Informe Anual de Comision 2011 2012
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COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
INFORME ANUAL
PERIODO LEGISLATIVO 2011 -2012
Lima, 18 de julio de 2012
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INDICE
INTRODUCCIÓN
I. ANTECEDENTES
1.1 Miembros de la Comisión
I.2 Instalación y Mesa Directiva
1.3 Plan de Trabajo
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2.1 Sesiones ordinarias
2.2 Sesiones extraordinarias
2.3 Otras actividades
III. LABOR LEGISLATIVA
3.1 Proyectos de Ley
3.2 Limitaciones
3.3 Conclusiones parciales
IV. LABOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
4.1 Diagnósticos Sectoriales y Propuestas de la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguridad Ciudadana a cada Sector.
4.1.1 Poder Judicial
4.1.2 Fiscalía de la Nación
4.1.3 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
4.1.4 Instituto Nacional Penitenciario
4.1.5 Ministerio de Educación
V. OBSERVATORIO CONGRESAL
5.1 antecedentes
5.2 Alcance
5.3 Actividades
5.4 Plataforma de denuncia
5.5 Conclusiones parciales
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VI. GRUPOS DE TRABAJO
6.1 Informe del Grupo de Trabajo Monitoreo, evaluación y seguimiento de las
políticas públicas ejecutadas a nivel del gobierno nacional, regional y local,
para prevenir, reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad y las
distintas formas de delincuencia”
6.2 Informe del Grupo de Trabajo “Monitoreo y evaluación de la actuación de
la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito; así como el
monitoreo y evaluación de las actividades de las instituciones encargadas
del seguimiento del lavado de activos”.
6.3 Conclusiones de los Grupos de Trabajo
6.3.1 Conclusiones del Grupo de Trabajo “Monitoreo, evaluación y
seguimiento de las políticas públicas ejecutadas a nivel del gobierno
nacional, regional y local, para prevenir, reducir y eliminar las
consecuencias de la criminalidad y las distintas formas de
delincuencia”
6.3.2 Conclusiones del Grupo de Trabajo “Monitoreo y evaluación de la
actuación de la Policía Nacional del Perú en la investigación del
delito; así como el monitoreo y evaluación de las actividades de las
instituciones encargadas del seguimiento del lavado de activos”.
6.4 Recomendaciones de los Grupos de Trabajo
VII. PARTICIPACIÓN EN LA CONASEC
7.1 Aportes
7.2 Conclusiones parciales
VIII. PARTICIPACIÓN EVENTOS INTERNACIONALES
IX. CONCLUSIONES FNALES
X. RECOMENDACIONES
XI. ANEXOS
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COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGRUIDAD CIUDADANA
INTRODUCCIÓN
La seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación generalizada –
debido a la percepción de inseguridad en las calles–, que está en la agenda pública
de las políticas del Estado –con algunas deficiencias–, y también debería ser
prioridad de la agenda parlamentaria de nuestro Congreso de la República.
Como Comisión hemos adoptado un criterio de Seguridad Ciudadana el cual, implica
ser libres, sin temor y amenazas, andar por las calles con verdadero respeto a los
derechos humanos como la vida, integridad física, síquica y moral, respeto al
patrimonio, entre otros, derechos que han sido consagrados tanto en nuestra
Constitución como verdaderos derechos constitucionales, y que han sido enervados
ha instancias mayores como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
las Naciones Unidas. En este sentido creemos que la Seguridad Ciudadana está
formada por un conjunto de medidas y políticas públicas que han de ser llevadas a
cabo integralmente por un conjunto de sectores sociales y públicos.
En este sentido, la convivencia pacífica que se pretende lograr apunta a eliminar la
violencia, que según los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, consiste
en una amenaza para la gobernabilidad por cuanto pone en cuestión la propia
esencia del contrato democrático. El estado democrático pierde el monopolio del
empleo de la fuerza pública bajo ciertas condiciones y límites impuestos por el
Estado de Derecho, y se instala en las sociedades una lógica de ley de la selva (…).1
1 ALDA, Erick y BELIZ, Gustavo: ¿Cuál es la salida?, La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana, Banco
interamericano de Desarrollo, 2007.
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La realidad peruana presenta una convivencia violenta, un elevado índice de
criminalidad y una sensación de inseguridad2 por parte de los ciudadanos –quienes
al final terminan siendo los que soportan los niveles de violencia y amenaza que
atentan su integridad y su patrimonio–, las encuestas realizadas por distintos entes
autorizados3 hasta el año 2011, se observa como resultado de las encuestas, que a
través de los años la percepción de la ciudadanía frente a la inseguridad en la ciudad
de Lima Metropolitana ha ido en aumento, pasando de un 70.6% que califica a
nuestra ciudad capital como muy insegura en el 2004 a un 75.4% .
Los datos señalados, permiten apreciar los antecedentes que han motivado al
Congreso de la Republica peruana, dar origen a la Comisión Especial Multipartidaria
de Seguridad Ciudadana, dentro del marco de reinstaurar la pacífica convivencia
ciudadana y como expresión de la voluntad popular en función al Poder
Representante.
En este sentido, el Pleno del Congreso en la Sesión de fecha 11 agosto de 2011,
aprobó la Moción de Orden del Día N° 26, por la cual se originó la conformación de
la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana asignándole las
funciones de seguimiento de las políticas públicas; prevenir, reducir y trabajar hacia
la eliminación de la criminalidad organizada en el país, implica; evaluar las
instituciones encargadas de la investigación del delito así como los organismos del
sistema de justicia con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana para todos
los ciudadanos del país; monitorear y evaluar la formulación y ejecución de las
políticas públicas destinadas a reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad
en el país, entre otras.
2 Sobre el sentimiento de inseguridad, es algo más que la ausencia o presencia de delitos, es una percepción y
como tal resulta ser una construcción social. Si bien es cierto que la inseguridad, como sensación indeterminada
no se puede medir con números concretos tal y cual se miden los hechos, las encuestas de opinión buscan
acercarse a su medición, transformando esta percepción en un hecho que va más allá de una simple opinión. 3 Encuesta Nacional de Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima -2011.
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Esta Comisión, cuya vigencia será el período parlamentario 2011 - 2016, durante el
primer año de mandato ha tratado de establecer un espacio de diálogo con los
representantes de las instituciones involucradas en el tema de seguridad ciudadana.
El presente informe contiene el trabajo al que nos hemos dedicado a través, de
diversas actividades descentralizadas y públicas, con participación directa de la
ciudadanía, del mismo modo, hemos presentado diversas iniciativas legislativas para
mejorar la estructuración de la normatividad penal, procesal penal y penitenciaria,
conjuntamente con otras de relación directa a la prevención del delito y apoyo a
quienes siguen trabajando en pro de la seguridad ciudadana.
También, tenemos el propósito de brindar algunas recomendaciones a los diversos
sectores con los cuales hemos sesionado, con la finalidad de que mejoren el trabajo
que vienen realizando y redoblen los esfuerzos. Estamos hoy enfrentados a delitos
complejos y con organizaciones cada vez más estructurales y funcionales, surge la
imperiosa necesidad de implementar a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
igual de urgente es reeducar a nuestros niños y adolescentes, para una visión
productiva y positiva de la vida que los aleje de la violencia, la cual hemos apreciado
a lo largo de los meses en los programas televisivos. El bullyng está creciendo día a
día y somos nosotros como autoridades, educadores y padres de familia los que
debemos ponerle un freno a esta ola que aqueja a nuestra juventud, la cual en una
proyección pesimista de veinte años, nos enfrentará a un feroz incremento de niños y
adolescentes sicarios, asesinos, secuestradores, etc.
Nuestro país está creciendo, nadie niega el auge económico que todos disfrutamos
de alguna manera, pero sino reforzamos nuestras bases y nuestros sistema, nuestro
país no podrá soportar la violencia y con el tiempo viviremos en el caos, sin respeto a
los derechos fundamentales y libertades públicas que con tanto esfuerzo, nuestros
antecesores lograron heredarnos. Es urgente que todos colaboremos con el Estado
en la erradicación de la violencia y delincuencia, por esta razón esta Comisión
pretende dar a conocer el presente trabajo con las diversas políticas de los sectores
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y también hacer conocer a las mismas autoridades los requerimientos de la
población.
No nos queda duda que la siguiente gestión de esta Comisión, redoblará esfuerzos
por generar aportes, resultados y políticas estructurales, aplicables a nuestra
realidad, la cual seguirá permitiendo a los ciudadanos un desarrollo sostenible y un
mejor trabajo en la seguridad ciudadana, porque esta tarea nos compete a todos.
Congresista Renzo Reggiardo Barreto Presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana
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COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
I. ANTECEDENTES
Ante el incremento de la criminalidad y la sensación de inseguridad en que vive la
población, con fecha 08 de agosto de 2011, congresistas del Grupo parlamentario
Nacionalista Gana Perú presentaron la Moción de Orden del Día No. 26 proponiendo
la conformación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana encargada de:
1. Monitorear y evaluar la formulación y ejecución de las políticas públicas
destinadas a reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad en el país.
2. Evaluar, directamente o con el concurso de especialistas en la materia, la
legislación penal, procesal penal y la normativa que regula la seguridad
ciudadana, a fin de proponer iniciativas legislativas a fin de implementar las
mejoras necesarias para lograr la eficacia de las normas, en un marco de
pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas.
3. Coordinar con:
El consejo nacional de seguridad Ciudadana y Política de Lucha Contra
la criminalidad, o el que haga sus veces;
Los órganos conformantes del sistema nacional de Seguridad
Ciudadana;
Gobiernos regionales
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gobiernos Locales
Poder Judicial,
Ministerio Público
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud,
Sociedad civil, Rondas Campesinas y Urbanas
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Otros organismos del Estado con competencias en materia de
Prevención del delito, Justicia, derechos Fundamentales, sistema
penitenciario, Orden Interno y Seguridad Ciudadana.
A fin de conformar una Mesa de Concertación para la Seguridad Ciudadana y
otras medidas.
En Sesión Plenaria del 11 de agosto de 2011 se admitió a debate la Moción No. 26 y
luego aprobada con texto sustitutorio, acordándose conformar la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, siendo el encargo el siguiente:
1. Prevenir, reducir, y trabajar hacia la eliminación de la criminalidad
organizada en el país.
2. Fiscalizar las instituciones encargadas de la investigación del delito así
como, los organismos del sistema de justicia con la finalidad de garantizar
la seguridad ciudadana para todos los ciudadanos del país.
3. Monitorear y evaluar la formulación y ejecución de las políticas públicas
destinadas a reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad en el
país.
4. Evaluar, directamente o con el concurso de especialistas en la materia, la
legislación penal, procesal penal y la normativa que regula la seguridad
ciudadana, a fin de proponer iniciativas legislativas a fin de implementar las
mejoras necesarias para lograr la eficacia de las normas, en un marco de
pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas.
5. Constituir un observatorio congresal de seguimiento de la criminalidad
organizada y de las distintas formas de delincuencia en el país. Evaluando
la actuación de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial,
INPE, las Unidades Especializadas de Investigación del delito, y las
instituciones encargadas del seguimiento del lavado de activos. La
comisión presentará al Congreso de la República un Informe Anual.
6. Coordinar con:
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha
Contra la criminalidad, o el que haga sus veces;
Los órganos conformantes del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana;
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Gobiernos regionales
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gobiernos Locales
Poder Judicial,
Ministerio Público
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud,
Sociedad civil, Rondas Campesinas y Urbanas
Otros organismos del Estado con competencias en materia de
Prevención del delito, Justicia, derechos Fundamentales, sistema
penitenciario, Orden Interno y Seguridad Ciudadana.
A fin de proponer otras medidas que, en el marco de sus competencias,
resulten necesarias para promover las mejoras en materia de seguridad
ciudadana.
1.1 MIEMBROS
El Pleno del Congreso de la república acordó designar como miembros de la
comisión a los siguientes señores congresistas:
CONGRESISTA GRUPO PARLAMENTARIO
Teófilo Gamarra Saldívar Nacionalista Gana Perú
Eulogio Amado Romero Rodríguez Nacionalista Gana Perú
Rosa Mavila Leon Nacionalista Gana Perú
Wilder Ruiz Loayza Nacionalista Gana Perú
Octavio Salazar Miranda Fujimorista
Carlos Tubino Arias Schreiber Fujimorista
Luisa María Cuculiza Torre Fujimorista
Fernando Andrade Carmona Alianza Parlamentaria
José León Rivera Alianza Parlamentaria
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Luis Iberico Nuñez Alianza por el Gran Cambio
Gustavo Rondón Fudinaga Solidaridad Nacional
Renzo Reggiardo Barreto Concertación Parlamentaria
1.2 INSTALACION Y MESA DIRECTIVA
En sesión celebrada el 12.08.2011 se eligió la Mesa Directiva de la Comisión,
quedando conformada de la siguiente manera:
Congresista Renzo Reggiardo Barreto, Presidente
Congresista Luis Ibérico Nuñez, Vicepresidente
Congresista Teófilo Gamarra Saldívar, Secretario
En la misma sesión la Comisión quedó instalada y dio inicio a sus funciones.
1.3 PLAN DE TRABAJO
Para un trabajo ordenado la Comisión en su sesión del 23.08.2012 aprobó su Plan
de Trabajo con el siguiente texto:
I.- ANTECEDENTES
En Sesión del pleno del Congreso de la República celebrada el 11 de agosto de 2011
se acordó la admisión a debate y la aprobación de la Moción de Orden del Día N° 26
para conformar la “Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana” con
vigencia durante el Período Parlamentario 2011-2016.
El trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, en
adelante la Comisión Especial, se encuentra enmarcado en los artículos 5o y 35o del
Reglamento del Congreso de la República.
Tiene como responsabilidad:
1. Prevenir, reducir y trabajar hacia la eliminación de la criminalidad organizada del
país.
2. Evaluar las instituciones encargadas de la investigación del delito así como los
organismos del sistema de justicia con la finalidad de garantizar la Seguridad
Ciudadana para todos los ciudadanos del país.
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3. Monitorear y evaluar la formulación y ejecución de las políticas públicas
destinadas a reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad en el país.
4. Evaluar, directamente o con el concurso de especialistas en la materia, la
legislación penal, procesal penal y la normativa que regula la Seguridad Ciudadana,
con el propósito de proponer iniciativas legislativas a fin de implementar las mejoras
necesarias para lograr la eficacia de las normas, en un marco de pleno respeto a los
derechos fundamentales de las personas.
5. Constituir un observatorio congresal de seguimiento de la criminalidad organizada
y de las distintas formas de delincuencia en el país. Evaluando la actuación de la
Política nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, las Unidades
Especializadas de Investigación del delito. La Comisión presentará al Congreso de la
República un informe anual.
6. Coordinar con:
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha Contra la
Criminalidad, o el que haga sus veces,
Los órganos conformantes del Sistema de Seguridad Ciudadana,
Gobiernos Regionales.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gobiernos locales,
Poder Judicial Ministerio Público,
Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud,
Sociedad Civil,
Rondas Campesinas y urbanas,
Otros organismos del Estado con competencias en materia de prevención del
delito, justicia, derechos fundamentales, sistema penitenciario, orden interno y
Seguridad Ciudadana,
Otros;
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A fin de proponer otras medidas que, en el marco de sus competencias, resulten
necesarias para promover las mejoras en materia de Seguridad Ciudadana.
II.- BASE LEGAL
1.- Artículos 97° y 102° de la Constitución Política del Perú.
“Artículo 97°.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre
cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer,
por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales
investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el
procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden
acceder a cualquier información, la cual puede implicar el
levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria;
excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus
conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales”.
“Artículo 102°.- Son atribuciones del Congreso:
1) (....)
2) Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y
disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de
los infractores.”
2.- Los artículos 5°y 35º del Reglamento del Congreso
Que describen los ámbitos que comprende el control político y de fiscalización del
Congreso así como la forma de composición, funciones y conformación de las
comisiones especiales.
La función del control político comprende: el debate, la realización de investigaciones
y aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno; sobre actos de
administración de las autoridades del Estado; y la fiscalización sobre el uso y
disposición de bienes, de los recursos públicos y el cumplimiento de las leyes.
III.- CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
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El Pleno del Congreso de la República en su sesión del 11 de agosto de 2011
Designó como miembros de la Comisión especial a los siguientes congresistas:
CONGRESISTA GRUPO PARLAMENTARIO
Teófilo Gamarra Saldívar Nacionalista Gana Perú
Eulogio Amado Romero Rodríguez Nacionalista Gana Perú
Rosa Mavila Leon Nacionalista Gana Perú
Wilder Ruiz Loayza Nacionalista Gana Perú
Octavio Salazar Miranda Fujimorista
Carlos Tubino Arias Schreiber Fujimorista
Luisa María Cuculiza Torre Fujimorista
Fernando Andrade Carmona Alianza Parlamentaria
José León Rivera Alianza Parlamentaria
Luis Iberico Nuñez Alianza por el Gran Cambio
Gustavo Rondón Fudinaga Solidaridad Nacional
Renzo Reggiardo Barreto Concertación Parlamentaria
En Sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana llevada a
cabo el día viernes 12 de agosto de 2011 se eligió a la Junta Directiva, quedando
conformada como a continuación se indica:
Presidente : Congresista Renzo Reggiardo Barreto
Vicepresidente : Congresista Luis Iberico Nuñez
Secretario : Congresista Teófilo Gamarra Saldívar
En la misma sesión, el Presidente instaló la Comisión Especial Multipartidaria de
Seguridad Ciudadana.
IV.-PRINCIPIOS Y VALORES UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE LA COMISIÓN
El trabajo de la Comisión estará enmarcado dentro de los siguientes principios y
valores:
Legalidad, actuando de acuerdo al ordenamiento legal imperante en el país.
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Neutralidad, evitando que los trabajos estén sesgados por cualquier índole de
carácter político, social y/o económico.
Equilibrio, que sus juicios sean ponderados.
Proporcionalidad, en la composición de sus equipos de trabajo.
Consenso, como permanente esfuerzo para lograr los objetivos de la
Comisión.
V.- VISIÓN
Ser reconocidos como la Comisión Especial multipartidaria promotora y soporte de la
lucha por la Seguridad Ciudadana, que personifica la capacidad del Parlamento de
responder al reclamo de la población de vivir en un clima de paz y tranquilidad.
VI.- MISIÓN
Proponer una agenda legislativa para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y
la lucha contra la criminalidad para garantizar la plena vigencia de los derechos
fundamentales en el contexto de la convivencia social y necesidad de reinstaurar la
pacífica convivencia ciudadana.
VII.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
La Comisión Especial, durante el período anual de sesiones 2011-2012, se propone
cumplir los siguientes objetivos generales y específicos:
1. Prevenir, reducir y trabajar hacia la eliminación de la criminalidad
organizada del país.
1.1 Evaluar las instituciones encargadas de la investigación del delito así como
los organismos del sistema de justicia con la finalidad de garantizar la
Seguridad Ciudadana para todos los ciudadanos del país.
1.2 Monitorear y evaluar la formulación y ejecución de las políticas públicas
destinadas a prevenir, reducir y eliminar las consecuencias de la
criminalidad en el país
1.3 Evaluar la legislación penal, procesal penal y la normativa que regula la
Seguridad Ciudadana.
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1.4 Proponer iniciativas legislativas a fin de implementar las mejoras
necesarias para lograr la eficacia de las normas, en un marco de pleno
respeto a los derechos fundamentales de las personas.
1.5 Constituir un observatorio congresal de seguimiento de la criminalidad
organizada y de las distintas formas de delincuencia en el país. Evaluando
la actuación de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial,
INPE, las Unidades Especializadas de Investigación del delito.
2. Coordinar con:
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha Contra la
Criminalidad, o el que haga sus veces,
Los órganos conformantes del Sistema de Seguridad Ciudadana,
Gobiernos Regionales.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gobiernos locales,
Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio de Educación,
Ministerio del Interior,
Ministerio de Justicia
Ministerio de Salud,
Sociedad Civil,
Rondas Campesinas y urbanas,
Otros organismos del Estado con competencias en materia de prevención del
delito, justicia, derechos fundamentales, sistema penitenciario, orden interno y
Seguridad Ciudadana,
Otros;
A fin de proponer otras medidas que, en el marco de sus competencias, resulten
necesarias para promover las mejoras en materia de Seguridad Ciudadana.
VIII.- ACCIONES
Para el logro de los objetivos se ejecutará las siguientes acciones:
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1. SESIONES
a) Sesiones Ordinarias: Una vez por semana, los días viernes a las 10.00 horas,
según agenda propuesta por el Presidente.
b) Sesiones Extraordinarias: Cuando las circunstancias lo ameriten, con
agenda y localización fija.
c) Sesiones Descentralizadas: Una sesión mensual con un total de doce (12), en
igual número de regiones, priorizados por la comisión.
2. GRUPOS DE TRABAJO
La Comisión Especial para cumplir con el encargo recibido del Pleno del Congreso,
conformará los siguientes Grupos de Trabajo:
1. Monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas públicas ejecutadas a nivel
del gobierno nacional, regional y local para prevenir, reducir y eliminar las
consecuencias de la criminalidad y las distintas formas de delincuencia.
2. Evaluación y monitoreo de la actuación de la Policía Nacional del Perú en la
investigación del delito, así como el Monitoreo y evaluación de las actividades de las
instituciones encargadas del seguimiento del lavado de activos.
3. Evaluación y monitoreo del sistema penitenciario.
4. Evaluación y monitoreo de la actuación del Poder Judicial en el juzgamiento y
sanción del delito.
5. Evaluación y monitoreo de la actuación del Ministerio Público en los
procedimientos de investigación del delito.
3. VISITAS DE TRABAJO
Cuando el caso lo amerite, se realizarán visitas de trabajo a las instalaciones de las
instituciones encargadas de la investigación del delito y los organismos del sistema
de justicia.
4. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O
DIRECTIVOS DE PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS
Para un mayor análisis y conocimiento de los temas materia de la comisión, se
invitará a los representantes de:
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Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha Contra la
Criminalidad, o el que haga sus veces,
Gobiernos Regionales.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gobiernos locales,
Poder Judicial. Ministerio Público,
Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud,
Sociedad Civil,
Rondas Campesinas y urbanas,
Otros organismos del Estado con competencias en materia de prevención del
delito, justicia, derechos fundamentales, sistema penitenciario, orden interno y
Seguridad Ciudadana,
Otros propuestos por los miembros de la comisión.
5. DESARROLLO DE EVENTOS
Se desarrollarán eventos (audiencias, Forum, etc.) en diversas regiones del país
para recoger opiniones de la ciudadanía y representantes de los organismos
conformantes del Sistema de Seguridad Ciudadana.
1. Audiencias
a) Lima.- Se desarrollarán audiencias en los distritos de Lima Metropolitana, Lima
Provincias y Provincia Constitucional del Callao, priorizados por la comisión.
b) Descentralizadas.- Se realizarán audiencias conjuntamente con las sesiones
descentralizadas programadas.
2. Foros
Se desarrollarán cuatro foros en las instalaciones del Congreso de la República, con
la participación como panelistas de funcionarios y especialistas en temas de
Seguridad Ciudadana, investigación y sanción del delito.
3. Otros
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Desarrollo de eventos y debates organizados en coordinación con organizaciones
públicas y/o privadas.
IX.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La ejecución del trabajo será de gabinete y de campo, de acuerdo a las necesidades
de cada tema.
Se procurará realizar las siguientes acciones:
a) Acopio de información.
b) Sesiones para tomar conocimiento y analizar información referida a los temas
materia de la comisión con la participación de funcionarios y otros que la
Comisión o los grupos de trabajo consideren necesarios.
c) Recopilación de la información proveniente de anteriores comisiones sobre el
tema tratado.
d) Elaboración de propuestas legislativas a fin de implementar las mejoras
necesarias para lograr la eficacia de las normas.
e) Elaboración de informe por cada grupo de trabajo con las recomendaciones del
caso.
f) Elaboración del informe anual al pleno del Congreso de la República.
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Siendo la vigencia de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, el
Período Parlamentario 2011-2016, este primer año se desarrollaron actividades para tomar
conocimiento de las acciones que ejecutan los miembros del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana con la finalidad de contar con elementos que permitan en el futuro contar con un
diagnóstico de dichas insituciones y su incidencia en el cumplimiento de sus funciones. Para
el efecto, se realizaron 12 sesiones ordinarias, 10 sesiones extraordinarias, 03 sesiones
descentralizadas, 01 audiencia pública y 02 foros.
2.1 SESIONES ORDINARIAS
Las sesiones ordinarias se llevaron a cabo los días viernes contando con la
participación de diversos invitados que a continuación se indican:
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FECHA SESIÓN INVITADOS TEMA DE EXPOSICIÓN
19.08.2011 1era. SR. TNTE. GRAL. EDUARDO PEREZ ROCHA,
Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana (Asistió en representación del Ministro del
Interior).
Tema : “Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana,
Estadísticas de Delitos y
Faltas a nivel nacional del
año 2009 y 2010, delitos y
faltas a nivel nacional, Lima
Metropolitana y callao de
2009 y 2010.
26.08.2011
26.08.2011
2da. SR. Dr. EDUARDO VEGA LUNA, Defensor del Pueblo
SR. GUILLERMO CHECA GJURINOVIC,
Director de la Empresa Telefónica del Perú.
SR. IGOR ZLATAR CASTRATT, Director de
Soluciones de Negocios-Telefónica del Perú.
SR. JAVIER CIPRIANI THORNE, Jefe de Proyectos Estratégicos-Telefónica del Perú.
Tema 1:“El Rol de la
Defensoría del Pueblo en
Seguridad Ciudadana”
Tema 2: Exposición de
representantes de
Telefónica del Perú S.A.:
“Recomendaciones en
materia de
Telecomunicaciones para
definir una estrategia
integral de mejora de la
Seguridad Ciudadana”.
02.09.12 3ra. Dr. ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ,
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial-OCMA
Tema: “ Acciones que
viene tomando la Oficina
de Control de la
Magistratura-OCMA en
beneficio de la Seguridad
Ciudadana”.
11.11.11 4ta. Dr. GERMAN SMALL ARANA, Director Académico de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Dr. SALVADOR HERESI CHICOMA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel.
Tema 1: “ Tratamiento de
los Beneficios Penitenciarios
en las Leyes Especiales”.
Tema 1: “Políticas que
viene implementando la
Municipalidad Distrital de
San Miguel en Materia de
Seguridad Ciudadana”
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09.03.12 5ta. SR. TNTE. GRAL. EDUARDO PEREZ ROCHA,
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Asistió en
representación del Ministro del
Interior).
Dr. JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE, Presidente del Instituto Nacional
Penitenciario-INPE.
Tema : “Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana y
Convivencia Social 2012”.
Tema: “Las medidas de
Seguridad en el Penal de
Challapalca y la fuga de 17
internos de alta
peligrosidad”.
16.03.12 6ta. Sr. RAFAEL SANTOS NORMAND, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
Sr. OSCAR BENAVIDES MAJINO, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate.
Tema : “El Sistema de
Control y Vigilancia
implementado en el distrito
de Pueblo Libre para
combatir la Inseguridad
Ciudadana”.
Tema: “ El Sistema de
Control y Vigilancia
implementado en el distrito
de Ate para combatir la
Inseguridad Ciudadana”.
23.03.12 7ma. Sra. SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE,
Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
Tema 1:“Acciones que
viene desarrollando la
Municipalidad
Metropolitana de Lima para
combatir la Inseguridad
Ciudadana”.
Tema 2: “Indice y Mapa de
Criminalidad de la provincia
de Lima”.
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20.04.12 8va. Sra. EMMA PATRICIA SALAS O’BRIEN,
Ministra de Educación.
Tema 1:“Políticas del
Sector Educación para
combatir el bullying,
estadísticas y tratamientos
a las víctimas y agresores”.
Tema 2: “Información
referente al porcentaje de
denuncias por maltrato
tanto por profesores y
ámbito familiar; así como,
la deserción escolar en los
dos últimos años”.
04.05.12 9na. Sr. CARLOS CHÁVEZ TORO LIRA, Gerente G4S Perú SAC.
Tema : “Experiencias en
administración privada de
penales y uso de grilletes
electrónicos”.
11.05.12 10ma. Dr. JUAN FEDERICO JIMÉNEZ MAYOR,
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Dr. JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE, Jefe del
INPE
Sr. ADOLFO OCAMPO VARGAS, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores.( ASISTIÓ no expuso para una próxima reprogramación).
Sr. ENRIQUE ARROYO RIZO PATRÓN, Gerente General de ASBANC.( ASISTIÓ no
expuso para una próxima
reprogramación).
Tema : “Problemática de
los Penales en el país,
acciones desarrolladas”.
Tema 1: “ Políticas que
viene desarrollando la
Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores,
para combatir la
inseguridad ciudadana”.
Tema 2:“Indice y Mapa de
criminalidad del distrito de
San Juan de Miraflores.”
Tema : “El Programa
Integral de Seguridad
Bancaria”.
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2.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS
Las sesiones extraordinarias se llevaron a cabo de acuerdo a las necesidades de
información de la Comisión y principalmente para recibir a invitados, tal como a
continuación se indica:
FECHA INVITADOS TEMA DE EXPOSICIÓN
N°
SESIÓN
23.08.2011 DR. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, Presidente del Poder Judicial.
Dr. JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES,
Fiscal de la Nación.
Tema : “Rol del Poder Judicial en la
Seguridad Ciudadana”.
Tema : “Rol del Ministerio Público en la
Seguridad Ciudadana”.
1era.
01.06.12 11ava. Dr. ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ,
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.
Sr. General PNP RAÚL SALAZAR SALAZAR, Director General de la Policía Nacional del
Perú
Tema 1:“Política que viene
efectuando la Oficina de
Control de la Magistratura a
favor de la Seguridad
Ciudadana.”
Tema 1:“Las acciones que
viene desarrollando la
Dirección General a su
cargo para frenar la
delincuencia en el país.”
15.06.12 12ava. General de División EP® JORGE CARCOVICH
CORTELEZZI, Director General de la DICSCAMEC.
Sr. FELIPE VALLEJO LEIGH, Gerente
Comercial de LOSS PREVENTION.
Tema : Reglamentación:
Ley N° 29858(Ley que
otorga amnistía por la
posesión irregular o ilegal
de armas de uso civil,
armas de uso de guerra,
municiones, granadas de
guerra o explosivos y
regulariza su tenencia).
Tema :“Tecnología a
desarrollar en la Seguridad
Ciudadana”.
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05.09.2011
SIN INVITADOS.
Tema: Presentación de anteproyecto:
”Ley que concede amnistía por la
posesión sin licencia o con licencia
vencida de armas de uso civil y/o de
guerra, municiones, granadas o
explosivos, así como su regularización
por la omisión de denunciar su pérdida o
sustracción”.
2da.
19.09.2011
DR. JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE, Presidente del Instituto Nacional
Penitenciario- INPE
General PNP ® ENRIQUE YÉPEZ DÁVALOS
Tema : “Acciones desarrolladas en la
problemática de los penales del país”.
Tema : “Estrategias para mejorar la
Seguridad Ciudadana”.
3ra.
27.09.2011 SR. OSCAR VALDES DANCUART, Ministro del Interior. GRAL. PNP. RAÚL BECERRA
VELARDE, Director General de la Policía Nacional del Perú.
GRAL. PNP. RAÚL SALAZAR SALAZAR, Jefe de la VII Dirección Territorial PNP-DIRTE SUR.
GRAL. FELIX MURGA EUSEBIO, Jefe de la DIRINCRI
GRAL. EP.® ALFREDO MURGUEYTIO ESPINOZA, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil.
SR. OSCAR BENAVIDES MAJINO, Alcalde del Distrito de Ate-Vitarte.
DR. GUSTAVO SIMEÓN ROJAS, Asesor Legal del Club Universitario de Deportes.
Tema : “Hechos acontecidos en el
Estadio Monumental con ocasión de
desarrollarse un partido de fútbol el día
24 de setiembre de 2011”.
Tema : “Procedimiento en la emisión de
informes que conlleven a otorgar
garantías y autorizaciones para la
celebración de partidos de fútbol
profesional en especial en el desarrollo
en el estadio Monumental el día 24 de
setiembre de 2011”.
Tema : “Autorizaciones otorgadas para
la celebración de partidos de fútbol
profesional en el estadio Monumental, en
especial el desarrollado el día 24 de
setiembre de 2011, a pesar que dicho
recinto no contaba con la respectiva
licencia de funcionamiento”.
Tema : “Hechos acontecidos en el
Estadio Monumental en el partido de
fútbol desarrollado el día 24 de
setiembre de 2011”.
4ta.
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03.10.2011
SR. RAFAEL SANTOS NORMAND, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
SR. GINO COSTA SANTOLALLA, Miembro del Consejo Directivo de “Ciudad Nuestra”
Tema : “Los Planes que viene
efectuando la Municipalidad Distrital de
Pueblo Libre en Materia de Seguridad
Ciudadana”.
Tema : “Propuestas para mejorar la
Seguridad Ciudadana”.
5ta.
28.11.2011
SR. CHRIS CORTEZ, Gerente General de Operaciones Estratégicas para Sector Público Mundial de Microsoft.
SR. JOSÉ ANTONIO CORNELIO SOTO,
Consultor en Temas de Seguridad Ciudadana.
Tema : “Estrategias Tecnológicas para
un Plan de Seguridad Nacional”.
Tema : “Política contra el Crimen”.
6ta.
20.12.2011
SR. FELIX MORENO CABALLERO, Presidente del Gobierno Regional del Callao.
SRA. SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE, Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
SRA. MARINA MEJÍA VIZUETA, Coordinadora Regional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Lima, promovidas por la Policía Nacional
del Perú.
Tema 1 : “Acciones desarrolladas por el
Gobierno Regional en materia de
Seguridad Ciudadana”.
Tema 2 : “Informe de atentados
criminales a mano armada de los últimos
meses en la Región Callao, en especial el
ocurrido el 14 de diciembre de 2011 en el
distrito de Bellavista”.”
Tema : “Acciones desarrolladas por la
Municipalidad de Lima en materia de
Seguridad Ciudadana”.
Tema : “Planes y acciones que viene
promoviendo las Juntas Vecinales de
Lima a favor de la Seguridad Ciudadana”.
7ma.
11.01.2012
GRAL. PNP. RAÚL SALAZAR SALAZAR, Director General de la Policía Nacional del Perú (NO ASISTIÓ) GRAL. PNP. CÉSAR CORTIJO
ARRIETA, Director de
Investigación Criminal-DIRINCRI (Asistió en
representación del Director
General de la Policía Nacional del Perú).
Tema : “Las Actividades desarrolladas
por la Dirección de Investigación
Criminal-DIRINCRI; así como,
información sobre índices de criminalidad
por arma y estadísticas de delitos
investigados principalmente por las
Divisiones de Investigación de
Homicidios, Robo y Secuestro.”
8va.
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16.05.2012
SR. ENRIQUE ARROYO RIZO PATRÓN, Gerente General de ASBANC.
Tema : “El Programa Integral de
Seguridad Bancaria.”
9na.
2.3 OTRAS ACTIVIDADES
Se desarrollaron 02 sesiones descentralizadas, 01 audiencia Pública y 03 Foros, de
acuerdo al siguiente detalle:
FECHAS
AUDIENCIAS DESCENTRALIZADAS,
SESIONES DESCENTRALIZADAS Y
FOROS
INVITADOS
OCTUBRE VIERNES 21 DE OCTUBRE
TRUJILLO
"AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA DE SEGURIDAD CIUDADANA-TRUJILLO"
(9:00am. a 2:00pm.) AUDITORIO DEL CIDUNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
AUTORIDADES POLÍTICAS DE TRUJILLO
MARZO VIERNES 30 DE MARZO
LIMA NORTE
FORO: "POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LIMA NORTE"
(9:00am. a 2:00pm.) HEMICICLO ""RAÚL PORRAS BARRENECHEA"
ALCALDES DISTRITALES DE LIMA NORTE
ABRIL VIERNES 27 DE ABRIL
AREQUIPA
SESIÓN DESCENTRALIZADA (8:00am. a 2:00pm.)
Salon Consistorial Municipalidad Provincial de Arequipa
AUTORIDADES POLÍTICAS DE AREQUIPA
MAYO VIERNES 18 DE MAYO
CALLAO
FORO: (8:00am. a 2:00pm.)
FORTALEZA REAL FELIPE
ALCALDES DISTRITALES DEL CALLAO
JUNIO VIERNES 22 DE JUNIO
LIMA SUR
FORO: "POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADAN EN LOS DISTRITOS
DEL CONO SUR DE LIMA" (9:00am. a 2:00pm.)
PLAZA DE ARMAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ALCALDES DISTRITALES DE LIMA SUR
JULIO LUNES 09 DE JULIO
TRUJILLO
"SESIÓN DESCENTRALIZADA-TRUJILLO" (9:00am. a 2:00pm.)
Municipalidad Distrital La Esperanza AGENDA: EVALUACIÓN SOBRE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE
TRUJILLO; ASÍ COMO , LA SITUACIÓN DEL PENAL "EL MILAGRO"
MINISTRO DEL INTERIOR JEFE DEL INPE Y
AUTORIDADES POLÍTICAS DE TRUJILLO
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III. LABOR LEGISLATIVA
La Moción aprobada por el Pleno del Congreso de la República, en su numeral 4.
encarga a la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana “Evaluar
directamente o con el concurso de especialistas en la materia, la legislación penal,
procesal penal y la normativa que regula la seguridad ciudadana, a fin de proponer
iniciativas legislativas a fin de implementar las mejoras necesarias para lograr la
eficacia de las normas, en un marco de pleno respeto a los derechos fundamentales
de las personas”. En este sentido, después de efectuar los respectivos análisis se
presentaron iniciativas legislativas que lamentablemente las comisiones
dictaminadoras respectivas no le han prestado la atención que la materia merece.
3.1 Proyectos de ley
Los proyectos de ley presentados, son los que continuación se detalla:
1. Proyecto de Ley No. 190/2011-CR - Ley Que Fomenta el Desarme por
Posesión Ilegal o Irregular de Armas de Fuego y Otros y Modifica diversos
artículos del Código Penal,
En sesión plenaria del 11 de enero fue aprobado con texto sustitutorio y la
autógrafa fue enviada el 24 de enero. El Poder ejecutivo con fecha 15 de febrero
observó la autógrafa del proyecto de ley y el Congreso de la República lo publicó
el día 03 de mayo de 2012 como Ley No. 29858.
2. Proyecto de Ley 397/2011-CR Propone modificar los artículos 6 y 7 e incorpora
el artículo 18-A en la Ley 27933, Ley de Seguridad Ciudadana.
El proyecto de ley fue presentado el 20/10/2011 y se encuentra para dictamen en
la comisión de defensa. Propone la inclusión del Presidente de la República y
ministros como miembros de la CONASEC.
3. Proyecto de Ley No. 447/2011-CR Propone modificar los artículos 37°, 38°, 43°,
46°, 47°, 48°, 49°, 50°, 53°, 54°, 55°, y 58°° del Decreto Legislativo N° 654
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Fue presentado el 03/11/2011 y fué publicado como Ley con el N° 29881 el 07 de
junio de 2012.
El proyecto pretende ordenar con responsabilidad el otorgamiento de beneficios
penitenciarios con la finalidad que el accionar de la delincuencia se frene ante la
ola de inseguridad ciudadana que aqueja nuestro país
4. Proyecto de Ley No. 551/2011-CR, Ley que modifica los artículos 170°, 173°,
179°,179°-A, 180°, 181° Y 181-A, 182-A E Incorpora El Artículo 180-A, 180-B Y
182° referido a Delitos Conexos a la Prostitución Especialmente los Delitos de
Explotación Sexual Comercial de Menor.
Fue presentado el 24/11/2011 se encuentra en la comisión de justicia para
dictamen.
5. Se presentó y sustentó la propuesta para prorrogar la vigencia del Decreto de
Urgencia No. 052-2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, que crea el fondo
especial de seguridad ciudadana, el mismo que constituye la nonagésima
cuarta disposición complementaria final de la Ley 29812 Ley de presupuesto
para el año fiscal 2012.
6. Proyecto de Ley 735/2011-Cr - Ley que Modifica los Artículos 13º, 15º, 16º 19º
y 20º de la Ley No. 25054 Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por
particulares de armas y municiones que no son de guerra.
El proyecto fue presentado el 11 de enero y fue decretado a la Comisión de
defensa.
El proyecto de ley propone restringir la vigencia de la licencia, elevar la edad
mínima a 24 años para obtener licencia, limitar la cantidad de armas y
municiones por cada licencia, revisión de armas cada 6 meses, limitar
comercialización de armas en zonas de frontera y prohibir la importación de
armas restringidas.
7. Proyecto de Ley No. 759/2011-CR Ley que modifica el artículo 6º del Decreto
Ley N° 19846 Que Norma el régimen de pensiones del personal militar y policial
de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales.
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El proyecto fue presentado el 19 de enero 2012 y fue decretado a la comisión de
defensa.
El proyecto de ley propone que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú puedan percibir pensión y remuneración por las
actividades de seguridad ciudadana que realicen en los gobiernos locales.
8. Proyecto de ley No. 871/2011-CR Ley que Modifica el Artículo 3º del Decreto
Legislativo No. 892 Que Regula el Derecho de los Trabajadores a Participar en
las Utilidades de las Empresas que Desarrollan Actividades Generadoras de
Rentas de Tercera categoría.
Se propone modificar del artículo 3 del Decreto legislativo 892 a fin que se asigne
al fondo especial el 5% de los remanentes que existan entre el porcentaje de las
utilidades que deben distribuir las empresas a sus trabajadores de acuerdo a sus
actividades y los importes realmente distribuidos entre dichos trabajadores de
acuerdo a los procedimientos establecidos. Es necesario señalar que el importe
correspondiente al porcentaje de las utilidades destinado por las empresas para
la distribución entre los trabajadores, son deducidos para el cálculo del impuesto
a la renta. En el año 2011 dichos remanentes alcanzaron 469 millones de
nuevos soles.
El fomento de la inversión se obtiene en un ambiente de tranquilidad y seguridad
que el Estado brinde a los inversionistas, cuyo efecto también es el incremento
del empleo; por lo que se hace necesario destinar los recursos necesarios al
desarrollo de actividades de seguridad ciudadana.
9. Proyecto de Ley 1274/2011-CR Ley que modifica los art. 47, 48 y 53 del Dec.
Leg. 654 – CODIGO DE EJECUCION que declara improcedentes los beneficios
penitenciarios para delitos de parricidio y homicidio calificado.
10. Proyecto de 1275/2011-CR Ley que modifica artículos del Código Penal para
elevar penas por la tenencia ilegal o irregular de armas.
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11. Proyecto de ley 1273/2011-CR Ley que modifica el art. 34 de la Ley No. 26397
Ley Orgánica de Consejo Nacional de la Magistratura para impedir que los
magistrados suspendidos sigan ejerciendo funciones.
12. Proyecto de ley No. 1296/2011-CR Ley que elimina el beneficio de refundición
de condenas y dispone la vigencia de antecedentes penales, judiciales, y
policiales en casos de reincidencia y habitualidad hasta cinco años después de la
ultima condena
3.2 Limitaciones
Las dificultades encontradas a lo largo del Periodo Anual de Sesiones 2011-2012,
están relacionadas con la carencia de facultades para dictaminar los proyectos de ley
en la materia de “Seguridad Ciudadana”, en tal sentido de las once (11) iniciativas
legislativas relacionadas a Seguridad Ciudadana, solo se han llegado a dictaminar
dos (2) proyectos de ley4.
El propósito de la Moción5 no ha podido ser cumplida a totalidad, ya que no hemos
podido generar mayor cambio normativo en la lucha contra la delincuencia6 a través
de leyes estructuradas, estudiadas y debatidas en el interior de la Comisión por
depender totalmente de los dictámenes de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos y la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y
4 Relacionados al Proyecto de Ley N° 190/2011-CR- “Ley Que Fomenta el Desarme por Posesión Ilegal o
Irregular de Armas de Fuego y Otros y Modifica diversos artículos del Código Penal” y Proyecto de Ley No.
447/2011-CR- “ Ley que propone modificar los artículos 37°, 38°, 43°, 46°, 47°, 48°, 49°, 50°, 53°, 54°, 55°, y
58°° del Decreto Legislativo N° 654- Código de Ejecución Penal, con fecha 10 de abril de 2012”. 5 El Pleno del Congreso en la Sesión de fecha 11 agosto de 2011, aprobó la Moción de Orden del Día N° 26, por
la cual se originó la conformación de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana asignándole
las funciones de seguimiento de las políticas públicas; prevenir, reducir y trabajar hacia la eliminación de la
criminalidad organizada en el país, implica; evaluar las instituciones encargadas de la investigación del delito
así como los organismos del sistema de justicia con la finalidad de garantizar la Seguridad Ciudadana para todos
los ciudadanos del país; monitorear y evaluar la formulación y ejecución de las políticas públicas destinadas a
reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad en el país, entre otras. 6 En este sentido, la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, entiende por Seguridad
Ciudadana, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios
públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
Página | 31
Lucha contra las Drogas que a la fecha de la entrega del presente informe mantienen
los proyectos sin Dictaminar.
En este sentido, señalaremos en los siguientes párrafos, algunos puntos normativos
y estructurales para que la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana sea considerada una Comisión Ordinaria y pueda cumplir cabalmente las
objetivos y fines para lo cual fue creada por el Pleno del Congreso de la República,
estos son:
1. La coyuntura socio-política actual del país, ve como uno de las grandes demandas
de la población con respecto a sus autoridades electas, resolver el problema de la
inseguridad Ciudadana, tal situación se puede apreciar en todas las encuestadoras
nacionales como Apoyo, estudios de entidades como Cedro, etc; así como también
de las entrevistas y comentarios de los medios de comunicación del país (televisivo,
radial, escrito, e internet).
2. Consideramos que al existir una política sectorial sobre seguridad ciudadana que
tiene como órgano ejecutor a nivel nacional al Ministerio del Interior, se debe tender
hacia una correlación respectiva especializada en el interior del Congreso de la
República; por lo que la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana
debe tener la condición de Comisión Ordinaria, para lo cual se debe modificar el
artículo 35º del Reglamento del Congreso de la República para incluir a la Comisión
en la relación de comisiones ordinarias, con lo cual se podría dictaminar los
proyectos de ley que van a mejorar la normativa en esta materia, ya que como
hemos visto en el presente año, las comisiones encargadas de estudiar, dictaminar y
agilizar las normas relacionadas a la Seguridad Ciudadana para que se puedan
debatir en el Pleno, no han tenido la capacidad de priorizar estos temas, que son de
necesidad inmediata como parte de un paquete innovador normativo que ayude a
generar la paz social en la convivencia de nuestros ciudadanos. Por tal razón,
nosotros proponemos que se tiene que desprender de la actual Comisión de Defensa
Página | 32
Nacional, la facultad de dictaminar en materia de Seguridad Ciudadana y que esta no
sea confundida como orden interno per se.
Como antecedente, podemos observar el nacimiento de la actual Comisión de
Inteligencia; que antes formaba parte de la Comisión de Defensa Nacional; al ser
justamente un asunto de suma importancia nacional, sobre todo después de la
década de los noventa, se dio una coyuntura especial, en donde se necesita el
control civil democrático de los órganos de inteligencia del Estado Peruano; es así
que este tema requería de una adecuada especialización congresal para poder
fiscalizar adecuadamente y por ende se da la “Ley del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI”, el 29 de diciembre
del 20057.
Así vemos pues, un antecedente en que la coyuntura nacional da una importancia
relevante a un tema específico, y el Congreso como Primer Poder del Estado tiene
que conocer y especializarse en su tratamiento, evitando por último la duplicidad de
funciones, que involucra innecesariamente horas de trabajo lo cual hasta la fecha
hemos visto que ha sido nuestro caso, ya que en todo momento hemos generado
posturas basadas en conocimientos especializados; sin embargo, hemos perdido en
el tratamiento de generalizar los temas al tener Comisiones Ordinarias que pretenden
abarcar una serie de temas diversos y que tocan inclusive durante largas semanas el
tema de Seguridad Ciudadana.
Para mayor abundamiento, debemos mencionar la Declaración de San Salvador
Sobre Seguridad Ciudadana en las Américas (Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 7 de junio de 2011) que emitieron LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
7 En la disposición transitoria quinta dice textualmente: “la Comisión de Inteligencia del Congreso de la
República debe conformarse a más tardar en el primer período ordinario del período anual de sesiones que se
inició el 27 de julio del 2006.”
Página | 33
(OEA), en el marco de la celebración del cuadragésimo primer período ordinario de
sesiones de la Asamblea General de la OEA , cuyo texto resolutivo es el siguiente:
“DECLARAN:
1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y
voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la
seguridad pública, en sus países.
2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas
públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de
imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a
proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades.
3. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas
tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la
inseguridad.
4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el
ámbito de la seguridad pública y, por ende, debe ser parte integral en la definición e
implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más
seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo
socio-económico y cultural.
5. Que las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y
cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los
niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector
privado y académico, a fin de fortalecer la promoción de una cultura de paz y no
violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las necesidades de la
sociedad en su conjunto.
6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar
políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de
Página | 34
género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de
vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y
adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras,
programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.
7. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en
materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para
garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la
inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.
8. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos
con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la
violencia intrafamiliar.
9. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que
sus poblaciones tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema
de justicia penal eficaz, transparente y confiable.
10. La necesidad de continuar promoviendo sistemas penitenciarios
fundados en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya
políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción social.
11. Su compromiso de fortalecer los vínculos entre el desarrollo y la
seguridad y, en ese sentido, promover la creciente interacción entre las áreas de
desarrollo integral y seguridad multidimensional de la OEA.
12. La importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral,
subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública.
13. El compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el
desarrollo integral y fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para
enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.
Página | 35
14. La necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en
materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando
la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de
los organismos de gestión de riesgo competentes.
15. La necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos bilaterales,
subregionales, regionales e internacionales de cooperación, de conformidad con los
principios establecidos en la Carta de la OEA, para enfrentar, prevenir y combatir de
manera integral y efectiva la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito
de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de
las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las
pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito
cibernético, por cuanto éstos pueden afectar, en algunos casos, el desarrollo social,
económico, político y el orden jurídico e institucional.
16. Encomendar al Consejo Permanente que elabore, en consulta y
coordinación con las autoridades nacionales de la Reunión de Ministros en Materia
de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia
u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), con
la colaboración de la Secretaría General, un proyecto de plan de acción hemisférico
para dar seguimiento a la presente Declaración de San Salvador, a ser considerado
por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de
sesiones.
17. Que solicitan a la Secretaría General procurar el financiamiento
adecuado para la elaboración del Plan de Acción e informar al próximo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre las gestiones realizadas”.
Como se aprecia, el compromiso adquirido por el Gobierno Peruano a nivel del
Organismo Continental de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de
seguridad pública a mediano y largo plazo, requiere que su cumplimiento sea
adecuadamente fiscalizado por un órgano especializado del Congreso de la
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República, lo que refuerza la posición que la Comisión Especial se convierta en una
Comisión Ordinaria con las funciones que le corresponde.
En este sentido, por las dificultades señaladas y la necesidad de cumplir con
compromisos de carácter continental nos hace concluir parcialmente que es
menester urgente modificar el artículo 35 del Reglamento del Congreso de la
República que incluya en el literal a) como Comisión Ordinaria a vuestra Comisión8
en análisis.
8 Como referencia proponemos la siguiente formula legislativa:
Artículo 35. Existen cuatro clases de Comisiones:
“a) Comisiones Ordinarias; encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del
Congreso, con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. El Presidente del Congreso, en
coordinación con los Grupos Parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo del Congreso, propone
el número de Comisiones Ordinarias teniendo en cuenta la estructura del Estado. Sin embargo, deben
conformarse por lo menos las siguientes Comisiones Ordinarias:
1. Agraria.
2. Ciencia, Innovación y Tecnología.
3. Comercio Exterior y Turismo.
4. Constitución y Reglamento.
5. Cultura y Patrimonio Cultural.
6. Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.
7. Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
8. Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.
9. Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
10. Educación, Juventud y Deporte.
11. Energía y Minas.
12. Fiscalización y Contraloría.
13. Inclusión Social y Personas con Discapacidad.
14. Inteligencia.
15. Justicia y Derechos Humanos.
16. Mujer y Familia.
17. Presupuesto y Cuenta General de la República.
18. Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.
19. Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
20. Relaciones Exteriores.
21. Salud y Población.
22. Seguridad Ciudadana
23. Trabajo y Seguridad Social.
24. Transportes y Comunicaciones.
25. Vivienda y Construcción.
Las demás Comisiones Ordinarias se conforman procurando homologar su especialidad con las materias que
correspondan a las carteras a cargo de los Ministros de Estado y a los asuntos más relevantes para el país.”
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3.3 Conclusiones parciales
1. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana ha sido creada por
el Pleno del Congreso, con funciones claves de seguimiento de las políticas públicas,
cuya finalidad es contribuir en la lucha contra la delincuencia organizada que aqueja
a nuestro país. Hemos realizado monitoreo y evaluaciones de las formulas y planes
de ejecución de estas políticas, lo cual nos ha permitido tener un panorama de los
planes en los diversos sectores. En este sentido, hemos tomado la Seguridad
Ciudadana como una preocupación generalizada –debido a la percepción de
inseguridad en las calles–, lo cual nos permite apreciar que estas políticas no solo
están en las agendas públicas de las políticas del Estado, sino también tendría que
ser prioridad de la agenda parlamentaria de nuestro Congreso de la República. Esta
última situación, como hemos señalado ha conllevado a que requiramos una
modificación del Reglamento del Congreso que nos permita tener la naturaleza de
Comisión Ordinaria, con esto pretendemos tener una efectividad de dictaminar los
proyectos de ley que permitirán tener una normativa más acorde con la política
criminal.
2. La realidad peruana presenta una convivencia violenta, un elevado índice de
criminalidad y una sensación de inseguridad9 por parte de los ciudadanos –quienes
al final terminan siendo los que soportan los niveles de violencia y amenaza que
atentan su integridad y su patrimonio–, las encuestas realizadas por distintos entes
autorizados10 hasta el año 2011, se observa como resultado de las encuestas, que a
través de los años la percepción de la ciudadanía frente a la inseguridad en la ciudad
de Lima Metropolitana ha ido en aumento, pasando de un 70.6% que califica a
nuestra ciudad capital como muy insegura en el 2004 a un 75.4% en el 2010. Estas
estadísticas demuestran que el sistema relacionado a la prevención y persecución
9 Sobre el sentimiento de inseguridad, es algo más que la ausencia o presencia de delitos, es una percepción y
como tal resulta ser una construcción social. Si bien es cierto que la inseguridad, como sensación indeterminada
no se puede medir con números concretos tal y cual se miden los hechos, las encuestas de opinión buscan
acercarse a su medición, transformando esta percepción en un hecho que va más allá de una simple opinión. 10
Encuesta Nacional de Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima -2011.
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del delito tiene muchas deficiencias, lo que nos obliga a generar una revisión, en este
sentido nosotros como Comisión encargada de monitorear las políticas públicas,
hemos realizado un estudio, seguimiento y evaluación de las mismas lo que ha
generado que en el presente informe realicemos algunos puntos de diagnóstico a
nivel multisectorial, con la finalidad de brindar conclusiones que permitan mejorar
nuestra lucha contra la delincuencia.
3. Los proyectos elaborados en este Periodo Anual de Sesiones 2011-2012, están
relacionados con el firme propósito de generar una mejor elaboración del marco
normativo a nivel penal, procesal penal y penitenciario, en este sentido, citaremos
concluyentemente la finalidad de algunos, los cuales necesitan urgentemente una
reestructuración de los tipos penales como los delitos de tenencia ilegal e irregular de
armas y otros; también, hemos evaluado que es necesario tener una mejor
valoración de los beneficios penitenciarios a la hora de concederlos. Es más, nuestra
postura parte de las estadísticas generadas por el INPE, donde el 77% de los
ingresos registrados al mes de Marzo del 2012 son internos primarios, mientras que
el 14% registras dos ingresos y lo sorprendente radica en el 1.1%, este porcentaje
pertenece a los internos que registran más de 7 ingresos a un Penal.
4. Para nosotros Seguridad Ciudadana implica ser libres, sin temor y amenazas,
andar por las calles con verdadero respeto a los derechos humanos como la vida,
integridad física, síquica y moral, respeto al patrimonio, entre otros, derechos que
han sido consagrados tanto en nuestra Constitución como verdaderos derechos
constitucionales, y que han sido enervados ha instancias mayores como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, con más razón
cuando se trata de los niños y menores de edad en general, en tal sentido, la
finalidad del Proyecto de Ley N° 551/2011-CR,- ”Ley que modifica los artículos 170°,
173°, 179°,179°-A, 180°, 181° Y 181-A, 182-A e Incorpora El Artículo 180-A, 180-B Y
182° referido a Delitos Conexos a la Prostitución Especialmente los Delitos de
Explotación Sexual Comercial de Menor”, es de suma importancia su modificatoria a
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fin de establecer debidamente la conducta punible y diferenciar estas conductas,
tanto contra personas adultas como menores de edad imponiendo una sanción penal
proporcional a su grado de lesividad y dañosidad social. El crecimiento de un país
está en sus niños que deben recibir la mejor intención del Estado en educación,
cuidados y normas que protejan a cabalidad sus derechos y les enseñe sus deberes
como menores de edad. A la fecha no existe una adecuada normatividad para el
presente caso, toda vez que las últimas modificaciones que se han dado, obedecen a
factores sin mayor estudio que el populismo y no hemos prestado atención a las
estadísticas de estudio criminal.
5. Es importante a su vez, el implementar la reforma judicial propuesta por el Poder
Judicial en cuanto a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal para Lima y
el resto de ciudades donde todavía tiene vigencia el Código de Procedimiento
Penales y donde exista una mejor normativa de los beneficios penitenciarios de la
mano de un Código Procesal Penal garantista y que esta con proyección eficiente, de
esta forma la situación violenta que aqueja actualmente a nuestro país y que se ve
reflejada en el cuadro estadístico donde ostensiblemente el índice de acción
delincuencial hace necesario tomar las medidas necesarias para reducir la
criminalidad a niveles tolerables. En conclusión, el tratamiento de los beneficios
penitenciarios, apuntan a la reinserción del condenado a la sociedad, su carácter de
incentivo al condenado no niega la posibilidad de ajustar su concesión a las
necesidades sociales de protección frente a la criminalidad.
IV. LABOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
4.1 Diagnósticos Sectoriales y Propuestas de la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguridad Ciudadana a cada Sector.
Hemos establecido a partir de la función de fiscalización –asignado a esta
Comisión– un diagnóstico multisectorial parcial, relacionado con el tratamiento de la
Seguridad Ciudadana donde hemos analizado las políticas de prevención y
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persecución del delito. Nuestra finalidad es alcanzarles a las autoridades
competentes en cada sector, puntos críticos donde debemos reforzar trabajo y
esfuerzos. Por lo tanto, en esta parte del informe intentaremos enfocar los puntos
donde hemos visto que se pueden mejorar a raíz de las múltiples actividades que
hemos realizado, dentro de ellas las diversas sesiones ordinarias y extraordinarias de
trabajo.
En este sentido, pasaremos a detallar lo siguiente:
4.1.1 Poder Judicial
La vulneración de la Seguridad Ciudadana se puede apreciar en los indicadores de
delitos, todos relacionados a hurtos, robos, lesiones, muertes y violaciones, etc.,
cada cual con sus respetivas agravantes, ante esto, surge el problema inicial de
percepción, el cual funcionalmente al interior de este Poder del Estado
lamentablemente no es el más óptimo, siendo la falta de celeridad, el grado de
corrupción y las facilidades que encuentran los malos abogados para evadir la
justicia –por la redacción de los artículos del Código Penal y Procesal Penal–
algunos de los más reales males, esta realidad dificulta la efectividad en el servicio
de justicia que brinda y que busca la población.
Por citar un ejemplo, en la Memoria Institucional del 2011, presentada por el Dr.
César San Martin Castro, Presidente del Poder Judicial, existe un Capítulo de
Promoción de la Ética y Lucha contra la Corrupción, en este orden de idea existe una
negativa percepción relacionada a la Seguridad Ciudadana, lo cual es contrastable
cuando algunos malos jueces, mediante sus resoluciones y sentencias judiciales
dejan en libertad a delincuentes prontuariados –como sucedió en el caso de Romina,
accedió a su anticipada libertad sin explicaciones–, y que en muchos casos han sido
capturados por la Policía Nacional en plena comisión de los ilícitos penales.
Punto seguido, debemos señalar también que existe un margen de impunidad en la
norma penal y procesal penal que permite cierto margen de acción para la defensa
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legal de estas personas, pero muchas de las múltiples ocasiones y en su mayoría,
lamentablemente es por casos de corrupción en la interpretación y aplicación de la
norma por parte del juez; de ahí la importancia que le da la propia memoria
institucional a la labor desplegada a nivel nacional por la Oficina de Control de la
Magistratura (OCMA).
También, no podemos dejar de señalar el problema de la gran carga procesal y la
falta de recursos son temas estructurales de gestión que atraviesa este Poder del
Estado, por lo que habría que hacer las modificaciones legislativas y al momento de
aprobar el Presupuesto Público, hacer hincapié en la ayuda respectiva para que
pueda responder al tema de la Seguridad Ciudadana.
Es necesario señalar que las propuestas deben partir por el tema del otorgamiento
de los beneficios penitenciarios y libertades procesales, que al parecer no está
funcionando, a pesar de la intención de unificar criterios y las circulares emitidas por
la Institución, urge revisar si los Jueces logran una aplicación exacta. Es menester
para esta Comisión tomar conocimiento, los resultados de las visitas de inspección a
las diferentes Cortes realizado por la OCMA hasta ahora, teniendo en consideración
que existen todavía jueces que otorgan libertades indebidas.
Recomendamos al Poder Judicial que revisen sus circulares y jurisprudencias que
modulan el concurso de delitos, ya que algunas de las sentencias contienen penas
indebidas en contra de la víctimas por la mala aplicación de los artículos 46-B, 46-C,
48, 49, 50, 51 y hasta el 50-A del Código Penal.
Comprendemos que existe un mal generalizado en toda institución pública, que
consiste en la falta de recursos económicos por parte del Poder Central; sin
embargo, no es argumento que impida por ejemplo, revisar mejor los concursos para
nombramientos de jueces, dado que existen algunos abogados que no están
capacitados en derecho –como se espera– ni mucho menos en ética para ocupar
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una plaza en el Poder Judicial y que ante nuestra sociedad es una persona a la que
recurrimos cuando se nos ha vulnerado un bien jurídico, un derecho, una garantía
constitucional, etc.
En este sentido, solicitamos al Presidente del Poder Judicial pueda hacernos llegar a
esta Comisión un estudio estadístico de todo lo concerniente a sus iniciativas y el
plan de acción para combatir la inseguridad ciudadana, propuesto en la Sesión del
23 de agosto de 2011.
4.1.2 Fiscalía de la Nación
El Titular de la Acción Penal está en manos de los Fiscales, muchas veces estos no
han ejercido su trabajo como se espera, y con mayor énfasis en el interior del País,
esto lo podemos apreciar en los conflictos sociales, cuando se dan las tomas de las
vías públicas, atentados contra la propiedad privada y pública, desacato a la
autoridad; se observa que en la mayoría de los casos no se han formulado
debidamente las denuncias penales y tampoco se individualizan a los responsables,
lo cual es contrastable en las sentencias absolutorias o sentencias con penas
improporcionales a los hechos realizados por los delincuentes, esta situación que se
da en muchos casos por amenazas contra los fiscales de la zona, y otros por casos
de corrupción.
Con este panorama no sabemos si va funcionar la facultad de investigar el delito
contenido en el artículo IV del Código Procesal Penal, donde existe un papel
trascendente del Fiscal, sobre todo en la etapa de la investigación de los delitos,
hemos tomado conocimiento de diversas dificultades que han encontrado en su
aplicación al interior del país, y uno de los grandes problema radica en que si esta
Institución tiene los recursos materiales y humanos aptos para realizar esta labor;
más aún cuando la Policía Nacional del Perú, ha hecho ya algunas observaciones
sobre esta nueva prerrogativa del Ministerio Público.
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Este escenario es de vital importancia para la Seguridad Ciudadana, ya que es la
primera respuesta del Estado frente a la delincuencia y al delincuente, el trabajo
ejemplar no solo es la captura de los delincuentes sino también recoger todos los
medios de prueba idóneos que van a contribuir a obtener una sentencia ejemplar del
Poder Judicial, en este sentido, si la estructura estatal formal de respuesta falla, o si
se tiene problemas de coordinación al interior de ella, va tener como consecuencia
una realidad sumamente favorable para el delincuente, cuya defensa legal va a
aprovechar esta peculiar situación para lograr inmunidad y pueda acceder a su
libertad.
Otro punto clave, también relacionado a la aplicación del Código Procesal en aras
de la efectiva prevención y lucha contra la delincuencia, es necesario que la Policía
Nacional participe activamente en toda la etapa de Investigación Preparatoria (que
comprende la investigación preliminar) a fin de contribuir al esclarecimiento de los
hechos y evitar que se frustren las investigaciones que podrían tener como resultado
la efectiva determinación de responsabilidades para autores y partícipes del delito.
La Fiscalía de la Nación, debe realizar un trabajo coordinado con la Policía para el
éxito de la investigación, nos preocupa que exista un panorama donde si bien es
cierto la Policía ejecuta la investigación criminal, por ser un ente especializado y con
experiencia en tal función, los policías normalmente comparecen a juicio como
testigos11, es ahí donde aportan un testimonio técnico en apoyo a los Jueces, en la
misma lógica hemos llegado a entender que el Fiscal que realiza por si sólo la
investigación se convertiría en la práctica en testigo para contra examinarse en el
proceso penal, lo cual nos parece absurdo y en contra del sistema procesal que se
pretende instaurar en Lima.
4.1.3 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
11
BAYTELMAN Andrés y DUCE Mauricio: Litigación Penal Juicio Oral y Prueba, Lima: Alternativas, 2005,
p. 263.
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Este Ministerio como ente articulador del Poder Ejecutivo, encargado de dar la
asesoría legal y ser el coordinador con el Poder Judicial y el Ministerio Público, es el
encargado de hacer un análisis de la realidad de la Seguridad Ciudadana en el país,
y formular al Presidente de la República las recomendaciones de carácter legal para
una toma de decisión de Estado sobre este problema; sin embargo, observamos que
no ha ejercido esta función dinámica y promotora de asesoría legal sobre el tema; en
el Consejo de Defensa Judicial del Estado –Procuradores Públicos–, no se ha podido
apreciar el ejercido de las acciones judiciales de los distintos sectores del Poder
Ejecutivo, para afrontar la problemática de la Seguridad Ciudadana; así como la
Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario –
CONADIH–, no ha realizado un estudio sobre la modificación del Código Penal para
la inserción de un capítulo de “Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario”,
en donde se puedan aplicar normas referidas al conflicto armado no internacional –
CANI–, para combatir la zona del VRAEM, por tal razón, las Fuerzas Armadas como
las Policía Nacional carecen de un marco legal adecuado para poder enfrentar a los
infractores penales de esa zona del País.
Es necesario que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe sobre los
procedimientos y resultados para recuperar los bienes que los delincuentes obtienen
como consecuencia de sus crímenes, y que sirven para financiar secuestros, robos,
delitos y muertes.
4.1.4 Instituto Nacional Penitenciario
Al ser esta institución el Organismo Público Ejecutor del Sector Justicia, que dirige y
administra el Sistema Nacional Penitenciario, realiza investigaciones sobre
criminalidad y elabora políticas de prevención del delito; diremos que sobretodo en
esta última tarea encomendada.
Nos preocupa, a pesar de las 10 Medidas de Reforma del Sistema Penitenciario
propuestas por el Jefe del INPE, que no se pueda realizar una adecuada política de
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resociabilización de los internos primarios, entendemos que existe un sofocante
hacinamiento al interior de los Centros de Reclusión, pero recomendamos poner
énfasis en el trabajo que se está realizando en los reos primarios, para lo cual es
necesario que exista un buen plan a través del trabajo o la educación que permita
que estos internos no vuelvan a delinquir, en este sentido podremos apreciar menos
prontuariados en nuestras calles que pecan de reincidentes y/o habituales y más
gente de provecho a nuestra sociedad que aprendió de sus errores y que pueda ser
ejemplo para los otros que piensan ir por la vía de la delincuencia.
Debemos desterrar la idea de que los Centros Penitenciarios se han vuelto en las
“Grandes Universidades de Formación del Delito”; sabemos por informes tanto de la
Policía Nacional, como de la prensa, que muchos de los ilícitos penales cometidos en
las ciudades, son planificados al interior de los penales, por lo que urge tomar
medidas para cortar las comunicaciones de los internos como el celular, internet; al
respecto esta Comisión ha invitado a diversas empresas del sector privado, y que
han expuesto ante el INPE sobre dar las diversas soluciones técnicas a este
problema; se ha analizado sobre la posibilidad de implementar el uso del grillete
electrónico para combatir el hacinamiento caótico en que se encuentran nuestras
cárceles, que al 31 de marzo mostraba una población en establecimientos
penitenciarios de 55,307 de los cuales 32,293 (58.39%) eran procesados y 23,104
(41.61%) sentenciados..
Por otro lado, se ha constatado que a nivel nacional, existen centros penitenciarios –
algunos lo administra el INPE y otros la Policía Nacional–, este es un desorden de
carácter administrativo que no puede continuar, urge pues, una corrección inmediata
para que una sola institución sea la encargada de la administración de los penales en
todo el país, para que así haya uniformidad en el criterio administrativo, una situación
básica, si queremos mejorar la eficacia de estos centros penitenciarios.
4.1.5 Ministerio de Educación
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Otro punto de lucha contra la delincuencia es la estrategia preventiva, nos preocupa
que en los centros educativos a nivel nacional, que constituyen el primer gran centro
de formación inicial para los futuros ciudadanos del Perú, después del seno familiar,
desconozcan la realidad que los rodea, así por ejemplo no saben el funcionamiento y
composición del Estado Peruano, por lo que urge de inmediato la reanudación del
curso de Educación Cívica a nivel nacional, para que los estudiantes puedan conocer
y manejar un primer marco referencial con respecto a su sociedad y a su país, y así
no se sientan tan desconectados de su entorno.
Otra de las recomendaciones de esta Comisión es el tema preocupante del bullying
en los centros educativos, se observa gran ausencia de personal sicológico
profesional, para labores de asesoramiento tanto a los profesores, como a los
alumnos y padres de familia, tampoco hay un registro por Unidades de Gestión
Educativa Local de estos casos donde podamos apreciar que sectores de nuestros
alumnados son más violentos que otros. Podemos apreciar que existe un temor de
los directores de las instituciones educativas de proveer estos indicadores, es
urgente trabajar sobre indicadores para poder prevenir a tiempo estos factores de
agresión entre nuestros niños y adolescentes y no esperar a que sea la justicia penal
quien represivamente intente corregir el mal.
Otro aspecto a considerar es la formación en valores de los educandos; por lo que es
necesario que se formule una evaluación de la currícula para incluir como política
del sector el concepto de FORMACION INTEGRAL DEL SER HUMANO que
permitan un desarrollo sólido alejado de las circunstancias que afecten la seguridad
ciudadana.
También se observa que si bien la descentralización administrativa en algunas
Unidades de Gestión Educativa Local –UGEL–, ha funcionado correctamente, en
otras lamentablemente se han destacado por casos de corrupción de profesores,
casos de abusos sexuales; por lo que el trabajo de la supervisión del Ministerio de
Educación debe fortalecerse y coordinar estrechamente con los Gobiernos
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Regionales, para detectar casos de irregularidades y realizar las denuncias penales
del caso.
V. OBSERVATORIO CONGRESAL
5.1 Antecedentes
De conformidad con la Moción de Orden del Día Nº 26 aprobada en el Pleno del
Congreso en su sesión del 11 de agosto de 2011, se estableció en el numeral cinco
(5), la constitución de un Observatorio Congresal de seguimiento de la criminalidad
organizada y de las distintas formas de delincuencia en el País, evaluando la
actuación de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, las
Unidades Especializadas de Investigación del delito y las Instituciones encargadas
del seguimiento del lavado de activos .
5.2 Alcance
Las Comisiones del Congreso han estado fundamentalmente centradas en la
Función legislativa, en cuanto al Control Parlamentario no se disponía de
procedimientos sistematizados, utilizando la tecnología, para el seguimiento de
políticas públicas.
En tal situación, se creó el Observatorio Congresal de la Comisión Especial de
Seguridad Ciudadana, el cual constituye una experiencia piloto de aplicación de
procedimientos sostenidos en Comisiones, instrumento de recolección medición y
análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre criminalidad y violencia.
5.3 Actividades
5.3.1 Primera fase:
En el mes de febrero del 2012 la Secretaría Técnica de la Comisión, por encargo del
Presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana,
Congresista Renzo Reggiardo Barreto, efectúo reuniones de trabajo con
funcionarios de diferentes Organismos Públicos con los cuales se llego al siguiente
acuerdo:
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1. Las instituciones participantes: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía
Nacional del Perú e Instituto Nacional Penitenciario, se comprometieron a remitir a la
Secretaría Técnica de la Comisión –vía correo electrónico– la información estadística
relacionada a Seguridad Ciudadana que a la fecha se tenga elaborada, en sus
respectivas entidades.
2. El Observatorio Congresal de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana, habilitará una página web donde colocará las estadísticas remitidas por
las instituciones.
3. El Secretario Técnico de la Comisión y su equipo evaluarán los contenidos de las
estadísticas remitidas y comunicará a los representantes de las instituciones
mencionadas en el punto 1, en la siguiente reunión, sobre los criterios asumidos en
la Comisión respecto al tipo de información estadística que se requiera contar en
forma permanente y que tenga relación con el tema de Seguridad Ciudadana.
En este sentido, definido los criterios y teniendo conocimiento del tipo de información
estadística que se requiere de cada institución, éstas se comprometen a realizar sus
envíos en forma mensual.
También, se realizó reuniones con los Gerentes de Seguridad Ciudadana del
Ministerio Público, Poder Judicial, Municipalidad del Callao, Municipalidad de
Lurigancho entre otros.
La presentación del Portal de Observatorio Congresal tiene como componentes
básicos en primer lugar, mostrar la gestión que realizan las instituciones del
sistema de Seguridad Ciudadana para disminuir la delincuencia y prevenir la
violencia; así como, la estadística de los tipos de delitos, violencia y el mapa de la
criminalidad.
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En segundo lugar, el Portal del Observatorio cuenta con una plataforma de
denuncias, mediante la cual los ciudadanos que son víctimas de algún hecho
delictivo o son testigos del mismo pueden efectuar sus denuncias de manera virtual.
5.3.2 Segunda Fase
En la segunda fase, determinaremos indicadores y construiremos una base de datos
que nos permitirán además de la recolección y medición de información sobre
criminalidad y violencia, analizar y monitorear los organismos públicos a fin de aplicar
las medidas correctivas en caso que haya lugar.
Para lo cual, se inicio contactos con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo – AECID–, a fin de financiar el contrato de servicios
especializados de empresas a fin de que se encarguen de su implementación.
5.4 Plataforma de Denuncia
Se ha recibido denuncias de ciudadanos que incluyen quejas contra instituciones
educativas, por robo, por abuso de autoridad, las cuales vienen siendo procesadas y
derivadas a la institución correspondiente a fin de dar solución a su reclamo.
5.5 Conclusiones Parciales
La información estadística enviada por la policía nos indica que si bien es cierto
realizan más actividades y aumentan las acciones en contra de la delincuencia,
estas siguen en aumento, pasando de la delincuencia simple a una delincuencia
organizada; a sí mismo, las estadísticas muestran un aumento de delitos contra el
patrimonio y agresiones sexuales, estimulando la percepción de inseguridad en la
ciudadanía, por lo que la policía debe efectuar planes con resultados, mediante
técnicas matriciales, que sean factibles de medición y de esta forma se puedan
avanzar en cuanto a su efectividad, eficiencia y eficacia para ir paulatinamente
eliminando la delincuencia.
En cuanto a la estadística enviada por el INPE, estas muestran un crecimiento
exponencial de la población en los penales causando un hacinamiento preocupante,
lo que contribuye a la corrupción, siendo la población más numerosa la de los
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delincuentes primarios en más del 50%, sobre este punto recomendamos a las
demás instituciones la adquisición de grilletes electrónicos como una alternativa de
solución por su costo-beneficio, en cuanto a la disminución del hacinamiento y al
costo por mantención de un interno en los penales.
Otro punto, lo tenemos en base a la estadística enviada por la CONASEC, existen
Alcaldes y Presidentes de los Gobiernos Regionales que todavía no han cumplido
con presentar sus respectivos planes de Seguridad Ciudadana, por lo que se
requiere mayor insistencia de la CONASEC, a fin de que cumplan dichos
funcionarios con entregarlos y poder fiscalizar su cumplimiento.
En cuanto al Ministerio de Educación, no tienen una estadística estructurada que
nos permita determinar el efecto del Bulling, a si como efectuar su seguimiento y
cuantificación de la agresión que sufren los escolares
VI. GRUPOS DE TRABAJO
Para el cumplimiento de encargo recibido, la Comisión especial Multipartidaria de
Seguridad Ciudadana, conformó los siguientes grupos de trabajo:
GRUPOS DE TRABAJO MIEMBROS
1 Monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas ejecutadas a nivel de gobierno nacional,
regional y local para prevenir, reducir y eliminar las
consecuencias de la criminalidad y las distintas
formas de delincuencia
Cong. Fernando Andrade Carmona,
coordinador
Cong. Teófilo Gamarra Saldívar, miembro
Cong. Cenaida Uribe Medina, miembro
2 Evaluación y monitoreo de la actuación de la Policía
Nacional del Perú en la investigación del delito, así
como el monitoreo y evaluación de las actividades
de las instituciones encargadas del seguimiento del
lavado d activos.
Cong. Octavio Salazar Miranda, coordinador
Cong. José león Rivera, miembro
3 Evaluación y monitoreo del sistema penitenciario Cong. Rosa Mavila Leon, coordinadora
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Cong. Carlos Tubino Arias Schreiber
Cong. Renzo Reggiardo Barreto
4 Evaluación y monitoreo de la actuación del Poder
Judicial en el juzgamiento y sanción del delito
Cong. Luis Iberico Nuñez, coordinador
Cong. Eulogio Amado Romero, miembro
5 Evaluación y monitoreo de la actuación del
Ministerio Público en los procedimientos de
investigación del delito
Cong. Luisa Maria Cuculiza Torre,
coordinadora
Cong. Luis Iberico Nuñez, miembro
El funcionamiento de los grupos de trabajo fue irregular por la renuncia a la Comisión
de la Congresista Luisa Maria Cuculiza Torre quien era la coordinadora dl grupo 5,
así como la renuncia a su bancada de la congresista Rosa Mavila león que originó su
reemplazo en la Comisión, quien era la coordinadora del grupo 3, a esto se suma la
suspensión del congresista Eulogio Amado Romero, que afectó el funcionamiento del
grupo 4.
Los dos primeros grupos han funcionado regularmente y han emitido sus respectivos
informes que se incluyen íntegramente a continuación.
6.1 Informe del Grupo de Trabajo “Monitoreo, evaluación y seguimiento de las
políticas públicas ejecutadas a nivel del gobierno nacional, regional y local,
para prevenir, reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad y las
distintas formas de delincuencia”.
ANTECEDENTES
Conformación del Grupo de Trabajo
La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana conformó el Grupo de
Trabajo de la siguiente manera:
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CONGRESISTA CONDICIÓN
Fernando Andrade Carmona Coordinador
Teófilo Gamarra Saldívar Miembro
Cenaida Uribe Medina Miembro
Instalación del Grupo de Trabajo y elección de Directiva
En sesión de fecha 05 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la instalación del Grupo
de Trabajo y la elección del Coordinador y el Secretario, resultando elegido el
congresista Fernando Andrade Carmona como Coordinador y el congresista Teófilo
Gamarra como Secretario.
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y AGENDA
Plan de Trabajo
El Plan de Trabajo es un instrumento orientador del Grupo de Trabajo, en el cual se
señalaron sus competencias, objetivos y estrategias, así como las principales
instancias de gobierno e instituciones relacionadas con su ámbito competencial y la
agenda de trabajo.
En cuanto al ámbito de sus competencias, se establecieron las instituciones de los
tres niveles de gobierno con atribuciones en materia de Seguridad Ciudadana,
definida esta por la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, como la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración
de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo,
contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
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En lo que se refiere a las principales instancias de gobierno e instituciones
relacionadas con el ámbito competencial del Grupo de Trabajo, se definieron las
siguientes:
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)
Secretario Técnico del CONASEC
Ministerio del Interior
Policía Nacional del Perú
Ministerio de Justicia
INPE
Ministerio Público
Poder Judicial
Gobiernos Regionales
Comités Regionales de Seguridad Ciudadana
Municipalidades
Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana
Objetivos
Habiéndose establecido como función del Grupo de Trabajo el seguimiento a las
políticas públicas ejecutadas a nivel nacional, regional y local, fue necesario focalizar
los objetivos del mismo a fin de precisar la labor y el ámbito en el que se
desenvolvería. Por ello se plantearon los siguientes objetivos:
a) Monitoreo y seguimiento de las políticas públicas que en materia de Seguridad
Ciudadana se ejecutan a nivel nacional, regional y local.
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b) Evaluación del cumplimiento de las políticas públicas de Seguridad Ciudadana
por parte de las diversas instituciones de alcance nacional, regional y local con
atribuciones en dicho ámbito.
Los objetivos planteados buscaron coadyuvar al logro de la ejecución efectiva de la
política pública de Seguridad Ciudadana y convivencia social establecida en el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012 y que se define como
el FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL,
teniendo como principales objetivos específicos los siguientes:
Promoción de la inclusión social, proporcionando seguridad a todos los pueblos
del Perú sin excepción, priorizando las zonas olvidadas.
Restablecimiento del principio de autoridad y recuperación de la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del Sistema desarrollando la prevención,
investigación y denuncia.
Participación de todas las instituciones públicas y privadas para lograr la paz y el
bienestar social.
Fortalecimiento de la acción de control y sanción de las faltas y delitos asegurando
la recuperación de las víctimas y la reinserción de los infractores.
Estrategias
Para el logro de los objetivos del Grupo de Trabajo, se adoptaron las siguientes
estrategias:
Monitorear y coadyuvar al seguimiento y la evaluación de los avances en la
implementación y cumplimiento de las Políticas Públicas en materia de Seguridad
Ciudadana en los tres niveles de gobierno, a través de la coordinación permanente
con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, órgano
que según la Ley N° 27933, es el responsable de realizar esta función. Asimismo,
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a través de informes de las instituciones y entidades del Estado involucradas, para
lo cual se invitaron a funcionarios competentes en la materia.
De igual manera se promovió el cumplimiento de las políticas públicas en
Seguridad Ciudadana a través del envío de comunicaciones a las entidades que
no vienen cumpliendo con los plazos previstos en el Plan de Acción del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.
Se establecieron canales de coordinación y consulta habitual y fluida con el Poder
Ejecutivo y Ministerio Público e instituciones públicas y privadas involucradas en la
Seguridad Ciudadana o con experiencias que pueden ser replicadas en el sector
público.
Agenda
El Grupo de Trabajo decidió invitar y/o coordinar con los siguientes funcionarios,
entidades y/o especialistas para el logro de sus objetivos:
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para que
informe sobre el cumplimiento de las políticas públicas establecidas en el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.
Director General de la Policía Nacional del Perú para que informe sobre la gestión
de su institución en el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia Social 2012.
Representantes del Ministerio Público para que informen sobre la gestión de su
institución en el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia Social 2012.
Representantes del Instituto Nacional Penitenciario – INPE para que informen
sobre la gestión de su institución en el cumplimiento del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.
Representantes del Poder Judicial para que informen sobre la gestión de su
institución en el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia Social 2012.
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Representantes de ministerios para que informen sobre la gestión de su institución
en el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Social 2012.
Representantes de municipalidades y gobiernos regionales para que informen
sobre la gestión de sus instituciones en el cumplimiento del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.
Especialistas del sector público o privado en el rubro de Seguridad Ciudadana y a
organizaciones de la sociedad civil.
3.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
El Grupo de Trabajo desarrolló sus actividades en base a sesiones de trabajo, envío
de comunicaciones a instituciones involucradas y visitas de constatación in situ. Se
desarrollaron 05 sesiones (cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria) que
culminaron el 22 de mayo del presente año. En dichas sesiones participaron
principalmente los funcionarios directamente vinculados con los temas tratados y los
señores congresistas integrantes del Grupo; ello con la finalidad de conocer
directamente los detalles, avances y problemas asociados con cada asunto tratado.
El detalle de las sesiones es el siguiente:
SESIÓN FECHA TEMA INVITADOS
Sesión 05/12/11 Instalación y elección del Coordinador y Secretario
Sesión 01 06/03/12 Monitoreo de Políticas Públicas y su cumplimiento por integrantes del SINASEC
Tnte. Gral. PNP (R) Eduardo Perez Rocha, Secretario Técnico del CONASEC
Sesión 02 03/04/12 Metas realizadas durante el 1er Trimestre del presente año
General PNP Abel amarra Malpartida, Director Ejecutivo de Operaciones Especiales de la PNP
Sesión 03 14/05/12 Plan Nacional de Jorge Luis Caloggero
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Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012 (Primer Trimestre)
Encina, Asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación
Sesión Extraordinaria
16/05/12 Aprobación de actas y otros
Participaron solo congresistas
Sesión 04 22/05/12 Visión, participación y propuestas de las organizaciones juveniles en materia de políticas públicas de Seguridad Ciudadana, a fin de prevenir y combatir la delincuencia y la inseguridad en las calles
Christian Pardo Reyes y representantes del Frente Nacional de la Juventud y organizaciones asociadas
Conforme a los objetivos planteados, se invitó a las sesiones del Grupo de Trabajo a
representantes del CONASEC, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público
y de la sociedad civil.
SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
SESIÓN 01
Monitoreo de Políticas Públicas y su cumplimiento por integrantes del
SINASEC
El señor Eduardo Pérez Rocha señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
y Convivencia Social 2012 contiene la política pública en Seguridad Ciudadana
establecida por el CONASEC, así como los objetivos de corto plazo y los programas
y actividades que de forma coordinada deben realizar las instituciones conformantes
del Consejo durante el 2012.
De igual manera, señaló que dicho Plan es un instrumento orientador del accionar de
los comités de Seguridad Ciudadana y que los integrantes del CONASEC han
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CODISEC 01 DE ENERO
COPROSEC 01 DE FEBRERO
CORESEC 01 DE MARZO
CONASEC
Planes Distritales
de Seguridad
Ciudadana
ST-CONASEC
recepciona y
revisa los Planes
de Seguridad
Ciudadana
Planes
Provinciales de
Seguridad
Ciudadana
Planes Regionales
de Seguridad
Ciudadana
participado con sus profesionales técnicos en la formulación del mismo, el cual fue
aprobado en la sesión del 30 de noviembre de 2011 del CONASEC.
Por otra parte remarcó los plazos para la aprobación de los planes locales de
Seguridad Ciudadana y convivencia social, señalando el siguiente cronograma:
Por otro lado, señaló la situación de la formulación de los Planes de Seguridad
Ciudadana, a nivel nacional, al 06 de marzo de 2012:
SITUACIÓN DEL PLAN CORESEC COPROSEC CODISEC TOTAL
FORMULARON 12
(46.15%)
87
(44.85%)
530
(32.24%) 639 (33.74%)
NO FORMULARON 14
(53.85%)
107
(55.15%)
1114
(67.76%)
1235
(66.26%)
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TOTAL 26
(100%)
194
(100%)
1644
(100%)
1864
(100%)
Sesión 02
En esta sesión expuso el General PNP Abel Gamarra Malpartida, Director Ejecutivo
de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.
El General Gamarra informó que en el primer trimestre del 2012 se destinó para el
patrullaje a nivel nacional un total de 23,165 efectivos. Asimismo, señaló que se han
efectuado un total de 81,121 operativos. Los datos se detallan en el siguiente cuadro:
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Por otro lado, indicó que los datos que se señalan a continuación corresponden a la
producción policial en las diversas regiones:
Sesión 03
A esta sesión se presentó el Dr. Jorge Luis Caloggero Encina, Asesor del Despacho
de la Fiscalía de la Nación, en representación del Ministerio Público.
El Dr. Caloggero fue preciso al señalar las acciones realizadas por el Ministerio
Público en el primer trimestre de 2012. Iniciando su intervención, señaló las líneas de
acción de las intervenciones del Ministerio Público en materia de Seguridad
Ciudadana, las cuales son:
Prevención del delito.
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Generación de información en materia de Seguridad Ciudadana.
Actividades fiscales en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los
intereses públicos.
Asistencia y protección a víctimas y testigos.
Prevención del delito
Programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor”.-
Este programa está dirigido a los adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años de edad,
que se encuentren en situación de riesgo o en inicios de cometer delitos (integrantes
de pandillas u otros grupos o que hayan abandonado estudios o no tengan
oportunidades de capacitación para el trabajo)
Se les ayuda a retomar sus estudios o capacitarse para el trabajo; se les otorga
orientación legal, psicológica y en valores y se desarrolla sus habilidades en el arte;
asimismo, se les brinda asistencia básica en salud, ayuda para obtener su DNI,
participación en jornadas deportivas y de esparcimiento, etc.
En el primer trimestre de 2012 se efectuaron 1,040 actividades de atención
preventiva a fin de contribuir a la disminución de conductas infractoras o delictivas
(Consejería fiscal, sensibilización y fortalecimiento, información legal, formación en
deberes y derechos, talleres de manualidades, asistencias psicológicas y en salud,
etc.)
Programa Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales”.-
Programa desarrollado en los centros de educación secundaria, con la finalidad de
promover la formación de estudiantes en relación a los derechos humanos, derechos
y deberes de niños y adolescentes, prevención de formas de violencia, pandillaje,
consumo de drogas, maltrato infantil y abuso sexual, así como en temas de
protección ambiental.
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En el primer trimestre se capacitaron a 5,353 escolares en cultura de prevención del
delito y de protección del medio ambiente.
Programa “Justicia Juvenil Restaurativa”.-
Programa que permite insertar a los adolescentes en el proceso educativo y laboral,
reparar el daño ocasionado y evitar la reincidencia.
Aquí se aplica la “remisión”, figura jurídica prevista en el Código de los Niños y
Adolescentes, la cual faculta al fiscal a excluir del proceso judicial al adolescente
infractor siempre y cuando la infracción cometida no sea grave; asimismo, que exista
disposición del infractor y de su familia a reparar el daño y participar en un programa
de orientación a cargo de instituciones públicas o privadas.
En el primer trimestre de 2012, se atendieron a 188 adolescentes, conforme al
siguiente detalle: Distritos judiciales de Lima Sur (65), Lima (25), Lambayeque (75) y
La Libertad (23).
Jornadas de acercamiento a la población.-
Tienen la finalidad de establecer vínculos con la población, especialmente con
aquellos que viven en zonas afectadas por problemas de pobreza, alta conflictividad
social e incidencia delictiva. A través de estas jornadas se identifican los principales
problemas de estas zonas, así como los lugares de mayor incidencia delictiva y las
causas asociadas a la criminalidad, a fin de adoptar medidas para prevenir el delito
de manera coordinada con la población.
En el primer trimestre, no se llevaron a cabo actividades, por cuanto, según
manifestó el Dr. Caloggero, la comunidad educativa estaba de vacaciones y las
instalaciones no estaban disponibles; asimismo, los fiscales se encontraban de
vacaciones en los meses de febrero y marzo.
Operativos fiscales.-
Se llevaron a cabo operativos fiscales según el siguiente detalle:
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Generación de información
Observatorio de criminalidad.-
Órgano encargado de sistematizar, analizar y difundir información sobre la
criminalidad, las infracciones a la ley penal y la violencia en el Perú, proporcionando
información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño,
implementación y evaluación de las políticas de prevención, persecución inteligente
del delito y protección de la víctima.
En el primer trimestre se elaboraron 12 boletines virtuales (contiene información
sobre delitos e infracciones de mayor incidencia 2000-2011, delitos e infracciones
contra el patrimonio, violencia familiar, feminicidio, delitos e infracciones de violación
de la libertad sexual, delitos e infracciones de lesiones, etc.)
Asimismo, se elaboraron 8 mapas del delito virtuales, localizando zonas de mayor
incidencia de robo, microcomercialización de drogas y pandillaje (puntos calientes),
empleando tecnología GPS.
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad
Efectiva – RENADESPPLE.-
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Administra base de datos actualizada, con información que permita identificar y
localizar a personas detenidas, así como el seguimiento estadístico de todas las
etapas del proceso penal de los investigados y de los sentenciados a pena privativa
de la libertad efectiva.
En el primer trimestre de este año, el Dr. Caloggero informó que se elaboró un
boletín estadístico, conteniendo información sobre cantidad de detenciones y delitos
cometidos.
Actividades fiscales
En cuanto al número de casos atendidos versus casos ingresados, el Dr. Caloggero
mostró la siguiente información:
Asistencia y protección a víctimas y testigos
Tiene como finalidad la adopción de medidas de asistencia legal, psicológica y social
a favor de las víctimas y testigos que intervengan en la investigación o procesos
penales, cautelando que sus testimonios o aportes no sufran interferencia o se
desvanezcan por factores de riesgo ajenos a su voluntad, así como supervisar la
ejecución de las medidas de protección que, eventualmente, se dispongan.
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En el primer trimestre de 2012, se dieron 7,400 asistencias en materia legal,
psicológica y social (6,433 víctimas y 967 testigos).
Sesión 04
Finalmente, se presentó el señor Christian Pardo Reyes, fundador y asesor del
Frente Nacional de la Juventud, acompañado de diversas organizaciones y
representantes de la sociedad civil para exponer sobre la visión, participación y
propuestas de las organizaciones juveniles en materia de políticas públicas de
Seguridad Ciudadana, a fin de prevenir y combatir la delincuencia y la inseguridad en
las calles.
En ese sentido, se expuso el Programa “Engánchate” – Programa de resolución de
conflictos urbanos con jóvenes, el cual según señalaron, es un programa de inclusión
y pacificación de jóvenes inmersos en el mundo de la violencia juvenil (pandillaje) y
barras bravas, que incluye acciones de organización, deporte, cultura, educación y
asesoría legal. Asimismo, está dirigido a jóvenes de diferentes grupos en una misma
zona.
Por otra parte, también indicaron que en el distrito de Ventanilla se bien ejecutando el
Programa “Engánchate Batería”, el cual consta de las siguientes actividades:
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Señalaron haber realizado el diagnóstico situacional del distrito de Ventanilla
identificando las pandillas existentes en la zona sur y centro.
Para ello, llevaron a cabo como fase 1, la sensibilización a los Directores de las 11
Instituciones Educativas, dirigentes, representantes de la parroquia y otros para la
aplicación de encuestas. Y como fase 2 aplicaron encuestas a alumnos de las
Instituciones Educativas y dirigentes de las zonas centro y sur.
3.2. VISITAS DE INSPECCIÓN Y MONITOREO
Como parte de las acciones de monitoreo del Grupo de Trabajo, el señor coordinador
llevó a cabo las siguientes visitas a municipalidades para verificar el cumplimiento de
sus funciones en materia de Seguridad Ciudadana:
Central de monitoreo de cámaras de video vigilancia de la Municipalidad Distrital
de Miraflores.
Central de monitoreo de cámaras de video vigilancia de la Municipalidad Distrital
de Lince.
Central de monitoreo de cámaras de video vigilancia de la Municipalidad de Lima.
CEMFOCAS – Centro Metropolitano de Formación y Capacitación de Serenazgo –
Municipalidad de Lima.
Local del Serenazgo de la Municipalidad de Catacaos - Piura.
Local del Serenazgo de la Municipalidad de Huanchaco - Trujillo
Local del Serenazgo de la Municipalidad de Santiago – Cusco.
COMUNICACIONES A ENTIDADES
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Asimismo, como parte de las acciones de monitoreo del Grupo de Trabajo, se
remitieron sendos oficios a diversas entidades para solicitar información relacionada
con su desempeño en el primer trimestre del año, en materia de Seguridad
Ciudadana. Así, se remitieron informes a las siguientes instituciones:
Oficio N° 156-2012-DC-FAC al Presidente Regional de Madre de Dios con la
finalidad que informe los motivos por los cuales no presentaba su Plan de
Seguridad Ciudadana al CONASEC.
Oficio N° 162-2012-DC-FAC al Presidente Regional de Tumbes con la finalidad
que informe los motivos por los cuales no presentaba su Plan de Seguridad
Ciudadana al CONASEC.
Oficio N° 161-2012-DC-FAC al Presidente Regional de Ancash con la finalidad que
informe los motivos por los cuales no presentaba su Plan de Seguridad Ciudadana
al CONASEC.
Oficio N° 158-2012-DC-FAC al Presidente Regional de Cusco con la finalidad que
informe los motivos por los cuales no presentaba su Plan de Seguridad Ciudadana
al CONASEC.
Oficio N° 159-2012-DC-FAC al Presidente Regional de Pasco con la finalidad que
informe los motivos por los cuales no presentaba su Plan de Seguridad Ciudadana
al CONASEC.
Oficio N° 279-2012-DC-FAC a la Ministra de Educación solicitándole información
sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012, durante el
primer trimestre del año 2012.
Oficio N° 280-2012-DC-FAC al Presidente del INPE solicitándole información
sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012, durante el
primer trimestre del año 2012.
6.2 Informe del Grupo de Trabajo “Monitoreo y evaluación de la actuación de la
Policía Nacional del Perú en la investigación del delito; así como el
monitoreo y evaluación de las actividades de las instituciones encargadas
del seguimiento del lavado de activos”.
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INTRODUCCIÓN
Las recurrentes imágenes de la inseguridad Ciudadana que afectan a la población
nacional motivan a centrar el análisis en esta problemática, además de plantear
alternativas que permitan enfrentar a las expresiones de la delincuencia y el crimen
organizado, que constituyen las principales preocupaciones de nuestra población tal
como lo reflejan diversas encuestas de opinión.
A nivel de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del
Congreso de la República, y en cumplimiento de su Plan de Trabajo, se estableció el
funcionamiento del Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación de la Actuación de
la Policía Nacional del Perú en la Investigación del Delito; así como el Monitoreo y
Evaluación de las Actividades de las Instituciones Encargadas del Seguimiento del
Lavado de Activos, el cual tuvo como coordinador al congresista Octavio Salazar
Miranda y estuvo integrado por los congresistas José León Rivera y Gustavo Rondón
Fudinaga.
Este Grupo de Trabajo tuvo como objetivos identificar las causas que impiden el
avance de las investigaciones policiales del delito; y conocer los resultados de las
actividades de las instituciones inmersas en el seguimiento del delito de lavado de
activos.
El presente informe es el resultado del análisis del desarrollo de las actividades
realizadas para alcanzar los mencionados objetivos, para lo cual se contó con el
apoyo de especialistas en la problemática a estudiar, quienes fueron convocados a
participar en las sesiones del Grupo de Trabajo.
En su primera parte, este informe define las áreas temáticas de análisis como son la
investigación del delito y el lavado de activos, para luego precisar la metodología de
trabajo aplicada por el Grupo de Trabajo.
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Posteriormente, se realiza el análisis de áreas temáticas en las cuales se describe el
diagnóstico de la investigación del delito que está a cargo de la Policía Nacional del
Perú, para luego explicar la participación de la institución policial frente al delito de
lavado de activos; así como la labor de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El informe presenta conclusiones referidas a cada área temática desarrollada,
además de plantear recomendaciones por las mencionadas áreas a cada institución
relacionada con la prevención y la sanción del delito de lavado de activos.
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2011-2012
El Plan de Trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana,
creada mediante Moción de Orden del Día N° 26 del 11 de agosto de 2011,
estableció el funcionamiento del Grupo de trabajo de monitoreo y evaluación de la
actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación del delito; así
como el monitoreo y evaluación de las actividades de las instituciones encargadas
del seguimiento del lavado de activos (LA), el cual tuvo como coordinador al
congresista Octavio Salazar Miranda y estuvo integrado por los congresistas José
León Rivera y Gustavo Rondón Fudinaga.
ÁREAS TEMÁTICAS:
El Grupo de Trabajo identificó dos áreas temáticas:
Investigación del delito: En lo referido a la investigación del delito por parte de la
PNP, ello está contemplado en el artículo 166º de la Constitución Política del Perú y
el artículo tercero de la Ley Orgánica de la PNP, Ley Nº 27238, según la cual la
institución policial tiene entre sus funciones primordiales prevenir, investigar y
combatir la delincuencia, así como vigilar y controlar las fronteras.
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Además, el artículo séptimo de la citada Ley Orgánica precisa que una de las
funciones de la PNP es prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y las
faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales que se persigan de oficio.
Lavado de activos: El LA se ha conceptuado como el proceso por el cual es
encubierto el origen de los fondos generados de actividades ilícitas (por ejemplo el
tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la piratería o la corrupción).
El objetivo del LA es hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el
sistema económico financiero.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Objetivo general:
Identificar las causas que impiden el avance de las investigaciones policiales del
delito y conocer los resultados de las actividades de las instituciones inmersas en el
seguimiento del lavado de activos.
Objetivos específicos:
Objetivo específico 1: Monitorear y evaluar actuación de la PNP en la investigación
del delito.
Objetivo específico 2: Monitorear y evaluar las actividades de las instituciones
encargadas del seguimiento del LA.
Actividades:
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Se identificaron las siguientes actividades:
Reuniones de los integrantes del Grupo de Trabajo.
Reuniones con representantes de las instituciones relacionadas con los temas de
interés del Grupo de Trabajo.
ANÁLISIS DE ÁREAS TEMÁTICAS
Investigación del delito
Para analizar este tema se invitó a los representantes de la PNP a la primera sesión
del Grupo de Trabajo del día miércoles 9 de mayo de 2012. Durante la sesión de
trabajo se analizaron los siguientes puntos:
Tema 1: Estructura orgánica de las unidades especializadas dedicadas a la
investigación policial.
Tema 2: La investigación policial: Realidad actual y propuestas para superar las
limitaciones y dificultades del proceso de investigación policial.
La exposición estuvo a cargo del General PNP Herbert Rosas Bejarano, Director
contra el Crimen Organizado y contra el Terrorismo de la PNP.
Diagnóstico
La Dirección Ejecutiva contra el Crimen Organizado de la PNP tiene la tarea de
investigar, denunciar y combatir la delincuencia común y el crimen organizado en
todas sus modalidades, para lo cual cuenta con las siguientes direcciones
especializadas en investigación policial:
Dirección Antidrogas (Dirandro).
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Dirección de Investigación criminal y apoyo a la justicia (Dirincri).
Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
Dirección contra la Corrupción (Dircocor).
Dirección de Policía Fiscal (Dirpolfis).
Dirección de Lavado de Activos (Dirlac).
Las direcciones especializadas en investigación policial tienen un carácter sistémico,
técnico, normativo y ejecutivo. Además, son las encargadas de ejercer funciones,
atribuciones y facultades de la PNP en su campo especializado, teniendo
competencia para intervenir a nivel nacional; las mismas que son de oficio, a solicitud
de los jefes de las regiones policiales o a requerimiento de las autoridades
competentes, con conocimiento y/o autorización de la Dirección General.
Actualmente las divisiones especializadas en investigación policial del ámbito
nacional dependen funcional, administrativa y disciplinariamente de sus respectivas
regiones policiales.
A pesar de los avances en labor de investigación, se detectan las siguientes
dificultades en esta tarea:
a.- Déficit de efectivos y limitado personal especializado que dificulta el cumplimiento
de la misión.
b.- Falta de equipamiento, armamento, vehículos y tecnología.
c.- Infraestructura inadecuada.
d.- Insuficiente presupuesto de gastos destinados a inteligencia operativa.
e.- Tiempo de detención insuficiente (24 horas para delitos comunes).
f.- Escasos cursos de capacitación y especialización.
g.- Limitada cooperación internacional en el intercambio de información.
Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal
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Respecto a la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se han creado
situaciones que perjudican la labor policial como las que se detallan a continuación,
las cuales fueron identificadas por la Policía Nacional:
Desde la elaboración del NCPP, su comisión formuladora no contó con la
participación de la PNP, por lo cual el documento tiene una visión y una fórmula
legislativa sesgada, que solo contempla el proceso y la actuación de fiscales,
abogados defensores y jueces; no sucede lo mismo con la actuación de la PNP, que
en la mayoría de casos es la responsable de iniciar el proceso penal mediante la
identificación, ubicación y detención de los responsables de los delitos, lo cual se
sustenta con los elementos y medios de prueba, que son los que fundamentan la
acusación, defensa y finalmente el juicio oral.
El NCPP considera que la investigación del delito corresponde al fiscal, con lo cual
se desconoce el mandato constitucional y el título preliminar del mismo código,
según los cuales al Ministerio Público solo le corresponde conducir jurídicamente la
investigación del delito, ya que la PNP es la responsable de la investigación material
de los delitos.
El NCPP relega y limita la actuación operativa de la institución policial al
requerimiento previo del fiscal para que actúe no en la investigación completa; sino
solo en determinados actos de investigación que el fiscal considere, de esta manera
se olvida que el especialista en la investigación criminal es el Policía.
Se establece que la investigación estará a cargo del fiscal, quien solo tiene
autoridad en el Distrito Judicial donde está nombrado; con ello se olvida el importante
aspecto que la delincuencia organizada desde su expresión más básica, como la
banda barrial; hasta el nivel de mafia pasando por el crimen organizado y el crimen
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internacional, actúan sin respetar competencias funcionales, con alta movilidad y en
todo el territorio nacional y muchas veces en más de un país, por lo que solo pueden
ser investigados por grandes unidades de investigación de la Policía.
En lo referido a los altos porcentajes de archivos de casos penales por el Ministerio
Público, ello evidencia la existencia de deficiencias en la investigación que realiza el
fiscal ya que así lo permite el NCPP al crear la figura del Fiscal – Policía. Este hecho
afecta la función de investigación de la Policía por lo cual está perdiendo la experticia
y podría ocasionar la extinción de la investigación policial, que generaría graves
efectos en la seguridad pública y en el orden y paz social. El Ministerio Público no
puede sustituir la labor investigativa de la Policía, ya que para ello requeriría de
naturaleza de fuerza pública, que no la tiene.
El Ministerio Público se encarga de perseguir el delito, como acusador y abogado
de la sociedad, y es responsable de obtener la máxima pena para los que lo
merecen. El Ministerio Público no se encarga de negociar penas mínimas, archivos
por falta de pruebas, etc., ya que si se siguiera la lógica de que el éxito de la reforma
se evidencia en la reducción del número de procesos judiciales por la mayor
aplicación de salidas alternativas, y si la Policía tuviera las facultades otorgadas al
Fiscal, entonces se podría superar fácilmente lo que ahora se muestra como logro,
es decir, la reducción del número de casos que deben ser procesados.
Si se considera que la mayoría de delincuentes son reincidentes o habituales; la
aplicación indiscriminada de salidas alternativas estaría promoviendo una mayor
delincuencia, pues lo que no se sanciona o se sanciona con penas bajas, estimula o
promueve la conducta desviada. Por tal motivo, una manera de reducir la
delincuencia es aplicar penas máximas y no mínimas o por debajo de las mínimas,
como sucede en nuestro país.
Lavado de activos
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La importancia de considerar el monitoreo y seguimiento de las actividades
destinadas a enfrentar el LA se sustenta en el negativo impacto de este delito en la
economía nacional. De acuerdo a cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), el LA crece en proporción del 1.5% al 3% del PBI.
Como lo refiere el Plan Nacional de Lucha contra el LA y el Financiamiento del
Terrorismo (FT), el LA contribuye al enriquecimiento de las organizaciones criminales
transnacionales mediante el aumento de su poderío y peligrosidad. Esa riqueza
facilita la expansión territorial de esas organizaciones para diversificar su actividad
ilícita; contratar más y mejores servicios de protección; influir en la voluntad de
funcionarios públicos; acceder al asesoramiento profesional de primer nivel; sobornar
magistrados para evitar sanciones y así seguir administrando la empresa criminal
inclusive desde la cárcel.
El LA también tiene un impacto negativo en los niveles de gobernabilidad de un país
ya que la acumulación de riqueza en manos del crimen organizado puede contaminar
procesos electorales al permitir el acceso al poder político de criminales y degradar la
calidad institucional y democrática de los países.
Legislación sobre el lavado de activos
La legislación referida al delito del LA es la siguiente:
Decreto Legislativo Nº 736 del 8 de noviembre de 1991: Criminaliza los actos de LA
provenientes del tráfico ilícito de drogas.
Ley Nº 27765 del 26 de junio del 2002: Penalizó el delito de lavado de activos,
sancionando los actos de conversión y transferencia; ocultamiento y tenencia de
dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito se conozca o se pueda
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presumir. Se amplía la procedencia a delitos contra la administración pública;
secuestro; proxenetismo; tráfico de menores; defraudación tributaria; delitos
aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales.
Decreto Legislativo Nº 986 del 21 de julio de 2007: Modificó la Ley Nº 27765,
adicionando a los preceptos la acción de dificultar la identificación del origen ilícito de
los bienes, su incautación o decomiso. Se amplió además los tipos penales que
agravan la pena incluyendo al delito de lavado de activos; trata de personas y otros;
y se incrementa la penalización para la omisión de reporte a los sujetos obligados.
Decreto Supremo 057-2011-PCM, del 30 de junio 2011: Aprueba el Plan Nacional
de Lucha contra el LA y el Financiamiento del Terrorismo y crea la Comisión
Ejecutiva Multisectorial contra el LA y el Financiamiento del Terrorismo.
Decreto legislativo N° 1106 del 18 de abril de 2012, sobre lucha eficaz contra el
lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen
organizado: Modifica y amplía artículos relacionados a la penalización de actividades
relacionadas al blanqueo de dinero y manejo de activos de actividades ilícitas
provenientes del crimen organizado y minería ilegal. Derogó la Ley Nº 27765 del 26
de junio del 2002, y su modificatoria, Decreto Legislativo Nº 986 del 21 de julio del
2007.
Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de activos y el Financiamiento del
Terrorismo
De acuerdo con el Plan Nacional de Lucha contra el LA y el FT, el régimen nacional
de lucha contra esos delitos se presenta organizado a través de un sistema, cuyos
principales componentes son:
a.- Prevención
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b.- Detección
c.- Represión penal.
En los tres aspectos mencionados, se ha establecido los siguientes objetivos luego
de detectar las vulnerabilidades funcionales identificadas en los controles, políticas y
medidas que se pueden abordar mediante reformas legislativas o administrativas.
CUADRO N° 1: OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Fuente: Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
El
Plan
Nacional de Lucha contra el LA y el FT precisa que las entidades gubernamentales
inmersas en la lucha contra el LA son:
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Policía Nacional del Perú.
Procuradurías Públicas Especializadas
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Ministerio Público.
Poder Judicial.
Asimismo, el referido plan define los órganos encargados de supervisar a los sujetos
obligados a informar en el marco preventivo del LA y el FT en coordinación con la
SBS. Las siguientes son las entidades supervisoras:
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Supervisa a los sujetos
obligados del sector financiero.
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV): Supervisa a
los sujetos obligados del sector valores.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Supervisa a los sujetos obligados
dedicados a las actividades de casinos y tragamonedas.
Consejo del Notariado: Supervisa a los sujetos obligados que ejercen la función de
Notarios.
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES): Supervisa a los sujetos
obligados dedicados al giro de sociedades de loterías.
Ministerio de Energía y Minas: Supervisa a los sujetos obligados que realizan
actividades como empresas mineras.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Supervisa a los sujetos
obligados que prestan servicios de correo y courrier.
Las otras instituciones supervisoras son SUNAT-Aduanas; el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Labor de la Policía Nacional del Perú
La labor de la Policía Nacional para enfrentar a LA se encuentra en el ámbito de la
represión penal. Para analizar el tema, durante la primera sesión del Grupo de
Trabajo, realizada el día miércoles 9 de mayo, se desarrolló la exposición titulada
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“Labor de la Policía Nacional del Perú frente al Lavado de Activos”, que estuvo a
cargo del Coronel Renato Solis Torres, Director de División de Investigación de
Lavado de Activos de la PNP.
Las divisiones de investigación de lavado de activos de las direcciones
especializadas (Dirandro, Dirincri, Dirpofis, Dircocor y Dircote) son los órganos
ejecutivos de la PNP encargados de investigar operaciones de lavado de activos
provenientes del tráfico ilícito de drogas, extorsión, trata de personas, delitos
aduaneros, delitos contra la administración pública, terrorismo, etc. Las mencionadas
divisiones de investigación promueven la adopción de medidas cautelares, para
proteger el sistema socio económico nacional.
CUADRO N°2: PROCESO DE INVESTIGACIÓN FRENTE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
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En el ámbito de la Policía Nacional, los objetivos de este proceso son determinar el
origen ilícito del dinero; probar la participación del individuo en el delito de lavado de
activos; determinar el monto del dinero blanqueado; establecer la red de complicidad;
incautar los bienes y dinero procedentes del delito de lavado de activos, y denunciar
a los responsables al Ministerio Público y estos al Poder Judicial.
En cumplimiento de los mencionados objetivos, los logros alcanzados en los últimos
tres años son los siguientes:
CUADRO N° 3: ESTADÍSTICA DIVILA-DIRANDRO 2008-2011
Descripción ENE-DIC 2008
ENE-DIC 2009
ENE-DIC 2010
ENE-OCT 2011
1 Atestados
Informes de inv.
Partes
Informes de inteligencia
Planes de trabajo e Inteligencia
Investigaciones realizadas
Investigaciones en Proceso
21
7
61
476
57
89
86
19
10
89
538
--
118
63
12
9
94
623
24
115
110
14
15
48
735
21
77
86
Investigados
Pers. naturales
1259 1424 2232 1492
Pers. jurídicas
190 318 498 403
2 Organizaciones desarticulas
8 0 3 2
3 Incautaciones por el delito de lavado de activos
Vehículos
1 441 11 4 6
Emb.
Fluviales
9 23 0 8
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Aserradero
fluvial
-- 2 -- --
Inmuebles 79 22 36 70
Celulares -- -- -- 5
Valorización $258,019,390.00 $13,957,400.00 $1,633.400.00 $14,259,000.00
4 Cantidad de dinero incautado
Moneda
nacional
S/.1,596,850.00 -- -- S/. 3,289.90
Moneda ext.
Euros
-- 32,000.00 -- 440,000.00
Moneda ext.
Peso
argentino
233.00
Moneda ext.
Peso
uruguayo
20.00
Moneda ext.
Boliviano
335,721.90 832,858.25
Moneda ext.
Dólares USA
335,721.90 832,858.25 55,135.39 47,630.00
5 Detenidos 21 1 4 4
Fuente: Policía Nacional del Perú.
Es necesario precisar que la labor de investigación policial frente al delito del LA
tiene las siguientes dificultades:
Carácter normativo:
a.- Ausencia de unidad de criterio de los operadores de justicia, respecto a la
interpretación de la ley que reprime el delito de lavado de activos, en lo referido a la
autonomía del delito fuente y la temporalidad del delito fuente.
b.- Poco conocimiento de las herramientas jurídicas introducidas en la nueva ley de
pérdida de dominio
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Carácter operativo:
c.- Demora en el otorgamiento de información de las instituciones públicas y
privadas, lo que genera que las investigaciones se prolonguen de manera
innecesaria.
d.- El Ministerio Público amplía las investigaciones disponiendo plazos excesivos sin
contar con la opinión del pesquisa policial a cargo de la investigación.
e.- Investigaciones extensas y sujetas a la interposición de recursos legales por
control de plazos.
f.- Excesivo retraso en la emisión de pericias contables (6 a 12 meses).
g.- Personal insuficiente con excesiva carga laboral.
h.- Falta de articulación del ámbito preventivo y el de represión penal en la lucha
contra el lavado de activos.
i.- Escaso presupuesto para el desarrollo de actividades de inteligencia.
j.- Escaso o nulo control de dinero transfronterizo.
Carácter administrativo:
k.- Insuficientes recursos logísticos y tecnológicos.
l.- Falta de convenios con entidades públicas y privadas para obtener información en
tiempo real.
m.- Falta de personal capacitado y especializado en investigación por lavado de
activos.
Labor de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Unidad de
Inteligencia Financiera
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Ley N° 26702, incorporó
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disposiciones destinadas a establecer un sistema de prevención de LA en el sistema
financiero.
De esta manera, la SBS quedó facultada para tomar acciones que garanticen el
cumplimiento de las normas sobre LA por las empresas del sistema financiero,
además de cooperar con las autoridades competentes nacionales y extranjeras en
investigaciones y procesos relacionados al delito de tráfico ilícito de drogas y delitos
conexos.
Luego, mediante la Ley N° 27693 de abril de 2002, se creó la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas. La UIF se creó con personería de derecho público y con autonomía
funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la
transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos. En
el año 2005, por Decreto Supremo 082-2005-PCM, la UIF fue adscrita como pliego
presupuestal del Ministerio de Justicia, después de formar parte de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Posteriormente, la Ley N° 29038 del 1 de junio de 2007, incorporó dentro de la
estructura organizativa de la SBS a la UIF como unidad especializada con las
atribuciones, funciones y competencias establecidas en la Ley N° 27693 y normas
modificatorias. La ley precisa que toda referencia a la UIF-Perú sobre competencias,
atribuciones y funciones sobre LA y financiamiento de terrorismo en la legislación
vigente se entiende como efectuada a la SBS.
La UIF, que tiene el nivel de Superintendencia Adjunta de la SBS y es un órgano de
carácter administrativo, no se encuentra facultada para actuar de oficio ni sobre
denuncias de parte; pero sí es responsable de comunicar al Ministerio Público las
transacciones que después de la respectiva investigación y análisis, se presuma que
se encuentren vinculadas a actividades de lavado de dinero o de activos.
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La UIF además:
Emite Informes de Inteligencia Financiera y otras comunicaciones al Ministerio
Público.
Realiza investigaciones conjuntas (Ministerio Público, Contraloría General de la
República y SUNAT).
Brinda capacitación a los sujetos obligados a informar.
Supervisa a los sujetos obligados a informar y coordina con los organismos
públicos supervisores.
Emite informes de análisis estratégico.
Como parte de su trabajo, entre enero de 2007 y mayo de 2012, la UIF reportó 490
Informes de Inteligencia Financiera que representan un monto involucrado de US$
5,347 millones.
CUADRO N° 4: MONTO INVOLUCRADO EN LOS INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
POR TIPOLOGÍA-ENERO 2007 A MAYO 2012
Tipología Nº de IIF Total Mill. US$
Utilización de empresas de fachada 95 767
Uso de identidades falsas, documentos o testaferros 26 753
Transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda 15 522
Productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo
117 479
Reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo - pitufeo
15 368
Arbitraje cambiario internacional mediante transporte de dinero ilícito 12 247
Transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales 47 234
Exportación o importación ficticia de bienes o mercancía sobrevalorada 17 227
Utilización de fondos ilícitos para disminuir el endeudamiento o capitalizar empresas legitimas
8 51
Otros 95 831
No identificada 43 868
Total 490 5,347
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera.
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Para analizar la labor de la UIF, se realizó la sesión del día miércoles 6 de junio de
2012 y se convocó al Jefe de la UIF, Sergio Espinosa, quien expuso acerca del
avance del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo; así como sobre el impacto de la aplicación del Decreto Legislativo
1106 --de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la
minería ilegal y el crimen organizado-, en la lucha contra el LA.
Durante su exposición, se informó que el Plan Nacional de Lucha contra el LA y el FT
detalla las siguientes acciones para enfrentar a esos delitos:
Otorgar acceso a la UIF a información protegida por secreto bancario y reserva
tributaria.
Establecer por Ley a los organismos supervisores, promoviendo una supervisión
efectiva.
Regular y supervisar la actividad cambiaria.
Establecer responsabilidad legal de SBS como supervisor de las cooperativas de
ahorro y crédito.
Definir un marco normativo para que notarios implementen un sistema de
prevención contra el LA.
Incorporar un cuerpo de peritos especializados en el Ministerio Público y el Poder
Judicial.
Desarrollar y ejecutar un plan de reforzamiento de fronteras.
Añadió que en virtud del Decreto Legislativo 1106, se precisan las siguientes
funciones y facultades de la UIF:
Validez probatoria de los informes de la UIF cuando haya sido objeto de reporte
pericial a solicitud del fiscal, en los casos que se considere utilizarla como medio de
sustento de su denuncia.
El reporte pericial será elaborado por los peritos de la UIF, que sustentarán sus
conclusiones ante los órganos jurisdiccionales.
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Acceso a bases de datos de instituciones públicas y privadas.
Acceso a datos patrimoniales de funcionarios públicos.
Actuación de oficio sobre información de sus bases de datos.
Regula a todos los sujetos obligados.
Supervisa a notarios (dejar constancia en escrituras públicas sobre cumplimiento de
normas de conocimiento del cliente).
Supervisión de cooperativas de ahorro y crédito.
En lo referido a la labor de las entidades supervisoras se señala expresamente
quiénes son los organismos supervisores y se precisa que pueden emitir reportes de
operaciones sospechosas a la UIF.
El Decreto Legislativo 1106, además, plantea la creación de registros en la SBS para
empresas o personas dedicadas a la compra y venta de divisas; y para empresas de
créditos y de préstamos y empeño.
Se precisa, asimismo, que sólo pueden realizar transferencias de fondos y servicios
de giros postales las empresas autorizadas. También se perfecciona la tipificación
del delito de lavado de activos y se establece la prohibición de portar en efectivo
montos superiores a US$30,000 al ingreso o salida del país.
Sin embargo, a pesar de la emisión del Decreto Legislativo 1106, la UIF presenta
dificultades para el pleno cumplimiento de los objetivos destinados a combatir el LA,
uno de los cuales es la falta de acceso de la UIF al secreto bancario y reserva
tributaria.
Otra de las limitaciones identificadas se refiere a la validez probatoria de la
información comunicada por la UIF al Ministerio Público. Los informes de la UIF
pueden contener conclusiones finales, pero también pueden transmitir sólo indicios
en base a la información de inteligencia a la que ha tenido acceso y que sirven para
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orientar nuevas investigaciones o casos en curso, por lo que no todos los informes
pueden ser tratados como pruebas en la investigación.
Frente al aspecto detallado, se sugiere la coexistencia de los reportes periciales,
cuando el Ministerio Público lo considere útil para su investigación, con los informes
de inteligencia financiera.
Los casos sin identificación del delito precedente también constituyen otra de las
limitaciones, ya que cuando la UIF no ha podido identificar el delito precedente, el
Ministerio Público archiva el caso, por ello se propone evaluar posibilidad de brindar
acceso a unidades de la PNP a información de la UIF, a fin de que realice las
indagaciones e inteligencia de campo para identificar el delito precedente.
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
Para analizar el tema de interés del Grupo de Trabajo se realizaron las siguientes
sesiones:
N° DE SESIÓN TEMAS FECHA
Sesión N° 1
-Instalación del Grupo de trabajo. -Exposiciones: Tema 1: Estructura orgánica de las unidades especializadas dedicadas a la investigación policial. Tema 2: La investigación policial: Realidad actual y propuestas para superar las limitaciones y dificultades del proceso de investigación policial.
Miércoles 9 de mayo de 2012. Sala N° 4. Edificio de Comisiones Víctor Raúl Haya de La Torre.
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Exposición: General PNP Herbert Rosas Bejarano, Director contra el Crimen Organizado y contra el Terrorismo. Tema 3: Labor de la Policía Nacional del Perú frente al Lavado de Activos. Expositor: Coronel Renato Solis Torres, Director de División de Investigación de Lavado de Activos.
Sesión N° 2
Exposición: Sergio Espinosa, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Temas: 1.- Avance del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 2.- Impacto de la aplicación del Decreto Legislativo 1106 en la lucha contra el lavado de activos.
Miércoles, 6 de junio de 2012 Sala N°4. Edificio de Comisiones Víctor Raúl Haya de La Torre.
6.3 Conclusiones de los Grupos de Trabajo de la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.
6.3.1 Conclusiones del Grupo de Trabajo “Monitoreo, evaluación y seguimiento
de las políticas públicas ejecutadas a nivel del gobierno nacional, regional y
local, para prevenir, reducir y eliminar las consecuencias de la criminalidad y
las distintas formas de delincuencia”
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1. Existe una Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana que está plasmada
en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012, la misma
que en una matriz tiene claramente definidos sus objetivos, indicadores, metas y
responsables sectoriales, por niveles de gobierno.
2. A la fecha, según datos del CONASEC, el número de Comités Regionales,
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana que no han presentado sus
respectivos planes de seguridad, es el siguiente:
SITUACIÓN CORESEC COPROSEC CODISEC TOTAL
FORMULARON 24 (92.31%) 152 (78.35%) 891
(54.20%)
1067
(57.24%)
NO
FORMULARON
02 (07.69%) 42 (21.65%) 753
(45.80%)
797
(42.76%)
TOTAL 26 194 1646 1864
3. Sin embargo, cabe señalar que al 06 de marzo de 2012, la situación de la
presentación de los Planes de Seguridad Ciudadana de los gobiernos sub nacionales
era la siguiente:
SITUACIÓN CORESEC COPROSEC CODISEC TOTAL
FORMULARON 12 (46.15%) 87 (44.85%) 530 (32.24%) 639 (33.74%)
NO
FORMULARON
14 (53.85%) 107 (55.15%) 1,114
(67.76%)
1,235
(66.26%)
TOTAL 26 194 1646 1864
Al respecto, tal como se ha indicado anteriormente, el señor Coordinador del Grupo
de Trabajo remitió sendas comunicaciones a los Gobiernos Regionales de Pasco,
Cusco, Ancash, Madre de Dios y Tumbes, a fin de solicitar los motivos por los cuales
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no cumplían con remitir sus respectivos Planes de Seguridad, lo que conllevó a que
doce (12) gobiernos regionales, sesentaicinco (65) municipalidades provinciales y
trescientos sesenta y uno (361) municipalidades distritales más, tomaran las
acciones respectivas y cumplieran con presentarlos. Ello demuestra que es
necesario hacer el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
4. Se ha podido observar que, en términos generales, el Ministerio Público viene
cumpliendo las metas previstas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
5. Se ha evidenciado que la Policía Nacional no ha incorporado dentro de su
accionar la gestión por resultados, toda vez que sus metas siguen estableciéndose
en función a indicadores de productividad pero no se analiza el impacto que dicho
accionar tiene en la disminución de la actividad delictiva o en el logro de los objetivos
de la Política Pública de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, dentro de las
actividades previstas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra la
siguiente:
Producto/Actividad Indicador Responsable
Ciudadanía atendida de
manera oportuna con
servicios policiales
(atención de denuncias,
auxilio rápido, etc.)
% de delitos
denunciados con
resultados positivos.
MININTER / PNP
En este caso, hubiera sido interesante conocer cuál es el porcentaje de resultados
positivos en relación a las denuncias efectuadas, para saber el grado de satisfacción
de la población atendida con los servicios policiales.
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6. No se ha observado que el CONASEC se encuentre monitoreando
permanentemente el cumplimiento de las metas que corresponden a las entidades
del Gobierno Central, previstas en el Plan Nacional.
7. Luego del análisis de las exposiciones realizadas ante el Grupo de Trabajo y
considerando la urgencia de articular los esfuerzos de las diversas instituciones
inmersas en la lucha del delito del LA para alcanzar los logros esperados en el
combate a la criminalidad organizada y la inseguridad Ciudadana, se plantean las
siguientes conclusiones por cada una de las áreas temáticas:
6.3.2. Conclusiones del Grupo de Trabajo “Monitoreo y evaluación de la
actuación de la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito; así
como el monitoreo y evaluación de las actividades de las instituciones
encargadas del seguimiento del lavado de activos”.
1. Existen serias limitaciones en la PNP para el eficaz y efectivo desarrollo de la
investigación policial determinado principalmente por las carencias logísticas y de
personal ocasionadas, a su vez, por el escaso presupuesto institucional.
2. La nueva organización geográfica de la PNP y la concentración de las funciones
administrativas en determinadas regiones policiales afecta el desarrollo de las
investigaciones, ya que las limitaciones de orden logístico se evidencian más al
retrasarse la entrega de apoyo por parte de la unidad central regional.
3. Para la PNP, la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal genera
contradicciones con respecto a la función de investigación del delito que debe
realizar la PNP, ya que se atribuye esta función al Ministerio Público creándose la
figura del “Fiscal-Policía”, con lo cual se limita el rol de la PNP a recibir disposiciones
del Ministerio Público y realizar solo actos de investigación y no una investigación
propiamente dicha. Esta situación está generando desconfianza en las instituciones
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encargadas de perseguir el delito, ya que los profesionales del Ministerio Público
están preparados para analizar y aplicar las normas legales desde el punto de vista
jurídico; mientras que el personal de la PNP es un profesional especializado en
procedimientos operativos policiales para investigar la comisión de un delito y
establecer la estrategia operativa adecuada para resolver un caso especifico.
4. Para la PNP, en los distritos judiciales en los que se está aplicando el Nuevo
Código Procesal Penal se está abusando de la aplicación de las salidas alternativas,
además de existir un alto porcentaje de casos sobreseidos y archivados, así como
un porcentaje mínimo de aplicación de las prisiones preventivas, todo lo cual está
generando impunidad, aumento de la delincuencia y una sensación de inSeguridad
Ciudadana entre la población.
5. Se percibe una falta de coordinación en las labores de prevención, detección y
represión entre las instituciones inmersas en la lucha contra el LA, lo cual se
evidencia en los limitados resultados en la investigación y sanción penal de este
delito, con la consiguiente negativa percepción de la labor de instituciones como la
PNP o la UIF en la opinión pública.
6. Como consecuencia de las limitaciones presupuestales en la PNP, la institución
presenta problemas de carácter operativo y administrativo que dificultan su labor
para enfrentar el delito del LA.
7. Una de las dificultades que presenta la UIF es la falta de acceso de la UIF al
secreto bancario y reserva tributaria, por lo cual urge legislar para superar esta
limitación en la lucha contra el LA.
8. En lo referido a la validez probatoria de la información comunicada por la UIF al
Ministerio Público, ya que los informes de la UIF pueden contener conclusiones
finales y también pueden transmitir sólo indicios en base a la información de
inteligencia a la que ha tenido acceso y que sirven para orientar nuevas
investigaciones o casos en curso, se requiere la coexistencia de los reportes
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periciales, cuando el Ministerio Público lo considere útil para su investigación, con los
informes de inteligencia financiera.
9. En muchas oportunidades, la labor de la UIF se ve limitada al no poder identificar
el delito precedente lo cual tiene como consecuencia que el Ministerio Público
archive el caso, por ello se debe evaluar la posibilidad de brindar acceso a unidades
de la PNP a información de la UIF, a fin de que realice las indagaciones e inteligencia
de campo para identificar el delito precedente.
6.4 RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
1. La CONASEC debe reiterar a todas las instituciones con responsabilidad en
materia de Seguridad Ciudadana, que deben cumplir las obligaciones y metas
previstas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012, en
los períodos correspondientes.
2. Reiterar en especial a los presidentes de los gobiernos regionales y alcaldes, para
que en su calidad de presidentes de los comités de Seguridad Ciudadana cumplan
con presentar, a la brevedad, sus respectivos planes de seguridad.
3. Iniciar una evaluación de la política pública de Seguridad Ciudadana y las metas
allí establecidas, a fin de que, de ser el caso, estas sean modificadas o redefinidas
en función a los resultados que hasta ahora se vienen obteniendo.
4. Las recomendaciones a la Policía Nacional del Perú es hacer gestión por
resultados a fin de que sus acciones se encuentren orientadas al logro de los
objetivos de la Política Pública de Seguridad Ciudadana y a la satisfacción del
ciudadano, según lo contemplado en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia Social 2012.
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5. Las recomendaciones a los gobiernos regionales y locales, reiterarles que
cumplan con su obligación de presentar sus respectivos Planes de Seguridad
Ciudadana, conforme al procedimiento previsto por el CONASEC.
6. Las acciones planificadas de prevención orientadas hacia los jóvenes, en especial
a los jóvenes que integran pandillas, barras o cualquier grupo social proclive a la
comisión de actos delictivos, deben encontrarse necesariamente incluidas dentro de
las políticas públicas y planes de las municipalidades provinciales y distritales (en
especial aquellas que pertenecen a áreas urbanas con altos índices de delincuencia),
destinándoles el financiamiento necesario (propio o externo).
7. El Ministerio del Interior- Policía Nacional del Perú debe Incrementar el número de
vacantes en las escuelas de formación de oficiales y sub oficiales, calificando al
personal en la especialidad de investigación policial desde la etapa de formación.
8. Elaborar, financiar y ejecutar diferentes proyectos de inversión pública para la
adquisición de equipos, armamento, vehículos, tecnología y otros.
9. Ejecutar proyectos de inversión pública destinados a materializar nuevas
infraestructuras adecuadas a la función especializada.
10. Elevar el presupuesto destinado a gastos de inteligencia operativa.
11. Modificar el tiempo de detención de los presuntos autores en las investigaciones
por diferentes delitos, que permitiría a la PNP realizar una investigación más
eficiente.
12. Incrementar los cursos de capacitación y especialización en investigación de
delitos, tanto nacionales como internacionales.
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13. Promover la suscripción de convenios con otras instituciones policiales del
mundo en materia de intercambio de información y de cooperación interinstitucional.
14. Materializar la operatividad de la Dirección de Asuntos Internacionales.
15. Potenciar el sistema de investigación criminal y la especialización en la PNP.
16. El Ministerio de Justicia debe Impulsar la labor del Consejo Nacional de Política
Criminal (CONAPOC) que es el máximo organismo encargado de la formulación,
conducción y evaluación de la Política Criminal del Estado, a fin de apoyar de
manera eficaz y efectiva las tareas de investigación, denuncia y combate de la
delincuencia común y el crimen organizado en todas sus modalidades
17. El Congreso de la República debe delimitar las funciones de la Policía Nacional
del Perú con el Ministerio Público, respecto a la ejecución del Nuevo Código Procesal
Penal (NCPP), para lo cual se ha planteado el Proyecto de Ley Nº306 del Grupo
Parlamentario Fujimorista, que propone modificar el inciso 2 de los artículos 60º y
61º, y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 65º; inciso 2 del artículo 173º; inciso 3 del
artículo 223º, inciso 1 del artículo 269°, inciso 1 del artículo 322º, inciso 1 del artículo
330º, inciso 2 del artículo 332º, inciso 1 artículo 337º del NCPP para definir los roles
del Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación preparatoria y en las
diligencias preliminares. De esta manera, el Ministerio Público, por medio de sus
fiscales conduce jurídicamente la investigación preparatoria, para lo cual dispone que
la Policía practique actos de investigación, pesquisa y persecución del delincuente,
siendo labor del fiscal perseguir el delito, tipificando el tipo penal. La Policía Nacional
efectuará informes de sus investigaciones determinando responsabilidades, sin que
estas sean vinculantes ni tampoco tipificando los hechos cometidos lo que le
corresponde al Ministerio Público.
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18. También se propone considerar como prioritario el análisis y debate del Proyecto
de Ley N° 177 de la Bancada Fujimorista, que propone modificar el artículo 135° del
Código de Procedimientos Penales; además se plantea que entren en vigencia a
nivel nacional los artículos 160º y 161º del nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
Asimismo, se plantea modificar los siguientes artículos del NCPP: artículo 161°;
artículo 268° b; artículo 269°; artículo 270°; artículo 342° y el artículo 471°.
Esta iniciativa legislativa plantea modificar el artículo 135º del Código de
Procedimientos Penales de 1940 que regula la confesión sincera, ya que esta aún se
aplica en Lima y Callao donde están más del 53 % de los procesos penales del país;
y permite que se rebaje la pena al confeso hasta límites inferiores por debajo del
mínimo legal sin importar la situación de flagrancia.
Propone que de forma inmediata entren en vigencia a nivel nacional los artículos
160º y 161º del NCPP que regulan, de manera más efectiva, la figura de la confesión
sincera excluyendo de los efectos de esta los supuestos de flagrancia.
Se sugiere también modificar el artículo 161º del nuevo Código Procesal Penal para
que los efectos de reducción de pena que se otorgan al confeso hasta en una tercera
parte por debajo del mínimo de la pena, no se apliquen a los reincidentes ni
habituales y a los que están siendo investigados por delitos graves como secuestro,
robo agravado, hurto agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas.
Además se plantea la posibilidad de dictar mandato de detención provisional para
delitos cuyo mínimo de la pena sea superior a un año de pena privativa de la libertad.
En la actualidad esta se aplica para delitos cuyo mínimo de la pena es mayor a
cuatro años de pena privativa de la libertad. Esta modificación permitirá que delitos
como robo e incluso hurto merezcan de inicio prisión provisional, si además
concurren otros requisitos exigidos por ley, vale decir que se haya identificado al
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autor del delito, las pruebas sean determinantes para ello, que haya peligro de fuga y
que el investigado muestre señales de querer obstruir la investigación.
También se modifica el artículo 342° del NCPP que regula el plazo de la
investigación preparatoria, estableciendo que tratándose de investigaciones
complejas como tráfico ilícito de drogas; terrorismo; lavado de activos se amplíe el
plazo de 16 meses a 2 años con el objeto de que la investigación sea más efectiva,
ello se hace recogiendo una exhortación efectuada por el Tribunal Constitucional.
Asimismo se modifica los artículos 269º y 270º del NCPP con el objeto de brindar
criterios que aclaren los conceptos de peligro de fuga y peligro de obstaculización de
la investigación por parte del investigado, lo que constituye una herramienta que
facilitará la labor de los jueces y fiscales del país.
Se modifica además el artículo 471º del NCPP que regula los beneficios que se
otorgan para los que se acogen al proceso especial de terminación anticipada, que
significa una reducción de la pena hasta de una sexta parte y esta es acumulable con
los efectos de los que se acojan a la confesión, lo que determina penas benignas. La
modificación planteada consiste en eliminar la acumulación indicada. Asimismo, los
investigados por delitos graves como robo agravado, hurto agravado, secuestro,
extorsión, lesiones graves, terrorismo, tráfico ilícito de drogas no tendrán el beneficio
de reducción de pena que dispone este artículo.
19. Tipificar el financiamiento de terrorismo como un delito autónomo.
20. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, en casos de naturaleza
compleja, deben propiciar e intensificar el desarrollo de mesas de trabajo
interinstitucionales con los operadores de justicia.
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21. Fortalecer la capacidad de acceso a la información de las entidades públicas,
mediante convenios y enlaces.
22. Intensificar la coordinación permanente con el Ministerio Público, a fin de
accionar con la diligencia y eficacia debidas para el logro de los fines de denuncia y
confiscación de bienes.
23. Convocar a un proceso de asimilación de contadores públicos, economistas y
expertos en finanzas o contratación de profesionales.
24. Intensificar la coordinación oficial entre las instituciones comprometidas en la
lucha contra el lavado de activos generando plenarios jurisdiccionales en el tema.
25. Gestionar la cooperación con instituciones nacionales e internacionales para
recibir capacitación y especialización en la investigación del delito del lavado de
activos.
26. Coordinar con la SUNAT la ejecución de operativos de control de transporte de
dinero transfronterizo (ingreso y salida).
27. Aumentar partidas presupuestales.
28. Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de inversión pública para equipamiento
logístico y tecnológico.
29. El Ministerio de Economía y Finanzas debe emitir el reglamento para la
aplicación de prohibición de portar en efectivo montos superiores a US$30,000 al
ingreso o salida del país. Este documento lo deben elaborar en forma conjunta la
SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia.
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30. La Superintendencia de Banca y Seguros debe elaborar un marco general
aplicable a la totalidad de sujetos obligados, además de desarrollar anexos
específicos aplicables para cada sector en particular.
31. Implementar el registro de casas de cambio y de empresas de préstamo y
empeño.
32. Evaluar establecer un límite para la realización de determinadas transacciones
locales en efectivo.
33. Regular aspectos concernientes al financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
34. Dictar un marco regulatorio para el congelamiento de fondos en casos de lavado
de activos y financiamiento de terrorismo.
VII. PARTICIPACIÓN EN LA CONASEC
El señor Presidente de la República al asumir su mandato anunció que su gobierno
priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana y, en efecto, su primera acción fue
asumir la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, convocando a
participar en ella de representantes de diversos sectores, entre ellos, el presidente de
la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.
La amplia convocatoria fue interesante; por cuanto, la solución al problema a
enfrentar es de carácter interinstitucional y multidisciplinario siendo importante la
participación de los sectores involucrados en la prevención, atención oportuna de las
ocurrencias, asistencia a la víctima y prevención de su réplica, control del victimario y
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prevención de reincidencia y el acceso a la justicia para la reparación de sus
derechos vulnerados.
7.1 Aportes
A lo largo de la incorporación de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana, a través del Presidente de la misma, a la CONASEC, se ha hecho llegar
varios aportes dentro como proponer desarrollar una reunión en la sede del
Ministerio de Economía con la participación de algunos Presidentes Regionales para
viabilizar la modificación de la Ley del Canon y del Sobrecanon, con la finalidad de
incrementar el Fondo de Seguridad Ciudadana, la creación de grupos de trabajo de
especialización con la finalidad de consensuar las políticas multisectoriales a
adoptar, etc., con esta finalidad de buscar la aplicación de políticas claras en materia
de Seguridad Ciudadana por parte del Estado, con este firme propósito elaboramos
un Proyecto de Ley 397/2011-CR – “Ley que Modifica los artículos 6 y 7 e Incorpora
el artículo 18-A en la Ley 27933, Ley de Seguridad Ciudadana”, con la finalidad de
nombrar como Presidente de la CONASEC a nuestro Presidente de la República y
hacer más viable las decisiones que se adopten.
En este foro también se hizo énfasis en la experiencia colombiana sobre un modelo
de concesión de llamadas telefónicas en los penales que permiten la instalación de
bloqueadores y administración de llamadas a costo cero.
Otro aspecto propuesto es el uso de los brazaletes electrónicos y que en nuestra
comisión expusieron los representantes de la empresa G4S sobre las bondades y
procedimientos de monitoreo y control y sobre la experiencia en otros países.
Si bien es cierto que el Presidente de la República asumió el liderazgo de CONASEC
al inicio de su mandato, la convocatoria a las sesiones se han distanciado; por lo que
es necesario, retomar la frecuencia mensual de las reuniones a fin de tratar en su
seno los grandes problemas que impiden un avance efectivo en la lucha contra la
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inseguridad ciudadana, tales como la demora en la adquisición de equipamiento para
la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario y otras instituciones
que cuentan con presupuesto para esta actividad y la formulación de propuestas
legislativas que permitan adecuar la legislación a las necesidades de las
circunstancias.
La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad de ciudadana en su afán de
contribuir con la solución de la falta de equipamiento e infraestructura adecuada para
la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario, emitió un
pronunciamiento en el mes de marzo invocando al Señor Presidente de la República
a declarar en situación de emergencia la seguridad ciudadana a fin de permitir la
adquisición de bienes y servicios exonerados de procesos de selección y contar al
más breve plazo con el equipamiento e infraestructura que tanto se requiere.
En el aspecto legislativo y ante la demora del Congreso de la República en la
aprobación de proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana se sugiere
que el Poder Ejecutivo solicite facultades para legislar en materia de seguridad
ciudadana para que al más breve plazo pueda contar con las herramientas que le
permita aplicar su política en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
7.2 Conclusiones parciales
La política de control en nuestro país va en aumento, sin embargo, con el
relanzamiento de la CONASEC y el Plan de Seguridad Ciudadana aprobado para el
presente año, así como la creación de la Comisión Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana por parte del Congreso de la República y los planes de seguridad
ciudadana por parte de los gobiernos locales y regionales, se ha previsto fortalecer el
marco institucional y estratégico que permitan tener una propuesta no solamente de
control y represión sino, también, una propuesta de prevención que no debe de ser
excluyente sino todo lo contrario.
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Este segundo modelo deberá integrarse alternativa y complementariamente a la
política de control, dando prioridad a esta última, de esta forma dejaremos de utilizar
al derecho penal como herramienta de comunicación represivo - social y
recobraremos su sentido de mecanismo de control de ultima ratio que permitirá
devolver la confianza en nuestras leyes por su eficacia y en nuestros legisladores por
su alto criterio al momento de aprobarlas.
En este sentido, necesitamos implementar una cultura social de educación para
evitar situaciones de deserción educativa hasta brindarle protagonismo a los Comités
Vecinales de Seguridad Ciudadana, también es importante combatir la pobreza y
desigualdad, en este sentido, es necesario lograr un verdadero control de la venta de
armas, municiones, alcohol y tráfico de drogas.
En esta parte de nuestro trabajo debemos ser concluyentes, que es fundamentar la
continuidad de las reuniones de trabajo entre los miembros de la CONASEC para
adoptar decisiones de urgencia y donde todos los Poderes del Estado con sus
respectivas instituciones públicas puedan consensuar las decisiones que van a
permitir una mejor estrategia contra la inseguridad ciudadana. En este sentido,
exhortamos al Presidente de la República a generar la continuidad de la misma,
como la asistencia de sus miembros.
Por otro lado, es fundamental tomar decisiones rápidas, no basados en la coyuntura
pública, sino en todos los trabajos estadísticos y de análisis que conocemos, como
Comisión del Congreso esperamos seguir aportando y trabajando en pro de una
mejor política criminal a favor de los ciudadanos, pese a nuestras dificultades al
interior del propio Congreso por no poder dictaminar los proyectos de ley, que las
instituciones públicas solicitan para una mejor aplicación y solución de la norma, en
este sentido esperamos que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 sea un
éxito y pueda superar todos los problemas que hemos podido apreciar del vigente.
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Es necesaria la declaratoria en situación de emergencia a la seguridad ciudadana
para permitir, tanto a la Policía Nacional del Perú como al Instituto Nacional
Penitenciario, principalmente la adquisición de bienes y servicios que permitan contar
al más breve plazo con la infraestructura y equipamiento necesarios que le permitan
cumplir sus funciones en forma adecuada.
También es necesario que el Poder ejecutivo solicite facultades para legislar en
materia de seguridad ciudadana ante la demora del Poder Legislativo en aprobar los
proyectos de ley relacionados con este tema.
VIII. PARTICIPACION EVENTOS INTERNACIONALES
La presidencia de la Comisión participó en eventos internacionales sobre seguridad
ciudadana que le han permitido conocer nuevas formas de enfrentar la inseguridad
ciudadana, los mismos que en algunos casos han sido expuestos en la CONASEC.
8.1 Chile
Entre los días 10 y 11 de noviembre de 2011 se realizó en la sede de Santiago del
Congreso nacional de Chile, el Seminario Parlamentario “seguridad Ciudadana: Su
comprensión, la diversidad de amenazas y las formas de enfrentarlas”, contó con la
participación de parlamentarios de Brasil, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile.
El seminario consistió en el intercambio de experiencias que permita conocer nuevas
formas de enfrentar los aspectos más desafiantes que tiene hoy para la
gobernabilidad democrática la seguridad pública.
8.2 Mexico
El Gobernador del Distrito Federal de la Ciudad de México invitó al Presidente de la
Comisión para visitar la ejecución del proyecto Ciudad Segura, que tiene los
siguientes objetivos:
Reducir los índices delictivos
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Mejorar la atención de emergencias y servicios
Administrar oportuna y eficientemente las situaciones de crisis y catástrofes
Administrar las vialidades
Incrementar los vínculos de comunicación entre las diferentes corporaciones
policiales y de rescate.
Los componentes del proyecto son:
Sistema tecnológico de video vigilancia
Centros de comando y control
Centro de control, comando, comunicación, cómputo e inteligencia
Centro de comando y control móvil
Implementación integral del sistema
Capacitación y transferencia tecnológica
Mantenimiento y monitoreo
Mediante este proyecto los distintos órganos de atención de emergencias se
encuentran interconectados logrando la actuación con prontitud, profesionalismo y
equipamiento técnico.
8.3 Brasil
Entre los días 4 y 5 de junio de 2012 se llevó a cabo la conferencia “ID WORLD RIO
DE JANEIRO 2012” donde el Presidente de la Comisión participó como ponente con
el tema “El Congreso de la República del Perú frente a la inseguridad ciudadana”.
IX. CONCLUSIONES FINALES
Al interior del presente informe se ha enfocado algunas conclusiones y
recomendaciones parciales y específicas por el tema tratado, que puedan contribuir a
la generación de políticas eficientes y de control preventivo que genere conciencia y
cultura entre la población, para que podamos enfrentar la delincuencia y la
corrupción como tarea de todos, en este sentido, necesitamos implementar una
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cultura social de educación para evitar situaciones de deserción educativa hasta
brindarle protagonismo a los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana, también es
importante combatir la pobreza y desigualdad existente.
Como conclusiones generales podemos señalar lo siguiente:
1. Es prioridad continuar dirigiendo los esfuerzos, acciones y voluntad política para
fortalecer la seguridad ciudadana y que dichas políticas fomenten medidas
tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia
y la inseguridad.
2. Existe lentitud por parte del Congreso de la República para la aprobación de
proyectos de ley relacionados con temas de seguridad ciudadana.
3. Existe un marcado déficit de infraestructura, así como de bienes y servicios
principalmente en la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional
Penitenciario para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana.
4. Se observa una negativa percepción de la ciudadanía sobre el accionar del
Poder Judicial, en vista que con cierta frecuencia se capturan delincuentes en
plena comisión de delitos cuando deberían estar cumpliendo condenas por su
carácter de reincidentes o habituales. Se debe revisar el otorgamiento de
beneficios penitenciarios, así como la aplicación de penas benignas ya sea por
actos de corrupción o deficiente aplicación de las normas.
5. La Policía Nacional del Perú ha manifestado sus observaciones sobre la
aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la fase de investigación del delito
donde se otorga esta facultad al Ministerio Público. Sobre esta institución existen
dudas sobre la capacidad de contar con recursos materiales y humanos para
asumir esta función, además de existir el peligro de convertirse en perseguidor
del delito como acusador y abogado de la sociedad.
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6. El hacinamiento sobre la capacidad de albergue que tiene el sistema Nacional
Penitenciario es alarmante, tanto que en el mes de marzo 2012 significó que la
diferencia entre la capacidad de albergue y la población penal fue de 26,648 que
representa el 93% de la población. Sobre la composición de esta población
penitenciaria se puede mencionar que de 55,307 internos, 32,293 (58.39%) eran
procesados y 23,104 (41.61%) sentenciados. Se puede apreciar claramente que
la lentitud de los procesos judiciales originan que la mayoría de los internos sean
procesados.
7. Existe gran ausencia de personal profesional en psicología para labores de
asesoramiento, tanto a profesores como alumnos y padres de familia para el
tratamiento de los casos de bullyng en los centros educativos.
8. Diversos gobiernos regionales y locales viene incumpliendo sistemáticamente
con la presentación de los planes anuales de seguridad ciudadana, demostrando
falta de interés en el tratamiento de la inseguridad ciudadana en su jurisdicción.
X. RECOMENDACIONES
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
1. Modificar el artículo 35º del Reglamento del Congreso de la República para
convertir a la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana en una
Comisión Ordinaria a fin que tenga facultades dictaminadoras y fiscalizadoras
teniendo en consideración que el problema de la seguridad ciudadana tiene
carácter interinstitucional y multidisciplinario y que abarca instituciones públicas y
privadas, además que su vigencia es por un período parlamentario.
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2. Priorizar el dictamen y debate de los proyectos de ley relacionados con la
seguridad ciudadana que se encuentran en el Pleno ó en comisiones
A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1. Declarar en situación de emergencia la seguridad ciudadana para efectuar las
adquisiciones de infraestructura, bienes y servicios, tanto a la Policía Nacional
del Perú como al Instituto Nacional Penitenciario exonerados de los
procedimientos de adquisiciones y puedan contar al más breve plazo con los
recursos que le permitan cumplir adecuadamente con sus funciones.
2. Solicitar al Congreso de la República facultades para legislar en materia de
seguridad ciudadana.
AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
1. Impulsar la labor del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) que es
el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de
la Política Criminal del Estado, a fin de apoyar de manera eficaz y efectiva las
tareas de investigación, denuncia y combate de la delincuencia común y el
crimen organizado en todas sus modalidades
2. Proponer mediante iniciativas legislativas, a las instancias respectivas, que
permitan al Poder Ejecutivo aplicar políticas que conlleven a la disminución de la
inseguridad ciudadana.
3. Establecer mecanismos para la cobranza la reparación civil en los delitos de
secuestro, homicidio agravado, terrorismo, corrupción y violación sexual.
AL MINISTERIO DE EDUCACION
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1. Implementar procedimientos que impidan la deserción escolar y el tratamiento
del bullyng en los centros educativos, así como actividades que atenten contra
la seguridad de los estudiantes.
2. Modificar la curricula para incluir como política del sector el concepto de
formación integral del ser humano, impartiendo a los educandos principios y
valores que permitan un desarrollo sólido alejado de las circunstancias que
afecten la seguridad ciudadana.
AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
1. Establecer actividades y procedimientos para resocializar a los internos
primarios y con esto, disminuir la población reincidente, así como analizar la
posibilidad e importancia de la utilización de los grilletes electrónicos que
contribuyan con la disminución de la población penitenciaria.
A LA FISCALIA DE LA NACION
1. Analizar y de ser el caso, proponer las modificaciones necesarias sobre la
función asignada por el nuevo Código Procesal Penal en la fase de
investigación de delito en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
AL PODER JUDICIAL
1. Establecer procedimientos que permitan culminar los procesos judiciales en
tiempos razonables para lo cual deberá analizar la posibilidad de utilizar
mecanismos como videoconferencias, así como filmar las audiencias públicas
con la finalidad de contar con testimonios sobre la actuación de los
magistrados.
2. Analizar y proponer ó dictar normas legales que permitan la reducción de la
población penitenciaria, tales como por ejemplo, el uso de grilletes electrónicos
como beneficio penitenciario.
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XI. ANEXOS
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II. REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION ESPECIAL
MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAPÌTULO I
En uso de las atribuciones conferidas por el Pleno del Congreso de la República, la
Constitución y el Reglamento del Congreso, la Comisión Especial Multipartidaria de
Seguridad Ciudadana ejerce sus funciones para lograr instaurar mediante
correctivos y recomendaciones la prevención, reducción y eliminación de la
criminalidad organizada en el país.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- OBJETO.
El presente Reglamento Interno establece los fines, organización, funcionamiento y
procedimientos legislativos de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana, en adelante la Comisión, en concordancia con la Constitución Política y
el Reglamento del Congreso de la República.
ARTÍCULO 2º.- INTEGRANTES.
La Comisión está integrada por doce (12) congresistas elegidos por el Pleno del
Congreso.
Puede participar en las sesiones, solo con derecho a voz, otro Congresista que no
integra la Comisión.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
ARTÍCULO 3º.- ESTRUCTURA ORGÁNICA.
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La Comisión está compuesta por:
a) El Pleno de la Comisión.
b) La Mesa Directiva.
c) La Presidencia.
d) Los grupos de trabajo.
ARTÍCULO 4º.- EL PLENO
El Pleno es el máximo organismo deliberante de la Comisión. Está integrado por
todos los congresistas designados por el Pleno del Congreso y funciona de acuerdo
con las reglas del quórum y procedimientos establecidos en el Reglamento del
Congreso de la República y del Presente Reglamento Interno.
ARTÍCULO 5º.- LA MESA DIRECTIVA.
La Mesa Directiva de la Comisión está conformada por el Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario elegidos conforme a lo establecido en el artículo 36º
del Reglamento del Congreso.
ARTÍCULO 6º.- FUNCIONES DEL PLENO.
El Pleno de la Comisión tiene las siguientes funciones:
a) Ejecutar las labores encargadas por el Pleno del Congreso.
b) Proponer iniciativas legislativas a fin de implementar las mejoras necesarias
para lograr la eficacia de las normas.
c) Recibir las denuncias y/o pedidos de los ciudadanos y otorgarle el trámite
que corresponda según la normativa nacional.
ARTÍCULO 7º.- ATRIBUCIONES DEL PLENO.
El Pleno de la Comisión tiene las siguientes atribuciones:
a) Ejecutar las acciones sobre el asunto materia de la conformación de la Comisión.
b) Invitar a ministros de Estado, autoridades y funcionarios públicos y privados, para
que informen sobre temas de conocimiento de la Comisión.
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c) Conformar grupos de trabajo cuando el tema lo amerite para el mejor cumplimiento
de sus objetivos.
d) Someter a evaluación los pedidos de la ciudadanía cuando el tema lo amerite,
pudiendo solicitar los informes que estime pertinentes.
e) Proponer Proyectos de Ley en materia de su competencia.
f) Realizar eventos, audiencias públicas o sesiones descentralizadas sobre temas
específicos, con participación de instituciones privadas y públicas, nacionales e
internacionales.
g) Conceder audiencias a los ciudadanos o entidades organizadas que lo soliciten,
sobre temas de competencia de la Comisión.
h) Modificar este Reglamento a propuesta de uno o más de sus miembros.
i) Aprobar el informe de la labor de la Comisión al término del plazo aprobado
j) Otras funciones que acuerde la Comisión o le asigne el Pleno del Congreso.
ARTÍCULO 8º.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.
El Presidente tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Representar a la Comisión ante los organismos del sector público y privado tanto
nacional como extranjero.
b) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión.
c) Elaborar la agenda, dirigir los debates, encausar los acuerdos y sin perjuicio de su
propio voto, dirimir las votaciones en caso de empate; asimismo, abrir, suspender y
levantar las sesiones.
d) Atender y dar trámite a la documentación remitida a la Comisión, dando cuenta al
Pleno de la misma sobre su destino.
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos aprobados en el Pleno de la Comisión.
f) Suscribir la documentación que expida la Comisión.
g) Cursar las invitaciones o citaciones a funcionarios y servidores públicos y privados a
las sesiones de la Comisión para que informen, sustenten o esclarezcan asuntos de
interés de la Comisión.
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h) Fundamentar ante el Pleno del Congreso los informes y mociones que
correspondan a la Comisión. En caso de impedimento lo hace el Vicepresidente o el
Secretario, en ese orden.
i) Asumir las acciones y funciones administrativas propias de la Comisión.
j) Elaborar el informe de la Comisión al término del periodo de su vigencia.
k) Otras que le delegue el Pleno de la Comisión.
ARTÍCULO 9º.- VICEPRESIDENTE.
El Vicepresidente asume las funciones del Presidente en caso de ausencia,
impedimento temporal o licencia de éste, con sus mismas atribuciones tanto en el
Pleno de la Comisión, en el Pleno del Congreso y ante las autoridades públicas y
privadas.
ARTÍCULO 10º.- SECRETARIO.
El Secretario tiene las siguientes funciones:
a) Rubricar los informes en mayoría y en minoría aprobados en la Comisión, aún
cuando fuere firmante de uno de ellos.
b) Entregar copia de cualquier documento, o de la parte pertinente del acta respecto
a un asunto o acuerdo tratado en sesión de la Comisión, cuando lo solicite el
interesado o el vocero de un grupo parlamentario.
c) Ejercer las demás funciones que le delegue el Pleno de la Comisión o el
Presidente.
ARTÍCULO 11º.- GRUPOS DE TRABAJO.
Para efectos de agilizar el trabajo parlamentario de la Comisión se constituirán
grupos de trabajo conformados por el número de congresistas necesarios
designados en el momento de la toma del acuerdo, con criterio de proporcionalidad,
uno de ellos actúa como Coordinador.
CAPÍTULO III
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FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 12º.- LAS SESIONES
Las sesiones se realizan los viernes a las 09.30 horas. Adicionalmente lo hace a
convocatoria del Presidente o a solicitud de la mitad más uno de sus miembros
hábiles, en el lugar, día y hora que se señale expresamente.
La Presidencia remitirá a los miembros la agenda de la sesión, con anticipación no
menor a 48 horas de programada la sesión; salvo cuando se trate de asuntos de
emergencia.
ARTÍCULO 13º.- CLASES DE SESIONES
Las sesiones son públicas. Los miembros de la comisión pueden acordar pasar a
sesión reservada.
ARTÍCULO 14º.- QUÓRUM
El quórum para las sesiones de la Comisión es la mitad más uno del número hábil de
sus miembros. No se computan a los congresistas con licencia oficial, a los
suspendidos, a los que han renunciado a la Comisión siempre que haya sido
aprobado por el Pleno del Congreso ni a los que por fuerza mayor comuniquen que
no pueden concurrir.
ARTÍCULO 15º.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
En la fecha y hora señalada para que se realice la sesión, el Presiente verificará el
quórum y si es conforme dará inicio a la sesión.
De no haberlo el Presidente esperará 15 minutos; de persistir este ausentismo podrá
consultar a los miembros presentes si se espera un tiempo mayor.
Vencido dicho término anunciará la falta de quórum y suspenderá la reunión,
comunicando a la Presidencia del Congreso los nombres de los congresistas
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ausentes sin considerar a los que no han concurrido por las causas señaladas en el
artículo 14º de este Reglamento.
En el caso de concurrencia de invitados, se realizará la sesión informativa con la
presencia de al menos tres (03) congresistas y en el caso de grupos de trabajo con
dos (02) congresistas.
ARTÍCULO 16º.- AGENDA
Las sesiones se desarrollan de acuerdo a la agenda que aprueba la Presidencia. En
el transcurso de la sesión a iniciativa del Presidente o por acuerdo del Pleno de la
Comisión puede modificarse la agenda o postergarse el tratamiento de determinado
tema a una próxima sesión.
ARTÍCULO 17º.- ORDEN DE LAS SESIONES
Las sesiones se desarrollan en el siguiente orden:
a) Verificación del quórum.
b) Apertura de la sesión.
c) Aprobación del acta de la sesión anterior.
d) Despacho.
e) Informes.
f) Pedidos.
g) Orden del Día.
h) Conclusión o suspensión de la sesión.
El Presidente puede modificar el orden establecido en casos excepcionales, previa
consulta al Pleno de la Comisión.
ARTÍCULO 18º.- EL ACTA
El acta es el documento que recoge de manera resumida lo esencial de lo tratado en
una sesión y los acuerdos adoptados en ella.
El acta de una sesión se remite con la citación a la siguiente sesión, junto con la
agenda.
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Abierta la sesión el Presidente la somete a consideración del Pleno para
observaciones. Si no las hubiere se considera aprobada por unanimidad. Si las
hubiere, el Presidente dispondrá que se agreguen al acta, seguidamente someterá al
voto su aprobación.
En caso que un miembro de la Comisión solicite mayor información sobre
determinado tema o acuerdo consignado en el acta, se le entregará copia de la
transcripción mecanografiada.
Las transcripciones mecanografiadas que elabora el Departamento de
Transcripciones del Congreso forman parte del acta.
ARTÍCULO 19º.- DESPACHO
En la estación de despacho, el Presidente da cuenta de los documentos ingresados
o emanados de la Comisión.
Los congresistas pueden solicitar que copia de un documento le sea entregado, en
este caso el Presidente ordena su entrega por medio de la Secretaría de la
Comisión. De igual modo pueden solicitar que el tema que trate un documento pase
a orden del día, lo que se someterá a debate y votación.
ARTÍCULO 20º.- INFORMES
En la estación de informes los congresistas dan cuenta sobre los asuntos o
actividades referidas a los temas de la Comisión de los encargos que se le haya
hecho y otros temas de interés de la Comisión.
ARTÍCULO 21º.- PEDIDOS
En esta estación los congresistas pueden solicitar se ejecute una acción, se solicite
un informe u opinión, se invite a funcionarios públicos o a representantes de la
sociedad organizada o de entidades privadas, se evalúe determinado asunto que
verse sobre temas de competencia de la Comisión.
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El Presidente puede determinar que un pedido se ejecute cuando se trate de asuntos
de importancia menor, caso contrario pasará a la estación de orden del día para su
debate y votación.
ARTÍCULO 22º.- ORDEN DEL DÍA
Orden del día es la estación en donde se debate y vota los asuntos de agenda y los
que se acuerde durante la sesión.
Cada asunto puesto a debate debe ser votado, salvo que se acuerde postergarlo
para sesión posterior.
ARTÍCULO 23º.- INTERVENCIONES
El uso de la palabra se concede en el orden que piden los congresistas.
El Presidente podrá adecuar el tiempo de cada intervención considerando la
importancia del tema y los asuntos pendientes de la agenda.
Para la conducción del debate le son aplicables al Presidente de la Comisión las
facultades del artículo 61º del Reglamento del Congreso, en lo que fuere pertinente.
Al final del debate el Presidente puede emitir su opinión y hacer un resumen del
asunto tratado.
Cuando el Presidente desee participar en el debate cederá la conducción de la
sesión al Vicepresidente o en su ausencia al Secretario, interviniendo en las mismas
condiciones que los demás congresistas.
ARTÍCULO 24º.- VOTACIONES Y ACUERDOS
Concluido el debate de un tema el Presidente anuncia que se procederá a votar,
verificando previamente el quórum reglamentario.
Las votaciones son a mano alzada. Los acuerdos se toman con el voto favorable de
la mayoría simple de los miembros presentes al momento de la votación, incluido el
voto del Presidente.
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En caso de producirse empate, el voto del Presidente dirime la votación, de
conformidad con el Reglamento del Congreso.
ARTÍCULO 25º.- CONSTANCIA EN ACTA DE LA VOTACIÓN
En el acta de la sesión debe indicarse:
a) El número de votos a favor, en contra y las abstenciones. De ser el caso se
indicará el sentido de cada voto, consignándose el nombre de los congresistas.
b) Si el asunto ha sido aprobado o desaprobado, especificándose si ha sido por
mayoría o unanimidad.
c) El sustento del voto, si así fuere solicitado.
ARTÍCULO 26º.- RECONSIDERACIÓN
La reconsideración se presenta por escrito antes de la aprobación o de la
exoneración del trámite de aprobación del acta.
El Presidente somete a votación la admisión de la reconsideración. Si no se aprueba
termina el incidente. Si se aprueba pasa a la estación orden del día para su debate y
votación.
En la estación de orden del día se debate la reconsideración. Si no se aprueba
termina el incidente. Si se aprueba el asunto materia de reconsideración pasa a
orden del día para un nuevo debate y votación.
ARTÍCULO 27º.- CUESTIÓN DE ORDEN Y CUESTIÓN PREVIA
La cuestión de orden y la cuestión previa se tramitan conforme a los artículos 59º y
60º del Reglamento del Congreso, en lo que sea pertinente, teniendo en cuenta la
dinámica de las sesiones de la Comisión.
ARTÍCULO 28º.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN LAS SESIONES
El Presidente mantendrá el orden en el debate cuidando que el congresista en uso
de la palabra no se aparte del tema.
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Si un congresista impide el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de
atención y las decisiones del Presidente, en materia del orden, este lo reconviene. Si
el congresista persiste en su actitud el Presidente ordena su salida de la sala. Si no
obedece el Presidente suspende la sesión por breve tiempo.
Reabierta la sesión el Presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el
Presidente da por concluido el incidente, caso contrario suspende la sesión y da
cuenta al Pleno del Congreso para que acuerde la sanción que corresponda.
El Presidente exigirá el retiro de frases ofensivas contra autoridades, miembros del
Congreso o cualquier otra persona.
El Presidente puede ordenar el desalojo de personas extrañas a la Comisión cuando
su presencia perturbe el normal desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
Para cualquier asunto no considerado en el presente Reglamento Interno o en caso de
duda, se aplica el Reglamento del Congreso de la República.
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III. DECLARACION DE SAN SALVADOR SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
EN LAS AMERICAS
AG/DEC. 66 (XLI-O/11)
DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 7 de junio de 2011)
LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y
JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Salvador, El Salvador, en el marco de
la celebración del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de
la OEA;
RECONOCIENDO que la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el
desarrollo y la cooperación, son pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí
y se refuerzan unos a otros;
CONVENCIDOS de que todo esfuerzo de carácter multilateral y cooperación en el ámbito de
la seguridad, debe respetar plenamente los principios de soberanía, integridad territorial, independencia
política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de conformidad con la Carta de la
Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el
derecho internacional, así como considerar las diferentes perspectivas sobre las amenazas y prioridades
a la seguridad de los Estados;
RECONOCIENDO que la Declaración sobre Seguridad en las Américas reafirma que la
concepción de seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas
tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del
Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al
desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto a la promoción y
defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto de la soberanía nacional;
RECONOCIENDO que con la adopción del Compromiso por la Seguridad Pública en las
Américas, durante la Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas
(MISPA I) celebrada en México del 7 al 8 de octubre de 2008, los Estados Miembros expresaron su
voluntad política y la prioridad que asignan para enfrentar la delincuencia, la violencia y la inseguridad
en forma conjunta, solidaria, preventiva, integral, coherente, efectiva y permanente;
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RECONOCIENDO ASIMISMO el Consenso de Santo Domingo por la Seguridad Pública en
las Américas adoptado en la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las
Américas (MISPA II) celebrada en la República Dominicana del 3 al 5 de noviembre de 2009;
REAFIRMANDO que las Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores
o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y otras reuniones de autoridades en materia de justicia
penal son foros importantes y eficaces para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo,
la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de
respuestas para hacer frente a las amenazas a la seguridad;
RECORDANDO los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
TOMANDO NOTA del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentado por ésta en diciembre de 2009;
RECONOCIENDO que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado,
fortalece el Estado de derecho y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y
proteger el disfrute de todos sus derechos;
TENIENDO EN CUENTA que la participación ciudadana y comunitaria es fundamental en la
promoción y sostenibilidad de las políticas de seguridad pública;
RECONOCIENDO que las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno
respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, así como la promoción de la
educación, de la cultura, de la salud y del desarrollo económico y social;
RECONOCIENDO ADEMÁS que se deben fomentar y fortalecer políticas de Estado de largo
plazo e integrales en materia de seguridad pública de que garanticen la protección y la promoción de
los derechos humanos, haciendo énfasis en enfrentar las causas de la criminalidad y la violencia;
DESTACANDO la necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en
materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de
las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo
competentes;
REITERANDO el compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura
de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el
respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin
de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y
el respeto a la diversidad;
RECONOCIENDO que la delincuencia y la violencia afectan negativamente al desarrollo
social, económico y político de nuestras sociedades;
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CONSIDERANDO ASIMISMO que en la Carta de la OEA, los Estados Miembros
convinieron en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución
equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones
relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral;
RECONOCIENDO la necesidad de adoptar acciones para generar condiciones de desarrollo
social, económico, político y cultural a fin de fomentar la inclusión social, reducir las inequidades y
crear oportunidades para sus pueblos, contribuyendo a la prevención de la delincuencia, la violencia y
la inseguridad;
REITERANDO el compromiso de atender los desafíos relacionados a las pandemias, los
desastres naturales, así como los originados por el hombre;
REAFIRMANDO que los Estados tienen la obligación y la responsabilidad de proveer la
asistencia humanitaria necesaria para proteger la vida, la integridad y la dignidad de sus habitantes en
situaciones de desastres naturales, así como los originados por el hombre;
CONSIDERANDO la importancia de adoptar políticas, programas y acciones para prevenir y
contrarrestar la delincuencia, la violencia y la inseguridad, que incluyan medidas para la protección de
grupos en condiciones de vulnerabilidad;
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus
dimensiones es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en la sociedad; así como de la importancia de incorporar una perspectiva de género en las
políticas de seguridad;
RECONOCIENDO la importancia de brindar a los jóvenes, particularmente a aquellos en
situación de riesgo, oportunidades y acceso en materia de educación, capacitación, empleo, cultura,
deportes y recreación, con miras a prevenir la violencia;
REAFIRMANDO que la prevención, sanción y erradicación del tráfico ilícito de migrantes, la
trata de personas y la explotación en todas sus formas, incluida la explotación sexual de mujeres, niñas,
niños y adolescentes, son un compromiso de los Estados Miembros que debe ser abordado de
conformidad con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia y, cuando
corresponda, en cooperación con la sociedad civil;
TENIENDO EN CUENTA que las actividades de la delincuencia organizada transnacional
pueden ser utilizadas para financiar y facilitar el terrorismo;
RECONOCIENDO la importancia de continuar reforzando la aplicación de las leyes y las
capacidades en materia de justicia penal;
RECONOCIENDO la importancia de la asistencia mutua en materia penal y extradición en
respuesta a la preparación, planificación, comisión, ejecución o financiación de actos de terrorismo, así
como la corrupción y delincuencia organizada, de conformidad con su legislación interna y convenios
internacionales;
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CONSIDERANDO la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las
condiciones económicas y sociales y su consecuente impacto sobre el fortalecimiento de la seguridad
pública;
REAFIRMANDO la importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral,
subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública;
DECLARAN:
1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política
para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.
18. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia
de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de
respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacifica de
sus comunidades.
19. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas tendientes al
tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
20. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la
seguridad publica y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas
para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones
democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.
21. Que las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y cooperación de
múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las
comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, a fin de fortalecer la
promoción de una cultura de paz y no violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las
necesidades de la sociedad en su conjunto.
22. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas de
seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de género, teniendo presente las
necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los
derechos humanos y adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras,
programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.
23. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de
prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral
en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.
24. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el
objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.
25. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que sus poblaciones
tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente
y confiable.
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26. La necesidad de continuar promoviendo sistemas penitenciarios fundados en el respeto
a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya políticas y prácticas orientadas a la
rehabilitación y reinserción social.
27. Su compromiso de fortalecer los vínculos entre el desarrollo y la seguridad y, en ese
sentido, promover la creciente interacción entre las áreas de desarrollo integral y seguridad
multidimensional de la OEA.
28. La importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional
e internacional en materia de seguridad pública.
29. El compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo
integral y fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza
extrema, la inequidad y la exclusión social.
30. La necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de
prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de las
comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo
competentes.
31. La necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos bilaterales, subregionales,
regionales e internacionales de cooperación, de conformidad con los principios establecidos en la Carta
de la OEA, para enfrentar, prevenir y combatir de manera integral y efectiva la delincuencia organizada
transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema
mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas
delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético, por cuanto éstos
pueden afectar, en algunos casos, el desarrollo social, económico, político y el orden jurídico e
institucional.
32. Encomendar al Consejo Permanente que elabore, en consulta y coordinación con las
autoridades nacionales de la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas
(MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales
de las Américas (REMJA), con la colaboración de la Secretaría General, un proyecto de plan de acción
hemisférico para dar seguimiento a la presente Declaración de San Salvador, a ser considerado por la
Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.
33. Que solicitan a la Secretaría General procurar el financiamiento adecuado para la
elaboración del Plan de Acción e informar al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea
General sobre las gestiones realizadas.
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IV. PANEL FOTOGRAFICO
Foro “Políticas en Materia de Seguridad Ciudadana en Lima Norte”
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“Acciones del Gobierno Regional del Callao en materia de Seguridad
Ciudadana”
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FORO: "POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADAN EN LOS DISTRITOS DEL
CONO SUR DE LIMA" PLAZA DE ARMAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES
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Sesión Descentralizada en Arequipa
“La participación ciudadana es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad
democrática, siendo de vital importancia la presencia del ciudadano en las decisiones que le
afectan, tanto individual como colectivamente, y más cuando se trata de políticas de
seguridad ciudadana, en tanto que sus aportes, observaciones, preocupaciones y denuncias,
coadyuvarán a mejorar las condiciones para la toma de decisiones con relación a la
seguridad ciudadana”.
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Audiencia Pública Descentralizada en Trujillo
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V. SESIONES CELEBRADAS
SESIONES ORDINARIAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS
N° DE SESIÓN FECHA
1era. 19.08.2011
2da. 26.08.2011
3ra. 02.09.2011
4ta. 11.11.2011
5ta. 09.03.2012
6ta. 16.03.2012
7ma. 23.03.2012
8va. 20.04.2012
9na. 04.05.2012
10ma. 11.05.2012
11ava. 01.06.2012
12ava. 15.06.2012
N° DE SESIÓN FECHA
1era. 23.08.2011
2da. 05.09.2011
3ra. 19.09.2011
4ta. 27.11.2011
5ta. 03.10.2012
6ta. 28.11.2012
7ma. 20.12.2012
8va. 11.01.2012
9na. 16.05.2012
10ma. 18.07.2012
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