Historia Contemporánea de España

María Isabel Espiñeira Castelos Página 1 10/10/2010

Historia Contemporánea de España. UNED curso 2010-11

Tema 1. La España de fines del siglo XVIII 1. Rasgos fundamentales del Antiguo Régimen.

La demografía todavía es de tipo antiguo: con una natalidad y

una mortalidad elevadas, un crecimiento vegetativo pequeño y vulnerable a las

crisis externas, como podían ser las malas cosechas, las guerras o las epidemias. La

sociedad todavía era estamental, con unas raíces que se hundían en la Edad Media;

y una repartición social basada en los honores y privilegios inherentes a un

determinado rango. La nobleza y el clero eran los estamentos claramente

privilegiados; y todos los demás formaban el llamado pueblo llano o Tercer Estado,

y se incluían desde ricos comerciantes hasta vagabundos. El rey estaba en la cima

de la pirámide social. La monarquía era la forma de gobierno indiscutible en el

Antiguo Régimen; ya se tratase del tipo de monarquía moderada, como la británica,

o de la monarquía absoluta, donde el rey lo era por derecho divino. La economía

estaba basada sobre todo en la agricultura, pero con un sistema de la propiedad y

de explotación que frenaban en buena medida la producción, y creaban graves

crisis de subsistencia. La industria todavía era muy limitada, y el comercio también

estaba poco desarrollado.

Pero ya a lo largo del siglo XVIII parece que hay aires de cambio

en toda Europa, y España no es una excepción. La población ha aumentado, debido

a que la mortalidad disminuye y hay mayor número de casamientos, con lo cual

aumenta también la natalidad. Pero donde más crece la población es en las

ciudades. Por tanto, la agricultura debe producir más, y se hacen reformas para

lograrlo, al igual que en la industria y el comercio. Pero lo que más cambia son las

ideas que mueven a la sociedad; aunque una cosa son los pensamientos y otra muy

distinta los hechos. Incluso durante el reinado de un monarca tan alabado como

Carlos III, hay muchos proyectos que no se llegan a materializar. El reformismo

ilustrado también estuvo plagado de grandes limitaciones, sobre todo porque la

mayoría de los ilustrados todavía creían en el Antiguo Régimen. Se limitaron a

poner los cimientos para el cambio, pero no fueron ellos quienes lo llevaron a cabo.



2. Las repercusiones en España de la Revolución Francesa.

Cuando tienen lugar las fiestas de coronación de Carlos IV,

hace muy poco tiempo que ha tomado la Bastilla, aunque en España el asunto

quede más o menos escondido, pues pocas páginas acerca de eso se filtran en la

prensa. Ya Floridablanca se ocupa de establecer

una férrea censura sobre el tema, buscando

incluso la colaboración de la Inquisición; ya que

aunque era un tribunal religioso, actuaba

también en algunos asuntos políticos. El lema de

Floridablanca es esperar y observar, con la

esperanza de que las ideas revolucionarias no

lleguen a España. El conde de Floridablanca

sufrió un atentado, y se produjeron algunos

motines entre campesinos acribillados de

impuestos. Se movilizaron tropas en la frontera,

para organizar un cordón de seguridad, y junto

con la Inquisición y el Gobierno, evitaron que las

influencias revolucionarias llegasen a España.

Muchos de los ilustrados, como Jovellanos,

Cabarrús o Campomanes, que habían trabajado con Floridablanca en tiempos de

Carlos III, vieron como iban siendo apartados de los puestos de poder, e incluso se

erradicó la parca libertad de expresión que había, pues en 1791 se suspendieron las

publicaciones periódicas no oficiales. Los tímidos inicios reformistas se acabaron

con el miedo a la revolución. Era el principio del fin de la política ilustrada. Aparece

en escena Aranda, que sustituye a Floridablanca cuando éste es depuesto en 1792,

para ser más tarde encarcelado, aunque al final se le rehabilita. Aranda se

encargaría de suavizar la política oficial hacia la Revolución francesa, aunque estos

proyectos pronto tienen que

abandonarse, porque al año siguiente

se proclama en Francia la República,

y empiezan a divulgarse panfletos

contra los Borbones españoles. Es en

este contexto cuando Carlos IV

sorprende a propios y a extraños

introduciendo en la escena política a

un advenedizo cuya única carta de



presentación es ser el favorito de la reina María Luisa. Godoy sustituye a Aranda

como secretario de estado. No estaba en la onda ni de Floridablanca ni de Aranda,

era una especie de “tercera vía”, pero de todos modos no fue bien aceptado en

ninguna parte. Se podía entender que perteneciera al cortejo de la reina, pero no

que formase parte del gobierno. El apoyo incondicional que la corona le prestó en

momentos muy difíciles, no ayudó a reafirmar su posición.

Cuando en 1793 el rey español intercede para intentar salvar la vida de

su primo, Luís XVI, todavía se empeoran más las relaciones con Francia y su nuevo

gobierno, que acaban a finales de ese año declarando la guerra a España, lo cual

hace la situación todavía más complicada. España sufre revés tras revés, y aunque

Inglaterra es su aliada en contra de Francia en el continente, en las colonias es una

rival digna de respeto. Todo ello hace que España firme la paz con Francia en 1795,

porque más grave que la amenaza francesa es el avance británico en la América

española.

Tampoco en el interior la situación era tranquila, y los reveses en el

exterior daban alas a los enemigos de Godoy, al que ya han nombrado duque de

Alcudia, y que poco más tarde será conocido con el rimbombante título de Príncipe

de la Paz. Podemos hablar, en este orden de descontentos, de los episodios de

Picornell, de Malaspina, o del incidente del duque de Tebas. La dura represión que

sigue a estos sucesos no ayuda a mejorar la popularidad de Godoy.

La guerra con Inglaterra estalla en 1796 y aún tiene consecuencias más

desastrosas que la francesa. Se agrava la situación financiera, y los ministros de

Hacienda se suceden en el cargo, sin ser capaces de dar una solución. Los ingresos

de América se reducen cada vez más y hay que empezar a buscarlos en la

Península. Pero se teme subir los impuestos o crear otros nuevos, porque estas

medidas siempre traen motines como consecuencia. De todos modos, en 1798 se

ordena una desamortización de algunas propiedades eclesiásticas de escasa

importancia. Con las nuevas medidas que se hace necesario tomar, van retornando

a la vida pública rostros conocidos, como Jovellanos, Saavedra, Cabarrús o

Meléndez Valdés. Durante los dos años que duró el “dorado exilio interior de

Godoy”, se produjo un enfrentamiento entre los partidarios de los cambios y los

que se mantenían aferrados al pasado. Los cambios en el escenario internacional y

sobre todo el ascenso de Napoleón, dejan en segundo plano los conflictos internos.



A finales de 1800, y en parte debido a las críticas de Napoleón, se depone a

Urquijo, aunque no le sustituye de manera directa Godoy, sino un primo suyo,

Pedro Cevallos. Pero el Príncipe de la Paz se vuelve a convertir en el hombre fuerte

del momento, y se aleja de los reformistas, como Jovellanos, Saavedra o el propio

Urquijo. En el orden internacional, Godoy se pone a las órdenes de Napoleón,

dispuesto a secundar todos sus planes. La victoria sobre el eterno aliado de Gran

Bretaña, Portugal, en la breve Guerra de las Naranjas1, y la firma de la Paz de

Amiens en 1802 le da una corta tregua a la maltrecha economía española. Pero el

imparable ascenso de Napoleón y la complicada situación americana por la

injerencia inglesa, determinaron que de nuevo tuviese España que colaborar con

Francia. El escándalo de la derrota de la flota franco española en Trafalgar exacerbó

en la población el descontento contra Godoy, y en torno al príncipe de Asturias se

sitúa un bloque de opositores.

3. El reinado de Carlos IV (El Escorial, Aranjuez, Bayona).

El canónigo Escoíquiz, preceptor del príncipe heredero, le influencia para

que aparezca como el símbolo de un cambio de rumbo en la política de Godoy.

Como su padre no le permite participar en las tareas de gobierno, se decide a

sentar las bases de lo que se llamará el partido fernandino. Se habían hecho

realidad los peores temores de Carlos IV cuando decía que entre el rey y su

heredero no debería haber diversidad de intereses. En el entorno del príncipe se

criticaba no sólo a Godoy, sino a los propios reyes y a la institución monárquica en

si, vista tal y como se concebía en el Antiguo Régimen. La crisis de la derrota de

Trafalgar, la muerte de la primera mujer del príncipe de Asturias, y a curiosa

tendencia de Godoy a virar continuamente de bando político, provocó la llamada a

los españoles a que luchasen por su príncipe al lado de Napoleón. Las continuas

victorias de Napoleón por toda Europa dejaron bien clara la superioridad de su

ejército, lo cual provocó que Godoy le obedeciese ciegamente, aunque el

emperador también coqueteaba con Fernando. En el partido del Príncipe hay

preocupación cuando a Godoy se le concede el título de Alteza Serenísima, lo cual

hace temer que en caso de muerte del rey, Godoy quiera hacerse con el poder por

encima de Fernando. Quizá por influencias del gobierno francés, muy interesado en

dividir a los españoles, o por investigaciones de Godoy, el 29 de octubre se

1 En 1801, Napoleón conmina a Portugal a que rompa su alianza tradicional con Inglaterra y cierre sus puertos a los barcos ingleses. En esta pretensión arrastró a España (gobernada entonces por el ministro Manuel Godoy), mediante la firma del tratado de Madrid de 1801. Según este tratado, España se comprometía a declarar la guerra a Portugal si ésta mantenía su apoyo a los ingleses. Ante la negativa portuguesa a someterse a las pretensiones franco-españolas, se desencadena la Guerra de las Naranjas.



secuestraron los papeles del Príncipe de Asturias, y en El Escorial, donde en aquel

momento estaba la corte, se inició un proceso en el que se acusaba al heredero de

conspiración, aunque no había pruebas. Al final, el rey perdona a su hijo. Pero el

proceso de El Escorial fue denigrante para la corona y solo contribuyó a fortalecer

públicamente la figura de Fernando, al tiempo que convenció a Napoleón de que

España sería presa fácil por la desunión de sus gobernantes. El emperador ya había

firmado con Godoy el Tratado de Fontainebleau2, el 27 de octubre de 1807,

mediante el cual se abrían las puertas a la penetración de tropas francesas en

España.

La ocupación francesa de Portugal no iba a revestir

problemas, más bien estaba contemplada en el tratado que antes hemos citado: De

hecho, el embajador británico en Portugal aconsejó la salida de la familia real hacia

Brasil; y a los dos meses escasos de firmar el tratado, los franceses ocupaban

Lisboa. Pero los soldados de Napoleón seguían cruzando los Pirineos y tomaban

posiciones en territorio español, con el pretexto de prevenir una posible acción de

los británicos. A los ojos de muchos españoles, Napoleón era el representante de

las nuevas ideas que ellos mismos defendían y veían al ejército imperial como una

amenaza tan solo para el valido, y un refuerzo a las pretensiones de Fernando.

Godoy también está muy preocupado por la rivalidad con el heredero, y aconseja a

los reyes que se retiren a Andalucía, y que desde allí embarquen hacia América.

Pero la propuesta es recibida con reticencia. Este es el marco en el que suceden los

hechos de Aranjuez, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Estalla un motín popular

orquestado por los enemigos de Godoy a causa del anuncio de la partida de la

familia real; y al día siguiente, el 18, el rey firma un real decreto en el que toma la

decisión de prescindir de su valido y gobernar por sí mismo. Se concede el retiro a

Godoy en donde él elija. Aunque se dan vivas al rey al heredero, las aguas todavía

corrían turbias. Se descubre al valido escondido, en la mañana del día 19, y de

nuevo se desata la violencia. El rey, asustado, abdica en su hijo, temiendo correr la

misma suerte que su primo francés. Godoy es encarcelado en el castillo de

Villaviciosa y a los antiguos reyes se les recluye en el palacio. Así empieza el primer

reinado, breve, de Fernando VII.

2 En 1806, tras fracasar su intento de invasión de Gran Bretaña, Napoleón decreta el Bloqueo Continental, que prohibía el comercio de productos británicos en el continente europeo. Portugal, tradicional aliada de Inglaterra, se niega a acatarlo y Napoleón decide su invasión. Para ello necesita transportar allí sus tropas terrestres. El 27 de octubre de 1807, Manuel Godoy, valido de Carlos IV, representado por su plenipontenciario, el Consejero de Estado y Guerra Eugenio Izquierdo, firma con Gérard Duroc, representante de Napoleón, el Tratado de Fontainebleau, en el que se estipula la invasión militar conjunta franco-española de Portugal, para lo que se permite el paso de tropas francesas por territorio español.



Para esas fechas ya hay en España al menos 700.000 soldados

franceses, y en realidad el nuevo rey se mueve en un ambiente de libertad vigilada.

El general Murat estaba al frente de las tropas en la Península, y pretendía hacerse

con la corona, para su persona, de Fernando VII; quizá porque era cuñado de

Napoleón. Los antiguos reyes temen por su seguridad, y así se lo confía María Luisa

en una carta a Murat. El rey Carlos, además, firma otro decreto anulando el del 19

de marzo, en donde abdicaba a favor de su hijo. Se abría de nuevo la discusión de

la legitimidad en el trono. Pero Napoleón no confía en Murat para resolver este

problema, y el 7 de abril llega a Madrid el general Savary para convencer a

Fernando de que se reúna con su hijo. Se hace una Junta Suprema de Gobierno,

presidida por el infante don Antonio, que se queda en Madrid intentando cubrir el

vacío de poder. Pero está ante una situación muy complicada y sin instrucciones de

cómo actuar.

Napoleón tiene en su poder a casi todos los miembros de la familia real,

así como a Godoy y Escoiquiz, y empieza a presionar a cada uno de ellos por

separado. Carlos IV se reafirma en la nulidad de su abdicación argumentando que

le fue arrancada mediante la violencia; y cede sus derechos al emperador, a cambio

del asilo en Francia y de unas rentas; argumentando que era la única manera de

traer la paz a España. El 6 de mayo, sin saber la decisión de su padre, Fernando se

somete también a la voluntad imperial; y Napoleón queda convertido en el dueño

oficial de España. Pero el vacío de poder que no había podido colmar la Junta de

Gobierno, lo suplirá la legitimidad popular, que no cede ante la ocupación francesa.



Tema 2. Guerra y revolución (1808-1814) El dos de mayo.

Murat presiona a la Junta para que permita salir de España al

infante don Francisco de Paula, uno de los hijos de Carlos IV, y esto ocasiona que

se reúnan con el gobierno provisional, representantes de otras instituciones del

Antiguo Régimen, e incluso se forma una Junta suplente, para el caso de que Murat

cumpla sus amenazas de disolver la actual. En esta nueva junta ocupan un lugar

privilegiado personajes como Jovellanos, pero también algunos militares. En la

mañana del 2 de mayo, al día siguiente de esta reunión, se produce un motín en las

calles de Madrid cuando ven salir del palacio a los últimos miembros de la familia

real. Intentan que no se vayan, y atacan a un escuadrón francés, que tiene que ser

protegido por soldados españoles. Cuando los franceses toman represalias, con

resultado de muertos y heridos, la población se levanta en armas en todo Madrid.

En definitiva, lo que todos hemos visto reflejado en los famosos cuadros de Goya,

Los fusilamientos del 2 de mayo y La carga de los mamelucos.

Lo mismo que ocurre en Madrid se extiende a otras localidades cercanas, y el

mismo dos de mayo, el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, se presenta como

depositario de la soberanía de que la las altas instancias del reino no se han hecho

cargo., y publica un bando llamando a la guerra contra los franceses. Las revueltas

se van sucediendo en las distintas provincias, quizá también por la complicada

situación social y al cansancio de una situación que ya venía durando demasiado

tiempo.



Las abdicaciones de Bayona todavía le dejaban el camino mas

expedito al emperador, y el 10 de mayo, la Junta de Castilla aceptó a Murat como

teniente general del reino, y por tanto, con mando sobre todo el ejército español.

Cada vez se veía más cerca el cuñado de Napoleón del trono español. Pero el

emperador ya había ordenado a su hermano José que saliese de Nápoles para

hacerse cargo de la corona española. Murat recibe las órdenes de preparar la

llegada del nuevo rey.

El reformismo de Bayona.

Napoleón tenía de España la misma idea que el francés medio que había

leído relatos de viajeros avisados; un país mediocre, atrasado y sumido en la más

profunda ignorancia. Por eso pensaba que presentándose como hombre moderno y

libertador, el pueblo español caería rendido a sus pies. Se presenta como el

“regenerador de la patria” y habla incluso de traer la felicidad a España. Para

acabar con el Antiguo Régimen, Napoleón cuenta con la presencia de su hermano,

que será rey con el nombre de José I, y con la constitución de Bayona. Pero uno y

otra supusieron un rotundo fracaso de los hermanos Bonaparte. Se convocó una

reunión de una Asamblea Nacional para lograr el apoyo de los reformistas, pero

fracasó. Empieza entonces la división entre afrancesados y patriotas, que supone

una división en el grupo de los ilustrados. Personajes como Llorente, Cabarrús o

Urquijo decidieron confiar en el emperador, y otros, como Floridablanca o

Jovellanos rechazaron al rey extranjero.

En Bayona se aprobó una de las muchas constituciones españolas, aunque

nunca logró imponerse plenamente. Se trataba, a decir de algunos estudiosos, un

texto a caballo entre dos mundos, que intentaba introducir en España algunos

principios liberales, establecía límites a la autoridad del rey y garantizaba ciertas

libertades individuales; pero a la vez mantenía una monarquía de corte claramente

autoritario. Pero a pesar de todo, este texto, junto con los decretos de Chamartín y

otros posteriores que promulgan medidas como la abolición de la Inquisición,

trataban temas que eran gratos para los ilustrados. El texto constitucional fue

otorgado por José I y se aprobó tras algunas modificaciones. En suma, se trataba

de exportar a la Península las ideas ya consolidadas en Francia. El 8 de julio José

Bonaparte jura la constitución y recibe a su vez el juramento de fidelidad de la

Asamblea, a la par que designa a los miembros de su gobierno, antes de partir para

Madrid. El Alzamiento seguía en marcha y la guerra será el telón de fondo de su

reinado.



La guerra de la Independencia.

Esta guerra casi siempre se ha presentado como un

Levantamiento popular y espontáneo, y con el tiempo se ha ido adornando de

muchas maneras. La historiografía reciente se hace muchas preguntas; pero

aunque se duda de que fuera totalmente espontáneo, si hay que decir que se trató

de un Levantamiento popular. Los fernandinos siempre sostuvieron que se defendía

al rey, y la religión, pero hay quien también ve en el Levantamiento alguna

tendencia republicana. De hecho, clérigos los había en los dos bandos, aunque el

clero secular solía ser de tendencia francesa. La historiografía más al uso ha

defendido siempre que se trataba de una guerra de independencia frente al invasor

extranjero, pero quizá también hay que ver en ella ansias de reforma frente al

Antiguo Régimen. El propio Jovellanos había dicho que él le encontraba al

Levantamiento tintes de guerra civil. En su obra España: el desafío de la

modernidad, Fusi y Palafox insisten en que esta guerra tiene un carácter variado y

en ocasiones contradictorio: se trata de un Levantamiento espontáneo, pero a la

vez inducido por los británicos; una guerra nacional y popular, librada en nombre

de conceptos como monarquía y religión; pero también una guerra española de

independencia del invasor extranjero y una guerra que se ha convertido, a su vez,

en un conflicto internacional.

El vacío de poder causado por las abdicaciones de Bayona y el

rechazo al nuevo rey de algunos españoles, facilitó un trasvase de poderes y la

aparición de las Juntas Supremas provinciales de manera general. El 25 de

septiembre esto culminó en la creación de una Junta Central Suprema y

Gubernativa del Reino, que siempre defendieron su legitimidad emanada del pueblo

y se presentaron como depositarias de la autoridad soberana. Pero el que se

presentasen a si mismas como revolucionarias, quizá entre en lid con el hecho de

que estaban compuestas por personas de la alta sociedad y fieles a la causa

fernandina. La presidencia de la Junta Central recayó en el conde de Floridablanca,

al que es difícil ver como defensor de ideas revolucionarias. La Junta fue poco eficaz

y demasiado moderada. Cuando José Bonaparte llega a Madrid en julio no lo hace

como rey de toda España; porque su gobierno tiene un pequeño control de la

situación, que se basa sobre todo en el ejército. Desde septiembre, la Junta

Suprema Central intenta poner orden, pero ya se habían producido importantes

acontecimientos. El Levantamiento generalizado había causado una exhibición de

fuerza de los franceses, que desplegaron sus tropas por todo el territorio. El

contingente que se dirigía a Madrid tuvo problemas en Aragón, Cataluña y Valencia,



y ciudades como Zaragoza o Gerona resistieron heroicamente. En el flanco oeste

los franceses lo tuvieron más fácil, y en la batalla de Medina de Rioseco

vencieron a las tropas que venían de Galicia y Castilla. Esto ayudó a Napoleón a

reafirmarse en su idea de que conquistaría toda España en poco tiempo. Las tropas

del general DuPont cruzan Despeñaperros para asegurar Andalucía, pero sufren una

derrota en Bailén frente a Castaños; y el ejército francés, con muchos muertos y

heridos, tiene que capitular y entregar las armas. Incluso el rey tiene que

abandonar Madrid junto con el gobierno, y refugiarse en Vitoria. Los ejércitos

franceses se repliegan hacia el Ebro, y en Portugal se quedan aislados Junot y sus

hombres, que habían llegado al inicio de la crisis. Los españoles se sintieron más

optimistas con las primeras victorias y hasta se plantearon pasar a la ofensiva. En

Portugal un ejército británico al mando del duque de Wellintong, que en aquellos

momentos aún no ostentaba tal título, derrota a Junot y entonces es cuando

Napoleón anuncia que intervendrá personalmente.

Los británicos mantuvieron estrechas relaciones con las Juntas

desde el principio, y se ofrecieron a ayudarles, con un marcado cambio de actitud.

Cuando llega Napoleón, al mando de 300.000 hombres, se produce una escalada

bélica, que hace que algunos autores hablen de una segunda fase de la guerra, que

abarcaría desde fines del verano de 1808 hasta 1812, y en la que los franceses

consiguieron el predominio. Las tropas españolas no pudieron frenarles, sobre todo



por problemas de desabastecimiento. La campaña de Sir John Moore en el Noroeste

fue importante, aunque la importancia no se mida de igual manera por

historiadores británicos que españoles. La Junta Central está replegada en Sevilla

desde fines de 1808, y el ejército español se sume en el desconcierto. Pero la

amenaza de Moore de cortar por el norte las comunicaciones con Francia, hace que

se desvíen muchos efectivos franceses hasta Galicia. Napoleón confía en la victoria,

y de hecho en enero de 1909 se va de España. La persecución de los ingleses hasta

La Coruña permite

que las tropas

españolas se

recuperen con

contraataques en la

meseta central,

aunque con poco

éxito. A las doce del

mediodía del 16 de

enero de 1809, el

poblado de Elviña,

en La Coruña, se

convertía en

escenario de una

gran batalla, que

enfrentó a 16.000

soldados británicos -

capitaneados por sir

John Moore- contra

los 20.000 hombres

de las tropas

napoleónicas que

dirigía el mariscal

Soult. La intención de los británicos era embarcar y huir del asedio francés, pero

finalmente tuvieron que entrar en combate en La Coruña, porque los barcos en los

que querían escapar no habían llegado. Durante la contienda, cada bando llegó a

perder cerca de 900 hombres, entre los que estaba el propio Moore, que fue herido

por una bala de cañón, y moriría al día siguiente en un edificio situado en el

número 2 del Cantón Grande. Sobre las 17.30 horas de ese día, se daba el alto el

fuego al caer la noche, y los británicos comenzaron a embarcar, aunque los galos

no se lo pusieron nada fácil y llegaron a hundir hasta quince embarcaciones



inglesas. Tras la marcha de los hombres de Moore, las tropas napoleónicas tomaron

la ciudad, donde permanecieron durante seis meses.

En el frente del Este, Zaragoza y Gerona resistían, y con los esfuerzos de

las tropas británicas, españolas y portuguesas, se hacía frente a los franceses. A

comienzos de 1810 los invasores ocupaban Andalucía, y sólo Cádiz pudo resistir, al

mando del duque de Alburquerque. De hecho, la ciudad resistiría hasta agosto de

1812. En esta fase de la guerra fue esencial la guerrilla; puesto que ya a finales de

1808 la Junta Central promulgó un Reglamento de partidas y cuadrillas que

intentaba regularizar en lo posible esta ofensiva. La guerra de guerrilla, además de

que hostigaba continuamente al enemigo y le debilitaba, tuvo un enorme efecto

psicológico, porque alcanza gran apoyo popular y mina la moral de los soldados

franceses. Los guerrilleros despiertan en el pueblo una auténtica devoción, más aún

cuando eran clérigos, y se justifican todas sus crueldades, aunque el salvajismo

existió en los dos bandos. Pero los británicos no aceptaban demasiado bien esta

manera de actuar, y el duque de Wellintong se queja constantemente de sus

aliados desde la batalla de Talavera, aunque también hay otros ingleses que se

admiran de que los españoles resistan en condiciones tan adversas. A los españoles

les molestan las críticas británicas a sus dirigentes y empiezan a tener dudas de la

verdadera intención de los ingleses para entrar en la guerra. Hasta 1812 los

franceses fueron ocupando distintas zonas del territorio peninsular, a pesar de la

resistencia. Los españoles y sus aliados permanecían en actitud meramente

defensiva, con los británicos replegados en Portugal. Así las cosas, Napoleón decide

atacar Portugal con la intención de llevar a Wellintong hacia el mar, pero no es

capaz de llevar a cabo sus planes.

La evolución de los acontecimientos en el Este de Europa es decisiva para

la guerra de la independencia española; y entramos ahora en la tercera fase de la

guerra, que coincide con la retirada de los ejércitos napoleónicos de Rusia; lo cual

redujo el contingente de tropas en la Península. Los ataques de Wellintong, del

ejército español y de la guerrilla obtuvieron éxitos en la Meseta, y los franceses se

repliegan a Levante siguiendo al rey José. Wellintong se convierte en generalísimo

de todas las tropas de la Península, incluidas las españolas, y reorganiza sus

fuerzas, al tiempo que Napoleón retira a parte de sus soldados y deja a su hermano

desprotegido. Cuando llega la primavera de 1813, Wellintong planea una ofensiva y

desembarca a sus tropas en Levante, mientras la guerrilla recrudece sus acciones

en el norte. Los escasos efectivos de José I se ven empujados hacia Portugal. La

batalla definitiva tiene lugar en Vitoria, el 21 de junio de 1813, cuando el ejército

francés huye a Francia. En octubre las tropas de Wellintong cruzan el Bidasoa y



llevan la guerra a tierra francesa. El 11 de diciembre el emperador firma en

Valençay, donde reside el rey Fernando, el tratado que lleva este nombre, donde se

acuerda el cese de las hostilidades. Napoleón reconoce a Fernando como rey de

España y le reintegra todos sus territorios. Las tropas de Suchet que quedaban en

Cataluña aún protagonizan algún incidente, pero nada de importancia. El 18 de

abril de 1814 Fernando el Deseado regresa a España.

El reinado de José I.

La idea que nos han hecho llegar la mayor parte de los

historiadores, de un rey borrachín, jugador y pendenciero, dista bastante de la

realidad de José Bonaparte. Cuando llegó a España tenía casi cuarenta años; era el

hermano mayor de Napoleón; y era culto,

experto en Leyes y Comercio, con

experiencia de gobierno por su breve reinado

en Nápoles, y muy amante de la literatura y

de las artes en general. Quiso apoyarse en

personajes ilustrados y españoles para su

gobierno, pero no consiguió que el pueblo le

aceptase. Contaba además con una doble

tutela en su reinado: la del mariscal Jourdan

y la del embajador Laforet, ambos al servicio

de su hermano para vigilarle, porque quieren

que se convierta en un alter ego del

emperador. Apenas está un mes en Madrid,

porque después del fracaso en la batalla de

Ríoseco y de Bailén, se refugia, con su

gobierno, en Vitoria.

Cuando los españoles tienen que tomar partido al llegar el

rey a España, lo hacen en distintas direcciones. Quienes le aceptaron, pasaron a ser

conocidos como afrancesados, josefinos o juramentados. Conviene aclarar, antes

de seguir, el término afrancesado, porque ni es oportuno ni demasiado correcto, y

puede inducir a error. La más amplia acepción del adjetivo se refiere a una persona

o institución que recibe influencias de Francia. Y en esa línea, el afrancesamiento es

algo permanente en España durante todo el siglo XIX. Pero en este contexto, se

suele entender el término para designar a las personas que en la guerra

colaboraron con el poder francés, ocupando incluso cargos en el gobierno de José I

o que le juraron fidelidad al rey. La historiografía española casi siempre les ha



tachado de traidores que vendieron a su país. Los primeros afrancesados serían los

que acudieron a la Junta de Bayona, sancionaron la constitución elaborada por el

emperador, y juraron fidelidad a su hermano. Posteriormente los afrancesados

aumentaron porque se exigió el juramento de fidelidad a todos los funcionarios de

la nueva administración, a los religiosos e incluso a los acreedores del estado; es

decir, a todo el que dependía económicamente del nuevo rey y su gobierno. Entre

los afrancesados, los había activos, que ocupaban cargos en el gobierno, y pasivos,

que lo aceptaban en mayor o menor grado.

Después de las sucesivas derrotas francesas, el emperador en

persona viene a España, lo cual no ayuda a facilitar las cosas a su hermano, que se

siente desplazado. Los Decretos de Chamartín de 1808 están impregnados de

espíritu reformista, pues se abolieron los derechos feudales y la Inquisición. Se

actúa sobre las órdenes religiosas limitando sus bienes y quedan abolidas las

aduanas interiores. Pero ni con estas reformas atraen totalmente a los ilustrados; y

solo sirven estos decretos para que los más tradicionales desaten una campaña de

descrédito. Cuando el emperador regresa a Europa a comienzos de 1809, José se

instala en el Palacio de Oriente, y así se inicia lo que se ha dado en llamar su

segundo reinado. Todas las instituciones que perduraban del Antiguo Régimen

están en el orden del día del gobierno reformador de Bonaparte, que desea educar

y liberar al pueblo de sus esclavitudes de pensamiento y actitud. Obtener el

respaldo de sus súbditos no era el único problema del rey; porque su hermano no

quería renunciar al control directo sobre España; y aunque le había dejado como

jefe supremo del ejército, José I no lograba imponer su voluntad a mariscales y

generales. Poco después, el emperador, con distintos pretextos, desgajó el reino y

creó cuatro gobiernos militares: Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya, en las zonas

fronterizas con Francia; concediendo a los generales al mando plenos poderes

civiles y militares. Este será el problema principal entre los dos hermanos. Aunque

la corte intentase dar una apariencia de normalidad, incluso mediante espectáculos

y celebraciones, el telón de fondo era una guerra cruenta, en la que el hambre y la

escasez se cebaban con los españoles. No puso ser un auténtico rey, ni para sus

súbditos ni siquiera para el ejército. Tras un primer exilio temporal en Valencia, en

la primavera de 1813 llega la evacuación definitiva al norte, hasta el momento de a

firma del tratado de Valençay.



Las cortes de Cádiz. La constitución de 1812.

La constitución de Cádiz fue uno de los logros de los patriotas que

se oponían al reinado de Bonaparte. Desde septiembre de 1808 la Junta Central,

presidida por Floridablanca, era la depositaria de la autoridad soberana, y se

esforzaba en moderar y equilibrara todos. La Junta se traslada a Sevilla, y una vez

muerto Floridablanca, que pertenecía al sector más reacio a los cambios, se anuncia

la creación de una comisión para la reunión de las cortes. Había dos bandos: el de

los viejos ilustrados, y el bando de los jóvenes liberales, que pretendían introducir

más reformas. Las discusiones principales eran cómo deberían formarse las cortes y

qué temas deberían tratar. Para el modo de formar las cortes, fue importante la

opinión de Jovellanos, que tomaba como modelo a los ingleses, sobre todo los

textos de Burke. Defendió la convocatoria a la antigua, de unas cortes de

estamentos que podrían contener los abusos de la corona y evitar el ejemplo de lo

que había ocurrido en Francia. Pero precisamente Francia era el modelo que

tomaba el otro grupo para reunir a las cortes. Preferían estos contar sólo con los

representantes del tercer estado, mediante procuradores de las ciudades y villas

con voto. Ganó la postura de Jovellanos. Para la elaboración del catálogo de temas

a tratar en las cortes, había gran disparidad de criterios. Se acordó consultar a las

Juntas Provinciales, a los consejos, tribunales, ayuntamientos, obispos y

universidades, y sus respuestas se llevaron luego a una Junta de Ordenación, para

estudiar los temas y preparar las reformas necesarias. Las instrucciones de

Jovellanos en esta materia se llamaron “el testamento de la Ilustración”, auque

también dieron su opinión muchos importantes personajes de talante más liberal,

como Nicasio Gallego o José María Blanco White. Pero todo esto se hacía en un

marco de guerra, y la presión de las tropas francesas aconseja el traslado a Cádiz,

lo cual fue visto en algunos sectores como una muestra de cobardía. En enero de

1810 se convocan las Cortes, y se decide hacerlo por estamentos, pero aún se duda

si en una cámara o en dos, y la importancia que se dará a cada uno de esos

estamentos. Finalmente se decide que será una sola cámara, quizá debido a estar

en una ciudad sitiada y a que el consejo de regencia no demostraba demasiado

interés por esta reunión de las cortes. Se publica un decreto permitiendo elegir

suplentes en representación de los americanos y de las provincias ocupadas por los

franceses; y las cortes se reúnen, por fin, en septiembre de 1810. Predominan los

diputados pertenecientes a las clases profesionales y una tercera parte son

miembros del clero secular, la mayoría con intenciones reformistas, y no demasiado

contentos con la intromisión de la Santa Sede en los asuntos de la Iglesia española.

La nobleza representaba más o menos el otro tercio; y destacaba la casi ausencia



de campesinos, artesanos y trabajadores manuales. La labor de estas cortes se

suele dividir en tres etapas:

1. Desde 1810 a 1812 predominan las reformas moderadas.

2. Una etapa más social se da desde 1812 a 1813

3. Hasta 1814 los diputados se interesan más por los problemas de la

economía.

Los diputados declaran que la soberanía reside en la nación y se decreta la división

de poderes, reservándose el Legislativo. Se decreta también la libertad de

imprenta, la abolición de la tortura y la incorporación a la nación de los señoríos

jurisdiccionales. En el artículo 12 se sigue lo que había sido la constitución de

Bayona, y se manifiesta que la religión de España será la católica, apostólica y

romana, y se prohíbe la practica de ninguna otra. Fue el clero secular, muy

representado en estas cortes, el que había luchado contra la religión más

tradicional, hasta el punto de que algunos hablaban del jansenismo español,

aunque en ningún momento se apartaron de la ortodoxia. El decreto que abolía la

Inquisición fue una prueba de marcado talante regalista, y se estipulaba además

que los tribunales civiles eran competentes para declarar e imponer a los herejes

las penas que señalare la ley. Muchos calificaron al artículo 12 de error.

El absolutismo monárquico no salió tan bien parado como la religión. La

nación española se define como reunión de todos los españoles de ambos

hemisferios, y depositaria de la soberanía nacional. La forma de gobierno será la de

monarquía moderada hereditaria, con separación de poderes: el ejecutivo

pertenece al rey, el legislativo lo comparten las cortes y el rey y el judicial residirá

en los tribunales establecidos por la ley. Los diputados se elegirán por sufragio

universal masculino directo, y para ser diputado hay que tener una determinada

renta, procedente de bienes propios. La persona del rey será sagrada e inviolable, y

no está sujeta a responsabilidad; y debe comprometerse a defender la religión

católica sin permitir ninguna otra religión. Se compromete también el monarca a no

enajenar ni desmembrar parte alguna del reino, a no tomar a nadie su propiedad, a

guardar y hacer guardar la constitución y a respetar la libertad política de la Nación

y la individual de cada súbdito. Se designaba también la regencia en caso de

minoría de edad del rey, y el papel de los secretarios de estado y de despacho, así

como del consejo de estado, como órgano asesor del monarca.



El poder judicial se aborda en el título quinto; y entre otras cosas, se

prohíbe el uso de la tortura; y se obliga a comunicar al reo, en menos de 24 horas,

la causa de su prisión y el nombre de su acusador. Se prohíbe confiscar los bienes

del reo y se establece un solo fuero, aunque se respeta el militar y eclesiástico.

La organización territorial es claramente centralizadora; aunque se trata

de racionalizar la economía y la hacienda, por razones prácticas.

La constitución se aprueba el 19 de marzo de 1812, fecha en que se

celebraba la subida al trono de Fernando VII; y además se aprueban también otros

decretos que marcan la ruptura con el Antiguo Régimen; como la abolición del

señorío jurisdiccional, la conversión del territorial en particular. La ley Agraria se

inspira en el Informe de Jovellanos; y en la ley de ganadería se suprime la Mesta.

La reacción de los absolutistas a la constitución fue ya contundente desde el mismo

momento del debate en cortes, y aprovecharon para ello la libertad de prensa. Los

temas sobre la iglesia y la Inquisición se radicalizaron y la división en dos bandos:

absolutistas y liberales, es ya un hecho consumado. Se dudaba, por otra parte, de

la legitimidad de las cortes, debido a que no tenían mandato constitucional. En las

elecciones a cortes ordinarias que debía celebrarse el 1 de octubre de 1813, los

liberales solo consiguen un tercio de los escaños, debido sobre todo a una dura

campaña de prensa absolutista. El ambiente presagiaba una guerra civil.



Tema 3. El reinado de Fernando VII (1814-

1833).Absolutismo versus liberalismo.

La Restauración del Absolutismo.

Había muchas tensiones entre los defensores del Antiguo Régimen,

que criticaban la Regencia por liberal y esperaban con ansia la llegada del Rey; y

los liberales, que intentaban asegurar la supervivencia de su obra atando corto a

Fernando VII, e intentado que respetase la constitución. Entre los liberales se

asientan personajes como Francisco Martínez de la Rosa o Canga Argüelles, que

habían logrado que se aprobase por mayoría el decreto que negaba la validez de las

acciones de un rey cautivo. Se vinculaba el acatamiento de las cortes a él si éste

juraba la constitución; hasta ese momento, ni se le consideraría libre ni se le

prestaría obediencia. La Regencia, tercera ya que se había constituido, estaba

controlada por los liberales y seguiría siendo la titular del poder ejecutivo.

Al decreto de febrero Fernando VII responde con más suavidad que la

que en principio se había esperado, afirmando que

todo lo hecho en su ausencia y beneficioso para el

reino, merecería su aprobación. Debido a la difícil

situación de Napoleón, pronto se produce la

liberación del monarca; algo que los británicos

miran con lupa, por los problemas que les pudiere

acarrear. Acabado de llegar a España el rey, ya el

embajador inglés habla del carácter “jacobino” que

ostentan los liberales españoles, y pronostica su

oposición al modelo salido de Cádiz.

Cuando el rey está todavía en Francia, pero ya de camino a España,

hace un comunicado que va dirigido a los afrancesados; adelantando que pronto



podrían volver a sus casas, con la protección de su rey, que quería serlo de todos

los españoles; dando así una ligera idea de su desprecio por la Regencia y por las

cortes, pues pasaba por alto algunos decretos que condenaban a distintas penas a

los afrancesados. Apenas pisa tierra española, hay manifestaciones de alegría en

cada ciudad por la que pasa; pues no en vano le llamaban “El Deseado”. Pero una

cosa era el pueblo llano y otra lo que había detrás. Para los serviles el monarca era

la confirmación de que gozaban del respaldo necesario para volver a la situación

anterior a Cádiz. Para los liberales era el anuncio de que se alejaba la posibilidad de

que el rey aceptase las reformas y se convirtiese en un soberano constitucional. El

24 de marzo de 1814 Fernando VII cruza la frontera en Cataluña, y recibe con

frialdad al general Copons, capitán general de Cataluña, que le da la bienvenida en

nombre de la Regencia, y le entrega documentación en la que se informa del estado

de la nación. Pero comete el primer error cuando en su alocución al general, habla

de “vasallos”. Altera el itinerario, y va a Zaragoza en lugar de ir a Valencia, como

estaba previsto. La prensa liberal hace enfervorizados llamamientos a la defensa de

la constitución. Al final va a Valencia, pero cuando él quiere, dando a entender una

cierta rebeldía hacia la Regencia y las cortes. En Valencia, su capitán general le

recibe con un discurso de tintes absolutistas, y al llegar a Sevilla, el diputado Mozo

de Rosales le entrega un Manifiesto en defensa de la monarquía absoluta, que se

conocerá como el “Manifiesto de los persas”. El presidente de la Regencia, cardenal

Borbón, acababa de entregar al rey una copia de la constitución, y el embajador

británico Wellesley recomienda a su gobierno no intervenir en los acontecimientos

que están por llegar.

El Manifiesto de los Persas se llama así por la manera en que comienza:

SEÑOR:

1.- Era costumbre en los antiguos Persas pasar cinco días en anarquía después del

fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras

desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V. M. no

necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad, del número de los Españoles que



se complacen al ver restituido a V. M. al trono de sus mayores, son los que firman esta

reverente exposición con el carácter de representantes de España; mas como en ausencia de

V. M. se ha mudado el sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos hallamos

al frente de la Nación en un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos, y de lo

que nuestras Provincias desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y

circunstancias que los hacen estériles, con la concisión que permita la complicada historia de

seis años de revolución.

Básicamente se trataba de la descalificación de los diputados de las cortes de Cádiz,

a los que se acusaba de carecer de representatividad; y un canto a la monarquía

absoluta, que consideraban subordinada a la ley divina y a las reglas fundamentales

del estado. Se concluía con la solicitud de una convocatoria de las cortes a la

manera tradicional, para declarar nula la constitución y las cortes de Cádiz. En

realidad lo que pretendía era una reforma, lisa y llanamente, aunque en tiempos

recientes se ha visto como el culmen del pensamiento absolutista, y en realidad

como un llamamiento al golpe de estado. No se sabe qué respaldo exactamente

tuvo este manifiesto, pero de hecho el documento está fechado en abril y el

gobierno no lo publicó hasta el mes de julio, lo cual dio pábulo a muchos

comentarios y le hizo perder parte de su efecto. El rey, de todos modos, lo recibió

con alegría, y fue uno de los elementos que le animaron a dar los siguientes pasos.

El ejército también jugó un papel decisivo; aunque las simpatías entre

liberales y absolutistas se repartían por provincias. Elio y Erguía, representantes de

la vieja generación, encabezaban el sector absolutista, mientras los liberales

contaban con el respaldo de Valdés en Cádiz o de Villacampa en Madrid. Cuando

Elio pone en manos del rey a sus cinco mil hombres le hace avanzar a lo que

algunos han llamado “el primer pronunciamiento”, que permitió al rey dar el paso

decisivo para imponer de nuevo el Antiguo Régimen. En Madrid se preparaba la

celebración del 2 de mayo y se remata la sede de las cortes, con la leyenda en su

fachada “La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey; pero en

Valencia el monarca da los últimos toques al decreto del 4 de mayo. Los británicos



se mantenían a la expectativa, a pesar de que el rey había tranquilizado al

embajador.

El 5 de mayo el rey sale de Valencia hacia Madrid, acompañado de los

infantes don Carlos y don Antonio, y escoltado por las tropas de Elio, y le aclaman

muchos contrarios a la constitución. Fernando se niega a recibir a una delegación

enviada por las cortes, y Erguía, nombrado capitán general de Castilla la Nueva, se

prepara para eliminar cualquier foco de resistencia al monarca en Madrid. De hecho

en la noche del 10 de mayo se arresta a conocidos liberales. Las cortes se disuelven

y los regentes y muchos diputados son encarcelados para cuando Fernando entra

en Madrid.

El decreto del 4 de mayo, que en realidad se publica el día 10, deja claras

las nuevas reglas del juego, pues reproduce la mayor parte de las críticas del

Manifiesto de los Persas y de forma bastante tajante el rey declara que la

constitución y decretos no tienen valor alguno, pues las cortes se han convocado de

una manera inusual en España. En el decreto se presenta Fernando como el

defensor de su pueblo, a quien ha salvado de la perniciosa influencia del valido del

reinado anterior, es decir, Godoy; y ha intentado preservar al país de la perfidia del

emperador. Fernando se compromete a convocar de nuevo a las cortes, pero

preservando toda su real dignidad y sus derechos, de carácter divino. Promete

incluso la presencia de diputados americanos. Dice que se respetará, dentro de

unos límites, la libertad de imprenta, y hace saber que todo el mundo deberá

respetar la religión. En los meses siguientes liquida cargos e instituciones

constitucionales, y restablece todos los organismos de antes de la guerra de la

Independencia, como por ejemplo el régimen de Consejos, con la única variación de

que la preponderancia de que antes gozaba el Consejo de Castilla, es ahora del

Consejo de Estado. Los miembros de los gabinetes serán personas de la absoluta

confianza del rey, y se devuelve a cada secretaría las atribuciones de antes de

1808. Vuelve a funcionar la Junta Suprema de estado, y se restablecen los

ayuntamientos, corregidores y alcaldes de antaño, así como las Audiencias y



Chancillerías. La cabeza de todo este entramado era el propio rey, que tomaba sus

decisiones ayudado por personas de su total confianza, como Juan de Escoiquiz,

que había sido su preceptor. Las decisiones en materia social, económica y religiosa

no pasan de ser una vuelta al pasado, restableciendo una situación privilegiada a

todos los que se habían visto afectado por la Regencia. Se restablece también el

Santo Oficio, que juega un gran papel en el control ideológico. Se devuelven al

clero los conventos y propiedades vendidos por el anterior régimen y los jesuitas

regresan. Se suprime la contribución directa y vuelven los gremios; y se reintegra a

los señores jurisdiccionales la percepción de las rentas y frutos de su señorío. Pero

el país tiene problemas muy graves, y estas no son las mejores medidas para

atajarlos.

Situación internacional. El Congreso de Viena.

El regreso a España de Fernando VII y la primera parte de

su reinado, coinciden con la crisis del imperio napoléonico y el diseño de un nuevo

sistema en Europa de equilibrio de poderes, para impedir que volviese a estallar



una crisis como la que se acababa de superar. El canciller austríaco Metternich y

el ministro de AA EE británico, Castlereagh, hicieron la mayor parte del trabajo

para firmar la paz, primero, y luego para restablecer el sistema de congresos.

España desciende a una posición secundaria en el marco internacional; y a pesar de

haber sido una de los artífices de la derrota de Napoleón en el continente, queda

fuera de la gran Alianza, formada por Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, que había

acabado con Napoleón. España, junto con Portugal y Suecia, fue admitida en el

Comité de los Ocho, por las cuatro grandes potencias. Francia, gracias a la

habilidad de Talleyrand, tuvo un papel importante que al principio le fue negado. El

plenipotenciario español, Pedro Gómez Labrador, no fue demasiado hábil, además

de que desde Madrid se le enviaban instrucciones erráticas la mayor parte de las

veces. A España no se la escuchó en su petición de que se le devolviera Lousiana,

en poder de Estados Unidos desde 1803. En cuanto al comercio de esclavos, tuvo

que avenirse a la redacción de una declaración que condenaba su tráfico, y las

conversaciones quedaron aplazadas. El único triunfo, y relativo, fue la

indemnización obtenida con la firma del Segundo Tratado de Paris, el 20 de

noviembre de 1815. El 26 de septiembre del mismo año, a instancias del zar

Alejandro I, los soberanos de Austria y Prusia firmaron el Pacto de la Santa Alianza,

donde se invocaban los principios cristianos de justicia, caridad y paz, y la voluntad

de estos estados de ayudarse y socorrerse mutuamente. Finalmente fue respaldado

por todos los soberanos europeos, excepto tres: el Papa, el sultán de Turquía y e

regente británico, aunque envió una carta privada al zar expresando su simpatía

con el tratado. La importancia real de este tratado no es demasiada, y Metternich lo

califica de “nadería ruidosa”, porque muchos estados se adhirieron por mera

cortesía. El 20 de noviembre de 1815 se firma la Cuádruple Alianza entre Gran

Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, donde se comprometen a mantener los acuerdos

de Chaumont, Paris y Viena, si es necesario con las armas, durante los siguientes

veinte años, y celebrar reuniones diplomáticas cada cierto tiempo para discutir



asuntos comunes. Este sistema de congresos buscaba proporcionar a Europa un

mecanismo para fomentar la paz y el equilibrio, del cual España no formaba parte.

La política interior.

Después de la guerra la economía peninsular estaba en

situación desesperada, y ni el rey ni sus ministros estaban demasiado avezados en

la materia ni para solucionar los problemas menos importantes. La ganadería, la

agricultura y la industria se encontraban afectadas por las destrucciones, saqueos,

expropiaciones e impuestos exagerados. Y el comercio estaba convulsionado a

causa de la situación colonial. Había una inmensa deuda pública, y con el decreto

del 4 de mayo se echa por tierra cualquier intento de cambio. Dice Fontana que,

descartada la política de las modificaciones, había que probar reformas

administrativas que aportasen, al menos, soluciones parciales. En los primeros

nueve meses de gobierno, se suceden tres ministros de Hacienda, pero ninguno de

ellos es capaz de dar solución a los graves problemas. En un informe se reconoce

que la Real Hacienda está sumida en el caos y el desorden, y que los remedios

paliativos que se emplean no serán más que un alivio momentáneo, que solo

dilatará un poco la ruina del estado. Salen a la luz soluciones más complejas, pero

que van siendo desestimadas, bien porque requieren convocatoria extraordinaria de

las cortes o porque solo serían viables subiendo los impuestos. Hasta el rey toma

cartas en el asunto y junto con su cuarto ministro, González Vallejo, diseña un plan

que significa la vuelta a la situación anterior a la reforma centralizadora de 1799,

pero antes de fin de año se abandona este descabellado plan. Los gastos siguen

aumentando y los metales preciosos americanos ya no fluyen como antes. En 1816

se designa una Junta para estudiar seriamente el estado del país, y otra Junta,

llamada de Economía, debía establecer un presupuesto para cada ministerio. A

finales de año las dos Juntas se fusionan, pero no llegan a nada positivo. Cuando se

hace cargo de la cartera de Hacienda Martín de Garay, parte de los estudios de las

anteriores Juntas para realizar la llamada Memoria Garay, donde plantea como



novedad sustituir las rentas provinciales por una contribución directa y universal

sobre la riqueza. Fontana se encarga en sus estudios de desmitificar a este

personaje, al que quizá se le ha dado demasiada importancia, cuando sus

aportaciones ni son tan novedosas ni tienen tanto éxito. La contribución directa de

Garay no fue bien recibida por la población; y empiezan a darse cuenta de que la

única salida era ampliar la base tributaria, como se había pensado en Cádiz, lo cual

significaría variar la estructura del intocable Antiguo Régimen. Este problema queda

sin solucionar y lo heredan los liberales.

La oposición liberal: los pronunciamientos, el ejército y la masonería.

La mayoría de los afrancesados eran conscientes del odio

que despertaban en la población y se habían ido tras las tropas de José Bonaparte,

aunque las primeras declaraciones de Fernando VII les hacen pensar en una posible

amnistía. Pero era una mera engañifa y el posterior comportamiento del rey hace

que entiendan la realidad. Mediante un decreto de 30 de mayo de 1814 destierra a

todos aquellos que han ocupado cargos en el gobierno de José I; y esta medida

para castigar a “Los Malos” obliga a mucha gente al exilio, con sus bienes

confiscados en la Península y viviendo a expensas del presupuesto francés, aunque

en Francia cada día están menos por la labor de hacerse cargo de ellos. Para los

liberales reservaría el rey la peor parte de su castigo, y los absolutistas, por su

parte, claman a su rey venganza. Los que no tienen tiempo de huir son detenidos y

juzgados según procesos que se pueden tachar de inquisitoriales. No se formulan

las acusaciones en el momento del arresto y se les recluye durante meses sin

tomarles siquiera declaración. Ante la lentitud y desesperación del rey, Arias de

Prada, presidente de la Sala de alcaldes de Casa y Corte, le aconseja que separe lo

judicial de lo político; y en adelante será el propio rey quien pronuncie las

sentencias definitivas, condenando a los procesados al margen de cualquier

procedimiento legal, regular o extraordinario. Se condena a muerte a Álvaro Florez

Estrada y al conde de Torezno, ambos en Inglaterra.



En el exterior no se ve con buenos ojos la manera de conducirse de

Fernando VII, sobre todo por parte de Inglaterra, y las protestas surgen ante el

embajador español en Londres. Fernando no deseaba problemas con los ingleses,

sobre todo porque ya eran bastantes los que les enfrentaban a causa del comercio

americano. En realidad los británicos ejercen una suave presión sobre el rey para

que haga reformas, pero sin hacer peligrar la diplomacia entre los dos países. Las

otras potencias europeas muestran bastante desinterés hacia los excesos de

Fernando VII e incluso hay un acercamiento con la Santa Alianza. Por tanto, los

liberales no podían esperar demasiado apoyo del exterior, porque había ya

demasiados problemas importantes sin añadir la situación española.

El descontento pronto siguió a las manifestaciones de alegría de

aquel a quien habían llamado El Deseado. Se necesitaba con urgencia una reforma

agraria, pero no se hizo; simplemente se reinstauró el régimen señorial y se

restableció el Concejo de la Mesta, lo cual provocó numerosos incidentes entre

señores y campesinos. Pero fue en las ciudades donde mayor oposición encontró el

rey, por la mala situación económica de la burguesía industrial y comercial,

agravada por la situación en las colonias.

Una parte de los descontentos, como Juan Martínez Díaz, que luego

recibiría el nombre de El Empecinado, o Florez Estrada, enviaron a Fernando VII

peticiones de moderación en el aparato

represivo; y más adelante el descontento más

profundo se canalizó a través del Ejército. A lo

largo del siglo XVIII se había remarcado su

carácter estamental, y los puestos de oficiales se

reservaban a los miembros de la pequeña

nobleza, estando los altos grados ocupados por



personas afines al rey. Para ser oficial de artillería era necesario ser hidalgo.

Cuando se crean las Academias se espera una profesionalización, que en efecto

tiene lugar en cuanto a técnica, pero los puestos no son ocupados por hijos de

campesinos o burgueses, como era de esperar. Por lo cual el Ejército siguió siendo

un mundo aparte y cerrado al resto de la sociedad, incluso con jurisdicción propia.

Pero entre los propios militares había muchas diferencias, atendiendo a su grado.

Esta situación cambia notablemente con la guerra de la Independencia, y termina el

Ejército dependiendo de la autoridad de las Juntas, y alterándose su composición

en una guerra de tipo patriótica y revolucionaria. Las Juntas reclutan hombres de

todos los estamentos sociales, y algunos ocupan incluso puestos de mando. Los

generales más tradicionales tienen problemas para adaptarse al cambio. La

constitución de 1812 y algunos reglamentos profundizaron en la transformación del

Ejército, y se establece el servicio militar obligatorio. Se establecen las Milicias

Nacionales y se restringe el poder de los altos mandos en provincias. Hay cada vez

mayores enfrentamientos entre los viejos y los nuevos militares, sobre todo con el

nacimiento de la guerrilla, a la que incluso se intenta regularizar. Muchos civiles

adquieren, de esta manera, grados militares en pago a éxitos frente a los

franceses. La restauración absolutista acabó con todos estos cambios, y hubo

muchos descontentos entre aquellos que resultaron perjudicados, además de que

se redujeron los sueldos y hubo muchas discriminaciones en ascensos y destinos,

siendo ninguneados los simpatizantes liberales. De esta época son los primeros

pronunciamientos, según la definición de Comellas, una forma de golpe militar

contra el poder para introducir reformas políticas. Las primeras

conspiraciones adolecían de falta de preparación y fueron fácilmente controladas.

Un ejemplo es el levantamiento del general Espoz y Mina en Navarra, el 25 de

septiembre de 1814, que estaba condenado al fracaso por su carácter aislado y

desorganizado. El general fue rechazado incluso por los mismos soldados a los que

había reclutado, y tuvo que huir a Francia. En los meses siguientes hubo rumores

de malestar y se produjo un segundo intento, algo más preparado, pero que



también fracasó. Porlier se pronunció en Galicia, donde estaba confinado en el

castillo de San Antón, en La Coruña, por sus simpatías liberales.

"Nuestro objeto y el de toda España no es otro que una Monarquía sometida a leyes justas y prudentes, y de tal manera constituida, que garantice igualmente las prerrogativas del Trono y los derechos de la Nación. Pedimos la convocación de Cortes nombradas por el pueblo, y que puedan hacer en la Constitución, proclamada por las Cortes extraordinarias, los cambios que

exige nuestra situación, que demanda la experiencia, y que nos indican las leyes constitucionales de las Monarquías limitadas de Europa. Ellas restablecerán el orden en nuestra Hacienda, cuidarán de la suerte de los militares, recompensarán sus servicios, asegurarán su

existencia en los días de vejez y harán en el exterior estimar y respetar a la Nación."

"La nobleza, renunciando a una pequeña parte de sus privilegios, encontrará la indemnización de este sacrificio en las nuevas disposiciones constitucionales, que le darán una existencia

política. Todas las clases de la sociedad verán mejorar su situación; los párrocos, cuya influencia puede ser tan útil, disfrutarán una asignación más elevada; el agricultor, el artesano, el comerciante, el industrial gozarán de nuevo de las ventajas que habían comenzado a reportar de las reformas hechas en su favor por las Cortes, y merced a una celosa administración de los

caudales públicos, los acreedores del Estado podrán esperar verse indemnizados de los adelantos que han hecho y de las pérdidas que han sufrido, ya por sus sacrificios patrióticos, ya

por su confianza en las promesas del gobierno."

Fracasó al no conseguir que se extendiese el Levantamiento, y abandonado por

todos, pagó el error con su propia vida. Entre 1816 y 1819 surgieron otras

intentonas que han sido agrupadas por algunos historiadores bajo el apelativo de

las conspiraciones masónicas, pues era la masonería quien proporcionaba las

bases. Generalmente se suele aceptar 1717 como el año en que nace la masonería

moderna con la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. Se convierte en una

institución universalista y con finalidad ética, que defiende la solidaridad, la

tolerancia y la igualdad, aunque levanta muchos recelos. En 1729 se crea la

primera Logia en Madrid, y generalmente los fundadores de las logias españolas

suelen ser británicos residentes en territorio español. La Inquisición condenaba la

masonería y ya Fernando VI promulga un Edicto en su contra, aludiendo a su

carácter secreto; aunque se siguió desarrollando. Con la guerra de la

Independencia y los contactos con los afrancesados, el movimiento masón adquier

mayor importancia; y de hecho Napoleón la había apoyado. Casi todos los

regimientos franceses contaban con una Logia. Debido quizá a esta influencia

francesa, las cortes de Cádiz prohíben la masonería. Con la llegada del rey y la

represión absolutista, en la cárcel hay un importante acercamiento entre los



masones y los liberales, y las logias masónicas eran el lugar perfecto para elaborar

las conspiraciones liberales. Destaca la conspiración del Triangulo y el

Pronunciamiento de Lacy.

En febrero de 1816 se descubre una conjura para asesinar al rey, o por lo

menos secuestrarle; aunque hay autores que dicen que lo que se pretendía era

proclamar una república liberal. Pero no se sabe a ciencia cierta por el secretismo

absoluto, que hacía que en cada triángulo, el vértice recibía información de una

cabeza y la transmitía a sus dos ángulos, que a su vez se convertían en vértices. La

denuncia de dos cabos granaderos, llevó a la detención de su vértice, Vicente

Richart, y pocos más fueron los encarcelados. Quizá entre los detenidos de mayor

renombre se hallase Juan Antonio Yandiola, con un alto cargo en el Ministerio de

Hacienda, aunque fue puesto en libertad poco después. Vicente Richart y Baltasar

Gutierrez fueron condenados a muerte, y ejecutados en la Plaza de la Cebada de

Madrid, siendo la cabeza de Richart clavada en una pica y expuesta en el lugar

donde al parecer pensaba atentar contra el rey.

Al año siguiente en Cataluña de nuevo se intenta restaurar la

constitución, esta vez mediante un pronunciamiento. Sus principales implicados

eran masones; Lacy en Barcelona y Milans del Bosch en Gerona. Sobre todo Luís de

Lacy tenía gran apoyo popular, porque había destacado en las guerrillas contra

Napoleón. Pero la improvisación y mala preparación, hizo que el pronunciamiento

fracasase, y aunque Milán del Bosch pudo huir a Francia, Lacy fue apresado y

ejecutado. Todavía hubo entre 1817 y 1819 nuevas conspiraciones en ciudades del

sur y en Levante, con distintos resultados. Juan Van Halen logró huir a Londres,

mientras otros conspiradores de Valencia fueron ejecutados.



El trienio constitucional, (1820-1823)

El pronunciamiento de Riego triunfó, pero tampoco fue un

modelo a seguir. Sabemos de él sobre todo por las Memorias de Antonio Alcalá

Galiano, quien cuenta que empezó en Cádiz, entre miembros de las más

importantes familias de comerciantes de la ciudad, y militares de distinta

graduación. Quizá la diferencia entre éste y otros pronunciamientos se debiese

sobre todo a la concentración en la ciudad de tropas a punto de ser enviadas a las

colonias y a la importancia que el movimiento tuvo fuera de las bases del Ejército.

El 8 de julio de 1819 el general Enrique O´Donell, conde de Labisbal, detenía

en el Palmar del Puerto a varios oficiales acusados de conspirar contra el rey;

aunque se sabe que también el propio

conde había formado parte de la

conspiración. Quince fueron los

encarcelados, pero todavía quedaron

libres los suficientes para seguir adelante.

Las tropas asentadas en Cádiz se

componían en su mayor parte de

veteranos de la guerra de la

independencia que no querían irse a las

colonias; y a sus ya complicadas

condiciones de vida, se suma una epidemia de fiebre amarilla, que les hace

insubordinarse. A estas tropas se dirige Rafael de Riego el 1 de enero de 1820,

con la idea de establecer en España un “gobierno justo y benéfico”. Azuza el

descontento de la tropa, hablando de los buques en mal estado o de los víveres

corrompidos para el largo viaje a las Américas. Hace mención a un gobierno



moderado y paternal, amparado por una constitución que asegure los derechos de

todos los ciudadanos. Los soldados de Riego estaban bastante más motivados que

los de los pronunciamientos anteriores. Fracasaron los planes de conquistar Cádiz,

y una parte de las tropas sublevadas se queda estancada en la isla de León. Riego

inicia un viaje por Andalucía, intentando encontrar refuerzos. A pesar de no obtener

el éxito deseado, demuestra perseverancia y no se deja abatir por la adversidad,

con lo cual va ganando tiempo y la llama del pronunciamiento prende poco a poco

entre la población. Los rumores que narran sus hazañas se extienden por todo el

país, y a partir de febrero, se unen a la rebelión lugares como Zaragoza,

Barcelona, Ferrol o La Coruña. Incluso el conde de Labisbal, desobedece las

órdenes y proclama la constitución en Ocaña. Fernando VII empieza a preocuparse

y convoca las cortes a la manera tradicional. Pero cuando ve que corre peligro,

desiste de su actitud, y el 17 de marzo de 1820 jura la constitución. Se pone en

libertad a los detenidos políticos y se crea una Junta Provisional Consultiva, que

equivalía a las Juntas Provinciales que se habían creado en los lugares en los que

había triunfado la revolución. Después de jurar la constitución, el rey pronuncia la

frase que luego se hará famosa:

Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.

El triunfo de la revolución de 1820 supone la restitución de todos sus

cargos a los depuestos en 1814, así como la puesta en libertad de los que habían

sido víctimas de la represión. Había llegado el momento de poner en práctica las

reformas ideadas en las Cortes de Cádiz. La Junta Provisional fue el organismo que

dirigió la transición hasta el régimen constitucional, y es quien designa un nuevo

gobierno, a pesar de que la constitución otorgaba al rey esta prerrogativa. De

hecho Fernando VII le llamaría “gobierno de presidiarios”, porque estaba

compuesto por personas que habían sido mal vistas por el régimen absolutista. La

Junta estaba presidida por el cardenal de Borbón, y compuesta por liberales que no

gozaban de demasiado relieve. La Junta iba elevando al rey propuestas para

restablecer poco a poco el régimen constitucional. La primera medida que se pone



en marcha es la libertad de imprenta, y se empiezan a publicar periódicos, la

mayoría de tinte liberal. Se decretó de nuevo la abolición del Santo Oficio, y se

convocaron las cortes, aunque se discutió bastante si debían ser ordinarias o

extraordinarias; aunque al final fueron ordinarias.

Las principales fuerzas que debían tener en cuenta la Junta

estaban encuadradas en distintos sectores del liberalismo: las Juntas Provinciales,

el ejército que había iniciado la revolución, las Sociedades Patrióticas, la masonería

y muchas otras organizaciones secretas, que se autoproclamaban guardianas de la

revolución. Algunas de las Juntas Provinciales pretendían enviar representantes a

Madrid para crear una Junta Central, aunque era innecesario una vez que el rey

hubo jurado la constitución. Las discrepancias en el modo de hacer las cosas eran

enormes, y había sectores que consideraban necesaria la violencia para hacer la

revolución, para lo cual contaban con el llamado Ejército de la Isla. Gil Novales

estudia las Sociedades Patrióticas, que ya habían surgido en la primera etapa

revolucionaria; y resultaban ser reuniones en las que se discutía de asuntos

políticos, con distintos enfoques, y se propagaban las máximas del liberalismo.

Hablaban sobre todo jóvenes ardientes, ilusionados y de verbo fácil, que

transmitían su entusiasmo a los demás; aunque había bastante diversidad de

opiniones. Los más moderados empezaron a temer las orientaciones de algunas de

estas sociedades y pretendieron acabar con ellas. Para algunos autores fueron un

poder en la sombra, al servicio de los más revolucionarios; y para otros eran fruto

de la necesidad de ilustrar al pueblo. La masonería daría origen a otra sociedad

secreta más revolucionaria, Los Comuneros.

El 9 de julio se reúnen las cortes y el monarca vuelve a jurar

antes ellas la constitución, con lo cual se inicia el período constitucional

propiamente dicho. Pero pronto empiezan los choques entre el soberano, su

gabinete y las cortes, de aplastante mayoría liberal en su composición. Las mayores



discusiones, empero, se producen entre las dos generaciones de liberales. Están

por una parte los procedentes de Cádiz, que se habían moderado con la cárcel y las

penalidades, los llamados doceañistas, y los jóvenes artífices de la revolución de

1820, o veinteañistas, más exaltados y radicales. El grupo más numeroso es el

primero, de los moderados, con personas como el conde de Toreno, Diego Muñoz

Torrero o Francisco Martínez de la Rosa. Se suprimieron los mayorazgos y se

implantó el medio diezmo, sin cerrar por completo este capítulo eclesiástico. Se

suprime la Compañía de Jesús y muchas otras comunidades religiosas se reforman

de manera drástica. Se reorganiza la Milicia Nacional, aunque se le veía en

diferente papel: para los moderados debía velar por el orden público; y los

exaltados opinaban que debía ser un organismo vigilante y defensor de los logros

constitucionales. Quizá uno de los temas más espinosos es la disolución del Ejército

de la Isla, decreto firmado por el ministro de Guerra, marqués de las Amarillas.

Este ejército había tenido mucha influencia en el triunfo de Riego, y prescindir de

los que seguían siendo considerados como héroes nacionales podía resultar muy

controvertido. Riego llega a acusar la conjura de una “mano negra” que pretendía

llevar a la nación y al rey al precipicio; llegando incluso a pedir amparo a las cortes.

En la calle el debate va subiendo de tono, y se pide la dimisión de Amarillas, lo cual

al final se lleva a cabo para calmar los ánimos. Pero el rey se niega y este es el

primer choque fuerte con los liberales, aunque al final Fernando tiene que ceder.

Pero este asunto del Ejército de la Isla crea tensiones incluso entre los liberales; y

la decisión de mantener la disolución del Ejército y mandar a Riego como capitán

general a Galicia, radicaliza a los exaltados, que se pronuncian con algaradas

callejeras. Cuando Riego llega a Madrid para hablar con el rey, envía a sus

compañeros de armas una carta en la que acusa a los ministros de conspirar en su

contra, con lo cual la polémica está servida. Muchos ya pensaban que había unos

que habían hecho la revolución y otros que se aprovechaban de ella. El gobierno

sabe que tendrá que tomar medidas y alejar de la corte a algunos de los militares

más significados; entre ellos Riego, que es enviado a Asturias. Pero la tensión



continúa en las calles y en las Sociedades Patrióticas, y se acusa veladamente a

Riego de republicano, a lo cual él se defiende en una Vindicación firmada en

Asturias en el mes de octubre.

Entre la disolución de las cortes el 9 de noviembre y la reunión de

las nuevas, el 1 de marzo de 1821, hubo numerosos incidentes, sobre todo

problemas entre el rey y los liberales, y también entre los doceañistas y los

veinteañistas. El rey se había instalado en El Escorial con sus partidarios, y no

deseaba volver a Madrid, por lo cual tuvo que ser prácticamente obligado por el

gobierno, y hacer algunas cesiones, en lo que se ha llamado “la reconciliación de

noviembre”. Los jefes del Ejército de la Isla fueron ascendidos y se reabrieron las

Sociedades Patrióticas. Pero cuando parecía que las cosas iban mejor entre

Fernando VII y los liberales, empezó a haber problemas internos, entre los

moderados y los que eran más exaltados. Poco después se da orden de cerrar de

nuevo las Sociedades Patrióticas y es en este contexto complicado cuando nacen

“Los Comuneros”, una sociedad secreta escindida de la masonería, en donde militan

los jóvenes más radicales. El gobierno no atina en su manera de actuar, unas veces

enfervorizando a las masas a su conveniencia, y en otras ocasiones reprimiéndolas.

Pronto se preparan partidas armadas en varias provincias y se tienen noticias de

una conspiración palaciega que lleva a la detención del capellán de honor del rey,

Matías Vinuesa. Al acercarse la fecha de reabrir las cortes, se teme una intentona

contrarrevolucionaria; y en febrero luchan los guardias de Corps, y la Milicia

Nacional, quienes les obligan a que se retiren. Las presiones del sector radical,

representado por la Milicia, logran que se publique un decreto por el cual se acaba

con el Real Cuerpo de Caballería de Guardas de la Persona del Rey. La nueva

legislatura se abre el 1 de marzo y en la llamada “crisis de la coletilla” queda

probada la debilidad del gobierno; cuando en su discurso el rey añade una coletilla,

diciendo que ha jurado la constitución y ha procurado observarla, y pide que ojala

todos hiciesen lo mismo, en clara crítica a su gobierno. Cuando el gobierno



pretende dimitir, se encuentra con que ha sido cesado, en un claro ataque del rey

contra el Ejecutivo. Fernando se dirige primero a las cortes y luego al consejo de

estado, pidiendo que le recomienden las personas adecuadas para ocuparse del

gobierno, y acaba designando a un grupo de moderados, que ni gozan de su

completa confianza, ni con el respaldo de los exaltados, ni siquiera con apoyo de

sus compañeros en la cámara. La situación internacional con la Santa Alianza

tampoco ayuda a conseguir una estabilidad. Este gabinete de Bardají intentó poner

un poco de orden en la administración y la hacienda, aunque la mayoría de las

propuestas que elevan a las cortes habían sido redactadas por el anterior gobierno.

Se aprueban dos importantes reglamentos que afectan al Ejército y a la Educación.

Se intenta conseguir un Ejército eficaz y al servicio de la sociedad civil que cuenta

con el apoyo de muchos militares, entre ellos del propio Riego. La ley de

Instrucción Pública, por su parte, pone las bases de un sistema de enseñanza que

se divide en tres niveles: primaria, obligatoria, que se imparte en todos los pueblos

de más de cien vecinos y que es necesaria para ejercer los derechos políticos; y la

secundaria, que se impartiría en las capitales de provincia. Las partidas realistas

seguían actuando y en las cortes se aprobaron severas medidas para quienes

conspirasen contra la constitución. Las algaradas eran continuas y es en este

momento cuando aparece asesinado Vinuesa, porque los exaltados no estaban

conformes con la leve pena que se le había impuesto por conspirar. El 30 de junio

se disuelven las cortes ordinarias para convocar otras extraordinarias, basadas en

la necesidad de urgentes reformas administrativas y de pacificar América. Los

moderados tenían el poder en sus manos y dieron orden a los jefes políticos sobre

las condiciones que debían reunir los futuros diputados; mientras los exaltados

enardecían a sus simpatizantes para tomar las calles. A Riego, que era capitán

general en Aragón, se le cesa por hacer campaña política, y se le relaciona con

supuestas conspiraciones. En Madrid tiene que intervenir la Milicia Nacional en una

procesión cívica que la prensa bautizó como “La Batalla de las Platerías”. Las cortes

extraordinarias dividieron el territorio nacional en 52 provincias, que servirá de



base a la posterior división de Javier de Burgos. La Ley de Beneficencia creó las

Juntas Municipales de Beneficencia y nace el

primer Código Penal. Pero la lucha entre

moderados y exaltados no da tregua y ahora se

implican las autoridades locales. Los ecos de la

revolución llegan a las cortes, donde se

producen sonados enfrentamientos entre los

diputados, lo cual provoca un cambio en el

ejecutivo, a cuyo frente se coloca Martínez de

la Rosa. Fernando VII sigue creando problemas

entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que Riego

se convierte en el presidente de las nuevas cortes. La presentación del nuevo

gobierno moderado era una prueba de fuerza del rey, que pretendía provocar a

unas cortes de tintes más radicales. Riego pronuncia un discurso atrevido cuando

toma posesión de su cargo y la tensión es cada vez mayor. Hay insurrecciones

absolutistas en Cataluña, Navarra y otras zonas de la Península, mientras los

parlamentarios más exaltados hacen gestos que llaman a la revolución. Las

reformas económicas, tan necesarias, siguen estando en segundo plano, y la

situación internacional se complica, además de la colonial. El 30 de mayo, santo del

Rey, se hacen manifestaciones realistas y en Aranjuez se oyen gritos pidiendo la

vuelta de la monarquía absolutista. En Valencia se aclama al rey y al general Elio,

que está allí prisionero, y que es condenado a muerte y ejecutado en septiembre de

ese mismo año. El rey se niega ante su gabinete a abandonar Aranjuez y acudir a

Madrid para clausurar las cortes, y cada vez hay más manifestaciones a favor del

absolutismo. La Guardia Real, en algunas de ellas, carga contra la multitud y hay

bastantes heridos. Por otra parte, está en marcha una revolución palaciega, con la

colaboración de la familia real. De un lado estaba el Rey y sus guardias, y del otro

la Milicia Nacional y algunos oficiales exaltados que formaron el llamado Batallón

Sagrado, apoyados por el ayuntamiento de Madrid y la Diputación Permanente de



las Cortes. La postura del gobierno hace aumentar los rumores de connivencia con

el rey; y finalmente el 3 de julio el Ejecutivo ordena que se retiren los batallones de

guardias concentrados en El Pardo, aunque no se toman medidas contra ellos

porque no se considera que hayan levantado la bandera de la rebelión contra el

régimen constitucional. Los Guardias se niegan, de momento, a acatar la orden, y

el gobierno presenta una dimisión que el rey no acepta. La madrugada del 7 de

julio, los guardias marcharon sobre Madrid, pero les

detuvieron los milicianos y el Batallón Sagrado, y

tuvieron que replegarse hacia el palacio, buscando

la protección del rey. Al final tienen que rendirse y

al rey no le queda más remedio que aceptarlo y

designar un nuevo gobierno, que esta vez estará

formado por exaltados, con el general Evaristo San

Miguel, que había dirigido el Batallón Sagrado, al

frente. A mediados de julio se establece la llamada

Regencia de Urgel, originada en los círculos realistas

exilados en el sur de Francia, y que trataban desde

allí de combatir el constitucionalismo español. Los manifiestos emitidos por los

regentes a Su Majestad el Rey y a la Nación, retoman los argumentos de los

absolutistas desde 1820: la ilegalidad del régimen constitucional y la condición de

prisionero del rey, lo cual anularía todas las decisiones tomadas en el período. El

creador de la regencia es Mataflorida, que nunca contó con el total apoyo de

Fernando, ni el apoyo de las potencias de la Santa Alianza. La Regencia nunca fue

rival para las tropas de Spoz y Mina y apenas tres meses después de su creación,

tienen que volver a refugiarse en Francia, donde su prestigio decae por completo.

Mientras, el gobierno y las cortes intentan reconducir la situación y

se convocan cortes extraordinarias para resolver temas pendientes de la legislatura

anterior. La regulación del clero regular y sus bienes contribuyeron a aumentar las



tensiones y se llegó incluso a una ruptura con el Vaticano. La amenaza de una

invasión armada hacía temer a los exaltados. A mediados de febrero se clausuran

las cortes extraordinarias, y se traslada la corte a Andalucía, porque se sabía que

existía intercambio de notas entre los embajadores de las potencias de la Santa

Alianza y el gobierno. Cada día era más evidente que el futuro del régimen acabaría

por decidirse fuera de las fronteras españolas. El rey se resistía a viajar a

Andalucía, y depuso al gobierno, a lo cual los exaltados contestan con algaradas

callejeras, y algunos ministros son devueltos a sus puestos.

En el sistema de congresos que se acuerda en la Cuádruple

Alianza, España aparece en las deliberaciones del congreso celebrado en noviembre

de 1818, pero de forma indirecta. El zar proponía unas mutuas garantías

territoriales y políticas, que fueron desestimadas por Inglaterra y Austria,

precisamente en el momento de tensión entre las colonias españolas en América y

la metrópoli. Cuando las potencias se reúnen de nuevo en 1820el escenario ya ha

cambiado, y la fiebre revolucionaria se ha extendido por todo el continente; aunque

de momento Metternich domina la situación. Pero el pronunciamiento de Riego, el

asesinato del duque de Berry en Francia y la promulgación de las constituciones de

España, Portugal y Nápoles, llevan a que Austria cambie su actitud y se avenga a

las propuestas del zar ruso. Se acuerda que se respaldarán las intervenciones

armadas para acabar con las revueltas. Y Metternich interviene en Nápoles y el

Piamonte. En 1821 estalla la revolución griega, y los asuntos de España quedan en

segundo plano; hasta que en el congreso de Verona de 1822 España se convierte

en la gran protagonista. Cuando en 1821 estalla una epidemia de fiebre amarilla en

Cataluña, Francia instala un cordón sanitario para protegerse, y al mismo tiempo

observa con temor las algaradas y rebeliones. Ya en 1822 se sustituye el cordón

sanitario por un ejército de observación, aunque da largas a las peticiones de ayuda

del rey español. El embajador británico en España, poco antes del congreso de

Verona, informa a su país de que España está tan mal que ya no es un peligro para



Inglaterra, ya que es una pura ruina. El zar y Metternich también miran con

preocupación la evolución de los acontecimientos en España, y esto sirve para que

Alejandro I afiance sus ansias intervencionistas. El principal punto del congreso de

Verona es una posible intervención en España. Pero Wellintong, en nombre de

Inglaterra, no respalda esta intervención, porque le interesa proteger los intereses

británicos, y no cree que el mantenimiento de la paz fuese prioritario. El embajador

británico se postula como mediador entre las colonias americanas y la metrópoli.

Montmorecy, el representante de Francia, pasa por alto las instrucciones de Villele,

y apoya la intervención. Wellintong acaba abandonando el congreso, para dejar

clara la posición británica, pero los demás aliados garantizan su respaldo a la

intervención. Se manda una nota al gobierno español exigiendo una reforma del

texto constitucional, y como los españoles se niegan, porque lo consideran una

injerencia intolerable, la guerra ya es inevitable.

Montmorecy pensaba en una acción conjunta con la Santa Alianza,

mientras Villele y el rey Luís XVIII eran partidarios de un mayor protagonismo de

Francia; razón por la cual Montmorecy es cesado y sustituido por Chateaubriand,

que es el encargado de conseguir que la fuerza expedicionaria sea tan solo

francesa. Serán los Cien Mil Hijos de San Luís, por el discurso del rey, en donde

anuncia que cien mil franceses están preparados, invocando al Dios de San Luís

para preservar el trono español a un nieto de Enrique IV. Cannnig, en una

intervención ante los comuneros marca las diferencias entre Gran Bretaña y el resto

del continente, y exaltan la Gloriosa Revolución de 1688, y hay un momento en que

los franceses temen una intervención británica; ya que incluso levantaron el

embargo que había sobre exportación de armas a España y las colonias. Pero

Canning promete permanecer neutral cuando en Francia le garantizan que no

establecerán una ocupación permanente, que respetarán a su tradicional aliado,

Portugal, y que no se apropiarán de las colonias americanas. Este es el momento

en que las nuevas cortes españolas se refugian en Sevilla, y en abril las tropas



francesas, al mando del duque de Angulema, cruzan el Bidasoa. En este

momento no se produce la misma reacción popular que

cuando la guerra de la independencia, quizá porque la

sensación de desánimo era creciente entre los liberales,

pero también en la población. Los únicos hombres que se

resisten son los de Espoz y Mina en Cataluña. Los intentos

del gobierno de José María Calatrava de formar guerrillas

entre la población, caen en saco roto. El 23 de mayo los

franceses llegan a Madrid y se constituye una regencia, presidida por Infantado,

para sustituir a la Junta Provisional de Gobierno de España y las Indias, que se

había arrogado la representación realista. Se vuelve a las posiciones de 1814, con

Fernando VII como rey absoluto y una dura represión. Los liberales siguen

refugiados en Andalucía, y cuando los franceses traspasan Despeñaperros,

abandonan Sevilla y van a Cádiz. Ante la postura del rey, los liberales se dividen.

Las cortes decretan la enajenación mental transitoria de Fernando VII y nombran

una regencia; pero hay otros liberales que desean rendirse, y les anima el papel

mediador que desde Gibraltar les ofrece el embajador británico. A finales de verano

los liberales saben que no les queda más salida que la rendición, y el 1 de octubre

el rey se reúne con el duque de Angulema. A pesar de que había firmado un

decreto de perdón, cuando se ve en libertad lo revoca y declara nulos todos los

actos del gobierno constitucional, justificando esta acción con la falta de libertad

que había sufrido a manos de los liberales. Cae el Trienio Liberal a causa de la

intervención extranjera, pero también de las contradicciones internas entre los

propios liberales.



La década final del Absolutismo (1823-1833).

Ya antes de la entrada en España de las tropas de

Angulema, se empiezan a tomar las primeras medidas para restaurar las

condiciones anteriores al levantamiento de Riego. En abril de 1823 se dio orden de

restablecer los ayuntamientos anteriores al trienio, y se diseñaron lo que luego

serían las comisiones de Purificación, así como la retirada de lápidas y símbolos

constitucionales. Se condecora a los persas y se crea un ejército que se conocerá

con el nombre de Voluntarios realistas. La Regencia sigue con la misma política y el

rey se pone al frente de la restauración absolutista, declarando nulos todos los

actos del gobierno constitucional y avalando los de la Junta y la Regencia. Designa

como ministro de estado con amplios poderes al canónigo toledano Víctor Damián

Sáez, que además es su confesor. Pero aunque de nuevo es rey absoluto, todavía

Fernando no está en condiciones de ejercer plenamente su soberanía, porque ni

siquiera está seguro de la fidelidad de sus propio ejército, y se ve obligado a

permitir e incluso pedir que se queden en España las tropas de Angulema. No se

había pensado que ese fuese un ejército de ocupación; pero esta petición del rey

español iba a reportar a Francia ventajas comerciales y económicas, y sobre todo

prestigio en Europa. Por tanto, se establece un compromiso por parte de Francia,

de mantener 50.000 hombres en España durante cinco meses, aunque el plazo se

fue prorrogando y se retiraron en septiembre de 1828. Era una ocupación tolerada

y también eficaz, dada la precariedad del nuevo régimen, que permitía a la Santa

Alianza ejercer una función moderadora; porque Luís XVIII y su ministro Villele no

veían con buenos ojos el cariz sumamente reaccionario que algunas veces adoptaba

Fernando VII. Rusia se suma también a la petición de moderación al rey español, y

envía al diplomático Pozzo di Borgo para presionar al rey. Y Canning se interesaba

más por lo que pasaba en las colonias que en España, porque su actuación está

marcada más por los intereses británicos que por sus ideas. El primer gabinete de

Fernando se centra sobre todo en la represión política, porque el rey pronto se



retracta del perdón que había anunciado y firma decretos con duras medidas contra

los liberales. Al general Riego se le ahorca en la Plaza de la Cebada de Madrid el 7

de noviembre y se firman numerosas sentencias de muerte, de presidio o de

destierro. En el período de Sáez se crea mediante Real Decreto el Consejo de

Ministros, hablando de la elección de hombres prudentes y sabios. Este Consejo

estaba compuesto por cinco miembros: Estado, Gracia y Justicia, Marina, Guerra y

Hacienda. En otro Real Decreto se regula las normas para su funcionamiento, y se

estipula que en ausencia del rey, el Consejo quedará presidido por el secretario de

Estado y del Despacho Universal, que ostentará el título de Presidente del Consejo

de Ministros. Pero estos indicios de modernidad no logran esconder que la voluntad

soberana del rey está fuera de toda duda.

Cuando a Sáez se le nombre obispo de Tortosa, el gabinete

es presidido por el marqués de Casa Irujo, moderado; aunque había personas de

talante más reformista como López Ballesteros, Salazar, Cruz o el conde de Ofalia,

que ocupa la secretaría de estado a la muerte de Martínez de Irujo en el mes de

enero. Había profundas diferencias entre liberales y absolutitas, pero incluso entre

estos últimos no todos eran de la misma opinión; y tendrían que luchar también

con el difícil carácter del rey. De hecho, al día siguiente de los nombramientos,

Fernando hace llegar a Irujo un texto de su puño y letra con las siguientes bases

para el Consejo de Ministros:

1. Plantear una buena policía en todo el reino

2. Disolución del Ejército para formar otro nuevo

3. Ausencia de cámaras y todo lo que tenga que ver con la representación.

4. Elevar a los realistas a las secretarías de despacho, tribunales y

administraciones, eliminando a los liberales de estos puestos

5. Destruir todas las sociedades secretas.

6. No reconocer los empréstitos hechos en el período constitucional



Poco tenían que ver estas directrices con las ideas de Ofalia, aunque si pensaba en

una policía fuerte, la mejora de la Deuda Pública o la reforma del Ejército, pero su

idea base era la de una amnistía con la cual el rey no estaba de acuerdo. Quizá por

estas diferencias las cortes europeas presionaron para un cambio de gobierno. El

gabinete siguió las bases del rey, pero también alguna de las ideas reformistas de

Ofalia, como el proyecto de amnistía. Pero seguía habiendo descontentos entre los

absolutistas, porque muchos de ellos querían revivir la Inquisición, y algunos

obispos establecieron las Juntas de Fe. Se crean también las Comisiones Militares

Ejecutivas y Permanentes, y vuelven a entrar en vigor las Juntas de Purificación.

Pero quizá la mayor polémica iba de la mano del proyecto de amnistía, porque

había quien quería dar un perdón más amplio, y otros, como os ultras, que estaban

totalmente en contra de perdonar. Cuando Calomarde entra en el ministerio de

Gracia y Justicia se rompe la unidad del gabinete y solo por las presiones francesas,

la amnistía fue aprobada en mayo de 1824. Pero muchas de las decisiones de

perdón en este proyecto quedaban al libre arbitrio de las autoridades civiles y

militares, y por tanto todos seguían descontentos.

Pero quizá uno de los problemas más acuciantes era la enorme crisis

económica y hacendística. López Ballesteros, el ministro de Hacienda, se rodea de

un buen equipo para intentar abordar este problema. Plantea una reforma tributaria

para hacer frente a los gastos ordinarios del estado. Pero esto resulta insuficiente y

hay que echar mano de todos los recursos disponibles e incluso contraer nuevas

deudas. Opta por reducir gastos y para ello, por primera vez en la Historia de

España, se elabora un presupuesto. Tardó casi tres años en superar los obstáculos

que le iban surgiendo, y con el presupuesto consiguió reducir los gastos ordinarios,

pero no fue posible un equilibrio completo y hay que recurrir a los préstamos. En

1830 la situación se descontrola, cuando la crisis internacional hace necesario

aumentar los gastos militares; y el de 1831 fue el último presupuesto de la

monarquía absoluta. En 1824 se intenta solucionar el problema de la Deuda,



creando la Caja de Amortización, encargada de inscribir los créditos contra el

estado, consolidarlos, pagar sus intereses y ocuparse de la amortización. Se centra

sobre todo este organismo en gestionar los nuevos empréstitos extranjeros.

Ballesteros puso ordenen la Hacienda y creó los primeros presupuestos efectivos,

pero con pocos ingresos tuvo que reducir drásticamente los gastos, y por eso

España debió renunciar a mejorar su Ejército, como la mayor parte de los países de

Europa, o a reconquistar las colonias americanas. Además, el ministro tenía las

manos atadas por las imposiciones de los más reaccionarios de su gabinete y lo

único que logró fue prolongar durante diez años más un inevitable colapso. En la

crisis de gobierno de 1832 fue cesado, aunque su equipo siguió trabajando hasta el

año siguiente y siguieron la línea que él había marcado.

La aprobación de la amnistía causó mucha tensión entre el rey y los

moderados. Calomarde hizo un decreto por el cual se sobreseían muchas causas

por vejaciones contra las personas o bienes de los liberales, siempre que no

hubiese asesinato. Poco después ocupa la secretaría de estado Cea Bermúdez en

lugar de Ofalia, y su nombramiento es bien recibido por las potencias extranjeras.

Parecía que el gabinete quedaría equilibrado entre moderados y ultras; pero poco

antes de la llegada de Cea, el moderado Cruz tuvo un altercado con el rey cuando

le revelo, aunque nunca pudo probar del todo, el papel de su hermano don Carlos

en una intentona de realistas fanáticos al mando del brigadier Canapé. El rey no

aceptó la culpabilidad de su hermano; y poco después tiene lugar un conato rebelde

en Tarifa, de corte liberal, aunque es rechazada. Pero le vale de excusa a Fernando

para deponer a Cruz, acusándole de simpatías liberales. Algunos de los moderados

del gabinete son reemplazados por gente de corte más realista, y se abre otro

período de represión. Al darse una división en las filas realistas, el cuerpo de

voluntarios se vuelve contra el rey, porque temen la influencia francesa en el

monarca. Algunos de estos reaccionarios, encabezados por el infante don Carlos, se

dedican a presionar al rey y se organizan en sociedades secretas o Juntas



Apostólicas, como La Purísima o el Ángel exterminador. Los voluntarios realistas

serán su brazo armado. Don Carlos se declara dispuesto a ocupar el trono, en

defensa de una monarquía al estilo del Antiguo Régimen. Y en algunos folletos de

1825 se le llama Carlos V de España. Esto hace que Fernando se incline más hacia

los sectores moderados del absolutismo, y hace desaparecer las Comisiones

militares ejecutivas y permanentes, lo cual conlleva una rebelión ultra al mando del

general Bessiéres. Fernando se asusta y organiza una Junta Consultiva del Reino,

que preside el duque del Infantado, al que lleva hasta la secretaría de estado. Se

siguen produciendo intentonas y conspiraciones liberales, como el desembarco de

los Bazán en Guadamar o la conspiración de los emigrados. Y los ultras, también

llamados apostólicos, siguen caldeando el ambiente con sus protestas.

Cuando la familia real portuguesa se refugia en Brasil, después

de la invasión francesa, el país había quedado al mando de Beresford, mariscal

británico. Pero los sucesos de 1820 en España hace pensar al país vecino que les

puede ocurrir algo parecido, y de hecho en agosto hay una rebelión de la guarnición

de Oporto y más tarde de Lisboa, lo cual provoca el nacimiento de una Junta

Provisional, convocatoria de Cortes constituyentes y la llegada de una constitución

parecida a la de Cádiz. Se establece un parlamento unicameral, con libertad de

prensa y abolición de todas las ideas feudales. También se suprime la Inquisición,

las órdenes religiosas y se hace una desamortización de tierras. Este liberalismo,

como el español, pronto sufre divisiones internas. El rey Juan VI, que ha regresado

desde Brasil, se convierte en monarca constitucional cuando jura la Carta Magna,

pero con el movimiento que se conoce como Vilafrancada, en el que participa de

manera activa la reina Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, y su segundo

hijo don Miguel, se pone fin al constitucionalismo. En 1826 muere don Juan sin

hacer testamento, y al estar su hijo mayor, don Pedro, en Brasil, éste había sido ya

proclamado emperador de un Brasil independiente en 1822. Por tanto los derechos

al trono de Don Pedro quedan en entredicho, y su hermano don Miguel cuenta con



el apoyo de los absolutistas. La Regencia reconoce como heredero a Don Pedro,

pero éste renuncia a la corona a favor de su hija María da Gloria, una niña de siete

años. Antes de ello otorga la carta constitucional de 1826. El reinado de María II

comienza con una regencia; y su padre planea su matrimonio, cuando llegue el

momento, con su tío don Miguel. Pero esta promesa de matrimonio no le impide

reunir a sus seguidores para luchar contra el recién creado reino constitucional.

Fernando, por su parte, se reafirma más que nunca en el absolutismo antes estos

acontecimientos en el país vecino, sobre todo cuando se entera de que desde allí el

liberal Saldanha planea colaborar en una invasión a Andalucía. Otro problema es

que desde Portugal llegan en masa exiliados absolutistas, y el cordial recibimiento

del que son objeto causa malestar a los ingleses. Pronto se produce la sustitución

del duque del Infantado por González Salmón, mientras por todos los lados llegan

demandas de neutralidad. Desde Madrid exigen a Lisboa medidas contra aquellos

constitucionalistas españoles que deseen asentarse en Portugal; y los portugueses

exigen la expulsión de los refugiados absolutistas. Después de muchas discusiones

en el seno del Consejo de Ministros, se acuerda proteger el movimiento que los

absolutistas portugueses prepararan desde España; lo cual hace que los

portugueses pidan ayuda a Inglaterra. Canning decide enviar a Lisboa cinco mil

soldados para defender las posturas liberales, y ante esta decisión Fernando se

asusta y retira su apoyo a los miguelistas. El conde de Ofalia, de talante moderado,

es nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Cuando muere Canning en 1827

y le sustituye Wellintong, los liberales portugueses reciben menos apoyos, lo cual

vale para que don Miguel instaure un régimen absolutista, por más que se esconda

tras una fachada constitucional. La reina María II se exila ante el temor de

revueltas, y establece en las Azores un consejo de Regencia. Don Pedro llega desde

Brasil para defender la causa de su hija, y en 1832 conquista Oporto; y con la

ayuda de la marina británica, al mando de Napier, derrotan a los miguelistas en la

batalla del Cabo de San Vicente y repone en el trono a la reina. Se abre un período



de luchas en Portugal entre cartistas, moderados partidarios de la Carta de 1826, y

septembristas, defensores de la Constitución más radical de 1822.

Los ultras empezaban a abandonar la idea de que el rey es

un mero prisionero en manos enemigas y cada día le critican más, pensando en la

alternativa de su hermano Carlos. Pero aunque la policía le mantiene informado,

Fernando se resiste a creer que su hermano pueda estar implicado en las

conspiraciones. Cuando estalla la “guerra de los agraviados” en Cataluña, en el año

1827, sale a la luz la verdadera dimensión del problema, y de hecho Fontana habla

del primer ensayo de las guerras carlistas. El campesinado catalán se queja de la

caída de los precios agrícolas, la presencia de tropas extranjeras y la mala situación

económica. El ejército también está descontento y poco a poco la rebelión es ya un

hecho en toda la región. La fidelidad del clero a la causa fernandina no tarda

demasiado en quedar en entredicho, pues tras la toma de Manresa por un grupo

ultra apodado El Caracol, se constituyó una junta que tenía entre sus miembros

mayoría de eclesiásticos. En poco tiempo los llamados agraviados dominaban buena

parte de Cataluña. El 11 de agosto el ministro de Guerra centra toda su atención en

la cuestión catalana cuando se reúne el consejo de ministros, y visto que las

medidas de indulgencia hasta ahora adoptadas no habían dado buenos resultados,

se envían tropas para acabar con los tumultos. Esta decisión no fue fácil porque

significaba dejar desprotegida la zona fronteriza con Portugal; pero las malas

relaciones que los Borbones habían tenido siempre con Cataluña así lo aconsejaban.

El propio rey se instaló en el Palacio del arzobispo de Tarragona y hace un

llamamiento a los súbditos rebeldes para que vuelvan al redil. El rey y su esposa

María Amalia de Sajonia, deciden quedarse unos meses en Cataluña para calmar los

ánimos.

Pero otro hecho, esta vez del exterior, vendría a sacudir los

cimientos del gobierno. En julio de 1830 se produce la revolución que aparta del



trono de Francia a Carlos X. Por medio de las cuatro ordenanzas de Saint Cloud se

suspende la libertad de prensa, se disuelve la cámara y se reforma la ley electoral.

Mediante la Proclama de Thiers, se condena a Carlos X y se presenta al duque de

Orleáns, Luís Felipe, como respetuoso con la revolución y auténtico ciudadano. Es

proclamado lugarteniente del reino y pocos días después se le informa de que ha

sido elegido rey de Francia, ante lo cual jura la carta reformada, y la bandera

tricolor sustituye de nuevo a la flor de Lis de los Borbones. En las monarquías más

conservadoras, como la española, al rey francés se le llamaba “el rey de las

barricadas” y había mucho temor al desarrollo de los futuros acontecimientos. Pero

para los liberales se abrían nuevas expectativas, y muchos que habían huido a Gran

Bretaña, ahora se establecieron en Francia. Fernando VII no reconoció la

monarquía de Luís Felipe, y Francia empezó a usar a los emigrados como elementos

de presión en sus relaciones con España. Muchos personajes como Alcalá Galiano,

Martínez de la Rosa o el conde de Toreno se reunieron en Paris y se organizaron

con la ayuda de las autoridades francesas. Juan Álvarez Mendizabal, con el acuerdo

del banquero Ardoin, puso fondos a disposición de los exiliados para organizar un

alzamiento, e impulsó una Junta a la que llamaron Directorio provisional del

levantamiento de España contra la tiranía, que era una especie de gobierno en el

exilio. Espoz y Mina intentaría hacerse con el mando militar, aunque no lo consigue.

A lo largo de ese verano se van reuniendo en Bayona los exiliados y voluntarios de

distinto pelaje; desde liberales a simples aventureros; pero las divisiones entre los

liberales no habían sido reparadas, y seguían chocando moderados y exaltados. Sin

embargo, el rey se asusta, y siguiendo el ejemplo de otras monarquías europeas,

acaba reconociendo a Luís Felipe, con lo cual el gobierno francés deja de prestar

apoyo a los rebeldes, y prohíbe que en su territorio se celebren reuniones de este

tipo. Este fue el toque de alerta para la puesta en marcha de la invasión, y Valdés

es el primero en cruzar la frontera el 14 de octubre, con 400 hombres. A él le

siguen todos los demás, incluso Espoz y Mina, y algunos veteranos de la guerra de

la Independencia. Mina pretendía solicitar la convocatoria de las cortes y provocar



más movimientos para aumentar el número de efectivos. Pero los demás

levantamientos no se produjeron, y los realistas envían a los invasores de vuelta a

la frontera, aunque el recibimiento del pueblo fue entusiasta.

José María de Torrijos había

llegado de Inglaterra en 1824 y siempre había

chocado con Espoz y Mina a la hora de

plantear el alzamiento contra el rey. Sus

actividades en Inglaterra le ocasionaron

problemas con la policía inglesa en más de

una ocasión, aunque también reunió a un

entorno de incondicionales seguidores

británicos, porque veían en él el prototipo del

héroe romántico español. A finales del verano

de 1830 se embarca en Marsella con rumbo a

Gibraltar para preparar desde allí un levantamiento liberal. Pero cuando llega

descubre que los preparativos van muy atrasados y que falta dinero. La entrada de

Mina por los Pirineos levanta los ánimos de los conjurados, aunque dura poco. En

febrero de 1831 Salvador de Manzanares protagoniza otro intento de levantamiento

que acaba en tragedia, con la muerte de Manzanares. La presencia de Torrijos en el

Peñón preocupaba al gobierno, que prepara un plan para atraerle a la Península. Se

hacen llegar a Gibraltar informes sobre una conspiración desde Málaga, asegurando

que se podía contar con buena parte de la guarnición y apoyos a la gente que

estaba en el Peñón. Torrijos adquiere las garantías que necesita para fiarse y el 30

de noviembre sale de Gibraltar con 50 hombres. Todos ellos mueren fusilados, sin

juicio ni condena, el 11 de diciembre de 1831; y este será el último levantamiento

contra el rey.



La reina María Amalia de Sajonia, tercera esposa de

Fernando VII, muere en Aranjuez en mayo de 1829, y el rey se encuentra todavía

sin descendencia, a sus ya 45 años. En sus tres matrimonios solo había tenido una

hija, María Isabel Luisa, que apenas vivió seis

meses. Por tanto, hay que casar de nuevo al rey, y

la afortunada es María Cristina, hija del rey de

Nápoles, y que dado que tiene 23 años, se espera

que proporcione el ansiado heredero. Posiblemente

el motivo de su elección se debe además a que el

infante don Francisco de Paula se había casado con

otra hija del rey de Nápoles, Luisa Carlota. Por

tanto, queda en entredicho si hay un hijo, el futuro

del hasta ahora heredero, don Carlos. Con la

llegada a España de la dinastía Borbón se habían modificado las Partidas y había

entrado en vigor la Ley Sálica, que prohibía reinar a las mujeres si había

descendencia masculina en la rama directa o colateral. En 1789 Carlos IV había

restaurado las leyes originales mediante la Pragmática Sanción, aprobada por las

cortes, pero que no llegó a ser publicada. Cuando la reina se queda embarazada,

Fernando publica esta Pragmática Sanción en la Gaceta, mediante la cual si el rey

no tuviere hijo varón, reinará la hija mayor. Con lo cual el infante don Carlos

quedaba excluido. Pero hay numerosas discusiones acerca de la validez de la

derogación de la Ley Sálica, porque podía conculcar los derechos de don Carlos,

que había nacido antes del cambio de la ley. Los liberales y los absolutistas no se

ponían de acuerdo. Y se discutía si la reina era de talante liberal y había influido en

las decisiones de su esposo.

Por los antecedentes de su familia resultaría raro que la

reina fuese liberal; pero desde que se quedó embarazada, como cualquier mujer,

decidió proteger el destino del hijo que esperaba, y sabía quien la podía ayudar en



esta labor. Por eso se acercó a los reformistas y liberales moderados, para poder

hacer frente a los carlistas. En septiembre de 1832, pasando el verano en La

Granja, Fernando se puso muy enfermo y se empezaron a hacer provisiones por si

el rey moría. Se reunió el gabinete, que ahora estaba presidido por el conde de

Alcudia, de tendencia ultra. Parecía que se iba a respetar la legalidad, pero también

se rumoreaba que don Carlos no estaba dispuesto a aceptarla y que incluso estaba

dispuesto a una guerra civil. Se convence a la reina que para defender los derechos

de su hija habrá que recurrir a un enorme derramamiento de sangre, y que es

mejor que el rey derogue la Pragmática Sanción. Aunque se había pedido que la

derogación se mantuviese en secreto, la noticia vuela y los liberales y realistas

moderados se movilizan para impedir el acceso de don Carlos al trono. La

recuperación del rey y la organización de los “cristinos” o partidarios de la reina,

permitieron el cambio necesario en el gabinete para que se mantuviese la

Pragmática. Calomarde y Alcudia se marcharon al extranjero, y Cea Bermúdez

vuelve a ocupar la secretaría de estado y la Presidencia del Consejo de Ministros.

María Cristina avala las primeras decisiones del nuevo gobierno, porque gozaba de

poderes durante la enfermedad de su marido. Se conceden indultos a los presos y

amnistía a todos los liberales exiliados, además de que se reabren las universidades

cerradas desde 1830 y se sustituye a los altos mandos militares de tendencia

carlista. María Cristina, en defensa de los derechos de su hija Isabel y en contra de

su cuñado don Carlos, sella una alianza con los liberales. Un elemento clave del

gobierno de Cea Bermúdez fue el ministerio de Fomento, primer paso hacia la

construcción del estado contemporáneo. Esta alianza con la monarquía se reforzará

mediante la declaración pública del rey, el 31 de diciembre de 1832, de la nulidad

del decreto que había derogado la Pragmática. Don Carlos es alejado de la corte

incluso antes de fallecer Fernando, para afianzar la postura de Isabel, que con tan

solo tres años es proclamada Princesa de Asturias. A finales de septiembre de 1833

muere Fernando, quedando como regente María Cristina; pero a la semana de la



muerte del rey aparecen las primeras partidas carlistas dispuestas a defender los

derechos de Carlos V.

Las colonias de América.

La crisis del Antiguo Régimen supuso un cambio en las

relaciones entre las colonias y la metrópoli. Las colonias en otros momentos

delicados no habían aprovechado la debilidad de la potencia española, quizá porque

no había en ellas el ambiente intelectual adecuado; pero en esta época se elabora

una nueva política ultramarina que buscaba reformar la administración colonial y

reorganizar el comercio trasatlántico. De las colonias españolas, por paradójico que

pueda resultar, sacaban más provecho países como Gran Bretaña, Holanda o

Francia, que la propia España. Durante los reinados de Fernando VI, pero sobre

todo de Carlos III, se inició un vasto plan de reformas dedicado a la emancipación

económica de las colonias. Es lo que autores como Lynch han llamado la “Segunda

conquista de América”. Elemento fundamental fue la recuperación del sistema de la

alcabala, aunque la mayor presión fiscal produjo algunos episodios violentos y

protestas. En 1765, y tomando ejemplo de otras potencias europeas, España tomó

las primeras medidas para lo que se dio en llamar “comercio libre”. Se ampliaron el

número de puertos habilitados para el tráfico con América, se eliminaron trámites

burocráticos, y en general se flexibilizó el sistema, lo cual para los americanos no

significó más libertad, sino que conllevó un aumento del número de importaciones,

a un nivel que América todavía no responder con sus exportaciones; y tenía que ver

como salían sus metales preciosos y sus manufacturas entraban en crisis. La

política económica de los Borbones agravó la situación en las colonias y acrecentó

el odio de los criollos hacia los peninsulares. Otra cosa que los criollos envidiaban

de estos mismos peninsulares era su exclusividad para acceder a los cargos

públicos; y ya en 1711 en México el cabildo había protestado defendiendo que estos

cargos deberían ser para los mejicanos. Había la idea de que todos eran súbditos



del mismo rey, pero con la diferencia de ser unos americanos y otros españoles. En

cuanto a las fuentes intelectuales, Lynch ha mantenido que las ideas ilustradas

estuvieron sobrevaloradas en su influencia en los movimientos revolucionarios.

Había un grupo de criollos que estaban al tanto de las ideas ilustradas y los ideales

que preconizaban se afianzaron con la revolución francesa y la norteamericana;

pero su papel consistió más bien en proporcionar una justificación ideológica a un

movimiento que tenía una base mucho más práctica. Muchos autores han hablado

del periodo entre 1780 y 1808 como aquel en que la tensión entre criollos y

peninsulares estuvo en su punto más alto; aunque habrá que esperar a los

acontecimientos que se desarrollaron en la Península a partir de 1808 para llegar a

los sucesos que culminen en 1825 con la independencia de las colonias americanas

del continente. La noticia del cautiverio de la familia real en Bayona, los sucesos del

2 de mayo, la abdicación del rey y el nombramiento de José Bonaparte llegaron

rápidamente a América, y se presentaba la disyuntiva de unirse o no a los

afrancesados. La reacción fue parecida a la que hubo en la Península. La mayor

parte de los americanos se sumaron a la fidelidad a los Borbones y el rechazo a

José I, y la salida de España de la familia real provocó una especie de vacío de

poder que había que llenar con una soberanía emanada del pueblo. Pero el

problema era la situación de dependencia de las colonias; lo cual llevó a

enfrentamientos entre las autoridades reales y las elites americanas, que querían

controlar la situación. No había afrancesados, ni tropas invasoras, ni

levantamientos populares, con lo cual se hacía complicado convencer a los antiguos

representantes de la corona de la necesidad de cambios. Los peninsulares se

encargaron de reprimir la intención de crear las Juntas de Nuevo México o las de

Alto Perú y Quito. Esta diferente actitud con los peninsulares que con los

americanos fue lo que empezó a prender la llama de la rebelión. Aunque por una

Real Orden de 1809 se manifestaba que las tierras americanas no eran

propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte

esencial de la monarquía española, atrajo muchas expectativas, pero el número de



diputados que se les concedía eran solo 9, cuando la Península aportaba 26; y en la

convocatoria a cortes, los americanos presentaban 30 diputados, frente a los 250

españoles. Los liberales, en el fondo, no veían a las colonias de distinta manera a

como lo habían hecho los absolutistas. En territorios como Nueva España o Perú,

las autoridades reconocieron la Regencia; pero había muchos enfrentamientos entre

los peninsulares y los cabildos; así como manifestaciones de indígenas y problemas

subyacentes, como el Levantamiento de Hidalgo, en México.

Cuando el rey llega a la Península en 1814, parecía que

todavía podría remediarse la situación, pues había zonas que habían permanecido

fieles, como el virreinato de Perú. Pero en otras regiones había de fondo un cariz

social y racial que lo complicaba todo. Fernando pudo haber buscado una solución

negociada, pero prefirió la lucha armada y sometió muchas regiones, como el Río

de la Plata. La guerra civil se transformó en una guerra contra la metrópoli, y bajo

la dirección de grandes líderes como Simón Bolivar o San Martín, la guerra cobró

mucha importancia desde 1817. España estaba recién salida de una guerra y con

una situación económica mala, sin apoyos internacionales, con lo cual pocas armas

le quedaban para defenderse.

Liberales y absolutistas tenían una actitud muy parecida

respecto de las colonias, a las que consideraban parte integrante de la corona

española. La proclama de Riego en 1820 no había hecho mención expresa a los

sublevados en las colonias y a su lucha por la libertad, porque los peninsulares

consideraban que el restablecimiento de la constitución gaditana sería suficiente

para que los insurrectos depusieran las armas. La Junta Provisional y el Consejo de

estado enviaron instrucciones a los representantes del gobierno en América para

que publicasen el Real Decreto que restablecía la constitución, invitando a todos a

jurarla. Poco después de iniciaba un alto el fuego para iniciar negociaciones con los

rebeldes. Pero en América el problema se veía bastante distinto, porque los



rebeldes no veían la constitución como la solución a sus quejas, ya que su

representación seguía siendo pequeña y no había señales de que se acercara a la

libertad de comercio. En Perú, el virrey Pezuela chocó con los liberales de la

Península, que se oponían a su política de apertura a barcos y mercancías

extranjeras. La autorización por parte de las cortes nunca llegó y Pezuela fue

sustituido. Las concesiones que se prometían a zonas como Chile, Montevideo,

Caracas o Buenos Aires eran en realidad papel mojado, porque las tenían en la

práctica. La pacificación de las colonias se estaba poniendo difícil y aunque se

intentaron soluciones parciales, no tuvieron éxito. A mediados de abril de 1820 se

redactaron las instrucciones para unos comisarios que debían viajar a América para

convencer a los rebeldes de las grandes ventajas de estar unidos a la metrópoli.

También se hace pública una proclama del rey a los habitantes de Ultramar donde

Fernando se disculpaba por sus errores y les pedía que depusieran su actitud. Pero

sólo les podía convencer la independencia y así se informó a los comisarios. La

actitud de los liberales hacia las colonias decepcionó profundamente a los

independentistas, sobre todo a Bolívar. San Martín era más conciliador, pero

tampoco se dejó convencer por los comisarios. La revolución de la Península dejaba

pocos recursos para el tema americano y las decisiones que se tomaban respecto a

América se hacían en base a un imperio que en la realidad ya no existía como tal.

Cuando se tomaron medidas más efectivas ya era demasiado tarde, aunque en la

Península se resistiesen a aceptarlo. A comienzos de 1822 el gobierno presentó a

las cortes un informe sobre las relaciones de las colonias en el que se reafirma en

su negativa a la independencia y recomendaba detener las hostilidades, recibir

todas las quejas de las provincias de Ultramar y revisar o incluso suspender las

disposiciones constitucionales que pudiesen molestar a las colonias. Incluso se

proponía conceder el libre comercio con potencias amigas durante seis años; pero

la respuesta de las colonias es decepcionante para el gobierno. La especial posición

débil de España levanta el deseo de intervención de algunas potencias extranjeras,

y una de las más interesadas es Estados Unidos, que deseaba expandirse. Ya se



había anexionado la Florida y la política de Monroe se encaminaba ahora a la

América meridional, sobre todo para impedir el control comercial de Inglaterra,

gracias a las concesiones que España les había hecho a los británicos. Francia

intentaba algo parecido a los norteamericanos; y las propuestas rusas de

colaboración con España en el tema de las colonias tenían poco futuro. En el verano

de 1822 Estados Unidos reconoce a los nuevos estados y establece con ellos

relaciones diplomáticas. El envío de los Cien Mil Hijos de San Luís intranquiliza a

británicos y norteamericanos, por temor a que los franceses ocupasen una situación

de privilegio. Canning intentó llegar a un acuerdo con sus ex colonias para hacer

una declaración conjunta de desacuerdo ante una posible intervención de la Santa

Alianza en la América española, pero Monroe no estuvo de acuerdo, por lo cual

Gran Bretaña se centró en lograr de Francia la abstención en la zona. El

memorándum Canning-Polignac por el cual ambos países se comprometían a no

usar la fuerza alejaba el fantasma de una intervención militar francesa, que calmó a

los británicos, pero no a Estados Unidos. En diciembre de 1823, en su mensaje

anual al Congreso, el presidente Monroe formuló la doctrina Monroe, base de la

política exterior americana durante más de un siglo, en la que mantenía que

cualquier intervención europea en América sería considerada por los Estados Unidos

como una amenaza a su paz y seguridad. Esto hizo que las renuencias a la

independencia de algunas colonias por parte de los británicos saltasen por los aires.

En 1824 Gran Bretaña anunció a España su decisión de tratar directamente en los

acuerdos comerciales con México y las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El virrey de Perú, José de la Serna y sus éxitos habían creado

en la Península la ficción de que no todo estaba perdido, y las noticias de la derrota

de Ayacucho fueron vistas como algo sin importancia. Pasó todavía algún tiempo

hasta que España aceptó la pérdida del imperio, y de hecho el reconocimiento

definitivo de la independencia no llegó hasta después de la muerte de Fernando VII.



Fue en 1834 cuando España anunció que negociaría con los nuevos estados. Con

México se firmó un tratado en 1836 de reconocimiento diplomático.



Tema 4. Las Regencias. La implantación del

Régimen liberal.

Las guerras carlistas.

A la muerte de Fernando VII estaba vigente la

Pragmática Sanción y su hija Isabel, niña todavía, fue nombrada reina con el

nombre de Isabel II, siendo regente su madre, doña María Cristina, hasta su

mayoría de edad. Don Carlos no acepta la situación

y las guerras por esta causa abarcarán casi todo el

siglo XIX. Los orígenes del carlismo, sin embargo,

hay que buscarlos a partir de 1820, con la Regencia

de Urgel, y en la revuelta de los agraviados de

1827. El partido Apostólico, nombre que se le daba

a los carlistas, tenía de entrada pocos seguidores, a

los que luego se fueron sumando combatientes por

distintas causas: la Religión, la lucha por el

foralismo y el mantenimiento de las ventajas

fiscales, el conservadurismo. El lema de don Carlos era Dios, Patria, Rey y Jueces, y

esto es lo que articula los puntos clave de la doctrina carlista. Las intenciones

centralizadoras y los ataques al clero, sobre todo la desamortización, activaron la

lucha. Los carlistas no concedían valor a la Pragmática Sanción y se atenían a la

Ley Sálica, con lo cual el rey legítimo era don Carlos. Pero esta ley había sido

revocada en 1789, aunque sin promulgación, y en sus últimos años Fernando dudó

mucho qué hacer. Pero no se trataba sólo de un problema dinástico, sino más bien

ideológico, porque a partir de 1826 Fernando VII había tenido un tímido y ligerísimo

acercamiento a las ideas liberales. Los seguidores del carlismo eran, sobre todo,



labradores de la región vasconavarra, Cataluña, Levante y Bajo Aragón, y parte de

la fachada cantábrica, Galicia y algunas zonas castellanas. Se trata sobre todo de

un movimiento campesino, que en las ciudades apenas tuvo éxito. Pero recientes

estudios demuestran que en las zonas carlistas, los habitantes urbanos también

profesaban la doctrina.

La primera guerra carlista pasa por distintas etapas:

• El 1 de octubre de 1833 el infante don Carlos toma el título de rey de

España y esto desencadena la guerra. Obtiene los primeros apoyos en

Talavera y Valencia, aunque son sofocados, y más tarde le apoyarán en

Navarra y las provincias vascongadas. En noviembre se puede hablar ya de

una guerra civil. Los carlistas se van extendiendo por Guipúzcoa, Vizcaya,

norte de Álava y Navarra, excepto Pamplona. Ocupan también Cataluña,

Aragón, Galicia, Asturias, Santander y La Mancha. La primera etapa acaba

con la muerte del general Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en 1835.

• Desde el verano de 1835 hasta octubre de 1837 la guerra pasa ya a ser

nacional. El ejército cristino lo manda Luís Fernández de Córdoba, aunque

será el general Espartero quien rompa el sitio de Bilbao, aunque las

guerrillas carlistas no eran fáciles de derrotar. En estos años los carlistas

obtuvieron las mayores victorias fuera de su zona de influencia; y el general

Gómez atravesó España desde el Cantábrico hasta Cádiz, entrando en

algunas ciudades como Santiago, Cáceres o Córdoba, donde hizo miles de

prisioneros. Incluso se llegó a poner en estado de alarma el Real Sitio de La

Granja en julio de 1836. Lo que los liberales llamaban despectivamente

“partidas”, eran columnas militares con objetivos secundarios, y que a

menudo ocupaban ciudades, aunque fuese por poco tiempo. En la expedición

real, al mando del propio don Carlos, llegó hasta las puertas de Madrid sin

dar la orden de ataque, y volvió a Navarra perseguido y con muchos



desertores de su propio ejército. En realidad, el avance progresista había

acercado las posturas de la reina regente y su cuñado, que podrían pensar

en

un posible matrimonio entre los hijos de ambos. Pero la falta de respuesta

de la reina es la que le hizo desistir del ataque.

• Desde octubre de 1837 hasta agosto de 1839 la contienda se decidió a favor

de los cristinos; y don Carlos en octubre de 1837 se repliega más allá del

Ebro. En las tropas carlistas hay divisiones y algunos generales como Gómez

o Elío son procesados. Se nombra general en jefe de todas las tropas a

Guergué, que es uno de los generales más ultra del movimiento. Había un

sector más moderado que estaba en contra, por ejemplo, de revivir la

Inquisición, y esto causaba problemas internos. Había también competencia



entre las distintas camarillas para ganarse el favor y la influencia de don

Carlos. Al final se impusieron los moderados, y el general Guergué fue

sustituido por Maroto; que en 1839 fusiló en Estella a todos los que se le

imponían. Desde su cuartel general de Vergara, don Carlos declaró traidor a

Maroto, pero a los pocos días justificó su acción y desterró de la corte a los

más importantes apostólicos de su entorno. Muñagorri organizó un partido

político que estaba dispuesto a negociar con el lema “Paz y Fueros”, y

aunque de momento su idea no tuvo demasiada acogida, al final se impuso

este talante en el carlismo. El cansancio de una guerra que ya duraba

demasiado llevó al sector pactista a firmar el Convenio de Vergara, el 29 de

agosto de 1839, sellado por Espartero y Maroto, donde se reconocieron los

empleos y grados del ejército carlista y se recomendó la devolución de los

fueros a las tres provincias vascas y Navarra, armonizándolos con la

constitución.

• Don Carlos no reconoció este acuerdo y la guerra continuó, aunque

Espartero liquidó rápido lo que quedaba del ejército carlista en Álava y

Navarra, y obligó a Don Carlos a cruzar la frontera el 14 de septiembre

hacia Bourges, donde permaneció hasta el final de la guerra. Pero la



resistencia seguía en zonas de Aragón y Cataluña. El conde de España3, que

negociaba en secreto un acuerdo con los carlistas, fue asesinado en

noviembre de 1839. Quedó Cabrera como jefe supremo y se enfrentó a

Espartero durante diez meses, pero fue derrotado en Morella en junio de

1840, y sus hombres obligados a cruzar la frontera.

• La solución a la contienda por medio de un matrimonio se había planteado

ya cuando Isabel tenía siete años, tratando de unir las distintas líneas

sucesorias. El problema para este matrimonio no era dinástico, ni familiar, y

tampoco por problemas internacionales, sino que había de fondo un

enfrentamiento ideológico por el entorno que se había ido formando junto a

ambos pretendientes.

Es entonces cuando surge la segunda guerra carlista, cuyos primeros chispazos

tuvieron lugar en

Cataluña, en

1846, en

respuesta a los

intentos, cada vez

menos creíbles,

de un matrimonio

entre Isabel II y

don Carlos Luís,

conde de Montemolín y heredero de Don Carlos, en quien ya había abdicado el año

anterior. Esta segunda guerra se extiende desde mayo de 1846 a junio de 1849, en

dos espacios: Cataluña en los primeros tiempos y más tarde Valencia y Toledo,

aunque la guerra volverá a Cataluña a principios de 1849.

3 Carlos de España, de Cominges, de Couserans y de Foix , fue un noble y militar francés al servicio de España, marqués de Espagne y barón de Ramefort en Francia, Grande de España y conde de España en este país. Se distinguió en la Guerra de Independencia y al servicio del rey Fernando VII, durante la restauración absolutista.



La tercera guerra carlista es una acción guerrillera que se da sobre todo en el

norte de España. Las partidas estaban organizadas la mayor parte de las veces por

sacerdotes, con el pretexto de defender las ideas católicas y luchar contra las

revolucionarias. La guerra se inicia con el Manifiesto de Montemolín en Palencia, en

agosto de 1854 y se difunde al año siguiente por Castilla y Santander, y desde la

zona de Aragón a Levante y Cataluña. Uno de sus principales focos es el

Maestrazgo. Se acaba en 1856.

«Españoles:

Cumplía a mi dignidad y mis sentimientos esperar el desenlace de los acontecimientos, que hoy veo sin sorpresa consumados en España, y más aún no desmentir cuanto os anuncié

en mi Manifiesto de 23 de mayo de 1845.

Entonces os hice conocer mis principios; que mis deseos no eran otros sino sacar a nuestra patria del caos en que se halla sumergida; obrar la sólida reconciliación de los partidos;

daros la paz y ventura de que tanto necesitáis y habéis merecido. Los resultados no han correspondido a mis desvelos y vuestra esperanza ha quedado defraudada.

»Vuestro deber y mi palabra nos imponen nuevos esfuerzos para cumplir la misión que nos está encomendada.

Llegó pues, el momento, españoles, que tan cuidadosamente quise evitar a costa de tantos sacrificios de vuestra parte y de la mía: fuera mengua para vosotros y mancilla para mí,

ser ahora menos esforzados que siempre os estimó la Europa.

No conozco partidos, no veo sino españoles, y todos ellos capaces de contribuir poderosamente conmigo al grande objeto para que la Divina Providencia me reserva. Os llamo

pues a todos, de todos espero y de ninguno temo.



La causa que represento es justa; ningún obstáculo debe retraernos para salvarla: el resultado es cierto, pues cuento que celosos, activos y valientes acudiréis solícitos al

llamamiento que os hago.

Quiero, y os encargo, que no mires a lo pasado. La era que va a empezar no debe parecerse a la presente: la concordia debe restablecerse en todas sus partes entre los

españoles: cesen los epítetos, los odios y los agravios.

Las instituciones propias de la época, la santa Religión de nuestros mayores, el libre ejercicio de la justicia, respeto a la propiedad y la amalgama cordial de los partidos os

garantizan la felicidad porque tanto suspiráis. [618]

»Cumpliré cuanto os prometí y ofrezco; y en el momento del triunfo nada será más grato ni me complacerá tanto como considerar que no hubo vencedores ni vencidos.

»Os doy las gracias por vuestros sufrimientos, constancia, y cordura. Admirador de vuestro valor y de vuestras hazañas, sabré recompensarlas en el campo de batalla.

Firmado, CARLOS LUIS

Bourges 12 de septiembre de 1846.»

En el gobierno de O´Donell se produjo un hecho que podría haber supuesto el

renacer del carlismo, pero en cambio tuvo el efecto contrario. En abril de 1860

fueron apresados en La Rápita el conde de Montemolín y su hermano Fernando

cuando intentaban entrar en España con el apoyo del capitán general de Baleares.

Ambos renunciaron a sus derechos de sucesión, de lo que después se retractarían,

y entretanto asumió los derechos el tercer hijo de don Carlos, Juan de Borbón, que

terminó en Madrid pidiendo jurar fidelidad a su prima Isabel. Carlos y Fernando

murieron en 1861; y Don Juan asumió la herencia dinástica, hasta que su hijo

mayor, con el nombre de Carlos VII; tomó de nuevo la causa e inició en 1872 la

cuarta guerra carlista.

La organización del régimen liberal.

El mundo político estaba muy vinculado a la prensa y

a tertulias y asociaciones como el Ateneo y la Sociedad Matritense, compuestas por

presidentes del consejo, ministros, secretarios y altos funcionarios. El poder

ejecutivo, es decir, el gobierno, se componía de una serie de secretarías de



despacho o ministerios, como el de Guerra, Marina, Hacienda, Fomento, Gracia y

Justicia, o los nuevos de Ultramar y Gobernación del Reino. Quien los nombraba era

la corona, y todos los ministros formaban el Consejo de Ministros, cuyo presidente

era quien decía la corona, y ejercía también el cargo de ministro de estado. Entre

1833 y 1868 hubo más de cincuenta gobiernos y por tanto, gran cantidad de

ministros, que generalmente se reclutaban entre hombres de leyes y militares,

aunque también había diplomáticos y algún periodista, o incluso algún historiador

aficionado, como el conde de Toreno, y otros que se dedicaban al mundo de los

negocios, como Mendizábal. La corona se supone que debía ser árbitro, aunque

siempre tendía a llevarse mejor con los moderados. Además en Madrid también

estaban otros altos cargos como directores generales y políticos de alto rango.

El poder legislativo se dividía en dos cámaras: congreso y senado.

La legislación electoral pasó por seis disposiciones distintas, que rigieron todas las

elecciones del reinado de Isabel II; y las principales divergencias se referían a la

división de las circunscripciones en distritos uninominales o plurinominales, la

adopción del sufragio indirecto o directo, y sobre todo al mayor o menor alcance del

censo electoral. En las circunscripciones, se tomó como ámbito la provincia, y los

diputados se repartían según la población de cada una. Los distritos uninominales

que defendían los moderados facilitaban el control por las oligarquías locales, sobre

todo en el medio rural; y la mayor dificultad de control del Ministerio de la

Gobernación obligaba a un sistema de pactos con familias o personajes poderosos

de la comarca, iniciándose el cacicazgo, que perduraría mucho tiempo. Pero

excepto en 1846, en todas las demás disposiciones del reinado de Isabel II se

adoptó el sistema plurinominal; y los censos aumentaban, sobre todo en las

ciudades. Las provincias se subdividieron en cabezas de partidos judiciales, que

eran la sede de las Juntas electorales para la elección de los procuradores del reino.



La constitución de Cádiz señalaba el sufragio indirecto. El derecho de

sufragio estaba restringido a muy pocos españoles, que elegían compromisarios en

tercer o cuarto grado, y éstos, a su vez, elegían a los diputados de cada provincia.

Cada vez el control del gobierno era mayor y orientaban el voto hacia los

candidatos que les interesaban más. Siguiendo el ejemplo de Europa, también en

España este sistema fue cayendo en desuso y se prefirió la elección directa, aunque

todavía eran pocos los españoles que la podían ejercer: varones mayores de edad,

y con cierta capacidad de comprensión y sobre todo que tuviesen propiedades y

fuesen contribuyentes. Los cambios de gobierno, sobre todo cuando también había

un cambio de partido, no se hacían mediante elecciones, sino como decisión de la

corona, muchas veces presionada por los propios grupos políticos. Cuando era el

presidente de gobierno elegido por la corona el que convocaba elecciones, siempre

seguía como presidente, a excepción de Evaristo Pérez de Castro en 1839, debido a

presiones de Espartero; cosa que se repitió algunas veces más durante esta

Regencia. La única ocasión en que un presidente entendió que había perdido unas

elecciones y dimitió, fue en diciembre de 1846, cuando Istúriz propuso un

presidente del congreso que fue derrotado por una coalición de progresistas y

moderados puritanos, y acabó dimitiendo en enero de 1847. Pero como norma

general los políticos de la era isabelina manipulaban al Parlamento desde su mismo

origen electoral. La ley impulsada por el partido progresista facilita la injerencia

gubernativa directa; mientras la ley moderada favorecía a los notables locales, que

a cambio de favores negociaban con el jefe político de la provincia.

El sistema judicial.-A principios del siglo XIX todavía predominaba el sistema del

Antiguo Régimen, que ejercía a justicia mediante el privilegio y la multiplicidad de

jurisdicciones; fuero militar, eclesiástico, Inquisición, consulados de comercio. El

poder judicial tal y como hoy lo conocemos, nace con la constitución de Cádiz, que

introduce la separación de poderes, y se pretende la autonomía de los jueces frente



al ejecutivo. Se trata de instaurar el principio de igualdad ante la ley. La jerarquía

de jueces que se establece es la siguiente:

1. en cada comunidad el alcalde intentaría poner de acuerdo a las partes

mediante una negociación, y si no se lograba, se interponía demanda

2. el siguiente escalafón eran los jueces de partido

3. las audiencias conocían en segunda y tercera instancia, y de los conflictos de

competencia entre juzgados

4. el Tribuna Supremo se reservaba para los recursos contra las sentencias de

las audiencias, y también juzgaba a los altos cargos políticos y judiciales.

Todo esto quedó sin efecto cuando Fernando VII lo anula en 1814, hasta que

Martínez de la Rosa, en 1835 reproduce lo esencial de la legislación gaditana. Los

jueces de paz serán quienes intenten la conciliación; y las provincias se dividen en

partidos judiciales, a cargo de cuyos juzgados están los jueces ordinarios. Las

audiencias serán tribunales superiores, y se restablece el Tribunal Supremo. El

nombramiento de los jueces se hace mediante la Junta del Ministerio de Gracia y

Justicia entre abogados, juristas y profesores de universidad. En mayor o menos

medida, los jueces debían ser fieles al gobierno que los nombraba; y surge la figura

del “juez cesante”. Hasta 1870 la situación no varía demasiado, y con la Ley

Orgánica del Poder Judicial se establecen una serie de principios fundamentales:

1. principio de independencia: oposición para cubrir las vacantes y ascensos de

los magistrados

2. inamovilidad judicial

3. responsabilidad de los jueces en sus actos

4. incompatibilidad con el ejercicio de la política

5. colegiabilidad de los tribunales, excepto los jueces municipales y los de

instrucción.



La unidad de fueros recibió un gran impulso en 1862, pues se establecieron las

bases para la organización de los tribunales y se ordenó que la jurisdicción

ordinaria fuese la única competente, aunque con algunas excepciones. En el

reinado de Isabel II no había un criterio claro que protegiese la independencia

judicial y a interferencia de los gobiernos en la justicia era constante, así como la

movilidad de los jueces hacia el mundo de la política.

El poder local.-

La nueva división provincial fue realizada por Javier

de Burgos en 1833, y los nuevos territorios se basaron en unidades históricas,

corregidas por las circunstancias geográficas, extensión, población y riqueza. Al

final España quedó dividida en cuarenta y nueve provincias y a frente de cada una

de ellas se colocó el subdelegado de Fomento, al que después se le llamaría

gobernador civil. La Diputación era el órgano de gobierno de la provincia, que

fueron divididas en 1834 en partidos judiciales. De todos modos, en cada período,

según que el gobierno estuviese en manos de moderados o progresistas, se variaba

la interpretación de este esquema general. En 1842 y 1856 se varió el modelo

progresista, partidario de una cierta descentralización provincial. En 1845 el

moderantismo presidió la división, y el gobernador se veía como un delegado del

gobierno; siendo la diputación un órgano más bien de carácter consultivo. El

número de miembros de la Diputación variaba en función de los partidos judiciales.

El triunfo de los progresistas en 1854 supuso el restablecimiento de las

Diputaciones de 1843, que veían aumentadas sus facultades administrativas. Los

gobiernos de O´Donell y Narváez, reproducían los modelos de 1845, que se

mantuvo ya hasta la revolución del 68. La administración provincial se fue

organizando durante el reinado de Isabel II. En cada provincia el estado tenía una

administración civil presidida por el gobernador, y había dependencias de los

ministerios de Hacienda, Fomento y Gobernación. El ministerio de Gracia y Justicia



se organizaba a través de los tribunales en las capitales de provincia y en las

localidades que eran cabeza del partido judicial. Los cuarteles militares se

organizaban en Capitanías Generales. El municipio era el último escalafón, del cual

el alcalde era la figura clave; y se trataba de un representante del gobierno, que

podía reforzar su poder nombrando un alcalde corregidor en sustitución del

ordinario. Aunque debía verse como algo extraordinario, en realidad su figura se

hizo bastante frecuente, y al no ser cargo electivo, gozaba de duración ilimitada.

Las autoridades locales estaban apartadas de la justicia ordinaria; el alcalde o

cualquier concejal, o incluso el ayuntamiento en pleno, podían ser suspendidos

gubernativamente sin ninguna ley que lo justificase. Las reclamaciones electorales

las resolvía el gobernador. Los progresistas hicieron de la elección de alcaldes una

de sus banderas, y coincidían con los moderados en la subordinación de las

autoridades locales al gobierno central. Las diferencias entre ambos partidos eran

tan sólo de grado. En principio se prohíbe la reelección, aunque luego se permite en

algunos casos concretos. Los funcionarios y altos cargos electivos respondían ante

la justicia ordinaria. El modelo moderado estuvo vigente durante casi todo el

reinado de Isabel II

Los partidos políticos.-

Después de la muerte de Fernando VII los exaltados y

moderados, al igual que los afrancesados que todavía perduraban, se aliaron en

torno a la reina María Cristina, que concedió una amnistía a los encausados y

fueron muchos los que volvieron del exilio. Se trataba de mantener una unidad,

aunque fuese en gran medida ficticia, en torno a los carlistas. Sería ya alrededor de

1837 cuando los liberales se dieron cuenta de que no había nada malo en la

división partidista entre ellos, aunque tuviesen enemigos comunes. No se puede

hablar todavía de partidos en el sentido que se hará en el siglo XX, pero ya a partir



del verano de 1834 se pueden observar dos grupos, que algunos llaman partidos,

en el estamento de los procuradores: los moderados y los exaltados.

Entre los moderados se mezclaban los que habían participado

en el constitucionalismo gaditano con personas que procedían del bando

afrancesado, y un considerable número de los que habían colaborado con Fernando

VII en su última etapa. El liderazgo lo ostentó durante mucho tiempo Martínez de

la Rosa, que era quien controlaba el periódico moderado La Abeja, el que redactó el

manifiesto electoral y fue presidente del gobierno en 1834 y 1835. Pero el partido

carece de organización y de disciplina. En 1835 se incorporan nuevos políticos,

como Istúriz, Alcalá Galiano y otros que habían sido exaltados en su origen, y el

partido moderado empieza a tomar cuerpo. El liderazgo pasó a ser compartido

entre Martínez de la Rosa e Istúriz, y Andrés Borrego adquiere especial importancia

en el papel difusor, porque poseía varios periódicos. Istúriz fue quien creó la

primera sede del partido. Hacia mediados de 1837 se produce un cambio; adoptan

el nombre de monárquicos constitucionales, aunque siempre se usó el término

moderado, y crecieron tanto en número como en fuerza. Adquieren también una

mayor coherencia doctrinal, y se impregnan de un pensamiento de origen francés,

aunque con raíces en el racionalismo inglés. Su cuerpo de ideas era conocido como

la doctrina, y por eso se habla de liberalismo doctrinario. Sus principios se basan en

el liberalismo clásico, que defiende los derechos individuales, la división de poderes

y la negación de la soberanía monárquica por la gracia de Dios. Lo que proponen es

la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Hablan de la soberanía de la

capacidad; es decir, organizar la política de tal forma que el gobierno quede en

manos de los mejores. Por eso la ley electoral debe ser selectiva, con sufragio

restringido. Al terminar la guerra carlista se une al grupo moderado gente que en

cierto modo trata de distorsionar su ideología. Creían en una administración

ordenada, subordinada y centralizada, lo cual tuvo como consecuencia exceso de

burocracia y de funcionarios, que solían usarse como arma política. Alrededor del



año 1854 destaca un líder moderado, el general Narváez. Cuando ya en 1844 se

afianzan en el poder los moderados, se pueden distinguir varias corrientes:

1) A la izquierda estaban los moderados puritanos, también llamados Unión

Liberal o Partido Moderado de la Oposición, cuyos miembros más destacados

fueron Pacheco, Pastor Díaz y Río Rosas. A raíz de la primera separación de

la reina y su esposo, se les llamó también “puritanos” por la actitud que

adoptaron.

2) Los centrales tenían de líder a Narváez.

3) A la derecha estaba la Unión Nacional de Jaime Balmes, que luego continuó

con los ultra moderados de los años cincuenta, entre los que destacó Bravo

Murillo. De éstos surgieron también los neocatólicos.

Hay miembros de partidos que se escapan de

una adscripción, y basculan de uno a otro lado.

En la etapa del gobierno de Bravo Murillo, los

moderados caen en la desunión, y tanto los

puritanos como los centrales de Narváez se

unen a los progresistas y demócratas, para

derrotar a Bravo Murillo. En los años siguientes

el partido se va disgregando poco a poco, y

surgen nuevas figuras, como la de O´Donell.

La evolución de los exaltados o liberales,

como se les empieza a llamar, está menos

estudiada que la de los moderados. Su resistencia a la disciplina era mayor y

tardan más en organizarse como partido. Pero en la época del trienio liberal ya

existen como grupo definido. Fernán Caballero ofreció su propia casa para celebrar

las reuniones en Madrid, y en las provincias solían reunirse en cafés, casinos o

ateneos. La plataforma exterior era el periódico de Fernán Caballero, El eco del



comercio. Cuando Mendizábal llega a España se convierte en un líder del partido

liberal. Destacaba también entonces el diputado Salustiano Olózaga, que disputó el

liderazgo del partido con Espartero. Las connotaciones negativas que fue

adquiriendo el nombre de exaltados, hizo que se cambiase por el de progresistas. El

gobierno fue moderado hasta 1840, pero el progresismo iba ganando terreno en los

medios urbanos y en el Ejército. Espartero creó en 1837 el Partido Militar del

Norte, próximo a los progresistas y que tenía como enemigo al Partido Militar del

Centro, dirigido por Narváez y cercano a los moderados.

Durante la década moderada los progresistas habían perdido fuerza y

estructura política y hacia 1851 estaban casi desarticulados, porque carecían de un

líder carismático. Pero les quedaba el papel de la prensa, y su principal papel

parlamentario y periodístico fueron las constantes corrupciones y desviaciones del

liberalismo en las que caían los moderados. En 1852 para oponerse a Bravo Murillo,

se unieron Espartero y O´Donell y se ganaron incluso a la reina madre. Espartero

aprovechó el momento en 1854 para alcanzar el liderazgo del partido progresista.

A la izquierda del partido progresista y a la derecha del moderado

surgen sendos partidos que no se manifestarán con fuerza hasta después del Bienio

Progresista. El primero es el Partido Demócrata, cuyos puntos fuertes en lo

ideológico eran los logros de la República: el sufragio universal masculino y la

soberanía popular. A la derecha de los moderados estaban los neocatólicos, que

siempre estará en los aledaños del partido moderado.

La regencia de María Cristina (1833-1840).

María Cristina, como reina gobernadora, dio su confianza

al gabinete de Cea Bermúdez, que en un Manifiesto de 1833 se proclamó defensor

de la monarquía absoluta, y ofrecía mejorar la gestión gubernamental mediante



reformas administrativas. Se apoyó en el Ministerio de Fomento, al frente del cual

estaba Javier de Burgos, ilustrado, jovellanista y afrancesado, con mucha

experiencia. El Ministerio de Guerra lo dejó en manos de Antonio Zarco del Valle.

Pero el manifiesto de Cea no contestó a nadie, y

a esto se suma el inicio de la guerra carlista y

los problemas que ello conlleva. A la reina se le

dice desde muchas bandas que lo más sensato

sería convocar a las cortes, y el consejo de

Gobierno también opina igual. María Cristina

consultó con Javier de Burgos y con Zarco, y se

propone como ministro de estado a Martínez de

la Rosa, que luego pasaría a ser presidente del

consejo. Menos Burgos y Zarco, el resto del

gabinete fue remodelado; pero en este

momento de transición todavía no había un sistema político coherente. Entre los

que apoyaban a la reina gobernadora había mucha tensión, y la guerra no

contribuía a hacer las cosas más fáciles. Martínez de la Rosa estaba muy

influenciado por el pensamiento francés y en su corto período en la presidencia

trató de organizar el Estatuto Real, documento que frecuentemente se ha asimilado

a la “carta otorgada” francesa de 1814, pues en ella se inspira. La corona no

renuncia a la soberanía, sino que la comparte con las cortes y éstas no podían

legislar sin la propuesta del monarca, que era quien las convocaba, excepto para el

presupuesto, cada dos años. Las cortes eran bicamerales; la nobleza se

representaba en el Estamento de Próceres y el resto de la población en el de

Procuradores, que eran elegidos cada tres años a través del sufragio en segundo

grado. La propia reina gobernadora da el inicio a este estatuto, que pretender ser

una especie de transición que transforme todo el edificio social de España. El ritmo

de la transición, con el Estatuto Real y un lento reformismo luego, al parecer

satisfacía a los liberales más moderados, mientras que para los doceañistas, lo



primero era restituir la constitución de Cádiz. De hecho se hacen numerosas

peticiones en ese sentido, pero sirven de poco. Las relaciones entre las cortes y el

gobierno se van haciendo cada vez más tensas. A todos estas tensiones se une la

aparición de una epidemia que asusta a la población y en las mismas fechas se

asesina en Madrid a 80 frailes acusados de propagar la enfermedad. El gobierno

deja que los asesinos queden impunes, y eso hace que muchos miembros del clero

regular se sumen a las filas del carlismo. Zumalacárregui, gran general carlista,

obtiene importantes victorias en el norte, y como en su doctrina incluye el

foralismo, muchas personas apegadas a los antiguos usos se unen a ellos. Los

liberales se radicalizaban cada vez más, mientras algunos realistas pensaban que

don Carlos defendería mejor sus intereses. Eran dos oposiciones de signo contrario,

pero que minaban el gobierno de Martínez de la Rosa.

En 1835 Cardero intentó un golpe de estado, que aunque fracasó dejó en

evidencia al gobierno, porque no se atrevieron a castigar a los culpables. Martínez

de la Rosa clausuró las cortes y presentó su

dimisión. José María Queipo del Llano, conde

de Toreno, ya había participado en las cortes de

Cádiz en su juventud, hablando de la extinción

del régimen señorial y de la desamortización,

aunque perteneciese a los Grandes de España.

Fue ministro de Hacienda con Martínez de la

Rosa, y en 1835 se le designa para presidir un

gobierno que apenas dura cuatro meses. María Cristina intentaba que siguiese en

vigor el Estatuto Real y una política moderada, con el fin de atraerse a sus filas al

sector más absolutista del Ejército. Por eso coloca en el Ministerio de la Guerra a

Pedro Girón, marqués de Aguasamarillas, y a Prudencio Guadalfaro. Pero por otra

parte también se acerca a los progresistas cuando llama al puesto de ministro de

Hacienda a Mendizábal. Una medida que llama mucho la atención es la disolución



de los conventos con menos de doce miembros, y la propia Compañía de Jesús se

disuelve poco después. Pero el principal problema del gobierno venía ya de atrás, y

era la guerra civil. Dos meses después del nombramiento de Toreno, la oposición

progresista que solicitaba la vuelta de la constitución de 1812, se lanza a la

revolución por medio de la guerrilla urbana. En algunas ciudades llegan a asentarse

gobiernos revolucionarios. Las manifestaciones de poder se encauzaban con la

matanza de religiosos o de carlistas. El gobierno de Toreno trató de luchar contras

estos movimientos y dispuso la disolución de las Juntas; pero si en algunas

provincias la tensión cedió, en otras las Juntas adquirieron más fuerza. La

autoridad del ejecutivo quedó reducida a poco más que Madrid. María Cristina llama

a Mendizábal para formar gobierno.

Mendizábal sería clave para el profundo cambio que va a tener

lugar, y aunque María Cristina no era proclive al

radicalismo, se vio dentro de él a causa del

presidente que ella misma había elegido. La

liquidación de las Juntas fue facilitada por los

decretos que regulaban la constitución de

diputaciones provinciales porque a ellas se

incorporaron antiguos miembros de las Juntas.

Mendizábal era un liberal gaditano, pero también

un hombre de negocios, pues su familia

pertenecía al ramo del comercio; y por tanto

siempre tendrá presente la política, pero

también los negocios. Comerció con Londres y con Gibraltar, sobre todo importando

vinos españoles cuando vivía en Londres. Su vida política se inicia con el cargo de

procurador por Gerona en 1835. En su gobierno él ejercía casi todo el poder, pues

era el presidente, pero también se había reservado el Ministerio de Hacienda, el de

Estado y el de Marina. Y en el resto de los ministerios estaban personas muy



vinculadas a él. Su principal apoyo era Álvaro Gómez Becerra, desde Justicia. El

programa de Mendizábal supeditaba todo lo demás a terminar la guerra civil; pero

también dispuso una serie de cambios que afectaron a la configuración del país,

pues sentó las bases de la administración de Justicia y reorganizó la Milicia

Nacional, a la cual llamó Guardia Nacional. Una de las medidas más comentadas fue

la desamortización, idea que estaba en el doctrina liberal, y según la cual, para

obtener los máximos rendimientos, había que entregar al interés individual la masa

de bienes raíces que eran antes propiedad de la razón, para que la agricultura y el

comercio sacasen ventajas de la situación. También existía el deseo de crear una

masa de propietarios adeptos al liberalismo y que ayudasen a mantener el nuevo

régimen. Además, desde el inicio de la guerra carlista, los liberales veían en los

eclesiásticos a enemigos, y por eso además de dejarles sin tierras, fueron más allá,

con la expulsión de religiosos y la disolución de algunas órdenes. Por el decreto de

marzo de 1836 se extinguían órdenes religiosas y militares, y el decreto pasó a ser

ley al año siguiente, en que se exclaustraron más de 30.000 religiosos. Para

terminar la guerra, solicitó a las cortes un voto de confianza, porque intentaba

obtener un crédito que le proporcionase fondos. El sistema tributario de López

Ballesteros no estaba dando buenos resultados ahora que el país estaba en guerra,

y hubo que recurrir a crear una nueva deuda que desequilibró el presupuesto. La

solución era pedir un nuevo préstamo o perder la guerra. Cuando Mendizábal llega

al gobierno la situación de la Hacienda es patética y España se encontraba al borde

de la quiebra. Para evitar que la guerra se perdiese, decretó el alistamiento de cien

mil hombres y pagando, preparó legiones extrajeras por si eran necesarias. El plan

de Mendizábal era el siguiente:

o Restablecer la confianza de los militares sublevados reformando el Estatuto

Real

o Dar impulso a la guerra carlista para terminarla en seis meses



o Después de ganada la guerra, había que restablecer la Hacienda, y recurrir

al crédito si era necesario, pero en buenas condiciones.

o Proceder luego a la reforma del sistema tributario, pero a este punto nunca

se llegó.

Tampoco la guerra se ganó en seis meses, simplemente era un

conflicto sostenido que no se acababa de resolver. La deuda aumentó y la reforma

de la Hacienda nunca se hizo. Los siete meses de Mendizábal como presidente del

gobierno fueron la consolidación de un proceso iniciado antes. Cuando se presenta

el proyecto de la ley electoral y los seguidores de Mendizábal son derrotados en las

cortes, se plantea la cuestión de confianza. La corona tiene que elegir entre disolver

el gabinete o disolver las cámaras, y se decide proceder a una nueva elección. Los

progresistas obtienen mayoría y Mendizábal se ve obligado a dimitir. La reina María

Cristina nombra presidente a Istúriz, un progresista que se había pasado al

moderantismo, y éste coloca al duque de Rivas en el ministerio de la gobernación y

a Alcalá Galiano en Marina. Los antiguos aliados del partido progresista

combatieron al gobierno por métodos parlamentarios, incluso con el voto de

censura aprobado por la mayoría. Istúriz solicita entonces el decreto de disolución y

María Cristina accede. Las nuevas elecciones se convocan para julio de 1836,

aunque las cortes no llegaron a reunirse. Los progresistas intentaron el cambio a

través de pronunciamientos, porque muchos militares pensaban que Istúriz no

había actuado con la suficiente energía frente al carlismo. A finales de julio de 1836

se pronuncia la Guardia Nacional a favor de la constitución de 1812 y el

movimiento se extiende por Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La

corona se mantiene firme a las presiones, hasta que el 12 de agosto de 1836 se

produce el pronunciamiento de un grupo de suboficiales en La Granja; lo que se

conoce como el motín de los Sargentos. María Cristina fue obligada a jurar la

constitución de Cádiz hasta que las cortes decidiesen. Cuando el ministro de

Guerra, Méndez Vigo, llega a La Granja, arrecian las peticiones y exigen además de



la constitución, que se cree un nuevo gobierno. El General Quesada, que había

protagonizado una dura represión el día anterior, fue asesinado, y los

revolucionarios llevaron sus despojos al centro de Madrid. María Cristina confió el

poder a los progresistas, con Calatrava al frente, quien confió a Mendizábal el

ministerio de Hacienda y el de Marina. Se elaboraron leyes sobre la desvinculación

señorial, la desamortización, la propiedad agrícola, y se convocan cortes

constituyentes de acuerdo a la constitución de Cádiz de 1812. El nuevo Parlamento

elabora la constitución de 1837, más moderada pero también más precisa que la de

Cádiz. Se mantuvieron los principios de soberanía nacional, separación de poderes

y reconocimiento de ciertos derechos individuales, además de la convocatoria de las

cortes por el monarca. A la corona se le dio un importante papel en el proceso

político, aunque las cortes también ampliaron sus funciones al adquirir la iniciativa

legal. Se estableció el bicameralismo: el congreso de los Diputados, elegidos

directamente por sufragio censitario, y el Senado, cuyos miembros elegía el

monarca. A diferencia de la constitución de 1812, el rey podía disolver las cortes, lo

cual unido al falseamiento de las elecciones, llevaba a que los parlamentos siempre

eran de mayoría gubernamental. Dice esta constitución que la religión de España

será la que profesen los españoles. Además, se elaboran leyes progresistas como la

libertad de imprenta y la ley electoral. El gabinete Calatrava se mantuvo desde

agosto de 1836 hasta agosto de 1837.

María Cristina propuso a Espartero como presidente del

gobierno pero él no aceptó, aduciendo que su misión era terminar con la guerra

carlista. Entretanto se nombra un gobierno interino, presidido por Eusebio Bardají,

que tenía buenas relaciones con todas las tendencias. Este gobierno convocó

elecciones y el triunfo de los moderados fue arrollador. Bardají deja paso a Narciso

de Heredia, conde de Ofalia, que preside durante tres años un gobierno moderado.

El conflicto armado había desarrollado una nueva mentalidad, y había un cuerpo de

oficiales bastante heterogéneo, que se habían unido para combatir al enemigo



común. Había nacido también un cierto sentimiento anticlerical, porque

precisamente en el carlismo había muchos clérigos. Muchos militares estaban

descontentos porque las pagas no siempre llegaban de manera puntual, y en el

Norte surgió una fuerza dominante acaudillada por el general Espartero, que había

levantado el sitio a Bilbao en la Navidad de 1836. En el verano de 1837 se

produjeron motines de soldados, y Espartero comunica a Madrid que solo se

acabará con el carlismo si el ejército era bien pagado y se atendía a los ascensos

por méritos. El gobierno cede y Espartero asciende a sus amigos, formando en el

norte un partido militar.

Durante el gobierno de Heredia destaca Alejandro Mon, que ocupa la

cartera de Hacienda; y también el ministro de Guerra, el general Manuel Latre. Los

dos habían combatido con Espartero en Ayacucho y Bilbao, y parece que fueron las

presiones de Espartero lo que provocó la caída del gobierno del conde de Ofalia. Le

sustituye el gabinete de Fernández de Velasco, duque de Frías, que apenas dura

tres meses. En ese período es cuando empieza la lucha por el poder entre los

espadones militares del progresismo, Espartero, y del moderantismo, Narváez.

Espartero pide a la corona que destituya a Narváez, porque al parecer estaba

involucrado en un movimiento rebelde en Sevilla, lo cual le cuesta el exilio en Paris

durante cuatro años. Espartero queda fortalecido dentro de su partido militar. Pero

el movimiento de Sevilla conlleva la caída del gobierno del duque de Frías, que es

sustituido por Evaristo Pérez de Castro, quien coloca en el ministerio de Guerra a

Isidro Alaix, amigo de Espartero. Durante 1838-39 había dos tendencias en lo

referido a la guerra: los progresistas, como Mendizábal pretendían acabar

completamente con el carlismo, y los moderados abogaban por una paz honrosa

con la parte más templada del carlismo, algunos de los cuales incluso se podrían

incorporar al Partido Moderado. Cuando ya se iba a firmar el Convenio de Vergara,

Espartero pidió a la reina gobernadora la disolución de las cortes, y en las

elecciones ganaron los progresistas; aunque en su partido a Espartero le achacaban



que había seguido las tesis moderadas. Cuando se aprobó el convenio de Vergara

se hizo con algunas reformas que humillaron a Espartero y se creó un clima de

crispación. En 1839 cientos de civiles invadieron el Congreso pidiendo una mayor

correspondencia entre el gobierno y la mayoría parlamentaria.

Pérez de Castro convoca elecciones en diciembre de 1839 y llevó a cabo

una nueva remodelación del gobierno, que prometió enviar al congreso leyes

relativas a las elecciones, a la libertad de prensa o al modo de gobernarse los

ayuntamientos, donde el punto clave era el nombramiento por parte de la corona

de los alcaldes en ciudades o pueblos de más de dos mil habitantes. Así habían

conseguido los progresistas muchas alcaldías, lo que comportaba tener el control de

la Milicia Nacional. En febrero de 1840 vuelven a surgir los tumultos en torno al

congreso. La reina Cristina conocía su débil posición. Estaba en manos de

Espartero, con la oposición de las ciudades y si demasiado apoyo de los liberales.

Sabe que tiene que acabar cediendo el poder.

Cuando termina la guerra carlista, la situación de María Cristina se

agrava, pues los liberales se habían unido en torno a ella por miedo al carlismo. La

llegada de Espartero había debilitado profundamente la figura de la reina madre. En

el verano de 1840 la corte se traslada a Barcelona, y a su paso por Zaragoza, la

reina encuentra el ambiente enrarecido, no solo en contra de la Ley de

Ayuntamientos, sino contra ella misma también. Se reúne dos veces con Espartero,

que le pide que sea derogada la ley de Ayuntamientos y que disueltas las cortes,

sustituya al gobierno. La reina le ofrece ser el presidente, pero él se niega.

Espartero jugaba con el beneficio de su poder militar y su fama de héroe, y

Fernando VII había dejando en su testamento un dardo envenenado: la reina

perdería su poder político y la regencia si se casaba de nuevo. Pero realmente ella

se casó en secreto a los tres meses de enviudar, con Fernando Muñoz. Era un

matrimonio válido canónicamente, pero ilegal. Desde 1833 María Cristina se quedó



embarazada siete veces, y toda España sabía la historia e incluso había coplillas al

respecto.

Cuando la reina gobernadora sanciona la Ley de Ayuntamientos,

Espartero se siente ninguneado y presenta la dimisión de todos sus cargos, aunque

no es aceptada, aunque la reina si piensa en cambiar el gobierno. En Barcelona se

amotina la gente en las calles y varios generales, entre ellos Espartero, van a

entrevistarse con María Cristina, en actitud amenazante. A pesar de ceder en

algunas cosas, no anula la ley de Ayuntamientos, aunque acepta la modificación en

la forma de elegir alcalde. El gobierno dimite, y la reina tampoco acaba de ceder, se

siente fuerte y se mantiene en sus posiciones. En agosto la familia real se traslada

a Valencia, buscando el apoyo de O´Donell; y allí le llegan las noticias a la reina de

un motín en Madrid, además de que en todas las poblaciones vuelven a organizarse

las Juntas. María Cristina pide a Espartero que reprima a los amotinados, pero éste

se niega e incluso publica una proclama criticando la actitud de la reina. El 16 de

septiembre María Cristina acaba por ceder y nombra a Espartero presidente del

Consejo de Ministros, con la composición a su elección. Cuando la reina exige que

se le entregue un programa escrito, el nuevo gobierno cumple sus deseos, pero se

le pide que acepte compartir la regencia con hombres prácticos en la ciencia

política, y a ella le parece un trato humillante. El 12 de octubre de 1840 renuncia a

la regencia, deja a sus hijas en España y se marcha a Francia, donde conspira

contra el gobierno de Espartero, apoyada por Luís Felipe de Orleáns.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

La constitución decía que antes de que las

cortes nombrasen nuevo regente el reino sería gobernado por el consejo de

ministros, que presidía Espartero. Su nombre real era Antonio Baldomero

Fernández Álvarez; y con el tiempo consiguió los títulos de conde de Luchana,



duque de la Victoria y príncipe de Vergara, con tratamiento de Alteza Real. Para la

España de aquellos tiempos, se consideraba un hombre cultivado, pues había

estudiado Latín y Filosofía, además de sus estudios militares. Su ascenso en la

carrera militar se inicia en América, donde alcanza el grado de general; y allí inicia

también sus prósperos negocios. Una de sus primeras acciones políticas en el poder

marcaría la tónica de toda su regencia: suspendió las cortes y no las volvió a reunir

hasta que unas elecciones le dieron mayoría parlamentaria, aunque en el congreso

perdió varias votaciones, y en el senado los moderados siempre tuvieron mayoría.

Espartero se nombró presidente del gobierno y derogó la Ley de Ayuntamientos. El

primer problema surgió con el tipo de regencia, pues en la constitución de 1837 se

hablaba de que la regencia podría estar formada por una, tres o cinco personas

designadas por las cortes. La mayoría de los progresistas eran partidarios de una

regencia de tres, y los seguidores de Espartero, los conocidos como “Ayacuchos”

algunos civiles y los moderados, preferían la regencia de una sola persona.

Espartero se apoyó en ellos, pues quería ser el regente único. Muchos de los

progresistas que le habían apoyado, ahora estaban molestos. El nuevo ejecutivo

estaba presidido por Antonio González González, y una de sus primeras acciones

fue la venta de los bienes del clero secular, a iniciativa del ministro de Hacienda,

Pedro Serra y Rull. La ley fue promulgada ese mismo año y se conoce con el

nombre de Ley de Espartero. La economía del país se orientó hacia el

librecambismo, siguiendo la política que había iniciado Mendizábal. En junio de

1841 se estableció un arancel mediante el cual todos los productos que se

introdujesen legalmente por las fronteras, debían pagar un impuesto; aunque los

derechos de aduanas habían bajado mucho y el proteccionismo era solo nominal.

Las importaciones de Francia y Gran Bretaña se incrementaron en esta época, y

productos españoles, como los vinos de Jerez, se vendían bien en el exterior. Si a

esto sumamos que el embajador británico metía baza en la política nacional, a

Espartero se le acusó de anglófilo, y le causó una creciente oposición. En el verano

de 1841 se fraguó una conspiración de varios generales con el apoyo de los civiles



y del gobierno francés. El levantamiento tuvo lugar en septiembre, pero O´Donell

se precipitó y ocupó la ciudadela de Pamplona sin que le siguiera toda la guarnición.

En octubre los carlistas, que ahora se hacían llamar foralistas, se proponían

rebelarse en Vascongadas, al mando de Montes de Oca, y también fracasaron.

Borso di Carminati se pronunció en Zaragoza, y el 7 de octubre, Diego de León y

otros intentaron apoderarse de Isabel II, aunque sin éxito. Las tropas militares de

Espartero eran todavía muy fuertes, y los rebeldes estaban muy desorganizados.

Los que se quedaron en España, como Montes de Oca, fueron ajusticiados.

La legislación anti foralista por la cual los ayuntamientos y

diputaciones quedaban sometidas a la ley general, provocó revueltas en el norte y

en Barcelona, e incluso Espartero se ve obligado a decretar el estado de sitio en

algunas ciudades, aunque luego las cortes lo considerarán anticonstitucional. Ya sin

apoyo parlamentario, Espartero nombra presidente del consejo de ministros en

junio de 1842 a, general Rodil, al que además da la cartera de Guerra. La fuerza

del gobierno se la proporcionaba el propio Espartero y no las cortes; pero sobre

todo la popularidad del general entre la clase media-baja. Este gobierno dura hasta

mayo de 1843, cuando tiene que hacer frente al aislamiento político y a las insidias

que trama Narváez desde Paris. Hacia finales de 1842 ya Espartero va perdiendo el

apoyo popular, sobre todo en Cataluña, donde se tiene que enfrentar a los llamados

“botines de quintas”, que se oponían a la recluta anual de soldados. El 13 de

noviembre se produce una pelea entre soldados y civiles, y Van Halen, capitán

general de la región, despliega el ejército en las Ramblas. José María Carsy,

director del periódico “El republicano”, organiza un movimiento de masas que salen

a la calle contra el Regente y obligan a rendirse a varios regimientos. La ciudad

queda en manos de una junta provisional de gobierno, aunque la situación no es

duradera, pues Espartero manda bombardear la ciudad. Cuando vuelve a Madrid, el

regente es recibido también con frialdad y se multiplica la disidencia.



En abril de 1843 vuelve Espartero a perder las elecciones y

nombra presidente del consejo de ministros a Joaquín López, que dura poco más de

una semana, porque presenta un programa de gobierno incómodo para Espartero,

y éste le obliga a dimitir. Gómez Becerra es el nuevo presidente, además de

ministro de Gracia y Justicia. Muchos de los ministerios los ocupan “ayacuchos”. Las

cortes reciben al nuevo gobierno con insultos, y Espartero opta por disolver las

cortes y suprimir la libertad de prensa. Los pronunciamientos se suceden en todo el

país; y al grito de “Dios salve al país y a la reina”; tanto progresistas como

moderados pidieron la restauración de López y la normalidad constitucional.

También se movilizan los oficiales de la Orden Militar española, que había fundado

Narváez. La revuelta de Sevilla fue especialmente grave, y el movimiento se

consolidó en Barcelona, donde la Junta Suprema se atribuye la autoridad de

destituir a Espartero y nombrar ministro universal a Prim. Espartero se queda con

el único apoyo de los “Ayacuchos”. Narváez y otros jefes militares llegan por mar a

Valencia, y Espartero se dirige a Andalucía, pero Narváez derrota al ejército de su

oponente en Torrejón de Ardoz. Espartero renuncia a la regencia y embarca hacia el

exilio de Londres.

Entre julio de 1843 y mayo de 1844 hay un período de transición.

Vuelve a la presidencia López, prácticamente con el mismo gabinete de antes, pero

solo dura hasta noviembre, aunque llevó a cabo muchas reformas que allanaron el

camino a los moderados, además de desmontar todo el aparato esparterista.

Prácticamente todas las juntas quedan anuladas. El partido progresista no admitió

la vuelta de María Cristina, y tanto Prim como Serrano piensan en adelantar la

mayoría de edad de Isabel II. Narváez y el gobierno dan el visto bueno, y el 10 de

noviembre de 1843, con trece años, la jovencísima reina prestaba juramento

constitucional. López, que no contaba con el apoyo de su propio partido

progresista, dimitió, y le sucede Salustiano de Olózaga como presidente del

gobierno. Modifica la Ley de Ayuntamientos tal y como la habían pedido en la



revolución de 1840, rehabilita la Milicia Nacional e intenta disolver el congreso y

convocar nuevas elecciones. Pero fue acusado por los moderados de forzar a la

reina para que firmase un decreto que neutralizase el triunfo moderado, y tiene que

huir momentáneamente a Portugal. Narváez coloca en el gobierno a uno de sus

fieles; Luís González Bravo, que sigue con la labor del anterior, y suspende

periódicos de carácter progresista. Las revueltas de este signo en Alicante y otras

provincias mediterráneas, fueron reprimidas duramente. Se aumentan los efectivos

de la policía y se crea la Guardia Civil; asignando al duque de Ahumada su

organización, para hacer transitables las carreteras y los caminos rurales. Aunque

el despliegue de la Guardia Civil en las zonas rurales y los pueblos de España sólo

se consiguió a la largo del siglo XIX. Cuando María Cristina vuelve a Madrid en 1844

acaba el gobierno de González Bravo, que había criticado duramente su regencia.

Narváez asume el gobierno personalmente.



Tema 5. El reinado de Isabel II. Moderantismo

y progresismo.

La década moderada (1844-1854).

Narváez casi desde siempre mezcló las carreras

política y militar, y participó activamente en la

guerra carlista. En 1836 empezó su rivalidad con

Espartero y dos años después se le abrió un

proceso por una posible implicación en una

sublevación en Sevilla. Después del exilio de la

reina madre a Paris, fue el hombre clave de la

oposición a Espartero y organizó la Orden Militar

Española. Después de la victoria de Torrejón de

Ardoz se convirtió en el líder del partido

moderado. Su personalidad llama la atención

por su enorme inteligencia y predisposición a la

política, pero también por un carácter cambiante

y tendente a veces a la depresión, lo cual le hacía abandonarlo todo. Eso puede

explicar hechos como interrumpir el consejo de ministros espada en mano o

interpretar las leyes de manera arbitraria.

El primer gobierno de Narváez terminó en 1846, y el segundo duró

menos de un mes. En la primera etapa, él mismo se sitúa al frente del ministerio de

Guerra, y coloca a Pidal en Gobernación y a Alejandro Mon en Hacienda. Se suscita

al poco tiempo la reforma de la constitución y surgen diferentes tendencias en el

partido.



• El grupo del marqués de Viluma, ministro de estado, intentaba que la

monarquía fuese de nuevo depositaria de la soberanía.

• Los puritanos, dirigidos por Pacheco, deseaban continuar con la constitución

de 1837

• La tendencia centrista era la de Narváez, Mon y Pidal, planteaban una nueva

constitución más moderada, que perfilase la manera que tenían los

moderados de entender el Liberalismo.

Cuando sus ideas no triunfan, el marqués de Viluma dimite como ministro de

estado y vuelve al gobierno Martínez de la Rosa.

Lo que más diferenció el gobierno de Narváez fue su

actitud ante la Ley Espartero de desamortización de los bienes eclesiásticos, pues

Alejandro Mon elaboró un decreto promulgado en agosto de 1844 por el cual se

suspendió la venta de estos bienes, aunque se confirmó la propiedad legítima de

quien ya los hubiere comprado. Los no vendidos fueron devueltos a sus

propietarios. Se inician los debates relativos a la constitución, y el marqués de

Viluma con otros quince diputados abandonan el congreso, alegando que no pueden

defender su punto de vista. Triunfó el parecer de reformar la constitución de 1837,

y surge la más moderada de 1845, que recoge las ideas del liberalismo doctrinario:

o La soberanía residía en las cortes y en el monarca

o Se regulan los derechos de los ciudadanos

o Se proclama la unidad católica de España

o Solo pueden ser senadores, por nombramiento regio, los aristócratas

o Se restringe el sufragio para la elección de los diputados y se aumenta el

nivel de renta, tanto para los electores como para los elegibles.

o Desaparece la preeminencia del congreso sobre el senado en legislación

financiera.



o Desaparece la Milicia Nacional.

Se tiende a unificar la organización jurídica, política, docente y fiscal para toda

España. Se pone en marcha el nuevo plan de estudios de Antonio Gil y Zárate en

septiembre de 1845. Se simplifica el sistema tributario, anulando las

particularidades regionales, y se intenta arreglar la Deuda rebajando los intereses

de lo que tiene que pagar el Estado en vez de declararse en bancarrota y no pagar

nada. Mayans, ministro de Justicia, modifica el proyecto de juicio por medio de

jurado por un tribunal compuesto por magistrados profesionales. Se generó una

burocracia mayor que en gobiernos anteriores y se amplió el problema del

funcionariado, que todavía estaba poco profesionalizado. Los enemigos más

poderosos de Narváez no fueron los progresistas o los levantamientos militares,

sino las intrigas palaciegas de otros políticos e incluso de sus allegados. En 1846

dimite, aunque no está demasiado claro por qué lo hace, se supone que debido a

una de sus famosas depresiones, pero probablemente la causa fuese la disensión

con algunos de sus ministros por el posible matrimonio de la reina.

Se forma un gobierno de transición bajo el mando del marqués de

Miraflores, cuya premisa era concertar los matrimonios de la reina y de su

hermana. Pero es la propia corona quien fuerza su dimisión y vuelve Narváez, con

el propósito de casar a Isabel con su tío, el hermano de María Cristina. Pero ni

Inglaterra ni la mayoría de las naciones extranjeras están de acuerdo en este

matrimonio, y Narváez vuelve a dimitir; también por presiones interiores. Se exila a

Francia.

La tendencia puritana es la más beneficiada en estos años por la

corona y se llama a Istúriz para que forme gobierno. Pidal y Mon siguen en el

gabinete. El problema seguía siendo la boda de la reina y de la princesa de

Asturias. A la reina se la casa con su primo Francisco de Asís de Borbón, cuya



homosexualidad era de todos conocida; por lo tanto el matrimonio está desde el

inicio condenado al fracaso. El gobierno de Istúriz tiene que hacer frente a varios

pronunciamientos; el primero de ellos en Galicia en la primavera de 1846, en el que

participa Enrique de Borbón, hermano de Francisco de Asís y marino de pofesión;

de tendencias progresistas, que se postulaba como pretendiente a la mano de

Isabel. Se le envió al exilio. Las partidas carlistas inician lo que se conoce como la

segunda guerra carlista. En diciembre de 1846 hay elecciones, que ganan los

moderados; aunque puritanos se separan bastante de la línea del partido y los

progresistas obtienen buenos resultados en las urnas. Los puritanos votan la

candidatura de Castro Orozco para presidente del Congreso, desechando a Bravo

Murillo, propuesto por Istúriz. El presidente entendió que había sido derrotado y en

enero de 1847 presentó su dimisión. El nuevo presidente es Carlos Martínez de

Irujo, duque de Sotomayor, que ocupa también la cartera de estado e intenta un

gobierno de coalición entre moderados y puritanos; pero no es posible. Se

movilizan jóvenes para hacer frente a los carlistas. Se llama a Pacheco para que

forme gobierno y el hombre fuerte del gabinete será José Salamanca y Mayol,

marqués de Salamanca, y también Nicomedes Pastor Díaz. Empiezan los problemas

entre la reina y su esposo, que acaba por irse a vivir al palacio de El Pardo.

Pacheco, el líder del moderantismo, era de Jaén, y fue fiscal del Tribunal Supremo y

catedrático de Derecho. Por su parte, el otro ideólogo puritano, Pastor Díaz, era de

Vivero, Lugo, y también jurista. El marqués de Salamanca era bastante más

pragmático y destacaba en el mundo de las finanzas, dado que también era

comerciante de éxito y fundador del Banco de Cádiz. La labor del nuevo gobierno se

centró en intentar una política abierta que otros moderados desdeñaban. Se

amnistió a todos los que estaban en la cárcel o en el exilio por pensamientos

políticos, e incluso volvió el anciano Godoy. José de Salamanca, como ministro de

Hacienda, intentó hacer cuadrar las cuentas y unificó los Bancos de San Fernando e

Isabel II en el Banco Español de San Fernando, que es el antecedente del Banco de



España. Procuró un sistema de recaudación más abierto y favoreció el

librecambismo. Puso en venta algunos bienes de las Órdenes Militares.

La guerra carlista se desarrolló en zonas dispersas, como Valencia y

Toledo. El gobierno también tuvo que hacer frente a otras violencias y motines,

sobre todo el de mayo en Sevilla, donde se protestaba por el aumento de precio de

los alimentos de primera necesidad. Los progresistas dejan de apoyar a Pacheco y

tuvo que dimitir a finales de agosto. El siguiente gobierno es organizado por amigos

de la reina; Serrano y Salamanca. La presidencia la ocupa un moderado próximo a

los puritanos; Florencio García Goyena; con Fernández de Córdoba al frente del

ministerio de Guerra y Juan de Dios Sotelo en Marina. Se intenta aglutinar a los

moderados centrales y puritanos con los progresistas; pero el gobierno acaba

dando un giro a la izquierda, y llamaron a Narváez para que regresase desde

Francia. Y él no duda en dar una especie de golpe de estado, entrando en una

reunión del consejo de Ministros y echándoles. Forma gobierno en octubre de 1847,

y además de presidente es también ministro de estado y guerra. Luís Sartorius, un

joven político, es el ministro de la gobernación, a pesar de su escasa formación,

puesto que se había criado en la calle e incluso había pedido limosna de niño. Pero

prospera hasta llegar a comprar el título de conde de San Luís. Se encargó de

organizar todo el entramado de las jefaturas políticas provinciales y de ganar las

elecciones, aunque fuese mediante corruptelas. El cargo de Gracia y Justicia lo

ocupa Alejandro Arrazola, procedente del mundo jurídico y de la Universidad. Dio

impulso a la Comisión General de Codificación y publicó un Código de Derecho

Penal en 1848. Siguen estando en el gabinete Pidal y Mon.

La revolución europea de 1848 tuvo su correlato en España

con los acontecimientos de Madrid y otras poblaciones, aunque en España no

pasaron de ser algaradas callejeras. Un coronel próximo al partido progresista

organizó un pronunciamiento en marzo, con más de quinientos militares conjurados



y algunos civiles. Narváez redujo la insurrección en pocas horas. Una consecuencia

directa de todos estos actos fue la orientación de la política hacia la derecha, debido

a la mayor unión del Partido Moderado. Incluso Donoso Cortés llega a decir cuando

la legalidad baste, la legalidad; cuando basta, la dictadura. Durante nueve meses, y

con el voto de confianza del congreso, hubo una dictadura legal de Narváez, en

donde se suprimieron la libertad de expresión y las garantías constitucionales,

mediante un estado de excepción. En cuanto a las relaciones exteriores, se rompen

relaciones diplomáticas con Inglaterra por su apoyo a los revolucionarios. En Roma

colaboran tropas españolas con el papa para restaurarle en la Sede Pontificia de la

cual le habían desalojado los revolucionarios. Los gobiernos conservadores de

Europa Central apoyaron al gobierno español.

Juan Bravo Murillo se estaba mostrando muy eficaz en el Ministerio

de Comercio, Industria e Instrucción Pública, lo que antes era Fomento. Hizo

campaña en favor de reducir los gastos públicos y acabar con la corrupción, aunque

la construcción del Teatro Real bajo la supervisión de Sartorius, hizo pensar que

alguien se estaba aprovechando; y el propio Narváez recibió de la corona un

enorme regalo en metálico sin justificar. También se criticaban los excesivos gastos

del rey consorte y de la reina madre. Al final, Bravo Murillo acabó por dimitir, y

encabezó un grupo de moderados que deseaban limpieza en la vida política. Hasta

Donoso Cortés, que había apoyado a Narváez, acaba reprochándole las corruptelas.

Narváez presenta la dimisión a la reina.

La reina intenta que el marqués de Pidal

forme gobierno, pero las disensiones en el seno del

partido moderado se lo impiden. Acaba haciéndolo

Bravo Murillo, que es presidente del gabinete y ministro

de Hacienda desde enero de 1851 a diciembre de 1852.



Pensaba que el orden era la mejor garantía de la libertad, y el exceso de libertad

llevaba al Despotismo. Su mayor preocupación fue la de solucionar los problemas

de la Deuda; y había dos alternativas: declararse en quiebra y no pagar a los

acreedores, o pagar menos. Redujo todos los intereses de la Deuda a un 3% y a

cambio el estado se comprometía a pagar en 19 años. También es autor de la Ley

de Contabilidad del Estado, de la publicación de las cuentas generales y de los

ajustes del presupuesto anualmente. Pero quizá su mejor aportación fue la ley de

funcionarios, porque concibe la administración como una serie de cuerpos técnicos

a los que se accede por medio de oposición o por concurso de méritos. El cese solo

podría hacerse por los tribunales o mediante un expediente en donde se

comprobase que se había incumplido la ley. Se presenta en 1851 un proyecto del

Código Civil; y se culminan las negociaciones con la Santa Sede mediante un

concordato firmado en el mismo año. De nuevo el ministerio de Obras Públicas

vuelve a llamarse Fomento, y todo lo que sea enseñanza dependerá de Gracia y

Justicia, aunque hay gente en el gabinete que no está de acuerdo. Se hace un Plan

de Ferrocarriles y otro de Carreteras que marca las seis nacionales, que partiendo

de Madrid une todos los puntos de la periferia. También se lleva a cabo el Plan de

Puertos y el de Faros, y se impulsa la construcción de canales; sobre todo el de

Castilla y el de Isabel II. El gobierno de Bravo Murillo fue el primer gobierno civil

fuerte desde 1840, y era realmente un gobierno de tecnócratas. En 1850 dimite

como ministro de Hacienda, porque quería controlar el presupuesto militar, y

reaccionan en contra todos los espadones, desde Narváez a Espartero, además de

O´Donnell. Cuando en lugar de Arístegui en el ministerio de guerra coloca a

Lersundi sin consultar a los espadones, éstos montan en cólera e incluso O´Donnell

se atreve a protestar en una carta. Bravo Murillo le cesa y coloca como jefe

supremo del Ejército a Lersundi, lo cual le enfrenta con la mayoría de los generales.

Lersundi acaba dimitiendo en 1852. Otra crisis surge a causa del ministro de

Fomento, Fernández Negrete, que votó en el Parlamento en contra de la propuesta

del gobierno sobre la Deuda. Bravo Murillo se da cuenta de que ha perdido la



mayoría, y de acuerdo con la reina, decide convocar elecciones, que dan la mayoría

al partido moderado. Aunque no se oponía al sistema parlamentario, disolvió las

cortes en 1851 tres veces. En 1852 intenta una reforma constitucional a la

constitución de 1845, que en realidad era una cortapisa al liberalismo. Pretendía

imitar al régimen un tanto autoritario de Napoleón III en Francia. En realidad la

constitución de 1852 reforzaba al máximo el poder de la corona y se lo quitaba a

las cortes, prohibiendo las sesiones abiertas en el congreso y limitando los derechos

y garantías individuales. Toda la clase política y la prensa se manifiestan en contra

del proyecto; al igual que la reina madre, Narváez, los puritanos, y la mayoría de

los generales más influyentes. Los progresistas pedían que se mantuviese la

constitución de 1845. La reina no había tomado partido, pero su madre le aconseja

que fuerce a Bravo Murillo a presentar la dimisión. Aquí acaba su carrera política. El

partido moderado queda fraccionado al menos en cinco grupos, y la reina opta por

llamar al gobierno a personajes secundarios para no despertar envidias. Se suceden

tres gobiernos, todos de segunda fila. El partido moderado empieza a desintegrase,

y aumenta el poder de los progresistas. El gobierno de Federico Roncali se planteó

como una especie de transición de un general conservador, pero sin experiencia

política. La coalición que derrotó a Bravo Murillo tampoco está de acuerdo con el

nuevo gobierno y se pidió la disolución anticipada de las cortes, aunque la reina no

accedió. El nuevo gobierno lo preside Lersundi, y dura algo más de seis meses,

porque también la oposición se ceba con él, y su programa no logra calmar a los

partidarios de Narváez. Hay un escándalo debido al transporte de carbón para la

flota española en Filipinas, y primero dimite el ministro de Marina, aunque luego le

sigue el gobierno en pleno. Se nombra presidente a Luís Sartorius, que rehabilita a

Narváez y hace importantes cambios en los mandos militares. Hace una

rectificación del proyecto de ferrocarriles de 1851, y a causa precisamente de las

corrupciones que denuncia en esta ley, se enfrenta con el Senado. En el escándalo

de corrupción estaba inmerso incluso el duque de Riansares, segundo marido de

María Cristina de Borbón, y el marqués de Salamanca. Sartorius no quería remover



el pasado, sino rectificar la ley para que esto no volviese a ocurrir, estableciendo

mayores cautelas y garantías. Pero también él había sido corrupto en algunas

ocasiones. La palabra “polacada” se incorporó a la Lengua española como un acto

despótico y arbitrario. La reina le retira su confianza y se disuelven las cortes. Al

mismo tiempo se difunden desde Londres noticias de que hay la pretensión de unir

la Península Ibérica bajo la monarquía de la casa de Braganza, destronando a

Isabel II. Por eso el conde de San Luís permanece en el gabinete, porque en este

momento de incertidumbre la reina no puede prescindir del gobierno. Ya a

principios de 1854 hay manifiestos de varios periódicos y de políticos, tanto

moderados como progresistas, en contra del gobierno, por secuestrar publicaciones

y abusar de la censura. El ministro de Gracia y Justicia, contrario a Sartorius, dimite

en enero de 1854 y el resto del gabinete permanece, pero en situación tensa, pues

se presagia una revolución.

Política exterior.

Las bodas de Isabel II y su hermana fueron esenciales para

calibrar el peso de España en Europa. Debido a la Cuádruple Alianza, España se

cerró a casi todas las potencias, quedando controlada por Francia y Gran Bretaña;

la primera con gobiernos moderados y la segunda, cuando gobernaban los

progresistas. Quizá por eso las guerras civiles, tanto en España como en Portugal,

se internacionalizan. La legitimad de Isabel II la reconocen Francia e Inglaterra,

pero hay estados como Austria, Rusia y Prusia que no se definen. Nápoles y

Piamonte reconocen a Don Carlos. España promueve una alianza para expulsar a

don Carlos de Portugal, e Inglaterra está de acuerdo, pues al unir la cuestión

española y la portuguesa, puede afianzarse en la Península. En 1834 se firma la

Cuádruple Alianza de los gobiernos liberales de ambos países con Inglaterra y

Francia, aunque Portugal saca mayor partido. Los cristinos solo consiguen ayudas



menores y que avalen algunos de sus préstamos. Don Carlos obtiene la ayuda de

Austria, Prusia y Rusia, pero también ayudas económicas y de tropas, aunque son

insuficientes. Importante es la actitud de la Iglesia ante el liberalismo isabelino, y al

revés. Los problemas se resolvieron en el concordato de 1851, aunque solo de

manera parcial. Los obispos, en la crisis sucesoria, permanecieron casi todos fieles

a Isabel II, pero el clero rural y muchos religiosos mostraron sus simpatías con el

carlismo. El papa se mantuvo neutral, aunque se interpretó como apoyo a don

Carlos. El primer problema grave entre Iglesia y estado español es la negativa al

placet al nuevo nuncio, por supuestas simpatías carlistas, en septiembre de 1833.

Luego seguirían inconvenientes para el nombramiento de obispos y la militancia de

muchos clérigos en las filas carlistas. En 1834 se suma el problema de la matanza

de frailes en Madrid, al creerlos los ciudadanos causantes de propagar el cólera.

Con las primeras leyes exclaustradoras, hay más matanzas de religiosos y la Santa

Sede acaba rompiendo relaciones con Madrid en 1837. El representante de la Santa

Sede seria formalmente expulsado en 1840. Con la década moderada, la situación

mejoró algo, pero no se modificó del todo hasta la expulsión del papa de Roma en

1849 y la ayuda española. El concordato de 1851 puso fin al conflicto de la

desamortización. Se reconoce la religión católica como la única del estado español y

se acepta el derecho de inspección de la jerarquía para adecuar la enseñanza del

dogma y moral católicos, además de regular el pleito de la desamortización, y la

admisión del estado del derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes. Se

permitía también la existencia limitada de órdenes religiosas masculinas. En 1855

surgen nuevos conflictos con la Iglesia por la actitud radical de algunos políticos, y

sobre todo por la disminución de la aportación del estado al culto y al clero. La

decisión de Pascual Madoz de desamortizar los restos de bienes de la Iglesia sin

previo acuerdo de la Santa Sede fue considerada una afrenta a la jerarquía y

algunos sacerdotes se sumaron a las partidas carlistas. La circular del ministro de

Gracia y Justicia solicitando el destierro de estos clérigos fue un nuevo problema, y

el obispo de Osma fue expulsado de España, con la protesta de la Santa Sede. El



Papa amenaza con romper relaciones diplomáticas y la reina se suma a su actitud.

Esta fue una de las causas de la caída de Espartero. Durante el gobierno de

O´Donnell se firma un convenio, en 1859, buscando soluciones concretas a estos

problemas.

El matrimonio de la reina interesa en España, pero también fuera.

Se trata de no dañar el equilibrio de fuerzas, y ciertas combinaciones con casas

reinantes podrían hacerlo. Otro problema era la ideología que profesase el rey

consorte. Lo que menos importaba eran los deseos de la jovencísima reina. Su

madre, que había vuelto del exilio de Paris, vela por sus intereses, supuestamente.

No se plantea que la reina se case por amor; sino que su marido tendrá que

pertenecer a alguna de las Casas reinantes de Europa. Martínez de la Rosa y otros

habían hecho gestiones en Viena para una posible boda con un príncipe de los

Habsburgos. Pero Metternich se niega, ya que ni siquiera reconocen como reina a

Isabel. Parecía que la solución era un Borbón, solución que comparte Luís Felipe de

Orleáns y la reina Victoria. Se piensa en Carlos Luís de Borbón y Braganza, conde

de Montemolín, de la rama carlista, pero los carlistas y los liberales no se ponen de

acuerdo, aunque don Carlos había abdicado en su hijo para facilitar el enlace.

También se plantea como candidato al conde de Trapani, hermano del rey de

Nápoles y tío de Isabel; lo cual complacía a la reina madre y al propio Narváez.

Para algunos liberales y para todos los progresistas la ideología conservadora del

candidato era un problema, porque representaba demasiado el Antiguo Régimen.

Además, el conde de Trapani estaba en un colegio de jesuitas y no era bien visto en

España. La reina madre piensa entonces en el príncipe de Sajonia-Coburgo, pero

tampoco es bien visto. El candidato de los progresistas era Enrique de Borbón,

primo de Isabel e hijo del infante Francisco de Paula, pero quedó descartado a

causa de un pronunciamiento progresista en Sevilla en 1845. Se plantea el

matrimonio con alguien de la casa de Braganza para una posible unión iberista,

pero el problema es la edad, porque en 1845 el hijo de don Pedro tiene apenas



ocho años. El propio rey francés propone a sus hijos y María Cristina propone un

doble matrimonio: Leopoldo Sajonia Coburgo para la reina y el duque de

Montpensier para la pequeña. No se acepta ni por Francia ni por Inglaterra, por lo

menos el de la reina, aunque si el de su hermana. Para Isabel se propone entonces

a Francisco de Asís de Borbón, hijo también de Francisco de Paula y primo de

Isabel. A pesar de que es “vos populi” su homosexualidad, se da el visto bueno a la

boda. Isabel y su hermana se casan el mismo día, y los duques de Montpensier se

trasladan a Francia.

El liberalismo presenta semejanzas en Portugal y en

España, pues en los dos sitios se unen los problemas ideológicos con los dinásticos.

Los dos países pasaron por una guerra civil, y dos jóvenes reinas, Isabel II y María

da Gloria, buscaron apoyo en los liberales frente a príncipes más conservadores:

don Carlos y don Miguel. La corona dio cartas constitucionales “otorgadas” en los

dos casos: la Carta constitucional portuguesa de 1826 y el Estatuto Real de España

de 1834; ambas basadas en la Carta francesa de 1814. En los dos países se opta

por el sufragio censitario, se expulsan algunas órdenes religiosas, se realiza una



desamortización, y hay posteriores acuerdos con la Santa Sede. Los

acontecimientos de cada país, tienen repercusiones en el otro, no lo olvidemos.

¿Podían, pues unirse, sería conveniente? Los iberistas convencidos opinaban que si,

pues solo traería ventajas para el telégrafo, el ferrocarril, las carreteras, la

navegación de los ríos, la unión del Mediterráneo y el Atlántico, supresión de

aduanas o la moneda única. Había también una conveniencia política que ya se

había manifestado en 1823, cuando Fernando VII reacciona con el absolutismo, y

muchos liberales piensan en ofrecer la corona a Pedro IV de Portugal. Uno de los

que más presionó, más adelante, fue Mendizábal; concretamente para que se

nombrase regente a Pedro IV, aunque el matrimonio de la reina acabó con todos

los proyectos. Muchos liberales españoles asumieron el iberismo, al igual que en

Portugal, especialmente entre los septembristas, que equivalían a los progresistas

españoles. Algunas veces las revoluciones empezaban al grito de Viva la Península.

A comienzo de la década de los cincuenta fue cuando la idea alcanzó mayor

difusión; y animaba a ello la unificación que se preparaba en Alemania o en Italia, o

los modelos federalistas de Suiza y Estados Unidos. Después de la revolución del 48

se funda en Paris el Club Democrático Ibérico, y la Liga Iberista se crea en Madrid

en 1854, siendo Sixto Cámara uno de los iberistas que mejor ha llegado a conocer

Portugal. La mayoría de los federalistas eran de ideas republicanas, pero antes la

solución se planteaba bajo una sola monarquía y un solo parlamento. Sinibaldo de

Mas publica en español La Iberia en 1852 y el mismo año se traduce al portugués,

con prólogo de José María Latino Coelho. Se concebía una unión basada en el

librecambismo económico, con un sistema de comunicaciones en común y una

unidad política que daría lugar a un nuevo concepto: Iberia. Se pretendió, en algún

momento, sustituir a Isabel II por Pedro IV, aunque posteriormente se abandonó la

idea de cambiar la dinastía. En Portugal la idea era aceptada por muchos políticos e

intelectuales, pero no por la gente común; y posiblemente fuese la falta de decisión

de los españoles lo que frenó la idea. En 1865 cuando el nuevo rey de Portugal,

Luís I pasa por España de camino a Europa, hay una manifestación que le vitorea;



la mayoría contrarios a Isabel II. Sin embargo, el rey portugués explica en una

carta que no avendrá a arrebatarle el trono a la reina. La rebelión de 1868 estimuló

en Portugal la idea de la unión. Antero de Quentan opina que hay que superar la

decadencia ibérica mediante la unión de los dos países en una república federada;

aunque muchos partidarios también de una monarquía constitucional. Pero el

obstáculo siempre será la poca predicación que tuvo la idea entre el pueblo llano;

pues sentían que la lengua y la idiosincrasia les separaban de los españoles, amén

de que la diplomacia española se ejercía de manera tan torpe que creaba

problemas en vez de solucionarlos. Faltaba el sentimiento popular de nación y había

escaso arraigo popular de la idea de unidad. De hecho, solo hizo falta agitar un

tanto la “amenaza española” para hacer nacer un exacerbado nacionalismo. Se

empezó a recordar la separación de la corona de España en 1640 y no cesaban de

cantarse las gestas de la nación portuguesa.

España tenía muy poco poder en la época para frenar la

ocupación de los diversos reinos italianos por los liberales; pero en el caso de los

Estados Pontificios, nuestro país se implicó directamente. Al mes de iniciar Pío IX su

pontificado, inició una reforma política para dotar a su territorio de parlamento,

Estatuto y consejo de ministros; pero hubo graves revueltas que provocaron la

creación de una República italiana con capital en Roma, y la huida del papa a

Gaeta, donde le acoge el rey de Nápoles. Cuando la revolución de 1848 fracasa,

Austria vuelve a recuperar su influencia en Italia, al mismo tiempo que en Francia

triunfan los conservadores y España, a pesar de su conflicto con la Santa Sede, se

considera, bajo el gobierno de Narváez, una nación católica. En 1849 un ejército

francés, ayudado por una retaguardia española, consigue que el Papa vuelva a

Roma. Víctor Manuel de Piamonte entiende que para conseguir la unidad de la

península italiana tendrá que apoyarse en Napoleón III, y cuando Italia se unifica,

Víctor Manuel es nombrado rey; a pesar de las protestas de la diplomacia española.

En los Estados Pontificios, Napoleón III mantiene una guarnición para proteger al



Papa, y se une España en la defensa, aunque hasta 1865 no reconocerá el nuevo

estado italiano. Después de la caída del gobierno de Narváez, O´Donnell acaba

reconociendo el reino de Italia, a pesar de la mala reacción de una parte del

catolicismo español. El problema de Roma queda resuelto en la derrota de

Napoleón III en la guerra franco-prusiana de 1870, que es aprovechada por Italia

para apoderarse de Roma, cerrando así el proceso de la unidad italiana.

La revolución de 1854 y el Bienio Progresista.

La revolución empieza con un conflicto entre el senado

y el conde de San Luís, y aunque vence el Senado, el conde suspende las sesiones

y releva a los que han votado en su contra. La oposición también busca el recurso

de la fuerza, y como O´Donnell se oculta, se le manda arrestar y se le da de baja

en el Ejército. Aunque en el ejército había descontentos, se había adquirido un

cierto grado de disciplina con un modelo castrense más jerárquico. Pero Sartorius

se obstinó en mantenerse en el poder y en general la población temía un

pronunciamiento militar. El 28 de junio de 1854 tuvo lugar el levantamiento,

acaudillado por O´Donnell y otros generales. Se conoce como La Vicálvarada

porque fue en Vicálvaro donde se inició. Los sublevados, al principio solo pretendían

un cambio de gobierno, pero a sugerencia de Serrano el Levantamiento fue

subiendo de tono y los progresistas se manifestaron a través de un escrito de

Cánovas del Castillo, conocido como el Manifiesto del Manzanares, donde se

reivindicaban una serie de principios para hacer una regeneración liberal en las

cortes constituyentes. Se pretendía mejorar la Ley electoral y la de imprenta,

apartar a las camarillas del trono, rebajar los impuestos y descentralizar los

municipios. Los sublevados se retiran hacia Andalucía y el Manifiesto se difunde en

diversas ciudades. Proliferan los levantamientos, y llegan a tomarse ciudades como

Valladolid, Cuenca y Barcelona. La suma de las acciones populares hizo que se

desencadenase la revolución. El gobierno se siente impotente y el conde de San



Luís presenta la dimisión a la reina. Un gobierno del duque de Rivas solo dura dos

días. Hay luchas callejeras y grupos armados se apostan en las casas de la reina

madre, del conde San Luís o del marqués de Salamanca. Se propone a Córdoba

para formar gobierno, pero no todos le aceptan y las luchas se suceden en el centro

de Madrid. El anciano general Evaristo San Miguel se viste de uniforme y sale al

balcón decidido a hacer de mediador entre la calle y el palacio. Con él como

presidente, y compuesta por progresistas y moderados, se constituye la Junta

Superior de Madrid, al tiempo que dimite el breve gobierno del duque de Rivas. La

reina nombra un gobierno provisional, en donde San Miguel es ministro universal.

Surgen otras Juntas en la ciudad, y destaca la Junta del Cuartel del Sur, cuyo líder

es el torero Pucheta, quien comete algunas atrocidades. Se reconstruye la Milicia

Nacional y uno de sus primeros cometidos es custodiar el palacio real. La Junta de

Madrid negocia con la de Pucheta y ofrece varios puestos a sus seguidores. Se

forma la Junta Superior de Madrid, la que antes había sido Junta de Salvación. Se

destituye al duque de Ahumada como director de la Guardia Civil y se nombra al

progresista Facundo Infante.

Espartero envía un mensaje a la reina a través de José

Allende Salazar, y lo que quería era imponer a la soberana que el poder emanado

de la revolución era superior a la monarquía. A Isabel no le queda más remedio que

aceptar y Espartero regresa a Madrid y pacta con O´Donnell, que acepta la cartera

de guerra. El bienio progresista es bicéfalo; Espartero, al que siguen los

progresistas puros, y O´Donnell, que aglutina la Unión Nacional nacida de la

Vicalvarada y formada por moderados y progresistas, con un talante más ecléctico.

El primer gobierno está formado en su mayoría por progresistas, y Allende Salazar

es nombrado ministro de Marina. Francisco Luján es el ministro de Fomento y junto

con Collado, está más cerca de la Unión Liberal de O`Donnell. Del mismo partido,

de la Unión Liberal, está O´Donnell como ministro de Guerra y Pacheco como

ministro de estado. Se ascendió a todos los militares que habían tomado parte en la



revolución y se cambiaron embajadores y gobernadores civiles. Se convocaron

elecciones, pero solo al congreso. El ministro de Gracia y Justicia, por medio de una

carta, amenaza veladamente a los obispos de actuar judicialmente si de alguna

manera impedían la libre emisión del pensamiento de algún español. Aunque Isabel

II se niega a firmar la orden, el gobierno hace que la reina madre salga de España

y le embargan sus bienes, anunciando que se celebrará un juicio político contra

ella. Entre 1854-56, el gobierno presidido por Espartero se reestructuró tres veces

debido a la inestabilidad de los grupos que le apoyaban. Collado se hizo cargo de la

cartera de Hacienda, pero luego se pasó a Juan

Sevillano, porque el primero se negaba a

suprimir los impuestos sobre el consumo; y un

mes después cambia de nuevo, esta vea a las

manos de Pascual Madoz. El gobierno se

inclina cada vez más a un liberalismo

progresista. Los asuntos más importantes que

este gobierno debe enfrentar son la oposición,

incluso por parte de la reina, a la ley

desamortizadora, y los levantamientos carlistas.

La oposición a la Ley Madoz es de carácter

ideológica y religiosa. La posible venta de los bienes de la Iglesia plantea problemas

con esta institución y con la Santa Sede, con la cual en 1851 se había firmado un

Concordato que regulaba la materia. Pacheco va a Roma a negociar con el

secretario de estado del Vaticano. Los obispos protestan, y el de Osma es obligado

a salir de España. La ley es aprobada en cortes, a falta de la sanción real. La reina,

incluso a pesar de las amenazas, se niega a firmar, y solo después de una

entrevista con Espartero, se aviene a la firma, pero mostrando su desagrado. La

Santa Sede rompe relaciones diplomáticas con España y el nuncio sale del país. El

movimiento carlista se refuerza ante esta afrenta a la religión. Poco después de

ponerse en marcha la ley, hay cambios en el gobierno, con más tecnócratas y quizá



menos progresismo. Es de destacar la ausencia de Madoz. Ahora las críticas al

gobierno se centran sobre todo en O´Donnell y se intenta incluso un voto de

censura contra él, aunque fracasa. La última restructuración del gobierno es en

enero de 1856, debido sobre todo a una ley que aunque no introducía de hecho el

matrimonio civil, restaba competencias a la Santa Sede en asuntos como las

dispensas, por ejemplo. La reina se niega a firmarlo sin la opinión de O´Donnell,

que se encuentra enfermo. Esto se une el motín del destacamento de la Milicia

Nacional en el Congreso. Espartero y O´Donnell se vigilaban mutuamente, y había

situaciones causadas por el proceso revolucionario a las que el ejecutivo no podía

hacer frente; siendo una de ellas la escasez de medios económicos, que provocaba

tensiones entre militares y funcionarios cuando sus pagas se retrasaban. La Milicia

Nacional, que el gobierno en su momento había armado, ahora participaba en

algunos motines, como el celebrado en zonas de Castilla en 1856 y que se conoce

con el nombre de “Motín del Pan”. A consecuencia de todo esto, Espartero dimite y

la reina encarga a o´Donnell que forme gobierno.

Se convocan en 1854 cortes constituyentes para una sola

cámara; aunque generalmente las elecciones estaban tan manipuladas que quien

tenía el ministerio de la Gobernación y organizaba los comicios, era quien ganaba.

Hubo un manifiesto de periodistas madrileños que llamaban al voto para quienes se

integraban el grupo conocido como Unión Liberal. Al final, la composición del

congreso resultó un tanto rara: mayoría de progresistas sin demasiada disciplina,

liberales moderados que tampoco estaban demasiado cohesionados, muy pocos

carlistas, y algunos demócratas y neocatólicos. Para evitar que salga presidente

Evaristo San Miguel, se elige a Espartero, y ante su renuncia, es presidente Madoz,

que en 1955 es relevado por Facundo Infante. El liberalismo progresista se

escoraba cada vez más a la izquierda y su dogma era la supremacía de la soberanía

popular por encima de la corona; además de que querían restablecer la Milicia

Nacional. Aunque la Unión Liberal nace en 1854, en realidad no se fragua hasta



julio de 1856, y tienen como meta ejercer un cierto papel moderador, pero su

problema es aglutinar a los distintos políticos que engloba el partido. De todos

modos, y pese a los problemas, la Unión Liberal representará el centro. La derecha

está representada por los neocatólicos y algunos carlistas; y en la izquierda se

alinean los demócratas que piden el sufragio universal; entre los que se encuentra

Castelar.

La aplicación del liberalismo se constata en las cerca de

doscientas leyes del Bienio; siendo quizá la más famosa la de Desamortización de

Madoz, que engloba los bienes eclesiásticos, de los pueblos, la beneficencia y otros;

aunque se rompa el Concordato con la Santa Sede. También se hacen reformas de

la administración local y provincial. La comisión de la constitución, cuyo secretario

era Salustiano Olózaga, presenta un primer proyecto de bases en 1854, aunque su

discusión dura año y medio, y se plantean posturas diametralmente opuestas en los

principales temas. Aunque nunca estuviese vigente, tiene importancia porque

plasma la ideología del progresismo. Sus principales caracteres los podemos

resumir así:

1. se acepta la soberanía popular

2. restricciones a la autoridad real

3. senado electivo

4. jurados para los delitos de opinión

5. se recrea la Milicia Nacional

6. elección directa de alcaldes por los vecinos de cada municipio

7. libertad de imprenta

Al ser propia de una sola ideología, la progresista, no es un modelo de convivencia

política para ese momento, por lo cual nunca estuvo vigente. Se vota en el



congreso, y cuando en las cortes se discute si debe entrar inmediatamente en

vigor, un sector mantiene que debe suspenderse su promulgación, mientras otro

defiende que el país necesita con urgencia un marco legal. Pero si la constitución se

hacía efectiva, había que convocar elecciones, y antes querían votar algunas leyes,

entre ellas la electoral. Las cortes se suspendieron sin haber llegado a una solución.

El tema de la contribución de consumos que habían planteado ya varios ministros

de Haciende, demostró que no había mayoría parlamentaria ni políticos con una

dirección clara, y sobre todo, que no había armonía entre el Ejecutivo y el

Legislativo. Sin embargo, el motín de Valencia como protesta a la llamada de las

quintas, parece aglutinar a los parlamentarios a favor del gobierno; aunque bien

pronto se acabaría la idea de unión, como lo demuestra el Motín del Pan en

Valladolid.

En 1854 se recuperan los restos carlistas y hay un manifiesto

del conde de Montemolín, sucesor de don Carlos, criticando a los políticos del

Bienio. Defienden los carlistas aspectos relacionados con el poder de la corona y las

ideas católicas, y estas ideas triunfan en muchos lugares del norte de España y en

Castilla la Vieja. Lo que más enfada de la constitución es el artículo referente a la

religión y más tarde la ley desamortizadora. Por eso parte de la población veían en

el carlismo la solución a todos los males. En 1855 los guerrilleros carlistas levantan

partidas en zonas de Castilla, Santander, Aragón y Cataluña, y no se sofocan los

focos de rebelión hasta 1856.

Se facilita por el gobierno el proceso de salida de palacio de

la reina madre, y se le da incluso escolta hasta Portugal, aunque se va exiliada y

con sus bienes embargados. Muchos entienden que Espartero y O´Donnnell han

sido demasiado blandos con ella. En 1856 hay actos de insubordinación en la

milicia, con motivo de una petición a las cortes del Ayuntamiento de Zaragoza, y

sigue un motín de la Guardia Nacional encargado de custodiar el congreso. La



Milicia Nacional aparece ante la opinión pública como la gran derrotada y se va

generando cada vez más violencia. Hay una vinculación también entre el partido

demócrata y el incipiente movimiento obrero. En 1855 hay una violenta huelga en

Barcelona donde es asesinado el dueño de una fábrica y el capitán general tiene

que refugiarse en la ciudadela hasta que llegan refuerzos. Los demócratas también

apoyan algunos de los motines llamados de subsistencia, y aunque se cree que la

revolución acabará con el hambre, la escasez no hace sino aumentar; sobre todo a

causa de la guerra de Crimea, porque las exportaciones tienen que dirigirse en su

mayor parte a los países en lucha. Por tanto, aumentan los motines armados y en

1854 el ministro de la Gobernación se dirige en una carta a varios gobernadores

civiles para que no se dejen intimidar por los criminales y malhechores. En

adelante, para ir armado como parte de la Milicia Nacional solo se necesitará el

permiso del alcalde. Hay motines diversos en Zaragoza, Medina de Rioseco,

Valladolid y Palencia. Cae el gobierno de Espartero y hay una marcha atrás en el

proceso revolucionario de 1854.

El poder de O´Donnell y de la Unión Liberal atrajo a muchos

personajes importantes de la política, aunque nunca llegaran a cohesionarse del

todo. Los progresistas que no se unieron a este partido, no obtuvieron ningún cargo

ministerial. En la medida que el poder estuvo en manos de liberales conservadores,

se fomentó entre ellos bastante tensión. Los progresistas obtuvieron cierto poder

dentro de los ayuntamientos y diputaciones, y confiaban en volver a gobernar

pronto. El liderazgo político lo asumió Salustiano Olózaga y la dirección castrense,

el general Prim. Los progresistas, aunque no fueran llamados a gobernar, seguían

formando parte del sistema, mientras que los demócratas y carlistas se quedaron

fuera. El partido demócrata estaba formado, sobre todo, por profesionales liberales

y clases populares que empiezan a vislumbrar el problema social. Propugnaban el

sufragio universal y los derechos del hombre y algunos de ellos el federalismo, e

incluso al socialismo.



El Parlamento y el gobierno se escindieron con motivo del

motín del pan y la dura represión que le siguió. O´Donnell y la reina forzaron la

dimisión de Espartero y la soberana encarga a O´Donnell formar gobierno, donde

destacan Nicomedes Pastor Díaz y Antonio de los Ríos Rosas. Pero los progresistas

y los demócratas se sintieron traicionados, y contaban con la ayuda de la Milicia

Nacional. Los ayuntamientos de Madrid y de otros lugares pusieron a la Milicia en

los puestos estratégicos; y a pesar de que el congreso estaba de vacaciones,

algunos diputados se reunieron y a propuesta de Madoz redactaron un manifiesto

en donde hacían constar que el nuevo gobierno no contaba con el apoyo

parlamentario. Mientras, O´Donnell reúne al ejército y empiezan las refriegas con la

Milicia Nacional. La lucha dura cuatro días y hay incluso muertos, entre ellos el

torero Pucheta. Cuando una comisión de parlamentarios se dispone a ir al Palacio

Real, O´Donnell se lo impide, porque no les reconoce legalidad parlamentaria. El

general O´Donnell vence en la calle y en las cortes, y Espartero se mantiene

pasivo. EL gobierno reorganiza los ayuntamientos y diputaciones conforme a la

disposición anterior a 1854 y la reina liquida las Cortes Constituyentes de 1854. Se

acaba también con la Milicia Nacional. Se restablece la constitución de 1845, con un

acta adicional, símbolo de eclecticismo político. Se paraliza la desamortización de

bienes del clero secular, aunque no se acaba del todo con la desamortización.

La hegemonía de la Unión Liberal (1856-1858)

Este bienio es continuación de la década moderada. Se

restablece la ley de Ayuntamientos y se convocan elecciones. La reina decide

cambiar el gobierno con personas que no estuvieran presentes en el bienio, y llama

a Narváez, que preside el consejo de ministros hasta 1851; y que echa mano para

el gobierno de sus antiguos conocidos y colaboradores. El gobierno anula el acta

adicional a la constitución de 1845 y en las elecciones ganan los moderados en el

congreso y en el senado. Al gobierno de Narváez siguen dos gobiernos moderados



presididos por Francisco Armero y Francisco Javier Istúriz; siendo más fuerte y

duradero el gobierno del segundo.

En 1858 juran sus cargos O´Donnell y sus ministros y contra todo

pronóstico, están en el poder hasta enero de 1863, y en ese tiempo solo cambia al

ministro de Marina, José Quesada, por José Mac Crohon, y más tarde por Juan de

Zabala. La mayoría de los miembros del gabinete ya habían participado antes en

otros gobiernos, y destaca sobre todo Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega

de Armijo. Cuando se convocan elecciones, se manejan tan bien que se logra la

mayoría absoluta. En 1860 se apresa a Carlos de Borbón, sucesor de las ansias

carlistas y supone el adormecimiento del movimiento por varios años. Se intenta

conciliar el orden con la libertad y estos años de gobierno son bastante pacíficos;

aunque hay guerras exteriores: Marruecos, Santo Domingo, Perú y la Conchinchina,

aparte del iberismo y la intervención en Roma. La proyección del país en el exterior

y la imagen que creaba en los españoles, fue aprovechada por O´Donnell y por la

corona para mantener la paz. La prensa, las tertulias o los ateneos mantuvieron

estas conversaciones durante años. Incluso en los certámenes de poesía de los

colegios se proponía el tema de la guerra del norte de África. La reina concedió a

O´Donnell el título de duque de Tetuán cuando conquista esta plaza, y en Madrid se

le recibe con toda parafernalia. El fracaso en la intervención de México o la difícil

explicación a la situación en que quedó España en la Conchinchina, pueden ser

razones para el desgaste de O´Donnnell, que le lleva a la dimisión en 1863. Aunque

acabó con la desamortización, fue el propio general quien en 1858 pone de nuevo

en vigor la Ley Madoz, pero excluyendo de su ámbito los bienes eclesiásticos, que

se regulaban por el Concordato de 1859 con la Santa Sede, mediante el cual el

gobierno español se comprometía a no hacer ninguna venta ni conmutación de

bienes por decisión unilateral. Los bienes poseídos por la Iglesia en adelante no

eran objeto de problema, pero los adquiridos antes no estaban tan claros. Por eso

se promulgó en 1861 una ley por la cual los bienes adquiridos antes de abril de



1860, que no estuvieran exceptuados, se regirían por la Ley Madoz. El gobierno

procedió también a completar la uniformidad jurídica con la ley del notariado y la

ley hipotecaria. En 1863 O´Donnell reorganiza el gabinete, y tardará poco ya en

dimitir.

El final del reinado de Isabel II.

Además de los moderados y los unionistas, estaban los

neocatólicos, que se alejaron de la reina, a la que acusaban de haber vendido al

Papa de Roma por el reconocimiento de la unificación de Italia. Estaba surgiendo un

nuevo tipo de tradicionalismo, que apoyaba el parlamentarismo, pero que también

estaría de acuerdo con la acción armada si fuese necesario. Los progresistas

estaban retraídos, pues no se presentaron a las elecciones y se fueron alejando

poco a poco de la vida parlamentaria. Más bien se decidían a optar por los

pronunciamientos, como demostraría Prim. El programa del partido progresista

pasaba por una auténtica libertad civil que permitiera ejercer los derechos

individuales, además de mejorar el sistema tributario y restringir el gasto público.

Pretendían suprimir los impuestos de consumo y reformar los aranceles. Abogaban

también por una mayor descentralización que les diera autonomía a los municipios

y provincias, y revisar las ordenanzas militares. Su ideal era una monarquía

parlamentaria, con libertad de prensa y de conciencia, secularización de la

enseñanza pública y derecho de reunión y asociación. Este fue el programa que

Prim planteó en 1866.

El Partido Demócrata seguía muy vinculado a los medios

intelectuales y de enseñanza, y aunque todavía no tenía fuerza electoral, creció en

capacidad de penetración en los medios de difusión de Madrid y provincias.



Cuando en 1863 dimite O´Donnell la situación se complica,

porque la reina no deseaba nuevas elecciones, pero tampoco el gobierno de los

unionistas, sino más bien un gobierno de transición. Al final Manuel Pando,

marqués de Miraflores, acepta presidir este gobierno de carácter bastante

conservador pero sin una marcada adscripción a ningún grupo. O´Donnell se opuso

al gobierno, a pesar de entrevistarse con Pando para lograr un entendimiento; y

Olózaga publica un manifiesto para comunicar que se abstiene de los comicios ante

la imposibilidad de obtener una mayoría. El único apoyo de Miraflores, y bastante

relativo, es el de los moderados. Cuando convoca elecciones a cortes, veta a

determinados candidatos para intentar conseguir la mayoría; y aunque algunos de

sus amigos salen favorecidos, en realidad la mayoría la obtienen seguidores de

O´Donnell y Narváez. Acaba presentando su dimisión y la reina llama a Arrazola,

aunque al pretender disolver las cortes la reina le retira su confianza. Se ensaya

entonces un gobierno de coalición presidido por Alejandro Mon, que agrupa a

unionistas y moderados sobre todo; aunque sin demasiado éxito porque se vigilan

los unos a los otros, por falta de confianza. O´Donnell y la reina siguen chocando, y

ésta le pide a Narváez que forme gabinete; y en los primeros meses adopta una

actitud muy abierta con la idea de atraerse a los progresistas. Se convocan

elecciones para finales de 1864, pero los progresistas siguen en su retraimiento y

se acercan a los Demócratas. Narváez toma la decisión de que España se retire de

Santo Domingo, y la reina se resiste, por lo cual el gobierno dimite, y se intenta

que vuelva Istúriz, que tampoco se pone de acuerdo con Isabel II; por lo cual

Narváez se ve obligado a regresar, y se acepta la retirada de Santo Domingo.

En 1865 el ministro de Hacienda propone una contribución especial

de 600 millones de reales, para cubrir un préstamo que deberían pagar quienes

tuviesen una contribución ordinaria de cuarenta reales o más. La resistencia es

generalizada y el ministro de Hacienda debe dimitir. Le sustituye Alejandro Castro,

que propone una desamortización mediante subasta pública de bienes del estado



en lugar del “reparto forzoso” que nadie quería. La reina cede para esa finalidad

una cuarta parte del patrimonio de la corona, y

Castelar, en un incendiario manifiesto, la acusa

de ceder lo que no es suyo, y de confundir las

propiedades de la corona y las del estado. El

Rasgo, tal era el nombre del artículo, ocasiona

que Narváez solicite la expulsión de Castelar de

la cátedra de Historia en la universidad de

Madrid. Pero el rector de dicha universidad

presenta su dimisión antes de expulsar a

Castelar. Y esto provoca un enfrentamiento

armado la noche del 10 de abril de 1865, donde participan estudiantes, pero

también grupos ajenos a la universidad. Mueren nueve personas y hay cerca de

doscientos heridos. Dimite el ministro de estado y de Fomento, aunque la reina

agradece a Narváez su defensa. A esta noche de San Daniel o Noche del Matadero,

le suceden otros levantamientos de distinto signo, preparados en Valencia,

Aranjuez y Pamplona, dirigido desde Madrid por el general Prim. Poco a poco las

relaciones entre la reina y el gobierno se fueron enrareciendo y cuando Isabel II

nombra al unionista Ezpeleta, tutor del príncipe heredero, Nárvaez le presenta a la

soberana una cuestión de confianza, y el gobierno acaba dimitiendo. En junio de

1856 O´Donnell vuelve a ser presidente del consejo de ministros en un gobierno

que durará hasta julio de 1866 y que pasa por dos fases: hasta diciembre con un

giro liberal y de atracción de fuerzas a la izquierda, y desde enero de 1866, cuando

lleva a cabo una política defensiva y de reacción contra los progresistas. Pero

también le puso a la reina varias condiciones: la expulsión de palacio de su

confesor Antonio María Claret, y de Sor Patrocinio, llamadas la “Monja de las

Llagas”, además de aceptar el reconocimiento del reino de Italia. Los gobiernos se

repetían en cuanto a sus miembros, el sistema estaba agotado casi por completo.

O´Donnell intenta atraerse a los progresistas con una nueva ley electoral, la



ampliación de la libertad de prensa y el reconocimiento de Italia; pero los

progresistas estaban divididos en el apoyo al nuevo gobierno. El sector de Olózaga

se sintió traicionado por O´Donnell y los unionistas se mantuvieron leales a la

corona, pero oponiéndose a los moderados. Nunca se pudo demostrar que hubiese

un pacto para destronar a la reina. Prim y Madoz aprobaron el programa del

gobierno porque querían volver a concurrir a las elecciones, aunque Prim le

prometió a O´Donnell no conspirar.

En su última etapa el régimen isabelino temía perder el poder.

Las cortes se abrieron en diciembre de 1865, aunque la constitución efectiva del

congreso no fue hasta el 4 de enero de 1866. En ese intervalo O´Donnell tuvo que

hacer frente al pronunciamiento del 3 de enero de Prim, en Villarejo, cerca de

Aranjuez; y lo disolvió porque se presentaron menos tropas de las previstas por

parte de Prim. Hubo también incidentes en algunos regimientos de Cataluña y

Ávila. O´Donnell organizó dos columnas al mando de Zabala y Echagüe, que

obligaron a Prim a disolverse o expatriarse; y opta por la segunda solución,

refugiándose en Portugal. La política de los meses siguientes consiste en la

resistencia, el empleo de la fuerza en contra de la revolución y la suspensión de las

libertades constitucionales. Se aprueba el proceso de Prim, aunque está exiliado, y

se declara el estado de sitio en Castilla la Nueva, que después se amplía a toda

España. A principios de 1866 los juramentados intentaron crear un clima de

revolución en las guarniciones y se movilizan algunos partidarios civiles. El

levantamiento más importante ocurre el 22 de junio de 1866 en el cuartel de San

Gil, donde los sublevados, al mando de Pierrad, salieron por las calles de Madrid

con fuerzas de infantería y con piezas de artillería. Los generales más importantes

salieron en defensa de la reina, y el propio Narváez fue herido. En el mismo día se

da por terminada la sublevación. El 25 de junio O´Donnell pide al congreso y al

senado amplios poderes para combatir la revolución, y se suspenden todas las

garantías constitucionales, ampliando la capacidad de decisión del Ejecutivo. Hay



intentos de un nuevo gobierno de coalición entre unionistas y moderados, pero la

reina va perdiendo poco a poco la confianza en O´Donnell, con lo cual éste dimite y

Narváez forma gobierno en el mes de julio de 1866. En agosto de ese mismo año

se firma el Pacto de Ostende, donde demócratas y progresistas se comprometen a

derribar a Isabel II, tras lo cual se elegirá por sufragio universal masculino una

Asamblea constituyente para decidir si se elige monarquía o república. En diciembre

Narváez disuelve las cortes y hay rumores de que la reina aconseja acabar con el

sistema liberal. El presidente del congreso y el del senado se entrevistan con

Isabel II y le piden que las cortes se reúnan de nuevo. Pero Narváez manda al

ejército a guardar la puerta de las dos cámaras y ambos presidentes son

encarcelados y enviados luego a Baleares y a Canarias. Esto basta para que los

unionistas se incorporen al proceso revolucionario, y aunque O´Donnell no lo

autorizó, otros seguidores suyos como el general Serrano estaban decididos a

formar parte de la conspiración. En realidad, se pude decir que la revolución de

1854 había sido una consecuencia de la europea de 1848, pero en la actual

revolución no hay influencias de corrientes europeas, sino que es un proceso

propio. En enero de 1867 la Junta Revolucionaria de Madrid lanza una proclama

donde adelanta la idea de expulsar definitivamente a los Borbones. Después de las

elecciones, se constituyen en marzo de 1867 las nuevas cortes, siendo la oposición

derechista los neocatólicos carlistas y en la izquierda los miembros de la Unión

Liberal y algunos moderados. El gobierno persiguió a todo el que no le demostrara

una lealtad inquebrantable y varios magistrados del Tribuna Supremo fueron

destituidos. A la propia reina se la acusa de mantener relaciones sentimentales con

Marfori, sobrino de Narváez, y aunque no era el primer amante que la reina tenía,

éste suscita muchos problemas y la dimisión del ministro de estado. Tampoco su

sucesor está en el cargo demasiado tiempo, pues dimite mes y medio más tarde. La

situación de Narváez y la reina cada vez era más asfixiante. En una reunión entre

los partidos progresista y demócrata se acordó seguir adelante con la revolución,

para provocar la caída de la dinastía borbónica y que un gobierno provisional,



dirigido por Prim convocase elecciones constituyentes. En agosto de 1867 surge

una intentona que proviene de los grupos exiliados en Francia. Al frente de la

revuelta del cuartel de San Gil está el general Pierrad, que pasa la frontera por

Aragón el 14 de agosto. También en Valencia tiene que haber otro levantamiento,

pero falla, y Prim entonces pone rumbo a Marsella. Surgen también chispazos en

Béjar y Aranjuez. Narváez reprime los incidentes, pero Prim acaba retirándose a

Ginebra. Después de este fracaso, se reorganiza la conspiración, que se ve

favorecida por la muerte de O´Donnell, quien era partidario de sustituir a la reina

por su hijo Alfonso. Los unionistas acaban desarticulándose y un sector acepta el

liderazgo del general Serrano, más próximo al progresismo. Este grupo se adhirió al

Pacto de Ostende, con la condición de que se respetase la forma monárquica,

aunque fuese con otro monarca, y quizá también otra dinastía. Isabel II era el

principal problema, no la monarquía en sí. Su apoyo estaba reducido a los

moderados, e incluso muchos de ellos se habían distanciado. La muerte de Narváez

acaba con la poca cohesión que tenían. En el congreso y el senado, que se

volvieron a abrir, el ambiente era cada vez más tenso y muchos parlamentarios

dejan de asistir a las reuniones. En Granada hay por esas fechas un motín a causa

del hambre. Después de la muerte de Narváez le sucede Luís González Bravo, que

solos se mantiene cinco meses, pero le da tiempo a endurecer la legislación

represiva. En el verano de 1868 se detiene a algunos militares unionistas y se

expulsa del país a la hermana de la reina y a su esposo, el duque de Montpensier,

bajo la sospecha de conjura, y también al marqués de Novaliches, al que la reina

defiende. Ante esto, el gobierno dimite, a pesar de que la reina no acepta la

dimisión. Todo lleva a la revolución final.



Tema 6.El sexenio democrático. La primera

experiencia democrática.

La Revolución Gloriosa.

Para que triunfase el pronunciamiento militar fue

primordial el apoyo ciudadano en Juntas. El 17 de septiembre de 1868, Prim,

Sagasta, Manuel Ruiz Zorrilla y Angulo llegaban a Cádiz, donde estaba fondeada la

Armada al mando de Juan Bautista Topete, que pretendía colocar en el trono a la

infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina, y que solo reconocía como jefe del

pronunciamiento al general Serrano, duque de la Torre, y desterrado en Canarias.

Pero la madrugada del 18, Sagasta y Zorrilla decidieron iniciar el pronunciamiento

con un manifiesto que anunciaba el destronamiento de la reina y prometía unas

cortes constituyentes basadas en los derechos de los ciudadanos. Prim arenga a

todos los españoles para que tomen las armas en defensa de la revolución, al

tiempo que llegan de Canarias Serrano y otros generales unionistas, con quienes se

hace público otro manifiesto redactado por Pérez de Ayala, donde se denuncia la

corrupción de la soberanía nacional y la censura en la prensa. Se dejaba claro que

no se trataba de rebeldes, sino que pretendían devolver a las leyes el respeto

debido. El 19 de octubre, el gobierno provisional exponía a los estados de Europa

un texto de justificación a la revolución, justificando el destronamiento de la reina

por la oposición de ésta a la modernización del país. Se trataba, en suma, de

implantar los principios del liberalismo más avanzado, y por eso se pretendía

erradicar la dinastía completa de los Borbones. Cuando Prim llega a Málaga, ya hay

muchas ciudades que se han solidarizado con el inicial pronunciamiento; como

Granada, Almería, Cartagena, Alicante o Valencia. En Sevilla se ha organizado

también una Junta donde incluso se amplían las proclamas de Cádiz, porque se pide



libertad de cultos, de tráfico y de industria, y reforma de los aranceles para la

libertad de comercio. Las tropas del general Novaliches cruzan Despeñaperros y

Serano sale a su encuentro, teniendo lugar en Alcolea el 29 de septiembre la

derrota de Novaliches, la unión de las tropas de ambos y el rumbo hacia Madrid. Se

declara la caída de los Borbones mientras la reina sigue de veraneo en San

Sebastián, y a Isabel II no le queda más remedio que partir desde allí hacia Pau. La

Junta de Madrid tiene a Madoz al frente y asume las riendas del poder. En la

mayoría de las ciudades se sigue el ejemplo y se constituyen juntas formadas por

una coalición de progresistas y demócratas que exigen toda una serie de derechos,

entre los cuales destacan:

1. libertad de cultos

2. sufragio universal

3. libertad de enseñanza, de reunión y de asociación

4. libertad de imprenta

5. inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia

6. abolición de la pena de muerte y del juicio por jurados

Siempre hubo en las Juntas los suficientes elementos republicanos para pedir

abolición de las quintas y supresión de algunos impuestos al consumo que

resultaban especialmente gravosos. En el caso de las Juntas catalanas hubo una

especial colaboración entre las clases medias y los obreros, y en la Junta de

Barcelona, Tutau, hombre de negocios, fue su principal artífice. Se funda el

Fomento de la Producción Nacional y más tarde la Liga Proteccionista, de la que

paradójicamente luego saldrá un grupo de industriales que abogan por la

restauración borbónica. El movimiento juntero era la auténtica expresión de un

federalismo contenido, y fue la Junta de Madrid la que en un gesto de centralismo,

actuó en el nombre de toda España, asumiendo las reivindicaciones de todas las

demás juntas y se arrogó la facultad de encomendar la formación de gobierno al



general Serrano. Pero no se podía formar gobierno sin Prim, y éste se encontraba

en Cataluña. En las Juntas se había perfilado el núcleo de las aspiraciones políticas

de la revolución y se puede deducir que básicamente se deseaba implantar las

libertades de reunión, asociación, enseñanza y prensa, además de la libertad

religiosa.

Serrano estaba dispuesto a formar gobierno de acuerdo a

la Junta de Madrid, y se pone a las órdenes del general Espartero, aunque éste

declina ninguna representación. Por fin llega Prim a Madrid, y las personas más

importantes serán él mismo en el Ministerio de Guerra; Sagasta en Gobernación,

Figuerola en Hacienda, Ruiz Zorrilla en Fomento y Romero en Gracia y Justicia.

Nicolás María Rivero se coloca como alcalde de Madrid y acelera la escisión del

partido demócrata a consecuencia de problemas con Castelar y Pi y Margall,

convencidos republicanos. Había en realidad, dos proyectos distintos:

• el de Prim, que abogaba por una monarquía democrática y la constitución

de 1869, representado por unionistas y progresistas, liberales acomodados,

ricos hacendados y profesionales.

• El proyecto liderado por Pi y Margall, que reunía a las capas medias,

pequeños comerciantes y trabajadores, que pretendían una república

federal, con un sólido programa de reformas sociales y económicas.

Los primeros pretendían compatibilizar la libertad con el orden, para justificar ante

Europa la revolución. Como medidas generales propugnaban purificar la

administración pública, reforzar el crédito y el sistema bancario y hacer uso del

sufragio universal y la soberanía del pueblo como algo normal. La razón de preferir

una monarquía constitucional era, sobre todo, para que Europa no desconfiase. Por

eso pretenden dar por terminada la misión de las Juntas, porque entendían que

había pasado el momento de las quejas y había llegado el de la Razón. Sagasta



decreta que los fusiles que han sido entregados al pueblo por las Juntas sean

devueltos, previo pago de 30 reales y trabajo. Para sustituir a los impuestos al

consumo de las Juntas, se crea ahora uno no menos impopular, el de la capitación,

y se restablecen los de la sal y el tabaco. También se contienen los planes de

demolición de murallas y ampliación urbanística de algunos ayuntamientos, aunque

lo que se escondía era el interés por la especulación de algunos de estos terrenos.

Cuando se disuelven las Juntas, unionistas y progresistas están integrados ya en el

gobierno, y solo quedan los republicanos al margen. Aunque aceptan la disolución

de las Juntas, mantienen comités de vigilancia. Sagasta convoca cortes

constituyentes para el 11 de febrero de 1869, manteniendo todavía como fuerza a

los Voluntarios de la Libertad, pero ya sin ventajas de salario o trabajo en el

municipio. Prim y Sagasta eran las personas más importantes del gobierno, y

sabían que se estaban quedando en el tintero algunas de las aspiraciones más

importantes que se habían proclamado en las Juntas. Los republicanos estaban

fuera de juego, y lo único que les quedaba eran los Voluntarios de la Libertad y un

importante abanico de medios de comunicación en diversas provincias. No todos

estaban de acuerdo, y a fines de 1869 se plantea una escisión, creándose el Partido

Republicano Federal. Estaban por un lado los demócratas Rivera, Martos y Becerra,

que se unen para las elecciones a los unionistas y progresistas, con un programa

basado en la monarquía, y los federales, cuyo modelo de gobierno era la república,

y que se reunieron el 22 de noviembre de 1869 en el Campo de la Lealtad, siendo

Castelar la estrella de la manifestación. A la cabeza del partido estaban Orense,

Castelar, Pi, Pierrad y otros. Su programa se replanteaba el modo en que se

repartía la riqueza nacional, sobre todo la agraria, y por eso la Junta de Sevilla,

embrión del andalucismo, intenta repartir los bienes de la aristocracia y apropiarse

de los bienes comunales.

Cuando se establece el sufragio universal para los mayores de

25 años se empiezan a marcar las distancias entre los grandes bloques.



1. la coalición de los unionistas de Serrano, los progresistas de Prim y Sagasta

y los democráticos de Rivero y Martos, que abogan por el sufragio universal,

la monarquía y las libertades de un estado moderno

2. Los republicanos que bajo el nombre de La Federal resumen una

organización del estado como una república federal, pero también reformas

para la redistribución de la riqueza y la mejora de vida en las clases

populares.

En todas las ciudades se manifiestan ambos bandos y en algunas de ellas hay

incidentes, como cuando miles de trabajadores se negaron en Madrid a que se les

bajase el jornal, o la revuelta de los trabajadores del Puerto de Santa María.

También en Málaga hay revueltas parecidas. Las elecciones municipales ya se

habían celebrado y hubo quien pensó que el propio Sagasta pudo haber influido en

las rebeliones de los federales para obtener ventaja en los comicios. En ellas los

republicanos obtienen mayoría en veinte capitales, lo cual es una clara derrota

para el gobierno. Las elecciones a cortes constituyentes eran el 15 de enero de

1869 y se recurre al patriotismo para pedir el voto para los que gobiernan.

Arremeten también contra las mujeres por pedir la abolición de las quintas. Los

federales se proclamaban el partido de la juventud al pedir el voto a los 21 años; y

las reacciones clericales no contribuían a calmar los ánimos. El gobernador civil de

Burgos es asesinado dentro de la catedral en protesta por el decreto de la

incautación de archivos y bibliotecas de catedrales, cabildos, monasterios y

órdenes militares. La vigilancia del proceso electoral estuvo a cargo de los

Voluntarios de la Libertad, armados y la mayoría con inclinaciones demócratas y

republicanas. El triunfo fue para el gobierno, pero los federales obtuvieron ochenta

escaños. La ex reina se atreve a declarar desde Paris nulo todo el proceso político y

electoral, y la ilegalidad de las cortes, porque ella era la única que ostentaba la

autoridad legítima, pero las cortes constituyentes se abren el 11 de febrero de

1869. Rivero es el presidente de la cámara, y a Serrano se le encarga formar



gobierno, que ya no sería provisional. Se aprueba la amnistía para los delitos de

imprenta.

En las Antillas los cubanos y portorriqueños pensaron que

la revolución también a ellos les traería la concesión de derechos, abolición de la

esclavitud y la concesión de una administración autonómica. De hecho en ambos

lugares había movimientos que abogaban por la independencia y desde Nueva York

funcionaban comités que abogaban por una Cuba y un Puerto Rico libres. En Puerto

Rico se lleva a cabo una rebelión el 23 de septiembre, se proclama la República y

se forma un gobierno provisional, bajo la presidencia de Francisco Ramírez, mulato.

El 9 de octubre en Cuba Carlos Manuel Céspedes reúne a unos cuantos fieles que se

prometen vencer o morir por la patria cubana. Proclaman el Manifiesto de la Junta

Revolucionaria de la isla de Cuba, donde se describía la realidad de unas colonias

gobernadas por la arbitrariedad de los capitanes generales que nombraba la

corona. Se quejaban de la tiranía del gobierno español, que les imponía tributos

pero les negaba derechos. Aunque en las cortes de Cádiz se definió España como el

conjunto de españoles de ambos hemisferios, en la constitución de 1837 se aparcó

el status de los habitantes de las colonias. Cuando en 1860 se abolió la esclavitud

en Estados Unidos, los españoles siguieron embarcándose en aventuras coloniales,

como la guerra del Pacífico o la expedición a la Conchinchina. Por eso no se vitorea

a Prim ni a Sagasta y nace en Cuba el Partido de la Libertad y la Independencia.

Las primeras revueltas son duramente reprimidas por el capitán general Lersundi,

pero Céspedes no tarda en apoderarse de Camagüey. El nuevo ministro de

Ultramar, Ayala, promete reformas, pero nadie le cree, y el propio Lersundi es

sustituido por el general unionista Dulce, que promete que Cuba elegiría diputados

a las cortes constituyentes. Pero nadie le cree, y aunque intenta negociar con

Céspedes, fracasa. Se desencadena un furor destructor y el ejército independista

acaba con la infraestructura de la isla. Céspedes proclama libres a aquellos negros

que luchen por la independencia. El partido al que llaman español está capitaneado



por negreros como Zulueta, o propietarios como Ibáñez y Herrera, que costean la

creación de batallones de voluntarios del Orden y se encargan de embargar los

bienes de los independentistas. La burguesía catalana también envía voluntarios.

En la parte independista se producen las primeras escisiones. Dulce renuncia al

cargo, porque en realidad quienes llevan la voz cantante son los Voluntarios del

Orden. El Partido de los Esclavistas crea el Casino Español en 1869 en La Habana,

que se convierte en un grupo de presión para organizar los negocios a su antojo

alardeando de patriotismo.

En Filipinas no está todo el territorio bajo control. Los

filipinos carecen de derechos políticos y se rigen por una mezcla del derecho del

antiguo régimen señorial con los privilegios de las órdenes religiosas. El dominio

español no era real y no se planteaba la posibilidad de hacer un imperio, sino

explotar esas tierras. No se hicieron obras públicas y no se pensó en una

administración racional, a no ser durante el período del general Echagüe.

La constitución de 1869.

No se empieza tomando medidas precisamente

populares, pues lo primero que hacen es alistar a 25000 jóvenes para una guerra

no declarada en Cuba, mediante el sistema de quintas. Se empieza a redactar un

texto constitucional y el debate principal es el concepto de España. El artículo que

desató más polémica fue el 21, porque se refería a la libertad de cultos. También el

artículo 33 suscita muchas discusiones, porque se refiere al establecimiento de una

monarquía democrática. Los artículos 28 y 107 son complicados porque se refieren

a la organización de las Fuerzas Armadas. Los republicanos, por supuesto,



defienden la república como forma de gobierno y unas FF AA que diferencien entre

los voluntarios y los profesionales. Pero como no

logran sus propósitos, se centran en abolir las quintas

y mantener el cuerpo de Voluntarios de la Libertad. Es

Castelar quien se encarga de hacer la más encendida

defensa de estos principios, así como la separación

entre Iglesia y Estado. También destaca el diputado

Francisco Salmerón defendiendo las posiciones

progresistas y la candidatura de Espartero al trono. En

el bando conservador está el canónigo Manterola y Cánovas, que mezcla

argumentos sobre la propiedad, sobre la unidad española y la catolicidad de la

nación y el estado, aparte de unas ideas profundamente clasistas. Cuando llega el 1

de junio, que hay que votar la constitución, los tradicionalistas rechazan el texto y

recogen firmas para protestar por la libertad de cultos. Pero con todo, triunfa el si y

se promulga el 6 de junio. Es el primer código democrático de la Historia de

España, e incluso en algunos aspectos se adelanta a algunos de Europa. Se

establece el sufragio universal masculino, directo y secreto, estableciendo una

relación de derechos de los ciudadanos. EL título I de la constitución abarca casi un

tercio del total del texto. Junto a las clásicas libertades de imprenta, derecho de

reunión y asociación están la inviolabilidad de la correspondencia, libertad de

enseñanza y de culto, libertad de trabajo para los extranjeros, etc. La libertad de

reunión y de asociación era la puerta para el despegue del sindicalismo. Aunque los

republicanos no consiguen la separación de la iglesia y el estado, es la primera vez

que éste no se declara confesional y permite la libertad de cultos. Se insiste en la

soberanía popular como fundamento del estado, que tiene que someterse a los

principios de la separación de poderes y la descentralización. La soberanía residía

en las cortes, integradas por el Congreso y el Senado. No se pedían requisitos para

ser diputado, sino que bastaba ser varón mayor de 25 años. Los senadores se

elegían por sufragio universal indirecto, cuatro por provincia; pero habían de ser



mayores de cuarenta años, tener título universitario, ser gran propietario o patrón

industrial, o haber ocupado un alto puesto en el estado. Las cortes eran el poder

legislativo, con plazos mínimos de reunión y máximo sin estar reunidas. Podían

ejercer moción de censura, tener iniciativa legislativa e interpelar al gobierno. Al

frente del poder ejecutivo se situaba el rey, que tomaba decisiones a través de los

ministros. Para ser ministro había que ser diputado. El poder judicial se organizó

con la ley de 1870, y los jueces se emancipan por completo del poder ejecutivo, al

implantarse el sistema de ingreso mediante oposición. Se crea el consejo de estado

para los traslados y promociones y se implanta el juicio por jurados populares,

regulando la acción pública contra aquel juez que delinca en el desarrollo de sus

funciones. En cuanto a la división territorial del poder, los ayuntamientos adquieren

protagonismo, con alcaldes elegidos por sufragio universal. Pero queda sin resolver

el estatuto de las colonias, la relación entre el ejército permanente y las milicias

ciudadanas, o el principio de la contribución proporcional en la Hacienda.

Al debatir el artículo 33 de la constitución se plantea

como hipótesis la unión con Portugal, con lo cual se coronaría a un miembro de la

familia real portuguesa o se haría una república ibérica federada. En lo único que

todos estaban de acuerdo era en excluir a los Borbones de la corona española.

Había algunos que se inclinaban por Espartero y los carlistas pretendían colocar en

el trono a su candidato, conocido con el título de duque de Madrid. Pero hasta que

se encontrase al rey apropiado, el gobierno tendría que estar en manos de un

regente, y este puesto lo ocupa Serrano, quedando Prim como jefe de gobierno, y

con la cartera de Guerra. Prim opta por una alianza entre progresistas y

demócratas. Los federales se organizan como partido de la oposición a nivel

nacional, pero a nivel municipal son partido de gobierno, porque han obtenido

mayoría en muchas ciudades de España. Y tienen la solidez que les controlar la

mayoría de la prensa. En el Parlamento descollan Figueras y Castelar. A los

parlamentarios más importantes les preocupan las libertades, derechos y formas de



gobierno. A los segundones les preocupan más el injusto tributo de las quintas o los

nuevos impuestos, la falta de trabajo o la promesa que se había hecho a los

campesinos de nuevas tierras, de las que se habían privatizado, pero que todavía

no habían sido entregadas. De hecho, los campesinos de Jérez se amotinaron en

marzo de 1869 contra la quinta decretada por Prim, además de pedir la devolución

de los bienes comunales. Todo esto hacía que el socialismo se propalase como una

corriente subterránea del federalismo. Las mujeres madrileñas protestan también

contra las quintas y hay algunas ciudades en que los propios ayuntamientos

gobernados por republicanos acuden al préstamo para liberar a los jóvenes de ser

quintos. Entre los republicanos estaban los benévolos, como Castelar, que optaban

por esperar mejores circunstancias para poder cumplir las promesas republicanas;

y los intransigentes, que exigían el cumplimiento inmediato. El Partido Federal

Republicano seguía creciendo, y era la primera vez que en España se formaba un

auténtico partido de masas. José María Orense tenía un enorme predicamento por

la sencillez con que exponía sus ideas y las doctrinas políticas y sociales. Los líderes

de provincias se consolidarán a partir de la primavera de 1869, sobre todo cuando

Valentí Almirall establece un pacto federal entre los comités de Cataluña, Valencia,

Aragón y Baleares, fijando el modelo de organización de una república federal.

Aunque en Tortosa se había convenido en hacer del pronunciamiento de septiembre

una revolución y organizar una república federal de las provincias unidas por una

cultura común, también se llegó a la decisión de que no se emplearía la fuerza. En

Andalucía se formaron pactos similares, al igual que en Extremadura, las dos

Castillas y León. En La Coruña se firma el pacto para Asturias y Galicia, y en Eibar

el de las provincias vascas, con participación del propio Pi y Margall, quizá porque

su esposa era vasca. En el mes de junio se firma en Madrid un Pacto nacional por el

que se crea un Consejo Federal y se determina la estrategia de partido, además de

hablar del tema de la sublevación armada, diciendo que si hay derechos

garantizados, la insurrección es un crimen, pero faltando éstos, es un deber. Se



establece una asamblea central, con tres representantes por cada uno de los cinco

pactos regionales, existiendo una cierta confusión organizativa.

El 15 de julio de 1869 se suspenden las sesiones de las cortes, habiendo

tomado acuerdos que permiten decir que es entonces cuando se inicia una política

activa de restauración y remodelación de monumentos valiosos y se organiza un

Panteón Nacional con los personajes célebres de España. Bajo la consigna de la

regeneración nacional se promovió la articulación de un sentimiento patriótico

español, tanto por parte de federalistas como de unitarios. Había muchas

cuestiones por resolver; como por ejemplo el acceso a la propiedad de la tierra

como medio de vida, una fiscalidad progresiva con la abolición de los impuestos

indirectos, la igualdad en el servicio militar y sobre todo el malestar de la clase

obrera, en un momento en que la huelga empieza a verse como un medio de

defensa de unas condiciones de vida indignas. A los seis días de cerrar las cortes en

el verano, el gobierno restablece por decreto una ley de 1821 que ponía bajo la

autoridad y jurisdicción militar los delitos de conspiración o maquinación contra la

constitución o contra la seguridad interior o exterior del estado, o contra la persona

sagrada e inviolable del rey constitucional. Se acaban las garantías constitucionales

al someter estos delitos a consejos de guerra. Se aplica en realidad a las partidas

carlistas, pero también a los republicanos.

Precisamente son los republicanos quienes denuncian que esto va contra

el artículo 11 de la constitución, que prohibía la creación de tribunales

extraordinarios y comisiones especiales para cualquier delito; además de

considerarlo una usurpación de las atribuciones de las cortes. Cuando los diputados

republicanos son recibidos en sus distritos con manifestaciones populares, Sagasta

las prohíbe, basándose en que también habían participado los Voluntarios de la

Libertad. Sagasta da poderes extraordinarios a los gobernadores civiles, y se

producen numerosos incidentes, hasta el punto que Sagasta ordena la disolución de



las milicias o cuerpos de voluntarios. Esto desencadena revueltas en toda España,

empezando en septiembre por Cataluña, y siguiendo en Andalucía. Prim envía a las

cortes un proyecto de suspensión de las garantías constitucionales, pese a las

protestas de los republicanos, que acaban retirándose de la cámara, como medio

de protesta. Prim gobierna en estado de excepción desde el 5 de octubre hasta el

10 de diciembre. Aunque a principios de octubre los voluntarios federalistas habían

sido llamados a las armas, las ciudades principales estaban controladas por el

Ejército y la rebelión solo triunfó poblaciones como Alcalá de los Gazules, Utrera,

Carmona, Arcos o Puerto de Santa María. Con la llegada de las tropas se disolvieron

los rebeldes y los líderes más destacados huyeron a las serranías. En Alicante la

rebelión fracasa y en Béjar no pasa de ser un mero conato. Hubo resistencias

heroicas en Málaga y Cádiz, y en Zaragoza y Valencia se desatan autenticas

batallas. Castelar y Figueras explican la insurrección como respuesta al

incumplimiento de la constitución, pero no faltó quien lo interpretó como una trama

secreta orquestada por Pierrad. El resultado es el afianzamiento de Pi y Margall,

partidario de los cauces legales para alcanzar la República Federal; y acaba

derrotando a Castelar con el federalismo frente a la concepción unitaria. En 1870 Pi

es elegido presidente.

La segunda guerra carlista en realidad no comienza hasta

que ya es rey Amadeo I, en abril de 1872, pero a esta situación se llegó en parte

por las libertades del nuevo régimen democrático, porque hubo una propaganda de

tradicionalistas, neocatólicos y ultraconservadores. Destacan personajes como

Aparisi y Guijarro, o el canónigo Manterola, que es diputado en las cortes. En la

campaña electoral de 1869 se fraguó el grupo, bajo el lema de Dios y Fueros, y los

mejores resultados los obtuvieron en Navarra y el País Vasco. Se lanza incluso un

manifiesto en nombre del aspirante, el duque de Madrid, que se autotitula como

Carlos VII, dado que su padre había renunciado a sus derechos, por sus ideas

anticlericales. Los carlistas se dedican a buscar financiación y se organizan juntas y



casinos carlistas en muchas provincias, al mismo tiempo que se preparaba el

levantamiento militar. En el verano de 1869 ya se intenta, aprovechando los

descontentos, pero no había una dirección eficaz, y se recurre a Cabrera. Los curas

y clérigos en general apoyan con ansia la causa, que sirve de catalizador a todos

los ultras, y la boina roja se convierte en símbolo de provocación. Cabrera crea una

Junta central y organiza el periódico La Fidelidad, pero cuando vio que los carlistas

preferían las armas a los programas, dimitió y se quedó al frente el aspirante, en

solitario. Pero se sigue agitando a las masas a través de periódicos como El

pensamiento español, La Regeneración o La Reconquista. Contaban con Francia

como base de operaciones.

El reinado de Amadeo I (1872-1873)

La búsqueda de un rey se estaba demorando y las

negociaciones ya duraban dos años. Había distintos candidatos:

• El cuñado de la reina, duque de Montpensier, contaba con el aval de muchos

unionistas, pero se usó en su contra que había matado en duelo a su

hermano

• Fernando de Coburgo, viudo de la reina María da Gloria de Portugal, porque

se buscaba también la posibilidad de una unidad ibérica; y era apoyado por

unionistas, demócratas e incluso algunos republicanos; pero se casa con una

artista y cae en desgracia

• El duque de Aosta, segundo hijo del rey de Italia

• Leopoldo de Hohenzollern, que contaba con el apoyo de Prusia

• Prim sondea a Espartero si desea ser rey, pero éste se niega

Los monárquicos borbónicos conspiran para restaurar en el trono a la reina Isabel,

pero ésta abdica en 1870 en su hijo Alfonso y designa a Cánovas como jefe del



partido alfonsino. En muchos periódicos conservadores se defiende esta causa y

algunos generales también le apoyan. Los federales, entre tanto, exigen que las

cortes proclamen los Estados Unidos de Iberia. Por fin, el 20 de agosto de 1879,

Prim ofrece formalmente la corona a Amadeo de Saboya, duque de Aosta, y éste la

acepta el 2 de noviembre, siendo votado por las cortes el día 16 del mismo mes.

Pero entre el pueblo había malestar, porque salían hacia Cuba los nuevos quintos

reclutados, y en las filas federales empiezan a surgir los primeros líderes obreros.

Es ésta la época en que Bravo Murillo saca la revista La defensa de la propiedad. En

Cataluña estallan revueltas a causa de las quintas y en Andalucía los jornaleros

también protestan por sus condiciones de vida. Es tiempo de mucha violencia social

y se propaga por parte del partido republicano federal el llamado pacto

sinalagmático, que implicaba que el poder soberano estaba en el pueblo y todos los

ciudadanos podían tomar decisiones. Incluso en el seno de los republicanos

empieza a haber escisiones, entre el grupo madrileño opuestos al federalismo de

los pactos, y el grupo de Pi y Margall, con el apoyo de Castelar y Figueras. También

habían vuelto los federales desterrados, entre quienes se encontraba Angulo, que

organiza la sociedad secreta El tiro nacional, que planeaba emancipar al cuarto

estado, por medio de la violencia si fuese necesario. Cuando en Francia se proclama

la república en 1870, los federales se entusiasman y llegan a pensar en el apoyo

francés para una sublevación. Angulo financiaba el periódico El combate, desde el

cual preconizaba la revolución armada. En el periódico republicano La discusión, Se

le critica con dureza. Y desde las

páginas de El combate, se predice que

Prim morirá como un perro por pensar

en la disolución de Voluntarios por la

Libertad. De hecho, el 27 de diciembre

le tirotean cuando sale del Congreso, y

muere tres días más tarde. Solo se detiene a Roque Barcia, pero también se acusa

del crimen a Paul y Angulo, que huye del país. No se llegó a saber quien había sido



realmente el culpable, pues incluso se habló de que pudieron haber sido los

esclavistas. Cuando el proceso concluyó, ya reinaba Alfonso XII y no permitió que

se mezclase a personas cercanas a su suegro, el duque de Montpensier, que

pudieran haber estado implicadas. Un siglo más tarde un jurista planteó que quizá

fuese Angulo el organizador del crimen, pero no al servicio de los federales, sino de

algún enemigo de Prim, quizá del propio Montpensier.

Ya en los primeros dos años del reinado de Amadeo hubo

tensiones entre los partidos, unidos a tensiones esclavistas, problemas con los

carlistas, y una guerra en Cuba que no terminaba. Y los alfonsinos empezaban ya a

conspirar. El sufragio universal obligaba a reorganizar el funcionamiento de los

partidos, y le sirve al Partido Federal Republicano para obtener ciertas ventajas,

porque nace ya con propósito de ser un partido de masas. Tras el destronamiento

de Isabel II el Partido conservador estaba en fase de reorganización bajo el

liderazgo de Cánovas, pero destacaban sobre todo los neocatólicos y los carlistas.

Los progresistas y demócratas se encuentran con un espacio bien delimitado por el

liberalismo democrático, teniendo como líderes a Sagasta y a Ruiz Zorrilla. El

partido de Sagasta se reconocía como partido constitucionalista, y el de Ruiz

Zorrilla como partido radical. Pero en las elecciones no faltaba el recurso a la

manipulación electoral, en la cual Sagasta pronto se reveló como maestro. Pero a

pesar de todos los defectos, radicales y constitucionalistas fueron el primer intento

de adaptación del liberalismo al principio de sufragio universal. De la fusión de

ambos partidos surgiría otro, más adelante, gobernado por Sagasta.

El primer gobierno del reinado está presidido por Serrano, con

progresistas, unionistas y demócratas. El rey Amadeo acababa de llegar a

Cartagena, donde es recibido por el almirante Topete y los generales Concha y

Zavala. Es justo el día en que muere Prim y al llegar a Madrid presenta sus

respetos ante su féretro. Luego jura la constitución. Su primer gobierno será de



continuidad y presidido por Serrano. Las primeras elecciones son favorables al

gabinete ministerial, con maniobras de Sagasta, que estaba en Gobernación. Los

carlistas y los republicanos siguen en minoría, pero cada vez tienen más poder. Las

cortes se abren en abril de 1871, y el rey anuncia que se celebrarán elecciones en

Puerto Rico, un primer paso para acabar con el conflicto antillano, aunque la nueva

recluta de quintos es causa de gran malestar popular. Los planes del gobierno no

llegan a buen término debido a las alianzas entre los republicanos de Suñer y

Capdevila y los carlistas de Nocedal, de los alfonsinos y de cuantos diputados se

encontraban a disgusto. Se cambió el reglamento de las cámaras, lo cual reforzó el

poder del Legislativo y aumentó los mecanismos de control del ejecutivo; aunque

se debía a intereses que poco tenían que ver con la democracia. Al final el gobierno

debe renunciar y se da paso a un nuevo gobierno de Serrano, que declina también

al no ponerse de acuerdo con Sagasta; y acepta el encargo Ruiz Zorrilla, que

integra en su gabinete a unionistas, progresistas y demócratas, sin lograr la

aprobación de Sagasta. Lo primero que hace este gobierno es un censo de

propiedades rústicas y urbanas para lograr una contribución territorial, base para

un sistema de impuestos directos. Se cubre un empréstito de deuda consolidada de

150 millones y se da la amnistía a muchos presos políticos. Muchos generales

unionistas dimitieron en bloque, aunque el rey no aceptó su dimisión. En

septiembre se organiza un viaje del monarca por España, con éxito, aunque el 1 de

octubre Ruiz Zorrilla se ve obligado a dimitir por maniobras de sus correligionarios

en el congreso.

Cuando se pone Sagasta al frente del gobierno se plantea que

la disolución, por ilegal, de la Internacional, porque desde la Comuna de Paris el

fantasma del comunismo asustaba a todos los propietarios. La constitución

reconocía el derecho a la asociación pacífica, pero se argumentaba que la

Internacional de pacífica tenía poco. Sagasta aduce que es enemiga del estado, de

la religión, de la familia y sobre todo de la propiedad. Castelar le responde que si se



considera inmoral la propiedad colectiva, habría que condenar el Evangelio y la

doctrina de los Santos Padres de la Iglesia. Añade que son más peligrosos los

carlistas y los alfonsinos para la seguridad del estado. Salmerón expone que la

propiedad solo es un derecho como soporte de la existencia humana, y si no

cumple con los objetivos de hacer más fácil la vida de las personas, entonces es

injusta y debe desaparecer, como habían desaparecido ya los “bienes de manos

muertas”. Pensaba que el partido republicano debía patrocinar una tendencia social

que sirviese al cuarto estado. Lo que se justifica es que la propiedad es justa y

legítima en tanto en cuanto sirve a la racionalidad de la vida humana, y cuando

esto no sucede, es ilegítima y debe desaparecer. En el estado llano debe radicar la

médula de la sociedad moderna. Esta línea argumental la sigue también Pi y

Margall, que añade que el concepto que tiene la burguesía liberal sobre la

propiedad no es algo inmutable, porque esa misma burguesía había hecho una ley

de expropiación forzosa. Las respuestas de los diputados cercanos a la

Internacional se orientaron en otra dirección. Garrido parte del principio que el

trabajo es la base y fundamento de la sociedad, y aunque falten las demás clases,

no hay sociedad sin la clase trabajadora. Era el defensor del cuarto estado, de los

trabajadores. Al gobierno de Sagasta le apoyan los conservadores y los unionistas.

Dice Ríos Rosas que la Internacional es peligrosa, y que si sus progresos no se

atajan, traerá los horrores de la Comuna. Alonso Martínez añade que debe

prevalecer la seguridad del estado por encima de los derechos de los individuos.

Montero Ríos sostiene que el poder legislativo no es competente en esta materia

más que el judicial. Cánovas hace una defensa encendida de la propiedad privada,

anunciando lucha si es necesario. Cuando se vota, gana la postura del gobierno,

pero el Fiscal del Estado anuncia que el derecho de asociación y de huelga no puede

anularse. Es cesado inmediatamente. La Internacional causaba pánico en toda

Europa, y en su seno pronto surgen dos facciones: la de Marx y la de Bakunin. Su

despegue en España se hace desde las bases del republicanismo federal, y se crea

en Madrid el primer núcleo de la AIT, para luego seguir en Barcelona. Crean su



propio periódico, Solidaridad. En los ateneos obreros se hace especial propaganda.

Asuntos que comparten con el republicanismo son: exigencia de jurados mixtos,

abolición de las quintas, aumentos salariales, reparto de tierras, derecho al trabajo.

Pero estos sectores de la población no tenían demasiada influencia y sus proclamas

a favor de la lucha de clases solían ser acogidas con cierta indiferencia. En 1870

tienen lugar las barricadas de Gracia en Barcelona y la manifestación de

trabajadores en Madrid, que luego se extiende a otras ciudades. Acaban por tomar

la delantera las tesis de Bakunin, que rechaza el estado, la ley y cualquier

autoridad, y niega efectividad a los partidos políticos. Propone el comunitarismo del

trabajo y de la producción, poniendo todo en común. Se podía vivir sin estado y sin

gobierno. Ya antes de que la Internacional fuese ilegalizada, ya le habían puesto

obstáculos y se habían cerrado periódicos afines o encarcelado a sus directores.

Algunos dirigentes, como Anselmo Lorenzo, tuvieron que refugiarse en Lisboa.

Ya durante este debate sobre la Internacional, Sagasta intenta

hacerse con las riendas del liberalismo progresista, y este tema lo enfrenta con Ruiz

Zorrilla. Fernández de los Ríos proponía la unidad en un solo partido progresista y

organiza una comisión de fusión, pero Zorrilla se mantiene firme en no ilegalizar la

Internacional y en defender el respeto a todas las opiniones. Para él los derechos

individuales eran ilegislables e imprescriptibles. Otro punto discordante era el

problema de las Antillas. Sagasta era partidario de la integridad nacional y no

concebía la pérdida de las colonias; y Ruiz Zorrilla preconizaba la autonomía para

Cuba y Puerto Rico. Sagasta, por tanto, acaba aliado con los unionistas y forma un

gobierno para provocar el fin de la legislatura el 2 de enero de 1872, convocando

nuevas cortes para el 22 del mismo mes. Pero ni así puede gobernar Sagasta y

vuelve a disolver las cortes, convocándolas para el 2 de abril de 1872. Todos los

partidos políticos se lanzan a la campaña, y los resultados son bastante

sorprendentes, porque ganaron los unionistas. El congreso lo preside Río Rosas y el

22 de mayo dimite Sagasta para dar paso de nuevo a Serrano. Hay un intento de



insurrección, que Ruiz Zorrilla se niega a abandonar, y abandona el escaño. El

asamblea del Partido Federal le da plenos poderes a Pi, que se opone a la rebelión

armada y busca la conciliación, rodeándose de personas como Castelar o Figueras.

El momento es complicado, porque cuando se acaba de controlar una

insurrección filipina en Cavite, se alza de nuevo el movimiento carlista, con el

pretendiente Carlos al frente de las tropas. Se inicia con los carlistas bajo el árbol

de Guernica, lanzando vivas a la religión, a España y a los Fueros. El general

Moriones les derrota en tres días y don Carlos sale de España. Pero no se sabe bien

por qué, Serrano firma con los carlistas el convenio de Amorebieta, por el cual se

les reconoce a los jefes militares el mismo grado que tenían antes de pasarse al

bando carlista y se organizan canjes de prisioneros. El gabinete de Serrano también

pretende suspender las garantías constitucionales, y es entonces cuando Amadeo I

invita a Espartero a formar gobierno, y cuando éste se niega, recurre al general

Córdoba, que intenta que vuelva Ruiz Zorrilla para salvar la legalidad democrática.

Aunque al principio Zorrilla se niega, acaba cediendo y se forma gobierno en junio

de 1872, pero al no contar con mayoría en las cortes, boicotean todas sus

decisiones en cuanto a Puerto Rico y sobre la puesta en marcha de la Ley Moret

para graduar la extinción de la esclavitud. No queda otra salida que la disolución

de las cortes y se convocan elecciones para el 24 de agosto. Pero a finales de julio

Amadeo y su esposa habían sufrido un atentado, y se pensaba que podían ser los

antiesclavistas, porque era de todos conocido que el rey era abolicionista.

En agosto Ruiz Zorrilla lleva ante el rey la firma de la ley

Moret y designa al general Moriones al frente de las tropas del norte, porque se

vuelven a levantar partidas carlistas en algunas zonas de Cataluña. Los resultados

de las elecciones son apabullantemente favorables a favor de los radicales de

Zorrilla, aunque el índice de abstención es alto; pero los radicales están muy



divididos. A la derecha está Ruiz Gómez y Gasset Artime, y en el lado izquierdo,

Martos y Rivero. El 15 de septiembre el rey abre las cortes.

Había una fuerte presión norteamericana en el tema de la

esclavitud, a la que no eran ajenos ni Zorrilla ni Martos, porque en Estados Unidos

se había pensado incluso en una tarifa arancelaria especial para el azúcar producido

con mano de obra esclava. Los disputados radicales plantean como primera medida

abolir la esclavitud en Puerto Rico, porque sólo había un 6%, y postergar la decisión

en Cuba hasta que acabase la guerra. Aplicando la constitución de 1869 se hubiera

abolido los trabajos forzados en ambas islas y la modificación del sistema de

dominio y poder de la oligarquía. EL cubano Rafael María de Labra, al frente de la

Asociación Abolicionista, exigían hechos y no promesas a Zorrilla. Y la guerra de

Cuba estaba costando demasiado, en dinero y en vidas humanas. Por eso había que

solucionar el problema de las Antillas y el de las quintas; a pesar de que Zorrilla se

ve obligado a acudir de nuevo a reclutar quintas para la guerra carlista. Se nombra

al general Hidalgo como jefe de operaciones contra los carlistas, pero causa

problemas con los demás militares, y la monarquía de Amadeo queda

desprestigiada por maquinaciones de militares alfonsinos.

Se tramita el proyecto de ley de ayuntamientos para las Antillas

y el de abolición de la esclavitud, y ambos son rechazados por el Centro Hispano-

Ultramarino de Madrid, desde donde se orquesta una campaña contra el gobierno, y

poco a poco el ejemplo de Madrid cunde en la mayoría de las ciudades. Es un grupo

de presión que crece por momentos y el 3 de diciembre de 1872 se reúnen los

integrantes del centro de Valencia y rechazan las reformas. En nombre de todos los

centros, el marqués de Manzaneda pide directamente al rey que no permita las

innovaciones anunciadas. Les apoyan los conservadores y unionistas, además de

los carlistas. En la asamblea que se celebra en Madrid el 14 de diciembre deciden



usar todos los medios posibles para impedir la reforma, e incluso hacen saber al rey

que está comprometiendo la monarquía.

Se unen en el tiempo la insurrección republicana de Pozas

en La Coruña, o el recurso a las armas por los republicanos de Málaga. También en

este mes de diciembre hay una insurrección de núcleos obreros de las ciudades,

que fracasa, pero viene añadir más malestar al ya existente. En este momento se

hace famosa la partida carlista al mando del cura Santa Cruz, que le da a la guerra

el carácter del bandolerismo rural. El núcleo de acoso más serio estaba en la Liga

Nacional, constituida contra las reformas de las Antillas. El partido de Sagasta se

retira de las cortes el 17 de diciembre; el día 21 se anuncia la abolición de la

esclavitud en Puerto Rico y el día 23 en el Casino Español de La Habana los

esclavistas dirigen sus protestas directamente al rey. El proyecto de ley

abolicionista llega a las cortes el 24 de diciembre y el día de Navidad se reúne la

Diputación de la nobleza española, que se pronuncia en contra de la ley. Los

primeros días de enero son muy agitados y la Liga lleva a cabo actos en todas las

ciudades, casi siempre dirigidos por alfonsinos. Reclutan y pagan voluntarios para

Cuba e inundan las cortes de escritos en contra de las reformas. Pero el gobierno

no cede. El 10 de enero de 1873 era el manifiesto de la Liga Nacional contra las

reformas del gobierno y el 15 se reanudan las sesiones en las cortes con la

secularización de los cementerios, reforma de los impuestos sobre títulos de la

aristocracia, y la abolición de las quintas. La Liga Nacional arrecia en sus

movimientos y en la Habana se unen los hacendados y propietarios. Estallan

entonces problemas entre los artilleros, por los cargos dados al general Hidalgo y

con los que un sector del ejército no está de acuerdo. Córdoba releva a Hidalgo y él

mismo remite, pero eso no les basta a los artilleros, que solicitan ser licenciados.

Se reorganiza la artillería con otros oficiales y se asciende a los sargentos. El rey no

está cómodo, sobre todo porque su esposa se quiere ir de España. Tiene en contra



a toda la aristocracia y no se encuentra con fuerzas para luchar más. El rey abdica

y la familia al completo sale el 12 de febrero hacia Portugal.

La I república.

Se proclamó la República y se eligió como presidente a Figueras.

Castelar tenía la cartera de Estado; Pi la de Gobernación, Nicolás Salmerón la de

Gracia y Justicia y Francisco Salmerón en Ultramar. La mayoría de la cámara

pertenecía a los progresistas radicales, y con los demócratas y federales optaron

por una solución republicana. Pero había muchos proyectos e intereses

contrapuestos, y la impaciencia provocó la unión entre los republicanos. Las clases

propietarias, apoyadas por moderados y progresistas, no dejaron de conspirar para

destruir el programa político de la República.

El primer gobierno fue de coalición de radicales y republicanos. La

respuesta a la abdicación de Amadeo de Saboya provocó que las Juntas

revolucionarias sustituyesen a los ayuntamientos donde no gobernaban los

republicanos y se empezaron a ocupar las tierras y a realizar levantamientos

sociales. Se da el odio del pobre contra el rico y desde el primer día se propagó la

idea de que la República era el equivalente del caos. A los diez días de proclamarse,

en la plaza de San Jaime de Barcelona los ciudadanos se manifestaban para pedir el

estado catalán. Las diputaciones catalanas acordaron constituirse en estado federal,

quitaron a los militares del mando y los convirtieron en un ejército de voluntarios.

Pi y Margall, el ministro de la Gobernación, era partidario del federalismo y debía

canalizar las aspiraciones plurales. Para los federales no era fácil cuadrar el mando

militar con los escasos generales adeptos, que solo eran Contreras y Nouvilas. Las

presiones eran de tal calibre y había tal envalentonamiento en algunos sectores

militares, que se temió que hubiese una guerra civil. Figueras acaba dimitiendo y

para contentar al pueblo se abolieron las quintas. Martos asume la presidencia,



pero no es capaz de formar gobierno. Figueras vuelve y nombra un gabinete con

solo dos ministerios para los radicales, los de Guerra y Marina. Pi ordena la

disolución de las Juntas y ordena la reposición de los ayuntamientos, además de

restablecer los cuerpos de Voluntarios que Sagasta había disuelto. Eran el

contrapeso al ejército. La abolición de quintas se pensaba suplir con la afluencia de

voluntarios, pero al ser mayor la paga de los voluntarios, en el Ejército había un

descontento permanente. Por lo tanto hay dos Fuerzas Armadas, una de jornaleros

y parados y otra de militares, partidarios de la monarquía y de Alfonso de Borbón.

En Cataluña chocan las revueltas carlistas, la influencia

internacionalista obrera, las aspiraciones federales de contenido catalanista y las

disputas entre federales intransigentes y el gobierno republicano. Al haber

proclamado el estado catalán, la Diputación de Barcelona se convierte en la máxima

autoridad militar, por encima del general Contreras. El gobernador civil telegrafía a

Pi a Madrid informándole de una manifestación de soldados que piden la licencia

absoluta al haberse abolido las quintas. Pi negocia con la visita de Figueras, y

cuando llega se entrevista con los representantes de las diputaciones catalanas y

de Baleares, y logran, por el momento, calmar los ánimos.

Los trabajadores participan cada vez más, uy no solo en Cataluña,

sino prácticamente en todos los lugares de España. Esto no se trata de encauzar

como una lucha de clases, al estilo de lo que se hace en el extranjero, sino como lo

que llaman “humanismo popular”, doctrina mediante la cual se pensaba que el

poder se podía alcanzar desde abajo, mediante la fraternidad ciudadana de

personas y pueblos. Pero entre tanto los carlistas hicieron de su guerra una cruzada

nacional, enarbolando la bandera del catolicismo frente a una república atea y

anticlerical.



El gobierno toma la medida de legalizar y hacer vigente la

constitución de 1869, salvo los artículos sobre la monarquía. Como tareas más

urgentes está abolir de manera definitiva la esclavitud, organizar los Voluntarios de

la república como fuerza militar ciudadana, sin por eso disolver el ejército, y abolir

los títulos aristocráticos. Eran medidas que no bastaban para las expectativas de

muchos sectores. En Málaga los internacionalistas habían desbordado a los

federales, se impusieron al ejército y solo con la intervención de Castelar se

restableció la legalidad. En Barcelona, Andalucía y Extremadura también hubo

rebeliones. Los jornaleros no esperaban la decisión del gobierno y ocupaban

directamente las tierras. También en Galicia, Valencia y Cataluña había

levantamientos campesinos. En marzo de 1873 se abolió la esclavitud en Puerto

Rico y se aprueba también la supresión de la matrícula de mar, o sistema de

reclutamiento entre la población marinera.

Las clases propietarias fueron pasto del pánico y sus capitales los

llevan a Biarrizt, donde muchos de ellos conspiran para derribar la república,

aunque antes lo intentan desde dentro. Las conspiraciones se aceleran y el general

Serrano prepara una asamblea para quedarse él mismo el poder después de

quitárselo a los federales. Pero al muerte de la esposa del presidente Figueras

obliga a posponerlo, y mientras tanto Pi desmonta la maniobra sin derramar ni una

sola gota de sangre. Cumplió con la legalidad y esperó a que se reuniese la

Asamblea Constituyente. Las elecciones se celebran los días 10 y 13 de mayo, y se

rebaja la edad de voto a los 21 años. Fueron unas elecciones limpias en medio de

una intensa campaña de las fuerzas conservadoras, que provocaron el retraimiento

y la abstención. Las comarcas del norte vasco y catalán respiran un clima muy

inestable y la abstención es del 60%. La prensa conservadora exageraba el

desorden y los carlistas exacerban a las partidas.



El 1 de junio de 1873 se abre la Asamblea Constituyente, presidida

por José María Orense, aunque luego le sustituye Francisco Salmerón. Figueras

dimite y forma gobierno Pi y Margall, que a su vez continua siendo ministro de

Gobernación. No logra que ni Castelar ni Salmerón acepten ningún ministerio, sino

que encabezan un federalismo sin contenidos sociales, mientras que el ala

izquierda, con Barcia y Contreras al frente, se decantan por la revolución social. En

el centro se queda un grupo de diputados que fluctúan entre ambas tendencias. Las

decisiones en la cámara son difíciles a causa de las divisiones y porque a veces

había falta de quórum. El problema estaba en que los diputados tenían que ganarse

la vida y el traslado desde provincias a la capital en ocasiones era demasiado

gravoso. Hubo un intento por parte de los moderados de que volviese Figueras al

frente de la república, y la capital se convirtió en un hervidero de rumores acerca

de un golpe. Por fin Pi pronuncia el discurso de apertura de las cámaras y pide que

se elabore una nueva constitución, a la par que anunciaba algunas reformas

inmediatas:

• Reparto de la propiedad agraria

• Jurados mixtos de obreros y fabricantes en el ámbito laboral

• Control del trabajo infantil

• Implantación de la enseñanza pública, gratuita y obligatoria

• Separación de la Iglesia y el estado

• Abolición de la esclavitud en Cuba

• Garantizar un sistema de ascensos entre los militares

Se elabora todo un plan de reforma agraria, comprometiéndose a revisar los

jornales en las tierras comunales y de propiedad municipal. Se establece la

propiedad colectiva de bosques y pastos bajo el control de los ayuntamientos. Lo

que más preocupaba a los propietarios era el proyecto de revisar el reparto que se



había hecho de las tierras desamortizadas. Por primera vez en la historia de España

se establece un salario mínimo y se trata de proteger el trabajo femenino, sobre

todo sus condiciones. Se pretende también suprimir la herencia colateral, y dejar

solo una quinta parte para herencia directa al beneficiario. Se preveía también la

expropiación sin indemnización por utilidad pública, o expropiar las tierras sin

cultivar por sus dueños durante un mínimo de cuatro años. Todas estas reformas

en 1873 sonaban a socialismo revolucionario. El 17 de julio se presenta a las cortes

el nuevo texto constitucional, y aunque no llega a promulgarse, conviene conocer

sus principales puntos. La principal novedad está en el título preliminar, que expone

una declaración de derechos humanos que significa entonces un enorme impulso

histórico: derecho a la vida, a la seguridad y dignidad humana, al libre ejercicio de

todos los derechos individuales. El título primero se dedicaba a la Nación española,

que se definía como un conjunto de estados y por otra parte de territorios, que

poco a poco se irían convirtiendo en estados (aquí se mencionaban las principales

colonias). El título dos hablaba de los españoles y sus derechos y obligaciones.

Desde los títulos tres al catorce se habla de la regulación de la separación de

poderes, o de las relaciones compartidas entre el municipio, el estado regional y el

estado federal o nación. Esta fórmula era nueva en el constitucionalismo español, y

era ya plenamente moderna y democrática.

El texto constitucional fue redactado con rapidez para evitar

nuevas insurrecciones federales, pero los acontecimientos se precipitaron, y el 21

de junio Pi y Margall formó un gabinete para poder arreglar el problema de la

deuda y acometer las reformas más urgentes. Pidió poderes extraordinarios para

dominar a los carlistas y los alfonsinos, que reavivaban la influencia de Serrano

entre los militares. Pero la intransigencia de los federales y los internacionalistas

minaba la fuerza del gobierno y la última semana de junio fue especialmente tensa

en Cataluña. Pero lo peor en tensiones todavía llegaría en el mes de julio, en

Andalucía, Murcia y Valencia. Hubo motines sociales pidiendo tierras y en Sevilla se



organiza un comité de seguridad pública con el ¡nternacionalista Mingorance al

frente. Se proclama un cantón, a imagen de los cantones suizos, y reducen la

jornada laboral a ocho horas, y los alquileres en un 50%. También confiscan los

bienes de la Iglesia y las tierras sin cultivar y las reparten entre los jornaleros. El

gobernador La Rosa, nombrado por Pi, restableció el orden.

Los carlistas amenazaban las ciudades de Irún y Bilbao,

chantajeando a la compañía ferroviaria del norte, que debía pagar mil pesetas

diarias para verse libre del terrorismo de las partidas. El cura Santa Cruz ejecutaba

en masa a los carabineros del estado, y lo mismo hacía Savalls en Cataluña. Tenían

además el apoyo internacional de los zuavos pontificios o los legitimistas franceses.

Además la república francesa no había reconocido a la española. Por eso el 30 de

junio se discute en la Asamblea la suspensión de las garantías constitucionales, y se

rechaza que sea sólo en las provincias vascas, pues se pretende ampliar a todo el

territorio. Los federales intentan presentar una enmienda para evitarlo, pero

pierden y deciden retirarse de las cortes. El 10 de julio el periódico La Justicia

Federal publica el manifiesto del comité madrileño de Salvación Pública, presidido

por Roque Barcia, donde se pide que se formen comités análogos en las provincias,

con el proyecto de preparar levantamientos en todo el territorio. En Alcoy se inicia

una huelga en el sector de la papelería, que los seguidores de Bakunin intentan

convertir en huelga general. Se adueñan del ayuntamiento, arrasan fábricas y casas

y matan a varios agentes de la Guardia Civil y al alcalde. Los sucesos desbordan al

gobierno, y por si fuera poco el 11 de julio se celebra un mitin en Cartagena y esta

ciudad se convierte en el centro de la revolución federal cantonal. Tiene que

trasladarse Contreras desde Madrid para hacerse con el mando. Al día siguiente de

presentar en las cortes el proyecto constitucional, Pi decide dimitir porque no quiere

hacer uso de la fuerza para restablecer el orden. Es Salmerón quien preside ahora

el gobierno. Pero también tiene que sufrir el ataque cantonal propugnado por

Barcia, pues se proclaman cantones en toda España. Había terminado la fórmula



conciliadora de Pi y Margall. Pero, ¿Qué significó el cantonalismo? No fue un

movimiento partidista ni independentista, sino que en la mayoría de los casos se

trataba de los federalistas más intransigentes que intentan llevar más allá las

reformas más urgentes. Pretendían sobre todo redistribuir la riqueza nacional y la

propiedad de la tierra, porque este era el mayor conflicto durante todo el siglo XIX.

Los cantonales estipulaban que las fincas sin cultivar por sus dueños durante cinco

años pasarían al municipio, y con éstas y las tierras comunales se harían lotes para

entregarlas a los colonos. Pero también pretendían acabar con los privilegios

feudales y por eso querían abolir los gravámenes perpetuos. Establecen en cuanto

a la manera de gobierno, que ningún sueldo pasivo excedería de los 12.000 reales,

y ningún sueldo público superaría los 2.000 duros. Se suprimían los coches

concedidos a funcionarios y se abolían los gastos imprevistos y los gastos secretos.

También pretendían establecer una contribución sobre el capital, y crear bancos

agrícolas, industriales y mercantiles. Los tres focos donde el cantonalismo de 1873

actuó con más fuerza eran Valencia, Andalucía y Murcia, pero también tuvieron su

importancia en Salamanca o Toledo. En Cataluña el carlismo dificultó los

movimientos federales, que además ya se encontraban bastante divididos.

Los federales seguidores de Castelar y Salmerón temían que los

intransigentes les empujaran hacia el caos internacionalista, ya que la experiencia

de la Comuna de Paris les había calado muy hondo. Por eso Salmerón organizó tres

expediciones militares para someter a los federales cantonalistas, y puso al frente

de las mismas a Pavía, Martínez Campos y López Domínguez. Reorganizó el cuerpo

de artilleros, reponiendo a los cesados por Ruiz Zorrilla y disolvió los regimientos

que habían confraternizado con los cantonales. Declaró piratas a los buques

sublevados en Cartagena e invitó a las escuadras inglesa y alemana a intervenir.

Abrió también la persecución contra la Internacional. Pavía en Andalucía y Martínez

Campos en Valencia, acabaron con los cantones. Cartagena se resistió más al

general López Domínguez, y al final hubo una dura represión. Al llegar a España el



pretendiente del carlismo, Salmerón decreta la militarización de los Voluntarios de

la República y nombra a generales alfonsinos para derrotar a los carlistas. Los

alfonsinos, al tener mayor poder, conspiran abiertamente; y Cánovas había sido

nombrado por Isabel II como jefe oficial de los alfonsinos. El principal problema

para la República estuvo no solo en el recrudecimiento de la guerra carlista, sino en

haber perdido el control de las bases federalistas y haber tenido que recurrir a la

jerarquía militar. Hubo combates muy sangrientos con los carlistas en Estella,

Pamplona, Bilbao. El pretendiente establece en Estella su cuartel general. Serrano

es sustituido por Moriones, que logra limpiar Aragón y derrotar a los carlista en

Belabieta.

En Madrid Salmerón se mantiene impasible ante las ejecuciones

sumarias que Pavía ordena cuando disuelve el cantón de Sevilla, pero dimite de la

presidencia del gobierno porque la Asamblea no vota en contra de la pena de

muerte. Se elige ahora a Castelar como presidente de la República y Salmerón pasa

a presidir las cortes. A Castelar se le conceden plenos poderes para acabar con el

carlismo y empieza a gobernar mediante decretos, aunque a decir de la mayoría de

los historiadores, no abusó demasiado del poder concedido. Moviliza a los

reservistas y encomienda la dirección de la artillería al general Zavala, que

aumenta la persecución de los internacionalistas. Se restablece la censura de

prensa y se hacen rotundas manifestaciones en contra de todo lo que se asemeje al

internacionalismo o socialismo.

Pero la guerra en Cuba también se recrudece, porque la República

había suscitado nuevas esperanzas, pero también miedo entre los esclavistas. En

julio de 1873 el federal Soler Capdevila presenta a la Asamblea el proyecto de

extender a los cubanos todos los derechos de la constitución de 1869, sin atender a

los esclavos, pero se opone la mayoría de la cámara, porque pensaban que la

distancia geográfica y sus diferencias no permitían una igualdad. Castelar trata de



racionalizar la justicia y que la provisión de jueces dependa, como en España, del

Tribunal Supremo. Pero la presión de la Liga Nacional seguía siendo tan fuerte

como en los tiempos de Amadeo de Saboya, y piden un aplazamiento en las

reformas.

Los republicanos no tuvieron fuerza para tomar decisiones mas

coherentes y la guerra seguía desarrollándose con ferocidad, porque además los

voluntarios españoles practicaban la política de la “tierra quemada” no solo contra

los sublevados sino contra cualquier sospechoso de colaborar con ellos. Hubo un

conflicto con Estados Unidos cuando el barco Virginius, bajo bandera americana,

intentó desembarcar en Cuba a varios independentistas, y las autoridades

españolas mandaron fusilar a los tripulantes y a los pasajeros. Los Estados Unidos

reclamaron una indemnización y el gobierno de Castelar accede a todas las

peticiones para evitar que estalle la guerra. La esclavitud en Cuba sigue sin

resolverse y la organización constitucional de la isla tampoco avanza.

Se trata de acabar con el carlismo y establecer el mecanismo

político para que cuando a principios de 1874 acabe el período de excepcionalidad

de Castelar se pueda volver a la normalidad. Los carlistas seguían siendo los

señores del norte, e incluso para no tener mala prensa declaran en rebeldía al cura

Santa Cruz. Conforme se avecinaba el 2 de enero las maniobras en contra de la

República arreciaban, tomando como caballos de batalla el carlismo y la esclavitud.

Castelar estaba dispuesto a aplazar cualquier decisión para acabar antes con el

carlismo y por eso Salmerón se convirtió en su enemigo y criticó que la república

dependiera cada vez más de los generales alfonsinos. Se aproxima Salmerón a Pi y

a Figueras, mientras que Castelar se entrevista con Pavía el día de Nochebuena, y

éste le propone aplazar la apertura de las cortes. Castelar ya había confesado a

otros generales que estaba dispuesto a los mayores sacrificios para traer de nuevo

el orden a la patria, pero siempre dentro de la legalidad, sin movimientos golpistas.



Pero Pavía ya estaba preparando un golpe.

El 2 de enero de 1874 Castelar defiende ante las cortes el uso que ha

hecho de los plenos poderes que le han otorgado y pide un voto de confianza para

seguir en la misma situación. Pretende formar dos partidos republicanos: el

conservador y el progresista, pero Salmerón lidera la oposición y Castelar sale

derrotado en la votación. Se negocia un gobierno

con Eduardo Palanca al frente, porque era

partidario de la abolición de la esclavitud en

Cuba. Por eso al día siguiente el general Pavía

ocupa con sus tropas las calles de Madrid y él

mismo entra en las cortes a caballo mientras se

hacía el escrutinio para el nuevo presidente del

ejecutivo. Como Castelar todavía era el

presidente, destituye a Pavía y aunque recibe el

voto de confianza que antes se le había negado,

ya es demasiado tarde: los soldados ocuparon el

salón de plenos y dispararon para asustar a los

diputados, que acabaron disolviéndose. Sólo en

Zaragoza y Barcelona se presentaron Voluntarios

de la Libertad como resistentes. Como nadie se pone de acuerdo, Pavía amenaza

con la dictadura, y por eso los radicales, los unitarios, conservadores y republicanos

deciden acudir de nuevo al general Serrano, quien forma un gabinete con personas

de la antigua Liga Nacional, pero también radicales. De nuevo el gobierno suspende

las garantías constitucionales y declara vigente la Ley de Orden Público de 1870.

Enseguida este gobierno recibe el reconocimiento de Alemania y de las naciones

latinoamericanas. Se vuelve a decretar la disolución de la Internacional y se

deporta a muchos internacionalistas y cantonalistas. Pero todavía quedaba

pendiente acabar con el ejército carlista para volver a restaurar un régimen que



aún no estaba claro cual sería. Se dudaba entre volver a la legalidad de 1869 o

crear una nueva. La esclavitud desencadena una nueva crisis de gobierno mientras

los carlistas asedian Bilbao, que era el bastión del movimiento. Serrano toma el

mando y acaba con el asedio, pero tiene que marcharse a Madrid a causa de la

crisis ministerial que se ha mencionado a causa de la abolición gradual de la

esclavitud en Cuba. Los carlistas se recuperan y traen de cabeza a los generales del

gobierno. Aunque también en el bando carlista hay rivalidades e intrigas, sobre

todo en torno al pretendiente, quien se vería obligado a reafirmar sus sentimientos

católicos y monárquicos en un manifiesto. Desde mayo de 1874 Serrano había

encomendado el gobierno al general Zavala, que forma gabinete sin los radicales,

afirmando que representaban el espíritu de la regeneración nacional de 1869.

Sagasta se hizo con las riendas del poder y no está atento a controlar a los

alfonsinos, que bajo la dirección de Cánovas promovieron abiertamente la vuelta

del candidato Alfonso de Borbón. Las incursiones carlistas eran cada vez más

atrevidas y el hermano del pretendiente recorre la zona de Levante recaudando

más de un millón de reales, hasta que cae prisionero y es condenado a muerte.

Cuando ya las conspiraciones alfonsinas se hacen demasiado notables, el gobierno

condena al destierro a los alfonsinos más destacados, pero la conspiración continua

bajo las riendas de Cánovas. En su cumpleaños, Alfonso de Borbón publica un

manifiesto desde la Academia militar inglesa de Sandhurts, usando la forma de una

carta dirigida a los compatriotas que lo han felicitado y propone claramente la

vuelta de la monarquía borbónica. Tras el pronunciamiento del general Martínez

Campos, el 29 de diciembre de 1874, se restaura la monarquía, y el gobierno de

Cánovas actúa sin cortapisas, intentando contrarrestar las medidas del Sexenio

Revolucionario.



Tema 7. Alfonso XII y la Restauración. La

instauración de un nuevo sistema político. Su

funcionamiento (1874-1885).

Razones para una Restauración.

Los fundamentos de la Restauración están profundamente

ligados al período inmediatamente anterior, el Sexenio Revolucionario. España

había pasado por muchos vaivenes políticos, todos ellos con finales desgraciados:

• Guerra carlista en el Norte

• Levantamiento cantonal en Levante y en el Sur

• Insurrección de las colonias

• Problemas con el ejército, la Iglesia, y en el campo y las ciudades

Había ya muchos grupos sociales que añoraban una estabilidad, y aflora la

mentalidad conservadora. La iglesia apoyaba a los contrarrevolucionarios y el

Ejército deseaba un régimen estable, porque los experimentos revolucionarios ya

habían ido demasiado lejos. Existía también el miedo a que llegasen a España

corrientes externas como el socialismo, la Comuna o la Internacional. Incluso los

progresistas que habían apoyado la transformación del gobierno y de la sociedad,

reconocían que no se habían cumplido sus expectativas. En ese ambiente se hace

posible la propuesta de Cánovas, que cuenta con distintos apoyos:

1. El partido alfonsino, que pretende restaurar la Monarquía, pero con unos

nuevos presupuestos. Alfonso, hijo de Isabel II, sería el rey propuesto; de



formación liberal conservadora, capaz de convivir con las tendencias

progresistas y republicanas, siempre que

éstas se atuvieran a las reglas del juego.

Debía de nacer la nueva monarquía dentro

de un sistema parlamentario, basado en la

alternancia de partidos en el poder. El

líder del partido era el propio Antonio

Cánovas del Castillo. Sus ideas se

basaban en un modelo de sociedad que

defendiera el orden, la seguridad y la propiedad. El programa político

alfonsino se reflejó en el Manifiesto de Sandhurst y fue dado a conocer por

el propio príncipe el 1 de diciembre de 1874, desde esta Academia Militar

donde cursaba estudios; aunque el texto estaba realmente redactado por

Cánovas. Lo que se pretendía era conseguir adeptos a la causa alfonsina. Se

explicaba que la pretensión era llenar con la legitimidad dinástica el vacío

político y jurídico que había desde el Sexenio; y el futuro rey hacía hincapié

en que no habría ninguna tutela por parte de su madre, la reina Isabel. Se

presentaba una propuesta integradora, en donde había cabida para todas las

opciones que aceptasen las normas del régimen político. La soberanía sería

compartida por el rey y las cortes, y se inspiraba en el catolicismo y el

liberalismo, aunque habría tolerancia en cuestiones religiosas.

2. Círculos coloniales; grupos de la burguesía que tenían intereses en

Ultramar y estaban inquietos ante los proyectos antiesclavistas y las

reformas del Sexenio. Los principales apoyos venían de la burguesía

catalana y valenciana, y también una parte del Ejército que estaban

descontentos con la política débil que se hacía en Cuba.

3. El ejército fue otro de los grandes apoyos, sobre todo los oficiales a los que

el general Serrano había dado el mando militar en la lucha contra el



carlismo. Estaban todos bastante vinculados al grado de los círculos

coloniales, como ya se ha resaltado.

¿Hubo una implicación militar en los orígenes de la Restauración? La mayoría de

autores destacan que aunque Cánovas no descartó del todo esta posibilidad, e

incluso hizo planes en este sentido, prefería que se hiciera mediante una

proclamación en las Cortes. Aún así, quería asegurarse el apoyo del Ejército,

aunque temía que los militares más reaccionarios se hicieran con el control de la

situación, e incluso pudiesen alterar el curso de los acontecimientos. Recelaba de

los sectores del Ejército afectos a los antiguos moderados. Desde que recibe en

1873 el encargo de Isabel II de dirigir el partido alfonsino, piensa Cánovas en la

posibilidad del pronunciamiento militar, e incluso se lo llega a plantear al general

Manuel de la Concha, aunque la muerte de éste hace imposible cualquier plan. A

principios de noviembre de 1874 Cánovas se reúne con los principales militares

alfonsinos en la casa del conde de Cheste; y un mes después había ya más de

veinte generales afectos de las principales guarniciones. Sólo faltaba que Cánovas

se decidiera por el procedimiento más adecuado. Quizá los más activos para el

cambio fuesen los alfonsinos valencianos, que además gozaban de un capital para

ello, y Martínez Campos era proclive a la sublevación. De hecho el día 28 de

diciembre marcha sobre Sagunto al frente de las tropas sublevadas y proclama rey

de España a Alfonso de Borbón, dando cuenta luego al general Jovellar, jefe del

Ejército del centro, quien decide secundar el levantamiento y toma el mando. En

Madrid Primo de Rivera también apoyaba la sublevación, al igual que el Ejército del

Norte. Cánovas entiende que el proceso está ya fuera de su control, y teme que

grupos ajenos tomen demasiado protagonismo; por lo cual se distancia de las

acciones de los militares. Deja claro que su deseo era traer la monarquía por

medios pacíficos. Califica lo ocurrido de una “botaratada” y se reafirma como un

político contrario a los pronunciamientos militares. Pero Martínez Campos y los

demás generales le sorprenden poniéndose bajo sus órdenes. Serrano decide no



presentar resistencia y abandonar el poder. Cánovas queda al frente con la tarea de

formar gobierno.

El proyecto político de Cánovas.

Había nacido Cánovas en Málaga en 1828, en una

familia de clase media. Estudia Periodismo, Derecho y Humanidades, y se traslada

pronto a Madrid para tomar posesión de un empleo en la compañía de Ferrocarriles.

Se afilia al Partido Moderado y más tarde a la Unión Liberal, y participa en la

revolución de 1854 que había acaudillado O`Donnell, que fue su protector político.

Llegó a ser ministro de la Gobernación y cuando estalla la revolución de 1868, se

aparta de la vida pública, aunque luego la reina Isabel le llamaría desde su

destierro en Paris, para que preparase la Restauración. Estaba influido por las dos

grandes corrientes conservadoras del momento: el doctrinarismo francés y las

ideas del británico Edmund Burke. Había estudiado la época de los Austrias y de ahí

nacen sus ideas sobre la grandeza de España. Siempre quiso conjugar la Historia

con la Política, y creía firmemente en la separación de poderes, como garantía de

los derechos individuales y del estado liberal. Era conservador en la manera de ver

la vida, pero prudente en muchas cuestiones sociales y religiosas; y siempre

manifestó independencia respecto de la Iglesia Católica. González Cuevas le

describe como conservador en lo ideológico, en lo político y en lo social, pero

también tolerante y respetuoso con quienes no pensaban como él. Su proyecto

político promulgaba un régimen liberal, estable y conciliador, que permitiera

resolver problemas e impulsar un crecimiento económico. Consideraba unos

presupuestos básicos para conseguir lo que se había propuesto:

1. monarquía constitucional y parlamentaria, con el rey como eje de todo el

sistema



2. una constitución abierta y tolerante

3. un parlamento representativo, donde tuvieran cabida los distintos grupos,

siempre que aceptasen las reglas del juego.

4. un poder civil respaldado por partidos políticos sólidos y capaces de

alternarse en el poder.

5. fin de los pronunciamientos militares como forma de cambiar de gobierno.

Para ello el rey sería el jefe supremo del Ejército.

Cuatro aspectos fueron los pilares básicos fundamentales para que el sistema

funcionase:

1) la creación de dos grandes partidos que se alternaron en el poder, que no

fueron otros que el conservador de Antonio Cánovas del Castillo, y el liberal

de Mateo Práxedes Sagasta. Aunque cada uno de ellos tenía procedencias

distintas; el primero venía de la Unión Liberal, y el segundo del Partido

Demócrata, ambos defendían unas reglas comunes, aún dentro de

propuestas diferentes.

2) Existía una elite de dirigentes unidos en una misma red de intereses.

3) Se pactó entre las distintas fuerzas políticas un pacto de gobierno

4) Se utilizó una estructura caciquil para lograr, a nivel local, conseguir los

votos deseados.

Los dos partidos principales estaban de acuerdo con el sufragio restringido,

y los controlaban notables salidos de la revolución liberal del siglo XVIII, y

elementos de las clases medias. Su base electoral era bastante estable y

sólo incluía a una pequeña, aunque influyente, parte de la población. Había

una especial vinculación entre la clase política y los más poderosos de la

sociedad, según se refleja en la obra de Varela Ortega, Los amigos políticos.

Muchos de los políticos pertenecían a la clase media que había mejorado



socialmente; pero detrás estaba la elite del poder; miembros de la Iglesia,

del Ejército, burgueses y dueños de periódicos. La vinculación entre las

decisiones de los gobernantes y los intereses de la oligarquía social hace que

Tuñón de Lara hable de bloques de poder. Por eso puede afirmar que el

poder político de la Restauración descansa en la intangibilidad de la

propiedad agraria, libertad industrial y mantenimiento del régimen colonial.

Aunque otros autores, como Varela ortega, observan diferencias entre el

comportamiento de los políticos y los intereses de los círculos económicos,

aunque otros autores abundan también en apuntar que no debemos olvidar

el peso que en las decisiones de política arancelaria tuvo el contexto

internacional y la red de tratados de comercio.

Cuando se inicia la Restauración todos los partidos políticos estaban

de acuerdo en que faltaba un electorado independiente, porque la sociedad

civil carecía de peso político. Los resultados de las urnas no se

correspondían con la libre decisión de los votantes, y en realidad era el

gobierno, junto con los responsables de los partidos y los notables rurales o

provinciales quienes diseñaban los resultados. El rey nombraba jefe de

gobierno según el consenso de las fuerzas políticas, que pactaban la

alternancia en el poder. A pesar de la irregularidad del sistema, ni Alfonso

XII ni su esposa María Cristina cuando fue regente, nombraron jefe de

gobierno de manera arbitraria, sino que siempre respetaron el pacto entre

partidos. Señala Carlos Dardé que Cánovas lamentaba la falta de un

electorado independiente, pero también tenía plena consciencia de que así

era más sencillo el ejercicio del poder. Para él la legitimidad del poder no

consiste tanto en que se traduzcan fielmente los deseos de los electores

como que el sistema funcione de manera correcta. Una figura esencial en

este engranaje es la del cacique local o regional, que controlaba el

comportamiento de su circunscripción. La existencia de los caciques ha de



entenderse en el contexto de la España del siglo XIX, que era en su mayoría

rural y estaba poco preparada para la política; sobre todo porque había

muchas zonas rurales que vivían completamente aisladas. La función del

cacique era dirigir el voto de la población, que carecía de una idea clara

sobre las diferencias entre los distintos partidos; y a cambio de los votos, el

cacique distribuía favores. Los políticos nacionales, a la hora de diseñar los

resultados de las elecciones, debían asegurar una mayoría suficiente que

asegurase el gobierno, sino también satisfacer las necesidades de los

partidos de la oposición. Este proceso, de todos modos, se fue

transformando a lo largo de la Restauración; porque la evolución económica

y cultural trajo consigo un índice más elevado de información y de voluntad

participativa; sobre todo en los núcleos urbanos e industriales. Cada vez en

mayor medida, los partidos tuvieron que buscar otros medios para lograr los

votos deseados y el sistema parlamentario dejó de ser una estructura

ficticia.

Balance.- Casi todo el mundo está de acuerdo en que Cánovas era un

hombre moderado y conciliador, y se le ha tildado de hombre de estado

realista y pragmático; pero también ha habido autores que han considerado

que implantó un régimen demasiado cerrado y autoritario, haciendo especial

hincapié en el fraude electoral, o en el desequilibrio entre los distintos

poderes. Es decir, que el régimen era estable y liberal, pero no democrático.

De todos modos, resolvió muchos de los problemas de España y la dotó de

una constitución abierta y de larga duración. Aunque consiguió la

pacificación después de las guerras carlistas y el fin de la guerra colonial de

1878, permitió el caciquismo y la desvirtuación electoral para conseguir sus

fines de gobierno. Apoyó a unos sectores muy restringidos y careció de un

espíritu verdaderamente reformista. Dotó al ejecutivo de excesivo poder.



Pero a pesar de todo, la Restauración tuvo algunas consecuencias buenas

para España.

• Se sentaron las bases de un estado liberal.

• Se instrumentalizó el pacto y el diálogo y se relegó a solución armada

a un segundo término.

• Se aprobaron grandes leyes que ayudaron a consolidar el estado de

Derecho

• Se reestructuró la administración y la Justicia.

• Se incorporó el sufragio universal masculino

• Se crearon estructuras básicas para intentar superar el atraso

industrial de España.

• Se forjó una nueva sociedad civil y profesional, con las clases medias

como nervio central de la sociedad.

• Crecieron las grandes ciudades y los servicios y el mundo cultural

tuvo una evolución positiva.

Es verdad que también hubo problemas, uno de los más graves la pérdida de las

colonias; pero en líneas generales la mayoría de los contratiempos ocurrieron

debido a la situación de toda Europa, a la que España no podía ser ajena. Quizá lo

más grave fue que no se evolucionó hacia un sistema constitucional y

parlamentario verdaderamente democrático, debido sobre todo a los impedimentos

de la oligarquía gobernante.



Los gobiernos conservadores. 1875-1880

Este primer período de la Restauración estuvo en manos de

los conservadores, aunque no siempre con Canovas al frente del gobierno.

Podemos hacer una sencilla división:

a. De enero a septiembre de 1875 es el primer gobierno de Cánovas

b. De septiembre a diciembre de 1875 gobierna Jovellar; porque debiendo

convocar elecciones con sufragio universal masculino, prefirió que fuese otro

quien lo hiciese. En el fondo, a él no le agradaba esta fórmula.

c. Del 3 de diciembre de 1875 hasta marzo de 1879 es el segundo gobierno

presidido por Cánovas.

d. Desde marzo a diciembre de 1879 toma la presidencia Martínez Campos,

para intentar poner en práctica los términos de la Paz de Zanjón, firmada en

Cuba.

e. Hasta febrero de 1881 es el tercer gobierno de Cánovas.

Pero en realidad el verdadero líder del partido conservador siempre fue Cánovas y

nadie más. El partido provenía de la fusión del Partido Moderado y de la Unión

Liberal. Sus objetivos se reflejaron en el llamado “Discurso de los Notables”, que se

difundió el 9 de enero de 1876, donde expresaban sus propósitos de afianzar las

conquistas del mundo moderno para España, defender el orden público y social y

asegurar una convivencia en paz de todos los españoles. Pero en el partido no

había unanimidad, sino que se alineaban diferentes opciones, y en los primeros

tiempos Cánovas tiene que luchar con los más conservadores, que pretenden

restituir la constitución de 1845, prohibir todo culto no católico y que vuelva a



España Isabel II. Solo hace algunas concesiones, como abolir el matrimonio civil o

cerrar algunos templos y escuelas protestantes. Pero deseaba una nueva

constitución y logra el apoyo del grupo de Manuel Alonso Martínez, escindido del

grupo de Sagasta. Los moderados fueron quedando aislados del poder. El 31 de

diciembre de 1874 se constituyó un Ministerio de Regencia, presidido por Cánovas.

A Martínez Cánovas, que había hecho el pronunciamiento militar se le nombra

capitán general de Cataluña, pero no tiene cargo alguno en el Ejecutivo. En enero

de 1875, cuando llega Alfonso XII a Barcelona, confirma mediante un Real Decreto

todos los nombramientos hechos por Cánovas. Se trata de que el rey sea la pieza

clave de todo el régimen y se le nombra jefe del Ejército, que quedará supeditado a

su autoridad. Se nombran representantes del nuevo gobierno en todo el país ys e

trata de aunar el texto legal de 1845 con el de la constitución de 1869. en el

calendario político hay varias fases:

1) En mayo de 1875 se convoca una asamblea de antiguos senadores y

diputados monárquicos para que elaboren un texto constitucional. Alonso

Martínez es el presidente y se trata de hacer un texto inspirado en la idea

del consenso.

2) Se convocan elecciones generales para elegir unas cortes constituyentes,

con el fin de aprobar luego la constitución. La fórmula es el sufragio

universal, y por eso Canovas se desliga del gobierno, porque en el fondo no

le gusta este sistema, y toma las riendas del gobierno Jovellar, aunque por

poco tiempo. Las elecciones se convocan mediante sufragio universal; pero

se hace especificando que es con carácter excepcional.

3) Romero Robledo, ministro de la Gobernación, reconduce el resultado de las

elecciones hacia la posición más conveniente.

4) El partido conservador obtiene una amplia mayoría, a pesar del alto grado

de abstención.



5) Una vez constituidas las cortes, se aprueba la constitución, que entra en

vigor el 2 de julio de 1876.

La constitución de 1876 era un texto flexible, que podía tener

distintas lecturas en aquellos puntos de mayor conflicto, porque aspiraba a

convertirse en un marco legal estable y duradero. Manuel Alonso Martínez fue su

autor, aunque siguiendo las ideas de Cánovas. Hay influencias en ella de la

constitución de 1837, de la de 1845 y de la de 1856 y 1869. Era bastante corta,

con tan solo 89 artículos y con unos aspectos destacables:

1. estado unitario y centralista, con separación de poderes

2. soberanía compartida entre las cortes y el rey, aunque éste se convertía en

el eje principal del régimen; pues legislaba al lado de las cortes, promulgaba

y sancionaba leyes; y nombraba al jefe de gobierno, ministros y funcionarios

públicos. Tenía el mando de las FFAA.

3. las cortes eran bicamerales: el senado representaba a las distintas fuerzas

sociales, con carácter un tanto elitista, y el congreso representaba más los

intereses generales. No había criterio fijo para elegir a los diputados, se

dejaba la decisión al partido en el gobierno.

4. el jefe de gobierno debía contar con el apoyo del rey, de las cortes y de su

partido.

5. todo partido o asociación que no respetase el marco legal, quedaba fuera de

juego

6. estado aconfesional; aunque la religión católica se proclamaba como la

oficial; pero reconociendo la libertad de culto en el ámbito privado.

Una de las medidas más significativas fue la aprobación de una ley electoral para

elegir diputados a cortes; se derogaba el sufragio universal masculino de 1868 y se

restringía el derecho al voto a los mayores de 25 años que tuviesen un mínimo de



estudios y una renta mínima de contribución al Tesoro Público. Los ayuntamientos

eran los responsables de elaborar el censo electoral, y los alcaldes presidían las

mesas de votación. Así se reforzaba el control sobre los resultados. Esto era abrir la

puerta a la falsificación y al fraude.

Otro aspecto a tener en cuanta

fue la reforma educativa. En

1876 el marqués de Fomento,

marqués de Orovio, impulsó

un decreto cuestionando la

enseñanza impartida por

profesores del estado, por ser

poco adecuadas a la moral

católica. Anuló la libertad de

cátedra y separó de la docencia

a algunos profesores, en el nivel universitario y en el de enseñanza secundaria.

Muchos de los que fueron apartados, crearían más tarde la Institución Libre de

Enseñanza. Algunos estudiosos opinan que el decreto Orovio no es más que una

maniobra de los moderados para aminorar la apertura canovista hacia unionistas y

constitucionalistas. Cánovas era contrario al decreto, pero tuvo que permitirlo para

evitar la ruptura con los moderados. Más tarde no puso impedimentos a la creación

de la Institución Libre de Enseñanza.

En el tiempo de la Restauración todavía la guerra carlista tenía

lugar en tres zonas de la Península:

1. En la Mancha y Aragón había algunos guerrilleros atrincherados en zonas

localizadas



2. En Cataluña y Levante el movimiento era bastante más importante

3. En el norte era donde mejor estaba organizada la lucha, contando con el

apoyo del ejército regular.

El gobierno, a pesar del coste de liquidar este problema, sabía que debía hacerle

frente. La victoria se logró en varias etapas diferenciadas:

1) Se pacificó primero el centro, obligando a las tropas carlistas a cruzar el

Ebro

2) En Cataluña se acabó la guerra en el verano de 1875, tras la acción de las

tropas de Martínez Campos y Jovellar. Se conquistó Olot y la Seo de Urgell.

3) Lucha en Navarra y el País Vasco, donde más costó reducir a los carlistas.

Se acabó en febrero de 1876. Martínez Campos penetró en el valle del

Baztán, y Primo de Rivera marchó sobre Estella. Al final de la guerra el

propio Alfonso XII tomó el mando de los ejércitos y entró en San Sebastián

y en Pamplona. En este momento se afianzó la figura del rey-soldado.



Fueron varios los factores que propiciaron la victoria. En primer lugar, hubo

disensiones en el grupo carlista, y personas como el general Cabrera se sometió a

Alfonso XII. El contexto también había cambiado, porque se vivía un ambiente muy

distinto al del sexenio revolucionario. Pero sobre todo, destaca el empeño del

gobierno por acabar con la contienda. La Proclama de Somorrostro, publicada el 3

de marzo de 1876 intenta conciliar a ambas partes y supone el final oficial de la

guerra. Después de esto, muchos militares carlistas se exiliaron a Francia; y

aunque al principio pensaban en una nueva rebelión, la idea va perdiendo fuerza.

Pero con el final de la guerra no llega también el final del carlismo, porque

siguieron quedando focos que apoyaban a esta rama dinástica; sobre todo aquellos

grupos más tradicionalistas. Uno de los grupos más importantes era el liderado por

Candido Nocedal, director de “El siglo futuro”. También había posiciones que

pretendían defender sus ideas desde la legalidad, aunque la mayoría eran

partidarios del levantamiento armado. Don Carlos, desde el exilio, decidió entregar

a Nocedal la dirección única del partido. En el País Vasco, a consecuencia de las

guerras carlistas, quedaron abolidos los Fueros, aunque como compensación, en

1878 se le otorgó un sistema de conciertos económicos, que proporcionaba a estas

provincias una cierta autonomía fiscal.

Al principio de su gobierno, Cánovas no contó con el apoyo

de los católicos más radicales, que no eran partidarios del liberalismo del régimen.

La aprobación del artículo 11 de la constitución, en el que establecía la tolerancia

de cultos, a pesar de decir que el catolicismo era la religión oficial, provocó muchas

discrepancias. Los integristas defendían la identificación histórica de España con el

catolicismo; y llegaron a pensar que el carlismo sería el partido ideal para

defenderles. Pero después de que los carlistas perdieron la guerra, y sobre todo

cuando Don Carlos no quiso entrar a rechazar la legalidad del sistema,

comprendieron que tendrían que organizarse ellos solos. La jerarquía eclesiástica



alentó a que estos grupos radicales hiciesen presión, pero el proyecto fracasó, y

ello por varios motivos:

• No tuvo el apoyo necesario de la sociedad

• El Vaticano no se implicó

• Cánovas buscó el entendimiento con la jerarquía católica

Cánovas solicita al ministro plenipotenciario ante la Santa Sede que consiga una

aclaración sobre el liberalismo para que los radicales españoles pudieran aceptarlo;

aunque no fue una tarea fácil. Chocaban los radicales a menudo con el resto de

católicos, y a veces los integristas se llegaron a enfrentar con los propios obispos,

que optaron por la conciliación con el régimen político. Era tan grave el problema

que tuvo que intervenir la Santa Sede, y León XIII elaboró en 1883 un documento,

Cum Multa, en el que se indicaba a los católicos españoles que la Iglesia no debía

implicarse en la lucha política mediante la intervención de ningún partido. Eso

ayudó a que se pasase del recelo a la colaboración con el régimen de la

Restauración. También es cierto que la situación internacional influyó bastante en la

postura que adoptó el Papa, que pretendía recuperar el prestigio a través de las

relaciones internacionales, y evitar el aislamiento. El Papa entendió que a cambio

Cánovas le daría a la iglesia protección y ayuda en su labor propagandística. Al fin

y al cabo, Cánovas era hombre de ideas profundamente conservadoras y ambos

grupos defendían muchos puntos comunes.

En cuanto a política exterior, los años ochenta estuvieron

marcados por la expansión colonial de las grandes potencias. Bismarck continuó

siendo el árbitro de las relaciones internacionales a través de su sistema de

alianzas. Su objetivo era consolidar el liderazgo alemán, mantener aislada a Francia

y conseguir la supremacía de los estados autoritarios y monárquicos. Se basó en

varias alianzas:



• Doble Alianza entre Alemania y Austria-Hungría

• Alianza de los Tres Emperadores, entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia

• Triple Alianza, entre Alemania, Austria-Hungría e Italia

• Tratado Secreto de Reaseguro, entre Alemania y Rusia, y firmado en 1887

La política exterior de Cánovas se había caracterizado siempre por la prudencia,

quizá porque era consciente de la mala situación de España y sabía que ahora

formábamos parte del grupo de las pequeñas potencias, porque nuestro ejército y

nuestra marina eran modestos y el capital escaso. Por tanto lo primordial era el

mantenimiento del statu quo, que conllevaba vivir un tanto alejados de las

relaciones internacionales. Se ha definido la política exterior canovista como la de

recogimiento, y se evitaba a partes iguales el aislacionismo y el compromiso. Se

esforzó en presentar una buena imagen de España, en firmar acuerdos comerciales

y tener buenas relaciones con las grandes potencias, pero siempre evitando los

conflictos. Mantener buenas relaciones con todos, pero sin comprometerse con

ninguno. Muchos han señalado que Cánovas era enemigo de las alianzas, a las que

calificaba como “el lujo de los poderosos”. También es verdad que apenas nadie

podía estar interesado en una coalición con España, que tenía escaso potencial

militar y económico. Pero Cánovas si llegó a acuerdos con otras naciones, y en

ocasiones amplió los ya adquiridos, aunque siempre se trató de pactos para

asuntos puntuales. Se le acusó a veces de pesimista, pero aunque esa fue la tónica

en los años setenta, en los ochenta cambió ligeramente, sobre todo en relación a

las naciones latinas.

En la política exterior de la Restauración se pueden distinguir tres

períodos, que coinciden con los años setenta, ochenta y noventa. En la primera

década la línea directriz fue la del recogimiento que ya hemos mencionado. El

primer empeño de Cánovas fue consolidar internacionalmente la monarquía recién



restaurada, y por eso prefiere vincularse con aquellos países que defiende el

principio monárquico. No se entiende, por ese motivo, demasiado bien con Francia,

y quería evitar el apoyo francés a carlistas y republicanos, y también resolver los

problemas con esta potencia sobre Marruecos. De Gran Bretaña le separaba la

cuestión de Gibraltar y el poco interés que los británicos sentían por España. Así

que solo quedaba Alemania. Los problemas que en estos años se deben enfrentar

están en las Antillas, sobre todo por el contencioso de la presión americana sobre

Cuba y la resolución de los conflictos planteados por Gran Bretaña y Alemania en

Joló y en Las Carolinas. Generalmente la Restauración fue bien acogida en el

extranjero, aunque en Francia se siguió apoyando la opción carlista, y Gran Bretaña

se mantuvo a la expectativa sobre todo en cuanto a la libertad de cultos. Alemania

no puso problemas a reconocer al nuevo régimen, porque le interesa una España

amiga y fuerte contra Francia, y Estados Unidos condicionó el reconocimiento al

pago de una indemnización por el caso del Virginius. EL 31 de diciembre de 1877 se

firma un acuerdo hispano-alemán para lograr el apoyo a la monarquía española en

un posible problema contra Francia. A pesar de todo este pacto fue muy limitado

tanto en su forma como en su contenido. También Cánovas promueve el

acercamiento a Portugal; y por eso Alfonso XII y Luís I se entrevistan en Elvas en

febrero de 1879 y dos años más tarde en Cáceres, aprovechando la inauguración

de una línea férrea que unía Madrid con Lisboa. Procura también estrechar lazos

con las repúblicas americanas y firma tratados comerciales con Francia, Austria,

Bélgica e Italia. En abril de 1876 el gobierno de Cánovas se compromete ante el de

Estados Unidos a reformar el régimen administrativo de Cuba y a aceptar diputados

cubanos en el Parlamento español, además de suprimir las trabas al comercio entre

la colonia y Estados Unidos. En cuanto a Extremo Oriente se hacen efectivos los

derechos españoles sobre unas islas que rodeaban el núcleo central de las Filipinas,

entre las cuales se encontraba Joló, a pesar del disgusto de otras potencias

europeas, sobre todo Alemania e Inglaterra. En el caso concreto de Joló, se niega a

España ningún derecho sobre la isla, aunque en una serie de tratados se reconoce



la soberanía española a cambio de libertad de comercio y navegación a Alemania y

Gran Bretaña. En el Pacífico se plantea el conflicto de las Carolinas, cuando España

intenta controlar el tráfico marítimo en las islas españolas de la Micronesia. Gran

Bretaña y Alemania protestan, pero España ni se digna en contestar y las grandes

potencias lo toman como una ofensa.

Los años ochenta estuvieron marcados por los liberales, que

reaccionaron contra el recogimiento de Cánovas, mientras que Sagasta demostró

más confianza en le papel que España podía desempeñar. La orientación de su

política siguió dirigida hacia Alemania, aunque mejoraron las relaciones con Francia

y Gran Bretaña. Se hicieron en estos años bastantes tratados comerciales, y sobre

todo se adoptó una política más contundente respecto a Marruecos. Alfonso XII se

implica de manera bastante activa en la política exterior.

Quizá el momento culmen sea el paso de Moret por el ministerio

de Estado, porque si bien Cánovas dirigía casi en persona la política exterior,

Sagasta daba más rienda suelta a sus ministros. La concepción que Moret tenía del

tema queda reflejada en su obra Memoria sobre la política internacional, de 1888,

en donde subraya la importancia de desarrollar una política que de prestigio a

España y propone lo que él llama política de ejecución. El primer episodio

destacado en esta década tiene lugar durante la Conferencia de Madrid sobre

Marruecos de 1880, cuando todavía gobierna Cánovas. Con Marruecos se

relacionaban diversos países europeos, tanto para comerciar como para explotar

sus riquezas y colaborar con su gobierno en proyectos de defensa militar o de obras

públicas. Pero las potencias rivalizaban para ver quien ejercía más influencia, hasta

el punto de que el sultán consideró que se estaba vulnerando la soberanía nacional.

Con ese objeto se convoca la conferencia de Madrid, para regular el grado de

intervención de las potencias. Cánovas fue nombrado presidente y el resultado

principal de esta conferencia fue un acuerdo que garantizaba el statu quo y la



integridad de Marruecos, al considerar que si las potencias intervenían en ese

territorio, o se producía un reparto de las áreas de influencia, España tendría más

que perder frente a países más poderosos. Lo único que se consigue es aplazar la

cuestión. Queda claro en esta conferencia que con la Restauración han aumentado

las tendencias africanistas, y de hecho se crean asociaciones culturales y

publicaciones que promueven el interés por las culturas del Norte de África. Alfonso

XII declara el protectorado sobre el espacio comprendido entre el Cabo Bojador y

Cabo Blanco, que constituiría el Sahara español. También se promueven

expediciones a Guinea Ecuatorial y a Costa de Oro.

Otro elemento en esta etapa es la adopción de una política

librecambista, pues se rebajan las tarifas arancelarias entre España y cada uno de

los países con quienes se comercia. El modelo de tratado fue el firmado entre

España y Francia en febrero de 1882. En 1886 se aprueban unos aranceles en

donde se pone en práctica una reducción de derechos, lo cual valió para la

exportación de productos españoles como el vino, aunque obligó a comprar a

cambio maquinaria en el exterior, y le vino bien a la industria textil catalana, que se

modernizó. Los productores de trigo se vieron perjudicados por la política

librecambista.



Alfonso XII no había estado de acuerdo con la política canovista y en

esta década empieza a influir en las relaciones internacionales; sobre todo

mediante viajes por Europa. La iniciativa del rey gozaba del apoyo de Vega de

Armijo, que era entonces el ministro de estado. Visitó en Austria a Francisco José y

luego se reunió en Alemania con el emperador Guillermo I, aunque cometió el error

de mostrar demasiado entusiasmo ante el militarismo prusiano. Fue en Francia

donde surgieron los primeros problemas, sobre todo a causa de la actitud adoptada

en Alemania; y en Paris fue recibido con bastante frialdad.

A pesar de las buenas relaciones con Alemania, en 1895 surge la

crisis de las Carolinas y Palaos. En la conferencia de Berlín se habían dictado

nuevas premisas para regular la expansión colonial, y se exigía la ocupación

efectiva de un territorio para defender su posesión. Las grandes potencias se

habían repartido el mundo, y las rivalidades entre compañías y comerciantes de



distintos países y las malas relaciones con la población nativa habían creado en el

Pacífico una situación bastante inestable. Por eso Cánovas temió que si no ocupaba

las islas de la Micronesia, otra potencia lo haría. Por eso se creó una nueva división

naval en las Carolinas y Palaos.

Pero los alemanes tenían en las islas muchos intereses económicos, y Bismarck

decide adelantarse a los planes españoles y enviar un barco de la Marina Imperial

para que tome posesión oficial de las islas. La llegada de los barcos españoles y

alemanes se produce con dos días de diferencia; y los alemanes izan su bandera,

reclamando el protectorado de las islas; pero Cánovas parece dispuesto a defender

los derechos españoles y en España se produce una exaltación patriótica popular.

Las Carolinas se convierten en algo indispensable para el destino de España. Al final

la controversia se resuelve por la vía amistosa, con la intervención del Papa León

XIII. En el Protocolo de Roma, firmado en diciembre de 1885 se reconocían los

derechos de soberanía de España, aunque Alemania también consigue las ventajas

económicas que deseaba. Los comerciantes de otros países podrían ejercer

libremente actividades comerciales y de explotación de plantaciones, pero siempre

que no se asentaran en puntos del archipiélago ya ocupados por los españoles.



Otro asunto especialmente delicado fue la indirecta adhesión a la

Triple Alianza, mediante un acuerdo secreto que se firma con Italia en 1887. Se

trataba en realidad de una vaga declaración en la que los dignatarios de ambos

países se comprometían a fortalecer el principio monárquico, y a contribuir a que

reinase la paz. España se comprometía a no llegar a acuerdo alguno con Francia

que pudiera dirigirse contra cualquiera de las potencias de la Triple Alianza; y se

fijaba un entendimiento para mantener el statu quo en el Mediterráneo. El pacto

contó con el respaldo de Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña, pero no había

ningún compromiso activo por su parte. Y el acuerdo no afectaba a las Antillas ni al

Pacífico.

Hacia la formación del Partido Liberal.

En 1881 los liberales llegan al gobierno de la nación y se

consigue asentar un principio del nuevo régimen político: una formación política

que fuese lo suficientemente fuerte como para convertirse en una alternativa de

gobierno. Fue la década en que Sagasta aprobó una serie de leyes que consolidaron

definitivamente el estado liberal en España. A los conservadores y liberales que

constituían la base fundamental del sistema político, se unen ahora otras

corrientes, tanto por la izquierda como por la derecha. Un amplio sector de los

demócratas se unió al partido de Sagasta, y buena parte de los católicos se

integraron en el de Cánovas. La monarquía se asienta, a pesar de la delicada

situación que produce la muerte de Alfonso XII.

Desde 1881, cuando llegan los fusionistas al poder, y enero de 1884,

el fin del gobierno de la Izquierda Dinástica, se incorporan los constitucionales y

demócratas a las tareas de gobierno. En el primer gobierno de Sagasta están

representadas las fuerzas del Partido Fusionista:



• Constitucionales como Albareda, Camacho, León y Castillo y Venancio

González

• Centristas: Alonso Martínez y Vega de Armijo

• Conservadores disidentes: Martínez Campos y Pavía.

Sagasta estaba decidido a plantear sustanciales

reformas, pero quería hacerlo despacio y desde la prudencia para no causar

demasiada alarma social. Empezó por reconocer el derecho de reunión y asociación

y se aprobó un Real Decreto sobre la libertad de prensa, a la vez que se retoma

una política educativa aperturista. Por el Real Decreto de Alonso Martínez se

suprimieron las suspensiones a los periódicos y se anularon las penas a los

periodistas que habían sido condenados en el período anterior. Se limitan los delitos

de injuria y calumnia y se afirma el derecho a criticar a los poderes responsables.

La circular de Alvareda a los rectores de la Universidad

deroga el decreto Orovio sobre la libertad de cátedra y los profesores destituidos,

como Castelar, se reincorporan a la universidad, recuperándose así la libertad de

enseñanza. Los componentes de los ayuntamientos fueron relevados por gente

afines a los liberales. Todas las medidas vienen a fijar las bases del programa

liberal. La ley provincial de 1882 fijaba el concepto de provincia como ente

administrativo, dirigido por un gobernador y regido por una Diputación Provincial.

La política económica se caracterizó por la reforma de la Hacienda emprendida por

el ministro Camacho, y por actuaciones librecambistas: el levantamiento y

suspensión de algunos aranceles y el tratado de libre comercio con Francia.

Pero Sagasta remodela el gobierno en 1883 y en octubre

del mismo año presenta su dimisión, debido sobre todo a la sublevación republicana

de Badalona, Santo Domingo de la Calzada y la Seo de Urgell en agosto de 1883 y

por las tensiones que produjo la germanofilia del rey en el viaje a Paris. Aunque en

realidad la verdadera causa de la crisis era la división entre los liberales y la

creación de un nuevo grupo, que se conocía con el nombre de Izquierda Dinástica,



y era una mezcla de los constitucionales descontentos de lo que pensaban que era

derechismo de Sagasta, y los radicales. No aceptaron someterse al liderazgo de

Sagasta y con Posada Herrera al frente, se escindieron. Sagasta pensaba que si el

rey disolvía las cortes y encargaba formar gobierno a un político liberal de una

facción distinta, él perdería el liderazgo, con lo cual prefirió ceder el poder a

Posada Herrera, que formó nuevo gobierno sin necesidad de nuevas elecciones.

Cuando en enero de 1884 Posada presenta los presupuestos y se discute la

oportunidad del sufragio universal; y a pesar de que Sagasta apoyaba la medida,

votó en contra, y al no tener votos suficientes para seguir adelante con sus

proposiciones, se ve obligado a dimitir. Sagasta había demostrado que sin su apoyo

era imposible gobernar, y que seguía siendo el líder de los liberales. Pero antes de

irse, Posada Herrera logró aprobar la creación de una comisión de Reformas

Sociales, impulsada por Segismundo Moret, que tenía como función ocuparse del

bienestar de las clases obreras.

Tras esta crisis el rey decide encomendar en enero de 1884 la tarea de

gobernar a los conservadores. Cánovas pretendía dejar a Romero Robledo la

jefatura del gobierno, pero ni el rey ni los notables de su partido lo aceptaron. La

presencia más significativa en el nuevo gabinete fue la de Alejandro Pidal y Mon,

líder de Unión Católica, como ministro de Fomento, controlando la enseñanza y la

universidad. Aunque no se había integrado en el carlismo, se opuso a la

constitución de 1876, defendiendo la confesionalidad del estado y criticando la

tolerancia en materia de religión. Al entrar en el gobierno, se pretendía un

acercamiento entre los católicos liberales y los integristas, sobre todo para evitar

que aumentaran las filas del carlismo. Pero las reticencias entre los dos bandos se

manifestaban sobre muchos temas. Pero los problemas más importantes vinieron

de la mano de Romero Robledo, ministro de la gobernación y que manejó los

resultados electorales a su antojo, al punto que Cánovas tuvo que llamarle al



orden. En las elecciones municipales de mayo de 1885 los liberales y republicanos

se unieron y gobernaron en Madrid y en 27 capitales de provincia.

Después de la muerte del re en 1885 causó inestabilidad en el

país, porque no había heredero, de momento, y

además el pueblo sentía gran cariño por el

monarca. La constitución daba a la reina viuda,

María Cristina de Habsburgo Lorena la

regencia; y aunque la reina estaba embarazada no

se sabía el sexo del bebé, como es lógico. Había

además dos hijas, niñas pequeñas todavía.

Llevaba poco tiempo todavía viviendo en España y

el pueblo nunca la había querido tanto como a la

primera esposa del rey, María de las Mercedes. Además, su carácter serio y

reservado hacía que su trato fuese a veces complicado. Por todo eso Cánovas

dimite y recomienda a la regente que encomiende formar gobierno a los liberales.

Comunicó a Sagasta que todos los partidos deberían unirse en torno a la Regente

por el bien del país. Pero se equivocaban quienes no apostaron por la reina, porque

pronto se manifestó como una excelente gobernante, sacrificada y trabajadora, y

logró tener un excelente entendimiento con Cánovas.



Tema 8. La Regencia. El pacto político.

Bipartidismo y turno (1885-1895)

Formación del partido liberal.

Los liberales volvieron al poder en un buen momento

para su partido, pues en junio de 1885 habían llegado a un acuerdo entre las

distintas facciones, adoptando el nombre genérico de Partido Liberal y nombrando a

Sagasta jefe del partido. Redactaron un

programa de gobierno conjunto, con el nombre

de Ley de Garantías, que elabora Martínez

Campos en nombre de los fusionistas, y Montero

Ríos en representación de los izquierdistas. Se

acata la constitución de 1876, pero prometen

defender los derechos individuales y luchar por

el sufragio universal masculino, juicio de jurados

y una reforma constitucional. Aceptan la

soberanía del rey con las cortes, renunciando a

la soberanía nacional que antes reivindicaban. Al margen de los acuerdos solo

quedaba la pequeña facción de la Izquierda Dinástica, presidida por el general

López Domínguez, aunque Sagasta cuando llega al poder le ofrece la embajada de

Paris, para acercarle a su partido, pero no se llega a producir la unión, porque

además piden 27 diputados en las próximas elecciones.

En su primer gobierno Sagasta reúne a representantes de las

distintas tendencias y remodela el gobierno en tres ocasiones durante la legislatura.

A pesar del éxito de su programa, no es fácil mantener la unión de fuerzas tan



heterogéneas y en 1886 comienzan a aparecer disensiones entre los liberales. A

finales de ese mismo año, Romero Robledo y López Domínguez deciden unirse y

crear el Partido Reformista, como una tercera opción política. Pero no consiguen

erosionar el bipartidismo. El general Cassola dimite como ministro de Guerra

porque había pretendido la reforma del Ejército y el restablecimiento del servicio

militar obligatorio y muchos jefes militares y un amplio sector del partido

conservador se opusieron. Sagasta no respaldó estas medidas lo suficiente y de ahí

la dimisión del ministro. También se produce un enfrentamiento entre Moret y

Gamazo, representantes de los intereses librecambistas y proteccionistas. La

política liberal había sido librecambista desde 1881 y el conflicto surge cuando

Gamazo trata de variar la tradición en el partido, como portavoz de la Liga Agraria.

Propone abaratar la producción de la rebaja de los impuestos que gravaban la

propiedad y el cultivo de tierra y reclama una protección arancelaria para los

productos españoles. Esta actitud le crea cada vez mayores problemas a Sagasta.

La única manera que Sagasta encuentra para impulsar el liberalismo es

defender el sufragio universal masculino. También en 1887 se aprueba la ley de

asociaciones, que favorece el asociacionismo obrero; y la Ley de lo contencioso

administrativo de 1888, que otorga la última instancia de los recursos al Tribunal

Supremo en vez de al consejo de estado a o la voluntad del rey. Se aprueba

también la ley del jurado y en el código civil de 1889 se consagra la defensa del

orden social y la propiedad privada. Con la ley electoral de 1890 se aprueba el

sufragio universal masculino, en un complicado proceso mediante el que Sagasta

consigue reforzar el partido y asegurar su liderazgo en el mismo. Pero el sistema

electoral continúa viciado por el caciquismo, por lo cual el sufragio universal

masculino no influye favorablemente en las urnas. A pesar de que se llamaba

sufragio universal, no estaba exento de restricciones: era solo para varones

mayores de 25 años, vecinos de un municipio con dos años al menos de residencia.



La política exterior de los años ochenta.

Los años ochenta estuvieron marcados por

los liberales, que reaccionaron contra el recogimiento de Cánovas, mientras que

Sagasta demostró más confianza en le papel que España podía desempeñar. La

orientación de su política siguió dirigida hacia Alemania, aunque mejoraron las

relaciones con Francia y Gran Bretaña. Se hicieron en estos años bastantes tratados

comerciales, y sobre todo se adoptó una política más contundente respecto a

Marruecos. Alfonso XII se implica de manera bastante activa en la política exterior.

Quizá el momento culmen sea el paso de Moret por el ministerio

de Estado, porque si bien Cánovas dirigía casi en persona la política exterior,

Sagasta daba más rienda suelta a sus ministros. La concepción que Moret tenía del

tema queda reflejada en su obra Memoria sobre la política internacional, de 1888,

en donde subraya la importancia de desarrollar una política que de prestigio a

España y propone lo que él llama política de ejecución. El primer episodio

destacado en esta década tiene lugar durante la Conferencia de Madrid sobre

Marruecos de 1880, cuando todavía gobierna Cánovas. Con Marruecos se

relacionaban diversos países europeos, tanto para comerciar como para explotar

sus riquezas y colaborar con su gobierno en proyectos de defensa militar o de obras

públicas. Pero las potencias rivalizaban para ver quien ejercía más influencia, hasta

el punto de que el sultán consideró que se estaba vulnerando la soberanía nacional.

Con ese objeto se convoca la conferencia de Madrid, para regular el grado de

intervención de las potencias. Cánovas fue nombrado presidente y el resultado

principal de esta conferencia fue un acuerdo que garantizaba el statu quo y la

integridad de Marruecos, al considerar que si las potencias intervenían en ese

territorio, o se producía un reparto de las áreas de influencia, España tendría más

que perder frente a países más poderosos. Lo único que se consigue es aplazar la

cuestión. Queda claro en esta conferencia que con la Restauración han aumentado



las tendencias africanistas, y de hecho se crean asociaciones culturales y

publicaciones que promueven el interés por las culturas del Norte de África. Alfonso

XII declara el protectorado sobre el espacio comprendido entre el Cabo Bojador y

Cabo Blanco, que constituiría el Sahara español. También se promueven

expediciones a Guinea Ecuatorial y a Costa de Oro.

Otro elemento en esta etapa es la adopción de una política

librecambista, pues se rebajan las tarifas arancelarias entre España y cada uno de

los países con quienes se comercia. El modelo de tratado fue el firmado entre

España y Francia en febrero de 1882. En 1886 se aprueban unos aranceles en

donde se pone en práctica una reducción de derechos, lo cual valió para la

exportación de productos españoles como el vino, aunque obligó a comprar a

cambio maquinaria en el exterior, y le vino bien a la industria textil catalana, que se

modernizó. Los productores de trigo se vieron perjudicados por la política

librecambista.

Alfonso XII no había estado de acuerdo con la política canovista y en

esta década empieza a influir en las relaciones internacionales; sobre todo

mediante viajes por Europa. La iniciativa del rey gozaba del apoyo de Vega de

Armijo, que era entonces el ministro de estado. Visitó en Austria a Francisco José y



luego se reunió en Alemania con el emperador Guillermo I, aunque cometió el error

de mostrar demasiado entusiasmo ante el militarismo prusiano. Fue en Francia

donde surgieron los primeros problemas, sobre todo a causa de la actitud adoptada

en Alemania; y en Paris fue recibido con bastante frialdad.

A pesar de las buenas relaciones con Alemania, en 1895 surge la

crisis de las Carolinas y Palaos. En la conferencia de Berlín se habían dictado

nuevas premisas para regular la expansión colonial, y se exigía la ocupación

efectiva de un territorio para defender su posesión. Las grandes potencias se

habían repartido el mundo, y las rivalidades entre compañías y comerciantes de

distintos países y las malas relaciones con la población nativa habían creado en el

Pacífico una situación bastante inestable. Por eso Cánovas temió que si no ocupaba

las islas de la Micronesia, otra potencia lo haría. Por eso se creó una nueva división

naval en las Carolinas y Palaos.



Pero los alemanes tenían en las islas muchos intereses económicos, y Bismarck

decide adelantarse a los planes españoles y enviar un barco de la Marina Imperial

para que tome posesión oficial de las islas. La llegada de los barcos españoles y

alemanes se produce con dos días de diferencia; y los alemanes izan su bandera,

reclamando el protectorado de las islas; pero Cánovas parece dispuesto a defender

los derechos españoles y en España se produce una exaltación patriótica popular.

Las Carolinas se convierten en algo indispensable para el destino de España. Al final

la controversia se resuelve por la vía amistosa, con la intervención del Papa León

XIII. En el Protocolo de Roma, firmado en diciembre de 1885 se reconocían los

derechos de soberanía de España, aunque Alemania también consigue las ventajas

económicas que deseaba. Los comerciantes de otros países podrían ejercer

libremente actividades comerciales y de explotación de plantaciones, pero siempre

que no se asentaran en puntos del archipiélago ya ocupados por los españoles.

Otro asunto especialmente delicado fue la indirecta adhesión a la

Triple Alianza, mediante un acuerdo secreto que se firma con Italia en 1887. Se

trataba en realidad de una vaga declaración en la que los dignatarios de ambos

países se comprometían a fortalecer el principio monárquico, y a contribuir a que

reinase la paz. España se comprometía a no llegar a acuerdo alguno con Francia



que pudiera dirigirse contra cualquiera de las potencias de la Triple Alianza; y se

fijaba un entendimiento para mantener el statu quo en el Mediterráneo. El pacto

contó con el respaldo de Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña, pero no había

ningún compromiso activo por su parte. Y el acuerdo no afectaba a las Antillas ni al

Pacífico.

Alternancia política durante los noventa.

A partir de 1890 cada dos años los partidos más

importantes se van sucediendo en el poder hasta que en 1901 Alfonso XIII llega a

la mayoría de edad y accede al trono, empezando una nueva etapa política. No

responde a ningún acuerdo previo entre los partidos, sino a un punto de equilibrio

establecido por la regente. Quizá por eso, añadido a otras causas, el sufragio

universal masculino no supuso una mayor transparencia ni un respeto a la legalidad

en las elecciones, porque siguió existiendo el manejo de la voluntad popular. Según

se decidiera quien iba a asumir el gobierno, el partido de turno conseguía la

suficiente mayoría electoral como para poder gobernar cómodamente. Puede

decirse que la intención de voto cambiaba cada dos años, como un reloj. Tampoco

los partidos perdieron su consideración de agrupación de notables para

transformarse en formaciones que buscasen el apoyo de las masas, sino que se

mantuvieron inmóviles, quizá porque la población con derecho a voto no era la más

adecuada para protagonizar una revolución política. Sólo en las principales ciudades

se produjeron cambios importantes en los resultados electorales. A partir del

sufragio universal, la representación republicana fue elevada y constante, y

empiezan a surgir los diputados que representan opciones nacionalistas. Pero la

mayor parte de la gente que podía votar con el nuevo sufragio no eran las clases

medias urbanas, trabajadores especializados ni campesinos independientes, porque

la mayoría de éstos ya votaba antes; sino que eran gente que vivía aislada de la

realidad social, con una importante tasa de analfabetismo y por tanto, fácilmente



manipulables. Esta época fue de confrontación entre las reformas que la realidad

social y política necesitaba, y la resistencia de las viejas estructuras del poder. Esto

provoca inestabilidad y frecuentes crisis sociales.

1890-1892. Gobierno de Cánovas.

Cuando el gobierno conservador llega de nuevo al poder en

1890, respetan todas las reformas hechas por los liberales, a pesar de que Cánovas

inicia una nueva política. Comienza a proteger los derechos de los trabajadores,

tratando de regular las condiciones de trabajo y mejorar su vida, a pesar de que

esto conlleva críticas, desde la izquierda y desde la derecha. Adopta una nueva

orientación económica de carácter proteccionista. En 1891 aprueba un arancel que

prima la producción nacional y suprime las franquicias de la ley de 1882. En los

primeros años de la década hay una crisis en el partido conservador y Francisco

Silvela sale del partido cuando Cánovas apoya la reintegración de Romero Robledo.

Silvela era defensor de la legalidad y de la moralidad más estricta, y Romero

Robledo era partidario de ajustar las medidas a las necesidades del momento,

adecuando los resultados electorales a los objetivos propuestos.

1892-1895. Gobierno liberal.

Cuando los liberales vuelven al poder en 1892

llegan con la firme determinación de cohesionar a las fuerzas políticas que lo

componen. Sagasta era partidario de gobiernos de integración, donde se

representasen las distintas tendencias. Gamazo ocupa la cartera de Hacienda y

pretende crear una nueva política arancelaria que sanee la economía y consiga una

mayor transparencia en la riqueza. Maura es el ministro de Ultramar, que impulsa

reformas en las colonias para mejorar la administración y Montero Ríos introduce

reformas en Gracia y Justicia. Moret se hace cargo de Fomento, donde también



impulsa algunas reformas. La cartera de guerra es para el general López

Domínguez, en un gesto de reconciliación tras su anterior salida del partido. Se

agregan numerosos republicanos, animados por Castelar, aumentando su

compromiso con el régimen y renunciando a su republicanismo. Pero las reformas

se encuentran con bastante oposición entre las bases más conservadoras de la

sociedad, y por eso la mayoría de ellas no acaban de cuajar. Pero la modernización

era necesaria, y si no se llevaban a cabo a tiempo, acabarían por estallar revueltas

sociales. El fracaso de este intento propició el fin de esta etapa liberal y la llegada

de voces disidentes de distinto signo. Antonio Maura se acerca a los conservadores,

y José Canalejas se presenta como una alternativa al liderazgo del partido. En 1894

y 1895 las diferencias entre las distintas facciones provocan varias crisis de

gobierno, que culminan en la caída del mismo en marzo de 1895. Un grupo de

oficiales del ejército asaltó la dirección de varios periódicos de Madrid, porque

pensaban que habían publicado injurias sobre ellos. Martínez Campos intentó forzar

que el asunto fuera conocido por los tribunales militares y al no querer aceptar

Sagasta ningún tipo de presión, dimitió.

La Iglesia católica y el régimen de la Restauración.

Cuando en 1883 llega a España el nuevo nuncio papal, el

cardenal Rampola, hay bastante división entre los católicos y su gestión va

encaminada a subrayar la obediencia a la encíclica Cum multa y a impulsar el

respeto por la legalidad vigente. Los integristas trataron de cuestionar su autoridad

y rechazaron la participación del liberal Alejandro Pidal y Mon en el gobierno de

Cánovas, lo cual suponía un desafío a la política conciliadora entre la Santa Sede y

el régimen canovista. Por eso el Vaticano desautoriza algunas declaraciones de los

integristas españoles, sobre todo del cardenal Pitra. En 1885 buena parte de la

jerarquía católica se adhiere a la Regencia y el nuncio consigue que en diciembre de

1895 se elabore una declaración en donde se reconoce la conveniencia de un cierto



pluralismo político, y una limitada libertad de opinión. A cambio, cuando los

liberales llegan al poder, ofrecen a la Iglesia un pacto basado en el respeto y la

colaboración recíprocos. A pesar de todo, seguía habiendo campos de

enfrentamiento, y uno de ellos era la enseñanza. Se intenta aprobar una ley de

Instrucción Pública, y a tal efecto se presenta en el congreso en diciembre de 1876,

pero el proyecto queda paralizado hasta 1884, debido sobre todo a discusiones con

la Iglesia a causa del control de la instrucción primaria y secundaria por parte del

estado en detrimento de las órdenes religiosas, al contenido de los planes de

estudio y a la ortodoxia doctrinal de la educación. Un gran motivo de discusión era

que el derecho de los obispos a censurar los contenidos de la enseñanza,

reconocido por el concordato con la Santa Sede de 1851 y que seguía vigente,

quedaba dependiendo de la principal función inspectora del estado. También había

problemas por la formulación de los matrimonios, porque la Iglesia no admitía la

legalidad de las uniones civiles. Después de arduas negociaciones, en 1887 se llegó

a un acuerdo con la Santa Sede por el cual ésta reconocía al estado la potestad de

regular los efectos civiles del matrimonio. Otro punto de desacuerdo era la defensa

del fuero eclesiástico, el cumplimiento de las obligaciones del estado respecto de la

dotación del culto y clero, el estatuto jurídico de los bienes de la iglesia y la

representación de cargos eclesiásticos.

Durante los años de la Restauración la Iglesia reforzó su posición

dentro de la sociedad española y una vez superados los malentendidos iniciales la

iglesia se vio respaldada por la confesionalidad del estado y por el apoyo del

régimen. Las órdenes religiosas aumentaron su influencia en la vida social,

aumentó también su control en la educación y se fomentó en las escuelas la

instrucción religiosa. Aumentaron también las vocaciones y la manifestación de la

devoción popular. En 1886 se crea por los jesuitas la Universidad de Deusto, y en

1904 la Universidad Pontificia. Entre 1889 y 1902 se celebraron en España seis

congresos católicos para defender los intereses de la religión, los derechos de la



Iglesia y la Santa Sede y difundir la educación cristiana. A finales de siglo se abre el

catolicismo hacia los trabajadores. En 1891 León XIII publica la Rerum novarum,

donde llama la atención sobre las clases más desfavorecidas y plantea la obligación

de intervenir. Nace un sindicalismo católico, preocupado por la cuestión social y un

asociacionismo obrero religioso que tiene un éxito relativo. Destacan los círculos

obreros católicos de los padres Castells y Vicent, o la Acción Social Popular.

Reacción anticlerical.

Surgen también reacciones anticlericales, sobre todo de

algunos grupos liberales, republicanos, socialistas o anarquistas, que se oponen a la

creciente influencia del clero y de las órdenes religiosas en la vida política, la

educación o la lucha obrera. Las manifestaciones en contra tienen lugar tanto en la

calle como en el Parlamento, donde se denuncian los privilegios de la iglesia

durante el tiempo de gobiernos conservadores, los intentos de manipulación de la

sociedad, y la acumulación de riquezas y tierras. Se trata de definir, según la Ley

de Asociaciones de 1887 los límites y funciones de las órdenes religiosas.



Tema 9. Las fuerzas antisistema.

Republicanos, anarquistas y socialistas. Los

nacionalismos.

Las fuerzas de la oposición.

En los noventa, la oposición al régimen estaba

formada por distintas opciones políticas: carlistas, socialistas, asociaciones obreras,

republicanos o anarquistas, aunque ninguna de ellas tenía la suficiente fuerza y

raigambre como para desestabilizar al régimen.

Los republicanos de los años noventa estaban

divididos en varias facciones: los progresistas de Ruiz Zorrilla, partidarios del golpe

militar y acciones de fuerza; los federales de Pi y Margall, que defendían la

organización federal de España, los centralistas de Nicolás Salmerón, donde había

intelectuales ligados a la Institución Libre de Enseñanza, y los posibilistas de Emilio

Castelar, que se autodisolvieron al incorporarse a los liberales más adelante. Todas

eran formaciones interclasistas, pero estaban compuestas por distintas elites. Era

muy importante para su desarrollo la existencia de tertulias, ateneos y

cooperativas. Y utilizaban con notable éxito la plataforma de lanzamiento que

representaba la prensa. Periódicos como El Globo, El País, La Publicidad o El Nuevo

Régimen, fueron un vehículo fundamental para expandir sus ideas. Para proponer

los graves problemas sociales y económicos, proponían mayor intervención del

estado en los asuntos laborales, creación de cooperativas de explotación, reparto

de tierras o concesión de créditos baratos. Los republicanos tuvieron mayor

predicamento en la ciudad que en el campo, aunque también se extendieron por



núcleos rurales de Cataluña y Andalucía. Fueron siempre un punto de referencia

para las organizaciones obreras.

Los líderes aparecían como defensores de la integridad

moral en la vida y en la política, y sus discursos estaban repletos de una gran carga

moralizante, aunque también hubo abusos, errores y corruptelas entre estos

mismos líderes republicanos.

El triunfo de los republicanos en las elecciones de 1893, a

las que se presentan unidos y consiguen 43 diputados, representa la aceptación

como una opción política más. Para conseguir buenos resultados electorales

tuvieron que recurrir a los mismos mecanismos que los otros partidos y sobre todo

dejar al margen la violencia.

Los carlistas.

A partir de 1888 los carlistas trataron de incorporarse a la

sociedad y acogiéndose a una reciente Ley de Asociaciones, tanto don Carlos como

el marqués de Cerralbo, llevaron el partido hacia una vida social activa. Trataron de

integrarse en la vida política a través de una importante labor de propaganda, tanto

oral como escrita. Defendían la monarquía tradicional y el catolicismo integrista,

que se circunscribía, sobre todo, a Navarra y las provincias vascas, aunque el

nacionalismo vasco pronto les restó partidarios. Poco a poco la ideología carlista fue

perdiendo su razón de ser y cuando muere el pretendiente, Carlos VII, en 1909, y

diez años más tarde el partido se escinde, nunca volverán a la gloria de antaño.



Organizaciones obreras.

A fin de siglo el movimiento obrero no sólo se desarrolló

en el seno de los partidos políticos, sino que también creció a través de

asociaciones que defendían los derechos de los trabajadores y trataban de mejorar

sus condiciones de vida. Pero en el fondo, detrás de la mayoría de estas

asociaciones latían las ideas de diversos partidos políticos, bien fuesen anarquistas,

socialistas o republicanas, e incluso católicas. Los anarquistas españoles defendían

posturas pacifistas y buscaban una sociedad en la que primase la armonía natural,

la igualdad y la solidaridad, además del rechazo a las normas, que consideraban

restrictivas y coercitivas. Pero algunos militantes, a veces de manera totalmente

individual, llevaron a cabo actos terroristas y por eso todos los anarquistas en

general tuvieron que sufrir una brutal represión, porque se identificaba anarquismo

con terrorismo y violencia. Pero no solo eran violentos los anarquistas, porque en

1892 una masa de campesinos trata de hacerse con el control de Jerez de la

Frontera para liberar a varios compañeros que estaban en la cárcel. Hubo tres

muertos en el asalto, cuatro penas de muerte y 16 cadenas perpetúas. En 1891

varios anarquistas colocaron una bomba en los locales de Fomento del Trabajo, y el

capitán general de Cataluña, Martínez Campos, sale ileso de un atentado. Ese

mismo año estalla una bomba en el Liceo de Barcelona, con 22 muertos, y en la

procesión del Corpus, también en Barcelona, estalla una bomba, y mata a 45

personas. En 1894, como resultado de esta ola de atentados, se aprueba la primera

ley antiterrorista, que condenaba los atentados y asociaciones que amparaban esos

delitos. La policía emprende una dura campaña represiva.

Movimiento socialista.

En los noventa el partido socialista continua

expandiéndose, pero lentamente. Se trata más bien de un período de maduración



ideológica y de consolidación en la organización y hasta que Pablo Iglesias no llegó

al Parlamento en 1910, no se inicia su verdadera proyección en política. El

socialismo está en auge sobre todo en los sectores industriales, mineros y

siderúrgicos, y en el campesinado de manera bastante escasa, así como entre la

mayoría de intelectuales. Hasta 1910 nunca consiguieron más de 30.000 votos, por

lo cual no conseguían diputados, así que a falta de presencia parlamentaria, su vida

política y manera de darse a conocer se producía en la calle, a través de la prensa,

de los círculos obreros y de la labor sindical, a través de huelgas y manifestaciones.

El semanario El socialista era su principal órgano de propaganda y durante varios

años fue su único órgano estable. Poco a poco van haciendo congresos en la

mayoría de las ciudades más importantes de España y es en las elecciones

municipales de fin de siglo cuando tienen más éxito y cuando se empieza a poder

plasmar su proyecto político.

Los nacionalismos.

En la última década del siglo hay una transformación en

las regiones periféricas, en donde se empiezan a defender particularidades de cada

zona y se pone en cuestión la unidad de un estado centralista. También hay que

decir que esta explosión coincide con un esplendor de movimientos culturales de

significación regional. Y también es muy importante el desfase existente entre la

evolución de las elites dirigentes en el País Vasco y Cataluña con el resto del país.

Todo ello hace que se afirmen los nacionalismos y que se formulen propuestas

diferentes para la articulación del estado.

Desde los años setenta comienzan a proliferar en

Cataluña publicaciones regionalistas donde se afirma la idea de una nacionalidad

catalana, y ahí caben los artículos de Juan Mañe i Flaquer, director de Diario de

Barcelona, o los del obispo de Vic, José Torras y Bages, cuyas ideas tienen mucho



predicamento en el mundo rural. El primer periódico en catalán es Diari Catalá, que

data de 1877. El primer congreso catalanista se celebra en 1880, y dos años más

tarde se crea el Centre Catalá. En 1886 aparece el libro Lo Catalanisme, de Valentín

Almirall, quien desde posiciones federalistas evoluciona hasta un catalanismo

conservador. En 1885 le presentan al rey un documento promovido por una

coalición de instituciones catalanas, el Memorial de Greuges, donde se defienden

intereses morales, políticos, legales y económicos privativos de Cataluña; y que

respondía al sentimiento de que el código civil y los tratados comerciales,

especialmente los firmados con Gran Bretaña, perjudicaban los intereses catalanes,

y por eso reclamaban la concesión de unos derechos especiales para Cataluña. A

partir de ese momento el nacionalismo catalán se va afirmando cada vez más. En

1887 se funda la Lliga de Catalunya, de raíces católicas y conservadoras, con

hombres tan significados como Montaner o Prat de la Riba. Poco a poco se van

organizando una serie de mítines en donde se defiende la idea de un derecho civil

catalán, se reivindica la nación catalana y se reclama que Cataluña vuela a tener

cortes generales independientes. Este discurso va subiendo de tono de manera

progresiva y en 1890 Prat de la Riba defiende la existencia de una patria catalana,

en razón de una lengua, una historia y un derecho propios. La fusión del Centre

Escolar y la Lliga de Catalunya da lugar a la Unió Catalanista, en cuya primera

asamblea se aprueban las Bases para la Constitución Regional Catalana, donde se

defiende la restauración de las antiguas instituciones del principado y se reclama el

traspaso de competencias políticas, económicas, jurídicas y militares a Cataluña.

Pero nunca se llega a cuestionar la integración del estado catalán en el seno del

estado español. Para conseguir sus objetivos, desde los años noventa los

catalanistas aumentan su presencia en las principales instituciones regionales hasta

llegar a controlarlas. En 1901 se crea el primer partido catalanista, la Lliga

Regionalista de Catalunya, liderada en un primer momento por Prat de la Riba,

y donde luego destacaría Francisco Cambó. A partir de la pérdida de las colonias y

el aumento del descontento social, surge un nacionalismo más radical. Desde el



mundo de la cultura también se promueve la afirmación del nacionalismo, mediante

movimientos como la Renaixença o el noucentisme. Instituciones como el Ateneo

de Barcelona o la Academia de Jurisprudencia, revindicaron la existencia de una

cultura propia.

En el País Vasco el movimiento nacionalista es distinto, aunque

coincida en el tiempo con el catalán. La ley de 21 de julio de 1876 había derogado

los fueros vascos y en su lugar se aprobaron conciertos económicos en 1878, que

permitían al País Vasco mantener un sistema privativo de autonomía fiscal, por la

cual las propias diputaciones provinciales eran quienes recaudaban los impuestos y

luego pagaban el cupo señalado al estado. Pero estas medidas no parecían ser

suficientes. La supresión de los fueros conllevó

un descontento que acabó en la afirmación de

una lengua vasca y la s particularidades

regionales. En los noventa Sabino Arana hace

de los fueros el símbolo de la soberanía vasca, y

afirma que los vascos, por su lengua, su cultura

y sus costumbres, son una nación particular,

independiente del resto de España. Publica en

esta época su obra Vizcaya por su

independencia, funda el periódico Bizkaitara y

crea el Partido Nacionalista Vasco. Se empieza a

hablar de Euskadi como la patria de los vascos,

se reivindica el uso del euskera y se promulga la necesidad de la euskaldunización

de la sociedad. Se idealiza el mundo rural y las costumbres de los antepasados

justo en un momento en que la zona empieza a modernizarse a marchas forzadas.

Por eso el movimiento vasco tiene más éxito en el campo y gana calado social ante

la moderación del discurso separatista y la colaboración con grupos de la derecha

católica. Arana es elegido diputado provincial por Bilbao y se incorpora al partido el



grupo liderado por el naviero Ramón de la Sota. En 1902 Arana declara que el

objetivo debe ser luchar desde la legalidad por una autonomía lo más amplia

posible dentro del estado español. Por tanto, al nacionalismo vasco se le abren dos

caminos: uno posibilista y autonomista, y otro antiespañolista e independentista.

Los nacionalistas vascos consideran a España dentro de una vertebración

centralista que rechazan, y reclamaban la autonomía y la autogestión como

primeros pasos de unos objetivos que iban más allá. Pero este nacionalismo no

supo ganarse a la oligarquía vasca, plenamente identificada con la Restauración.

En Galicia desde fines de los ochenta aparecen publicaciones donde

se afirman sus características especiales como pueblo, destacando El regionalismo,

de Alfredo Brañas, o los escritos de don Manuel

Murguía, que le convirtieron en una especie de

patriarca del nacionalismo gallego. Desde una

inspiración algo más liberal escribe Aureliano Pereira,

de carácter federalista, que logra el apoyo de la

burguesía y de algunos núcleos campesinos. El clima

de estas obras se plasma en movimientos como la

reunión de la Asamblea Federal de la Región gallega,

celebrada en Lugo en 1887, en la cual se aprueba el Proyecto para la Constitución

del Estado Galaico. Murguía preside la Asociación Regionalista Gallega, de la cual

luego se escinde la Liga Gallega de La Coruña, de inspiración liberal, y la de

Santiago, más conservadora. En la segunda década del siglo XX surge una

formación política gallega que ya es claramente nacionalista; As Irmandades da

Fala.

El nacionalismo valenciano tiene un despertar más tardío, aunque

ya a final de siglo comienza un discurso de afirmación nacionalista a través de los

escritos de Faustino Barberá, De regionalisme y Valentinicultura, o las obras de



Blasco Ibáñez. Se hablaba de las condiciones específicas de los valencianos, de las

antiguas costumbres y de una lengua forjada entre las presiones del catalán y del

castellano. Pero todavía este incipiente nacionalismo se debate entre la integración

en los “países catalanes” o la afirmación de Valencia como nación diferenciada y

autónoma.



Tema 10. La pérdida de las colonias. La crisis

de fin de siglo. (1895-1902)

La sociedad española ante la guerra.

La vida política desde 1895 estuvo condicionada por la

marcha de la guerra en las colonias y por el enfrentamiento con Estados Unidos.

Con el último gobierno de Cánovas, que duraría hasta su asesinato, y luego con el

de Sagasta y un pequeño paréntesis de Azcárraga, la vida parlamentaria se

desarrolla sin grandes discrepancias, pues existe la preocupación de la guerra y de

conseguir los recursos necesarios para ello. Quizá por ello los presupuestos se

aprobaron sin problemas y la consigna era estar unidos en el objetivo común. Pero

a medida que se iba evidenciado el fracaso, también empezaron a surgir las

diferencias. La sociedad española se dividió en los grupos que apoyaban la guerra,

principalmente los partidos dinásticos, gran parte de los republicanos y los

carlistas; y los que eran partidarios de una solución pacífica: federales, socialistas y

algunos sectores nacionalistas.

La guerra era considerada por los partidos dinásticos como

un mal menor, aunque los políticos fuesen conscientes de la superioridad

americana. Sabían que la guerra estaba perdida, pero preferían perder las colonias

en una guerra que cederlas pacíficamente y poner en peligro la estabilidad del país

y la monarquía. Les asustaban las consecuencias que pudiesen tener la pérdida de

Cuba y Filipinas, sobre todo que el ejército se sintiese traicionado y tuviera lugar un

pronunciamiento militar. Había otros sectores que se sentían preocupados

esencialmente por la propia pérdida de las colonias, como los comerciantes,

hacendados, militares y funcionarios destinados en Ultramar, o las órdenes



religiosas vinculadas a Filipinas, así como sociedades geográficas partidarias de la

expansión colonial.

Los empresarios españoles interesados en el negocio

colonial, pero sin tierras y sin inversiones directas en las colonias, apoyaron una

salida rápida del conflicto, pero con una dura negociación que permitiese obtener

beneficios en los futuros negocios. La prensa y la Iglesia fueron legitimadores de la

guerra. La prensa creó, incluso, falsas expectativas e hizo nacer un clima patriotero

e incendiario. La Iglesia celebró manifestaciones religiosas a favor de los

combatientes.

Los partidos antidinásticos no aprovecharon la guerra

para atentar contra el sistema político, debido a que carecían del poder necesario y

se hallaban muy divididos. Los carlistas, al principio, apoyaron la guerra; pero a

medida que avanzaba, pensaron que el desprestigio del régimen podría significar la

caída de la monarquía y darles a ellos una opción. Pero no podían actuar por si

solos, y únicamente podían apoyar a algún militar descontento. Pero las acciones

aisladas, como algún asalto a cuarteles de la Guardia Civil, no tuvieron significación

alguna.

La guerra coincidió en un momento en que los republicanos

estaban especialmente débiles, porque Castelar se había integrado en el sistema

político y Ruiz Zorrilla estaba enfermo. Menos los federales, todos los demás

adoptaron posturas contradictorias durante el conflicto. Apoyaron las medidas

autonomistas y las reformas en las colonias, pero adoptaron una actitud patriotera

exaltando la necesidad de una victoria; en espera de que la derrota se volviera

contra el régimen. Los federalistas de Pi y Margall defendieron la concesión de

amplia autonomía a las colonias, y según se fue radicalizando el conflicto, optaron



por la independencia. Cuando comenzó el enfrentamiento con Estados Unidos se

manifestaron en contra de una guerra que creían perdida de antemano.

Los socialistas evolucionaron desde el rechazo a la guerra hasta

una condena al régimen colonial para luego centrarse en el descontento popular

ante el conflicto. Se manifestaban en contra del servicio militar, el sistema de

reclutamiento y el pago de la redención del servicio, y trataron de canalizar estas

protestas en contra de la guerra. Esta actitud les benefició enormemente más

tarde.

La guerra confirmó las tesis internacionalistas de los anarquistas,

pero apenas tuvieron ocasión de demostrar su postura, debido a la represión del

anarquismo terrorista.

Algunos intelectuales, como Costa o Unamuno se manifestaron en

contra de la guerra, al igual que muchos nacionalistas. En Galicia, la crisis rural hizo

que nacieran en esta época las Ligas Agrarias; y en el País Vasco el nacionalismo

rechazó cualquier proyecto colonial, aún en el caso de que favoreciese capitales

vascos. En Cataluña, aunque empezaron a ponerse al lado del gobierno, los

fracasos militares y la pérdida de las colonias los desligaron de la política de Madrid.

Se solía ver en la despedida o recibimiento de soldados por parte del

pueblo, un apoyo a la guerra, pero en realidad la sociedad era contraria al

reclutamiento, porque mucha gente no sentía demasiado interés, y menos aún

querían perder vidas de sus seres queridos y manos para trabajar. Con la guerra se

consolidan disidencias, especialmente de socialistas y nacionalistas, pero la

contienda no provocó grandes cambios en el mapa de la política española. Se

mantuvo la constitución, una composición de cortes similar, los mismos partidos e

incluso los mecanismos que tanto se criticaban.



La política exterior en los años noventa.

En este aspecto fueron años turbulentos y

cambiantes, donde se vivió una expansión imperialista que enfrentó a algunas

potencias. Priman la fuerza, el poder y la ambición por encima de la conciliación, el

orden y el derecho. Es la época del darwinismo político, donde se afirma la

desigualdad de las naciones, la necesidad de la lucha entre países como

instrumento de la Historia para la selección de los mejores. Por eso en esta época

aumenta la rivalidad entre potencias. También es momento de expansión

económica e industrial, y la técnica llega a los medios militares, lo cual favorece la

expansión de las grandes potencias. Aparecen en escena nuevos países

emergentes, como Estados Unidos y Japón, y en Europa, la caída de Bismarck

significa un cambio en las relaciones internacionales. El nuevo gobierno alemán no

renueva el acuerdo secreto con Rusia, y esto permite que el imperio ruso llegue a

un acuerdo con Francia, que recupera confianza en el terreno internacional. Todavía

existía el contrapunto de la Triple Alianza, pero ya se barajan alianzas nuevas. Las

rivalidades ultramarinas determinan las relaciones entre las potencias en mayor

grado que la situación en Europa. Gran Bretaña se aísla respecto al continente y se

acerca a una alianza con Estados Unidos.

La política exterior en España está condicionada por la situación

en las colonias y la consiguiente inseguridad en el futuro ultramarino, por lo cual en

las cuestiones europeas apenas hay participación. España se vio colocada, sin

desearlo, en el epicentro de un nuevo reparto de los espacios coloniales, y tuvo que

afrontar guerras no deseadas en Cuba y Filipinas, y más tarde con los Estados

Unidos. Además hay un incidente en Melilla con Marruecos, una rebelión en Ponape

y revueltas en Mindanao; además de ver crecer en el Pacífico la tensión con Japón.

Para hacer frente a tanto conflicto, se busca la complicidad europea, pero España



no encuentra más ayuda que una cierta simpatía internacional. Un tema

fundamental es la renovación de la adhesión a la Triple Alianza, el arancel

proteccionista de 1891, las reformas de Maura en Ultramar, o los debates en torno

a la autonomía de las colonias. Veamos:

1. España tenía una vinculación a la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría,

e Italia) aunque el alcance de los acuerdos era limitado, porque no se

trataba de una alianza formal, sino un mero intercambio de notas entre

ministros, y tiene como objetivo fundamental la defensa en el Mediterráneo.

Se trataba de impedir la expansión francesa en el norte de África. Las

cláusulas del tratado impedían a España suscribir tratado alguno con Francia

que pudiese ir en contra de las potencias de la Triple Alianza. Cuando

Cánovas llega al poder en 1890 mantiene los compromisos de los liberales y

en 1891 renueva este tratado, aunque con algunas variaciones. Mantiene la

declaración de defensa del principio monárquico, pero consigue que el

compromiso de no suscribir acuerdos con Francia no fuese solo español, sino

que también se extendiese a Italia. España se reservaba libertad de acción

para garantizar la defensa de sus territorios en el Norte de África. Cuando en

mayo de 1895 hay que hacer la segunda revisión del acuerdo, se replantea

la conveniencia de mantenerlo con Italia, porque este gobierno exigía unas

condiciones inaceptables para España, exigiéndole el compromiso de que no

caería bajo la órbita francesa. Cánovas y el conde de Tetuán, que era el

ministro de estado, deciden no renovar el acuerdo. Las relaciones con

Francia en este momento habían mejorado y había importantes relaciones

comerciales entre los dos países. En este momento los problemas exteriores

para España estaban más ligados a Cuba que al norte de África. Para

suavizar el desencuentro entre España e Italia, en octubre de 1895 se

aprueba un acuerdo verbal, que no pasa de ser una mera declaración de

buenas intenciones.



2. Bajo la inspiración proteccionista se firman algunos acuerdos comerciales,

bajo la premisa de que el estado debe regular la economía y moderar la

concurrencia, para lo cual se adopta una clara política proteccionista,

aunque abierta a negociaciones. Esto conlleva muchas críticas, porque se

identificaba proteccionismo con conservadurismo. El 31 de diciembre de

1891 fueron suprimidas las franquicias de la ley de 1882 y se adoptaron

medidas que favorecían la economía interior, y así fue como se negociaron

una serie de importantes tratados comerciales. Con Francia había muchas

discrepancias en las tarifas a aplicar a determinados productos que

imposibilitaron el entendimiento con Cánovas, y serían los liberales en 1894

quienes culminaron las negociaciones. Pero se firmaron acuerdos con

Noruega, Suecia, Países Bajos y Suiza, de manera definitiva, y otros

acuerdos provisionales con Austria-Hungría, Alemania e Italia. Esta política

proteccionista también tuvo importantes consecuencias en las colonias,

porque primó la entrada de productos peninsulares en las islas, pero al no

existir reciprocidad en el trato, España no fue la principal compradora de

productos de Puerto Rico, Cuba o Filipinas, sino que este mercado se orientó

más bien hacia Estados Unidos, Gran Bretaña y los países del norte de

Europa.

3. A ambos lados del Estrecho hubo conflictos. En 1893, durante la etapa

liberal, tiene lugar la guerra de Melilla, a causa de unas obras impulsadas

por el gobierno español, pues se autoriza en Sidi Guariach la construcción de

un fuerte en los terrenos de una antigua mezquita musulmana, y el asunto

es considerado una provocación por parte de los rifeños, quienes sitian

durante varios días a mas de dos mil españoles en Cabrerizas Altas. El

conflicto se resuelve mediante el tratado de Marraquech, negociado por

Martínez Campos, mediante el cual el sultán se comprometía a castigar a los

rifeños, controlar a la población y crear una comisión hispano-marroquí para

que delimitara una zona neutral; y además se reconoce el derecho de los



españoles a construir el fuerte. Al año siguiente hay tensiones por Gibraltar,

porque España refuerza algunas posiciones cercanas a la bahía de Algeciras

y Sierra Carbonera, y el gobierno británico se molesta, aunque el conflicto

no pasa a mayores.

4. Problemas en el Pacífico, ya que España en los años ochenta había pensado

en impulsar las relaciones con Japón y se pretende establecer unas líneas de

comunicación que unan las islas españolas del Pacífico con Japón, y

potenciar la emigración japonesa a las colonias, así como firmar tratados

comerciales. Pero en los noventa, ante el desarrollo económico y militar de

los japoneses, España cambia de actitud y adopta una política defensiva

encaminada a frenar la influencia nipona en las islas españolas. Se deja de

favorecer la emigración de braceros y se controla a los japoneses que ya

están establecidos.

Podemos decir que tanto liberales como conservadores trataron de reforzar la

presencia española en el exterior, tanto en lo político, como en lo económico y lo

estratégico. La consigna era mantener y defender.

Guerra en Cuba.

La guerra estalla en 1895, con el llamado Grito de Baire, y la

rebelión está capitaneada por Máximo Gómez, y apoyada

por José Martí. La rebelión se inicia en las sierras de

Oriente y llega hasta Santiago. Inicialmente Cánovas no

quiere negociar, sino restablecer la paz, y más tarde ya se

vería como se preparaban las reformas, pero no se

contemplaba la separación ni la independencia. Para

intentar la pacificación, se nombra al general Martínez Campos gobernador general,

aunque fracasa en sus deseos de pacificación. Al creer necesaria una respuesta



militar, reclama nuevos contingentes de tropas y consigue atravesar la isla, aunque

las tropas rebeldes contraatacan con fuerza. Martínez Campos no quiere tomar

medidas contra la población civil que apoya a la guerrilla, y por eso pide el relevo

de su cargo. Cánovas designa ahora a Valeriano

Weyler, con experiencia en guerras tropicales.

Concentra a la población civil en zonas

controladas y divide la isla en compartimentos

estancos mediante líneas fortificadas, que iban

de costa a costa. Aunque desde España se envían

más tropas, hay muchas bajas por enfermedad y

las tropas españolas son poco efectivas en la isla.

Lo difícil siempre es derrotar a la población que

apoya la rebelión. Pero ni Cánovas ni Sagasta,

desde la oposición, querían renunciar a este rico territorio y como los españoles

eran más poderosos en lo militar, dominaban las ciudades y las principales vías de

comunicación, pero las dificultades eran el clima y la tensión con la población civil.

Los insurrectos seguían aumentando su fuerza y posiciones, porque controlaban la

selva y actuaban en emboscadas, además de que contaban con la ayuda exterior

de los Estados Unidos. La primavera de 1897 acabó con un debate parlamentario.

Sagasta opina que el triunfo es imposible y debe optarse por una política

autonomista. Cánovas no era partidario de esta opción, pero propone a la reina

retirarse, para que los liberales puedan llevar a cabo sus ideas autonomistas,

porque él no estaba dispuesto a ejecutarla. La reina decide mantener su confianza

en Cánovas, que ordena a Weyler intensificar los esfuerzos bélicos, dándose de

plazo hasta finales de año. Pero durante las vacaciones, en agosto, Cánovas es

asesinado por un anarquista. Algunos autores han querido ver en este asesinato la

influencia de grupos con intereses cubanos. La muerte de Cánovas, junto con la

intensificación de la presión americana, cambia el rumbo de la guerra. Sagasta

llega al poder y se adopta una política autonomista. Weyler es sustituido por el



general Blanco y en 1898 se adopta una ley concediendo la autonomía a Cuba, y

por extensión, a Puerto Rico. Se establece la igualdad de derechos políticos con los

peninsulares y en ambas islas se impone el sufragio universal. Pero las medidas

llegaban tarde. Ni los cubanos ni los norteamericanos se sienten satisfechos.

Guerra hispano-norteamericana.

En 1898 Estados Unidos decide intervenir en el conflicto

cubano y declara la guerra a España, lo cual afecta a todas las posesiones

españolas en el Caribe y el Pacífico. Para esta intervención hay motivos políticos,

estratégicos y económicos. Estados Unidos era en este momento un país muy

poderoso y muchos grupos de opinión deseaban una política exterior más activa

que convirtiese al país en una gran potencia. Los sectores expansionistas, entre los

que se encontraban los republicanos, militares, comerciantes, misioneros y

sociedades humanitarias, querían empezar a operar en el Caribe y Latinoamérica, y

en la zona del Pacífico y Extremo Oriente. Por eso desde que empezó la guerra

cubana los americanos se inclinaron a favor de la causa revolucionaria; aunque

había muchos hombres de negocios reacios a entrar en la guerra, porque pensaban

que sería un freno para el avance económico. Pero de todos modos, aún antes de

entrar, la guerra cubana ya influía en el mundo de los negocios americanos, y por

eso se pensaba que era preferible intervenir para acortar la guerra. El Congreso se

convirtió en el principal defensor de una Cuba libre, ya desde antes de la

intervención. En abril de 1896 las cámaras solicitaron a la administración americana

que reconociese la beligerancia en la isla, pero el presidente Cleveland se niega a

inmiscuirse en una lucha que considera ajena. Cuando llega a la presidencia

McKinley tampoco siente especial interés en los asuntos cubanos, y se limita a

intentar negociar con España para que modificase su manera de actuar en la isla.

Pero en 1897 su postura se radicaliza, porque teme que los sectores más

revolucionarios entre los cubanos se hagan con el control y perjudiquen los



negocios americanos. Pensaba además que quizá en este momento una

intervención en Cuba le granjease la simpatía del electorado y le hiciese ganar

votos. Por eso se decide la intervención en 1898. Hay un nuevo factor que entra en

juego, porque las grandes potencias parecían dispuestas a repartirse la distribución

del Extremo Oriente y la política de puertas abiertas de China se veía en peligro.

Los Estados Unidos temían quedar fuera de ese ámbito, y por todo el país se

extiende la necesidad de una intervención también en Extremo Oriente. McKinley

propone encontrar una solución conjunta para los dos casos; si se declaraba la

guerra a España acabarían con la insurrección en Cuba y al mismo tiempo alguna

de las islas españolas en el Pacífico podría convertirse en una base militar desde la

que proteger los intereses americanos en Asia. Hubo otros acontecimientos que

vinieron a facilitar las pretensiones del presidente. Y uno de ellos fue el asunto del

Maine, buque de la Armada enviado a proteger las vidas e intereses de ciudadanos

americanos en Cuba, y que explotó en el puerto de La Habana en 1898; según los

americanos debido a una mina colocada deliberadamente; aunque con toda

seguridad es algo falso. Además se publica una carta privada del ministro español

en Washintong en que se critica al presidente americano, lo cual conlleva un

enorme escándalo. El senador Proctor informa de una visita reciente a Cuba que se

necesita con urgencia acción norteamericana para acabar con el “genocidio” que se

estaba cometiendo en la isla. El presidente consigue del Congreso autorización para

emplear en la guerra 50 millones de dólares y envía notas al gobierno español

solicitando el armisticio, imponiendo unas condiciones de difícil cumplimiento.

España n acepta, y McKinley solicita del congreso permiso para iniciar la guerra,

justificándola con razones humanitarias.

El conflicto hispano-norteamericano se internacionaliza porque la

guerra puso en cuestión el futuro de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas

españolas de la Micronesia, abriendo un debate sobre el porvenir de estos enclaves.



En todo el panorama internacional hay unos condicionantes que deberemos

repasar:

• Imperialismo. Las relaciones entre las naciones, en este momento, se

basaban sobre todo en la fuerza y era también el momento de máxima

expansión colonial, donde las potencias se repartían los territorios libres y

comenzaban a iniciarse nuevos problemas: el reparto de China, el status de

aquellos territorios que estaban bajo la soberanía de fuerzas coloniales que

ya no podían defenderlos, la adjudicación de territorios, como Samoa, que

permanecían entre intereses enfrentados. Para ser una gran potencia había

que tener colonias.

• Cambio en el orden mundial. La preponderancia europea toca a su fin.

Emergen nuevas potencias extraeuropeas, como Japón y Estados Unidos, y

los espacios ultramarinos cobran especial importancia en las relaciones

internacionales.

• Problemas de economía internacional. Muchos países adoptan políticas

proteccionistas, se establecen mercados reservados, se necesitan

concesiones de préstamos, control de comunicación con las colonias. La

política arancelaria que España había adoptado, beneficiaba al país, pero no

a las colonias ni a las demás potencias. Quizá por eso ningún país extranjero

quiso ayudar a España para que perpetuase una situación que les

perjudicaba.

La guerra tiene dos escenarios: en el Caribe se acepta la aplicación de la doctrina

Monroe, en razón de la cual esta zona era de influencia norteamericana, por lo cual

las potencias europeas no debían implicarse; y el Pacífico , donde había una

importante rivalidad entre potencias para hacerse con áreas de influencia y

mercados reservados para empezar a penetrar en China. Por eso la mayoría de las

potencias europeas también desean intervenir en la zona. Unas apoyan la



adquisición norteamericana de Filipinas, como es el caso de Gran Bretaña, y otras

intentan hacerse con parte del botín, como Alemania o Japón. Alguna, como

Francia, intenta tan sólo crear alguna compañía multinacional en la zona. En ningún

caso se planteó el autogobierno de los pueblos filipinos o de la Micronesia.

De todos modos, la guerra también se internacionalizó porque España solicitó la

colaboración de otros países en tres momentos:

1. para frenar la intervención americana en Cuba, buscando la ayuda de Gran

Bretaña; pero los ingleses pensaban que la cuestión colonial española no era

tema de su competencia; ya demás necesitaban el apoyo americano para

frenar la expansión rusa en zonas de importancia para Inglaterra. Vuelve

Cánovas a intentarlo en 1896, pretendiendo que Gran Bretaña dirija una

acción conjunta con otras potencias, y aunque Alemania y Austria-Hungría

parecen dispuestas, Estados Unidos avisa de que considerará cualquier

acción prueba de no amistad.

2. para evitar la guerra con Estados Unidos; en 1898 Sagasta rechaza la

petición del embajador americano de que se ponga fin a la guerra y reclama

de nuevo la colaboración de las potencias. Hasta María Cristina escribe a



varios monarcas europeos solicitando ayuda. Nadie se atreve a hacer nada,

y se aconseja que España solicite la mediación de la Santa Sede.

3. para minimizar sus consecuencias. En abril de 1898 el gobierno español

consigue una respuesta internacional. Un representante del Papa, Monseñor

Ireland, resaltó en Washington los esfuerzos españoles por suspender las

hostilidades en Cuba, y las potencias europeas escriben una nota conjunta

apelando a la humanidad de los americanos. Se destaca también el principio

monárquico y la estabilidad necesaria del gobierno español para el beneficio

conjunto de Europa. Pero la política exterior de España la había dejado

separada de los acuerdos internacionales y tenía poco que ofrecer para

compensar el apoyo de las grandes potencias. Nadie quería enfrentarse a

Estados Unidos. A pesar de todo, el káiser, la reina Victoria y el emperador

Francisco José se muestran dispuestos a apoyar a la reina regente, aunque

sus gobiernos no vayan más allá de la mera simpatía o las condolencias. A

fines de siglo las potencias se dividían en varias alianzas: la Triple Alianza

reúne a Austria-Hungría, Alemania e Italia; la Dúplice, que reunía a Francia

y Rusia. Gran Bretaña estaba aislada y enfrentada a varias potencias por

temas coloniales, así que los británicos deseaban una alianza provechosa

con los americanos, por lo cual no podía permitirse apoyar a España.

Alemania también mantenía buenas relaciones con Estados Unidos y además

estaban preocupados por impulsar una nueva política mundial, que les

llevase a engrandecer su imperio, su industria y su comercio, con lo cual

tampoco podía ofender a los americanos apoyando a España; sin contar con

que los alemanes pensaban quedarse con el sur de las Filipinas, las

Carolinas, las Marianas y Palaos. La nación que más dispuesta se mostró a

ayudar a España fue Austria-Hungría, pero no tenía excesiva fuerza en

Europa. Rusia estaba demasiado alejada de los problemas españoles, y sus

preocupaciones más bien iban hacia el Mediterráneo y Extremo Oriente.

Francia estaba inmersa en pleno proceso de expansión colonial, enfrentada a



Gran Bretaña y preocupada por la defensa frente a Alemania en el

continente. No deseaba enemistarse con las demás potencias europeas ni

con Estados Unidos.

La guerra fue corta. La primera acción bélica fue un ataque contra

Filipinas, dirigido por el comodoro Dewey, que se enfrentó en Cavite a la escuadra

española en el Pacífico, mandada por el contraalmirante Montojo.

Quedaron destruidos los barcos que protegían las islas y tras varios meses de

combate por tierra, el 13 de agosto capitula Manila, y su caída arrastra a todo el

archipiélago. El gobierno español manda otra escuadra, al mando del capitán

Cervera, a defender las islas del Caribe. La flota tiene que reponer carbón en

Santiago de Cuba, donde es bloqueada por la escuadra de Simpson. El gobierno

obliga a Cervera a abandonar el puerto y enfrentarse a su enemigo, pero nada

puede hacer. Las batallas terrestres continúan, hasta que el 12 de julio cayó

Santiago. El 12 de agosto se firma el Protocolo de Washington, que significa el final



de las hostilidades. La comisión de paz se reúne en Paris el 1 de octubre de 1898.

De la parte española acuden Eugenio Montero Ríos, el ex ministro Buenaventura

Abárbazua, José de Garnica, Rafael Cerezo y Emilio de Ojeda. Los norteamericanos

están representados por el secretario de estado Wiliam Day, el presidente de la

comisión de Exteriores en el senado, Cushman Davis, William Frye y Whitelaw Reid.

Estados Unidos se negó a hacerse cargo de los gastos y obligaciones de la Deuda

cubana, y respecto a Filipinas, las exigencias fueron aumentando a medida que

pasaba el tiempo. Empezaron reclamando una base en la isla de Luzón, y acabaron

pidiendo todo el archipiélago. Estados Unidos termina quedándose con todas las

islas, y España recibe a cambio veinte millones de dólares. En cuanto a la

Micronesia, Estados Unidos había conseguido la isla de Guam, mediante conquista,

y así consta en el tratado, pero no pueden obtener ninguna de las islas Carolinas,

porque Sagasta y Bismarck habían iniciado una negociación secreta paralela a la de

Paris, y España había cedido a Alemania las islas Carolinas, las Marianas y Palaos a

cambio de 25 millones de pesetas, y dejando la concreción definitiva de los

términos al final de la Paz de Paris. Inglaterra apoya las tesis alemanas.

La crisis de fin de siglo.

Después del 98 los políticos, intelectuales, clases ilustradas,

militares e incluso la prensa sintieron que la derrota expresaba la culminación de un

siglo de decadencia y esto trae como consecuencia que se produzca una crisis en la

conciencia nacional que provoca una reflexión sobre España y su significado. Es el

pesimismo generalizado lo que origina la idea del desastre, pero en realidad esta

visión catastrofista no se correspondía del todo con la realidad, porque las crisis

que sufrió España no eran tan distintas de las padecidas en otros países europeos

en la misma época, y las repercusiones que ocasionó fueron limitadas. España

podía decirse que estaba dentro de la normalidad de su entorno, pero el pesimismo

generado por el 98 provocó el replanteamiento de lo que debía ser España e



impulsó una actitud reformista: había que mejorar y modernizar España. Estos

sentimientos se extendieron también a otros sectores de la sociedad, y se evidencia

un deseo de transformar las estructuras básicas y las actitudes políticas. A este

movimiento se le llamó REGENERACIONISMO, y afecta a la vida pública española a

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se sustentaba en el descontento general

de la sociedad, y potencia la modernización del país a muy distintos niveles.

Aunque el 98 actuó como revulsivo, esta idea ya empieza a gestarse en los años

sesenta.

El pensamiento regeneracionista da lugar a una literatura angustiad,

según podemos ver en las obras de Lucas Mallada, Joaquín Costa, Ricardo Macías

Picavea y otros. También queda patente esta realidad en la revista España

Moderna, impulsada por Lázaro Galdiano, o de las actividades de la Institución Libre

de Enseñanza, o de las publicaciones del Ateneo de Madrid. Hay también una serie

de ensayos que influyeron en el futuro de la nación y que ayudan a entender la

evolución de la izquierda política e intelectual. Nacen a raíz del 98 muchas de las

corrientes que conformarían la España del siglo XX. Entre los ensayistas cabe

hablar de Valle Inclán, Unamuno, Baroja, Maeztu o Marañón.

También la actitud regeneracionista se manifiesta a través de los

movimientos sociales de carácter corporativo, como las Cámaras Agrarias y las de

Comercio, que trataban de convertirse en grupos de presión, aunque no

consiguiesen influir directamente en las líneas de gobierno. A partir de 1898 la

clase política asumió estas actitudes también, sobre todo los conservadores, que

era el partido en el poder en ese momento. Tras la muerte de Cánovas, los líderes

son Francisco Silvela y Antonio Maura. El proteccionismo se convirtió en el

estandarte del regeneracionismo, y la opinión de los conservadores queda reflejada

en el discurso “Sin pulso” de Silvela en agosto de 1898 y en “El manifiesto” del

general Polavieja, que se publica en septiembre del mismo año.



El gobierno regeneracionista de Silvela.

Cuando Sagasta dimite le sucede Francisco Silvela, nuevo

líder de los conservadores, y configura un gobierno en el que, bajo la hegemonía

del partido conservador, aunaba distintas fuerzas: Fernando Villaverde, Eduardo

Dato, Polavieja, el marqués de Pidal, Durán y Bas. Silvela encarna el

regeneracionismo desde dentro del sistema político y pretende llevar a cabo una

verdadera revolución desde arriba. Sus principales objetivos fueron moralizar la

vida pública, neutralizar la amenaza de los militares, integrar a los nacionalistas en

la política del estado, liquidar las deudas de guerra y sanear la economía.

Eduardo Dato lleva a cabo una labor de legislador social,

aprobando leyes sobre los accidentes de trabajo y regulando el trabajo de mujeres

y niños. También se establece el servicio militar obligatorio, se regula el

funcionariado, se reforma el código penal y el de comercio, y la administración de

Justicia. En la segunda etapa de gobierno destaca la política hidráulica y de obras

públicas que impulsa Gasset. Pero quizá la labor más importante es el intento de

ordenar la Hacienda Pública que emprende Fernández Villaverde, que trata de

equilibrar los presupuestos y remontar el déficit, con el fin de contener los precios y

revalorizar la peseta. Pretende crear un nuevo impuesto de utilidades sobre

profesionales y funcionarios, sobre las propiedades urbanas y sobre la industria y el

comercio; es decir, gravar a la burguesía y clases medias. Esto provocó la oposición

de la Comisión Permanente de las Cámaras de Comercio, de la Liga de Productores,

de la Unión Nacional y del Fomento del Trabajo. Y todo ello se une al tema de la

cuestión catalana. Para acallar la protesta, en septiembre de 1899 se aprobó un

Real Decreto adoptando medidas represivas en función de defender la unidad de la

patria. Polavieja, por sus simpatías catalanistas, dimite. La negativa de los



contribuyentes catalanes a pagar los nuevos tributos coloca a Durán y Bas en una

situación insostenible, y también él acaba dimitiendo.

Pero la principal oposición a Silvela no llegaba de los demás partidos

políticos, sino de las Cámaras Agrarias, agrupadas en la Liga Nacional de

Productores, dirigidas por Joaquín Costa, y las Cámaras Mercantiles, lideradas por

Basilio Paraíso; que se integran en 1900 en la Unión Nacional, que organiza la

huelga de contribuyentes, incitando a la resistencia al pago de impuestos. Las

manifestaciones son especialmente violentas en Barcelona, donde se llega a

declarar el estado de guerra. Al final, la huelga fracasa.

Pero meses después, el Partido Conservador abandona el poder por la

división que causa el nombramiento del general Weyler como capitán general de

Madrid. Silvela dimite en octubre de 1900 y le sucede un breve gobierno puente del

general Azcárraga, que asume el poder para que se pueda celebrar sin problemas el

enlace de la princesa de Asturias con don Carlos de Borbón Nápoles, dado que este

matrimonio no era aprobado por los liberales, porque el padre del novio, conde de

Caserta, había apoyado las pretensiones carlistas. Como la boda despierta la

antipatía de los progresistas, se suspenden las garantías constitucionales en toda

España por un tiempo prudencial, y el día de la ceremonia en Madrid se declara el

estado de guerra, para impedir males mayores. Después de esto, Azcárraga dimite

Último gobierno de Sagasta y de la Regencia (marzo de 1901 hasta mayo

de 1902).

En el último gobierno de Sagasta se apunta ya un relevo

generacional, y junto a los grandes prohombres del partido, aparecen figuras como

Álvaro Figueroa, Miguel Villanueva o José Canalejas. Durante el gobierno liberal se

amplía el espectro político, y los catalanistas salen reforzados tras crear la Lliga



Regionalista. Los socialistas también refuerzan su poder en las urnas, y adquieren

más importancia la Unión General de Trabajadores y los anarquistas. Es un período

de enorme inquietud social, con huelgas y disturbios, y con inicios de

anticlericalismo. Para reprimir los motines se enviaba a la Guardia Civil o la policía,

y el clima todavía se tensaba más. Cuando en 1902 Canalejas entra en el gobierno

impulsa el intervencionismo del estado en los problemas sociales, para superar la

conflictividad. Se proponen nuevas leyes que regulan las asociaciones y las órdenes

religiosas, para arbitrar las huelgas y transformar el impuesto de consumo y

aduanas, para que los productos de subsistencia se abaraten.

El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII cumple 16 años y asume

plenamente sus funciones políticas, jurando la constitución. Todas las reformas que

se habían hecho anteriormente resultan insuficientes, y tras los frustrados intentos

regeneracionistas, hay varios factores que contribuyen a la desintegración del

régimen:

1. las elecciones no fueron más limpias que antes

2. la política no se democratizó

3. el parlamentarismo continúa desarrollándose de espaldas a la opinión del

país

4. la corona se inicia en el peligro del intervencionismo

5. se produce una crisis de liderazgo en los dos partidos.

6. no se integran las nuevas fuerzas sociales



Tema 11. Alfonso XIII y los problemas del

nuevo reinado. Los intentos de regeneración

del sistema. Los proyectos de Maura y

Canalejas.

Hacia una inestabilidad del sistema político.

Durante años el sistema canovista había funcionado gracias

al pacto de la alternancia en el poder. Lo que diferenciaba al sistema liberal español

del francés o del italiano, por ejemplo, era la enorme concentración de poder en

manos del gobierno, del Ejecutivo; que desde el Ministerio de la Gobernación dirigía

también el Legislativo y se determinaban de antemano los resultados electorales.

Existían muchas sutiles maneras de dirigir al electorado, no hacía falta la violencia.

Más bien se trataba de un “voto cautivo”. La sociedad española, eminentemente

rural, con una elevada tasa de analfabetismo, mantenía entre el electorado el

respeto a la voluntad de los señores. Pero en la sociedad del reinado de Alfonso

XIII estas actitudes ya no eran hegemónicas y habían cedido terreno a las

relaciones clientelares o de patronazgo, en donde los electores obtenían a cambio

de sus votos algún favor o beneficio.

El control de la administración concedía a los patrones el

poder de repartir favores, ya fuese de manera individual o colectiva, como empleos

públicos o trabajos en la mejora de un determinado pueblo. Gracias a este voto

cautivo, durante la primera etapa de la Restauración el gobierno de turno no había

tenido dificultades para imponer un necesario equilibro; porque había siempre

distritos manejables, sumisos al gobierno, donde el Ministerio de la Gobernación



enviaba el nombre de su candidato para ocupar el escaño, aunque ni fuese

conocido en la zona. En amplias zonas de España no había contienda electoral.

Pero desde principios del siglo XX se redujo la capacidad del

gobierno para imponer su voluntad. Los distritos disponibles y sumisos fueron

disminuyendo poco a poco, y se reforzó la tendencia de votar a aquellos candidatos

que mejor defendiesen los intereses de los electores. La creación de redes

clientelares era aún un eficaz instrumento de dominio, a pesar de todo. De todo

este proceso puede dar fe y ejemplo la biografía del conde de Romanones, que

entró en el Parlamento para cubrir un distrito a disposición del Ministerio de

Gobernación, donde su familia tenía grandes influencias. Romanones fue el

prototipo de cacique que supo fomentar una estabilidad y llegó a identificarse

totalmente con su distrito.

Cuando aumenta la influencia y autonomía de los notables

locales y provinciales, su poder de negociación con sus propios partidos también se

acrecienta. Los partidos dinásticos habían carecido de cohesión interna y de

estructura de control sobre sus miembros; e incluso en las cámaras había un

elevado abstencionismo que era imposible evitar. Los notables aportaban al partido

sus relaciones clientelares, y los adeptos se consideraba que lo eran más al jefe

local en cuestión que al partido. Por eso existían tantas facciones. Cuando

desaparecen los dos grandes líderes, Cánovas y Sagasta, se produce en sus

respectivos partidos una enorme fragmentación.

Conforme esta fragmentación de los partidos se va haciendo

cada vez más evidente, la labor de gobierno es más dificultosa, y el rey va

adquiriendo un notable protagonismo político. La constitución de 1876, al sancionar

la soberanía compartida, atribuía al monarca enormes prerrogativas, pues era

cosoberano, junto con las cortes. En casi todos los demás países europeos el rey



había ido perdiendo protagonismo frente al Parlamento; mientras que en España la

evolución es totalmente la contraria.

Había una intensa vida parlamentaria,

pero puesto que el Parlamento no era

representativo y las elecciones eran

sistemáticamente falseadas, la voluntad

del rey era fundamental. Podía suceder

que el monarca retirase su confianza a

un jefe de gobierno y encargase a otra

persona la formación de gabinete,

concediéndole la facultad de disolver las

cortes, con lo cual el nuevo presidente del

consejo y su ministro de gobernación se

encargaban de organizar las elecciones y

obtener una mayoría suficiente para gobernar a su antojo. En el sistema de

Restauración la corona tuvo un papel clave, que fue aumentando hasta convertirse

en el árbitro del sistema. Alfonso XIII, que llega al poder efectivo el 16 de mayo

de 1902, al cumplir los 16 años, demostró desde el primer momento su interés de

intervenir en política, sobre todo en los asuntos militares. Dice textualmente en su

diario que quiere ser un rey que gobierne, y no un rey gobernado por sus ministros.

Por eso ocasionó unas cuantas crisis orientales, es decir, crisis ocasionadas por el

inquilino del Palacio de Oriente, y su forma de actuar contribuyó algo a aumentar la

inestabilidad política.

Al disgregarse los partidos dinásticos y aparecer nuevas

fuerzas, la política española se complicó y cada vez son más las fuerzas que

consiguen representación parlamentaria y dificultan el turno de partidos. Por eso

las elecciones tienden a ser cada vez más reñidas y los distritos son escenas de

auténticas batallas entre los candidatos, que hacen una activa campaña electoral y



recurren a todos los medios a su alcance para ganar votos, incluida su compra.

Muchos electores esperan al último minuto para votar y se ofrecen al mejor postor.

Esto no era del todo mal visto, e incluso personas como Ortega y Gasset dicen que

tiene más valor un voto comprado que el que se regalaba al ministro de la

Gobernación. Aunque por medio de métodos fraudulentos, por lo menos se

garantizaba una cierta movilidad en el electorado. Otro punto que favorece el

incremento de la lucha electoral es el avance de la movilidad política de un

electorado urbano que cada vez es más independiente. En las grandes ciudades las

masas abandonan la apatía y se deciden a participar activamente en la vida

política, votando libremente a partidos contrarios al turnismo. Aumenta en las

urbes el voto libre de una sociedad civil que poco a poco se va articulando. Este

comportamiento corre paralelo al desarrollo socioeconómico que se produce en la

España de los primeros veinte años del nuevo siglo: crece la actividad industrial,

aumenta la producción agraria, desciende la mortalidad, aumenta la clase media y

los trabajadores cualificados, y se extienden las infraestructuras. Pero todo este

avance urbano no tiene una excesiva influencia en la política a nivel nacional, sino

que más bien queda restringida al ámbito municipal. Las cortes dependían del

comportamiento de la mayoritaria España rural, donde se mantenía en buena

medida el caciquismo. El sistema político de la Restauración había sido y seguía

siendo oligárquico, y la mayoría de las decisiones de la elite política lograban

consumarse, a lo cual ayudaba la aplicación de la Ley Electoral de 1907, que

propiciaba el acuerdo entre partidos y facciones para repartirse las actas. Había una

persistente voluntad de acomodamiento frente a las nuevas fuerzas que

abominaban de la política del caciquismo, el fraude electoral y la corrupción.

Durante el reinado de Alfonso XIII los resultados electorales siguieron arrojando

pocas sorpresas y la victoria electoral seguía siendo del partido en el poder. La

intervención gubernamental en las elecciones fue constante en todo el período.



Los primeros gobiernos del reinado.

El proyecto regeneracionista más

ambicioso fue el de Antonio Maura, que aunque fue en sus

comienzos liberal, engrosó las filas del partido conservador

en 1902. En poco tiempo logró consolidar su liderazgo en

un partido antes dividido en múltiples facciones. En

diciembre de 1903 ocupa por primera vez la presidencia del

Consejo de Ministros. Buen político y con indudable

carisma, levanta pasiones, tanto a favor como en contra,

aunque siempre fue una figura respetada, e incluso sus

adversarios le reconocían autoridad moral. Era vehemente

y drástico en sus opiniones e ideas, y brillante orador, con

memorables discursos e intervenciones parlamentarias. Pero también era altivo,

soberbio y arrogante, y sobre todo incapaz de admitir un error, lo cual le hizo

granjearse muchas antipatías. Se presentaba a sí mismo como la solución que el

país necesitaba. Su programa esgrimía el lema de LA REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA,

y partía de la necesidad de acometer desde el gobierno las reformas que el sistema

político necesitaba. Maura creía en el sistema canovista y en las instituciones que la

constitución de 1876 sancionaba, pero estaba insatisfecho con su funcionamiento.

Pensaba que el principal problema era la ausencia de ciudadanía y por eso creía que

la solución era movilizar desde el poder a la sociedad neutra, a la sana mayoría

silenciosa, lo cual se lograría haciendo funcionar correctamente el sistema. Bastaría

con moralizar las instituciones e introducir honestidad en la vida pública para crear

una verdadera ciudadanía. Denunciaba, como Costa, el caciquismo, pero no

apelaba como él a ninguna medida excepcional, ni a una dictadura temporal, sino

que pensaba que era necesario cumplir estrictamente las normas y leyes vigentes y

revitalizar el Parlamento. La reforma del estado consistía en dotar de autenticidad a



un sistema representativo que se encontraba falseado. Deseaba depurar el

mecanismo electoral, y en las elecciones generales de 1903 no quiso utilizar los

mecanismos del Ministerio de la Gobernación. A pesar de todo, tampoco estas

fueron unas elecciones limpias, porque los caciques locales hicieron uso de todos

los recursos y artimañas a su alcance; entre ellos comprar votos o hacer que los

muertos votasen. La moderada intervención gubernamental hizo que los

republicanos consiguieran un moderado éxito, sobre todo en las grandes ciudades.

Parecía que coincidía la idea de democracia con las opciones antisistema. En

Cataluña, donde ya habían sido arrinconados el turnismo y los partidos dinásticos

por los regionalistas y republicanos, era un claro ejemplo de la anterior

aseveración.

Maura no puede llevar a la práctica su programa regenerador de

inmediato. En diciembre de 1904 dimite como jefe de gobierno, cuando Alfonso XIII

se empeña en imponer a su candidato para el cargo de jefe de estado mayor

Central del Ejército, en vez de admitir al propuesto por el ministro de Guerra.

Maura siempre reprochó al rey sus continuas injerencias políticas, y siempre estuvo

en su ideario dar preponderancia a las cortes frente al rey. Pretendía convertir a

Alfonso XIII en un monarca parlamentario; y para ello inicia una política de

acercamiento de la corona al pueblo. Por eso decide que en 1904 el rey viaje a

Barcelona, y es en este viaje cuando Maura sufre un atentado. Pero sirve para que

la clase media catalana se acerque al rey. Sin embargo, la relación personal entre

él y Alfonso XIII nunca fue buena.

El Partido Liberal estaba sumido en una profunda crisis y

división interna, a la muerte de Sagasta, en 1903. No había una sucesión pero si

muchos aspirantes a ella, y por eso cuando le toca gobernar al partido liberal, se

suceden desde 1905 a 1907 seis gabinetes. Dentro de esta inestabilidad destaca la

figura de José Canalejas, que al igual que Maura intenta una revolución desde



dentro. Los dos personajes confiaban en las posibilidades del marco político de la

Restauración para conseguir una correcta

evolución democrática; pero sus proyectos eran

dispares y excluyentes entre sí. Canalejas tenía

plena confianza en la corona como cabeza

visible del estado que debía impulsar la

regeneración, por eso no deseaba acabar con las

prerrogativas regias, sino más bien aumentar el

poder e influencias del rey, con quien mantenía

una buena relación de amistad. Si él mismo, que

empezó como republicano, había evolucionado

hasta estar cómodo con la monarquía, pensaba

que las fuerzas progresistas podrían hacer lo

propio. Su programa liberal y anticlerical le situaba a la izquierda del partido liberal,

aunque en 1902 acaba rompiendo con la política de Sagasta. Contaba con El

Heraldo de Madrid para lanzar su programática y a menudo recurre a la

movilización pública mediante la propaganda, el mitin y las manifestaciones. Su

objetivo era atraerse a los sectores de izquierdas, pero durante su campaña por

varias ciudades, ve que es muy difícil conseguir el apoyo de las masas que cada vez

son más proclives a la república. En las elecciones de 1903 fracasa, ya que en el

ámbito rural no puede luchar contra el caciquismo. Por lo tanto, decide volver a los

mecanismos clásicos del régimen y prefiere desarrollar su programa con el apoyo

de su grupo de fieles en el parlamento. Por eso, al contrario que Maura, el

regeneracionismo no ocupa el primer puesto en su programa político; piensa que

no es posible eliminar los vicios del sistema desde arriba. El problema de fondo era

que estos vicios no eran la causa, sino la consecuencia del escaso pulso de la

opinión pública, y el estado debía elevar el nivel de desarrollo de la sociedad para

acabar con el problema. Lo único que cabía hacer era combatir la indiferencia y la

abstención con medidas educativas. Su programa era el más coherente dentro de



los liberales; y expone unas ideas rotundas y claras sobre la necesidad de una

intervención del estado en materia social. Pero también entre los conservadores

había algunos que abogaban por el intervencionismo estatal en los conflictos entre

capital y trabajo; alentados por la encíclica Rerum Novarum. El máximo

representante del reformismo social católico era Eduardo Dato, que ya con el

gobierno de Silvela había regulado el trabajo de mujeres y niños. Durante el

gobierno de Maura aprobó la ley del descanso dominical. En 1903 se crea el

Instituto de Reformas Sociales, que se adscribe al año siguiente al Ministerio de la

Gobernación. Los socialistas, empero, no estaban satisfechos. En lo político y

económico también había bastantes diferencias entre Maura y Canalejas, aunque

los liberales abandonaron su librecambismo a ultranza; y en 1906 el gobierno

liberal de Moret aprueba el arancel proteccionista tan deseado por la burguesía

catalana. Desde luego, en donde más distinciones se hallaban era en la cuestión

religiosa. Los liberales convirtieron a la religión en su caballo de batalla y la usaron

como propaganda política para atraer a su seno a republicanos e intelectuales de

izquierda. El anticlericalismo liberal, empero, tenía poco que ver con el estereotipo

de sectario que inventaron del lado de la Iglesia. Hubo duras manifestaciones

callejeras, en uno y otro sentido; y la polémica saltó a la calle y al Parlamento. La

intervención de la Iglesia no había retrocedido a favor del estado, sino todo lo

contrario: Las órdenes religiosas habían crecido, sobre todo después de la vuelta de

muchos religiosos tras la pérdida de las colonias, y de frailes franceses que huían

de las leyes anticlericales de la Tercera República. Los políticos liberales no pedían

la separación de Iglesia y Estado, sino controlar las actividades, negocios y

propiedades religiosas, acabar con los privilegios tributarios y promover la

enseñanza laica. El estado debía garantizar una posición preeminente del

catolicismo, pero dentro de un marco de libertad religiosa y supremacía del poder

civil. En esta línea de pensamiento se crea la Institución Libre de Enseñanza,

dirigida por Francisco Giner y Manuel Bartolomé Cossío.



Canalejas fue quien más defendió la supremacía del estado, a pesar

de que era un fervoroso creyente. Quiso introducir una nueva ley de asociaciones

religiosas para frenar el avance de las congregaciones enemigas del liberalismo;

pero no salió adelante a causa de la inestabilidad del gobierno y las luchas entre las

facciones liberales.

El Partido Liberal se había desgajado en 1903 en dos facciones,

lideradas por Segismundo Moret y Eugenio Montero Ríos, ambos catedráticos de

Derecho y ya de avanzada edad. Montero Ríos estaba en el ala derecha del

liberalismo, mientras Moret se encontraba todavía más a la izquierda que

Canalejas. Su radicalismo era sobre todo retórico y verbal, y como gobernante era

bastante inepto. La reforma de Moret se basaba por encima de todo en la libertad

de cultos, mientras que Canalejas defendía el marco constitucional existente, y al

igual que Maura consideraba que la constitución era lo suficientemente flexible para

permitir interpretaciones de distinto signo. Moret controlaba mucho más que

Montero Ríos los cacicatos provinciales del partido, y era el más directo rival para

Canalejas a la presidencia del partido y en su caso del gobierno. Romanones, que

estaba al lado de Moret, poco a poco también va haciendo su clientela entre un

grupo de notables.

Las batallas entre las facciones eran habituales y por eso el partido

liberal no podía desafiar ni a la Iglesia ni al Ejército. Una simple caricatura en una

revista catalanista fue considerada grave ofensa por los militares, y en noviembre

de 1905 provocó el asalto de unos 300 oficiales de Barcelona a la sede de la

revista. El Ejército se había quedado descontento y humillado desde el 98 y cada

vez estaban los militares más descontentos de la ineptitud de los políticos. Moret no

hizo nada en contra de los oficiales asaltantes, sino que culpó al catalanismo y

accedió a las exigencias de los militares, que pedían castigos para quienes actuaran



contra la unidad de la patria o el honor del Ejército. Se aprueba la Ley de

Jurisdicciones, y las ofensas a las FF AA cometidas por medio de la imprenta serían

castigadas por la jurisdicción militar. Esta ley se consideró en Cataluña una

agresión a la libertad de expresión y un agravio a los sentimientos regionalistas, y

se produjo una importante reacción ciudadana.

Cataluña, paradigma de la crisis política.

El nuevo movimiento político, que nace en 1906

con el nombre de Solidaridad Catalana fue el culmen de un proceso de movilización

que configuró en Cataluña una red de partidos propios. Ya desde hacía tiempo se

notaba un cambio en el comportamiento político: alta participación electoral,

campañas agitadas, gran asistencia a mítines; y esto corre paralelo con el gran

avance en lo económico y lo social. Cataluña se había convertido en una región

parecida a otras regiones desarrolladas de Europa, y bastante diferente del resto de

España. Había nuevas fuerzas políticas, como la LLiga Regionalista, o los

republicanos de Lerroux. Ambas implicaban la llegada a Cataluña de la política de

masas y la rápida desaparición del bipartidismo dinástico. Primero en Barcelona y

luego en la mayor parte de Cataluña se produjo una ruptura con el sistema de la

Restauración.

El catalanismo, representado por la LLiga Regionalista, fue el

primer nacionalismo que hizo acto de presencia en la vida política española. Estaba

presidida por Enric Prat de la Riba y liderada por Francesc Cambó, y es mezcla de

corrientes como la Renaixença cultural y el fuerismo conservador con las

reivindicaciones del empresariado catalán. La burguesía catalana pensaba que no

se podía crear un estado moderno desde Madrid y por eso se incorpora al

catalanismo. Pensaban que Cataluña debía tener un papel hegemónico en la

modernización del estado español. Por eso la Lliga va ganando adeptos a medida



que los pierden los partidos dinásticos. Pero no cuenta con simpatías en los medios

obreros, que ven este partido como clasista,

reaccionario y clerical. Frente a la nueva

derecha encarnada por la Lliga, se crea el

republicanismo de Lerroux, que engloba a las

clases populares. Alejandro Lerroux, que

hasta entonces había ejercido el Periodismo en

Madrid, se convierte en un orador de masas

que encandila a los obreros. La situación de

las clases trabajadoras era precaria, con

jornadas de once y doce horas a cambio de

salarios bajos, y malas condiciones de

seguridad e higiene en el trabajo. Un ejemplo

de barrio obrero era El Paralelo, centro de actuación de Lerroux, desde donde se

atraía a las masas trabajadoras y a los inmigrantes. Aprovecha de manera muy

inteligente la agitación y protesta social y consigue desarrollar un nuevo fervor

republicano, creando en poco tiempo una red de círculos, ateneos, fraternidades y

locales republicanos, desde donde se actuaba y se emitía propaganda. Los teatros

se le quedan pequeños, y Lerroux llegó a dar mítines en las plazas de toros. El

lerrouxismo era un movimiento populista, democrático, anticlerical, anticatalanista,

que encarnaba el patriotismo español y supo atraerse a los heridos por el

catalanismo.

El tercero en discordia era Solidaridad Catalana, que nace a

consecuencia del suceso en el Cu Cut por los oficiales del ejército. Abarca en su

seno desde los carlistas hasta buena parte de los republicanos; y solo quedan

aparte los dinásticos y los lerrouxistas. Cuando se pone en contra de Solidaridad,

Lerroux se queda solo y con el tiempo tendría que irse de Cataluña, sobre todo

porque con frecuencia recurren a la violencia en sus mítines. Se produjeron duros



enfrentamientos y en un atentado a Solidaridad, Cambó resulta herido, al tiempo

que en Rubí se pretende luchar a Lerroux. Solidaridad arrastraba a las masas

catalanas porque se presentaba como un movimiento cívico y modernizador; y hace

que a Lerroux se le vea como un agitador forastero y se convirtió en el chivo

expiatorio que el catalanismo necesitaba.

En las elecciones generales de 1907 los solidarios obtuvieron un éxito

aplastante y la llegada de Cambó al congreso de

Diputados causó un gran impacto. Si esperaban

a un político provinciano y estrecho de miras,

estaban muy equivocados, porque era un

estadista de altura y tan innovador como Maura

o Canalejas. Sus propuestas y proyectos de la

política española, que hacía compatibles con su

preocupación por Cataluña, causaban a partes

iguales admiración y recelo. Las elites dinásticas

empezaron a tomar en serio el problema catalán.

A partir de 1907 el número de diputados no

dinásticos en Cataluña será ya siempre superior;

siendo la única región de España en donde sucede, aunque en las grandes ciudades

ya las clases medias se manifiestan en contra del sistema, sobre todo en Madrid y

en Valencia. Precisamente aquí, en Valencia, es en donde primero se rompe el

turnismo y se implanta una hegemonía republicana cuyo protagonista es Vicente

Blasco Ibáñez, y su periódico El Pueblo. Adopta en Valencia una estrategia

municipalista, centrándose en ganar las elecciones municipales. Su mayor época de

apogeo es entre 1902 y 1910, a pesar del feroz enfrentamiento con los partidarios

de Rodrigo Soriano, el delfín de Blasco y del que separó aparatosamente. Pero no le

impidió ganar adeptos entre la clase obrera, la pequeña burguesía comerciante y

los jóvenes profesionales liberales.



En otros lugares las clases medias urbanas, que podrían haber sido

el motor del cambio, no se movilizaron, porque el sistema satisfacía sus

necesidades.

El gobierno largo de Maura (1907-1909).

En 1906 el partido conservador era un partido unido y

disciplinado como no lo había sido desde Cánovas. En 1907 Maura recibe orden del

rey de formar gobierno. Comienza así el llamado “gobierno largo” de Maura,

excepcional durante el reinado de Alfonso XIII, porque duró casi tres años. Deseaba

Maura tener amplio apoyo parlamentario para llevar a cabo sus proyectos, y

sacrificando sus escrúpulos legales, encomendó la dirección del proceso electoral al

cacique murciano Juan de la Cierva, que desde el Ministerio de la Gobernación usó

todos los medios a su alcance para falsear las elecciones. Naturalmente, era

incoherente con el regeneracionismo preconizado por Maura recurrir a estos

métodos, pero eso fue lo que hizo. Desde el gobierno, imprimió a las cortes un gran

ímpetu legislativo para sacar adelante el programa regeneracionista. Se proyectó la

reforma de la Marina y la construcción de una escuadra que garantizase la defensa

nacional e impulsase la industria. Pero su proyecto más importante, la reforma de

la administración local en un sentido descentralizador para acabar con el

caciquismo, se quedó atascado en el congreso, y después de casi tres años fue

rechazado tanto por liberales como por una parte de los propios conservadores. Si

llevó a cabo la reforma electoral, y en la ley de 1907 hay normas encaminadas a la

limpieza de las elecciones; la composición neutral de las Juntas de Censo y las

mesas electorales, que redujeron las posibilidades de fraude. Se atribuyen

competencias al Tribunal Supremo para dictaminar sobre la validez de las actas

controvertidas, y se introduce el voto obligatorio, para incentivar la participación,

aunque en la práctica tuvo poca repercusión, porque las sanciones previstas eran



meramente simbólicas. A propuesta del republicano Gumersindo Azcárate se

introduce el artículo 29, para evitar la simulación de una contienda electoral,

cuando no había oponentes. Esto hizo que se renovase entre los partidos la

tendencia al pacto. La ley electoral de 1907 tal vez no tuvo el efecto saneador

deseado, más que nada porque una simple ley no podía modificar hábitos y

costumbres arraigados en la población. El miedo de Maura a los revolucionarios le

llevó a tratar de limitar los efectos del sufragio universal, e hizo también todo lo

posible para restar fuerza a los partidos antisistema. En la ley se garantizaba el

predominio de los partidos dinásticos, pero en realidad los demás partidos no

rechazaron la ley, sino que se limitaron a aceptarla con ligeros matices.

Maura intentó dialogar con los regionalistas catalanes, en plena

expansión, y con la ayuda del gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio, trató

de atraerse a Cambó. Pero los catalanistas no estaban por la labor, sobre todo

porque temían perder a sus simpatizantes. Este fracaso de Maura en atraerse a los

catalanistas le frenó en otros muchos de sus proyectos. Tampoco se pudo atraer a

las masas católicas, debido a su empeño en una política modernizadora. Y hasta

chocó con la oposición de algunos de los miembros de su partido, debido sobre todo

a su programa en contra de los caciques. A pesar de todo, el gobierno de Maura

parecía sólidamente implantado.

El problema de Marruecos no dividía a la clase política, porque la

mayoría no se oponían a una campaña militar en Marruecos. A través de su

presencia marroquí, España volvía a la política internacional, aunque como potencia

menor, dentro del bloque franco-británico. La situación preponderante en

Marruecos era la francesa, y por eso en España se veía la cuestión marroquí como

un tema de defensa nacional, para que el país vecino no se adueñase de toda la

zona. En realidad, quizá el más reacio a la campaña marroquí era el propio Maura.

En el verano de 1909 había en la zona minera próxima a Melilla bastante agitación



porque fueron asesinados cuatro obreros del ferrocarril y hubo enfrentamientos con

las tropas españolas. El gobierno decide entonces enviar refuerzos y el

reclutamiento de reservistas en Cataluña origina manifestaciones en contra de la

guerra de Melilla. Maura no hace nada por cambiar la opinión pública, al tiempo que

la prensa izquierdista explota la situación haciendo ver que para defender los

intereses mineros de unos cuantos ricos, se sacrifica la vida de obreros españoles.

Se jugaba con la idea de que los que iban a morir a Marruecos eran los pobres que

carecían de las dos mil pesetas para la redención. Muchos de los reclutados eran

hombres casados y con hijos, y cuando los reservistas deben embarcar en

Barcelona, hay graves desórdenes. El 26 de julio de 1909 comienza una huelga

general contra la política del gobierno en Marruecos; y en Barcelona se convierte en

una auténtica sublevación. Cuando llegan noticias de las bajas en Gurugú o en el

Barranco del Lobo, los ánimos todavía se excitan más. Se incendiaron conventos,

iglesias y escuelas religiosas, y hasta se llegaron a quemar objetos de culto y

profanar tumbas. Resulta curioso que un conflicto que no era, en su inicio,

religioso, acabase de esta manera, pero no era la primera vez que pasaba. El

anticlericalismo era un fenómeno complejo y atraía con fuerza a las masas

trabajadoras. En 1909 estallaron muchos rencores acumulados contra la Iglesia

católica, y algunos, como Lerroux, se aprovecharon de ello para exacerbar más

todavía los ánimos. El gobierno sofocó la sublevación con gran dureza; hubo

centenares de muertos y más de dos mil detenidos. Se suspendieron los derechos

de reunión y asociación, hubo juicios sumarísimos y muchas condenas a muerte.

Los políticos de la oposición apenas protestaron; en todo caso lo hicieron los

liberales por la censura de prensa. El problema surgió más bien en el exterior, por

la campaña a favor del ex director de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer Guardia,

cuya ejecución supuso una terrible conmoción. Parece claro que estuvo implicado

también en el atentado que perpetró Mateo Morral contra el rey, el día de su boda;

aunque no hay pruebas de que participase en la Semana Trágica de Barcelona. En



todo caso, su proceso careció de las mínimas garantías legales. Todo esto provocó

la salida de Maura del gobierno.

El turno de los liberales. El gobierno de Canalejas (1910-1912)

Las cortes que resultaron de las elecciones de 1910 no

garantizaban nada al nuevo gobierno, y Canalejas tendrá que ganarse su apoyo.

Durante los casi tres años que estuvo en el poder integró en el gobierno tanto a

moretistas como a monteristas. Protagonizó la etapa más prolongada del gobierno

liberal desde que Alfonso XIII subiera al trono y su labor se vio facilitada por la

actitud de Maura, que abandonó transitoriamente su obstruccionismo. Trataba de

hacer numerosas reformas, y una de las más importantes era la reforma agraria,

mediante una extensión de la expropiación forzosa para convertir al proletariado

agrícola en una clase de pequeños propietarios. Prestó especial importancia a la

política social, en cuanto a regulaciones laborales, mejora de las condiciones de

vida de los trabajadores, negociación colectiva, reducción de la jornada laboral,

protección del trabajo de mujeres y niños, implantación de una seguridad social

obligatoria con participación del estado. Hay estudiosos que sostienen que el

asesinato de Canalejas

el 12 noviembre de

1912 a manos de un

anarquista, fue una

enorme pérdida para

la renovación del

sistema. Pero aunque

su muerte privó al

sistema constitucional

de una figura muy

valiosa, es improbable que de haber seguido vivo hubiese logrado que el régimen



evolucionase mediante la ampliación del consenso social. Tanto él como Maura eran

políticos sumidos en la soledad y la impotencia para aglutinar a una mayoría en

torno a su programa político. Muchos de sus proyectos de ley estaban todavía

pendientes de aprobación cuando murió. A pesar de todo, durante su gobierno se

hicieron muchas reformas sociales y laborales, como la reducción de la jornada a

nueve horas. La ley de Reclutamiento, en donde tuvo especial protagonismo el

ministro de Guerra, general Luque, establecía la obligación del servicio militar,

aunque quedaba limitado por los llamados “soldados de cuota”, que tras el pago de

una cantidad eran licenciados después del período de instrucción y se libraban de

soportar las duras condiciones de vida de los cuarteles. A pesar de todo, el soldado

de cuota podía ser llamado a filas en caso de guerra, lo cual representaba una

importante diferencia con respecto al sistema anterior, cuando las clases

privilegiadas, mediante un pago, quedaban exentas de toda prestación.

En 1919 se aprobó la llamada ley del candado, que frenaba la

expansión de las órdenes religiosas durante dos años, en tanto se preparaba la

nueva ley de Asociaciones Religiosas. A punto estuvo España de romper relaciones

con la Santa Sede, a pesar de que no se consiguió nada, porque una vez pasado el

plazo, no se aprobó la ley de asociaciones.

Canalejas también cumplió la promesa de abolir el impuesto de

consumo que gravaba muchos artículos de primera necesidad, y que había sido

causa de muchas revueltas. Pero precisamente en el año que esta ley queda

abolida, en 1911, las cosas se le complican con el problema de Marruecos. Las

características de la zona adjudicada a España y los intereses norteafricanos de las

demás potencias europeas, sobre todo de Francia, hacía difícil el gobierno español.

La actitud expansiva de Francia en Marruecos se puso de manifiesto con la

ocupación de Fez, la capital del sultanato. Canalejas reacciona para evitar que

España quede desbancada y manda ocupar Larache, Arcila y Alcazarquivir, aunque



esta actitud le vale duros reproches de los socialistas y republicanos, que se sumó a

la conflictividad obrera ya presente.

El anarquismo.

El bienio 1911-12 fue muy conflictivo, sobre todo en

cuanto a huelgas se refiere y Cataluña era la zona donde había más incidencias. El

mundo anarquista era un universo cerrado, totalmente desligado de la sociedad

oficial y de sus normas. Ellos tenían su propia cultura y moral, con una ideología

que negaba el estado y la sociedad burguesa, que se rebelaba contra la alineación

de la sociedad. Se caracterizaron siempre los anarquistas por su abstencionismo

electoral y se negaban a cualquier alianza o coalición. Se oponían a todas las

instituciones del estado. Había calado muy hondo este movimiento en zonas con

fuerte industrialización, sobre todo en Cataluña, pero también en ambientes

rurales, como el del campo andaluz. En todo caso el éxito del anarquismo fue

fluctuante, con altos y bajos muy acusados. A principios de siglo, está en auge con

el hito de la huelga general de Barcelona de 1902, inducida por los anarquistas, y

que luego se extendería a otras ciudades, como Sevilla. Hay también en este

momento influencia del movimiento sindicalista francés y en general del

movimiento libertario internacional, con lo cual Barcelona está completamente

parada durante una semana. Pero los anarquistas esperan una revolución y solo

consiguieron una huelga general pacífica. No hubo insurrecciones populares y el

Ejército y la Guardia Civil no tuvieron demasiados problemas para asaltar las pocas

barricadas que se formaron. Comenzó entonces un período de desorientación del

movimiento anarquista, y el vacío que dejó no lo llenaron los socialistas, sino los

republicanos. Fue entonces cuando el anarquismo recuperó en buena medida la

estrategia terrorista, y hubo varios atentados: uno contra el rey en Paris, y otro el

día de su boda con Victoria Eugenia de Battemberg, siendo el autor Mateo Morral.



Los anarquistas tenían redes clandestinas y hombres dispuestos al sacrificio que

hacían posible la preparación de los atentados. Los actos individuales de algunos

anarquistas sirvieron para criminalizar a todo el movimiento, y se equiparó

anarquismo con terrorismo. La represión del movimiento anarquista y la

proclamación del estado de sitio o de guerra, llevó a una radicalización de los

métodos de lucha, y los anarquistas los justificaban como contraviolencia. Ante la

desorganización anarquista, un grupo de militantes acordó crear una federación de

la clase trabajadora, y la idea fue muy bien recibida en Cataluña, donde se fundó

en 1907 Solidaridad Obrera, en la que también participaron socialistas y algunos

republicanos. En 1910 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en

donde confluían tradiciones anarquistas y sindicalistas revolucionarias, y que sería

la principal rival de la UGT.



Tema 12.Crisis e incapacidad del sistema.

1-Escisión de los partidos dinásticos.

En el corto período desde noviembre de 1912 a octubre de

1913 los dos partidos dinásticos entraron en crisis. La muerte de Canalejas

consumó la división del partido liberal, y aunque Romanones, como favorito del rey,

aspiraba a la jefatura del partido, se vio enfrentado a los partidarios de Manuel

García Prieto, yerno de Montero Ríos. Y Santiago Alba también se perfilaba como

posible líder, con lo cual la división del partido era preocupante. El grupo monterista

estaba a la derecha del sector liberal y era bastante reticente al intervencionismo

estatal; cautos con el anticlericalismo, y desconfiados con los republicanos, a la vez

que centralistas y totalmente opuestos al proyecto de Ley de Mancomunidades del

gobierno de Romanones. Esta cuestión fue la que precipitó la escisión; y entre los

disidentes estaban políticos locales que al marcharse llevaron a sus respectivas

clientelas.

El año 1913 tampoco fue fácil para los conservadores,

porque Maura y su idea de cambiar el sistema le habían convertido en persona non

grata para muchos de sus compañeros de partido. Eduardo Dato era la alternativa a

las ansias de cambio de Maura. En octubre de 1913 se rompe la unidad del partido.

Cuando cae el gobierno de Romanones, la inestabilidad de los

liberales hace complicado formar gobierno y Alfonso XIII; en la línea de los últimos

tiempos, consulta a Maura como jefe del partido conservador. Pero sus exigencias

para formar gobierno son tales, que desde las propias filas conservadoras se



propone a Dato. Finalmente el rey le encarga a él formar gobierno, y Maura

renuncia a la política. Desde entonces hay dos vertientes en el partido conservador:

A. La de Dato, los llamados “idóneos”, que engloba a la mayoría de los

conservadores

B. Los de Maura, entre los que destaca su propio hijo, Gabriel, y Ángel Ossorio

y Gallardo.

En 1914 Juan de la Cierva formó su propio grupo, en la extrema derecha del

conservadurismo, y poco a poco fueron acercándose al maurismo, aunque nunca

llegaron a integrarse del todo, formando siempre una facción aparte y autoritaria

del conservadurismo.

2-Problemas en los partidos de la izquierda.

El republicanismo sigue una trayectoria descendente

debido sobre todo a las disputas entre los distintos grupos, y también del mal

resultado en las elecciones. El blasquismo y el lerrouxismo entraron en crisis, y

aunque cuando Lerroux vuelve a España después de 1909 sabe rentabilizar los

sucesos de la Semana Trágica, esta buena racha le dura muy poco. Un asunto de

corrupción en el ayuntamiento de Barcelona obliga al Partido Radical a abandonar la

Conjunción en 1910, y la estrella de Lerroux empieza a declinar. En 1915 los

radicales perdían definitivamente el control del ayuntamiento de Barcelona a favor

de la Lliga. Fuera de Cataluña, los radicales alcanzaron cierta influencia en zonas

como Aragón, parte de Andalucía, Valencia y Canarias.

En el republicanismo se produce una nueva escisión en

1912, cuando surge un partido liberal, liderado por Melquíades Álvarez, que



abogaban por una república de orden, defensora de la

propiedad. El nuevo partido consiguió apoyo en las clases

medias y los intelectuales, y pronto se pasó al campo de

la monarquía, dejando aún más cortas las filas

republicanas. Los reformistas pensaron que podían ser

ellos los protagonistas de una renovación del sistema, y

manifestaron su deseo de incorporarse al mismo para

renovarlo desde dentro. Existía como precedente el republicanismo posibilista de

Castelar; pero la meta de los reformistas era democratizar también la monarquía,

sin socavar las bases económicas sobre las que ésta se asentaba. Álvarez y sus

seguidores se presentaban como una auténtica alternativa de gobierno.

Las defecciones del lerrouxismo debilitaron la conjunción

republicana, y convirtieron en inviable la unidad del partido.

3-La creciente complejidad del sistema. Nuevas fuerzas políticas.

Maura a partir de 1913 se aparta de la política, en

términos de los partidos dinásticos, y ni siquiera se preocupará de promover su

propio partido. Fueron sus seguidores y no él quienes se ocuparon de la

organización del maurismo, que se presenta como la “nueva derecha”

regeneracionista, cuyo objetivo era incorporar a la masa católica a la política,

sacándola de su natural retraimiento. Junto a este maurismo oficial o de elite, había

otro maurismo activo y entusiasta, el de las Juventudes Mauristas, que introdujeron

algunos cambios en la vida política española, inaugurando la movilización de

derechas, el maurismo callejero, con agitaciones populares y propaganda política,

sin desdeñar el enfrentamiento físico. A estos grupos de jóvenes se

unieron también obreros y gentes de extracción popular. Entre sus



líderes destacó Antonio Goicoechea, ideólogo del sector más joven y radical del

maurismo. Este maurismo callejero acabó evolucionando hacia posiciones de

extrema derecha, a lo cual contribuyó activamente Manuel Delgado Barreto,

director del diario “La Acción”. Maura se sentía incómodo con este estado de cosas

y aunque todo el mundo le respetaba, pasó sus últimos años solo y atormentado.

Junto a los mauristas se alinean grupos

confesionales católicos, que concurrían a las elecciones en defensa de la religión;

aunque había distintas facciones: los católicos alfonsinos, los tradicionalistas de

tinte carlista que no aceptaban la actual monarquía. A comienzos del reinado de

Alfonso XIII, el tradicionalismo seguía teniendo bastante importancia en algunas

zonas como Navarra, País Vasco y Cataluña, pero en general ya era un movimiento

menor, debido a la estabilidad del sistema canovista y a la aceptación del

liberalismo por parte del Vaticano. Muchos católicos vascos y catalanes, incluidos

clérigos, abandonaron el carlismo para abrazar opciones nacionalistas, como el PNV

o la Lliga. En el siglo XX, realmente, el integrismo no pasaba de ser algo anacrónico

e inoperante. Los carlistas pasaron a llamarse jaimistas en 1909, al morir Carlos

VII, el último pretendiente absolutista, y ser sustituido por Jaime III.

Muchos católicos se alejaron del integrismo

intransigente y se dejaron atraer por el conservadurismo de Maura, que defendía

los intereses de la Iglesia desde una posición posibilista y moderna, aceptando un

régimen monárquico constitucional. Un ejemplo es la creación de la Asociación

Católica de Propagandistas, fundada en 1909 y el diario El Debate, que empezó a

publicarse a finales de 1911. Católicos y mauristas formaban parte de la nueva

derecha, que recurrían a mítines y estrategias políticas de activismo movilizador

para conquistar la calle. Con estas nuevas fuerzas de derecha tiene que combatir el

conservadurismo liberal, pero ninguna logró arrastrar a grandes masas.



Hay otras fuerzas que todavía vienen a complicar más el panorama

político, y son las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Desde principios de siglo la

Lliga había conseguido expulsar prácticamente de la política catalana a los partidos

dinásticos y se había convertido en la principal fuerza de la región, ya que

Solidaridad Catalana se había deshecho después de la Semana Trágica. La Lliga era

de filiación derechista, clerical y de orden; y lo demostró al apoyar la política de

Maura en el proyecto de Ley de Administración Local. Pero al tener un revés

electoral en 1910, pasó a centrarse más en la cuestión catalana y se planteó como

objetivo la constitución de una Mancomunidad de Cataluña como primer paso para

obtener el poder regional. El asesinato de Canalejas paró el proyecto de ley de

comunidades que él había presentado, aunque los miembros de la Lliga

consiguieron que el gobierno de Dato lo aprobase por Real Decreto. El 6 de abril de

1914 se constituyó la Mancomunidad de Cataluña, que mancomunaba a cuatro

diputaciones provinciales y desde la que Prat de la Riba desarrolló una política

nacionalista.

El nacionalismo vasco actuaba en otra región rica, pero menos

poblada que Cataluña y con menos peso en el conjunto de España. Basaba su

fuerza en la movilización popular y el voto libre, pero ideológicamente era

profundamente tradicionalista y estrechamente vinculado al carlismo, del cual había

captado muchos adeptos. El mismo Sabino Arana era hijo de carlistas, y basaba

todas sus ideas en la separación de su región en razón de una lengua y una cultura

distinta. Reivindicaba la existencia de Euskadi como nación independiente y hacía

gala de un discurso tradicionalista, ultrarreligioso, ruralista t profundamente

xenófobo, satanizando al inmigrante o “maketo”, que excluía de la patria vasca a

todo aquel que no pudiese demostrar la pureza de su origen. Hasta los años finales

de la Restauración esta opción era minoritaria, aunque se convirtió en nuevo factor

dentro de las alternativas del País Vasco. Cuando muere Arana en 1903 hay en el

partido un duro enfrentamiento entre el sector más radical y otra línea más



moderada, y fue la vía posibilista la que venció, aun a costa de algunos principios

aranistas. Hasta 1917-19 no se confirmó con un verdadero tirón electoral.

Mucho menos influyentes serían los movimientos regionalistas.

En 1897 apareció la Liga Gallega, aunque el galleguismo no tendrá una

participación destacable hasta la segunda república. El andalucismo de Blas Infante

se inicia hacia 1914, pero apenas tuvo repercusión en la vida social y política.

4-Crisis del parlamentarismo y el impacto de la Primera Guerra Mundial.

En la Restauración hay un punto de inflexión que

viene marcado por la I GM, porque a pesar de que España era un país neutral, su

impacto fue importante. Tras la muerte de Canalejas la descomposición de los

partidos dinásticos se aceleró, y los gobiernos tenían graves dificultades para hacer

su tarea, y en otras ocasiones eran sencillamente incapaces. Entre 1915 y 1920 no

se pudieron sacar adelante los presupuestos y en 1918 se hace una reforma en el

reglamento del Congreso, conocida como “guillotina”, que redujo la posibilidad de

recurrir a prácticas obstruccionistas para impedir que un proyecto o proposición de

ley se convirtiese en ley.

Cuando estalla la guerra el gobierno de Dato declara la

neutralidad de España, aunque se integra en el juego internacional al lado de la

entente franco-británica, pero con un compromiso limitado estrictamente a su zona

de interés; la región del Estrecho; aunque el conflicto se manifiesta en el interior

del continente. Los aliados no reclamaron beligerancia alguna por parte de España.

A pesar de la neutralidad oficial, los sectores sociales con inquietudes políticas se

dividieron en sus simpatías hacia los dos bandos. Aunque España no entró en la



guerra mundial, ésta si entró en España y desencadenó una “guerra civil de las

palabras” entre aliadófilos y germanófilos, básicamente izquierdas y derechas. La

nobleza y el Ejército deseban el triunfo de las potencias centrales; sobre todo por

odio hacia Francia, que era para los clericales la nación impía por excelencia. Los

militares lo hacían porque admiraban el ejército prusiano pero sobre todo porque

detestaban a las potencias aliadas a las que culpaban del poco peso de España en

el exterior. A Inglaterra la consideraban la usurpadora de Gibraltar. La actitud ante

la guerra fue un tema muy espinoso, que generó divisiones en el seno de los

partidos políticos. En las filas liberales frente a la postura de los demócratas de

García Prieto, que eran neutrales, Romanones manifestaba una postura beligerante

en contra de Alemania. Maura tenía una postura de neutralidad pero inclinándose

hacia los aliados; mientras el movimiento de prensa maurita era germanófilo.

La guerra europea cambió el panorama económico y social del

país, ya que al abastecer España a alguna de las potencias, experimentó un gran

avance industrial, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Asturias. La guerra supuso

un hito en el desarrollo del capitalismo español.

Pero paradójicamente, la mayoría de la

población y sobre todo la clase obrera, vio

descender su nivel de vida ante la enorme

subida de los precios, que aumentaban a mayor

velocidad que los salarios. Frente a la

ostentación de los nuevos ricos, la pobreza de la

mayoría todavía destacaba más. En diciembre

de 1915 los liberales subieron al poder con un

gobierno de Romanones en el que se

representaban todas las tendencias del partido.

Todo se aplazó para poder paliar el problema de la escasez y el aumento de los

precios de los alimentos de subsistencia. Era necesario recaudar fondos mediante



una reforma fiscal, y esa fue una tarea que intentó Santiago Alba desde el

ministerio de Hacienda. Se intentó imponer un gravamen especial a quienes se

estaban enriqueciendo en la coyuntura bélica, pero los sectores empresariales se

opusieron con fuerza, y Cambó se erigió en portavoz del capitalismo industrial y

financiero no solo de Cataluña, sino de toda España; a lo cual se unió el PNV, que

cambió su nombre por Comunión Nacionalista Vasca. A raíz de la I GM en este

partido hubo un cambio, y empezó a predominar la rama burguesa, encabezada por

la familia de los navieros Sota. El discurso nacionalista se moderó bastante y el

independentismo quedó relegado a un futuro incierto. La burguesía catalanista y

vasca recurrió a campañas de prensa y actos de protesta como la obstrucción

parlamentaria contra los proyectos de Alba; que tampoco obtuvo el apoyo de la

clase dirigente; ni siquiera en su propio partido.

El gobierno de Romanones cayó por las muchas tensiones sociales y

políticas causadas por la guerra, y fue sustituido por el de García Prieto. A lo largo

de 1917 las relaciones entre los grupos liberales se tensaron hasta un punto en que

se produjo la escisión definitiva; porque también Romanones y Alba estaban

distanciados. Otro problema que acuciaba a los partidos dinásticos eran las

tensiones sociales, por una galopante inflación que provocaba protestas obreras. El

socialismo y la UGT se habían implantado en las principales zonas industriales; y

parecía como si los socialistas hubieran abandonado su estrategia de lucha contra

los partidos republicanos para sustituirla por una lucha a favor de la revolución

social. La CNT obtuvo en Cataluña un éxito inmediato, porque muchos veían en ella

la alternativa a la UGT. Los anarquistas siempre habían criticado la moderación

socialista y en 1916 las divergencias ideológicas entre ambos sindicatos seguían

siendo enormes. Pero a pesar de todo, buscaron la unidad, sobre todo por la

relativa moderación de los nuevos dirigentes de la CNT, Salvador Seguí y Ángel

Pestaña. Las dos centrales sindicales convocaron conjuntamente una huelga

general para el día 18 de diciembre de 1916. Pero en aquel momento el problema



social no era lo más importante, porque la guerra europea precipitó el descontento

de los militares y la necesidad de acometer importantes reformas en su seno. El

principal problema era el exceso de oficiales, en cuyo pago se iba buena parte del

presupuesto, lo cual impedía mejorar las inversiones y el equipamiento. Era

evidente que el Ejército tenía que modernizarse. Las reformas que planeaba Luque,

como jubilaciones anticipadas, recorte de personal, amortización de plazas

vacantes, chocaron con la oposición de los oficiales de menor graduación.

Fue en Barcelona donde la burocracia militar lanzó sus

quejas, y en el otoño de 1016, los oficiales jóvenes de infantería crearon una Junta

de Defensa para oponerse a las proyectadas reformas. Tenían una clara orientación

sindical, y en sus cláusulas se excluía a los generales, lo cual interpretó el gobierno

como una clara muestra de insubordinación. La Junta fue disuelta, pero volvió a

formarse y a lo largo de 1917 el movimiento juntista se difundió rápidamente.

Entre las demandas estaba el establecimiento de ascensos por estricto orden de

antigüedad. Las Juntas desafiaron abiertamente al gobierno de García Prieto al

negarse a acatar la orden de disolverse. Los miembros de la Junta Superior de

Infantería fueron encarcelados en el castillo de Montjuich, y la oficialidad de todas

las ramas mostró su solidaridad con los encarcelados formando una Junta suplente.

El ejemplo de las Juntas militares pronto fue seguido por los distintos cuerpos de la

administración del estado, y hacia mediados de 1917 se habían formado Juntas de

Defensa en los principales ministerios. El manifiesto de las juntas fue interpretado

por las fuerzas antisistema como una clara señal de inminencia del derrocamiento

del régimen. La política de la Lliga Regionalista empieza a cambiar en este

momento, y apuestan claramente por un proyecto estatal, propugnando una

regeneración y reforma del estado en sentido federal. Ante la insistencia de

Eduardo Dato, de nuevo en la presidencia del gobierno, de mantener cerradas las

cortes, Cambó convoca en Barcelona una asamblea de parlamentarios para exigir



una reforma de la constitución que incluya una limitación de las prerrogativas del

rey, la democratización del senado, y la descentralización del estado.

Frente al turnismo dirigido por una oligarquía desde

Madrid, Cambó aspiraba a un cambio político que permitiese defender los intereses

del capitalismo catalán. El suyo seguía siendo un proyecto conservador y de orden.

En nombre de la asamblea, Cambó invitó a participar en ella a los partidos

dinásticos, pero ninguno de ellos asistió, a excepción de algunos diputados y

senadores liberales. La iniciativa era inconstitucional, porque solo el rey o el

gobierno en su nombre, podía reunir a las cortes. Cambó acaba buscando la

colaboración de las Juntas, pero cuando las cortes se reúnen el 19 de julio, solo

acuden los regionalistas, socialistas, republicanos y reformistas.

El desafío de los tres frentes: movimiento obrero,

Juntas de Defensa y Asamblea de

Parlamentarios, suponía una grave amenaza

para la pervivencia de la monarquía. El

presidente del consejo, Eduardo Dato, actuó

con sagacidad sembrando la división entre las

diversas fuerzas antigubernamentales. Primero

cedió ante las Juntas y trató de satisfacer sus

deseos más apremiantes. El poder civil permitía

el chantaje del poder militar. El gobierno

contaba con el pleno apoyo de los generales.

Luego Dato sacó provecho de la convocatoria de

una huelga de ferroviarios en Valencia, que quizá él mismo instigó; y en la cual

había divergencias entre la UGT y la CNT. Esta huelga sembró en Cambó grandes

dudas sobre su afiliación al PSOE y la UGT. Los socialistas, forzados a la acción por

el estallido de la huelga valenciana, convinieron en declarar la huelga general el 13



de agosto, con el objetivo de derribar el régimen. En esta huelga todo va mal,

desde el principio y mientras que en algunas zonas, sobre todo rurales, tiene

escaso desarrollo, en Asturias y el País Vasco tiene muchos seguidores. Los

obreros, que recibieron la consigna de vitorear a los soldados enviados por el

gobierno para reprimir la huelga, no encuentran reciprocidad en los militares; sino

que cumplen las órdenes recibidas. El comité de huelga fue detenido y condenado a

cadena perpetúa. Cambó vio confirmados sus temores a un desbordamiento

izquierdista, y unido a la negativa del gobierno de Dato a escuchar las demandas

de la asamblea, le fuerza a abandonar sus compromisos reformistas. La cerrazón de

dato le coloca en una situación peligrosa, y su actuación demostró que su prioridad

era defender los intereses de algunos sectores conservadores y burgueses que él

representaba. Cambó optó por la seguridad conservadora, y cuando el rey le llama,

acepta apoyar u gobierno multipartidista en el que se ofrecían a los catalanistas dos

carteras. Como regalo a los militares, se nombra al autoritario De La Cierva

ministro de guerra.

Empieza ahora la época de los gobiernos de coalición y el primero

de ellos empieza por renovar los métodos electorales. Por primera vez desde 1903,

en las elecciones de 1918 no hay lista pactada previamente y el resultado fue una

gran fragmentación en las cortes, donde los socialistas obtuvieron unos resultados

bastante buenos, y entran por primera vez en el parlamentos los nacionalistas

catalanes y vascos. Los republicanos y reformistas sufrieron un descalabro y se

quedaron sin escaño. Alfonso XIII, bajo amenaza de abdicación, consiguió que se

formase un gobierno nacional, presidido por Antonio Maura y que reunía a los

principales líderes de las fuerzas políticas que se movían en el ámbito monárquico:

Dato, García Prieto, Romanones, Cambó y Alba. Uno de los asuntos más

complicados para abordar y ponerse de acuerdo es la política internacional y sobre

todo los reiterados torpedeamientos alemanes a los buques españoles que

comerciaban con los aliados. Se pierde el 20% del tonelaje mercante español y más



de cien vidas. En contra de Maura y del rey, que eran partidarios de contemporizar

con Alemania, Romanones proponía optar por una ayuda francesa a la causa aliada.

En el fondo el problema era que en mismo gabinete había opiniones de lo más

dispares. Al cabo de ocho meses cae el gobierno, y ninguno de los de coalición

parece lo suficientemente fuerte para seguir adelante. El gobierno de 1918 era

liberal, presidido por García Prieto y dominado por albistas y demócratas. Apenas

duró un mes. La Lliga, alentada por las tesis de autodeterminación del presidente

Wilson cuando acabó la guerra mundial, se puso al frente de un movimiento

popular a favor de la autonomía. En diciembre de 1918 se forma otro gobierno

presidido por el conde de Romanones, compuesto por gente de su partido en

exclusiva. Romanones era proclive a las demandas catalanistas, pero no contaba

con la suficiente mayoría en las cortes para que le permitiese tramitar la autonomía

catalana, y crea una comisión extraparlamentaria que trate del tema. Pero la crisis

social acaba con el gobierno. El conflicto se inicia en febrero de 1919 con una

huelga de “La Canadiense”, compañía que suministraba la electricidad en

Barcelona, y pronto se generalizó dejando la ciudad paralizada. El movimiento

autonomista catalán quedó relegado por el problema social y no reaparecería hasta

1931. La huelga era por su intensidad y amplitud, la más importante de la Historia

de España hasta el momento, y el gobierno empezó con talante negociador,

aprobando la reducción de la jornada laboral a ocho horas, prometiendo aumento

de salarios y readmisión de los despedidos. Pero ante la intransigencia de la

patronal y del estamento militar, el gabinete acabó sometiéndose e impuso el

estado de guerra, dejando en manos del Ejército la resolución del conflicto. Cambó

y los catalanistas de la Lliga aparcaron la cuestión autonómica y dieron su apoyo al

gobierno centralista que garantizaba la represión del movimiento obrero. Cuando a

raíz de la huelga dimite Romanones, Maura vuelve a formar gobierno, y como no

gozaba de margen de maniobra para gobernar, consiguió el permiso regio para

disolver las cortes y convocar elecciones, estando suspendidas las garantías

constitucionales. Maura quería lograr un gran apoyo parlamentario para poder



gobernar, pero ni siquiera la intervención gubernamental pudo asegurar los

resultados. Los mauristas solo obtuvieron una octava parte de los escaños del

congreso. La división en su propio partido era ya demasiado importante, y la nueva

crisis se salda con el nombramiento como jefe de gobierno en julio de 1919 del

conservador Joaquín Sánchez de Toca; con ministros conservadores, y deseos de

acabar con la crisis social. Pero el gobierno solo dura cuatro meses y en medio de

una crisis económica importante, la Federación Patronal de empresarios optan por

la línea dura, tratando de eliminar el movimiento obrero, recurriendo al despido y

cierre de fábricas. Tampoco el ejército quería contemporizar y en la CNT se

imponían los violentos, contratando bandas que libraron sangrientas batallas en las

calles barcelonesas. El gobierno de Sánchez de Toca cae por problemas con las

Juntas militares en diciembre de 1919; y es sustituido por una coalición de

mauristas, conservadores y liberales; presidido por Manuel Allendesalazar, que

dimite después de que se aprueben los presupuestos; lo cual no se podía hacer

desde cinco años atrás. También se consigue sustituir las Juntas de Defensa por las

Comisiones informativas, aunque en realidad lo único que cambió fue el nombre. El

nuevo gobierno conservador, desde mayo de 1920 a marzo de 1921 fue presidido

por Eduardo Dato, que realizó una política de acción social, aunque de tintes

paternalistas y caritativos en algunas ocasiones. Se volvió a la política de

conciliación y se creó el Ministerio de Trabajo, aunque al final se volvió a optar por

la línea dura e intransigente, con el nombramiento del general Severiano Martínez

Anido como gobernador civil de Barcelona. Impuso una política de terrorismo

policial y la ley de fugas; con lo cual se podía asesinar a los sindicalistas detenidos

basándose en que pretendían escapar. Quizá en esta cuestión estuvo el germen

que hizo que Eduardo Dato fuese asesinado el 8 de marzo de 1921 por un

anarquista.



5-Expansión y radicalización del movimiento obrero.

En el PSOE el fracaso de la huelga de 1917 dio sus

frutos y Pablo Iglesias afirmó que había sido una loca aventura, y que en adelante

era mejor abstenerse de la actividad revolucionaria, y profundizar en la vía

parlamentaria. Quizá por eso en las elecciones de 1918 el PSOE, en conjunción con

los republicanos, logró seis escaños en el Parlamento. Además de Pablo Iglesias,

fueron elegidos Indalecio Prieto, Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit. Pero

la masa del movimiento obrero español iba por otros caminos y el éxito de la

revolución rusa alentó las expectativas de una revolución y extremó la postura del

proletariado. La crisis afectó a toda la Europa de la posguerra y el descenso de las

exportaciones hizo que cerrasen muchas fábricas. La UGT vio radicalizarse a sus

bases, y la CNT se alejó cada vez más de los socialistas, pues su postura seguía

siendo claramente sindicalista y su estrategia era la huelga general. Los

anarcosindicalistas defendieron con entusiasmo la revolución rusa, aunque pronto

quedarían decepcionados con el bolcheviquismo. El año 1919 fue crucial para la

CNT y puso en marcha una nueva estructura organizativa conforme al patrón de

sindicato único. Salvador Seguí fue nombrado secretario general del comité

Nacional y hasta su asesinato sería el dirigente más importante de la confederación.

El sindicato crece de manera acelerada y hay una ola de gran conflictividad.

Durante el trienio bolchevique (1919-1921) hubo numerosos conflictos en Sevilla,

Cádiz, Granada, Córdoba y Málaga. Los grupos sociales de orden se lanzaron a la

lucha callejera y los sectores más duros de la CNT extremaron sus actividades

terroristas, con lo cual también se generaliza la represión gubernamental. Aunque

la clase obrera española estaba mayoritariamente afiliada a los sindicatos de

izquierda y anticlericales, en la posguerra hubo un importante sector que se afilió a



los sindicatos de derechas, llamados Sindicatos Libres. Pero este sindicalismo nunca

tuvo éxito

6-El problema de Marruecos.

Después de la muerte de Dato no pudo salir España del

marasmo en el que estaba. Las líneas maestras de la política internacional se

habían trazado en los primeros años del siglo con su adhesión a la entente franco-

británica, lo cual le permite participar en el reparto de Marruecos. Pero lejos de

ventajas, esto será para España una gran carga, porque la zona española era un

terreno pobre y montañoso, y por tanto de muy difícil colonización, habitado por

tribus indómitas. El tratado hispano francés de 1912 había establecido el

protectorado de ambas potencias sobre Marruecos, confirmando la supremacía de

Francia. Durante la guerra mundial la paz en el protectorado español se mantuvo a

base de pactos con los jefes indígenas, que incluían el pago de fuertes sumas de

dinero a cambio del compromiso de no atacar. Los políticos españoles, y entre ellos

Romanones, africanista convencido, no estaba dispuesto a dejar la zona española

en manos francesas y cuando Francia pide que se anulen los derechos de España,

decide que hay que actuar. La campaña se inicia con victorias y avances

espectaculares, como la toma de la ciudad de Xauen; pero trae como consecuencia

el enfrentamiento entre dos facciones rivales del Ejército: los junteros y los

africanistas. Desde 1919 el alto comisario, máxima autoridad de Marruecos, era



Dámaso Berenguer, que creía en la ocupación del territorio siguiendo una política

de alianzas combinada con acciones militares. Su estrategia de construir escuelas o

fomentar las obras públicas estaba dando buenos resultados; pero en el sector

oriental, donde estaba al mando en Melilla el

general Manuel Fernández Silvestre, se llevó a

cabo un avance mal preparado hacia el corazón

del Rif, que Berenguer no quiso detener en razón

a la amistad que unía a los dos generales.

Silvestre aseguraba a punto de ocupar la bahía

de Alhucemas. El ataque se produce el 1 de julio

de 1921 y bajo el mando de Abdelkrim se

siembra la muerte en todo el sector melillense.

La retirada de las tropas se hizo de manera totalmente caótica, abandonando

pertrechos y abundante material. La batalla de Annual, donde Silvestre perdió la

vida, aunque nunca se encontró su cuerpo, fue solo un episodio del desastre.

Cuando los supervivientes se rendían por falta de agua o provisiones, eran

asesinados por sus sitiadores.



Abdelkrim, antiguo protegido de los españoles, se había convertido en su peor

pesadilla y la victoria de Annual le dio un extraordinario prestigio, con lo cual llegó

a tener el mando sobre casi todo el Rif. LA cuestión de Marruecos envenenó la vida

nacional y acabó siendo una de las causas del quiebro del sistema parlamentario.

Las elites gobernantes hicieron causa común para la defensa del régimen frente a

las acusaciones de negligencia en el tema de Marruecos. Maura fue llamado a

presidir el nuevo gobierno en el que participaban los distintos grupos dinásticos, a

excepción del de Alba, y que también contaba con el apoyo de cambó. El consenso

duró hasta que la situación en Marruecos quedó restablecida. El ministro de la

guerra, Juan de la Cierva, tuvo que contener al general Picasso, designado para

investigar las causas del desastre, para que circunscribiese las responsabilidades a

los oficiales que habían tenido una conducta más notoriamente deshonrosa, y para

que apartase su atención del general Berenguer. Este fue eximido de culpa y siguió

al frente de las operaciones, que pudieron recuperar el territorio perdido gracias,

sobre todo, al Tercio de Extranjeros, una unidad formada por voluntarios

profesionales al mando de Millán Astray. Pero cuando el peligro inminente se aleja,

surgieron discrepancias en el gabinete en cuanto a la política a seguir en el

Protectorado. Maura era partidario de limitar la acción en Marruecos, y otros

pensaban que había que ocupar toda la zona. La cuestión marroquí acaba con este

gobierno y precipita la caída del gabinete. Al gobierno de Maura le sucede el

gobierno conservador presidido por Sánchez Guerra. Las conclusiones que se

derivaron del expediente Picasso que solo se dio a conocer en privado, dieron pie

para que el máximo tribuna militar, el Consejo Supremo de Marina y Guerra,

acordase procesar a un buen número de militares, entre ellos al General Berenguer.

La izquierda antidinástica llega a acusar al propio rey y arrecia en sus protestas en

contra de la guerra y las clases medias abandonan su tradicional indiferencia para

mostrarse en contra del Ejército y sobre todo del reclutamiento de los soldados de

cuota, es decir, de sus propios hijos que habían pagado para librarse del servicio

militar.



6-Último gobierno constitucional de concentración liberal, presidido por

García Prieto.

En diciembre de 1922 nace un gobierno de concentración

liberal en donde estaban representadas las principales facciones del partido,

presidido por García Prieto. El reformismo democratizador de este gobierno no se

notó en las elecciones generales de 1923, que se desarrollaron con los métodos de

siempre. Aunque las cortes surgidas de aquellas elecciones no eran más

democráticas que las anteriores, y los problemas se seguían acumulando, algunos

historiadores piensan que fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, de

modo que el golpe de Primo de Rivera vendría a

romper el nacimiento de un cambio. Pero es

muy dudoso que este gobierno tuviese la

capacidad suficiente para cambiar nada, porque

los atentados seguían siendo habituales. La

burguesía catalanista vivía con temor el

momento y quizá por eso dio su apoyo, en

principio a Primo de Rivera, que era entonces

el capitán general de Cataluña. La situación de

Barcelona fue uno de los detonantes del golpe, a

lo cual se suma la radicalización de un sector independista que causaba problemas

en el Ejército. Otro factor de crispación de la vida catalana fue el surgimiento en

1919 de la Unión monárquica nacional, partido españolista de Cataluña. Se acusaba

a los políticos profesionales de incompetentes y al nueva política civilista se plasmó

en Marruecos con el nombramiento del primer alto comisario civil del protectorado.

Se culminó el rescate de los últimos prisioneros que seguían en manos de

Abdelkrim, aunque los militares consideraron una afrenta el pago del rescate.



Cuando a finales de agosto el ministro de estado, Santiago Alba, accedió a los

planes bélicos en Marruecos se produjeron en el seno del gobierno graves

disensiones. A pesar de la política pactista, los ataques rifeños seguían produciendo

bajas y los entendidos sostenían que el problema solo se solucionaría mostrando

superioridad militar.

Los liberales sabían que había que redefinir las relaciones Iglesia-

estado. El partido reformista había exigido para entrar en el gobierno la

modificación del artículo 11 de la constitución para suprimir el párrafo que prohibía

los actos y manifestaciones de otras religiones. Pero ante el rechazo de una parte

de la población y de la Iglesia, el gobierno no se atrevió a seguir adelante. El resto

de las medidas reformadoras que se habían incluido en el programa, ni siquiera se

abordaron. La concentración liberal tiene que ceder y es incapaz de resolver los

problemas que se le plantean. Los gobiernos de Alfonso XIII se mostraron

incapaces de introducir las reformas necesarias para modernizar el país.

En septiembre de 1923 el gobierno de concentración liberal parecía

no tener visos de supervivencia. Las conspiraciones en los cuarteles militares eran

bastante comunes y el clima a un intervencionismo militar era perceptible. En 1923

el maurismo sufre un descalabro electoral y a toma del poder por Mussolini en

Italia, en 1922 se tomó como un ejemplo. No hay acuerdo sobre si el rey estaba o

no enterado de la preparación del golpe, pero si es verdad que su intervención

contribuyó al desprestigio del poder civil y potenció el clima de rebelión militar. Su

despego hacia el gobierno de concentración era total y no lo ocultaba. Hacía tiempo

que un grupo de militares, conocido como Los generales del cuadrilátero

conspiraban en Madrid, pero el golpe sólo toma cuerpo cuando Primo de Rivera se

subleva desde Barcelona. A pesar de que Primo de Rivera no era demasiado

popular en el ejército por haber sido propicio al abandono en Marruecos, aunque

luego matizase sus opiniones. El golpe se llevó a cabo fácilmente y sin



derramamiento de sangre. Alba estaba de vacaciones, al igual que el propio rey, y

no opuso resistencia. Hubo ausencia de protestas incluso entre los socialistas y

republicanos. Solo la CNT y el PCE hicieron llamamientos para resistir, pero todo el

mundo admitió el hecho consumado del golpe. El régimen estaba tan desgastado

que cualquier promesa de cambio era bien acogida.

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