El Conflicto Mapuche y la Aplicacin de la Ley Antiterrorista en Chile.

Salvador Millaleo Hernndez, Ph.D.1

Hgame el favor de mirar a los mapuches

Interpelacin del escritor Jos Saramago a la Presidenta Michelle Bachelet

Rara forma de terrorismo, porque el terrorismo

genera miedo y muerte, y aqu nuestro pueblo es aparentemente terrorista,

que tiene slo vctimas a su favor, los que han muerto son gente nuestra,

entonces es un terrorismo muy raro"

Elicura Chihuailaf, Poeta Mapuche.

El conflicto entre el Estado de Chile, y diversas empresas nacionales y extranjeras, y las

organizaciones del movimiento indgena mapuche constituye uno de los mayores conflictos sociales

que ha visto Chile desde 1997. Este conflicto tiene un claro foco territorial pues se concentra en el

sur del pas, es decir, en el espacio habitado tradicionalmente por el pueblo mapuche, aunque sus

consecuencias se distribuyen en todo el pas.2 Analizaremos el conflicto especfico que subyace en

la aplicacin de la ley antiterrorista a dirigentes mapuches en ese entorno, aplicando la metodologa

REMEP respecto a la intervencin en conflictos sociales y, en conformidad con ella, exploraremos

la hiptesis de que dicho conflicto es determinado por la existencia de un dispositivo de dominacin

racial en Chile, donde la identidad es utilizada para fines de control y dominacin, y, por lo tanto,

la intervencin del Estado chileno sobre el referido conflicto se construye, a partir de all,

asumiendo las caractersticas de una retaliacin mediante una punicin desproporcionada y

atentatoria contra los derechos fundamentales del pueblo mapuche.3 En este dispositivo han jugado

un papel crucial los medios de comunicacin, que han publicitado y reproducido la imagen de los

mapuches como sujetos peligrosos y violentos con ocasin del citado conflicto y en general con

ocasin de cualquier pretexto o incidente.4

1 Abogado, Doctor en Sociologa (Universitt Bielefeld), Profesor Universidad de Chile y U. Diego Portales. E-mail: salvador.milaleo@googlemail.com

2 Desde la perspectiva del pueblo mapuche la referida zona constitua el Gulumapu, al oeste de la Cordillera. La parte oriental del territorio mapuche era el Puelmapu, ella corresponda a las provincias argentinas de Neuqun, Ro Negro, Chubut y parte de la provincia de Buenos Aires, En, su conjunto era el WALLMAPU, y se extenda entre los ocanos Atlntico y Pacfico, siendo claramente dominado por los mapuches entre los siglos XVII y XIX.

3 Esta hiptesis corresponde a la Hiptesis 1 del Grupo de Etnicidad de este Proyecto.

4 sta corresponde a la Subhiptesis 1 del Grupo de Etnicidad. 1

1. El Conflicto: La construccin del conflicto mapuche.

1.1. Escenario del llamado Conflicto Mapuche.

El conflicto llamado por la prensa Conflicto Mapuche, se ha desarrollado durante los

ltimos quince aos, y se trata de un conflicto social amplio que entrelaza aspectos culturales e

histricos con disputas actuales de intereses sobre recursos naturales. Podemos considerar la

escalacin de los conflictos de distribucin como un catalizador del conflicto fundamental entre el

pueblo mapuche y la sociedad chilena. La respuesta del Estado frente al conflicto fue llevar adelante

una poltica de amplia penalizacin. En primer lugar, fueron detenidos y encarcelados un gran

nmero de miembros de comunidades y organizaciones mapuches debido a la aplicacin de la ley

de Seguridad Interior del Estado. En segundo lugar, los operativos policiales dieron lugar a hechos

de torturas, maltratos, tratos degradantes por parte de las fuerzas policiales para con los mapuches,

incluyendo como vctimas a nios y nias. En tercer trmino, el gobierno pidi la aplicacin de la

ley antiterrorista a dirigentes mapuches.

El conflicto se ha caracterizado temticamente por las siguientes formas: a) conflictos en

torno a derechos para obtener devolucin de tierras, b) conflictos por la construccin de obras viales

(Bypass de Temuco), c) conflictos por proyectos de infraestructura energtica (represas Pangue y

Ralco en el Ro Bo-Bo), d) conflictos con las empresas forestales y e) Conflicto en torno a la

situacin de los mapuches privados de libertad, a los cuales los mapuches consideran presos

polticos, incluyendo huelgas de hambre muy prolongadas.

Segn el Informe de la Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el

conflicto se plasm inicialmente en acciones colectivas de tierras reclamadas por las comunidades.

A partir de finales de los noventa, a raz del caso Ralco, y, especialmente, durante el periodo 2001-

2004, la conflictividad social en el entorno mapuche alcanz una etapa crtica. Durante este periodo,

se produjo una acumulacin de actos de protesta social, llevndose a quebrantamientos del orden

pblico, y a la realizacin de acciones de violencia. Estas acciones tuvieron como objeto prioritario

las explotaciones forestales, percibidas como responsables de la desposesin de tierras y del grave

deterioro ambiental que asola las comunidades mapuche. En sus formas ms graves, estas acciones

llevaron a la quema de fundos, casas habitacionales, maquinaria y medios de transporte asociados a

la explotacin forestal. (FIDH, 2006: 5).

Los focos del conflictos se han desplazado desde las reivindicaciones de tierras a la disputa

con las empresas forestales y luego a la protestas en torno al tratamiento del sistema penal a los

2

mapuches. El hito que da inicio a esa ltima etapa es el incendio de camiones de transporte de la

empresa forestal Bosques Arauco - 1/12/1997 (Lavanchy, 1999: 2). A partir de entonces las

movilizaciones mapuches se multiplicaron. Sin embargo, desde la perspectiva mapuche, el inicio

del conflicto actual est en la prdida del rol de garante de los derechos indgenas por parte del

Estado, desde el momento en que se decide construir la represa Ralco en el Alto Bo-Bo en 1996,

que inund asentamientos tradicionales de comunidades mapuche-pewenche.5 Otros inclusive datan

el inicio del conflicto desde enero de 1993, en que un Ministro en Visita acus a 114 mapuches

miembros del Consejo de Todas las Tierras de ser autores de delitos de asociacin ilcita y

usurpacin de tierras (Toledo, 2007).

En cualquier caso, el foco principal gira en la actualidad en torno a las actividades de las

empresas forestales. Esto se debe principalmente a que dichas empresas son las que ocupan la

mayor extensin de terreno mapuche y han afectado considerablemente el ecosistema de las

comunidades vecinas. Por otra parte, las comunidades indgenas mapuches no reclaman solamente

las tierras amparadas por ttulos jurdicos reconocidos por el Estado de Chile (Ttulos de Merced)

sino tambin las tierras antiguas,6 esto es, las tierras ancestrales que efectivamente eran posedas

por los linajes mapuches hasta que se produce la anexin por parte de Chile.

De acuerdo a los empresarios de la IX Regin de Chile, se habran registrado 410 incidentes

con mapuches entre enero de 2000 y octubre de 2001, y 189 durante 1999.7 El ao 2003 se

produjeron 102 incidentes, de los cuales 70 son tomas de terrenos, por parte de grupos indgenas.

De las cerca de 3.000 comunidades indgenas menos de 60 se han visto envueltas en conflictos por

aplicacin del sistema penal (Comisin de Constitucin, 2003: 91).

Las actividades conflictivas corresponden a las de una intensa desobediencia civil y van

desde acciones totalmente pacficas hasta actos violentos que han causado daos a la propiedad

privada. Seran estos de tres clases segn los tipos de accin:

Movilizaciones sociales con medidas de presin que han presentado demandas

5 Para una revisin del caso de Ralco y sus consecuencias ver Namuncura, Domingo (1998), Ralco: represa o pobreza?, Lom: Santiago: Morales, Roberto et al., Ralco. Modernidad o etnocidio en territorio Mapuche. Temuco: Instituto de Estudios Indgenas, Universidad de la Frontera.

6 El Comit de Derechos Humanos (sesin 26 de enero 2007) y el Comit de Derechos del Nio (sesin 15 de marzo 2007) han incoporado el concepto dentro de a interpretacin de las convenciones de Derechos Humanos a que se encuenra vinculado Chile, al momento de realizar las respectivas recomendaciones, en el sentido de solicitar a Chile garantizar los derechos a restitucin y proteccin de las tierras ancestrales. Ver Toledo Llancaqueo, Vctor, Chile: Victoria Mapuche en el Derecho Internacional, 3 de Abril de 2007, y Toledo Llancaqueo, Vctor, Las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indgenas y las Recomendaciones del Comit de Derechos Humanos de la ONU a Chile, ambos on line en: http://www.politicaspublicas.net

7 El Mercurio, 10 de Marzo de 2002. Se trata de una insercin de la Confederacin de la Produccin y el Comercio de la IX Regin, en la cual los empresarios de la zona consideran todos esos incidentes como terroristas, aunque incorpora claramente actos considerables como delitos menores contra la propiedad como hurtos de poca cuanta.

3

insatisfechas (incluyen actos culturales, manifestaciones, ocupacin de edificios

publicos, huelgas de hambre, corte de caminos y calles);

Ocupacin de tierras demandadas, como acciones de presin directa y de

propaganda;

Ocupacin de tierras no ligadas a procedimientos de reclamacin en curso, que

implicaron acciones como incendio de plantaciones forestales, de casas patronales,

cultivos y de instalaciones, sabotaje de maquinaria, destruccin de equipos y cercados,

tala de rboles, cierre de vas de comunicacin y enfrentamiento con las fuerzas

policiales.

La respuesta policial frente a esas movilizacione ha sido particularmente violenta.

Dentro de la violencia policiaca hacia los mapcuhes se han caracterizado tres tipos (Beaudry, 2009:

373-377):

Violencia verbal, falta de respeto, estrategias de acoso, estereotipizacin de los mapuches.

Violencia fsica innecesaria durante los allanamientos y violaciones de domicilio:

Detencin extremadamente violenta; violento desalojo de comuneros, golpes y apremios ilegtimos

durante arresto y detencin; disparos durante allanamiento hiriendo varios comuneros; impedimento

del libre trnsito de las personas dentro de una comunidad al desarrollar acciones de registro y

control; malos tratos durante detencin; ingreso a fundo indgena y sustraccin de animales

pertenecientes a indgenas; disparo contra casas de una comunidad; un conductor acompaado de

un funcionario de Carabineros intent atropellar a un miembro de la comunidad mapuche; maltratos

fsicos; hostigamiento sistemtico durante investigacin (permanentes controles de identidad,

seguimiento a los dirigentes); allanamientos con personal fuertemente armado; desalojo y detencin

de numerosas personas en la maana, incluyendo mujeres, ancianos y nios; disparos de escopetas

antimotines durante allanamiento, hiriendo a menores; golpes e insultos racistas durante detencin;

detencin y golpizas a estudiantes en el marco de protestas pacficas; allanamientos sin orden

judicial y maltratos fsicos.

Actos de violencia que ocasionaron la muerte de 3 mapuches.

Grupos de la sociedad chilena con un importante influencia en la sociedad chilena, a

saber, la Corporacin Chilena de la Madera, la Sociedad Nacional de la Agricultura y el Consorcio

Agrcola del Sur ejercieron una fuerte presin sobre las autoridades para obtener una respuesta

punitiva a las movilizaciones mapuches, usando los medios de comunicacin y sus redes polticas

4

(Villegas, 2007: 12).

La resonancia en los medios de dichos conflictos ha sido muy importante, puesto que estos

han difundido pblicamente la idea de que los mapuche serin unos terroristas, e incluso han

atribuido responsabilidades sin que haya existido todava proceso. La oficina de defensa pblica

especializada para esos conflictos jurdicos, la Defensora Penal Mapuche, denomina a aquellos

contra quienes se ha dirigido el aparato punitivo del Estado Imputados en el Marco del Conflicto

Territorial. Las organizaciones mapuches los designan como Presos polticos. La Presidenta

Michelle Bachelet, por su parte, cuando visit en 2007 la sede de los organismos de DD.HH. en

Ginebra, neg que en Chile hubieran presos polticos.

1.2. Actores involucrados en el conflicto:

- El Pueblo Mapuche: Los mapuches son un pueblo indgena que existe en el sur de Chile y

Argentina. El pueblo mapuche es el grupo tnico ms grande de Chile y el tercero ms grande en

toda Sudamrica. De acuerdo al Censo del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) de Chile de

2002, la poblacin mapuche ascenda en ese pas a 604.349 habitantes, que se concentraban

principalmente en la capital y en la IX regin.8 Por su parte, en Argentina, la Encuesta

Complementaria de Pueblos Indgenas 2004-2005 del Instituto Nacional de Estadstica y Censos

calcul 113.680 mapuches, poblacin que se concentra en las provincias de Chubut, Neuqun y Ro

Negro.

Antes de la llegada de los conquistadores ya habitaba las tierras al sur del rio Bio-Bio en

Chile, y posteriormente no slo sigui habitandolas, sino que se expandi a las grandes zonas de la

Pampa de lo que hoy es Argentina. Con la formacin de los estados nacionales de Chile y

Argentina, los mapuches quedaron distribuidos entre ambas soberanas. Los mapuches poseen an

hoy una identidad cultural propia y viva, una religin, un sistema jurdico-normativo (Ad-Mapu),

sistemas de conocimiento (Raquiduam/Kimn) y de convivencia poltica. Todos esos sistemas

simblicos estn estrechamente vinculados para los mapuches y tienen su lugar en su visin del

lugar del ser humano en el cosmos.

- Gobierno de Chile y Fiscala: El Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y la Fiscala Nacional,

siguiendo estrechamente las orientaciones que brindaban los intereses econmicos particulares

8 El censo de 1992 haba calculado 932.000. La reduccin en un 30 % se debera al cambio de metodologa de las preguntas que se efectuaron sobre la autoidentificacin. Se ha generado un largo debate sobre la pertinencia e intenciones de esa modificacin.

5

afectados y los medios de comunicacin mainstream, calificaron a los mapuches involucrados en

los incidentes arriba referidos como Terroristas. Esto signific un cambo cualitativo en cuanto a

la poltica criminal que haban seguido los gobiernos de la Concertacin respecto a los conflictos

tnicos.

El gobierno de Frei aplic la Ley de Seguridad Interior del Estado para reprimir las

ocupaciones de tierras y reforz la dotacin policial en la zona. El Gobierno de Ricardo Lagos, en

cambio, decidi hacer uso de la potestad de solicitar a los tribunales la apertura de procesos por

delitos terroristas. La Fiscala Nacional, organismo que tena uno de sus primeros mbitos de

implementacin donde se desarrollaban los hechos conflictivos, asumi completamente esa nueva

poltica criminal. A mediados de 2010, ms de 50 personas mapuches haban sido procesadas por la

ley antiterrorista (Human Rights Watch, 2011).

- Intereses econmicos privados: Se trata fundamental y directamente de las empresas forestales,

que ven afectada las posibilidades de expansin de la economa forestal por los reclamos de

autonoma, control territorial y reconocimiento cultural que est realizando el movimiento

mapuche.

- Medios de comunicacin: Los medios de comunicacin mainstream han sido actores principales

del conflicto, puesto que sugirieron en primer lugar la calificacin de los hechos en la comunicacin

pblica, colocndose enteramente del lado de los intereses econmicos privados y estableciendo

una poltica de agenda setting para determinar un cambio en la poltica criminal del gobierno

respecto de conflictos de ndole tnico.

Segn Le Bonniec existira una particular colusin entre el poder poltico, judicial y

econmico para la construccin del terrorismo mapuche (2003: 10). Ms que una colusin o

conspiracin, creemos que se trata de un determinado acoplamiento operacional de la poltica, el

derecho y la economa que se verifica a travs de la comunicaciones relacionadas con el miedo que

hacen los medios de comunicacin de masas y su aplicacin en las resoluciones judiciales que

afectan a los mapuches. Ellas forman un dispositivo que tiene una cara meditica y otra jurdica. Un

dispositivo consiste en una cierta manipulacin de relaciones de fuerza, de naturaleza esencialmente

estratgica, que se haya inscrito en un determinado juego de poder, pero tambin est ligado

siempre a un saber que emerge de l y lo condiciona (Foucault, 1991). Foucault indica que se trata

de un conjunto resueltamente heterogneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones

arquitectnicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados cientficos,

proposiciones filosficas, morales, filantrpicas, brevemente, lo dicho y tambin lo no-dicho, stos

6

son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos

elementos." (Foucault, 1974: 299). Deleuze sostiene que se trata de un conjunto multilineal y bi-

dimensional, de una mquina para hacer ver y para hacer hablar. Los dispositivos estn compuestos

por lneas de visibilidad, enunciacin, fuerza, subjetivacin, ruptura, fisura, fractura, etc., que al

entrecruzarse y mezclarse tienen capacidad de suscitar otras mediante variaciones de disposicin

(Deleuze, 1989: 155). Para Girogio Agamben, se trata de cualquier cosa que tenga de algn modo

la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos,

las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. (Agamben, 2006: 21-22).

Las investigaciones de anlisis del discurso disponibles sobre los medios de comunicacin

mainstream chilenos, anlisis en general centrado en los actores, se han focalizado, sobre todo, en el

diario El Mercurio, reconocido por expresar ideas de derecha neoliberal, por su apoyo a Pinochet y

sus simpatas por la clase empresarial del pas. Efectivamente es el medio que ha dedicado ms

cobertura a la temtica mapuche en los ltimos anos (Amolef, 2004: 8). Para Amolef, este diario

destaca en su discurso la sintaxis y seleccin lxica utilizada en la construccin de los ttulos de

cada noticia, asociando siempre y resaltando MAPUCHE a VIOLENCIA. Lo mismo ocurre en la

bajada y cuerpo de la informacin, para ello utilizan mecanismos retricos y una estilstica que

contribuye a reforzar un estereotipo del mapuche, rescatando trminos histricos y literarios como:

maldicin indgena, espiral de furia, el grito de la tierra o una dcada indmita (Ibid: 16). La

caracterizacin que se hace de los mapuches emplea los conceptos violentistas, agresores,

asonada, exaltados, espiral de furia indgena, turba indgena a rostro cubierto, maldicin

indgena, eterna e incurable, fiereza india, pueblo enigmtico con fama de fiero y testarudo,

indgenas alzados, asaltantes, mapuches prfugos, incendio social y at last but not least

terroristas (Ibid: 15-16). La tendencia es representar un actor irracional, dispuesto a emplear la

violencia y a amenazar el orden social. Tan fuerte es la vinculacin del actor al terrorismo, que

todos sus actos reprochables son considerados bajo esa categora.

Eso es reforzado por las comunicaciones sobre las acciones atribuidas a ese actor: asalto de

campos, emboscadas violentas, golpizas, ataques brutales, agresiones a trabajadores,

enfrentamientos violentos, indisponibilidad o limitacin del dilogo, apedreamiento de vehculos,

ultimtum a empresas forestales, amenazada de incendio y tala de bosques, gritos, marchas, ataques

con boleadoras, incendio y ocupacin de fundos, escalada de movilizaciones, uso de bombas

molotov, actos de terrorismo. La comunicacin medial resalta como acciones atribuibles a los

mapuches, actos de violencia contra las personas y la propiedad, descontextualizndola de las

interacciones de conflicto en que algunos actos pueden haber tenido lugar, para hacer con ellas

descripciones de realidad sobre el actor. Cabe destacar que el terrorismo de los mapuches es

7

presentado en una solucin de continuidad con otros actos que son caracterizados como de agresin

o violencia.

El actor as representado y descrito su modo de actuar manifiesta un peligro para la

sociedad: Terrorismo en la Araucana (Diario La Segunda, 14 de diciembre de 2001); Alta

sensacin de inseguridad en la Araucana (Diario El Mercurio, 06 de julio de 2002); Crcel para

Lonkos terroristas (Diario El Mercurio, 30 de agosto de 2002). Se trata sin duda de

comunicaciones polticas del miedo, donde el actor es situado en un franja de censura para las

expectativas normativas de la sociedad. Por este mecanismo las operaciones del sistema de los

medios de comunicacin en Chile pueden apelar para la estrategia perseguida, a lo que Luhmann

llama el nivel inviolable, un nivel irrefutable de la comunicacin, en el cual la afirmacin de

emociones fuertes, como en este caso el miedo asociado al terrorismo y la violencia, imposibilita

en grado elevado la posibilidad de disentir o evitar la circulacin de ese sentido (Luhmann, 1998:

402). La alarma pblica, el miedo de los agricultores y trabajadores forestales de la zona, el

temor de los inversionistas, el clima de desorden e inseguridad comunican un estado de cosas

irrefutable que debe ser corregido urgente y eficazmente.

La estrategia de la comunicacin medial se rebela prstinamente en ella misma, y consiste en

una agenda-setting de la discusin, mediante la orientacin de la opinin pblica hacia el miedo

respecto de un actor que amenaza el Estado de Derecho y la Seguridad Jurdica. Por cierto, la

movilizacin de dichos valores est sujeta a una constelacin de intereses, a quienes las referidas

comunicaciones presentan como las vctimas del terror mapuche: las empresas forestales,

hidroelctricas, los agricultores de la zona. Frente a ellos los mapuche no tienen ninguna

justificacin, no pueden tenerla, desde que usan el terrorismo.

Amolef intepreta esos framings en el sentido que Los Mapuche son, si nos guiamos por

discurso de El Mercurio, un obstculo para el desarrollo y crecimiento de Chile, desde la

perspectiva empresarial y poltica de libre mercado que rige al pas. Impidiendo la construccin de

proyectos hidroelctricos, la inversin econmica, entre otras iniciativas comerciales,

principalmente en sectores de la zona sur donde la poblacin se encuentra en situacin extrema de

pobreza e indigencia. (Amolef, 2004: 18).

Estas operaciones de comunicacin medial de miedo han logrado permear las estructuras del

sistema jurdico, por los defectos de la legislacin antiterrorista, como ya veremos, pero,

principalmente, por la decisin del sistema poltico de usar la categora del terrorismo contra los

mapuches. La derecha poltica, a travs de sus voceros y Think Tanks, habla indistintamente de

violentismo y terrorismo para referirse al conflicto en el sur de Chile.9 Los gobiernos de la

9 Ver Libertad y Desarrollo, ltimos acontecimientos en la Araucana: estado de derecho y terrorismo, temas pblicos No 621, 11 de abril de 2003, en : http://www.lyd.com8

Concertacin y luego de Piera, en todos sus niveles (incluyendo por supuesto a las policas) han

aceptado y promovido esa categorizacin.

- Organismos internacionales de Derechos Humanos: La referida situacin ha despertado el

inters de la sociedad civil internacional y de los organismos internacionales de DD.HH.: La

aplicacin de la legislacin antiterrorista en el contexto de la protesta social mapuche ha sido objeto

de una preocupacin creciente por parte de la opinin pblica internacional, que ha dado lugar a

serias denuncias de vulneracin de las garantas de los condenados en estos casos. (FIDH, 2006b:

6). El Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades

fundamentales de los indgenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, en su Informe sobre Chile

recomend que Bajo ninguna circunstancia debern ser criminalizadas o penalizadas las legtimas

actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indgenas10, y

tambin que No debern aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (amenaza

terrorista, asociacin delictuosa) a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las

reclamaciones legtimas de los indgenas.11 Tambin fue advertido por el Comit de Derechos

Econmicos Sociales y Culturales de la ONU al Estado Parte [Chile] que no aplique leyes

especiales, como la Ley de seguridad del Estado (N 12927) y la Ley antiterrorista (N 18314), a

actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legtimas de los indgenas

(Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, 2004: 66). Con esos y otros antecedentes,

el Comit de Derechos Humanos de la ONU, en su 89 perodo de sesiones (2007) indic en sus

observaciones al informe peridico anual de Chile que este pas deber precisar la definicin de los

delitos terroristas, de manera de asegurar que los derechos humanos de los mapuches no sean

vulnerados por persecuciones polticas, religiosas o ideolgicas.12 El Comit de Derechos del

Nio de ONU y el Relator de la Niez de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos

CIDH han expresado reiteradamente su preocupacin respecto a la situacin de la niez mapuche

en Chile, la violencia innecesaria, los abusos policiales y casos de tortura de los cuales a la fecha

se han documentado ms de 100 casos, y ha criticado la aplicacin de la Ley Antiterrorista a

personas menores de 18 aos (Fundacin ANIDE et al., 2011).

10 Stavenhagen, Rodolfo, Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolucin 2001/57 de la Comisin, Adicin: MISIN A CHILE, Consejo Econmico y Social ONU, E/CN.4/2004/80/Add.3, 17 de noviembre de 2003, punto 69. p. 30.

11 Ibid., punto 70, p.30.

12 CCPR/C/CHL/CO/5 18/05/2007

9

1.3. Tipo de Conflicto: Desde un conflicto Fundamental de reconocimiento cultural hacia

un conflicto de distribucin de recursos.

El conflicto en cuestin es principalmente un conflicto fundamental que deriva del proceso

de construccin del Estado por las lites chilenas, y la relegacin y mantencin de los mapuches

como ciudadanos de segunda clase, que han estado excluidos de la participacin en las decisiones

del sistema poltico nacional. Sin embargo, cuando la integracin econmica de Chile en la

globalizacin se acelera producto de las reformas liberales a partir de la dictadura del general

Augusto Pinochet, intervienen nuevos actores que persiguen un explotacin intensiva de los

recursos naturales que se encuentran en los territorios habitados tradicionalmente por el pueblo

mapuche, de manera que el conflicto asume el perfil de un conflicto de distribucin, es decir por el

control del acceso y uso de esos recursos.

1.3.1. El Conflicto Fundamental: La Guerra del Reconocimiento y la Paz de la Exclusin.

El antecedente ms determinante del conflicto mapuche consiste en la llamada Guerra de

Arauco, conflicto militar entre la administracin colonial espaola, y luego los estados argentino y

chileno, por una parte y el pueblo mapuche, por la otra, desde 1550 hasta fines del siglo XIX,

cuando se ocuparon los territorios mapuches, pasando estos a incorporarse a Chile y Argentina. Los

ltimos actos de la guerra fueron la derrota del alzamiento general de 1881 en Temuco y la

ocupacin de Villarrica en 1883 en Chile, y en la Argentina la ltima batalla de 18/10/1884. La

referida anexin recibi el nombre de Pacificacin de la Araucana en Chile y Conquista del

Desierto en Argentina.

La Guerra de Arauco, aunque intermitente, fue uno de los conflictos ms prolongados que

enfrent la corona espaola en el nuevo mundo, presentando caractersticas nicas en relacin a la

generalidad de la dominacin colonial en Amrica. En primer lugar no existe intromisin de otras

potencias europeas; luego, Espaa fracas en someter al pueblo mapuche, y debi establecer un

sistema de reconocimiento recproco, el de los parlamentos desde el siglo XVII (en especial Quiln,

1641), aceptando la auto-administracin indgena, con tal de que no se reconociera alguna otra

soberana europea. La corona espaola suscribi 28 Tratados en esos parlamentos con el pueblo

mapuche, e inclusive despus de su independencia la Repblica de Chile sucribi 2 tratados ms

(Trapihue y Los ngeles) que ratificaron los anteriores. La eficacia de la resistencia mapuche contra

10

la dominacin colonial es de sobra conocida (Boccara, 2009). La habilidad militar y la capacidad de

aprendizaje que los mapuches pusieron en prctica para evitar su esclavizacin y exterminio

entraron poticamanete, como dice Guillaume Boccara (1999: 87), pronto en la historia de la mano

del reconocimiento de la literatura espaola, con el poema pico de Alonso de Ercilla, La

Araucana que presenta a la nacin mapuche en la regin antrtica famosa, de remotas naciones

respetada, por fuerte principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, gallarda,

soberbia y belicosa que no ha sido por rey jams regida ni a extranjero dominio sometida.

El conflicto forz a Espaa a mantener un ejrcito permanente, gastando ingentes recursos

para sostener una colonia pobre y siempre amenazada en el valle central de Chile, a resguardo de su

frontera sur, el Flandes Indiano donde, segn el rey Felipe II, para al menos no ver comprometido

su control sobre el paso entre los ocanos Atlntico y Pacfico. El carcter militar de la sociedad

colonial chilena dejara marcas indelebles en la posterior evolucin de Chile: El Estado se

constituy como un aparato eficaz de administracin y control, como un instrumento para mantener

a raya el conflicto con los mapuches. Pese a la controversia de la historiografa sobre la belicosidad

de todo el perodo, especialmente del siglo XVIII (Sergio Villalobos vs. Leonardo Len), y de la

certeza de relaciones fronterizas de intercambio cultural y comercial entre criollos y mapuches, es

claro que las rebeliones renovaron el conflicto hasta 1883 (con la cada final de la zona de

Villarrica).

Los mapuches se constituyeron claramente como un pueblo en los siglos del enfrentamiento

con el colonizador (Foerster, 2001), identidad que perdur independiente hasta las fechas indicadas,

cuando se produce la derrota definitiva frente al esfuerzo combinado de los ejrcitos de Chile y

Argentina. La repblicas del Cono Sur, una vez independientes, dejan de ver a los mapuches como

una nacin y los consideran como ciudadanos, aunque de facto se inicia una poltica de exclusin

social, facilitndose mediante la constitucin de derechos de propiedad comunitarios sobre

reducciones territoriales. La poltica reduccional permiti la ocupacin de los otros territorios por

colonos criollos y extranjeros. La economa mapuche se haba basado en la ganadera hasta fines del

siglo XIX, cuando se desarticul y los mapuches se convirtieron en agricultores empobrecidos.

La ley de 1866, que revis el Uti Posidetis indgena garantizado por el tratado de Trapihue

de 1825, inicia la poltica reduccional del gobierno chileno. Entre 1866 y 1929 se reconocieron

derechos de propiedad indgena sobre 510.383 hs. para 82.629 personas (Ibid.). Las reservaciones

formaron un archipilago de miles de insulas rurales en las regiones del sur de Chile (Toledo, 1997),

que representaba la 20a. parte de lo que antes haba estado bajo el control mapuche. El resto de los

territorios del sur fueron consideradas tierras fiscales y salieron a pblica subasta o fueron

adjudicados a colonos pasando al mbito del derecho privado. La Ley de 1866 y las otras que la

11

modificaron establecieron ciertos mecanismos de proteccin a la propiedad comunitaria indgena,

pero estos no se pusieron en prctica o no fueron eficaces para evitar la subdivisin de la tierra y el

paso del patrimonio indgena a manos de particulares no indgenas, que empezaron a conformar

latifundios. Entre 1931 y 1971, unas 832 comunidades fueron divididas y mucha tierra se vendi o

pas a no indgenas, lo que supuso una prdida de otras 100.000 hs. Durante la dictadura militar

fueron afectadas ms de 2.000 comunidades con una poltica intensiva de divisin de tierras,

perdindose tanto territorio indgena como en los cincuenta anos precedentes. El DL. N 2.568

(22/03/1979) estableci que los Ttulos de Merced, pudiesen ser divididos y privatizados, cuando

apenas uno de los miembros de la comunidad pidiera la particin, y las tierras una vez divididas

pasaban a ser de derecho comn y perdan la condicin de indgenas.

La desposesin de la tierra y la condena a la pobreza de los mapuches da origen a una de sus

principales demandas, es decir, la restitucin de las tierras comunitarias (de acuerdo a los ttulos

reduccionales), y ms an, de las tierras ancestrales (de posesin anterior a los ttulos

reduccionales). Las tierras usurpadas representan para los mapuches an la principal agresin de

parte del Estado de Chile y, por ello, parte del ncleo esencial de su deuda histrica.

Simultneamente a la reduccin, se desestructur la sociedad indgena aboliendo el sistema

de jerarqua del cacicazgo, y su poder e influencia social, y proscribiendo costumbres e

instituciones. En las comunidades, sin embargo, los mapuches mantuvieron sus prcticas culturales

y religiosas, como algunas de sus autoridades tradicionales, inicindose una cultura de la

resistencia13 frente a los intentos asimilacionistas de la sociedad mayor. La poltica asimilacionista

corri por parte de las instituciones disciplinarias de las iglesias, la escuela, los organismos de

administracin estatal, el servicio militar, la polica, etc. A ello se agreg el mercado de trabajo,

cuando los mapuches abandonaron sus comunidades para emigrar a los centros urbanos del sur de

Chile y hacia la capital. Las polticas de asimilacin se fundan en la distincin chileno/mapuche en

el eje de la diferencia amigo/enemigo. El mapuche es el viejo enemigo, que una vez vencido debe

quedar sujeto a las estructuras sociales nacionales, pero su facticidad como vencido y, por ello,

desposeido de sus elementos de poder e influencia, determina su exclusin social, como elementos

marginalzados dentro de la estratificacin social chilena. En esta construccin de la diferencia, el

mapuche es el reverso inferior de la distincin, quien no puede controlarla o influenciarla, mientras

que el chileno puede determinar su evolucin. Esta construccin deriva de las semnticas de

civilizacin y barbarie, en la cual el mapuche es considerado un resabio salvaje, brbaro y arcaico,

que es parte del pasado y un obstculo al progreso (Montesino, 1993).

13 Para el concepto de Cultura de la Resistencia ver Gonzlez Arostegui, Mely, Cultura de la resistencia, concepciones tericas y metodolgicas para su estudio, en ISLAS, 43 (127); enero-marzo, 201, pp. 20-41.

12

La cultura de la resistencia de las comunidades rurales mantuvo la diferencia mapuche como

distincin cultural y no slo social, pero privada de poder respecto a la sociedad mayor. Por otro

lado, las estrategias flexibles de las organizaciones indgenas urbanas dentro de la poltica chilena

durante el siglo pasado, ha sido tambin determinante en la constitucin de un verdadero

movimiento social en la sociedad civil, que tiene una referencia claramente identitaria de base etno-

nacional. El grado de autonoma del movimiento mapuche y su capacidad de movilizacin son

excepcionales en el contexto chileno y en comparacin con los dems movimientos sociales

(Vergara/Foerster, 2002: 36).

Foerster y Vergara (2001) resaltan el empoderamiento acaecido a fines del siglo pasado para

la identidad mapuche, a travs de las organizaciones polticas mapuches, que estn conformando

una incipiente sociedad civil mapuche. Esta sociedad civil se caracteriza por su dinamismo, por su

conectividad global (mediante un uso intensivo de las tecnologas de la inforamcin, y las

posibilidades de la comunicacin virtual), pero tambin por su fragmentacin. Otro aspecto

contemporneo a resaltar es la aparicin diferenciada dentro del arte de expresiones mapuches,

destacndose la poesa mapuche, que ha tenido toda una generacin de grandes exponentes (Leonel

Lienlaf, Elicura Chihuailaf entre otros). La poesa mapuche ha sido reconocida, tanto por su fuerza

expresiva de la identidad mapuche como por su capacidad para dialogar con la cultura nacional

chilena, donde la poesa es un pilar muy importante.

Las organizaciones indgenas no persiguen el reconocimiento de un derecho a la secesin,

sino ms bien de derechos de ciudadana multicultural, que implique derechos lingsticos,

culturales, de control territorial (que incluya no slo el hbitat propio de las comunidades, sino

tambin, ciertos controles sobre el uso de sus recursos naturales), de representacin y de autonoma

administrativa relativa (con jurisdicciones tradicionales y administraciones limitadas).

Sin embargo, dichas organizaciones presentan rasgos de atomizacin y fragmentacin. Cada

organizacin se considera legtima representante de los intereses mapuches, y no considera as a las

dems (Vergara/Foerster, 2002: 41-42). La competencia aguda por el liderazgo impide una amplia y

ms duradera movilizacin de recursos por parte del movimiento mapuche. Los defectos de la

capacidad organizacional y representativa del mundo social mapuche, pueden explicar en parte

sumados a la represin policial y la agresividad de las empresas forestales - el que la comunicacin

poltica de protesta asuma a veces rasgos violentos, ante la dificultades de estructurar una

comunicacin de protesta efectiva por medios puramente polticos.

Se aprecia el carcter fundamental poltico e identitario del conflicto mapuche, relacionado a

la forma de constitucin del sistema poltico chileno (y tambien argentino). Sin embargo, dicho

conflicto determin tempranos procesos de empobrecimiento derivados de la usurpacin de los

13

recursos que antes administraban los indgenas. Empero, ello no agota todas las dimensiones de

conflictividad, pues han entrado en juego factores relativos a la expansin de otros sistemas

funcionales, en concreto la economa, de la mano de los procesos globalizacin, que han tenido en

Chile una temprana y desnuda forma neoliberal.

1.3.2. Los Conflictos de Distribucin: Las consecuencias del Neoliberalismo para los

mapuches.

El modelo neoliberal introducido por la dictadura militar de Pinochet se caracteriza por la

desregulacin de la economa, la autoregulacin de los mercados, el empequeecimiento del Estado

mediante las privatizaciones de sus empresas, las restricciones al gasto pblico para controlar la

inflacin, y por la adjudicacin a los sujetos de la responsabilidad por los riesgos de su existencia. 14

Un aspecto crucial del modelo fue la desregulacin o liberalizacin de mercados que antes estaban

bajo control estatal o fuertemente regulados. Sucedi as en Chile con todos los recursos naturales,

excepto el cobre, e incluy a los recursos pesqueros, las aguas, la minera, el sector forestal, etc.,

que pasaron a formar la base de una economa abierta de exportacin de recursos con baja

elaboracin industrial.

Esto fue decisivo para el pueblo mapuche, por los intereses que empezaron a gravitar sobre

las zonas de sus territorios ancestrales. A partir de 1975, se permiti la extensin de monocultivos

forestales (sobre todo pino radiata e eucalipto) de empresas madereras en territorios mapuches

(Seguel, 2003: 3). En aos recientes esas empresas han alcanzado un patrimonio de 1.500.000 hs.

en esos territorios (Ibid.: 4). La mayor parte de esas tierras pertenecen a las empresas CMPC (del

grupo Matte), Arauco (del Grupo Angelini) y Terranova. Los grupos Matte y Angelini tienen

ramificaciones en toda la economa y mucha influencia en la lite poltica chilena.

El Estado chileno favoreci la expansin forestal a travs del DL N 701 de 1975. A travs

de sus instrumentos entreg como subsidios a las empresas forestales mediante la CONAF

(Corporacin Nacional Forestal) 110 millones de dlares entre 1976 y 1992. Las empresas

obtuvieron la financiacin de hasta el 75 % de los costos de plantar pinos y eucaliptos en territorio

mapuche durante 37 aos. Ahora es el segundo sector ms importante de la economa de Chile.

Segn Human Rights Watch, durante los noventa, las tierras mapuche se vieron

profundamente afectadas por la expansin de las inversiones forestales, los proyectos

hidroelctricos y la construccin de carreteras. Se calcula que, en el ao 2000, 1,5 millones de

14 Para revisar la experiencia de las polticas econommicas neoliberales en Chile ver Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad, tres dcadas de poltica econmica en Chile, J.C. Sez Editor, 3a. ed., Santiago de Chile, 2003.

14

hectreas del territorio ancestral mapuche haban sido sembradas con pinos y eucaliptos

comerciales. Slo dos compaas chilenas, Mininco y Arauco, acumulaban ms de un milln de

hectreas de bosques exticos, la mayora de los cuales rodeaban comunidades mapuche. (Human

Rights Watch, 2004: 15). Se proyecta que para el 2020 se va a llegar a las 5 millones de hectreas

(OLCA, 2002: 3), sobre todo gracias a la firma en 2006 de un Tratado de Libre Comercio con

China, de quien Chile es su principal abastecedor de celulosa.

Segn el Relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, la introduccin del monocultivo

forestal de especies exticas como el pino y el eucalipto por parte de poderosas empresas forestales

trasnacionales que controlan ahora buena parte del territorio mapuche, ha producido efectos

negativos sobre el medio ambiente local. El aumento del uso de herbicidas y plaguicidas mediante

la fumigacin area afecta la salud de los indgenas, y tiene por consecuencia la interrupcin de la

cadena alimenticia tradicional, el desecamiento y contaminacin de ros y vertientes con prdidas

importantes de su potencial ictiolgico (pesca), y la desaparicin de la rica y variada fauna y flora

tradicional, cuya utilizacin es indispensable para la supervivencia de las comunidades mapuches.

Ahora los miembros de las comunidades ya no pueden libremente dedicarse a la cacera y

recoleccin para su subsistencia, lo que afecta no solamente la economa alimenticia sino tambin la

medicina herbolaria tradicional, la vida espiritual, el tejido social y cultural de las comunidades.

Este proceso ha generado creciente pobreza en la regin y ha empujado a muchos jvenes a emigrar

hacia las urbes en busca de nuevas oportunidades. (Stavenhagen, 2003: 13-14).

Son graves los daos ecolgicos que provoca el monocultivo intensivo como el que se

practica en Chile para la calidad de vida (Kmen Mongen) de las comunidades indgenas vecinas a

las plantaciones. La expansin forestal ha producido severas consecuencias en cuanto al

acaparamiento y agotamiento de recursos hdricos en la zona mapuche, en cuanto secan las mapas

freticas disponibles. Sin agua no se puede desarrollar la agricultura y la ganadera en las

comunidades (Snchez/Lassagne, 2006: 7). Tambin existe una situacin de creciente

contaminacin (uso no regulado de fumigacin area), deterioro de suelos y amenaza a la salud por

el uso de pesticidas, prdida del bosque nativo, y alteracin de los significados culturales, en cuanto

los bosques, aguas15 y suelos tienen un significado cultural especfico para las comunidades

mapuches, que hacen del equilibrio con la naturaleza una pieza central de su cosmovisin, y que son

as impactadas material y simblicamente por su degradacin. Aparte de la desaparicin de lugares

de culto, un aspecto relevante es la desaparicin de hierbas medicinales (extincin de los Menokos).

Hay que aadir tambin el impacto de los tratados de libre comercio suscritos por Chile. Esto en un

15 Cuando se seca una vertiente o estero, se va el dueo del agua y as van desapareciendo entes del panten mapuche, fuerzas que mantienen el equilibrio en el universo y la forma de vivir misma. Ver McFall, Sara (comp.), Territorio Mapuche y Expansin forestal, Instituto de Estudios Indgenas, Concepcin, 2001.

15

contexto donde los controles de la legislacin ambiental son en extremo dbiles. Es evidente la

progresiva despoblacin de las zonas mapuches donde se han expandido las forestales que no

generan ms plazas de trabajo-, por ejemplo, en la zona de Malleco. The decline of productivity

due to soil fragmentation and consequent overuse, plus the abandonment of agricultural policies

oriented to small scale farmers, has also generated higher dependence on income in the

communities. There is extreme rural poverty in areas where forest plantations are concentrated,

....On the one hand people who stayed have been excluded from the economic development of

these regions increasing the level of poverty in indigenous communities. Other Mapuche people

have been the displacement to ecosystems that are more fragile and unproductive. However, most

Mapuche have opted to migrate to urban centers, generally living in peripheral areas and working as

cheap labor. (Monceau, 2006: 7).

En el contexto del modelo neoliberal, la masas empobrecidas sin seguridad social configuran

un destino muy verosmil para los miembros del pueblo mapuche. La pobreza en el mundo mapuche

es ms alta que en la poblacin general, ya sea rural o urbana. La Encuesta de Caracterizacin

Socioeconmica Nacional - CASEN del 2006, revela que la pobreza e indigencia en la poblacin

indgena (19%) es mayor que en la poblacin no indgena (13,3%). Al desagregarse los datos segn

la zona de residencia, la pobreza indgena sube a 20,2% en las zonas rurales y la pobreza no

indgena a 10,8%. Los factores explicativos seran la reduccin de las tierras, la prdida de ellas y la

degradacin ambiental de su habitat, junto a factores como a la crisis de la agricultura fruto de la

globalizacin. Esto se ha agravado con el cercamiento de la economa de las comunidades por el

avance forestal. Segn el informe de la Comisin de Verdad Histrica y Nuevo Trato, la poblacin

rural mapuche se caracteriza como la ms vulnerable y de mayor riesgo socioeconmico y de

salud, mostrando los peores indicadores nacionales en mortalidad infantil materna, desnutricin

infantil, enfermedades infecciosas, en tipo y calidad de viviendas, en suministro de agua potable,

accesos a servicios, en ingresos, etc., determinando incluso un bajo crecimiento demogrfico. Segn

dicha comisin, el resultado final y ms significativo de la pobreza y carencia de recursos es la

emigracin reduccional de amplios sectores de su poblacin y la adopcin de patrones culturales de

la sociedad nacional. (2005: 1376 s).

En cualquier caso, las comunidades mapuches han manifestado su rechazo a la expansin

forestal, a la que consideran una amenaza para su modo de vida. Este rechazo se ha expresado

mediante ocupaciones de predios forestales, tala de bosques no autorizada, bloqueo de caminos

forestales, etc., con el fin de obtener el retiro de las empresas forestales. Algunas comunidades

mediante el favorecimiento con las polticas indgenas de los gobiernos de la Concertacin a travs

de la CONADI, llegaron a acuerdos para comprar tierras forestales, regular los derechos de agua e

16

instaurar programas de educacin bilinge. Sin embargo, en lo dems las relaciones entre

comunidades, empresas y gobierno siguen conflictundose. Muchos de los conflictos han sido con

empresas forestales, siendo el ms destacado el asesinato de Alex Lemn, comunero mapuche,

perteneciente a la comunidad Montutui Mapu, que reivindicaba el predio Santa Alicia, perteneciente

a la forestal Mininco. Dicha situacin se volvi a repetir con el asesinato de Matias Catrileo y

Jaime Mendoza Collio. Hay que agregar la aparicin de controvertidas guardias armadas

organizadas por las forestales como sistema de vigilancia y represin que han llevado a cabo

acciones de intimidacin y agresin permanente dentro de las comunidades para garantizar la

operacin de las forestales (Tricot, 2007).

La perspectiva para los dems recursos naturales es similar. Segn Aylwin, se estima que

para 1996 existan 1.357 concesiones mineras nacionales y extranjeras constituidas (o en trmite de

serlo) entre las regiones del Bo Bo y Los Lagos en territorio ancestral mapuche, de las cuales 144

se encontraban en tierras de comunidades pertenecientes a este pueblo. A la misma fecha se haba

otorgado a particulares no indgenas un numero significativo de concesiones de acuicultura en

lagos, ros y mar en aguas colindantes a comunidades mapuche. Para ese ao tambin se haban

otorgado en el mismo espacio territorial el 75 por ciento de los derechos de aprovechamiento de

aguas superficiales disponibles. (Aylwin, 2002: 20-21).

De acuerdo al informe de derechos humanos mapuches de 2005 de la organizacin Meli

Wixan Mapu, El manejo del borde costero y de los recursos marinos ha significado una serie de

dificultades para las comunidades mapuche lafquenche. Si bien la Ley Indgena compromete la

proteccin de las tierras indgenas, esta no la contempla en su totalidad, as el estado utiliza otras

argucias legales para la propiedad del agua, subsuelo, recursos mineros, entre otros. En ese sentido,

la ocupacin del borde costero por parte de grandes consorcios pesqueros ha ocasionado

complicaciones entre los mapuche que viven en la costa. Las comunidades reclaman ante la fcil

entrega de concesiones sobre recursos hdricos a terceros, en consideracin de que ellos tienen que

formar sindicatos para poder ocupar un pedazo de mar. Dicha situacin evidencia nuevamente que

una ley sectorial, en este caso, la Ley de Pesca y Acuicultura de 1992, vulnera la Ley Indgena. Por

otro lado, la contaminacin de aguas marinas por parte de empresas salmoneras y grandes buques

agudiza la an ms la situacin. (Meli Wixan Mapu, 2005: 8) .

El informe agrega que Otros de los serios conflictos es la instalacin de vertederos en

comunidades mapuche. Este caso ha sido detallado en el informe de marzo de 2005, elaborado por

la Coordinacin de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche. Los datos sealan que el

70% de los desechos de la regin de la Araucana va a dar a comunidades mapuche.

Indudablemente, estamos ante un deterioro del medio ambiente y una alteracin en el modo de vida

17

de la poblacin mapuche que colinda con los basurales. (Ibid).

Lo anterior indica con claridad que la conflictividad del sur de Chile es tambin un conflicto

de distribucin de recursos. Se trata de una concentracin de los recursos naturales en manos de

grupos econmicos, que los emplean intensivamente sin lmites regulatorios serios, lo cual

determina una depredacin ecolgica y una agresin cultural a la forma de vida mapuche. De esa

misma manera, la situacin descrita ha sido interpretada como una agresin acumulativa por parte

del Estado chileno y las empresas comprometidas, respecto de la cual las movilizaciones indgenas

persiguen tanto una movilizacin de la atencin de la opinin pblica chilena para obtener el

respeto de los derechos humanos de los indgenas como una defensa legtima frente a esas

agresiones (Cayuqueo, 2002). Esta defensa representa una retaliacin en la medida que buscara

ante una efectiva agresin recuperar los equilibrios histricos que han sido rotos con ella ms all

de las normas que puedan estar en juego. La situacin de pobreza de los mapuches en Chile y la

necesidad de tierras para seguir desarrollando el modo de vida tradicional ha determinado un

profundo conflicto de intereses, un conflicto en torno a la distribucin y utilizacin de recursos

naturales en el Sur de Chile. Sin embargo, las races de ese conflicto entroncan en la forma

monocultural y excluyente de construccin del Estado nacional chileno.

2. La sancin del conflicto.

2.1. Formas REMEP:

2.1.1. Retaliacin respecto a los mapuches:

Los actos de violencia en que se ha visto involucrados comuneros y dirigentes mapuches

expresan la limitacin de las posibilidades de accin poltica en la nueva democracia chilena, en

cuanto dicha accin corresponda a movimientos sociales que cuestionen ciertos elementos del

modelo neoliberal. La inexistencia de espacios crticos en dicha democracia es la primera

explicacin de movilizaciones que contienen o provocan la realizacin de actos violentos y dainos

contra la propiedad. Dichos actos podran considerarse como una retaliacin mediante acciones de

desobediencia civil ms o menos organizadas, y que han resultado a veces en daos contra la

propiedad pblica o privada, por el quebranto de las promesas de participacin que formularon los

principales actores polticos en el marco de la transicin a la democracia (Acuerdos de Nueva

Imperial de 1989). En cualquier caso, la respuesta del Estado es predominantemente retaliativa

respecto a la desobediencia civil mapuche, basndose en una aplicacin desmesurada de un marco

legal que no es el apropiado jurdica ni polticamente para dicho conflicto.

18

2.1.2. Mediacin:

El mayor intento de mediacin llevado a cabo por el gobierno de Chile consisti en la

Comisin para a Verdad Histrica y el Nuevo Trato, en un intento por replicar las polticas de

justicia transicional y reconciliacin llevadas a cabo para enfrentar el problema de las violaciones a

los DD.HH. Durante la dictadura militar. Sin embargo, se excluy de participar en la comisin a los

representantes de las comunidades en conflicto directo y, lo que fue ms importante, no se

implementaron las recomendaciones de la comisin como poltica de Estado. Por el contrario, la

respuesta estatal paso a recrudecer la criminalizacin y correspondiente punicin de la protesta

mapuche mediante la aplicacin de la ley antiterrorista. De esa manera las propuestas de mediacin

han funcionado ms bien como Alibi para evitar la propagacin del conflicto en las comunidades.

2.1.3. Punicin:

La punicin de los actos de violencia ha sido la respuesta predominante del Estado frente al

conflicto en cuestin. La intervencin jurdica del Estado en el conflicto descrito se ha caracterizado

principalmente por el uso de la represin policial y la persecucin criminal de los hechos de los

activistas mapuches bajo las normas de la ley antiterrorista. En principio las sanciones corresponden

a la categora de punicin.16

En el perodo entre 1997-2000, el Estado emplea la Ley de Seguridad Interior del Estado

(Ley No 12927) cuando se registran daos materiales, como incendios de plantaciones y

maquinarias. Tambin se empleo la justicia militar en los casos de comuneros que se resistieron a la

accin policial en manifestaciones y desalojos (Toledo, 2007b). La reforma al proceso penal

imposibilita que se siga haciendo valer por parte del Estado la Ley No 12927 y se empieza a aplicar

al ley 18314 (antiterrorista). En diciembre de 2001 un latifundista, Juan Agustin Figueroa, se

querella en la localidad de Nancahue por incendio terrorista contra los comuneros mapuches

vecinos. ste era ex-ministro de agricultura de Aylwin y miembro del Tribunal Constitucional, de

manera que su influencia poltica fue decisiva para la cualificacin de los hechos como terrorismo

(Ibid: 10). El gobierno comienza en 2002 a solicitar la aplicacin de la ley antiterrorista.

Desde principios de 2002, 9 personas han sido condenadas por la Ley No 18314, 53

procesados, 42 en prisin preventiva y 11 cumpliendo otras medidas cautelares (Aylwin, 2010:

16 Ver Documento Oficial del Proyecto REMEP Latinoamrica, Manuscrito, Versin 15 de mayo 2007, Doc. 3, p. 9.

19

19).17 Todos cumplen ahora condenas de prisin por incendio o amenazas de incendio - delitos

tipificados en la ley antiterrorista - cometidos contra propiedades de latifundistas y empresas

forestales. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se presentaron 12 querellas por terrorismo contra

mapuches. Muchos activistas y sospechosos mapuches han permanecido en detencin preventiva

por largos perodos, algunos por ms de un ao, antes de que se dejaran sin efecto los cargos.

Los actos en cuestin seran delitos conforme al derecho penal comn. Constituiran

destruccin de propiedad privada, con ataques incendiarios contra bosques, edificios, camiones y

maquinaria de compaas madereras y, en ciertos casos, casas habitadas, adems de, presuntamente,

amenazas de cometer dichos actos.

Pinochet introdujo la ley antiterrorista, Ley No 18314 en 1984, otorgndose una herramienta

jurdica integral para enfrentar la creciente oposicin a su dictadura militar. La ley, empleada para

frenar las acciones armadas de los grupos armados urbanos de izquierdas a mediados de los

ochenta, que incluyeron un atentado fallido contra la vida de Pinochet en 1986; tambin fue usada

como mecanismo de intimidacin a los disidentes no violentos. El uso de esa ley para reprimir la

oposicin poltica no violenta acab con el regreso de la democracia en marzo de 1990, pero la Ley

No 18314 sigui usndose de manera ocasional hasta mediados de los noventa contra los restantes

grupos guerrilleros urbanos de izquierdas.18 En enero de 1991, el gobierno de Aylwin introdujo

importantes enmiendas, para hacerla compatible con las normas de DD.HH. que Chile haba

incorporado a su orden jurdico. En mayo de 2002, la ley volvi a modificarse para armonizar sus

disposiciones con el nuevo Cdigo de Procedimiento Penal.

Fueron precisamente las reformas del gobierno de Aylwin, las que la convirtieron en un

instrumento para tratar los hechos que se han presentado durante el conflicto mapuche. El delito de

terrorismo durante la dictadura fue desarrollado por la poltica criminal como un delito poltico o

ideolgico, mientras que las reformas de Aylwin eliminaron sus connotaciones polticas y lo

tipificaron simplemente como un delito violento gravsimo contra las personas. En el prembulo del

proyecto de ley presentado en 1991 por Aylwin se define el terrorismo como atentar contra la vida,

la integridad fsica o la libertad de las personas por medios que produzcan o puedan producir un

dao indiscriminado, con el objeto de causar temor a una parte o a toda la poblacin. Segn la ley,

17 En Septiembre 2003 , en el caso Lonkos, fueron condenados por amenaza terrorista los Lonkos Pichun y Norin a 5 aos; en Junio 2004, fue condenado Victor Ancalaf a 5 aos por quema de camiones; y en Agosto 2004, en el caso Poluco-Pidenco, fueron condenados a 10 aos por incendio, Jos Huenchunao Marian, Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Ciriaco Marileo y Juan Millacheo.

18 Desde 1990 la Ley No 18314 fue slo en cuatro ocasiones. Tres de ellas a inicios de la transicin, por hechos protagonizados por grupos armados de izquierda que cometieron secuestros y asesinatos. Otro caso, de 2001, corresponde a un agente de inteligencia del propio gobierno, que amenaz a la embajada de EEEU con un atentado qumico, das despus del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Cfr. Toledo, 2007b, nota al pie 12.

20

los delitos terroristas19 se cometen (art. 1): con la finalidad de producir en la poblacin o en una

parte de ella el temor justificado de ser vctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza

y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de

atentar contra una categora o grupo determinado de personas.. La norma indica que en ciertos

casos, la intencin de sembrar el terror puede deducirse del uso de armas de destruccin

indiscriminada o masiva, tales como explosivos, dispositivos incendiarios y armas qumicas o

biolgicas. De otro modo, el fiscal tiene la responsabilidad de demostrar una intencin terrorista.

En el caso mapuche, la aplicacin del tipo de terrorismo se ha realizado en los delitos de

incendio, incluyendo hasta sus formas menos graves. Los delitos bajo la ley antiterrorista incluyen

incendiar edificios desocupados y bosques, mieses, pastos, monte, cierros o plantos. Cabe

destacar que la ley antiterrorista vigente durante el gobierno militar no haca referencia alguna al

delito de incendio. Tampoco lo contemplaba el proyecto inicial, sino que fue introducido durante el

debate del proyecto en una comisin de la Cmara de Diputados (Bascuan, 2003). Se trata del

nico delito violento dentro de la ley antiterrorista que no acarrea una amenaza directa o deliberada

contra la vida, la libertad o la integridad fsica de las personas. La inclusin de este tipo menos

grave de incendio dentro de la lista de delitos de terrorismo es altamente cuestionable, teniendo en

cuenta la considerable mayor gravedad de los delitos contemplados por las convenciones

internacionales sobre el terrorismo. Sin embargo, los tribunales chilenos no han cuestionado el uso

de la ley antiterrorista para procesar los delitos que han caracterizado los conflictos de tierras. Ni

siquiera los tribunales que han absuelto a acusados de terrorismo lo han hecho. Por otra parte, la

inclusin de delitos de menor gravedad como supuesto de terrorismo acrecienta la importancia del

elemento subjetivo del terror justificado para la realizacin del tipo. La calificacin de un incendio

como terrorista dependera del temor del afectado, antes que de las efectiva magnitud destructiva de

ste.

La gravedad del terrorismo es reforzada por sanciones adicionales en la Constitucin

Poltica.20

19 Los siguientes actos son algunos de los enumerados como posibles delitos de terrorismo en el atculo 2 de la Ley antiterrorista chilena: homicidio; mutilacin; lesiones; secuestro; retencin de una persona en calidad de rehn; envo de efectos explosivos; incendio y estragos; descarrilamiento; apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte pblico en servicio; el atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad poltica, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas; colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios que puedan causar dao; y asociacin ilcita para cometer cualquier de estos delitos.

20 La Constitucin, an despus de la reforma de 1989 y de 2004, reserva a los condenados sanciones especiales, adems de las penas ms duras de prisin que reciben. Quedan inhabilitados por un plazo de 15 aos para ejercer funciones o cargos pblicos, para ejercer funciones de enseanza; para desempear funciones relacionadas con la emisin o difusin de opiniones o informaciones; ser dirigentes de organizaciones polticas o relacionadas con la educacin o de carcter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general. No tienen derecho a ningn indulto, salvo para conmutar una pena a muerte por presidio perpetuo y pierden el derecho a voto. Slo pueden 21

En Chile, cualquiera puede denunciar un delito de terrorismo. En los ltimos aos, algunos

particulares, corporaciones, el gobierno regional respectivo, el Ministerio del Interior, y hasta el

alcalde de Temuco, han presentado cargos de terrorismo contra los mapuches. A pesar de que un

juez debe resolver fundadamente la calificacin de un acto de terrorismo, el hecho que cualquiera

pueda querellarse aumenta el riesgo de acusaciones arbitrarias. A ello hay que agregar que, segn

Vctor Toledo, efectivamente en torno a los procesos se cre un clima con ribetes de guerra

sucia, con intervenciones telefnicas a los defensores penales, robos de equipos computacionales

de organizaciones indgenas, presin para el cierre de programas de derechos indgenas en

universidades estatales, sabotaje de vehculos de abogados. (Toledo, 2007:12).

Adems del mpetu del gobierno y los empresarios, el celo de los fiscales para aplicar la ley

ha sido notorio. En oficio de 2003, el Fiscal Nacional instruye a los Fiscales Regionales de que

asuman como buena la doctrina del tribunal que conden a los Lonkos Norn y Pichn. El oficio

cita la sentencia indicando que las acciones evidencian que la forma, mtodo y estrategia

empleados, tenan una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona,

situacin que es pblica y notoria y que estos jueces no pueden desatender; se trata de un grave

conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la poblacin, hecho que no fue discutido ni

desconocido por los intervinientes (Fiscal Nacional, 2003). De esa manera la sola existencia de un

conflicto de intereses entre mapuches y empresarios hace verosmil para la Fiscala calificar la

intencionalidad de causar terror en las acciones violentas que ocurran en dicho conflicto.

Las dificultades jurdicas que hacen cuestionable, desde la perspectiva del garantismo penal

democrtico, el caso son las siguientes:

La ley antiterrorista aumenta las condenas normales para algunos delitos, cometidos en

el contexto de un conflicto social, de uno a tres grados. Ello constituye una violacin del

principio de proporcionalidad (Aylwin, 2010: 17).

Durante la primer dcada de este siglo, la Ley No 18314 haba sido utilizada slo en

procesos en contra de personas mapuche o relacionadas con este pueblo por hechos de

protesta social, situacin que ha sido considerada tanto por este pueblo como por instancias

de derechos humanos, como una muestra de evidente discriminacin racial en su contra

(Ibid: 19).

Los actos calificados como terroristas implican daos a bienes, lo que contraviene la

doctrina penal e internacional, pues falta uno de los elementos esenciales del delito de

terrorismo, cual es desprecio de la vida humana, o poner en peligro el orden constitucional.

obtener la libertad bajo fianza con el consentimiento expreso por votacin unnime de todos los miembros de un tribunal superior. La condena acarrea la prdida de la ciudadana, la cual se puede restituir una vez cumplida la sentencia, pero slo mediante una ley especial que requiere la mayora absoluta en el Congreso.

22

El terrorismo es asimilable a un crimen de guerra en tiempo de paz, y slo puede reservarse

para actos gravsimos, donde la finalidad poltica de alterar el orden constitucional es

esencial para su calificacin. La mayora de los 12 convenios y protocolos de las Naciones

Unidas sobre terrorismo abordan sus distintas formas especficas, incluyendo la toma de

rehenes, las bombas, el secuestro de aviones, ataques a la navegacin martima, etc.,

conllevando todas ellas violencia y posible dao a personas (Ibid: 6).

El elemento subjetivo del tipo penal establecido en la ley antiterrorista (causar temor),

cuando aparece asociado con la lista amplia de conductas constitutivas de delitos ordinarios

constituye una definicin excesivamente amplia que puede conducir a casos de injusticia

material de los inculpados, y consecuentemente en la vulneracin de las garantas de los

inculpados (Ibid: 8). Debido a la presuncin del elemento subjetivo en ciertos comportamientos

como el de incendio, el Tribunal Penal Oral de Angol cuestion la constitucionalidad de la Ley

No 18314 indicando que contraviene la prohibicin constitucional de la presuncin de inocencia

y los estndares de los tratados internacionales de DD.HH.21

En los casos, para establecerse la finalidad terrorista, los jueces basan sus sentencias en

indicios, y sostienen, correspondiendo a la interpretacin de Fiscala, que el contexto de

protesta social es suficiente para calificar de terroristas a los actos imputados.

En el caso Lonkos, se conden por amenaza de cometer acto terrorista, y se consider

realizado el hecho tpico de amenaza terrorista del art. 7 de la ley, pero al mismo tiempo,

es ella la forma a travs de la cual se comprobara la finalidad de causar temor mediante un

delito que an no se ha cometido. Adems de eso, la amenaza de cometer un delito comn

no es suficiente para dar por acreditada la finalidad de causar temor en el incendio para que

ste se convierta en terrorista (Villegas, 2007b: 40).

En el caso Poluco Pidenco, comuneros mapuches fueron condenados por el Tribunal

Oral en lo Penal de Angol a 10 aos de crcel por incendio terrorista, en tanto que otro

grupo de comuneros fueron condenados en el mismo proceso, por los mismso hechos, en

base a las declaraciones de los mismos testigos y con idnticas pruebas a una pena mucho

menor (5 aos) por incendio simple.

Se dificulta la libertad provisional: Los jueces han citado los cargos por terrorismo para

justificar el rechazo de las peticiones de libertad bajo fianza del acusado. La categorizacin

de terrorismo determina que el acusado sea mantenido en prisin preventiva durante meses.

Al calificar delito como un acto terrorista, el fiscal aumenta la probabilidad de que el

sospechoso permanezca en prisin durante todo el perodo previo al juicio, o una parte

21 Sentencia del Tribunal Oral de lo Penal de Angol, 7 de abril de 2006. Citado por Aylwin, 2010: 10.

23

considerable de ste.22 El nuevo Cdigo de Procedimiento Penal permite revisiones

peridicas de las rdenes de prisin preventiva en las que el acusado puede obtener

eventualmente la libertad provisional. La detencin preventiva slo es admisible cuando el

juez considere necesario garantizar el xito de la investigacin o cuando el acusado sea

considerado peligroso. Entre los hechos considerados por el tribunal se encuentran el

nmero de delitos cometidos y la gravedad de la pena que acarrean.

Se permite que el ministerio pblico retenga pruebas a la defensa durante un plazo de

hasta seis meses.

Los acusados pueden ser condenados basndose en el testimonio de testigos annimos.

Estos testigos comparecen en el juicio detrs de una pantalla para que los acusados y el

pblico no puedan verlos, y presentan declaracin mediante sistemas que distorsionan su

voz. Las modificaciones de la ley antiterrorista introducidas en 2002 prevn medidas para

proteger a testigos fundamentales de la acusacin y a sus familiares o seres queridos si el

ministerio pblico considera que se encuentran en peligro fsico. La ley permite que estos

testigos presenten pruebas en el tribunal por cualquier medio idneo que impida su

identificacin fsica normal. Con el uso de testigos sin rostro se debilita la capacidad de la

defensa para refutar las pruebas presentadas por la acusacin, ya que la identidad y la

conducta de los testigos tienen una relevancia directa para su credibilidad. Es posible que los

propios testigos tengan antecedentes penales o rencillas personales o animosidad poltica

contra los acusados. Es ms, en caso de testimonio malicioso, la defensa no puede acusar de

perjurio a testigos que no puede identificar. Ms an, en circunstancias extremas, los testigos

pueden simplemente mentir con impunidad (Aylwin, 2010: 13). El uso de testigos sin rostro

se est convirtiendo en habitual con la multiplicacin de los juicios contra mapuches de

acuerdo con la ley antiterrorista.

En octubre de 2004, 16 lderes destacados y simpatizantes de la CAM fueron juzgados

por asociacin ilcita terrorista. El caso plante una lesin al derecho a no ser juzgado ms

de una vez por el mismo delito (non bis in dem) pues varios inculpados ya haban sido

juzgados como responsables por delitos terroristas.

Los mapuches acusados de violencia contra la polica, as como los que han sido

vctimas de la violencia o el maltrato policiales, comparecen ante tribunales militares. Tanto

los fiscales como los jueces son miembros de las fuerzas armadas en servicio activo. Los

jueces no tienen que tener una formacin jurdica formal, no disfrutan de estabilidad en el

22 Jorge Huiaqun Antinao estuvo en prisin preventiva 12 meses y fue luego absuelto por el tribunal oral, debido a la debilidad de las pruebas. Juan Luis Llanca recibi una condena condicional de 5 anos por incendio despus de estar 18 meses en la crcel.

24

cargo y estn sujetos a rdenes superiores dentro de la cadena de mando militar. Es decir,

que no ofrecen las garantas de independencia e imparcialidad necesarias para garantizar un

juicio justo.

Desde 2008, al menos 5 menores de edad han sido imputados por la Ley 18314, y que

deberan haber sido juzgados por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ANIDE et al.

2011)

En los casos en que se ha aplicado la ley antiterrorista a los mapuches, segn sostienen

distintas organizaciones internacionales, ha habido violacin de los derechos humanos de los

inculpados. Todos los informes de las organizaciones internacionales sobre el tema han planteado

recomendaciones para la revisin de las sentencias y la modificacin de las fallas de la ley

antiterrorista: Informes de la FIDH (2003-2006); Informe de la misin a Chile del Relator Especial

sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indgenas de la Comisin de

Derechos Humanos de la ONU, el Sr. Rodolfo Stavenhagen (2003); las Observaciones finales sobre

Chile del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (2005); Observaciones Finales del

Comit de Derechos del Nio (2007); Observaciones Finales del Comit de Derechos Humanos

(2007); Informe del Grupo de Trabajo sobre Utilizacin de Mercenarios como Medios de Violar los

DD.HH. y Obstaculizar el Ejercicio del Derecho a los Pueblos a la Libre Determinacin (2008);

Observaciones Finales del Comit contra la Tortura (2009); Observaciones Finales del Comit para

la Eliminacin de la Discriminacin Racial (2009); Consejo de Derechos Humanos (2009); Informe

del Relator especial sobre la situacin de los defensores de Derechos Humanos, Sra. Margaret

Seckaggya (2010). Tambin se han pronunciado el Representante del Alto Comisionado de

Derechos Humanos para Amrica Latina y el Caribe; Amnista Internacional; Human Rights Watch;

y la Asociacin Americana de Juristas, entre otros. Todos los cuestionamientos van formado el

nuevo expediente Chile (Toledo, 2005) en la agenda del rgimen internacional de Derechos

Humanos.

A la acumulacin de cuestionamientos internacionales, la misma judicatura se ha ido

aprtando de la aplicacin de la Ley 18314. El 22 de Marzo de 2011, 13 comuneros fueron absueltos

y otros 4 condenados23 por delitos comunes no terroristas por el Tribunal Penal Oral de Caete

por el atentado al fiscal Mario Elgueta en 2008. Luego, La Corte Suprema anul parcialmente el

juicio y rebaj las penas de los condenados. Dos comuneros procesados por la Ley 18314 fueron

absueltos el 1 de Octubre de 2011, por el Tribunal Penal Oral de Temuco. El 7 de Agosto de 2011, la

Comisin Interamericana de DD.HH. pas a la Corte Interamericana los 3 casos (Lonkos, Ancalaf y

23 Hector Llaitul, Ramn Llanquileo, Jos Huenuche, Jonathan Huillical.

25

Pideco) de aplicacin de la ley antiterrorista como forma de aplicacin discriminatoria e

injustificada de un marco normativo a individuos indgenas, cuya aplicacin presenta una serie de

dificultades que afectan el debido proceso.

Por otra parte, durante el escndalo de Wikileaks, en la filtracin masiva de docuemntos del

servicio exterior estadounidense el 2010, trascendi que el gobierno chileno de Bachelet haba

consultado a EE.UU. si sus organismos de inteligencia tenan antecedentes sobre conexiones de los

grupos mapuches con las FARC, ETA u otras organizaciones consideradas como terroristas. El

gobierno norteamericano desestim totalmente esa posibilidad y consider que las inquietudes del

gobierno chileno eran infundadas y basadas en la inflacin que hacan los medios locales del tema

(Inga, 2011).

La aglomeracin de procesamientos por ley antiterrorista, produjo una reaccin del

movimiento social mapuche que se encamin a pedir la anulaicn de la Ley de Aminista en los

juicios y la liberacin de los presos polticos mapuches. Frente a la indiferencia de la sociedad

chilena, han empleado varias veces el recurso extremo de la huelga de hambre para obterner la

atencin de la opinin pblica.

Entre marzo y mayo de 2006, cuatro condenados por aplicacin de la ley antiterrorista

ejecutaron una huelga de hambre. Aunque sta fue depuesta antes de un desenlace fatal por la

intervencin de mediadores polticos y sociales, el resultado fue la necesidad de la presentacin por

parte del Ejecutivo de un proyecto de ley para modificar la ley antiterrorista.24 El Proyecto del

ejecutivo procur limitar el tipo de terrorismo a travs de la identificacin de los bienes jurdicos

protegidos por la norma, limitando stos a "los derechos fundamentales de las personas", con

exclusin del derecho de propiedad. El proyecto est en discusin, pero el Senado rechaz en 2006

otro proyecto para otorgar la libertad condicional a los mapuches presos por acusacin de

terrorismo.

En Julio de 2010, 23 comuneros iniciaron otra huelga de hambre, a la que posteriormente se

le sumaron 9 ms. La huelga de hambre se prolong hasta el 1 de Octubre. Correspondiendo al

primer ao del nuevo gobierno de derecha, ste busc ignorar la situacin y slo en Septiembre

propuso una mesa de dilogo. Un grupo de manifestantes de la Alianza Territorial Mapuche se tom

la CEPAL y la Iglesia Catlica intervino como mediadora en el conflicto. El resultado de las

negociacioens fue que el gobienro retir las querellas por terrorismo. A pesar de ello, los fiscales

prosiguieron con los casos bajo esa calificacin.

El gobierno mand una modificacin a la Ley 18314 que suprima la presuncin de la

24 Mensaje de S.E. la Presidenta de la Repblica con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley n 18.314, que establece conductas terroristas y fija su penalidad (Santiago, 3 de julio de 2006), Mensaje N 185-354.

26

finalidad terrorista de ciertos actos, exclua de la calificacin del terrorismo delitos contra la

propiedad privada (como el incendio en lugar deshabitado) y la haca inaplicable a menores de

edad.

Al conflicto en cuanto al derehco penal substantivo, hay que aadir el peculiar modo de

operacin del procedimiento penal reformado en la zona mapuche. El establecimiento de un sistema

acusatorio fue saludado como la adaptacin del procedimiento penal a las modernas exigencias del

garantismo de los sistemas polticos democrticos. Sin embargo, la ausencia, dentro de la

construccin e implementacin de la reforma procesal penal de consideraciones inter- y

multiculturales contribuye a explicar la disposicin de los funcionarios del ministerio pblico a

categorizar actos violentos en el contexto de un conflicto social como actos terroristas (CEJA,

2006). Slo la creacin de la defensora mapuche culturalmente pertinente como parte de las

instituciones de la reforma procesal ha permitido una direccin hacia un menor desquilibrio.25

Para Le Bonniec, los fiscales de la reforma son fruto de la reproduccin social de las lites, y

se sienten responsables de la defensa del estado de derecho y de la propiedad privada, constituidos

histricamente para favorecer a esas lites, de las cuales los fiscales como nobleza intelectual del

Estado forman parte (Le Bonniec, 2003: 11).

La vulneracin de Derechos Humanos de los mapuches y la desconsideracin al principio de

proporcionalidad es evidente. Muchos han visto en ello la aplicacin del derecho penal del enemigo,

donde el derecho penal pierde su carcter de ultima ratio y puede aplicarse para resolver conflictos

sociales (Villegas, 2007b, 2008). Para Myrna Villegas, El mapuche es considerado un enemigo

porque su forma de vida, su modo de produccin, su cultura y su religin no son compatibles con

las necesidades de acumulacin capitalista. Estas necesidades de acumulacin s pueden verse

satisfechas a travs de empresas forestales e hidroelctricas dadas las altas ganancias que producen.

Estas necesidades de acumulacin obvian conscientemente el dao ambiental y cultural que traen

aparejadas. ...El mapuche es tambin enemigo porque, habiendo agotado los cauces legales de

resolucin de conflictos, opt por la utilizacin de la violencia en contra de la propiedad privada.

De esta forma huye del derecho, y no garantiza seguridad cognitiva (Jakobs), y al amparo del

ambiguo concepto de terrorismo que existe en nuestra legislacin, sus hechos son catalogados como

terroristas. Y se les trata como a terroristas. (2007b: 46) . De acuerdo a Villegas, el mapuche, a

diferencia del terrorista, no busca la toma del poder mediante la violencia, utiliza la violencia como

ltimo recurso frente a una situacin de injusticia social. Su violencia es distinta de la empleada por

organizaciones tales como Al Queda, Brigadas Izz Al Din Al Qassam, ETA militar, IRA autntico,

25 La oficina para atender a imputados mapuches fue creada por decisin administrativa de la Defensora de IX Regin, en Agosto de 2001, sin que estuviese prevista en la ley.

27

entre otras. Por ende, los actos de violencia desplegados por mapuches deberan ser sancionados, en

todo caso, conforme a la legislacin penal comn, que ya es lo suficientemente agravada en materia

de delitos contra la propiedad por medios materiales. (Ibid).

A todo lo anterior hay que aadir la constitucin de fuerzas de seguridad privadas que

asumen tareas de control y vigilancia en un contexto donde los terratenientes hablan del derecho a

la autodefensa. Los mapuches han denunciado amenazas, secuestros, maltratos por parte de la

polica e inclusive ataques en contra de los abogados de los inculpados mapuches, hechos que no

son perseguidos con el mismo celo por policas y fiscales.

2.2. Condiciones de la Sancin en el Conflicto analizado.

Las condiciones de las sanciones descritas aqu desarollan una punicin excesiva,

discriminatoria, lesiva de las garantas del debido proceso y, por sobretodas lascosas, excluyente de

ciudadanos con pertenencia tnica mapuche. Las sanciones aplicadas por parte de la poltica

criminal del gobierno y la fiscala son claramente retaliadoras e instrumentalizan al sistema jurdico

para proteger los intereses econmicos de la industria forestal y mantener una situacin de

dominacin racial que contradice los fundamentos valricos de la democracia, generando una

intervencin de caractersticas marcadamente verticales aunque persiguiendo ms bien defender un

status quo social y tnico antes que una actualizacin del Estado Democrtico de Derecho.

El dispositivo del terrorismo mapuche que han puesto en juego los principales actores

(gobierno, empresarios, medios de comunicacin, fiscales, tribunales) respecto a este problema va

mucho ms all de los casos en que se ha aplicado judicialmente la ley antiterrorista a los