Historia Argentina Contemporanea 1983-2008.pdf

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Naveg@mrica. Revista electrnica de la Asociacin Espaola de Americanistas. 2011, n. 6.

Recibido: 28-04-2010Aceptado: 25-10-2010

Cmo citar este artculo: CRENZEL, Emilio. Veinticinco aos de democracia en Argentina, unbalance desde los derechos humanos.Naveg@mrica. Revista electrnica de la Asociacin Espaolade Americanistas [en lnea]. 2011, n. 6. Disponible en: .[Consulta: Fecha de consulta]. ISSN 1989-211X.

ARTCULOS

VEINTICINCO AOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA, UN BALANCE DESDELOS DERECHOS HUMANOS.

Emilio CrenzelUniversidad de Buenos Aires

[email protected]

Resumen: Este artculo propone un balance del perodo 1983-2008 en el cual la Argentinaexperiment veinticinco aos de democracia poltica ininterrumpida. El anlisis se focaliza en

el plano de las polticas de derechos humanos que distinguieron al pas del resto de susvecinos del Cono Sur de Amrica latina, por el tratamiento que sucesivos gobiernosconstitucionales efectuaron respecto del pasado de las violencias de Estado perpetradas porla dictadura militar que lo gobern entre 1976 y 1983. Por un lado, se propone que laArgentina constituye, en el plano de los derechos humanos, un caso paradigmtico a escalainternacional por el repertorio de polticas de justicia transicional desenvueltas desde elretorno a la democracia. Por otro lado, se destacan las debilidades que, en el plano poltico ysimblico, persisten a pesar de estas iniciativas para evocar y pensar el pasado de violenciapoltica que desgarr al pas tres dcadas atrs.

Palabras Clave: Democracia, veinticinco aos, Argentina, poltica, derechos humanos, balance.

Title: TWENTY-FIVE YEARS OF DEMOCRACY IN ARGENTINE, A BALANCE FROM THEHUMAN RIGHTS.

Abstract: This paper offers an overview of the 1983-2008 period in which Argentina experiencedtwenty-five years of uninterrupted political democracy. The analysis focuses on the level ofhuman rights policies that distinguished the country from the rest of its neighbors in theSouthern Cone of Latin America, the constitutional treatment that successive governmentsmade in respect of past state violence perpetrated by the military dictatorship who ruledbetween 1976 and 1983. On the one hand, it is proposed that Argentina is at the level ofhuman rights a paradigmatic case at international level by the repertoire of transitional justicepolicies unwrapped since the return to democracy. On the other hand, highlights weaknessesin the political and symbolic levels, persist despite these efforts to evoke the past and think ofpolitical violence that tore the country three decades ago.

Keywords:Democracy, twenty-five years, Argentina, political, human rights, balance.

1. Introducc in

Este artculo propone un balance del perodo 1983-2008 en el cual la Argentina


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experiment, por primera vez en su historia poltica, veinticinco aos de democraciaininterrumpida. Diversos aspectos se destacan en este perodo: en el planoinstitucional, no hubo dos presidentes constitucionales de distinto signo poltico quecompletasen sus mandatos (los nicos que lo lograron, Carlos Menem y NstorKirchner, son justicialistas y se transfirieron el mando a s mismos o a su esposa); en

el plano econmico y social el pas padeci ciclos inflacionarios (1983-1988 y 2002-2010) e hiperinflaciones (1989-1990); el aumento vertiginoso de la deuda externa de 49 mil millones de dlares en 1983 a 117 mil millones en 2009- pese a que entre1976 y 2000 desembols 200 mil millones de dlares en concepto de intereses; laprivatizacin de casi todas las empresas pblicas y un agudo proceso depolarizacin social que incluy la duplicacin de la desocupacin (alcanzando al21,5% de la Poblacin Econmicamente Activa durante la vigencia del plan deconvertibilidad en 2001) y el aumento de la pobreza y la indigencia las cualesalcanzan a un tercio y a un dcimo de la poblacin econmicamente activarespectivamente1. En el plano de la seguridad colectiva, la Argentina fue escenariode dos terribles atentados terroristas (a la embajada de Israel y a la asociacinmutual de la colectividad juda, la AMIA) en los que fueron asesinadas 29 y 85personas respectivamente sin juzgarse y castigarse a responsable alguno.

El artculo, sin embargo, privilegiar el anlisis de otro plano, el de las polticasde derechos humanos. Ellas, distinguieron al pas del resto de sus vecinos del ConoSur de Amrica latina, por el tratamiento que sucesivos gobiernos constitucionalesdieron respecto del pasado de las violencias de Estado perpetradas por la dictaduramilitar que lo gobern entre 1976 y 19832.

Al trazar este panorama se pretende confrontar con dos ideas. La primera,

derivada de las tesis retribucionistas, cuestiona las respuestas jurdicas, polticas ysimblicas ante las violaciones a los derechos humanos, argumentando que hanpermitido la impunidad de los responsables de dichas violaciones. Desde estaperspectiva, centrada en una mirada punitiva, el castigo debera ser impuesto atodos los que ordenaron, perpetraron o contribuyeron a la ejecucin de lasviolaciones, pero tambin a quienes encubrieron los hechos o auxiliaron a susperpetradores3. La ausencia de sancin penal a este amplio conglomerado deactores se traducira en la inexistencia de una comunidad con justicia. La segundaidea, basada en la amplitud y originalidad de las polticas de justicia transicionaldesplegadas en el pas, propone la integracin plena de los derechos humanos a laagenda de la democracia argentina4.

1 Fuente: Ministerio de Economa de la Nacin. Sobre las transformaciones estructurales en esteperodo, vase BASUALDO, Eduardo. Estudios de Historia econmica argentina Desde mediadosdel siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2010. Para un anlisis de la dinmicapoltica, vase NOVARO, Marcos.Argentina en el fin de siglo - Democracia, mercado y nacin (1983-2001).Buenos Aires: Editorial Paids, 2009.2 Este artculo retoma ideas presentes en CRENZEL, Emilio. Argentina. En: STAN, Lavinia yNEDELSKY, Nadya (eds.). The Encyclopedia of Transitional Justice. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2011.3Vase, MALAMUD GOTI, Jaime. Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y democraciadespus de los juicios al terrorismo de Estado. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2000, p. 223-224.4 Vase SIKKINK, Kathryn. From pariah sate to global protagonist: Argentina and the struggle for

international human rights. Latin american politics and society. 2008, vol. 50, n. 1, p. 1-30 ; School ofInternational Studies, University of Miami y SMULOVITZ, Catalina. I cant get no satisfaction:Accountability and Justice for Past Human Rights Violations in Argentina. Paper presentado el 19 de


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En este artculo se sostiene que la Argentina constituye en el plano de losderechos humanos un caso paradigmtico a escala internacional por el repertorio depolticas de justicia transicional desenvueltas desde el retorno a la democracia. Pero,al mismo tiempo, se propone que, pese a la diversidad de respuestas institucionalesen este plano, persisten ciertas claves para evocar y pensar este pasado de

violencia poltica que desgarr al pas tres dcadas atrs y a sus protagonistas, lascuales establecen lmites para afirmar el carcter universal de los derechos humanosy favorecer la construccin de una comunidad ciudadana igualitaria.

2. El pasado represivo

Desde 1930 hasta 1983 se sucedieron en la Argentina una docena de golpes deEstado encabezados por las Fuerzas Armadas. Desde entonces, en el marco de unatradicin poltica que se remonta al Siglo XIX, el intervencionismo militar en la escenainstitucional fue normalizado por amplios sectores de la sociedad civil y poltica y juntoa la influencia de las ideas del integrismo catlico y las corrientes nacionalistas y

conservadoras conformaron una cultura signada por el desprecio a la ley y laalteridad. La tortura contra los presos polticos adquiri un carcter regular y el recursoa la violencia adquiri un statusprivilegiado en el imaginario poltico5.

A mediados de los aos cuarenta, el surgimiento del peronismo gener en el pasun proceso de polarizacin poltica que se acentu en 1955 tras su derrocamiento yproscripcin. A partir de all, y en el marco de la Guerra Fra contra el comunismo y lavictoria de la Revolucin Cubana, se abri un ciclo de inestabilidad institucional,agitacin social y creciente radicalizacin poltica que incluy el surgimiento deguerrillas marxistas y peronistas. En ese marco, las Fuerzas Armadas argentinasadoptaron la idea de que tenan como misin institucional el combate contra lasubversin e incorporaron las experiencias francesas de guerra en Argelia e Indochinay la Doctrina de Seguridad Nacional de origen norteamericano que incluan a la torturacomo clave bsica de la inteligencia militar, la consideracin de que la guerra era totaly que el enemigo poda hallarse en cualquier mbito de la sociedad6.

En 1973, bajo la tercera presidencia de Juan Pern oper, con apoyo oficial, la"Alianza Anticomunista Argentina", conocida como Triple A, organizacin que asesina centenares de opositores polticos. Tras su muerte, al asumir la presidencia suviuda, Mara Estela Martnez, declar el 6 de noviembre de 1974, por decreto 1368, elestado de sitio y en febrero de 1975, por decreto 265, autoriz a las Fuerzas

junio de 2009 en el marco del proyecto: Comparing the Effectiveness of the AccountabilityMechanisms in Eastern Europe and Latin America organizado por el Colegio de Mxico, laUniversidad de las Naciones Unidas en asociacin con la Universidad de Oxford.5Sobre el intervencionismo militar en la vida poltica argentina, vase GARCA, Prudencio. El dramade la autonoma militar. Madrid: Alianza, 1995. Sobre la influencia de las ideas nacionalistas ycatlicas, vase ZANATTA, Loris. Del estado liberal a la nacin catlica. Iglesia y ejrcito en losorgenes del Peronismo 1930-1943.Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 1996 y DEVOTO,Fernando J. Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna.Buenos Aires: SigloXXI, 2002.6 La influencia francesa se extendi en las filas castrenses al orden espiritual con la difusin delintegrismo catlico que combinaba el anticomunismo y el antiliberalismo mediante la creacin, en1957, de las primeras vicarias militares. Ver GARCA, Prudencio. El drama de la autonoma militar.

Madrid: Alianza, 1995, p. 65-72. Segn datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, entre1950 y 1975, 3.676 militares argentinos recibieron instruccin en academias militares norteamericanas,Vase DUHALDE, Eduardo. El Estado terrorista argentino. Buenos Aires: Argos-Vergara, 1983, p. 39.


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Armadas a aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumn extendiendo,en octubre de 1975, por decreto 2.772, esa autorizacin a todo el pas. Entre 1973 y1976, se cometieron 1.543 asesinatos polticos, 5.148 personas revestan comopresos polticos y 900 desaparecieron7.

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las desapariciones sevolvieron sistemticas. Consistan en la detencin o el secuestro de personas,efectuado por militares o policas, su reclusin en lugares ilegales de cautiverio, los"Centros Clandestinos de Detencin", donde eran torturadas y, mayoritariamente,asesinadas. Sus cuerpos eran enterrados en tumbas annimas, incinerados oarrojados al mar, sus bienes saqueados y se estima que 500 hijos desaparecidos

junto a sus padres o nacidos en cautiverio, fueron apropiados por las fuerzas deseguridad y falseadas sus identidades. De ellos, las Abuelas de Plaza de Mayolograron restituir, hasta abril de 2010, la identidad de 1018.

Simultneamente, el Estado negaba toda responsabilidad en estos hechos. Losorganismos de derechos humanos postulan la existencia de 30 mil desaparecidospero hay 9.334 casos registrados oficialmente, el 90% de los casos ocurridos tras elgolpe9.

El 80% de las desapariciones sucedieron en las principales ciudades del pas (Elrea Metropolitana de Buenos Aires, Crdoba, La Plata, Rosario y Tucumn); el 81%de los desaparecidos tena, al ser secuestrado, entre 16 y 35 aos y 70% eranhombres. El 30% de los desaparecidos fueron obreros, 21% estudiantes, 18%empleados y 11% profesionales. La mayora integraba organizaciones peronistas ymarxistas, guerrilleras o clasistas. Adems, durante la dictadura 12 mil personas

revistieron como presos polticos, 2,286 fueron asesinadas y se estima que 250 mil,sobre una poblacin de 25 millones de habitantes para mediados de los aossetenta, debieron exiliarse. Toda la poblacin fue privada de derechos civiles ypolticos y el terror atraves el espacio pblico y privado10.

Inicialmente, la dictadura esgrimi la negacin de todo dato y responsabilidad enla suerte de los desaparecidos. Recin en diciembre de 1977, el discurso oficialnombr a los desaparecidos. En conferencia de prensa, el presidente de facto, JorgeVidela seal que:

En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas,

7Vase IZAGUIRRE, Ins. Los desaparecidos, recuperacin de una identidad expropiada. BuenosAires: Universidad de Buenos Aires; Instituto de Investigaciones Gino Germani; Facultad de CienciasSociales, 1992, p. 20.Cuaderno, 9, en base a Comisin Nacional sobre la desaparicin de personas(CONADEP). Nunca Ms. Informe de la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas.BuenosAires: EUDEBA, 1984.8 Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas de Plaza deMayo .9Fuente: Base CONADEP actualizada. Secretara de Derechos Humanos de la Nacin.10Vase Comisin Nacional sobre la desaparicin de personas (CONADEP). Nunca Ms. Informe dela Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas. Buenos Aires: EUDEBA, 1984. Sobre elnmero de exiliados, vase BERTONCELLO. Rodolfo y LATTES, Alfredo. Medicin de la emigracin

de argentinos a partir de la informacin nacional. En: LATTES, Alfredo y OTEIZA, Enrique (eds.).Dinmica migratoria argentina (1955-1984). Democratizacin y retorno de los expatriados. BuenosAires: Centro Editor de Amrica Latina, 1987.


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otras que mueren y otras que desaparecen [...]. La desaparicin de algunaspersonas es una consecuencia no deseada de esta guerra. Comprendemos eldolor de aquella madre o esposa que ha perdido a su hijo o marido, del cual nopodemos dar noticia, porque se pas clandestinamente a las filas de lasubversin, por haber sido presa de la cobarda y no poder mantener su actitudsubversiva, porque ha desaparecido al cambiarse el nombre y salirclandestinamente del pas o porque en un encuentro blico su cuerpo al sufrir lasexplosiones, el fuego o los proyectiles, extremadamente mutilado, no pudo serreconocido, o por exceso de represin11.

As, la dictadura describa a los desaparecidos como guerrilleros y explicaba susdesapariciones por el estado de guerra, como prcticas de la "subversin o comohechos aislados de la represin.

Este ejercicio de la culpabilizacin y estigmatizacin de los desaparecidos, seinscribi en una interpretacin potente, de carcter ms general, elaborada por lospropios militares que se atribuan la defensa no slo de los valores patriticos ymorales, de la legalidad y la administracin de justicia sino de la propia civilizacin"Occidental y cristiana". Los derrotados, los subversivos, eran descriptos comoinfractores de las reglas legales del juego poltico y rotulados, por ello, como"delincuentes subversivos". Al mismo tiempo, se los retrataba como extraos yajenos al territorio, la historia, los conflictos y la idiosincrasia nacional, como parte dela "subversin internacional".

En un contexto signado por el simultneo ejercicio del terror de Estado, y laestigmatizacin de los perseguidos, los familiares de desaparecidos y losorganismos de derechos humanos, tanto en las presentaciones dirigidas en el pas a

al Estado como en las realizadas en el exterior ante organizaciones internacionales einstancias gubernamentales de otros pases describan a sus parientes a partir desus rasgos fsicos y datos bsicos de identidad, resaltando sus valores morales, suscapacidades y virtudes como hijos, estudiantes, trabajadores o profesionales ydesplazaron toda mencin a sus adscripciones polticas intentando, as, demostrarsu inocencia. Es decir, no cuestionando la dada de culpables e inocentes forjada porla dictadura que limitaba a estos ltimos la condicin de sujetos de derecho.

Adems del terror imperante, ello se debi, como ha demostrado Markarian parael caso uruguayo, por las nuevas relaciones establecidas por los familiares dederechos humanos, los organismos de derechos humanos y las comunidades de

exiliados polticos con las redes transnacionales de derechos humanos, lazos quesignificaron la incorporacin de la cultura de los derechos humanos, la cual sehallaba en expansin en la arena internacional a mediados de los aos setenta delSiglo XX, por el universo de denunciantes la cual supona esas claves narrativas12.

La dictadura neutraliz los reclamos, aun los de la Comisin Interamericana deDerechos Humanos de la OEA (CIDH) o de Amnesty International queinspeccionaron el pas en 1976 y 1979 y denunciaron la represin. Slo tras laderrota argentina ante el Reino Unido en la guerra de las islas Malvinas/Falklands,

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Diario La Prensa15 de septiembre de 1977.12 MARKARIAN, Vania. Idos y recin llegados. La izquierda uruguaya en el exilio y las redestransnacionales de Derechos Humanos 1967-1984.Mxico: Uribe y Ferrari Editores, 2006.


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en junio de 1982, perdi consenso interno e internacional. Entonces, las denunciasde las organizaciones de derechos humanos La Asamblea Permanente por losDerechos Humanos; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Servicio dePaz y Justicia; las Madres de Plaza de Mayo, que agrup desde 1977 a madres dedesaparecidos; las Abuelas de Plaza de Mayo, que agrup a abuelas con nietos

desaparecidos; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Familiares deDetenidos y Desaparecidos por Razones Polticas y el Movimiento Ecumnico porlos Derechos Humanos, recibieron atencin pblica.

A diferencia del resto del Cono Sur de Amrica latina, la dictadura no pudoimponerle a la oposicin poltica una transicin pactada y, pese al rechazo pblicosancion, el 22 septiembre de 1983, un mes antes de los comicios, la ley 22.924 dePacificacin Nacional, conocida como Autoamnista, declarando extinguidas lascausas penales por delitos cometidos durante la lucha antisubversiva13.

3. Justicia transicional: alcances y lmites

Desde el retorno de la democracia el 10 de diciembre de 1983 Argentina sedestac, en el Cono Sur de Amrica latina, por implementar diversos mecanismos de

justicia transicional para enfrentar las violaciones a los derechos humanos cometidasen el pas durante la segunda mitad de los aos setenta y principios de la dcada delos ochenta del siglo XX: la constitucin de una comisin que investig y expuso unanueva verdad pblica sobre la suerte de los desaparecidos; el enjuiciamiento de losresponsables materiales de la violencia poltica, va clausurada por leyes y decretosy luego reabierta; la reparacin de las vctimas; la inclusin con rango constitucionalde los tratados de defensa y proteccin de los derechos humanos, y la transmisin

de un sentido de este pasado a las nuevas generaciones. En este apartado seresumen una serie de polticas pblicas claves en materia de verdad, justicia ymemoria respecto de las violaciones a los derechos humanos entre 1983 y 2008 yse puntualizan los lmites que las signaron: la deshistorizacin de la violenciapoltica, la omisin de las responsabilidades de la sociedad civil y poltica en el ciclode violencia y la obliteracin de la identidad poltica de los desaparecidos.

3.1. Verdad

El presidente radical Ral Alfonsn (1983-1989) tras asumir el 10 de diciembrede 1983 derog, por inconstitucional, la autoamnista y cre, el 15 de diciembre, la

Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas (CONADEP) para investigarel destino de los desaparecidos.

La CONADEP, fue rechazada por las Fuerzas Armadas y sus aliados que senegaban a una revisin de lo actuado en materia represiva y reclamaban elreconocimiento por la victoria obtenida en la "guerra antisubversiva". Tambin, porlos organismos de derechos humanos que pedan una comisin parlamentariabicameral que condenara todas las prcticas, no slo las desapariciones, del"terrorismo de Estado". Esta Comisin, estuvo compuesta de personalidades de lasociedad civil y tres diputados de la Nacin y fue presidida por el escritor Ernesto

13Para la "ley de pacificacin nacional", nmero 22.924, ver Boletn Oficial de la Repblica Argentina,27 de septiembre de 1983.


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Sbato. La CONADEP, tena por metas recibir denuncias y pruebas sobre lasdesapariciones y remitirlas inmediatamente a la Justicia; averiguar el destino de losdesaparecidos incluyendo los nios sustrados por las fuerzas represivas; denunciara la justicia el ocultamiento o destruccin de pruebas y emitir un informe final sobrelos hechos investigados. Es decir, metas propias de la justicia transicional: revelar

una verdad ocultada o tergiversada por el rgimen autoritario y colaborar a laprosecucin judicial de los perpetradores de los crmenes. Tras recibir miles dedenuncias de familiares y sobrevivientes de las desapariciones, examinardocumentos oficiales e inspeccionar cerca de cincuenta Centros Clandestinos deDetencin en todo el pas, el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entreg alpresidente su informe final titulado "Nunca Ms".

Nunca Ms se convirti rpidamente en un Best Seller vendiendo 510 milejemplares hasta 2009; fue traducido al Ingls, Italiano, Portugus, hebreo y Alemn;sus claves narrativas e interpretativas fueron utilizadas en el juicio a las Juntasmilitares y en diversas producciones culturales; se constituy en modelo de otros

informes de comisiones de la verdad del continente y fue introducido en losprogramas escolares para transmitir un sentido de este pasado a las nuevasgeneraciones14. De estilo factual y realista, Nunca Ms derrumb en la esferapblica el monopolio de la interpretacin ejercido hasta entonces por las FuerzasArmadas sobre los desaparecidos, al postular el carcter sistemtico de lasdesapariciones y la existencia de un sistema clandestino de alcance nacional, bajo laresponsabilidad de las Fuerzas Armadas, para perpetrarlas.

Sin embargo, en su prlogo, Nunca Msno explica histricamente el origen dela violencia poltica, propone a la violencia de Estado como respuesta a la violenciaguerrillera, omitiendo las intervenciones represivas que antecedieron en dcadas alsurgimiento de los grupos insurgentes, presenta a las desapariciones comoresponsabilidad exclusiva de la dictadura, soslayando las responsabilidades de lasociedad poltica por las perpetradas antes del golpe, propone la ajenidad o lacondicin de vctima de la sociedad civil respecto de la violencia de Estado, y omitesus responsabilidades en el ciclo de violencia15. De esta manera, el prlogo de laCONADEP al Nunca Ms propone un nosotros externo a toda violencia, una"comunidad imaginada" de ciudadanos ajenos a las divisiones y enfrentamientos.Finalmente, presenta a los desaparecidos por sus nombres, sexos, edades yocupaciones, en sintona con la narrativa forjada durante la dictadura por losfamiliares de desaparecidos, recalcando su ajenidad respecto de la guerrilla.

Esta ltima frontera del prlogo se reconfigura en el corpus del libro. Laexclusin de los guerrilleros se extiende a la militancia poltica. En la mayora de lostestimonios que incluye el informe (64%) la Comisin presenta a los desaparecidosslo mediante sus nombres, en un 16% los describe como personas o sereshumanos, en una proporcin similar en base a los vejmenes que sufrieron comosecuestrados, detenidos, desaparecidos, presos o prisioneros y slo en un 3%

14 Para la historia de la elaboracin, usos, y resignificaciones de este informe, vase, CRENZEL,Emilio. La historia poltica del Nunca Ms. La memoria de las desapariciones en la Argentina . Buenos

Aires: Siglo XXI Editores, 2008.15 Comisin Nacional sobre la desaparicin de personas (CONADEP). Nunca Ms. Informe de laComisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas. Buenos Aires: EUDEBA, 1984, p. 9-10.


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menciona su condicin militante16. Dentro de este pequeo conjunto, se retratan suscompromisos sectoriales y slo en una nfima proporcin su participacin poltica,siempre ajena a la insurgencia armada. A partir de estos atributos, la Comisinpostula la condicin de vctimas inocentes" de los desaparecidos, por su ajenidadcon la guerrilla y la poltica, confrontando con el argumento castrense que justificaba

las desapariciones como excesos cometidos en la guerra antisubversiva, yasumiendo el tono del reclamo dominante bajo la dictadura entre los organismoshumanitarios y los familiares el cual procuraba enfrentar la estigmatizacin dictatorialde los desaparecidos. As, su denuncia de los derechos violados se asent en lacondicin moral de las vctimas, ms que en el carcter universal e inalienable deestos derechos.

Bajo la administracin de Nstor Kirchner, en abril de 2006, el informe NuncaMs fue reeditado al cumplirse el trigsimo aniversario del golpe militar de 1976.Como novedad, esta edicin incluy la adicin de un nuevo prlogo escrito por laSecretaria de Derechos Humanos de la Nacin integrada por destacados abogadosde presos polticos y denunciantes de la dictadura en el exilio17.

La adicin del nuevo prlogo demostr, dadas las importantes repercusionespblicas que gener, que el pasado de violencia poltica y horror lejos de estarcristalizado y muerto es materia de debate en el presente. Tambin, evidenci que elEstado, como desde 1983, es un actor central en el escenario de produccin desentidos sobre este pasado. Por ltimo, confirm la importancia del Nunca Msenlas ideas y representaciones de la sociedad argentina sobre esos hechos ya que laadicin del nuevo prlogo convirti al informe en un instrumento para exponer unanueva lectura del mismo, en este caso de carcter oficial18.

El carcter fundacional que propone el nuevo prlogo se revela en la evaluacinde las polticas impulsadas por el gobierno de Kirchner respecto de suspredecesores constitucionales desde 1983 en materia de derechos humanos, a lasque califica como parte de un momento "histrico" y "excepcional", fruto de la polticaoficial y de su encuentro con "las inclaudicables exigencias de verdad, justicia ymemoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las ltimas tres dcadas".Pese a ello, al igual que el prlogo de la CONADEP, el nuevo prlogo no historiza elpasado de violencia poltica y el horror que atraves el pas y omite, tambin, lasresponsabilidades del Estado, las Fuerzas Armadas, la sociedad poltica y civil en lasdesapariciones previas al golpe. A la vez, postula la relacin de la sociedad

argentina con el horror desde una mirada inversa al original pero igual de totalizanteen la que el pueblo, sin fisuras, enfrenta el terror dictatorial y la impunidad

16 CRENZEL, Emilio. La historia poltica del Nunca Ms. La memoria de las desapariciones en laArgentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008.17Sus autores fueron Eduardo Duhalde y Rodolfo Mattarollo secretario y subsecretario de derechoshumanos de la Nacin quienes militaron en organizaciones revolucionarias de los aos setenta,fueron defensores de presos polticos, denunciaron en el exilio a la dictadura y ejercieron diversoscargos en organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.18La reproduccin literal del Nunca Ms y la resignificacin de su sentido mediante la adicin de otrastextualidades, prolonga el proceso abierto en 1995, al reactivarse el debate pblico sobre estepasado. Desde entonces, diversos grupos de la sociedad civil impulsaron ediciones del Nunca Ms

incluyendo junto a ellas sus propias perspectivas sobre las desapariciones. Ver, CRENZEL, Emilio. Lahistoria poltica del Nunca Ms. La memoria de las desapariciones en la Argentina . Buenos Aires:Siglo XXI Editores, 2008.


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eclipsando, as, la soledad de los denunciantes del crimen durante la dictadura19.

El nuevo prlogo confronta tcitamente con la explicacin de la CONADEP sobrela violencia a la cual se postula como una "simetra justificatoria" entre la violenciaguerrillera y estatal, postula al terror de Estado como funcional a la meta dictatorial

de imponer un sistema econmico excluyente y hace suyo, sin presentar evidenciaalguna y en contra de los propios registros en manos oficiales, la cifra de 30 mildesaparecidos enarbolada por los organismos de derechos humanos20.

Pese a estos cambios, vuelve a retratar a los desaparecidos, como el prlogooriginal, por sus datos identitarios bsicos: (nios, jvenes, hombres y mujeres detodas las edades); sus perfiles ocupacionales: (obreros, periodistas, abogados,psiclogos, profesores universitarios, docentes, estudiantes); o como hombres ymujeres de todos los estamentos sociales, proponiendo, as, una imagen amplia eindiscriminada de sus identidades que retoma la narrativa humanitaria forjada entrelos denunciantes del crimen durante la dictadura y que excluye, como la CONADEP,

a la guerrilla y a la militancia poltica de ese universo21.

En sntesis los dos prlogos al Nunca Ms, manifiestan ms all de susdiferencias, ciertas continuidades: no historizan la violencia poltica ni el terror deEstado, no se preguntan por las responsabilidades de la sociedad poltica y civil ensu ejercicio, excluyen del universo de desaparecidos a la guerrilla y a la militanciapoltica, omiten mencionar las responsabilidades de la sociedad poltica y civil en elciclo de violencia y postulan la relacin de la sociedad argentina con su pasadodesde una perspectiva totalizante al proponer su ajenidad, inocencia y victimizacinrespecto de la violencia poltica en general y a la estatal en particular.

3.2. Justicia

Alfonsn, tres das despus de asumir la presidencia, el 13 de diciembre de1983, orden, mediante el decreto 157, enjuiciar a siete jefes guerrilleros del"Ejrcito Revolucionario del Pueblo" y de "Montoneros" por actos de violenciacometidos desde 1973, siendo condenados a penas de entre 10 aos y prisinperpetua. Mediante el decreto 158 enjuici a las tres primeras Juntas de la dictadurapor homicidio, privacin ilegtima de la libertad y torturas ya que la desaparicinforzada no estaba tipificada en el Cdigo Penal. Esta disposicin fue denominada la"teora de los dos demonios pues limitaba a dos actores la responsabilidad por la

19 "Nuestro pas est viviendo un momento histrico en el mbito de los derechos humanos, treintaaos despus del golpe de Estado que instaur la ms sangrienta dictadura militar de nuestrahistoria. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisin poltica delgobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las polticaspblicas, y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro puebloa lo largo de las ltimas tres dcadas". Comisin Nacional sobre la desaparicin de personas(CONADEP). Nunca Ms. Informe de la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas. Buenos Aires: EUDEBA, 2006, p. 7.20 "La dictadura se propuso imponer un sistema econmico de tipo neoliberal y arrasar con lasconquistas sociales de muchas dcadas, que la resistencia popular impeda fueran conculcadas" yprosigue "En la aplicacin de estas polticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de losmovimientos polticos y sociales la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la

doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales". ComisinNacional sobre la desaparicin de personas (CONADEP). Op. cit., p. 8.21Comisin Nacional sobre la desaparicin de personas (CONADEP). Op. cit., p. 8.


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violencia poltica y postulaba a la violencia de Estado como respuesta a la guerrilla22.

Alfonsn propuso que los tribunales militares juzgasen, en primera instancia, lasviolaciones con posibilidad de apelar a la Cmara Federal y el principio de presuncinde obediencia sobre los actos cometidos segn planes de la Junta Militar. Se

distinguiran tres categoras de autores: los que planearon la represin y emitieronlas rdenes; quienes actuaron ms all de las rdenes, movidos por crueldad,perversin, o codicia, y quienes las cumplieron estrictamente. Slo las dos primerasseran enjuiciadas ya que se sostena que la naturaleza jerrquica militar y elcontexto ideolgico que enmarc la represin impidieron desobedecer las rdenes ydiscernir su naturaleza23. De esta manera, la propuesta del Ejecutivo buscabamaterializar un castigo ejemplar, desde una perspectiva disuasiva de la pena.

Los juicios fueron rechazados por las Fuerzas Armadas que, como se dijo,reclamaron el reconocimiento por su victoria ante la subversin, y por losorganismos de derechos humanos que reclamaban que actuase la justicia civil y el"juicio y el castigo a todos los culpables" de la represin.

La estrategia oficial de justicia fue afectada, en febrero de 1984, por unaenmienda del senador Elas Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, to dedesaparecidos, que excluy del alegato de obediencia a quienes perpetraron hechos"atroces y aberrantes". Tambin, por la decisin del 21 de septiembre de 1984 de la

justicia militar que calific de inobjetables las rdenes de las Juntas y reclaminvestigar a sus subordinados (a quienes el gobierno pretenda no juzgar) y a lospropios desaparecidos para determinar si haban delinquido. Por esta ltimadeclaracin, en octubre de 1984, el Fiscal de la Cmara Federal de Apelaciones de la

Capital, Julio Strassera, pidi avocarse a la causa, por interpretar estos actos comodenegatorios de justicia.

El juicio a las Juntas comenz el 22 de abril de 1985 y supuso una decisinexcepcional en el tratamiento de la violencia de Estado en el continente. La fiscalapresent 711 casos mayoritariamente producto de la investigacin de la CONADEPpara demostrar la responsabilidad conjunta y mediata de las Juntas en la construccinde un aparato de poder con el cual perpetraron innumerables casos de privacinilegtima de la libertad, aplicaron sistemticamente la tortura y eliminaron a loscautivos, cuyos bienes fueron saqueados y que este sistema excedi la represin dela guerrilla24.

Para ello, su estrategia se bas en el sentido del relato del Nunca Ms. En primerlugar, present los casos que, por el perfil de los afectados, se alejaban de todasospecha de pertenencia guerrillera pero tambin de militancia poltica, resaltando el

22Para los decretos 157 y 158, del 13 de diciembre de 1983, ver BORA, 15 de diciembre de 1983, p.4 y 5.23 NINO, Carlos. Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas delproceso. Buenos Aires: Emec, 1997, p. 106-107. En este esquema, por ejemplo, la tortura no serapunible al considerarse su legitimacin por parte de las jerarquas militares.24Sobre el juicio a las Juntas militares, vase ACUA, Carlos y SMULOVITZ, Catalina. Militares en la

transicin argentina: del gobierno a la subordinacin constitucional. En: ACUA, Carlos [et al].Juicio,castigos y memorias. Derechos Humanos y justicia en la poltica Argentina.Buenos Aires: Nueva Visin,1995, p. 21-99.


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desgarro de los derechos elementales de los damnificados y su indefensin. Esto semanifest desde la primera testigo convocada por la acusacin, Adriana Calvo deLaborde quien relat su parto sin asistencia en el trayecto entre dos centrosclandestinos e hizo enmudecer hasta a las defensas. Esta tctica coincidi con ladecisin de ciertos sobrevivientes de presentarse ante el tribunal como militantes

polticos o sectoriales silenciando su militancia guerrillera25

.

En segundo lugar, la fiscala evit la apertura de nuevas confrontaciones quedesviaran la acusacin hacia otros actores que, antes o despus del golpe, apoyaronla lucha antisubversiva. A modo de ejemplo, ante el testimonio del ex presidenteconstitucional talo Luder poco pregunt el fiscal sobre el perfil que asumi la "luchaantisubversiva" bajo el gobierno peronista y su decisin de extender, en octubre de1975, meses antes del golpe de Estado, las facultades de las Fuerzas Armadas enesa lucha a todo el pas tras ocho meses de actividad militar en la provincia deTucumn donde el ejrcito intervena en la lucha antisubversiva y se registrabangraves violaciones a los derechos humanos. Tampoco procur establecer los nexos

entre esta poltica y las grandes corporaciones econmicas, y los representantes de lasociedad civil y poltica, como se manifest, por ejemplo, ante la ignorancia queadujeron los jefes de la Central General de Trabajadores convocados a los estradosacerca de las desapariciones en el medio fabril. Esta tctica busc que el juicioconjugara el enfrentamiento exclusivo entre la dictadura y la democracia y eclips lasrelaciones sociales que posibilitaron el horror. As, el decreto de juzgamiento a lasJuntas militares y a las cpulas guerrilleras y el Nunca Msconstituyeron los marcospolticos de la acusacin y sus lmites para interrogar el pasado.

Por su parte, las defensas elaboraron estrategias particulares intentandodemostrar el peso diferencial de las responsabilidades de cada comandante, perotodas adujeron la validez de la ley de amnista de la propia dictadura, pretendierondeclarar la nulidad del decreto presidencial de juzgamiento, la inconstitucionalidad dela reforma del Cdigo de Justicia Militar y denunciaron el carcter poltico del juicio,el cual, adujeron, cuestionaba a la institucin militar victoriosa en la guerra. Frente a laacusacin, justificaron de forma genrica de todo hecho como resultado de la "guerraantisubversiva" y la negacin de cualquier responsabilidad de los comandantes en lasdenuncias concretas. Con ese mismo sentido, atribuyeron la intervencin militar a losdecretos del gobierno peronista, para dotarla de legalidad y procuraron demostrar quelas desapariciones empezaron en ese perodo, pero descalificaron a los testigos quedenunciaron su prctica bajo la dictadura.

As, mientras la fiscala y los testigos convocados por el tribunal silenciaron laspertenencias polticas de los desaparecidos para legitimar los derechos ciudadanos,reproduciendo as la narrativa humanitaria forjada durante la dictadura para retratarlos,las defensas buscaron exponerlos para negar la condicin ciudadana de los testigos.Ambas estrategias ilustran los lmites de la nocin de ciudadana de la democraciatemprana al no asumir con plenitud el carcter universal de los derechos humanos ysu independencia de cualquier acto cometido por quienes sufrieron su violacin.

El 9 de diciembre de 1985 el tribunal sentenci que los comandantes, contandocon instrumentos legales, ejecutaron una represin ilcita con procedimientos

25 Sobre la decisin de los sobrevivientes, de mi entrevista a Graciela Daleo, Buenos Aires, 17 dejunio de 2005.


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clandestinos pero desestim la existencia de una conduccin unificada. Por ello,determin condenas dismiles para los generales Videla y Viola, los almirantesMassera y Lambruschini y el brigadier Agosti, absolviendo a los otros cuatroacusados. En cambio, el punto 30 del fallo, extendi la accin penal contra losoficiales superiores y contra quienes tuvieron responsabilidad operativa y cometieron

hechos aberrantes contrariando la voluntad oficial de limitar la accin judicial.

Por ello, en abril de 1986, el Ministerio de Defensa instruy a los fiscales paraque slo continuaran analizando casos en los que "los subordinados actuaron conerror insalvable" ante rdenes superiores, iniciativa rechazada por la CmaraFederal. En diciembre de 1986 el Ejecutivo envi al congreso el proyecto de PuntoFinal el cual estableca que, tras sesenta das, se extinguiran las causas de aquellosno citados a declarar. Pese al rechazo opositor y de los organismos, la ley fueaprobada el 26 de diciembre de 1986. Pero, antes de expirar este plazo, las cmarasfederales con ayuda de los organismos presentaron centenares de casos.

En abril de 1987 un oficial citado a declarar se refugi en un cuartel militariniciando la sublevacin de un sector del Ejrcito, opuesto a los juicios y a suconduccin. 150 mil personas, reunidas en la Plaza de Mayo rechazaron lasublevacin. Tras ello, el gobierno envi al congreso un nuevo proyecto de ley deObediencia Debida que consideraba todo acto, excepto la sustitucin del estadocivil, la sustraccin de menores y la usurpacin de propiedad, como ejecutados bajoestado de coercin y subordinacin a rdenes superiores. La ley fue aprobada endiputados el 16 de mayo de 1987 por 119 a 59 votos y en el senado, el 29, por 23 a4. Sin embargo, Alfonsn enfrent dos nuevas rebeliones en enero y diciembre de1988 y un ataque guerrillero a un cuartel militar en enero de 1989.

Tras asumir la presidencia, el peronista Carlos Menem (1989-1999) proclam suintencin de "reconciliar" y "pacificar" a la sociedad "resolviendo la cuestin militar".Pese al rechazo internacional, del 90% de la poblacin y movilizaciones de cien milpersonas, el 7 de octubre de 1989 dict los decretos 1002, 1003,1004 y 1005indultando a militares procesados por violaciones a los derechos humanos; porsublevarse contra el gobierno de Alfonsn; por hechos relativos a la guerra de lasFalklands/Malvinas; y a guerrilleros procesados.

Tras un nuevo levantamiento militar, el 29 y 30 de diciembre de 1990, Menemdict los decretos 2741, 2742, 2743, 2744, 2745 y 2746 que beneficiaron a los

miembros de las Juntas presos, a otros responsables de violaciones a los derechoshumanos y al jefe montonero Firmenich. Los Indultos, de esta manera, volvan aponer en escena la "teora de los dos demonios" al beneficiar a militares y guerrilleros.Entonces, los organismos de derechos humanos dirigieron a la ComisinInteramericana de Derechos Humanos su demanda de justicia, quien recomendreparar a las vctimas y afirm la incompatibilidad de las leyes e Indultos con laDeclaracin Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y con la ConvencinInteramericana de Derechos Humanos. Simultneamente, en Francia, Espaa, Italiay Suecia se retomaron juicios por violaciones a los derechos humanos perpetradasen Argentina.

La OEA, a su vez, por resolucin 1256 de su XXIV Asamblea General, sancionen junio de 1994 la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada


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establecindola como crimen contra la humanidad. Entonces, el gobierno sancionla Ley 24.411 de beneficio a las personas ausentes por desaparicin forzada y a lasfallecidas por el accionar de las Fuerzas Armadas, reglamentada el 29 de agosto de1995, que estableci resarcimientos econmicos para sus familiares de hasta220,000 dlares. Hubo 3.151 presentaciones por personas asesinadas y 8.950 por

desapariciones26

.

Esta ley fue rechazada por la Asociacin Madres de Plaza de Mayo,argumentando que su autor era el Estado que denegaba justicia y afirmaron quequienes las aceptaban cometan un acto de prostitucin27. Los otros organismos dederechos humanos argumentaron que el monumento significaba un reconocimientooficial de las violaciones que no impeda seguir reclamando justicia.

En paralelo, en 1994 mediante la reforma de la constitucin nacional seincorporaron con rango constitucional una serie de tratados internacionales deproteccin y defensa de los derechos humanos: la Declaracin Americana de

Derechos y Deberes del Hombre, la Declaracin Universal de los DerechosHumanos, la Convencin Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacionalde Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Polticos y su protocolo facultativo, la Convencin por la sancin yprevencin del delito de genocidio, la Convencin Internacional sobre la eliminacinde todas las formas de discriminacin racial, la Convencin internacional sobre laeliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer, la Convencincontra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y laConvencin sobre los derechos del nio. Luego, la reflexin sobre el status particularde la desaparicin forzada habilit la inscripcin de esta figura en el cdigo penalargentino y ello permiti ampliar substantivamente la sancin de leyes de reparacina los familiares de desaparecidos.

En 1998, por iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales, se iniciaron envarias ciudades "juicios por la verdad" una original estrategia jurdica que, sin metaspunitivas, permiti exponer responsabilidades ms amplias, de ciertas empresas ysindicalistas, en las desapariciones y cuyo corpus probatorio fue retomado alreabrirse el escenario penal tras derogarse las leyes de impunidad28. Precisamente,el 24 de marzo de 1998, el congreso derog las leyes de Punto Final y ObedienciaDebida, a instancias de diputados de centro izquierda y de los organismos dederechos humanos. Bajo la presidencia del peronista Nstor Kirchner (2003-2007), a

propuesta de Patricia Walsh, diputada de izquierda y familiar de un escritor ymilitante desaparecido, el congreso anul, el 12 de agosto de 2003, las leyes dePunto Final y Obediencia Debida, a la par que el juez espaol Baltazar Garzn

26 Fuente: Secretara de Derechos Humanos de la Nacin. A la vez, se dispuso facilidades para laadquisicin de viviendas para sus beneficiarios. Ambas leyes se adecuaban, a su vez, a la sancin dela Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de la OEA, sancionada por resolucin1256 en su XXIV Asamblea, que estableci como crimen contra la humanidad a las desapariciones.Diario Pgina/12, 9 de junio de 1994: 9. Desaparicin forzada de personas. Delito en AmricaLatina.27Carta a la Comisin Pro-Monumento a los desaparecidos. [Consulta: 10-11-2009 ]. Disponible en:28

Sobre los juicios por la verdad, vase Asamblea permanente por los derechos humanos. 5 aos delucha por la verdad y la justicia. El juicio por la Verdad de La Plata. 1998-1 de abril-2003. BuenosAires: APDH, 2003.


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pidiera la extradicin de 40 miliares acusados de genocidio. Esta medida permitireanudar los juicios. Desde entonces, 49 militares y policas fueron condenados,entre ellos Bussi y Menndez, generales emblemticos de la represin, 555acusados fueron procesados, 211 han fallecido, 17 fueron absueltos y 44 estnprfugos.

La novedad ms saliente de estos juicios ha sido el marco poltico que sirvipara inscribir la condena de la mayora de los imputados: la existencia de ungenocidio en la Argentina. Esta caracterizacin era impulsada por ciertos organismosde derechos humanos y organizaciones sociales y adquiri renovada potencia con elfallo del 4 de noviembre de 1998 del "Pleno de la Sala de lo Penal de la AudienciaNacional" de Espaa, al intervenir en la causa donde luego se conden al marinoAdolfo Scilingo por su participacin en los crmenes perpetrados en la Escuela deMecnica de la Armada. Dado que la definicin de genocidio excluye a los grupospolticos, los argumentos de varias sentencias pusieron hincapi, primero, en que ladefinicin original de las Naciones Unidas aprobada en la Convencin para laPrevencin y Sancin del delito de genocidio en 1946, tras la experiencia delexterminio perpetrado por el nazismo, incluan a los grupos polticos como vctimasde este crimen. Dado que la Convencin para la Prevencin y Sancin del delito degenocidio aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948 excluy a losgrupos polticos de la definicin, el segundo argumento utilizado postul quemediante las desapariciones y otros delitos perpetrados por los inculpados, seprocur destruir a un "grupo nacional" especfico, una porcin de la sociedadargentina, aquella que cuestionaba los valores del orden establecido29. Es decir, elargumento procur adaptar la realidad argentina a la normativa internacional para

justificar su caracterizacin. Resulta obvio que los partidos y organizaciones de la

izquierda marxista y peronista eran grupos nacionales, si por ellos se entiende queformaban parte de la sociedad argentina. Pero no constituan, de modo alguno, unaporcin de una nacin dentro de otra. En este mismo sentido, otras lecturas

justificatorias de este concepto, que sirvieron de antecedente intelectual de lassentencias mencionadas, propusieron que la dictadura ejerci una poltica deexterminio hacia minoras tnicas especficas, como los judos, dada la altaproporcin de desaparecidos de origen judo dentro del universo de desaparecidos30.

Sin embargo, paradjicamente estas lecturas que se proponen a s mismascomo esfuerzos por restituir el compromiso poltico de los desaparecidos, loobliteran. Los judos desaparecidos no fueron desaparecidos por su condicin juda,

sino por su participacin en distintas organizaciones de la izquierda marxista yperonista y su alta proporcin entre los desaparecidos obedeci a la significativapresencia de militantes de origen judo en los partidos y organizacionesradicalizadas. De hecho, durante la dictadura las instituciones y la vida comunitaria

juda en la Argentina ajenas a todo vnculo con las organizaciones revolucionarias:

29 Vase la sentencia en el juicio al comisario Miguel Etchecolatz, La Plata, 19 de septiembre de2006.30 Vase, DAIA-CES. Judos Desaparecidos. Informe sobre la situacin de los detenidos-desaparecidos judos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983. Buenos Aires: DAIA-CES, 2000. Para la asimilacin entre el sistema de desaparicin forzada de personas implementado

en la Argentina con el genocidio nazi, vase, FEIERSTEIN, Daniel. El genocidio como prctica social.Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica, 2007.Feierstein fue uno de los autores del documento de la DAIA.


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su red escolar, clubes, templos, asociaciones civiles e incluso grupos polticosinternos, siguieron funcionando con normalidad31.

En sntesis, este nuevo marco conceptual, pese a su aparente radicalidad,reproduce, bajo otras formas, la despolitizacin de los desaparecidos, y oblitera la

historia al forzar la conceptualizacin del sistema de desaparicin en argentina, enpos de inscribirlo en una condena resonante a escala internacional a partir deequipararlo con el paradigma de la poltica criminal del Siglo XX.

3.3. Memoria

La memoria se constituy en una meta, con un estatus propio, del Estado y delos organismos de derechos humanos en 1996, en el vigsimo aniversario del golpe,al evidenciarse la necesidad de transmitir un sentido, a las nuevas generaciones sinexperiencias vitales, del pasado de violencia. As, en Buenos Aires se cre por ley 46de 1998 el "Parque de la memoria", a orillas del Ro de La Plata, donde se erigi el

"Monumento a las vctimas del terrorismo de Estado" en cual se inscribi losnombres de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

El Monumento se propona como un homenaje a los desaparecidos yasesinados, y como un ejercicio de memoria, en funcin de trasmitir a las futurasgeneraciones la memoria del horror cometido, para tomar conciencia de lanecesidad de que NUNCA MS se repitan estos hechos. La exposicin de losnombres de los detenidos-desaparecidos y de los asesinados responde a lanecesidad de sacar a los desaparecidos y a los asesinados del anonimato y de esenmero incierto que nada dice de la historia de cada uno32.

Pese a la aparente unanimidad de criterios sobre la existencia de "vctimas"como consecuencia de la existencia del "terrorismo de Estado", pronto surgieronfuertes divergencias al interior de la comisin que, compuesta por legisladores de laciudad y representantes de los organismos de derechos humanos, fue la encargadade disear desde el punto de vista conceptual el monumento. Se debati desdecuando considerar la existencia del terrorismo de Estado (si desde antes o tras elinicio de la dictadura) ya que centenares de vctimas correspondan a la anteriordictadura militar (1966-1973) y, en especial, al perodo de los gobiernosconstitucionales peronistas (1973-1976); si incluir entre las vctimas a los guerrillerosmuertos en enfrentamientos armados (ya que las categoras de vctima y

combatiente se presentaban como aparentemente contradictorias); y si inscribir slolos nombres de los desaparecidos registrados oficialmente o presentar la cifra de 30mil, enarbolada por los organismos.

De este modo, como argumenta Vecchioli, en estas discusiones se puso de

31 Vase, SCHENQUER, Laura. Religiosidad, sacralidad y proteccin: instituciones judas yentramado social durante la dictadura. En: Topografas conflictivas: Memorias, Espacios y Ciudadesen disputa. IDES, Buenos Aires: Freie Universitt Berlin; Instituto de Estudios Latinoamericanos y elNcleo de Estudios sobre Memoria, IDES, 15-16 de abril de 2010.32 Acto de Colocacin de la piedra fundamental. Documento de la Comisin Pro-Monumento citadopor VECCHIOLI, Virginia. Polticas de la memoria y formas de clasificacin social Quines son las

vctimas del Terrorismo de Estado en Argentina? En: GROPPO, Bruno y FLIER, Patricia (eds.). Laimposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen,2001, p. 83-102.


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manifiesto que tanto la categora de vctima como la de terrorismo de Estado, norevisten un carcter natural sino que, por el contrario, han sido histrica ysocialmente construidas33. Finalmente, el perodo asumido como terrorismo deEstado excedi a la dictadura, al considerarse como tal los aos 1970-1983, y fueroninscriptos en orden cronolgico los nombres de los desaparecidos registrados

dejndose placas en blanco hasta completar el nmero de 30 mil, en funcin de lacifra emblemtica enarbolada por los organismos humanitarios. Sin embargo, pese ala intencin manifestada por los impulsores del monumento cuando decidieroncrearlo, fue omitida toda referencia a las adscripciones polticas de losdesaparecidos.

Cabe destacar que, entre una proporcin importante de desaparecidos, existeuna superposicin entre la figura de la vctima y la del combatiente armado. Peroesta yuxtaposicin es ocluida por la ausencia de registros oficiales, de carcterpblico, que presenten los compromisos polticos de los desaparecidos; y por lasdificultades de los organismos de derechos humanos y los familiares dedesaparecidos y del Estado de integrar esos compromisos polticos en una polticaoficial de la memoria. Ello evidencia la vigencia en el plano poltico y simblico, de larestriccin dictatorial que limitaba a los inocentes la condicin de sujetos dederecho y confirma y pone de relevancia el reclamo para que se ample ladeliberacin sobre el pasado, incluyendo a otras voces.

Cabe destacar que otras iniciativas por inscribir topogrficamente la memoria delas vctimas de la violencia de Estado fueron resistidas por las instituciones armadasy el gobierno de Carlos Menem. Especficamente, el presidente Menem propuso en1998 demoler la Escuela de Mecnica de la Armada (ESMA) el ms importante de

los Centros Clandestinos de Detencin, donde estuvieron cautivos cerca de 5.000desaparecidos, y erigir all un monumento a la unidad nacional.

Los organismos de derechos humanos, mediante una presentacin judicial,paralizaron esa iniciativa e impulsaron en 2000, junto a concejales decentroizquierda de la ciudad de Buenos Aires, la Ley 392 que dispuso destinar laESMA a un Museo de la Memoria. El 24 de marzo de 2004, en un acto pblico en laESMA, se cre el "Espacio para la Memoria y para la Promocin y Defensa de losDerechos Humanos" bajo responsabilidad de la Nacin y la Ciudad de Buenos Aires,y representantes de los organismos. All, el presidente Kirchner, impugn, la "teorade los dos demonios", y pidi perdn por el silencio del Estado en los veinte aos

de democracia.

Ello provoc que dos generales y un almirante pidieran, en protesta, el pase aretiro; la objecin de sectores opositores por la omisin de iniciativas estatales comola CONADEP o el juicio a las Juntas, es decir, la deshistorizacin de la propia accinestatal que su discurso reivindic; y la crtica de intelectuales y acadmicos quesealaron que el presidente, en nombre del Estado, peda perdn por el silencio,pero no por los crmenes. Si bien su discurso recibi el apoyo de la mayora de losorganismos, la Asociacin de Madres de Plaza de Mayo rechaz el museoentendiendo que clausuraba la historia.

33VECCHIOLI, Virginia. Op. cit., p. 83-102.


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Pasados seis aos, aun se discute que relato propondr este sitio de memoria.La ESMA presenta ciertas especificidades que potencian las dificultades propias queconcita elaborar un relato para un lugar de la memoria. Desde la dcada de 1990 laESMA fue presentada como un icono emblemtico de la memoria de la dictadura.Entre los cientos de centros clandestinos, adquiri gran visibilidad por varias

razones: el hecho de que est ubicada en una zona residencial de la ciudad deBuenos Aires; la magnitud de la masacre que supera en trminos cuantitativos a lade muchos otros lugares; la cantidad de sobrevivientes que dieron testimonio; elpaso por ese sitio de desaparecidos muy conocidos y emblemticos, varios de ellosex miembros de organizaciones armadas, en especial de Montoneros, y lacomplejidad que alcanz all el sistema represivo mediante el llamado sistema derecuperacin de detenidos34. Este sistema supuso la participacin de un grupo dedesaparecidos en tareas asignadas por sus captores: elaboraban audiovisuales paraser transmitidos por televisin, traducan artculos publicados en la prensa extranjeravinculados a la situacin poltica argentina, mantenan las instalaciones, clasificabanobjetos robados en los secuestros, fotografiaban a los cautivos, participaban en

entrevistas periodsticas donde desmentan la falsedad de su condicin dedesaparecidos, etc., las cuales revelan la existencia de zonas grises que exceden auna mirada jurdica, basada exclusivamente en la dicotoma entre perpetradores yvctimas, propia tambin de las claves de la narrativa basada en la violacin de losderechos humanos y que ponen en tensin diversas memorias militantescomprometidas en su condena.

De hecho, la figura de los sobrevivientes de las desapariciones, pese a que sustestimonios fueron claves para reconstruir el sistema clandestino de desaparicinforzada ha sido, desde su emergencia, objeto de profundas controversias al interiordel movimiento de derechos humanos por quienes dudaron de su condicin deintegrantes del universo de denunciantes de los crmenes dictatoriales, objetaron susrelatos que dieron cuenta del exterminio mayoritario de los desaparecidos y pusieronen tela de juicio los compromisos que asumieron durante su cautiverio con suscompaeros de militancia poltica y con sus captores.

La constitucin de la ESMA en sitio de memoria, en sntesis, parece proponer undesafo. Si la memoria, como seala Ricoeur, es la presencia de lo ausente, y esarestitucin no puede sostenerse en la pretensin de eliminar cualquier distanciaentre el pasado y el presente, inmanente al acto de hacer memoria, su conformacincomo lugar de memoria deber sostenerse en la idea de que el acto de

rememoracin supone las ideas de trabajo activo sobre el pasado recordado, que nooblitere su marco histrico, las identidades de sus protagonistas y las zonas grises35.

En sntesis, las polticas de la memoria respecto de su pasado de violenciapoltica evidencian la inscripcin de los derechos humanos y de su violacin, en laagenda poltica de la democracia restaurada en 1983. Tambin, se revelan como unterritorio de confrontacin simblica y poltica que atraviesa las diversas polticas delos gobiernos constitucionales para con las violaciones a los derechos humanos, y

34 BADENES, Daniel [et al]. Espaces, lieux et marques territoriales de la dictature Buenos Aires(Argentine). En: Espaces et mmoires: actions et interactions (1989-2009). Francia: Facult des

Lettres et des Sciences Humaines, Centre de la Mmoire, 15-17 de octubre de 2009.35RICOEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica,2004.


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que no excluye la existencia de instancias de gestin compartidas entre el Estado ylos organismos, las cuales dan lugar a nuevos conflictos al interior y entre estosactores y debates y luchas por su sentido e interpretacin. Tambin, lamaterializacin de estos espacios, o los obstculos para constituirlos como tales,ponen de manifiesto las persistencias de las dificultades para la enunciacin de la

historia y de la poltica. Es decir, para la emergencia de una poltica de la memoria,que implique a la historia y a la memoria de la poltica.

4. Conclusiones

Tras veinticinco aos de democracia, la experiencia Argentina en materia dejusticia transicional fue intensa y singular. El pas fue pionero a nivel internacional enconformar una comisin de la verdad, sobresali al enjuiciar a los mximosresponsables de la violencia de Estado; y se destaca por sus esfuerzos en transmitireste pasado a las nuevas generaciones. Todas estas polticas, ms all de lascontroversias que las atravesaron y atraviesan, permitieron indudablemente vencerla voluntad dictatorial de dejar impunes y en el olvido sus crmenes y que perduraraen el tiempo su relato celebrando el golpe de Estado y la victoria en la "luchaantisubversiva".

Esta persistencia del pasado en el presente se debi a la gravedad de loscrmenes pero, sobre todo, a la tenaz lucha de los organismos de derechoshumanos desde el inicio mismo de la dictadura.

Sin embargo, como se seal, la constitucin de una verdad sobre el pasado deviolencia poltica, su tramitacin jurdica, y los modos que reviste su inscripcin en la

memoria social nos advierten de la perdurabilidad de una matriz de sentido querehuye historizar los enfrentamientos que desgarraron a esta sociedad en trminospolticos, dar cuenta de su gnesis y desenvolvimiento incluyendo lasresponsabilidades sociales de otros actores que, adems de las Fuerzas Armadas,los tornaron posibles, y presentar los compromisos polticos de quienes sufrieron ladesaparicin afirmando as, en plenitud, el carcter universal de los derechoshumanos. La potencia de estos rasgos se evidencia en su presencia en lasresignificaciones de las tres banderas polticas que fueron constituidas como metasen especial, pero no slo, por el movimiento de derechos humanos en relacin aeste "pasado que no pasa": la verdad, la justicia y la memoria.

En este sentido, cabe interrogarse sobre la clave particular que ha asumido lacultura de los derechos humanos en el pas y plantearse la necesidad de elaborar suhistorizacin para dar cuenta del proceso social y poltico que permita explicar atravs de que procesos surgi y se expandi, y como ella ha incorporado y/ososlayado a la historia y a la poltica. Es decir, la obliteracin sobresaliente de estasdos dimensiones, debe ser pensada histricamente.

Como se seal, este desplazamiento no fue ajeno a las condiciones polticasque signaron los tiempos del terror dictatorial, que impuso restricciones a un discursobasado en los compromisos polticos de los reclamados y a enarbolar historias eideas. Lo llamativo, es que esas restricciones hallan perdurado, y trascendido

diversas iniciativas de diferentes actores estatales que se propusieron comofundacionales de nuevos tiempos, los democrticos, que venan a introducir un


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quiebre con el pasado autoritario.

En estas pginas se intent poner en evidencia que estas persistencias formanparte de universos simblicos ms amplios que trascienden a los gobiernos y alEstado y abarcan a actores sobresalientes en este campo de intervencin pblica y

lucha de sentidos. Por ello, puede postularse que son indicadores de las dificultadesque, an despus de veinticinco aos de inscripcin de los derechos humanos en laagenda poltica e institucional de la democracia argentina, persisten en estasociedad para pensar e interrogar su pasado ms trgico e inscribirlo en un relatohistrico que tenga a la poltica como su clave interpretativa.

5. Bibliografa citada

ACUA, Carlos y SMULOVITZ, Catalina. Militares en la transicin argentina: delgobierno a la subordinacin constitucional. En: ACUA, Carlos [et al]. Juicio,castigos y memorias, Derechos Humanos y justicia en la poltica Argentina.

Buenos Aires: Editorial Nueva Visin, 1995.

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