En nuestra región, la corrupción es tan antigua como la colonia, y tiene una magnitud tal que, en algunos casos, es el principal problema y es trasversal a todos los demás, como la pobreza y la inseguridad. En Brasil se ha convertido en el principal problema en el ámbito político; en Perú es el segundo más grave, después de la inseguridad ciudadana; en Venezuela se ha convertido en un factor decisivo en la pérdida de confianza de la población hacia el gobierno y en Chile, que se pensaba que no era un problema, ha resurgido como importante en los últimos años, tras una serie de escándalos, principalmente en el ámbito político.

La corrupción se convierte en un problema gravitante porque afecta la democracia, promueve el autoritarismo, acentúa las desigualdades y viola los derechos humanos. Los Estados pierden recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, especialmente de la más necesitada. Esta situación plantea el reto de recuperar un Estado transparente y con funcionarios íntegros, que se fortalezca frente a los poderes fácticos, y asuma su rol de garante de los derechos de la ciudadanía.

Debido a ello, algunas instituciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Instituto de Defensa Legal (IDL) del Perú y

la Universidad de Chile se han unido en este esfuerzo conjunto para dar a conocer los principales problemas de corrupción en nuestros países. Para ello, se buscará tocar en cada edición un factor, actor o víctima de la corrupción. También se buscará dar a conocer lo que ocurre en otros países, en relación a este tema especialmente Brasil.

En este primer número abordaremos la corrupción y la política. Elegimos este tema porque es uno de los más graves y más amplios, ya que la política dirige el país. Tenemos ante nosotros al caso Lava Jato, el más grande caso de corrupción de los últimos tiempos, descubierto en Brasil1 , que abarca no solo la vida política brasileña, sino que implica a diversos países en Latinoamérica, y que ha tenido, y tendrá, una gran repercusión en la vida política de nuestros países.

A través de la historia, el matrimonio entre la política, los actores políticos y el dinero o acciones corruptas ha sido un hecho fáctico. Las prebendas han comprado medidas políticas, cargos públicos y han omitido el ejercicio de funciones por parte de altos funcionarios. También vamos a ver que un acto de corrupción, para configurarse como tal, no necesariamente tiene que ser sancionado o prohibido por la ley. Tal como ocurre en Venezuela con la figura del nepotismo, que si es penalizada tanto en Perú, como en Chile. Este es un claro ejemplo, de cómo la corrupción y la ilegalidad son términos independientes, tal como lo señalará Jorge Malem Seña2 ; y es que la casuística en materia de corrupción avanza más rápida que la propia legislación.

Así, hoy les dejamos con este primer número de Ojo Avizor que esperamos se convierta en una herramienta útil para quienes se encuentran preocupados por la corrupción en nuestros diversos países. En esta entrega publicamos un artículo introductorio sobre la perspectiva de la corrupción y la política, desde el enfoque de las instituciones; las principales noticias en relación a esta temática en cada país y algunas sentencias relevantes que se han producido en estos países recientemente, en relación al tema de la corrupción.

Información y análisis sobre temas de corrupción en América Latina

Agosto 2016 Año 1, No. 1

Contenido

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1Agosto 2016 N 1

1Ver la magnitud de este caso en la serie investigativa desarrollada por IDL-Reporteros de Perú: Lava Jato; también en el resumen del diario El País: Operación Lava Jato 2Malem Seña, Jorge, La corrupción política. En: Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 31, Año 2001, p. 582.

• Editorial

•Dinero y política en tiempos del cólera. El escándalo que sacudió la política chilena (Claudio Nash)

•Corrupción y política en Perú (Lilia Ramírez)

•Venezuela: De la discriminación “positiva” al nepotismo (Rafael Uzcátegui)

Editorial

La reconstrucción de la democracia en Chile y el rol de la política partidaria. Desde la década de los 80, los partidos políticos chilenos jugaron un rol determinante en la caída de la dictadura militar y, luego, en la consolidación del sistema democrático en Chile. Los partidos tuvieron la capacidad de canalizar la participación ciudadana y formar coaliciones que han dado estabilidad al sistema político chileno.

Ese modelo político está en crisis luego de tres décadas de transición a la democracia. Se han generado nuevas exigencias de participación ciudadana dentro de un diseño institucionalque no abre espacios para que ello ocurra. Además, han surgido temas que no habían estado antes presentes en la agenda pública y que ahora son centrales para la ciudadanía. Todos estos aspectosmarcan un momento de crisis institucional que ha ido la larvándosedurante el último lustro.

El financiamiento de la política. El modelo chileno. Un aspecto que ha sido central para la legitimidad del sistema político en Chile es la percepción de que este se desarrollaba de una manera limpia. De

ahí queel financiamiento de los partidos políticos y de las campañas presidencialesno había sido un tema relevante en la democracia chilena.

El marco en el que había funcionado era una ley que permitía el financiamiento privado de la actividad política a los candidatos al parlamento y a la presidencia, a través de aportes públicos y reservados. Para la democracia chilena este modelo parecía suficiente para garantizar la ransparencia en la toma de decisiones políticas a través de las elecciones populares.

Pero no todo lo que brilla es oro. La confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en la forma en que estos se financiaban tuvosu momento de quiebredurante el verano de 2014.

El origen del escándalo. En el mes de octubre de 2012, el Servicio de Impuestos Internos de Chile inició una investigación relativa a devoluciones indebidas de impuestos. Esta investigación derivó, un año después, en una investigación sobre un fraude tributario de gran escala que involucraba a importantes empresas del país. A mediados de

Dinero y política en tiempos del cólera. El escándalo que sacudió la política chilenaClaudio Nash (Universidad de Chile)

Sabas Chauán, Fiscal Nacional, asumió la dirección de la investigación del caso Penta

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CHILE

3Agosto 2016 N 1

2014, se inicia una investigación de carácter penal a uno de los grupos económicos más importantes del país: el grupo Penta.

En ese momento la investigación se centró en la utilizaciónindebida de instrumentos tributarios para obtener devoluciones de impuestos ilegales. Pero, en septiembre de ese año durante las fiestas patrias – fecha en la que pocas cosas pasan en la política -apareció en los medios de comunicación una noticia que cambió el curso de la historia.

Se trata de uno de los grandes escándalos de la política chilena, que develó actos de corrupción de una dimensión inédita en la historia democrática del país. Dentro de las denuncias que formuló un ex alto ejecutivo en contra de sus antiguos empleadores (grupo Penta) estaba el vínculo espurio que fue creando este conglomerado político con los partidos de la derecha chilena, particularmente con el más representativo vinculado a la dictadura militar: la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Como hemos mencionado, la legislación chilena vigente en esa época autorizaba el financiamiento de la actividad política por parte de las empresas. Como los procesos electorales son cada vez más costosos, parece que esta forma de financiamiento no les fue suficiente a algunos. La necesidad de recursos por parte de los candidatos era muy superior a lo que permitía la ley. Ahí fue cuando políticos y empresarios idearon una particular forma de evadir la ley y, además, generar un grave perjuicio fiscal.

El modelo se basó en que los políticos, directamente o a través de terceros, emitieron boletas y facturas tributarias que daban cuenta de trabajos que jamás fueron realizados, y que solo tenían como objetivo respaldar los pagos de las empresas para financiar campañas políticas. Estos instrumentos, además, fueron utilizados por las empresas

para aumentar sus gastos y con ello disminuir su carga tributaria. Un negocio para todos, salvo para la democracia chilena. Un subsecretario con boletas para pago. SQM. En el marco de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público - que es el órgano constitucionalmente autónomo de persecución penal para investigar los ilícitos vinculados con el financiamiento ilegal de algunos políticos - se abrió una arista distinta de investigación,centrada en un ex subsecretario de minería del gobierno de Sebastián Piñera.

En esa investigación figuraban boletas tributarias emitidas por un familiar del ex subsecretario Wagner a la empresa Soquimich (SQM), empresa minera privatizada bajo la dictadura militar que ha estado en manos de Julio Ponce Lerou, un ex yerno del General Pinochet hasta el día de hoy.

En ese momento,se produjo un giro inesperado que permitió que se abrieran una serie de investigaciones sobre financiamiento ilegal en la que estuvo involucradaesta empresa durante años en Chile.

SQM: el financista. Un aspecto que ha llamado mucho la atención en Chile es que el financiamiento ilegal llevado adelante por la empresa SQM no sólo fue a sectores de la derecha, sino también a políticos de centroizquierda. Atendida la historia de la empresa y de su dueño, escandalizó a muchos que algunos políticos cruzaran la vereda y recurrieran a un pariente de Pinochet, que hizo su fortuna sobre la base de la política de privatizaciones llevada adelante por la dictadura, para financiar su actividad política.

La caída del Ministro del Interior. En el marco de la investigación que desarrolló el Ministerio Público se produjo un hecho político de gran alcance, ya que,en 2015, fue removido de su cargo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailiillo, quien también se vio envuelto en denuncias

Noticias en ChileLA INVESTIGACIóN CIPER. Ciper. El rol de la prensa ha sido fundamental para mantener vigente el interés de la ciudadanía en los casos de financiamiento ilegal y este ha sido el camino para impedir acuerdos políticos que pudieran haber buscado un cierre anticipado de los procesos penales y una suerte de “vuelta de hoja” en materia de corrupción y política. El hecho que hayan sido partidos de todo el espectro los que se han visto envueltos en estos casos, hacáan especialmente tentadora la posibilidad de buscar un mecanismo que garantizara la impunidad de los involucrados. Las investigaciones de CIPER, han liderado el trabajo de periodismo investigativo en Chile.

LA SANCIóN NOVOA. Le Monde Diplomatic. No hay duda que la sanción del ex senador Jovino Novoa marcó un hito en los hechos relativos a la financiación ilegal de la política, ya que confirmó que se habían cometido ilícitos y que los políticos debían rendir cuenta de sus actos no solo ante la ciudadanía sino que también ante la justicia criminal.

LA COMISIóN ENGEL. El Dínamo. La respuesta desde el sistema político fue pronta y eso ha sido importante. La presidenta Bachelet convocó a un grupo de alto nivel para proponer cambios en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Uno de los aspectos centrales fue el del financiamiento de la política que fue clave para la dictación de una nueva ley que estableció un modelo de financiamiento público de la política, restringiendo y sancionando las formas de aportes privados.

relacionadas con el financiamiento ilegal de la campaña de la presidenta Bachelet.

La caída del “gran operador de la derecha”. Los escándalos continuaron sacudiendo la política chilena y alcanzaron a uno de los operadores políticos más importantes de la derecha chilena, el ex senador Jovino Novoa. Enfrentado a las pruebas sobre la recepción de dineros del grupo Penta, a través de facturas y boletas falsas para el financiamiento de campañas políticas, reconoció su responsabilidad penal y fue condenado a tres años de pena remitida por delitos tributarios, a una multa en beneficio fiscal y a la suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La investigación pendiente: financiamiento de la política. El escándalo generado por el financiamiento ilegal de la política no se detuvo en las investigaciones vinculadas con estas dos empresas, sino que se han abierto investigaciones a variospolíticos, al parecer ilegalmente financiados por un grupo importante de empresas vinculadas con las principales áreas económicas del país. Las investigaciones siguen su curso, no sin problemas, pero avanzanhacia el esclarecimiento de las responsabilidades de carácter penal de estos ilícitos. Afortunadamente para la democracia chilena, existe confianza en la labor desarrollada por el Ministerio Público y por los tribunales.

Propuesta Comisión Engel. La presidenta de la República, en marzo de 2015, convocó a un Consejo Asesor Presidencial, contra el conflicto de interés, el tráfico de Influencias y la corrupción, presidido por el académico y economista Eduardo Engel. Este consejo emitió un informe en un plazo de 45 días, que contenía 260 medidas concretas para hacer frente a los casos de corrupción que habían centrado la atención del país. Las medidas están agrupadas en cinco puntos principales: prevención de la corrupción, regulación de conflictos de interés, financiamiento de la política para fortalecer la democracia,

confianza en los mercados,integridad y ética y derechos ciudadanos.

La nueva ley. A partir del informe del Consejo de Asesores dictó una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas (Ley Nº 26.215).Esta regula algunas cuestiones vinculadas con la forma de organización de los partidos, pero claramente el aspecto central está vinculado con el financiamiento de la actividad política en el país. El principal cambio que surge con la nueva ley es que se fija un financiamiento estatal de los partidos políticos y se prohíben los aportes de personas jurídicas o empresas. En todo caso, la ley mantiene la posibilidad de aportes menores de personas privadas en la medida en que sean sin publicidad.

Además, la ley dispone una rebaja en el límite del gasto electoral. Esta nueva regulación va asociada a una sanción que es la pérdida del cupo parlamentario a quienes cometan infracciones graves a la legislación referidos al control y gasto electoral. Asimismo, se establece una pena de carácter criminal para quienes obtengan aportes para candidaturas o partidos políticos que excedan en un 40% los topes legales.

Dudas al futuro. Las campañas humildes. No hay duda que los hechos iniciados el año 2013 han impactado la política chilena. En nuestra historia los partidos políticos han jugado un rol central para canalizar la participación de la ciudadanía. Por ello, al haberse puesto en duda la legalidad del financiamiento político, y al develarse los lazos entre política y dinero en Chile, la confianza se ha visto seriamente afectada y eso puede tener un impacto directo en la participación de los chilenos en las próximas elecciones municipales (2016), y en las parlamentarias y presidenciales de 2017.

Sólo después de estos procesos se podrá evaluar si la nueva legislación ha sido suficiente, o si aún la relación entre política y dinero seguirá cubierta por un manto de duda en Chile.

Noticias en ChileSENTENCIA CASO NOVOA. 8º Juzgado de Garantía El 02 de diciembre de 2015, se dictó sentencia en el caso del ex senador Jovino Novoa por ilícitos tributarios, vinculados con la financiación ilegal de campañas políticas. En este caso no se dictó la sentencia en el marco de un juicio oral, sino que se hizo a través de un proceso abreviado que la ley procesal permite cuando ha habido colaboración por parte del imputado y este acepta su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía.

INFORME ENGEL Informe del Consejo Asesor Presidencial, contra el Conflicto de Interés, el Tráfico de Influencias y la CorrupciónEl informe de este consejo propone 260 medidas para la mejora de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas en materia política. Se abordan diversos aspectos de la actividad de los partidos políticos y de su financiamiento. Este informe ha sido clave para disponer de una cierta hoja de ruta para enfrentar los problemas de corrupción en chile.

NUEVA LEy DE FINANCIMIENTODE LA POLíTICA. La nueva ley sobre el financiamiento de la actividad política es la expresión más concreta del esfuerzo de la clase política chilena para retomar la iniciativa en materia de legitimidad de la actividad pública en medio de una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía.

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5Agosto 2016 N 1

Elecciones en Perú evidenciaron graves problemas de corrupción en el sistema electoral en el país. Fuente: lamula.pe/

PERÚ

Corrupción y política en PerúLilia Ramírez (IDL)

En Perú la corrupción en la política ha sido, a lo largo de la historia, un problema grave. Según diversos especialistas1, las prácticas de clientelismo y soborno de la clase dirigente se arrastran desde épocas de la colonia. A su vez, las débiles bases institucionales, las reformas incompletas y los graves problemas sociales que existen, han ocasionado que la corrupción sea uno de las principales taras del país y de la política hasta la actualidad. Basta con recordar que fue un acto de corrupción lo que determinó la caída de la dictadura de diez años del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, ex presidente de 1990 al 2000. El 4 de setiembre del 2000, gracias a la filtración de un video, los y las peruanas vimos al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, extraer de su bolsillo la suma de 15 mil dólares para entregársela al entonces congresista de oposición Alberto Kouri, buscando que éste trabaje para el gobierno de forma encubierta.

Ese fue el primer video al que tuvimos acceso y de ahí siguieron cientos . En varios se observa como Vladimiro Montesinos sobornaba a dirigentes políticos, autoridades de gobiernos locales, jueces, fiscales, empresarios,

dueños de medios de comunicación y militares para que se pusieran a disposición del gobierno. Luego de ese shock, la dictadura fujimorista cayó y el Perú inició un proceso de transición que buscaba sancionar a todos los funcionarios públicos y privados que se aliaron a la sistemática corrupción de ese gobierno. Para ello, se creó un subsistema anticorrupción (jueces, fiscales y procuradores), se produjeron cientos de condenas por corrupción y, en paralelo, se iniciaron procesos de reformas estructurales en diversas instituciones (sistema de justicia, sistema electoral, sector defensa y policial).

Con el tiempo, la intensidad de los procesos de reformas fueron cediendo y varias de ellas quedaron a medio camino. Por este motivo, en la actualidad la impunidad en materia de lucha contra la corrupción es un grave problema por nuestras tierras. Otro de los ejes que ha quedado descolgado en este proceso de transición que consideramos trunco2 , es el relacionado a la reforma electoral, la transparencia de los fondos recibidos por los partidos políticos, y el cómo los funcionarios realizan acciones que tienen incidencia y trascendencia en el aspecto público, pero con el fin de lograr beneficios privados.

PAPELES DE LA DEA REVELAN QUE JOAQUíN RAMíREz ERA INVESTIGADO DESDE EL 2012La DEA realizó operaciones de vigilancia y seguimiento de los viajes y de las millonarias transferencias de dinero a EE.UU. de Fidel Ramírez, rector de la universidad Alas Peruanas, y de Joaquín Ramírez, entonces secretario general de Fuerza Popular, partido liderado en la actualidad por Keiko FUjimori.

GUzMáN DENUNCIA QUE LE PIDIERON DINERO PARA SEGUIR EN CAMPAñAJulio Guzmán, ex candidato presidencial del Perú (por el partido Todos por el Perú), denunció corrupción en el sistema electoral. Pues durante la pasada campaña electoral, de la que fue excluido por problemas en la inscripción de su postulación, le pidieron dinero para recibir una ayuda al momento en que el Jurado Nacional de Elecciones resolviese su salida de la contienda.

CON UN SOLO CóCTEL KEIKO FUJIMORI RECAUDó 710 MIL 419 SOLESLa duda sobre la veracidad de la información sobre el financiamiento de campañas políticas en Perú salieron a la luz debido a esta noticia. El partido Fuerza Popular, que postulaba a la presidencia a Keiko Fujimori, reportó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) uno de los ingresos de fondos más altos registrados en lo que va de la campaña electoral: 710 mil 419 soles, recaudados en una sola actividad, un cocktail privado realizado en la noche del 21 de diciembre de 2015.

SENTENCIA EN EL CASO DEL Ex ALCALDE REGIONAL ALEx KOURIEl jueves 30 de junio de 2016 el ex alcalde de la provincia constitucional del Callao, Alex Kouri Boumachar fue condenado, Cuarta Sala Penal Liquidadora, a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión, la inhabilitación en el cargo por tres años; pero, además, tendrá que pagar una reparación civil de 26 millones de soles, un monto indemnizatorio bastante inusual en Perú.

Noticias en Perú

Este es un problema de vital importancia, ya que está de por medio no solo el adecuado manejo de nuestros recursos económicos, sino la propia legitimidad democrática y estabilidad política. En Perú, acabamos de pasar por un proceso electoral bastante cuestionado. El desarrollo de este ha evidenciado tres situaciones graves: i) denuncias de infiltración de dinero del narcotráfico a las campañas electorales, ii) los antecedentes por delitos y procesos de corrupción de varios candidatos y candidatas a cargos públicos y iii) la poca legitimidad del órgano electoral(Jurado Nacional de Elecciones - JNE), instancia autónoma encargada de resguardar el adecuado desarrollo de los procesos de elección.

El problema del financiamiento

Se llama financiamiento de los partidos políticos al conjunto de recursos económicos o materiales que se utilizan para que éstos puedan cumplir con sus actividades. De acuerdo a la ley vigente, en nuestro país el financiamiento puede ser privado o público, y este último puede ser directo (entrega directa de dinero, algo que nunca se ha efectivizado) e indirecto (mediante apoyo en infraestructura, exoneraciones, acceso a los medios de comunicación, etc.). El financiamiento de las campañas electorales, en el Perú, se rige por la Ley de Partidos Políticos (N° 28094), norma que a inicios del 2016 fue modificada parcialmente, mediante la ley 30414. Este cambio buscaba mejorar el proceso democrático interno de los partidos políticos. Sin embargo, el hecho que se produjera iniciado ya el proceso electoral produjo gran controversia, pues se cambiaban las reglas de juego, y posteriormente esta situación generó graves crisis durante la campaña electoral.

ya en la segunda vuelta electoral, diversos medios de comunicación hicieron público que el congresista,

y entonces secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, venía siendo investigado desde el año 2012 por la Drug Enforcemente Administration (DEA) de los Estados Unidos por presunto lavado de activos, según documentos del propio organismo3. Joaquín Ramírez también era uno de los aportantes a la campaña. Esta situación nuevamente puso en la palestra el problema del financiamiento político. En Perú lo que prima es el financiamiento privado de los partidos políticos, pese a que existe el financiamiento público indirecto, principalmente por el acceso a los medios de comunicación. La falta de controles es evidente, sobre todo, por las pocas capacidades con que se cuenta para conocer su procedencia.

Actualmente existen proyectos de ley que expresan la necesidad que el financiamiento a los partidos sea solamente público. Se trata de una medida radical, pero que anularía varios problemas de financiamiento en el país.

Candidatos con procesos y condenas por corrupción

La falta de filtros con los antecedentes de los candidatos en Perú es palpable. Cuando desde el IDL empezamos a analizar la lista de candidatos al Congreso publicada por la Asociación Civil Transparencia, se pudo apreciar a 219 postulantes al Parlamento que tienen procesos judiciales o sentencias de un total de 2 139. Las agrupaciones de Alianza para el Progreso (26), Peruanos por el Kambio (20) y Fuerza Popular (18) tuvieron el mayor número de personas con antecedentes judiciales que buscaban una curul. La preocupación aumenta cuando sabemos que este listado ha sido extraído de la información que los propios candidatos se han atrevido a declarar en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional

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de Elecciones (JNE), quizá por miedo a las sanciones posteriores. Es probable que esta cifra haya sido mayor y que existan procesos y condenas escondidas. Un ejemplo claro es el caso de la actual congresista, número uno de la lista fujimorista, Cecilia Chacón De Vettori. Ella no hizo público que tiene vigente un proceso por enriquecimiento ilícito (ver: La número 1: Cecilia Chacón es procesada por corrupción y El caso Cecilia Chacón).

También es cierto que hay que tomar con pinzas este listado. Hay delitos como disturbios, exposición al peligro, resistencia a la autoridad, que muchas veces están relacionados a marchas y acciones de protesta; o también aquellos como difamación o afrenta al honor que pueden tener vinculación con denuncias realizadas contra autoridades que, posteriormente, terminan en querellas y sanción contra los denunciantes.

La información que se obtuvo no fue alentadora. Del total de 219 postulantes al Parlamento que tienen procesos judiciales, hay 41 procesados o condenados por corrupción. Debido a esta situación, y a los problemas de reincidencia que se han producido en relación a los temas de corrupción, es que en Perú se está barajando una propuesta legislativa de inhabilitación perpetua del cargo público, para aquellas personas que han sido condenadas por corrupción, a fin que no vuelvan a regresar al trabajo público, sino que solo transiten al sector privado.

Cuestionamientos al JNE

Las diversas instancias de observación electoral llamaron la atención al Jurado Nacional de Elecciones del Perú sobre su decisión de aplicar nuevas reglas en pleno proceso electoral. Por otro lado, la exclusión de dos candidatos a la presidencia que, según las encuestas, tenían intención de voto de 16% (Julio Guzmán), y con

6% (César Acuña), generó una gran controversia. La razón por la que excluyeron a Julio Guzmán fue por denuncias de incumplimiento de reglas básicas de democracia interna del partido al momento de elegir al candidato a la presidencia; en tanto a César Acuña lo expulsan del proceso por haber regalado dinero a los votantes en plena campaña electoral, algo prohibido taxativamente por la ley.

Se criticó la radicalidad de la sanción y las denuncias de fraude fueron muy habituales a partir de este momento . Pues, sobre todo, en el caso de Guzmán, se cambiaba radicalmente el panorama electoral en pleno proceso, afectando no solo el derecho a elegir, sino el derecho a ser

elegido. Incluso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó al Jurado Nacional de Elecciones por la aplicación de un sistema que, según dijo, promueve la exclusión de candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República.

Posteriormente empezaron salir a la luz cuestionamientos a la independencia de los integrantes al JNE , pero solo quedaron como denuncia. ya al término del proceso electoral, el candidato Julio Guzmán hizo una denuncia señalando que le habían pedido dinero para mantenerse en campaña, sin embargo no pudo probar de dónde procedieron las mismas .

Consideramos que no se pueden excluir a candidatos en plena carrera electoral, la afectación al derecho a ser elegido y a elegir sufren un daño desproporcional. Los controles deben ser previos.

A su vez, toda esta situación solo evidenció la necesidad de mejorar los sistemas de elección de los integrantes de los órganos electorales en el país, a fin de lograr legitimidad y capacidad.

PERÚ

Debido a esta situación, y a los problemas de reincidencia que se han producido en relación a los temas de corrupción, es que en Perú se está barajando una propuesta legislativa de inhabilitación perpetua del cargo público, para aquellas personas que han sido condenadas por corrupción, a fin que no vuelvan a regresar al trabajo público, sino que solo transiten al sector

privado.

1Quiroz, Alfonso, Historia de la corrupción en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos e Instituto de Defensa Legal, Lima, 2013; Portocarrero, Felipe, (ed.), El pacto infame. Estudios sobre corrupción en el Perú, Red para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú, 2005. 2Una visión parecida se puede apreciar de la lectura de diversos artículos de análisis. En: Pásara, Luis, (ed.), Perú en el Siglo xxI.Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú,Fondo Editorial, 2008. 439 pp. 3 Ver: Joaquín Ramírez en la mira de la DEA desde el 2012, Papeles de la DEA revelan que Joaquín Ramírez era investigado desde el 2012

7Agosto 2016 N 1

Venezuela: De la discriminación “positiva” al nepotismoRafael Uzcátegui (PROVEA)

En 1998, el triunfo electoral de un candidato presidencial, ajeno a los partidos políticos tradicionales, promovió en Venezuela el inicio de un proceso político que fue denominado como “Revolución Bolivariana”. Su principal referente era Hugo Chávez Frías quien, siendo un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, encabezó un golpe de Estado en el año 1992. Su acción tuvo como una de sus principales demandas el castigo a la corrupción que, según sus proclamas, se había instalado tanto en los sectores militares como políticos del país. Esta característica fue recordada por la socióloga Marta Harnecker en la larga entrevista que le realizó en 2002: “yo reconozco que ahí tenemos mucho que hacer todavía –respondió Chávez-, no se ha hecho gran cosa en el combate contra la corrupción, acciones que podamos pensar que sean sustanciales, definitorias. Pero no creo que se pueda decir que las cosas son ahora peor que antes”.

En el año 2002, tras un intento de golpe de Estado, comenzó un proceso intenso de polarización

entre quienes estaban a favor del gobierno y quienes se le oponían. Bien sea porque tenía la intención de disminuir la pobreza o porque los habitantes de los sectores populares constituían el principal bastión de apoyo electoral del gobierno, el Ejecutivo promovió una serie de políticas sociales bajo el nombre de “misiones”, según la lógica de la “discriminación positiva”, ya que se focalizaban los pocos recursos en las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no eran tiempos de estrechez presupuestaria sino de bonanza regional por la década de los commodities.

El alto precio del principal producto de exportación venezolano, el petróleo, permitió que entre los años 2005 y 2010 se impulsaran 34 misiones que redujeron, a corto plazo, los índices de pobreza, pero teniendo como contraparte el debilitamiento de los derechos civiles y políticos, lo cual implicó el inicio de un proceso de discriminación por razones políticas. Esta situación se intensificó a partir del año 2007, en el segundo período de gobierno caracterizado

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Dr. Manuel Galindo, Contralor General de la Republica Bolivariana de Venezuela, con extraña definición de nepotismo.

8Agosto 2016 N 1

por la promoción del llamado “Socialismo del Siglo xxI”. En estas circunstancias, la “discriminación positiva” dio paso, sencillamente, a la discriminación.

La contraparte de este proceso de segregación, que por sus magnitudes ha sido calificado como una política de Estado, fue que las personas leales al gobierno tuvieran la posibilidad de incurrir en todo tipo de ilícitos, con la certeza que no serían investigados. O que si lo fueran, tuvieran todas las garantías que no iban a ser sancionados. El propio Hugo Chávez, tras 4 años de gobierno, argumentó sus limitaciones para enfrentar la corrupción de la siguiente manera: “Aquí, como en buena parte de América Latina, es un fenómeno cultural; un fenómeno duro, difícil de combatir. Es como un cáncer que se ha irradiado en todas direcciones”. El proyecto político que prometió acabar con la corrupción terminó siendo vencido por el “cáncer”, una enfermedad cuyos síntomas son más visibles bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela padece una aguda crisis económica y actualmente no cuenta con los formidables recursos que antaño costeaban sus políticas sociales

Gobernar en familia

El pasado 1° de julio la periodista Lisseth Boon difundió un reportaje en el que reveló que el Contralor General de la República (CGR), Manuel Galindo Ballesteros, tenía a 13 familiares directos trabajando en su despacho en cargos de variable importancia: tres hijos en dirección, un cuñado, dos sobrinos, uno con novia, así como un nieto, también con novia y cuñada en la nómina de la CGR. Seis días después, en un programa de televisión, Ballesteros se refirió a la denuncia con una respuesta insólita: “Para hablar de nepotismo hay que tener suficiente capacidad de diferenciar entre nepotismo positivo y nepotismo negativo (…) Cuando se materializa

un nepotismo negativo y podría ser sujeto de investigación, es cuando un familiar o una persona allegada a una autoridad que lo contrate no reúne las condiciones profesionales o el perfil suficiente para ejercer el cargo”. La CGR, de manera similar a sus pares regionales, debería ser la institución que no permita que este tipo de ilícitos sucedan.

El “Socialismo del Siglo xxI” se ha convertido en un proyecto político que otorga gran importancia a la familia como base de la lealtad política. Manuel Bellesteros es compadre de Cilia Flores, actual primera dama de la República. En sus días como diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, contrató hasta 40 familiares directos en cargos dentro del hemiciclo. El apellido Flores continúa siendo irresistible para la gestión pública. En diciembre de 2014 su sobrino, Carlos Erick Malpica Flores, fue electo como miembro de la Junta Directiva de la estatal energética PDVSA. La familia Malpica Flores abrió 16 empresas en Panamá entre los años 2014 y 2015, siendo varias de ellas beneficiadas con contratos sin licitación de la petrolera.

Recientemente se conoció que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, contrató a su pareja como su asistente. Por su parte, Ricardo Molina, quien ejerció como ministro de Vivienda durante varios años, designó en puestos de confianza a su esposa, una hija, una hermana y una cuñada durante su gestión.

Diosdado Cabello, el diputado que ha liderizado las campañas de desprestigio contra los adversarios del gobierno, periodistas y ONGs tiene a su esposa, Marleny Contreras, como ministra de Turismo. Su hermano, José David Cabello, gestiona el Ministerio para Industrias y el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEx), habiendo pasado por el Ministerio de Infraestructura, la superintendencia del organismo

Noticias en Venezuela

ExIGEN REMOCIóN DEL CONTRALOR GENERAL POR NEPOTISMO La organización Transparencia Venezuela solicitó formalmente a la Asamblea Nacional el inicio de una investigación al Contralor General Manuel Ballesteros, por las acusaciones de nepotismo durante su gestión.

ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA EN SEGUNDA DISCUSIóN PROyECTO DE LEy DE REFORMA PARCIAL DE LA LEy ORGáNICA DE LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPúBLICA y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL El texto incluye recomendaciones de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, así como los tratados suscritos y ratificados en materia contra la corrupción y la introducción de nuevos supuestos sancionatorios, entre los que resaltan los relativos al conflicto de interés, incorporado por primera vez en el ordenamiento jurídico venezolano.

Ex MINISTROS CHAVISTAS SEñALARON AL NEPOTISMO COMO RESPONSABLE DE LA PéRDIDA DE LA MAyORíA EN LA ASAMBLEA NACIONAL Jorge Giordani y Héctor Navarro, quienes desempeñaron cargos de ministros durante los años de gobierno de Hugo Chávez, opinaron que irregularidades como el nepotismo fueron la causa de la derrota oficialista en las pasadas elecciones legislativas.

TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEzUELA DENUNCIARON NEPOTISMO, CORRUPCIóN y PERSECUCIóN EN UNA CARTA ABIERTA Un grupo de técnicos del principal banco venezolano estatal han difundido en portales electrónicos del país una comunicación en la cual denuncian diferentes irregularidades en la institución, entre ellas el nepotismo.

9Agosto 2016 N 1

VENEZUELA

responsable de las aduanas y el cobro de impuestos, la dirección general del principal aeropuerto del país, así como de la aerolínea estatal Conviasa. Un cuñado de José David, Benito Raúl Pereda, fue encargado de la Empresa de Propiedad Social de Pulpa y Papel (PULPACA). Por otra parte su primo, Ramón Rafael Campos Cabello, fue Superintendente Nacional de Bienes Públicos en la Vicepresidencia de la República y, paralelamente, miembro de una Comisión Técnico-Legal para la Regularización de Estacionamientos de Guardia y Custodia dentro del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz. Otro primo, Gustavo Cabello Canales, fue presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), dependiente del Ministerio de Alimentación.

Según el informe “Nepotismo y militares en el poder en Venezuela”, realizado por la organización Convite, entre julio de 2014 a julio de 2015 familiares del fallecido presidente Chávez habían sido nombrados en diferentes funciones. Su primo, Asdrúbal Chávez Jiménez, fue nombrado ministro de Petróleo y Minería, y su hermano, Narciso Chávez Frías, Comisionado Especial con carácter permanente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra

Ausencia de castigo

Según Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, el nepotismo no se encuentra penalizado en la legislación local:“Aún no se ha aprobado ninguna ley que contemple las respectivas sanciones”. Cuando se revisa el marco jurídico del país ninguna norma menciona expresamente al nepotismo, sin embargo algunos artículos de la Constitución pudieran vincularse para intentar impedirlo. Un ejemplo es el artículo 146 que afirma que los cargos de los órganos de la

Administración Pública son de carrera, así como que el ingreso de los funcionarios y funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público.

En el año 2012 se intentó que una ley tipificara y castigara al nepotismo. El proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, poseía un artículo cuyo texto proponía que se sancionase al funcionario que “nombre, designe, contrate o intervenga de manera directa en la selección de su cónyuge, concubina o concubino, o personas con quienes esté vinculada o vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en cargos dentro del órgano o ente en el cual se desempeña o sobre los cuales ejerza control de tutela, accionarial o estatutario”. El partido de gobierno se opuso a ésta proyecto, y en aquel momento diputados opositores denunciaron que el citado párrafo era el responsable de la paralización de la propuesta. Se tuvo que esperar varios años más, tras la elección de nuevos diputados y diputadas, para que la propuesta volviera a ser introducida en la agenda legislativa. Otras propuestas normativas buscarían actualmente penalizar el nepotismo, como la modificación de la Ley de Contraloría de Venezuela, un proyecto de 19 reformas entre las que se incluye castigos para quien incluya a familiares directos dentro de la nómina estatal.

El bolivarianismo, al amparo de la fidelidad política, exacerbó los hechos de corrupción que prometió combatir en su génesis. ¿Comenzarán a tener hechos irregulares como el nepotismo el costo necesario como para que comiencen a desaparecer de la cultura política venezolana? Este es uno de los desafíos de la transición en ciernes, el futuro de Venezuela después de la hegemonía chavista.

Noticias en VenezuelaSOBRINOS DE PRIMERA DAMA VENEzOLANA CONFESARON TRáFICO DE DROGAS HACIA EEUU Un artículo de The Washington Post divulgó información de documentos difundidos por la Fiscalía estadounidense del viernes 22 de julio de 2016 en el que Efraín Campo y Francisco Flores, sobrinos de Cilia Flores –diputada y esposa del presidente Nicolás Maduro- habrían confesado el intento de traficar 800 kilos de droga hacia territorio estadounidense. Como se recordará los llamados “narcosobrinos” fueron detenidos en noviembre de 2015 en Haití, en una operación encubierta coordinada por la DEA, tras lo cual fueron trasladados a Nueva york. El principal argumento de voceros del gobierno venezolano ha sido afirmar que Campo y Flores habrían sido

“secuestrados” por funcionarios estadounidenses para perjudicar al gobierno venezolano. Los documentos de la corte incluyen fotografías supuestamente tomadas de un video secreto, en las que los fiscales afirman que aparece Campo usando guantes plásticos examinando una panela de cocaína mientras Flores observa. Campo presuntamente afirma que los narcóticos provenían de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).Por otra parte una investigación realizada por Vértice confirmó que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería de Venezuela para viajar a los países donde conspiraron para traficar cocaína.

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