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ILEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE AUTORIDAD FISCAL: SUSTENTADAS

EN HECHOS QUE CONSTEN EN SUS EXPEDIENTES L.D. Sergio Esquerra Abogado postulante y asesor jurídico con especialidad en defensa administrativa y fiscal, comercio exterior y seguridad social / Socio Directivo del Bufete ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS, destacado por la revista “Defensa Fiscal” como una de las “Grandes Firmas de Fiscalistas en México” / Autor de nueve libros, últimos dos titulados: “Defensa Fiscal de Vanguardia” Editorial ISEF y “Defensa Fiscal-Impugnación de Avanzada en Juicios de Nulidad” Editorial Estrategia Tributaria / Distinguido por la revista “Opciones Legales-Fiscales” como “Líder Tributario de México” / Reconocido por la revista “Defensa Fiscal” como uno de los “Fiscalistas más Importantes de México” / Nombrado en dos ocasiones por la revista “Erudición y Vanguardia Fiscal-Empresarial-Jurídica” como “Personaje de Vanguardia” / Articulista en diversas revistas especializadas del ámbito jurídico y fiscal, entre otras: “El Mundo del Abogado” y “Defensa Fiscal” / Conferencista a nivel nacional e internacional / Galardonado por el Gobierno de Culiacán, Sinaloa, en la categoría de Excelencia Académica del VII Premio Municipal / Invitado como panelista en múltiples programas de televisión y radio de emisión local y nacional / Articulista de diversas páginas web / @SergioEsquerra --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, norma lo siguiente:

38.- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DEBAN NOTIFICAR DEBERÁN TENER, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: IV.- ESTAR FUNDADO, MOTIVADO Y EXPRESAR LA RESOLUCIÓN, OBJETO O PROPÓSITO DE QUE SE TRATE.

De lo regulado en el precepto anteriormente transcrito, se deduce, como es bien sabido por ser de explorado estudio, la obligación de las autoridades fiscales de precisar todos y cada de uno los dispositivos que sirvan de apoyo a las resoluciones que emitan. Es decir, tanto en los que se sustenten sus facultades de ley, como aquellos en que se contemple su competencia reglamentaria: por materia, territorio, temporalidad y grado.

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Así como, los de carácter sustantivo y adjetivo que sean específicamente aplicables al caso en concreto. En paralelo, se desprende la obligación correlativa de señalar las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas o mediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la resolución. A su vez y, a efectos de cumplirse con el requisito de orden legal y constitucional de la debida fundamentación y motivación, se hace necesario que exista una adecuación entre las disposiciones invocadas y los motivos aducidos. Esto es, que efectivamente se configuren en la especie las hipótesis normativas. Dichas exigencias son indispensables, no por mero formulismo, sino para poder otorgarse a los interesados seguridad y certeza jurídica-integral en torno a que las resoluciones de las autoridades son válidas por haber sido emitidas en forma, tiempo, modo y lugar correctos. Resúmase pues lo anterior en el aserto de que tan sólo por medio de un mandamiento escrito de autoridad competente, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, podrán ser molestados los gobernados en su persona, familia, domicilio, bienes, posesiones y derechos. Así las cosas, la debida fundamentación y motivación se revelan no como requisitos meramente formales, sino como elementos de validez del acto administrativo (fiscal). Es así, que la debida fundamentación y motivación, son mucho más que tan sólo componentes externos del acto administrativo, toda vez que ello no se reduce únicamente a citar un artículo de ley o un motivo, sino a formular una conclusión que incluya las razones plenas y suficientes del proceso lógico-jurídico que lo determinan, haciéndose públicas las justificaciones de hecho y de derecho (en fondo y forma) en las que la autoridad fiscal apoya la resolución que dirige al contribuyente destinatario. Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial, que aunque de hace algunos años ya, no por ello menos ilustrativo en la causa:

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA PARTE III MARZO DE 1996 TESIS VI.2O. J/43 PÁGINA 769 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL, DEBEN ENTENDERSE, POR LO PRIMERO, LA CITA DEL PRECEPTO LEGAL

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APLICABLE AL CASO, Y POR LO SEGUNDO, LAS RAZONES, MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE LLEVARON A LA AUTORIDAD A CONCLUIR QUE EL CASO PARTICULAR ENCUADRA EN EL SUPUESTO PREVISTO POR LA NORMA LEGAL INVOCADA COMO FUNDAMENTO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. AMPARO DIRECTO 194/88. BUFETE INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 28 DE JUNIO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL. SECRETARIO: JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. REVISIÓN FISCAL 103/88. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 18 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARNOLDO NÁJERA VIRGEN. SECRETARIO: ALEJANDRO ESPONDA RINCÓN. AMPARO EN REVISIÓN 333/88. ADILIA ROMERO. 26 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARNOLDO NÁJERA VIRGEN. SECRETARIO: ENRIQUE CRISPÍN CAMPOS RAMÍREZ. AMPARO EN REVISIÓN 597/95. EMILIO MAURER BRETÓN. 15 DE NOVIEMBRE DE 1995. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CLEMENTINA RAMÍREZ MOGUEL GOYZUETA. SECRETARIO: GONZALO CARRERA MOLINA. AMPARO DIRECTO 7/96. PEDRO VICENTE LÓPEZ MIRO. 21 DE FEBRERO DE 1996. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA EUGENIA ESTELA MARTÍNEZ CARDIEL. SECRETARIO: ENRIQUE BAIGTS MUÑOZ.

Ahora bien, para efectos de no generar ambigüedad en grado de confusión a los contribuyentes tratándose de la fundamentación de facultades y competencia de la autoridad emisora de una resolución, el derecho fundamental de cuenta exige exhaustividad, exactitud, claridad, certeza y precisión. Ello según jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación:

NOVENA ÉPOCA REGISTRO 188432 SEGUNDA SALA JURISPRUDENCIA SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO XIV, NOVIEMBRE DE 2001 MATERIA ADMINISTRATIVA

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TESIS 2A. /J. 57/2001 PÁGINA 31 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.- DE LO DISPUESTO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 10/94 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NÚMERO 77, MAYO DE 1994, PÁGINA 12, DE RUBRO: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", ASÍ COMO DE LAS CONSIDERACIONES EN LAS CUALES SE SUSTENTÓ DICHO CRITERIO, SE DESPRENDE QUE LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LLEVA IMPLÍCITA LA IDEA DE EXACTITUD Y PRECISIÓN EN LA CITA DE LAS NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR EL ACTO DE MOLESTIA DE QUE SE TRATE, AL ATENDER AL VALOR JURÍDICAMENTE PROTEGIDO POR LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL, QUE ES LA POSIBILIDAD DE OTORGAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA AL PARTICULAR FRENTE A LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES QUE AFECTEN O LESIONEN SU INTERÉS JURÍDICO Y, POR TANTO, ASEGURAR LA PRERROGATIVA DE SU DEFENSA, ANTE UN ACTO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS. EN CONGRUENCIA CON LO ANTERIOR, RESULTA INCONCUSO QUE PARA ESTIMAR SATISFECHA LA GARANTÍA DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN, QUE ESTABLECE DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR EL ACTO DE MOLESTIA ES NECESARIO QUE EN EL DOCUMENTO QUE SE CONTENGA SE INVOQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES, ACUERDO O DECRETO QUE OTORGAN FACULTADES A LA AUTORIDAD EMISORA Y, EN CASO DE QUE ESTAS NORMAS INCLUYAN DIVERSOS SUPUESTOS, SE PRECISEN CON CLARIDAD Y DETALLE, EL APARTADO, LA FRACCIÓN O FRACCIONES, INCISOS Y SUBINCISOS, EN QUE APOYA SU ACTUACIÓN; PUES DE NO SER ASÍ, SE DEJARÍA AL GOBERNADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, TODA VEZ QUE SE TRADUCIRÍA EN QUE ÉSTE IGNORARA SI EL PROCEDER DE LA AUTORIDAD SE ENCUENTRA O NO DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL RESPECTIVO POR RAZÓN DE MATERIA, GRADO Y TERRITORIO Y, EN CONSECUENCIA, SI ESTÁ O NO AJUSTADO A DERECHO. ESTO ES ASÍ,

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PORQUE NO ES PERMISIBLE ABRIGAR EN LA GARANTÍA INDIVIDUAL EN CUESTIÓN NINGUNA CLASE DE AMBIGÜEDAD, YA QUE SU FINALIDAD CONSISTE, ESENCIALMENTE, EN UNA EXACTA INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACTO DE AUTORIDAD, DE ACUERDO A LA HIPÓTESIS JURÍDICA EN QUE SE UBIQUE EL GOBERNADO EN RELACIÓN CON LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, POR RAZONES DE SEGURIDAD JURÍDICA. CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2001. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JUAN DÍAZ ROMERO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA. TESIS DE JURISPRUDENCIA 57/2001. APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN PRIVADA DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO. NOVENA ÉPOCA REGISTRO 177347 SEGUNDA SALA JURISPRUDENCIA SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO XXII, SEPTIEMBRE DE 2005 MATERIA ADMINISTRATIVA TESIS 2A. /J. 115/2005 PÁGINA 310 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.- DE LO DISPUESTO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 10/94 DEL TRIBUNAL EN PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 77, MAYO DE 1994, PÁGINA 12, CON EL RUBRO: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO

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ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", ASÍ COMO DE LAS CONSIDERACIONES EN LAS CUALES SE SUSTENTÓ DICHO CRITERIO, SE ADVIERTE QUE LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LLEVA IMPLÍCITA LA IDEA DE EXACTITUD Y PRECISIÓN EN LA CITA DE LAS NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR EL ACTO DE MOLESTIA DE QUE SE TRATE, AL ATENDER AL VALOR JURÍDICAMENTE PROTEGIDO POR LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL, QUE ES LA POSIBILIDAD DE OTORGAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA AL PARTICULAR FRENTE A LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES QUE AFECTEN O LESIONEN SU INTERÉS JURÍDICO Y, POR TANTO, ASEGURAR LA PRERROGATIVA DE SU DEFENSA ANTE UN ACTO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS. EN CONGRUENCIA CON LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE ES UN REQUISITO ESENCIAL Y UNA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FUNDAR EN EL ACTO DE MOLESTIA SU COMPETENCIA, PUES SÓLO PUEDE HACER LO QUE LA LEY LE PERMITE, DE AHÍ QUE LA VALIDEZ DEL ACTO DEPENDERÁ DE QUE HAYA SIDO REALIZADO POR LA AUTORIDAD FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO DENTRO DE SU RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA, REGIDO ESPECÍFICAMENTE POR UNA O VARIAS NORMAS QUE LO AUTORICEN; POR TANTO, PARA CONSIDERAR QUE SE CUMPLE CON LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD PRECISE EXAHUSTIVAMENTE SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA, GRADO O TERRITORIO, CON BASE EN LA LEY, REGLAMENTO, DECRETO O ACUERDO QUE LE OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EN SU CASO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO; SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE, CON LA ÚNICA FINALIDAD DE ESPECIFICAR CON CLARIDAD, CERTEZA Y PRECISIÓN LAS FACULTADES QUE LE CORRESPONDEN, PUES CONSIDERAR LO CONTRARIO SIGNIFICARÍA QUE EL GOBERNADO TIENE LA CARGA DE AVERIGUAR EN EL CÚMULO DE NORMAS LEGALES QUE SEÑALE LA AUTORIDAD EN EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, SI TIENE COMPETENCIA POR GRADO, MATERIA Y TERRITORIO PARA ACTUAR EN LA FORMA EN QUE LO HACE, DEJÁNDOLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, PUES IGNORARÍA CUÁL DE TODAS LAS NORMAS LEGALES QUE INTEGRAN EL TEXTO NORMATIVO ES LA ESPECÍFICAMENTE APLICABLE A LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO DEL QUE EMANA, POR RAZÓN DE MATERIA, GRADO Y TERRITORIO.

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Del texto resaltado en las tesis, se concluye efectivamente que la obligación de fundamentación de facultades y competencia, implica: a) exhaustividad, b) exactitud, c) claridad, d) certeza y e) precisión. Ello, porque como ya se dijo, lo que se busca es evitar cualquier clase de ambigüedad que genere confusión a los contribuyentes destinatarios de las resoluciones de las autoridades fiscales. Luego entonces, debe haber una exacta individualización de las normas aplicables, ya que de lo contrario se arrojaría al contribuyente la carga de averiguar dentro de todo el marco normativo relacionado si la autoridad tiene facultades y competencias para actuar en una determinada forma que le afecte en su esfera particular. Lo que resultaría indebido por cuanto hace a la tutela que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, respecto del requisito del inciso a), resulta conveniente precisar que el término “exhaustividad” o “exhaustivamente”, proviene gramaticalmente del adjetivo “exhaustivo”, que según el Diccionario de la Lengua Española significa: Exhaustivo, va. (Del lat. exhaustus, agotado). Que agota o apura por completo. Luego entonces, para cumplirse con la debida fundamentación de facultades y competencias de la autoridad fiscal, estas deben agotarse por completo, es decir, citarse todos y cada uno de los artículos que las contemplen con sus correlativos apartados, fracciones, incisos o subincisos y, en el supuesto de que no los contengan habrá incluso de transcribirse la porción normativa correspondiente. Derivado de todo lo anterior, resultan abiertamente ilegales las resoluciones de las autoridades fiscales (SAT, INFONAVIT, IMSS) que habiendo sido emitidas con sustento y motivo en hechos que consten en sus expedientes, documentos o bases de datos, NO se fundamenten en el primer párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación; como precepto legal único que contempla facultad material para tal proceder. Textual:

63.- LOS HECHOS QUE SE CONOZCAN CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN ESTE CÓDIGO O EN LAS LEYES FISCALES, O BIEN QUE CONSTEN EN LOS EXPEDIENTES, DOCUMENTOS O BASES DE DATOS QUE LLEVEN, TENGAN ACCESO O EN SU PODER LAS AUTORIDADES FISCALES, ASÍ COMO AQUÉLLOS PROPORCIONADOS POR OTRAS AUTORIDADES, PODRÁN SERVIR PARA MOTIVAR LAS RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE CUALQUIER

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OTRA AUTORIDAD U ORGANISMO DESCENTRALIZADO COMPETENTE EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES FEDERALES.

Sin que obste para lo anterior, que la resolución derive del ejercicio de las facultades de comprobación, ya que no se sujeta a discusión que la autoridad fiscal cuente con atribución para ordenar y agotar un procedimiento de fiscalización, sino que ello NO la exime de su obligación de fundar y motivar adecuada y completamente los actos que trascienden a la esfera jurídica de los gobernados. En lo conducente, precisamente en el artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Lo que al no ser observado genera sin duda la ilegalidad que aquí se denuncia, según explicaciones que se han dado ya en torno de la naturaleza, objeto y alcances del derecho fundamental y constitucional de la debida fundamentación y motivación. Enseguida criterios que apoyan nuestros argumentos, en el sentido de que el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, contempla una facultad de la autoridad hacendaria, y como tal debe invocarse como parte de la debida fundamentación y motivación de sus resoluciones:

NOVENA ÉPOCA REGISTRO 182001 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TESIS AISLADA SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO XIX MARZO DE 2004 MATERIA ADMINISTRATIVA TESIS IV.2O.A.69 A PÁGINA 1535 CONTRIBUCIONES FEDERALES.- PARA MOTIVAR LAS RESOLUCIONES QUE LAS AUTORIDADES FISCALES EMITAN EN ESA MATERIA, ES MENESTER QUE PRECISEN CLARAMENTE CUÁLES SON LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE TOMARON EN CUENTA Y LOS HECHOS DE ELLOS ADVERTIDOS.- CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LAS AUTORIDADES FISCALES ESTÁN FACULTADAS PARA MOTIVAR LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, EN LOS HECHOS QUE CONSTEN EN EXPEDIENTES O DOCUMENTOS QUE TENGAN EN SU PODER. AHORA BIEN, EN EL CASO DE QUE DICHAS AUTORIDADES EJERCITEN ESA FACULTAD, Y A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN, DEL QUE DEBE ESTAR INVESTIDO TODO ACTO DE AUTORIDAD EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,

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ES MENESTER QUE PRECISEN CLARAMENTE CUÁLES SON LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE TOMARON EN CUENTA Y LOS HECHOS DE ELLOS ADVERTIDOS, PUES SI LA AUTORIDAD FISCAL, AL DETERMINAR UN CRÉDITO A CARGO DE UN PARTICULAR, SE LIMITA A SEÑALAR GENÉRICAMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63 PRECITADO, QUE PARA EXPEDIR TAL RESOLUCIÓN SE APOYÓ EN LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE DESPRENDIERON DE "LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE TIENE EN SU PODER O REGISTROS", SIN MENCIONAR EN QUÉ CONSISTEN ÉSTOS, ES EVIDENTE QUE CONCULCA EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE AFECTADO LA GARANTÍA INDIVIDUAL DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ANTES INVOCADO, YA QUE COMO CONSECUENCIA DE TAL OMISIÓN SE LE IMPIDE CONOCER LA CAUSA, LA RAZÓN Y LOS DATOS QUE TUVO EN CUENTA PARA EMITIR EL ACTO DE MOLESTIA, Y LA POSIBILIDAD DE DEFENDERSE. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. AMPARO DIRECTO 332/2003. FOMENTO DIVASA, S.A. DE C.V. 9 DE ENERO DE 2004. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIA: MARÍA ELENA CARDONA RAMOS. VII-P-1aS-363 CRÉDITOS FISCALES.- LA AUTORIDAD FISCAL TIENE LA FACULTAD DE DETERMINARLOS CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIAS FISCAL Y ADUANERA A TRAVÉS DE INFORMES O DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR OTRAS AUTORIDADES.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS HECHOS QUE SE CONOZCAN CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN DICHO CÓDIGO O EN LAS LEYES FISCALES, O BIEN QUE CONSTEN EN LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS QUE LLEVEN O TENGAN EN SU PODER LAS AUTORIDADES FISCALES, ASÍ COMO LOS PROPORCIONADOS POR DIVERSAS AUTORIDADES, PODRÁN SERVIR PARA MOTIVAR LAS RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD U ORGANISMO DESCENTRALIZADO COMPETENTE EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES FEDERALES; POR TANTO, LA LEY DE LA MATERIA SÍ PREVÉ LA FACULTAD A CARGO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

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EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES FEDERALES PARA MOTIVAR LA EMISIÓN DE SUS RESOLUCIONES BASÁNDOSE EN INFORMES O DOCUMENTOS QUE LE SEAN PROPORCIONADOS POR OTRAS AUTORIDADES. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 322/10-20-01-6/128/11-S1-02-03.- RESUELTO POR LA PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SESIÓN DE 10 DE JULIO DE 2012, POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS A FAVOR.- MAGISTRADA PONENTE: NORA ELIZABETH URBY GENEL.- SECRETARIA: LIC. MARÍA LAURA CAMORLINGA SOSA. (TESIS APROBADA EN SESIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Ahora bien, en relación con la irregularidad de indebida fundamentación de facultad material expuesta, destacar que por tratarse de un vicio que no es de procedimiento ni de falta de requisitos formales, sino que incide directamente en la validez del acto administrativo, no es necesario demostrar la forma en que afecta nuestras defensas ni trasciende al sentido de la resolución que sea impugnada en medios de defensa. Ello tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

DÉCIMA ÉPOCA SEGUNDA SALA SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA LIBRO V, FEBRERO DE 2012 TOMO 2 PÁG. 835 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- CONFORME A LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR ESTE ALTO TRIBUNAL, LA FALTA, INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE UN ACTO ADMINISTRATIVO, INCIDE DIRECTAMENTE EN SU VALIDEZ, TODA VEZ QUE ESAS DEFICIENCIAS IMPIDEN QUE EL JUZGADOR PUEDA PRONUNCIARSE RESPECTO A LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DICHO ACTO PUDIERA TENER SOBRE EL PARTICULAR, OBLIGÁNDOLO A DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO O RESOLUCIÓN EN SU INTEGRIDAD, POR LO QUE LA NULIDAD DECRETADA EN ESOS CASOS CONSTITUYE UN SUPUESTO EN EL CUAL LA VIOLACIÓN FORMAL COMETIDA NO RESULTA, POR REGLA

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GENERAL, SUBSANABLE. AHORA BIEN, EL PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO D), DEL ARTÍCULO 51 CITADO, EN RELACIÓN CON SUS FRACCIONES II Y III, DISPONE QUE NO AFECTAN LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR NI TRASCIENDEN AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LOS VICIOS CONSISTENTES EN IRREGULARIDADES EN LOS CITATORIOS, EN LAS NOTIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS, O EN LOS PROPIOS REQUERIMIENTOS, SIEMPRE Y CUANDO EL PARTICULAR DESAHOGUE LOS MISMOS, EXHIBIENDO OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADOS. SIN EMBARGO, DEBE ENTENDERSE QUE ESTOS SUPUESTOS SON INAPLICABLES TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN, INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PUES ELLO CONSTITUYE UN VICIO QUE NO ES ANÁLOGO A LOS REFERIDOS SUPUESTOS LEGALES, ADEMÁS DE QUE TAL DISPOSICIÓN NO PUEDE INTERPRETARSE EXTENSIVAMENTE PORQUE ATENTARÍA CONTRA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ESTA INTERPRETACIÓN SE CONFIRMA CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL PROPIO ARTÍCULO 51 QUE ESTABLECE COMO CAUSA DE ILEGALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA LA INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO QUE LA HAYA DICTADO U ORDENADO, O TRAMITADO EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA DICHA RESOLUCIÓN, INTERPRETADO ARMÓNICAMENTE CON EL CONTENIDO DEL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL PRECEPTO LEGAL EN CUESTIÓN, QUE ESTABLECE QUE EL TRIBUNAL PODRÁ HACER VALER DE OFICIO, POR SER DE ORDEN PÚBLICO, LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA O PARA ORDENAR O TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVE Y LA AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN EN DICHA RESOLUCIÓN. ASÍ, AL HABERSE ESTABLECIDO POR SEPARADO DICHA CAUSA DE ILEGALIDAD, NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO D), DEL REFERIDO PRECEPTO LEGAL, LOS CUALES CONSTITUYEN REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS LEYES, DIVERSOS A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA. SEGUNDA SALA CONTRADICCIÓN DE TESIS 262/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO

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CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A. /J. 174/2011 (9A.). APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN PRIVADA DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.

Como último punto y, a manera de dar certeza a usted nuestro estimado lector en relación con las ideas aquí anotadas, enseguida extracto de sentencia obtenida por el despacho que represento en causa que nos fue encomendada para su defensa, en la que se obtuvo nulidad lisa y llana por el vicio en cuestión:

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