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INFORME ANUAL SALA ADMINSTRATIVA Y ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013
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INFORME ANUAL
SALA ADMINSTRATIVA Y ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
2013
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DIRECTORIO
SALA ADMINISTRATIVA Y ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Alfonso Román Quiroz
Magistrado
Enrique Franco Muñoz
Magistrado Presidente
Rigoberto Alonso Delgado
Magistrado
María Hilda Salazar Magallanes
Secretaria General de Acuerdos
Andrey Omar Rubalcava Martínez
Secretario de Estudio Especializado en Materia Electoral
Rosalba Torres Soto
Miguel Ángel Ramírez Estévez
Juana Laura de Luna Lomelí
Secretarios de Estudio y/o Proyectistas
Alejandro Reyes Salabert
Titular de Actuaria
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INDICE PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………………….... 4
Creación de la Sala Administrativa y Electoral……………………………………………………..… 8
Nombramiento de los Magistrados de la Sala Administrativa y Electoral………………..9
Nombramiento del Magistrado Presidente…………………………………………………………...10
Reglamento interior de la Sala Administrativa y Electoral……………………………………..10
MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA…………………………………………………………………12
Respecto a la Materia Contenciosa Administrativa……………………………………………….12
Distribución de Asuntos………………………………………………………………………………………..12
Archivo General…………………………………………………………………………………………………….13
Oficialía de Partes, Área de Recepción y Consulta de Expedientes…………………………14
Personal de la Sala, su Integración………………………………………………………………………..15
Número de Asuntos Recibidos………………………………………………………………………………17
La Foto Infracción, un tema de relevancia social……………………………………………………19
Sesiones Celebradas en Materia Administrativa……………………………………………………22
Sentencias Definitivas……………………………………………………………………………………………24
Días Promedio para Dictar Sentencia…………………………………………………………………….25
Días promedio para el trámite de un juicio…………………………………………………………...26
Suspensiones…..……………………………………………………………………………………………………27
Resoluciones Interlocutorias………………………………………………………………………………...28
Amparos Interpuestos………………………………………………………………………………………..…29
Notificaciones Practicadas……………………………………………………………………………………32
Promociones Recibidas………………………………………………………………………………………...34
Acuerdos Dictados……………………………………………………………………………………………….34
Asuntos en Trámite………………………………………………………………………………………………35
Impacto Anual Laboral...……………………………………………………………………………………….35
Juicio en Línea……………………………………………………………………………………………………….36
DATOS ESTADÍSTICOS DE RELEVANCIA EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA..37
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MATERIA ELECTORAL………………………………………………………………………………………………….42
Capacitación…………………………………………………………………………………………………………42
Inicio del Proceso Electoral…………………………………………………………………………………..43
Atención Permanente para el Estricto Cumplimiento de la Legislación Electoral……44
Difusión, Agenda de Medios de Comunicación……………………………………………………..46
DATOS ESTADÍSTICOS DE RELEVANCIA EN MATERIA ELECTORAL…………………………………46
Recursos Recibidos………………………………………………………………………………………………47
Naturaleza de los Recursos Recibidos………………………………………………………………..…48
Acuerdos Dictados……………………………………………………………………………………………….53
Acuerdos Dictados que pusieron fin a juicio…………………………………………………………53
Días promedio para el trámite de recursos…………………………………………………………..55
Notificaciones………………………………………………………………………………………………………60
Sesiones Públicas Celebradas……………………………………………………………………………….61
Sentencias Dictadas y Recurridas………………………………………………………………………….64
Acumulación de Autos………………………………………………………………………………………….68
Comparativo con el Tribunal Electoral Anterior…………………………………………………….70
Conclusión del Proceso Electoral…………………………………………………………………………..74
Remisión de Tocas Electorales concluidos al Archivo General del Poder Judicial……74
Trasparencia…………………………………………………………………………………………………………75
CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………………………………………….76
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PRESENTACIÓN
La transparencia y la rendición de cuentas, así como los indicadores de gestión son
elementos básicos de la nueva función pública, la cual debe ser cada vez más eficiente,
para responder a la alta exigencia social, esta expectativa es aún mas alta cuando el
desempeño público es relativo a la realización de actividades jurisdiccionales pues la
facultad de decir el derecho al caso concreto implica una gran responsabilidad legal y
social, misma que se potencializa cuando esta labor jurisdiccional lo es en materia
electoral, toda vez que cualquier decisión o resolución de la autoridad competente no
afecta o beneficia sólo al individuo como lo es en otras ramas del derecho, sino que las
resoluciones emitidas en esta materia resuelven las controversias de partidos políticos y
asociaciones, generando un alto impacto a la colectividad social la cual en pleno ejercicio
democrático ha vertido su decisión en el libre ejercicio del sufragio y se debe actuar con
responsabilidad y cautela en la eficiente tutela de la voluntad popular, pues nos toca la
labor de garantizar la decisión ciudadana y legitimar los resultados en las urnas.
La creación de órganos jurisdiccionales en materia electoral y materia contenciosa
administrativa es producto de una intensa y larga lucha democrática, lo que en el presente
vemos con normalidad cotidiana, reviste una conquista social trascendente, en ese
sentido, en el ejercicio de nuestra función natural, no tiene cabida la improvisación, el
desanimo, los experimentos o los errores.
El derecho es por naturaleza evolutivo y dinámico, en sus ramas electoral y
contencioso administrativa lo es aún más, en virtud de la potencialización de los derechos
humanos en materia electoral, derivado de su alto contenido social y por el impacto a la
colectividad en las resoluciones que en este renglón se emiten, en materia administrativa
por resolver las relaciones entre la autoridad y la sociedad, permitiendo ser un autentico
contrapeso garante de la legalidad y de un sano equilibrio, es por eso que la capacitación y
la actualización constante, deben formar parte de una agenda permanente, misma que
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nos permita innovar y perfeccionar nuestro sistema y operación como órganos
jurisdiccionales, fortaleciendo la calidad de nuestras actividades y resoluciones.
En ese sentido en ambas ramas, se ha pugnado por buscar y poner en práctica
nuevos procedimientos, que coadyuven a que tengamos una justicia electoral y
administrativa no sólo más equitativa y transparente, sino ágil y de vanguardia, que
cumpla a cabalidad con la norma constitucional y que se encuentre al nivel de una
sociedad dinámica como la nuestra. Pero sobre todo, los que integramos el Pleno de la
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, hemos sido vigilantes de que
se cumplan a cabalidad los principios básicos de ser objetiva, cierta, equitativa, imparcial e
independiente.
A este cuerpo colegiado le queda claro que la administración de justicia se enfrenta
al desafío de la renovación y revitalización de sus instituciones, en ese tenor debemos
desarrollar al máximo nuestra capacidad para incrementar el sentido de innovación, de
competitividad, de descentralización, de la promoción de indicadores de gestión y de la
evaluación de nuestros resultados, conscientes de que como juzgadores estamos
permanentemente sujetos al escrutinio público.
En la actualidad, en nuestro país se percibe un avance vertiginoso y evolutivo en
diversos sectores, somos testigos de los cambios e implementación de la gran reforma en
la cual la administración de justicia no es la excepción, la reingeniería de la cual es objeto
el estado mexicano en materia de reformas estructurales ya no es más una previsión de
futuro, sino un escenario presente, practicas anquilosadas y retrogradas habrán de formar
parte de la historia al ser una realidad el proyecto reformista, en donde se contempla la
materia política, la materia electoral, la materia jurídica, así como la administración
pública lo que significa la gran reforma integral del estado mexicano.
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En ese sentido, es necesario recordar que a partir de 1977 se han realizado una
serie de cambios y reformas de fondo, pero si analizamos el caso concreto, muchas de
ellas proscritas a la materia electoral, por lo cual es fácil deducir que el continuo proceso
de reforma del estado mexicano ha tenido como preocupación toral la temática electoral,
no puede ser de otra manera pues todo país que se precie de ser democrático tiene que
cumplir con reglas mínimas que garanticen esta actividad mediante la cual el
conglomerado elige a sus representantes, se adhiere a partidos y asociaciones políticas o
bien, conforma autoridades electorales, en pleno uso de sus derechos conforme a los
principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, definitividad y de
objetividad.
En cuanto a la materia administrativa, esta importante rama del derecho se
comprende desde el sólo hecho de su trascendencia para el gobernado y su ámbito de
aplicación.
El ser humano es un ente social por naturaleza, se junta y convive con otros entes
de su misma especie, porque sólo en comunidad puede desarrollar su potencial e intentar
así obtener el máximo de beneficios posibles.
Estas comunidades, agrupaciones y demás, han pasado por una cadena evolutiva
que les ha permitido organizarse en Estados.
Etimológicamente hablando, la palabra “estado” tiene su origen en el latín status,
que en el derecho romano designaba la situación jurídica de una persona, en cuanto al
conjunto de derechos y obligaciones respecto de su familia, de los demás y de sí mismo.
Maquiavelo fue la primera persona en utilizar la palabra Estado, en su obra “el príncipe”
“…Todos los Estados, todas las soberanías que han ejercido y ejercen autoridad en los
hombres, han sido o son repúblicas o principados”.
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Pero es gracias a Montesquieu, que dicho término se difundió debido a su obra “ El
Espíritu de las Leyes”, de igual manera la definición dada por Hans Kelsen, entendemos
por Estado al “conjunto de normas que regulan la conducta mutua de los individuos, que
se caracteriza por un orden coercitivo, relativamente centralizado, y por instituir órganos
especiales para la creación y aplicación de sus normas” de ahí la gran trascendencia del
derecho administrativo; al hacer esta reflexión, relativa al Estado porque el derecho
administrativo regula las “relaciones” Estado-particulares y viceversa; el Estado existe
teniendo como premisa principal satisfacer las necesidades públicas, y los particulares
actúan como subordinados ante el Estado.
De este modo se entiende como derecho administrativo el “conjunto de normas
jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración
pública en sus relaciones con los particulares y con otras Administraciones Públicas”.
De ahí la importancia de la justicia administrativa, por considerar que este tipo de
órganos jurisdiccionales son un contrapeso real al poder público y por ende garantes de
los derechos y garantías de los gobernados, por ello en nuestra función principal en
materia administrativa se encuentra el lograr un sano equilibrio en las relaciones de la
autoridad, la emisión y legalidad de su actos y sus efectos en los gobernados.
Ante esta experiencia, el imperativo de esta entidad judicial ha sido el prepararnos
y mantenernos actualizados, actuar de manera honesta, transparente y responsable,
vigilantes del cumplimiento de los principios y postulados de la justicia administrativa y
electoral, lo que ha permitido, sin duda responder de manera eficiente y responsable a la
alta expectativa del justiciable, de las asociaciones y partidos políticos así como del
elemento más importante y que lo es nuestra sociedad.
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En ese sentido, concibo la función pública como la gran oportunidad histórica de
coadyuvar al desarrollo de la sociedad y lograr el bienestar de mi comunidad, de igual
manera trascender como profesionista y como ser humano.
En esta tesitura, en estricto cumplimiento a los dispuesto en el artículo 33H,
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en relación
con los artículos 14 y 15 del Reglamento Interior de la Sala Administrativa y Electoral del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, mismos que otorgan la facultad al Presidente
de esta Sala para rendir un informe al término del proceso electoral, así como la facultad
de rendir un informe anual de actividades de la Sala, comparezco ante Ustedes para
informar sobre el estado que guarda la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes.
Este informe se contrae a las actividades realizadas del 16 de octubre de 2012 al 31
de diciembre del 2013, el documento que contiene los datos y circunstancias de este
informe, se entrega a los miembros de este Honorable Pleno para su análisis y como
siempre lo he expresado, quedo a la consideración de mis pares a fin de recibir sus
observaciones y aportaciones en aras de cumplir a cabalidad con las obligaciones que
tiene esta Presidencia, derivadas de la propia Ley Orgánica y de la Constitución Política del
Estado, y sobre todo para mejorar y hacer más eficientes nuestras labores con la
aportación de todos, porque en la aceptación de la pluralidad, la crítica constructiva y la
verdad ajena, está el medio para lograr el fin que buscamos y que estamos obligados a
cumplir, mismo que se expone en los siguientes términos:
Creación de la Sala Administrativa y Electoral
Derivado de la reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes del
veinticinco de junio de dos mil doce así como a Ley Orgánica del Poder Judicial del
veintisiete de agosto de dos mil trece, se creó la Sala Administrativa y Electoral como un
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órgano permanente, especializado y máxima autoridad jurisdiccional en las materias
electoral y contencioso administrativa dentro del Poder Judicial.
Nombramiento de los Magistrados que conforman la Sala Administrativa y Electoral del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
El día dieciséis de octubre del año dos mil doce, el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes en sesión de pleno celebrada en el salón “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes” del
Palacio Legislativo confirió a través de los
decretos 250, 251 y 252 el cargo como
Magistrados de la Sala Administrativa y
Electoral a los Licenciados Enrique Franco
Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso
Román Quiroz para ejercerlo con todos los
deberes y facultades que la ley les atribuye.
Mgdo. Alfonso Román Quiroz Mgdo. Enrique Franco Muñoz Mgdo. Rigoberto Alonso Delgado
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Nombramiento del Magistrado Presidente
Previa sesión privada, que fue celebrada para tal efecto el día veintitrés de
octubre del año dos mil doce, mediante deliberación de los tres Magistrados que habían
sido nombrados por el Congreso del Estado, se
tuvo a bien designar como Presidente de la Sala
Administrativa y Electoral, de conformidad con el
artículo 33 B de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
al ciudadano Magistrado Enrique Franco Muñoz,
antecediéndole la respectiva Protesta de Ley
realizada en la misma fecha.
Reglamento Interior de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado
Mediante el decreto que creara a la Sala Administrativa y Electoral se estableció
en su artículo segundo transitorio la obligación de expedir el correspondiente reglamento
por parte del Pleno de este órgano jurisdiccional, que regiría su actuación tanto en la
materia electoral como en la materia contenciosa administrativa, al señalar lo siguiente:
“ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los sesenta días siguientes al inicio de sus funciones, la
Sala Administrativa y Electoral deberá expedir el Reglamento que rija su actuación;
debiendo quedar abrogado el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de Aguascalientes y el Reglamento Interior del Tribunal Local Electoral”.
Ahora bien con la finalidad de colmar la obligación que se había encomendado a
esta Sala, durante el plazo concedido se realizaron varias propuestas por parte de los
Magistrados hasta llegar a un acuerdo en común, ya que, se establecían diversas formas
en su redacción para la integración de dicho reglamento, finalmente fue aprobado dentro
de una Segunda Sesión Privada celebrada por el Pleno de esta Sala el catorce de diciembre
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de dos mil doce, publicándose en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el
veinticuatro de diciembre de dos mil doce, cobrando vigencia a partir del veinticinco de
diciembre de ese mismo año y hasta la fecha sin que haya sufrido alguna reforma,
abogándose así el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Aguascalientes y el Reglamento Interior del Tribunal Local Electoral, colmándose con
dichas actuaciones con lo establecido en el transitorio segundo del decreto de creación de
la Sala Administrativa y Electoral.
Reglamento que tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y
atribuciones de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, para el debido ejercicio de las facultades que le corresponden de acuerdo
con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y
demás disposiciones legales aplicables, correspondiendo al Pleno de la Sala y a su
Presidente vigilar su aplicación y cumplimiento.
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MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Respecto a la Materia Contenciosa Administrativa
La Sala Administrativa y Electoral que fue creada mediante el Decreto número 205
del H. Congreso del Estado, mediante el que se reformó la Constitución Política de
Aguascalientes, creando la Sala Administrativa Electoral como un órgano jurisdiccional
permanente, autónomo e independiente, garantizando así “los principios de autonomía e
independencia, privilegiando la permanencia y el profesionalismo” de los funcionarios
jurisdiccionales que la integran. A la Sala le fueron otorgadas facultades para dirimir las
controversias de carácter administrativo y fiscal que se produzcan entre las autoridades y
los particulares, y aplicar la ley electoral local para zanjar los medios de impugnación y
nulidades que se presenten, así como declarar la validez de las elecciones.
La Sala Administrativa y Electoral dio inicio a sus actividades el día 23 de octubre
del 2012, por lo que, para efectos del informe, se utiliza el término “Sala” para asignar
todas las actividades jurisdiccionales en materia administrativa llevadas a cabo durante el
año, aun y cuando las haya recibido y tramitado el Tribunal de los Contencioso
Administrativo como institución que le antecedió.
Distribución de Asuntos
Dentro de las facultades más importantes del Presidente de esta Sala para el
adecuado despacho de los asuntos que se ventilan en este órgano jurisdiccional, se
encuentra la señalada por el artículo 33 H, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado que menciona que él deberá “Dictar las medidas necesarias para el turno, el
despacho pronto y expedito de los asuntos competencia de la Sala”, por lo que para la
adecuada distribución de los asuntos se crearon tres Ponencias presididas por cada uno de
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los Magistrados integrantes de esta Sala, mismas que se integraron de la siguiente
manera:
• Primera Ponencia - Magistrado Rigoberto Alonso Delgado;
• Segunda Ponencia - Magistrado Enrique Franco Muñoz y;
• Tercera Ponencia - Magistrado Alfonso Román Quiroz.
Hecho lo anterior, el Presidente de la Sala en conjunto con la Secretaria General de
Acuerdos, con la utilización de la respectiva agenda de audiencias se turnan de manera
aleatoria y equitativa los expedientes administrativos para la correspondiente celebración
de la audiencia de juicio que debe presidir cada ponencia, además para su estudio y
correspondiente elaboración del proyecto de sentencia, mismo que es sometido al Pleno
para su aprobación, lo anterior de conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior
de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Por lo anterior, se han establecido criterios claros que se han unificado, evitando
así la contradicción entre las mismas ponencias en asuntos relativamente similares, lo que
significa para los justiciables la obtención de una seguridad jurídica, ya que, sin importar
que ponencia dicte la sentencia esta no será contradictoria con las sustentadas por el
Pleno de la Sala.
Archivo General
Una vez que la Sala Administrativa y Electoral
comenzó a funcionar y el Magistrado Presidente
rindió su protesta de ley, se comenzó con la
restructuración del archivo del antiguo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, la labor que
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daría pauta a esta nueva restructuración, seria la expedición del Reglamento Interior de la
Sala, mismo que en su articulado estableció ciertas reglas para conservar de manera
ordenada y sistemática los expedientes en trámite y los definitivamente concluidos.
Se ordeno entonces que el funcionamiento de la Sala debiera sujetarse a los
lineamientos de control, resguardo, conservación de documentos y expedientes que
emitiera el Archivo General del Poder Judicial del Estado, estando adscrito y bajo la
supervisión de la Secretaría General de Acuerdos.
Durante este año, la Sala conto con expedientes que cumplieron con su etapa
activa en el archivo de trámite, por lo que se realizaron transferencias al archivo general
de expedientes en materia contenciosa administrativa del año dos mil doce ya concluidos,
preparando en la actualidad los expedientes del año dos mil trece que se encuentren por
concluir o ya concluidos, mismos que serán remitidos durante el año dos mil catorce para
su resguardo, cumpliendo así con los lineamientos para la organización, descripción y
conservación del archivo institucional.
Oficialía de Partes, del Área de Recepción y sobre la Consulta de Expedientes
Toda vez que, esta Sala Administrativa y Electoral pertenece al Poder judicial del
estado de Aguascalientes, la recepción de las demandas, promociones, oficios, escritos y
mensajería dirigidos a este órgano jurisdiccional son recibidos a través de la Oficialía de
Partes del Poder Judicial del Estado, ubicada en Palacio de Justicia. La Oficialía de Partes
una vez recibida la documentación se encarga de remitirla al domicilio de esta Sala para su
trámite correspondiente.
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Ahora bien, a través de la Recepción ubicada en las oficinas de esta Sala, a la
ciudadanía se le permite consultar los expedientes resguardados en el archivo de la Sala,
ya sea que estén concluidos y que no hayan sido mandados al archivo general, así como
los expedientes que se encuentren en trámite, siempre y cuando el interesado acredite su
personalidad jurídica en el expediente a consultar.
De igual manera la Recepción de esta Sala tiene la tarea de recibir las promociones
relativas a las audiencias que tengan verificativo el día de su presentación, los oficios
provenientes de las autoridades de amparo, así como la mensajería dirigida a la Sala o a
los Magistrados siempre y cuando no tengan que ver con un expediente administrativo.
Así mismo, en esta área se ofrece a la ciudadanía el servicio de fotocopiado ya sea
total o parcial de los expedientes según los intereses del usuario. En lo que respecta al
costo de las mismas va por cuenta del usuario y varía de acuerdo a lo establecido por la
Oficialidad Mayor del Poder Judicial del Estado.
El Personal de la Sala, su Integración
Actualmente la Sala Administrativa y Electoral del Poder judicial del Estado de
Aguascalientes, está integrada por tres Magistrados con su correspondiente secretaria,
una Secretaria General de Acuerdos, a la cual están asignados seis secretarios
mecanógrafos, dos para el área de recepción y cuatro para la elaboración de acuerdos de
trámite, un Secretario de Estudio en Materia Electoral, tres Secretarios Proyectistas, dos
Actuarios y un Notificador, y finalmente una persona de intendencia y servicios generales.
De igual manera se muestra a continuación el organigrama de la Sala para una
mejor descripción visual del personal:
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Número de Asuntos Recibidos
Hasta el 30 de noviembre de 2013, se promovieron un total de 4,309 demandas de
nulidad.
Esto ha representado un incremento del 1.31 veces en comparación a las recibidas
en el año 2012, que fueron 1,865, un incremento del 78.8 veces, en comparación a las
recibidas en el 2000, primer año de funciones del entonces Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que fueron únicamente 54 demandas (4,255 más juicios).
En este sentido es necesario mostrar la evolución histórica de las demandas de
nulidad recibidas por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado y el
antiguo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
AAÑÑOO NNUUMMEERROO DDEE DDEEMMAANNDDAASS
RREECCIIBBIIDDAASS
UUNNIIDDAADDEESS DDEE IINNCCRREEMMEENNTTOO EENN
CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN CCOONN 22001133
2012 1,865 1.31
2011 1,890 1.28
2010 1,552 1.78
2009 1,811 1.38
2008 1,346 2.20
2007 1,049 3.11
2006 340 11.67
2005 231 17.65
2004 253 16.03
2003 234 17.41
2002 115 36.47
2001 44 96.93
2000 54 78.80
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De los datos de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, se
puede observar que hasta el 30 de noviembre del año 2013, aumentó el número de los
juicios nuevos en materia administrativa presentados a su conocimiento en comparación
con todos los años anteriores, por tanto, la carga de trabajo incremento, derivado de la
cantidad total de juicios de nulidad que la Sala debió atender durante el año, incluyendo
los que quedaron pendientes del año anterior, lo que indica mayor actividad de las partes
en los juicios y si bien ha mantenido la intensidad del esfuerzo para resolver la carga de
trabajo, la Sala llegó a los 62 días hábiles en la duración promedio de los juicios, lo que
constituye un signo de los efectos de la saturación.
Esta carga de trabajo se debe en parte, a la difusión de los medios de comunicación,
respecto a casos que interesan a la opinión pública, lo que ha propiciado; que la sociedad
conozca la actividad jurisdiccional administrativa y que se promueva el fomento a la
cultura de la legalidad y el respeto a los derechos que los particulares tienen frente a la
administración del Estado y de los Municipios de la entidad, sin que con ello se vulnera la
reserva judicial, pues incluso las sentencias son publicadas en el Internet y los acuerdos de
trámite, igualmente pueden ser consultados en esa vía, por cualquier persona mediante la
lista de acuerdos.
Por lo que hace al tipo de autoridades demandadas, en principio los actos
administrativos y fiscales que se impugnaban vía juicio de nulidad, provenían
principalmente de autoridades estatales, sin embargo en la actualidad no son las
autoridades estatales las que más demandas en su contra tienen, sino las autoridades
municipales, quienes puede decirse que en una media el 94% de los casos que se conocen
son del ámbito municipal, y esto tiene lógica ya que son estas las que más servicios
brindan a la ciudadanía.
Ilustra lo anterior, la estadística que a continuación se reproduce desde que se
fundó el tribunal hasta nuestros días:
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AÑO AUTORIDADES ESTATALES AUTORIDADES
MUNICIPALES
2013 6% 94%
2012 8.4% 91.6%
2011 4.5% 95.5%
2010 4.5% 95.5%
2009 5% 95%
2008 3% 97%
2007 17% 83%
2006 10% 90%
2005 18% 82%
2004 23% 77%
2003 20% 80%
2002 25% 75%
2001 36% 64%
2000 77% 23%
La Foto Infracción, un tema de relevancia social
A principios del año 2013, el Municipio de Aguascalientes estableció una nueva
modalidad para la imposición de infracciones a vehículos automotores que excedieran
cierto límite de velocidad, poniendo en marcha nuevos sistemas mecánicos de control que
complementaban las ya tradicionales modalidades de control de la vialidad
implementadas por la autoridad de Tránsito Municipal, apareciendo así los llamados
“sistemas de control inteligente de tránsito“, que a partir de la utilización de radares o
equipos electrónicos permiten la captación de infracciones por parte de los conductores
de vehículos a través de fotografías, las denominadas fotomultas, es decir infracciones
generadas por dispositivos electrónicos.
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En virtud de ser un nuevo acto de autoridad, habría que tener en cuenta que la
aplicación de nueva tecnología en materia de tránsito vehicular, para que tenga plena
validez como es el caso de las fotomultas, requiere el cumplimiento de ciertos requisitos
técnicos y legales, en el que la autoridad debía proponer una reforma integral a su
legislación para establecer esta nueva modalidad y cumplir con la característica de
legalidad que debe tener todo acto de autoridad.
En ese tenor es preciso señalar que los actos de todo funcionario público deben
fundarse y motivarse de conformidad con la ley. El principio de derecho público señala
que “todo lo que no está expresamente permitido a un funcionario, le queda prohibido”.
El tema del establecimiento de la fotomulta fue socialmente polémico, sujeto a
una crítica creciente que lo politizo y en el cual hubo diferentes y respetables reacciones
por parte de ciudadanos, partidos y asociaciones políticas, líderes de opinión de diversos
medios informativos en el Estado.
Los integrantes del Pleno de este cuerpo colegiado estudiaron el caso concreto de
acuerdo a las impugnaciones realizadas por los justiciables y la defensa esgrimida por la
autoridad y con pleno respeto a las partes y a los tiempos procesales se pronunciaron en
el tema con motivo de las primeras resoluciones de este tipo de impugnaciones.
Del análisis realizado por éste órgano jurisdiccional en los casos en los que ha sido
atacada la legalidad de las multas impuestas por violaciones a las normas de vialidad, con
base a las boletas de infracción generadas por dispositivos electrónicos; se arribó a la
conclusión, que dichas sanciones no cumplían a cabalidad con requisitos legales, porque
tratándose de violaciones a las normas de tránsito, la Ley de Vialidad del Estado de
Aguascalientes no prevé como procedimiento alternativo, el levantamiento de boletas de
infracción mediante el uso de dispositivos electrónicos.
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Es obligado señalar que el Reglamento de Tránsito del Municipio de
Aguascalientes, señala que para la aplicación y verificación de las normas de vialidad, es
válida la generación de una boleta de infracción mediante el uso de dispositivos
electrónicos, fotográficos o de video-verificación.
Sin embargo, este cuerpo colegiado considero en su momento que dichas
disposiciones reglamentarias van más allá y se extienden a un supuesto no previsto en la
Ley de Vialidad del Estado, que prevé el procedimiento a seguir por parte del agente
operativo, cuando un conductor contravenga una norma de tránsito; por tanto, dichas
normas reglamentarias son insuficientes para sostener la legalidad de dichas sanciones.
Lo anterior, porque la facultad reglamentaria, está limitada por el principio de
jerarquía normativa, es decir, el Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes,
está subordinado a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes; de manera que, el
referido Reglamento no puede modificar o alterar el contenido de dicha Ley.
Lo anterior, porque los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis
y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o
imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar.
En consecuencia se considero que si la Ley de Vialidad no prevé como opción
levantar una boleta de infracción mediante el uso de dispositivos electrónicos; se
concluye, que las sanciones que fueran impuestas con base en el Reglamento de tránsito
por medio de un dispositivo electrónico serían nulas por carecer de sustento legal.
Esta resolución motivo una explicación mediática por parte de este órgano
jurisdiccional en virtud de la polémica suscitada, atendiendo a la responsabilidad social
derivada de nuestra función natural y para evitar confusiones entre la sociedad respecto
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al cumplimiento de sus obligaciones, manifestando que la nulidad del acto de autoridad
no era en automático, porque mientras esta figura no fuera impugnada ante esta
autoridad, la misma tendría plenos efectos jurídicos.
Aclarando también que ello tampoco significaba que, por ese solo hecho, todos los
juicios de nulidad instados ante la Sala Administrativa y Electoral debían ser declarados
nulos; pues eso dependía, de cada planteamiento y caso en concreto, que al respecto
fuera resuelto.
Finalmente, esta autoridad aclaró que con estas resoluciones emitidas no se hacía
nugatoria o se desconocía la facultad reglamentaria del Municipio de Aguascalientes; pues
el tema en debate consistió en decidir sí era válido que una cuestión especifica del
reglamento de tránsito que debe ser expedido con base una Ley Estatal, puede ir más allá
o extenderse a supuestos distintos que no prevé la propia Ley.
Sesiones Celebradas en Materia Administrativa
Durante este año se celebraron en total cuarenta y nueve sesiones para la
resolución de los asuntos de naturaleza contenciosa administrativa, en las fechas que se
indican en seguida.
NO. DE ACTA FECHA TOTAL DE PROYECTOS
RESUELTOS
PONENCIA
I
PONENCIA
II
PONENCIA
III
I 16/01/2013 44 18 14 12
II 24/01/2013 41 15 14 12
III 31/01/2013 40 17 10 13
IV 07/02/2013 14 9 2 3
V 14/02/2013 21 10 4 7
VI 21/02/2013 30 10 11 9
VII 28/02/2013 31 11 8 12
VIII 08/03/2013 32 11 10 11
23
IX 14/03/2013 24 7 9 9
X 22/03/2013 31 13 10 8
XI 27/03/2013 24 11 8 5
XII 05/04/2013 33 10 11 12
XII 12/04/2013 31 10 12 9
XIV 10/05/2013 55 16 19 20
XV 17/05/2013 26 8 7 11
XVI 24/05/2013 26 7 13 6
XVII 31/05/2013 31 10 10 11
XVIII 07/06/2013 26 6 9 11
XIX 14/06/2013 25 9 9 7
XX 21/06/2013 33 13 11 9
XXI 28/06/2013 28 8 12 8
XXII 05/07/2013 36 9 14 13
XXIII 12/07/2013 17 3 8 6
XXIV 19/07/2013 44 17 14 13
XXV 26/07/2013 32 10 12 10
XXVI 09/08/2013 31 13 9 9
XXVII 16/08/2013 21 9 4 8
XXVIII 23/08/2013 36 11 13 12
XXIX 30/08/2013 37 16 11 10
XXX 09/09/2013 47 16 16 15
XXXI 13/09/2013 27 12 15 0
XXXII 20/09/2013 57 14 12 31
XXXIII 27/09/2013 71 23 20 28
XXXIV 04/10/2013 60 19 21 20
XXXV 11/10/2013 65 16 26 23
XXXVI 18/10/2013 97 33 39 25
XXXVII 31/10/2013 176 44 71 61
XXXVIII 08/11/2013 128 37 30 24
XXXIX 19/11/2013 140 50 45 45
XL 22/11/2013 96 38 22 31
XLI 29/11/2013 170 45 57 68
TOTAL 1993 664 672 657
24
Sentencias Definitivas
En el año 2013, hasta el 30 de noviembre, se emitieron 1,993 sentencias definitivas,
que comparadas con las 23 que fueron dictadas en el 2000, primer año del entonces
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, representan un incremento de 85.65 veces.
AÑO NUMERO DE SENTENCIAS
DICTADAS
PORCENTAJE DE INCREMENTO EN
COMPARACIÓN CON 2013
2012 1,417 40%
2011 1,608 24%
2010 1,450 37%
2009 1,294 54%
2008 1,149 73%
2007 767 159%
2006 352 465%
2005 96 1,972%
2004 159 1,151%
2003 123 1,517%
2002 44 4,420%
2001 16 12,331%
2000 23 8,548%
De las resoluciones emitidas en el 2013, el 78% fue a favor del particular; el 22% a
favor de la autoridad; cifra idéntica a la del año anterior del 2012; en los años 2011 y 2010
fue el 81% a favor del particular y el 19% a favor de la autoridad, en tanto que en el 2009,
el 82% fue a favor del particular y 18% favorable para la autoridad; en el 2008, el 91% fue
a favor del particular; el 9% a favor de la autoridad; en el 2007, el 86% fue a favor del
particular, el 14% a favor de la autoridad; mientras que en el 2006, el 71% fue a favor del
particular y un 29% a favor de la autoridad; en el 2005, el 90% fue a favor del particular, y
un 10% a favor de la autoridad; en el 2004, el 87% fue a favor del particular, y un 13% a
favor de la autoridad; en el 2002 el 84%, fue a favor del particular, y un 16% a favor de la
autoridad; en el 2000, el 87% fue a favor del particular, y un 13% a favor de la autoridad.
25
Nota: No se tiene información procesada respecto del sentido de la sentencia, de los
años 2003 y 2001, por no haber sido digitalizados los datos de esos años.
Las sentencias definitivas que han causado estado pueden ser consultadas a través
de la página de Internet del Poder Judicial del Estado,
http://www.poderjudicialags.gob.mx/transparencia/sentencias/index.cfm, en
cumplimiento al artículo 9 del capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes.
Días promedio para dictar sentencia
El término promedio durante el año 2013 para dictar sentencia definitiva es de 7
días, que se computan desde que un asunto es citado para la emisión de la sentencia,
hasta la fecha en que se dicta dicha sentencia.
Ese promedio se obtiene de sumar el número de días promedio registrado en cada
mes del año 2013, y dividiendo ese resultado entre 11—atendiendo a que el informe se
hace con corte al 30 de noviembre— que es el número de meses en un año.
MES DIAS PROMEDIO PARA DICTAR SENTENCIA
ENERO 13
FEBRERO 8
MARZO 6
ABRIL 6
MAYO 6
JUNIO 9
JULIO 6
AGOSTO 8
SEPTIEMBRE 4
OCTUBRE 10
26
NOVIEMBRE 4
DICIEMBRE
TOTAL 80
PROMEDIO 7.2 días
Días promedio para el trámite de un juicio
Para medir la duración de un juicio, tomamos como punto de partida la fecha en que
se presenta una demanda en Oficialía de Partes del Poder Judicial, hasta llegar al dictado
de la sentencia definitiva.
Así, tenemos que hasta el 30 de noviembre de 2013, los asuntos conocidos en la Sala
Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, duraron en promedio 62 días
como a continuación se ilustra.
MES DIAS PROMEDIO PARA EL TRÁMITE DE UN JUICIO
ENERO 70
FEBRERO 38
MARZO 75
ABRIL 75
MAYO 49
JUNIO 38
JULIO 86
AGOSTO 38
SEPTIEMBRE 70
OCTUBRE 70
NOVIEMBRE 70
DICIEMBRE
TOTAL 679
PROMEDIO 62 días
Es preciso señalar que si bien se ha mantenido la intensidad del esfuerzo para
resolver la carga de trabajo, por primera ocasión, la Sala Administrativa y Electoral del
Poder Judicial del Estado llegó a los 62 días hábiles en la duración promedio de los juicios,
27
lo que constituye un signo de que empieza a resentir los efectos de la saturación, derivada
del aumento en la presentación de demandas.
Suspensiones
La figura de la suspensión del acto impugnado, en el juicio contencioso
administrativo, es de suma importancia; ya que gracias a ella, ha sido posible que los
particulares cuenten con un medio legal eficaz que les permita desde la admisión de su
demanda, preservar sus derechos y patrimonio hasta en tanto se dicta la sentencia de
fondo, ordenando así a las autoridades demandadas, desde el principio del juicio, paralizar
su actuación hasta el momento en que se llegue al dictado de la sentencia, provocando
con ello que no se ejecuten las resoluciones o actos impugnados, o que incluso, se
restituya al particular en el goce de las cosas o derechos que le hubieren sido afectados
con la emisión o ejecución del acto de autoridad reclamado, en la cual es preciso señalar
que se ha actuado con respeto y absoluta trasparencia, apegados a los lineamientos
legales aplicables, lo que ha sido nuestra premisa principal en todos nuestros actos y
resoluciones.
Las solicitudes de suspensión de los actos administrativos impugnados, requeridas
por los demandantes en el 2013, fueron 1,896, de las cuales el 95.78% fue concediendo
dicha suspensión y 4.22% negándola; un incremento del 82.13% en relación con el 2012,
en el que se recibieron 1041 solicitudes de suspensión; un incremento del 86.98% en
relación con el 2011, en el que se recibieron 1014 solicitudes de suspensión; un
incremento del 88.28% en relación con el 2010, en el que se recibieron 1,007 solicitudes
de suspensión; un incremento del 56.30% comparado con el 2009, en que se resolvieron
1,213 solicitudes de suspensión, de las cuales el 92% fue concediendo dicha suspensión y
8% negándola; un incremento del 129.53% comparado con el 2008, en que se resolvieron
826 solicitudes de suspensión, de las cuales el 96% fue concediendo dicha suspensión y
4% negándola; un incremento del 224.65% comparado con el 2007, en el que solo se
resolvieron 584 solicitudes de suspensión; un incremento del 1,100% comparado con el
28
2006, en el que solo se resolvieron 158 solicitudes de suspensión; un incremento del
1,758.8% respecto del 2005 en el que únicamente se resolvieron 102 solicitudes de
suspensión; un incremento del 2,772.7% en comparación con el 2004 en el que
únicamente se resolvieron 66 solicitudes de suspensión; un incremento del 2,006.6% en
comparación con el 2003 en el que se resolvieron 90 solicitudes de suspensión; un
incremento del 3,692% en comparación con el 2002 en el que se resolvieron 50 solicitudes
de suspensión; un incremento del 6,671.4% en comparación con el 2001 en el que
únicamente se resolvieron 28 solicitudes de suspensión; un incremento del 14,484.6% en
comparación con el 2000, en el que únicamente se resolvieron 13 solicitudes de
suspensión de los actos impugnados.
Resoluciones Interlocutorias
Hasta el 30 de noviembre del 2013, se dictaron un total de 108 resolución
interlocutorias, un decremento del -0.9% en comparación con el 2012, en el que se
dictaron un total de 109 resoluciones interlocutorias; un decremento del -3.5%, en
comparación con el 2011 en el que se dictaron un total de 112 resoluciones
interlocutorias; lo que representa un decremento del -37.5% en comparación con el 2010,
en el que se dictaron un total de 173 resoluciones interlocutorias; un decremento del –
25.5% en comparación con el 2009 en el que se dictaron un total de 145 resoluciones
interlocutorias; un incremento del 54.2% en comparación con el 2008 en el que se
dictaron un total de 70 resoluciones interlocutorias; un incremento del 21.3% en
comparación con el 2007 en el que se dictaron 89 resoluciones interlocutorias; un
incremento del 77% en comparación con el 2006 en el que se dictaron 61 resoluciones
interlocutorias; un incremento del 100% en comparación con el 2005 en el que se dictaron
54 resoluciones interlocutorias; un incremento del 54.2% en comparación con el 2004 en
el que se dictaron 70 resoluciones interlocutorias; un incremento del 300 % en
comparación con el 2003 en el que se dictaron 27 resoluciones interlocutorias; un
incremento del 500% en comparación con el 2002 en el que se dictaron 18 resoluciones
interlocutorias y; un incremento del 390.9% en comparación con el 2001 en el que se
29
dictaron 22 resoluciones interlocutorias, y; un incremento del 1,250% en comparación con
el 2000 en el que se dictaron 8 resoluciones interlocutorias.
Cabe mencionar que en el año 2007 fueron conocidos 2 Recursos de Inconformidad
que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Aguascalientes, hasta en tanto entró en funciones el Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes, a quien en lo subsecuente corresponde por disposición de su Ley
conocer de los mismos y también en ese mismo año se conoció de 1 Juicio de Nulidad
promovido en contra de una negativa de la información.
No obstante, ésta Sala, con apoyo de la Dirección de Informática del Poder Judicial,
publica en la página de Internet del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
www.poderjudicialags.gob.mx la información pública obligatoria que está a disposición de
cualquier persona en relación al trabajo jurisdiccional y de sus servidores públicos.
Amparos Interpuestos
Hasta el 30 de noviembre del 2013, las partes de los juicios de nulidad,
interpusieron un total de 180 demandas de amparo, de las cuales 164 corresponden a
amparos directos en contra de las resoluciones definitivas emitidas por la Sala y 16
amparos indirectos contra otro tipo de actos atribuibles a la Sala.
Durante el periodo que se informa hasta el 30 de noviembre de 2013, la justicia
federal resolvió un total de 139 demandas de amparo, de las ejecutorias dictadas 130
corresponden a amparos directos contra sentencias definitivas dictadas por ésta Sala, en
los que 36 fueron concedidos, 84 negados, 10 sobreseídos y/o desechados. En tanto que
se pronunciaron 9 ejecutorias de amparos indirectos de las que 2 se concedieron, 2 fueron
negados y 5 sobreseídos y/o desechados.
30
De los 139 amparos resueltos en el 2013, en porcentajes representan el 27% como
amparos concedidos, 62% amparos negados, 11% amparos sobreseídos y desechados.
De las 1,993, sentencias definitivas pronunciadas hasta el 30 de noviembre del 2013
por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado; 1,829 quedaron firmes
por no haberse impugnado a través de la vía de amparo directo, fungiendo así, este
órgano jurisdiccional como instancia suprema y solo un 1.8 % fue modificado, lo que se
traduce en un 98.2% de eficacia respecto al total de sentencias dictadas hasta el 30 de
noviembre del año 2013, lo que se obtiene del porcentaje que representan los 36
amparos directos concedidos en relación al total de sentencias dictadas.
En tanto que en el 2011, en el Tribunal anterior, se interpusieron un total de 104
amparos, de los cuales de los cuales 96 corresponden a amparos directos en contra de las
resoluciones definitivas 8 amparos indirectos en contra de otro tipo de actos, en el 2010
se interpusieron un total de 147 amparos, de los cuales 127 son directos, en contra de las
sentencias definitivas emitidas por esta Sala, y 20 indirectos en contra de los acuerdos y
resoluciones interlocutorias dictadas por ésta Sala. Así mismo en el 2011 fueron resueltos
un total de 134 amparos, de los cuales se concedieron 21, 64 fueron negados, 35
sobreseídos y 3 desechados, en el año 2010 fueron resueltos un total de 117 amparos
(103 directos y 14 indirectos), de los cuales se concedieron 13 (12 directos y 1 indirecto);
se negaron 69 (69 directos y 0 indirectos); se sobreseyeron 17 (6 directos y 11 indirectos);
y se desecharon 18 (16 directos y 2 indirectos); quedando pendientes de resolver 30
amparos (24 directos y 6 indirectos).
En el 2009 se interpusieron un total de 132 amparos, de los cuales 111 son directos,
en contra de las sentencias definitivas emitidas por ésta Sala, y 21 indirectos en contra de
los acuerdos y resoluciones interlocutorias dictadas por ésta Sala. Así mismo en el 2009
fueron resueltos un total de 109 amparos (99 de los cuales corresponden a los
interpuestos en el 2009 y 10 de los ejercicios anteriores). De los 109 amparos resueltos en
31
el 2009, se concedieron 22; se negaron 62; se sobreseyeron y desecharon 25; los cuales
representan el 20.18% como amparos concedidos (16 directos, de los cuales 15
corresponden al 2009 y 1 de los pendientes de resolver de años anteriores; y 6 indirectos),
el 56.8% fueron negados y un 22.9% se sobreseyeron y desecharon.
Por otra parte, en el 2008 se interpusieron un total de 68 amparos, de los cuales 58
son directos, en contra de las sentencias definitivas emitidas por ésta Sala, y 10 indirectos
en contra de los acuerdos y resoluciones interlocutorias dictadas por ésta Sala. De igual
forma en el 2008 fueron resueltos un total de 73 amparos (60 de los cuales corresponden
a los interpuestos en el 2008 y 13 de los ejercicios anteriores). De los 73 amparos
resueltos en el 2008, se concedieron 23; se negaron 40; se sobreseyeron y desecharon 10;
los cuales representan el 31% como amparos concedidos (17 directos, de los cuales 11
corresponden al 2008 y 6 de los pendientes de resolver de años anteriores; y 5 indirectos),
el 55% fueron negados y un 14% se sobreseyeron y desecharon.
En el 2007, se interpusieron un total de 87 amparos y se resolvieron 65, de los
cuales 19 fueron concedidos, 32 negados, 4 desechados y 10 sobreseídos. En el 2006, se
interpusieron un total de 85 amparos y se resolvieron 84, del total de los amparos
resueltos en el 2006, un 38% fueron concedidos (32 amparos), y un 43% negados (36
amparos) y un 19% (16 amparos) desechados y sobreseídos.
Respecto al rubro de amparos interpuestos en el 2000, fueron 3 amparos y se
resolvió en ese año 1 solo amparo, cuyo sentido fue negar el amparo; en el 2002, 8
amparos interpuestos, de los cuales no se tiene información del sentido de los mismos; en
el 2004, se tuvo un total de 40 amparos interpuestos, de los cuales se resolvieron 34
amparos, el 47% negados, el 41% concedidos y el 12% desechados y sobreseídos; en el
2005, se interpusieron 25 amparos, y en ese año se resolvieron 27 amparos, de los cuales,
el 23% se concedieron, el 70% se negaron y el 7% se desecho y/o sobreseyó.
32
Sin que se cuente con información procesada respecto al número de amparos
interpuestos y el sentido de los mismos, de los años 2001 y 2003.
Notificaciones Practicadas
Por parte de la Actuaría con que cuenta ésta Sala, se realizaron hasta el 30 de
noviembre de 2013, un total de 17,517, notificaciones de los acuerdos y de las
resoluciones definitivas, el 78.4% practicadas a autoridades de la administración pública
estatal y municipal, en tanto que 21.5% a particulares.
En tanto que en el 2012, se practicaron un total de 13,855, notificaciones de los
acuerdos y de las resoluciones definitivas, el 78.1% practicadas a autoridades de la
administración pública estatal y municipal, en tanto que 21.9% a particulares.
En el año 2011, se practicaron 18,097 notificaciones de los acuerdos y de las
resoluciones definitivas, el 76% practicadas a autoridades de la administración pública
estatal y municipal, en tanto que 24% a particulares, en el 2010, fueron un total de 12,865
notificaciones de los acuerdos y de las resoluciones definitivas, el 73% constituye
notificaciones a autoridades y el 27% a particulares. En el año 2009, en el que practicó un
total de 12,410 notificaciones de los acuerdos y de las resoluciones definitivas, el 78.82%
constituye notificaciones a autoridades y el 21.17% a particulares. En el año 2008 en el
que realizó un total de 9,874 notificaciones de los acuerdos y de las resoluciones
definitivas, el 81% constituye notificaciones a autoridades y el 19% a particulares. En el
año 2007, se efectuaron 6,145, de las cuales un 73% a autoridades y un 27% a
particulares; En el 2006 se efectuaron 3,241 en dicho año, de las cuales un 69% a
autoridades y un 31% a particulares.
En el 2005, se practicaron un total de 4,070 notificaciones, de las cuales el 46%
fueron a autoridades y el 54% a particulares. En el año 2000, se practicaron 592
33
notificaciones, (sin que se cuente con los datos del desglose de cuantas fueron
practicadas a autoridades y cuantas a particulares.
Sin que se cuente con los datos del desglose de las notificaciones practicadas de los
años 2004, 2003 y 2001.
En seguida se presenta un cuadro en el que se representa el número de
notificaciones practicadas en los referidos años, y el porcentaje de incremento o decreto
en relación al año 2013 —30 de noviembre—, con el que se comparan.
17,517
AÑO NUMERO DE SENTENCIAS
DICTADAS
PORCENTAJE DE INCREMENTO O
DECRECREMENTO EN COMPARACIÓN
CON 2013
2012 13,855 26.4%
2011 18,097 -3.2%
2010 12,865 36%
2009 12,410 41%
2008 9,874 77%
2007 6,145 185%
2006 3,241 440%
2005 4,070 330%
2004 S/D S/D
2003 S/D S/D
2002 1,634 972%
2001 S/D S/D
2000 592 2,858.9%
34
Promociones Recibidas
Hasta el 30 de noviembre del 2013, se recibieron un total de 16,972 promociones, lo
que representa un incremento del 95.14% en comparación con el 2012, en el que se
recibieron un total de 8,697 promociones; un incremento del 87.90% en relación con las
recibidas en el 2011, en el que se recibieron un total de 9,032 promociones; un
incremento del 128% en relación con las recibidas en el 2010, en el que se recibieron un
total de 7,439 promociones; un incremento del 135.5% en relación con las recibidas en el
2009, que fueron un total de 7,205 promociones; un incremento del 206.9% en relación
con las recibidas en el 2008 que fueron un total de 5,529 promociones; un incremento del
321% en relación con las recibidas en el 2007, que fueron 4,028 promociones; y un
incremento del 974% en relación con las recibidas en el 2006 que fueron 1,580
promociones.
Sin que se tenga la información procesada correspondiente a este rubro del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo en el 2000-2005.
Acuerdos Dictados
Para el trámite, resolución y ejecución de los juicios, esta Sala emitió hasta el 30 de
enero de 2013, un total de 19,548 acuerdos de diversa naturaleza, lo que representa un
incremento del 45.20%, en comparación con el 2012 en el que se dictaron un total de
13,462 acuerdos de diversa naturaleza; un incremento del 27.56%, en comparación con el
2011, en que se emitieron un total de 15,324 acuerdos de diversa naturaleza, lo que
representa un incremento del 54.43% en comparación con el 2010, en que se emitieron
un total de 12,658 acuerdos de diversa naturaleza; un incremento del 61.03% en
comparación con el 2009, en el que se dictaron un total de 12,139 acuerdos de diversa
naturaleza; un incremento del 103.07% en comparación con el año 2008, en el que se
dictaron 9,626 acuerdos; y un incremento del 219.46% en comparación con el 2007, en el
que se dictaron 6,119 acuerdos; y un incremento del 567.39% en comparación con el 2006
en el que se dictaron 2,929 acuerdos.
35
Los 19,548, acuerdos dictados hasta el 30 de noviembre del 2013, representan un
incremento del 8,626.78% en comparación los 224 acuerdos dictados en el año 2000,
primer año de labores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
NOTA: 2001, 2002, 2003 2004 y 2005 no se cuenta con la información procesada
respecto de los acuerdos dictados en cada uno de esos años.
Asuntos en Trámite
Hasta el 30 de noviembre del 2013, se concluyó el año con un total de 2,881 asuntos
en trámite; en el 2012 se concluyó con 762 asuntos en trámite; mientras que el 2011 se
concluyó el año con un total de 668 asuntos en trámite, en el 2010, con un total de 469
asuntos en trámite; en el 2009, se concluyó el año, con un total de 494 asuntos en
trámite; en el 2008, se concluyo el año, con un total de 290 asuntos en trámite; en el
2007, se concluyo el año con un total de 338 asuntos en trámite; en el 2006, se cerró el
año 159 asuntos en trámite.
Finalmente, en el 2005, quedaron pendientes un total de 135 asuntos; en 2002, un
total de 54 expedientes, y; en 2001, la cantidad de 12 asuntos en trámite.
Sin que se cuente con los datos procesados de los asuntos en trámite respecto a
2000, 2003 y 2004.
Impacto Anual Laboral
La cantidad total de juicios de nulidad que la Sala debió atender durante el año,
incluyendo los que quedaron pendientes del año anterior, sumó la cantidad de 5,072
juicios, de ese conjunto se concluyeron durante ese mismo año un total de 2,191
quedando pendientes para su terminación 2,881 asuntos.
36
AÑO ASUNTOS
NUEVOS
CARGA DE
TRABAJO
PROMOCIONES
PRESENTADAS
ACUERDOS
DICTADOS
AUDIENCIAS
DIARIAS
NOTIFICACIONES SENTENCIAS DURACIÓN
DEL JUICIO
2007 1,049 1,208 4,028 6,119 3.5 6,145 767 30
2008 1,346 1,684 5,529 9,626 5 9,878 1,149 30
2009 1,811 2,101 7,205 12,134 6 12,410 1,294 33
2010 1,552 2,036 7,439 12,658 7 12,865 1,450 42
2011 1,890 2,359 9,032 15,324 7.5 18,097 1,606 48
2012 1,865 2,364 8,103 12,617 7 13,152 1,457 58
2013 4,309 5,072 16,972 19,548 10.5 17,517 1,989 62
Juicio en Línea
Cabe destacar que conforme a la reforma a la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, del 15 de
noviembre de 2010, el decreto número 494, por el que se prevé “el Juicio en Línea”; que
se implemento en el 2012, en la Sala Administrativa y Electoral, al cual se puede accesar
mediante la página http://serviciosweb.poderjudicialags.gob.mx/MAJAT/Cuenta/Principal.
Es una realidad la Justicia en Línea, herramienta que los justiciables han utilizado
muy poco, pues se cuenta únicamente con un juicio en línea en materia administrativa,
cuya demanda de nulidad se admitió el 4 de octubre de 2012 bajo el número de
expediente 1523/2012 y concluyó mediante sentencia dictada el 05 de diciembre de 2012.
Uno de los retos de esta Sala en el próximo año, es la promoción de los medios
remotos en la administración de justicia administrativa, buscando ser más eficientes y
agilizar los trámites y las resoluciones.
37
DATOS ESTADÍSTICOS DE RELEVANCIA EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Actos Impugnados Cantidad %
Multas de Transito 1843 42.77%
Uso de Suelo 22 0.51%
Destitución de Cargo 67 1.55%
Clausura/visitas de verificación 21 0.49%
Responsabilidad de servidores públicos 25 0.58%
Responsabilidad patrimonial/Concesiones 6 0.14%
Desarrollo Urbano 1 0.02%
Crédito Fiscal 14 0.32%
Impuesto Predial 76 1.76%
Multas por Alcoholímetro 263 6.10%
Agua 44 1.02%
Negativas 30 0.70%
Tenencia 32 0.74%
Proc. de Licitación Pública 4 0.09%
Multas Administrativas 43 1.00%
Fotomultas 1758 40.80%
Varios 60 1.39%
Total 4309 100.00%
38
Sentido de la Sentencia Cantidad %
Nulidad lisa y llana 1465 73.51%
Nulidad para efectos 98 4.92%
Reconoce validez 319 16.01%
Sobreseidos 111 5.57%
Total 1993 100.00%
39
Actualizado a Noviembre de 2013
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Expedientes Radicados 340 1049 1346 1811 1552 1890 1865 4309
Audiencias Realizadas 409 809 1191 1326 1468 1717 1661 2146
Sentencias Dictadas 352 767 1149 1294 1451 1608 1417 1993
Otras Resoluciones 61 89 70 145 173 112 109 108
Asuntos en Tramite 159 338 290 494 469 668 762 3576
Suspensiones 85 584 818 1213 1007 1014 1041 1896
40
Actualizado a Noviembre de 2013
Amparos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Interpuestos 85 87 68 132 147 104 114 180
Resueltos 84 65 73 108 117 131 100 139
Concedidos 32 19 23 22 13 21 25 38
Negados 36 32 40 62 69 66 61 86
Desechados 10 4 6 17 18 3 10 8
Sobreseidos 6 10 4 8 17 41 4 7
Pendientes 1 23 18 42 72 45 59 100
41
Actualizado a Noviembre de 2013
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acuerdos Dictados 2929 6119 9626 12134 12658 15324 13465 19548
Promociones Recibidas 1580 4028 5529 7205 7439 9032 8697 16972
Notificaciones Practicadas 3241 6145 9874 12410 12865 18097 13855 17517
Notificación a Autoridades 2247 4973 8044 9399 9428 13806 10825 13746
Notificación a Particulares 994 1666 1830 3011 3437 4291 3030 3771
42
MATERIA ELECTORAL
Capacitación
En esta materia, la Sala Administrativa y Electoral ha dado prioridad a la
especialización y actualización de los Magistrados de la sala, al Secretario de Estudio en
Materia Electoral, al personal jurisdiccional y a las demás personas interesadas en
conjunto con el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La función general de la capacitación se enfoco primordialmente en el personal de
esta Sala, con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades para la práctica
jurisdiccional, así como la adquisición de competencias y habilidades para el desempeño
optimo de sus funciones; dicha capacitación también estuvo dirigida a los organismos
electorales, partidos políticos y personas interesadas en estos temas.
Durante el periodo que se informa se organizo y participo en encuentros
académicos, abriendo espacios de reflexión y de debate en torno a los temas
fundamentales de la democracia y del procedimiento electoral en la impartición de
justicia. Destacando entre otros los siguientes cursos:
• Foro de Análisis de Sentencias Relevantes a 25 Años de la Justicia Electoral,
celebrado los días 7 y 8 de diciembre de dos mil doce.
• Reunión Nacional de Institutos Electorales en Guanajuato, Gto., en diciembre de
2012.
• Curso “Actualización Derecho Electoral 2013”, celebrado del 6 al 8 de febrero de
dos mil trece e impartido por el Licenciado Darío Alberto Mora Jurado y por el
43
Doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, provenientes del Centro de
Capacitación Judicial Electoral.
• Taller de “Inducción para Aspirantes a Secretario de Estudio de la Sala
Administrativa y Electoral” celebrado del 18 de febrero al 1° de marzo de dos mil
trece, mismo que fue impartido por los Magistrados Enrique Franco Muñoz,
Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, así como por personal de esta
Sala, la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes Secretaria General de Acuerdos,
por la Licenciada Rosalba Torres Soto Secretaria Proyectista y con la participación
de el Licenciado Jorge Valdes Macias Vocal Secretario de la Junta Local en
Aguascalientes del Instituto Federal Electoral, la Licenciada Verónica Padilla García
Juez Sexto de lo Mercantil en el Estado.
• Seminario “Segunda Semana de Derecho Electoral” celebrado los días 4, 5, 7 y 8 de
marzo de dos mil trece, el cual fue impartido por el Maestro Jorge Mena Vázquez,
el Doctor Luis Eduardo Medina Torres y el Maestro José Antonio González Flores
catedráticos del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
• Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2013, celebrado los días 30 y 31 de
mayo de dos mil trece, en Monterrey, Nuevo León.
Inicio del Proceso Electoral
El día doce de diciembre de dos mil doce, se realizo en sesión extraordinaria la
declaratoria de inicio del Proceso Electoral Local 2012-2013 por parte del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral para la renovación de los miembros del Honorable Congreso
del Estado y de los integrantes de los once Ayuntamientos en cumplimiento a lo dispuesto
por los artículos 98, 99, fracción III, 160 y 164 del Código Electoral del Estado, por lo que
44
atendiendo al contenido del último párrafo del artículo 307 del ordenamiento citado, el
Magistrado Presidente de esta Sala designo personal autorizado para recibir todo tipo de
documentación en materia electoral dentro y fuera del horario normal de labores del
Poder Judicial.
Atención Permanente para el Estricto Cumplimiento de la Legislación Electoral
Por disposición del artículo 361 del Código Electoral del Estado así como por el
artículo 7 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, por lo que en cualquier
momento los Partidos Políticos o sus Candidatos podían interponer un recurso de
apelación o de nulidad según correspondiera.
Para cumplimentar lo anterior y a falta de una oficialía de partes exclusivamente
adscrita a la Sala Administrativa y Electoral, y dada la urgencia en la resolución de los
medios de impugnación, la Presidencia designo personal capacitado para la recepción de
los recursos que se fueran presentando, para lograr lo anterior, dicho personal tuvo la
tarea de estar monitoreando al Instituto Estatal Electoral y a sus Consejo Municipales y
Distritales para estar en aptitud de conocer las resoluciones que estos estaban emitiendo
y en su caso deducir si los mismos les reparaban perjuicio a alguno o a todos los partidos
así como a sus candidatos, con la finalidad de obtener los probables plazos de
impugnación, estando localizable además en cualquier hora través de un teléfono
publicado en los estrados de la Sala y en la página de Internet del Poder Judicial del
Estado— y disponible para la recepción de los recursos.
Ahora bien, una vez que era dictada una sentencia por parte de la Sala, esta era
impugnable ya sea vía Juicio de Revisión Constitucional Electoral por los Partidos Políticos
o vía Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano por parte
de los Precandidatos o Candidatos, convirtiéndose la Sala en autoridad responsable de la
remisión de los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
45
Federación para su resolución, lo que implicaba estar al pendiente de los medios de
comunicación locales así como la disponibilidad del personal adscrito durante los plazos
de interposición del recurso, ya que implicaba dar un aviso de interposición de recurso de
manera inmediata a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación por ser la autoridad revisora para el Estado de Aguascalientes.
Así, por ejemplo una vez recibido el Juicio de Revisión Constitucional Electoral en
su caso, el personal adscrito tenía varias tareas que realizar, ya que, el toca electoral en
que se hubiere dictado la sentencia impugnada debía ser mandada por mensajería lo más
rápido posible, implicando ciertos requisitos, desde la recepción en la hora y día que lo
interpusiera el representante del partido político, el aviso a la Sala Regional por la vía mas
rápida —aviso vía fax o de manera electrónica a través del portal de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación—, la remisión del toca electoral y del escrito
recursal, la publicidad del recurso presentado por un plazo de setenta y dos horas y, en su
caso la recepción de escritos de terceros interesados y su correspondiente remisión a la
Sala Regional Monterrey, lo que implicaba la elaboración del acuerdo por parte del
personal así como su correspondiente publicidad, teniendo como principal imperativo
actuar de manera pronta y expedita cumpliendo de esta forma con los postulados del
derecho electoral.
Cabe destacar que durante el transcurso del proceso electoral no se recibió ningún
tipo de requerimiento por parte de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación por falta de documentos necesarios para la debida
integración de los juicios promovidos por los partido políticos y los candidatos, sin
embargo si se recibieron cinco peticiones de apoyo para la notificación de resoluciones
emitidas por la citada Sala Regional.
46
Difusión, Agenda de Medios de Comunicación
Durante el proceso electoral 2012-2013, Con la intención de eficientar el desarrollo
de la operación electoral, esta Sala mantuvo un monitoreo permanente de los principales
medios masivos de comunicación en el Estado. Lo anterior permitió sistematizar la
información y conocer la percepción relativa al desarrollo del proceso, de los actores
políticos, de este organismo electoral y en especial de la función natural de esta Sala en
cuanto a las sentencias relativas a las elecciones de los Ayuntamientos y Diputados
locales, así como de la resolución de los asuntos planteados.
Para tal efecto, existió un canal de comunicación abierto y permanente con los
líderes y profesionales de los diversos medios de comunicación en el Estado, a quienes se
les proporciono en forma oportuna la información que se genero en este órgano
jurisdiccional electoral, emitiendo un total de diecinueve (19) boletines de prensa, que
aunado a la realización de entrevistas y declaraciones mediaticas, se cumplió con el
postulado de informar de manera oportuna y veraz sobre los partidos electos referentes al
proceso electoral.
Así mismo, en el monitoreo mediático se detecto que los principales temas de
interés para los medios de comunicación en el Estado fueron las resoluciones emitidas por
esta autoridad y por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder judicial de
la Federación derivadas de los juicios relacionadas con la elecciones de Diputados y
Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, que en la mayoría de los casos confirmaban
las sentencias de esta Sala Administrativa y Electoral.
DATOS ESTADÍSTICOS DE RELEVANCIA EN MATERIA ELECTORAL
A continuación se presentan algunos datos específicos y estadísticas en sus
diferentes rubros de los juicios tramitados en materia electoral ante el Pleno de la Sala
47
Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes durante el
proceso electoral 2012-2013.
Recursos Recibidos.
Durante el transcurso del año electoral 2012 -2013, se promovieron ante la Sala
setenta y cuatro (74) recursos en materia electoral de ellos sesenta y dos (62)
corresponden a recursos de apelación y doce (12) corresponden a recursos de nulidad,
estos últimos relacionados estrechamente con los comicios celebrados el siete de julio del
año en curso.
Por lo que en estricto cumplimiento a la ley de la materia y al artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que, toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
ello, en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán emitir sus resoluciones
de manera pronta, completa e imparcial, se le otorgo a los justiciables y/o actores
políticos la posibilidad de comparecer ante esta instancia jurisdiccional para la resolución
de los conflictos suscitados en contra de actos emitidos por las autoridades electorales
48
como lo son, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los Consejos Distritales y
Consejos Municipales en los que surgía alguna controversia o que les generaban algún
tipo de perjuicio en su esfera jurídica, ya que al resolver de manera pronta se les permitió
acudir ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a manifestar su inconformidad, en su caso, con las sentencias o resoluciones
que fueron dictadas dentro de los tocas electorales con un tiempo prudente, mucho antes
de que se tomara protesta de los cargos a los Diputados en el Congreso del Estado y en los
Ayuntamientos a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
El catorce de noviembre de dos mil trece, se dio por concluido el periodo electoral
2012-2013, toda vez que, no quedó recurso pendiente de resolver tal y como lo señala el
Código Electoral del Estado, situación que fue informada al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes y al Consejo General del Instituto Estatal Electoral.
Naturaleza de los Recursos Recibidos
Del estudio que se realizó a cada uno de los casos presentados, se derivo la
naturaleza del acto que se reclamaba por el Representante del Partido Político y los
Candidatos según fuera el caso, ya que la mayoría de los asuntos, por ejemplo
denunciaban hechos en contra de otros partidos o candidatos por presuntas violaciones al
Código Electoral, de igual manera se interpusieron recursos en contra de multas
económicas interpuestas a los Partidos Políticos mismos que ante la negativa de que se
hubiere acreditado la conducta por la cual se les amonestaba con sanción económica,
acudieron a esta Sala a interponer el recurso correspondiente logrando así una revisión de
la multa impuesta; así como en los anteriores casos hubo más asuntos, mismos que se
señalan a continuación, mostrando el total de expedientes recibidos así como los
porcentajes que les correspondieron según las características de la resolución impugnada,
de igual modo se anexa una grafica para un mejor entendimiento del cumulo de asuntos
resueltos.
49
Naturaleza de los Actos Impugnados Cantidad %
Elección de funcionarios de casilla o de consejos 3 4.05%
Equidad de genero 4 5.41%
Niega nombramiento de representante de partido 2 2.70%
Actos de campaña en contra de otro candidato 2 2.70%
Servidores públicos en actos partidarios 1 1.35%
Fijación de propaganda electoral 9 12.16%
Negativa de registro a candidato o sustitución 4 5.41%
Impresión de boletas electorales 1 1.35%
Denuncia de hechos 13 17.57%
Inhabilitación de candidatos 3 4.05%
Aprobación de planillas de candidatos 1 1.35%
Actos anticipados de campaña 2 2.70%
Imposición de multas económicas 8 10.81%
Auditoria a partido político 1 1.35%
Declaración de validez de elección por el Principio de
Mayoría Relativa 6 8.11%
Declaración de validez de elección por el Principio de
Representación Proporcional 6 8.11%
Varios 8 10.81%
Total 74 100.00%
Ahora bien, de los datos antes citados destaca el hecho de que la mayor cantidad
de asuntos recibidos fue por denuncias de hechos por parte de los Candidatos y Partidos
Políticos participantes dentro del Proceso Electoral 2012-2013, mismos que por criterios
jurisprudenciales se ha decidido que si bien, en principio, el procedimiento especial
sancionador utilizado por el Instituto Estatal Electoral para la resolución de las denuncias
de hechos, se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a
las partes aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica, no se limita a la
autoridad administrativa electoral para que, conforme al ejercicio de las facultades
conferidas por las normas constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de
las pruebas que estime necesarias para su resolución, siempre y cuando la violación
reclamada lo amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes para el
esclarecimiento de los hechos denunciados, motivos anteriores por los cuales al no
sentirse satisfechos dichos requisitos, los justiciables acudían ante esta Sala con la
finalidad de que se realizara la correspondiente revisión de los mencionados
50
procedimientos que derivaba de las denuncias de hechos, mismas que en la mayoría de
los casos fueron infundadas.
Los integrantes del Pleno de esta Sala, afirmaron en diversas sesiones que la
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe
lo contrario, esta medida garante tiene como espíritu evitar que las autoridades
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren a los
gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento
en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados.
De modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias
necesarias, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual
desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de
desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta
negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo.
En la misma tesitura, un asunto de relevancia fue la participación de Servidores
Públicos en actos partidarios, de la misma manera y por criterios jurisprudenciales
emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se decidió respetar su
derecho a participar en eventos de índole partidaria siempre y cuando lo hicieran fuera de
sus días y horarios de trabajo, sin buscar de alguna manera la obtención del voto por parte
de los ciudadanos, ya que, de la interpretación sistemática de los artículos 41 y 134,
párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos
públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se establece la
prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su
responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse
ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se pretende
51
limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son encomendadas,
tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus
atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos
relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos
principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de
elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido
político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales.
Así mismo, se ha dicho jurisprudencialmente que la sola asistencia en días inhábiles
de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado
partido, precandidato o candidato, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el
uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta
clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en
materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho
de desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo
pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal.
De igual manera, en los casos restantes se interpreto de conformidad con la
legislación electoral, teniendo como fin esencial el respeto del voto de los ciudadanos, ya
que, el voto en si mismo entraña la facultad de los propios ciudadanos de elegir o ser
elegido para un cargo de elección popular.
La siguiente grafica representa de una manera más clara la cantidad de asuntos que se
resolvieron por esta Sala, ya sea mediante una sentencia definitiva o por otras formas de
terminación de los procedimientos, clasificándose de acuerdo a la naturaleza de los recursos
presentados, lo que implica por sí mismo un muestreo porcentual del total de los expedientes
que fueron formados por el Secretario de Estudio de esta Sala, tal y como se muestra a
continuación:
52
53
Acuerdos Dictados.
Durante el proceso electoral se dictaron un total de trescientos setenta y un (371)
acuerdos dentro de los tocas electorales, procediéndose a formular los requerimientos
ordinarios necesarios para la integración de los expedientes en los términos de la
legislación aplicable; se requirieron informes y documentos que, obrando en poder de los
órganos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de las autoridades estatales o
municipales, de los partidos políticos o de los particulares, pudieron servir para la
substanciación de los expedientes, siempre que ello no fuera obstáculo para resolver
dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en el Código Electoral
del Estado de Aguascalientes.
En concreto con la finalidad de admitir, requerir o simplemente para darle
continuidad al procedimiento electoral, se dictaron las providencias que fueron necesarias
para la correcta integración de los tocas electorales, lo cual fue hecho hasta el cierre de
instrucción y el turno de los expedientes a cada una de las tres ponencias para el
correspondiente dictado de las sentencias.
Acuerdos dictados que pusieron fin al juicio
Si bien es cierto, el sobreseimiento o el desechamiento de las demandas son una
forma atípica de dar por terminado un juicio, esta Sala fue exhaustiva estudiado las causas
de improcedencia, lo anterior con el objeto de resolver las controversias electorales, de
manera contundente y apegados a los principios de la materia.
Es de destacarse que uno de los principios más importantes de la materia electoral
es el llamado principio de definitividad de la instancia, el cual implica para que un partido
político o un candidato pudiera acudir a la jurisdicción de esta sala por violaciones a sus
derechos político-electorales, con motivo de actos u omisiones del partido político, del
consejo municipal o distrital o del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, tiene la
54
obligación de agotar, previamente, las instancias de solución de conflictos previstas en las
normas internas del partido así como los procedimientos establecidos en el Código
Electoral.
El cumplimiento de ese requisito tiene como presupuesto que los procedimientos
previstos para la solución de conflictos establecidos en la normatividad cumplan con los
principios fundamentales del debido proceso legal, de modo que éstos sean efectivos para
reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido con el acto o
resolución que se combata, por lo tanto esta Sala se vio en la imperiosa necesidad de
remitir ocho recursos que los partidos políticos y sus candidatos intentaban tramitar ante
este Órgano Jurisdiccional vía recurso de apelación, al Consejo General del Instituto
Estatal Electoral para que los resolviera conforme a sus facultades atendiendo al precitado
principio de definitividad previsto en la legislación de la materia.
Datos que se muestran en la siguiente grafica para una mejor asimilación de la
información reportada:
55
De la grafica anterior se desprende que fueron siete recursos desechados,
tomándose tal decisión por no haber cumplido con los requisitos señalados por la ley de la
materia para su admisión y respecto del único expediente que se reporta como
sobreseído, en dicho recurso sobrevino una causal de improcedencia durante el trámite
del mismo, dictándose los acuerdos correspondientes de conformidad con lo señalado en
los artículos 362, 363, 364 365 y 366 del Código Electoral del Estado.
Días promedio para el trámite de los recursos
Durante el proceso electoral 2012-2013, los Recursos de Apelación conocidos por
la Sala duraron en promedio 4.6 días contados desde la fecha en que se presento el
recurso correspondiente, hasta que se dicto la sentencia definitiva.
Datos que se muestran a continuación para una mejor comprensión, indicándose el
toca electoral o expediente de que se trata, tomando en cuenta su fecha de recepción así
como la del dictado de la sentencia definitiva, reflejándose en un último apartado los días
que transcurrieron para la resolución de todos y cada uno de los recursos ahí plasmados.
EXPEDIENTE FECHA DE
RECEPCIÓN FECHA DE
SENTENCIA DÍAS TRANSCURRIDOS
SAE-RAP-0001/2013 07/02/2013 15/02/2013 8
SAE-RAP-0002/2013 07/02/2013 15/02/2013 8
SAE-RAP-0003/2013 13/04/2013 17/04/2013 4
SAE-RAP-0004/2013 13/04/2013 17/04/2013 4
SAE-RAP-0005/2013 13/04/2013 17/04/2013 4
SAE-RAP-0006/2013 13/04/2013 17/04/2013 4
SAE-RAP-0007/2013 06/05/2013 09/05/2013 3
SAE-RAP-0008/2013 15/05/2013 20/05/2013 5
SAE-RAP-0009/2013 15/05/2013 20/05/2013 5
SAE-RAP-0010/2013 21/05/2013 27/05/2013 6
56
SAE-RAP-0011/2013 17/05/2013 23/05/2013 6
SAE-RAP-0012/2013 29/05/2013 03/06/2013 5
SAE-RAP-0013/2013 29/05/2013 06/06/2013 8
SAE-RAP-0014/2013 29/05/2013 05/06/2013 7
SAE-RAP-0015/2013 01/06/2013 03/06/2013 2
SAE-RAP-0016/2013 01/06/2013 03/06/2013 2
SAE-RAP-0017/2013 01/06/2013 01/06/2013 0
SAE-RAP-0018/2013 01/06/2013 01/06/2013 0
SAE-RAP-0019/2013 01/06/2013 03/06/2013 2
SAE-RAP-0020/2013 01/06/2013 03/06/2013 2
SAE-RAP-0021/2013 04/06/2013 07/06/2013 3
SAE-RAP-0022/2013 04/06/2013 13/06/2013 9
SAE-RAP-0023/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
SAE-RAP-0024/2013 04/06/2013 13/06/2013 9
SAE-RAP-0025/2013 04/06/2013 13/06/2013 9
SAE-RAP-0026/2013 04/06/2013 06/06/2013 2
SAE-RAP-0027/2013 04/06/2013 07/06/2013 3
SAE-RAP-0028/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
SAE-RAP-0029/2013 18/06/2013 27/06/2013 9
SAE-RAP-0030/2013 18/06/2013 27/06/2013 9
SAE-RAP-0031/2013 18/06/2013 27/06/2013 9
SAE-RAP-0032/2013 24/06/2013 27/06/2013 3
SAE-RAP-0033/2013 27/06/2013 05/07/2013 8
SAE-RAP-0034/2013 28/06/2013 05/07/2013 7
SAE-RAP-0035/2013 28/06/2013 05/07/2013 7
SAE-RAP-0036/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
SAE-RAP-0037/2013 08/07/2013 16/07/2013 8
SAE-RAP-0038/2013 09/07/2013 16/07/2013 7
SAE-RAP-0039/2013 09/07/2013 16/07/2013 7
SAE-RAP-0040/2013 09/07/2013 16/07/2013 7
SAE-RAP-0041/2013 09/07/2013 16/07/2013 7
SAE-RAP-0042/2013 08/07/2013 16/07/2013 8
57
SAE-RAP-0043/2013 08/07/2013 16/07/2013 8
SAE-RAP-0044/2013 08/07/2013 16/07/2013 8
SAE-RAP-0045/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
SAE-RAP-0046/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
SAE-RAP-0047/2013 15/07/2013 25/07/2013 10
SAE-RAP-0048/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
SAE-RAP-0049/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
SAE-RAP-0050/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
SAE-RAP-0051/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
SAE-RAP-0052/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
SAE-RAP-0053/2013 18/07/2013 18/07/2013 0
SAE-RAP-0059/2013 26/07/2013 26/07/2013 0
SAE-RAP-0067/2013 03/08/2013 03/08/2013 0
SAE-RAP-0068/2013 05/08/2013 16/08/2013 11
SAE-RAP-0069/2013 06/08/2013 06/08/2013 0
SAE-RAP-0070/2013 08/08/2013 16/08/2013 8
SAE-RAP-0071/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
SAE-RAP-0072/2013 12/08/2013 22/08/2013 10
SAE-RAP-0073/2013 17/09/2013 24/09/2013 7
SAE-RAP-0074/2013 30/09/2013 10/10/2013 10
291
(formula 291 días / 62 expedientes = 4.6 días promedio para resolver)
Con lo anterior se demuestra que esta Sala cumplió a cabalidad lo establecido por
el artículo 398, segundo párrafo del Código Electoral del Estado, ya que, la tramitación de
los juicios fue acorde con el mandato establecido en la norma, permitiéndole así a los
justiciables obtener una justicia pronta y expedita, tal y como lo manda la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos.
58
Ahora bien, los Recursos de Nulidad conocidos por la Sala duraron en promedio
47.5 días contados desde la fecha en que se presento el recurso correspondiente, hasta
que se dicto la sentencia definitiva.
EXPEDIENTE FECHA DE
RECEPCIÓN FECHA DE
SENTENCIA DÍAS TRANSCURRIDOS
SAE-RN-0054/2013 02/08/2013 04/10/2013 63
SAE-RN-0055/2013 02/08/2013 30/08/2013 28
SAE-RN-0056/2013 02/08/2013 30/08/2013 28
SAE-RN-0057/2013 02/08/2013 07/11/2013 97
SAE-RN-0058/2013 02/08/2013 30/08/2013 28
SAE-RN-0060/2013 02/08/2013 10/10/2013 69
SAE-RN-0061/2013 26/07/2013 22/08/2013 27
SAE-RN-0062/2013 26/07/2013 10/09/2013 46
SAE-RN-0063/2013 29/07/2013 10/09/2013 43
SAE-RN-0064/2013 26/07/2013 10/09/2013 46
SAE-RN-0065/2013 09/08/2013 04/10/2013 56
SAE-RN-0066/2013 01/08/2013 10/09/2013 40
571
(formula 571 días / 12 expedientes = 47.5 días promedio para resolver)
Con los datos asentados y conforme a lo establecido en líneas anteriores nos
podremos percatar que la Sala Administrativa y Electoral cumplió a cabalidad lo
establecido por los artículo 160 y 163 del Código Electoral del Estado que a la letra
señalan:
“ARTÍCULO 160.- Las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo del mes
de julio del año que corresponda.
59
El proceso electoral ordinario inicia con la sesión de instalación que celebre el
Consejo dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año previo al de la
elección, y concluye:
I. Con la declaración de validez de las elecciones y entrega de constancias de
mayoría a diputados y miembros de los ayuntamientos;
II. Con la declaración de validez de la elección de Gobernador por parte de la Sala;
III. Con la entrega de constancias de asignación a los diputados y miembros de los
ayuntamientos, de representación proporcional;
IV. Cuando no se presente algún medio de impugnación electoral, respecto de la
cualquier tipo de elección;
V. Cuando cause estado la resolución del órgano jurisdiccional electoral del último
de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto; e
VI. Interpuesto un medio de impugnación sin que se hubiere resuelto, a la fecha de
la toma de protesta constitucional del candidato electo.”
“ARTÍCULO 163.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la
Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, partidos políticos,
asociaciones políticas, candidatos independientes y los ciudadanos, que tiene por objeto la
renovación periódica del Congreso del Estado, Gobernador y ayuntamientos.”
Lo anterior, ya que, la resolución de los juicios fue realizada antes de la toma de
protesta de los candidatos electos a Diputados el quince de noviembre de dos mil trece de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así
como con la toma de protesta de los integrantes de los Ayuntamientos el treinta y uno de
60
diciembre de dos mil trece de conformidad con el artículo 18 de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, artículos que se transcriben a continuación:
“Artículo 23.- El Congreso del Estado se instalará cada tres años, el 15 de
noviembre del año de la elección.”
“Artículo 18.- Los ayuntamientos se renovarán cada tres años, iniciarán su período
el día primero de enero del año siguiente a su elección y concluirán el día treinta y uno de
diciembre del año de las elecciones para su renovación.
El día 31 del mes de diciembre del año en que se verifique la elección
correspondiente, deberán comparecer las personas que en los términos de Ley resultaron
electos para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, con el fin de
rendir protesta para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos. Esta protesta de
ley surtirá sus efectos el día primero del mes de enero del siguiente año, momento en que
inicien el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento entrante.”
Notificaciones.
En cuanto a la cantidad de notificaciones con las que se comunico a las partes los
acuerdos y sentencias dictadas dentro de los tocas electorales, los Actuarios de la Sala
realizaron un total de quinientas cincuenta y siete (557), de las cuales doscientas
veintinueve (229) fueron hechas a particulares —es decir, Representantes de los Partidos
Políticos así como a aquellos Partidos y Candidatos que comparecieron como terceros
interesados— y trescientos veintiocho (328) a las autoridades —dentro de las cuales están
contempladas el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los Consejos Municipales y
Distritales, así como a otras autoridades que fungieron como auxiliares para la resolución
de los asuntos—, sin que se razonara alguna ya que la mayoría se realizaron el mismo día
en que se dictaron los acuerdos y sentencias y, solo en pocos asuntos se realizaron al día
siguiente previo citatorio.
61
De lo anterior, se muestran los datos de manera grafica, con la finalidad de que se
pueda apreciar de una mejor manera la información antes descrita;
Sesiones Públicas Celebradas.
En cuanto a las sesiones celebradas durante este proceso electoral 2012-2013, las
mismas fueron públicas tal y como lo ordena la legislación de la materia al señalar en su
numeral 377 que:
“…En el Procedimiento ante la Sala se observará lo siguiente:
El Presidente ordenará que se publique en los estrados respectivos,
por lo menos con veinticuatro horas de antelación, la lista de los asuntos
que serán ventilados en cada sesión.
62
La Sala dictará sus sentencias en sesión pública, de conformidad con
lo que establezcan la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado…”
Hecho lo anterior, esta Sala sumo un total de diecinueve (19) sesiones públicas
celebradas por los integrantes del Pleno de esta Sala Administrativa y Electoral previa
convocatoria que se fijó con veinticuatro horas de antelación en los estrados y el portal de
internet del Poder Judicial del Estado de conformidad con el artículo 377 del Código
Electoral del Estado, para cumplir con el principio de publicidad contenido en la legislación
electoral, que se concreta al derecho a conocer el estado de la tramitación y resolución de
los procedimientos electorales.
63
Sesiones que fueron celebradas en las siguientes fechas y donde se resolvieron los
tocas electorales que a continuación se indican:
- El quince de febrero de dos mil trece, se resolvieron el toca electoral SAE-RAP-
0001/2013 y su acumulado SAE-RAP-0002/2013.
- El diecisiete de abril de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RAP-
0003/2013 y sus acumulados SAE-RAP-0004/2013, SAE-RAP-0005/2013 y SAE-RAP-
0006/2013.
- El nueve de mayo de dos mil trece, se resolvió el toca electoral SAE-RAP-
0007/2013.
- El veinte de mayo de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RAP-
0008/2013 y SAE-RAP-0009/2013.
- El veintitrés de mayo de dos mil trece, se resolvió el toca electoral SAE-RAP-
0011/2013.
- El veintisiete de mayo de dos mil trece, se resolvió el toca electoral SAE-RAP-
0010/2013.
- El seis de junio de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RAP-
0013/2013 y SAE-RAP-0014/2013.
- El trece de junio de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RAP-
0022/2013 y el SAE-RAP-0024/2013 y su acumulado SAE-RAP-0025/2013.
- El veintisiete de junio de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-
RAP-0032 y el SAE-RAP-0029/2013 y sus acumulados SAE-RAP-0030/2013 y SAE-
RAP-0031/2013.
- El cinco de julio de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RAP-
0033/2013, SAE-RAP-0034/2013 y SAE-RAP-0035/2013.
- El dieciséis de julio de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RAP-
0037/2013, SAE-RAP-0038/2013, SAE-RAP-0039/2013, SAE-RAP-0042/2013, SAE-
RAP-0043/2013, SAE-RAP-0044/2013 y SAE-RAP-0040/2013 y su acumulado SAE-
RAP-0041/2013.
64
- El veinticinco de julio de dos mil trece, se resolvió el toca electoral SAE-RAP-
0047/2013.
- El dieciséis de agosto de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-
RAP-0078/2013 y SAE-RAP-0070/2013.
- El veintidós de agosto de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-
RAP-0072/2013 y SAE-RN-0061/2013.
- El treinta de agosto de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RN-
0055/2013, SAE-RN-0056/2013 y SAE-RN-0058/2013.
- El diez de septiembre de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RN-
0062/2013, SAE-RN-0063/2013 y SAE-RN-0064/2013 y su acumulado SAE-RN-
0066/2013.
- El cuatro de octubre de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RN-
0065/2013 y SAE-RN-0054/2013.
- El diez de octubre de dos mil trece, se resolvieron los tocas electorales SAE-RN-
0060/2013 y SAE-RAP-0074/2013.
- El siete de noviembre de dos mil trece, se resolvió el toca electoral SAE-RN-
0057/2013, siendo este el último recurso que se resolvió en materia electoral.
Cabe destacar que todas las sesiones públicas celebradas para la resolución de los
recursos interpuestos en materia electoral, fueron grabadas en audio, elaborándose así
sus correspondientes versiones estenográficas, donde constan las participaciones y
comentarios que sirvieron de base y motivación para la toma de decisiones de los
Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Administrativa y Electoral, al momento de
dictar las correspondientes sentencias definitivas.
Sentencias Dictadas y Recurridas.
En cuanto a las sentencias dictadas se pronunciaron un total de cuarenta y cinco
(45), correspondiendo a cada una de las tres ponencias un total de quince (15) sentencias.
65
Datos que se aprecian en la siguiente grafica, de la cual se desprende el número
total de sentencia que confirmaron las resoluciones recurridas, las que revocaron y
aquellas que por la naturaleza de los planteamientos de los recurrentes fueron
sobreseidas sin posibilidad alguna de realizar un estudio de fondo del recurso interpuesto,
datos que se precisan de la siguiente manera:
Del total de las sentencias, solo fueron recurridas ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación treinta y siete (37), de las cuales diez (10) se tramitaron vía
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC),
veinticinco (25) vía Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC) y ante las instancias
correspondientes se tramitaron un Juicio de Amparo Directo y otro Indirecto, los cuales de
igual manera se resolvieron antes de la toma de protesta de los candidatos, ya sea en los
Ayuntamientos o en el Congreso del Estado.
66
En cuanto a la eficacia de esta Sala en la resolución de los asuntos, la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue la autoridad
encargada de resolver los recursos o juicios que se interpusieron en contra de las
sentencias dictadas, concluyendo en sus resoluciones confirmar veinticuatro (24), revocar
siete (7), modificar dos (2) y desechar o sobreseer cuatro (4); sin que pase desapercibido
que solo una de las resoluciones confirmadas se trato de un amparo directo que fue
resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en el Estado.
Datos que se muestran a continuación, indicándose el número del toca electoral
recurrido, el número de expediente que del fue asignado por la instancia revisora, así
como el sentido con el que culmino la sentencia recurrida, tal y como se señala en la
siguiente tabla:
67
EXPEDIENTE SAE EXPEDIENTE TEPJF
SENTIDO DE LA SENTENCIA
SAE-RAP-0001/2013 y acumulados SM-JDC-421/2013 Confirmo
SAE-RAP-0007/2013 SM-JDC-505/2013 Confirmo
SAE-RAP-0008/2013 SM-JRC-22/2013 Confirmo
SAE-RAP-0009/2013 SM-JRC-23/2013 Confirmo
SAE-RAP-0010/2013 SM-JRC-27/2013 Confirmo
SAE-RAP-0013/2013 SM-JRC-33/2013 Confirmo
SAE-RAP-0014/2013 SM-JRC-32/2013 Modifico
SAE-RAP-0014/2013 SM-JDC-537/2013 Modifico
SAE-RAP-0015/2013 SM-JDC-528/2013 Revoco
SAE-RAP-0024/2013 y acumulados SM-JRC-35/2013 Confirmo
SAE-RAP-0029/2013 y acumulados SM-JRC-42/2013 Revoco
SAE-RAP-0029/2013 y acumulados SM-JRC-49/2013 Confirmo
SAE-RAP-0032/2013 SM-JRC-43/2013 Revoco
SAE-RAP-0037/2013 SM-JRC-45/2013 Revoco
SAE-RAP-0038/2013 SM-JRC-48/2013 Revoco
SAE-RAP-0039/2013 SM-JRC-47/2013 Confirmo
SAE-RAP-0053/2013 SM-JRC-46/2013 Confirmo
SAE-RAP-0059/2013 SM-JRC-83/2013 Confirmo
SAE-RAP-0071/2013 SM-JRC-84/2013 Confirmo
SAE-RAP-0067/2013 ADA-804/2013 Confirma y Desecha
Amparo
SAE-RAP-0070/2013 SM-JRC-91/2013 Revoco
SAE-RAP-0038/2013 SM-JRC-103/2013 Confirmo
SAE-RAP-0072/2013 SM-JRC-105/2013 Confirmo
SAE-RN-0061/2013 SM-JDC-736/2013 Confirmo
SAE-RN-0058/2013 SM-JRC-109/2013 Revoco
SAE-RN-0058/2013 SM-JDC-739/2013 Desecha
SAE-RN-0055/2013 SM-JRC-110/2013 Confirmo
SAE-RN-0056/2013 SM-JRC-111/2013 Confirmo
SAE-RN-0058/2013 1718/2013-V Sobresee Amparo
SAE-RN-0063/2013 SM-JDC-743/2013 Confirmo
SAE-RN-0062/2013 SM-JDC-744/2013 Confirmo
SAE-RN-0064/2013 y acumulados SM-JRC-115/2013 Confirmo
SAE-RN-0064/2013 y acumulados SM-JDC-745/2013 Confirmo
SAE-RN-0058/2013 SM-JRC-118/2013 Confirmo
SAE-RN-0058/2013 SM-JDC-755/2013 Desecha
SAE-RAP-0070/2013 SM-JRC-119/2013 Confirmo
SAE-RN-0060/2013 SM-JRC-121/2013 Confirmo
68
Datos que, se representan en la siguiente grafica, destacándose la mayor cantidad
de sentencias confirmadas, lo que demuestra la calidad del trabajo jurisdiccional de las
resoluciones dictadas por el pleno de la Sala Administrativa y Electoral, sin que las
revocaciones ahí plasmadas cambiaran de alguna manera los resultados de los actos
recurridos o que se pretendía anular por parte de los recurrentes.
Acumulación de Autos
Ahora bien, por las características de la materia electoral y la resolución de los
asuntos, diez (10) expedientes fueron acumulados, ya que, la acumulación de autos o
expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en
una misma sentencia, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y
exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias.
69
Lo anterior es importante, porque, de la interpretación funcional de los artículos
41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes
electorales estatales que recogen las reglas y principios jurídicos propios de los medios de
impugnación, se concluye que no se puede escindir la continencia de la causa con
determinaciones parciales.
Es así, porque cualquier proceso impugnativo debe concluir necesariamente con
una sola resolución, en la que se comprendan todas las cuestiones concernientes al
mismo, en su individualidad y en su correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta
la decisión del mérito sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las
pretensiones y defensas opuestas.
Esta situación resulta de la naturaleza de la jurisdicción electoral, de los valores
que protege y de los fines que persigue, toda vez que se trata de procesos concentrados
en muy pocas actuaciones, en donde se tiene el propósito de hacer frente eficazmente a
las necesidades de especial celeridad en la tramitación, sustanciación y resolución, como
únicos instrumentos idóneos para resarcir a los promoventes en el goce y disfrute de los
derechos conculcados o de enmendar oportunamente las irregularidades de un proceso,
antes de que se tornen irreparables por la definitividad.
Esto con el objeto de concluir el ejercicio democrático con apego a los principios
fijados en la ley fundamental, en donde la fragmentación de la contienda constituiría un
atentado a dichas calidades definitorias, en tanto que multiplicaría innecesariamente las
actuaciones, en contravención al principio de concentración; fomentaría mayor extensión
en la prosecución de la causa; propiciaría el incremento de instancias; dividiría la
continencia de la causa con perjuicio del mejor conocimiento que puede proporcionar la
vista conjunta de todas las cuestiones planteadas, en su individualidad y correlación;
generaría la posibilidad de resoluciones incompletas; abriría cauces para resoluciones
contradictorias; podría dar lugar a reposiciones de procedimientos en detrimento de los
70
plazos breves que son necesarios para su resolución definitiva; rompería con la
continuidad necesaria y conveniente en el trámite y en el tiempo, y hasta podría generar
la irreparabilidad de las violaciones u obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las
sentencias; criterio que ha sido sostenido por la Jurisprudencia 5/2004 de las sustentadas
por la Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil cuatro, mediante la
cual aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Comparativo con el Tribunal Electoral Anterior
Se debe destacar que cada proceso electoral es diferente, pero todos los procesos
siempre tienen una sola finalidad instrumentar y facilitar la realización de los comicios y la
posterior asignación de cargos y bancas entre las distintas fuerzas políticas participantes
en base al resultado por ellas obtenido.
Por lo que el electorado se manifiesta a través del "voto" o "sufragio", entendido
éste como el único elemento objetivizador de la voluntad popular capaz de trasuntar las
tendencias políticas individuales de cada ciudadano para convertirlas en expresión
colectiva destinada a determinar quienes resultarán depositarios del mandato popular
para acceder a los cargos de elección popular.
La renovación de poderes solamente es posible a través de elecciones que deriven
de procesos electorales constitucionales y legales. En ese contexto, los artículos 1, 35, 39
al 41, 50 al 60, 80 al 83, 116, 122, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establecen reglas para realizar los comicios. Dichas reglas son
obligatorias para las autoridades en general, para los partidos políticos, candidatos,
personas jurídicas o personas físicas.
71
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, las
elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, lo anterior de conformidad con el
artículo 41, párrafo segundo.
Derivado de lo anterior es obligatorio hacer un comparativo con la elección más
reciente, lo cual nos permitirá observar el comportamiento de la sociedad, su
participación el de los partidos políticos y actores políticos, el interés general y por
supuesto la actividad de este órgano jurisdiccional lo cual habrá de generar un autentico
medidor de gestión.
Como se pudo observar, la tendencia en la interposición de recursos casi se ha
mantenido durante los dos procesos electorales que se comparan, sin embargo durante el
último proceso electoral 2012-2013 y a partir de la reforma constitucional en el Estado,
72
referente al funcionamiento permanente de esta Autoridad Electoral, se reflejo en un
incremento en la interposición de recursos en materia electoral, máxime que se trataba
solo de elecciones de Diputados y de Ayuntamientos, incremento que denota la gran
actividad e interés público en la materia electoral y la participación cada vez mayor de los
partidos políticos y a sus integrantes, en el proceso en comento, fomentándose así un
cultura de la legalidad y de respeto a los derechos políticos de los ciudadanos de votar y
ser votados para formar parte del servicio público.
Evidenciando entonces que, durante el proceso electoral 2009-2010 a pesar de que
se impugno la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, solo se recibieron un
total de cincuenta y siete recursos, mientras que durante el proceso electoral 2012-2013
se recibieron un total de setenta y cuatro recursos solo para las elecciones de
Ayuntamientos (Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores) y de integrantes para el
Congreso del Estado.
Ahora bien, se puede observar de dicha gráfica que, los autos dictados durante el
proceso electoral del 2009-2010 fue mayor, esto debido a la elección de gobernador, así
como al mayor número de requerimientos que se hicieron a las autoridades electorales
para completar o allegarse de pruebas dentro de los tocas electorales.
En lo concerniente al aspecto de las notificaciones se tuvo un incremento en
comparación con el proceso pasado (2009-2010), esto debido a que hubo un mayor
número de actores, terceros interesados y autoridades involucradas dentro de cada uno
de los recursos que fueron promovidos, destacando de igual manera que durante este
proceso electoral (2012-2013) las sentencias y resoluciones dictadas se notificaron la
mayoría el mismo día en que se emitían, existiendo pocas excepciones en que se dejo
previo citatorio.
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Respecto a las sentencias dictadas el número mayor lo obtuvo el proceso electoral
2009-2010, lo anterior derivado en parte a la elección de Gobernador, existiendo mayor
pugna en la revisión de los resultados arrojados por los Consejos Distritales; otra de las
causas fue en que en este Proceso Electoral 2012-2013 se tuvo el mayor número de
expedientes acumulados al existir mayor igualdad en las pretensiones planteadas por los
representantes de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y ciudadanos que
acudían ante esta instancia para que fuera resueltas sus pretensiones, evitándose así el
dictado de sentencias contradictorias.
Ahora bien, en referencia a las sentencias que fueron recurridas ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el Proceso Electoral de 2009-2010
obtuvo un total de cuarenta recursos para su correspondiente revisión, en cambio durante
el Proceso Electoral 2012-2013 solo se recibieron treinta y siete, diferencias que radican
principalmente en el número de sentencias dictadas en cada proceso electoral.
En el número se sesiones celebradas se obtuvo el mismo número, ya que de
conformidad con los datos plasmados en el informe que fuera rendido por el Tribunal
Electoral del Estado en su conformación anterior durante el proceso electoral 2009-2010,
de las veinte sesiones celebradas, una fue solamente para la entrega de la constancia de
mayoría al candidato ganador de la Gubernatura en el Estado el Ingeniero Carlos Lozano
de la Torre, por tanto se igualo el número de sesiones en ambos procesos electorales a
diecinueve.
Es menester señalar que durante este proceso la cantidad de argumentos
planteados en los recursos requirieron de mayor tiempo de estudio por parte del Pleno de
esta Sala, solo en cierto asuntos, sin que lo anterior fuera obstáculo para dar por
concluido el proceso electoral antes de la toma de protesta de candidatos, tal y como ya
ha sido señalado en párrafos anteriores.
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Conclusión del Proceso Electoral.
Señala el Código Electoral del Estado de Aguascalientes que, una vez resuelto el
último recurso ante la instancia jurisdiccional correspondiente se dará por terminado el
proceso electoral, por lo que esta Sala Administrativa y Electoral con la finalidad de que
las autoridades electorales tuvieran conocimiento de que se había resuelto el último
expediente electoral, así como, para la toma de protesta de los candidatos electos a
Diputados, remitió el treinta y uno de octubre de dos mil trece las sentencias definitivas
correspondientes al Congreso del Estado y de igual manera se informo el catorce de
noviembre de dos mil trece al Consejo General del Instituto Estatal Electoral tal situación,
para la correspondiente toma de posesión de los candidatos electos por los principios de
mayoría relativa o de representación proporcional en los Municipios que comprenden el
Estado.
Remisión de los Tocas Electores concluidos al Archivo General de Poder Judicial
Una vez concluido el Proceso Electoral 2012-2013, los setenta y cuatro tocas
electorales que se formaron con motivo de los recursos de apelación y de nulidad
promovidos por los partidos políticos, ciudadanos y candidatos electos, se prepararon
para su remisión material al Archivo Judicial donde serian resguardados, cumpliéndose así
con lo ordenado en el último auto dictado en cada uno de los expedientes, de igual
manera, se informo al archivo general que debido a la características propias de la materia
electoral, en varios expedientes y por la cantidad de actuaciones que se contenían en ellos
hubo la necesidad de que se formaran varios tomos, así como de aquellos que se
encontraban dentro de otros expedientes por motivos de acumulación, lo anterior para
que se tomaran las previsiones correspondientes con la finalidad de facilitar el archivo e
identificación de los mismos, para la futura consulta por parte de este Órgano
Jurisdiccional o de las partes que intervinieron en ellos.
De lo anterior, se acordaron las siguientes fechas para la remisión de los tocas
electorales al Archivo Judicial: los días tres, diez y diecisiete de diciembre del año dos mil
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trece, dividiéndose entonces la entrega en tres partes, lo cual posibilitaría una mejor
distribución de los tiempos y del personal del archivo judicial para la correspondiente
recepción y custodia de los tocas electorales en cita.
Transparencia
La Sala Administrativa y Electoral, tiene entre sus principales objetivos mantener la
confianza de los ciudadanos, cumpliendo con la obligación y el principio fundamental de
acceso a la información y rendición de cuentas en el ejercicio de nuestras funciones,
cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el artículo 9 del Capítulo II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. Durante el
periodo a informar los Magistrados realizaron varias actividades de las que destacan,
audiencias de parte, intervenciones en actos académicos y reuniones de trabajo con el
personal jurisdiccional y administrativo, añadiendo al Presidente la representación del
esta Sala con su asistencia a los eventos nacionales en materia electoral celebrados por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese tenor es preciso informar que la Sala Administrativa y Electoral, solo recibió
dos (2) solicitudes de información mismas que fueron resueltas y solventadas en conjunto
con la Unidad de Trasparencia del Poder Judicial del Estado, atendiéndose de manera
favorable a los ciudadanos, las mismas versaron respecto a los siguiente tópicos:
- La existencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales
dentro del Código Electoral del Estado y;
- El número de asuntos recibidos durante el Proceso Electoral 2012-2013 y las
sentencias dictadas durante ese periodo.
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CONCLUSIÓN
Desde el primer día en nuestras funciones mis compañeros Magistrados y el
suscrito, determinamos como política y objetivo del Pleno de la Sala Administrativa y
Electoral, la superación personal, intelectual cultural y profesional de todos los que la
integramos, esto con el anhelo principal de recuperar paso a paso y con firmeza el lugar
que nos corresponde al interior de la sociedad, lugar que por razones y circunstancias que
ahora no es oportuno mencionar, algunos órganos como el nuestro lo han ido perdiendo,
para nosotros como integrantes de un cuerpo colegiado con capacidad para dirimir
controversias y decir el derecho, la figura del juzgador es la de un personaje que debe ser
respetado y respetable, el cargo además de que se asume como una importante función
pública, implica una conducta honesta y comprometida.
La dignidad de aquel que tiene como actividad juzgar a sus semejantes debe estar
presente en todos los actos de este funcionario, incluso en aquellos de carácter privado,
pues solo al dignificar a la persona y a su función, volveremos a recobrar nuestro sitial.
El respeto se gana todos los días, es una tarea que se labra cotidianamente y en
ese andar continuaremos, sabemos el camino.
El juzgador es un hombre seleccionado de entre los hombres para juzgar a sus
semejantes, por ello la actividad de juzgar adquiere un cariz especial, pues esta actividad
se debe de realizar de manera muy eficiente, transparente y responsable, mas para juzgar
de manera eficiente y dar a cada quien lo suyo, es necesario cultivar virtudes.
De esta manera, al movernos de cierta manera en un plano superior a nuestros
semejantes, tendremos la conciencia tranquila pues estaremos actuando con rectitud.
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De la calidad humana, profesional y ética, que tengamos los juzgadores, depende
la calidad de la justicia, y la calidad humana solo se logra con valores.
En la actualidad se confunde al buen juzgador con el perito en la ciencia jurídica,
está limitada apreciación ha disminuido la importancia del juzgador en la vida humanística
y social de nuestro entorno.
Conocer el derecho es sin duda trascendente y sustantivo, pero el perfil del
juzgador que requiere la vida actual es más completo, es aquel que además de técnica,
posee como acervo un humanismo y una cultura con el fin de desarrollar la cualidad
humana.
Ya en el derecho romano, se definió a la jurisprudencia como el conocimiento de
las cosas divinas y humanas y como la ciencia de lo justo, tal amplitud cultural y tan difícil
ciencia limita a una minoría seleccionada la posibilidad de la autentica practica de juzgar,
pues todas estas expresiones tienen un principal objetivo en el ser humano, que es vivir
en un mundo que le permita su realización plena.
Ciarutti, en su obra Arte forense, expone: “Dad a un hombre todas las dotes del
espíritu, dadle todas las del carácter, haced que todo lo haya visto, que todo lo haya
aprendido y retenido, que haya trabajado durante treinta años de vida, que sea en
conjunto un literato, un crítico, un moralista, que tenga la experiencia de un viejo y la
inefable memoria de un niño, y tal vez con todo esto formemos un juzgador completo.”
Estas profundas palabras expresan la naturaleza de las condiciones requeridas
para quienes dedican su vida al noble y áspero ejercicio de impartir o pedir justicia, en ese
sentido manifestar y agradecer el apoyo institucional para lograr este fin primordial .
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Quiero agradecer a mis compañeros Magistrados lo señores Rigoberto Alonso
Delgado y Alfonso Román Quiroz su confianza y su aval para encabezar esta gestión al
frente de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
su apoyo incondicional en este periodo que se informa, relativo a este año de los que
denominan político y que si bien es cierto hubo momento álgidos, siempre fuimos fieles a
nuestros principios, a la ley y a lo que la sociedad reclama, un órgano resolutivo garante
del estado de derecho, que no intervenga en asuntos que no son de su competencia, que
nuestra participación en la cosa pública se constriña al trabajo diario con seriedad,
seguridad, valentía, honestidad y con el conocimiento de hacer una labor noble y de
fuerte espíritu solidario. Eso desea de todo juzgador la sociedad y con gradualidad y
gracias a su entrega lo hemos logrado.
Les agradezco su disposición y empeño en el reto que nos trazamos al inicio de
esta responsabilidad, partiendo de la elaboración de un diagnostico, de la definición de
objetivos y metas logrando un programa integral que ahora habremos de evaluar,
consolidando lo realizado y esforzándonos por cumplir lo que no se ha logrado.
Conquistar la aprobación de nuestro desempeño por la sociedad deberá ser el
objetivo preciado y podemos obtenerlo con relativa facilidad porque tenemos las bases
solidas como el aval a nuestras resoluciones y el prestigio ganado a pulso por este órgano
jurisdiccional.
Analicen este informe, critíquenlo y discutámoslo. Un cuerpo colegiado como
nuestro Pleno, se enriquece con la sana participación de cada uno de sus miembros, ya
que la experiencia nos ha enseñado a respetar la verdad ajena y reconocer el error propio,
el rumbo puede variar si creen que la dirección no ha sido correcta, manifestando que su
participación en este ejercicio solo puede merecer mi reconocimiento y agradecimiento.
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Es preciso extender mi agradecimiento al C. Magistrado Fernando González de
Luna, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Presidente del Consejo de
la Judicatura, por el apoyo que brinda a las labores de este órgano.
De igual manera a los Señores Diputados que integran las LXII Legislatura del H.
Congreso del Estado.
Manifiesto mi reconocimiento de los que integramos el Pleno de esta Sala
Administrativa y Electoral al Señor Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador
Constitucional del Estado y Jefe de las Instituciones, por fomentar el respeto a la cultura
de la legalidad, por vigilar y promover el cumplimiento estricto al estado de derecho,
actitudes que fortalecen a todo órgano dedicado a la impartición de justicia.
Con especial énfasis, a la sociedad de Aguascalientes, a los actores, partidos y
asociaciones políticas por estar siempre a la altura de una sociedad generadora del
bienestar social y de la democracia, sociedad respetada y respetable, que se caracteriza
por el fomento a los valores y a sus tradiciones, sociedad que se caracteriza por anteponer
siempre el bien común al interés particular.
Aguascalientes, Aguascalientes. 19 de diciembre de 2013
El Presidente de la Sala Administrativa y Electoral
del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Magistrado Enrique Franco Muñoz.
