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Informe estándar de progreso Junio – Agosto de 2013 Septiembre 2013

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Informe estándar de progreso

Junio – Agosto de 2013

Septiembre 2013

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Contenido

Resumen ................................................................................................................................................. 3

Impactos obtenidos con los avances de las propuestas ...................................................................... 11

1. Fortalecidas las organizaciones de víctimas ................................................................................. 11

2. Fortalecidas las instituciones con competencias en la implementación de la Política de Justicia

Transicional. ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

3. Promovida la convivencia pacífica y reconciliación en municipios priorizados. .......................... 19

4. Divulgación estratégica de los derechos de las víctimas. ............................................................ 20

5. Acceso de las víctimas a la justicia. .............................................................................................. 21

6. Apoyados mecanismos para la protección y la prevención. ........................................................ 24

7. Preservados los archivos de memoria histórica, DDHH y DIH. .................................................... 24

8. Fortalecimiento institucional para la atención, representación y reparación integral a sujetos

colectivos de derechos. ........................................................................................................................ 27

Anexos .................................................................................................................................................. 28

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Resumen

El Fondo de Justicia Transicional avanza en el cumplimiento de su plan de acción para el año 2013

dando continuidad a las iniciativas que han sido consideradas como estratégicas para el logro de

los objetivos tanto del Programa Promoción de la Convivencia como para el Programa de

Fortalecimiento a la Justicia en Colombia, en el presente reporte se evidencian avances en cada

temática trabajada.

Se destacan los avances en el fortalecimiento a organizaciones de víctimas con el desarrollo de la

réplica de la Escuela de Formación, la ampliación de la cobertura del proceso a cinco nuevos

territorios y la revisión de la agenda nacional de las organizaciones que conforman los equipos

promotores.

En el Fortalecimiento institucional se destaca la apropiación de protocolos y herramientas en

materia de atención a víctimas así como los avances en el proceso de formación a personeros y

personeras en la Ley 1448 en diferentes regiones del país.

El proyecto que tiene como objetivo el fomento de una cultura de convivencia pacífica y

reconciliación en seis municipios seleccionados del país, avanza de manera destacada: se consolida

la articulación interinstitucional (tanto a nivel nacional como con las regiones) lo que ha permitido

culminar con la etapa de alistamiento territorial socializando la propuesta y consiguiendo las

alianzas en los niveles departamentales y municipales. Se avanza ahora en los procesos de

diagnóstico y construcción de las iniciativas con la participación de los diferentes actores

municipales.

En materia de divulgación de derechos de las víctimas, se han conseguido importantes avances en

el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y su relacionamiento con periodistas y medios

de comunicación así como destacan los avances con universidades y escenarios académicos.

En materia de Acceso a la Justicia se destaca el trabajo de las brigadas e incidentes judiciales, en el

marco del proceso de Justicia y Paz, donde las víctimas participan masivamente. No obstante hay

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lecciones aprendidas por aplicar en la propuesta y se deben mejorar los niveles de coordinación

interinstitucional.

De manera transversal y de interés a todas las propuestas se avanza en lograr impactos en los

enfoques de género y diferencial. Así como también en la construcción de una ruta clara en

materia de sostenibilidad de las propuestas en curso e inclusive de algunas ya concluidas.

El presente informe que corresponde al periodo junio – agosto de 2013, detalla los avances, logros

y resultados en los diferentes proyectos implementados por el FJT

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Análisis de contexto

A continuación se presenta un resumen de algunos hechos que son considerados relevantes para

el contexto del trabajo desarrollado desde el Fondo de Justicia Transicional y que merecen una

mención especial.

Mesa de conversaciones para la terminación del conflicto: Mesas Regionales y Foro sobre

problemática de las drogas.

Durante el periodo informado se realizaron las últimas tres mesas regionales para contribuir al fin

del conflicto1 que restaban por efectuarse. Posteriormente, y tras participar el equipo del FJT

activamente en el proceso de análisis y sistematización de la información, se hizo entrega2 de la

sistematización por parte del sistema de Naciones Unidas en Colombia a las Comisiones de Paz de

Cámara y Senado, quienes a su vez entregaron la sistematización y objetos simbólicos3 a

delegados de las embajadas de los países garantes4.

El ejercicio de las mesas regionales brindó la posibilidad de escuchar las voces de la sociedad civil y

en particular, de las víctimas del conflicto armado. Más de 4.000 propuestas fueron recibidas en

las nueve mesas regionales, que contaron con la participación de 2.813 personas pertenecientes a

1.723 organizaciones de sociedad civil. Se destaca que la mayoría de participantes de las mesas

fueron mujeres5.

Tanto el desarrollo de las mesas como incluso el mismo acto de entrega, fueron marcados por la

expresión de la voluntad de las víctimas de participar activa y directamente de las conversaciones

en La Habana.

El periodo que ha rodeado a los ciclos de conversaciones de este trimestre ha sido intenso:

movilizaciones sociales como en el Catatumbo y el paro nacional agrario, anuncios

1 Mesa en Quibdó el 27 y 28 de junio, mesa en Neiva el 4 y 5 de julio y mesa en Ibagué el 11 y 12 de julio.

2 El acto de entrega se adelantó el día 27 de agosto en las instalaciones del Congreso de la Republica en Bogotá.

3 Los objetos simbólicos habían sido recogidos en el acto de lanzamiento de las mesas regionales, realizado el día 6 de

mayo de 2013. 4 Cuba y Noruega.

5 El 52% de las personas participantes fueron mujeres.

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gubernamentales sobre un posible referendo y el anuncio de las FARC-EP de pausar las

conversaciones, dejaron ver la fragilidad del proceso de conversaciones.

No obstante llama significativamente la atención el cambio de discurso en la cúpula de las FARC-EP

con respecto a las víctimas del conflicto armado, la delegación de la guerrilla emitió un

comunicado oficial6 en el que por primera vez reconocía la existencia de víctimas a causa de sus

acciones, afirmando: (…) “Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras

filas”(...) Este reconocimiento de la guerrilla se producía tan sólo unos días después de que, por su

parte, el Presidente de la Republica reconociera también de manera explícita y en dos ocasiones

seguidas7 la responsabilidad del Estado, tanto por acción como por omisión, en violaciones al

Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

Este reconocimiento explícito por las dos partes, puede leerse como el primer acercamiento a

tratar el tema de las víctimas del conflicto en la mesa y abre una posibilidad para el

reconocimiento serio de responsabilidades y el pedido de perdón a las víctimas del conflicto

armado.

El 26 de agosto se cumplió un año de la firma del acuerdo general para la terminación del conflicto

y a su vez se emitió un comunicado8 conjunto anunciando la realización de dos nuevos foros que

facilitarán la participación de la sociedad civil sobre el problema de las drogas ilícitas. Como en las

ocasiones anteriores, los foros se encargan al Sistema de Naciones Unidas y a la Universidad

Nacional y se trataría por un lado de un foro de carácter nacional en la ciudad de Bogotá de amplia

participación y de características similares a los foros anteriores9 durante los días 24, 25 y 26 de

septiembre del año en curso; por otro, y como hecho novedoso, un capítulo especial del evento

para recoger los testimonios de la región y promover intercambios entre los diferentes actores

locales que pueden construir una solución que sería un segundo foro en San José del Guaviare, los

días 1, 2 y 3 de octubre.

6 Comunicado emitido por las FARC-EP el día 20 de agosto de 2013.

7 El 24 de julio en su discurso de durante la presentación del informe de Memoria Histórica y el 25 de julio, en su

intervención en la audiencia pública sobre el Marco Jurídico para la Paz, ante la Corte Constitucional. 8 Ver comunicado en https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-

agosto-26-de-2013 9 Foro Desarrollo Agrario Integral realizado en Bogotá en diciembre de 2012 y Foro de Participación Política realizado en

Bogotá en abril de 2013.

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Marco Jurídico para la Paz.

El año anterior se sancionó el acto legislativo10 denominado “Marco Jurídico para la Paz” que

incorporaba a la Constitución Política dos artículos transitorios que establecen un marco

constitucional para poner en marcha una estrategia integral de justicia transicional que garantice

la satisfacción de los derechos de las víctimas y el logro de la transición hacia la paz.

Dicho marco jurídico para la paz, requiere posteriormente un desarrollo normativo, el cual aún no

se ha dado, sin embargo en el periodo informado, el tema cobró gran relevancia debido a que el

acto legislativo fue demandado por la Comisión Colombiana de Juristas y, en consecuencia, la

Corte Constitucional debió adelantar un examen de constitucionalidad de las expresiones

demandadas. El examen de la Corte, sin embargo, fue en su análisis más allá de las expresiones

demandadas y aunque aún no se conoce la sentencia en su totalidad el pasado 28 de agosto la

Corte informó a la opinión publica mediante boletín de prensa que se declaraba “Exequible el acto

legislativo en revisión”.

El boletín emitido por la Corte, evidencia que se adelantó una revisión de los elementos de Justicia

Transicional introducidos por el “Marco Jurídico para la Paz” y su compatibilidad con los derechos

de la sociedad y las víctimas en particular. Fijó algunos parámetros de interpretación del “Marco

Jurídico para la Paz” para que sean observados por el Congreso de la Republica al momento de

expedir la Ley Estatutaria por la cual se desarrollará el acto legislativo. Es de mencionar que el

Presidente de la Republica no escatimó esfuerzos en defender este acto legislativo, pese a los

cuestionamientos que el instrumento jurídico ha recibido, inclusive de las FARC-EP.

Proyecto de Ley para la modernización de las Personerías Municipales.

La Federación Nacional de Personeros –FENALPER- lidera el cabildeo de un proyecto de ley

diseñado en el marco de la propuesta de fortalecimiento al Ministerio Público que se adelanta

desde el Fondo de Justicia Transicional y que ha contado con la colaboración de expertos y

académicos en el tema.

10

Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de Justicia Transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

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La iniciativa legislativa surge tras el diagnóstico efectuado en el trimestre anterior y tiene como

objetivos, entre otros, precisar el marco de funciones y competencias; mejorar el proceso de

elección de los personeros y personeras; el fortalecimiento de la institución a nivel local de

manera sostenible y con recursos públicos; institucionalizar la Federación Nacional de Personeros,

así como el mejoramiento de las relaciones y articulación con la Procuraduría General de la

Nación. La Unidad Nacional11 presentará en días próximos el proyecto de Ley, el cual cuenta con el

respaldo del Procurador General de la Nación.

Con este proyecto se pretende fortalecer la democracia local, robusteciendo una importante

institución como los son las personerías, las cuales ven como muchas normas les imputan nuevas

responsabilidades sin que medie un proceso de fortalecimiento para dar respuesta a la demanda.

Informe general Grupo de Memoria Histórica.

El 24 de julio fue lanzado el informe “Basta Ya. Memorias de Guerra y Dignidad”, elaborado por el

Grupo de memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este informe no solo

documenta la violencia sufrida en Colombia durante décadas sino que, ”también aspira a ser un

acta de compromiso con la transformación del futuro de Colombia”12.

Cabe destacar que el lanzamiento del Informe contó con el acompañamiento de un número

significativo de víctimas (muchas de ellas articuladas a los procesos que impulsa el Fondo de

Justicia Transicional) cuya participación fue especialmente relevante por el ambiente generado

para el acto, su ubicación en igualdad de condiciones entre las altas personalidades del Gobierno,

el turno en el uso de la palabra etc. Dichos detalles, lejos de ser pequeños, evidencian una

intencionalidad de colocar a las víctimas al centro del debate y en el lugar protagónico que les

corresponde.

En sus últimas páginas13 el informe concluye con unas importantes recomendaciones de Política

Pública, 30 en total, todas de gran valor y pertinencia: la primera pide al Presidente de la

Republica y otros funcionarios que reconozcan la responsabilidad del Estado por las violaciones a

los Derechos Humanos, recomendación que al día siguiente el propio presidente de la Republica

11

Coalición de partidos, principalmente oficialistas. 12

Fragmento del discurso de Gonzalo Sánchez, Director del Centro de Memoria Histórica en el Lanzamiento, el pasado 24 de Julio de 2013 en Bogotá. 13

De la Página 397 a la 404.

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asumía en la Audiencia en la Corte Constitucional del “Marco Jurídico para la Paz” reconociendo

dicha responsabilidad tal y como se narraba anteriormente.

Por otra parte, llama considerablemente la atención que de las 30 recomendaciones de política

pública realizadas, el Fondo de Justicia Transicional viene adelantando proyectos y acciones en

temas relacionados con 8 de ellas, las cuales son:

Recomendación 2. Referida a dotar de Recursos a aquellas entidades encargadas de preservar,

proteger, y dar acceso a los archivos.

Recomendación 3. Referida a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Desaparecidas.

Recomendación 6. Referida a que en el desarrollo de acciones de memoria histórica se

identifiquen y reconozcan públicamente los actos de dignidad y resistencia de las víctimas.

Recomendación 10. Referida al desarrollo de centros de atención psicosocial.

Recomendación 17. Referida a la identificación de lecciones aprendidas de los procesos de

desarme, desmovilización y reintegración, buscando procesos exitosos y sostenibles para los

desmovilizados y sus comunidades.

Recomendación 20. Referida a promover e implementar programas y campañas de tipo

pedagógico y comunicativo que propendan por superar la estigmatización contra grupos

poblacionales específicos.

Recomendación 26. Referida a la importancia de la participación de las víctimas en los espacios de

participación creados por la ley 1448, así como en el diseño e implementación de políticas públicas

de reparación integral como fundamento de sus sostenibilidad.

Recomendación 30. Referida a la cooperación internacional, recomendándole fortalecer su

coordinación y priorizar el apoyo a los esfuerzos de construcción de paz.

Avances en la selección y priorización de casos: Ley 1592 de 2012.

Luego de la presentación de los criterios de priorización y selección de casos, la Unidad Nacional

de Fiscalías para la Justicia y La Paz construyó un ambicioso plan de acción para decantar la

información relevante y comenzar a radicar casos en Tribunales en las primeras semanas de

agosto.

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La priorización tuvo en cuenta dos criterios específicos: uno, subjetivo en virtud del cual se

adelantan investigaciones contra los 16 postulados miembros de grupos armados organizados al

margen de la ley y considerados máximos responsables al ser cabezas de bloques o guerrilleros de

alto rango; y otro, objetivo en virtud del cual las investigaciones se concentran en delitos de

desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito, violencia basada

en género y aquellos que en las regiones causaron mayor conmoción.

Es destacable el esfuerzo por parte de la Fiscalía por obtener los resultados presupuestados y

cumplir con el cronograma previsto pues comenzó la radicación de casos en los tribunales

correspondientes dentro de las fechas señaladas.

Continuidad de amenazas y acciones violentas contra líderes de víctimas.

En el periodo anterior, se evidencio un significativo aumento de acciones violentas contra

personas líderes de las organizaciones de víctimas, que adelantan actividades cívicas, comunitarias

y sociales y/o promueven acciones como defensores y defensoras de derechos humanos y de

restitución de tierras. Durante este periodo continuaron estas acciones violentas, aunque en

menor medida.

Llama la atención la situación del departamento de La Guajira, donde el pasado 28 de julio fue

asesinado el señor Francisco Herrera, agricultor, pastor evangélico, dueño de una unidad agrícola

familiar y líder social en el asentamiento de Santa Rita de la Sierra perteneciente al municipio de

Dibulla. Seguido del asesinato del señor Herrera se han presentado múltiples amenazas,

supuestamente generadas por bandas criminales de la región. Víctimas de esas amenazas, varios

líderes se han visto obligados a salir de la región, entre ellos el señor Juan Gabriel Galván, quien

lidera la Asociación Campesina de Dibulla – ASOCAMDES- organización que hace parte del equipo

promotor de ese departamento articulando esfuerzos en el proceso de redes territoriales de

víctimas del Programa Promoción de la Convivencia.

La continuidad de las amenazas y acciones violentas contra la población civil, obligan a insistir en

una profunda reflexión sobre las garantías para el ejercicio y búsqueda de los derechos de las

víctimas.

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Impactos obtenidos con los avances de las propuestas

1. Fortalecidas las organizaciones de víctimas.

En el marco del proceso de Articulación de Redes Territoriales de Víctimas y en la fase de réplica

de la Escuela de Formación que se desarrolla durante el año 2013, se benefician aproximadamente

550 líderes y lideresas de diferentes organizaciones de todo el país. La réplica de la Escuela

posibilita, además de la preparación técnica en los temas seleccionados14, la cualificación de las

capacidades organizacionales en materia de liderazgo, coordinación y articulación, rendición de

cuentas y gestión del conocimiento. Además, empodera a las víctimas en tareas no tan frecuentes

a su accionar común, tales como el rol de ser talleristas con las implicaciones metodológicas y

técnicas que esto supone. Este ejercicio cuenta con el acompañamiento del equipo técnico del

Fondo de Justicia Transicional y las organizaciones nacionales15 que han participado en el diseño y

desarrollo de la Escuela las cuales brindan pistas técnicas que facilitan el empoderamiento de

líderes y lideresas de cara a la incidencia en políticas públicas en sus territorios.

El conocimiento de la Escuela de Formación se materializa en la Cartilla de Trabajo de la Escuela

que constituye una importante herramienta no solo para la réplica de la Escuela sino también para

la incorporación de elementos pedagógicos de consulta y referencia diaria en las organizaciones

para su discurso y su accionar.

La Cartilla presta especial atención a los enfoques de género y diferencial y, de hecho, se ha

creado una herramienta de seguimiento a la inclusión del enfoque de género por parte de las

organizaciones que impulsan el proceso en cada territorio. Esta herramienta le permite a los

equipos identificar una actividad dentro de su respectivo plan de trabajo con el objetivo de

analizar y señalar algunos elementos fundamentales con miras a implementar en el día a día del

trabajo de las organizaciones la perspectiva de género.

14

Los temas que componen la Escuela de Formación son: Restitución de Tierras, Desplazamiento Forzado, Violencias Sexual y de género, Desaparición Forzada, Liderazgo, Gestión de proyectos, Veedurías y Autoprotección. 15

Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos- ASFADDES-, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Viva la Ciudadanía, Alianza de Mujeres por la Paz –IMP- y La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ .

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Durante el periodo reportado y como se mencionaba al principio de este informe, se desarrollaron

las mesas regionales para la contribución al fin del conflicto. En el marco de esta iniciativa de las

Comisiones de Paz de Cámara y Senado, con el acompañamiento técnico y metodológico del

Sistema de Naciones Unidas se realizaron las 3 últimas mesas regionales para contribuir al fin del

conflicto. Desde el FJT se ha facilitado técnicamente estos espacios tanto en las tareas de

relatoría, moderación, convocatoria y coordinación para que los líderes y lideresas pertenecientes

a las organizaciones que se articulan al proceso de redes de víctimas, pudieran participar de dichas

mesas. La convocatoria a través de la red, ha podido reforzar la pluralidad y diversidad de los y las

participantes (ver anexo).

La interlocución y generación de diálogo con la institucionalidad territorial continua siendo una las

principales apuestas del proceso, para ello los acuerdos de trabajo por territorio establecen en

buena medida este componente y en consecuencia las instituciones siguen reconociendo el

proceso, como un escenario que posibilita la construcción colectiva de propuestas y el desarrollo

de agendas de trabajo que favorecen la interlocución entre víctimas e institucionalidad.

En VI Encuentro Nacional de Equipos Promotores, realizado el pasado mes de junio en Santa

Marta, contó con la participación de 120 líderes y lideresas que hacen parte del proceso de redes

territoriales víctimas y provenientes de los 18 territorios. Fue el escenario propicio para adelantar

el ejercicio de revisión de la agenda16 del proceso, la cual tras un proceso de deliberación y

consenso quedó validada de la siguiente manera:

- Desaparición Forzada.

- Protección y Autoprotección.

- Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado.

- Tierras y Territorio.

- Atención Psicosocial.

- Finalización del Conflicto.

- Reclutamiento Forzado.

- Memoria Histórica.

16

La agenda nacional del proceso, construida durante el III Encuentro Nacional de Equipos Promotores, realizado en Girardot en octubre del año 2010, esta agenda contó con 7 puntos a saber: Desplazamiento Forzado, Desaparición Forzada, Restitución de Tierras, Memoria Histórica, Reparación Integral, Autoprotección y Violencia Sexual.

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La agenda actualizada, constituye una apuesta clara para las organizaciones en sus territorios y a

nivel nacional, con la que procurarán no solo la incidencia en políticas públicas, sino también el

cumplimiento e implementación de políticas existentes en estas materias, mediante el diálogo y la

articulación.

El proceso de Articulación de Redes Territoriales, se ha consolidado a nivel nacional como una

dinámica exitosa, por ello y pretendiendo abonar las condiciones en determinados territorios para

el trabajo institucional, se definió aumentar la cobertura territorial del proceso llegando a cinco

nuevos departamentos17, donde se han iniciado acciones durante este periodo desarrollando una

fase exploratoria18, la cual servirá para identificar a las organizaciones existentes en el territorio,

las tensiones existentes entre ellas y con las instituciones presentes y potencialidades entre otros.

2. Fortalecidas las instituciones con competencias en la implementación de la

Política de Justicia Transicional.

Se ha logrado a partir del ejercicio de sistematización de la experiencia y el conocimiento de la

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR-, que la información que ha sido

analizada y consolidada (aproximadamente 3.000 registros) sea la primera información disponible

en el sistema de La Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas del

SNARIV19.

Este logro, sumado al apoyo técnico que se está brindado al Centro de Memoria Histórica para

avanzar en la sistematización y visibilización de investigaciones de memoria histórica

(aproximadamente 90.000 archivos) utilizando el mismo sistema que el diseñado para el análisis

del conocimiento de la CNRR representa un avance muy significativo para el país en la medida en

que se mejora la eficacia en la gestión del conocimiento institucional y el acceso a información.

17

Casanare, San Andrés Islas, Cundinamarca (provincia de Rionegro), Arauca y Guaviare. Estos departamentos se seleccionaron a petición de la Unidad de Víctimas pues considera que el trabajo de fortalecimiento organizacional es, en estos departamentos, especialmente necesario. 18

La fase exploratoria, es una fase inicial del proceso que consiste en un mapeo inicial aplicando herramientas del enfoque de acción sin daño. 19

Se han analizado y sistematizado hasta el momento 3.000 registros, sin embargo, en el proceso de transferencia de toda la información a la Red Nacional de información se dará continuidad al análisis de los registros faltantes (aproximadamente 1.500.000 archivos).

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Ambos, fundamentales para definir las acciones en materia de orientación, atención y reparación

a las víctimas.

En este sentido, se avanza con la implementación de la Ley 1448 de 2011 en todo lo referido al

artículo 15320, complementando así el trabajo realizado hasta el momento por la Unidad de

víctimas para poner en marcha una herramienta de coordinación de las instituciones que integran

el SNARIV. Es importante resaltar que la información que estará disponible en esta plataforma no

será aprovechada exclusivamente por las instituciones, se tiene previsto también que una gran

parte sea de libre acceso al público, con el fin de facilitar informar a la opinión pública así como

promover ejercicios de investigación académica.

Sistematización de experiencia y conocimientos CNRR

20 Ley 1448 de 2011, Artículo 153: De La red nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.

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Sistema - Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas

Se destaca también la apropiación por parte de algunas instituciones como el Ministerio de Justicia

y del Derecho y la Defensoría del Pueblo del protocolo de atención a víctimas que fue

desarrollado con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional. La difusión generalizada de este

producto es clave para conseguir el impacto y la sostenibilidad de las acciones apoyadas en la

medida en que las instituciones del Estado cuentan ahora con una herramienta que define

criterios claros que permiten mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de orientación y

atención a las víctimas en el país. Hasta la fecha han sido distribuidos 1.000 ejemplares de este

protocolo y se tiene previsto en el mes de septiembre la distribución en los distintos territorios de

1.000 ejemplares más.

En el marco de la propuesta de fortalecimiento al Ministerio Público para la Implementación de la

Ley 1448 de 2011, se avanza de con el desarrollo de las jornadas de formación a los personeros(as)

y otros funcionarios públicos en las ciudades de Villavicencio, Cúcuta, Barrancabermeja, Pasto, Cali

y Santafe de Antioquia. Hasta la fecha han participado un total de 421 personas en los talleres de

formación, que además de brindar nuevos conocimientos e información en materia de

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orientación, atención y participación de las víctimas (entre otros temas), se han convertido en un

espacio de diálogo directo y constructivo de las instituciones y las personerías21.

La jornadas de trabajo se han centrado en temas como el registro único de víctimas, las medidas

de atención, asistencia y reparación integral a víctimas, la participación de las víctimas, la

restitución de tierras y las responsabilidades de las entidades territoriales así como del Ministerio

Público en el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011 y otras normas

complementarias. Este espacio de 3 días de formación y diálogo ha permitido recoger las

principales dudas y observaciones de los personeros/as en estos temas los cuales las instituciones

se comprometen a considerar y resolver. Vale decir que esta iniciativa está encuadrada en el

programa oficial de capacitación de las personerías del Instituto de Estudios del Ministerio

Público y contribuye, en gran medida, a la coordinación institucional tanto en el nivel central como

en el regional, dado que en los espacios de capacitación también participan procuradurías

regionales y provinciales así como defensorías regionales.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional

de Personeros – FENALPER- con el apoyo del FJT, han acordado la construcción de una agenda de

trabajo conjunta con las personerías, con el propósito de formular un plan de trabajo en el que se

definan responsabilidades y acciones concretas de fortalecimiento a corto, mediano y largo plazo.

Esto como respuesta al diagnóstico sobre la situación de las personerías y sus capacidades para

cumplir los mandatos de la Ley 1448.

21

El programa de formación a personeros(as) y otros funcionarios del Ministerio Publico ha sido denominado “Las víctimas primero” y se ha logrado a partir del trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales, La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.

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Modulo virtual – Programa de formación en genero

Se ha puesto en marcha el programa de formación virtual en género y derechos humanos de

mujeres, niños, niñas y adolescentes en la atención de casos de violencia sexual y de género. El

programa fue diseñado en trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo y la escuela virtual del

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- y conto con el apoyo de la Embajada del

Reino de los Países Bajos y la Escuela Superior de Administración Publica –ESAP-. En la actualidad,

se mantienen activos en el proceso de formación 90 servidores públicos que participaron en la

primera fase, los cuales realizan el diplomando virtual ofrecido por Defensoría del Pueblo y la

ESAP.

Continúa el fortalecimiento de las comisiones territoriales del Ministerio Publico en los

departamentos de Valle, Nariño y la subregión de Magdalena Medio a partir de jornadas de

acompañamiento desde el nivel central. Estas reuniones se han realizado luego de las jornadas de

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capacitación a personeros(as), siendo un espacio para presentar la resoluciones sobre el tema22 y

establecer un diálogo sobre el seguimiento de la Ley 1448 y otras normas complementarias en el

ámbito territorial.

Entre tanto, continúan las jornadas de trabajo con la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas –

UAEARIV- para avanzar en todo lo relacionado con el fortalecimiento de la Subdirección de

participación. Estos espacios han permitido priorizar acciones del plan de trabajo que fue

inicialmente presentado, al igual que reorientar otras de acuerdo a las nuevas necesidades de la

Subdirección para avanzar con la implementación de la Ley 1448. En este proceso se han logrado

acuerdos con el equipo técnico de la Unidad para implementar las acciones previstas de acuerdo

con un nuevo cronograma de trabajo.

Como resultado de esta priorización se adelantan la fase exploratoria para identificar nuevas

organizaciones de víctimas en los departamentos de Cundinamarca y Casanare, a fin de identificar

las potencialidades de las organizaciones de víctimas presentes en los distintos territorios, las

relaciones de estas con la institucionalidad y la oferta de las instituciones para cumplir con la

política pública de atención y reparación a víctimas.

Por último y con el fin de dar continuidad al trabajo de fortalecimiento al Consejo Superior de la

Judicatura –CSJ- para avanzar con los procesos de restitución de tierras, se ha acordado la

elaboración de un estudio sobre las tendencias de las sentencias de restitución de tierras. Este

será un insumo importante para definir futuras necesidades de capacitación a jueces y

magistrados y extraer las principales líneas jurisprudenciales.

22

Resolución 119 de 2013, 218 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación y auto 119 de 2013 de la Corte Constitucional.

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19

3. Promovida la convivencia pacífica y reconciliación en municipios priorizados.

Como parte de la fase de alistamiento de las iniciativas de promoción de la convivencia y

reconciliación en los municipios priorizados (Barranquilla, Soledad, Turbo, Bello, Popayán y

Buenaventura), se destaca el avance en la creación de alianzas con las alcaldías municipales en

favor de la implementación y sostenibilidad futura de la estrategia23. En este sentido, el equipo

implementador cuenta ahora con un punto focal (funcionario de la alcaldía municipal) en cada uno

de los municipios con el fin de tener apoyo para dinamizar las acciones en los territorios.

De la misma forma, fueron adelantadas cinco jornadas de trabajo con las contrapartes territoriales

para avanzar en la presentación de la estrategia y buscar los primeros apoyos concretos para el

inicio de las actividades en los municipios. Como resultado se han logrado los primeros acuerdos

para el acompañamiento en la fase de implementación, así como una mayor coordinación para

que las iniciativas que sean apoyadas tengan coherencia con las prioridades de los planes de

desarrollo municipales.

Se ha logrado avanzar en la coordinación nación – territorio en términos de la recopilación de

información para la formulación de los diagnósticos de los seis municipios seleccionados,

destacándose particularmente la incorporación del criterio de género en este ejercicio

analítico24.Se espera que esta herramienta de trabajo sea de gran utilidad para las comunidades

en el momento de formular sus planes de acción para incluir acciones en favor de la igualdad de

derechos entre los hombres y las mujeres y entre niños y niñas.

23

Se han logrado estos acuerdos en los municipios de Barranquilla, Soledad, Turbo, Bello y Popayán. Se espera alcanzar en los próximos meses el mismo resultado en el municipio de Buenaventura. 24

Actualmente, los diagnósticos incluyen información estadística desagregada por género como por ejemplo el total de población víctima registrada y el total de población desmovilizada en proceso de reintegración.

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4. Divulgación estratégica de los derechos de las víctimas.

Se ha llevado a cabo en el mes de agosto un ejercicio de autoevaluación de la estrategia de apoyo

a la red de periodistas impulsada por el FJT con la participación de 29 integrantes de los distintos

territorios, permitiendo así la recolección de información valiosa para establecer los principales

resultados e impactos obtenidos con el trabajo de sensibilización y capacitación a medios de

comunicación, especialmente sobre el trabajo realizado con periodistas locales y comunitarios.

Actualmente, se está analizando la información recolectada a partir de las distintas herramientas

que fueron aplicadas y se espera tener los primeros resultados en el mes de septiembre.

Con respecto a este ejercicio y particularmente a las conclusiones del grupo focal que fue

realizado, se identifica una alto reconocimiento por parte de los y las periodistas del desarrollo de

sus capacidades y conocimientos para el cubrimiento y la construcción de noticias relacionadas

con el conflicto armado y la situación de las víctimas. De la misma forma, se observa una

valoración muy positiva en términos de la mayor capacidad de relacionamiento con las víctimas a

nivel territorial.

De forma complementaria al ejercicio de autoevaluación, fue realizada una jornada de

capacitación sobre el enfoque de género para fortalecer los conocimientos de los participantes en

la materia. La jornada tuvo un énfasis específico en la incorporación del enfoque en el momento

de la construcción de la noticia, por esta razón la metodología utilizada se basó en gran medida en

la presentación de casos prácticos para ejemplificar buenas y malas prácticas.

Se avanza en la realización de los conversatorios sobre “El Ejercicio del Periodismo en contextos de

Conflicto Armado y Justicia Transicional” con instituciones de educación superior (Universidad

Sergio Arboleda, Universidad EAFIT, Universidad de Pamplona) específicamente con facultades de

periodismo y comunicación social en las ciudades de Santa Marta, Medellín y Cúcuta25.Se destaca

como resultado de estas jornadas la presentación de la propuesta para que las universidades

diseñen de manera conjunta con el FJT programas académicos específicos en periodismo y

25

Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta - Julio 31, Universidad EAFIT, Medellín - Agosto 14, Universidad de

Pamplona, Cúcuta - Agosto 27.

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conflicto armado o justicia transicional para sus estudiantes, así como facilitar prácticas para que

estos últimos puedan acompañar el trabajo de organizaciones de víctimas en los territorios.

Se han desarrollado e incluido en la página web del FJT www.fondojusticiatransicional.org nuevas

piezas comunicativas (relatos radiales) para que los periodistas que conforman la red en los

distintos territorios cuenten con nuevas herramientas para sus espacios radiales.

5. Acceso de las víctimas a la justicia.

En el marco del proyecto de participación de las víctimas en las etapas procesales, de junio de

2012 a agosto de 2013, han participado 8.951 víctimas en audiencias judiciales de justicia y paz,

464 en versiones libres, 2.495 en brigadas previas y 1.511 en incidentes de identificación de las

afectaciones causadas. De manera particular durante este año 2013, se han realizado dos brigadas

previas a los incidentes con 2.495 víctimas y dos incidentes donde han participado 1.511 víctimas.

Así mismo, con el apoyo del proyecto, se ha logrado llevar ante el Tribunal de Justicia y Paz a

cuatro (4) de los máximos responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa

humanidad, infracciones al DIH y crímenes de guerra, se han surtido los incidentes de Rodrigo

Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Herbert Veloza alias HH, Salvatore Mancuso alias “El Mono

Mancuso” y José Gregorio Mangonez Lugo alias “Tijeras”.

Las brigadas previas a los Incidentes, donde se abordan temas psicojurídicos, han preparado a las

víctimas para su participación y acceso efectivo a la justicia. Las brigadas en terreno permiten que

los abogados de oficio y las duplas psicojurídicas preparen a las víctimas para sus intervenciones

en el incidente. Hay que señalar que, para las víctimas, no es nada fácil hablar ante el Tribunal y

ante el resto de las instituciones y público asistente. Por ello, la preparación por parte de la

Defensoría del Pueblo, es fundamental para garantizar el éxito de su intervención en el marco del

incidente.

Un impacto relevante de la participación facilitada por el proyecto en las etapas procesales, es que

la participación activa y efectiva de las víctimas en los incidentes, ha cambiado el papel pasivo que

cumplían en las audiencias judiciales. Ahora, durante una parte del incidente, se vuelven en el

centro de la audiencia y logran exponer sus afectaciones ante el Tribunal de Justicia y Paz. En

consecuencia hoy la participación tiende a aumentar.

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22

Frente a estas necesidades identificadas el FJT ha dado prioridad a esta estrategia, asignando

nuevos recursos para facilitar la participación de las víctimas en el marco de estas diligencias

procesales. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo adicional la demanda de apoyo desde las

instituciones es cada vez mayor, lo que implica un análisis para definir el futuro apoyo a esta

iniciativa.

Otro beneficio de la participación, es que las víctimas han podido acceder y participar en la

construcción de la verdad judicial de los hechos victimizantes, conociendo las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en las cuales se dieron estos hechos y contribuyendo con sus testimonios al

esclarecimiento de los mismos.

Se resalta en el periodo informado, que la articulación interinstitucional durante este trimestre y

en seguimiento a la sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz,

(promovido por el proyecto en el trimestre anterior), se han realizado reuniones para construir una

nueva estrategia de apoyo al Plan de Priorización que tiene la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía

General de la Nación –FGN-. Con este plan, se espera conseguir sentencias a los máximos

responsables de graves delitos antes de que se cumpla la condena máxima de (8) ocho años. La

FGN ha explicado en varios escenarios que ya comenzó a trabajar de manera focalizada en 16

casos priorizados26

En cuanto al proyecto de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto se acompañó la

jornada de declaración de casos de mujeres víctimas de violencia sexual, realizada en Santa Marta

a finales del mes de agosto y principios de septiembre, esta jornada fue coordinada por el

Ministerio de Justica (Dirección de Justicia Transicional) y la Fiscalía General de la Nación con el

apoyo de CHECCHI, Corporación Mujer Sigue mis Pasos y la Fundación Círculo de Estudios. El

apoyo puntual consistió en facilitar el acompañamiento psicosocial de la Fundación Círculo de

Estudios durante las jornadas de declaración, con ello se busca promover la declaración de los

hechos de violencia sexual por parte de las mujeres como principio fundamental de la

transformación de su estado de víctima a demandante.; facilitar el acceso a la justicia de mujeres

habitantes de la región de Chimila y Plato en el Magdalena; facilitar el establecimiento de una

relación directa entre las mujeres víctimas de violencia sexual y la institucionalidad estatal

26

De los casos priorizados se encuentran 13 de las AUC y 3 de las FARC.

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23

encargada de impartir justicia; y acompañar psicosocialmente a las mujeres en el proceso de

declaración y prevenir los procesos de victimización secundaria.

Dando continuidad a la promoción de espacios de análisis sobre el delito de violencia sexual en el

marco del conflicto, se ha realizado en el mes de agosto el conversatorio denominado “Reparación

integral para las víctimas de violencia sexual: una mirada a los avances y retos institucionales”.

Esta jornada que contó con la participación representantes de las instituciones del Estado, la

sociedad civil y la cooperación internacional, permitió un ejercicio analítico sobre las dificultades y

los desafíos que actualmente enfrenta Colombia al diseñar e implementar medidas de reparación

para las mujeres víctimas de esta clase de delitos.

En el panel participaron Clara Sandoval-Villalba, experta en reparaciones y justicia transicional y

Directora de la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex (UK), María Eugenia

Morales, Coordinadora del Grupo de Género y Mujeres de la Unidad para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas y Ángela Cerón, Directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz –

IMP. Como reflexiones generales se destacan el proceso transformador para la reparación de las

víctimas y la definición de una ruta clara para la reparación de las víctimas de este delito.

Frente a las necesidades en materia de atención psicosocial a las víctimas de violencia sexual, La

Fundación Círculo de Estudios con el apoyo del FJT, adelanta jornadas de formación a las

organizaciones de sociedad civil en los departamentos de La Guajira y Atlántico, para fortalecer

sus capacidades para la orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas que

han sido identificadas. Asimismo, la Fundación desarrolla seis círculos de acompañamiento a

mujeres víctimas de violencia sexual en los mismos territorios, generando un acompañamiento

permanente.

Referente al tema de género, se destaca, la elaboración e implementación de una metodología

para el seguimiento preventivo, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, de las políticas,

programas y proyectos estatales relacionados con la prevención, atención, protección y acceso a la

justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado27 Luego de la

publicación del informe de seguimiento nacional de la PGN en abril 2013, actualmente se trabaja

27

Procuraduria General de La Nacion. Directiva 006 de mayo de 2011

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24

en la adecuación de la metodología de seguimiento territorial que se aplicará en los

departamentos de Norte de Santander y Meta.

6. Apoyados mecanismos para la protección y la prevención.

Las instituciones responsables de los programas de protección han incorporado la participación de

las víctimas en sus procesos de formulación de herramientas internas y protocolos que guardan

relación con víctimas, al adelantar ahora procesos de construcción colectiva con organizaciones de

víctimas y específicamente con organizaciones de mujeres para la inclusión del enfoque de

género. Un ejemplo de ello ha sido la construcción del borrador del protocolo de protección a

víctimas de violencia sexual que actualmente está en proceso de revisión para publicación.

Las organizaciones que participan del proceso de Redes de Víctimas han elaborado mapas sociales

del riesgo que les permite identificar los riesgos que afrontan desde su particularidad

organizacional y territorial, para que con ello, puedan aplicar acciones de autoprotección

individual y colectiva. Adicionalmente, en próximos días se adelantarán espacios de trabajo

conjunto entre la Unidad Nacional de Protección y estas organizaciones donde se presentarán los

mapas construidos y se facilitará la incorporación de estos mapas construidos por las

organizaciones al análisis institucional.

Se está elaborando la cartilla de autoprotección y en el marco del proceso, la Unidad Nacional de

Protección ha incorporado en el borrador de la cartilla las recomendaciones efectuadas por la

sociedad civil en el proceso de formulación. Se destaca la incorporación de medidas específicas

para las mujeres y la generación de espacios de trabajo entre la Unidad y actores de sociedad civil

para mejorar la cartilla y hacerla más sensible a la realidad de los territorios.

Gracias al acompañamiento técnico del FJT, se ha logrado que cuatro subcomités de prevención

(Departamentales de Norte de Santander, Valle, Magdalena y municipal de Buenaventura)

articulen las rutas de protección de acuerdo a las directrices nacionales, así como activar el

seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la CIAT28. Estos avances a nivel territorial

responden al acompañamiento que han brindado las entidades nacionales responsables de los

28

Comisión intersectorial de alertas tempranas.

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25

programas de protección y prevención (Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Interior, La

Unidad de víctimas y la Defensoría del Pueblo).

Actualmente se brinda apoyo a las secretarías técnicas de cuatro subcomités de prevención

durante seis meses, destacándose que desde el FJT se apoyan los de Magdalena y Antioquia,

mientras que desde la Unidad de Víctimas, se apoyan los de Meta y Magdalena Medio, este apoyo

ha implicado la contratación de cuatro personas, dos desde la Unidad y dos desde el FJT.

7. Apoyo a iniciativas de memoria histórica y preservación de archivos de DDHH y

DIH.

En el marco del proyecto, el proceso de fortalecimiento a iniciativas locales de memoria histórica

que utilizan el arte como medio de construcción y difusión de la memoria, ha iniciado el

fortalecimiento en las iniciativas del pacifico colombiano29, donde se ha generado un proceso

inicial de fortalecimiento a las iniciativas y se espera que su puesta en escena en eventos como la

Semana por la Paz en Tumaco tenga un impacto positivo en las víctimas y las organizaciones que

participan de dichas actividades. Por su parte, las iniciativas del Caribe ubicadas en Santa Marta y

Barranquilla, están en fase de planificación.

Se destaca en estas iniciativas, la observancia del enfoque diferencial y de género en la elección de

las iniciativas que serían beneficiadas en el marco del proyecto, así La Tejedora, de Santa Marta, es

una iniciativa que busca generar conciencia acerca de la violencia contra la mujer. El Teatro por la

Paz de Tumaco, congrega 3 grupos de teatro, siendo uno de mujeres, otro de jóvenes y el tercero

de niños, la mayor parte de sus integrantes son afro descendientes. Es importante resaltar que

tanto La Diócesis de Tumaco como la Diócesis de Buenaventura - Fundescodes, cuentan con una

estrategia de género, basada en el principio de igualdad y no discriminación, que promueven la

participación activa de las mujeres.

Los avances de la Política Pública Nacional sobre Archivos de Derechos Humanos, Memoria

Histórica y Conflicto han sido socializados con representantes de las organizaciones de víctimas,

29

Teatro por la Paz de Tumaco y de Marcando Territorio de Buenaventura.

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26

así como con experiencias organizativas del orden local para establecer puntos de encuentro,

articulación y trabajo conjunto.

Se diseñaron, convocaron y pusieron en marcha una Mesa de Trabajo Interinstitucional y un

Conversatorio sobre el Deber de Memoria del Estado y la protección de los Archivos de Derechos

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. En estos espacios de trabajo, se socializaron los

principios y normas nacionales e internacionales que establecen obligaciones específicas al Estado

en el sentido de proteger de forma especial los archivos que testimonien violaciones a los

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como aquellos que

contribuyen al esclarecimiento de la verdad y la reconstrucción de la Memoria Histórica. Esto

espacios han permitido al Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH- conocer las

expectativas que éstas tienen en relación con los archivos de Derechos Humanos.

Se ha construido y puesto en marcha una ruta de trabajo mancomunado entre el CNMH y el

Archivo General de la Nación encaminado a la construcción del Protocolo de Gestión Documental

para los Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. Esta ruta es un desarrollo

de las obligaciones legales y reglamentarias derivadas de la Ley 1448 de 2011, así como de su

Decreto Reglamentario 4800 de 2011. Dichas normas establecen que el Protocolo será aplicado a

las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de

Víctimas. En desarrollo de este trabajo, se han puntualizado algunas premisas conceptuales que

deben orientar los procesos de gestión documental en el contexto de la justicia transicional en

Colombia. De otra parte, se ha concertado una tabla de contenidos para el desarrollo del

Protocolo.

En articulación con el Consejo Superior de la Judicatura en lo que corresponde a la incorporación

de un capítulo sobre Archivos Judiciales en el marco de la Política Nacional sobre Archivos de

Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. Se ha desarrollado una ruta concertada para

estos efectos y se han realizado sesiones de trabajo para precisar los mecanismos de articulación,

de modo que la Política incorpore los aportes de la Rama Judicial respetando su autonomía y su

independencia.

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27

El Capítulo seis de la Política Pública Nacional sobre Archivos de Derechos Humanos, Memoria

Histórica y Conflicto se refiere a los enfoques diferenciales: étnico, de género, orientación sexual y

rango etario. Este capítulo se desarrollará con una aproximación general al marco normativo y su

concreción se realizará mediante protocolos específicos en el año 2014. El capítulo relacionado

con enfoque diferencial étnico será objeto de la consulta previa de que trata la ley.

Adicionalmente, durante el periodo reportado se adelantó el segundo conversatorio sobre el

Deber de Memoria. La convocatoria fue un éxito y el debate motivado por la presentación de los

expertos contratados por el PNUD fue muy positivo para el intercambio de información entre las

instituciones competentes.

8. Fortalecimiento institucional para la atención, representación y reparación

integral a sujetos colectivos de derechos.

Se ha logrado consolidar el equipo de implementación de la estrategia para acompañar

técnicamente al INCODER y la Unidad de Restitución de Tierras con el fin de mejorar su capacidad

de respuesta frente a las sentencias de restitución a sujetos colectivos de derechos. Actualmente,

el equipo que acompaña a la Unidad de Restitución está analizando las solicitudes que han sido

presentadas ante la Unidad con el fin de establecer criterios mínimos que contribuyan al proceso

de restitución.

Entre tanto, el equipo que apoya al INCODER está reactivando la participación de la entidad en

espacios de coordinación con otras instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención y

Reparación Integral a Víctimas –SNARIV-, así como con organismos de cooperación internacional.

Se espera en el mes de septiembre iniciar el proceso de sistematización de expedientes sobre

casos puntuales, para suministrar información oportuna que permite agilizar el proceso de

restitución de tierras.

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Anexos

Avances Escuela de Formación.

Cartilla Escuela de Formación.

Documento Agenda Nacional Proceso de Fortalecimiento y Articulación de Redes

Territoriales de Víctimas.