I. ¿QUÉ ES CESCE? 2 - Campaña por la Abolición de la Deuda … · Mayo de 2009, Observatorio de...

Observatori del Deute en la Globalització/

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LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN: CESCE Mayo de 2009, Observatorio de la Deuda en la Globalización1 I. ¿QUÉ ES CESCE?2 La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) es una Agencia de Crédito a la Exportación (ECA por sus siglas en inglés) fundada en 1970, por iniciativa conjunta del sector público y privado, como un sistema de cobertura de los riesgos políticos y comerciales derivados del comercio exterior. Depende del Ministerio de Economía mediante la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. La Secretaria establece las normas de funcionamiento y coordina las negociaciones ante la OCDE y la Unión Europea. El objetivo principal de CESCE radica en facilitar la internacionalización del sector privado, contando con financiamiento público, mediante la cobertura de riesgos de impacto derivados de las ventas de productos y servicios de empresas españolas en los mercados exteriores. Mediante este tipo de seguros el Estado asume riesgos políticos que podrían afectar operaciones empresariales en el exterior (sea inversión directa, sea exportaciones). CESCE constituye el instrumento financiero más importante utilizado por el Estado para la internacionalización de las empresas españolas. Tal como consta en el siguiente gráfico, el gobierno español dispone de la mayoría de las acciones de CESCE, y participan también diferentes entidades bancarias españolas, así como aseguradoras privadas3. En el Consejo de administración de CESCE se encuentran también representantes del Ministerio de Economía, así como en las Comisiones de riesgo donde se evalúa el apoyo o no a los proyectos/operaciones potencialmente asegurado/as.

1 Documento elaborado a partir de: a) Ortega, M. (2007) ¿Debe ayudar el Estado a las transnacionales españolas?

Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la internacionalización, Muñoz Moya Editores Extremeños, Sevilla; b) Serie de artículos elaborados por ODG (ver: http://www.odg.cat); véase también http://wwwes.eca-iberia.org/ y http://www.eca-watch.org).

2 Ver en particular: Ortega, O. (2007), p. 47-55 3 Los directivos de CESCE tienen además trayectorias que se vinculan con transnacionales españolas e Instituciones

Financieras Internacionales. Por ejemplo, el actual Presidente de CESCE, Juan Badosa fue vicepresidente ejecutivo de Repsol YPF. A su vez, Director General, Joaquín de la Herrán, trabajó para el Fondo Monetario Internacional y fue director general de SYNI Consulting, empresa especializada en el desarrollo de negocios entre el Estado español y los Estados Unidos.

Distribución accionarial de CESCE


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18 Compañías de Seguro Privadas4,55%

BSCH, Banco Español de

Crédito, Banco de Sabadell,

Banco Popular (y otras 20 entidades bancarias

BBVA14,28%

Gobierno español50,25%

Fuente: www.cesce.es

Desde 1990 ha iniciado una política empresarial de expansión y diversificación, ampliando su campo de actuación hacia el mercado interior, y abriéndose a mercados y sectores relacionados con su negocio principal, mediante diferentes compañías filiales y participadas. CESCE forma parte del Grupo CESCE, una red empresarial presente en los siguientes países:

Además, CESCE es miembro de diversos grupos empresariales vinculados con el sector del seguro de crédito, tales como la Asociación Patronal Española (UNESPA), la Asociación de Compañías Oficiales de Seguro de Crédito a la Exportación (UNIÓN DE BERNA), el Internacional Credit Insurance & Surety Association (ICISA), y la Asociación Latinoamericana de Seguro de Crédito a la Exportación (ALASECE). ¿Cómo funciona CESCE? CESCE opera en dos líneas: por una parte ofrece seguros por cuenta del Estado, y por otra parte, funciona también como una aseguradora privada.



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Los seguros emitidos por CESCE por cuenta del Estado crecieron de manera constante hasta 2002, y se redujeron paralelamente al reflujo económico de varios países latinoamericanos, hasta volver a encontrarse en 2005 en fase ascendente, elevándose a 6.166 millones de Euros en 2006 y 5.427 millones en 2007 (véase gráfico). Por otra parte, en 2008, el límite máximo de cobertura para una nueva contratación que puede asegurar CESCE por parte del Estado es de 4.547,28 millones de Euros4.


CESCE no tiene la posibilidad de otorgar seguros a cuenta del Estado español a proyectos en los países de la OCDE (con excepción de Turquía y México), puesto que la estabilidad política de estos países no justifica que el sector público asuma los riesgos. Las operaciones de riesgo que pueden ser cubiertas por cuenta del Estado son las siguientes: � Riesgo político: se vinculan con la actuación de los Estados receptores. Pueden

consistir en crisis de balanzas de pago, alteraciones significativas en la paridad monetaria generando insolvencia generalizada, guerras civiles, revoluciones, actos terroristas, alteraciones sustanciales del orden público, actos de expropiación o nacionalización, confiscación o incautación, y otros.

� Riesgos extraordinarios: catástrofes naturales, accidentes nucleares o provocados

por sustancias químicas o similares � Riesgos comerciales: incumplimiento del contrato por parte de una entidad privada

extranjera que pueden generar pérdidas económicas a la empresa o entidad financiera que contrata el seguro, cuando la duración de la operación es superior a dos años.

4 Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l51-2007.html)

Seguros emitidos por CESCE


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Otros riesgos que pueden ser cubiertos se refieren a la prospección de mercados, asistencia a ferias, diferencias en el cambio de moneda, garantías bancarias, fianzas a exportadores, obras y trabajos y otros.

II. ¿POR QUÉ CESCE ES PROBLEMÁTICA? IMPORTANCIA DE CESCE EN LA GENERACIÓN DE DEUDA EXTERNA Al relacionarse la actividad de CESCE con los riesgos, sus actividades son importantes en los países del Sur o de la Periferia, donde las operaciones económicas pueden enfrentar un mayor grado de incertidumbre. En ese sentido, la empresa no funciona únicamente a partir de condicionantes estrictamente comerciales, sino también a partir de indicaciones políticas proporcionadas por el Ministerio de Economía. Conjuntamente con los Créditos FAD, CESCE constituye el segundo mecanismo de generación de deuda externa de los países empobrecidos con el Estado español. En 2007, la deuda comercial generada a partir de CESCE supuso 43.10% de la deuda total de terceros países con el Estado español. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la deuda generada por CESCE llegó a representar 60% de la deuda externa total en los años 90. Esta deuda es generada por las quiebras indemnizadas por CESCE, es decir, proyectos de empresas españolas en el exterior que posteriormente no pudieron ser pagados, y cuya responsabilidad pasó al país receptor de la inversión.

Evolución del peso de la deuda FAD y CESCE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Deuda FAD Deuda CESCE

Fuente: elaboración ODG a partir de datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda. Para 2006 y 2007, con el fin de homogeneizar los datos, se ha excluido la categoría de otros tipos de deuda. La deuda bilateral relacionada con CESCE no siempre es generada por operaciones donde dos organismos públicos (el español y otro en el país empobrecido), llegan a un acuerdo y después el organismo público extranjero no puede hacer frente al pago. En la mayor parte de los casos, la deuda es generada por una operación privada donde el actor español (inversor o exportador), contrata el seguro a CESCE. Existen varios


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mecanismos mediante los cuales se puede producir una conversión de deuda privada en deuda pública, el más común es el siguiente:

1. El empresario español negocia con un banco que éste otorgue un préstamo al comprador de productos españoles de un país empobrecido.

2. El banco otorga el préstamo y se asegura mediante CESCE, de forma que si se

produce un impago, el banco cobrará directamente a CESCE y será CESCE quien deberá conseguir el dinero del deudor.

3. CESCE y el banco imponen unas cláusulas de garantía soberana, según las

cuales el Estado del país empobrecido garantiza que en caso de producirse un impacto de la empresa contratante, será el Estado quien asumirá la deuda y se convertirá en deudor (acepta estas condiciones para favorecer que se produzca la inversión en su país).

4. Si se produce un impago, CESCE exige el dinero directamente al Estado

empobrecido. En ese momento, la deuda pasa a ser una deuda pública entre el país empobrecido y el Estado español. En muchas ocasiones, sobre todo si se trata de un Estado de la Periferia, se encuentra obligado de asumir esa deuda ya que parte del proyecto ha sido realizado mediante financiación obtenida de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)5. Éstos constituyen otro mecanismo del Estado español de internacionalización de sus empresas y las cláusulas obligan al Estado deudor a hacerse responsable de los posibles impagos generados por el uso del crédito. Existen casos en los cuales el Estado de la Periferia no tiene la obligación de asumir la deuda, pero es presionado por el gobierno español mediando la promesa de futuros créditos FAD.

TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN La corrupción ha sido identificada como uno de los principales problemas en el desarrollo de muchos proyectos en los países empobrecidos. Al mismo tiempo, durante años, ha sido considerada como un obstáculo a la entrada de flujos de capital en los países más pobres, intuyéndose que se penalizaba a las empresas extranjeras al ser forzadas a pagar sobornos a los gobiernos locales para conseguir y mantener contratos en estos países. Es vistas de ello, organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, United Against Corrupción, Transparency International, han realizado en la última década varias iniciativas para estudiar este fenómeno e intentar regularlo. Las Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs) como CESCE siempre han estado en la punta de mira de las investigaciones relacionadas con la corrupción internacional, puesto que son la principal fuente de financiamiento público para el sector privado en el mundo y juegan un papel clave en el comercio internacional. Colaboran en un 10% de las exportaciones de los países industriales, que constituyen a su vez las tres cuartas partes de las exportaciones globales. Por ejemplo, en el año 2000, las ECAS suministraron 500 billones de dólares (USD). En garantías y seguros a empresas operando en países en desarrollo, mientras que en el mismo periodo el conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo no llegó a los 60 billones de USD y los préstamos de los

5 Para más información sobre los créditos FAD, véase: Gómez-Gil, C., Tarafa, G. y Gómez-Olivé, D. (2007),

La ilegitimidad de los Créditos FAD. ODG. Editorial Icaria.


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bancos multilaterales de desarrollo fueron de 41 billones de USD. Así, cualquier control efectivo de la corrupción, o por el contrario, la participación, de las ECAs tiene una importancia central en el presente y futuro de los países empobrecidos. En las últimas décadas, las ECAs han sido acusadas de estar involucradas, activa o pasivamente, en casos de corrupción y por ello han adoptado las propuestas para la lucha contra la corrupción acordadas en el marco de la OCDE. Desde 2003, CESCE ha comenzado a implementar estas propuestas, exigiendo a las entidades que soliciten la cobertura por cuenta del Estado, una declaración formal de reconocimiento de las condiciones de la OCDE respecto a la corrupción, entre las cuales los beneficiarios del seguro se comprometen a no participar en sobornos. Estudios rigurosos elaborados por organismos internacionales (en particular el Banco Mundial) han demostrado que las empresas transnacionales, no son las principales perjudicadas por la corrupción. Al contrario, cuando el marco general del país donde penetran facilita la corrupción, los inversores extranjeros copan los negocios más rentables y disminuyen los estándares de gobernabilidad de la región. En lo que atañe a las empresas españolas, éstas no son un ejemplo a seguir desde esta perspectiva. Transparency International elabora informes cada año entre los cuales destacamos el “Índice de Fuentes de Soborno” (Bribe Payes Index, BPI). Aquel de 2006 fue elaborado a partir de encuestas con 8’000 ejecutivos de empresas provenientes de 125 países. Los resultados demostraron que los 30 primeros países cuyas empresas son susceptibles de sobornar son simultáneamente los 30 principales países exportadores a nivel mundial. El conjunto de sus exportaciones representó de hecho 82% del índice global en 2005. Tal como se puede constatar en el siguiente gráfico, el Estado español se encuentra entre los 15 primeros. Desde 2003, CESCE ha comenzado a implementar las propuestas para la lucha acordadas en el marco de la OCDE, solicitando a las entidades que soliciten la cobertura por cuenta del Estado, una declaración formal de reconocimiento de las condiciones de la OCDE respecto a la corrupción, entre las cuales los beneficiarios del seguro se comprometen a no participar en sobornos. No obstante, este modo de funcionamiento pierde credibilidad puesto que simultáneamente, CESCE no permite un acceso totalmente abierto a todas las iniciativas a las que da cobertura mediante sus seguros. De esa manera, no facilita el seguimiento de las actividades económicas por parte de todos los actores implicados. La opacidad a menudo favorece a procesos de corrupción al descartarse la capacidad de inspección y monitoreo por parte de las y los ciudadanos españoles y de aquellos afectados por los proyectos en los países empobrecidos.


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Desde 2002, las obligaciones de la OCDE para las ECAs señalan que en los proyectos de importante impacto ambiental con financiación superior a dos años, se debe hacer pública, al menos 30 días antes de la aprobación del proyecto, la información ambienta que la ECA está utilizando para evaluar si aprueba o no el seguro. CESCE no aplicó esta política hasta 2004. A partir de entonces, la ECA española mejoró su política publicando anualmente una descripción breve de las operaciones para las cuales ha emitido una póliza de seguro en el caso de los proyectos de Categoría A o B (mayor impacto ambiental). No obstante, este límite excluye la publicación de prácticamente la mitad de las operaciones evaluadas6.

6 Es posible consultar las operaciones que se encuentran en proceso de evaluación en el siguiente enlace: http://www.cesce.es/cda/contenido2_id12.jsp?pageid=187&seccion=1&subseccion=4&menu=24

Fuente: Transparency International, Global Corruption Report 2007 (http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr#16)


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En términos de transparencia, existe una contradicción en el Estado español. En efecto, por un lado, la Orden ECO/180/2003 establece que CESCE “continuará manteniendo la más estricta confidencialidad sobre la información y datos proporcionados por sus asegurados en relación con las operaciones objeto de cobertura, salvo que razones de interés público exijan levantar dicha confidencialidad, siempre y cuando así disponga el Ministerio de Economía”. Sin embargo, por otro lado, de acuerdo con la legislación española (Ley 27/2006) en términos del derecho de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en material de medio ambiente, cualquier ciudadano/a del Estado tiene derecho a solicitar información sobre los proyectos evaluados por CESCE más susceptibles de afectar al medio ambiente. Al respecto, en reiteradas ocasiones, CESCE ha antepuesto una serie de obstáculos para que la sociedad civil pueda ejercer dicho derecho. A nivel europeo, dos directivas del Parlamento Europeo refuerzan éste último derecho a la información7. Por tanto, CESCE no debería poner impedimentos para facilitar información. Lo que sí, es necesaria una modificación de la legislación española para garantizarlo.

7 La Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2003/35/CE.

Fuente: Campaña “¿Quién debe a Quién?” (http://www.quiendebeaquien.org)


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DERECHOS HUMANOS Un ámbito particularmente preocupante por la posibilidad de violación de los Derechos Humanos, se ubica en la industria armamentística. Al respecto, cabe destacar también la participación de CESCE. De hecho, algunas de las operaciones que se ha podido identificar se articulan con ventas de armamento a países altamente conflictivos (Véase Anexo 1). En este sector resulta particularmente difícil el acceso a fuentes de información sobre el apoyo de CESCE a las empresas armamentísticas. A imagen y semejanza de otras ECAs, CESCE promueve la exportación de armas. Dada la propiedad mayoritariamente pública de esta ECA, dada la situación difícil en términos de viabilidad económica ante la fuerte competencia a nivel mundial, y dadas las conexiones directas con la administración pública de buena parte del sector armamentístico español, es muy probable que CESCE esté jugando un papel clave actualmente en el apoyo a este sector. Por otra parte, se ha comprobado que en los últimos años, el aseguramiento de la venta de armas por las entidades de crédito exterior ha tenido pérdidas y tan solo son compensadas mediante los beneficios obtenidos en otros sectores. Las ECAs trabajan por tanto en el sector armamentístico con márgenes inferiores a sus cotes reales. Su apoyo al sector armamentístico no corresponde a una lógica económica sino que refleja una voluntad política de subvencionar con dinero público, y de manera encubierta, el sector armamentístico del país exportador. El trabajo de CESCE en este ámbito adquiere por tanto una dimensión y responsabilidad política importante. Así, en el año 2002, 54% de las operaciones de la ECA se produjeron en países con un nivel muy deficiente de control democrático8. Todo indica que CESCE, mediante el dinero de los contribuyentes españoles, asegura no solo el porvenir de las empresas armamentísticas, sino que facilita el suministro de armas en países que no disponen de mínimas garantías democráticas. Asimismo, CESCE continúa exigiendo deudas odiosas9, muchas veces relacionadas con conflictos armados e ignorando los impactos sobre los Derechos humanos de sus demandas.

8 Citados en el tercio inferior de la clasificación mundial realizada por World audit.:

www.worldaudit.org/democracy.htm 9 El concepto de deuda odiosa se aplica cuando cae un dictador que asumió una deuda en contra de la voluntad

popular y/o usó los fondos para reprimir a la población o para la violación de los Derechos Humanos. Esa deuda desaparece entonces con la caída del déspota, ya que es éste y no el Pueblo quien es responsable. Si consideramos el caso de Irak, recordemos que a 31 de diciembre de 2005, Irak adeudaba 182 millones de Euros a CESCE, adquiridos también durante el gobierno de Sadam Hussein. Se trata de un caso típico de deuda odiosa y que no debería ser pagada.

Fuente: www.es.geocities.com


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Además, junto a la promoción de la exportación de armas, CESCE obtiene beneficios a través de los procesos de reconstrucción vinculados con conflictos armados, a pesar de la opinión de la mayoría de las y los ciudadano/as del Estado español que rechazan los negocios de guerra. Irak ha constituido un caso paradigmático a ese nivel. El 17 de noviembre de 2003, CESCE abrió una línea de negocios para operaciones de exportación a Irak, siempre que fueran autorizadas por la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) – organismo unilateralmente establecido en ese entonces por los Estados Unidos – y se ajustaran al esquema establecido por el Trade Bank of Irak (TBI). CESCE actuó también en el marco del Consorcio Operativo de Instituciones Financieras de diversos países que tenía a la Caixa como principal representante del Estado español. Esta institución bancaria, como resultado de las protestas ciudadanas, del cambio de gobierno español, y de la nueva imagen que aspira a transmitir en términos de sensibilidad social, anunció su retirada del consorcio. CESCE continuó en Irak aprovechándose de una invasión ilegítima e intentando obtener beneficios a partir de una situación que rebasa al derecho internacional. Las consecuencias de que CESCE y otros organismos internacionales continúen exigiendo los cientos de miles de millones de USD de deuda iraquí son evidentes. Las condiciones de marginación social y económica de la población se vinculan con las exigencias de agencias como CESCE. Destinar recursos para pagar la deuda ilegítima exigida por CESCE impide destinar los escasos recursos para cubrir las necesidades básicas de la población. APOYO A PROYECTOS QUE VULNERAN EL MEDIO AMBIENTE10 CESCE ha asegurado proyectos con importantes impactos ambientales y sociales en los países destinatarios. Esta realidad ha sido denunciada por diferentes colectivos sociales11 y también ha sido reconocida por entidades como la OCDE12. Resulta difícil realizar una evaluación completa del impacto ambiental global de las actividades apoyadas por la ECA española, debido a la opacidad informativa que le caracteriza. El sistema de evaluación ambiental de los proyectos de CESCE se basa en las directrices obligatorias de la OCDE. Sin embargo, su aplicación tiene importantes carencias. En particular: � No se destinan recursos para evaluar sobre el terreno los proyectos

potencialmente asegurados por CESCE. La ECA española no desplaza técnicos para evaluar directamente los proyectos, entrevistar a los afectados antes de decidir sobre el seguro (a diferencia de otras ECAs europeas o de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que sí lo hacen). Por ello, la evaluación de los posibles impactos de los proyectos solo se basa en la información aportada por la empresa que solicita el seguro, y que está obviamente interesada en realizar la inversión.

10 Véase en el Anexo 2 el listado de proyectos con impactos ambientales y sociales aprobados por CESCE entre

2004 y 2007. 11 Ver www.eca-iberia.org, www.odg.cat, www.quiendebeaquien.org 12 Ver OCDE (2002), Development Assitance Comité (DAC), Development Co-operation Review of Spain, p. 36.


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� No existen protocolos que permitan evaluar los impactos sobre el desarrollo de los proyectos asegurados. Una vez que ha sido aprobado el seguro para un proyecto, no hay un sistema de evaluación directa sobre los impactos reales en las zonas donde ha sido realizado, a diferencia de otras ECAs.

� Personal insuficiente. CESCE dispone únicamente de un técnico (y un

responsable de dirección), apoyado en un programa informático (ECOCHECK), para realizar las evaluaciones ambientales de los proyectos. Este técnico es compartido con los proyectos FAD. Se trata sin duda de una insuficiencia a nivel de personal porque, por ejemplo en el año 2005, se realizaron 330 solicitudes a CESCE. Además, CESCE autoriza seguros en sectores de actividades muy distintos, tales como: sector siderúrgico, energía eléctrica, petróleo o gas. Resulta por tanto difícil pensar que una única persona evalúe proyectos tan diferentes y disponga de conocimientos específicos suficientes para pronunciarse sobre proyectos de ese tipo.

� No existen unidades independientes que aseguren el cumplimiento de las

obligaciones ambientales. Participación de los actores afectados Otro aspecto problemático con CESCE es que no existe una presencia de todos los implicados/afectados por los proyectos asegurado, en la toma de decisiones. Las principales carencias a ese nivel son: � Los proyectos de CESCE reciben una aprobación técnica sin haber

consultado a todos los implicados. CESCE se niega de manera reiterada a permitir la participación en los proyectos de consulta, de actores sociales del Estado español, que también deberían poder pronunciarse, a tratarse de recursos públicos.

� No existen oficinas y/o unidades específicas para hacer reclamaciones

sobre el proceso de decisión. En CESCE, quien evalúa las posibles reclamaciones es el mismo personal que aprobó los seguros.

� No existe información pública sobre el proceso de evaluación de los

proyectos. En particular, no se informa sobre en qué momentos o de qué manera las partes pueden participar en el proceso.

A continuación, exponemos algunos ejemplos de proyectos que han contado con el apoyo de CESCE y que han vulnerado o vulnerarán de manera significativa al medio ambiente.


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La Mega-represa de las Tres Gargantas (China) Este megaproyecto hidroeléctrico cuya construcción a orillas de la ciudad Yichang (Provincia de Hubei) durará 17 años fue iniciado en 1993 y constituirá la presa más grande del mundo. Su altura será de 195 metros, reservará agua por 39’000 millones de m3, tendrá una capacidad de 18.2 millones de KW generando en total una energía eléctrica de 84 millones de KWH/año. Su construcción costará más de 24’000 millones de USD. El proyecto ha recibido apoyo de diferentes ECAs europeas, entre las cuales figura CESCE que brindó apoyo el año 199913.

Los impactos ambientales y sociales del proyecto no tienen precedentes, por lo que se trata de una construcción sujeta a múltiples controversias. Provocará aproximadamente el desplazamiento de más de 1.3 millones de personas, más de 140 núcleos de población serán inundados (en total 630 km2). Miles de reliquias de las culturas chinas serán sumergidas, se producirá una pérdida de vegetación en los entornos y un incremento de la erosión del suelo, así como la pérdida en la calidad del agua, la producción masiva de residuos, la afectación al paisaje natural y la pérdida de especies endémicas14. El 6 de junio de 2006 (año en el cual el número de desplazados rebasó el millón), fue demolido el último muro de contención de la presa. La violencia de la explosión fue aquella necesaria para derribar 400 edificios de 10 plantas y duró 12 segundos.

13 CESCE (1999), Informe Anual, p. 65. 14 Para más información sobre los impactos de la Presa, consultar: http://www.irn.org/programs/threeg/

Fuente: www.irn.org


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La papelera de Indah Kiat en Perawang (Indonesia)15 La empresa Asia Pulp and Paper (APP) es la propietaria de la papelera de Indah Kiat en Sumatra. La planta ha sido financiada mediante una inversión de 500 millones de USD aportada por las ECAs de Finlandia, Dinamarca, Canadá, CESCE, Argentaria y el Banco Exterior de España. En diciembre de 1996 se concedió un crédito de cinco años por un valor de 100 millones de USD a través de un crédito asociado en el que participaban estos dos últimos bancos. En octubre del mismo año, CESCE, conjuntamente con el Banco Barclays de Zoete Wedd y el Bank of America garantizaron créditos por un valor de 14’275 millones de USD. Indah Kiat fue responsable del 40% de la producción papelera de Indonesia durante sus más de 10 años de actividad. Este proyecto se vio implicado en conflictos permanentes debido a la extracción ilegal de madera y a los vertidos de contaminantes. La primera acusación le valió el pago de una multa de 1.4 millones de USD en 1993.

Indah Kiat tuvo además impactos importantes sobre la población local, al ser desforestadas 3’000 hectáreas del territorio de los Sakai. Al dejar de disponer del bosque, la supervivencia de este Pueblo se vio seriamente amenazada. En febrero de 2001, el conflicto se agudizó al producirse violentos conflictos entre los habitantes y los trabajadores que tuvieron un saldo de tres heridos y 52 detenidos16. Por otra parte, la organización ecologista más importante de la zona, WALHI, ha denunciado reiteradamente a Indah Kiat por la utilización de métodos de filtrado de aguas únicamente en los momentos de las supervisiones ambientales, desconectándolos en su funcionamiento ordinario. Como consecuencia de ello, los vertidos de aguas residuales altamente contaminadas provocaron serios impactos sobre la pesca en el Río Siak, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pobladores y empujándolos al abandono de su modo de subsistencia tradicional para incorporarse a la empresa papelera o participar en la tala ilegal de madera. De acuerdo con las declaraciones de un habitante: “cada pescador acostumbraba a pescar una media de 10 kilogramos diarios, ahora los más afortunados pueden pescar como máximo uno o dos kilogramos por día”17.

15 Ver más detalles en: Miquel Ortega (2005), “¿Quién debe a quién en Indonesia?”, Boletín de ODG, enero

(www.odg.cat) y www.environmentaldefense.org 16 www.foe.co.uk/resource/reports/paper_tiger_hidden_dragons.pdf 17 John Aglionby (2001), The Guardian, 26 de junio

Fuente: www.jca.apc.org


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El apoyo de las entidades españolas a la planta, realizado durante la dictadura de Suharto, no solo tuvo los impactos ambientales mencionados. Además, en el año 2001, la propietaria de la papelera se declaró en quiebra, con graves acusaciones de corrupción, dejando deudas por un monto de 13’400 millones de USD. Parte de dicha deuda ha sido exigida bajo la forma de deuda externa por los países que financiaron el proyecto (entre ellos el Estado español mediante CESCE). El adeudo deberá ser pagado por las y los ciudadano/as de Indonesia al finalizar la moratoria, a pesar de ser una deuda adquirida durante la dictadura sin contar con la aprobación de la población. Además, la tala intensiva de los bosques, lejos de enriquecer al país, implicó que dispusiera de cada vez menos recursos, los cuales, gestionados de manera sostenible, podrían haber mantenido la economía sin perjurar a los ecosistemas. Entre 1988 y 1998, en Indonesia se consumieron cerca de 100 millones de metros cúbicos de madera (m3). Puesto que la cuota de mercado de Indah Kiat era de 40 USD, es posible estimar que el consumo de la planta ser acercó de los 40 millones de m3. Los compradores del producto final, en los países enriquecidos lo obtenían a un precio mucho menor al que hubiera provenido de una producción sostenible. Efectivamente, el precio de venta de Indah Kiat en el momento de la quiebra era de 19 USD/ m3. De haber sido gestionada la producción de forma sostenible, el precio se hubiera incrementado hasta 45 USD/ m3 18. Plantas de generación eléctrica con altos niveles de emisiones CESCE apoya el desarrollo de proyectos que pueden tener altas emisiones de dióxido de carbono, contradiciendo los acuerdos internacionales para reducir las emisiones y el compromiso del gobierno español en este ámbito. En ese sentido, podemos citar los siguientes casos, todos ellos plantas de generación de energía eléctrica a partir de carbón: � Proyecto Meizhou Wan (China): Construcción de una planta con una capacidad de

generación de 720 MW. La empresa beneficiaria fue Fujian Pacific Electric Company Limited.

� Proyecto Rizhao Power (China): Planta de con una capacidad de 700 MW. � Proyecto Termopaipa IV (Colombia): Planta con una capacidad de 150 MW. El

financiamiento fue obtenido a partir de Kreditanstalt für Wiederaufbau y el Banco Central Hispano, contando con el soporte de la ECA alemana HERMES y de CESCE.

� La Trinitaria (Ecuador): Planta con una capacidad de 130 MW. CESCE se involucró

con un crédito de 56.34 millones de USD. Otras entidades españolas que participaron son el BBVA, Banesto y la Caixa. Desde su construcción, no se evidenció el mantenimiento de la planta, obviando las recomendaciones de sus propios fabricantes.

18 Ver: www.foe.co.uk/resource/reports/paper_tiger_hidden_dragons.pdf


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Proyectos de papeleras de ENCE en Uruguay Fray Bentos 2002 - 2006 En 2002, la compañía española ENCE inició los trámites para construir en Fray Bentos (municipio costero del Río Uruguay, en la frontera con Argentina), una planta papelera aledaña a aquella proyectada por la empresa sueca BOTNIA (Proyecto Orion). El mega-proyecto español M’Bopicuá comprendía diferentes componentes: � Un incremento de las plantaciones forestales de la empresa en el país � Instalaciones de producción de celulosa de eucalipto, con una capacidad de

500’000 toneladas anuales, lo que implicaba ampliar de 48% la oferta global de ENCE, desarrollada por su filial Celulosa M’Bopicuá (CMB).

� Instalaciones de recuperación energética y generación eléctrica (potencia instalada de 70MW)

� Un conjunto de inversiones complementarias en la Zona Franca: equipamiento adicional de descortezado y astillado de EUFORES, y producción in situ de ciertos productos químicos como el cloro.

Ante la posibilidad de generar considerables impactos socio ambientales, el proyecto enfrentó la oposición del propio gobierno argentino, de los pobladores argentinos y uruguayos, además de una gran diversidad de organizaciones de ambos países y del Estado español. Se apuntó que la realización del proyecto podía constituir una amenaza para la calidad del aire, la salud de las personas, la calidad de las aguas del río, la fauna y las actividades económicas existentes (turismo) en el entorno de la fábrica y en territorio tanto uruguayo como argentino.

Fuente: Estudio de Impactos Acumulativos de la CFI (2005)


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A pesar del marco conflictivo, el gobierno español evaluó desde inicios del año 2006 el apoyo financiero mediante CESCE y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este último elaboró una carta de intenciones contemplando un aporte de hasta 350 millones de USD. La idea era de proveer 100 millones de USD, y que ENCE consiguiese los 250 adicionales por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI). A su vez, CESCE evaluó dar la garantía asegurada por el Estado al proyecto de M’Bopicuá. Las múltiples deficiencias de los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) fueron denunciadas ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), organismo fiscal del Banco Mundial que constituye una figura de protección de potenciales afectados dentro de la (CFI). La CAO concluyó que CFI no había dado una atención adecuada para asegurar que las EIA de ENCE y BOTNIA fueran completadas en todos los aspectos materiales, y que no cumplió con la política de divulgación. No existían evidencias de que hubieran sido considerados los impactos potenciales sobre el turismo y la agricultura de la zona, ni que hubieran sido consultados tanto las empresas como los pobladores potencialmente afectados, particularmente en la ribera argentina. Por otra parte, los EIAs no consideraban de manera conjunta el incremento de los impactos sociales y ambientales que serían generados a partir de la aledaña planta de la empresa BOTNIA. Otros estudios posteriores, a cargo de la CFI también consideraron las deficiencias del proyecto y esta entidad se vio obligada de bloquear el apoyo a ambas empresas hasta la resolución de las demandas.

Argentina denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violación del tratado bilateral del Río Uruguay, puesto que no fue consultada sobre los proyectos. El proyecto de ENCE fue implicado en varias causas abiertas de violaciones de derechos humanos, denunciado ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos. A pesar de constituir un proyecto de Categoría A para CESCE, la información utilizada para evaluar el proyecto por parte de la ECA española se sustentó documentos únicamente entregados por la propia empresa y que fueron señalados por el Ombudsman en tanto que un “incumplimiento” de las Políticas de salvaguardia Ambiental y Social de la CFI y del Banco Mundial. En este caso además, CESCE presentó un grave problema de transparencia, negando constantemente información a las organizaciones del Estado español que la requerían. El trabajo conjunto de una gran diversidad de organizaciones a nivel bi-nacional e internacional, así como la resistencia popular lograron que el nuevo presidente de ENCE renunciara al proyecto en septiembre de 200619.

19 No obstante, ENCE se plantea una nueva planta de mayor volumen en la zona de Conchillas (Colonia, Uruguay).

Información detallada sobre la Campaña Internacional contra la papelera de ENCE puede ser consultada en: http://www.debtwatch.org/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=438

Fuente: www.quiendebeaquien.org


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Punta Pereira 2007-2008 En 2007, ENCE presentó un nuevo proyecto de planta de celulosa en Uruguay, esta vez en Punta Pereira (Colonia) y con el doble de capacidad de producción que aquella de Fray Bentos (más de un millón de toneladas por año). En el Estado español, varias entidades financieras autorizaron créditos apoyando el nuevo proyecto. Para el financiamiento de esta planta, ENCE firmó a principios del mes de abril de 2008 un crédito sindicado con el BBVA, la Caja Madrid, el Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto. Estas entidades participan como directoras y aseguradoras, mientras que la Caixa General de Depósitos actúa como mandatario. El crédito tiene un importe de 1.075 millones de euros, de los cuales 690 millones de euros serán destinados a la construcción y el abastecimiento de la planta de ENCE en Uruguay. Por otra parte, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) evalúa desde el mes de octubre de 2007 apoyar el proyecto con fondos públicos. Nuevamente, el proyecto se enfrenta a la oposición de organizaciones sociales y ambientales, así como de productores rurales de la zona potencialmente afectada. Estos actores sociales subrayan los importantes impactos sociales, económicos y ambientales que representa el proyecto de ENCE. Así, organizaciones de distintos puntos de Uruguay se presentaron el 1 de abril de 2008 en una Audiencia Pública -organizada por el gobierno uruguayo para que la empresa española presentase su proyecto a la población- para manifestar su total oposición a la instalación de una fábrica de celulosa. Tras un exhaustivo examen del estudio de impacto ambiental presentado por ENCE, las organizaciones y grupos uruguayos concluyeron que éste era no solamente incompleto, pero que además contaba con graves errores metodológicos, al considerar únicamente aspectos positivos sin evaluar los impactos de la forestación.

Este punto resulta fundamental, ya que la planta requiere de materia prima que será producida en Uruguay, extendiendo las plantaciones de árboles de manera considerable. Entre las razones que motivan la oposición a los monocultivos, se debe mencionar los impactos ambientales ya constatados desde hace varios años de las plantaciones de eucaliptos a gran escala de las que ENCE ya dispone en Uruguay. La aprobación de la planta de celulosa implicará sin lugar a dudas, el aumento de estas

Fuente: World Rainforest Movement (www.wrm.org)


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plantaciones. La empresa no comunicó el plan de forestación necesario para alimentar la fábrica. Este hecho inquieta particularmente a los productores rurales. De acuerdo con éstos, el proyecto de forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos. Por otra parte, el número de empleos fijos generados tampoco representa posibilidades de desarrollo en la región puesto que serán únicamente 300, una vez terminado el periodo de construcción de la fábrica de celulosa. Además, toda la cadena productiva está exonerada de impuestos, instalando la fábrica en una zona franca y un puerto franco. La fabricación de celulosa conlleva asimismo la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias. El tema de la escala de este megaproyecto no es menor ya que cualquier posible accidente va a tener impactos sobre la región. Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones y productores uruguayos es la falta de información sobre la fabricación y manipulación de productos químicos necesarios para la producción de celulosa. La empresa ENCE se considera -según su Página Web- líder mundial en la producción de celulosa blanqueada con tecnología TCF (totalmente libre de cloro), pero contradictoriamente a esto para Uruguay anuncia que utilizará la tecnología ECF (libre solamente de cloro elemental) justificando su propuesta por la demanda del mercado y no por las consecuencias ambientales de las técnicas empleadas. El hecho de que CESCE contemple la posibilidad de asegurar el proyecto de ENCE, y que el Estado español prevea apoyar con fondos públicos españoles (mediante el ICO) demuestran una gestión irresponsable de los fondos públicos. Existe una red de organizaciones de la sociedad civil uruguaya, argentina y española que se coordina actualmente en la oposición al proyecto.

Fuente: www.quiendebeaquien.org


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RECOMENDACIONES GENERALES20 Eca Watch21 Existe una red de ONGs a nivel internacional que trabajan temas como medioambiente, desarrollo, derechos humanos y anticorrupción, y cuyo objetivo se ubica en el monitoreo y reforma de las ECAs a nivel global: Eca Watch. Los objetivos y las demandas de la red se recogen en la “Declaración de Djakarta Para la Reforma de las Agencias Oficiales de Crédito a la Exportación y Seguro de Inversión” (2000), que fue respaldada por más de 300 ONGs. En dicha Declaración se exige:

� Transparencia y acceso público a información y consulta a las ECAs y la OCDE. � La adopción de directrices sociales y ambientales obligatorias comunes y

estándares no más bajos ni menos rigurosos que los procedimientos y estándares internacionales ya existentes en los organismos financieros públicos internacionales tal como los del Grupo del Banco Mundial y del Comité de Apoyo al Desarrollo de la OCDE.

� La adopción de criterios explícitos sobre el respeto de los derechos humanos en

todas las operaciones de las ECAs.

� La adopción de directrices y criterios obligatorios para acabar con la incitación a la corrupción por parte de las ECAs.

� La adopción de un compromiso para financiar tan sólo inversiones productivas.

� La adopción de una condonación efectiva de la deuda de los países en vías de

desarrollo por parte de las ECAs. A continuación consideraremos algunas recomendaciones generales que se podrían establecer en torno a los mecanismos de funcionamiento de una ECA como CESCE, y que se sitúan en relación con el trabajo desarrollado por Eca Watch. Transparencia, participación y consenso Actualmente es imposible conocer ni a priori ni a posteriori el conjunto de proyectos que han sido apoyados por organismos públicos del Estado español como CESCE, con recursos públicos. Pareciera que en el Estado español, en ocasiones, las normas de protección de la información industrial estuvieran por encima de los derechos de los ciudadanos a conocer a qué se destinan los recursos públicos. De manera creciente, tanto gobiernos como el sector privado toman conciencia de que las grandes infraestructuras, o inversiones directas en el exterior, que no tienen un

20 Para un desarrollo más detallado de este apartado véase: Ortega, M. (2007) “¿Debe ayudar el Estado a las

transnacionales españolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la internacionalización”, Muñoz Moya Editores Extremeños, Sevilla.

21 http://www.eca-watch.org


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apoyo local, presentan un alto riesgo de fracaso, generando importantes conflictos sociales. El consenso internacional que se está generalizando, mediante guías y “buenas prácticas”22 es que las comunidades afectadas deben ser reconocidas como poseedoras de derechos. Por ello es necesario obtener su consentimiento en aquellos proyectos y programas que afectan directamente a sus entornos de vida. Además este consentimiento se ha de obtener mediante mecanismos de obligado cumplimiento y a través de la negociación23. Muchos de estos elementos que aseguran una mejor gestión de los apoyos a la inversión directa al exterior por ahora son obviados por las entidades de apoyo público financieras españolas. Financiación internacional El Banco Mundial, y otros bancos de desarrollo, han introducido salvaguardas ambientales y sociales. Muchas de ellas requieren que los promotores de los proyectos consulten a las comunidades afectadas y promuevan su participación. Por ejemplo, la participación informada y un “amplio apoyo de la comunidad” se requieren cuando los proyectos afectan a las comunidades indígenas (en cumplimiento de la Política operacional 4.10 de Poblaciones Indígenas24. Más recientemente, en febrero de 2006, la Corporación Financiera Internacional (CFI), ha adoptado una nueva política “Sostenibilidad Ambiental y Social”, que también requiere asegurar que los proyectos que tengan impactos negativos significativos tengan “un amplio apoyo de las comunidades"25. Igualmente la IFC ha adoptado un nuevo conjunto de estándares de funcionamiento, donde se enfatiza la necesidad de realizar un procedimiento participativo en la evaluación ambiental y en los procesos de desplazamiento de población. Por otra parte, se enfatiza la necesidad de establecer negociaciones con los afectados, incluyendo las poblaciones indígenas, y se establece que un buen resultado de estos procesos de negociación incluye un “memorandum de entendimiento, el establecimiento de unos principios compartidos y unos acuerdos por escrito"26. Ámbito de las grandes represas En lo que se refiere a los proyectos relacionados con la gestión del agua, la Comisión Internacional de grandes represas (International Commission on Large Dams -ICOLD), define que un grupo industrial requiere que “todos los proyectos sean planificados, implementados, y ejecutados con consenso claro de la población afectada27. El acuerdo para represas de generación eléctrica de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) diseñado en conjunción con la industria y bajo el apoyo de la OCDE igualmente enfatiza los procesos de participación en la toma de decisiones como un aspecto clave y establece que “minimizar los impactos sociales negativos en colectivos vulnerables requiere que las comunidades locales quieran

22 Muchas de ellas son nuevas y por tanto aun debe verse si consiguen los objetivos planificados, en cualquier caso

son mejoras respecto a la situación anterior que deben tenerse en consideración. 23 Por ejemplo el Consejo Europeo y la Comisión Europea, como parte del documento Second Northern Dimension

Action Plan, estableció: “Se debe reforzar la atención prestada por los miembros del norte a los derechos de las comunidades indígenas, en particular en lo referente a las actividades económicas, y en particular en relación con la industria extractiva, con la finalidad de proteger sus derechos inherentes a la auto-determinación, derechos sobre el territorio y derechos culturales de las comunidades indígenas de las regiones afectadas”. European Union, Second Northern Dimension Action Plan 2004–06, 18 Octubre 2003. Disponible en: http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/ndap/ap2.htm

24 World Bank, Indigenous Peoples, Operational Policy 4.10, parte. 1, adoptado en julio 2005. 25 International Finance Corporation, Policy on Environmental and Social Sustainability,

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/SustainabilityPolicy 26 International Finance Corporation, Performance Standard 7, párrafos 13,14,15, disponible en

http://www.ifc.org/ifcext/environsf/Content/PerformanceStandards 27 International Commission on Large Dams (ICOLD), Position Paper on Dams and Environment, 1997, p. 13,

http://www.icold-cigb.org/chartean.html


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participar en el desarrollo del proyecto hidráulico... también es necesario que se dé el suficiente tiempo a las comunidades para asimilar y pensar en las consecuencias del proyecto y para poder definir de forma consensuada las condiciones por las cuales estarían preparadas por proceder con el proyecto en cuestión"28. Las prioridades estratégicas de la Comisión Mundial de Represas (The World Commission on Dams' - WCD's) también tratan de impulsar que las represas tengan una aceptación pública demostrable y, en el caso de las comunidades indígenas, consentimiento libre e informado y a priori, garantizado mediante procesos de decisión transparentes y participativos29. Ámbito de las industrias extractivas En el sector de la minería, el informe de Revisión de las Industrias Extractivas realizado por el Banco Mundial, recomienda que todos los proyectos deberán ser autorizados bajo un consenso “libre, previo e informado"30. Por otra parte, en lo que se refiere al apoyo público bilateral se observan comportamientos que nos muestran que en el Estado español no se aplican los principios más básicos que son perfectamente compatibles con el entorno internacional. A diferencia de las entidades españolas, muchos organismos en otros países realizan regularmente “viajes de trabajo de campo” para verificar que se dan las condiciones para apoyar las inversiones, visitando las comunidades afectadas por los proyectos. Algunas de ellas ahora están empezando a hacer un paso más adelante y planifican estas visitas conjuntamente con ONGs locales e internacionales. Así, el Estado español demuestra un visible rezago frente a la gran diversidad de iniciativas existentes, incluso en cuanto al cumplimiento de los acuerdos mínimos establecidos por la OCDE31. En particular hay aspectos legislativos relacionados con la transparencia que hace falta modificar urgentemente. En efecto, las guías actuales consensuadas en la OCDE para las Agencias de Crédito a la Exportación se han demostrado insuficientes para conseguir no producir impactos negativos en los países dónde se produce la inversión32 Tampoco han podido garantizar unos adecuados procesos de información, participación y consenso. Además, no establecen unos mínimos sobre la calidad de la consulta realizada en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos con mayor potencial dañino, dejando todo en manos del promotor del proyecto. Finalmente debe señalarse que las normativas actuales bajo la cláusula de confidencialidad ofrecen la posibilidad a las Entidades de Crédito a la Exportación de obviar los mínimos establecidos, con únicamente comunicarlo al Secretariado del Grupo de Exportación de la OCDE.

28 International Energy Agency Implementing Hydropower Agreement for Hydropower Technologies and

Programmes, Hydropower and The Environment – Present Context and Guidelines, Annexe III, Volume 2. Main report. http://www.ieahydro.org/Environment/HyA3S5V2.pdf

29 World Commission on Dams, Dams and Development: A New Framework for Decision Making, Earthscan, 2000, pp. 210 and 281.

30 World Bank, Striking a Better Balance, Final Report of Extractive Industries Review, December 2003, http://www.eireview.org/

31 OECD Export Credits Group’s 2003 “Recommendation on Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits”.

32 Ver www.eca-watch.org para encontrar numerosos casos conflictivos.


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Algunos de los aspectos que deberían incorporarse en estos mínimos comunes para las Entidades de Crédito a la Exportación de la OCDE - entre las cuales se encuentran CESCE, son los siguientes33: � Asegurar mecanismos para que garanticen que las comunidades afectadas han sido

consultadas y plenamente informadas de los impactos de los proyectos, y han sido involucradas de manera activa en el proceso de toma de decisiones de las evaluaciones ambientales y de la planificación de mitigación y desplazamientos

� Modificar los mecanismos de gestión para garantizar que como mínimo se realicen

consultas públicas � Exigir que todos los proyectos con importantes impactos ambientales y sociales

cuenten de manera demostrable con una aceptación pública, y un amplio apoyo de la comunidad, evidenciado, por ejemplo, mediante acuerdos negociados con los representantes de las comunidades. Los representantes de las comunidades deberán de ser identificados vía los sistemas locales existentes de representación política y deben ser reconocidos como portavoces legítimos de las comunidades.

� Para el caso de poblaciones indígenas, adoptar un instrumento político adecuado

que asegure que los derechos de las comunidades indígenas son plenamente respetados y que asegure que los promotores del proyecto obtienen su consentimiento de manera libre e informada a través de sus representantes escogidos libremente y de manera respetuosa con sus tradiciones y costumbres.

Igualmente la red ECA-Watch recomienda que las Agencias de Crédito a la Exportación hagan pública una evaluación propia, independiente, del proceso de consulta y acuerdos negociados con las comunidades indígenas realizados por los promotores del proyecto Salvaguardia de los derechos humanos Existen metodologías diseñadas por asegurar que no se produzcan vulneraciones de los derechos humanos en los proyectos apoyados con recursos públicos. Estos mecanismos se fundamentan en la aplicación sistemática de la evaluación y el control del respeto de los derechos humanos como parte de la evaluación de los proyectos34. Actualmente algunos actores argumentan que la evaluación de los impactos sobre los derechos humanos de los proyectos está incluida en la evaluación política del riesgo. Antes de cada proyecto las agencias públicas evalúan el nivel de riesgo político del país receptor y el riesgo político del proyecto. En el riesgo político del país receptor se incluyen aspectos como las desigualdades del país, las actitudes del gobierno ante la inversión directa exterior, la relación entre el inversor y el gobierno, la corrupción, la estabilidad del gobierno, los mecanismos de resolución de discrepancias, el riesgo de violencia política, estabilidad monetaria, riesgo de expropiación, etc. Dentro de esta evaluación se pueden incluir algunos aspectos relacionados con los derechos humanos, como por ejemplo la existencia de desplazados, los conflictos históricos similares, la legitimidad del gobierno, conflictos étnicos o religiosos, etc.

33 Hildyard, N. (2006). ECAs and the Licence to Finance. Consultation, Participation and the OECD’s

Recommendation on Common Approaches. Briefing note 3. European ECA Reform Campaign. 34 Se pueden ver algunos ejemplos en: Halifax Initiative Coalition, working group on EDC (2004). Risk,

responsibility and human rights: taking a rights-based approach to trade and project finance.


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En la evaluación de los riesgos políticos del proyecto se estudian aspectos como las relaciones con las poblaciones potencialmente afectadas, los costes y beneficios para las comunidades locales, etc. El riesgo político es la suma del riesgo político del país y del riesgo político del proyecto. Cuánto más alto es el riesgo político más duras serán las condiciones para la empresa privada para conseguir la financiación o el seguro35. Estas evaluaciones de riesgo político no son suficientes para asegurar que no se produzcan impactos negativos sobre los derechos humanos por varias razones. Los mecanismos financieros de apoyo a la internacionalización también pueden tratar algunos aspectos relacionados con los derechos humanos de manera colateral mediante las evaluaciones de impacto ambiental que se piden a algunas de las inversiones. Este conocimiento es, no obstante, insuficiente y muy parcial, puesto que las evaluaciones de impacto ambiental se centran principalmente en aspectos ambientales clásicos como los hábitats naturales, la diversidad biológica, la hidrología, calidad del agua o impactos sobre la salud, etc., pero pocas veces se refieren a los impactos sociales y económicos de manera detallada. Lucha contra la corrupción Tal como se señaló anteriormente, la posición de la ECA española es de rezago importante en términos de la lucha contra la corrupción. Un reciente informe de la OCDE36 observa que es correcto que CESCE limite la cobertura de proyectos donde la comisión de los intermediarios sea de 5% de la contratación. Sin embargo, destaca algunos aspectos negativos. En primer lugar, si bien CESCE solicita la firma de una declaración de los empresarios españoles conforme conocen el Convenio contra la Corrupción y se comprometen a no corromper, los compromisos de la OCDE establecen que los demandantes y/o el exportador deberían solicitar que ni las empresas ni ningún ente que actúe en su nombre, hayan sido involucrados en actos de corrupción. De forma tal, que la declaración debe comprometer también a los agentes que actúen en nombre de los solicitantes. Actualmente, CESCE no exige tal compromiso. Por otra parte, el Informe de la OCDE propone medidas anti-corrupción cuya aplicación en el Estado español podría articularse con medidas tales como, por ejemplo: � Agentes y comisiones: proporcionar la información al público de manera preactiva

y sistemática, no únicamente condicionada a solicitud expresa de la ciudadanía. � Historial de corrupción: en la identificación del historial de los exportadores, no se

exige que la ECA compruebe la información a partir de fuentes internas nacionales (se contempla únicamente la lista de empresas penalizadas por los principales organismos financieros internacionales). Tampoco existe la obligación para el exportador de informar sobre si ha enfrentado problemas de corrupción por parte de empresas sub-contratadas o en Joint Ventures u otro tipo de asociación vinculada con la inversión.

� Sanciones a la corrupción: se requieren medidas correctivas y preventivas internas.

� En términos del nivel de evidencia en caso de corrupción, se debería considerar también la información en caso de sospecha de corrupción.

35 En ocasiones valoraciones políticas pueden alterar estas prácticas, en este caso el gobierno decide

“subvencionar” la transacción por ejemplo para promover determinados sectores industriales. En el caso español algunas operaciones navales y militares posiblemente se pueden incluir en estas condiciones.

36 OECD.Directorate for financial and enterprise affairs. Spain: phase 2. Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and the 1997 recommendation on combating bribery in international business transactions. March 2006.


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ANEXO 1 Operaciones de CESCE que se articulan con la venta de armamento a países en conflicto, por orden cronológico: � 1974: Astilleros Bazán. Venta a Argentina. Importe total aproximado 55 millones

de USD. � 1977: Operación de construcción naval (probablemente militar). Venta a Argentina.

Importe 143,1 millones de USD. Hace falta destacar el contexto histórico en que se hizo esta operación apoyada por el Estado español. Entre 1976 y 1983, Argentina vivió su etapa más terrible. Las dictaduras militares (Videla, Viola, Galtieri y Bignone) que se sucedieron en aquellos años fueron las más violentas. La violación sistemática de los derechos humanos y la acumulación de deuda externa fueron el legado de los gobiernos militares.

� 1980: 71 camiones de ENASA. Venta a Chile. Importe: 4 millones de USD. En esta

época Chile estaba sometido a la dictadura de Pinochet dónde no se reconocía el estado de derecho. Aquel mismo año se aprobó una Constitución, el proceso fue realizado sin la existencia de un censo electoral, y fue criticado por numerosos organismos internacionales por la carencia de seguridades jurídicas.

� 1984: 5 aviones de la compañía CASA en Colombia. Se asegura por un valor total de 14,8 millones de USD. Colombia es ya en aquellos momentos un país con alta conflictividad militar y social.

� 1999: Venta de armamento de la compañía CASA a Costa de Marfil por un importe

de 16,5 millones de USD. El 25 de diciembre de 1999 se produjo un golpe de estado, el primero del país, y subió al poder el general Robert Guéï.

� 1981: Venta de camiones de ENASA a Egipto por un importe total de 180 millones

de USD. � 1982: Venta de camiones de ENASA a Egipto por un importe total de 279 millones

de USD. � 1982, 1983 y 1984 venta de camiones, autobuses, etc de ENASA, Bazan,

Santasana, Santa Bárbara a Egipto por los siguientes importes: 496; 167; 12,8; 24; 81; 319; 109,8 millones de USD.

� 1989: Modernización de carros de combate para Eslovaquia por un importe de 75,5

millones de USD. � 1997: Patrulleras Bazán para Filipinas por un importe de 261,8 millones de USD. � 1989: 2 aviones de la compañía CASA vendidos a Lesotho. Importe de 10,8

millones de USD. En el momento de la venta el país estaba dirigido por la junta militar comandada por Justin Metsing Lekhanya, que derrocó al entonces primer ministro Leabua Jonathan el año 1986. A su vez Justin fue derrocado el año 1991

� 1978: Patrulleras. Venta a Marruecos. Importe 197 millones de USD.


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� 1989: 2 aviones de la compañía CASA vendidos a Papúa Nueva Guinea. Importe de 31,3 millones de USD. El país se encontraba en un momento de alta conflictividad, en el periodo 1988-1997 se produjeron más de 20.000 muertes por el conflicto nacionalista de la isla de Bougainville.

� 1974: Venta al Perú. Astilleros Bazán. Importe total aproximado 5 millones de

USD. � 1997: Patrulleras y aviones en Sur África. Aproximadamente 660 millones de USD. � 1997: 2 Aviones y 8 patrulleras en Surinam. Importe total 37 millones de USD. � 1991: Venta de 52 aviones CASA a Turquía. Importe total 565 millones de USD. � 1999: Patrulleras Bazán. Venta de armamento a Venezuela. Importe total

desconocido. La presidencia de Hugo Chávez se caracteriza en este periodo por tener un periodo de conflictividad interna importante, coincidiendo con un referéndum planteado por él mismo para reformar la Constitución de Venezuela.

� 2000: Venta apoyada por CESCE del nuevo parque móvil destinado a la policía de

Ecuador. El coste total de la compra de armas y el aseguramiento fue de 5.7 millones de USD.

� 2001: Venta apoyada por CESCE del sistema integrado de control para la policía de

Ecuador. El coste total de la compra de armas y el aseguramiento fue de 14.3 millones de USD

� 2003: Venta apoyada por CESCE de un avión CASA CN-235-300 al ejército de

Ecuador para el control de costa. El coste total de la compra de armas y el aseguramiento fue de 24 millones de USD.

� 2003: Venta apoyada por CESCE de tres lanchas oceánicas al ejército de Ecuador

para el control de la costa. El coste total de la compra de armas y aseguramiento fue de 36 millones de USD.

� 2005: CESCE apoya una operación de venta de aviones y barcos a Venezuela, en

un periodo dónde no hay control parlamentario del presidente Chávez – la oposición no se presentó en las elecciones anteriores por considerar que el proceso de elección no garantizaba los mínimos democráticos. La operación es desmantelada parcialmente en último momento por los Estados Unidos, que se niegan a suministrar una parte de los componentes básicos del armamento de aviación. La parte naviera sigue adelante.

� 2006: CESCE apoya la venta de 12 aviones C295 de la empresa CASA-EADS y la

modernización de ocho aviones P-3 en Brasil, por un importe global de 699 millones de USD. La operación cuenta también con el apoyo de ICO. Es una de las operaciones más importantes de los últimos años en el mercado internacional.


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ANEXO 2

Proyectos apoyados por CESCE en el periodo enero de 2004 – marzo de 2007 de alto impacto ambiental y social

PROYECTOS DE CATEGORÍA A: los proyectos de categoría A son aquellos con un riesgo más alto de importante impacto ambiental, ya sea por el sector de actividad del proyecto o por situarse en un zona ecológicamente sensible. Año País Exportador Proyecto

2007 Filipinas Construcción de 2 centrales mini-

hidráulicas en el Río Sibulan

2007 Turquía Alstom Power S.A. Suministro e instalación de equipos hidroeléctricos para la presa de

Seyrantepe

2007 Chile UTE Técnicas Reunidas

– ESPINDESA

Ampliación de Plantas de Ácido Nítrico y Nitrato de Amonio

(Panna4)

2006 República Dominicana Elecnor

Línea eléctrica 345 kV Santiago-Santo Domingo

2006 México Molino de alambrón

2006 México Planta de fabricación de Lámina Rolada en Frío, Galvanizada y/o

pintada

2006 Chile Ampliación plantas de ácido nítrico y nitrado de amonio (Panna 4)

2006 Galápagos (Ecuador)

Proyecto de Agua Potable para la provincia de Galápagos

2006 México Reconfiguración de la Refinería General Lázaro Cárdenas de

Minatitlán. Veracruz 2005 Egipto Gamesa Eólica, S.A. Parque eólico “Zaafarana”

2004 Irán Intecsa HUDE Industrial, S.A.

Planta de oleafinas en Bandar Assaluyeh (9º complejo)

2004 Gabón NECSO entrecanales y

cubiertas, S.A.

Acondicionamiento de 159 km de la carretera Lambarene-Maniengue

hacia Mouila

2004 Venezuela ELECNOR, S.A. Línea de transmisión de La Horqueta a S/E Calabozo y ampliación de la subestación

2004 México Gorostidi, S.A. Subministro y montaje de una máquina para fabricar papel y

cartón

2004 Chile Técnicas Reunidas, S.A. Proyecto de hidrocraking y unidades

asociadas para la refinería de Talcahuano

2004 Turquía

Técnicas Reunidas, S.A.

Planta de hidroprocesamiento de diésel y queroseno en la refinería de

Kirikkale


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PROYECTOS DE CATEGORÍA B Categoría B: Los proyectos con un impacto ambiental inferior a los proyectos de categoría A, por norma general limitados a la zona del propio proyecto, se llaman de clasifican como de tipo B. Año País Exportador Proyecto

2007 Túnez MADE Tecnologías Renovables S.A.

Parque eólico de 26 aerogeneradores

2006 México Consorcio (CAF, INDRA, ELECNOR, OHL, ALCATEL)

Acondicionamiento de la línea y prestación de servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la ruta

Cuatitlán - Buenavisat

2006 Venezuela Ramón Vizcaíno Internacional SA

Montaje de 14 centro para el desarrollo de la pesca artesanal

2006 Rep.

Dominicana

Consorcio MERCASA – ICATEMA

CONSULTING Srl Mercado central mayorista

2006 China Balfour Beatty Rail

Ibérica S.A. Renovación de la transmisión eléctrica de

ferrocarril Tianjin-Sheyang

2004 China Subministro de equipo para la planta de

gas natural de Xian – Fase II


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ANEXO 3

Lista de los colectivos y organizaciones que conforman a la Campaña por la abolición de la deuda externa y el reconocimiento de la deuda ecológica “¿Quién debe a Quién? (www.quiendebeaquien.org) Acsur-Las Segovias Alternativa Universitaria de Valladolid Amigos de la Tierra – Estado español ARA, l’Assemblea Revolucionària d’Artés Asociación de Estudiantes de Medicina para la Cooperación y el Desarrollo (IFMSA-Spain) Associació de Cooperació per la Pau Associació per el Desenvolupapmnet i la Integració Beni Snasen de Catalunya ATTAC- Catalunya ATTAC-Madrid Àgora Nord - Sud Comité de Suport al MST de Barcelona Confederación General del Trabajo (CGT) Consell de la Joventut de Barcelona Coordinadora ONGD de Asturias Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell Cristianos de Base de Madrid Derechos para Tod@s Dones x Dones Ecologistas en Acción Educació Sense Fronteres Enginyeria sense Fronteres Entrepobles Espacio Alternativo Espacio Horizontal contra la Guerra Federació catalana de ONG pel Desenvolupament Foro Social de Tomelloso

IEPALA Intersindical Alternatica de Catalaunya (IAC) JERC Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Justicia y Paz Mans Unides Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya Mon3 Observatori DESC Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional) ONU Veto NO Paz Ahora Plataforma 0,7 Estatal Proyecto Cultura y Solidaridad Red África - Europa Red Ciudadana Por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE/XCADE) SED - Solidaritat, Educació i Desenvolupament Servei Civil INTERNACIONAL - Catalunya SETEM Verdegaia Veterianarios Sin Fronteras Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització

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