspecial para el Control y Regulación deArmas de Fuego, Municiones, Explosivos yotros materiales relacionados”, que tienepor objeto fijar normas y requisitos para latenencia, fabricación y portación de armasde fuego y similares. Sin embargo, a pesarde ello, no se ha podido modernizar elsistema de registro y control de las armasde fuego. De acuerdo al reporte semanalque brinda a Policía Nacional, se evidenciala falta de algunos mecanismos de controlcon relación al uso de armas reflejado enel incremento de los asaltos con armas defuego en el país. Ejemplo de ello, entre el 10y 16 de julio del 2017, a través de diferentesoperativos de seguridad realizados enManagua, fueron capturados 203 personase incautaron un total de 62 armas de fuegoy 63 armas blancas corto punzantes.
Por su parte, Costa Rica algunos datosmanifiestan que el total estimado dearmas de fuego (tanto licitas como ilícitas)pertenecientes a civiles es de 400.000, conuna tasa estimada de armas de fuego de8,6 por cada 100 habitantes48, accionesdel gobierno van encaminadas a reducirel número de armas de fuego ilegales,sólo en el primer trimestre de 2017 fuerondecomisadas 400 armas49.
Por su parte, en Guatemala alrededor de 1,600,000 armas de fuego legales e ilegalesse en cuentra en manos de poblacióncivil, en ese mismo marco Panamá registra450.000.
362.1 Políticas de seguridad y militarización
Las políticas públicas, se consideran como losinstrumentos de planificación que orientan elrumbo de las instituciones del Estado. Por loque estas deben expresar los objetivos debienestar de la población, materializando losplanes de desarrollo humano del Estado, encoordinación de los gobiernos y la población.
Los Estados centroamericanos cuentancon sus respectivas políticas públicas, enalgunos de los casos con una visión másholística sobre las causas de los niveles deinseguridad y las formas de solución; noobstante, en la práctica los Estados dirigen suactuar hacia la estricta represión del delito, loque los lleva a dar soluciones inmediatistas,militarizadas a fenómenos que tienen suorigen en problemas sociales derivadas decausas estructurales.
En El Salvador, el Consejo Nacional deSeguridad Ciudadana y Convivencia,generó un plan integral en materia deseguridad denominado “El Salvador Seguro”,construido bajo una visión integral en materiade seguridad. No obstante, la apuesta porresultados inmediatos llevó al Gobierno a laaprobación de las medidas extraordinariasconsistentes en fomentar un sistemarepresivo del delito, en seguimiento a planesmanodurista del pasado, que han tenidoun impacto relevante en las estadísticasde homicidios. No obstante, también sepotenció la participación de militaresen labores de seguridad y se ha tenidoalgunas intervenciones licenciosas que handesembocado en actuaciones ilegalesde miembros de la policía y del Ejército,encontrándose entre las víctimas elementosde la misma policía50 y personas sin ningunarelación con estructuras delictivas.51 Por otrolado, se han anunciado la construcción deceldas de castigo en el sistema penitenciarioque pueden soslayar el Estado de derecho y
los derechos humanos.
El Salvador, se constituye como uno de lospaíses más violentos de la región, tras un alzaen los niveles de violencia en el año 2015y principios del 2016, el Gobierno impulsólas denominadas Medidas Excepcionalesque restringen derechos fundamentales deforma focalizada en algunos centros penalesdel país y otro tipo de medidas colaterales, asaber: construcción de celdas que impidenel desplazamiento efectivo y generan elaislamiento de internos, el bloqueo delas señales de telefonía celular en loscentros penales, la suspensión de algunosplazos procesales, el traslado de internos adiferentes centros penales, la eliminación delas visitas, el aumento de efectivos militaresen tareas de seguridad, entre otras. En abril2017, la Asamblea Legislativa aprobó porsegunda ocasión el decreto legislativo queda vigencia a las denominadas medidasexcepcionales.
Pocos intentos existen de promover elabordaje de la inseguridad con un enfoquede prevención; uno de ellos, es la propuestade Ley de Prevención Social de la Violencia”generada desde el Órgano Ejecutivo.Actualmente, la Asamblea Legislativano la ha aprobado y fue calificada poralgunos medios de comunicación comouna amenaza a la libertad de expresión, alnormar la auto regulación para no transmitirimágenes violentas.
En cuanto al Estado de Honduras, durantela gestión de gobierno 2014-2018, se hacentrado en la depuración de la PolicíaNacional y en la tendencia a la militarizaciónde la seguridad ciudadana. A nivel dela política de depuración de la PolicíaNacional, se ha nombrado una ComisiónInterventora, la cual ha realizado procesos deinvestigación de elementos de la Policía queestán involucrados en actividades contrariasa la Ley. Desde el inicio en la implementación
37de esta Política, como parte del proceso dedepuración, han sido expulsados 3,91952
policías al 6 de junio del 2017. Desde lasociedad civil se critica que si la Comisiónha encontrado indicios racionales paraexpulsarlos del Ministerio de Seguridad, y lesreconoce sus derechos laborales, deberíade iniciar el proceso de judicialización parasentar precedentes y para garantizarles elderecho al honor y al debido proceso. En losúltimos 2 años, como parte de esta política,se está involucrando a mayor cantidad depolicías jóvenes con el objetivo de contarcon una nueva Policía. La efectividad de laPolicía Militar del Orden Público (PMOP) solo esde corto plazo, ya que, se ha observado quemientras controlan ciertos barrios y coloniasde algunas ciudades, principalmente, deTegucigalpa y San Pedro Sula, los índicesde inseguridad disminuyen, pero cuandoya no hay presencia de la PMOP, los índicesvuelven a subir. Esto se debe a que, el controlde las maras y pandillas en estos territoriospermanece a pesar de la implementaciónde este tipo de medidas.
También, es importante mencionar que a raízde esta política de militarización y represióndel delito, ha generado el fenómeno detraslado de las actividades ilícitas de ciertosbarrios a otros, de un municipio a otro, o deuna región a otra. Un ejemplo de ello, es elaumento de la presencia del narcotráficoen la región sur de Honduras, 53 en vistade que representa geográficamente, conmuchas ventajas: fronterizo con Nicaragua yEl Salvador, con acceso al Golfo de Fonseca,poca presencia policial y rutas que conectancon la Mosquitia hondureña.
En Costa Rica, se presenta un incrementosustancial del gasto en materia de seguridad,dedicando 950 millones de dólares a laSeguridad Nacional durante 2016. Este seconforma por 14,497 efectivos policiales, 2.7agentes por cada 1,000 habitantes. Segúndatos del Atlas Comparativo de la Defensa
de América Latina y el Caribe (en adelanteACDAL), supone un incremento del 159% enel periodo 2008 al 2016, cuando el aumentodel presupuesto general del Estado fue del126% y el del PIB solamente de 91%54, lo querefleja un desbalance presupuestario y unaintención de fortalecer políticas de represiónen las fuerzas de seguridad, lo que lo llevaa convertirse en uno de los países que másrecursos destina a la seguridad.
Pese a la alta inversión en materia deseguridad el país transita a una crisis deseguridad ciudadana. Así lo advierten variosexpertos, como Paul Chávez, quien indicóque existen factores externos que influiránen el corto plazo, como el acuerdo depaz firmado entre el Gobierno colombianoy las Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia (FARC), que, según dijo, generaráun flujo de armas hacia Centroamérica, unreacomodo de bandas narcotraficantescomo consecuencia de la caída delnarcotraficante mexicano Joaquín “Chapo”Guzmán y un previsible recorte en lacooperación internacional, sobre todo delGobierno de Donald Trump55.
En cuanto a la cantidad de personal deseguridad privada, existían a junio de 2016,26,145 agentes inscritos con permiso vigente.De estos, 1,368 no cuentan con permiso deportación de armas. Así también, existen846 empresas de seguridad privada conautorización, 626 vigentes en ControlPas y715 con licencia vencida56.
En Guatemala, recientemente se lanzóla denominada “Estrategia Nacional dePrevención de la Violencia y del Delito”que tiene como propósito “establecer laarticulación colaborativa de las institucionesdel Estado, la organización comunitariay la participación ciudadana, para laprevención de la violencia y el delito quelleve a la gobernanza del territorio”. Estaestrategia, lleva inmerso un enfoque integralpara la prevención del delito, pero denota
38ser un acto político con el propósito dedarle cumplimiento formal a los Objetivosde Desarrollo Sostenible (objetivo 16 de laagenda 2030), a pesar de que, continúauna fuerte presencia militar y una lógicaestrictamente represiva del delito.
Por su parte Nicaragua, desde un enfoquesiempre militar pero con un elementogeopolítico diferente promueve acuerdosmilitares con Rusia, que comprende laventa de 50 tanques T-72 rusos, dos barcosporta misiles 1241.8 Molnia, cuatro lanchaspatrulleras 14310 Mirazh, un lote de vehículosblindados GAZ-2330 Tigr, dos helicópterosMI-17V-5 y varios aviones de combate yentrenamiento Yak-130, según reportesde la agencia rusa Sputnik, además de lainstalación de una base, la cual se conocecomo la estación de Glonass que fueconstruida con la participación exclusivade personal militar ruso, quienes ingresaronal país con el pretexto de instruir al Ejércitode Nicaragua en el uso de los tanques. Enbase al monitoreo del nacional el Centro deInvestigación y Análisis Estratégico, se registraque anualmente al país ingresan y salen de450 y 500 militares rusos 57. A pesar de queNicaragua no posee los niveles de violenciaque enfrenta la región, existe alta presenciade efectivos militares, sobre todo en aquelloslugares donde se impulsan megaproyectos.
Como ya se mencionó anteriormente, existela tendencia en la mayoría de los países de laregión, hacia la militarización de la seguridadciudadana. Existiendo ya experiencias deserias violaciones a los derechos humanos,en algunos casos, hasta de muertes violentas.
La militarización de la sociedad tiene comobase una serie de elementos a considerarcomo: a) el aumento de efectivos militares;b) el fomento de un esquema estrictamentecombativo y represivo de las fuerzas deseguridad civiles; c) el fomento de armas defuego en la población civil; d) la presencia
de efectivos militares de otros países en laregión; e) aumento de efectivos militaresen situación de retiro manejando empresasde seguridad privada; y, f) el aumento delpresupuesto para atender la seguridad delEstado.
La tendencia de militarización en Honduras,se ve no solamente con el presupuestoasignado al Ministerio de Defensa, sinotambién en el número de efectivos militares,comparados con el número de policías.En ese sentido, a julio del 2017, las FuerzasArmadas cuentan con alrededor de 16,00058
efectivos, mientras que el Ministerio deSeguridad cuenta con 14,95059 efectivos.Un aspecto importante de resaltar, es quehay alrededor de unos ochenta mil efectivosde empresas de seguridad privada. Latendencia de este tipo de empresas es a laalza. Existe un conflicto de intereses, puestoque los socios de este tipo de empresas sonpolicías, militares en funciones o en condiciónde retiro. En El Salvador, en el año 2015 secontabilizaron 7,900 efectivos militares entareas de seguridad, ese mismo año seregistraron 227 denuncias contra efectivosde la fuerza armada por violaciones a losderechos humanos. En el año 2016 losefectivos militares ascendieron a 10,423.
En el caso de Costa Rica, a pesar de que, noposee ejército, si cuenta con un fuerte gastoen el presupuesto en materia de seguridad,continúa aprobando la permanenciade bases militares estadounidenses, suspolicías reciben entrenamiento militarnorteamericano y la cantidad de personalde seguridad privada asciende a 26,145agentes inscritos con permiso vigente, yExisten 846 empresas de seguridad privadacon autorización.60
La conflictividad generada por la inseguridadciudadana y el incremento de la fuerza delEstado para reprimir el delito han generadouna serie de consecuencias que erosionan
39el debido proceso en el marco de unEstado Constitucional de Derecho, comoejecuciones extrajudiciales, el incremento deenfrentamientos entre cuerpos de seguridady pandillas, torturas, entre otros.
Pese a los acuerdos de paz y la supuestafinalización de los conflictos internos a nivelde la región, sutilmente, en los últimos años seha venido evidenciando el resurgimiento decasos de ejecuciones sumarias. Por ejemplo,la organización internacional Human RightsWatch reveló que en Honduras, a inicios del2016, policías y 61 militares “al servicio” delPresidente de la República, Juan OrlandoHernández, “habrían provocado 9 asesinatos,y más de 20 casos de tortura(…)”62.
En Nicaragua, la violencia en el campo,producto de la presencia de grupos armados,bandas delincuenciales y el narcotráfico,propicia un ambiente de inestabilidad,inseguridad y militarización de la zona queha llevado a múltiples denuncias sobreabusos violentos cometidos por la Policíay el Ejército. Además, estos mismos hansido denunciados por actos de corrupción,conflictos y de provocar miedo en lapoblación de las zonas rurales, tal es el casodel asesinato de tres personas registrado el 6de noviembre del 2016 en una comunidadde Ciudad Antigua, Nueva Segovia, quienespresentaban heridas en el cuello, y heridascorto punzantes en los pie y otras partes delcuerpo. Dos de ellos tenían las extremidadesinferiores quebradas y todos tenían variasheridas de bala y fragmento de una granada.
Los elevados niveles de violencia hangenerado enfrentamientos armados entreefectivos de la Policía Nacional Civil ysupuestos pandilleros en El Salvador. En el2016 se registraron 510 enfrentamientosarmados con un saldo de 394 supuestospandilleros muertos, 7 policías y 19 civiles,haciendo un total de 420 víctimas63. En elprimer semestre del 2017 se contabilizaron
260 enfrentamientos en los que fallecieron212 supuestos pandilleros64.
En medio de una oleada de los niveles deviolencia son pocos los intentos de medidaspreventivas y socializadoras que en muchosde los casos son infructíferas o se conviertenen meras aspiraciones.
En El Salvador, existen pocos intentos parapromover el abordaje de la inseguridadcon un enfoque de prevención; uno deellos, es la propuesta de Ley de PrevenciónSocial de la Violencia generada desde elÓrgano Ejecutivo. Actualmente, no ha sidoaprobado por la Asamblea Legislativa; y,ha sido calificada por algunos medios decomunicación como una amenaza a lalibertad de expresión. Esto debido a que, laley prevé la auto regulación para no transmitirimágenes violentas. Aunado a lo anterior,El Salvador ha desarrollado un enfoque depolicía comunitaria que no ha producidoresultados a plenitud, sin embargo, se esperaque tenga resultados a largo plazo.
En el caso de Honduras, se ha dado inicioa la estrategia de Policía Comunitaria, sinembargo, los elementos que están asignadosa esta Policía, no desarrollan procesos decoordinación y planificación conjunta con lasexpresiones organizativas de la comunidad.La policía es una de las instituciones conmayor nivel de desconfianza ciudadana enel país. Este es un elemento que obstaculizael desarrollo de la estrategia de relaciónentre el Estado y la comunidad, en materiade seguridad ciudadana.
En Honduras, el Centro Renacer, tiene elmandato de desarrollar procesos para lareinserción social de los menores, y recibemenores de edad en conflicto con la Ley.Durante enero y julio del 2017, re reportó3 escapes (47 adolescentes en total)65dedicho centro.
Por su parte Nicaragua, no cuenta con una
40Política de Seguridad Pública expresamenteformulada, por ende tampoco cuentade consenso nacional. De acuerdo alcontexto se desarrollan planes coyunturalesque responden a los intereses del partidode gobierno, y no una política de Estadoque trascienda en el tiempo. Lo único quese conoce es la llamada Estrategia deSeguridad Ciudadana y Humana, la cual seprevé que la Policía Nacional impulse Planesde Prevención y Protección de las personas,las familias y la comunidad, sin que, ellotenga mayores derivaciones prácticas.
2.2 Crimen organizado
La ubicación geográfica que posee la regióncentroamericana la coloca en una situaciónvulnerable frente al crimen organizado perse. El hecho de encontrarse en el centrode la región productora de droga y uno delos más grandes mercados de la misma anivel mundial, propició la organización yproliferación de organizaciones del crimenorganizado y su regionalización.
Las características de Panamá como laeconomía dolarizada; el ser centro financiero,comercial y logístico regional; y las leyescorporativas y fiscales lo convierten en unlugar atractivo para los blanqueadores dedinero. Panamá, aprobó las reformas legalespara combatir el lavado de dinero desde2015, pero debe demostrar su capacidadpara implementar estas reformas de maneraefectiva, incluso mediante la investigacióny el enjuiciamiento exitoso de complejosesquemas de lavado de dinero.
En abril de 2016, los Papeles de Panamáexpusieron vulnerabilidades significativasrelacionadas con la falta de transparenciafinanciera y el uso de empresas ficticiaspara blanquear dinero, cometer fraudesfiscales y evadir las sanciones de los EE. UU.Los documentos también destacaron unasupervisión inadecuada tanto del sectorfinanciero como del sector no financiero
(particularmente abogados y proveedoresde servicios corporativos). En mayo de 2016,se denunció la Waked Money LaunderingOrganization (Waked MLO) por proporcionarmaterial de apoyo, a través del lavado dedinero y otros servicios, a narcotraficantesdesignados. La acción destacó el uso deWaked MLO del sector bancario formal,contrabando masivo de efectivo, bienesraíces y lavado de dinero basado encomercio.66
Guatemala, continúa siendo una ruta detransbordo para la cocaína y la heroínasudamericanas destinadas a los EstadosUnidos, y para el efectivo que regresa aSudamérica. Las cifras y los informes sugierenque el tráfico de narcóticos está cada vezmás vinculado al tráfico de armas. El País,da muestras de progreso en su capacidadpara investigar y enjuiciar el lavado de dineroy otros delitos financieros, con una agenciaclave que comienza a brindar asistenciatécnica a otras naciones. Sin embargo,hay vulneraciones debido a la falta decoordinación completa por parte de losfiscales del Ministerio Público y la tendenciade la jurisdicción a tratar el lavado de dinerocomo un delito independiente, en lugar decoordinar los casos de lavado de dinero conlos de extorsión, corrupción o tráfico.67
En Costa Rica, durante el último año elpaís se ha visto evidenciado en cuanto ala vulnerabilidad latente en torno al crimenorganizado, donde poco a poco permea lasestructuras políticas y administrativas del país.El caso más emblemático fue la detenciónen mayo 2017 del ex Director de la FuerzaPública (Policía Civil) durante la Administraciónde Oscar Arias, por el trasiego de 230 kilos decocaína.
Los tentáculos del crimen organizado sedespliegan cada vez más por el andamiajeestatal, a través de la compra de funcionarios,agentes policiales, guardaparques (queahora se presenta como un modus operandi
41ideal para llevar a cabo el cultivo y trasbordode drogas), entre otros. En agosto 2016,dos guardaparques fueron detenidos comosospechosos de trabajar durante varios añospara un grupo narcotraficante, a cargo devigilar los sembradíos de marihuana dentrodel Parque Internacional La Amistad (PILA,compartido con Panamá), organizar sutransporte y avisar a los patrones cuandohabía policía cerca. Las incautaciones dedrogas en áreas protegidas para agosto2016 alcanzaron las cifras de 56 operaciones,330 kilos de marihuana, 600.000 plantas demarihuana y 113 kilos de cocaína, según unreporte de la Policía de Control de Drogas.
En Nicaragua, el blanqueo de dinero esresultado de la venta de narcóticos ilegales,principalmente cocaína, y son en su mayoríacontrolados por el crimen organizadointernacional. Los casos de corrupción eimpunidad incluyen funcionarios locales ylíderes comunitarios acusados de colaborarcon los narcotraficantes y las entidades delcrimen organizado. Los Tribunales de Justicia,siguen siendo particularmente susceptiblesa sobornos, manipulación y otras formas decorrupción.
La existencia de negocios cuasi-públicos,múltiples y no transparentes con vínculoscon el partido gobernante que, gestionangrandes transacciones en efectivo, así comola proliferación de compañías subsidiariascon una propiedad poco clara, aumenta lavulnerabilidad del país al lavado de dinero.68
De igual forma, otras expresiones delcrimen organizado afectan a la ciudadaníacentroamericana, como lo es la trata depersonas, la extorsión y las denominadasmaras o pandillas.
Las maras y pandillas de El Salvador son lasprincipales autoras en el delito de extorsión,ellos les posibilita fortalecer financieramentesu estructura en diferentes niveles. El 15 deagosto de 2017, es atribuido otro delito,
cometido en el marco de la denominadatregua entre maras y pandillas, a uno delos principales mediadores de la referidatregua, junto a 18 personas más; a loscuales, se les atribuye el delito de extorsióncometido contra una empresa, el monto delo extorsionado podría sobrepasar los $500mil, según las investigaciones preliminares dela Fiscalía General de la República.69
Por otro lado, El Observatorio Latinoamericanosobre trata y tráfico de personas informóque entre el año 2012 y 2015 la DirecciónGeneral de Migración y extranjería registró62 casos de víctimas de trata de personas;de esta cifra, ocho eran niñas, 34 mujeres,cuatro niños y 16 hombres.70 Entre el año2013 y 2014 fue desarticulada una red detrata de personas jóvenes, cuyo implicadosfueron sometidos a procesos judicial ycondenados a pena de prisión. En dichoproceso se privilegiaron a personas con podereconómico y social beneficiándose connombrarlos testigos criteriosos en el procesopenal. Así, a inicio de enero del 2017, fueroncapturados Alejandro Maximiliano González,presentador de televisión, y el empresarioErnesto José Regalado, por atribuírseles eldelito de remuneración de actos sexualescon menores de edad.
Entre los años 2011-2015, el InstitutoSalvadoreño para el Desarrollo Integral dela Niñez y Adolescencia (ISNA) atendió a109 niñas menores de 18 años víctimas detrata. En el mismo período, de un total de310 casos de trata conocidos por la FiscalíaGeneral de la República, el 72% (es decir 226casos) eran víctimas menores de 18 años,principalmente niñas y adolescentes. Porotra parte del 2012 al 2015 la fiscalía recibió241 denuncias, de las cuales solamente 25llegaron a una condena.71
Los altos niveles de violencia generandesplazamiento forzado en El Salvador; apesar de ellos, el Estado no reconoce la
42existencia de dicho fenómeno. No existenpolíticas públicas orientadas a proteger losderechos humanos de la ciudadanía quese ve obligada a movilizarse; como un ligeroavance en la materia, se registra en octubredel 2017, que la Sala de lo Constitucional dela Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitióuna demanda de amparo presentada poruna familia que se vio obligada a desplazarsede su lugar de residencia, tras el acoso depandilleros del “Barrio 18”, ordenando almismo tiempo medidas de protección paragarantizar sus derechos fundamentales. LaAgencia de la Organización de las NacionesUnidas para los Refugiados (ACNUR) recibióen el 2015, alrededor de 12,959 solicitudesde refugio por parte de salvadoreños.72
La actividad del crimen organizado,especialmente del narcotráfico, enHonduras, son alarmantes. En el año 2016,las autoridades de Honduras han incautadomás de 6 toneladas de drogas, 10 menosque en 2015, entre ellos unos 800 kilos decocaína y 12,000 libras de marihuana y sedestruyeron 26 pistas clandestinas.
Al mes de julio del 2017, se ha incautadomás de 800 kilos de cocaína 73 y se destruyóun cultivo de marihuana de 20 manzanas deterreno, en el municipio de Tocoa, Colón alnorte de Honduras 74. A mediados de juniodel 2017, se incineraron 75 unas 2,072 delibras de marihuana. Pese a los esfuerzos delEstado, el crimen organizado redefine susestrategias, entre las cuales, definir nuevasrutas y reclutar adolescentes y jóvenespara el tráfico de drogas ilegales han sidofundamentales.
El tema de involucramiento de la clasepolítica hondureña con el crimen organizado,se ha visto reflejada en el marco de lasextradiciones que se han realizado hacialos Estados Unidos de América, ya que, enel marco de los procesos de judicializaciónde supuestos narcotraficantes en Honduras,
muchos pertenecen a la clase política.
De igual forma, la extorsión es un delitoque crece en Honduras, en especial en losbarrios y colonias con mayor desigualdad,principalmente, en las ciudades de SanPedro Sula y Tegucigalpa, en donde lasfamilias se han visto obligadas a abandonarsus viviendas por amenazas de las maras ypandillas. Este fenómeno en los últimos 3 añosestá afectando no solo a familias pobres o amicro y pequeñas empresas; sino que estáafectando a la mediana y gran empresa. Tales el caso de la empresa Camiones y MotoresS.A. (CAMOSA), quien, en su sede, luego dehacer disparos en su edificio, dejaron unanota de extorsión. Otro ejemplo es el cierrede una mediana empresa histórica en laciudad de Tegucigalpa, SU VENTA, quientenía alrededor de 43 años operando en elpaís. 76
Uno de los sectores más afectados por estetipo de delitos es el transporte público, yaque muchos de sus dueños, conductores,ayudantes y despachadores han sidoasesinados. Además de ello, hay variasunidades de transporte que han sidoincendiadas.
La trata de personas con fines de explotaciónlaboral, sexual o venta de órganos, crece enel país. Es importante mencionar que la tratade personas orientadas a la explotaciónsexual es la que más se ha desarrollado. Lasredes sociales han permitido el incrementode este tipo de delitos. Otro elemento queha permitido el aumento del mismo es elnarcotráfico, ya que son los líderes de estetipo de organizaciones criminales, los quedemandan muchos servicios sexuales.
Los niveles graves de conflictividad productode la estela de crímenes que genera elnarcotráfico y el crimen organizado van enascenso, sin que algunos Estados reconozcandicha situación.
43
Fuente: Gráfico propio con datos compilados en informes elaborados por el Equipo Regional enaños anteriores.
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes enCentroamérica
País 2014 2015 2016
El Salvador 61 102.9 81
Honduras 66 56.7 59.1
Guatemala 37 35 27.3
Panamá 15 11.4 9.3
Costa Rica 9.5 11.4 11.8
Nicaragua 8.7 8 7Fuente: Cuadro propio con datos ofi ciales
2.3 HomicidiosLos altos niveles de conflictividad y violenciaque vive la región generan frecuentesatentados contra la vida y la integridad físicade las personas. Los diferentes mecanismoso políticas adoptadas por los Estados hansido ineficientes para reducir las muertesviolentas, sobre todo en el Triángulo Nortede Centroamérica. Las políticas represivassolo han llevado a reducir las cifras de formamomentánea, ya que los ciclos marcados dereducción y alza solamente han obedecidoal aumento o decrecimiento de medidasrepresivas.
de muertes violentas de personas, al alcanzarun promedio de 55.8 por cada 100 milhabitantes, frente a un promedio de 7.8 porcada 100 mil habitantes que se refleja en lospaíses del sur de Centroamérica.
A partir de las cifras reflejadas en el cuadroanterior podemos agrupar a los países deCentroamérica en tres segmentos: 1) Paísesque tienen ciclos muy pronunciados dealzas y bajas, como el caso de El Salvador yHonduras; 2) Países que tienen una tendenciaal alza, colocándose Costa Rica en dichasituación; y 3) Países que progresivamentemuestran una reducción en los índices dela violencia homicida, como Guatemala,Panamá y Nicaragua.
A nivel regional el promedio de la tasa dehomicidios por cada 100 mil habitanteses de 32.58; no obstante, continúasiendo elevada y reflejando la situaciónde vulnerabilidad que se encuentra laciudadanía centroamericana. Al incorporarla variable geográfica, identificamos que elTriángulo Norte concentra el mayor número
Vale hacer una mención especial de aquellospaíses que muestran algunas peculiaridadescomo los países más violentos, los paísesque poseen la tasa más baja, y aquelen donde posee una tradición de bajosniveles de violencia homicida pero queprogresivamente se encuentra aumentando.El Salvador cerró con una tasa de 81homicidios por cada cien mil habitantes yun total de 5,280 muertes violentas en el año2016; 4,274, el 80.9%, de los homicidios fuecometido con arma de fuego. 77 Si las cifrasde muertes en general se comparan conlas obtenidas en el 2015, se identificará unareducción de 1,376 muertes, ya que dichoaño registró un total de 6,656 muertes.
Las muertes violentas en el año 2016corresponden a un 90% de Hombres, 9.9mujeres y un 0.1 cuyo sexo no pudo serdeterminado; Del total de muertes violentaregistradas en el referido año, 2,137 fueronjóvenes comprendidos de los 15 a 24 añosde edad. 78
Vale hacer notar que existen variacionessignificativas en cada año; lo que respondea un alza o baja de esquemas represivospromovidos desde el gobierno, cuyosresultados no son sostenibles.
44En Honduras, según el Observatorio delInstituto Universitario de Democracia, Paz ySeguridad (IUDPAS), de la Universidad NacionalAutónoma de Honduras (UNAH), la tasa dehomicidios para el año 2016 fue de 59.1por cada 100 mil habitantes 79, producto de5,150 homicidios. Al igual que El Salvador, losniveles de violencia parecen estar marcadoscon alzas y bajas abruptas. Honduras, hoy endía dejó de estar en la del país más violentode la región, sin embargo, es el segundo conmayores niveles de violencia homicida.
Por su parte Costa Rica, durante el 2017, almes de junio, contabilizó 270 homicidiossegún datos del Organismo de InvestigaciónJudicial (OIJ), lo cual supera en 20 muertesviolenta si se compara con el mismo periododel año 2016. En el país cerca del 70% delas víctimas asesinadas con arma de fuegoson hombres entre los 15 y 28 años, y quela mayoría de los perpetradores tambiénson masculinos, en ese mismo rango etario80. Al ritmo que va Costa Rica, continuará yprofundizará su tendencia al crecimiento dela violencia homicida.
En cambio Nicaragua, cerró el 2016 conuna tasa de homicidios por cada 100mil habitantes de 7, la tasa más baja deCentroamérica y Latinoamérica. La policíaregistró 454 casos de muertes violentas, delos cuales 405 de las víctimas fueron hombresy 48 mujeres. Contrario al año 2015 donde seregistraron 524 hechos que representan unadisminución de 70 muertes (53 hombresmuertos y 17 mujeres).
2.4 Violencia de género
Al describir la realidad en términos generalesy de manera particular las sociedades,identificamos una composición heterogéneadesde distintas variables: económica,cultural, política, social, etaria, física, entreotros. En principio no podemos aspirar a una
sociedad totalmente homogénea pero sía una sociedad que reduzca y elimine lasdesigualdades entre las personas.
La inequidad de género promovida porpatrones culturales patriarcales pone enun plano de vulnerabilidad a las mujeres ypoblación LGBTI. En ese marco, los Estadosde la región han promovido la creaciónde una legislación e institucionalidad quepermitan la reducción de las asimetríaspor género. A pesar de ello, no han dadolos resultados esperados y han creado unclima de confort entre los gobiernos, de estarsolucionando la problemática con la meraaprobación de legislación sin implementarla.Esta situación puede exacerbarse, cuandolos Estados se rigen por legislación lesiva a losderechos humanos, sexuales y reproductivosde la mujer, por ende promoviendo sudiscriminación.
2.4.1 Femicidios/feminicidios
La convivencia humana contemporánea ennúcleos familiares permite mayores nivelesde relacionamiento entre los que componendicho núcleo.
Al mismo tiempo, las relaciones humanassuponen la convergencia de diferentesheterogeneidades, y con ellas, diferenciasen donde las formas de resolución deconflictos que han sido fomentadas en laciudadanía conllevan a la imposición deuna de las partes del conflicto frente a laotra, y en algunas ocasiones, hasta llegaral aniquilamiento a pesar de que muchasdiferencias no son antagónicas.
Una cultura patriarcal promueve y catalizala imposición androcéntrica frente a otraspersonas con diferencias etarias, de géneroy económicas. En ese marco, es dabledescribir la violencia intrafamiliar en laregión centroamericana como uno de loselementos a considerar en el marco de lasagresiones contra la mujer y el principio de
45la mayoría de femicidios.
La violencia intrafamiliar, a nivel de la región,se caracteriza por considerarla cultural, esdecir, como parte de las costumbres delas sociedades. En las últimas décadas,los Estados han realizado esfuerzos porvisibilizar este tipo de violencia, para poderreconocer y abordar la problemática enlos marcos jurídicos. Las organizacionesno gubernamentales (ONGs) que trabajanel tema de derechos de las mujeres yprevención de violencia han realizadoesfuerzos para promover la cultura de ladenuncia en casos por violencia intrafamiliar.
A nivel denuncias durante el año 2016,en Honduras 81, el Sistema Nacional deEmergencias, mediante la línea 911, harecibido 3,233 denuncias de violenciadoméstica. Además, 4,653 denuncias porviolencia intrafamiliar, para un total de 7,886.Otra fuente de verificación de las denunciasson las registradas en el sistema judicialpor medio de los Juzgados de Paz, conpresencia en todos los municipios del país,en donde se recibieron 9,869 denunciasde violencia doméstica, de las cuales el96 % fue por maltrato a las mujeres. 82 Laviolencia doméstica es el segundo delitomás denunciado en este país.
En El Salvador, en el año 2016, la PolicíaNacional Civil registró un total de 1, 583denuncias por violencia intrafamiliar. Alcomparar los datos respecto al 2015, endonde se registraron 1,100 se identificaun significativo ascenso de 483 denunciasmás. 83
En Nicaragua, durante el año 2016, laPolicía reportó 2,026 denuncias de violenciaintrafamiliar. Mientras, que en Panamá,según cifras del Ministerio Público, de eneroa junio de 2017, se han contabilizado 8,107casos de violencia contra la mujer.
Se asume que El Salvador posee los índices
de violencia más elevados en la regióncentroamericana; no obstante, paísesque registran menores niveles de violenciaen general, poseen mayores niveles dedenuncia por violencia intrafamiliar.
Las muertes violentas hacia las mujeres,consideradas como femicidios estánbasadas en la violencia de género. Esdecir, que son muertes con saña hacia lasmujeres, por su condición de ser mujeres.A continuación, una tabla que evidenciala situación de los países de la región enrelación a las cifras de femicidios:
País Año 2014 Año 2015 Año2016
Guatemala 756 766 739
Honduras 453 478 468
El Salvador 294 575 524
Nicaragua 75 53 48
Costa Rica 22 58 24
Panamá 40 26 16
Centroamérica 1,640 1,925 1,819
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales.
En su conjunto, Centroamérica en el 2016reportó 1,819 muertes violentas de mujeres,lo que ha significado 106 muertes menosrespecto al 2015; pero 179 más si secomparan las cifras con el año 2014.
Panamá y Nicaragua son los países quemuestran una tendencia a la reducción delfemicidio; Honduras y Guatemala reflejanuna constante en las cifras; y Costa Ricaque evidencia ciclos de alza y baja. Para elcaso de El Salvador, se evidencian cambiosabruptos que sólo tienen explicación debidoal aumento y reducción de los homicidios engeneral en la medida en que se intensifica oreducen las medidas represivas por parte delEstado. Además, este país se vio influenciadopor un fenómeno social denominado treguaentre las maras y pandillas que se originó enel año 2012 y que afectó positivamente enla reducción de muertes de mujeres.
462.4.2 Violencia sexual
Es inherente a la persona humana la facultadpara auto gobernarse en su sexualidad. Lospaíses de la región coinciden en su mayoríasobre la edad para poder ejercer dichalibertad de forma plena. No obstante, losEstados protegen de forma absoluta a todasaquellas personas que por motivos etarioso que posean dificultades en su procesocognitivo que no le permita dimensionarentre lo bueno y lo malo, no otorgándolesla libertad sexual. El derecho en referenciase le denomina intangibilidad o indemnidadsexual.
Tanto la libertad sexual y la intangibilidadsexual son derechos que la legislación penalreconoce como bienes jurídicos que debeproteger. Así, todos los países de la regióncuentan con normativa que penalizan latrasgresión de los referidos derechos o bienesjurídicos. A manera de ejemplo, en Honduras,la legislación nacional vigente protege lalibertad sexual por medio de la creación ysanción de tipos penales como violación,lujuria, trata de personas, prostitución infantil yacoso; En El Salvador, el Código Penal regulauna serie de tipos penales que protegenla libertad sexual y la indemnidad de lasmujeres, entre los cuales están: violación,violación en menor o incapaz, acoso sexual,agresión sexual, agresión sexual en menor eincapaz, estupro, estupro por prevalimientoy otras agresiones sexuales. De igual forma,el resto de países de la región desarrollasus legislaciones penales para proteger losderechos o bienes jurídicos antes referidos.A pesar de existir la normativa para protegerlos derechos de las personas en este ámbitocontinúan siendo vulnerados sus derechoshumanos y fundamentales.
De forma específica, a nivel de casos dedenuncias por delitos relacionados a lalibertad sexual en El Salvador, la PolicíaNacional Civil, recibió 3,947 denuncias por
delitos sexuales en 2016, de las cuales, 1,873(47.45%) corresponden al delito de violaciónen menor e incapaz, seguido por el deestupro que registró 1,040 denuncias; 84 enel primero, las víctimas son menores de 15años y el segundo las víctimas son menoresde 18 años.
En Nicaragua, del total de denunciascometidas en contra de la mujer, alrededordel 23% son de tipo sexual. Por su parte elPrimer Informe del Estado de la Justiciaen Costa Rica, el 80% de las denunciaspor delitos sexuales son desestimadas85
generando un clima de impunidad que nopermiten la condena de los victimarios. Estose podría presentar debido a varias causas,tales como: el deficiente acompañamientode las denunciantes; amenazas y presioneshacia las víctimas; vulnerabilidad porestado etario; dependencia económica;y, revictimización que ocasiona el procesojudicial.
En Panamá, de acuerdo a datos del MinisterioPúblico de enero a julio 2017 se registraron222 casos de violación, 19 casos deviolación agravada, 211 casos de relacionesconsentidas en menores de edad, 14 casosagravados de relaciones con niños y niñas.
A pesar que Guatemala ha reducido losniveles de violencia y la tasa de homicidios,no ha sucedido de igual forma con lasagresiones sexuales lo que ha llevado a queen el 2015 se contabilizaran 8,245 casos, loque ha significado que, en promedio 687personas son abusadas sexualmente almes y 23 diarias, de las cuales 7,723 sonmujeres. 86
Como se puede apreciar, todos los Estadosde la región, reconocen en sus marcosjurídicos pertinentes, los delitos sexuales. Sinembargo, hace falta operatividad en lossistemas de justicia para poder garantizaruna adecuada reparación a las victimas
47más allá de la condena y el combate a laimpunidad en estos casos.
2.4.3 Violencia estructural
La violencia institucional que es cometidadirectamente por el aparato del Estados,es considerada como violencia estructuralya que a través de impulsar u omitir ciertasacciones vulneran derechos humanos de laspersonas bajo su jurisdicción. A continuación,se presenta un panorama acerca de laviolencia institucional relacionada al géneroen los países de la región centroamericana,en particular del aborto.
En Honduras se prohíbe el aborto, pues laConstitución de la República considera comopersona con derechos al nacido y al queestá por nacer. En el año 2017, movimientosfeministas nacionales, con el apoyo deorganizaciones internacionales, promovierone implementaron una campaña orientadaa la despenalización del aborto, por trescausales: (i) por violación sexual haciala mujer, (ii) por malformación del feto; y,(iii) por el riesgo de muerte de la mujer. Lapropuesta de ley fue sometida a votación enel Congreso Nacional, la cual no se aprobó.Varios organismos de derechos humanosnacionales e internacionales (entre ellos, elAlto Comisionado de las Naciones Unidasde Derechos Humanos) han reaccionadocon rechazo al Estado de Honduras por nopermitir a las mujeres decidir sobre su cuerpo,en el marco de dichas causales. Pese a ello,las organizaciones feministas y de derechoshumanos en el país, afirman que sí se realizanabortos de forma clandestina, de mujeres ofamiliares que pueden pagar por ese tipo deservicios médicos, hasta ahora ilegales enHonduras.
En El Salvador, desde 1998, se eliminó elsistema de indicaciones a la interrupcióndel embarazo, con lo que penalizóabsolutamente el aborto, transgrediendo
y desprotegiendo los derechos humanos yfundamentales de las mujeres en gestación.
Lo anterior genera que muchas mujeressean condenadas por tener abortos extrahospitalarios donde su salud y vida hanestado en riesgo. Evelyn Beatriz HernándezCruz, de 19 años, fue condenada por elTribunal de Sentencia de Cojutepeque,departamento de Cuscatlán, a 30 añosde prisión por homicidio agravado, trashaber tenido un aborto extra hospitalarioen donde su salud estuvo en riesgo. Elcaso fue acompañado por la Fundaciónde Estudios para la Aplicación del Derecho(FESPAD) y actualmente, se ha impugnadola sentencia de primera instancia y se estáa la espera de la resolución del recurso. Enoctubre 2016 fue presentada una propuestade reforma al Código Penal que pretendeintroducir indicaciones para la interrupcióndel aborto con las que se despenalizaría elaborto terapéutico, el aborto eugenésico y elaborto ético. La Colectiva Feminista para elDesarrollo Local, junto a FESPAD dio a conocerlos resultados de la encuesta realizada porUntold Research. Los resultados reflejan uncambio en la percepción de la sociedaden torno al tema, el 79% de los encuestadosconsidera que las mujeres deberíantener un aborto cuando el embarazo esmédicamente inviable; así mismo, un 58%opinó que las mujeres deberían poderinterrumpir su embarazo cuando su salud yvida están en riesgo; en ese mismo sentido,la mayoría de los votantes (60%) consideranque las Leyes de El Salvador en materia deaborto deberían modificarse. 87
Al igual que El Salvador, en Nicaraguase penaliza el aborto de forma absolutadesde el año 2006. En consecuencia, sele es negada a las mujeres la facultad dedecidir incluso si su vida se encuentra enpeligro. Además, en Nicaragua existe unaprohibición absoluta del aborto aun cuandola mujer gestante se encuentre en riesgo su
48vida; dicha prohibición sin ningún tipo deexcepción se encuentra regulada en la Ley641 del año 2006, ello genera una trasgresióna los derechos humanos y fundamentales.
En Costa Rica se penaliza el aborto; de maneraexcepcional, la legislación penal permita lainterrupción del embarazo mediante unalista de indicaciones. No obstante, en elsistema de salud no procede a interrumpir elembarazo en los casos que ameriten debidoa la ausencia de un reglamento o protocoloque desarrolle las excepciones planteadasen la ley penal.
En Guatemala el aborto se encuentrapenalizado y sólo es permitido para salvar lavida de la madre según los artículos 133 al139 del Código Penal; dicha excepción esinoperante por los mecanismos establecidospor la legislación penal y por una culturaantiabortiva generalizada; a tal punto quelas iniciativas de ley que se promueven sonpara agravar las penas en el delito de abortoy otros conexos, al igual que en El Salvador.
En Panamá el aborto continúa siendotipificado en el Código Penal comocomo delito (Art. 142 y siguientes), sinembargo, contempla formalmente algunasindicaciones a la interrupción del embarazo,cuando la vida de la mujer gestante seencuentre en peligro y cuando el embarazotenga su origen en una violación.
Los sistemas normativos de la regióncentroamericana adoptan legislacionespenales que transgreden los derechoshumanos de las mujeres en situación degestación, en su mayoría penalizan el abortode manera absoluta como El Salvador,Nicaragua y Honduras; o aquellos países queplantean algunas excepciones formalmenteen sus sistemas normativos pero sin ningunaaplicación práctica por algún factor comolo es el caso de Costa Rica y Guatemala.En el caso de Panamá que a pesar de que
plantea dos indicaciones a la interrupcióndel embarazo, estas deberían ir progresandoa manera que se garanticen los derechosfundamentales de las mujeres.
En la región, existen diferentes movimientosfeministas y de derechos humanosdemandantes de la despenalización delaborto, en el marco del derecho de lasmujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sinembargo, sus demandas aún no han tenidoresultados positivos en los Estados.
2.4.4 Agresiones a la población LGBTI
Uno de los sectores mayormente vulneradosen la región centroamericana, son lospertenecientes a la comunidad de lesbianas,gays, bisexuales y transgénero e intersexuales(LGTBI). Esto se debe principalmente a ladiscriminación, intolerancia de la sociedad,falta de inclusión dentro de las normativasnacionales, esquema cultural patriarcal,impunidad frente a crímenes de odio, entreotras.
En Honduras, la violencia homofóbica es unproblema gravemente extendido en el país.La CIDH recibió denuncias de 174 asesinatosde lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero e intersexo, perpetrados entre2009 y 2014 por motivos de orientaciónsexual. En agosto de 2013, el gobierno creóuna unidad especial dentro del MinisterioPúblico que se ocuparía de investigar yperseguir penalmente asesinatos de laspersonas LGTBI y de otros grupos vulnerables.Según estadísticas oficiales, 10 personashabían sido condenadas por estos delitoshasta octubre de 2014, y se habían iniciado42 causas judiciales”. 88
Entre el 2009 y el mes de mayo del 2017,unos 28089 miembros de la comunidad LGTBIfueron asesinados. El 25 de enero de 2016, ladefensora de derechos humanos Sra. Paola
49Barraza, defensora trans y dirigente de laAsociación LGTB Arcoíris, fue asesinada porpersonas no identificadas frente a su hogaren el barrio de Lempira, en Comayagüela.El 24 de enero de 2016, aproximadamentea las 20:00 horas, la defensora de derechoshumanos estaba en su casa cuandopersonas no identificadas tocaron la puerta yle pidieron que saliera. Cuando Paola Barrazaabrió la puerta, le dispararon tres veces en lacabeza y dos veces en el pecho, causándolela muerte. Paola Barraza había sido atacadaanteriormente en conexión con su trabajopor los derechos LGTBI. El 15 de agosto de2015, hombres no identificados le dispararonvarias veces en las proximidades de lasoficinas de la Asociación LGTB Arcoiris. Sufriólesiones graves en dicho ataque. 90
En El Salvador, en septiembre 2015, lacomunidad LGBTI alcanzó una victoria,ya que se logró que en la normativa seincrementara la pena por la comisión deldelito de crímenes de odio en casos deasesinatos y amenazas basadas en laorientación sexual y la identidad de género.Actualmente, diferentes organizaciones de lacomunidad elaboran una propuesta de “Leyde Identidad” con el propósito de reducirlos niveles de discriminación que enfrentaeste sector. Si bien la Procuraduría para laDefensa de los Derechos Humanos de ElSalvador ha denunciado ciertos casos deviolencia y discriminación contra miembrosde la comunidad LGBTI, no hay datosoficiales sobre crímenes de odio o violenciamotivada por el prejuicio contra este grupopoblacional. Así lo ha denunciado WilliamHernández, el director de la organización LGBTAsociación Entre Amigos, quien manifiestóque 500 personas LGBT han sido asesinadasen El Salvador desde el 1999. El estimado sederiva de un análisis llevado a cabo a nivelnacional por organizaciones de la sociedadcivil.91 En mayo de 2016, “Toñita” una mujertrans fue asesinada en el departamento de
San Miguel, tras haber participado en unamarcha para reivindicar sus derechos; 92Deigual forma, dos trans fueron asesinadosen el barrio El Centro, en San Luis Talpa,departamento de La Paz, identificados porsus documentos de identidad como RonyAlexander Orellana, de 22 años, y DanielAntonio Rodríguez Hernández, de 29. 93
En Guatemala, las demandas de lacomunidad LGBTI al igual que en el resto depaíses de la región giran en torno al respeto,igualdad, acceso al derecho de la familia, asu identidad de género, apoyo en coberturade gastos por enfermedades, la aprobaciónde normativa que penaliza los crímenes deodio, entre otras. En el 2016, la Procuraduríade Derechos Humanos (PDH), recibió 14denuncias por discriminación, solamente enel municipio de Guatemala. Por su parte laUnidad contra Delitos de Discriminación de laFiscalía de Derechos Humanos del MinisterioPúblico (MP), registraron 25 denuncias. 94
La Constitución Política de Nicaragua,establece en su artículo 27 el derecho a laigualdad, refiriendo que, no puede haberdiscriminación por motivos de nacimiento,nacionalidad, credo político, raza, sexo,idioma religión, opinión, origen, posicióneconómica o condición social. A pesar de losavances en los derechos de la comunidadLGTBI, se registran violaciones a sus derechos,hechos de discriminación y agresión,principalmente en las personas trans quienesdemandan la inclusión y reconocimientocomo mujeres u hombres por parte delEstado y la sociedad a través de una Leyde Identidad de Género; acceso a unaeducación de calidad; que no se excluyaa las personas trans en centros educativosrespetando su identidad de género; ademásexigen un trato adecuado en el sistema desalud.
Costa Rica, es uno de los países de laregión que ha mostrado más avances
50respecto al resto de países en materia dereconocimiento y protección de los derechosde la comunidad LGBTI, muestra de ellos esque, en 2015, el gobierno emitió un decretopara eliminar todo tipo de discriminación ensus instituciones, la Caja Costarricense delSeguro Social le dio el beneficio del seguroa las parejas del mismo sexo. La mismainstitución, en el 2016, extendió el beneficiode pensión por muerte. No obstante,continúa sin reconocerse por medio de unaley el matrimonio igualitario.
En cuanto a los derechos laborales unaencuesta elaborada por la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) refiere que un28% de los entrevistados en las empresas hapresenciado algún tipo de discriminación o
agresión por orientación sexual o identidadde género en el trabajo; entre los principalesfactores de discriminación y agresión queenunciaron los encuestados se encuentra laforma de vestir (entre 33% y 44%), el aspectofísico (entre 25% y 40%) y comportarse muyfemenino siendo hombre (entre 24% y 28%).
Se puede observar que en materia de respetode derechos humanos de la comunidadLGTBI, algunos medios de comunicación yla región a través de sus representantes, hanfomentado en la sociedad, una cultura dediscriminación y reforzado ideas machistasque exponen a la comunidad LGTBI a servíctimas de violencia. Aunado a ello, latolerancia e indiferencia del Estado frente adiscursos de odio revictimiza a las personasLGTBI, frente a escenarios de impunidad.
El caso más grave en cuanto a feminicidios se refiere es el de Guatemala, tomandoen cuenta: a) que en los últimos años ha registrado una significativa reducción de loshomicidios en general; b) se ha colocado en la tercera posición respecto al resto depaíses de Centroamérica en cuanto a violencia; y c) es el menos violento delTriángulo Norte. No obstante, es el primero en cuanto a feminicidios a nivel regional,lo que evidencia una alta vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeresguatemaltecas.
51
La región centroamericana enfrenta nivelesde violencia elevados, vulnerando con elloel derecho a la seguridad de la ciudadaníaen general. La violencia homicida coloca ala región y de manera particular al TriánguloNorte como una de las más violentas.Tanto Nicaragua, Panamá y Costa Ricaregistran las cifras más bajas en homicidios;para el caso de Costa Rica preocupa queprogresivamente se encuentre subiendo losniveles de violencia.
Tanto aquellos países con niveles de violenciaelevados y aquellos que registran menoresniveles tienen una tendencia a militarizara la sociedad, aceptando entrenamientode potencias militares a nivel mundial,permitiendo la presencia de bases militaresen la región, manteniendo y aumentandoel número de efectivos militares en tareasde seguridad, promoviendo la seguridadprivada y aumentando el número de armasen la población civil. Todo con el enfoqueequivocado de solucionar militarmente unfenómeno social.
Las políticas de seguridad de los Estados noson integrales, al no partir de la premisa deque la violencia es multicausal y por endegeneradora de muchos efectos. Por lo tanto,al no enmarcarse estratégicamente en estadirección, su impacto positivo es limitado,los gastos son altos y los resultados son pocosostenibles.
Los Estados cuentan con marcos jurídicospara la protección de los derechos delas mujeres. No obstante, se observa unadebilidad institucional para el acceso a la
justicia de las mismas o de sus familiarescercanos, en el caso de las víctimas deviolencia feminicida, en mayor media enGuatemala.
De igual forma, la libertad sexual y laindemnidad son bienes jurídicos protegidospor la legislación penal; no obstante,las mujeres continúan siendo objeto deagresiones sexuales, irónicamente, enaquellos países que se registran menos nivelesde violencia en general, las transgresionesa la libertad sexual superan la violenciahomicida, como en Nicaragua, Costa Ricay Panamá.
Los Estados abandonaron la concepciónlaica o secular en materia del aborto,al adoptar modelos conservadores conprejuicios religiosos en sus sistemas normativosal penalizar de forma absoluta el abortocomo en el caso de Honduras, Nicaraguay El Salvador, de igual forma, estableciendoexcepciones que en la práctica soninoperantes como sucede en Costa Ricay Guatemala o regulando excepciones deforma limitada que no garantizan de formaplena los derechos de las mujeres como enPanamá.
La región muestra pocos avances enmateria de derechos de la comunidadLGBTI reconocidos en sus sistemas jurídicos.La institucionalidad no permite la efectivaprotección de este grupo poblacional y peoraún en aquellos países donde ni siquieraexiste registro de las agresiones cometidascontra este sector como en El Salvador.
Conclusiónes
La región centroamericana enfrenta nivelesde violencia elevados, vulnerando con elloel derecho a la seguridad de la ciudadaníaen general. La violencia homicida coloca ala región y de manera particular al TriánguloNorte como una de las más violentas.Tanto Nicaragua, Panamá y Costa Ricaregistran las cifras más bajas en homicidios;para el caso de Costa Rica preocupa queprogresivamente se encuentre subiendo losniveles de violencia.
Tanto aquellos países con niveles de violenciaelevados y aquellos que registran menoresniveles tienen una tendencia a militarizara la sociedad, aceptando entrenamientode potencias militares a nivel mundial,permitiendo la presencia de bases militaresen la región, manteniendo y aumentandoel número de efectivos militares en tareasde seguridad, promoviendo la seguridadprivada y aumentando el número de armasen la población civil. Todo con el enfoqueequivocado de solucionar militarmente unfenómeno social.
Las políticas de seguridad de los Estados noson integrales, al no partir de la premisa deque la violencia es multicausal y por endegeneradora de muchos efectos. Por lo tanto,al no enmarcarse estratégicamente en estadirección, su impacto positivo es limitado,los gastos son altos y los resultados son pocosostenibles.
Los Estados cuentan con marcos jurídicospara la protección de los derechos delas mujeres. No obstante, se observa unadebilidad institucional para el acceso a la
justicia de las mismas o de sus familiarescercanos, en el caso de las víctimas deviolencia feminicida, en mayor media enGuatemala.
De igual forma, la libertad sexual y laindemnidad son bienes jurídicos protegidospor la legislación penal; no obstante,las mujeres continúan siendo objeto deagresiones sexuales, irónicamente, enaquellos países que se registran menos nivelesde violencia en general, las transgresionesa la libertad sexual superan la violenciahomicida, como en Nicaragua, Costa Ricay Panamá.
Los Estados abandonaron la concepciónlaica o secular en materia del aborto,al adoptar modelos conservadores conprejuicios religiosos en sus sistemas normativosal penalizar de forma absoluta el abortocomo en el caso de Honduras, Nicaraguay El Salvador, de igual forma, estableciendoexcepciones que en la práctica soninoperantes como sucede en Costa Ricay Guatemala o regulando excepciones deforma limitada que no garantizan de formaplena los derechos de las mujeres como enPanamá.
La región muestra pocos avances enmateria de derechos de la comunidadLGBTI reconocidos en sus sistemas jurídicos.La institucionalidad no permite la efectivaprotección de este grupo poblacional y peoraún en aquellos países donde ni siquieraexiste registro de las agresiones cometidascontra este sector como en El Salvador.
Conclusiónes
52
Los Estados deben evaluar y redefinir susestrategias de seguridad en función deenfocarse a la diversidad de causas, sobretodo las estructurales, que están generandolas violencias. En aquellos países dondeexistan políticas con un enfoque integral en elplano teórico se debe promover llevarlo a lapráctica, acompañado de mayor inversiónsocial dirigido a sectores en situación devulnerabilidad y fortalecer los programas deprevención y resocialización.
Se debe avanzar en el reconocimiento,aplicación y ampliación de los derechoshumanos de la comunidad LGBTI y mujeres,en los sistemas normativos internos; para elcaso se deben de aprobar las normativasnecesarias. Se necesita mayor coordinacióninterinstitucional en el sistema de justiciapara tener un mayor impacto en el acceso alderecho a la justicia de parte de las mujeresy comunidad LGBTI, o de sus familiares en elcaso de las víctimas de femicidios. Más allá
de los cambios normativos deben promovercambios culturales por medio de una fuertecampaña de educación y sensibilización; losplanes de estudio deben de ser adecuadospara tal efecto.
La violencia estructural contra la mujer debede cesar. Los parlamentos de El Salvador,Nicaragua y Honduras deben de aprobarun sistema de excepciones o indicacionesal aborto con el propósito de garantizar deforma efectiva los derechos de las mujeres ydotar de seguridad jurídica a todos los actoresque participan o se vinculan en el procesode gestación. El congreso guatemaltecodebe de facilitar los procedimientos paraque una mujer pueda adecuarse al supuestojurídico que permite la única excepción alaborto, además, debe de ampliar la lista deindicaciones al igual que en Panamá. CostaRica debe de crear un reglamento parahacer efectivas las excepciones planteadasen la legislación penal.
RecomendacionesLos Estados deben evaluar y redefinir susestrategias de seguridad en función deenfocarse a la diversidad de causas, sobretodo las estructurales, que están generandolas violencias. En aquellos países dondeexistan políticas con un enfoque integral en elplano teórico se debe promover llevarlo a lapráctica, acompañado de mayor inversiónsocial dirigido a sectores en situación devulnerabilidad y fortalecer los programas deprevención y resocialización.
Se debe avanzar en el reconocimiento,aplicación y ampliación de los derechoshumanos de la comunidad LGBTI y mujeres,en los sistemas normativos internos; para elcaso se deben de aprobar las normativasnecesarias. Se necesita mayor coordinacióninterinstitucional en el sistema de justiciapara tener un mayor impacto en el acceso alderecho a la justicia de parte de las mujeresy comunidad LGBTI, o de sus familiares en elcaso de las víctimas de femicidios. Más allá
de los cambios normativos deben promovercambios culturales por medio de una fuertecampaña de educación y sensibilización; losplanes de estudio deben de ser adecuadospara tal efecto.
La violencia estructural contra la mujer debede cesar. Los parlamentos de El Salvador,Nicaragua y Honduras deben de aprobarun sistema de excepciones o indicacionesal aborto con el propósito de garantizar deforma efectiva los derechos de las mujeres ydotar de seguridad jurídica a todos los actoresque participan o se vinculan en el procesode gestación. El congreso guatemaltecodebe de facilitar los procedimientos paraque una mujer pueda adecuarse al supuestojurídico que permite la única excepción alaborto, además, debe de ampliar la lista deindicaciones al igual que en Panamá. CostaRica debe de crear un reglamento parahacer efectivas las excepciones planteadasen la legislación penal.
Recomendaciones
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La mayoría de países a nivel mundialenfocan sus esfuerzos en el crecimientoeconómico, sosteniendo que como actoreflejo se impulsa el desarrollo humano.Dicha creencia economicista ha llevado a laprecarización de la vida de la mayoría de laspersonas, a generar brechas de desigualdadmás profundas y a concentrar la riqueza.
A pesar de que los países experimentencrecimiento económico, las condicionesmateriales de existencia para las personascontinúan siendo, en el mejor de los casos,similares, o afectando negativamente a lagran mayoría de personas.
En 2016 la economía mundial se expandióun 2,2%; respecto al 2015 se redujo en unos0,3 puntos porcentuales. No obstante, laregión centroamericana continuó mostrandoun desempeño aceptable en 2016 (3.9 %).
A pesar de que la región en su conjuntocreció de forma aceptable, no se hangenerado condiciones para el goce delos derechos humanos en general y de losderechos económicos, sociales y culturalesen particular.
CAPÍTULO IIIPOBREZA Y DESARROLLO HUMANO Una de las formas para combatir la pobreza
por medio de la distribución equitativade la riqueza es la obtención de recursospor parte del Estado para ser orientadosen beneficios sociales destinados a laspersonas históricamente en situación devulnerabilidad o protegiéndolos por mediode subsidios orientados de forma efectivaen bienes de primera necesidad; de igualforma, la redistribución puede generarse,dotando de mayor capacidad adquisitivaa la ciudadanía por medio de incrementossalariales.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es unindicador compuesto por distintos elementosque mide los avances promedio de un paísen función de tres dimensiones del desarrollohumano: vivir una vida larga y saludable,disponer de educación y tener un nivel devida digno. En ese marco, el Programa deNaciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)los agrupa en cuatro categorías, los paísescon desarrollo humano muy alto, desarrollohumano alto, desarrollo humano medio y lospaíses con desarrollo humano bajo; además,les coloca en una posición respecto al restode países evaluados, en donde Noruegaostenta la posición 1 como mejor evaluado yla República Centroafricana con la posición188 como el peor evaluado, en el año 2015.
La mayoría de países de la región (ElSalvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras)son ponderados con un desarrollo humanomedio, cuya posición respecto al resto depaíses evaluados oscila entre la 117 y la 130,para el 2015; solamente Panamá y CostaRica han sido evaluados como países condesarrollo humano alto, con una posición de60 y 66 respectivamente.
3.1 Índice de pobreza y de desarrollohumano
Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
2015-201695 en porcentajePaís 2015 2016
El Salvador 2,5 2,2Guatemala 4,1 3,3Honduras 3,6 3,5Nicaragua 4,9 4,8Panamá 5,8 5,2
Costa Rica 3,7 4,1Promedio
centroamericano 4.1 3.9
Cuadro propio datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
54
En promedio, el valor del IDH dado a lospaíses centroamericanos para el 2015 esde 0.692. Si Centroamérica fuera calificadacomo región, tomando como parámetroel promedio del valor del IDH para el 2015de los países que componen el istmo, fueraponderada con un desarrollo humanomedio, obteniendo la posición 111 entre lalista de los 180 países evaluados por el PNUD.
Si se compara la posición de los paísesentre el año 2012 y 2015 se identificará quePanamá. Costa Rica, El Salvador y Hondurashan registrado un deterioro en el desarrollohumano. Guatemala y Nicaragua hanmejorado su calificación en 5 posiciones
cada uno, en el referido período. Noobstante, si Nicaragua es evaluada a partirde la posición registrada en el 2006 seidentificará que retrocedió 12 puestos; elretroceso se registra en varios aspectos: nivelde pobreza, educación y desigualdad.
La desigualdad es propia del modode producción capitalista y el modeloeconómico neoliberal corporativista yadoptado por los países de la región, y porende, crean sociedades cada día menoshomogéneas en el IDH. En consecuencia,cada vez es más impreciso evaluar eldesarrollo humano de una sociedad conniveles de desigualdad como los registradosen Centroamérica.
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 96
PaísCalifi cación según posición respecto al resto de países evaluados Valor
2015Califi cación 2012 2013 2014 2015
Panamá
Desarrollo humano alto
59 65 60 60 0,788
Costa Rica 62 68 69 66 0,776
El Salvador
Desarrollo humano medio
107 115 116 117 0,680Nicaragua 129 132 125 124 0,645Guatemala 133 125 128 125 0,640Honduras 120 129 131 130 0,625Promedio
centroamericanoDesarrollo humano medio 111 0.692
Fuente: Cuadro propio con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2016, 2015, 2014 y 2013 del PNUD.
Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad (IDH-D) 2015
PaísValor
(IDH)
Valor
(IDH-D)
Diferencia en el valor
(IDH y IDH-D)Pérdida total (%)
Panamá 0,788 0,614 0,174 22,0Costa Rica 0,776 0,628 0,148 19,1El Salvador 0,680 0,529 0,151 22,2Nicaragua 0,645 0,479 0,166 25,8Guatemala 0,640 0,450 0,190 29,6Honduras 0,625 0,443 0,182 29,2
Fuente: Cuadro propio con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2016, 2015, 2014 y 2013 del PNUD.
55Es necesario incorporar la variabledesigualdad al momento de evaluarel desarrollo humano en cada país. Alcomparar los valores del IDH e Índice deDesarrollo Humano por Desigualdad (IDH–D),se identificará disminución en el desarrollohumano en la región.
Todos los países de la región registran fuertesniveles de desigualdad que los lleva a tenerpérdidas en la evaluación realizada por elPNUD que oscilan entre el 19,1 % al 29,6 %.
Otra de las formas para evaluar los niveles
de desigualdad a partir de la calificaciónrealizada por el índice de Gini que midehasta qué punto la distribución del ingreso(o, en algunos casos, el gasto de consumo)entre individuos u hogares dentro de unaeconomía se aleja de una distribuciónperfectamente equitativa. Así, un índice deGini de 0 representa una equidad perfecta,mientras que un índice de 100 representauna inequidad perfecta97. Lo anterior, resultaimportante realizar un análisis comparativorespecto a otras variables como elcrecimiento económico y el IDH.
En 2016 la economía mundial se expandióun 2,2%;98 si es comparado con cada unode los países de la región se identificaráque el crecimiento económico fue mayor alregistrado a nivel mundial, a excepción de ElSalvador quien registró un crecimiento igual.
Para los análisis economicistas dichas cifrasson alentadoras para cada uno de los países;pero cuando se incorpora la variable desarrollohumano tanto Honduras, Guatemala,Nicaragua y El Salvador son calificados conun IDH medio a pesar de que el crecimientoeconómico superó el promedio mundial.
Tanto Panamá como Costa Rica registranun crecimiento económico importante y
obtienen las mejores calificaciones enCentroamérica como un IDH alto, pero sonpaíses que registran niveles de desigualdadimpresionantes al tomar como parámetro elíndice de Gini.
En contraste, el desempeño económicoregistrado en Centroamérica es importante;no obstante, los países no mejoran eldesarrollo humano de la ciudadanía; lamayoría de los países son evaluados con undesarrollo humano medio, pero por debajode la media a nivel mundial. Aquellos paísesque registran un desarrollo humano alto enla región, poseen niveles de desigualdadgenerados desde su misma formacióneconómica y social.
Crecimiento económico vs. IDH vs. Desigualdad
País Tasa de crecimiento delPIB 2016
Califi cación IDH delPNUD
Índice de Gini
2015Panamá 5,2 Desarrollo humano alto 51
Costa Rica 4,1 Desarrollo humano alto 48,2El
Salvador 2,2 Desarrollo humano medio 40,8
Nicaragua 4,8 Desarrollo humano medio 46,6Guatemala 3,3 Desarrollo humano medio 48,7Honduras 3,5 Desarrollo humano medio 50,1
Cuadro propio; Tasa de crecimiento: CEPAL; Califi cación IDH: PNUD; Índice de Gini: Banco Mundial
56
En la región, la pobreza es la causafundamental de la inseguridad alimentaria,causada por el desempleo o ingresosinsuficientes que no permite adquirir losalimentos necesarios y los objetos materialespara dignificar la vida humana; lo anterior,a pesar de que los datos y proyeccionesmacroeconómicas señalen crecimiento enlos países centroamericanos99. El problemade muchos centroamericanos en situaciónde pobreza es que la mayor parte o latotalidad de su trabajo y de sus ingresos alo sumo alcanza para cubrir las necesidadesbásicas de alimentación. No tienencapacidad de reserva para hacer frente alos ciclos económicos de alza de precios,la falta de trabajo, la falta de alimentoscomplementarios, recreación, entre otroselementos a tomar en cuenta para dignificarla existencia humana.
Según datos de la Organización de lasNaciones Unidas para la Alimentación y laAgricultura (FAO), Nicaragua, Guatemalay Honduras tienen las cifras más altas deinseguridad alimentaria en Latinoamérica.
La mayoría de la población en situaciónde pobreza la única posibilidad que tienenpara detener o superar la crisis en la quese encuentra es acceder a un empleo;no obstante, los bajos salarios no permitengenerar mayores cambios en los hogarescentroamericanos.
Respecto del empleo y salarios, esimportante mencionar que la falta deestadísticas disponibles al público en variospaíses de la región impone restriccionesal análisis coyuntural. En los países no haysuficientes cifras oficiales actualizadas ycomparables para indicadores clavescomo la tasa global de participación en el
mercado laboral, la tasa de ocupación y latasa de desocupación. De igual manera,no hay información oportuna disponiblepara el análisis de los salarios mínimos, lossalarios medios de cotizantes a sistemasde seguridad social y otros ingresos de lostrabajadores. Por ejemplo, en Nicaragua losdatos sobre el mercado laboral se obtienena través de la Encuesta Continua de Hogares(ECH) y la última actualización de la encuestadisponible al público corresponde al cuartotrimestre de 2012. En los casos de El Salvadory Honduras, las fuentes de información máscompletas son sus respectivas Encuestasde Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM),que son anuales. En Honduras se publicael informe durante el segundo semestre delaño en curso, mientras que en El Salvador losdatos están disponibles el año posterior a larealización de las entrevistas.
De acuerdo a información recopilada defuentes públicas oficiales, en el periodo 2016al 2017, Panamá registra el salario mínimomás alto de Centroamérica y Costa Rica tieneel asalario mínimo promedio más elevadode la región, mientras que Nicaragua registralos valores de salario mínimos más bajo detoda el área.
Desde la formulación, establecimientoy aprobación de los salarios (mínimo)en la región, se realiza con un enfoqueestrictamente economicista, abandonandola idea de la generación de ingresosnecesarios por medio del trabajo que permitala concreción del derecho al trabajo digno yvida digna; con ello, el enfoque de derechoshumanos es obviado.
En cada país, la escala del salario mínimodepende del tipo o categoría de industria,sector económico al que pertenece, lazona geográfica en la que está ubicadauna empresa determinada, la cantidad deempleados con que cuenta una empresa,entre otros. En muchos casos, se verificó que
3.2 Poder adquisitivo y nivel de vidaadecuado
57los salarios mínimos son más altos para lostrabajadores del sector industria y serviciosen relación a los salarios de los trabajadoresdel sector agrícola. De manera particular,el sector de industria textil no otorga salariosdignos a sus empleados a pesar de queen todos los países este sector goza debeneficios tributarios.
A pesar de la similitud respecto de lacategorización para el establecimiento delos montos, a excepción de Panamá, existendiferencias entre los países con relación dequé industria o sector económico paga elsalario mínimo más alto.
Por ejemplo, en Guatemala los agricultorestienen un salario mínimo más alto quelos trabajadores textiles, mientras que, enEl Salvador y Honduras, los trabajadores
CUADRO COMPARATIVO DE SALARIO MINIMO Y COSTO DE LACANASTA BASICA (2016)
País Salario MínimoPromedio (SMP)
(Dólares x mes)
Canasta Básica
Costo en Dólares
SMP vs. CBA
Guatemala 384.17 558.39
(CB Alimentaria)
-174.22
El Salvador 302.16 399.98
(CB Ampliada)
-97.82
Honduras 344.55 378.16
(CB Amplia)
-33.61
Nicaragua 179.13 427.00
(CB Amplia)
-247.87
Costa Rica 642.24 174.48
(CB Ampliada)
467.76
Panamá 603, 26 615.58
(CB Ampliada)
-12.32
Fuente: Cuadro propio, datos ofi ciales
agrícolas ganan un salario mínimo menoren comparación con los trabajadores delas maquiladoras, el sector financiero y lasindustrias de servicios.
En Costa Rica, para el establecimientodel salario mínimo incorpora la variableconcerniente a la educación del trabajador otrabajadora. En los demás países se relacionacon el sector de actividad desempeñada ocon la localización geográfica de la fuentede trabajo. En Guatemala, la Cámara deIndustria de Guatemala (CIG) realizó unestudio sobre el promedio de los salarios deacuerdo a la escolaridad, resultando que amenor escolaridad menor salario, oscilandoentre $107.00 y $545.00. No obstante, lavariable sobre la educación no es parámetropara el establecimiento del salario mínimo.
58Previo a realizar un análisis sobre el cuadroanterior, corresponde hacer algunasaclaraciones. En el cuadro se utilizan trescategorías sobre la canasta básica, asaber: la Canasta Básica Alimentaria, comoel conjunto de alimentos, expresados encantidades suficientes para satisfacer lasnecesidades de consumo en calorías de unhogar promedio en cada país; La CanastaBásica Ampliada, definida como la suma dedos canastas básicas alimentarias, lo anteriorpermite tener una aproximación al costode la vida y no se limita a las necesidadesalimenticias de una familia; además se hacereferencia al concepto de Canasta BásicaAmplia ya que se encuentra compuestapor alimentos y agrega otros elementoscomo servicios o necesidades básica noalimentarias, esta categoría se le asigna a lamedición que realiza Nicaragua y Honduras.
A pesar de los ajustes realizados a los salariosmínimos, en cada uno de los países, éstoscontinúan siendo insuficientes para cubrir elcosto de la vida, tomando como parámetrola Canasta Básica expresada en las diferentescategorías enunciadas con antelación.
A pesar de que el cuadro expresa el salariopromedio que reciben los ciudadanosen cada uno de sus países, aún continúaexistiendo una diferencia importante respectoal costo de la vida. La diferencia fuese másdramática si el parámetro de comparaciónse realizara a partir del salario mínimo o elmenor de los salarios mínimos en cada país.
Además, se debe de tomar en cuenta quela medición que los países hacen sobre lascanastas básicas en la mayoría de los casosparte de un problema de origen, a saber:1) hace una distinción equivocada sobre elcosto de la vida en la zona rural y urbana,utilizando criterios medievales en los procesosproductivos y elementos que orbitan enlos mismos; 2) La unidad de medida paradeterminar el valor de la canasta básica
(valor determinado por calorías) es diferentea la unidad de medida con las que seadquieren los productos de la canastabásica en el mercado (valor determinado porlibras o kilos); y 3) la canasta básica no estánconsiderados todos los alimentos necesarios;además, no se incluyen y por ende no secuantifican bienes o servicios para que unapersona se desarrolle de forma plena. Si seretomaran los elementos considerados conantelación, el valor de la canasta básicase aumentaría de forma considerable y seaproximaría a objetivar de mejor manerael costo de la vida. Un caso evidente de loanteriormente expresado es el de Costa Ricaquien posee exclusivamente un reducidonúmero de alimentos como componentesde la canasta básica y su valor económicoes determinado por la cantidad de caloríasnecesarias en una familia promedio.
En el caso de Costa Rica y El Salvadortienen dos tipos de CBA: rural y urbana, y porconsiguiente el valor establecido para cadauna de ellas tiene una diferencia atendiendoa criterios geográficos, en El Salvador de$285.02 para la zona rural y de $ 399.98100
para la urbana; en Costa Rica la rural en$145.58 y la urbana en $174.48.
El cuadro anterior nos evidencia la referidainsuficiencia para poder adquirir en sutotalidad la Canasta Básica, esto sin tomaren cuenta lo cuestionable que resultaser la composición de la canasta básicaalimentaria, que no responde a las verdaderasnecesidades básicas ni en contenido ni encalidad, por ejemplo en El Salvador la CBARural cuenta con 13 alimentos y la CBAUrbana con 15 productos alimenticios.
Se puede observar que la mayoría de lapoblación no cuenta con ingresos suficientespara poder satisfacer sus necesidadesbásicas de subsistencia y mejorar su calidadde vida. No obstante, los ingresos obtenidospor el promedio de la población costarricense
59cubren el valor dado a la Canasta BásicaAmpliada, si se toma como base los datosoficiales respecto al valor de la misma.
En su orden, Nicaragua, Guatemala y ElSalvador expresan la diferencia más alta dela región, en lo que respecta a los ingresosobtenidos vía salarios y el costo de la CanastaBásica; el primero posee una diferencia de $247.87, el segundo de $ 174.22 y el tercerode $ 97.82. No debe pasar inadvertido, quepara el caso de Nicaragua la diferenciaes significativo pero existe una mediciónaproximada al costo de la vida expresada enla canasta básica, ya que está compuestapor alimentos, servicios, productos de usopersonales, entre otros. En sentido contrarioes el caso de Guatemala que expresaúnicamente el valor determinado por losalimentos que la componen.
3.3 Impacto de las industrias extractivas,megaproyectos y monocultivos
En Centroamérica, las industrias extractivascontinúan depredando los recursos naturalesde la región, generando pobreza, destruccióndel medio ambiente y ganancias paragrandes transnacionales, lo que generaviolación de los derechos humanos. EnHonduras, según datos del Observatorio deBienes Naturales, del Centro Hondureño dePromoción para el Desarrollo Comunitario(CEHPRODEC), en el 2016 se registraron untotal de 538 concesiones mineras. El total sedesglosa en: 170 concesiones de mineríametálica; 308 de minería no metálica(en Honduras en este grupo de incluye laexplotación de hierro); 4 de piedras preciosasy, 56 canteras. De las 538 concesiones, 188se encuentran en estado exploración, 267en estado de explotación, y de 83 no setiene información. Todas estas concesionesse realizan en el marco de la nueva Ley deMinería que entró en vigencia el 2013, queincentiva la explotación por parte del sectorprivado internacional. En total en Honduras
hay 369, 769,00 hectáreas que tienenconcesiones.
Muchas de estas concesiones de explotaciónde recursos se otorgan en comunidadesindígenas. La resistencia por parte deaquellas comunidades que se oponen a laimplementación de proyectos extractivos,ha ido acompañado de una persecuciónpor parte del Estado e intereses económicos,acusando y persiguiendo a los liderazgos dedelitos de usurpación de tierras, tenenciailegal de armas, entre otros delitos. Alrededordel 7% de la población son indígenas oafrodescendientes.
Así, desde el 2010 se han aprobado 40contratos de proyectos hidroeléctricos, delos cuales 21 afectan a los Pueblos IndígenasLencas, Garífunas, Pech, Tawahkas, Miskitoy Tolupanes. Actualmente, estos pueblosreclaman al Estado su responsabilidad porla vulneración del derecho humano a laconsulta indígena, recogido en el Convenio169 de la Organización Internacional delTrabajo (OIT), ratificado por Honduras. En ladefensa de los intereses del Pueblo IndígenaLenca fue asesinada Berta Cáceres. Laspresiones que desde entonces se han dadogeneraron que en julio del presente 2017 laempresa decidiera suspender el conflicto“como un gesto de buena voluntad quecontribuirá a reducir la tensión y facilitaruna solución en torno al futuro de estainiciativa de energía limpia y renovable”.El proceso judicial para encontrar a loshomicidas de la dirigente indígena ha sufridomúltiples irregularidad, desde la pérdida delexpediente alegado por el Ministerio Público,hasta indebido manejo procesal.
En El Salvador existen una serie elementos quecolocan en un plano de vulnerabilidad a laciudadanía, a saber: es el país más pequeñode América Central, con 6,3 millones dehabitantes, pero también el de mayordensidad, con 300 habitantes por kilómetro
60cuadrado; al mismo tiempo, es el cuarto paísmás vulnerable al cambio climático, con 95% de la población en zonas de alto riesgo dedesastres; a ello se suma la declaración de“emergencia hídrica” hecha por el gobierno en2016, luego de constatar la contaminación dela principal fuente de agua del país, el río Lempa,consecuencia de las prácticas dañinas de lasmineras del noreste de El Salvador; además, ElMinisterio del Ambiente y los Recursos Naturalesestableció que sólo el 2% del agua superficiales apta para el consumo humano y para elcrecimiento de la vida acuática. A pesarde esto, el agua continúa viéndose comouna mercancía. En junio 2017, los partidospolíticos Alianza Republicana NacionalistaArena (ARENA), Gran Alianza Nacional (GANA),
El Partido de Concertación Nacional (PCN) yPartido Demócrata Cristiano (PDC) presentaronuna iniciativa de ley denominada “Ley especialintegral del agua” la cual crea un ente rectorcon participación de una gremial empresarialy una correlación de fuerzas favorable al sectorprivado; además, elimina la participaciónde las comunidades en la administracióndel recurso hídrico y da trato igualitario acomunidades empobrecidas y empresasprivadas nacionales y transnacionales parael acceso al agua, sin priorizar el consumohumano. La Fundación de Estudios parala aplicación del Derecho (FESPAD) junto adiferentes organizaciones sociales se pronuncióen contra de dicha normativa y mantienenuna labor de incidencia permanente para lano aprobación de la misma.
Por más de diez años el movimiento social de El Salvador ha luchado contra la minería metálica. En marzo 2017 La Asamblea legislativa aprobó una leypre prohíbe dicha actividad extractiva.Fuente: MNFM
Esta coyuntura y la lucha popular ejercida pordiferentes organizaciones sociales del paísconglomeradas en la Mesa Nacional contra laMinería Metálica, a la largo de dos décadas,provocó que la Asamblea Legislativa en marzo2017, aprobara una ley que prohíbe la mineríametálica en todo el territorio nacional.
En cuanto a la judicialización de conflictosderivados a la actividad extractiva, en octubrede 2016, el Centro Internacional de Arreglode Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
concluyó el litigio Pacific Rim/Oceana Gold vsEl Salvador, donde se condenó a la empresaa pagar $8 millones al Estado. Lejos de acatarla resolución y pagar la deuda con el Estado,la empresa continúa sus actividades en terrenoa través de su filial Minerales Torogoz y laFundación El Dorado, en el departamento deCabañas, realizando actividades de supuestosbeneficios sociales así como una fuerteinversión en publicidad a través de los mediosde comunicación masiva.
61
REGULACIÓN SOBRE LA MINERÍA EN CENTROAMÉRICAPAÍS LEY OBSERVACIÓN
Costa RicaCódigo de Minería
(reformas aprobadasen noviembre 2010)
Prohibición de la minería a cielo abierto. Se establece como excepción el otorgamiento,únicamente, de permisos de exploración con fi nes científi cos y de investigación.
ElSalvador
Ley de Prohibición dela Minería Metálica
(Emitida en marzo2017)
Prohibición de la minería, ya sea a cielo abierto o subterráneo.
GuatemalaLey de Minería
Decreto LegislativoN° 48-97
La ley norma toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación y, engeneral, las operaciones mineras.
Honduras
Ley General deMinería
Decreto LegislativoN° 32-2013
La Ley tiene como objeto normar las actividades mineras y metalúrgicas en el país.
Nicaragua
Ley Especial sobreExploración yExplotación de Minas
Decreto LegislativoN° Ley N° 387
Tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el uso de los recursos minerales,además de normas las relaciones de las Instituciones del Estado con los particularesrespecto a la obtención de derechos sobre estos recursos y la de los particularesentre sí que estén vinculados a la actividad minera.
Panamá
Código de RecursosMinerales
Decreto Ley 23 DE1963
El Código tiene por objeto estimular y reglamentar la exploración y extracción deminerales, primordialmente a través de la iniciativa e inversión privadas.
Fuente: Elaboración propia.
Costa Rica y El Salvador son los únicos pasesde Centroamérica que prohíben la mineríametálica; para el Caso de El Salvador laprohibición es más amplia, al prohibir laminería a cielo abierto y subterránea; adiferencia de Costa Rica que solamenteprohíbe la minería a cielo abierto. A pesar delo anterior, El Salvador continúa amenazadopor la minería transfronteriza, ejemplo deello es el proyecto minero Cerro Blanco,propiedad de la empresa transnacionalGoldcorp, localizado en el municipio deAsunción Mita, departamento de Jutiapa, deGuatemala.
El resto de países mantienen legislacionesque regula y promueven la actividad mineraen sus territorios, de forma más agresiva enHonduras.
En Nicaragua, a partir de junio 2017 el Estadose constituye en actor para la explotaciónminera. Lo anterior debido a la aprobaciónde la Ley para la creación de la EmpresaNicaragüense de Minas (ENIMINAS), la cualtendrá participación directa en al menosel 10% de las acciones de las empresasprivadas del sector minero. El Estadotendría un involucramiento más directo enla exploración y explotación minera en elpaís, habiendo un conflicto de intereses enla ejecución empresarial y la regulación,control y monitoreo estatal. Nicaraguatiene una superficie de 130 375,5 km2 y lasuperficie disponible para la minería es58,949.3 km2, este último restringido a unasuperficie de 33,133.2 km2 para la actividadminera.101 Se ha concesionado 9,376.3
62km2 a la minería metálica y 651.6 km2 a laminería no metálica. Las dos empresas dela minería metálica operando actualmenteen Nicaragua, son la canadiense B2Gold y lacolombiana HEMCO.
Una amenaza de megaproyecto loconstituye el Canal Interoceánico. Laamenaza que representa para los pueblosindígenas ha merecido el rechazo de lapoblación y organizaciones de la sociedadcivil. El movimiento campesino en su luchapor la defensa de su territorio ha efectuado92 marchas en contra del megaproyecto yla protesta social ha sufrido la represión dela policía y del Ejército. No existe a la fechaningún tipo de estudio de impacto ambiental,debido a que el Ejecutivo ha derogado elDecreto 76-2006 del Sistema de Evaluaciónde Impacto Ambiental, que obligaba a losinversionistas realizar estudios de impactoambiental previo a la aprobación de susproyectos. A la fecha no se conocen lascomunidades que deberán ser expropiadas.Se estima que serán desplazados entre30,000 y 120,000 indígenas.
Pese a que Costa Rica es reconocido por supolítica a favor del medio ambiente a partir dela década del 70 del siglo XX, se acumulan enla actualidad numerosas causas conflictivaspor falta de tierras a agricultores, usurpacionesde tierras a pueblos indígenas que se vienendando desde hace más de 40 años y losefectos nefastos relativos a la expansión delmonocultivo de piña. Un informe de OXFAMGran Bretaña, divulgado en junio del 2016,señala que el monocultivo de la piña provocala fumigación de cultivos en presencia delos trabajadores, la contaminación del aguapor agroquímicos limitando la cantidad deagua potable e incluso un repunte de casosde cáncer en la zona Norte y el Caribe. Lostrabajadores tienen jornadas de 10 a 12 horasdiarias, no reciben salarios justos y cualquierintento de organización sindical es reprimidopor los empresarios con el despido.102
El estudio ‘Monitoreo de Cambio de Usode Paisajes Productivos’ (MOCUPP) del PNUD,señala que entre 2000 y 2015, el crecimientode la actividad piñera ‘consumió’ 5,566hectáreas del bosque que cobijaba aCosta Rica. Costa Rica tiene una totalidadde 58.442 hectáreas sembradas con piña.En palabras del biólogo de la Universidadde Costa Rica, Jorge Lobo, “5 mil hectáreascorresponden prácticamente a un parquenacional de tamaño promedio.”103
Los pueblos indígenas continúan por larecuperación de sus tierras, iniciadas en2010 como respuesta al desalojo violento alíderes indígenas de la Asamblea Legislativaante la inacción del gobierno y el letargodel sistema judicial costarricense. Lascomunidades afectadas cada vez másdeciden realizar acciones reafirmantesno violentas, las cuales son reprimidas porpersonas no indígenas. Así, el 30 de setiembre2016 se inicia una recuperación de unafinca en el territorio indígena de Cabagra,y el 10 de octubre los recuperantes fueronamenazados con armas de fuego.104 El 28de enero 2017 se dio la quema en una fincarecuperada de indígenas, de dos hectáreasde caña, apenas 24 horas después de queel Ministerio de Justicia suscribiera acuerdoscon “beneficiarios” del pueblo bribri de Salitrey el pueblo teribe de Térraba, los cualesson obligación del gobierno conforme a lasMedidas cautelares dictadas por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos en el2015.105
Estas agresiones contra indígenas en susterritorios presentan a través del tiempo unaumento en su intensidad. El 8 de agosto2017, Maritza Figueroa inició el proceso derecuperación de una finca de su familia.Dos días después, personas no indígenasdisparan contra la mandíbula del señorTomás Figueroa. Cuatro hombres fuerondetenidos como sospechosos del intentode homicidio, sin embargo fueron liberadoshoras después.106
63En Panamá, las industrias extractivas tendránun nuevo auge a partir del año 2018, conel proyecto de la empresa canadiensePetaquilla Gold, el Proyecto Minero CobrePanamá, que empezará a funcionar en elprimer trimestre 2018 y que permitirá extraeranualmente 320, 000 toneladas de cobredurante 34 años. El proyecto incluye unamina y una planta donde se procesará enconcentrados y una zona portuaria donde sefiltrará y se transportará en buques.
En el caso de Guatemala, la actividadminera continúa su auge destructivo.Para el 2017, se otorgaron un total de 307licencias para exploración y explotaciónde actividad minera. Pese a este auge enesta actividad extractiva, las comunidadesorganizadas han unido esfuerzos paraimpedir la destrucción que deja a su pasoesta actividad económica. Así, las licenciasmineras de El Escobal y San Juan Bosco, enSan Rafael las Flores, quedan suspendidas yen consecuencia la minera San Rafael nopuede retomar operaciones.107
La extracción de elementos naturales aescala industrial y los proyectos ligados adicha extracción, son los pilares del actualciclo mundial capitalista de acumulaciónpor desposesión, el cual deja a su paso unaestela de destrucción y ínfimas gananciaspara los Estados, destrucción del medioambiente en las comunidades y violación delos derechos humanos de los colectivos queresguardan el medio ambiente.
3.4 Migración en CentroaméricaEl panorama de la migración enCentroamérica no cambia. La mayoría delos ciudadanos de los países del istmo siguenteniendo a los Estados Unidos de Américacomo la “meta codiciada”. Curiosamenteen el año 2016 se registraron en algunospaíses el más alto ingreso por remesas (y losEstados Unidos sigue siendo el país de dondeprocede la mayor cantidad de recursos), y
sin embargo, luego de la entrada de lanueva administración en el país del norte, lasmedidas de represión parecen caracterizarlas políticas públicas del futuro.
Aunque como se verá, existen otros destinosaparte del gran país del norte, la preferenciade los centroamericanos por ese país (por lacercanía, las facilidades –dramáticamenterelativas- que ofrece su trayecto, y elestablecimiento de varios millones deístmicos en esas tierras) se mantiene.
Según el centro de investigaciones Pew,para el 2014 se calculaba que habíaaproximadamente 11.1 millones deinmigrantes indocumentados viviendoen Estados Unidos. Esto represente el3.5% de la población total del país. Loscentroamericanos representan el 15% deesos millones de habitantes que residen enel territorio norte americano.
El nuevo régimen que instauró laadministración Trump, representa retosespeciales, para los potenciales inmigrantesde la región centroamericana, paralos habitantes de la región que vivenindocumentados, e inclusive para quienes semantienen ahí con algún tipo de “estatus”.En este último caso está el programade permisos humanitarios para menorescentroamericanos (CAM, por sus siglas eninglés), que se originó en diciembre de 2014por parte de esfuerzos integracionistas quellevó a cabo la administración Obama.Durante tres años, el programa, ofreció unavía de migración segura a 3,030 jóvenes delTriángulo Norte centroamericano; 2,447 deellos, salvadoreños.108 En agosto 2017, elgobierno estadounidense dio por finalizadauna de las modalidades del mismo, para elcaso de personas de Honduras, Guatemalay El Salvador. Con tales modificaciones seafectara a todos aquellos jóvenes menoresde 21 años que se sometieron al programa,y cuyas solicitudes no fueron aprobadas.
64Lo anterior genera un clima de inestabilidady hace pensar que el panorama para laspersonas centroamericanas en EstadosUnidos es sombrío.
3.4.1 Migraciones y repatriaciones
La ola represiva generada desde el Gobiernode los Estados Unidos, genera un clima deinestabilidad para los centroamericanos quese encuentran en dicho país, incluso aquellosque se encuentran en una situación demediana regularidad bajo algún programade protección temporal u otros que lepermitan tener una eventual seguridadjurídica.
En Honduras el informe estadístico depersonas repatriada/retornadas, realizadopor el Centro Nacional de Información delSector Social, recoge que entre enero del2013 hasta julio de 2016 se han registrado140,371 personas repatriadas/retornadas aHonduras.
Por su parte, la Cancillería del Honduras, haregistrado 16 322 personas deportadas entreel 1 de enero al 1 de mayo del 2017.
El mayor número de deportados a Hondurasprovienen de Estados Unidos y México. Demanera ocasional, también se recibende otros países de Centro América como:Guatemala, El Salvador y Belice. En base aesta información se puede determinar queestos son los países de destino por las y loshondureños.
El Salvador es uno de los mayores paísesexpulsores de la región centroamericana;los flujos migratorios en su mayoría son condestino a Estados Unidos, considerándoseeste como el principal país receptor deciudadanos Salvadoreños. En el 2016, 52,938ciudadanos salvadoreños que migraban aotros países fueron retornados; 28,934 víaterrestre y 24,004 aérea.109
Para el caso de Nicaragua, aproximadamenteel 20% del total de la población nicaragüense,calculada en 6.1 millones de habitantes, viveen el extranjero. Los países receptores son:Estados Unidos con un 40.4% de preferencia,seguido de Costa Rica con un 18.2%, Españacon 17.6% y Panamá con 14.8%.110
En lo que respecta a Panamá, el fenómeno esel contrario, ya que desde el 2010 a la fechala migración hacia Panamá ha aumentadoun 60%. En contraste la migración depanameños ha decrecido de maneraconstante a partir del 2009. Se observó quelos flujos al exterior registraron un descensode más de la quinta parte. No obstante sepuede mencionar que Estados Unidos, Chile,España y México son los países de principalesdestinos de los nacionales panameños. Enlos últimos dos años los problemas derivadosde los conflictos que por diversas razonesafectan a la población de Colombia,República Dominicana, El Salvador,Nicaragua y recientemente Venezuela hanaumentado los flujos migratorios a Panamá.En Costa Rica, la situación migratoria essimilar a la panameña, ya que desde lasguerras civiles de los ochentas que afectarona Centroamérica, es un país receptor depersonas migrantes. Cifras de la DirecciónGeneral de Migración y Extranjería (DGME)detallaron que en el 2016 hubo 1,593solicitudes de refugio de centroamericanos,de las cuales, 1.436 eran de salvadoreños.
Este año, hasta abril, se acumularon 587peticiones (493 son salvadoreños).Pese aesto, en el 2016 fueron aprobadas solo335 (306 de salvadoreños) y este año secontabilizan 50 (40 eran de salvadoreños)111.Las autoridades migratorias indican que lagran mayoría de rechazos son para personascon nexos con las maras. En total, según losúltimos datos publicados al 2015 en CostaRica hay 421.697 inmigrantes, lo que supone
65un 8,77% de la población total del país. Losprincipales países de procedencia de lainmigración son Nicaragua, con el 73,57%,Colombia, con un 5,35% y El Salvador, con3,50% del total.112
Para el caso de Guatemala, la DirecciónGeneral de Migración indicó que 31, 443indocumentados fueron enviados a Guatemalapor avión desde Estados Unidos, de los cuales27, 639 son hombres y 3, 655 mujeres. Otros73, 729 guatemaltecos regresaron vía terrestreluego de haber sido sorprendidos cuandotrataban de cruzar la frontera entre México yEE. UU.113
3.4.2 Remesas familiares
La mayoría de países de la región sostieneno fortalecen sus economías debido a lageneración de divisas percibidas por mediode las remesas familiares. Así mismos, muchasfamilias que se encuentran al margendel sistema económico y por lo tanto noperciben ingresos vía ganancia o salario, lasremesas familiares contribuyen a satisfacer susnecesidades materiales.
Tanto los estados receptores y expulsores seven beneficiados de los flujos migratorios entérminos normales; no obstante, manejan undiscurso ambiguo al respecto. Las economíasde los países receptores se ven favorecidas almomento que migra mano de obra calificaday barata a sus territorios y los países expulsores
se ven beneficiados con las divisas generadaspor la población centroamericana en ladiáspora. No obstante, tanto como expulsoresy receptores manejan un discurso en oposicióna la migración irregular.
Progresivamente Centroamérica continúaaumentado los ingresos de divisas generadaspor las remesas familiares, para el 2016 la regiónrecibió un monto de 17,88; si se comparan lasremesas recibidas en el año 2011 y 2016 seidentifica un aumento de $5,311 millones. Elaumento no identifica ciclos de alzas y bajasa nivel regional en un periodo de seis años, loque indica que el incremento es sostenido enel trascurso del tiempo.
Guatemala es el país con mayor flujo de divisasgeneradas por las remesas familiares a nivelregional a lo largo de los últimos seis años (2011-2016), un monto de 7,160 millones de dólaressegún las cifras proyectadas de la CEPAL; ensentido contrario se encuentra Panamá y CostaRica quienes son los países que menos ingresopor remesas registran, e incluso registran unatendencia al descenso en los últimos tres años.
Si se suma los ingresos por remesas que acumulaCosta Rica Y Panamá para el año 2016 nose aproximan a los ingresos recibidos porNicaragua en concepto de remesas, Honduraslos superaría por cuatro veces, El Salvador casipor cinco y Guatemala por ocho veces. Loanterior, es otro indicador que la ciudadaníade aquellos países no se ve obligada a migrar.
Remesas familiares en Centroamérica (millones de dólares)114
País 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Costa Rica 487 527 561 559 518 504
El Salvador 3 627 3 880 3 937 4 133 4 270 4 576
Guatemala 4 378 4 783 5 105 5 544 6 285 7 160
Honduras 2 798 2 892 3083 3 353 3 650 3 950
Nicaragua 912 1 014 1 078 1 136 1 193 1 264
Panamá 369 381 408 652 473 428
Centroamérica 12,571 13,477 14,244 15,377 16,389 17,882Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL, sobre la base de datos ofi ciales.
66En el caso de El Salvador, las remesasfamiliares atenúan el impacto generadopor la desigual distribución de la riquezaproducida en el país, beneficiando así laeconomía familiar de muchos hogaressalvadoreños, y aportan significativamente ala macro economía. En el 2016, las remesasfamiliares en El Salvador alcanzaron las cifrasmás altas en los últimos 10 años, totalizando$4,576 millones, superando en $306 millonesal monto total registrado en el 2015, con unatasa de crecimiento de 7.2% interanual.115
Sobre este tema en Nicaragua, segúndatos del Banco Central de Nicaragua,las remesas recibidas por la economíanicaragüense ascendieron a $323.3 millonesen el primer trimestre de 2017, continuandola tendencia positiva observada desde 2010,lo cual significó un crecimiento de 6.9% conrespecto al mismo período de 2016 ($ 302.3
millones).
El flujo de remesas tuvo como principalemisor a la economía estadounidense(56.0%), seguido por Costa Rica (20.2%),España (9.6%), Panamá (5.9%), El Salvador(1.0%), Canadá y México (0.9% y 0.3%respectivamente). En términos de crecimientointeranual, Nicaragua se ubica en el quintolugar como receptor de remesas familiares anivel regional.
En cuanto a las remesas en Costa Rica, elingreso de remesas en el primer trimestre del2017 alcanzó $127 millones, de los cuales $99millones provienen de Estados Unidos y $28millones de otros países. El monto provenientede Estados Unidos es un 6,7% mayor que elrecibido en el primer trimestre del 2016. Estaes la mayor tasa de crecimiento desde elcuarto trimestre del 2013116
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de implementación de la normativa, o lainexistencia de ella, es una de las razonesque advierte la vulnerabilidad de los paísespara enfrentar los obstáculos y promover elderecho a la alimentación con el propósitode lograr la sostenibilidad de los programasexistentes.
Lejos de mejorar el habitad de la población,los Estados continúan promoviendomodelos de desarrollo que catalizan formasextractivas, mega proyectos y monocultivosque afectan mayoritariamente a sectoresque históricamente se encuentran ensituación de vulnerabilidad; lejos de resistirdichas actividades los gobiernos generancondiciones que propician y facilitan lasreferidas actividades económicas, como lacreación de normativa e institucionalidad. ElSalvador y Costa Rica son los únicos paísesde la región que han emitido decretoslegislativos que prohíben la minería metálica.
La migración continúa siendo unaconsecuencia de la insatisfacción de losderechos humanos en los países expulsores,generando fuga de mano de obra calificadaque se convierte en mano de obra barataen los países receptores. En medio de unclima de graves violaciones a los derechoshumanos en los países de tránsito y receptores,los países expulsores se ven beneficiados ensus mediciones macroeconómicas al ser lasremesas familiares una fuente importante dedivisas; este fenómeno se evidencia más enlos países que conforman el Triángulo Nortede la Región.
El crecimiento económico no conduce demanera automática a la reducción de lapobreza o desarrollo social; y los esfuerzospor democratizar la riqueza producida porla sociedad vía salarios, programas socialeso una reforma tributaria progresiva sonincipientes o inexistentes.
La desigualdad continua siendo uno delos principales problemas de la regióncentroamericana, a pesar de que el promedioregional indique crecimiento económico porencima del promedio mundial, la riquezaproducida continua concentrándose en unsector reducido de la sociedad y el nivel devida de la ciudadanía no muestra mejorías.Lo anterior se desarrolla y profundiza sin quelos gobiernos planteen mecanismos paragarantizar los derechos humanos de laciudadanía y que democraticen la riquezaproducida.
Persisten problemas estructurales quecoadyuvan al deterioro de las condicionesde vida de la población centroamericana,particularmente en aquellos sectoreshistóricamente excluidos. Aun las personasque cuentan con un empleo les es difícilsatisfacer las necesidades básicas desu grupo familiar, en peor situación seencuentran aquellas personas en situaciónde subempleo.
La mayoría de los países de la regióncuentan con una instancia a nivel centralencargada de atender el tema de laseguridad alimentaria y en casi todos existeuna política nacional; no obstante, la falta
Conclusionesde implementación de la normativa, o lainexistencia de ella, es una de las razonesque advierte la vulnerabilidad de los paísespara enfrentar los obstáculos y promover elderecho a la alimentación con el propósitode lograr la sostenibilidad de los programasexistentes.
Lejos de mejorar el habitad de la población,los Estados continúan promoviendomodelos de desarrollo que catalizan formasextractivas, mega proyectos y monocultivosque afectan mayoritariamente a sectoresque históricamente se encuentran ensituación de vulnerabilidad; lejos de resistirdichas actividades los gobiernos generancondiciones que propician y facilitan lasreferidas actividades económicas, como lacreación de normativa e institucionalidad. ElSalvador y Costa Rica son los únicos paísesde la región que han emitido decretoslegislativos que prohíben la minería metálica.
La migración continúa siendo unaconsecuencia de la insatisfacción de losderechos humanos en los países expulsores,generando fuga de mano de obra calificadaque se convierte en mano de obra barataen los países receptores. En medio de unclima de graves violaciones a los derechoshumanos en los países de tránsito y receptores,los países expulsores se ven beneficiados ensus mediciones macroeconómicas al ser lasremesas familiares una fuente importante dedivisas; este fenómeno se evidencia más enlos países que conforman el Triángulo Nortede la Región.
El crecimiento económico no conduce demanera automática a la reducción de lapobreza o desarrollo social; y los esfuerzospor democratizar la riqueza producida porla sociedad vía salarios, programas socialeso una reforma tributaria progresiva sonincipientes o inexistentes.
La desigualdad continua siendo uno delos principales problemas de la regióncentroamericana, a pesar de que el promedioregional indique crecimiento económico porencima del promedio mundial, la riquezaproducida continua concentrándose en unsector reducido de la sociedad y el nivel devida de la ciudadanía no muestra mejorías.Lo anterior se desarrolla y profundiza sin quelos gobiernos planteen mecanismos paragarantizar los derechos humanos de laciudadanía y que democraticen la riquezaproducida.
Persisten problemas estructurales quecoadyuvan al deterioro de las condicionesde vida de la población centroamericana,particularmente en aquellos sectoreshistóricamente excluidos. Aun las personasque cuentan con un empleo les es difícilsatisfacer las necesidades básicas desu grupo familiar, en peor situación seencuentran aquellas personas en situaciónde subempleo.
La mayoría de los países de la regióncuentan con una instancia a nivel centralencargada de atender el tema de laseguridad alimentaria y en casi todos existeuna política nacional; no obstante, la falta
Conclusiones
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Recomendacionesa concretar el derecho a la vida digna; Lacomposición de la Canasta Básica debeser revisada por la mayoría de los paísesde la región, con parámetros reales y notecnócratas que contribuyen al manejo delas cifras. Los elementos básicos para la vidadigna de un grupo familiar promedio encada país deben de suplir las necesidadesbásicas generadas por el costo de la vida.
Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamádeben de emitir leyes que prohíban laminería metálica en la Región, evitar losmegaproyectos que transgreden los derechoshumanos, y regular los monocultivos, sobretodo en Costa Rica. Se debe promovery respetar el derecho de consulta a lascomunidades que se afecten sus territorios ose vean amenazados sus derechos humanosy fundamentales de manera potencial.
Los Estados deben de promover políticasorientadas a las satisfacción de los DESCy garantizar la seguridad ciudadana, quepromuevan condiciones de arraigo a laciudadanía en general para evitar la expulsiónde sus respectivos países o territorios.
Los gobiernos deben crear políticaseconómicas y sociales de naturalezaregional que reduzcan las desigualdades yno profundicen la exclusión. En ese sentido,deben promover la generación de empleodigno, salarios que cubran el costo de lavida, programas sociales en beneficio dela población históricamente en situaciónde vulnerabilidad, promover una reformatributaria progresiva y dejar de gravar conimpuestos a los productos incorporados enla canasta básica.
Dotar de una renta mínima a todas laspersonas que no se encuentran ocupadasdentro de la Población EconómicamenteActiva, que le permita el desarrollo dignodentro de la sociedad. De igual forma, dicharenta debe de proteger a las personas queno se encuentren en edad de trabajar y queno gocen de un beneficio de los diferentessistemas previsionales en Centroamérica.
Los Estados deben aumentar los esfuerzospara la creación de empleos dignos;garantizar condiciones mínimas de trabajocon salarios que progresivamente permitanel acceso a la canasta básica, con mira
Recomendacionesa concretar el derecho a la vida digna; Lacomposición de la Canasta Básica debeser revisada por la mayoría de los paísesde la región, con parámetros reales y notecnócratas que contribuyen al manejo delas cifras. Los elementos básicos para la vidadigna de un grupo familiar promedio encada país deben de suplir las necesidadesbásicas generadas por el costo de la vida.
Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamádeben de emitir leyes que prohíban laminería metálica en la Región, evitar losmegaproyectos que transgreden los derechoshumanos, y regular los monocultivos, sobretodo en Costa Rica. Se debe promovery respetar el derecho de consulta a lascomunidades que se afecten sus territorios ose vean amenazados sus derechos humanosy fundamentales de manera potencial.
Los Estados deben de promover políticasorientadas a las satisfacción de los DESCy garantizar la seguridad ciudadana, quepromuevan condiciones de arraigo a laciudadanía en general para evitar la expulsiónde sus respectivos países o territorios.
Los gobiernos deben crear políticaseconómicas y sociales de naturalezaregional que reduzcan las desigualdades yno profundicen la exclusión. En ese sentido,deben promover la generación de empleodigno, salarios que cubran el costo de lavida, programas sociales en beneficio dela población históricamente en situaciónde vulnerabilidad, promover una reformatributaria progresiva y dejar de gravar conimpuestos a los productos incorporados enla canasta básica.
Dotar de una renta mínima a todas laspersonas que no se encuentran ocupadasdentro de la Población EconómicamenteActiva, que le permita el desarrollo dignodentro de la sociedad. De igual forma, dicharenta debe de proteger a las personas queno se encuentren en edad de trabajar y queno gocen de un beneficio de los diferentessistemas previsionales en Centroamérica.
Los Estados deben aumentar los esfuerzospara la creación de empleos dignos;garantizar condiciones mínimas de trabajocon salarios que progresivamente permitanel acceso a la canasta básica, con mira
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Notas1 La Prensa. “OEA avala municipales en Nicaragua y no aborda problemas de fondo del sistema electoral” Managua, 2017.Tomado de: https://www.laprensa.com.ni/2017/11/07/politica/2327196-mision-oea-avala-municipales- nicaragua
2 Corporación Latinobarómetro. Santiago de Chile, 2016. Tomado de: http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
3 Centro de noticias ONU. “ONU expresa preocupación por protestas contra el poder judicial”. Tomado de: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36052#.WZRw7tLyjIU
4 Madrigal, Luis Manuel. “Fuerza Pública toma la Medicatura Forense tras pedido de Magistrado Celso Gamboa”. EL MUNDO.CR. Costa Rica, 26 de julio 2017. Tomado de: https://www.elmundo.cr/fuerza-p2blica-toma-la-medicatura-forense-tras-pedido-magistrado-celso-gamboa/.
5 Murillo, Alvaro. “Los juegos y los fuegos del magistrado Celso Gamboa”. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Costa Rica, 1 agosto2017. Tomado de http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/los-juegos-los-fuegos-del-magistrado-celso-gamboa/.
6 Transparencia International. “LAS PERSONAS Y LA CORRUPCIÓN: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Barómetro Globalde la Corrupción”. 2017: tomado de: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe
7 Transparencia Internacional. “Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International”. 2016. Tomado de:http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf
8 Prensa Libre, Colecta entre ministros del PP facilitó regalos lujosos, Recuperado el 28/08/2017 de, http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/exministros-fueron-capturados-por-el-caso-la-coperacha
9 Prensa Libre, Esposa de magnate de la TV y banqueros, con orden de captura, recuperado el 30/08/2017 de, http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/exministros-fueron-capturados-por-el-caso-la-coperacha
10 Sinibaldi habría recibido millonarios sobornos por pagos del CIV, Prensa Libre, recuperado el 30/08/2017, de, http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cicig-y-mp-alejandro-sinibaldi-recibio-millonarias-comisiones
11 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. (2 de junio de 2016). Caso Cooptación del Estado. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=723&cntnt01returnid=67
12 Barreto, B. (19 de abril de 2015). La Línea: una red de corrupción y una crisis política. Plaza Pública. Recuperado de: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-linea-una-red-de-corrupcion-y-una-crisis-politica
13 López, W. (15 de abril de 2016). Caso TCQ: El otro negocio fraudulento de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Soy 502. Recuperadode: http://www.soy502.com/articulo/asi-operaba-otto-perez-roxana-baldetti-caso-puerto-quetzal
14 https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2017.pdf
15 Octavio Enríquez. “Corrupción es el principal problema identifi cado por jóvenes en Nicaragua“ Managua, Tomado de:http://www.laprensa.com.ni/2017/09/30/politica/2305721-corrupcion-es-el-principal-problema-identifi cado-por-jovenes-en-nicaragua
16Judith Flores. “Congreso de los Estados Unidos aprueba la Nica Act”. Managua. Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2017/10/03/politica/2306923-congreso-aprueba-nica-act
17 Chacón, Vinicio. “CGR halló ignorancia y falta de voluntad para concretar denuncias de corrupción”. SEMANARIOUNIVERSIDAD. Costa Rica, 8 de agosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/cgr-hallo-ignorancia-falta-voluntad-concretar-denuncias-corrupcion/
18 Miranda, Hulda. “Cinco años después… Fiscalía acusa a 26 personas en caso de trocha fronteriza”. SEMANARIOUNIVERSIDAD. Costa Rica, 8 de agosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-anos-despues-fi scalia-acusa-26-personas-caso-trocha-fronteriza/
7019 Emiliano Chamorro. “Ley de Seguridad Soberana, “un látigo para nicaragüenses” Managua. Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2015/12/04/politica/1948178-ley-de-seguridad-soberana-un-latigo-para-nicaraguenses
20 Salas, Yeryis Daniel. “Juicio contra manifestantes del 8N cerca del fi nal”. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Costa Rica, 8 deagosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/universitarias/juicio-manifestantes-del-8n-cerca-del-fi nal/
21 Dayra Rodríguez. “Gobierno atemoriza a la población con represión”. Panamá. Tomado de: http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/gobierno-atemoriza-la-poblacion-con-represion-1081594
22 El Mundo. “Organizaciones piden a diputados obligar a medios a regularse en contenidos violentos”. San Salvador. Tomadode: http://elmundo.sv/organizaciones-piden-a-diputados-obligar-a-medios-a-regularse-en-contenidos-violentos/
23 Sala de lo Constitucional. “Inconstitucionalidad 22-20007/42-2007/89-2007/96-2007”. San Salvador, Tomado de: http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/Documentos/BDL/2016/10563.pdf
24 Araya, Jorge. “Investigación destapa amenazas a la libertad de prensa desde diversos fl ancos”. SEMANARIO UNIVERSIDAD.Costa Rica, 8 de agosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/investigacion-destapa-amenazas-la-libertad-prensa-desde-diversos-fl ancos/
25 Chacón, Vinicio. “Concentración de medios deteriora calidad de la democracia”. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Costa Rica,8 de agosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/concentracion-medios-deteriora-calidad-la-democracia/.
26La prensa. ”Impresionante último adiós al periodista Víctor Fúnez en la Ceiba”. Tegucigalpa. Tomado de: http://www.laprensa.hn/honduras/1081307-410/víctor_funez-la_ceiba-entierro-ultimo_adios-periodista_asesinado-honduras
27 CERIGUA “Estado de Situación de la Libertad de Expresión Primer Trimestre 2017”. Guatemala. Tomado de: https://cerigua.org/article/estado-de-situacion-de-la-libertad-de-expresion-pr/
28 El Salvador times. “Asesinan a periodista de la UES en colonia Luz de San Salvador”. San Salvador. Tomado de: http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/doble-homicidio-colonia-luz-san-salvador/20160809091836005492.html
29 Diario 1 “Pandilleros asesinan a periodista que no pagó extorsión en Apopa”. San Salvador. Tomado de: http://diario1.com/nacionales/2017/08/pandilleros-asesinan-a-periodista-que-no-pago-extorsion-en-apopa/
30 Kenni Bolaños. “Incrementan despidos de periodistas en El Salvador”. Tomado de: http://migenteinforma.org/incrementan-despidos-de-periodistas-en-el-salvador/
31 El Periódico. “Periodistas panameños en alerta por investigación penal que afecta a medios”. Panamá. Tomado de: http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170624/periodistas-panamenos-en-alerta-por-investigacion-penal-que-afecta-a-medios-6125950
32 CPDH “Madeleine Lagadec” y otra. “Las personas defensoras de derechos humanos y su aporte a la construcción de la paz.Primer informe del Observatorio de personas defensoras de derechos humanos 2017. San Salvador El Salvador
33 Idem
34 Arelly Cano detenida ante su protesta por los procedimientos arbitrarios empleados en un control de tránsito; Aydil delCarmen Urbina, detenida ilegal y violentamente por agentes de la subdelegación policial en el Reparto Schick, Managua,por reclamar la violenta detención de un vecino; y Thelma Suárez se dirigía a la delegación policial junto a varios familiares adenunciar una agresión sufrida por uno de sus hijos. Sin explicación, fue detenida.
35 Elízabeth Romero. “Crimen de familia indígena sigue en impunidad” Managua. Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2017/02/09/nacionales/2179815-crimen-familia-indigena-sigue-impunidad
36 Escrito de las representantes ante la CIDH de 20 de julio de 2016, pág. 24.
37 Lottie Cunningham. Registro IND - 28/02/2017, 17/03/2017, 24/03/2017
38 Juana Bilbano. Registro IND -14/03/2017, 04/05/2016, 01/05/2017
7139 Cunningham. Registro IND – 05/2015 _https://www.frontlinedefenders.org/es/profi le/lottie-cunningham-wren
40 Juana Bilbano. Registro IND – 01/02/2017.
41Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta y otros vs. Nicaragua. Sentencia de 25 de marzo de 2017.Tomado de:http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_334_esp.pdf. Página No. 58marco de la supervisión de cumplimiento de la Sentencia.
42 El GPI cubre el 99,7% de la población mundial, Utilizando 23 indicadores cualitativos y cuantitativos de
Fuentes respetadas y mide el estado de paz utilizando tres Dominios temáticos: el nivel de seguridad social; el Extensión delos confl ictos internos e internacionales en curso; y el Grado de militarización. The Institute for Economics and Peace (IEP).“Global Peace Index 2017” Tomado de: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
43 The Institute for Economics and Peace (IEP). “Global Peace Index 2017” Tomado de: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
44 Proceso Digital. “Armas de guerra hacen de Honduras un arsenal sin control” Tegucigalpa. 2013. Tomado de: http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/25353
45 Noticiero TN5 Estelar. Televicentro.hn 13 de julio del 2017.
46 La Prensa Gráfi ca. “El Salvador registra un arma cada hora”. San Salvador. 2017. Tomado de: http://www.laprensagrafi ca.com/2017/08/06/el-salvador-registra-un-arma-cada-hora
47 Metzi Rosales. “En el país más violento del mundo cada día se registran 30 nuevas armas” San Salvador. 2017. Tomadode: https://www.elfaro.net/es/201602/el_salvador/18039/En-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-violento-del-mundo-cada-d%C3%ADa-se-registran-30-nuevas-armas.htm
48 Alpers, Philip, Amélie Rossetti and Leonardo Goi. 2016. Costa Rica — Datos sobre armas, fi guras y leyes. Sydney School ofPublic Health, The University of Sydney. GunPolicy.org, 19 December. Accessed 6 November 2017. at: https://www.gunpolicy.org/es/fi rearms/region/costa-rica
49 Presidencia de la Republica. Decomisadas más de 400 armas de fuego durante el primer trimestre del 2017” Costa Rica2017. Tomado de: http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/04/decomisadas-mas-de-400-armas-de-fuego-durante-el-primer-trimestre-del-2017/
50 102nueve. “Policías matan a policía por error en San Juan Opico” San Salvador. 2017. Tomado de: http://102nueve.com.“Policías matan a policía por error en San Juan Opico
51 Elfaro.net. “La Fiscalía acusa a nueve policías por una bala en la fi nca San Blas”. Tomado de: https://elfaro.net/es /201607/salanegra/18956/La-Fiscal%C3%ADa-acusa-a-nueve-polic%C3%ADas-por-una-bala-en-la-fi nca-San-Blas.htm
52 Alexis Torres. Honduras: “Más de 1,800 policías depurados en lo que va del año”. Tegucigalpa. 2017. Tomado de: http://tiempo.hn/policias-depurados-en-honduras/
53 Noticiero TN5, “Los Reporteros: cartéles del narcotráfi co podrían estarse desplazando a Choluteca”. Tegucigalpa. 2015.Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=ZxarKuTij30
54 Acan-Efe. “Costa Rica, un pacifi sta bien armado”. EL NUEVO DIARIO. Nicaragua, 30 abril 2017. Tomado de http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/426211-costa-rica-pacifi sta-bien-armado/
55 Chacón, Vinicio. “Caso Pizarro es síntoma de “tormenta perfecta” en seguridad ciudadana”. SEMANARIO UNIVERSIDAD.Costa Rica, 17 agosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/caso-pizarro-sintoma-tormenta-perfecta-seguridad-ciudadana/.
56 Rojas, Pablo. “Más de mil agentes de seguridad privada sin permiso para portar armas”. CRHOY.COM. Costa Rica, 20 deagosto 2017. Tomado de http://www.crhoy.com/archivo/mas-de-mil-agentes-de-seguridad-privada-sin-permiso-para-portar-armas/nacionales/.
7257 Infobae. ”Nicaragua y el misterio de la “estación satelital”, el nuevo centro de espionaje de Rusia para América Latina”.Managua. 2017. Tomado de: http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/04/21/nicaragua-y-el-misterio-de-la-estacion-satelital-el-nuevo-centro-de-espionaje-de-rusia-para-america-latina/
58 El Heraldo. “El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página”.T3gucigalpa 2014. Tomado de: http://www.elheraldo.hn/alfrente/764621-209/honduras-cuenta-con-un-ofi cial-por-casi-10-efectivos-en-las-ffaa
59 Criterio. “Policía Nacional de Honduras contará con 26 mil agentes en el año 2022”. Tegucigalpa. 2017. Tomado de: https://criterio.hn/2017/06/04/policia-nacional-honduras-contara-26-mil-agentes-ano-2022/
60 Rojas, Pablo. “Más de mil agentes de seguridad privada sin permiso para portar armas”. CRHOY.COM. Costa Rica, 20 deagosto 2017. Tomado de http://www.crhoy.com/archivo/mas-de-mil-agentes-de-seguridad-privada-sin-permiso-para-portar-armas/nacionales/.
61 La prensa. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en el sitio. Tegucigalpa. 2016. Tomado de: http://www.laprensa.hn/honduras/1029973-410/honduras-decomisa-más-de-6-toneladas-de-drogas-en-2016-10-menos
62 Confi dencial Hn. “Confi rmado: Fuerzas de seguridad de Honduras cometen ejecuciones extrajudiciales” Tegucigalpa. 2017.Tomado de: https://confi dencialhn.com/2017/02/28/confi rmado-fuerzas-de-seguridad-de-honduras-cometen-ejecuciones-extrajudiciales/
63 Servicio Social Pasionista. “Inseguridad y violencia en El Salvador” 2017. Tomado de: http://sspas.org.sv/wp-content/uploads/2017/01/SSPAS-2017-Inseguridad-y-violencia-en-El-Salvador.pdf
64 Stanley Luna. “262 enfrentamientos entre policías y las pandillas en 6 meses” El diario de hoy, San Salvador. 2017. Tomadode: http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/367640/262-enfrentamientos-entre-policias-y-las-pandillas-en-6-meses/
65 El Heraldo. “El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página”.Tegucigalpa. 2017. Tomado de:Http://Www.Elheraldo.Hn/Sucesos/1072610-466/Honduras-Trasciende-Otra-Fuga-Del-Centro-De-Menores-Renaciendo
66 United States Department of State. “International Narcotics Control Strategy Report”. Volumen II. Marzo 2017. Tomado de:https://www.state.gov/documents/organization/268024.pdf
67 Ídem
68 Óp. cit. United States Department of State. “International Narcotics Control Strategy Report”.
69 Diario de hoy. Fiscalía imputa nuevo delito a Raúl Mijango”. San Salvador. 2017. Tomado de: http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/385529/fi scalia-imputa-nuevo-delito-a-raul-mijango/
70 Wilber Ruano. “Preocupa a Observatorio Latinoamericano casos de trata y tráfi co personas no sean condenados porsistema judicial”. San Salvador. 2017. Tomado de: http://www.radionacional.gob.sv/2017/06/28/preocupa-a-observatorio-latinoamericano-casos-de-trata-y-trafi co-personas-no-sean-condenados-por-sistema-judicial/
71 Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres el salvador 2015. San Salvador. Tomado de: http://www.seguridad.gob.sv/download/informe-sobre-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres-el-salvador-2015/?wpdmdl=182317
72 Mesa de Sociedad Civil contra desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado. “Informe sobre situación dedesplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador”. San Salvador. Tomado de: http://www.movilidadhumana.com/wp-content/uploads/2016/03/Informe-sobre-Situaci%C3%B3n-de-Desplazamiento-Forzado-en-El-Salvador.pdf
73 Radio América. “Autoridades hondureñas incineran 137 kilos de cocaína incautada a colombianos”. Tegucigalpa. 2017.Tomado de: http://radioamericahn.net/cocaina/
74 Ídem
7375 La Tribuna. “Incineran 1,072 paquetes de marihuana en la capital de Honduras” Tegucigalpa. 2017. http://www.latribuna.hn/2017/06/09/incineran-1072-paquetes-marihuana-la-capital-honduras/
76 Noticiero TN5. Televicentro.
77 Instituto de Medicina Legal. Reconocimientos realizados por médicos forenses del
Instituto de Medicina Legal, practicado a personas fallecidas en hechos de violencia (homicidios), ocurrido en El Salvadoren el año 2016. San Salvador 2017. Tomado de: http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/8142/HOMICIDIOS%20A%C3%91O%202016.pdf
78 Ídem
79 IUDPAS-UNAH. Boletín Enero-Diciembre 2016. www.iudpas.org
80 Chacón, Vinicio. “Caso Pizarro es síntoma de “tormenta perfecta” en seguridad ciudadana”. SEMANARIO UNIVERSIDAD.Costa Rica, 17 agosto 2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/caso-pizarro-sintoma-tormenta-perfecta-seguridad-ciudadana/.
81 Victoria Aguilar. La ONU preocupada por la violencia contra las mujeres en Honduras” Tegucigalpa 2016. Tomado de: http://tiempo.hn/la-onu-preocupada-la-violencia-las-mujeres-honduras/
82 El Nuevo diario. “Más de 9.800 denuncias de violencia doméstica registró Honduras en 2016”. Tomado de: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/421855-mas-9-800-denuncias-violencia-domestica-registro-h/
83 Ormusa. “Indicadores de Violencia Intrafamiliar“. San Salvador. 2017. Tomado de: http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciaintrafamiliar.php
84 Ormusa. “Observatorio de la violencia sexual”. San Salvador. Tomado de: http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasexual.php
85 Estado de la Justicia. “I Informe sobre Estado de la Justicia”. Costa Rica, 17 agosto 2017. Tomado de http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf.
86 GAM. ”Informe de situación de violencia sexual en Guatemala”. Guatemala. Tomado de : http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/GAM-INFORMEVIOLENCIASEXUAL2008-2015.pdf
87 FESPAD. Dan a conocer los resultados de encuesta sobre interrupción del aborto”. San Salvador. 2017 http://fespad.org.sv/se-dan-a-conocer-los-resultados-de-encuesta-sobre-interrupcion-del-aborto/
88 Human Rights Watch. “Honduras Eventos de 2015” Tegucigalpa. 2016. Tomado de: https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285489
89 José Meléndez. “Más de 280 miembros de comunidad LGTBI han sido asesinados en Honduras de 2009 a 2017”. Tegucigalpa.2017. Tomado de: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/17/mas-de-280-miembros-de-comunidad-lgtbi-han-sido-asesinados-en-honduras-d-0
90 Evangelizadoras de los apóstoles. “Honduras: asesinato de Paola Barraza, defensora de derechos LGTBI”. Tegucigalpa.2016. Tomado de: https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2016/02/03/honduras-asesinato-de-paola-barraza-defensora-de-derechos-lgtbi/
91 Human Rights First “Violencia Motivada por Prejuicio Contra las Personas LGBT en El Salvador” San Salvador. 2017.Tomado de: http://www.humanrightsfi rst.org/sites/default/fi les/El-Salvador-Issue-Brief-ES.pdf
92 Diario 1. “Transexual fue asesinada tras participar en una marcha LGTBI en San Salvador”. San Salvador. 2016. Tomado de:http://diario1.com/nacionales/2016/05/transexual-fue-asesinada-tras-participar-en-una-marcha-lgtbi-en-san-salvador/
93 La prensa gráfi ca. “Asesinan a disparos a dos miembros de comunidad LGBT en San Luis Talpa“. San Salvador. 2017.Tomado de: http://www.laprensagrafi ca.com/2017/02/19/asesinan-a-disparos-a-dos-miembros-de-comunidad-lgbt-en-san-luis-talpa
7494 Geldi Muños. “Discriminación afecta a personas LGBT”. Tegucigalpa. 2017. Tomado de: http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/discriminacion-afecta-a-personas-lgbt
95 CE PAL. “Centroamérica y la República Dominicana: Evolución económica en 2016 y perspectivas para 2017. Balancepreliminar Con información al 31 de enero de 2017” Tomado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40966/S1700111_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
96 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2016, 2015, 2014 y 2013.
97 Banco Mundial, Grupo de investigaciones sobre el desarrollo. Tomado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?end=2015&start=2015&view=map&year=2014
98 Óp. cit. CEPAL. “Centroamérica y la República Dominicana: Evolución económica en 2016 y perspectivas para 2017. Balan-ce preliminar Con información al 31 de enero de 2017”
99 En 2017, los países de Centroamérica y la República Dominicana (CARD) tendrán un crecimiento promedio de 4,5% (4,3%excluyendo a Panamá, cuya economía experimentará una aceleración), mientras que el de América Latina y el Caribe en suconjunto será de 1,3%, revela el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
100 DIGESTYC, “Canasta Básica Alimentaria”. Tomado de: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html
101 Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 3 de abril de 2017.
102 AFP. “Oxfam denuncia “graves” impactos de la producción de piña en Costa Rica”. CRHOY.COM. Costa RICA, 8 de agos-to 2017. Tomado de https://www.crhoy.com/ambiente/oxfam-denuncia-graves-impactos-de-la-produccion-de-pina-en-costa-rica/.
103 Rojas, Pablo. “5.500 hectáreas de bosque sucumbieron por cultivos de piña“. CRHOY.COM. Costa Rica, 8 agosto 2017.Tomado de https://www.crhoy.com/ambiente/5-500-hectareas-de-bosque-sucumbieron-a-cultivos-de-pina/.
104 Chacón, Vinicio. “Indígenas recuperan tierra entre amagos de violencia”. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Costa Rica, 17 julio2017. Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/indigenas-recuperan-tierra-amagos-violencia/.
105 Chacón, Vinicio. “Salitre, del diálogo al incendio”. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Costa Rica, 17 de julio 2017. Tomado dehttps://semanariouniversidad.com/pais/salitre-del-dialogo-al-incendio/.
106 Chacón, Vinicio. “De nuevo se da violencia en Cabagra”. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Costa Rica, 17 de agosto 2017.Tomado de https://semanariouniversidad.com/pais/nuevo-se-da-violencia-cabagra/
107 Ramos Sarai. CSJ confi rma suspensión de dos licencias mineras en Santa Rosa. 29 de julio 2017, Guatemala. Tomado de:https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/07/29/csj-confi rma-suspension-de-dos-licencias-mineras-en-santa-rosa.html
108 Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. “Cierre de programa de Admisión Condicional dentro de Programa CAM”.Comunicado de prensa, agosto 2017. Tomado de: https://sv.usembassy.gov/es/cierre-de-programa-de-admision-condicional-dentro-de-programa-cam/?_ga=2.207719572.740453424.1505425638-259503237.1505425638
109 Dirección General de Migración y Extranjería. Estadísticas. Tomado de: http://www.transparencia.gob.sv/institutions/dgme/documents/estadisticas?status=301
110 Derechos Humanos en Nicaragua. Informe Anual 2016. Managua, Nicaragua, 2017.
111 Arguedas C., Carlos. “Migración preocupada por posible fi ltración de mareros”. LA NACION. Costa Rica, 10 de agosto de 2017.Tomado de http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Migracion-preocupada-posible-fi ltracion-mareros_0_1649235078.html
112 Expansión. “Sube el número de inmigrantes que viven en Costa Rica”. Revisado el 10 agosto 2017. Tomado de https://www.datosmacro.com/demografi a/migracion/inmigracion/costa-rica.
113 http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/deportados-105-mil-guatemaltecos-este-ao
75114 CEPAL. “Centroamérica y la República Dominicana: evolución económica en 2016 y perspectivas para 2017” enero 2017.Tomado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40966/4/S1700111_es.pdf
115 BCR. “Las remesas familiares cierran 2016 con el monto más alto de la historia y el mayor crecimiento de los últimosdiez años”. Tomado de: http://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=913:las-remesas-fami-liares-cierran-2016-con-el-monto-m%C3%A1s-alto-de-la-historia-y-el-mayor-crecimiento-de-los-%C3%BAltimos-diez--a%C3%B1os&Itemid=168
116 Leitón, Patricia. “Repunta ingreso de remesas de Estados Unidos en el primer trimestre del 2017”. LA NACION, Costa Rica,30 de julio de 2017. Tomado de http://www.nacion.com/economia/indicadores/remesas-Estados_Unidos-bccr_0_1646835322.html
76
Siglas y acrónimos
Alianza por la Unidad Nacional, de El Salvador GANA
Alianza Republicana Nacionalista Arena, de El Salvador ARENA
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, de Panamá ANTAI
Caja Costarricense de Seguro Social CCSS
Cámara de Industria de Guatemala CIG
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEHPRODEC
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH
Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI
Comisión Contra la Impunidad en Guatemala CICIG
Comisión Económica para América Latina CEPAL
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras CICIH
Consejo Nacional de Vialidad, Costa Rica CONAVI
Contraloría General de la República, de Costa Rica CGR
Corte Suprema de Justicia, de El Salvador CSJ
Derechos Humanos de la Costa Atlántica Norte, de Nicaragua CEJUDHCAN
Dirección General de Migración y Extranjería, de Costa Rica DGME
el Observatorio del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, de Honduras IUDPAS
El Partido de Concertación Nacional, de El Salvador PCN
Empresa Nicaragüense de Minas ENIMINAS
Empresa Portuaria Quetzal EPQ
Encuesta Continua de Hogares, de Nicaragua ECH
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples, de El Salvado EHPM
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de El Salvador FMLN
Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD
Gran Alianza Nacional, de El Salvador GANA
Índice de Desarrollo Humano IDH
Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad IDH-D
Instituto de Acceso a la Información Pública, de El Salvador IAIP
Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS
77
La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, de Costa Rica REDMICA
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersexuales LGTBI
Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras MACCIH
Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria, de Panamá MJP
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, de Costa Rica OBSERVACOM
Organización de Estados Americanos OEA
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO
Organización Internacional del Trabajo OIT
Partido Demócrata Cristiano, de El Salvador PDC
Plan de Ayuda Nacional, de Panamá PAN
Producto Interno Bruto PIB
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Transportes de Contenedores de Barcelona TCB
Transportes de Contenedores Quetzal TCQ
Unidad de Análisis Financiero, Nicaragua UAF
Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH
Producto Interno Bruto (PIB)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL
Índice de Desarrollo Humano IDH
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad IDH-D
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO
Encuesta Continua de Hogares, de Nicaragua ECH
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples, de El Salvado EHPM
Cámara de Industria de Guatemala CIG
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEHPRODEC
Organización Internacional del Trabajo OIT
Alianza Republicana Nacionalista Arena, de El Salvador ARENA
Gran Alianza Nacional, de El Salvador GANA
El Partido de Concertación Nacional, de El Salvador PCN
Partido Demócrata Cristiano, de El Salvador PDC
Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, de El Salvador FESPAD
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI
Empresa Nicaragüense de Minas ENIMINAS
Dirección General de Migración y Extranjería, de Costa Rica DGME
