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INFORME DE AGRESIONES A PERIODISTAS PARA LA COMISIÓN

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SU VISITA IN LOCO A

VERACRUZ

Xalapa Enqz., Veracruz de Ignacio de la Llave, a 29 de septiembre de 2015.

La realidad para quienes ejercen el periodismo en Veracruz es aterradora, abruma

de tal manera que la memoria ya no nos alcanza para enumerar a los colegas

asesinados, algunos de manera muy cruel.

Otro tanto de desaparecidos, secuestrados, muchos procesados penalmente, otros

hostigados durante las coberturas periodísticas, golpeados, comunicadores con sus

domicilios asaltados, despedidos y boletinados, por lo tanto, impedidos para

encontrar trabajo, exiliados. Ataques virtuales, campañas de difamación, espionaje,

el uso como grupos de choque de agrupaciones políticas como Antorcha

Campesina, 400 Pueblos, o sindicatos como SNTE o Sindicato de TAMSA. En fin, en

Veracruz se pueden encontrar todos los ejemplos imaginables de embestida a la

libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, pues el

objetivo central es evitar la difusión de actos realizados por el crimen organizado o

la corrupción y tolerancia a hechos delictivos del gobierno en sus tres niveles.

Además de la violencia directa ejercida contra los periodistas, la mayoría de los

propietarios de los medios de comunicación pagan bajísimos salarios, niegan las

prestaciones de seguridad social de ley, y ni siquiera aportan el equipo técnico

necesario. Pero eso sí, han creado portales y les exigen a sus trabajadores

información “en tiempo real”, y son los comunicadores quienes terminan

financiando al medio al adquirir computadoras, celulares, cámaras, grabadoras y

baterías.

Por increíble que parezca, el salario promedio mensual es de cinco mil pesos (295

dólares), pero hay muchos que ganan menos, unos mil 500 o 2 mil pesos al mes,

por lo que tienen que trabajar en por lo menos tres medios para asegurar un

ingreso regular. Y eso si no se encuentran con que cada quincena les bajan el

sueldo de manera arbitraria.

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Sin embargo, los dueños de los medios y un grupo de comunicadores cercanos al

poder estatal, tienen ingresos suficientes para tener residencias en los

fraccionamientos de lujo, autos, viajes al extranjero y a sus hijos como estudiantes

en escuelas privadas. Sus publicaciones inundan los puestos de revistas y tratan de

confundir en las redes sociales en un intento de disfrazar la realidad.

Más grave resulta que los propietarios de medios de comunicación son también

políticos, con afiliaciones en el Partido Revolucionario Institucional y el Partido

Acción Nacional. Un caso extremo es el del diputado local Eduardo Sánchez

Macías, que tiene un consorcio de periódicos denominados Los Heraldos, pero

aunque es parte de la Comisión Legislativa de Atención a Periodistas, sus intereses

lo han llevado a cerrar y despedir a reporteros y editores sin indemnización de ley.

En la misma situación están el ex diputado federal Alejandro Montano, editor del

periódico local El Portal, que en algún tiempo tuvo la concesión estatal de Milenio;

Mónica Robles, hija del editor de la agencia Imagen del Golfo y su esposo Iván

Hillman, funcionario federal; la diputada local Gabriela Arango Gibb, integrante de

la familia que edita el periódico La Opinión de Poza Rica; el magistrado Edel

Álvarez Peña, director del Liberal del Sur y el ex diputado local José Luis Oliva

Meza, propietario de la cadena Grupo Oliva Radio. Mención aparte merece el

actual secretario del Consejo Técnico de Seguridad Pública, Juan Antonio Nemi

Dib, quien sostiene un portal denominado Radio Ver.

Algunos de ellos han conseguido puestos políticos mediante la presión mediática,

conseguida precisamente con el trabajo de los reporteros que en medio de

investigaciones periodísticas, han desnudado cotos de poder y corrupción. La

información es vendida y de por medio está el reportero, su seguridad laboral y

personal, ya que una vez conseguido el convenio, el periodista es despedido.

En Veracruz los poderes Legislativo y Judicial son solo apéndices del poder

Ejecutivo, no hay una verdadera y sana división, por ende se reprime la crítica y las

expresiones contrarias, el presupuesto de la coordinación de comunicación social

del gobierno estatal es usado para convenios oscuros con dueños de medios de

comunicación para orquestar campañas de difamación y de persecución política de

los que piensan diferente y de las corrientes políticas contrarias.

Hasta el momento y a pesar de las reiteradas peticiones para que por medio de la

Unidad de Transparencia y vía el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

para que den a conocer los convenios del Gobierno del Estado con los medios de

comunicación, esta información se clasificó como reservada.

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LA VIOLENCIA

Los asesinatos de periodistas los ha pretendido justificar el gobernador del estado

Javier Duarte de Ochoa al descalificarlos en su derecho a la libertad de expresión

considerándolos como “parte de la delincuencia organizada” y, en ese sentido, para

el gobernante la violencia contra los periodistas tiene vinculación con grupos

delictivos, como lo dijo en la reciente reunión en Poza Rica (30 de junio de 2015)

con motivo de la Libertad de Expresión: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes

andan en malos pasos(…). Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera,

tienen vinculación con estos grupos… todos sabemos quiénes tienen vínculos y

quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico.

Vienen tiempos difíciles”.

La intolerancia del gobierno estatal quedó manifiesta desde el inicio de

administración con la detención y los juicios sumarios de los “twiteros” de Veracruz,

María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera –presos durante un año a

partir del 25 de agosto de 2011-, acusados de “terrorismo equiparado y sabotaje”

por difundir mensajes a través de las redes sociales tras la presencia de sobrevuelos

de helicópteros militares a baja altura en Veracruz. Así como también, por la

desinformación y el ocultamiento oficial, donde “en Veracruz no pasa nada”, parece

slogan oficial de gobierno, contrario a la percepción de la realidad de la sociedad,

que ha encontrado en las redes sociales, al igual que en los países de dictaduras,

una forma alterna de expresión.

Los periodistas de Veracruz lanzamos un llamado de auxilio a la comunidad

internacional por el pronto restablecimiento del estado de derecho y para la

consecuente erradicación del estado de barbarie en el que nos encontramos.

Tenemos fundado temor que como parte de la competencia electoral, otra vez

seamos atacados.

Pedimos además justicia y el esclarecimiento total de los asesinatos de los

compañeros reporteros, pues ningún caso se puede considerar resuelto, incluso en

los que la Fiscalía General ha sostenido que hay detenidos, al final no son los

únicos responsables, pues se puede detectar inconsistencias en la integración de

las investigaciones que podrían llevar a exculparlos. Peor aún, de los reporteros

asesinados, se han orquestado campañas de difamación post mortem para desviar

el móvil del ejercicio periodístico a otros como pasional, robo, problemas vecinales,

presuntos nexos con el crimen organizado, entre otros.

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Específicamente cuando se ha presumido nexos con grupos delincuenciales, las

autoridades evitan reconocer que la presencia de éstos en territorio veracruzano,

no ha sido por la actividad periodística, sino por el incumplimiento de su

responsabilidad o de la complacencia de las instituciones encargadas de

salvaguardar el Estado de Derecho, pues la delincuencia comienza primero

apoderándose de las corporaciones policiacas que son una de las fuentes vivas

normales de cualquier reportero que cubre la nota roja, incluso funcionarios de

altos niveles acusan desconfianza de sus compañeros de trabajo por la misma

razón ¿por qué entonces criminalizar al periodista?

PERIODISTAS ASESINADOS:

Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan, Acayucan, marzo 2011.

Invest. Minist. Jalt/077/2011 radicado en la Agencia del MP Investigador del

Fuero Común de Jáltipan, y ACA/301/2011 en la Agencia del MP de Acayucan.

Sin probable responsable. Por oficio 674/2011 se remitió a la FEADLE. A

principios de este mes de septiembre elementos de la PGR realizaron

indagaciones.

El 1 de junio de 2011 fue encontrado cerca de Jáltipan, estado de Veracruz (este), el

cuerpo sin vida de Noel López Olguín, colaborador de los semanarios locales

Horizonte y Noticias de Acayucan, y del diario La Verdad. El periodista había

desaparecido el 8 de marzo de ese año en el municipio de Texistepec, y su cuerpo

hallado sin vida en una fosa clandestina en el ejido Malacate, en el municipio de

Chinameca. Cuatro días antes de localizar el cuerpo, Alejandro Castro Chirinos,

alias “El Dragón”, capturado en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, confesó haber

participado en el asesinato del periodista. Entre las pertenencias de El Dragón,

cuando fue detenido, se encontraba la cámara del periodista. Según las

autoridades, Castro Chirinos dio indicaciones que permitieron localizar la fosa

donde se encontraba el cuerpo.

Aún no se cuenta con indicios de permitan determinar el móvil del crimen, no

obstante, es muy probable que asesinato de Noel López Olguín esté relacionado

con su actividad profesional, ya que era activista social, interesado en los

problemas comunitarios, como la corrupción y la inseguridad, había denunciado

los abusos de las autoridades y de miembros del crimen organizado.

Veracruz representa un punto de tránsito clave para el tráfico de drogas en

dirección a Estados Unidos. Durante la época en que fue asesinado el comunicador,

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Los Zetas asolaban de forma particular la región de Jáltipan, limítrofe con el estado

de Oaxaca, donde vivía y trabajaba Noel López Olguín. (Fuente Reporteros Sin

Fronteras)

A principios de septiembre de este año, trascendió que el caso fue reabierto, pues

la expresidenta municipal de Texistepec, Mirna Anzalmetti Gutiérrez, señaló que

elementos de la PGR realizaron investigaciones y han platicado con ciudadanos

que pudieran tener información al respecto, entre ellos ella misma, aunque la ahora

funcionaria en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dice que le cuestionaron

sobre situaciones que ella desconoce "pues jamás fue un asunto atendido por mi

gobierno", aunque cerca de su domicilio en esa población fue hallado el automóvil

Nissan Tsuru propiedad de López Olguín. (Fuente Imagen del Golfo)

Miguel Ángel López Velasco (columnista de Notiver), Misael López Solana

(Hijo y fotógrafo) y Agustina Solana Melo (Esposa y madre, respectivamente).

Veracruz, 20 junio 2011.

Invest. Minist: 644/2011 Radicada Agencia Cuarta del Ministerio Público

Investigador de Veracruz, Ver. Sin probable responsable. Reabierta en 2012.

Enviada a FEADLE.

El entonces procurador Reynaldo Escobar dijo que el principal sospechoso era

Juan Carlos Carranza Saavedra alias “El Ñaca”, líder del Cartel Jalisco Nueva

Generación en Veracruz, asesinado en un enfrentamiento con marinos el 10 de

mayo de 2013, en Zapopan, Jalisco

La madrugada del lunes 20 de junio de 2011, el Periodista y Columnista de la casa

editorial NOTIVER de Veracruz, Miguel Ángel López Velasco, mejor conocido por su

columna como Milo Vela, fue acribillado en el interior de su domicilio, junto con su

hijo Misael López Solana y su esposa, Agustina Solana. Los tres presentaban el tiro

de gracia.

Justo cuando dormía en compañía de su familia, sujetos hasta la fecha no

identificados, llegaron hasta su domicilio ubicado en la esquina de la calle Villa Rica

y San Jerónimo en la colonia López Arias al norte de la ciudad de Veracruz justo a

dos cuadras de lo que era la Policía Intermunicipal de Veracruz, hoy Fuerza Civil.

Al parecer con un objeto pesado rompieron la puerta principal logrando entrar

hasta las recámaras donde dormía la familia del periodista y él. Los hechos se

registraron presuntamente a las 5:30 de la mañana.

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Por tales hechos la entonces Procuraduría de Justicia en el Estado inició las

investigaciones correspondientes, pero hasta la fecha, no hay avances del caso,

pues no han sido detenidos los autores materiales, ni tampoco se ha esclarecido el

motivo.

Sobre el triple asesinato, Reynaldo Escobar Pérez, quien era procurador de Justicia

de Veracruz, en aquella fecha y que conoció del caso, desde un principio

únicamente dio a conocer como dato relevante que el principal sospechoso del

multi homicidio era un sicario identificado como Juan Carlos Carranza Saavedra

alias “El Ñaca”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en Veracruz, que el mismo

funcionario ligó al asesinato de la reportera, Yolanda Ordaz de la Cruz, ocurrido un

mes después. Carranza Saavedra fue asesinado en un enfrentamiento con marinos

el 10 de mayo de 2013, en Zapopan, Jalisco. Su cuerpo fue identificado por un

familiar, según el reporte oficial, y hasta allí llegó la investigación ministerial.

Miguel Ángel López Velasco fue subdirector de NOTIVER, y tenía 55 años de edad,

al momento de su muerte, le sobreviven sus hijos Miguel Ángel y Jazmín López

Solana que se encuentran exiliados en Estados Unidos.

López Velasco se dedicaba principalmente a exponer temas de información

policiaca, constantemente hacía señalamientos en muchos casos que involucraban

a diferentes corporaciones policiacas. (Fuente Notiver)

Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver, Veracruz, julio 2011.

Invest. Minist. 890/2011 Radicada en la Agencia Séptima del MP Investigador

del Distrito Judicial de Veracruz, Ver. Sin probable responsable. Caso reabierto

en mayo de 2012. Enviado a la FEADLE.

El entonces procurador Reynaldo Escobar dijo que el principal sospechoso era

Juan Carlos Carranza Saavedra alias “El Ñaca”, líder del Cartel Jalisco Nueva

Generación en Veracruz, asesinado en un enfrentamiento con marinos el 10 de

mayo de 2013, en Zapopan, Jalisco

El cadáver degollado de Yolanda Ordaz fue encontrado en la madrugada del

martes 26 de julio de 2011, en la calle Habaneras, donde se encuentran las oficinas

de MVS e Imagen del Golfo, apenas un mes después del homicidio de su jefe

inmediato en Notiver donde laboraba, Miguel Ángel López Velasco. Yolanda Ordaz

recibió varias cartas con amenazas de muerte, antes de ser asesinada. La periodista

de información policiaca fue reportada como desaparecida por sus familiares, la

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noche del domingo 24 de julio de 2011. Ella les había dicho que iba a cubrir una

noticia, y ya no regresó. El martes 26 de julio de 2011 se encontró su cuerpo

decapitado, con huellas de tortura, y su cabeza fue encontrada detrás de las

oficinas de la estación de noticias Imagen del Golfo, en Boca del Río, con una nota

escrita que decía: "Los amigos también pueden traicionarte. Atentamente,

Carranza."

Juan Carlos Carranza, un ex oficial de la policía de tránsito y, al parecer líder local

de Los Zetas, quien había sido señalado por el entonces procurador Reynaldo

Escobar como el principal sospechoso del asesinato de la familia López Velasco.

El caso sigue abierto, y las motivaciones del crimen aún no están claras. El día

después del asesinato, el fiscal general Reynaldo Escobar dijo que el homicidio de

Ordaz era un ajuste de cuentas entre bandas del crimen, pero no presentó ninguna

prueba. Otras publicaciones también visibilizaron similares alegatos. Notiver

editorializó públicamente la renuncia de Escobar por esas declaraciones. Pocos días

después del crimen, Fuerzas del ejército mexicano mataron a dos presuntos

miembros del cártel de drogas, y el fiscal dijo que uno de ellos tenía una

identificación de Yolanda Ordaz. Además, fueron publicados anónimamente en

Internet, un par de videos acusatorios, mencionando a Ordaz como mediadora de

Los Zetas, hechos que jamás han sido comprobables, como refiere la nota firmada

por Tim Johnson para McClatchy Newspapers, en donde también cita declaraciones

de conocidos de Yolanda Ordaz que niegan con vehemencia tales señalamientos.

(Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Yolanda_Ordaz_de_la_Cruz).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció desde hace

cuatro años que investigaría el asesinato de Yolanda Ordaz, pero el caso sigue sin

ningún avance. (Periodico La Jornada). También la directora general de la UNESCO,

Irina Bokova, condenó el asesinato de la periodista mexicana: "Este último caso

demuestra (...) un aumento mundial de la tendencia a atacar a periodistas mujeres,

algo que me preocupa mucho", declaró Bokova en un comunicado publicado unos

días después del homicidio, sin embargo, todo ha sido infructuoso para dar con los

autores de este crimen. http://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/unesco-

condena-el-asesinato-de-la-periodista-yolanda-

ordaz,3bc91d47603df310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html

Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, Xalapa, 28 abril 2012.

Invest. Minist. 19/2012/PC, radicada en la Agencia Primera del MP, adscrita a

la Dirección General de Investigaciones Ministeriales.

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Actualmente el C. Jorge Antonio Hernández Silva purga una pena de 38 años

acusado de cómplice. Sigue prófugo el supuesto autor material del homicidio,

José Adrián Hernández Domínguez. Sin embargo, ni el ADN, ni las huellas

dactilares o las muestras de sangre encontradas en la escena del crimen

coincidían con ninguno de los acusados.

Tanto Regina Martínez, como el reportero Cecilio Rodríguez Domínguez, del

Semanario Proyectos, desaparecido en Chinameca el 11 de mayo de 2012,

escribieron sobre la balacera del 17 de abril del 2012, en que fue detenido el

alcalde panista de Chinameca, Martin Padúa Zúñiga.

Regina Martínez fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio ubicado en la

colonia Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de Xalapa. Una vecina reportó que la

puerta de su casa había permanecido abierta desde la mañana de ese día. Al acudir

al lugar, la policía halló el cadáver en el piso del baño con huellas de golpes. Los

reportes oficiales señalaron que Martínez fue torturada y golpeada severamente

antes de morir. La necropsia realizada posteriormente reveló que la causa de

muerte fue asfixia por estrangulamiento y que falleció entre las cuatro y cinco de la

madrugada.

Tras su muerte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ordenó una

«investigación exhaustiva» y prometió que se investigaría «hasta las últimas

consecuencias». Luego de esta declaraciones, la redacción de Proceso afirmó:

«Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz,

Proceso es escéptico [...] No les creemos y se los hicimos saber».

Menos de dos meses después se filtró información relacionada con el caso,

señalando al asesinato como un crimen pasional, versión que todos los colegas

reporteros que la conocían no creen porque Regina era conocida por su discreción

y seriedad. Sin embargo, el 30 de octubre de ese año, derivado de la investigación

19/2012/PC se arrestó a Jorge Antonio Hernández Silva —alias El Silva— acusado

del asesinato y se aseguró la participación de José Adrián Hernández Domínguez

—alias El Jarocho— quien permanece prófugo.

Hernández confesó haber cometido el asesinato y declaró que la reportera conocía

a Domínguez, por lo que les permitió ingresar a su residencia en la noche del

asesinato. Según la declaración de Silva dada a conocer por la PGJ, tras conversar,

Domínguez comenzó a golpear a Martínez con la intención de que revelara donde

escondía sus pertenencias más valiosas y su dinero, pues según comentó en su

momento la ex vocera del Gobierno del Estado, Gina Domínguez, Regina recién

había cobrado su liquidación en el Diario Política. Después de asesinarla, robaron

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diversos objetos de valor y dinero hallado bajo un colchón y huyeron del lugar,

refirió la Procuraduría cuando presentó al acusado a los medios informativos.

No obstante, tras ser presentado ante un juez, Hernández Silva se retractó y

declaró haber firmado la confesión bajo tortura mediante choques eléctricos en los

testículos. «Sí he robado pero nunca he matado a nadie», declaró, además acusó a

las autoridades veracruzanas de amenazarlo a él y a su madre.

La declaración era la única evidencia en su contra, pues ni el ADN, las huellas

dactilares o las muestras de sangre coincidían con las suyas. Fuentes cercanas al

Comité para la Protección de los Periodistas —CPJ, por sus siglas en inglés—

señalaron que las muestras de sangre de la escena del crimen no coincidían con

ninguno de los criminales presentes en la base de datos nacional. El CPJ mantenía

la versión de que el caso fue fabricado y que Silva fue empleado como chivo

expiatorio.

El 9 de abril, Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de prisión, además de una

multa de 80 mil pesos como reparación de daño por el homicidio y robo contra de

la reportera. En agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revocó la

sentencia al considerar que se violaron las garantías de Hernández, por lo que fue

puesto en «libertad por fallas en la justicia» por once meses, hasta que el mismo

tribunal resolvió recapturarlo para que cumpla la pena. Actualmente el caso sigue

abierto, según ha mencionado el fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, pues el

principal acusado, José Adrián Hernández Domínguez, sigue prófugo.

Hasta la fecha, las autoridades ministeriales han ignorado investigar la hipótesis

que refiere el trabajo periodístico de Martínez Pérez, pese a que en las últimas

semanas publicó en la revista Proceso, temas sobre la corrupción y el abuso del

gobierno, además escribió extensos reportajes sobre el crimen organizado y el

narcotráfico en el estado. Una de sus últimas publicaciones fue un perfil político de

Reynaldo Escobar Pérez y Alejandro Montano, dos candidatos del Partido

Revolucionario Institucional —PRI— a diputaciones federales.

También escribió sobre el arresto por parte de la Armada de México de nueve

policías acusados de trabajar para organizaciones de narcotráfico, el arresto de un

líder de Los Zetas conocido como Comandante Chaparro y una historia sobre

Martín Padua Zúñiga, entonces alcalde del Partido de Acción Nacional —PAN— del

municipio de Chinameca, arrestado, luego de un enfrentamiento con el Ejército

Mexicano, por nexos con narcotráficantes. (Fuente

https://es.wikipedia.org/wiki/Regina_Mart%C3%ADnez)

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Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver; Guillermo Luna Varela, fotógrafo

de Veracruznews; Esteban Rodríguez Rodríguez, fotógrafo de AZ; e Irasema

Becerra, empleada de El Dictamen y pareja sentimental de Luna Varela.

Veracruz, jueves 3 de mayo de 2012.

Invest. Minist: 519/2012/5 Agencia Quinta del MP en Veracruz, Ver. Sin

problable responsable. Mediante oficio PGJ/OP/7871/2012, el procurador

remitió el caso a la Procuradora General de la República, Marisela Morales

Ibañez, sin que hasta la fecha haya respuesta alguna.

Los tres fotógrafos estaban incluidos en una lista con 13 nombres de

periodistas de Veracruz que estaban amenazados de muerte. Ricardo

González, oficial de seguridad y protección de Artículo 19, afirmó que incluyó

la lista como parte de un informe que entregó en octubre del 2011 a la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde estuvieron

presentes personal de la PGR, de la Presidencia de la República y de la Segob.

Nadie les brindó protección.

Los cuerpos descuartizados de los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela

y Esteban Rodríguez fueron localizados junto con el de Irasema Becerra, confirmó

la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Estaban reportados como desaparecidos

desde las tres de la tarde del día anterior, cuando compañeros de otros medios en

el puerto los buscaron para cubrir un accidente vial en la ciudad.

"Por las características del crimen se presume la participación de la delincuencia

organizada en la comisión de estos homicidios, por lo cual se solicitará a la

Procuraduría General de la República la atracción del caso", detalla el comunicado

de la PGJ publicado para informar de los pormenores. Los cuerpos fueron hallados

en cuatro bolsas, estaban desmembrados y con señales de tortura.

Las autoridades inicialmente solo confirmaron la muerte de Huge y Luna Varela. En

un segundo comunicado, la PGJ informó la identidad de los otros dos cuerpos. Uno

pertenecía a Esteban Rodríguez, quien trabajaba como soldador en un taller

mecánico, pero que hasta agosto del 2011 laboró en un diario local AZ, propiedad

del empresario Oscar Rodríguez Hernández, y el cual hasta la fecha se niega a

reconocer que el fotógrafo era parte de sus trabajadores. El otro era el de Irasema

Becerra, pareja sentimental de Guillermo Luna, que se desempeñaba como

secretaria en El Dictamen.

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Luna Varela trabajaba como fotógrafo para la página veracruznews.com.mx y Huge

"se dedicaba a actividades particulares", tras haber renunciado al Diario Notiver.

hasta julio del 2011, cuando fue asesinada la periodista del mismo medio, Yolanda

Ordaz.

Los tres fotógrafos estaban incluidos en una lista con 13 nombres de periodistas de

Veracruz que estaban amenazados de muerte. La lista circuló a través de redes

sociales desde mediados del 2011 y hasta hora no está confirmado quién la

elaboró pero fue usada por directivos de diversos medios para obligar a reporteros

de la fuente policiaca a salir de la ciudad o reubicarse en otros estados.

En esas fechas, Ricardo González, oficial de seguridad y protección de Artículo 19,

afirmó que incluyó la lista como parte de un informe que entregó en octubre del

2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación

de los periodistas en México en una reunión en la que hubo representantes de la

PGR, de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Hasta el momento no hay un solo detenido por este cuádruple homicidio, ni

tampoco hay indicios de quiénes podrían haber sido los autores materiales del

crimen que cimbró a la comunidad reporteril por su salvajismo.

Víctor Manuel Báez, editor de Reporteros Policíacos y Milenio Veracruz,

Xalapa, 13 de junio 2012.

Invest. Minist. 029/2012/PC, radicada en la Agencia Primera del MP, adscrita a

la Dirección General de Investigaciones Ministeriales. En fecha 30 de Octubre

de 2012 se realizó acuerdo para que fuera atraído el caso por la PGR. El

entonces procurador, Amadeo Flores Espinosa adjudicó el homicidio a Juan

del Ángel Torres y Daniel Reynoso, presuntos Zetas, quienes murieron

durante una balacera en la Ciudad de Xalapa, ocurrida el 19 de junio del 2012.

Editor de la nota roja en el periódico Milenio El Portal, Víctor Manuel Báez también

integraba una agencia noticiosa especializada en temas policiacos.

La noche del 13 de junio de 2012, un grupo de desconocidos lo sacaron de sus

oficinas ubicadas en la colonia Laureles de Xalapa. Una asistente había ido a la

tienda y al regresar observó cuando un grupo de encapuchados se lo llevaba sin

dar tiempo a nada.

Las investigaciones y testimonios refieren que desde días antes había recibido

llamadas amenazantes algunas de las cuales habían escuchado las personas que

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trabajaban con Báez y el equipo de reporteros de nota roja. No pidió protección

pero sí puso en antecedentes de los hechos a la coordinadora de Comunicación

Social del Gobierno del Estado, Gina Domínguez.

Horas más tarde, la madrugada del 14 de junio, el cuerpo de Báez fue localizado

mutilado y con un mensaje en el que el grupo delictivo “los Zetas” se atribuían el

crimen.

El 30 de junio de ese mismo 2012, durante un operativo, la policía localizó a una

banda en un hotel y una casa de seguridad. En total fueron detenidas nueve

personas entre los que presumían podría estar el o los homicidas del reportero.

Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el entonces procurador de Justicia,

Amadeo Flores Espinosa informó que los asesinos de Víctor Báez habían muerto

durante un enfrentamiento ocurrido muy cerca de las oficinas donde un mes antes

había sido levantado.

Y sin explicar cómo había llegado a tales conclusiones, sólo dijo que los

responsables fueron identificados como Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso,

quienes murieron durante la refriega ocurrida el 19 de junio.

Para la autoridad, con esa conclusión no volvió a tocar el tema del comunicador ni

de su asesinato y aparentemente no fue turnado a la PGR a pesar de que “los

Zetas” se atribuyeron su secuestro y muerte.

Gregorio Jiménez de la Cruz, fotógrafo de Notisur, Coatzacoalcos, 5 de

febrero 2014.

Inv. Ministerial Coat/058/2014 radicada en Coatzacoalcos. Purgan condena

acusatoria Teresa Hernández, autora intelectual, así como José Luis Márquez

Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan

Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández. Todos acusan

tortura y esperan obtener su libertad mediante un amparo. Sin embargo,

nunca se investigó el por qué el cuerpo del periodista fue hallado junto al de

un líder sindical levantado a plena luz del día.

La mañana del 5 de febrero de 2013, un comando armado irrumpió en la vivienda

del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, justo cuando se preparaba para llevar a

sus hijos a la escuela. Goyo, como le decían sus compañeros, vivía en la comunidad

Allende, del municipio de Coatzacoalcos.

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La búsqueda, por parte de las autoridades de aquella región, siguió durante seis

días hasta que una semana y media después la entonces Procuraduría General de

Justicia dio a conocer que habían detenido a Teresa de Jesús Hernández Cruz,

vecina de Gregorio y quien era dueña de un bar.

En el lugar donde fue hallado el cuerpo del reportero veracruzano, Gregorio

Jiménez, también fue encontrado sin vida Ernesto Ruiz Guillén “El cometierra”,

secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio

de Villa de Allende, Veracruz, quien permanecía secuestrado desde el 18 de enero

de ese mismo año, luego de ser levantado en una protesta, hecho del que el

periodista Gregorio Jiménez dio cuenta en sus textos en Notisur.

Ruiz Guillén participaba en una asamblea que se estaba llevando a cabo en la casa

del conocido líder sindical Leonardo Mendoza alias "el Chaquira", donde según

transcendió posteriormente acababan de participar en un evento llevando a un

numeroso grupo de choque compuesto por varios obreros, que llegaron a bordo

de cinco autobuses armados con palos a la entrada de la Laguna de Pajaritos,

donde al parecer se encontraba una manifestación de camioneros.

Al poco rato llegaron hasta ese lugar hombres armados, que intentaron plagiar a

tres de ellos, entre los que figuran Leonardo y Ernesto, pero el primero logró darse

a la fuga, no así Ruiz Guillén, que al intentar correr recibió dos proyectiles de arma

de fuego que se le alojaron en las piernas, lo que le impidió siguiera corriendo, fue

así levantado por sujetos que se lo llevaron con rumbo desconocido. Este vínculo

no ha sido investigado por las autoridades, pues solamente han indagado sobre la

hipótesis que inculpa a la dueña del bar.

Según la investigación ministerial, la esposa de Gregorio, Carmela Hernández, días

antes había presenciado una discusión entre su esposo, Gregorio y Teresa de Jesús

Hernández, quien lo amenazaba por publicar una información sobre el bar en uno

de los medios para los que publicaba.

La información refería que en el bar trabajaban mujeres menores de edad,

explotadas por Teresa Hernández y que al parecer eran centroamericanas. Además,

días antes un vecino de la zona había sido apuñalado en el interior del bar y

también lo había reportado para el periódico “Notisur”.

Con Teresa fueron detenidas 5 personas más, José Luis Márquez Hernández, Santos

González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez

Hernández y Gerardo Contreras Hernández, sin embargo los vicios en el proceso y

lo que aparentemente pudiera ser un resquicio dejado adrede por las autoridades,

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pues el juzgado Noveno de Distrito, con cabecera en Coatzacoalcos, otorgó un

amparo para que se haga una revisión del caso, ya que los inculpados alegan

violaciones a sus derechos humanos a lo largo del proceso.

Los señalados -en la petición del amparo- dicen que fueron torturados física y

psicológicamente desde el primer momento en que fueron detenidos por personal

de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) que en ese entonces

comandaba Amadeo Flores Espinosa. Con este antecedente, podrían alcanzar la

libertad en cualquier momento.

Las autoridades no quieren reconocer que la muerte de Gregorio fue por el

ejercicio periodístico, por el contrario, la entonces vocera del Gobierno del Estado,

Gina Domínguez Collío, dijo que lo habían asesinado por “problemas de vecinos y

familiares” ya que Teresa Hernández es madre de la novia del hijo de Goyo.

Moisés Sánchez, director de La Unión, Medellín de Bravo, enero 2015.

Inv. Ministerial 01/E/2015 radicada en la Dirección de Investigaciones

Ministeriales de la FGE. El presunto autor intelectual, el alcalde de Medellín,

Omar Cruz Reyes, se encuentra prófugo en espera de conseguir un amparo.

El cadáver del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, --quien estaba desaparecido

desde el 2 de enero de este año, luego de que desconocidos lo secuestraron de su

domicilio, entrando con lujo de violencia hasta su recámara, en la comunidad El

Tejar, municipio de Medellín de Bravo--, fue encontrado la madrugada del sábado

24 de enero del presente en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, informó el

Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras. Su familia inmediatamente reportó el

secuestro a la Policía Municipal, pero extrañamente no prestaron el auxilio.

En conferencia de prensa, el Fiscal dio a conocer que, como parte de las diligencias

derivadas de la investigación ministerial 01/E/2015, ubicó a Clemente Noé

Rodríguez Martínez, integrante de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca

del Río-Medellín, como uno de los que participó en el secuestro del director y

editor del periódico La Unión, de Medellín de Bravo.

Señaló que en su confesión, Rodríguez Martínez señaló al alcalde panista de

Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio de

Moisés Sánchez, con quien tenía diferencias, por los señalamientos que hacía el

reportero sobre hechos de inseguridad en la zona.

15

Durante la conferencia de prensa, Bravo Contreras presentó un video donde se

observa a Rodríguez Martínez, en compañía de un abogado defensor, confesar

haber participado junto con otras cinco personas en el secuestro de Sánchez

Cerezo y en los hechos en los que se le dio muerte.

En el video, Rodríguez Martínez relata que la muerte de Moisés Sánchez se produjo

por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal

de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar

Cruz Reyes, a petición de este último.

Después de narrar cómo secuestraron al periodista en su casa y cómo se alejaron

del lugar, Noé Rodríguez dijo: “El Moi se le subió al señor y El Harry sacó un

cuchillo que traía, yo creo, ahí en la camioneta.

“El Harry empezó a cortarle el cuello, ya se lo cortó por completo y ya me dijo

textualmente: “ya cumplimos con la orden que había dado el alcalde de Medellín

de Bravo”.

Además de Rodríguez Martínez, quien era miembro de una banda dedicada a la

venta de droga en Medellín de Bravo, la PGJ identificó a otros inculpados en la

sustracción de Moisés Sánchez, con los alias El Harry, El Chelo, El Piolín, El Moi y

José Luis Olmos, alias El Olmos, ex miembro de la policía intermunicipal.

El 26 marzo, el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes fue relevado de su fuero por

decisión unánime del Congreso del Estado de Veracruz, y un mes después se giró

una orden de aprehensión como presunto responsable del homicidio de Sánchez

Cerezo. Según su abogado defensor, Sergio Vaca Betancourt, está en Nueva York,

en espera de tener un amparo que le permita regresar.

En tanto, el 11 de septiembre, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos

cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atraerá la investigación del

caso de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, porque concluye que su

principal actividad era la de taxista y no el periodismo.

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto el 1 de abril por la organización

Artículo 19, la Procuraduría General de la República (PGR) –de la que depende la

FEADLE- expone que no hay elementos suficientes para sostener que la privación

ilegal de la libertad y el posterior asesinato de Moisés se deba a su condición de

periodista, pues según sus propias conclusiones, esta labor la ejercía de manera

esporádica, con esa postura, la Fiscalía se alinea a la postura que desde el inicio

mantuvo el gobernador Javier Duarte de decir que Sánchez Cerezo era taxista. Esto,

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a pesar de que Artículo 19 documentó que según el artículo 10 del Código Federal

de Procedimientos Penales, el caso de Moisés aplicaba en al menos seis de los 10

supuestos bajo los cuales la FEADLE puede atraer delitos contra la libertad de

expresión.

Armando Saldaña, locutor de La Ke Buena, Tezonapa, mayo 2015.

En Oaxaca, el viernes 22 de mayo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)

de la Procuraduría de Justicia detuvo en el municipio de Acatlán, a Juan

Carlos de la Cruz Vergara, de 25 años de edad. Sin embargo, familiares del

comunicador denunciaron múltiples irregularidades en la integración de la

averiguación.

Armando Saldaña Morales, periodista y locutor veracruzano, fue asesinado el

domingo 3 de mayo de 2015 en la zona cañera donde confluyen los estados de

Oaxaca y Veracruz. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura y cuatro

orificios de bala en la nuca. Armando Saldaña, conductor del programa radiofónico

La Grilla Punto y Debate en la estación Ke Buena, de Tierra Blanca. Colaboraba en El

Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca.

Las investigaciones policiacas revelaron que el comunicador fue interceptado

cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Laguna Chica, en el municipio

de Tezonapa, Veracruz. Según reportes oficiales y de corporaciones policiales, su

cuerpo fue localizado en una parcela entre las comunidades de Morelos y La

Aurora, en el municipio oaxaqueño de Cosolapa, Oaxaca, razón por las que las

autoridades veracruzanas se negaron a intervenir. “Armando era un periodista muy

frontal. Daba información veraz, muy fuerte. No se mordía la lengua. Si hablaba de

cañeros, decía lo que pensaba, aún y cuando ese es uno de los temas delicados en

la zona de Tierra Blanca, porque hay grandes intereses de dinero y de poder”,

señaló un reportero en anonimato por temor a represalias en un municipio donde

el crimen organizado tiene en el secuestro de migrantes y en el robo de

combustible a Pemex. En la zona, hay presencia de bandas delincuencias que se

dedican a robar combustible.

En Oaxaca, el viernes 22 de mayo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la

Procuraduría de Justicia detuvo en el municipio de Acatlán, a Juan Carlos de la Cruz

Vergara, de 25 años de edad, a quien señaló como presunto responsable del delito

de homicidio calificado con agravante de ventaja, en agravio de Armando Saldaña,

en cumplimiento a la orden de aprehensión Causa 147/2015 librada por el Juez de

Garantías de San José Cosolapa. Su asesinato no ha sido esclarecido aún, y su

familia quedó sin su principal proveedor.

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Juan Mendoza Delgado, director de Escribiendo La Verdad, Medellín de Bravo,

1 de julio de 2015.

No hay responsables del caso.

El periodista veracruzano Juan Mendoza Delgado, director general del portal de

noticias Escribiendo la Verdad, fue asesinado el 1 de julio de 2015. Su cuerpo fue

localizado con huellas de violencia.

El informador trabajaba en Medellín, donde fue ultimado, municipio ubicado al sur

de la ciudad-puerto de Veracruz.

Lo último que se supo de él fue el martes 30 de junio, a las 16:00 horas, cuando

anunció que trabajaría como chofer de taxi, labor que combinaba con el

periodismo. Los familiares del periodista presentaron una denuncia ante la agencia

séptima, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, según informó Taide

Pavón, esposa del comunicador.

En el municipio de Medellín, el cuerpo de Juan Mendoza Delgado apareció

vendado y semidesnudo sobre la carretera la noche del 1 de julio, aunque la

Fiscalía de Veracruz insistió que el informador fue atropellado. Su asesinato no ha

sido esclarecido.

Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Distrito

Federal, 31 de julio 2015.

Fotógrafo y periodista mexicano de la agencia Cuarto Oscuro y la revista Proceso,

fue especialista en la cobertura de protestas sociales e investigación sobre la

corrupción del poder y su relación con el narcotráfico, trabajo por el que recibió

múltiples amenazas en Veracruz, estado del que salió en 2015.

Rubén Espinosa nació el 29 de noviembre de 1983 en la ciudad de México y fue

asesinado junto con cuatro mujeres el viernes 31 de julio de 2015, en el Distrito

Federal (DF). Todos los cuerpos mostraban huellas de tortura y el tiro de gracia.

El fotoperiodista, en entrevista otorgada al canal de televisión RompeViento, culpó

al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de las amenazas recibidas, así

como de las agresiones perpetradas contra manifestantes y ciudadanos molestos

por la forma de gobierno en esa entidad.

https://www.youtube.com/watch?v=wnA1HKwmpSw

18

“Salí de Veracruz porque el seis de junio de 2015, supe que estaba siendo vigilado

por hombres vestidos con bermudas y playeras deportivas, de procedencia

norteña.

El 14 de septiembre de 2013, mientras documentaba un violento desalojo de

maestros y alumnos en la Universidad Veracruzana, Rubén y otros compañeros de

profesión fueron agredidos por las fuerzas de seguridad del estado y se les obligó,

sin éxito, a eliminar las imágenes de sus equipos digitales. De su autoría fue una

foto del gobernador Javier Duarte aparecida en la portada de la edición 1946 de la

revista Proceso (editada el 15 de febrero de 2014) que molestó especialmente al

gobernador por su mirada rencorosa y desafiante, aunque el mandatario negó que

la foto le molestara durante una entrevista con El Universal.

El 9 de junio de 2015 se autoexilió de Veracruz y regresó a su ciudad natal, la

Ciudad de México, debido a amenazas de muerte en su contra, en que varias

personas lo intimidaron con la frase: «Bájale o te va a pasar lo mismo que a Regina

Martínez», periodista asesinada el 28 de abril de 2012.

El proceso judicial de las investigaciones (FBJ/ BJ-1/T2/4379/15-07), es un claro y

reciente ejemplo del pésimo sistema de investigación para esclarecer su homicidio,

pues el expediente está lleno de irregularidades diversas: se restó importancia a la

posibilidad de que su asesinato estén relacionados con su trabajo como

fotorreportero y a las amenazas que recibió.

En su asesinato se ha dado más relevancia a la hipótesis de que se trató de un

asalto; se criminalizó a las víctimas en función de su nacionalidad, su sexo y su

oficio. En este momento, se menciona la posibilidad de que el narcotráfico de

Colombia esté vinculado a la muerte de fotorreportero.

El 12 de septiembre fue detenido el tercer implicado, César Omar Martínez

Zendejas, quien fue ingresado al Reclusorio Norte. El diario La Razón informó que

el sujeto de 32 años de edad, detenido el pasado viernes en la delegación

Coyoacán, era empleado de la tienda Zara, esto en la plaza comercial ubicada en

Avenida Patriotismo, en la colonia San Pedro de los Pinos. Aceptó haber

participado en los hechos de la colonia Narvarte, pero niega haber asesinado a las

cinco personas.

Cabe destacar que el ex policía capitalino, Abraham Torres, segundo detenido por

el multihomicidio, declaró ante el Ministerio Público que “El Yuye o El Omarcito”

era parte del grupo criminal de “Los Zetas”.

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El primer detenido por el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fallecieron

el fotoperiodista Rubén Espinoza, la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro,

Mile Virginia Martin y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete Avilés, es Daniel

Pacheco Gutiérrez, de 41 años, quien estuvo internado en el 2000, en el Reclusorio

Preventivo Norte, por los delitos de robo y violación, indicó la PGJDF en un

comunicado.

Juan Heriberto Santos Cabrera, ex corresponsal de Televisa. Orizaba, 13 de

agosto de 2015.

Sin responsables, Una semana antes a través de una manta se amenazó a

periodistas de Orizaba.

Un grupo armado entró la madrugada del jueves, 13 de agosto, a un bar en la

ciudad de Orizaba, Veracruz, y mató a seis personas, entre ellas el reportero Juan

Heriberto Santos Cabrera, ex corresponsal de Televisa.

Según un comunicado, la Fiscalía de Veracruz identificó entre los fallecidos a José

Márquez Balderas, “El Chichi”, al que calificó como jefe de plaza de Los Zetas;

Sergio Felipe Mendoza Morgado; Alberto Rodríguez Romero; José Eduardo Castillo

Romero y una persona más que todavía no ha sido identificada.

De acuerdo con la dependencia estatal, en las primeras indagatorias se obtuvieron

testimonios que señalan que el grupo armado se dirigió directamente a esas seis

personas y las ametralló.

Sin embargo, de acuerdo con Imagen del Golfo, existe una versión que apunta que

el reportero iba saliendo del bar, y al darse cuenta de que iban a ejecutarlo, intentó

huir, pero fue alcanzado unas calles más adelante.

La matanza en el bar la Taberna estaba anunciada. Del fin de semana anterior,

periodistas y miembros de la delincuencia organizada fueron amenazados por

medio de mantas que aparecieron en Córdoba y Fortín, firmadas por Cárteles

Unidos, Grupo Antrax, Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, aunque en los

hechos, el Cártel de Jalisco y Sinaloa sostienen una rivalidad.

En las narcomantas, se lanzó amenaza de muerte contra “El Felino” y “El Chichi”,

asesinados en La Taberna, y otros más.

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En la manta se les acusa de “presionar a la sociedad para que saquen al Mando

Único que puso fin a su control con las policías municipales”, pero “si se van ellos,

aquí estamos nosotros”.

En la misma se expone: “queremos conocer también a los reporteros de los medios

informativos que trabajan para ustedes, ahí estaremos a las 11 de la mañana a

donde los están citando para saber quienes son y luego no digan porque pasan las

cosas y le echen la culpa al gobierno“.

Otros dos reporteros, estaban en el lugar, pero no fueron atacados. Sin embargo,

José Abellá, propietario del medio donde laboraban los despidió, pues sin

comprobar los hechos, sostuvo que estaban en la misma mesa que los hombres

acribillados.

REPORTEROS DESAPARECIDOS:

Evaristo Ortega Zárate, director del semanario Espacio, desaparecido en

Xalapa el 19 de abril de 2010.

Editaba el semanario Espacio en el municipio de Colipa. Lo último que se conoció

es que fue “levantado” por elementos de Seguridad Pública en pleno periodo

electoral, el 19 de abril de 2010.

Su hermana, Irene Ortega, recibió varios mensajes en los que él aseguraba haber

sido arrestado por la policía en Xalapa, la capital del estado. Desde entonces, no se

tienen noticias de él.

“Avísale a todos”, “nos llevan detenidos”, “nos llevan en patrulla hacia Veracruz”,

señalaba el mensaje que Evaristo Ortega Zárate envió a su hermana. A partir de ese

momento su familia lo busca en vano. La policía local ha negado desde entonces

estar involucrada en el asunto. La entonces Procuraduría General de Justicia del

Estado abrió la investigación, pero hasta la fecha sigue sin resolverse. Lo único que

se supo después es que un comando de supuestos policías que, utilizando patrullas

semejantes a las de la policía de Veracruz, “levantó” al periodista Evaristo Ortega

Zárate y Francisco Mota Uribe, lo mismo que al señor Andrés Anglada Morgado, de

Nautla, los tres aspirantes aspiraban a ser candidatos del PAN a alcaldes.

Según la columnista Claudia Guerrero, primero la PGJV reunió los elementos para

integrar la investigación ministerial en contra de Fernando Hernández Masegoza,

21

ex alcalde panista de Colipa, quien supuestamente había amenazado a Evaristo

Ortega, pero aguantarían la orden de detención hasta que diera inicio formal la

campaña de gobernador en ese año, con el fin de asestar un golpe mediático a sus

enemigos políticos de Acción Nacional.

Pero, dice Guerrero, la investigación llegó hasta la Secretaría de Educación de

Veracruz, cuando estaba a cargo de Víctor Arredondo Álvarez. Allí, se conoció que

Fernando Hernández Masegoza, conservaba una plaza de profesor, que desde

varios años antes, gozaba de una comisión y se encontraba asignado al área de la

Oficialía Mayor de la SEV, cuyo titular era el ahora diputado federal Edgar Spinoso

Carrera. Según Claudia Guerrero, Hernández Masegoza habría estado sirviendo a

los intereses de la SEV, en la zona de Misantla, pues la SEV sirve como estructura

de base para la estrategia electoral del partido oficial.

Este hecho, involucraría también a Julio Vélez Hernández, quien era encargado de

la agenda y responsable de decisiones trascendentales de Arredondo, éste

personaje fue ubicado durante la investigación ministerial como soporte político de

Hernández Masegoza, y protector junto con Edgar Spinoso. (Fuente Proceso y

http://www.periodicoveraz.com/nota.php?id=5388)

Gabriel Fonseca Hernández “Cuco”, reportero del Diario de Acayucan,

desaparecido desde en Acayucan el 17 de septiembre de 2011.

Familiares de Manuel Fonseca Hernández fueron quienes denunciaron la

desaparición del reportero de la fuente policiaca del periódico El Mañanero de

Acayucan (propiedad de Fernando Kuri, asesor del diputado federal Jorge Carvallo

Delfín), quien contaba apenas con 19 años de edad.

De acuerdo con los familiares, Fonseca Hernández desapareció desde el sábado 17

de septiembre de hace cuatro años, cuando salió de su domicilio para cubrir un

evento del periódico y ya no regresó ni se comunicó a la redacción del diario.

El padre del joven reportero, Juan Fonseca Aguirre, presentó en ese entonces la

denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de Acayucan, ante

el temor que “algo malo le haya sucedido”, dijo. La denuncia ante las autoridades

judiciales quedó registrada con el número de averiguación previa ACA/621/2001.

Apenas el viernes 26 de septiembre, los padres del joven periodista y colegas de

Acayucan, realizaron una protesta en la Fiscalía General y bloquearon la calle de

Enríquez para exigir el esclarecimiento del caso.

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Indicaron que, posterior a la desaparición del periodista, en Acayucan localizaron

cuerpos en fosas clandestinas, por lo que ahora exigen que el ADN del reportero

sea cotejado con el de sus papás.

“De esta manera sabremos si entre los cadáveres estaba el de Gabriel Manuel

Fonseca”. Hasta el momento, el caso está estancado. (Fuente Proceso y Plumas

Libres)

Cecilio Rodríguez Domínguez, del Semanario Proyectos, desaparecido en

Chinameca el 11 de mayo de 2012.

Reportero de la revista “Proyecto de Chinameca” fue levantado la tarde del 11 de

mayo de 2012 en la calle 16 de septiembre frente a la gasolinera Cruz Verde, de

Chinameca por un comando armado a bordo de un carro rojo sin placas. No

obstante la denuncia de la desaparición del periodista la Procuraduría General del

Estado, no realizó ningún protocolo de búsqueda, y archivó su caso. Su

desaparición se dio en el contexto de una oleada de secuestros en el municipio,

luego de la detención del alcalde Martín Padua acusado de nexos con el crimen

organizado. A la fecha no se sabe de su paradero.

Después de la agresión, sus familiares repartieron volantes donde sus padres solo

quieren saber dónde está, porque ellos temen del papel del gobierno del Estado,

en relación con la criminalidad imperante en la región.

Cecilio Rodríguez Domínguez cubría la fuente policiaca en los momentos en los

que la delincuencia organizada y las autoridades mostraban estar relacionadas. El

secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Arturo Bermúdez, en ese

entonces, señaló públicamente: “Antes se presumían de amistad con los zetas y

ahora ya no”.

Entre la información que difundió Cecilio Rodríguez estuvo la detención de Martin

Padua Zúñiga, ocurrida el 17 de abril de 2012, en posesión de 4 armas largas, 3

armas cortas, 3 granadas de mano, 23 cargadores, 433 cartuchos (CNN MEXICO),

acusado de delitos por delincuencia organizada. Su causa penal es 99/2012/V,

siendo alcalde por el PAN de Chinameca.

El alcalde fue detenido en una balacera en una casa de Minatitlán, donde fueron

asegurados, entre otro, el líder de los zetas, José Carmen Fragoso Martínez, alias El

Comandante Reyes” o “El conchas.”

23

Sin embargo, el 24 de diciembre del 2013, el edil fue liberado mediante un amparo.

Apenas salió, participó en un bloque de alcaldes panistas que se pasaron al PRI

para apoyar a Enrique Peña Nieto.

Miguel Morales, fotógrafo del Diario de Poza Rica, reportado como

desaparecido en Poza Rica desde el 19 de julio de 2012.

Cubría la fuente policiaca del Diario de Poza Rica, hasta 19 de julio del 2012. Esa

noche entrego su equipo periodístico en su empresa, señalando que por motivos

personales se ausentaría de la ciudad, ya no llegó a dormir a su casa. Al otro día su

esposa lo reportó como desaparecido. Su desaparición se documentó en el

expediente PZR/384/2012.

Con un dato anexo se sabe que en 2011, antes de su desaparición, ya había sido

interceptado por hombres armados quienes le propinaron una severa golpiza para

luego dejarlo en libertad.

El periódico “Noreste de Poza Rica” afirmó que ese año se intensificó la violencia y

que en Veracruz se empezó a vivir una guerra declarada y abierta del gobierno

estatal contra periodistas independientes. Puntualizó que los diferentes grupos

armados que dominan la entidad son los que colaboran con el gobierno estatal y

que en este sentido usan las más variadas formas de acabar con un reportero

“incómodo para el sistema”.

Sergio Landa Rosado, del Diario de Cardel, desaparecido en Ciudad Cardel,

municipio de Úrsulo Galván, desde el 20 de enero de 2013.

El reportero de información policiaca del Diario de Cardel (del consorcio

informativo del magistrado Edel Álvarez Peña), Sergio Landa Rosado, fue levantado

frente a las oficinas de su periódico el domingo 20 de enero de 2013. A las 4pm,

recibió una llamada y salió, dejando su computadora encendida con un texto

incompleto que terminaría al volver. Desde entonces se desconoce su paradero.

“Hablar de ‘su caso’, indagar sobre sus posibles captores, saber por qué (él), cómo

va su proceso de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Veracruz (PGJV), e intentar contactar a sus familiares, es toparse con un fuerte

edificado de miedo y silencio”. A dos años y 8 meses de su desaparición, nadie

quiere informar del caso, refiere Karla Lottini, reportera ahora exiliada en Canadá.

En un texto para Nuestra Aparente Rendición, menciona que a lo largo de semanas

--cuatro meses después de reportarse la desaparición--, intentó ponerse en

contacto con el responsable del área de Personas Desaparecidas de la entonces

PGJV, sin éxito. Incluso la solicitud de información a la Procuraduría,

24

supuestamente la remitieron directamente al gobernador Javier Duarte, hasta que,

finalmente, Guillermo Altamirano Bencomo, agente del Ministerio Público de la

Dirección de Investigaciones Ministeriales, declaró: “El artículo 348 del Código

Penal, me impide dar información sobre la averiguación ministerial de Landa”.

(Fuentes Blog Expediente Mx y Nuestra Aparente Rendición)

Anwar Israel Castillo Domínguez, integrante de Reporteros Policiacos,

desaparecido en Xalapa desde 2012. Raúl Alfonso Rivera, de Imagen de

Veracruz, desaparecido en Veracruz desde 2012.

De estos dos periodistas de información policiaca poco se sabe, solamente que

desde hace mucho tiempo se desconoce su paradero. En el caso de Raúl Alfonso

Rivera, algunos compañeros suyos han dicho extraoficialmente que fue levantado

por un comando armado, para luego desaparecer. Algunas versiones lo dan por

muerto, y otras dicen que está exiliado en Estados Unidos al peligrar su vida en

Veracruz.

Exiliados

Un tema complicado es el de los exilios, pues son innumerables y de diversas

maneras. Hay quienes cambiaron de ciudad pero siguen residiendo en Veracruz, u

otros que han salido del Estado y del País, pero no hay un reporte exacto por las

mismas condiciones de seguridad, o ellos mismos evitan el estatus de exiliado.

Por supuesto, las agresiones verbales, conatos de bronca, golpes como lo recién

sucedido la noche del 15 de septiembre con el fotógrafo Karlo Reyes Luna, son

hechos cotidianos en el ejercicio periodístico, exacerbados por la impunidad en

todos los casos donde se involucra el ataque a un reportero.

ATENTADOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Estalla un artefacto explosivo a unos pasos de la puerta trasera de

Televisa Veracruz. 9 de febrero de 2009.

En Marzo de 2010, arrojaron, en una calle lateral a sus instalaciones de

Televisa Veracruz, dos cuerpos con un video con un mensaje

intimidatorio.

Grupo armado incendia el diario “El Buen Tono” de Córdoba, 5 de

noviembre de 2011. No hay responsables detenidos.

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Un grupo de al menos 15 personas armadas llegó a bordo de un par de

camionetas y tras amenazar al guardia del periódico, ingresó en los primeros

minutos del domingo, 5 de noviembre, a las instalaciones para prenderles fuego,

las roció de gasolina e incendió en un hecho que sólo dejó daños materiales,

informaron autoridades estatales.

El incendio en el diario “El Buen Tono”, de la ciudad de Córdoba, con apenas un

mes de operaciones, dañó algunas áreas interiores y la fachada principal del

edificio, informó el subprocurador de Justicia de Veracruz, Enoch Maldonado.

El propietario es el empresario del transporte José Abellá, quien había sido

candidato panista a alcalde de Córdoba. (Fuente:

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/06/un-grupo-armado-incendia-las-

oficinas-de-un-periodico-en-cordoba-veracruz)

Balean Semanario Presente de Poza Rica, 2 de agosto de 2015. No hay

responsables detenidos.

Las instalaciones del semanario Presente fueron baladas e incendiado un vehículo

la madrugada del domingo de agosto, sin reportarse pérdidas humanas, su director

Jesús Villanueva Hernández procedió a interponer la denuncia correspondiente

ante la Fiscalía Regional de Justicia contra quien resulte responsable.

Este medio de comunicación, donde cuentan además con un portal de noticias,

ubicado en la calle 2 de abril número 201, de la colonia Manuel Dávila Camacho,

fue agredido con arma de fuego después de las 5:00 horas, según describen

testigos y al recuento de autoridades periciales con 18 impactos de bala dirigidos

hacia las oficinas de la redacción y a tres vehículos, así como el incendio de uno,

que son propiedad de la empresa.

En el domicilio del semanario Presente, habitan su director Jesús Villanueva y cinco

familiares más, quienes escucharon las detonaciones y el incendio del vehículo

pero resguardaron su integridad dentro de la vivienda, hechos que perduraron

durante más de media hora. El semanario Presente es una empresa familiar, con 17

años de difusión, con información periodística crítica. (Fuente:

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/balean-e-incendian-oficinas-del-

semanario-presente-en-poza-rica-en-la-madrugada-175620.html#.VgpRCOx_Oko)

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De la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas del Estado de

Veracruz (CEAPP)

Existe la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, creada por

iniciativa del gobernador Javier Duarte en noviembre del 2012, como respuesta a

las críticas tras los homicidios de cinco periodistas ese año y la desaparición de

otros tres, sin embargo, la secretaría ejecutiva quedó en manos de Namiko

Matzumoto, quien creó una estructura que absorbe el presupuesto destinado en

altos salarios de funcionarios con poca o nula experiencia práctica. De la misma

forma, la mayor parte de los consejeros son afines al gobierno estatal, por lo que si

bien la CEAPP ha asumido la asistencia de muchos periodistas despedidos, no

asume una contundente defensa del comunicador cuando el agresor es parte de la

infraestructura del Gobierno Estatal.

PLATAFORMA DE VINCULACIÓN DE PERIODISTAS VERACRUZ