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Honduras 2014:- El liderazgo de la dictadura oligárquica se legitima

con una oposición política incoherente en un campus de temor,

Inseguridad e incertidumbre.

*Roberto Briceño Jiménez.

El 27 de enero asumió la Presidencia del Gobierno Juan Orlando Hernández, el segundo en

la sucesión de gobernantes después del golpe de Estado. Desde que el Tribunal electoral lo

declaró ganador de las elecciones con un 34% de los votos, asumió la organización del

gobierno. Con las comisiones de Organización apartó de sus funciones al Gobernante

anterior y a sus Secretarios de Gobierno. Hizo que el Congreso en tiempo extraordinario ,

aprobara un conjunto de decretos leyes incluyendo el decreto de las Zonas Especiales de

Desarrollo, el 12 de diciembre hizo sustituir y elegir cuatro magistrados de la Corte

Suprema de Justicia específicamente los que constituyen la sala de lo referente a la

Constitución, que habían fallado interpretando inconstitucional el Decreto de las ZEDES y

usurpando funciones del nuevo Congreso de Diputados que se constituiría el 25 de enero de

2014, ratificó y eligió nuevos representantes de los partidos políticos en el Tribunal

Supremo Electoral, y los directivos del Registro Nacional de las Personas, excluyendo al

Partido Libertad y Refundación, que resultó II fuerza política de acuerdo con el resultado

oficializado por el Tribunal Supremo Electoral, también al Partido Anticorrupción. El

anterior congreso además eligió Procurador y Sub procurador, Fiscal y Fiscal General

Adjunto, todos estos organismos de gobierno son funcionalmente operantes para ejercer

autoridad y asegurar la continuidad relativamente estable del régimen.

Los resultados electorales oficializados por el Tribunal Electoral muestran cambio de las

relaciones en el sistema de partidos aparentemente habría sido modificada la relación

predominante del bipartidismo tradicional, al situar en la tercera posición al Partido Liberal

con la emergencia del Partido LIBRE en segunda posición . Sin embargo, la élite política

hizo acuerdos para imponer el bipartidismo tradicional, en la organización y dirección del

gobierno situando a los partidos de oposición en una minoría parlamentaria imponiendo el

predominio centralizado bajo control del gobernante.

El Gobernante concentra el liderazgo de todos los organismos de gobierno, y presenta la

apariencia de un régimen legitimado con fuerzas de oposición debilitadas y dispersas en

dos escenarios: El Congreso, los partidos políticos de oposición y el movimiento social

limitado a movilizaciones y protestas eventuales.

*Profesor de Sociología del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH

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En las facultades de gobernar están concentradas en la autoridad del gobernante incluyendo

el Congreso donde la oposición ha sido reducida a minoría siendo minoría por acuerdos

políticos entre el liderazgo de las élites del bipartidismo Nacional – Liberal sumando la

participación nominal de la representación minoritaria de la UD y el PDC.

La organización burocrática se basa en criterios de parentesco y partidario haciendo

protagonistas a los partidos minoritarios leales al régimen: La DC la UD y el Partido

Liberal.

Progresivamente el gobernante ha cooptado para si todos los organismos de gobierno

central y subcentral, incluyendo las organizaciones sociales no gubernamentales, de la

empresa privada y las representaciones de la Confederación de Trabajadores de Honduras,

CTH.

La fragmentación y dispersión de las fuerzas sociales y partidos de oposición al régimen ha

fortalecido la posición autoritarita ría del líder del bloque en el poder oligárquico, tanto

que para asegurar su continuidad anticipa cambios de organismos de control social y

político, limita o elimina potenciales obstáculos y pretenden institucionalizar organismos

represivos bajo su mando directo para imponer su continuidad en la Presidencia del

régimen.

El Gobierno con legitimación mediática.

La campaña mediática de propaganda para sostener la legitimidad de la actuación

gubernamental es constante con los medios de mayor cobertura. Los mensajes de contenido

demagógico tienen el sentido de aparentar eficiencia del gobierno en las políticas y

medidas que declara en sus programas y proyectos focalizados:

El Programa enunciado es “Con chamba vivís mejor” es la continuidad de una política

focalizada de empleo, adicional a la de empleo por hora que al mismo tiempo que tercer

iza el empleo por concepto de flexibilidad laboral, precariza condiciones laborales.

El Programa fue aprobado por Decreto Ejecutivo publicado el 28 de febrero de

2014.Los objetivos del Programa clasifica e incluye cuatro categorías de

beneficiarios:

a, Jóvenes que no estudian ni trabajan;

b. Jefes de hogar desempleados y en situación de pobreza.

c. Personas con discapacidades

d. Los desempleados que no han podido encontrar trabajo formal.

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Es probable que está específicamente focalizado e identifica las categorías de

beneficiarios habría que valorar los medios y las condiciones de operación o

ejecución de la política. El artículo 7 del Decreto especifica que los recursos

serán los del “Fondo de Solidaridad y protección social para la reducción de la

pobreza extrema” Es coherente con la categorización focalizada de los

beneficiarios, sin embargo, la inversión es de publica a privada las empresas

seleccionadas participantes en el programa reciben los recursos. De modo que

el Gobierno invierte recursos públicos en la empresa privada para crear

empleos.

El gobierno hace inversión para el sector privado en beneficio de la

reproducción y acumulación del capital, simultáneamente el régimen se

legitima y reproduce por el problema del desempleo, la demanda de trabajo y

la pobreza creciente. Un reporte de Bessy Lara en Diario La Prensa el 12 de enero de

2014, describe los indicadores laborales siguientes: “El Congreso legislará para que el

empleo por hora sea permanente “cita un informe del COHEP e indica que en el país el

28.6% de los jóvenes se dedican solo a estudiar, mientras el 45% está dividido entre los que

solo trabajan y los que estudian y trabajan al mismo tiempo. El resto, 26.4%, no estudia ni

trabaja, del que el 80.3% son mujeres y el 19.7% son hombres”. Citando a la Directora

Regional de Trabajo con sede en San Pedro Sula informa que en los días del mes citado ha

aumentado en 15% la frecuencia de visitantes a la Secretaria en busca de empleo. Continua

citando a Jorge Bográn, Secretario de Trabajo quien informa que unas 11,117 empresas

contratan empleo por hora y considera que el 76% de las plazas son ocupadas por

trabajadores jóvenes”.

En reporte de la Presidencia de la República el secretario de Trabajo, Carlos Madero,

informa que durante el año ha creado “146 mil empleos en 2014 se han derivado de la

cohesión de las políticas de Gobierno y el sector empresarial en su conjunto, pues

solamente con el programa “Empleo por Hora” se ha brindado la oportunidad para 80 mil

personas; 33 mil “Con Chamba Vivís Mejor” y los restantes a través de la reactivación del

sector agroalimentario, turismo y la apertura de los call center en Tegucigalpa y San Pedro

Sula”, Si el dato fuera cierto el programa habría incorporado a los 141,724 desempleados

que informa el INE en la Encuesta de Hogares de mayo de 2013 y adicionalmente habría

incorporado unos 4, 000 nuevos empleados.

El empleo por hora suma al problema de subempleo es equivalente a subempleo visible. El

dato oficial es dudoso que efectivamente se haya creado ese número de vacantes, es

probable que sea sumatoria de datos variables por la movilidad e inestabilidad laboral que

impone el modelo; considerando que la economía no ha crecido y por la reducida inversión

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pública y privada, se mantiene en indicadores con balances negativos y relativamente

constantes con el agravante del aumento sin precedentes del endeudamiento público interno

y externo sin precedentes en la historia del país. El problema se expande con los despidos

masivos por la privatización de las empresas u organizaciones de servicios públicos.

El “empleo por hora” reduce la presión por demanda creciente de trabajo mantiene en

situación de inseguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras, es una condición de

sumisión y sobrexplotación del trabajo que contribuye con la creciente acumulación de

capital.

En el país el 89% de la población en edad de trabajar tiene problemas de empleo situados

en las categorías de “desocupados” subempleados visibles” y sub empleados invisibles”

entre los desocupados un 9% son “desalentados” estos son los que no buscan trabajo porque

no tienen expectativas de encontrarlo. (ine, 2013)

Los datos oficiales que publica el INE en su Encuesta de Hogares indican que el problema

laboral en el país crece en proporción inversa a las capacidades del sistema económico y de

políticas laborales para disminuirlo y menos para resolverlo. Paradójicamente el desempleo

y la pobreza son problemas sostenidos por el sistema político para legitimar el régimen

político de la oligarquía.

Los programas y proyectos asistenciales focalizados son financiados por el Banco Mundial

y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Habría que verificar los criterios de

selección de empresas incorporadas a los programas y proyectos y los procesos de

selección de los trabajadores y trabajadoras clasificados en las categorías que describe el

programa, para optar a ocupar las plazas creadas. Es observable la imagen del gobernante

en la promoción de cada uno de los eventos relacionados con la empresa privada y

creación de plazas laborales. En estos escenarios es observable el propósito político más

que el fin de resolver el problema.

La economía, resultados y tendencias.

La razón del modelo económico es el crecimiento de la economía toda la política

económica y la gestión del régimen se concentra en establecer las mejores condiciones de

funcionamiento del mercado y la liberación y transferencia de los bienes públicos a grupos

corporativos privados. El régimen es eficiente en la gestión del modelo y en la

estructuración del Estado Neoliberal, sin embargo los indicadores macroeconómicos

indican que esa eficiencia no produce el crecimiento esperado y menos aun contribuye a

legitimar el sistema derramando medios de mejora de las condiciones de vida sin embargo,

es evidente el estancamiento de la economía y el empobrecimiento de los hogares.

Los la tasa promedio de crecimiento económico entre 2010 y 2014 es de 3.4 por ciento sin

embargo, el crecimiento este año se calcula en PIB equivalente a 2.8, la diferencia con el

crecimiento de 2013 es de solamente 0.3%.; la actividad de mayor crecimiento fue la de

intermediación financiera y las actividades extractivas de selvicultura, caza y pesca.

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Paradójicamente la fuente de mayor ingreso comparativamente son las remesas hasta el mes

de setiembre había ingresado por remesas familiares 2,468.6 millones de dólares, por

exportaciones había recibido, 1010.3 millones de dólares. La diferencia es de un 58%

mayor el ingreso de divisas por remesas que el ingreso por exportaciones, Sin embargo, el

mayor apoyo del gobierno se concentra en la producción exportadora por medio de amplias

concesiones de espacios vitales del país para corporaciones extractivistas de recursos y

aboliendo leyes que garantizaban derechos a los trabajadores y trabajadoras, legalizando la

sobrexplotación y tercerización del trabajo en beneficio de la acumulación de capital. El

resultado es la inseguridad alimentaria por baja producción y carencia, encarecimiento de

frijoles y otros productos básicos para alimentación.

La deuda pública interna en el mes de setiembre sumaba 60 mil millones de Lempiras y la

deuda externa es de 5 mil 71 millones de dólares. Es una deuda sin precedentes en la

historia entre 2009 y 2014 la deuda externa ha sido incrementada en 45% y la deuda interna

en 63%.

La deuda continúa siendo el principal factor de transferencia de capitales al exterior que

limita las posibilidades de invertir en la producción y generación de condiciones de

bienestar social.

El país está categorizado entre los países más violentos y corruptos del mundo el cálculo de

la organización Transformemos Honduras es de 18 mil millones de Lempiras que el país

pierde en corrupción anualmente. El gobierno optó por la acción más simple aplicando

incremento de impuestos sobre consumo de 12 a 15%. Sin embargo la evasión y fuga de

capitales se calcula en unos 45 mil millones de Lempiras que las grandes empresas no

pagan con el agravante de que anualmente se transfieren al exterior unos 3mil 500 millones

de dólares.

Si el índice de desigualdad económica estaba a 57 por ciento este año ha de ser mayor.

Habría que verificar si ha aumentado o reducido el número de ricos por efecto de la

concentración y desconcentración de capital por medio de las políticas concesionarias y si

es observable el crecimiento absoluto y relativo del número de nuevos pobres.

La política de privatización de servicios públicos energía, comunicaciones, vías de

transporte en forma de co-alianza publica privada contribuye en la desconcentración y

ascenso de nuevos grupos de burgueses beneficiarios de negocios con bienes públicos

construidos por el Estado.

La transferencia de la carretera del norte a COALIANZA, el fraccionamiento y

transferencia de HONDUTEL, la ENEE beneficia a grupos que sin hacer inversión en

construcción de infraestructura de servicios públicos participan por concesiones de

ganancias absolutas sin costos de producción. En consecuencia el modelo privatizador

fomenta la corrupción y reduce el Estado subordinado a relaciones entre grupos

corporativos que se lo reparten convertido en mercado en condición de monopsonio de

servicios al público.

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El modelo es funcionalmente autoritario y corrupto para hacer operante la reproducción

eficiente de capital y el control de los medios de poder. Resulta ofensivo a la conciencia

colectiva que los grupos del bloque en el poder extraen ventajas económicas de la miseria,

la pobreza, el desempleo y la violencia. Hacen negocios con la pobreza apropiándose de

recursos de la cooperación internacional que justifican para recibir crédito y donaciones o

en la producción de servicios que convierten en fuente de ganancias privadas. Recurrentes

han sido las denuncias por corrupción en la importación de frijoles, compra de

medicamentos y equipos médicos, compra e instalación de dispositivos de seguridad,

cámaras uso secreto como información clasificada, de presupuesto por tasa de seguridad y

apropiación de la mayor parte de dinero que correspondería a las familias beneficiarias del

bono Diez Mil.

Programa Asistencialista para sostener a los pobres en su pobreza.

Es observable el deterioro de las condiciones de vida de la gente a pesar de la intención

ideológica oficial de presentar imágenes que ocultan la realidad, utilizando técnicas

estadísticas que presentan verdades construidas artificialmente. Sin embargo, la realidad es

inocultable y la tendencia del empobrecimiento de los hogares es creciente en términos

absolutos , aparentemente constantes y sostenidos en términos relativos en proporción

inversa al crecimiento económico y concentración de la riqueza entre grupos de la

Oligarquía, quienes comparten los negocios del Estado que para esos fines han reducido y

fragmentado. Los indicadores de medición del INE y analizados por FOSDE muestran que

entre el año 2000 y 2013, la tasa de pobreza es 65% con relativas variaciones en intervalos

de años.

Los programas asistencialistas focalizados y los medios o recursos invertidos resultan

insuficientes e ineficaces para reducir la pobreza, al mismo tiempo que la sostienen

mantienen la dependencia de los grupos familiares, aseguran apoyo electoral en las

campañas políticas para legitimar la continuidad de la dictadura de la élite oligárquica

gobernante.

El bono 10,000.

Este programa es financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de

Desarrollo, el gobierno informa que en el año se entregaron 1,800 millones de Lempiras a

270,000 familias de ellas el 90 por ciento tenían matriculados a sus niños en la escuela

cursando educación básica. Los dos bancos citados imponen la meta del 85% de los

hogares que cumplan con la condición de vacunación de niños y niñas menores de cinco

años.

En la operación de este programa intervienen la Fundación Capital, la Comisión nacional

de Bancos y Seguros y la banca Privada. El gobierno adquiere deuda para asistencia social

transferida por medio del sistema financiero privado. La política social es mediada por la

empresa privada.

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La distribución del bono 10 mil ha sido denunciada por sectaria y dudas de corrupción,

entrevistas realizada por medios televisivos entre personas que serian o son beneficiarias

del bono en el último mes del año declaran que recibieron dos mil lempiras de los diez mil

que ofrece el programa. Si la denuncia es cierta podría estar ocurriendo que habría

responsables de este programa que se estarían apropiando de las diferencias del bono por

familia beneficiaria.

Militarización por seguridad.

La política de seguridad del régimen es más una política de militarismo que concibe la

seguridad limitada a protección militar. El año 2010 declaró en estado de emergencia la

seguridad y autorizó la incorporación del ejército a operaciones de seguridad apoyando a la

Policial Nacional Preventiva e impuso la “Tasa de seguridad”, un impuesto a los ahorrantes

en el sistema financiero.

La emergencia de seguridad decretada fue usada como argumento para organizar con

efectivos militares la Policía Militar y del Orden Público el año 2013, un organismo

paralelo a la Policía Nacional Civil. La estrategia Militarista con objetivos políticos

pretende socializar el militarismo e interiorizar en la conciencia colectiva el imaginario de

que ser militar es el tipo ideal de hondureño y para ese fin instituye el “Programa de

Guardianes de la Patria” dirigido a instruir militarmente a los niños y niñas.

La militarización en Honduras ha estado sujeta a los objetivos estratégicos de seguridad

imperial internamente los grupos sociales oligárquicos han reducido la lealtad institucional

de las Fuerzas Armadas a lealtad con los intereses económicos y políticos de los grupos

élites de poder oligárquico. Un hecho extraordinario de uso contra la oposición política de

las fuerzas militares fue la militarización del Congreso el 13 de mayo ocupando el

escenario de los diputados y atacando con toletes y bombas lacrimógenas a un grupo de

diputados y militantes del Partido LIBRE que protestaban contra la directiva del Congreso

denunciando la dictadura por autoritaria que les ha negado participación en los debates e

iniciativas legislativas.

Las visitas de misiones del Departamento de Estado y del Comando Sur son frecuentes

hubo visita el 6 de febrero, 28 de mayo; el 6 de agosto una delegación del Gobierno de

Honduras Presidida por Juan Orlando se presentó al Comando sur, el 20 de noviembre una

delegación numerosa llegó a casa de Gobierno y la última fue el 18 de diciembre .Esas

misiones son agencias portadores de órdenes con listas de quienes han de ser capturados y

extraditados, más el constante intervencionismo de la Embajada Imperial. La Embajada de

Estados Unidos interviene hasta en la selección y Clasificación y Evaluación de Policías en

todos los grados de la jerarquía. Es observable el vínculo entre la intervención militar del

Estado Imperial justificada por el combate al narcotráfico y la militarización u ocupación

imperialista de espacios estratégicos del pais.

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El Gobierno ha cumplido las órdenes de captura y extradición de hondureños para ser

juzgados por la justicia Imperial y ninguna apelación basada en el derecho interno e

internacional vale cuando se trata del cumplimiento de las demandas de las Cortes del

Estado Imperial.

La interdicción jurisdiccional del imperio sobre Honduras se formaliza con acuerdos entre

socios cooperantes para la seguridad mutua .Los eufemismos de los acuerdos de

intervención e interdicción pretenden ocultar que sus relaciones son asimétricas entre un

gobierno subalterno y asociado al Estado Imperial.

Las operaciones de seguridad para captura y extradición de hondureños por orden imperial

evidencian a organismos de justicia y seguridad subalternos y al servicio del Estado

Imperial. La razón del Estado es la de garantizar seguridad y protección a sus nacionales.

La incapacidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia para garantizar seguridad

y protección a los habitantes de este país indica que el Estado Hondureño no ha llegado a

ser estado de Derecho y está entregando su razón de ser Estado. Internamente a grupos de

poder y en relación con el exterior reducido a subordinado al Estado Imperial.

La Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado en el país,

cuestionó el Programa de Guardianes de la Patria y la organización de la Policía Militar el

Gobernante respondió que la Policía Militar acompañando a la policía Nacional es

emergente y que sus operaciones policiales son temporales no sería permanente, sin

embargo, en su discurso declara que la Policía Militar ha de tener fundamento

Constitucional y etiqueta en sentido positivista a quienes están con su proyecto y

negativos los que se oponen a su objetivo militarista situándolos del lado del crimen

organizado.

La estrategia de seguridad del régimen se reduce a militarización y ocupación militar de

espacios barrios colonias. Es la confusión entre seguridad y protección militar. La razón de

la militarización policial ha sido la incontrolable criminalidad impuesta por grupos

criminales que extorsionan para proteger si les pagan o eliminar causando la muerte si no

cumplen esa obligación, a quienes trabajan por su cuenta, por salario, los propietarios de

pulperías, pequeñas empresas. Los grupos criminales ocupan la función de protección que

el Estado abandonó al reducirlo con el modelo privatizador que impone el Estado

Neoconservador.

La pretensión de militarizar la policía ha generado oposición incluyendo a parte del

liderazgo Liberal y de los otros partidos de oposición. Es probable que en la medida que

pretenda avanzar en su objetivo reeleccionista irá cohesionando fuerzas de oposición a su

estrategia mientras continua alineando a su favor las fuerzas sociales y organismos políticos

dependientes, que estratégicamente está cooptando.

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Igual que la propaganda mediática y la autovaloración de la eficiencia de los órganos de

seguridad y justicia en la reducción de la violencia ha pretendido presentar la apariencia

con técnicas cuantitativas de medición estadísticas describiendo datos abstractos muy

específicos y parciales que ocultan la realidad y dimensiones del fenómeno de la violencia.

La desestructuración institucional del proceso de fundación del Estado de Derecho hace

disfuncionales los organismos de justicia y seguridad. La ineficiencia es evidente en la

impunidad con la que actúan los criminales. Esta es una causa del incremento de la

violencia y la criminalidad en el país. Los datos oficiales aportados por el Ministerio

Público, han indicado que más del 86 por ciento de los casos no son resueltos con

investigación concluyente y la mora judicial acumulada es lógicamente creciente.

La medición de la tasa de violencia con el indicador de homicidios por cada cien mil

habitantes sitúa al país en el lugar más alto por la razón de homicidios y, América Latina

la región más violenta del mundo. Contrario a la vivencia cotidiana, por medio del uso de

conceptos e indicadores de medición e información, para justificar la propaganda de

militarización de los organismos del Estado y de los espacios público privado el régimen

oficializa datos con los que pretende mostrar tendencia decreciente en la frecuencia de

homicidios durante 2014. En esa tendencia uniformadora de verdades artificialmente

construidas acordadas podría caer el IUDPAS con el Observatorio de la Violencia si no

objetiva de modo independiente sus fuentes de datos, variables dimensionadas y medios

de verificación.

La propaganda mediática trata de uniformar el discurso oficial con objetivos continuistas

del mismo régimen de dominación y control social tomado por los grupos del bloque en el

poder por medio del golpe de Estado.

La información estadística oficial de la razón frecuencia de homicidios resulta increíble en

dos sentidos: Primero por la alta frecuencia superior a cualquier país del planeta, y en

segundo lugar por la alta frecuencia de hechos de violencia cotidiana que son inocultables.

No obstante que la razón de homicidios por población es medible con relativa precisión los

datos oficiales son diferentes a los datos que han elaborado organismos internacionales de

Derechos Humanos..

El dato de mayor frecuencia que reportó el Observatorio de la Violencia el año 2013 fue de

86 homicidios por cada 100 mil habitantes, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos informó ese año 93 homicidios por cada 100 mil habitantes. El dato que aporta la

OMS es de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes el año 2012 es mucho mayor que

los datos de violencia contenidos en los informes oficiales del gobierno y el IUDPAS ese

mismo año.

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El Gobierno y IUDPAS han informado que este año sus datos indican que la frecuencia de

homicidios resultó menor que el año anterior, sin embargo, la observación empírica de

violencia en la cotidianidad de la vivencia social contrasta y genera dudas de la fiabilidad y

validez de los datos oficializados con fines de estrategia política y teniendo en cuenta que el

gobierno emitió la ley de Secretos Oficiales por la que los organismos de seguridad pueden

clasificar y mantener en secreto información referida a seguridad y defensa.

El informe de monitoreo mensual que publicó Casa Alianza reporta que el promedio

mensual de muertes violentas y ejecuciones arbitrarias por administración de gobierno es

83.90 por cada 100 mil habitantes. Reporta que en diez meses de gobierno de Juan Orlando

Hernández se ha registrado 839 muertes por violencia y ejecuciones arbitrarias de niñas

niños y jóvenes menores de 23 años, equivalentes a un promedio de mas o menos tres niños

o niñas diariamente. El informe de monitoreo evidencia un promedio de frecuencia de

muertes mayor en este gobierno y relativamente aumentando en relación con gobiernos

anteriores.

De los datos de hechos de violencia en incremento, deriva el argumento que la estrategia

de seguridad del gobierno es errada y estaría generando más violencia y violaciones a los

Derechos humanos y más de la Infancia y juventud.

La medición de la violencia por razón de homicidios es una valoración parcial y extrema

del fenómeno. Desde la intervención del ejército en operaciones policiales en 2010 y el

incremento de la fuente del gasto corriente por seguridad, la tasa de homicidios ha

aumentado y la violencia tiende a expandirse en términos absolutos y relativos.

La violencia es un fenómeno complejo y multidimensional en sus formas, expresiones y

medios de control, la fuente de la violencia es el poder. El modo como se generan y se

reproducen las relaciones de poder y dominación determinan las formas y las

manifestaciones de la violencia. El militarismo contribuye con el incremento de la violencia

en el sentido que los ejércitos son órganos de coacción y represión y operan en términos de

una estrategia de dominación para sostener determinadas relaciones de poder.

El informe preliminar de la Encuesta de Latin Américan Públic Proyec, basado en

indicadores de Barómetro de las Américas, presentado el 16 de octubre expone que los

problemas principales de los hondureños y hondureñas, son los problemas de seguridad

47.90 % y los problemas económicos 40.40% en orden de frecuencia.

Los datos indican la evidencia empírica de la incapacidad e ineficiencia del régimen para

resolver estructuralmente los problemas fundamentales de los hondureños y hondureñas;

limitado al mantenimiento y reproducción de la inseguridad y el temor que lo justifica para

imponerse.

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La inseguridad colectiva e individual y el temor que infunde en la conciencia colectiva los

hechos brutales e inhumanos cotidianos influyen en que las personas busquen medios de

autoprotección individual encerrándose en sus habitaciones y auto-limitándose en sus

libertades individuales y colectivas. El temor individualizado por la generalización del

terror criminal y la militarización facilita el control social y la dominación por obediencia

como respuesta por temor individual y colectivo impuesto socialmente.

La violencia demanda de la producción y comercialización de medios de protección ,

entonces hay industria de producción y mercado de distribución. La consecuencia es que

en la violencia y con la violencia se reproduce el capital y muchos grupos comerciales

corporativos se benefician produciendo ganancia en el mercado de medios de protección y

con las empresas de servicios de vigilancia. En el país el número de agentes de vigilancia y

protección privada es equivalente al número de agentes policiales multiplicado por tres.

Los Derechos Humanos.

Los cierres sociales impuestos por el sistema social con el modelo Neoliberal: La

privatización por medio de la concesión de recursos naturales y apropiación de los espacios

y los bienes públicos por los grupos privados y la abolición del Estado de derecho impacta

directamente contra el deterioro de los derechos humanos y la precarización de los derechos

sociales dejando a la infancia, a las comunidades y a los grupos sociales subalternos, en la

indefensión.

El informe preliminar de su observación en el país presentado el 5 de diciembre, la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, "condena el asesinato de niños,

niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido

como una prioridad por el Estado"

El informe describe hechos de muertes por explosión de granada de cinco jóvenes el 4 de

mayo en el interior de un centro correccional de San Pedro Sula; también destaca la

ejecución a puñaladas de cuatro niños entre dos y trece años, más la tortura y asesinato de

dos niños. Las autoridades han atribuido todos los hechos descritos, a maras o pandillas.

La CIDH cuestiona que los hechos de violencia “tienen lugar en un contexto de gran

impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia

del Poder Judicial”

En su informe la CIDH explica que "La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces

del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de

frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la

convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho".

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La delegación de la CIDH coincide con la realidad y las tendencias de la violencia, la

violación a los derechos humanos la ineficiencia, omisión complicidad y acción de los

organismos de seguridad y Justicia del Estado disminuido y des estructurado con y por

consecuencia del Golpe de Estado en 2009. Sin embargo, se omite que en ese contexto de

violencia, temor y terrorismo construido, el régimen ha emitido decretos leyes que

instituyen y habilitan a organismos represivos para que impunemente ejecuten actos de

violación a derechos humanos fundamentales. Paradójicamente, esa legislación autoriza

violaciones a derechos y garantías civiles y políticas, argumentando que las fuerzas

represivas actúan garantizando los derechos humanos.

La Ley de Policía Militar y del Orden Público aprobada el 23 de agosto de 2013 no define

los conceptos que fundamentan su razón de actividad represiva, esos conceptos son :

Terrorismo y crimen organizado; al no definirlos pueden tener significados de aplicación

según criterios de quienes dirigen las fuerzas represivas. El artículo 7 de esta Ley atribuye

a la Policía Militar entre otras las funciones siguientes:

…”1 actuar rápidamente en circunstancias que afectan el orden público que constituyen

situaciones de emergencia….para resguardar el orden público y el imperio de la

Constitución de la República….

…”3. Efectuar la captura y poner a disposición de autoridades competentes de conformidad

con la ley a las personas asociadas a organizaciones criminales o que en cualquier forman

alteren el orden público así como remitir las pruebas de convicción para su debido

enjuiciamiento”,….

Los conceptos de “asociaciones u organizaciones ilícitas o criminales” sin definición

operacional resultan ambiguos y sus significados aplicables a criterio de los operadores de

seguridad y justicia. Estos conceptos se han instrumentalizado para justificar la represión

de protestas sociales y manifestaciones públicas. En esta acción resulta contrastante que las

autoridades universitarias actuando en consonancia con la política represiva del régimen se

amparan en estos conceptos para acusar criminalmente a sus propios estudiantes por

protestar en el campus universitario o en la vía pública.

Estudiantes Universitarios han sido acusados de Asociaciones y manifestaciones ilícitas y

expulsados. Desconociendo que las asociaciones son de sus correspondientes carreras en

cada facultad y negando sus derechos de protesta y manifestación pública.

Las citaciones del Ministerio Público entregadas a estudiantes con fecha 14 de noviembre

literalmente dicen: “por la supuesta comisión del delito de tentar espacios de edificios o

áreas y reuniones ilícitas en perjuicio del Estado de Honduras”

El 31 de julio fue atacado con excesivo uso de la fuerza, capturado, torturado y herido a

golpes por 12 policías militares, el estudiante de pedagogía Ronmel Darío Morán, quien

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participaba en una protesta estudiantil reclamando y denunciando reformas académicas por

negar la participación democrática a los estudiantes en el Gobierno Universitario. Morán

fue acusado de sedición y las evidencias paradójicamente fue la de un policía golpeado sin

considerar que el golpeado y herido fue el estudiante acusado y procesado judicialmente.

El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Comité Nacional de

Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV, en su informe de 2014 presenta los hechos

siguientes:

1. Detención y ejecución de los hermanos Zenia Maritza y Ramón Eduardo Díaz

Rodríguez:- El 11 de abril, miembros de las Fuerzas Armadas los detuvieron en la

colonia El Pedregal de la ciudad de Comayagüela y al día siguiente fueron

encontrados ejecutados en el Empedrado delante de la aldea de Mateo.

2. Detención y tortura de Marco Tutlio Medrano Lemus por una patrulla de ocho

militares en la tercera calle de Flores de Oriente de la ciudad de La Lima el 26 de

agosto, a quien lo torturaron poniéndole una bolsa plástica en la cabeza y le

dispararon para intimidarlo amenazándolo con ejecutarlo públicamente.

3. Detención ilegal de 40 personas por una patrulla de 4 policías y 12 militares, en

Wanpusirpe y el 27 de setiembre porque se negaron a regalarles bebidas y cuando

los tenían recluidos en la celda policial hirieron con proyectiles disparados, a tres

de los detenidos.

4. Cuatro personas fueron heridas por disparos de proyectiles ejecutados por policías

militares que participaban en operativo de la Dirección General de Transporte, el 1

de octubre cuando se conducían en un bus,

5. Tortura de dos trabajadores de la mina de el municipio de El Corpus departamento

de Choluteca, aplicada por militares del regimiento de caballería blindada con sede

en la ciudad de Choluteca, el 2 de octubre.

6. El 1 de diciembre militares asignados a la protección de la planta hidroeléctrica de

Yojoa departamento de Cortés dispararon contra civiles que se conducían en

vehículos.

Finalmente el MNP-CONAPRE expresa preocupación por recurrentes casos de

capturas y ejecuciones de personas por agentes policiales y militares sin que los

hechos sean investigados y en consecuencia la impunidad de las violaciones

frecuentes de los derechos humanos fundamentales.

14

Inseguridad de la niñez y adolescencia.

La mayoría de niños menores de 17 años y jóvenes sobreviven desprotegidos y en la

indefensión. El país y su régimen expulsa a los niños y jóvenes: - La observación anual de

Casa Alianza analiza y describe indicadores que presentan a la niñez desprotegida por el

gobierno y la más afectada por la violencia, el terror, el cierre de opciones de mejora de

condiciones de vida, el empobrecimiento expansivo y la incertidumbre impuesta en el país

presiona para que niños, niñas y jóvenes sean expulsados de espacios sociales y del país.

Los datos que aporta Casa Alianza entre enero y octubre de este año Estados Unidos

deportó 9,469 niños, niñas y adolecentes. En la frontera sur de Estados Unidos este año

fueron detenidos 18,503 niños y niñas. El total de hondureños y hondureñas deportados

entre enero y octubre fueron 33,018 (Casa Alianza; 2014)

El informe mensual de Casa Alianza describe la precariedad social, las amenazas la

desprotección de la niñez en el país. El gobierno ha dejado desprotegida a la infancia y la

adolescencia, esa función ha sido transferida a las ONG dedicadas a la atención a la niñez y

la adolescencia incluyendo los centros de resocialización.

El derecho a la Educación: - El gobierno celebró que haya mantenido en aulas 200 días del

año lectivo e impuso que todos los niños y jóvenes aprobarían el grado o curso. con

calificaciones mayores que 70%, ha eliminado el aporte económico de “matricula gratis”

para niños y jóvenes de educación básica y media. La consecuencia es empeoramiento de

las condiciones físicas por deterioro e inseguridad de los centros educativos y aumento de

los costos por ingreso y permanencia de los educandos. El informe basado en datos del Plan

Maestro de infraestructura de la Secretaria de Educación indica que el 90% de los centros

educativos no tienen capacidad para resistir el impacto de fenómenos naturales y un 78%

están expuestos a las amenazas sociales. Señala el informe que el 48 % necesitan mejora de

sus servicios de saneamiento y energía. Contrasta el informe que la posibilidad de que el

deterioro continuará porque el gobierno ha reducido el presupuesto en 708.5 millones de

Lempiras en tanto que para la Secretaria de defensa lo incrementó en 300 millones de

Lempiras.

El derecho a la educación es uno de los derechos más conculcados a la niñez y juventud

hondureña. Son factores de negación: Las condiciones socioeconómicas y la reducción

relativa de la inversión social, el incremento de los costos y el empobrecimiento de los

hogares y sus grupos familiares. Las tasas de acceso permanencia y continuidad son

relativamente bajas: En educación pre-básica, 47.5%; Educación Básica, (primero a 6°)

88.1%; Ciclo común 39.2% ; Educación Media, 27.8%.

15

La secretaria de educación cerró aulas y el gobierno central construye más cárceles y

aumenta el gasto en militarismo. Los datos históricos del INE indican un estancamiento y

tendencia a disminuir la cobertura en educación básica y media desde el año 2009. La

ampliación de la Educación básica al noveno grado ampliaría la cobertura sin embargo el

deterioro en las condiciones de vida en los hogares, la inseguridad humana y la

incertidumbre, vulneran las posibilidades de acceso y permanencia en el nivel educativo.

El sistema configura una estructura piramidal que reproduce las desigualdades sociales.

El derecho a la salud.

La atención en salud y salubridad ha estado afectada por la reducción de capacidades para

atender en salubridad y prevención. La reducción de recursos y el deterioro en la

infraestructura de servicios de salud reduce las capacidades de cobertura de la salud pública

a la población que demanda atención en salud.

La lectura de encuesta de condiciones de salud evidencia las carencias y deficiencias de

atención en salud y sus indicadores se corresponden con los indicadores de pobreza se

puede observar que son problemas recurrentes:

Las tasas de mortalidad infantil siguen siendo altas, más o menos 3 y 4 por ciento, la tasa de

desnutrición infantil con el empobrecimiento ha de estar aumentando a tasas equivalentes a

las de mortalidad infantil; la cobertura de acceso a servicios de salud se reduce a entre el

80 y 85 por ciento sin valorar que la atención sigue siendo parcial por las carencias ,

deficiencias y deterioro de la infraestructura de servicios. Enfermedades prevenibles

continúan siendo causa de mortalidad durante el año han sido cíclicas las epidemias de

dengue y chikungunya.

El informe mensual de Casa Alianza citando la fuente de Hospital Universitario, reporta

165 intentos de suicidios de niños y niñas desagregados en 91 niñas y 74 niños en ocho

departamentos.

La cotidianidad del malestar por deficiente atención en salud se ha denunciado con alta

frecuencia y la transferencia de la demanda del servicio público al servicio privado.

Quienes no pueden adquirir medicamentos o atención privada en laboratorios se limitan a

quedarse con la información de las indicaciones médicas recibidas. El gobierno no ha

considerado prioritario el derecho a la salud su prioridad en términos de atención es la

defensa y seguridad entendida como protección militar.

La reducción de capacidades para atender las demandas de atención al derecho de las

personas a la salud es coherente con políticas implícitas de privatización transformando en

demanda de servicios al mercado de medicamentos y equipos que ofertan los oligopolios de

importadores y distribuidores. Este mercado monopsónico establecido en el sector de salud

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está cruzado por la variable corrupción, también frecuentemente denunciada en medios

masivos e individualizados virtuales.

Los casos de contratos incumplidos y pagados a costos sobrevalorados y el emblemático y

sin precedentes conocidos de apropiación de los recursos del IHSS por un grupo de

personas que en consecuencia lo dejaron sin recursos y medios de operación para cumplir

con la razón de seguridad social para sus derecho-habientes.

La apropiación de los recursos del IHSS y la reducción de su capacidad instalada para

operar probablemente sea razón para justificar la transferencia y concesión de servicios e

infraestructura a empresas comercializadoras de servicios y beneficios de seguros.

Valoración y prospectiva.

El liderazgo de la dictadura oligárquica se ha fortalecido y se ha legitimado con el bloque

de poder por medio de la propaganda mediática de sus programas asistencialistas

focalizados hace que paradójicamente este régimen también sea reconocido y aceptado por

las colectividades de grupos sociales de clases subalternas, empobrecidos por el sistema

con su modelo concentrador de riqueza y poder.

El liderazgo oligárquico hace avances en la imposición de un pensamiento único por medio

de la propaganda mediática y el actual liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras. Ese pensamiento único tiene la perspectiva de la doctrina de Seguridad

Nacional y de significado fundamentalista más que neoconservador. Dicotómico con

razón positivista de orden y conflicto: etiquetador de amigos y enemigos; buenos y malos;

delincuentes y honrados: leales e i-leales; positivos negativos, optimistas pesimistas.

Ha logrado atomizar la oposición política y siendo mayoría la hace ver como minoría por

su dispersión e incoherencia política reducida y limitada por la estrategia política de

dominación y gestión del poder basado en la fuerza ilegitima y autoritaria por medio de la

militarización y la coerción; criminalizando la protesta legalizada con leyes violadoras de

derechos y garantías fundamentales.

En perspectiva del modelo de reproducción y acumulación neoliberal el régimen hace

avances en la institucionalización y estructuración coherente del modelo en proceso de un

estado neoliberal en sustitución del proceso de constitución del Estado Nacional

democrático de derecho.

Las políticas que impone en educación en salud en el mercado laboral y en la producción

tienen una sola racionalidad la eficiencia reproductiva del sistema y para sostenerlo se

impone autoritariamente, por esta razón es normativo y coercitivo. El autoritarismo es la

única viabilidad del modelo y la privatización implica operaciones de corrupción porque

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distorsiona el funcionamiento de las estructuras formales e institucionales para beneficiar

intereses privados.

Ha sometido a las organizaciones magisteriales y a los sindicatos de las empresas de

servicios públicos del Estado, aboliendo derechos laborales y precarizando el trabajo

decretando suspensiones, despidos masivos de trabajadores y trabajadoras; ha establecido

un campus de terror para imponer la obediencia y asegurar la ejecución de las políticas

privatizadoras y extractivistas por medio del concesionamiento de espacios y recursos

vitales del país a grupos corporativos de interés privado.

El modelo económico hipotéticamente tiene entre sus referencias la teoría de la elección

racional pero aquí es visible lo irracional y vulgarizado de la ocupación apropiación y

depredación de los espacios y recursos del que fuera un Estado que había establecido

espacios de servicios públicos. La relación costo beneficio no se verifica porque sin costo e

inversión el gobierno entrega espacios e infraestructura de servicios estratégicos

construidos por el Estado para el interés social; los nuevos propietarios sin costos

invertidos reciben las fuentes de ganancias absolutas sin retorno para la satisfacción de

necesidades sociales.

La oposición que lideraría LIBRE se redujo a los límites de la estrategia política del

régimen para conservar y reproducir las mismas relaciones de poder manteniendo el

sistema político autoritario que asegure los intereses de la oligarquía. El Liderazgo se

apartó de su estrategia de lucha que sería la razón de ser del Frente Nacional de

Resistencia Popular y el Partido ; esa razón fue ganar espacios y medios de poder;

estructurando bases anti hegemónicas que impugnen las políticas privatizadoras,

autoritarias, el fraude y la corrupción y que presionen por la reconstitución del Estado de

Derecho con poder legitimado por la participación social con expectativas del bien común.

El gobierno al mismo tiempo que sitúa a la oposición en su estrategia de sostener el poder

dictatorial por medio del terrorismo mediático y represivo contra los partidos de oposición

los condiciona legitimadores del régimen político y por medio de la coerción y el

asistencialismo, apoyado en la influencia de los medios de comunicación pretende separar

el liderazgo de sus bases sociales descalificándolo e infundiendo temor e incertidumbre y

desconfianza,

El gobierno usa muchos recursos legitimadores que hacen que la oposición se sienta

encuadrada en su agenda legitimadora y conservadora del régimen político de la dictadura

oligárquica. También para sostener la estrategia hegemónica del Estado Imperial; esos

recursos son los siguientes:

La inseguridad y su política de militarización. Se pretende justificar con aparentes

resultados de reducción de la frecuencia de homicidios por analogía de reducción de la

violencia. En estos indicadores de medición cuenta con la validez de datos verificados y

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acordados con el IUDPAS- UNAH habría que verificar si se relacionan validez y

confiabilidad? Lo evidente es la abstracción de la realidad reducida a datos al margen de la

objetivación en el contexto.

Los recursos estadísticos para comunicar datos abstractos como verdades oficiales:

Medición de la reducción de homicidios como reducción de la violencia y eficiencia de los

organismos operadores de protección de las personas en los espacios publico-privados y

los de impartir justicia.

La reglamentación educativa impuesta como reforma o estructuración del modelo en

educación. Las políticas represivas de criminalización de las protestas asociándolas con

actividades sediciosas o de terrorismo sometieron a la obediencia al magisterio y celebra la

asistencia y trabajo en aulas 200 días laborables del año escolar. El cambio de escalas de

medición del aprendizaje de 60 a 70 %, en las escuelas e institutos de educación media, e

imposición de criterios de aprobación a los docentes para aparentar con valoraciones y

calificaciones de validez muy dudosa, alto rendimiento escolar. El uso del dato abstracto

de cantidad con analogía de equivalencia cualitativa reduciendo significados de las

dimensiones de variables del cambio educativo.

El gobernante pretende fundamentar su legitimidad y optimismo conservador en la

difusión información falsa que en la cotidianidad y el imaginario colectivo resulta

contrastante, hasta ofensivo y degradante del sentido común inclusive, donde el malestar

aparentemente silenciado por la propaganda mediática se expresa en la violencia, la

rebeldía y el temor e incertidumbre de las personas en sus espacios privados y colectivos.

Es probable que en la medida que pretenda avanzar en sus objetivo continuista para

consolidar la dictadura del bloque de poder que Hernández lidera, coyunturalmente se alíen

fuerzas sociales y partidos de oposición; pero él se ve apoyado por fuerzas de la oligarquía

que con sus medios de propaganda mediática aparte de los órganos burocráticos del

gobierno se mueven y actúan en consonancia con la política el régimen politico.

La fractura y el despojo de los medios, los espacios vitales que fundamentarían la

existencia del Estado, va reduciendo su capacidad de autoridad y soberanía con facultades

de autoridad, de mediación sobre la diversidad de grupos sociales y políticos con sus

propios intereses. Es la razón por la que grupos corporativos financieros y de otras

actividades de reproducción del capital, controlando recursos de poder subordinan la

autoridad estatal con sus organismos sirviendo en razón de sus fines privados.

Los indicadores de crecimiento económico evidencian disminución de crecimiento en la

producción y mayor crecimiento en actividades de intermediación financiera. El gobierna

privilegia e incentiva la producción exportadora, sin embargo el crecimiento por

exportaciones resultó mucho menor que los aportes de las remesas. Los que se fueron

expulsados del país por los cierres sociales impuestos por el sistema reproductor de

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desigualdades aportan mucho más que los privilegiados burgueses asociados en grupos

corporativos bajo el auspicio del gobierno.

La economía sigue dependiendo de factores externos y el modelo de apertura al exterior la

subsume por medio del consumo reduciendo su capacidad instalada para la producción y

convertida en fuente de transferencia neta de capitales al exterior.

El aumento creciente de la deuda pública interna y externa subordina al Estado a socializar

las obligaciones extrayendo y transfiriendo recursos para beneficiar el capital financiero

interno y exterior, que en otras condiciones habría invertido para desarrollo de

capacidades humanas de la población, mayoritariamente joven e infantil, invirtiendo en

mejora y ampliación de oportunidades educativas, servicios de atención en salud la

producción de alimentos y la generación de ciencia y tecnología.

El gobierno, con la asistencia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, ha

pretendido hacer de este país una cárcel para impedir la emigración, sin cambiar las

condiciones de seguridad humana interior; con ampliación de áreas de inversión que

generen oportunidades a los habitantes, para su realización plena en el país.

Contradictoriamente el sistema con su régimen político valora a la niñez y la juventud

como un problema más que como un potencial de desarrollo y en su razón instrumental el

desarrollo se reduce a la ocupación apropiación de espacios recursos vitales para ampliar

las opciones de crecimiento, acumulación, concentración de capitales y medios para

imponer poder.

El gobierno aplica medidas impositivas sacrificando la clase media, a los productores

locales, propietarios, comerciantes de mercado interno y a los trabajadores para

compensar los efectos de déficit económicos resultado de la transferencia de fuentes de

recursos públicos al sector privado , la evasión y exportación de capitales producidos en el

país por empresas protegidas y por la corrupción de la administración pública.

Es probable que la reducción de los precios de combustibles contribuya con el incremento

de la recaudación fiscal, si con razón capitalista mercantil, continua manteniendo los

precios especulativos; sin embargo, la concesión de partes de las empresas de servicios

estratégicos de energía y telecomunicaciones; la diferencia en términos positivos

favorecerá a los intereses de las empresas concesionarias por transferencia de los bienes

estatales más que por el ahorro de los usuarios de los servicios públicos.

La prioridad de políticas de militarización acompañadas por la estrategia de seguridad

nacional del Estado Imperial, mas el peso de cumplimiento de las obligaciones impuestas

por la deuda pública interna y externa continuará pesando sobre la economía e impedirá las

posibilidades de incremento de la inversión productiva para reducir la presión de los

problemas de empleo, pobreza y desigualdad.

20

El régimen de la Oligarquía no tiene alternativas de solución a los problemas sociales. ni

son objeto de su estrategia política. Su estrategia de poder se reduce al reparto de negocios

entre los grupos corporativos del bloque en el poder y entregar espacios y recursos vitales

como única expectativa de desarrollo económico. Con ese propósito avanza en la

desestructuración del Estado democrático de derecho y en la institucionalización de un

régimen más autoritario y por tanto antidemocrático con rasgos neofascistas,

desnacionalizado, reducido y sujeto al Estado Imperial.

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