Informe Chokokue Publicado por la CODEHUPY
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Coordinado ra Derechos Humanos Paraguay INFORME CHOKOKUE
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Coordinadora Derechos Humanos Paraguay
INFORME CHOKOKUE
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay es una Red que nuclea a 26 organizaciones sociales y no gubernamentales titulares y a 5 organizaciones adherentes.
Todos sus miembros tienen en común la defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos del acontecer nacional.
Es una asociación civil sin fines de lucro. Fue fundada en 1999. Es una institución no confesional y apartidaria.
Desde el año 1999, la Codehupy está a cargo de la elaboración y publicación el Informe Derechos Humanos en Paraguay.
Su publicación anual sirve de referencia para las organizaciones de la sociedad civil, al Estado, organismos internacionales, ciudadanía en general, medios de comunicación, etc.
CODEHUPY
INFORME CHOKOKUE
Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre las violaciones al derecho a
la vida en contra de miembros y dirigentes de
las organizaciones campesinas en el contexto de la lucha por la reforma
agraria en Paraguay (1989-2005).
Ventas de tierras del Estado
Oficina de Tierras Públicas 1875
Caída de la dictadura
LA LUCHA POR LA REFORMA AGRARIA EN PARAGUAY
Ocupación como estrategia de presión
DISTRIBUCIÓN DE TIERRA MÁS DESIGUAL DEL MUNDO
77%
6,1%
Ministerio de Agricultura y GanaderíaCenso 1991
1% E. A. + 1000 ha80,6% E.A. - 20 ha
En 15 años de transición democrática (1990 – 2004) se produjeron 895 conflictos de tierra.
CONFLICTOS DE TIERRA
Manifestaciones Públicas
Ocupación de tierras
privadas
Desalojos Violentos
Detenidos
571 370 357 7.296
La CODEHUPY denuncia que se produjeron al menos 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales, en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005.
Los atentados se dirigieron en contra de trabajadores rurales pobres, hombres, adultos jóvenes, vinculados a organizaciones campesinas o a luchas por acceder a la tierra y utilizaban como única lengua el guaraní.
El 45% de las víctimas carecían de tierra propia.Hechos que fueron incompatibles con una sociedad
democrática. Constituyen claras infracciones a la ley penal paraguaya perseguibles de oficio por el Ministerio Público, y son flagrantes violaciones al derecho a la vida.
EJECUCIONES ARBITRARIAS
La mayoría estaban vinculadas a una organización campesina, así también otros que eran solamente colonos o asentados, sin vinculación con una organización campesina y una minoría de niños.
El 84% de los casos se concentran en los ejes Norte (Concepción y San Pedro) y Este (Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú) de la región Oriental.
La tendencia general apunta a conservar una media anual de casos y a que el problema tiende a mantenerse y persistir, lo que es coherente con la existencia de causas estructurales y subyacentes que nunca fueron enfrentadas debidamente.
LAS VÍCTIMAS Y SUS LUCHAS
Gobierno Víctimas
Frecuencia
Andrés Rodríguez(3 de febrero de 1989 al 15 de agosto de 1993)
8 1 ejecución cada 206 días
Juan Carlos Wasmosy(15 de agosto de 1993 al 15 de agosto de 1998)
29 1 ejecución cada 63 días
Raúl Cubas Grau(15 de agosto de 1998 al 28 de marzo de 1999)
3 1 ejecución cada 75 días
Luis Ángel González Macchi(28 de marzo de 1999 al 15 de agosto de 2003)
27 1 ejecución cada 59 días
Nicanor Duarte Frutos(15 de agosto de 2003 al 26 de junio de 2005)
10 1 ejecución cada 68 días
Total 77
FRECUENCIA DE EJECUCIONES
En 53 casos son sindicados como victimarios guardias parapoliciales o sicarios.
En tanto que 22 ejecuciones arbitrarias están atribuidas a agentes de la Policía Nacional, ya sea en actuaciones oficiales (represión de manifestaciones públicas, desalojos o cumplimiento de órdenes de detención) como en atentados criminales perpetrados por agentes fuera de sus funciones oficiales, conjuntamente con sicarios.
Por último, 2 víctimas fallecieron por falta de atención médica estando bajo custodia del Estado tras ser detenidas por orden de la autoridad competente, imputados por un presunto delito derivado de un conflicto por el acceso a la tierra.
EL ACCIONAR DE LOS VICTIMARIOS
Causas judiciales por resultado
18 Casos no investigados, perdidos y no localizables
32 Casos abiertos y en proceso
9 Casos impunes y cerrados judicialmente
3 Casos cerrados con una condena judicial parcial
62 Total
LOS MECANISMOS DE IMPUNIDAD
En los 3 casos cerrados sólo se condenó a un pistolero, como único autor del hecho, sin que se investigaran a los autores morales o cómplices.
En el resto de los casos, el resultado de la intervención judicial fue la impunidad, consolidada de un modo constante.
Solamente en 4 causas se realizó una autopsia bajo supervisión de un médico forense acreditado y en 2 se hizo un peritaje balístico completo.
“En ninguna de las causas abiertas se investigó adecuadamente a todos los responsables del hecho.”
PUNTOS PARAENFRENTAR LA IMPUNIDAD
1• Justicia
2
• Revelación y reconocimiento de la verdad
3• Reparación
4• Garantías de no repetición
Militaba como dirigente de base en la comisión vecinal de sin tierras del asentamiento piray, aliada a la organización nacional campesina (onac ). fue ejecutado por un sicario, cuando venía a la capital para controlar el expediente de la expropiación ante el ibr. Por este hecho, la justicia condenó sin pruebas a un presunto pistolero de la zona a 6 años de prisión. Salió en libertad condicional a los 4 años. No se investigó a los autores morales.
CASOS
Pedro Antonio Balbuena Cohene(28 años)† 19 de abril de 1995Asentamiento Piray, Capitán Bado(departamento de Amambay)
Eran adolescentes que vivían con sus parientes, campesinos del asentamiento 29 de junio, ubicado en tierras expropiadas al latifundio CIPASA. Fueron ejecutados en un monte cuando una banda parapolicial atacó al grupo de mariscadores en el que iban las víctimas. El caso fue archivado porque la fiscalía no prosiguió con la investigación del hecho.
Arnaldo Gustavo Mendoza Romero Eduardo Gómez Delgado (15 años) (18 años)
† 29 de agosto de 1999 CASOS
Asentamiento 29 de junio, José Félix López ex Puentesiño (departamento de Concepción)
CONCLUSIÓN
Promover el reconocimiento de lo sucedido es un primer paso para detener los asesinatos y proteger
el espacio de participación política de las organizaciones campesinas que luchan por la
transformación de las injusticias de la sociedad
