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INFORME DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO NACIONAL

Septiembre 2006

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Índice Capítulo I El contexto nacional y regional del Caribe. Aspectos conceptuales de la criminalidad

y la seguridad ciudadana. 1.1 El contexto nacional y regional del Caribe……………………………… pág.11 1.2 Aspectos conceptuales de la seguridad ciudadana……………………… pág.16 Capítulo II. Descripción territorial, demográfica y socio-económica del Distrito Nacional y sus

munícipes………………………………………………………………….. pág.19 2.1 Características socio-demográfica del Distrito Nacional, según circunscripciones y

barrios……………………………………………………………………….. pág.21 2.2 Características socio-demográfica de los residentes en el Distrito Nacional... pág.25 Capítulo III. La evaluación situacional de la criminalidad y de las muertes violentas en el

Distrito Nacional..…………………………………………………………… pág.29 3.1 La incidencia de la criminalidad compleja en el Distrito Nacional..……….. pág.49 3.2 La droga en la República Dominicana y su incidencia en el Distrito Nacional pág.50 3.4 La situación carcelaria de República Dominicana y el Distrito Nacional…… pág.54 3.5 La dimensión subjetiva de la criminalidad…………………………………... pág.58 3.4.1 Preocupaciones y necesidades insatisfechas de la Población de la Capital... pág.58 3.4.2 Principales problemas que están afectando la vida cotidiana en los barrios...pág.59 3.4.3 Los valores y modos de vida más apreciados por los/as capitaleños/as en la construcción de sus proyectos de vida…………………………………………… pág.62 3.4.4 La percepción social del estado de los servicios en los barrios……………. pág.64 3.4.5 Soluciones que en el rol de asesor del Alcalde dan los munícipes a los problemas que afronta el Distrito Nacional……………………………………………………pág.66 3.4.6 La delincuencia y su percepción social entre los residentes de la capital...... pág.67 3.4.7 La victimización en los residentes del Distrito Nacional………………… pág.72 3.4.8 La percepción social de la corrupción y de la incidencia de la droga……… pág.74 3.4.9 La estigmatización social de los que pasan por prisión..…………………… pág.74 3.4.10 Las instituciones vistas desde la percepción social de los capitaleños/as…pág.75 3.4.11 Sugerencias al gobierno central para reducir la criminalidad………….…. pág.75 3.4.12 Factores que en la percepción social de los munícipes contribuirían a la seguridad ciudadana en el Distrito Nacional……………………………………………….. pág.76 Capítulo IV 4.1 Aspectos normativos e institucionales de la Seguridad Ciudadana en República Dominicana y en el Distrito Nacional……………………………………………pág.78 4.2 Aspectos normativos e institucionales del Ayuntamiento del Distrito Nacional. …………………………………………………………………………………….pág.80 4.3 Autoridades superiores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Misiones y funciones………………………………………………………………………… pág.82 4.4 La seguridad ciudadana en el ámbito del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Enfoques y características………………………………………………………. pág.83 Líneas de acción recomendadas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Distrito Nacional…………………………………………………………. pág.89

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Actores que contribuyeron a este diagnóstico………………………………… pág.91 Bibliografía……………………………………………………………………… pág.93 Anexos…………………………………………………………………………... pág. 95

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Referencia introductoria del Sr. Niky Fabiancic, Representante en República Dominicana del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.

Informes que comparan cifras y hechos acerca de temas relacionados con política, justicia, pobreza y seguridad en los países de América Latina, como el ‘Informe sobre la Democracia en América Latina’ nos muestran en general para República Dominicana cifras relacionadas al crimen que son significativamente mas bajas que aquellas de los países que nos rodean e incluso mas bajas que el promedio de la región. No obstante, encuestas como la DEMOS o el Latino barómetro nos muestran cada año un incremento de la sensación de inseguridad pública. Esta denomina “percepción ciudadana de inseguridad” es uno de los aspectos claves a la hora de analizar cualquier política pública o programa de Seguridad Ciudadana. La misma se convierte en una de las preocupaciones principales que manifiesta la ciudadanía en las sociedades Latinoamericanas. Preocupaciones manifiestas que en muchas de ellas van creciendo por encima del desempleo, la sanidad y la educación y forman un nuevo reto de las sociedades actuales, de los Estados, como garantes de la salvaguarda del bienestar de la ciudadanía, y para el desarrollo humano de sus ciudadanos. Sin el afán de querer debatir o dudar las cifras sobre las cual se basan las encuestas y los informes, es un hecho que las estadísticas judiciales y policiales en República Dominicana no son unívocos y por consecuencia distan de ser fiables. Por consecuencia las políticas acerca de la seguridad ciudadana han sido basadas en general sobre la sensación de inseguridad pública, incrementando la represión en vez de solucionar los problemas por sus raíces. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la seguridad pública o ciudadana es un problema integral, no solamente relacionado al crimen, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, sino también relacionado a problemas sociales y económicos. Así, es vista como un asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad. Además el PNUD reconoce que el problema de seguridad y convivencia ciudadana tiene sus raíces a nivel local, ya que allí los problemas son vividos y sentidos por los ciudadanos. No obstante, las soluciones deben ser integradas y por consecuencia buscadas a dos niveles. El Estado debe garantizar el estado de derecho y proveer políticas sociales y económicas que garantizan los derechos ciudadanos y la seguridad pública. Los gobiernos locales tienen, a su vez, la obligación de crear un ambiento seguro, garantizando vías publicas seguras, agua y saneamiento, recogido de basura, etc. Lo antes descrito presenta el problema como un tema transversal, para el cual se requieren soluciones integradas. No obstante, para ser efectivo no solamente se requieren soluciones desde el lado del Estado, también hace falta una activa participación de la ciudadanía, reconociendo que son ellos los actores que de mas cerca conocen los problemas y los que mejor saben evaluar la efectividad de las soluciones planteadas. El actual Diagnostico Institucional y de la Seguridad Ciudadana en el Distrito Nacional ha nacido a raíz de los problemas y los convencimientos arriba mencionados. Es para República Dominicana una primera aproximación para medir los problemas que existen

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acerca de la seguridad ciudadana, la violencia y el crimen y describir sus raíces. Por ello este diagnostico no pretende ser un trabajo que presenta nuevas estadísticas, ni nuevas causas. Lo que si hace es que por primera vez trata de cruzar distintas fuentes de información y que presenta una visión integrada del problema desde una perspectiva local. Con la publicación de este diagnostico el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el PNUD cumplen con uno de los objetivos mas importantes del proyecto de “Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguridad ciudadana en la República

Dominicana”, ya que para captar toda la información ha sido necesaria la cooperación de varias instituciones, como la ONE, el Ministerio Publico, la Policía Nacional, organizaciones de base de los distintos barrios de la ciudad y la Secretaria de Interior y Policía. El mismo les ha servido y les servirá a estas organizaciones para definir políticas públicas acerca del mismo tema y también, tal como esperamos, para seguir cooperando entre ellas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está y estará comprometida para brindar el apoyo y la asistencia técnica requerida por las instituciones y los ciudadanos y las ciudadanas Dominicanas.

Niky Fabiancic Representante PNUD

en República Dominicana

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Referencia introductoria del Sr. Roberto Salcedo, Alcalde de la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

El documento que presentamos, "Diagnóstico Institucional y de la seguridad Ciudadana en el Distrito Nacional", ha sido el resultado de un interesante y relevante esfuerzo de coordinación interinstitucional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Policía Nacional, la Fiscalía del Distrito Nacional, la Procuraduría General de la Republica, la Secretaria de Estado de Interior y Policía y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Este esfuerzo de coordinación, se ha realizado en el marco del proyecto de "Provisión de Cooperación Técnica para Mejorar la Seguridad Ciudadana en la Republica Dominicana", ejecutado con el concurso de las instituciones mencionadas bajo la coordinación del Gobierno de la Ciudad de Santo Domingo. En lo que respecta al informe propiamente dicho, es importante resaltar los hallazgos que nos permiten delimitar en términos conceptuales y metodológicos, o en términos equivalentes, la formulación de políticas y de estrategias de intervención para el abordaje de la problemática de seguridad ciudadana en el contexto de la ciudad de Santo Domingo. Entre esos hallazgos cabe resaltar:

• La complejidad consustancial al tema de la seguridad en Santo Domingo, que demanda de un profundo cambio de paradigma y orientación de los enfoques circunstanciales y reactivos hacia puntos de vistas orientados al desarrollo humano local.

• La delimitación geográfica de las áreas con mayores dificultades en materia de seguridad ciudadana en el Distrito Nacional: las circunscripciones dos y tres.

• La focalización sociodemográfica o identificación de la franja de grupos de edad y sexo significativamente concernidos con la problemática en cuestión en las circunscripciones referidas: el grupo comprendido entre los 18 y 29 años de edad.

• La especificación de las causas y las tipologías del delito más allá de su enunciación retórica o como lugar común de la discusión pública y mediática del tema: la falta de oportunidades laborales en un sentido mas amplio que el termino "desempleo"; los bajos niveles educativos y de instrucción vocacional; la violencia intrafamiliar, los delitos contra la propiedad, entre otros, debidamente documentados y referenciados en términos socio urbanos y económicos.

Los hallazgos anteriores, hacen de este diagnostico por si mismo un instrumento con una singular doble condición: un necesario documento de referencia para la apropiada intelección de la problemática en cuestión y por si mismo, una herramienta valida para la formulación y orientación metodológica de las estrategias de intervención y abordaje de la problemática de seguridad ciudadana. Una reflexión de fondo que se deriva de los cuadros, tablas y gráficos, es que en esencia la problemática de seguridad ciudadana es una cuestión de derechos y deberes ciudadanos. Es decir, derechos que han sido conculcados a grandes segmentos demográficos generando exclusión y pobreza, derechos jurídicos y también derechos sociales: oportunidades de educación, empleo, salud, recreación, que han traído como

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consecuencia que ciudadanos e instituciones incumplan sistemáticamente con sus deberes y compromisos cívicos. En lo que respecta al proyecto y como se ha dicho precedentemente, el diagnostico en seguridad ciudadana constituye un resultado de partida para otros igualmente interesantes de productos. Entre ellos cabe mencionar: la formulación de la estrategia de seguridad ciudadana; la elaboración del Manual Cívico Ciudadano, orientado al desarrollo de una ciudadanía responsable; el Observatorio Ciudadano, definido como un sistema de gestión, desarrollo, monitoreo y divulgación de información sobre la materia; el programa de formación, en el marco del cual se han impartido los diplomados en "Políticas Publicas de Seguridad Ciudadana" y en "Seguridad Ciudadana, Investigación y Análisis de la Criminalidad y Estrategias de Prevención Comunitaria desde los marcos Conceptuales de la Policía Nacional". El primero fue coordinado conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y contó con la participación en calidad de facilitadores, de reputados expertos regionales en seguridad publica y ciudadana, mientras que el segundo se ha focalizado en el tema de la actuación policial. Es fundamental acotar que el mantenimiento de la seguridad publica es de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente una competencia "primaria e indelegable" del Estado por medio de la Secretaria de Estado de Interior y Policía y la Policía Nacional. En tal sentido, la participación del gobierno local se realiza en el marco de lo que las leyes permiten y sobre todo tomando en cuenta la proximidad que tiene el Ayuntamiento con las y los ciudadanos. Por tanto, desde la perspectiva municipal la seguridad ciudadana constituye una materia transversal conjunto de intervenciones urbanas auspiciadas desde el gobierno local, que tiendan a mejorar la calidad de vida urbana, la calidad y cobertura de los servicios municipales, las mejoras de infraestructura y equipamiento del espacio publico y en especial, de la promoción de una convivencia ciudadana que fortalezca el capital social de nuestro Santo Domingo. Por ultimo, es importante aseverar que así como este proyecto pudo convocar a diversos actores institucionales, los esfuerzos por implementar una estrategia de seguridad ciudadana no pueden tener menor capacidad de participación publica privada, ya que en un país como la República Dominicana y una ciudad como Santo Domingo, orientada la economía de servicios, la seguridad ciudadana no puede ser una asignatura de importancia marginal. De su calidad depende tanto nuestra capacidad de hacernos mas competitivos en el sector turístico y de procurar la inversión de capitales internacionales que nos ayuden a construir una sociedad y ciudad más prosperar e incluyente. Agradezco en mi calidad de Alcalde, el esfuerzo de las instituciones colaboradoras concernidas con el proyecto y en particular del equipo de trabajo de nuestra institución que ha asumido el proyecto como un desafío que va más allá del compromiso político o profesional.

Roberto Salcedo, Alcalde de la Ciudad de Santo Domingo.

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Introducción Este trabajo pretende ser un diagnóstico de carácter preliminar y exploratorio que incluye dos dimensiones de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana en el ámbito del Distrito Nacional. Por un lado el comportamiento y evolución de la criminalidad y la violencia en el mencionado distrito, y por el otro, se refiere a aquellos aspectos normativos e institucionales relacionados con el diseño, planificación y coordinación de políticas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito del Ayuntamiento del Distrito Nacional. La descripción y el análisis de las problemáticas objeto de ambos diagnósticos, se ejecutaron, en el primer caso, en correspondencia con los paradigmas teóricos y axiológicos de la criminología contemporánea y de las organizaciones internacionales como el PNUD, vinculadas a los conceptos de desarrollo humano y seguridad humana, promovidos desde inicio de la década de los 90, y donde el respeto por la vida y la dignidad humana centran los análisis del tema objeto de diagnóstico. En cuanto al segundo, siguiendo como parámetro los lineamiento establecidos en relación a la formulación de diagnósticos institucionales en materia de seguridad por parte del PNUD. Como limitaciones de este informe debemos señalar, en primer término el poco tiempo con que se contó para acometer esta evaluación diagnóstica, la dispersión o inexistencia de la información y la lentitud, con que esta, fue brindada a los consultores. Igualmente, los resultados que se brindan tienen que ser valorados como no conclusivos, pues han sido producto del análisis de la información primaria, secundaria y de encuestas y dinámicas de grupo realizada por los consultores y otros autores, que representan sólo una parte de la realidad de lo que acontece en la capital, en los temas de criminalidad y seguridad ciudadana. El informe contará con una Introducción, en la cual se efectúa una breve descripción del objeto sobre el cual se realizo el trabajo y se brindan de manera sintética algunas características del mismo y de la manera en que este se desarrolló. El Capitulo I esta dedicado a la descripción del contexto nacional y regional en materia de seguridad ciudadana y de aspectos conceptuales en materia institucional, al respecto. El Capítulo II está dirigido a efectuar una descripción territorial, demográfica y socio-económica del Distrito Nacional, dando cuenta de algunos indicadores que inciden dentro del fenómeno objeto de evaluación. El Capitulo III hará referencia a la dinámica situacional de la seguridad en el Distrito Nacional, tanto a lo concerniente a la dimensión objetiva de la seguridad, haciendo comparaciones con algunas provincias con características similares (Santo Domingo y Santiago de los Caballeros) y a nivel regional; como al análisis de la dimensión subjetiva de la seguridad, los valores y modos de vida legitimados por los capitaleños. Finalmente en el Capitulo IV, se desarrolla una descripción del marco legal, normativo e institucional referido a la seguridad ciudadana en el Distrito Nacional y una descripción de la visión y las dependencias del Ayuntamiento dedicados a funciones de seguridad ciudadana, presentándose asimismo un conjunto de recomendaciones, al respecto.

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Capítulo I El Contexto Nacional y Regional del Caribe. Aspectos Conceptuales de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana 1.1 El Contexto Nacional y Regional del Caribe La criminalidad como fenómeno socio-cultural histórico de carácter complejo, es asumido por la literatura criminológica y de referencia de las organizaciones internacionales, condicionado por las características de cada etapa histórica, de la evolución de la sociedad civil y su relación funcional o disfuncional con el sistema socio-económico y político, ya sea de una región, país, estado, provincia o como en este caso capital de una nación, como lo es el Distrito Nacional. La evolución de este fenómeno social no puede verse alejada del contexto regional y en especial del Caribe, condicionado por las características socio-culturales que han incidido históricamente en la construcción tanto de la identidad nacional como en los proyectos de nación que, hasta el momento, no han llenado las expectativas de sus ciudadanos, en lo que a seguridad de desarrollo humano, respecta. En este sentido se puede aducir múltiples factores causales1, entre los más importantes mencionaremos:

La herencia cultural de una violenta colonización que culminó en el genocidio de la población aborigen y el desarraigo violento, de su medio socio-cultural, de la población africana. Este proceso no sólo fue mediatizado por el ejercicio de la violencia sino también por altos niveles de corrupción; ambos fenómenos desarrollados e interiorizados estructuralmente y psico-socialmente dentro de los diferentes estratos sociales en el Caribe.

Modelos autoritarios que han permanecido hasta nuestros días y que han

estimulado el desarrollo de una clase política acostumbrada a este tipo de forma de expresión, tanto en la ejecución de la gerencia de los destinos nacionales como en la proyección y el ejercicio político en la oposición.

En este sentido, se destaca el desarrollo de una violencia institucional e institucionalizada por la presencia de dictaduras, golpes de estado y una historia de construcción democrática muy frágil.

Ausencia de una Política Social estable y coherente con un proyecto de

nación y ciudadanía que llene las expectativas de la población como capital humano y dentro de la cual sea insertada una Política Criminal orientada a la prevención como fórmula efectiva para frenar la espiral de violencia social y el desarrollo de formas de vida auto sostenibles, participativas y de convivencia ciudadana.

1 Existen dos trabajos sobre la temática en el área caribeña del reverendo Cela en Cuadernos de la Reforma, República Dominicana y otro de Milán Acosta, G. sobre “La anomia social en el Caribe” (FLACSO, 2001)

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En este sentido, a lo largo de esta última década la sociedad ha visto la promoción e “implementación” de diversas políticas dirigidas al control de la criminalidad, de carácter esencialmente reactivo, parcial y discontinuo en el tiempo, que al final muestran su poca efectividad e incrementan la desvalorización de las gerencias políticas y de las instituciones involucradas en ellas.

Procesos de corrupción extendidos dentro del entramado socio-político y

económico nacional que, hasta el momento, cuentan con un alto nivel de impunidad y que unido a los altos índices de pobreza, han ido incrementado, paulatinamente en el tiempo, la tolerancia ante ciertos delitos, como respuesta a los vacíos de una deficiente política social y una inexistente política criminal que haga valer los valores de un desarrollo humano orientado a la sostenibilidad, por la capacidad, el esfuerzo personal y el respeto a las normas de convivencia social.2

En este escenario histórico que vive el país, se aplica el concepto trabajado por E.R. Zaffaroni de realismo criminológico marginal en el que se señala la relación (i) dominio-poder-discurso, (ii) el poder controlador disciplinario de la Policía, Ejército y Medios Masivos de Comunicación (iniciado desde la colonización), (iii) el ejercicio del control hacia los sectores de mayores carencias, (iv) una alta población penal en prisión preventiva, instituciones violentas y violatorias de los derechos humanos, carentes de las más mínimas condiciones para la convivencia humana y (v) una alta estigmatización y exclusión social de la pobreza y de aquellos que han pasado por el Sistema de Justicia Penal.

Unido a lo anterior, se ha conformado, en las últimas décadas, amplios

procesos de anomia social, cuyas causas al igual que el delito son múltiples, pero que en el caso del Caribe incide, de manera significativa, la no correspondencia o ruptura entre los fines, expectativas y aspiraciones de vida, refrendados por la mayoría de la sociedad, y los medios para su obtención puestos a la disposición de la ciudadanía por la sociedad, así como el incremento de los procesos de exclusión y discriminación social por el origen de clase, lo que causa la inaccesibilidad práctica para sectores amplios de la población, de mecanismos para lograr un modo de vida digno y sostenible.

Es por ello que, ante los rigores de la vida cotidiana, una parte relevante de los caribeños han adoptado como solución, individual y familiar, a sus necesidades materiales, variados modelos de comportamiento que transitan por una diversidad de procesos incluidos los de anomia social -- no sólo las propiamente delictivas--como la apropiación de bienes y servicios estatales o privados, el robo en todas sus variantes (con fuerza o con violencia e intimidación), la prostitución o actividades asociadas a ella, el ejercicio de la

2 Se destaca el fraude bancario del 2003, el hecho de corrupción más grave en la historia de República Dominicana, estimado en más de 100 mil millones de pesos y que profundizó la crisis económica en el país, incrementando la deuda pública, los nuevos pobres y el índice de desempleo. Aún los principales autores de este hecho se encuentran sin juzgar. En este sentido, como en otros de este tipo en Latinoamérica la justicia se ha encontrado con múltiples obstáculos.

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violencia en todas sus modalidades, el narcotráfico y la participación en la corrupción, entre otras, sino también la emigración legal como ilegal –ambas con carácter transitorio o definitivo--, el vivir de la recepción de remesas familiares, el trabajo en sectores de la economía informal y el trabajo en sectores que estén vinculados a la divisa como moneda que mantiene el equilibrio funcional de cambio y que cada día adquiere una mayor presencia en nuestras economías. Este proceso anómico, ha venido empujando a muchos individuos, fundamentalmente jóvenes, a la vía del logro ilegal de los estándares de vida, promoviendo una conducta de tolerancia desde la subjetividad individual y social que se refleja en el irrespeto de las normas de convivencia y de las vías legitimas para alcanzar el éxito personal, entre las más importantes.

La extensión del narcotráfico dentro de la región del Caribe, como puente

natural hasta su destino final, y en particular dentro del territorio nacional, ha ido teniendo una significativa presencia, en la última década, en las zonas urbanas más importantes del país y dentro de ellas en los barrios populares de Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, así como algunas ciudades fronterizas y turísticas, haciendo más compleja la situación y evolución de la criminalidad, en tanto actividad de carácter internacional, altamente tecnificada y con más o menos altos niveles de organización y manejo de la corrupción, en todos los sectores sociales.

El incremento en las últimas dos décadas del armamentismo civil, en el caso

de la República Dominicana, y las insuficientes regulaciones y control tanto de la comercialización como de la tenencia o posesión de las armas de fuego3y una carencia de una cultura ciudadana de responsabilidad cívica frente a la tenencia de armas de fuego y a favor del desarme.

La utilización de la represión como instrumento por excelencia, por los

actores con poder político decisorio e instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, y cuya expresión concreta se caracteriza en el Caribe por:

� Los incrementos en las fuerzas policíacas y el fortalecimiento de sus

estructuras, dando no sólo mayor apoyo material sino poder de represión.

� El incremento de la violencia policíaca focalizada en los “operativos”, las detenciones indiscriminadas de ciudadanos y las víctimas por los “intercambios de disparos” y de “mutilaciones” de supuestos delincuentes, así como de los hechos delictivos que se cometen contra policías.

3 Reporte de EFE de entrevista al Secretario de Interior y Policía, publicado en “El Caribe” el día 6 de julio 2005, el mismo declaró que actualmente 159, 646 civiles tienen licencia para porte de armas de fuego. Departamentos de Seguridad del Estado cifran las armas ilícitas en poder de la ciudadanía entre 100 000 y 200 000.

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� El involucramiento de las fuerzas armadas en el patrullaje policiaco, así como en las acciones de represión y control delictivo, incrementando, ante la percepción social, la desvalorización de la policía y fortaleciendo los sentimientos de inseguridad y de poca efectividad gubernamental ante la criminalidad, además de mostrar a los visitantes y turistas una imagen de estado de sitio.

� Los incrementos de las penas y el uso indiscriminado de las sanciones privativas de libertad que impone el sistema de justicia penal, en especial a los delitos vinculados con la criminalidad tradicional y no de la criminalidad compleja.

� Amplios procesos de exclusión social y de etiquetamiento de los que cumplen sanción, sin una política social focalizada hacia ese sector, que impide su reinserción social e incrementa la reincidencia criminal.

� Aumentos a corto y mediano plazo de la incidencia del delito y de los que están en el ejercicio de la criminalidad, como forma de vida, así como de los procesos de organización de la actividad criminal y por ende hechos cada vez más violentos.

Un discurso dual, entre los que detentan el poder político, jurídico, policiaco y religioso, así como de aquellos que controlan los medios de información masiva, por un lado el mensaje punitivo y represivo de “cero tolerancia a la delincuencia” y de “mano dura” que dan carta blanca a los excesos y las violaciones de derechos humanos, de las fuerzas del orden público; y por el otro el del “respeto a los derechos ciudadanos” y “las garantías constitucionales”, este último, casi siempre tomado como “tabla de salvación”, ante los reclamos de las ONGs vinculadas a los derechos humanos y la institucionalidad, así como de la opinión pública en general.

Bajo este escenario contextual las sociedades caribeñas van caracterizándose por una alta conflictividad, reflejada en el incremento de los indicadores de robo, violencia criminal, delito de cuello blanco, prostitución, participación del narcotráfico, suicidio y emigración, conductas reactivas que responden al nuevo orden económico y a la organización social que de él se ha derivado y que aún no ha podido dar solución a la nueva situación de necesidades, motivaciones, intereses, aspiraciones y expectativas individuales y colectivas que han emergido, unido a las tradicionales, históricamente insatisfechas. En el caso específico de la delincuencia, como fenómeno socio-cultural, producto esencialmente de contextos sociales disfuncionales y que nutre sus filas y víctimas, en los sectores poblacionales sometidos a procesos de exclusión, va adquiriendo una fuerte vigencia en la cotidianidad de las sociedades caribeñas, en tanto se incrementa, gana en organización, se internacionaliza e incide y participa con mayor presencia y agresividad dentro de las relaciones de poder de nuestros Estados, como válvula de escape a las relaciones sociales agresivas, frustrantes y degenerativas del desarrollo individual y social. Esta realidad, profusamente explotada por los medios masivos de comunicación, está actuando en la conformación de la ideología de la inseguridad ciudadana, que por una parte va deslegitimando los valores culturales tradicionales, democráticos y humanistas, las instituciones gubernamentales y los proyectos socio-políticos en ejecución, mientras

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que por la otra contribuye a la construcción en el sujeto individual de una identidad ideológica y psicosocial violenta, defensiva del entorno e insegura, añorante de la ideología y el actuar punitivo autoritario, así como el fortalecimiento del simbolismo del exceso de normas y el recrudecimiento de la penalidad, como instrumentos para mantener el orden y la cohesión social. Esta resocialización ideológica de la ciudadanía a través de los medios de comunicación viene reconstruyendo la orientación de los proyectos individuales de vida hacia el micro medio familiar y laboral, cada vez más cerrado al “agresivo entorno”, generando auto exclusión del contacto y la participación ciudadana, así como el fortalecimiento de valores de violencia, como fórmula para preservar la integridad individual y familiar, o sea un individuo sin responsabilidad social hacia lo que acontece al interior de la nación, motivado a “defenderse” y “segregarse” de la amenaza de los Otros. (E.R.Zaffaroni, R. del Olmo, L. Anillar de Castro, J.M. Rico, A. Baratta y E. Carranza, entre otros) Es por ello, que cuando en un contexto socio-histórico concreto de carácter complejo, como es el caso del Distrito Nacional, la criminalidad sufre cambios ostensibles en indicadores de violencia delictiva (incremento de los hechos de homicidios) y criminalidad compleja (en este caso narcotráfico y delito de cuello blanco), unido al incremento de la percepción de la ciudadanía (real o imaginaria) en algunos parámetros como los de: crecimiento delictivo, impunidad de los comisores, fundamentalmente los vinculados a los hechos de corrupción y fraude; indefensión ante la magnitud del delito, falta de expectativas en el desarrollo humano personal y familiar y descrédito, desconfianza o generación de temor en el actuar de las instituciones vinculadas a brindar seguridad ciudadana; entre los más importantes, es reflejo de relaciones disfuncionales de poder que han sido estables durante décadas, y que han marcado, con su agresividad, la evolución y desarrollo de la sociedad, agudizando las desigualdades sociales y por ende el comportamiento del fenómeno delictivo, como el producto más agresivo de esas relaciones de violencia social. “La reducción de las tasas de criminalidad en las zonas urbanas de América Latina, especialmente las de violencia homicida, debe ser vista como una condición para el logro de las metas del Milenio, toda vez que los más afectados son los jóvenes de zonas marginadas de las ciudades de la región. No de otra manera se podrá haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de por los menos 100 millones de habitantes de los barrios más precarios.”4 En este sentido, con el objetivo de revertir a favor del desarrollo humano y la gobernabilidad democrática, la situación objetiva y subjetiva del estado de la seguridad ciudadana, en el Distrito Nacional como capital de la República Dominicana, se hace necesario el presente diagnóstico, como guía base que orientará la proyección de cualquier política integral en materia de seguridad ciudadana del Ayuntamiento, como gobierno local, en cooperación con las instituciones y organizaciones internacionales y del gobierno central como la Secretaría de Estado de Interior y Policía, el Ministerio Público y la Policía Nacional, así como de la sociedad civil, más involucradas en cuidar y desarrollar el disfrute pleno de ese derecho en la ciudadanía. 4 “Herramientas para la gestión local de la seguridad ciudadana, Proyecto regional para la gobernabilidad local & Bureau para la prevención y recuperación de crisis”. PNUD, mayo 2004, pág. 5

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1.2 Aspectos conceptuales de la seguridad ciudadana. La seguridad pública supone una situación social libre de riesgos, peligros y conflictos, en cuyo marco los ciudadanos pueden gozar y ejercer sus derechos, libertades y garantías constitucionales y en la que existen políticas, estrategias y mecanismos institucionales eficientes tendientes a prevenir, controlar y/o neutralizar aquellos riesgos, peligros o conflictos concretos y previsibles que lesionen derechos, libertades y afecten la calidad de vida ciudadana; y a mitigar sus efectos en caso de que estos se concreten.

Ello implica necesariamente la formulación, implementación y evaluación de un conjunto de políticas y acciones integrales dirigidas a garantizar la paz pública por medio de la acción de seguridad preventiva y la conjuración de delitos, faltas y de todas aquellas situaciones que contribuyen a generar fricciones, desórdenes y malestar ciudadano. Esto supone a su vez, como condición institucional necesaria e indispensable, la existencia de: dependencias adecuadas y recursos humanos gubernamentales capacitados, que permitan desarrollar de manera efectiva las actividades de protección de esos derechos ciudadanos frente a eventuales interferencias arbitrarias o injustas.

En este sentido, se debe afirmar la idea de que la ciudadanía se puede ejercer de manera efectiva y amplia cuando el sistema institucional y los poderes públicos son eficaces en la protección de los derechos de las personas y en la preservación de las condiciones socio-económicas de dichas personas y en la regulación efectiva del desenvolvimiento de la vida social por parte de las instancia publicas y gubernamentales.

El mantenimiento de la seguridad pública en el ámbito de la República Dominicana y por lo tanto en la jurisdicción del Distrito Nacional, es responsabilidad primaria e indelegable del Estado Nacional a través de la Secretaría de Interior y de la Policía Nacional de República Dominicana (PN).

Sin embargo, no se puede dejar de considerar el hecho de que la autoridad política y administrativa que reviste la mayor proximidad con la sociedad, sus percepciones, demandas y preocupaciones es la autoridad política local y en el ámbito específico del Distrito Nacional es el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN); el cual pese a no revestir autoridad en materia de seguridad publica estrictamente policial, de hecho se ha convertido en buena medida en la primera línea de contención de las demandas y requerimientos de la sociedad en el territorio de su jurisdicción.

Los conflictos que afectan la seguridad ciudadana no son hechos aislados y descontextualizados del marco territorial, social e institucional en cuyo contexto se producen; sino que constituyen una expresión específica y acotada de un problema social complejo que lo circunscribe y enmarca. Por esta razón, la intervención debe orientarse hacia dos finalidades, por un lado la atención exclusiva de esa manifestación conflictiva, en función del mantenimiento de la seguridad pública, procurando eliminar tal expresión lesiva de derechos y garantías ciudadanas, reducir su frecuencia o severidad, atenuar sus consecuencias y/o disminuir su probabilidad de ocurrencia, mediante la intervención policial de prevención y por otra parte, debe materializarse un accionar estatal dirigido a prevenir y atenuar aquellas condiciones que enmarcan y eventualmente favorecen la aparición y concreción de estos tipos de incidente. Es en

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este ámbito de acción en donde la autoridad del Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene un rol y de hecho asume una participación relevante en función de sus atribuciones normativas específicas.

La conflictividad social vinculada al delito, a faltas y a incidentes de violencia se puede agrupar a grandes rasgos en tres diferentes categorías. El delito organizado, protagonizado por entidades criminales con distintos -pero siempre relativamente importantes niveles de organización-, que cometen hechos delictivos con la finalidad exclusiva de obtener una rentabilidad económica, conformando de hecho empresas delictiva. El delito común violento, representado generalmente por atentados contra las personas y la propiedad, principalmente homicidios, asaltos a mano armada, robos y hurtos, protagonizado por delincuentes individuales o a veces formando pequeños grupos con escaso nivel de organización. Finalmente, se encuentran aquellos incidentes de conflicto social constituidos por delitos menores, desordenes y faltas que afectan el orden público protagonizados por delincuentes y transgresores menores de proyección estrictamente local o derivados de fricciones vecinales sin resolución. Potenciados por la agudización del contexto socio-económico y por la falta de canales de negociación y encauzamiento de divergencia, entre vecinos que se acentuaron en su momento al compás de retracción del Estado en su rol de regulador de las relaciones sociales y proveedor de un marco mínimo de resolución de problemas.

Ahora bien este conjunto de problemas, que no se inscriben ni en la criminalidad organizada ni en la delincuencia común violenta, impactan de manera directa en el desenvolvimiento de la vida local y contribuyen para alterar significativamente el panorama y la percepción local de seguridad. Por lo general en el plano vecinal y barrial, que en su conjunto constituyen el espacio territorial y social de mayor proximidad a la autoridad política del Distrito Nacional, el tipo de conflictividad que atenta concretamente contra la seguridad de los ciudadanos deriva tanto de la actividad delictiva violenta como de los incidentes de conflicto social.

Cada conflictivo que se produce se desarrolla en un contexto social específico y en el marco de interacciones entre actores que los protagonizan e intervienen en su desarrollo de diversas maneras. Por lo tanto, el conocimiento fehaciente y el análisis de los diferentes tipos de eventos conflictivos, sus distintas formas de manifestación, frecuencia temporal, horarios y lugares de manifestación, individuos involucrados, los contextos sociales e institucionales en los cuales estos se desenvuelven, así como los diferentes modos de intervención estatal llevada a cabo frente a cada circunstancia específica, constituye una tarea fundamental para llevar a cabo una estrategia preventiva eficiente de seguridad a nivel local, por parte de la autoridad política que corresponda a la jurisdicción y respecto a la cual se canalizan los reclamos y demandas ciudadanas en esta materia.

Al respecto vale la pena consignar, que si bien en los países de América latina en general y en República Dominicana, en particular, el estado nacional ha subsumido a la policía en un cuerpo organizado a nivel nacional, cierto es también que esta modalidad de organización institucional es característico de los últimos cincuenta años. En este país, históricamente y con anterioridad a estos años, la policía tenían una dependencia orgánica y funcional a nivel nacional, pero también funcionalmente se encontraba a órdenes de las autoridades locales y tenía facultades para controlar y aplicar reglamentaciones a nivel municipal. En este sentido, se señala que la Ley de la Policía

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N° 4984 (1911) establecía que la policía en sus funciones administrativas dependerá del Secretario de Interior y Policía; pero en los municipios recibía órdenes de jefes municipales.

Más allá de esta referencia sobre la historia político institucional más bien profunda de República Dominicana, que refiere a la cercanía de la autoridad de seguridad policial con la autoridad local; en la experiencia institucional de las últimas décadas, las autoridades locales y del Distrito Nacional en particular, no han ejercido funciones ni han asumido responsabilidades en materia de seguridad a nivel local, a similitud de las circunstancias características de la mayor parte de los países de América latina.

Más recientemente, los gobiernos locales han avanzado en materia de seguridad pública sobre la base de dos criterios; por un lado establecer vinculaciones y coordinaciones operativas directas con la autoridad policial con jurisdicción en el distrito, adoptando un criterio de no injerencia en la gestión de estos asuntos y de apoyo directo –con medios económicos y de apoyo operativo- a la policía local. Por el otro, se ha registrado por parte de las autoridades políticas locales una estrategia de aproximación, abordaje y contención de los problemas y demandas sociales en materia de seguridad a nivel local así como el desarrollo de algunas herramientas de gestión, en el marco de un contexto normativo y constitucional que por lo general es extremadamente acotado a tal efecto.

En el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional esta instancia ha decidido abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad desde una perspectiva integral, no estrictamente policial de seguridad, como consecuencias de circunstancias propias que se vienen verificando desde hace unos años en el distrito, a saber: un incremento significativo de los hechos delictivos en general y de aquellos con rasgos de criminalidad violenta en particular y un proceso de pérdida de confianza por parte de la sociedad en el cuerpo policial abocado a funciones primarias de seguridad en el distrito y la necesidad de desarrollar e intervenir en un contexto en el cual surgen problemas de seguridad y convivencia no necesariamente relacionados con hechos criminales pero sí vinculados a problemas de interacción y de vínculos sociales locales.

Al respecto no puede dejar de señalarse que la organización y el funcionamiento de las dependencia abocadas a cumplir funciones relacionadas con la seguridad a nivel local se debe efectivizar sobre la base de dependencias gubernamentales e instrumentos de gestión que permitan: i) determinar, identificar y comprender el conjunto de incidentes, problemas y percepciones de seguridad ciudadana y convivencia local y ii) brindar la posibilidad de diseñar, planificar y evaluar el impacto de la intervención estatal, estableciendo una relación equilibrada, proporcionada y razonable entre el tipo y modalidad de situación a prevenir y contener y la forma e intensidad de la intervención estatal; facilitando un empleo racional de los recursos logísticos, operativos y humanos empleados en estas actividades y permitiendo una permanente readecuación de la intervención misma.

17

Capítulo II Descripción territorial, demográfica y socio-económica del Distrito Nacional y sus munícipes. Santo Domingo de Guzmán, fundada en 1502 e identificada como la Ciudad Primada de América. En la década de los años 40 del siglo XX, ante la incipiente industrialización, adquiere una considerable expansión por la emigración interna, la que funda y construye alrededor del antiguo centro urbano, barrios, villas y ensanches, llegando a alcanzar un área de 1,381.96 km2, hasta el año 2002 en que se pone en vigencia la Ley No.163-02 que divide su territorio en 5 Municipios, ostentando el Distrito Nacional la condición de Capital de la República Dominicana en un territorio de 104.44 km2 y una población de 913,540 habitantes.5 El Distrito Nacional ocupa un perímetro que lo limita los cauces de los ríos Ozama e Isabela, al este y norte, de manera respectiva; y la Avenida Luperón y el mar Caribe al oeste y sur. El Distrito Nacional como estructura política, de reciente constitución (año 2 002), está sufriendo un proceso de organización en la construcción de una estrategia que redefina y pondere una planificación integral del uso y desarrollo de sus recursos (territoriales, financieros, humanos, físicos, entre otros), de acuerdo a las competencias llamadas a asumir por las ciudades de la región como forma de integración a la sociedad global contemporánea6. Dadas sus características socio-demográficas unido a la diversidad de organizaciones de la sociedad civil con que cuenta y las demandas de servicios a la que debe responder ante la ciudadanía, el Distrito Nacional, como ciudad capital, lo identificamos como un territorio urbano complejo, en el que han incidido las diversas políticas públicas (hasta el momento reactivas y circunstanciales y sin resultados efectivos) dirigidas a prevenir o reprimir la criminalidad, tanto del gobierno nacional como local, este último recientemente incorporado a estos esfuerzos, por lo que solo será posible hacer una evaluación parcial de impacto, en este diagnóstico, en cuanto al incremento percibido en la calidad de vida de estas medidas, entre los capitaleños. En el territorio del Distrito Nacional confluyen la presencia de 1, 377 organizaciones de la sociedad civil, siendo las más importantes las Juntas de Vecinos (400), las Asociaciones Religiosas (330), los Clubes y Ligas (135), la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela (93) y las Organizaciones Sindicales/Buhoneros (85). (Ver tabla adjunta)

5 La República Dominicana en cifras 2004. Oficina Nacional de Estadística (ONE) 6 Plan Estratégico. 1er Congreso. Santo Domingo 2015. Ayuntamiento del Distrito Nacional. República Dominicana, marzo 2005

18

No. Tipo de Organización Cantidad que existen

1 Juntas de Vecinos 400 2 Asociaciones Religiosas (Iglesias) 330 3 Clubes y Ligas 135 4 Asociación de Padres y Amigos de la Escuela 93 5 Organizaciones Sindicales/Buhoneros 85 6 Fundaciones 61 7 ONGs 54 8 Grupos de Mujeres 50 9 Espacio de Coordinación 40 10 Grupos Juveniles 31 11 Comité de Defensa de los Derechos Humanos (DDHH) 28 12 Asociación de Micro-Empresarios 23 13 Grupos Artísticos/Cultural 13 14 Cooperativa/Económica 10 15 Red/Coordinación 9 16 Gremio Profesional 7 17 Grupos de niños/as 5 18 Asociación de Empresarios 3

Total 1,377 Fuente: Dirección de Desarrollo Humano. Ayuntamiento del D.N. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, a la población en desventaja social, fundamentalmente de los barrios de la zona Norte, mediante su Dirección de Bienestar Social brinda servicios médicos, hace operativos preventivos de salud, así como de salud ambiental y proporciona sarcófagos y lugares de enterramiento a sus munícipes. Desde agosto 2002 hasta diciembre del 2005, los servicios médicos del Ayuntamiento han brindado más de 7 000 consultas, de las cuales más de 500 han sido Emergencias. Por especialidades las consultas de Medicina Interna han alcanzado un total de 3, 397, seguido de las de Ginecología con 2, 503, Geriatría 754 y Pediatría 322. Los sectores de Los Guandules, Cristo Rey, La Ciénaga, Gualey, Guachupita, La Zurza, Villa Agrícolas y Capotillo, son han sido los que más han solicitado esté tipo de servicio municipal, coincidentes todos con los barrios de mayor carencia de seguridad de salud. Entre los operativos de salud realizados se destaca la entrega de medicamentos, a través de la Juntas de Vecinos en los sectores de Gualey, Los Guandules, 27 de febrero, Hoyo de la Zurza, Cristo Rey, Villa Juana, Capotillo, Cañada de los Dulceros, La Laguna, Los Coquitos, Ensanche Espaillat y La Ciénaga, entre otros. El monto de los medicamentos donados en operativos y consultas asciende a $456, 909.08 pesos dominicanos Se han realizado talleres de intervención de salud ambiental como el denominado “Las UNAP y su intervención en salud ambiental” organizado por la OPS y la Región V de SESPAS en el 2003, ejecutado en Villa Francisca, San Carlos, El Manguito, 30 de marzo, Ensanche Luperón y los Praditos (donde se realizaron visitas de terreno identificando problemas ambientales). Entre los proyectos que se plantea esta Dirección de Bienestar Social se encuentra las Funerarias Municipales, el Programa de Prevención contra la Filariosis (a través de CENCET de SESPAS), Programa de Prevención de Embarazos en adolescentes (en coordinación con CONAPOFA de SESPAS) y la ampliación de servicios del Centro

19

Médico Municipal, todos ellos de importancia social y que deberán ser objeto de la debida atención en aras de su implementación práctica en la capital. 2.1 Características socio-demográfica, del Distrito Nacional, según circunscripciones y barrios7. Los 66 barrios, enmarcados dentro del nuevo territorio del Distrito Nacional fueron divididos, en el marco de la Ley No. 163-02, en 3 circunscripciones, contando la circunscripción No.1 con 38 barrios, mientras que la No.2 y 3 con 14 barrios, de manera respectiva. (Ver tabla No.1 en anexos).

La mayor densidad poblacional en el Distrito Nacional se concentra en la circunscripción No.3, territorio ocupado por los barrios populares de la Zona Norte de la Capital, indicando el alto nivel de hacinamiento en que viven sus pobladores. (Ver tabla adjunta)

Densidad poblacional según circunscripción.

Circunscripción Número de hombres

Número de mujeres

Total Densidad poblacional

1 141314 175441 316755 8150 2 116146 122571 238717 8337 3 173238 184830 358068 9692

Total 430698 482842 913540 8747 Datos trabajados según Censo 2002

Uno de cada 5 hogares de la Capital es pobre. La Circunscripción No. 3 posee la mayor proporción de hogares pobres con un 33% de sus hogares, seguida por la No. 2 (20%) y la No.1 (5%.). Ver gráfico adjunto

7 Las fuentes de información de este capítulo están básicamente referidas al Censo del 2002, así como en este sentido, se recibió la colaboración de los estadísticos Guillermo Milán (ONE) y Daysi García (Ayuntamiento D.N.) para los procesamientos de la información por circunscripciones.

20

5

20

33

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1 2 3

Circunscripción

Porcentaje de hogares pobres por circunscripción del D.N.

Datos Trabajados desde el Mapa de la pobreza 2005, ONAPLAN Los Barrios con mayor nivel de pobreza según el número de hogares pobres son:

� Domingo Sabio � La Zurza � Palma Real � Ensanche Simón Bolívar � Ensanche Capotillo � Gualey

Hogares con mayor nivel de pobreza por barrios

BARRIO Número de hogares pobres

Porcentaje del total de hogares del barrio

San Carlos 649 21.5 Cerros de Arroyo Hondo 74 22.2 Nuevo Arroyo Hondo 989 22.6 Los Peralejos 368 23.1 Villa Consuelo 1668 23.6 Arroyo Manzano 199 24.1 Villa Juana 2405 25.7 Villas Agrícolas 1093 25.9 24 de Abril 1140 26.0 Cristo Rey 4005 26.5 Mejoramiento Social 2354 28.1 Villa Francisca 1983 29.1 María Auxiliadora 2993 29.4 Palma Real 2807 35.2 Ensanche Simón Bolívar 2346 36.6 Ensanche Capotillo 3242 39.4 Gualey 2021 48.4 La Zurza 2660 51.9 Domingo Savio 6487 52.2 La Isabela 179 61.7 San Diego 8 72.7

Fuente: Mapa de la Pobreza 2005, ONAPLAN

21

La tasa de desocupación en el D.N. es de 11.45, por debajo de la media nacional estimada en cerca de un 16%8. Sin embargo, el análisis de este indicador por circunscripciones, nos indica que la No.3 y la No. 2 ostentan una tasa de desocupación mayor a la del D.N., siendo, esta más crítica en la circunscripción No.3, mientras que en la No.1 esta variable está muy por debajo de la tasa de la capital. (Ver gráfico adjunto y tabla No.2 en anexos)

9

12

13

0

4

8

12

16

1 2 3

Circunscripciones

Tasa de desocupación según circunscripciones

Fuente: Censo 2002 y Encuesta de Fuerza de Trabajo Banco Central 2002.

Es preciso destacar que, desocupación e índice de condiciones de vida son dos indicadores fuertemente correlacionados, cuando mejoran las condiciones de vida los niveles de desocupación son menores y viceversa. Esto que es una verdad simple, constituye la base de cualquier política contra la pobreza, la disminución sustancial del desempleo y de la criminalidad.

En este sentido, la pobreza como concepto de individuos que pertenecen a los hogares en desventaja social, que no pueden acceder en igualdad de condiciones a la media, a las oportunidades sociales y a una vida digna, se focaliza en las circunscripciones No.3 y No. 2. Es en esas dos circunscripciones y entre ellas, prioritariamente la No.3, donde se deberán concentrar los esfuerzos de los gobiernos central y local ante cualquier estrategia en políticas públicas relacionadas con la seguridad y los derechos ciudadanos (básicamente empleo, escuelas laborales y ayuda a la inserción en el 8 Según datos de Encuesta Fuerza de Trabajo 2002

22

mercado laboral, servicios comunales y de mejoramiento ambiental, educación y salud, entre los más importantes y decisorios para mejorar los índices de criminalidad). Dentro de estas políticas públicas se deberá priorizar la atención a 15 barrios, que por los indicadores analizados, están identificados como los más pobres en el Distrito Nacional. (Ver tabla adjunta).

Los 15 Barrios más necesitados de llevar una política social que mejore la desocupación y las condiciones de vida

Circunscripción Nombre del área

geográfica Hogares pobres

Porcentaje de hogares pobres

Personas pobres

Tasa Desocupación

2 Palma Real 2807 35.19 12201 14.74

2 Los Peralejos 368 23.10 1488 14.17

2 Cristo Rey 4005 26.53 16007 12.87

3 La Zurza 2660 51.85 10544 14.88

3 Mejoramiento Social 2354 28.10 8885 14.17

3 Villa Francisca 1983 29.05 7039 13.55

3 Villas Agrícolas 1093 25.89 4440 13.51

3 María Auxiliadora 2993 29.39 12115 13.43

3 Ensanche Capotillo 3242 39.39 12837 13.33

3 Villa Juana 2405 25.68 9103 13.21

3 Gualey 2021 48.43 7898 13.11

3 Domingo Savio 6487 52.18 24927 13.04

3 Villa Consuelo 1668 23.65 5880 12.99

3 Ensanche Simón Bolívar 2346 36.57 9826 12.83

3 24 de Abril 1140 26.00 4628 12.70

Total

37,572

147,818

Datos trabajados desde el Censo del 2002 y el Mapa de la Pobreza 2005, ONAPLAN

En cuanto a la percepción de las fuentes de contaminación barrial, las tres circunscripciones coinciden en señalar los ruidos que hacen los vehículos y motores, mientras que en las circunscripciones No. 3 y No.2 se señala las aguas estancadas, la acumulación de basura y la situación de contaminación de cañadas.

23

Las circunscripciones No. 3 y No.1 son coincidentes al identificar como fuentes de contaminación de sus barrios el ruido de las fábricas y talleres. En este sentido, igualmente la circunscripción No. 1 señala el humo de las fábricas y talleres, mientras que la No.3 identifica la música alta de vecinos, bares y colmados que radican en el barrio. (Ver tabla adjunta).

Circunscripción Percepción de fuentes de contaminación en

barrios 1 2 3

Aguas estancadas 44.7% 17 92.3% 12 92.9% 13 Envasadora de gas 5.3% 2 7.7% 1 7.1% 1 Bomba de gasolina 7.9% 3 .0% 0 .0% 0 Música alta, Bares, Colmados y Vecinos

52.6% 20 69.2% 9 100.0% 14

Acumulación de basura

73.7% 28 92.3% 12 85.7% 12

Cañada con basura o agua estancada

5.3% 2 84.6% 11 50.0% 7

Ruido vehículos, motores

100.0% 38 92.3% 12 100.0% 14

Humo, gases de fábricas y talleres

28.9% 11 7.7% 1 7.1% 1

Ruidos de fábrica y talleres

18.4% 7 7.7% 1 28.6% 4

Desechos de fábrica, talleres y clínicas

5.3% 2 .0% 0 .0% 0

Ruidos, humo de plantas eléctricas

65.8% 25 15.4% 2 14.3% 2

Datos Trabajados desde el Censo 2002. 2.2 Características socio-demográfica de los residentes en el D.N.

La distribución poblacional por sexo indica un índice de masculinidad de 89 hombres por cada 100 mujeres.

. Una población fundamentalmente joven, entre 0 y 39 años, siendo los

menores de 18 años, los de mayor proporción (niños/as y adolescentes). Igualmente es interesante la proporción de los mayores de 50 años estando, en este grupo etáreo, 1 de cada 5 capitaleños. Ver gráfico adjunto.

24

Distribución porcentual por edades, D.N., 2002

34

22

16

11

8

9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Menor de 18 años

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 ó más

Fuente: Censo 2002.

Se evidencia una mayor proporción de los menores de 18 años en las

circunscripciones No. 2 y 3, mientras que en la No.1 se destaca por sus diferencias con el resto, la alta proporción de los que ostentan 50 años o más de edad. Ver tabla y gráfico adjunto.

CIRCUNS. Menores de 18 años

%

Entre 18 y 29 años %

Entre 30 y 39 años %

Entre 40 y 49 años %

Entre 50 y 59 años %

De 60 ó más años

% 1 29 22 16 13 9 11 2 37 23 16 11 7 7 3 37 22 15 11 7 8

Total 34 22 16 11 8 9 Datos trabajados desde el Censo 2002.

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Menor de 18

años

Entre 18 y 29

años

Entre 30 y 39

años

Entre 40 y 49

años

Entre 50 y 59

años

De 60 ó más

años

Distribución procentual según edad y cirunscripción, D.N., 2002

Circn. No.1 Circn. No. 2 Circn. No. 3

Datos trabajados desde el Censo 2002.

Mayor índice de los que alcanzaron el nivel universitario (graduados o no), a los del resto del país, primando el nivel de primario básico y medio de escolaridad. Ver gráfico adjunto.

4.7

1.2

40.2

27

26.3

0.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ninguno

Primaria inicial

Primaria-basico

Secundaria/tecnico medio

Universitario

No respuesta

Disttribución porcentual por nivel educacional alcanzado, para 5 años ó más,

D.N., Censo 2002

Fuente: Censo 2002

26

Los beneficiarios del servicio de la educación pública se concentran en la circunscripción No. 3 y No. 2, así como el índice de repitencia escolar, siendo, este último, más crítico en la circunscripción No. 3, coincidiendo con el territorio donde se concentran en mayor proporción los hogares pobres. (Ver tabla adjunta).

Características de los beneficiarios de la educación pública, según circunscripción,

D.N, Censo 2002

Circunscripción Porcentaje de los que

asisten a Escuela Pública Repitencia Escolar

1 42 8 2 66 12 3 76 15

Total 61 12 Datos trabajados desde el Censo 2002

La desocupación también se evidencia de manera crítica entre los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, y residentes de las circunscripciones No.3 y No.2, por orden de significación.

En el caso de los jóvenes de 18 a 29 años la tasa de desocupación, en relación a la del D.N. (11.45), es más alta en las tres circunscripciones, sin embargo se hace significativamente más crítica en la Circunscripción No.3, coincidiendo con los jóvenes de los sectores más pobres. Tasas de desocupación por edades y circunscripciones

Circunscripción Tasa 18-29 años

Tasa 30-39 años

Tasa 40-49 años

Tasa 50-59 años

Tasa 60 años o más

1 12.49 8.16 8.31 7.54 7.23

2 14.72 10.03 9.70 9.07 9.46

3 16.13 11.99 10.97 11.10 10.34

Total 14.50 10.03 9.58 9.08 8.75 Datos trabajados desde el Censo 2002 Cabe señalar, que es en la franja de edad de 18-29 años y en lo fundamental en la circunscripción No.3, donde se debe ejercer la intervención de manera prioritaria, orientada a la vinculación de la juventud al empleo, ello elevaría no sólo el nivel de vida de esos jóvenes y sus familias en desventajas social, sino también, como medida preventiva activa, evitaría que fueran a engrosar las filas de la delincuencia o los sacaría de ella, en el caso de los que ya están dentro.

27

Capítulo III La evaluación situacional de la criminalidad y de las muertes violentas en el D.N.

La criminalidad en República Dominicana ha ido en incremento, de manera sistemática desde la década de los 80, como en la mayoría de los países latinoamericanos. Datos de Naciones Unidas de esos años, ubicaban ese crecimiento a nivel mundial en un 5% anual. La República Dominicana que en los 80 había tenido un crecimiento lento de la criminalidad de mayor impacto social, en lo fundamental los delitos violentos contra la vida, con tasas cercanas a 6 por cada 100 mil habitantes, ya en los 90 su tasa mantenía los incrementos señalados por Naciones Unidas --aunque no existen cifras disponibles confiables—y podía ser estimada entre 10 y 12 muertes por cada 100 mil habitantes y donde la mayor proporción de esas muertes se ubicaban, mayormente en la Capital (antiguo Santo Domingo) y Santiago de los Caballeros.9 En esas décadas la República Dominicana y la región del Caribe de habla hispana (R D., Cuba y Puerto Rico) estaban ubicados dentro de los países con un nivel medio/bajo de criminalidad, con relación a otros de la región como El Salvador (más de 100 muertes por cada 100 mil habitantes), Colombia (70 muertes por cada 100 mil habitantes) y Argentina (30 muertes por cada 100 mil habitantes), mientras que para América Latina la tasa era en 1997 de 25.10 por cada 100 000 habitantes10. Para los primeros años de la década del 2000 y en lo fundamental los tres últimos años del quinquenio 2001-2005, las cifras señalan un incremento significativo de los hechos de violencia en el país. (Ver tabla y gráficos adjuntos)

Muertes Violentas en República Dominicana (1999-2005)

Fuente: Procuraduría General de la República

9 Milán Guillermo, La criminalidad en el Caribe. Represión y prevención. (2001) 10 Para este último indicador se tomó los datos citados en “Herramientas para la gestión local de la seguridad ciudadana. Mejores prácticas” PNUD, los cuales fueron a su vez tomados de “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUND 2004.

Año Número de muertes violentas

Tasa por 100 000 ha.

1999 1,187 14.39 2000 1,099 13.09 2001 1,065 12.49 2002 1,242 14.51 2003 1,649 18.73 2004 2,260 25.25 2005 2,403 26.41 Total 10.905

28

Comportamiento del homicidio en RD,

1999-2005

2 6 .4 12 5.2 5

18 .73

14 .51

12 .4 9

14 .3 9

13 .0 9

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tasas por 100 mil ha. Numero de homicidios

Fuente: Procuraduría General de la República

Es a partir del año 2003 en que se produce un incremento sustancial de la tasa de homicidio, estaría por evaluar si esto se corresponde con el comportamiento secular asumiendo una serie mayor (mas número de años). Igualmente, es de interés señalar que el incremento de la tasa de homicidios (por 100 mil ha.) con respecto al año 1997, en el 2004 es de un 75%., mientras que para el 2005, el incremento alcanzó, un 78%, cumpliéndose los pronósticos realizados, para ese año. (Ver gráfico de su incidencia en la capital: Santo Domingo y Distrito Nacional)

Comportamiento de la incidencia del homicidio en la

Capital , 1997-2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Procuraduría General de la República.

29

Muertes Violentas en el 2005 en los 3 Centros Urbanos más importantes del país: Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros en comparación con el resto del

país. Centro Urbano Muertes

Violentas (Homicidios e Intercambio de disparos)

Homicidios Intercambio de Disparos

Tasa de Homicidios por 100 000 ha

Distrito Nacional 395 337 58 36.89 Santo Domingo 659 558 101 30.70 Santiago de los Caballeros

260 183 77 20.15

Total de muertes violentas.

Principales Centros Urbanos

1324 1078 236

Total de muertes violentas en el resto

del país

1089 888 201

Total General 2403 1966 437 Fuente: Procuraduría General de la República

Las estadísticas señalan al Distrito Nacional como el centro urbano dominicano que ostentó la mayor tasa de homicidios por cada 100 000 ha., durante el 2005 (36.89), lo que es indicativo que, con respecto al año 2004, continuamos ocupando un lugar medio-alto en relación a otras ciudades latinoamericanas.

133

92

57

37

28

27

27

23

7

2

0 20 40 60 80 100 120 140

Tasa por 100 mil ha

CARACAS

CALI

M EDELLIN

CAPITAL (D .N . Y SANTO DOM INGO)

LIM A

C IUDAD DE PANAM A

CIUDAD DE M EX ICO

BOGOTA

M ONTEV IDEO

SANTIGO DE CHILE

Tasa de homicidio en diferentes ciudades de America Latina

Fuentes: Revista América Economía 2004 y 2003. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Colombia. 2004. Datos de la Procuraduría General de la República11.

11 Parte de1 estos datos citados por Hugo Acero Velásquez en su trabajo “Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana”. PNUD. 2005.

30

Analizando el comportamiento de las muertes violentas desde 1999-2005 existe mayor incidencia de estos hechos:

• En los 3 principales centros urbanos del país: Distrito Nacional, Santo

Domingo y Santiago de los Caballeros. • En los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre. • Los fines de semana (viernes, sábado y domingo). • El horario nocturno y madrugada • La franja etaria de 21 a 30 años • Por género el comportamiento victimológico es similar al resto de

Latinoamérica. Las víctimas en su gran mayoría son del sexo masculino. • Se pone de manifiesto a partir del 2005, el crecimiento de la letalidad de los

robos, asaltos y atracos que tienen como resultado un incremento del uso de la violencia y de las muertes (510 víctimas y 49 victimarios) .

En el 2005, según las circunstancia de las muertes violentas a nivel nacional, estas fueron fundamentalmente por: causa indeterminadas (31%), rencillas y riñas (27%), robo, atracos y asaltos (23%), intercambios de disparos (18%), centros de diversión (5.7%), muertos por policía y militares fuera de servicio (5.2%), femenicidios (4%) y droga (2.5%). Este comportamiento se ha mantenido de enero-agosto 2006. (Ver tabla anexa)

Comportamiento de las muertes violentas de enero-agosto del 2006 Circunstancias de las muertes violentas enero-agosto 2006

Número de muertes Porcentaje

Rencillas o Riñas 392 20.4% Causa Indeterminada 385 20.0% Víctima de robo o atraco 231 12.0% Intercambio de Disparo 204 10.6% Centro de diversión 132 6.8%

Femenicidios 70 3.6% Tratando de robar o atracar 70 3.6%

Muertos por policías y militares fuera de servicio

57 2.9%

Drogas 37 1.9% Fuente Procuraduría General de la República

Las víctimas en una proporción significativa son menores de 30 años y los días más críticos de ocurrencia de hechos de homicidios coinciden con los fines de semana, mientras que en el caso de los horarios los nocturnos y la madrugada son los más vulnerables para este tipo de hecho12. Según las características de las víctimas y de los victimarios conocidos, las circunstancias y los lugares donde se perpetraron la mayoría de los hechos de muerte violenta (en su mayoría barrios de residencia de las víctimas y en menor proporción centros o cercanías de centros de diversión), se puede inferir que muchos de los mismos ocurrieron bajo los efectos de la exposición de los ciudadanos a factores de riesgos

12 Datos proporcionados por la Procuraduría General de la República.

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previsibles y evitables (fundamentalmente del alcohol, otras sustancias psicotrópicas y la legitimación de la resolución de conflictos en cultura de violencia en la población). El análisis de la cifras evidencia una significativa impunidad en los hechos de muertes violentas por homicidio al no poder determinar en una proporción apreciable las causas de estos delitos (causas indeterminadas, 31% para el año 2005 y 20.4% para enero-agosto 2006), así como estar muy asociadas la letalidad de las riñas y los robos/atracos y asaltos. Sólo en una proporción menor están involucradas a los centros de diversión. Hay que destacar que en relación a igual periodo del 2005 las muertes violentas por causas indeterminadas han disminuido en un 10%, lo que pudiera ser indicativo de una mayor operatividad policíaca en el descubrimiento de los autores y las circunstancias de las muertes violentas. Estos resultados evidencia la necesidad de fortalecer con recursos materiales y humanos capacitados, la investigación criminal en función del esclarecimiento delictivo; y la educación ciudadana orientada a la convivencia de paz y la promoción de una cultura ciudadana de no violencia, que incluya el desarme de la población y donde el centro sea la revalorización de la vida humana. En relación a los centros de diversión se deberá organizar todo un trabajo de educación cívica en la co-responsabilidad y empoderamiento de este sector empresarial, de sus competencias como actores que no sólo brindan un servicio sino también inciden en la problemática de la violencia y de la inseguridad ciudadana, mediante el cumplimiento de las leyes municipales y estatales relacionadas con el control de la seguridad ciudadana en esos negocios y en el entorno donde están ubicados. En este sentido, se recomienda comenzar esta organización en función de la georeferendación delictiva de los homicidios y en específico por la circunscripción No.3, donde se producen más muertes violentas vinculadas a estos negocios. (Ver tabla anexa)

Muertes violentas producidas en los diferentes barrios/sectores del Distrito Nacional en el año 2005

Lugar que ocupa en la ciudad

Barrio/Sector/Avenida Número de Muertes Violentas

Circunscripción

1 Domingo Savio (incluye los sub-barrios Guachupita, Los

Guandules y La Ciénaga)

39 3

1 Capotillo 32 3 2 Villas Agrícolas 32 3 3 Cristo Rey 26 2 5 Gualey 20 3 6 Arroyo Hondo 19 2 7 Ensanche Espaillat 18 3 8 24 de Abril (incluye el

sub-barrio Las Cañitas) 17 3

9 María Auxiliadora 15 3 10 Villa Consuelo 14 3 11 Ensanche la Fe 13 2

32

12 27 de Febrero 13 3 13 Villa Juana 12 3 14 Ave. 27 de Febrero 9 --- 15 Los Prados 8 1 16 San Carlos 7 3 17 Villa Francisca 7 1 18 Mejoramiento Social

(incluye el sub-barrio Villa María)

7 3

19 Mirador Sur 6 1 20 Gazcue 6 1 21 Ensanche Simón Bolívar 6 3 22 Ensanche Luperón 5 3 23 Ensanche Quisqueya 5 1 24 Honduras 5 1 25 Máximo Gómez 4 3 26 Zona Colonial 4 1 27 Zona Universitaria 4 1 28 La Ciénaga 4 3 29 Carretera Sánchez 3 1 30 Ensanche Kennedy 3 2 31 Ensanche Naco 3 1 32 Villa Fea 3 --- 33 Ave. Independencia 2 1 34 Los Restauradores 2 1 35 Miraflores 2 1 36 Los Cacicazgos 2 1 37 Evaristo Morales 2 1 38 Bella Vista 2 1 39 Ciudad Nueva 1 1 40 Juan Bosco 1 1 41 El Millón 1 1 42 El Portal 1 1 43 Las Praderas 1 1 44 Ensanche Piantini 1 1 45 Ensanche Núñez de

Cáceres 1 1

46 La Zurza 1 3 Fuente: Procuraduría General de la República

(--) Señala los lugares indeterminados con relación a la circunscripción de pertenencia

Las cifras expuestas en la tabla anterior son indicativas que la mayoría de las muertes violentas en el 2005 fueron acaecidas en la circunscripción No.3, coincidente muchos de los sectores donde ocurrieron estos hechos, con los focalizados como los de más alta tasa de desempleo, peores condiciones de vida y deficientes servicios públicos. (Ver tabla adjunta)

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Condiciones de los barrios donde se produjeron la mayoría de los hechos de muerte violenta en el Distrito Nacional. 2005

Circunscripción Nombre del área

geográfica Hogares Pobres

Porcentaje de hogares pobres

Personas pobres

Tasa Desocupación

2 Cristo Rey 4005 26.53 16007 12.87

3 Ensanche Capotillo 3242 39.39 12837 13.33

3 María Auxiliadora 2993 29.39 12115 13.43

3 24 de Abril 1140 26.00 4628 12.70

3 Villas Agrícolas 1093 25.89 4440 13.51

3 Villa Francisca 1983 29.05 7039 13.55

3 Villa Juana 2405 25.68 9103 13.21

3 Gualey 2021 48.43 7898 13.11

3 Villa Consuelo 1668 23.65 5880 12.99

Datos trabajados desde el Censo del 2002 y el Mapa de la Pobreza 2005, ONAPLAN Un análisis más profundo del comportamiento anual de este indicador lo ameritaría sectores tradicionalmente residenciales como Arroyo Hondo (ubicado entre los 6 con mayor índice de muertes violentas de la ciudad), Los Prados (lugar 15), Mirador Sur y Gazcue (19 y 20 de manera respectiva), para establecer los factores que han incidido en este posible desplazamiento delictivo, máxime cuando las muertes violentas se incrementaron a partir del segundo semestre del 2005 cuando ya se estaba ejecutando el Plan de Seguridad Democrática en varios sectores de la capital. Hay que destacar que de enero a agosto del 2006 en relación a igual período del 2005, se evidencia un decrecimiento de las muertes por homicidio en el distrito, fundamentalmente en los barrios intervenidos por el Plan de Seguridad Democrática, no así en algunos otros sectores no beneficiarios, donde el crecimiento se mantiene a niveles anteriores o ha habido un relativo crecimiento como en el caso de Domingo Savio, 27 de Febrero, Gazcue, Los Prados y Ensanche Paraíso. (Ver tabla adjunta)

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Muertes violentas por homicidio e intercambio de disparos según sectores de mayor incidencia enero-agosto 2006.

Lugar que ocupa en la ciudad

Barrio/Sector/Avenida Número de Muertes Violentas

Circunscripción

1 Domingo Savio (incluye los sub-barrios: Guachupita, Los

Guandules y La Ciénaga)

25 3

2 27 de Febrero 13 3 3 Villa Consuelo 11 3 4 Arroyo Hondo 11 2 5 Cristo Rey 11 2 6 Villas Agrícolas 10 3 7 Mejoramiento Social

(incluye al sub-barrio Villa Maria)

10 3

8 Capotillo 9 3 9 Ensanche la Fe 6 2 10 24 de Abril (incluye el

sub-barrio Las Cañitas) 6 3

11 Gazcue 5 1 12 Los Prados (incluye el

sub-barrio Los Praditos) 5 1

13 Villa Francisca 5 3 14 Gualey 5 3 15 Los Ríos 4 2 16 Villa Juana 4 3 17 María Auxiliadora 3 3 18 30 de Mayo 3 1 19 Ens. Paraíso 3 1 20 San Carlos 2 1 21 Simón Bolívar 2 3 22 Bella Vista 2 1 23 Carretera Sánchez2 2 1 24 Ensanche Luperon 2 3 25 La Feria 2 1 26 La Zurza 2 3 27 Los Restauradores 2 1

Fuente: Procuraduría General de la República. El resto de los sectores tuvieron 1 muerte violenta o ninguna en el periodo de enero-agosto 2006

El comportamiento de las muertes violentas de enero-agosto 2006, sigue indicando una significativa incidencia en los sectores de la circunscripción No.3, algunos de ellos han continuado, aunque en menor proporción, su comportamiento del año 2005 (Domingo Savio, 27 de Febrero, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas y Capotillo). Igualmente se evidencia que sectores tanto de la circunscripción 2 como de la 1, catalogados antiguamente como “seguros” (Arroyo Hondo, Los Prados, Los Ríos y Gazcue), siguen aportando cifras significativas de muertes homicidas. Comparando los meses de enero-agosto 2005-2006 en los tres principales centros urbanos dominicanos, se aprecia una disminución de las muertes violentas, aunque

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poco significativa en cuanto a tasa se refiere, en el Distrito Nacional (65 muertes menos) y Santiago de los Caballeros (74 muertes menos), sin embargo, el comportamiento de este indicador es totalmente contrario en el caso de la provincia de Santo Domingo, existiendo un incremento de 49 muertes, lo cual es indicativo de un real desplazamiento de la delincuencia hacia ese territorio, ante las acciones implementadas bajo el Plan de Seguridad Democrática en los dos primeros territorios. (Ver tabla adjunta)

Provincia No. de muertes de enero a agosto 2005

No. De muertes de enero-agosto 2006

Santo Domingo 444 493 Distrito Nacional 257 192

Santiago de los Caballeros 192 118 Fuente: Procuraduría General de la República.

Comportamiento de las muertes por intercambios de disparos: Las muertes por intercambios de disparos tuvieron un crecimiento ostensible en el período 1997-2005, que pasó de 78 muertes en el 1997 a 230 en el 2003 (con un incremento de casi tres veces)13, mientras que en el 2005 el incremento fue casi 6 veces mayor con respecto al año 1997, con 437 muertes, o sea de cada 5 homicidios 1 fue por intercambio de disparos, concentrándose la mayoría de las muertes en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, por orden de incidencia. (Ver tabla adjunta)

Muertes por intercambios de disparos en el 2005, según provincias más afectadas Provincia No. de muertes

Santo Domingo 101 Santiago de los Caballeros 77

Distrito Nacional 58 San Pedro de Macorís 42

San Cristóbal 28 La Romana 24 La Vega 23 Duarte 16

La Altagracia 13 Fuente: Procuraduría General de la República.

En el caso de los muertos por “intercambios de disparos” en el Distrito Nacional, estos, por la percepción social, son asociados a los operativos policiales, dentro de los barrios populares, como forma de ejecutar la prevención situacional dentro de los barrios denominados “calientes” de la capital y otras provincias como Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. El análisis anual de este indicador, evidencia que el comportamiento de las muertes por intercambio de disparos presenta una pequeña disminución en el último semestre del

13 Según estadística de la PN

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años 2005 (julio-diciembre), en dos de los principales centros urbanos (Santo Domingo y Santiago de los Caballeros), sin embargo, en el caso del Distrito Nacional estos hechos mantuvieron su comportamiento en comparación al primer semestre del 2005, indicando que en el territorio del distrito la violencia en los enfrentamientos policía/presuntos delincuentes se mantuvo al mismo nivel. (Ver tabla anexa) Muertes por intercambios de disparos en los 3 principales centros urbanos en el

2005. Provincia No. de muertes de

enero a junio 2005 No. De muertes de julio a diciembre

2005

Total de muertes por intercambio de disparos 2005

Santo Domingo 56 45 101 Santiago de los Caballeros 40 37 77

Distrito Nacional 29 29 58 Fuente: Procuraduría General de la República. Analizando el comportamiento de las muertes por intercambios de disparos en el primer semestre del 2006 (enero-junio) comparado con igual periodo en el 2005, se evidencia una disminución significativa en número de muertes por esta causa, en los 3 centros urbanos más importantes del país. (Ver tabla adjunta)

Provincia No. de muertes de enero a junio 2005

No. de muertes de enero a junio

2006 Santo Domingo 56 33

Santiago de los Caballeros 40 27 Distrito Nacional 29 13

Fuente: Procuraduría General de la República En este sentido, la provincia de Santo Domingo es el territorio donde existe una mayor proporción en la disminución de las muertes por intercambio de disparos, con 23 muertes menos, seguido por el Distrito Nacional con 16 y por último Santiago de los Caballeros con 13 muertes menos, a igual periodo del 2005. La agresividad que adquieren los cuerpos policíacos ante la percepción de inseguridad ciudadana (real o imaginaria), reforzada por una amplia publicidad de impacto, a veces irresponsable y poco analítica del comportamiento del fenómeno de la criminalidad, por los medios de comunicación masiva; genera una falsa imagen de efectividad en los operativos policíacos, que se traduce coyunturalmente, en “legitimidad” y “apoyo” de una parte de la ciudadanía, deseosa de tranquilidad ciudadana, contribuyendo esta valoración momentánea a elevar el nivel de victimización y selección indiscriminada dentro de los grupos en desventaja social por parte de esta institución14

.

Sin embargo, los resultados de los operativos policiales, como medidas reactivas ante el reclamo de la población de seguridad, al final históricamente, han puesto en evidencia la falta de medios materiales, de preparación de sus fuerzas así como de información y

14 Liriano Alejandra, Milán Guillermo., Pons Daniel, Investigación de los barrios Los Guandules y Los Alcarrizos, FLACSO 2001, Díaz M, Dinámicas de grupos de jóvenes realizadas en los barrios Capotillo y Villas Agrícolas, mayo 2005 y dinámica de grupo realizada a líderes barriales de la Zurza, Las Cañitas, 24 de Abril, Guachupita y Los Guandules, agosto 2005.

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análisis de la Policía Nacional, para proceder de manera efectiva y selectiva contra la delincuencia, en el lugar y momento pertinente. Este actuar, igualmente ha estado matizado en el primer semestre del año 2005 y en el primer semestre del 2006, por una fuerte presión de la ciudadanía y el poder político del país a la Policía Nacional, de acciones eficientes contra la criminalidad y al unísono llevar el proceso de reestructuración policial, que han agravado el desempeño efectivo de esa institución. Sólo en el año 2005 fueron dados de baja, por diferentes causas incluido el retiro y la corrupción, más de 2 000 agentes de las filas de la policía, lo que implica una contracción de la respuesta operativa, hechos constatados en la praxis criminológica de los países del área del Caribe (Cuba décadas de los 70 y años 1989-93). Esos resultados han reforzado en la población las valoraciones de ineficacia de la policía nacional para disminuir el delito y la imagen negativa, que dentro de la sociedad civil tiene, vinculada en la percepción popular a la represión y victimización de los jóvenes de los barrios y de sus familias, y no así de los delincuentes; a la corrupción y al incremento del temor en los barrios, pues no sólo se tienen que cuidar de la delincuencia sino también de los agentes del orden, impidiendo el disfrute de los derechos ciudadanos, tales como, el de libre tránsito, entre las expresiones más relevantes, recepcionadas en diferentes estudios de percepción15. Se destaca que en los primeros seis meses del año 2005, y en particular entre los meses de marzo-junio, dentro de los barrios, cerca de 5 000 personas fueron detenidas indiscriminadamente en operativos de la policía, ciudadanos a los que al menos se les fue violado el derecho constitucional de libertad de tránsito. Sólo en el último operativo, denominado “Operación Paloma” iniciado el 25 de julio del 2005, fueron detenidas 3,816 personas, de las cuáles una ínfima parte (el 9%), tenían cuentas pendientes con la justicia. Según informe de la Policía, durante el operativo fueron ocupadas 31 armas de fuego y 299 armas blancas, lo que muestra la poca efectividad de este tipo de acciones, valoradas dentro de sus altos costos económicos y humanos. Los barrios más víctimizados en el D.N., por los operativos policíacos han sido históricamente los más pobres y los de mayor incidencia de la delincuencia tradicional y en los últimos años de la denominada criminalidad compleja asociada al micro-tráfico de drogas, entre ellos Capotillo, 24 de Abril, Gualey, Las Cañitas, Guachupita, Villas Agrícolas, Simón Bolívar, Loma del Chivo, Cristo Rey, Villa Consuelo, Villa Francisca y 27 de febrero. Sin embargo, los resultados de esta forma de hacer la “prevención situacional” por la Policía Nacional no fueron los esperados desde el punto de vista de disminución de los índices delictivos y del incremento de la percepción de seguridad de los ciudadanos, ni fueron favorablemente acogidos ni por parte de la ciudadanía residente en esos barrios, que se consideraba victimizada de manera múltiple (por el desamparo social, la delincuencia y la policía) ni por la sociedad civil representada por el “Foro Ciudadano”

15 Encuesta Gallup República Dominicana, agosto 2006. Díaz M. Dinámica de grupo realizada el 5 de agosto del 2005 entre líderes barriales. Díaz M. y Milán G., encuesta realizada entre líderes de las Juntas de Vecinos de Capotillo el día 13 de agosto 2005. Pérez C., Milán G., Díaz M., investigación realizada en Santo Domingo y La Romana, Grupo ESQUIS. INTEC, 2002. Liriano A., Milán G. y Pons D. investigación realizada en los barrios de los Guandules y Los Alcarrizos. FLACSO, 2001

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(Organización que agrupa en su seno a más de 100 ONGs, entre ellas Participación Ciudadana, FINJUS, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo), y que en su reunión anual realizada el 13 de agosto del 2005 dejara patente su posición, al respecto. Tanto los reclamos de la sociedad civil como el análisis de lo logrado por esta forma de ejecutar la prevención, en un balance anual de la ejecutoria del Gobierno para el tema de seguridad, culminó con el resultado de que el Secretario de Interior y Policía Franklin Almeyda reconociera en declaraciones a la prensa hechas el 18 de agosto del 2005, que “los operativos indiscriminados afectan mayormente a personas inocentes y se desarma a los que usan sus armas legalmente y no se logra reducir la delincuencia”, “… son una molestia para la población y que en ocasiones se violan los derechos humanos de los transeúntes”. En ese mismo marco, el Dr. Almeyda anunció la suspensión de los operativos barriales y que “en lo adelante la forma de operación de la policía será orientada selectivamente hacia los delincuentes”16, pautando una nueva forma de hacer prevención situacional al nuevo Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Bernardo Santana Páez. A un año de esta suspensión, nuevamente la presión ciudadana conminada por la percepción social de baja efectividad de desempeño policial ante la criminalidad, hizo que el protagonismo del liderazgo nacional, desde la Presidencia de la República, creara el Consejo de Gobierno Ampliado en materia de seguridad, el 17 de julio, el cual inició su agenda de trabajo implementado un grupo de disposiciones orientadas a la reducción de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en los centros de diversión, el patrullaje mixto policía/fuerzas armadas en el horario de 8 de la noche a 6 de la mañana y emitiera medidas para un mayor control de armas de fuego. En encuesta de la firma Gallup República Dominicana, realizada del 3 al 5 de agosto con una muestra de 1, 200 personas, los resultados evidencian el alto apoyo de la población a las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Seguridad (96% de los entrevistados), así como más de 8 de cada 10 personas (88%) estuvo de acuerdo con los horarios establecidos para el expendio de bebidas alcohólicas en los centros de diversión, mientras 9 de cada 10 ciudadanos encuestados apoyó la prohibición de importación de armas de fuego y municiones. Igualmente, un poco más de 9 de cada 10 entrevistados favorecen la decisión gubernamental de coordinar las labores de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la Policía para que de manera conjunta identifiquen y combatan los puntos de drogas, así como apoyan la identificación y el control tanto de los vehículos de motores como de los que ejercen la actividad de servicio de motoconcho. En el análisis del impacto de estas medidas gubernamentales, como de los resultados de la encuesta anteriormente citada, se evidencia que el apoyo casi unánime de la población a estas regulaciones responden a sus aspiraciones de conseguir seguridad ante el incremento de la criminalidad y la poca efectividad que en su enfrentamiento había sido mostrada hasta el momento para las demandas de la percepción social17, indicando

16 El Caribe, edición del 19 de agosto del 2005 17 Encuesta Nacional de Hogares, ENHOGAR-2005 de la ONE realizada en 20 000 hogares del país, 7 de cada 10 dominicanos mayor de 12 años se sienten insatisfechos con la actuación de la policía.

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que este fenómeno rebasaba el control y la ejecutoria de contención y conminación del Estado. A un mes de implementadas las medidas más de 30 000 personas en los centros urbanos más importantes del país han sido detenidas y revisadas, sólo los fines semana son objeto de revisión y detención más de 2 000 personas y más de 500 son detenidas con fines de investigación. Hasta el día 22 de puesta en marcha las disposiciones gubernamentales, 576 personas habían sido arrestadas (menos del 2% del total de los detenidos) por diferentes delitos pendientes. En los registros a vehículos, motores y personas se han encontrado irregularidades del control vehicular, en específico diferentes ilegalidades de carencia y vencimiento de matrícula, revista y otros documentos como los más importantes y en menor escala objeto de robo. Asimismo, se han incautado en una proporción poco significativa a la cantidad de detenciones, armas de fuego, portadas de manera ilegal o de procedencia no clara u objeto de delito, armas blancas así como estupefacientes. Una reflexión analítica de este proceder gubernamental nos indica que, no obstante a los resultados de impacto favorable en la población de las disposiciones gubernamentales, estas deben ser vistas desde una perspectiva transitoria, con fines organizacionales de conformación de un serio y concertado plan integral en materia de gobierno de la seguridad, donde estén presentes y participando activamente, todos los actores claves, incluidos los gobiernos locales como socios gerenciales y soporte del gobierno central, en los territorios locales.

Igualmente, se deben afinar algunas medidas como las de patrullaje y las de control de los centros nocturnos, de acuerdo a las normas especializadas del trabajo operativo policíaco y de organización urbana de estos negocios, en función de no dar una imagen de estado de sitio a la ciudadanía y en particular al turista, que generen un incremento de los sentimientos de inseguridad y de violación de los derechos ciudadanos. En este sentido, se deberá conminar al empresariado dedicado a los servicios de diversión y recreación de asumir su responsabilidad con la seguridad integral de su negocio y de los que asisten al mismo, así como con el entorno donde están enclavados, en función de la convivencia de paz y respeto al otro. En el caso de esto último, se deberán emitir o hacer cumplir las normativas vigentes tanto a nivel de gobierno central como municipal unido a una fuerte educación ciudadana y una integración efectiva de estos actores a los planes y programas en materia de seguridad como forma de ejercer la prevención pro-activa y no reactiva como hasta el momento ha estado ocurriendo. En este sentido, ya se ejecuta en el distrito la Resolución 153-00056 de seguridad en los lugares públicos cerrados, la cual igualmente fue puesta en marcha de manera reactiva, a raíz de la explosión accidental ocurrida en el Diamond Mall en el mes de junio del presente año. En los 132 lugares de diversión inspeccionados por la Comisión de Seguridad que da seguimiento a esta Resolución se constató que en su mayoría carecen de los niveles de seguridad necesarios para operar como centros de concentración de grandes cantidades de personas.

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La situación de las armas de fuego dentro del contexto nacional: Matiza la situación de la seguridad de manera desfavorable, la cantidad de armas (legales o ilegales) en manos de la población civil y que tiene como contraparte la relativa facilidad para adquirirlas y la inexistencia de una política orientada hacia el desarme en el país, unido a un sistema de control y verificación vulnerables y la aceptación, por parte de un sector de la población, de su tenencia, ante los problemas de inseguridad ciudadana18. Todo ello, es agravado, en el imaginario social, por la mediatización de una cultura machista muy arraigada, donde el arma, como objeto, adquiere significados psico-sociales fetichistas, muy relacionados al poder, al status y al autocontrol de los destinos individuales y familiares. 19 Según datos aportados en entrevista concedida a EFE por el Secretario de Interior y Policía, Dr. Franklin Almeyda, en la actualidad 159,648 civiles tienen licencia para porte de armas de fuego. En ese reporte de prensa se señala que Departamentos de Seguridad del Estado estiman entre 100 000 y 200 000 las armas ilícitas en poder de la ciudadanía, mientras que declaraciones del intendente de Armas de la Secretaría de Estado de Interior y Policía Estanislao Gonell destacó que cada día esa institución recibe entre 600 y 700 expedientes, de los cuales una parte significativa son aprobados.20 Este marco contextual adverso explica la cifra de que 7 de cada 10 homicidios21, que se producen actualmente en el país y en lo fundamental en Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, sean consumados mediante armas de fuego (mayormente pistolas y revólveres). Asimismo, ante la incapacidad de dar respuesta efectiva al problema de la delincuencia por parte de los gobiernos caribeños, se ha podido constatar en las clases medias y alta un incremento paulatino de la ideología de la privatización de la seguridad y de la justicia (Del Olmo 1998) como vía efectiva de “autodefensa” y de “protección”, siendo cada vez más común ver la construcción de comunidades residenciales y laborales protegidas por compañías privadas, promoviéndose dentro de estos sectores sociales, valores de auto-exclusión a su entorno social en detrimento de la convivencia y la socialización en los espacios públicos citadinos.

18 Díaz M. Encuesta realizada a líderes comunitarios agosto 2005 ya citada. 19En el 2001, se habían registrado en el país 25 armerías. Citado por Lillian Bobea en su trabajo “Economía Política de la inseguridad y desafíos a las políticas de seguridad ciudadana en la República Dominicana” pág. 196. Para adquirir una licencia de porte de armas de fuego se debe aprobar un examen de dopaje, un test psicológico-psiquiátrico, obtener una certificación del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y una carta de buena conducta de la PN y pagar el coste correspondiente de impuesto de la nueva licencia que es de 4 900 pesos (163 dólares) 20Reporte de EFE/ El Caribe/CDN digital “Asesinan a más de cuatro dominicanos al día con armas de fuego”, 6 de julio 2005. El coste de un arma oscila entre 29 000 pesos (966 dólares) y 80 000 pesos (2 666 dólares), pudiendo encontrarse en oferta has por 24 000 pesos (823 dólares), siendo las pistolas las más compradas. Los que la compran y tienen su tenencia se caracterizan por ser en su mayoría hombres entre los 25 y 45 años de edad. La realidad de República dominicana no está ajena de la del continente Latinoamericano donde el 42% de los homicidios son provocados por armas de fuego y ante 80 millones de armas que se calculan estén en circulación en el continente según informe de la Conferencia de Revisión del Programa de acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras celebrado en julio del 2006, en la sede de la ONU en Nueva York 21 Datos proporcionados por la Procuraduría General de la República..

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En este sentido, se observa tanto a lo interno de los que desarrollan esos proyectos de vida como de los que los facilitan ejecutarlo (compañías privadas de vigilancia), el fortalecimiento de una ideología centrada en referentes valóricos de punitividad, exclusión, individualismo, autoritarismo, discriminación y victimización selectiva, así como de un sentido de pertenencia alejado de los valores de unidad y solidaridad social, los que fortalecen la cohesión social en torno a un proyecto de desarrollo progresivo, mientras que cuando ocurre lo contrario, como es en el caso de nuestro país, se promueve la conflictividad y desintegración social, violencia e ingobernabilidad ciudadana.22 Las muertes por suicidios: Las muertes por suicidios 2000-2005 ascienden a 1,961 personas, en su mayoría hombres. El año 2005 registró la cifra más alta de los que optaron por la decisión de quitarse la vida con 518 víctimas. (Ver tabla adjunta) Total de Muertes por

suicidio

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005

1 961 359 296 382 406 280 518 Fuente: República Dominicana en Cifras. 2005. ONE

Las muertes por accidentes: Las muertes por accidentes están concentradas básicamente en las provocadas por vehículos automotores y por la corriente eléctrica. Según declaraciones del entonces Secretario de Salud, Sabino Báez, el 23 de julio del 2005, en la puesta en funcionamiento del Programa Nacional contra accidentes del tránsito, anunció que en el 2004 las muertes provocadas por ese tipo de hechos, sobrepasaron las 4 000 a nivel nacional, caracterizando a las personas fallecidas entre las edades de 15 a 44 años. 23 La tasa de muertes por accidentes de tránsito es de 44 por cada 100 000 habitantes, constituyendo el 20.9% de los delitos juzgados en primera instancia en el 200324. (Ver tabla adjunta)

22 Se estima que en el año 2 000 habían registrada 98 compañías de seguridad privada. Según datos de artículo de Raimundo Díaz “Compañías privadas de seguridad, el negocio del milenio”, publicado en la Revista Rumbos 388 año VII, 9/7/2001, Santo Domingo pág. 40. Del 2000 a la fecha el negocio de las compañías de seguridad se ha consolidado y todavía no está debidamente regulada en lo referido al control y selección de personal y su tratamiento y protección laboral, así como las debidas reglamentaciones en cuanto a las competencias y ejecutoria de seguridad de estas instituciones. 23 Comprés Leoncio, artículo “Accidentes dejan 4 mil muertos en el 2004”, Diario Libre del 23 de julio 2005 pág. 8 24 Datos procesados del Boletín Estadístico del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia.

42

Tipo de

muertes por accidentes

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Total

Ahogamiento 348 309 301 300 226 364 1 848 Electrocución 54 21 122 163 110 242 712

Tránsito 1673 1436 1645 1592 1370 1367 9083 Fuente: República Dominicana en Cifras. 2005. ONE

Como se aprecian en las cifras, en el año 2005 hubo un incremento significativo en el país de las muertes por ahogamiento y electrocución, no así de las muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo las violaciones de la Ley 241 del Tránsito, continúa siendo la causa más juzgada en nuestros tribunales con más de 200 000 casos en los últimos dos años. En el caso del Distrito Nacional, a partir de la contabilización de los accidentes del tránsito por la nueva división territorial se ha visto un comportamiento estable de la tasa en 14.77 muertes por cada 100 000 habitantes. (Ver tabla adjunta). Muertes por accidentes de tránsito en los 3 centros urbanos principales

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 Total

Distrito Nacional*

345 298 454 134 135 1366

Santo Domingo --- --- --- 369 327 696 Santiago de los

Caballeros 105 114 116 97 58 490

Fuente: República Dominicana en Cifras. 2005. ONE * A partir del 2003 se empieza a contabilizar por la nueva división territorial de la provincia Santo

Domingo y el Distrito Nacional En cuanto a las electrocuciones estás, en lo fundamental, son producto del mal estado de los cables del tendido eléctrico, tanto público como residencial, o negligencias de la población al intentar conectarse de manera ilegal al sistema eléctrico o por conexiones o manipulaciones de equipos eléctricos, de manera irresponsable. Caracterizando a las víctimas por electrocución, en su mayoría son varones, pobres y residentes de los barrios populares. En este sentido, en el D.N., a partir del año 2000 se observa un decrecimiento de las muertes provocadas por esos accidentes, en relación a la década de los 90. Sin embargo, en los seis primeros meses del año 2005, 30 capitaleños/as han muerto por este tipo de accidentes, incrementándose nuevamente las víctimas, en su mayoría residentes de los barrios populares de la zona Norte de la capital, lo que evidencia el mal estado de la red de alumbrado público y residencial en los barrios de esa circunscripción, así como una ineficiente educación preventiva de la población, al

43

respecto25. Estimaciones de este tipo de muerte por accidente en la capital ubican a 58 las víctimas fatales en el 2005. (Ver tabla adjunta).

Muertes por electrocución en el Distrito Nacional. Periodo 1993-2002 Año No. de

Casos Sexo Varón

Sexo Hembra

Prov. por

Neveras

Prov. por

Abanicos

Prov. por Planchas

Prov. Por

Cables Eléctricos

Otra causa

1993 60 49 11 3 3 2 47 5 1994 95 82 13 5 6 0 46 7 1995 78 66 12 0 0 0 62 16 1996 83 70 13 0 0 0 63 20 1997 91 76 15 10 0 0 72 9 1998 95 77 18 6 0 0 77 12 1999 86 67 19 9 0 0 68 8 2000 16 15 1 0 0 0 16 0 2001 3 2 1 1 0 0 3 0 2002 24 22 2 2 1 0 23 0 2003* 15 2004* 16 2005* 58

Fuente: Ayuntamiento D.N. (*) Estimaciones utilizando un ajuste cúbico y los datos en el primer semestre del 2005 La relación muertes/lesiones en el contexto de la situación delictiva: En cuanto a la relación muertes/lesiones, según el procesamiento de los datos aportados a la Procuraduría General de la República por las fiscalías del país de hechos conocidos en el 2004, existe un grupo de provincias en que este tipo de relación es mayor a 1 lo que es indicativo de la letalidad de las agresiones y la posible presencia de organización criminal. Las provincias mayormente afectadas en este tipo de relación son las grandes urbanizaciones del país, las fronterizas, las que tienen una presencia fuerte del turismo y aquellas que tienen un fuerte movimiento de dólares. Hay un grupo de provincias que hemos calificado de peculiares por desconocer que factores podrían estar incidiendo en el comportamiento de la relación muertes/lesiones. Igualmente significamos, que aunque el gran ausente de este análisis por no contar de datos disponibles para ese año, es el Distrito Nacional, podemos inferir que su comportamiento es similar al de las grandes urbanizaciones como Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, máxime cuando estas tres provincias tuvieron un desempeño similar, en estos índices durante el período enero-junio 2005, o sea que también en la capital podemos suponer la presencia de cierta organización criminal. (Ver tabla adjunta)

25Méndez Riamny, artículo “La corriente que mata a los más pobres” presentado en Diario Libre del 18 de julio 2005, pág.20

44

Cálculo de la relación muertes/lesiones para evaluación de organización delictiva a partir de los resultados de casos criminales conocidos por Fiscalías de todo el país

en el año 2004

Relación Lesiones/Homicidio

Posibilidad Causal

SANTO DOMINGO >>>1 Gran Urbanización

MONTE PLATA 0.53

TOTAL 14.16 Gran Urbanización

DEPARTAMENTO SANTIAGO

SANTIAGO 2.63 Gran Urbanización

PUERTO PLATA 3.83 Turismo

VALVERDE MAO >>>1 Peculiar

TOTAL 3.18 Gran Urbanización

DEPARTAMENTO LA VEGA

LA VEGA >>>1 Peculiar

SÁNCHEZ RAMÍREZ >>>1 Peculiar

MONSEÑOR NOUEL 0.11

ESPAILLAT 0.82

CONSTANZA 0.14

TOTAL 0.43

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

SAN FRANCISCO DE MACORÍS 1.93 Peculiar

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ >>>1 Peculiar

SALCEDO >>>1 Peculiar

SAMANÁ 0.16

TOTAL 1.39 Peculiar

SAN CRISTÓBAL

SAN CRISTÓBAL 0.30

AZUA 0.24

PERAVIA >>>1 Movimiento Dólares

SAN JOSÉ DE OCOA 0.54

TOTAL 0.34

SAN PEDRO DE MACORÍS

SAN PEDRO DE MACORÍS 2.53 Peculiar

EL SEYBO 0.80

LA ALTAGRACIA 1.33 Turismo

LA ROMANA 0.70

HATO MAYOR 15.00 Peculiar

TOTAL 1.35 Turismo

BARAHONA

BARAHONA >>>1

INDEPEDENCIA >>>1

PEDERNALES >>>1

NEYBA >>>1

TOTAL >>>1 Frontera

MONTE CRISTI

MONTE CRISTI >>>1

DAJABÓN >>>1

SANTIAGO RODRÍGUEZ >>>1

TOTAL 23.00 Frontera

SAN JUAN DE LA MAGUANA

SAN JUAN 3.56

ELÍAS PIÑA 2.00

45

TOTAL 2.93 Frontera

Total País (sin D.N.) 1.29

Datos trabajados desde la información brindada por la Procuraduría General de la República.

En cuanto a otras tipificaciones de delitos, nos referiremos a las mismas en base a las sentencias definitivas dictadas por las cámaras penales del Juzgado de Primera Instancia julio- diciembre/200326, siendo el Robo (26.7%), las Lesiones (24.8%) y Amenazas (15.1%) las tipicidades delictivas más juzgadas, dentro entro del D.N (Ver gráfico adjunto)

Distribución porcentual de hechos juzgados,

2do semestre 2003, Distrito Nacional

26.7

24.8

15.1

8.8

4.4

4.0

2.8

2.0

1.6

1.6

1.5

1.4

1.3

1.3

1.1

0.8

0.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Robo

Lesiones

Amenaza

Difamación e injuria

Estafa

Viajes ilegales

Drogas

Violación propiedad

Abuso de confianza

Falsif icación

Homicidios y Asesinatos

Delitos sexuales (acoso y violación)

Incendio

Porte ilegal de armas

Otros delitos contra el menor

Violencia intrafamiliar

Tentat ivas

Fuente: Boletín Estadístico de la Suprema Corte de Justicia. No.7 (julio-diciembre 2003) En los casos conocidos por las fiscalías del país en el año 2004, son los más significativos: el Robo (44.2%), la Droga (20 %), Abuso Sexual (18%), Homicidio (9.9%) y los Golpes y Heridas (7.7 %). (Ver tabla adjunta) 26 Datos emitidos en el Boletín Estadístico Judicial. Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia

46

Casos criminales conocidos por las Fiscalías del país*, año 2004

Porcentaje Numero de casos criminales

ROBO 44.20 4,996 DROGA 20.05 2,266

ABUSO SEXUAL 18.08 1,126 HOMICIDIO 9.96 2,044

GOLPES Y HERIDAS 7.71 872 Total 100.00 11,304

Fuente: Procuraduría General de la República. (*) Falta el Distrito Nacional en estas cifras Igualmente, al analizar las diez tipificaciones delictivas más frecuentes en cuatro períodos históricos, se evidencia que el Robo ha mantenido un comportamiento más similar entre el periodo enero 1988 a mayo 1998 en todo el país y el segundo semestre del año 2003 en el Distrito Nacional. Otros delitos que han tenido un comportamiento similar en esos períodos han sido los delitos juzgados por Ley de Tránsito y Otras Infracciones. En el caso de las Lesiones existen diferencias entre los períodos enero 1999- enero 2000 para el D.N. y así como en el segundo semestre del 2001 para todo el país, con los anteriormente señalados. Se destaca que los hechos de Lesiones suelen tener una cifra negra de no denuncia en grandes zonas urbanas como la capital, máxime cuando estos no ponen en peligro la vida y/o ocurren a lo interno del barrio. En cuanto al delito de Droga, se observa un comportamiento similar entre enero 1999-enero 2000 del D.N. y el segundo semestre del 2001 para todo el país (Ver tabla adjunta)

Las Tipificaciones delictivas mas frecuentes en cuatro periodos27

Porcentajes

Tipificación delictiva Enero 1988 a Mayo 1998 (todo el

país)

Enero 1999 a Enero 2000

(D.N.)

2do. Semestre 2001 (todo el

país)

2do. Semestre 2003 D.N.

Ley de transito 25 28 22.45

Otras infracciones 17 27 33 19.18

Robo 17 15 19 17.59

Lesiones 14 6 22 16.29

Amenaza 14 . . 9.96

Difamación e injuria 3 . . 5.82

Estafa 2 3 3 2.92

Viajes ilegales . . . 2.61

Drogas 2 9 10 1.84

Violación propiedad . . . 1.34

27 Datos extraídos de los Boletines Estadísticos de la Suprema Corte de Justicia.

47

Homicidios y Asesinatos

. 3 2 .

Porte ilegal de armas . 3 1 .

Asociación malhechores

3 2 .

Los hechos de Robo mayormente se producen en la Vía Pública (en forma de robo con violencia e intimidación en las personas, en las variantes de arrebatones de prendas y carteras, asaltos con armas y carterismo), Residencias y Comercios. Este comportamiento se mantiene para el 2005 en el Distrito Nacional, según análisis de sentencias penales realizado en Tribunales de Primera Instancia en cinco localidades del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, La Vega y Peravia)28. (Ver tabla adjunta)

Tipo de infracción por provincias, según muestra

Provincia Violentos Propiedad Otros Drogas Distrito Nacional 31.3% 12.5% 40.6% 15.6% Santo Domingo 62.1% 3.4% 27.6% 6.9%

La Romana 20.7% 6.9% 55.2% 17.2% La Vega 26.3% 15.8% 47.4% 40.5% Peravia 33.3% 23.3% 20.0% 23.3% Total 35.3% 12.2% 37.4% 15.1% Fuente: Estudio Diagnóstico sobre calidad y acceso de la Justicia Penal en la República

Dominicana. FINJUS, PC y USAID, junio 2006.

En el caso de la violencia intrafamiliar la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia29 del D.N., de abril a junio del 2005 había atendido 2, 374 casos en el Dpto. de Violencia de Género mientras que en el Dpto. de Abuso Sexual 285 casos, mientras que de enero a junio del 2006 se habían recibido 40 casos en audiencias de fondo, se habían logrado 15 sentencias condenatorias e investigaba 161 denuncias30. De hecho, la incidencia de este tipo de delitos es de menos del 2%, cada uno, de todos los hechos juzgados en primera instancia, en la capital31. Según las denuncias radicadas en las 11 Fiscalías Barriales, los sectores residenciales del distrito mayormente afectados por el abuso sexual son Cristo Rey (circunscripción No.2), Capotillo y La Ciénaga (circunscripción No.3), en orden de relevancia, según casos reportados32. Al analizar la relación del par victimar, se evidencia que los casos radicados en el distrito no difieren de los reportados en la literatura criminológica. Los delitos sexuales

28 Estudio Diagnóstico sobre calidad y acceso de la Justicia Penal en la República Dominicana. FINJUS, PC y USAID, junio 2006. 29 La Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de la Procuraduría General de la República fue creada el 29 de marzo 2005 30 Reporte de Febles, Edith, “Reparten 50 años a acusados de violar a menores de edad”, Clave, 14 de septiembre 2006, pág. 10. 31Datos extraídos de los Boletines Estadísticos de la Suprema Corte de Justicia. 2003 y 2004. 32 Ídem. Pie de página No. 25.

48

son en su mayoría contra el género femenino (mujeres jóvenes y niñas), donde los victimarios, en una alta incidencia son conocidos, perteneciendo una cifra significativa de ellos, al círculo familiar de la víctima. 3.1 La incidencia de la criminalidad compleja en el D.N. El flagelo de la denominada criminalidad compleja y en específico los delitos relacionados con la corrupción y el fraude, han tenido un alto impacto dentro de las dos últimas décadas en la sociedad dominicana, sin embargo en los tres últimos años éste ha sido crítico, tanto por la gravedad como por la envergadura que han tenido en el destino futuro de la nación y los obstáculos para hacer valer la justicia en este tipo de delito. En correspondencia con los resultados objetivos que han tenido, en cuanto al procesamiento penal y ejecución de la justicia de estos delitos, se percibe, por parte de la población, una falta de voluntad política, lentitud y poca efectividad de la justicia para juzgar y condenar a sus comisores, máxime si éstos están vinculados a la clase política y la económicamente más alta, lo que ha venido a reforzar, la percepción social dentro de la ciudadanía, de la convicción sobre el alto nivel de impunidad con que cuentan, estos crímenes en el país. En este sentido, se ratifica dentro de la opinión pública y en los llamados de las ONGs como Participación Ciudadana y FINJUS, lo que señalan algunos estudiosos del tema dentro de la criminología (Sutherland, E., Zaffaroni, E., Baratta A., R., Aniyar L., Del Olmo R.) sobre la extensión y profundidad estructural que ha alcanzado este tipo de criminalidad entre aquellas clases y grupos que ostentan el poder político y económico dentro del país, pudiendo ser un factor detonante de la inestabilidad y desintegración social de la nación, en un futuro mediato. Igualmente se destacan por estos autores la correspondencia de la impunidad de los delitos de cuello blanco con un incremento de la criminalidad tradicional, como respuesta social reactiva al descontrol, la tolerancia y los antivalores que se promueven desde el poder político y jurídico para estos crímenes. Se destacan por su gravedad e incidencia en el futuro de la nación, los casos de fraude bancario detectados en el 2003, el hecho más grave ocurrido dentro de la historia del país en relación a este tipo de delito, y cuyos autores principales todavía están a la espera de ser juzgados. El descubrimiento del fraude bancario, generó la quiebra de los 3 bancos involucrados (Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil) y fue gestado desde 1989 amparado por una supervisión y control bancario deficiente y muy vulnerable a este tipo de criminalidad. La decisión del entonces gobierno del Presidente H. Mejía fue la del rescate de los depositantes y ahorrantes (siendo los principales, 19 asociaciones de ahorros y préstamos, 3 bancos múltiples y varios fondos de pensiones y planes de retiro; y depósitos de fundaciones, organizaciones no gubernamentales e Iglesias) con los activos del Banco Central, provocando una fuerte depresión en la economía, el incremento de la deuda pública, unido al déficit del sector público y cuasi fiscal del Banco Central y la pérdida de la mayor parte de sus reservas.

49

Los responsables del fraude bancario lograron burlar durante años, a las autoridades supervisoras y de la autoridad monetaria del país, así como a reconocidas firmas internacionales de auditores como Prince Waterhause Coopers, lo que habla del nivel de organización y comprometimiento con la actividad de esta red de criminales. El costo para el país es estimado en cerca de los 100 mil millones de pesos, lo cual tuvo una drástica incidencia en el PIB nacional generando una profundización de la crisis económica y el incremento de la deuda social, retrocediéndose, en este sentido, al año 1996. Como consecuencia dramática para la población de este hecho, son los resultados de los incrementos de los nuevos pobres y el de desocupación (se estima que entre el 2000 y el 2004 fueron a engrosar las filas de la pobreza 1.3 millones de dominicanos/as, mientras que más de 800 mil personas pasaron a las filas de la desocupación). 3.2 La droga en República Dominicana y su incidencia en el D.N. Como corredor geográfico, marítimo y aéreo, el Caribe y en particular República Dominicana, ha visto el crecimiento progresivo del flagelo del narcotráfico, el cual se constata en incremento desde fines de la década de los 80 e inicios de los 90, empezando a sentirse su terrible secuela de violencia social, corrupción, organización del crimen y destrucción de individuos y familias, en casi todos los sectores sociales, pero en lo fundamental, en los sectores populares que han visto desarrollarse y organizarse a lo interno de los barrios, grupos que la trafican y controlan su distribución y que han elevado los homicidios, las peleas y trifulcas barriales, por el control del territorio. En este escenario contextual, y como salida a las precarias condiciones de vida y a la falta de oportunidades de desarrollo humano, se observa el reclutamiento de jóvenes y menores, entre 12 y 21 años, los cuáles son los que conforman las estructuras de estas organizaciones de tráfico y distribución, así como cuidan de sus espacios territoriales dentro de los barrios33 De acuerdo al análisis de los datos aportados en el Informe del Observatorio Interamericano de la Droga de la OEA, aún el país puede ubicarse entre un perfil medio en comparación con otros estados latinoamericanos y en particular dentro de la región del Caribe, aunque en este último caso no se podrán hacer comparaciones con las naciones caribeñas de habla hispana (Cuba/Puerto Rico) por no existir información al respecto. (Ver tabla adjunta)

33 Liriano A, Milán G. y Pons D. Grupos focales y entrevistas a profundidad en el marco del “Estudio de Percepción de la Seguridad Ciudadana en dos Barrios de Santo Domingo. Gualey y Los Alcarrizos, FLACSO. 2002

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Drogas detectadas en diferentes países Latinoamericanos y de la región del Caribe año 2 003.

País Tipo de Droga Marihuana

Kg. Cocaína Kg.

Heroína Kg.

Argentina 58, 340 1, 993 175 Bolivia 8, 753 5, 103 -- Chile 4, 620 2, 411 1

Colombia 134, 939 142, 613 629 Ecuador 2, 674 6, 848 287 Venezuela 9, 589 32, 249 443 Costa Rica 1, 762 4, 291 121 El Salvador 639 2, 036 6 Guatemala 664 9, 194 -- Honduras 1, 473 5, 628 -- Nicaragua 382 1, 184 82 Panamá 834 9, 606 157 Bahamas 6, 000 4, 363 -- Haití 31 45 1

Jamaica 36, 600 1, 586 -- R. Dominicana 535 1, 226 59

Fuente: Informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas/OEA La Droga, como hecho delictivo aparece entre las diez causas más juzgadas en el país desde 1988, pero con índices que la ubican entre un 2 y un 10% (año enero 1999-enero 2000) en todo el país, sin embargo las cifras demuestran que para ese año esa tipicidad delictiva alcanzó el 9% de los todos los hechos juzgados en el Distrito Nacional, aunque en el 2003 y primer semestre del 2004 no alcanzó el 5% del total de hechos juzgados en Primera Instancia.34 Entre las drogas más incautadas en el República Dominicana, en el periodo 1998 al 2006, están en orden de importancia, el éxtasis, la cocaína y la marihuana. (Ver tablas adjuntas)

País Tipo de Droga Éxtasis

2000-2003 Cocaína Kg.

1998-2003

Marihuana Kg.

1998-2003 República Dominicana 397, 643 8, 949 5, 459

Fuente: Informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas/OEA

Droga decomisada del 2004-2006 Tipo de droga decomisada

Año 2004 Año 2005 Enero-marzo del 2006

Cocaína 1,627.0 Kg. 2,233.2 Kg. 401.6 Kg. Heroína 38.3 Kg. 121.8 Kg. 73.7 Kg. Marihuana 311.6 Kg. 562.7 Kg. 55.5 Kg. Crack 4,409.6 g. 14,267.2 g. 3, 086.3 g. Hachís 0.0 308.5 g. 0.0 Éxtasis 2,248 unidades 280,722 unidades 51 unidades

Fuente: DNCD35

34 Estudio Diagnóstico sobre calidad y acceso de la Justicia Penal en la República Dominicana. FINJUS, PC y USAID, junio 2006. 35 José M. Medrano, Reportaje del periódico Clave del jueves 13 de abril de 2006, pág. 9

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En cuanto a los 3 principales centros urbanos el número de casos por droga incautadas 2000-2004 es de 6, 899 casos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y de 1,974 casos en Santiago de los Caballeros.36 El Distrito Nacional es el territorio donde más casos de drogas han sido detectados en operativos. (Ver tablas adjuntas)

Número de casos de droga incautada en operativo por provincia 2000-2004 Provincia Casos de droga incautada 2000-2004

Distrito Nacional 6, 402 Santo Domingo* 497

Santiago 1, 974 Duarte 1, 180

San Cristóbal 868 La Altagracia 835 Puerto Plata 689

Peravia 620 La Romana 587

San Pedro de Macorís 412 La Vega 396

Monseñor Nouel 286 Barahona 278 Valverde 277

Maria Trinidad Sánchez 258 Espaillat 202 San Juan 172

Monte Cristi 170 Samaná 141 Salcedo 135

Sánchez Ramírez** 111 * Se comenzó a contabilizar desde el 2004 por la nueva división provincial.

**El resto de las provincias tienen menos de 100 casos de drogas incautadas para entre los años 2000-2004

Fuente: República Dominicana en Cifras. ONE, 2005

Detenidos por Droga en la República Dominicana Detenidos por droga año 2004

Detenidos por droga año 2005

Detenidos por droga enero-marzo, año

2006 1, 330 3, 840 442

Fuente: DNCD37 Con relación a las personas sometidas a la justicia por delito de drogas, los tres centros urbanos más importantes del país son los que ostenta la mayor cifra de sometidos, encabezando la lista el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo con 8, 548 personas que han tenido que responder por esta causa ante los tribunales en los años los últimos 5 años. (Ver tabla adjunta)

36 República Dominicana en Cifras. ONE, año 2005. 37José M. Medrano, Reportaje del periódico Clave del jueves 13 de abril de 2006, pág. 9

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Personas sometidas a la justicia por asunto de drogas por año, según los tres centros urbanos de mayor incidencia, 2000-2004.

Provincia Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Distrito Nacional

2, 586 1,935 1,722 1,244 539*

Santo Domingo

--- --- --- --- 522*

Santiago 483 514 320 603 422 Duarte 395 328 265 244 319

San Cristóbal 239 146 151 143 172 La Altagracia 191 161 249 214 221 La Romana 132 153 137 142 145 Puerto Plata 128 211 121 152 170

La Vega 48 11 164 115 155 *A partir del año 2004 se comienza a contabilizar por la nueva división territorial.

Fuente: Dirección del Registro Civil de la Junta Central Electoral38 Al analizar la procedencia de las personas sometidas a la justicia por droga, coincide en que estás son oriundas de los centros urbanos más importantes del país donde, a partir de la década del 2000 se ha expandido el micro-tráfico, así como el mercado de los consumidores, seguido de las provincias que están en el camino de la droga como Duarte, San Cristóbal y La Vega y las vinculadas al turismo (La Altagracia, La Romana y Puerto Plata). En cuanto a los medios materiales incautados por las autoridades, producto de la droga, se identifica en primer término el dinero, seguido de los vehículos y las armas de fuego. (Ver tabla adjunta)

MEDIOS MATERIALES INCAUTADOS CANTIDAD Dinero 3, 014,553 (dólares)

Vehículos 2, 484 (unidades) Armas de Fuego 485 (unidades)

Inmuebles 358 (unidades) Barcos 21 (unidades)

Fuente: Informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas/OEA Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos afectados por el flagelo de la droga el fenómeno de la corrupción y el reclutamiento de miembros de las instituciones antidrogas también muestran su presencia en el país. Según declaraciones a la prensa del entonces Jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en julio del 2005, Iván Peña Castillo, esa institución hasta ese momento había expulsado a más de 400 agentes implicados en acciones indebidas39 El fenómeno del narcotráfico seguirá manteniendo su curso en ascenso, en nuestra nación y en particular su presencia dentro de las grandes zonas urbanas, fronterizas y las vinculadas al turismo; en tanto su cardo de cultivo continúe siendo el poco desarrollo socio-económico y los altos índices de pobreza existente en la región y la nación, la existencia de graves problemas de exclusión ya sea por el género, la raza y procedencia social, unido a la falta de expectativas y oportunidades de alcanzar una vida

38 República Dominicana en Cifras. ONE, 2005. 39 Reporte de Méndez, F. “La DNCD ha expulsado a más de 400 agentes”, Diario Libre, 27 de julio de 2005, pág. 16.

53

digna y la relativa impunidad con que cuentan estos delitos, al unísono del rápido ascenso del nivel de vida, de aquellos que se integran a su sistema organizacional. A pesar de esta situación desfavorable, se evidencia que el consumo de drogas ilícitas entre los estudiantes del país aún es bajo, lo que se pudo constatar en encuesta realizada por el Consejo Nacional de Droga (CND) aplicada en el primer trimestre del 2005 a una muestra de 5, 075 entre estudiantes de 8vo., de 2do. y 3ro. de la educación media, que abarcó 46 centros públicos y 15 privados del país. Según esta encuesta, el mayor consumo entre los estudiantes, se realiza en sustancias “legalmente aceptadas” como el alcohol (66.7%), tranquilizantes (15.1%) y cigarrillos (14.9%). Se señala que la edad de iniciación en el uso de estas drogas se encuentra entre los 12 y 15 años. Sólo el 1.58% reconoció haber consumido marihuana y el 0.47% cocaína. Estos resultados son indicativos de que, hasta el momento, en nuestros centros estudiantiles de nivel medio la droga no tiene una incidencia significativa lo que los hace más receptivos a cualquier intervención preventiva, desde la propia Secretaría de Educación en coordinación con los gobiernos locales y las instituciones relacionadas con esta problemática, pudiéndolos convertir en multiplicadores de estas acciones de prevención, en sus entornos familiares como comunitarios. Al respeto, se destacan los resultados que han tenido las acciones de prevención, sobre está franja de la población, en España, Canadá y en algunos Estados de los EEUU, como política integral de intervención, desde los gobiernos locales, orientadas hacia la educación para la vida y el desarrollo de la conducta responsable ante la toma de decisiones en cuanto al uso de sustancias psico-trópicas. 3.3 La situación carcelaria de República Dominicana y el Distrito Nacional. En múltiples investigaciones criminológicas ha sido demostrado que, las penas privativas de libertad, no son la solución más eficiente de una problemática tan compleja como el delito y su papel reeducador o resocializador se ha visto finalmente deslegitimado, comprobándose que contribuye a la reproducción, organización y especialización de la delincuencia. A pesar de la evolución que han sufrido los sistemas penitenciarios desde su creación, en aras de hacerlos más humanos, en la actualidad, continúan siendo instituciones de un alto costo económico y social, generadoras de una alta violencia criminal, donde se vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de los hombres allí confinados, los que sufren esta violencia no sólo de sus custodios sino del resto de la población penal. La población carcelaria en RD en el 2000 era una de las menores en términos relativos en toda Latinoamérica, (unos 201 presos por cada 100 mil habitantes) y ha ido bajando aún más, durante el quinquenio (unos 144 presos por cada 100 mil habitantes en el 2004). Para el Censo carcelario realizado por el FINJUS y la Defensoría Pública de la Suprema Corte de Justicia, en junio del 2006 en las cárceles del país radicaban 12 708 personas privadas de libertad para una tasa de 140 por cada 100 000 habitantes, teniendo un discreto decrecimiento con relación al quinquenio 2000-2004, lo cual es indicativo de que dentro de la población adulta dominicana, pocas personas han pasado por prisión y por ende, hasta estos momentos, no constituyen un problema los procesos

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de etiquetamiento social, no así de la estigmatización de los que han pasado por prisión, que es alta dentro de la percepción social y que será abordada en el siguiente capítulo. Hay que reconocer que la disminución de los índices de la población penal ha sido posible por el decrecimiento, de manera significativa, de los denominados presos preventivos, de un 70% hasta un 52% que se exhibe en la actualidad, y en donde ha tenido una activa incidencia los resultados de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y los esfuerzos de la Procuraduría General de la República de disminuir estas cifras. En este sentido, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para junio del 2006 tenían 4,767 presos para un 37.5% del total. En el caso del distrito la circunscripción 3 es en la que residen la mayor cantidad de personas privadas de libertad de los sectores de Villa Consuelo, Las Cañitas, Gualey, Guachupita, La Ciénaga y Ensanche Simón Bolívar, así como el barrio de Cristo Rey de la circunscripción 2. Es en estos sectores donde se deberán focalizar programas de prevención secundaria dentro de la comunidad que tendrá que acoger nuevamente a estos miembros y entre sus familias en función de la reinserción social favorable de esos ciudadanos. En cuanto a los presos preventivos, el Distrito Nacional es la provincia con menos detenidos en ese estatus. Las provincias que cuentan con mayores índices de presos sin condena son: El Seybo, Santo Domingo, Monte Plata, Valverde, Samaná, Salcedo, San Francisco de Macorís, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Puerto Planta y María Trinidad Sánchez las tres primeras con 8 de cada 10 recluidos, mientras que el resto, presentan 7 o más en ese estatus. De estas provincias la más relevante por el número de presos con que cuenta es Santo Domingo, pues las demás son territorios locales pequeños y el número de recluidos es menos significativo. (Ver tabla adjunta)

Provincias con mayor estatus de presos preventivos Provincia % de Presos Preventivos El Seybo 87

Monte Plata 85 Santo Domingo 80

Valverde 77 Salcedo 74 Samaná 74

San Francisco de Macorís 73 Monseñor Nouel 73

Hato Mayor 73 Puerto Plata 72

María Trinidad Sánchez 70 Fuente: Procuraduría General de la República..

A pesar de los discretos pasos de avances que se han dado, el gran problema del sistema carcelario dominicano es el alto nivel de hacinamiento en las 35 cárceles en el país –estimado como el mayor de América Latina en el 2000 (156%) —lo cual lo hace altamente inhumano, violento y explosivo.

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Esta situación se agrava en el hecho de que en casi 30 años de construcción democrática, ninguno de los gobiernos ha realizado una Reforma Carcelaria efectiva, sólo se ha pasado de las promesas a paliar los acontecimientos más urgentes ocurridos al interno del sistema y que siempre dejan un buen número de víctimas fatales, tanto dentro de los reclusos como de sus custodios. En el mes de marzo del 2005 se produjo la tragedia de la cárcel de Higuey, que dejó un saldo de 135 muertos y 26 heridos, víctimas de un incendio provocado por la lucha entre grupos que se disputaban el control de una celda. Cabe destacar que este tipo de hecho en las prisiones del país, ha sido recurrente en la historia de la nación más o menos cada 3 años, con una tendencia a la reducción del intervalo de tiempo de los sucesos, en la medida que ha avanzado la última década. Sin embargo, en el caso del ocurrido en la prisión de Higuey, se conmocionó la opinión pública y removió la sensibilidad del Ministerio Público, quiénes anunciaron en la persona del Procurador General, la aplicación más acelerada de la Reforma Carcelaria, llevar mejores condiciones vida a los presos e insertar personal especializado para su vigilancia y reeducación, todo ello, como forma de revertir el nivel de hacinamiento, promiscuidad, corrupción, violencia, tráfico de influencias y de drogas, que caracterizan actualmente nuestros penales. Se plantea que para fines de año la Reforma esté aplicada en 10 recintos penitenciarios. De hecho ya han sido egresados de la Escuela Penitenciaria más de 200 agentes, quiénes estarán llamados a ir sustituyendo progresivamente a las fuerzas de la Policía Nacional e insertar una atención y tratamiento especializado a la población penal.

Un hecho que agrava la problemática del sistema carcelario en general es que en el país no se le ha prestado la debida atención a concebir una política preventiva de reinserción social, mediante el empleo y la capacitación para el mercado de trabajo y/o para alcanzar mayores niveles de instrucción, tanto de los que están en prisión como de los que ya cumplieron su sanción. En este sentido, sólo existen pequeñas voluntades, desde la Iglesia que realizan un trabajo muy limitado en cuanto a ese tipo de reinserción social. Este hecho muestra, que aún, no se ha tomado conciencia dentro de los líderes políticos del país del alcance social y reproductor de la criminalidad que tiene el sancionar a un sujeto a privación de libertad, sin las garantías mínimas de sustentar a su familia, pues no sólo se le impone una sanción formal (prevista en el código penal y en los reglamentos penitenciarios), sino que le adjudicamos también sanciones informales que son extensivas a su familia y cuyas consecuencias se prolongan más allá del cumplimiento de la sanción (Méndez, J. M. 1995). Cabe destacar que al igual que en el resto de Latinoamérica, la inmensa mayoría de los individuos sancionados a prisión son hombres, jóvenes, con un nivel de instrucción por debajo de la media nacional, entre ellos un alto porciento de analfabetismo, pertenecientes a los hogares más pobres y en los que en muchos casos, eran los proveedores económicos de sus familias y que ante el cambio de estatus y roles familiares, algunos de sus miembros (hijos, hermanos, esposas/os, sobrinos, etc.) se ven obligados a integrar las filas de la delincuencia como medio de vida de subsistencia y como respuesta reactiva a una sociedad que les ha cerrado sus puertas.

56

“El drama actual de la prisión es que engendra más problemas éticos, sociales, psicológicos y económicos que los que resuelve. La rehabilitación propuesta por numerosas legislaciones penales del mundo ha contribuido en la práctica a generar frustración, desesperanza y rebeldía contra una sociedad que cierra sus puertas a los exdetenidos. La justicia sigue buscando, sin encontrarlas, medidas de ejecución penal que respondan eficazmente a la necesidad de reinserción social y moral de los delincuentes”. (Oliveira, E. 1998, pág. 4)

El fenómeno de la delincuencia y su condena penal como producto esencialmente social, se le debe dar solución dentro de la propia construcción del proyecto de nación, promoviendo desde el gobierno central como local, en cooperación con la sociedad civil y sus organizaciones, una ideología que desarrolle los mecanismos internos de integración y dignificación social contra los de exclusión y punición, dado que estos últimos, a la larga, generan desintegración social e ingobernabilidad y que sean concretizados en una profunda e integral Reforma Carcelaria orientada a la prevención secundaria del recluso y su familia, y al entorno comunitario a donde volverá, una vez cumplida la sanción.

57

3.4 La dimensión subjetiva de la criminalidad40 3.4.1 Preocupaciones y necesidades insatisfechas de la población capitalina. Desde 1999 diferentes estudios tanto de percepción social como de cultura política y multipropósitos, han mostrado que las preocupaciones principales de los dominicanos/as tanto a nivel nacional como de la capital giran alrededor de la situación socio-económica en que se mantiene la nación, la problemática de la pobreza, la injusticia social y el costo de la vida, así como el estado moral de la sociedad, haciéndose en este caso énfasis en el incremento de la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico y la pérdida de los valores culturales tradicionales. Los resultados mantenidos de estas investigaciones a lo largo del tiempo ratifican la ausencia de una Política Social estable, coherente y efectiva con un proyecto de nación y ciudadanía, que de respuesta a las expectativas de la población, como capital humano, y dentro de la cual sea insertada una Política Criminal orientada a la prevención, como fórmula efectiva para frenar la espiral de violencia social y el desarrollo de formas de vida dignas, auto sostenibles y participativas que se apodere activamente de la construcción de sus destinos individuales como sociales, en correspondencia con una favorable convivencia ciudadana. En este sentido, todos los estudios sociales referenciados de una u otra forma indican que, alcanzar la seguridad económica, a la salud, a la educación, a la vivienda y vivir en un país económicamente estable, en barrios salubres, limpios y seguros de criminalidad, está dentro de las prioridades a lograr en las expectativas de vida de los de los dominicanos en general y de los munícipes del distrito en particular. En encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano del 6-9 de agosto 2006, con una muestra representativa por circunscripciones, ascendiente a 1 200 personas (Ver ficha técnica en anexos), en opinión de los encuestados los problemas más graves que afectan al Distrito Nacional están relacionados con las problemáticas del escenario contextual que vive la nación, señalándose en orden de importancia porcentual, como los más significativos el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades. (Ver gráfico)

40Los resultados mostrados en este capítulo han sido producto del análisis tanto de las bases de datos o de la información emitida en los estudios referenciados siguientes: - Calvo, F., Milán G. y Díaz M, Encuesta Multipropósito de Cultura Política, 1999.

- Pérez C, Milán G., Cabrera B. y Díaz M, La Criminalidad en República Dominicana, 2002. - Encuesta Latinobarómetro. - Liriano A., Milán M. Y Pons Daniel. Estudio de los barrios Gualey y Los Alcarrizos. FLACSO,

2001. - Milán G., Pérez C. y Díaz M. La Percepción de la Criminalidad en Santiago de los Caballeros y

Puerto Plata. República Dominicana. 2004. - Díaz M. y Milán G. Encuesta a Jóvenes Líderes, Operadores del Sistema Jurídico y Policiaco.

2004 y 2005. - Milán, G. Díaz M. Encuesta Multipropósito de marzo 2005. - Encuestas realizadas por las firmas Gallup, Hamilton y otras. - Encuesta Observatorio Ciudadano, agosto 2006.

58

61.3

53.4

49.5

28.5

25.5

0 10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje

El desempleo

El alto costo de la vida

La inseguridad

El narcotráfico

La pobreza y la falta de oportunidades

Problemas mas graves que estan afectando al

Distrito Nacional

Al analizar estas problemáticas por circunscripciones, se evidencia que el desempleo está incidiendo mayormente en los residentes de las circunscripciones 3 (65.8%) y 2 (63.7%), así como el alto costo de la vida afecta más a los munícipes de la circunscripción 3 (58.8%), mientras que la delincuencia a los de la circunscripción 1 (57.1%), lo que señala nuevos retos para este sector, hasta hace poco al margen de las acciones de este flagelo social. Otras diferencias que se constatan, entre circunscripciones, son las que focalizan a la circunscripción 3 como la más afectada por la presencia, dentro de sus barrios, del fenómeno del narcotráfico y el consumo de drogas (34.6%), mientras que la 2, por la pobreza y la falta de oportunidades (33.3%), lo que es lógico teniendo en cuenta la alta polarización que existe en esa circunscripción de la distribución (sectores muy ricos, con altos niveles de vida y sectores en la extrema pobreza y bajo desarrollo humano). 3.4.2. Principales problemas que están afectando la vida cotidiana en los barrios

Para los encuestados existen dos aspectos de la vida cotidiana a resolver de manera inmediata en sus barrios, en función de elevar la calidad de vida de sus habitantes, el primero relacionado con la Energía Eléctrica (80%) y el segundo con la Inseguridad Ciudadana (79.1%), ambos dos muy correlacionados, siendo el primero un factor decisorio para la prevención situacional en materia de seguridad, la disminución de los hechos delictivos y en el alcance de mayores niveles de vida para la población (avenidas, calles y barrios iluminados es un factor disuasivo, que disminuye la impunidad de cometer actos delictivos, así como incrementa los sentimientos de seguridad en la población a la hora de ejercer sus derechos de libertad de tránsito).

Otros aspectos relevantes a resolver por el gobierno de la ciudad, en opinión de los encuestados son el aseo urbano (39.7%), el sistema de alcantarillado y suministro de agua potable (36.7%) y el desempleo (11.1%). (Ver gráfico)

59

80

79.1

39.7

36.7

11.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

la Energía Eléctrica

Inseguridad Ciudadana

aseo urbano

suministro de agua potable y

alcantarrillado

el desempleo

Problemas principales que afectan vida cotidiana en barrios

El análisis de estos resultados evidencia que:

� Los problemas de energía eléctrica están focalizados no sólo hacia la estabilidad de su suministro en las áreas residenciales, sino también al mantenimiento y extensión del alumbrado público de las calles y avenidas de la ciudad y sus barrios, siendo más crítica esta situación en la circunscripción No.2. (Ver Tabla)

Energía Eléctrica como problema de la ciudad

Circunscripción No.1

Circunscripción No. 2

Circunscripción No.3

Total del Territorio

75.9%. 89.7%. 77.6% 80.0%

� La inseguridad ciudadana como problema, a resolver urgentemente, en los

barrios, en función de la calidad de vida de sus munícipes, se focaliza dentro de la percepción social, no sólo por el incremento de los delitos de mayor impacto social sino por la presencia del narcotráfico y el aumento del consumo de drogas en los diferentes sectores, la falta de patrullaje policiaco efectivo, el descrédito en las instituciones del orden público, señalándose la detención indiscriminada en los operativos y la corrupción policial y su vinculación con la delincuencia, así como la violación de los derechos de libre tránsito y de horario a los residentes de la ciudad y el auge del pandillerismo41.

41 En las encuestas referenciadas anteriormente que tocaron el tema de la efectividad policial 7 de cada 10 encuestado muestran insatisfacción con el actuar de la policía ante la denuncia y ante el llamado de la población.

60

Se demanda el involucramiento del gobierno local en este aspecto a través del patrullaje en los espacios públicos y la presencia en los barrios de la Policía Municipal, así como la implementación de diversos programas preventivos de educación ciudadana (la convivencia de paz y contra el desarme y la violencia intrafamiliar).

La presencia del factor del narcotráfico, dentro de los problemas de inseguridad de la ciudad, es señalado por el 20.2% del total de los munícipes encuestados. Asimismo, se destaca que la percepción de inseguridad es mayor dentro de las circunscripciones 3 y 1, mientras que el narcotráfico como elemento que viene a complejizar esta percepción, en la circunscripción 3. (Ver Tabla)

Inseguridad como problema de la ciudad

Circunscripción No.1

Circunscripción No.2

Circunscripción No.3

Total en el Distrito Nacional

75.0 % 55.6% 98.9% 79.1%

� Los problemas del aseo urbano se focalizan en la falta de estabilidad y

eficiencia en la recogida de los desechos, dentro de los sectores/barrios, así como el mantenimiento de la limpieza, ornato, fumigación, poda y restauración de las áreas verdes de la ciudad, siendo las circunscripciones 2 y 3 las que mayores problemas presentan, al respecto. (Ver Tabla)

El aseo urbano como problema a resolver por la ciudad

Circunscripción No.1

Circunscripción No.2

Circunscripción No.3

Total en el Distrito Nacional

31.8 % 47.8% 42.1% 39.7%

� El sistema de alcantarillado y suministro de agua potable dentro de las

problemáticas que deberá resolver la municipalidad, se centra en la estabilidad del suministro y ampliación de los beneficiarios del mismo, el saneamiento de cañadas, el tratamiento de aguas residuales y el mantenimiento de las tapas a las alcantarillas, focalizándose a la circunscripción 2 como la que presenta mayores dificultades en este aspecto. (Ver tabla)

El sistema de alcantarillado y suministro de agua potable como problema a

resolver por la ciudad

Circunscripción No.1

Circunscripción No.2

Circunscripción No.3

Total en el Distrito Nacional

32.1% 43.1% 37.1% 36.7%

� El desempleo como problema a resolver en los barrios es señalado con mayor frecuencia por los residentes de la circunscripción 3, lo que viene a

61

complejizar la situación de este territorio, caracterizado no sólo por la percepción de inseguridad que ostentan sus habitantes, sino también por los que perciben una mayor presencia de narcotráfico en sus barrios y por los que han tenido históricamente un mayor nivel de hogares pobres y tasa de desocupación en la ciudad42. (Ver tabla)

Desempleo como problema a resolver por la ciudad

Circunscripción No.1

Circunscripción No.2

Circunscripción No.3

Total en el Distrito Nacional

6.0% 10.0% 16.9% 11.1%

3.4.3. Los valores y modos de vida más apreciados por los/as capitaleños/as en la construcción de sus proyectos de vida43 Los valores culturales compartidos se identifican como un proceso activo de construcción, reconstrucción y de-construcción de los mismos, en el que participan todos los individuos y actores sociales y no sólo algunos grupos detentores del poder socio-económico. Cuando este proceso ocurre de esa forma, se garantiza la integración plena del sujeto individual en torno a la cohesión social de la nación, fortaleciéndose no sólo la democracia y la gobernabilidad sino, lo más importante, la identidad cultural sobre la base del contrato psicológico de los individuos y grupos sociales en aras de construir y mantener la estabilidad y el desarrollo progresivo de los proyectos sociales de vida. En este sentido, el pacto social que se estaría promoviendo estaría orientado a tratar: “... de institucionalizar colectivamente un valor común que suponga el derecho de tener derechos, la igualdad en la toma de decisiones y la ampliación de opciones para que las sociedades decidan su evolución por sí mismas”. (Calderón, F. 2000, pág. 90), en correspondencia con los resultados asumidos por el Informe de Desarrollo Humano de República Dominicana. PNUD. Los resultados de encuestas realizadas en la capital, por diferentes autores ya citados desde 1999 hasta la fecha, constatan que los valores culturales tradicionales de convivencia social, unidos a los que refuerzan la unión y estabilidad familiar y aquellos que proyectan al individuo en el éxito profesional/laboral, como forma de ascenso y movilidad social son refrendados por los capitaleños/as.

Sin embargo, en la percepción social de los residentes de la capital se rechaza el fraude, la corrupción y el hacer político tradicional que no ha sido capaz de dar respuesta a las expectativas individuales y sociales de vida de los ciudadanos. El hecho que en las pasadas elecciones se legitimara el hacer del gobierno municipal y su propuesta estratégica de desarrollo es el indicador más objetivo de las expectativas de

42 Según el informe del Mapa de la Pobreza 2005, ONAPLAN, la tasa de desocupación, en la circunscripción 3 era de 13 por cada 100 000 ha. 43Pérez C., Milán G., Díaz M, Cabrera B., “La Criminalidad en República Dominicana. Resultados de una encuesta. Valoraciones comparativas”. Grupo EQUIS, INTEC, 2002.

62

cambio que tienen los munícipes vs hacer tradicional y un voto de confianza al liderazgo del gobierno del distrito.

En la encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano anteriormente citada, se evidencia que los aspectos más valorados de la vida cotidiana por los residentes del Distrito Nacional están en correspondencia con sus aspiraciones y expectativas y con sus carencias, insertadas dentro de la problemática contextual que vive la nación, de inseguridad ciudadana y socio-económica e inadecuados servicios públicos. En este sentido, el 61.0% de los estudiados lo que más valoran es tener un barrio seguro de delincuencia y tigueraje y el 53.7%, libre de drogas y traficantes. Asimismo, un 50.3% aprecia vivir en un sector/barrio limpio, con condiciones sanitarias y de urbanización adecuadas, mientras que el 47.1% pondera una vida socioeconómica segura y solvente de sus necesidades. Al respecto, las circunscripciones 1 y 3 son las que mas valoran vivir en un barrio o sector libre de delincuencia y con servicios y condiciones de urbanización adecuadas, mientras que para los residentes de la circunscripción 3 es significativo lograr un barrio libre del narcotráfico y la droga. Otros aspectos valorados significativamente son:

� Tener la educación personal y familiar garantizada (38.0%) � Poder transitar seguro a cualquier lugar, hora y día (36.2%) � Vivir en un barrio donde exista la armonía, la solidaridad y la convivencia de

paz entre los vecinos (35.7%) � Tener empleo y poder vivir del trabajo (32.8%) � Vivir en un país seguro, estable en su desarrollo socio-económico (31.7%) � Tener garantizada la salud familiar y personal (29.1%) � Vivir en un barrio con espacios públicos donde sus residentes tengan acceso

a una recreación sana (24.8%) � Vivir en un Barrio sin contaminación sonora proveniente de colmadones y

centros nocturnos (24.2%)

� Vivir en un país con mayores oportunidades educativas y laborales para la juventud (22.6%)

� Vivir en un sector que cuente con áreas deportivas (22.2%) � Vivir en un sector libre de contaminación ambiental (21.7%) � Vivir en un sector donde se le brinde una mayor atención a los grupos

sociales más vulnerables (madres solteras, menores, envejecientes, etc.) (21.5%)

63

En relación a estos aspectos, se constata que todos son más valorados entre los residentes de las circunscripciones 1 y 3 en comparación con la 2, con algunas diferencias focalizadas en que los munícipes de la circunscripción 1 valoran más, que el resto, tener garantizada la educación personal y familiar, así como los residentes de la circunscripción 3 aprecian más poder transitar seguros a cualquier lugar, hora y día y tener un barrio limpio de drogas y traficantes. Estos resultados están en correspondencia con las características socio-demográficas de los residentes de estas circunscripciones y su homogeneidad interna en esos indicadores, unido a las vivencias cotidianas, a las que están expuestos en sus sectores de residencia. En el caso de la circunscripción 2, el comportamiento diferente de la misma al resto, inferimos que pudiera ser producto de los grandes contrastes sociales, muy polarizados, en que se enmarcan sus diferentes barrios y habitantes. Al preguntársele a los encuestados cuáles de esos aspectos consideraban que no estaban garantizados para los residentes de su barrio o sector, hubo coincidencia, entre las 3 circunscripciones en identificar los mismos factores. (Ver gráfico)

Los 4 aspectos mas valorados comparados con el logro

de garantia social

43.40%

37.30%

31.50%

29.50%

61.00%

53.70%

50.30%

47.10%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Vivir en un barrio seguro de

delincuencia y tigueraje

Vivir en un barrio libre de drogas y

traficantes

Vivir en un barrio limpio, con

condiciones sanitarias y de

urbanización adecuadas,

Tener una vida socioeconómica

segura y solvente de sus

necesidades.

Aspectos más valorados

Aspectos que no tienen

garantizados

64

3.4.4 La percepción social del estado de los servicios en los barrios A los munícipes encuestados, se les pidió que en términos de Bueno, Regular o Malo calificaran la situación en sus barrios, del desempeño de los siguientes servicios:

SERVICIOS BUENO REGULAR MALO

Iluminación de calles y avenidas

25.7% 51.1% 20.2%

El servicio de agua

potable y alcantarillado

36.2% 42.7% 20.1%

La recogida de basura y limpieza del barrio

40.8% 38.7% 18.9%

El patrullaje de la

policía 22.2% 41.8% 27.5%

El mantenimiento de calles, avenidas y

aceras 20.2% 40.7% 28.4%

El respeto a las leyes municipales de convivencia

11.3% 38.1% 26.8%

Canchas o espacios deportivos

13.7% 39.4% 16.9%

Unión y solidaridad entre vecinos

25.6% 51.3% 10.4%

Juntas de Vecinos 23.8% 39.5% 13.3% Señalización vial y rotulación de calles y

avenidas del sector/barrio

26.4% 38.4% 12.3%

De acuerdo a los resultados, todos los servicios explorados tienen una calificación de Regular menos el de recogida de desechos y aseo urbano que es calificado entre Bueno y Regular. Estos resultados, sin ser los esperados como indicadores favorables de eficiencia, señalan un reconocimiento de la población al trabajo del gobierno municipal con relación a años anteriores.44 Sin embargo, por circunscripciones, tienen una valoración más negativa, de casi todos los servicios, la circunscripción 2, menos en el caso de la iluminación de calles y avenidas y la convivencia de paz entre vecinos, que es más mal valorada en la circunscripción 3. Estos resultados avalan la necesidad de una mayor intervención del gobierno municipal en estos sectores.

44 En encuesta de cultura política realizada en el año 1999 por Calvo F., Milán G. y Díaz M. la recogida de desechos sólidos, unido a los servicios de agua potable y alcantarillado y el estado de los espacios públicos eran valorados de manera desfavorable por la población capitaleña.

65

Igualmente, es valorado más negativamente el patrullaje de la policía en las circunscripciones 1 y 2 en correspondencia con los resultados de percepción de inseguridad que tienen los residentes en esos sectores, así como es valorado más positivamente en la circunscripción 3, percepción que se corresponde con la implementación del Programa Barrio Seguro, con mayor presencia de la policía, en 12 barrios de ese sector. (Ver tabla adjunta)

PATRULLAJE DE LA POLICIA EN SUS BARRIOS

BUENO REGULAR MALO

Circunscripción 1

15.8% 33.3% 34.8%

Circunscripción 2

15.7% 48.5% 30.6%

Circunscripción 3

32.9% 45.8% 18.0%

En opinión de los encuestados, No Existen en su sector de residencia, los siguientes servicios:

SERVICIOS QUE NO EXISTEN EN LOS

BARRIOS

PORCENTAJE

Programas de calificación para el empleo

82.5%

Centros de atención y orientación a las víctimas

de delito y violencia 69.8%

Presencia y acción de los policías AMET

68.6%

Centros de Cultura Comunitarios/Bibliotecas

60.7%

Espacios Públicos 49.8% Fiscalías Barriales 49.8%

66

3.4.5 Soluciones que en el rol de asesor del Alcalde dan los munícipes a las problemáticas que enfrenta el Distrito Nacional. Las soluciones que dan los munícipes al Alcalde, a las problemáticas del distrito, están en correspondencia con las expectativas de la población en la ejecutoria eficiente del gobierno municipal, focalizadas en:

� Brindar un servicio municipal eficiente (84.3%). � Darle continuidad a las políticas públicas implementadas desde su anterior

administración (19.4%). � Contribuir a lograr que la ciudad sea segura para sus habitantes y visitantes

(17.4%). � Contribuir a la inserción en el mercado laboral de los munícipes,

fundamentalmente jóvenes. (15.4%). � Mayor involucramiento del liderazgo municipal con las organizaciones y

habitantes del distrito, en función del conocimiento de sus problemáticas en la toma de decisiones, así como incentivar la participación y el involucramiento de la ciudadanía a los programas del gobierno local (9.2%).

Con relación a brindar un servicio municipal eficiente, en orden de relevancia, se aconseja al liderazgo mejorar:

- El aseo urbano, estabilizando la recogida de basura, el mantenimiento y ornato de la limpieza de calles, avenidas y barrios, así como el arreglo de las áreas verdes incluyendo la poda sistemática de árboles.

- La creación y recuperación de espacios públicos seguros, con áreas

infantiles y familiares, mobiliario urbano adecuado y de preferencia protegidos por la Policía Municipal.

- La reparación, mantenimiento y extensión dentro de calles y avenidas de

los barrios del alumbrado público.

- Construcción y mantenimiento sistemático de calles, aceras, caminos vecinales y escaleras, así como su correspondiente rotulación y las debidas señalizaciones de tránsito.

- Atención al sistema de alcantarillado, drenaje de aguas negras y

pluviales, así como extensión y mejora del suministro de agua potable dentro de los sectores más vulnerables de la ciudadanía.

- Construcción y mantenimiento de Centros Deportivos y de Centros

Culturales Comunitarios, así como la promoción de programas de educación ciudadana.

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- Aplicación de las leyes municipales a los infractores y mayor control urbano tanto residencial como empresarial.

En relación, a las aspiraciones por parte de los munícipes, de vivir en una la ciudad segura se sugiere al Alcalde que, desde sus pertinencias ayude a incrementar la seguridad ciudadana en el territorio. En este sentido, se pide una mayor presencia de la Policía Municipal en los espacios públicos y calles, avenidas y barrios del distrito, proponiendo, para ello, la vinculación de los jóvenes a esta institución, incrementar el número de efectivos y brindarles una mayor capacitación a sus miembros. Se constata un significativo apoyo a las políticas y programas que ha venido desarrollando el gobierno municipal desde su anterior mandato. En este sentido, 1 de cada 5 munícipes manifestaron su apoyo a las políticas públicas municipales implementadas. Por circunscripciones los que más apoyan la continuidad de las políticas públicas municipales son los residentes de las circunscripciones 1 y 2, igualmente y sin ser porcentualmente significativo, son también los munícipes de la circunscripción 2, los que valoran más desfavorablemente la línea de trabajo municipal. En cuanto a la contribución para la inserción en el mercado laboral de los habitantes del distrito, fundamentalmente jóvenes, se propone la creación de nuevas escuelas laborales en los barrios, así como el fortalecimiento de las existentes y crear nuevas fuentes de empleos, involucrando en esta responsabilidad no sólo al gobierno municipal sino también al empresariado radicado en la ciudad. 3.5.6 La Delincuencia y su Percepción Social entre los Residentes de la Capital Tanto el crecimiento delictivo como el de la corrupción y el tráfico y consumo de droga, son fenómenos que en el análisis de los resultados de diferentes investigaciones realizadas en el país, indican que la actual percepción social es una construcción estable en la población, que rebasa los marcos de un quinquenio, significando que las respuestas que han dado los gobiernos centrales como locales al fenómeno de la seguridad ciudadana y a la criminalidad no han sido efectivas ni han llenado las expectativas de la ciudadanía, al respecto.45 45 Se tienen referencias del crecimiento delictivo, de la corrupción y el tráfico de droga desde 1999. En este sentido se señalan coincidencias en los estudios de:

- Calvo, F., Milán G. y Díaz M, Encuesta Multipropósito de Cultura Política, 1999. - Pérez C, Milán G., Díaz M y Cabrera B., “La Criminalidad en República Dominicana:

Resultados de una encuesta. Valoraciones comparativas”. Grupo EQUIS. INTEC, 2002 - Encuesta Latinobarómetro - Liriano A., Milán M. Y Pons Daniel. Estudio de los barrios Gualey y Los Alcarrizos. FLACSO,

2001 - Milán G., Pérez C. y Díaz M. “La Percepción de la Criminalidad en Santiago de los Caballeros y

Puerto Plata. República Dominicana”. 2004 - Díaz M. y Milán G. Encuesta a Jóvenes Líderes, Operadores del Sistema Jurídico y Policiaco.

2004 y 2005 - Milán G. Díaz M. Encuesta Multipropósito. Marzo 2005 - Díaz M. Encuesta a Líderes de Juntas de Vecinos. Barrio Capotillo. Julio 2005

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Desde 1999 hasta agosto del 2006, estudios multipropósitos, de cultura política, de percepción social y criminológicos, realizados en el país, han estado indicando que tanto a nivel nacional como en la capital, existe una percepción de crecimiento del delito mantenida, con un carácter estable en el tiempo, dentro de la ciudadanía, cuyo rango ha ido entre los 6-7 de cada 10 dominicanos y capitaleños, entrevistados en esos años, incrementándose esta cifra a 8, dentro de los residentes de los barrios de la capital46. Comparando este indicador entre las provincias de Santo Domingo y Distrito Nacional, se evidencia que los residentes en la primera provincia, percibían en el 2002, un mayor crecimiento del delito que los residentes en la capital del país.47 En cuanto al fenómeno de la delincuencia como real o imaginario, los ciudadanos residentes en la capital en más de 9 de cada 10 lo consideran como un hecho objetivo de la ciudad.48 Los delitos de robo y los asaltos en la vía pública con armas de fuego o blanca, el robo a viviendas y de autos son los de mayor ocurrencia identificada por la percepción social. Los resultados obtenidos en la encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano en agosto 2006, son indicativos de una correspondencia entre la realidad de lo que está aconteciendo en materia de seguridad en el territorio y la percepción social y los sentimientos de inseguridad que ostentan los capitaleños. Para indagar en los sentimientos de seguridad/inseguridad que proyectan en sus habitantes diferentes lugares de la ciudad, a los encuestados se les dio un listado en el que deberían de calificar de Muy Seguro, Seguro, Poco Seguro y Muy Inseguro, una lista de lugares de alta incidencia social. En este sentido, son calificados como:

Muy Inseguros o Poco Seguros, en orden de relevancia porcentual:

Lugares Muy Inseguros o Poco Seguros

Circunscripción 1

Circunscripción 2

Circunscripción 3

Total

El Distrito Nacional 69.7% 59.3% 67.8% 66.3% El sector o barrio donde residen 61.3% 62.9% 66.9% 63.8%

El transporte público que da servicio en el sector o barrio

38.4% 56.1% 57.5% 50%

Los centros de diversión del sector o barrio donde residen

34.8% 51.0% 45.0% 42.7%

Los destacamentos de la policía ubicados en el sector o barrio

33.7% 43.1% 49.1% 41.8%

Analizando la información por circunscripciones, se constata que los resultados se corresponden con las problemáticas más urgentes a resolver de la vida cotidiana de los encuestados, ya analizadas. Para los residentes de las circunscripciones 1 y 3 el

- Encuesta Gallup República Dominicana, agosto 2006 46 Idem 47Pérez C, Milán G., Cabrera B. y Díaz M, La Criminalidad en República Dominicana, 2002 48 Encuestas Latinobarómetros 2002 (FLACSO) y 2005 (CIES)

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distrito es percibido con un alto nivel de inseguridad, mientras que son percibidos, de igual manera, por los munícipes, los destacamentos de la policía de sus barrios, fundamentalmente los enclavados en las circunscripciones 3 y 2. Los encuestados de la circunscripción 2, son los que más focalizan como inseguros los centros de diversión de sus barrios, así como los de la circunscripción 1 ven menos inseguros el transporte público que brinda servicios dentro de su sector, en comparación con el resto de las circunscripciones.

Muy Seguros o Seguros, en orden de relevancia porcentual: Lugares Muy Seguros o Seguros

Circunscripción 1

Circunscripción 2

Circunscripción 3

Total

Las Iglesias del barrio o sector

76.8% 75.5% 90.0% 81.5%

Las escuelas del barrio o sector

58.9% 52.9% 67.8% 60.7%

Las universidades del distrito 61.9% 31.4% 56.8% 52.3%

Los centros de salud del sector o

barrio 38.4% 49.1% 64.7% 51.0%

Plazas Comerciales del

sector 59.2% 24.3% 26.3% 38.1%

Los resultados, muestran que los lugares considerados más seguros en el distrito son, las iglesias, seguido de las escuelas, los centros de salud y las plazas comerciales ubicadas en los diferentes sectores y las universidades. El análisis por circunscripciones, pone de manifiesto que las iglesias, escuelas y centros de salud barriales son considerados los lugares más seguros para los habitantes de la circunscripción 3, en comparación con el resto, esto permite definir estos lugares como centros de referencia asociativos, para promover políticas públicas municipales y programas de educación ciudadana en ese territorio. Las universidades y las plazas comerciales de sus barrios son valoradas como lugares más seguros, en comparación con el resto, por los encuestados de la circunscripción 1, mientras que en opinión de los residentes de la circunscripción 2, las universidades están valoradas, significativamente con el menor índice de seguridad, en comparación con las dos circunscripciones restantes. Con respecto a los colmados, en valoración de los encuestados, los criterios están polarizados en dos grupos, los que los consideran lugares inseguros (49.9%) y aquellos que los perciben seguros (47.5%). Al respecto, se señala que son los habitantes de las circunscripciones 1 (53.0%) y 2 (50.5%) los que le otorgan una valoración más segura a estos lugares, mientras que estos criterios disminuyen en la 3 (46.5%). En una proporción significativa, los encuestados definieron la no existencia de parques y espacios públicos (46.3%) y locales de organizaciones barriales (45.7%) en sus barrios, por lo que no se pudo definir la percepción de seguridad/inseguridad, al respecto.

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Los hechos delictivos en la percepción social de los encuestados: Son percibidos como hechos de connotación Muy Grave a Grave y Alta Frecuencia de Ocurrencia en los barrios, sin diferencias significativas en las tres circunscripciones, el consumo y tráfico de drogas y los asaltos/atracos, tanto con armas de fuego como blancas. (Ver tabla)

Hechos Delictivos Muy Graves o Graves

Porcentaje

Porcentaje de incidencia frecuente

en el barrio

Consumo de drogas 80.0% 72.5% Trafico de drogas 79.7% 69.8%

Asalto/atraco con arma de fuego

67.3% 50.7%

Asalto/atraco con arma blanca

66.8% 51.9%

Se perciben como Muy Graves a Graves, pero Sin Alta Frecuencia de Ocurrencia en los barrios, el pandillerismo, la prostitución y la prostitución infantil, existiendo algunas diferencias de percepción entre las circunscripciones, siendo valorados estos hechos delictivos con mayor connotación de gravedad en las circunscripciones 2 y 3, lo cual es indicativo de una mayor presencia de estos azotes en sus barrios.

Hechos Delictivos Muy Graves o Graves

Porcentaje

Porcentaje de los que consideran su incidencia no frecuente en el

Barrio Pandillerismo/bandas y

naciones 55.6% 50.3%

Prostitución 55.4% 51.5% Prostitución Infantil 51.3% 59.5%

Los hechos delictivos valorados como Leves o sin Ninguna Gravedad y de Poca Incidencia dentro de los barrios son, las carreras de autos, los accidentes de tránsito, las riñas y peleas, incluidas las de vecinos, los delitos de agresión sexual o violación y la violencia intrafamiliar contra menores, existiendo diferencias de valor entre circunscripciones. En este sentido, se considera un delito más Grave, la agresión sexual o violación y la violencia intrafamiliar contra menores en la circunscripción 2, mientras que las carreras de autos son valoradas con una mayor gravedad en las circunscripciones 3 y 2. (Ver tabla)

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Hechos Delictivos Leves o sin Ninguna

Gravedad Porcentaje

Porcentaje de los que consideran su incidencia no frecuente en el

Barrio Accidentes de tránsito 57.5% 65.2%

Carreras de autos 57.3% 66.5% Riñas entre vecinos 54.1% 59.9%

Agresión sexual/violación

51.0% 59.9%

Riñas y peleas en el barrio

50.4% 56.2%

Violencia intrafamiliar contra menores

49.9% 65.0%

La percepción resulta polarizada en varios delitos, tanto por la valoración de gravedad que se le confieren a los mismos, como por la frecuencia de ocurrencia en los barrios, con que se perciben. En esta situación están, los hechos de robo de vehículo y motores (56.3%) y la corrupción policíaca (61.5%), los que son valorados como Muy Graves o Graves pero en cuanto a la frecuencia de ocurrencia en los barrios, existen criterios contrapuestos. Analizando esta última información entre las diferentes circunscripciones, la corrupción policíaca dentro de los barrios, es percibida con una presencia, porcentualmente más alta, en las circunscripciones 2 (68.4%) y 3 (64.2%), lo cual es indicativo de una incidencia real y de la desvalorización de esta institución del orden público, en esos territorios. Igualmente, se evidencia polarización, esta vez en relación a su gravedad, de los delitos de homicidios, violencia intrafamiliar contra la mujer y de balas perdidas, todos señalados como pocos frecuentes dentro de los barrios. En el caso de los homicidios, estos son percibidos como Muy Graves o Graves en las circunscripciones 2 (58.8%) y en la 3 (52.1%), las que aportan según las estadísticas judiciales la mayoría de las víctimas y de victimarios, sin embargo en la circunscripción 1 sólo el 31.3% le confiere esta valoración de gravedad. Con respecto a la violencia intrafamiliar contra la mujer, sólo en la circunscripción 2 los encuestados definen en mayoría a este hecho delictivo de Muy Grave o Grave (56.4%), en comparación con el resto, donde las valoraciones se polarizan en dos grupos, sin diferencias significativas entre sí, (los que lo consideran Muy Grave o Grave y los que lo valoran como Leve o sin Ninguna Gravedad).

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3.4.7. La victimización en los residentes del Distrito Nacional Han sido víctimas de delito directo 3 de cada 10 capitaleños encuestado (369 de 1200 personas estudiadas), así como han sido víctimas indirectas de delito, por medio de su incidencia, en un familiar cercano residente en el distrito, un poco más de 2 de cada 10 estudiado. (Ver tabla)

Circunscripción

1 Circunscripción

2 Circunscripción

3 Total

Víctima de delito

36.6% 20.6% 34.6% 32.8%

Familiar residente en el distrito víctima de delito

27.1% 26.0% 26.8% 26.7%

Como se puede apreciar son las circunscripciones 1 y 3 las que más han aportado víctimas directas de delito, mientras que la victimización indirecta, a través de un familiar cercano, no tiene diferencias significativas, entre los diferentes sectores del territorio del distrito. Si comparamos esta información con estudio realizado por el Grupo Equis de INTEC en el 200249, vemos que la victimización directa no se ha incrementado en el distrito, lo que ha hecho, desde ese año, es un desplazamiento hacia sectores que antes no tenían fuera de los límites socialmente tolerables a la delincuencia, unido a las característica que ha tenido históricamente su enfrentamiento, hasta el momento orientado más hacia el carácter represivo y circunstancial de impacto social y no hacia la prevención integral desde un proyecto de nación. Las víctimas directas de delito lo han sido fundamentalmente de asalto/atraco con armas de fuego (35.0%), asalto/atraco con armas blancas (30.9%) y robo en la vivienda (24.9%). (Ver tabla)

DELITOS DE LOS QUE HAN SIDO VICTIMAS PORCENTAJE Asalto/atraco con arma de fuego 35.0% Asalto/atraco con arma blanca 30.9%

Robo en la vivienda 24.9% Robo de auto 7.4%

Robo de motos 5.7% Estafa 5.2%

Corrupción por parte de funcionarios públicos, incluido agentes del orden o del sistema jurídico

5.7%

Accidente de tránsito 4.4% Lesiones/agresión en riñas 3.6%

49 Pérez C., Milán G., Díaz M., Cabrera B., “La Criminalidad en República Dominicana. Resultados de una encuesta. Valoraciones comparativas”. Grupo EQUIS, INTEC, 2002.

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Las víctimas indirectas de delito (familiares cercanos residentes en el distrito que han sido víctimas de delito), lo han sido de:

DELITOS DE LOS QUE HAN SIDO VICTIMAS FAMILIARES CERCANOS RESIDENTES EN EL

DISTRITO PORCENTAJE

Asalto/atraco con arma de fuego 34.9% Asalto/atraco con arma blanca 24.1%

Robo en la vivienda 16.2% Robo de moto 10.5% Robo de auto 8.3%

Lesiones/agresión en riñas 5.7% Accidente de tránsito 4.4%

Estafa 4.1% Corrupción por parte de funcionarios públicos, incluidos

agentes del orden o del sistema jurídico 4.1%

Otras peculiaridades de la victimización:

Las víctimas en un 69.5% lo han sido de hechos violentos (asaltos/atracos, lesiones y agresiones en riñas) fundamentalmente ocurridos en la vía pública (56.9% de estos hechos), así como de hechos contra la propiedad el 38.3%, mientras que los de corrupción solo es 5.7%.50 En cuanto a las ocasiones en que han sido víctimas de delito, el 78% ha sido victimizado en una ocasión, el 18% en dos, mientras que el 2.9% en tres o más ocasiones. En el caso de la victimización indirecta, el comportamiento es muy similar, siendo víctimas de hechos de violencia el 64.7%, de hechos contra la propiedad el 35% y de hechos de corrupción el 4.1%. Con relación a las ocasiones en que han sido víctimizados, el 83.5% de los familiares lo han sido en una ocasión, seguido por el 12.1% que lo ha sido en dos ocasiones y el 2.2%, en 3 o más veces. En cuanto al ejercicio del derecho de denuncia ante un al ser víctima de un delito, estudios realizados en el 2002 y 2006 refieren que, 7 de cada 10 capitaleños/as hacen efectivo ese derecho, ante la justicia o la policía, así como 4 de cada 10 prefiere averiguar quién fue el autor, y en la mayoría de los casos hacen la denuncia, mientras que una minoría prefiere resolverlo por su cuenta (toma la justicia por su mano). Más de 1 de cada 10 prefiere igualmente denunciarlo ante la prensa o buscar ayuda en grupos comunitarios, estos últimos en igual proporción.51

50 La percepción social, en este caso, se manifiesta en correspondencia con los datos de victimización delictiva de la Procuraduría General de la República, incluidos en los diferentes informes estadísticos de esa institución de los últimos 5 años. 51 Pérez C, Milán G., Cabrera B. y Díaz M, La Criminalidad en República Dominicana, Grupo EQUIS: INTEC. 2002 Encuesta Observatorio Ciudadano, agosto 2006.

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En cuanto a la reacción conductual de los capitaleños/as ante las víctimas de un delito más de 6 de cada 10 considera que las mismas reciben asistencia sólo de algunos vecinos o de ninguno, por lo que la solidaridad ante estas personas es baja, similar al comportamiento de este indicador en los grandes centros urbanos del resto de la región.52 3.4.8. La percepción social de la corrupción y de la incidencia de la droga: Con respeto a la corrupción igualmente se ha mantenido la cifra dentro de la percepción social de 8 de cada 10 dominicanos/as en general y capitaleños/as en particular, que la perciben en crecimiento desde 1999 hasta la fecha, mientras 3 de cada 10 criollos no se siente orgullosos de su país por el nivel que ha alcanzado este delito a nivel institucional. Igualmente se comporta las valoraciones sobre el grado de impunidad de estos delitos, muy relacionados dentro de la opinión pública con la corrupción administrativa, política y con el sector privado.53 El tráfico de drogas y su consumo es igualmente valorado en crecimiento desde el 2002 por 8 de cada 10 capitaleños54, mientras que más de 3 de cada 10 personas residentes en la capital conocen a alguien que haya consumido algún tipo de droga ilegal.55 3.4.9. La estigmatización social de los que pasan por prisión. En la capital existe una alta estigmatización de aquellos ciudadanos/as que pasan por prisión, pues más de 7 de cada 10 capitaleños/as estudiados consideran que no deben ser tratados/as igual que al resto de la personas que no incurrieron en esos hechos. En este sentido el 50% considera que la conducta social hacia las mismas debe ser de acuerdo al delito cometido, mientras que el 28.3 % es del criterio de que la actitud social deberá estar mediatizada a su conducta.56 En cuanto al trato que recibieron en su comunidad, estos ciudadanos una vez egresados de la prisión, el 54% de los entrevistados reconocieron que fue de rechazo, el 29.7% consideró que fueron vistos con indiferencia, mientras que sólo en el 14.7%, el barrio lo acogió sin problemas.

52Pérez C., Milán G. Cabrera B. Díaz M. La Criminalidad en República Dominicana 2002. Grupo ESQUIS. INTEC. 53 Calvo, F., Milán G., Díaz M. Encuesta Multipropósito de Cultura Política. 1999. Encuesta Latinobarómetro. 2002, Pérez C., Milán G. Cabrera B. Díaz M. La Criminalidad en República Dominicana 2002. Grupo ESQUIS. INTEC. 54 Encuestas Latinobarómetro 2002 (FLACSO) y 2005 (CIES) 55 Idem 56 Pérez C., Milán G. Díaz M, Cabrera B. “La Criminalidad en República Dominicana. Resultados de una encuesta. Valoraciones comparativas”. Grupo EQUIS. INTEC. 2002

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Las Instituciones Vistas desde la Percepción Social de los Capitaleños/as De acuerdo a los resultados de diferentes estudios, la Iglesia es la institución que más confianza proyecta en los capitaleños/as, seguido de los Medios Masivos de Comunicación y las FFAA. Las instituciones menos confiables para más de 7 de cada 10 residentes de la capital son: la Policía Nacional, el Congreso Nacional, los Partidos Políticos y el Ministerio Público.57 En el caso del Gobierno Local o Ayuntamiento existen dos grandes grupos de opiniones, ambas sin tener diferencias significativas, los que confían en el mismo y los que no le tienen confianza. 3.4.11. Sugerencias al gobierno central para reducir la criminalidad: Los resultados brindados a continuación son el producto del análisis de una encuesta realizada entre octubre del 2004 y marzo del 2005 a 26 jóvenes líderes, 18 operadores del sistema jurídico y 22 altos oficiales de la Policía Nacional.58

Un Gobierno central que se preocupe y trabaje por resolver los principales problemas del país y de las grandes mayorías.

En este sentido, se espera la ejecución de una Política Social en función del

desarrollo del capital humano y de la prevención delictiva mediante una mejor distribución de la riqueza nacional.

Eficiencia en el Sistema de Justicia y un fortalecimiento o incremento de las leyes y penas privativas de libertad, evidenciando la presencia, entre estos actores, de la ideología punitiva como forma “más eficaz” de controlar la delincuencia.

Acceso a la educación y mayor desarrollo educacional del país.

Mejorar las condiciones de vida de la población, así como el mayor acceso a las oportunidades de movilidad social y a las riquezas que genera el país. Promoción dentro de la cultura socio-política al uso del respeto a los derechos ciudadanos.

57Encuesta Latinobarómetro, Encuestas Multipropósitos anteriormente citadas y estudio realizado por el CIES en el 2003. En el caso del estudio del CIES se constató que el 73% de los ciudadanos encuestados percibían la presencia de corrupción en el Congreso Nacional, mientras que el 75% consideraba que los Partidos políticos sólo defendía los intereses de algunos grupos y de sus dirigentes 58 Díaz M, Milán G. Encuesta realizada entre octubre 2004 y marzo 2005.

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Diseño y ejecución de una Política Criminal estable dirigida a minimizar las causas del delito y desarrollar un sistema de seguridad ciudadana más efectivo.

3.4.12. Factores que en la percepción social de los munícipes contribuirían a la seguridad ciudadana en el Distrito Nacional:

Los resultados de la encuesta ejecutada por el Observatorio Ciudadano en agosto del 2006, identifican que para los munícipes, los factores que contribuirían a mejorar la seguridad ciudadana en el distrito están focalizados en garantizar:

Factores que contribuirían a la

seguridad ciudadana en el distrito

Circunscripción 1

Circunscripción 2

Circunscripción 3

Total

Patrullaje de la Policía 88.1% 76.2% 70.4% 78.4% La iluminación de las

calles y avenidas 71.1% 81.3% 73.5% 74.6%

La recogida de basura y la limpieza del barrio

38.9% 55.0% 45.8% 45.6%

Servicio de agua potable y alcantarillado

24.9% 48.9% 32.7% 33.9%

Programas de calificación para el empleo

28.6% 30.7% 37.2% 32.3%

Centros de ayuda para el empelo

31.9% 27.8% 25.2% 28.3%

Canchas o espacios públicos deportivos

27.4% 17.4% 32.5% 26.8%

Espacios públicos familiares

18.8% 18.4% 33.8% 24.4%

Mantenimiento de calles y avenidas

21.9% 26.8% 24.1% 24.0%

Fiscalías Barriales 24.9% 13.3% 17.5% 19.2%

El análisis de estos los resultados es indicativo de que los encuestados apuestan, fundamentalmente, a dos factores para mejorar la seguridad ciudadana en el distrito, uno de ellos, sin competencia de las autoridades municipales y sí del gobierno central (el patrullaje de la policía) y el otro de pertinencia municipal (centrado en el servicio de alumbrado público). El resto de los factores a los que se apuesta, en su mayoría, son de competencia municipal, salvo el caso de los centros de ayuda para el empleo y las fiscalías barriales que igualmente son de responsabilidad del gobierno central. Por circunscripciones existen diferencias a la hora de valorar estos factores. En la circunscripción 1 se cree más que ayude a mejorar la seguridad ciudadana en el distrito, el patrullaje de la policía y la creación de centros de ayuda para el empleo, mientras que en la circunscripción 2, en la iluminación pública, el aseo urbano y en el servicio eficiente de agua potable y alcantarillado, así como en la circunscripción 3 en los programas de calificación para el empleo y en los espacios públicos deportivos.

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¿Qué esperan los capitaleños/as de su gobierno local en materia de seguridad? En orden de prioridad se espera que el gobierno local en aras de la seguridad garantice:

• Servicio de alumbrado público eficiente y extendido a todas las áreas del territorio.

• Implementación de un sistema de capacitación para el empleo a través del fortalecimiento de las escuelas laborales y la diversificación de los oficios que se enseñan.

• Implementación de un sistema municipal de ayuda para el empleo. • Servicio eficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales y cañadas. • Servicio eficiente de mantenimiento de calles, aceras, caminos

vecinales y escaleras • Construcción y mantenimiento de Centros Deportivos • Construcción y mejoramiento de viviendas con la participación de

la comunidad. • Fuerte asociación del gobierno local y las organizaciones

comunitarias y la ciudadanía en general. • Servicio eficiente de rotulación de calles, casa, avenidas y

señalizaciones de tránsito en la ciudad y sus barrios. • Servicio eficiente de aseo urbano. • Creación y mantenimiento de espacios públicos • Educación ciudadana • Creación de centros culturales multiusos • Creación de bibliotecas públicas con acceso a INTERNET • Creación de funerarias públicas en sectores de bajos ingresos • Construcción de guarderías infantiles comunitarias

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Capitulo IV 4.1 Aspectos Normativos e Institucionales de la Seguridad Ciudadana en República Dominicana y en el Distrito Nacional En República Dominicana El Presidente de la República es el jefe de la administración pública y es el jefe supremo de todas las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales del país. Los despachos de los asuntos de la administración pública son llevados por las Secretarías de Estado creadas por ley y le compete al Presidente de la República nombrar a los funcionarios que desempeñarán dichas funciones administrativas de gobierno.

Los asuntos relativos a la seguridad pública son tratados y desarrollados por el Secretario de Estado de Interior y Policía, dado que entre sus principales funciones se encuentra la de mantener el orden público y adoptar medidas de seguridad. La Policía Nacional de República Dominicana es, según la Ley Institucional de la Policía Nacional una dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía y, en ese sentido, el mando supremo de la misma es ejercido por el Presidente de la República a través del Secretario de Estado de Interior y Policía. De hecho es el Presidente de la República quien designa al Jefe de la Policía Nacional.

En el nivel estrictamente policial, el mando inmediato de la mencionada institución está a cargo del Jefe de la Policía Nacional, quien es la más alta autoridad policial en todas las cuestiones de mando, organización, instrucción y administración de los cuerpos policiales, para lo cual es asistido por una Plana Mayor.

Por cierto que durante el transcurso del año 2004 y 2005 se han verificado una serie de modificaciones orgánico funcionales y estructurales en el ámbito de la Policía Nacional, que están dirigidas a modernizar y readecuar la estructura organizacional de esta institución a los efectos de volverla más eficiente así como optimizar los recursos humanos, operativos y materiales con que cuenta para el cumplimento de sus funciones.

De este modo y de manera articulada con las reformas que se han venido encarando paralelamente con la conformación del Ministerio Público y la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, se ha conformado el Consejo Superior Policial integrado por: i) el Secretario de Interior y Policía, ii) el Procurador General, iii) el Jefe de la Policía Nacional e integrado por, iv) un conjunto de jefes superiores de la Policía Nacional con atribuciones en materia de planificación y adopción de decisiones estratégicas.

En sintonía con cambios orgánico – funcionales propios de instituciones policiales modernas y a los efectos de su adecuación a los nuevos parámetros de trabajo en proceso de adopción a partir de la vigencia del nuevo Código y del Ministerio Público , en el ámbito de la Policía Nacional de República Dominicana se han conformado tres áreas policiales específicas: i) la Dirección Nacional de Seguridad Policía Preventiva, encargada de coordinar, ejecutar y evaluar el esfuerzo de la policía en materia de prevención y conjuración de hechos delictivos; ii) la Dirección Nacional de Investigación Criminal y Seguridad Compleja encargada de coordinar, ejecutar y

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evaluar el esfuerzo de la policía en materia de seguridad compleja e investigación criminal en función judicial y la Dirección Nacional de Gestión Administrativa encargada de la gestión de los asuntos administrativos, contables, de personal y logísticos de la institución .

Así, en el plano formal, la responsabilidad general del gobierno político-institucional de la seguridad pública y, en su marco, de la conducción y mando estratégico de la Policía Nacional recae en el Presidente de la Nación y, dentro de su esfera, en el Secretario de Estado de Interior y Policía, quien es el responsable directo de tales tareas. Ahora bien, la Policía Nacional no es la única agencia estatal dominicana abocada al desarrollo de labores de carácter policial. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) también desempeña este tipo de tareas en todo lo relativo a la prevención, investigación y represión del consumo, tráfico y comercialización de drogas y sustancias prohibidas y de la criminalidad conexa tal como el contrabando y comercialización ilegal de precursores químicos y el lavado de dinero.

La DNCD, creada por Ley 50/88, constituye la institución gubernamental dependiente del Presidente de la República que está encargada de (i) la prevención y represión del consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional; (ii) la investigación y preparación para sometimiento a la justicia de aquellas personas implicadas en aquellas actividades; (iii) la producción de la inteligencia nacional antidrogas destinada a colectar, analizar y diseminar informaciones de inteligencia estratégica y operacional referidas al tráfico ilícito de drogas en la República Dominicana; (iv) el decomiso, incautación y custodia de los bienes y beneficios derivados del tráfico ilícito, hasta tanto pese sobre éstos, sentencia irrevocable y definitiva; (v) la implementación de las previsiones regulatorias de la producción, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, distribución o cualesquiera otras operaciones de manipulación de estas sustancias controladas producidas legalmente; (vi) la coordinación y cooperación con autoridades policiales, militares y judiciales, en sus esfuerzos comunes para mejorar la lucha contra el narcotráfico; (vii) coordinación y cooperación con gobiernos e instituciones extranjeras para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas en la República Dominicana y en el área del Caribe.

Para ello, la dirección general de la DNCD está a cargo de la Junta Directiva integrada por 5 miembros nombrados por el Presidente de la República, a saber, (i) un representante de la Presidencia de la República; (ii) un representante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; (iii) un representante de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social; (iv) un representante de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores; y (v) un representante de la Iglesia Católica Dominicana. Asimismo, en el marco de las políticas diseñadas y formuladas por esta Junta, la dirección ejecutiva del organismo está a cargo del Director Nacional de Control de Drogas encargado de la implementación y control de las mismas.

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4.2 Aspectos Normativos e Institucionales del ADN La Constitucional Nacional de la República Dominicana establece que el Distrito Nacional es una de las partes en las que se divide políticamente el territorio de la República Dominicana y es en ese ámbito territorial en donde está comprendida la capital de la República. Como contexto general hay que indicar que el territorio de la República Dominicana, tiene una superficie de 48.670 km2, tiene una población de 8.562,541 habitantes y una densidad de 176 habitantes por kilómetro cuadrado. Está constituido a su vez por un total de 31 provincias y estas están divididas en 218 Municipios y Distritos Municipales. El Distrito Nacional está a su vez dividido política y territorialmente en tres (3) Circunscripciones. La Circunscripción N° 1 tiene una población de 246,882 hab. Y una superficie de 46.49 kmt2. Esta limitada al Norte por la Av. John f. Kennedy y Av. San Martí, incluyendo el Ens. Kennedy; al Sur por el Mar Caribe; al Este por la Av. México, Puente Mella y el Río Ozama; al Oeste por la Av. Luperón incluyendo la Urb. Costa Verde. La Circunscripción N° 2 tiene una superficie de 43.16 kmt2, una población aproximada de 205. 116 habitantes y está limitada al Norte por el Río Isabela incluyendo las urbanizaciones de la Carretera La Isabela; al Sur por la Av. John F. Kennedy y Av. San Martí; al Este por la Av. Máximo Gómez; al Oeste por la Autopista Duarte. La Circunscripción N° 3 tiene una población aproximada de 392. 663 habitantes y una superficie de 14.78 kmt2. Se encuentra limitada al Norte por los Ríos Isabela y Ozama; al Sur por la Av. San Martín y Av. México; al Este por el Río Ozama y al Oeste por la Av. Máximo Gómez. Es en ésta circunscripción donde se presenta un cuadro socio – económico que refleja y concentra los niveles de pobreza urbana más altos del Distrito Nacional. La Constitucional Nacional de la República Dominicana dedica su Título VII así como los artículos 82, 83, 84 y 85 a establecer las bases normativas superiores que establece y regula el funcionamiento del Ayuntamiento del Distrito Nacional. En los mismos se establece que el Distrito Nacional (así como el de los Municipios) estará a cargo de un Ayuntamiento, en este caso institucionalmente denominado Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). El mismo estará dirigido por un Síndico del Distrito Nacional, el cual representa las veces de un Poder Ejecutivo local; el cual será elegido por la ciudadanía del Distrito cada cuatro anos de acuerdo a lo estipulado por las leyes y la misma Constitución Nacional, a través de candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas. Asimismo el Ayuntamiento del Distrito Nacional está conformado por Regidores, en un total de treinta y seis (36), quienes constituyen la instancia legislativa denominada Sala Capitular, que si bien no está explicitada en la Constitución ni en las leyes específicas como un Poder Legislativo, de hecho funciona como tal. Al igual que el Síndico del Distrito Nacional, los Regidores que constituyen la Sala Capitular son electos regularmente por la ciudadanía del Distrito Nacional cada cuatro años y sus candidaturas son propuestas a través de partidos políticos o por agrupaciones políticas.

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En particular, el artículo 83 establece que el Síndico del Distrito Nacional es independiente en el ejercicio de sus funciones y que en materia de arbitrios (artículo 85), el Ayuntamiento podrá establecerlos con la aprobación que la ley requiera siempre y cuando estos no colisionen o superpongan con impuestos nacionales, obstaculicen el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes. El ADN representa una entidad de gobierno territorial de características típicamente locales. De manera más específica el ADN está ordenado y regulado en sus atribuciones, competencias, y aspectos de organización y funcionamiento por la Ley 3456. En la misma se establece que corresponde al Ayuntamiento del Distrito Nacional el ordenamiento, la reglamentación y la resolución de todo cuanto fuera necesario o conveniente para proveer a las necesidades del Distrito Nacional, a su mayor bienestar, prosperidad y cultura. En ese contexto las atribuciones del ADN están circunscriptas al ordenamiento, reglamentación e incluso administración de un conjunto de temas relacionados con servicios, infraestructura y la arquitectura urbana, así como con relación a la regulación, control e incluso ejecución de las actividades comerciales y de servicios. Al respecto se debe destacar que del conjunto de estas atribuciones asignadas a la autoridad del Distrito Nacional en ningún momento se asigna de manera explicita y específica la prestación de servicios de seguridad y/o vigilancia. No obstante, al señalarse que al ADN le corresponde la resolución de:

“todo cuanto fuera necesario o conveniente para

proveer a las necesidades del Distrito Nacional, a su

mayor bienestar, prosperidad y cultura” En este sentido se establece un amplio margen normativo e institucional, situación que le permite a esta institución de gobierno local el abordaje de problemas que no necesariamente están explicitados en el marco normativo. De este modo el ADN tiene competencia para dictar “acuerdos, ordenanzas, resoluciones y reglamentos”, a los efectos de asegurar su propio funcionamiento y cumplimentar las atribuciones asignadas al mismo y además está autorizado a establecer y aplicar a través de ordenanzas, resoluciones y reglamentos penas monetarias y/o de arresto de uno a diez días, así confiscaciones de cosas que sean producto de la contravención o hayan servido para cometerla para quienes las infrinjan. Al respecto, los Tribunales Municipales del Distrito Nacional fueron establecidos como la autoridad jurisdiccional para “conocer” en casos de infracciones a las normas municipales. En este contexto, el artículo 26° de la Ley 3456 establece a la Policía Nacional de la República Dominicana (PN) como auxiliar de la autoridad del Distrito Nacional, estipulando la obligación para esa institución nacional de hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones emitidos por ADN y a perseguir y someter a la justicia a quienes vulneren las mismas. En este sentido se debe indicar también que el artículo 26° establece que la Policía Nacional tiene la obligación de hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones, reglamentaciones y disposiciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de someter a la acción de la justicia a quienes los infrinjan. En este sentido claramente se le asigna a la Policía Nacional la competencia para aplicar la normativa formulada, sancionada y de

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aplicación en la jurisdicción del distrito por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 4.3 Autoridades Superiores del ADN. Misiones y funciones En el marco normativo mencionado, el Síndico del Distrito Nacional tiene asignado una serie de funciones relacionadas con aspectos netamente ejecutivos y de aplicación de la ley, normativas y regulaciones. Brevemente y entre las más relevantes en materia ejecutiva se puede mencionar: cumplir y hacer cumplir las disposiciones que se refieran a la administración de los bienes del Distrito; velar por la conservación de los bienes y derechos al Distrito; velar por la buena marcha y organización de las oficinas, los servicios, establecimientos y dependencias del Ayuntamiento, comunicar a la Sala Capitular las deficiencias que observare y proponer cuanto juzgue conveniente para corregirlas o para mejorar su funcionamiento; velar porque las vías públicas se mantengan en buen estado de conservación, orden y limpieza y porque se cumplan las disposiciones legales que a ellas se refieran, disponiendo o proponiendo el Ayuntamiento cuantas medidas fueran pertinentes para tal fin; velar por el fiel cumplimiento de todas las disposiciones, relativas a las urbanizaciones, las construcciones y el ornato. Asimismo el Vice - Síndico del Distrito Nacional tiene responsabilidades relacionadas con la ejecución de instrucciones emanadas del Síndico, la representación del mismo en actos oficiales y tareas de coordinación ejecutiva bajo supervisión del Síndico. Por su parte el Secretario General tiene asignadas, entre otras, funciones de orden institucional y político referidas a las vinculaciones político administrativas con los órganos de la administración municipal, los munícipes y el gobierno central; la coordinación de las relaciones de la Sindicatura con las autoridades nacionales e internacionales; el seguimiento de proyectos normativos en la Sala Capitular, poner en conocimiento de los directores y demás funcionarios municipales las instrucciones y ordenes del Síndico; coordinar y supervisar las actividades de los Departamentos de Cooperación Internacional, Ceremonial y Protocolo, Palacio Consistorial, Delegaciones, Comunicación Estratégica, Defensoría de Espacios Públicos. Además existe una estructura orgánica funcional que está compuesta por un conjunto de dependencias –aproximadamente 22-, de nivel de dirección con dependencia directa del Síndico, Vice Síndico y Secretario General. Por su parte y en el plano legislativo, el Presidente de la Sala Capitular tiene atribuciones relacionadas con la administración de la Sala así como con la gestión legislativa del Ayuntamiento; tales como: Convocar para las sesiones ordinarias y extraordinarias, dirigir los debates y declarar cerrados la actividad específica de la Sala, nombrar las comisiones que se determinen, comunicar a quien corresponda los acuerdos a los que llega la Sala; así como otras funciones estrictamente administrativas. El Vicepresidente de la Sala tiene la responsabilidad de sustituir al Presidente en su ausencia y atender todos aquellos asuntos que este le imponga.

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4.4 La Seguridad Ciudadana en el ámbito del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Enfoques y características. La autoridad del Distrito Nacional ha impulsado una visión sobre la cuestión de la seguridad y sobre el rol del Ayuntamiento del Distrito Nacional en los asuntos de la seguridad local que está caracterizada por encarar estos asuntos desde una perspectiva integral, reconociendo el rol primario de las agencias estatales policiales dedicadas a ello, legal y constitucionalmente. En este sentido el Ayuntamiento del Distrito Nacional orienta sus acciones en materia de seguridad ciudadana hacia la obtención y preservación de aquellas condiciones urbanas y territoriales que permitan el desenvolvimiento adecuado de la vida y las relaciones sociales dentro del ámbito jurisdiccional del Distrito, en el marco de las competencias y atribuciones de administración, legislación, ejecución, regulación, control e inspección que le son asignadas por el marco normativo y constitucional vigente. Sin embargo, la alta complejidad en materia de seguridad humana del Distrito Nacional como principal territorio urbano del país, esta enmarcada, no sólo por sus características socio-demográficas, la elevada incidencia de ciudadanos de otros municipios y turistas, la diversidad de organizaciones de la sociedad civil con que cuenta y las demandas de servicios a la que debe responder el gobierno local ante la ciudadanía, sino por la poca efectividad social de las diversas políticas públicas centrales y locales, ejecutadas históricamente en el territorio, en función de la seguridad democrática y el desarrollo humano que no han podido parar el deterioro social ni la brecha de la desigualdad, adoleciendo de un carácter integral y estable en el tiempo, unido a la falta de concertación interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil, en torno a un proyecto de nación, ciudad y ciudadanía.

La propia complejidad del territorio del distrito hacen necesario el ejercicio del gobierno de la seguridad con los mecanismos de concertación de coordinación activados entre las políticas públicas y los programas en marcha, a nivel del gobierno central y los diseñados dentro de la plataforma programática de gobierno local, como fórmula que de resultados efectivos a corto, mediano y largo plazo, en materia de seguridad ciudadana para la capital de la República.

En este sentido, el gran reto del gobierno de la ciudad, en materia de seguridad ciudadana, es desarrollar el Plan Estratégico de la Ciudad de Santo Domingo 2015 y revertir el proceso anómico que se ha ido conformando, al interno de la sociedad dominicana y de sus ciudadanos, lo que ha conculcado los derechos ciudadanos, generando que tanto instituciones como ciudadanos incumplan sistemáticamente con sus deberes y compromisos cívicos. El gobierno del Distrito Nacional tiene claro que, solo desarrollando un gobierno de la seguridad, dentro de sus pertinencias municipales, concertado, inclusivo y asociativo de todas las instituciones tanto del gobierno central como de otros gobiernos locales claves para el distrito, así como de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, es lo que garantizaría la reducción de la conflictividad social y los indicadores que generan inseguridad a la ciudadanía, acercándonos a la visión de ciudad para el 2015.

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En este sentido, hay que reconocer que el tema de la seguridad ciudadana no fue objeto de interés de los gobiernos centrales y locales hasta el año 2004, llevado de la mano por el liderazgo del Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reina y conminado por el escenario contextual de desarrollo, sin precedentes, de la criminalidad en la vida nacional. A partir de ese momento, el liderazgo del gobierno municipal del distrito empieza a trabajar el tema, desde sus marcos legales, con un enfoque conceptual preventivo en dos vertientes: una a mediano y largo plazo, el Plan Estratégico Santo Domingo 2015, enfocado en una visión de ciudad humanista y centro capital del Caribe y otra a corto plazo en la ejecución de diferentes políticas públicas y programas municipales de defensoría y recuperación de los espacios públicos, fortalecimiento de la policía municipal desde una visión de acompañamiento y educación ciudadana, combate a los agentes contaminantes del medio ambiente, de alta incidencia en la seguridad de la ciudadanía y ordenamiento urbano de la ciudad, entre los más relevantes, unido al fortalecimiento de los esfuerzos de concertación e integración plena a las políticas públicas y a los programas del gobierno central que inciden en el territorio del distrito, tal es el caso del Plan de Seguridad Democrática implementado en 12 barrios de la capital desde hace un año. En marzo del 2005 el gobierno municipal del Distrito Nacional auspicia conjuntamente con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD el proyecto “Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguridad ciudadana en la República Dominicana”, donde sus componentes fueron alineados al Plan Estratégico Santo Domingo 2015 y su principales resultados han contribuido a:

La conformación de un diagnóstico de la situación institucional y de la seguridad ciudadana en el distrito, cuyos lineamientos de acción recomendados, para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, han servido de base en la conformación del gobierno de la seguridad municipal.

La creación de un Observatorio Ciudadano, funcionando como herramienta técnica de monitoreo y análisis del gobierno de la seguridad, para la toma de decisiones municipales en función de la eficiencia y la efectividad de las políticas públicas y los programas municipales orientados al desarrollo humano de los capitaleños y sus visitantes y al cumplimiento del Plan Estratégico para la capital.

Manual Ciudadano orientado a la construcción de una ciudadanía responsable y empoderada, tanto de sus derechos como de sus deberes cívicos.

El fortalecimiento a la academia con el auspicio del diplomado de “Políticas Públicas en seguridad ciudadana” con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el PNUD.

El empoderamiento por parte del liderazgo municipal del concepto de gobierno de la seguridad en su ejecutoria gerencial.

La creación del Comité Técnico del Ayuntamiento del DN en materia de seguridad ciudadana.

La creación del Comité Interinstitucional para coordinar y concertar los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana.

Se debe señalar que si bien algunos de los proyectos que el Ayuntamiento ha desarrollado referidos al logro de mejores condiciones de infraestructura, servicios,

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ordenamiento territorial y facilitación de la vida y las interacciones sociales en el Distrito, no son programas específicos de seguridad ciudadana por si mismos, contribuyen, por cierto de manera considerable, al establecimiento de condiciones que promueven la misma tales como:

Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y su capacidad de respuesta ante las emergencias ciudadanas, así como a partir del segundo semestre del presente año se a puesto en marcha el la reglamentación programa de control de seguridad de las plazas y centros comerciales y centros públicos, en una primera etapa para posteriormente pasar a controlar los sectores residenciales.

Fortalecido del trabajo de creación y rescate de los espacios públicos como socializadores por excelencia de la ciudadanía. En este sentido, se continua fortaleciendo el programa de animación urbana de los espacios libres (Malecón Libre, Villa Libres y Cristo Rey Libre), los que han recibido el espaldarazo de 8 de cada 10 capitaleños que abogaron favorablemente sobre la realización y la continuidad de los mismos en encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano del 6-9 de agosto.

Igualmente, fueron inaugurados en este año 2 parques en el barrio de Capotillo y se creó el programa de Las Canquiñas (parques infantiles) en diferentes puntos de la ciudad hasta alcanzar 9 de ellos, 2 de los cuáles están actualmente funcionando en el parque Mirador Sur de la circunscripción 1 y en la intercepción Padre Castellanos con Josefa Brea de la circunscripción 3, donde confluyen varios barrios populares.

Creación de un campamento tecnológico infantil durante el verano, con el auspicio de INFOTEL y ITLA, que dio servicio a niños y niñas de barrios populares y de orfelinatos, así como a hijos de trabajadores y a menores que asistían con sus padres al parque del Mirador Sur. El impacto entre la ciudadanía de este campamento provocó que se demandara su existencia de manera permanente. Sólo en un mes de funcionamiento se habían recibido la asistencia de más de 1000 niños/adolescentes hasta 15 años, los cuales recibieron preparación y acceso a programas tecnológicos de información, convirtiéndose en promotores de esta experiencia en sus barrios.

Rescate de 50 avenidas que incluye no sólo la reparación u habilitación urbana sino también la iluminación, lo que contribuye ostensiblemente a la prevención delictiva ante una ciudad que se caracteriza por la oscuridad de sus calles, espacios públicos y avenidas.

Implementación del reglamento para el servicio del manejo de los residuos sólidos municipales no peligrosos en colaboración con la Agencia de Japón para la Cooperación Internacional (JICA) y se inauguró un moderno centro integral de transferencia de basura en el sector de Villas Agrícolas, resolviendo un problema de contaminación ambiental para los residentes de ese barrio y una necesidad organizativa y de reglamentación de la ciudad en materia de recogida de desechos sólidos.

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En materia estrictamente operacional, en el ámbito del Ayuntamiento del Distrito Nacional se ha conformado la Dirección de Seguridad Ciudadana que constituye la Policía Municipal. Dentro del ámbito de la estructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el área de seguridad ciudadana tiene dependencia orgánica directa del Síndico del Ayuntamiento. Este cuerpo especializado fue creado mediante la Resolución 26-2000 del 24 de febrero del año 2000 y tiene asignada un conjunto de funciones que entre las más importantes son, a saber:

1 Proteger bienes, propiedades e intereses del Ayuntamiento.

2 Realizar funciones de inspección, supervisión y fiscalización, dentro de las normas y condiciones que establecen leyes, ordenanzas, resoluciones o cualquier otro tipo de normativa inherentes al Ayuntamiento del Distrito Nacional.

3 Orientar e informar al ciudadano común en torno a un correcto comportamiento

en la vía pública; orientar a las personas que así lo requieran así como a los visitantes extranjeros.

4 Mantener un estrecho contacto con la ciudadanía en cuanto a recabar de esta el

cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento.

5 Mantener el orden donde quiera que preste servicios, tomando las medidas de seguridad, para evitar infracciones y hechos atentatorios a las personas, la moral y las buenas costumbres.

6 Ejercer la vigilancia de los monumentos, parques de recreación, mercados y

otros espacios públicos que se encuentran bajo la responsabilidad del ADN.

7 Garantizar el cumplimiento de las leyes sobre control de licencias y permisos de construcción.

8 Colaborar con la Policía Nacional en el cumplimento de las labores de tránsito y

regulación de estacionamiento.

9 Levantar actas sobre violaciones a las regulaciones sobre el ornato y la publicidad en la vía pública.

10 Someter ante tribunales correspondientes a los infractores de los reglamentos

municipales.

11 Desempeñarse como dispositivo de seguridad en todas las actividades que lleve a cabo el ADN.

Al respecto y teniendo presente las funciones asignadas se puede señalar que se trata efectivamente de un cuerpo especializado de naturaleza municipal orientado a: i) cumplir labores de vigilancia del patrimonio y los bienes pertenecientes al Ayuntamiento del Distrito Nacional, ii) desempeñarse como autoridad de aplicación con relación a diferentes competencias propias de la autoridad local, iii) orientar a los ciudadanos y iv) colaborar con otras autoridades en el cumplimento de sus funciones en la jurisdicción del Distrito Nacional.

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Originalmente fue conformada en torno un grupo de personal militar y policial convocado por el Ayuntamiento a tal efecto. Por cierto en la actualidad, su jefatura y un buen porcentaje de puestos de mando y conducción superior y operacional están a cargo de personal militar convocado a tal efecto. Actualmente, la Policía Municipal se encuentra en proceso de formación y readecuación, orgánico y funcional, estando organizada en cuatro (4) dependencias centrales con nivel orgánico de Departamento, a saber: Personal, Inteligencia, Operaciones y Logística. Asimismo está desplegada territorialmente en ocho (8) Destacamentos de Policía Municipal a saber: Destacamento Proyecto Avenida Duarte, Destacamento del Ayuntamiento, Destacamento Mercado Nuevo, Destacamento Cementerio Cristo Redentor, Destacamento Palacio Consistorial, Destacamento Cementerio Cristo Rey, Destacamento Cementerio Nacional. Asimismo está constituida por otro conjunto de elementos dedicados a tareas específicas de diferente carácter, algunas de seguridad con asignaciones específicas, tales como: Seguridad del Alcalde, Clínica Municipal y Registro Civil; y otras de apoyo al accionar de la Policía Municipal, a saber: Destacamento, Equipos y Transporte y Servicios Varios. Al momento la Policía Municipal está conformada por una dotación de 324 efectivos para el cumplimento de su misiones en el ámbito del Distrito Nacional. Al respecto se debe señalar que 92 de estos están destinados en el Cuartel General con relación a este tópico, se puede señalar que alrededor de un 30 % de los efectivos está afectado a funciones de orden administrativo. Con relación a los aspectos operacionales la Policía Municipal dispone de 3 camiones de cama corta, 20 motocicletas y veinte bicicletas, mientras que para la comunicación cuentan con 3 estaciones fijas de radio y 30 radios portátiles distribuidos entre las diferentes unidades y destacamentos. En cuanto al armamento, disponen de 138 en su mayoría de corto alcance (revólveres y escopetas). No se puede dejar de señalar que esta institución municipal se ha configurado con una estructura orgánica y funcional de rasgos castrenses, con una plana mayor y con dependencia compartimentadas típicas de estructuras militares. Finalmente se debe hacer referencia al Cuerpo de Bomberos que tiene dependencia del Ayuntamiento. En este caso cuenta 6 Destacamentos y un Cuartel General que le dan servicio a todo el territorio que ocupa la capital, contando con un capital humano de 235 bomberos profesionales y 300 voluntarios. Asimismo en materia operacional cuenta con 16 camiones de combate de incendios, 3 ambulancias en uso, 2 carros-escalas, 2 unidades de salvamento y rescate y 1 unidad acuática. Cada uno de los destacamentos cubre de 10 a 12 km2, en un tiempo de respuesta de 5 a 10 minutos, en consonancia con los cánones de este tipo de instituciones a nivel internacional. Consideraciones Finales Con referencia al marco normativo general y específico que enmarca un mayor compromiso del Ayuntamiento del Distrito Nacional en los asuntos de seguridad pública en su jurisdicción, se debe precisar que la legislación nacional vigente en la actualidad le asigna de manera univoca la responsabilidad primaria y exclusiva en materia de seguridad en sus aspectos policiales y de orden público al Gobierno

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Nacional, a través del marco legal vigente mencionado –la Ley Institucional de la Policía Nacional-, e institucionalmente a la Secretaría de Interior y Policía y a la Policía Nacional de República Dominicana. No obstante, en función de las responsabilidades y competencia que tiene asignadas la autoridad del gobierno local y desde una perspectiva integral y preventiva de los asuntos de la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento Nacional del Distrito Nacional ha impulsado y desarrollado una serie de iniciativas y dependencias gubernamentales abocadas a estos asuntos, que han sido mencionadas a lo largo del presente trabajo. Sin embargo, en este contexto, en la actualidad el Ayuntamiento del Distrito Nacional presenta de una serie de falencias claves para un más eficiente desarrollo de acciones, intervenciones, estrategias y políticas seguridad ciudadana. Por un lado adolece de instancias efectivas de conducción, gestión y administración específicas en materia de seguridad ciudadana, lo que se denomina técnicamente “el gobierno de la seguridad” es decir el diseño, la planificación estratégica y la dirección superior de las dependencias abocadas a las labores de seguridad ciudadana. En este sentido las acciones, los programas y las dependencias dedicadas a estos asuntos dependen de instancias políticas que no contienen estructuras orgánico-funcionales específicas para el cumplimento de estas funciones. Por cierto la Dirección de Seguridad Ciudadana se trata de la Policía Municipal, una herramienta eminentemente operativa que cumple funciones a nivel “táctico”, pero que debería ser direccionada y evaluada en su desempeño, en el marco de una estrategia integral y de una instancia de planificación de naturaleza estratégica de los asuntos de la seguridad ciudadana. Aquellos emprendimiento institucionales que garantiza el ejercicio del “gobierno de la seguridad ciudadana”, requiere indefectiblemente de algunas capacidades que solo se las puede garantizar determinadas herramientas de gestión que son mencionadas en la parte referida a Recomendaciones de este trabajo y que parte de ellas ya están puesta en marcha. De este modo el Ayuntamiento del Distrito Nacional presenta la particularidad de; i) por un lado haber definido una concepción sobre la seguridad ciudadana y sobre el rol del Ayuntamiento en esa órbita, que es de carácter preventiva, integral y enmarcada en el, de hecho, estrecho marco normativo señalado por las leyes nacionales y las normativas locales; ii) por el otro lado, haber desarrollado y puesto en marcha una serie de programas de intervención y de dependencias gubernamentales abocadas de manera directa o indirecta a las cuestiones de la seguridad ciudadana que operan e intervienen regularmente en el ámbito territorial del Distrito Nacional y iii) finalmente de adolecer de instancia de gobierno especializadas con responsabilidades para diseñar, planificar, evaluar y dirigir el esfuerzo integral que desarrolla este gobierno en materia de seguridad ciudadana.

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Líneas de Acción Recomendadas para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el Distrito Nacional

� Concertación comprometida y estable en el tiempo entre las instituciones del

Gobierno Central y el Ayuntamiento del Distrito Nacional con relación a la aplicación de las políticas pública relacionadas con la seguridad ciudadana para la capital. En este sentido, igualmente se hace necesario el fortalecimiento de las alianzas estratégicas en materia de políticas públicas en función de la seguridad ciudadana, con los otros Municipios que conformaban el antiguo Santo Domingo, no sólo por la incidencia de sus habitantes en el territorio del distrito, sino también con vista al desplazamiento de la delincuencia y a nuevas modalidades delictivas y de organización criminal que pudieran estar desarrollándose o que se manifestarán en un futuro próximo.

� Conformación en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de una instancia

gubernamental abocada al ejercicio del “gobierno de la seguridad ciudadana”, es decir al diseño, implementación, gestión y evaluación de las acciones y políticas de seguridad ciudadana, y a la dirección, administración y coordinación superior de los programas y dependencias gubernamentales dedicadas a cumplir funciones en esta materia.

� Desarrollo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional de una capacidad para generar diagnósticos de situación fehacientes, sistemáticos y permanentemente actualizados dirigidos a dar cuenta de la problemática específica que afecta al distrito en materia de seguridad ciudadana, detallando las diferentes modalidades, perfiles y dinámicas de conflictos, las principales franjas horarias y áreas territoriales de desplazamiento, la percepción de la sociedad sobre estas problemáticas y también respecto a las autoridades. Todo ello, a los efectos de establecer un estado de situación respecto a los problemas institucionales y sociales que debe atender y en función de lo cual, se podrá formular la política de seguridad ciudadana y se dirigirá, coordinará y evaluará la intervención del Ayuntamiento en este sentido. Este tipo de capacidad es clave también para aquellas circunstancias en las cuales la autoridad del Distrito Nacional debe coordinar labores que tienen alguna incidencia o relación con el ejercicio de la seguridad ciudadana. En este sentido el Ayuntamiento debe garantizarse la capacidad para generar información propia y para establecer criterios y parámetros de intervención sobre esa base.

� La capacidad para generar diagnósticos requiere la conformación de un

mecanismo de Recolección, Procesamiento y Análisis de Información sobre Seguridad Ciudadana, el cual se puede materializar estableciendo un esquema apropiado de compilación de la información registrada referida a los hechos delictivos, incidentes de conflicto social conocidos y registrados en el ámbito del distrito municipal. La totalidad de esta información podrá ser obtenida de varias fuentes, algunas bajo la órbita municipal y otras bajo la dependencia de otras instancias gubernamentales a partir de la suscripción de convenios. Sobre la base del elevamiento y análisis de esa información las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional podrá orientar y programar las intervenciones de las

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diferentes instancias de inspección, regulación y contención en función de los problemas registrados.

� Fortalecimiento del Observatorio Ciudadano, herramienta de información y

análisis, orientado hacia el monitoreo de toda la información necesaria para el Ayuntamiento para ejecutar, con eficiencia, su gerencia de Gobierno, particularmente aquella información que no es registrada por instancias formales de registro y denuncia mencionada previamente.

� Establecer los mecanismos de coordinación necesarios que aseguren la participación y el involucramiento de las organizaciones comunitarias en el diseño y aplicación de políticas locales en relación a la seguridad humana, focalizadas en la prevención, como instrumento por excelencia de contención de la criminalidad.

� Este tipo de desarrollo institucional implica la necesidad de estructurar

programas de capacitación dirigidos a formar el personal del Ayuntamiento en tópicos y materia relacionada con la formulación y gestión de la seguridad ciudadana, a los efectos de desempeñarse en las áreas de diseño, planificación, ejecución, prevención y evaluación de acciones, estrategias y políticas de seguridad ciudadana.

� Priorizar dentro de las políticas públicas y programas del Ayuntamiento, a favor

de la seguridad humana a la circunscripción No.3, seguida de la No.2, por ser la que más altos indicadores de criminalidad y de riesgo social presentan, básicamente en los parámetros de empleo, asistencia para la inserción en el mercado laboral, fortalecimiento de las Escuelas Laborales, servicios comunales y de mejoramiento ambiental y urbano, educación y salud, entre los más importantes y decisorios para mejorar los niveles de vida y prevenir la criminalidad.

� Promover el desarrollo de programas de cultura ciudadana en los barrios más

vulnerables de las circunscripciones No. 3 Y No.2, fundamentalmente dirigidos a los niños/as y jóvenes de esos sectores.

� Promover programas de habilitación de los espacios públicos en los sectores de

alta vulnerabilidad social, estimulando el empoderamiento de los ciudadanos de los mismos.

� Atender a las necesidades de los sectores más vulnerables en relación a la

seguridad humana, descritas en el cuerpo del informe.

� Discusión y evaluación del presente informe en el Comité Técnico del Ayuntamiento del Distrito Nacional y en el Comité Interinstitucional (Secretaria de Estado de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Policía Nacional y el Ayuntamiento del Distrito Nacional), como base para el diseño de una estrategia en materia de seguridad ciudadana para la Capital de la República.

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Actores que contribuyeron a este informe Coordinadora del Proyecto: Ma. Mariel Fiat Consultores: Ma. Moraima Díaz Arnáu Ma. Germán Montenegro

1. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Unidad de Gobernabilidad Democrática.

Pepijn Gerrits (Oficial de Programa) Ana Álvarez (Asistente Técnica de Proyecto). 2. Procuraduría General de la República

Francisco Gómez Brito, Procurador General de la República. Lic. Ramón Núñez, asesor del Procurador General de la República.

Lic. Claudia Encarnación, especialista de la Unidad Técnica de Ejecución, Procuraduría General de la República.

3. Procuraduría del Distrito Nacional

José Manuel Hernández Peguero. Procurador del D.N.

4. Secretaría de Estado de Interior y Policía Franklin Almeyda Rencier, Secretario de Estado de Interior y Policía

5. Policía Nacional

Mayor General Rafael Guerrero Peralta, Jefe de la Policía Preventiva Porfirio Quesada, asesor del Jefe de la Policía Nacional

6. Policía Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional: General Roberto Almanzar Martínez, Director de la Policía Municipal y de

la Dirección de Seguridad Ciudadana del ADN.

Mayor Waskar de Peña Lizardo, Jefe del Destacamento de la Policía Municipal.

Mayor Fernando Nivar, Subjefe de la Policía Municipal

7. Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional: Coronel Oscar Guillermo García, Jefe del Cuerpo de Bomberos del D.N.

8. Comité Técnico del Distrito Nacional y funcionarios del Ayuntamiento, en

particular:

Víctor Gómez, Director de Planificación y Desarrollo Institucional. William Espinosa, Director de Desarrollo Humano Mónika Sánchez, Encargada de Espacios Públicos Daysi García, Encargada de Estadística Nayla Joa, Encarga de Relaciones Interinstitucionales

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Alberto García, Desarrollo Humano Glennys Tejada, Secretaria Ejecutiva Radamés Rodríguez, Planeamiento Urbano/Espacios Públicos Dr. Juan Luís Rossi, Bienestar Social Guaroa Gautreau, Encargado de Presupuesto Magdalena Díaz, Directora de Gestión de Calidad Edmundo García, Director del Plan Estratégico de la Ciudad de Santo

Domingo y Director de Planeamiento Urbano Juan José Guzmán, Director de Animación Urbana

9. Reconocimiento especial a los estadísticos Lic. Guillermo Milán, Oficina Nacional de Estadística y Lic. Daysi García, Ayuntamiento del Distrito Nacional, así como a la Lic. Claudia Encarnación, Procuraduría General de la República, el Lic. Bienvenido Cabrera, Gabinete Social de la Presidencia y Porfirio Balcálcer, Secretaría de Estado de la Juventud.

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95

ANEXOS

Tabla No.1 Barrios del Distrito Nacional por circunscripciones

Barrios Circunscripción No.1 (38 barrios)

Barrios Circunscripción No.2 (14 barrios)

Barrios Circunscripción No.3(14 barrios)

Costa Verde Los Peralejos La Zurza Honduras del Oeste Palma Real Villas Agrícolas Honduras del Norte Arroyo Manzano Villa Juana

Los Cacicazgos Altos de Arroyo Hondo Villa Consuelo Renacimiento Los Ríos Ensanche Luperón

Los Restauradores Nuevo Arroyo Hondo Ensanche Capotillo San Jerónimo Cerros de Arroyo Hondo Ensanche Simón Bolívar

Paraíso Viejo Arroyo Hondo 24 de Abril Julieta La Fe Ensanche Espaillat

Los Prados La Agustina María Auxiliadora El Millón Cristo Rey Mejoramiento Social

Mirador Norte La Isabela Villa Francisca Mirador Sur San Diego Domingo Savio Buenos Aires Los Jardines Gualey

Miramar Tropical Malecón

Los Jardines del Sur Atala

Bella Vista Quisqueya Piantini La julia

Nuestra Señora de la Paz General Ant. Duvergé

30 de Mayo Cacique

Centro de los Héroes Mata Hambre

Ciudad Universitaria La esperilla

Ensanche Naco Miraflores

San Juan Bosco Gazcúe

Ciudad Nueva San Carlos

Ciudad Colonial Paseo de los Indios

Fuente: Ayuntamiento del Distrito Nacional

96

Tabla No. 2 Cuadro de pobreza del Distrito Nacional por barrios

Nombre del Barrio

Hogares pobres

Porcentaje Total de hogares

Personas pobres

Porcentaje Total de personas

24 DE ABRIL 1140 26.0 4384 4628 27.7 16688 30 DE MAYO 130 9.5 1369 570 12.1 4714 AGUSTINA 559 14.3 3907 2198 14.6 15017

ALTOS DE ARROYO HONDO 365 15.0 2436 1461 15.0 9742 ARROYO MANZANO 199 24.1 825 764 23.7 3218

ATALA 6 0.6 1085 18 0.5 3933 BELLA VISTA 119 2.1 5546 532 2.9 18606

BUENOS AIRES 984 15.1 6502 4002 16.3 24551 CACIQUE 15 0.8 1895 75 1.2 6514

CENTRO DE LOS HÉROES 0 0.0 27 0 0.0 81 CERROS DE ARROYO HONDO 74 22.2 333 275 20.3 1357

CIUDAD COLONIAL 278 7.6 3641 1115 9.2 12080 CIUDAD NUEVA 26 2.7 967 90 2.9 3102

CIUDAD UNIVERSITARIA 9 0.4 2271 30 0.4 7254 COSTA VERDE 136 14.5 941 493 14.2 3463 CRISTO REY 4005 26.5 15095 16007 27.5 58218

DOMINGO SAVIO 6487 52.2 12432 24927 54.6 45672 EL MILLON 19 0.8 2312 66 0.8 8407

ENSANCHE CAPOTILLO 3242 39.4 8231 12837 41.4 30999 ENSANCHE ESPAILLAT 438 10.8 4064 1770 11.5 15375 ENSANCHE LUPERÓN 913 14.9 6127 3658 16.1 22777

ENSANCHE NACO 104 2.9 3573 397 3.2 12354 ENSANCHE SIMÓN BOLÍVAR 2346 36.6 6415 9826 38.9 25283

GAZCUE 62 1.3 4637 211 1.5 14054 GENERAL ANT. DUVERGÉ 18 1.4 1255 68 1.6 4303

GUALEY 2021 48.4 4173 7898 49.7 15896 HONDURAS DEL NORTE 45 1.9 2401 191 1.9 9795 HONDURAS DEL OESTE 101 4.3 2354 396 4.5 8881

JULIETA 480 11.6 4145 1892 12.3 15444 LA ESPERILLA 2 0.1 2070 4 0.1 6708

LA FÉ 748 13.1 5726 2699 13.3 20220 LA ISABELA 179 61.7 290 719 64.9 1108

LA JULIA 153 7.6 2012 569 8.8 6496 LA ZURZA 2660 51.9 5130 10544 54.9 19213

LOS CAZICAZGOS 4 0.2 2066 9 0.1 7444 LOS JARDINES 170 4.0 4208 662 4.3 15373

LOS JARDINES DEL SUR 134 6.1 2197 543 6.7 8108 LOS PERALEJOS 368 23.1 1593 1488 24.7 6032

LOS PRADOS 153 5.7 2699 656 6.3 10431 LOS RESTAURADORES 230 6.3 3628 1029 7.5 13723

LOS RÍOS 1495 16.0 9329 5850 15.7 37317 MARÍA AUXILIADORA 2993 29.4 10184 12115 31.0 39082

MATA HAMBRE 130 8.3 1572 467 8.7 5367 MEJORAMIENTO SOCIAL 2354 28.1 8376 8885 29.5 30068

MIRADOR NORTE 4 0.2 1619 15 0.3 5566 MIRADOR SUR 8 0.7 1123 22 0.6 3850 MIRAFLORES 1 0.2 468 2 0.1 1585

97

MIRAMAR 9 0.4 2176 26 0.3 7773 NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 84 5.7 1480 321 6.5 4969

NUEVO ARROYO HONDO 989 22.6 4381 3938 23.0 17099 PALMA REAL 2807 35.2 7976 12201 37.5 32500

PARAÍSO 24 2.1 1157 97 2.4 4020 PASEO DE LOS INDIOS 2 2.6 76 6 2.2 273

PIANTINI 10 0.3 3320 26 0.2 10472 QUISQUEYA 394 5.9 6700 1545 6.8 22841

RENACIMIENTO 9 0.4 2493 30 0.3 9652 SAN CARLOS 649 21.5 3025 2477 22.9 10815 SAN DIEGO 8 72.7 11 33 89.2 37

SAN GERÓNIMO 4 0.1 3252 8 0.1 12437 SAN JUAN BOSCO 35 3.7 948 119 3.7 3230

TROPICAL-METALDON 1 0.1 771 1 0.0 2893 VIEJO ARROYO HONDO 657 11.8 5563 2723 12.8 21355

VILLA CONSUELO 1668 23.6 7053 5880 23.7 24790 VILLA FRANCISCA 1983 29.1 6825 7039 30.5 23102

VILLA JUANA 2405 25.7 9366 9103 27.7 32825 VILLAS AGRÍCOLAS 1093 25.9 4221 4440 28.1 15812

Total 48938 19.7 248427 192686 21.1 912364 Fuente: Censo 2002 y el Mapa de pobreza del 2005 (ONE, ONAPLAN)

98

Tabla No. 3 Tasa de desocupación por barios, con poblaciones mayores de 200 personas en PEA, Censo 2002

Barrios Tasa _

desocupación LA ISABELA 31.7 LA ZURZA 14.9

PALMA REAL 14.7 LOS JARDINES DEL SUR 14.2

LOS PERALEJOS 14.2 MEJORAMIENTO SOCIAL 14.2

VILLA FRANCISCA 13.5 VILLAS AGRÍCOLAS 13.5 BUENOS AIRES 13.4

MARÍA AUXILIADORA 13.4 ENSANCHE CAPOTILLO 13.3

PARAÍSO 13.2 VILLA JUANA 13.2 GUALEY 13.1

DOMINGO SAVIO 13.0 PASEO DE LOS INDIOS 13.0 VILLA CONSUELO 13.0

CRISTO REY 12.9 ENSANCHE SIMÓN

BOLÍVAR 12.8

24 DE ABRIL 12.7 GENERAL ANT. DUVERGÉ 12.5 ENSANCHE LUPERÓN 12.5

LA FÉ 12.1 LOS RÍOS 12.1

ARROYO MANZANO 12.0 JULIETA 12.0 AGUSTINA 11.5

ENSANCHE ESPAILLAT 11.5 Tasa Distrito Nacional 11.45

HONDURAS DEL OESTE 11.4 30 DE MAYO 11.2 SAN CARLOS 11.1

CIUDAD NUEVA 11.1 MATA HAMBRE 10.9

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

10.6

CACIQUE 10.4 CIUDAD COLONIAL 10.2

MIRAMAR 10.1 VIEJO ARROYO HONDO 10.1

MIRADOR NORTE 10.0 COSTA VERDE 9.8 LOS JARDINES 9.7

EL MILLON 9.7 ATALA 9.5

TROPICAL-METALDON 9.5 LA JULIA 9.4

HONDURAS DEL NORTE 9.3

99

LOS RESTAURADORES 9.2 ALTOS DE ARROYO HONDO 9.1

QUISQUEYA 8.9 SAN JUAN BOSCO 8.9

NUEVO ARROYO HONDO 8.7 MIRADOR SUR 8.3

RENACIMIENTO 8.3 LOS PRADOS 8.2

ENSANCHE NACO 7.8 MIRAFLORES 7.6

CIUDAD UNIVERSITARIA 7.3 GAZCUE 7.0

SAN GERÓNIMO 7.0 BELLA VISTA 6.9

LOS CAZICAZGOS 6.7 PIANTINI 5.7

LA ESPERILLA 5.5 CERROS DE ARROYO

HONDO 4.0

Fuente: Censo 2002

100

Tabla No. 4 Tasa de Homicidios por provincias, Enero Mayo 2005

Provincias Numero de Homicidios Enero-Mayo

Tasa de Homicidios p/c

100,000 Habitantes

Muertos por la PN y M. en Servicio

Tasa sin Muertos PN y M.

1 DISTRITO NACIONAL

191 41.82 32 34.81

2 SANTO DOMINGO 341 37.52 64 30.48 3 AZUA 19 18.19 2 16.28 4 BAHORUCO 18 39.35 0 39.35 5 BARAHONA 15 16.74 0 16.74 6 DAJABÓN 3 9.67 0 9.67 7 DUARTE 43 30.30 5 26.78 8 EL SEIBO 9 20.17 0 20.17 9 ELIAS PIÑA 5 15.65 0 15.65 10 ESPAILLAT 24 21.32 4 17.77 11 HATO MAYOR 8 18.26 3 11.41 12 INDEPENDENCIA 3 11.80 0 11.80 13 LA ALTAGRACIA 34 37.36 7 29.67 14 LA ROMANA 34 30.94 5 26.39 15 LA VEGA 47 24.41 15 16.62

16 MARIA TRINIDAD S.

15 22.10 1 20.63

17 MONSEÑOR NOUEL

16 19.09 3 15.51

18 MONTE CRISTI 15 27.02 1 25.22 19 MONTE PLATA 11 12.20 0 12.20 20 PEDERNALES 1 9.43 0 9.43 21 PERAVIA 29 34.14 7 25.90 22 PUERTO PLATA 34 21.75 3 19.83 23 SALCEDO 6 12.45 0 12.45 24 SAMANA 6 13.06 1 10.88 25 SAN CRISTOBAL 61 22.89 19 15.76 26 SAN JOSE OCOA 7 22.45 1 19.24 27 SAN JUAN 24 19.91 1 19.08 28 SAN PEDRO DE M. 56 37.12 21 23.20

29 SÁNCHEZ RAMIREZ

12 15.88 0 15.88

30 SANTIAGO 148 32.59 44 22.90 31 SANTIAGO ROD. 6 20.12 1 16.77 32 VALVERDE 22 27.80 2 25.27

TOTAL 1263 27.76 242 22.44 Fuente: Procuraduría General de la República

101

Conjunto de Políticas promovidas o en ejecución por el Gobierno Central y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en este último año.

Inauguración de 11 Fiscalías Barriales en la capital. Procuraduría General de la República y Procuraduría del Distrito Nacional. (octubre 2004- julio 2006)

Presentación del Proyecto “Por Amor a tu Barrio”. Ayuntamiento Distrito Nacional. (enero 2005). Presentación en Capotillo (julio 2005)

Plan de Seguridad Democrática (julio 2005) Creación de dos Centros de Prevención y atención a la violencia en la

capital y Santiago de los Caballeros. Procuraduría General de la República y Procuraduría del Distrito Nacional.

Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática. Procuraduría General de la República.

Firma del acuerdo de cooperación para la seguridad ciudadana entre la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.(10 de agosto 2005)

Jornada por la Seguridad y la Paz. Presentación por el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reina, del Plan de Seguridad Democrática en el barrio de Capotillo (20 de agosto 2005)

Creación del Consejo de Gobierno Ampliado para el tema de la Seguridad Ciudadana. (17 de julio 2006)

Aplicación de las Regulación mediante Disposición del Consejo de Gobierno Ampliado de la reducción de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en los centros de diversión, el patrullaje mixto policía/fuerzas armadas a partir de las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y medidas de control para las armas de fuego. (julio 2006)

102

Ficha técnica y caracterización socio-demográfica de la muestra. Encuesta agosto 2006. Observatorio Ciudadano. Metodología:

- Población Objeto La población objeto de estudio fue, los mayores de 18 años residentes en las diferentes Circunscripciones y Barrios del Distrito Nacional. - Diseño muestral El diseño muestral empleado fue bietápico estratificado (por circunscripciones) y por conglomerados con probabilidad de selección proporcional al tamaño de estos (pps) últimos. En la selección, dentro de los conglomerados, se utilizaron 100 puntos de comienzo (seleccionados en los mapas de los 48 barrios que conformaron la muestra) y en forma sistemática (cada dos viviendas) se seleccionan, en cada punto, 12 personas mayores de 18 años, a una sola persona por vivienda, según cuota establecida por tabla metodológica. (Ver anexo 1) En los casos en que la vivienda seleccionada se correspondía con un negocio o empresa se ignoraba y se seleccionaba la siguiente, y partir de esta última, se realizaba nuevamente el proceso de selección. - Tamaño de la muestra Se asumió la tasa de ocupación por circunscripciones como la probabilidad en el cálculo de los tamaños de muestra. Los parámetros de la muestra obtenida son los siguientes:

Tamaño de la muestra 1200 Confiabilidad 95% Error muestral 0.02445466 Coeficiente variación (%) 2.5 Efecto diseño 1.71049857 Precisión 0.04793113

DISTRIBUCION DE LA MUESTA POR CIRCUNSCRIPCION Circunscripción Tamaño de muestra Puntos de comienzo

1 336 28 2 408 34 3 456 38

Total 1200 100 Como se observa los tamaños de muestra no son proporcionales a la población de cada estrato, para ajustar esto, en los resultados finales, se utilizaron factores de expansión.

103

- Procedimiento y trabajo de campo: El instrumento base de la encuesta está conformado por 25 preguntas, de las cuales 23 son cerradas y 2 abiertas, diseñadas 16 de ellas, a obtener información de percepción social, estados de opinión, problemáticas que afectan a la ciudadanía, expectativas y proyecciones de los munícipes con respecto a la ejecutoria de su gobierno local. El resto de las preguntas estaban dirigidas a caracterizar socio-demográficamente a la población estudiada. (Ver Anexo No.3) El trabajo de campo fue ejecutado del 6 al 9 de agosto, por 25 encuestadores, 3 supervisores y una Jefa de Campo, jóvenes pertenecientes al programa “Jóvenes por una Ciudad Posible del ADN”, debidamente entrenados en seminario de capacitación. El procedimiento de aplicación fue por el método de entrevista, los encuestadores se identificaban como miembros del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, garantizando el anonimato de las opiniones y su utilización para fines de la toma de decisiones del gobierno local. La efectividad del trabajo de campo fue de un 100% del plan. Se realizo la validación de los procesos de campo, codificación y digitación en un 30% de la muestra, estimando el error en todo el proceso de un 2,3% lo cual es adecuado para este tipo de estudio. Caracterización socio- demográfica de a muestra

El 52.9% de los encuestados son del sexo femenino y el 47.1% masculino. Un 43.7% es adulto comprendido entre las edades de 30 a 49 años, un 33.5% es joven de 18 a 29 años, mientras que el 22.8% ostenta 50 años o más de edad.

El análisis de este indicador, por circunscripciones, evidencia la homogeneidad de la población de estudiada, en cuanto a los jóvenes de 18 a 29 años. Se pone de manifiesto diferencias en el sector poblacional envejeciente, focalizándose la población más vieja en la circunscripción 3 y 1, en orden de relevancia porcentual, así como la mayor parte de los adultos en las circunscripciones 2.

El 65.8% de los estudiados, tiene de residencia en su barrio, una antigüedad mayor a los 10 años, siendo los más estables, los munícipes que habitan en la circunscripción 3 para un 74.3%. Es necesario destacar que la estabilidad de residencia en los barrios facilita y garantiza la acogida de cualquier política pública orientada a la prevención, desde el gobierno municipal, siempre y cuando sean involucrados sus residentes. (Ver tabla)

Tiempo de

antigüedad residiendo en el barrio

Circunscripción 1 Circunscripción 2 Circunscripción 3

Hasta 10 años residiendo en el barrio

39.6% 34.8% 24.6%

Más de 10 años residiendo en el barrio

59.2% 64.0% 74.3%

104

Son mayoría los que alcanzaron un nivel de escolaridad de bachillerato para el 41.2%, seguido, en el 21.4%, por los que ostentan un nivel básico de educación y por el 15.0% que son universitarios. Tienen un nivel de 6to grado el 13.6% mientras que el 4.5% no logró rebasar ninguno y el 3.6% ha alcanzado estudios de postgrado, maestría y en menor medida doctorados. Por circunscripciones, los que lograron alcanzar niveles superiores de educación (universitario, educación postgraduada y de grado científico) residen en mayoría significativa en la circunscripción 1, mientras que en la circunscripción 3 habitan los que menos nivel educacional lograron alcanzar (6to. Grado o ninguno). Ver tabla.

Nivel Educacional Circunscripción 1 Circunscripción 2 Circunscripción 3 Ninguno 4.5 3.4 5.3

6to. Grado 9.2 12.7 18.4 7 o 8vo Grado 14.0 25.0 26.3

Bachiller 38.7 45.1 41.0 Universitario 25.6 10.3 7.5

Educación Postgraduada y de grado científico 7.1 3.2 0.4

En el sector público están empleados el 29.6%, son amas de casa el 16.2%, desempleados el 13.4%, así como el 9.7% es estudiante, 9.0% está empleado en el sector privado, el 6.3% es trabajador informal y el 2.5% chiripero. (Ver Tabla)

Ocupación Circunscripción 1 Circunscripción 2 Circunscripción 3

Sector Público 42.3% 27.7% 18.2% Sector Privado 6.5% 14.5% 7.7%

Trabajador informal 4.2% 2.5% 11.0% Técnico/profesional

Independiente 3.9% 6.1% 4.6%

Comerciante/empresario 4.8% 5.1% 3.5% Estudiante 5.1% 12.0% 12.7% Chiripero ---- 3.4% 4.4%

Ama de casa 13.7% 14.2% 20.0% Desocupado 14.9% 10.5% 13.8%

Pensionado/jubilado 3.3% 3.2% 2.2%

En el análisis de este indicador, se constata que en la circunscripción 1 no viven trabajadores chiriperos y que son mayoría de los empleados del sector público. Los residentes de la circunscripción 3 son los que viven en una mayor proporción del trabajo informal y cargan sobre sus hombros el mayor número de personas no ocupadas (amas de casa, estudiantes, desocupados y pensionados/jubilados) para un 46.5%, eso la focaliza como la circunscripción más vulnerable en este indicador, con una alta conflictividad social latente si no se le presta atención a esta problemática.

Tienen familiares en el exterior el 69.7% de la población encuestada, siendo la circunscripción 1 la que más ha aportado miembros de su familia a la emigración (78.0%). Ver tabla.

Familiares en el exterior

Circunscripción 1

Circunscripción 2

Circunscripción 3

Total

Si 78.0% 63.0% 66.0% 69.7% No 22.0% 36.8% 34.0% 30.2%

105

Los que tienen familiares en el exterior reciben remesas de los mismos el 42.4%, siendo las circunscripciones 3 y 1 las más beneficiadas con este aporte económico, en orden de importancia porcentual. La mayoría, 57.6%, de la población encuesta no recibe remesas de sus familiares en el exterior. (Ver Tabla)

Reciben remesas

Circunscripción 1

Circunscripción 2

Circunscripción 3

Total

Si 42.4% 38.1% 45.2% 42.4% No 57.6% 61.9% 54.8% 57.6%