Gobierno Abierto, propuesta para los partidos políticos

Por Wilfredo Jordán1

Cuando el debate de gobiernos como Chile, Perú o Colombia giran en torno a cómo establecer

políticas de gobierno abierto para mejorar la gestión pública y la participación ciudadana; en

Bolivia, éste es aún es un término poco conocido, por eso su reflexión e implementación deben ser

discutidas, más cuando estamos entrando a un periodo de recambio de autoridades nacionales y

más adelante municipales y departamentales.

Antecedentes

En 2011, el estudio La web social en las instituciones del Estado2 advertía un uso experimental,

aislado y timorato de las redes sociales. Entonces teníamos siete cuentas de instituciones públicas

(viceministerios y gobiernos departamentales y locales) en Twitter, siete en Facebook y algunos

canales en Youtube. El estudio observaba la ausencia de una estrategia integral de gestión de

redes sociales en las instancias públicas.

Hoy esta realidad ha cambiado. Los ministerios, gobiernos departamentales y alcaldías tienen

presencia en Internet y a diario palpamos una suerte de difusión y propaganda que, aunque no

termina de casarse con cultura Web 2.0 —más participativa, creativa, lúdica e interpeladora—, se

viene integrando a los equipos de comunicación tradicionales y se le otorga más importancia.

Pero los tiempos de Internet son cortos y con los avances aparecen más retos. Uno de ellos es el

gobierno abierto, un modelo de administración pública con énfasis ciudadano cuyos principios

radican en la transparencia, la colaboración y la participación, para lo cual Internet es una aliada.

Pilares del Gobierno Abierto y experiencias en Bolivia

-Transparencia. Es optar por una política de publicación de datos abiertos (open data), libres y

públicos sobre gastos, inversiones, presupuestos y otros que hacen a la gestión pública. Estos

datos deben estar disponibles a un costo razonable, deben ser modificables; ser provistos bajo

términos que permitan reutilizarlos, redistribuirlos e incluso integrarlos con otros conjuntos de

datos; y no debe existir discriminación en términos de esfuerzo, personas o grupos.

No existe una experiencia de datos abiertos en Bolivia; aunque en 2013, el Ministerio de Economía

y Finanzas publicó en su sitio web una noticia con apoyo de un set de datos complementarios

listos para su descarga en formato CSV (comma-separated values). Lamentablemente, la iniciativa

no paso más allá de esa experiencia.

1 Periodista digital. Documento elaborado para la construcción de la agenda digital en Bolivia, que promueven La Comunidad Más y Mejor Internet para Bolivia, la comunidad global de innovadores +SocialGood, Hivos Sud América y La Pública. Todos los avances de la agenda digital pueden consultarse en: http://agendadigital.org.bo/ 2 El estudio puede consultarse en http://es.slideshare.net/Gobernabilidad/la-web-social-en-las-instituciones-del-estado-9802185

(*) Periodista digital.

Con todo, mal hacen los ministerios o reparticiones estatales en publicar en sus portales web los

presupuestos anuales o informes de gestión en tablas en formato PDF3. Una publicación de estos

datos debería contener ficheros CSV que cualquier ordenador puede leer, así le permite al

operador hacer cruces o integraras a tablas más grandes a fin de cruzar datos, hacer

comparaciones y encontrar nuevos patrones.

-Colaboración. Implica que las personas puedan acceder y aprovechar los datos públicos para

crear softwares, herramientas y/o aplicaciones adicionales con distintos fines, desde públicos

hasta emprendimientos individuales. En Bolivia, en el marco del hackaton regional Desarrollando

América 2012, con datos de salud y educación del Municipio de La Paz, los emprendedores José

Martínez y María Gutiérrez crearon Ideal Factory, una aplicación que permite, en uno de estos

rubros, identificar posibles competencias o aliados. La aplicación, disponible en

http://blackoutdal.net23.net/, tiene un potente valor si es que vamos a emprender un proyecto

nuevo, pues nos permite acceder a un análisis competitivo e informativo.

-Participación. Quiere decir que la ciudadanía pueda involucrarse en discusiones y propuestas

sobre políticas públicas o de legislación sobre cualquier asunto público, para lo cual Internet y las

redes sociales nos proporcionan excelente medios. Un ejemplo ha sido la recopilación de insumos

que realizó, a través de Internet, en 2011, el Viceministerio de Defensa del Consumidor, para

construir la Ley de Defensa del Consumidor. En el mismo año, la Asamblea Legislativa de

Cochabamba activó redes sociales para recoger propuestas destinadas a la elaboración del

Estatuto Autonómico de ese departamento4.

En diferentes niveles del Estado

Como ocurrió en 2011 con las redes sociales, éstas son experiencias aisladas y experimentales.

Hace falta integrarlas, complementarlas y aplicarlas en el marco de una política de gobierno

abierto. Lo interesante es que no debe partir desde el ámbito nacional. En el contexto de las

autonomías, una política de gobierno abierto puede implementarse en el ámbito local a través de

una ley municipal y lo propio en los otros niveles. En España existen varios municipios que están

implementando planes y políticas de gobierno abierto.

Propuesta para las organizaciones políticas

En este contexto, algunos temas que las organizaciones políticas deben reflexionar a la hora de

hacer sus propuestas electorales en este tema pudieran ser:

3 Un ejemplo palpable es el resumen de los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2012. Disponible en: http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf 4 Ver Cochabamba construirá su estatuto de forma participativa, usando redes sociales http://www.gobernabilidad.org.bo/noticias/303-autonomias/1424-cochabamba-construira-su-estatuto-de-forma-participativa-usando-redes-sociales

a) Política de acceso a informes de gestión, POA, presupuestos y otros documentos

públicos. ¿Cómo harán las organizaciones políticas para facilitar el acceso a datos, qué

información será o no pública?

b) Propuestas de leyes nacionales y/o municipales para que los ministerios y/o alcaldías

publiquen documentos en formatos abiertos y reutilizables.

c) Ley de transparencia y acceso a información pública.

d) Directrices de portales web con datos abiertos.

e) Transparencia de apertura de sobres de licitaciones y/o contrataciones a través de

plataformas virtuales.

f) Política de uso de redes sociales enfocadas a la participación ciudadana para la

construcción de leyes y políticas públicas.

g) Apertura a nuevas formas de ejercicio democrático usando Internet, softwares de

participación y votación, aplicaciones de deliberación.