Gaceta Parlamentaria. - PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO … · para realizar los honores a nuestra...

acetaG arlamentaria.P Sesión de Ordinaria del 06 de Octubre de 2016

Primer Año de Ejercicio Legislativo Primer Periodo Ordinario de Sesiones.

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE: DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO

VICEPRESIDENTE:

DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

SECRETARIO: DIP. MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS

CACHO

PROSECRETARIO: DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN

SECRETARIO ESCRUTADOR: DIP. ALFA PEÑALOZA VALDEZ

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

PRESIDENTE:

DIP. ALEJANDRO ARREGUI IBARRA

INTEGRANTES:

DIP. ALEJANDRO ARREGUI IBARRA DIP. CARLOS ALBERTO TORRES TORRES

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ

DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE DIP. JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ DIP. JOB MONTOYA GAXIOLA

XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Año I Primer Periodo Ordinario

Legislatura XXII del Congreso del Estado de

Baja California 06 de Octubre de 2016 No. 002

aceta arlamentaria G P

ontenido del rden del ía C O DPág.

LISTA DE ASISTENCIA;

LECTURA, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 04 ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y APERTURA FECHA 1RO DE OCTUBRE DEL 2016; COMUNICACIONES OFICIALES;

INFORME;

09 ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO; 09 De los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Diputados de Partidos Políticos que cuentan con un

escaño, por el que se designa al Presidente de la Junta de Coordinación Política para el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XXII Legislatura. Para conocimiento de la Asamblea.

11 INICIATIVAS; 11 De la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, representante del PT, por el que se reforman los artículos 74 y

75 de la Constitución Política del Estado; así como el artículo 4to. de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y se deroga la fracción XXXI del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado, a fin de que la Defensoría Pública del Estado sea un organismo público, autónomo e independiente. Túrnese por la Presidencia de la Mesa Directiva en su momento a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

18 De los Diputados Jorge Eugenio Núñez Lozano y Job Montoya Gaxiola, en representación del PBC, y del MC, respectivamente, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado y Leyes Secundarias, relativo a la eliminación del Fuero Constitucional. Túrnese por la Presidencia de la Mesa Directiva en su momento a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

C O N G R E S O D E L E S T A D O D E B A J A C A L I F O R N I A P á g i n a | 2

Pág.

31 Del Diputado Alejandro Arregui Ibarra, en representación del GPPRI, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado y Leyes Secundarias, relativo a la eliminación del Fuero Constitucional. Túrnese por la Presidencia de la Mesa Directiva en su momento a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

39 De la Diputada Rocío López Gorosave, en representación del PRD, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado y Leyes Secundarias, relativo a la eliminación del Fuero Constitucional. Túrnese por la Presidencia de la Mesa Directiva en su momento a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. DICTÁMENES;

43 PROPOSICIONES;

43 De la Diputada Mónica Hernández Álvarez, a nombre propio y en representación del GPPAN, por el que se exhorta al Titular de la Delegación Federal del INAMI en Baja California, a fin de que se lleve a cabo todas las acciones necesarias para reestablecer el orden jurídico migratorio en nuestra Entidad. Se solicita dispensa de trámite.

47 POSICIONAMIENTOS;

47 Del Diputado Sergio Tolento Hernández, a nombre propio y en representación del GPPAN, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

51 De la Diputada Blanca Patricia Ríos López, a nombre propio y en representación del GPPRI, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

54 Del Diputado Catalino Zavala Márquez, a nombre propio y en representación del GPMORENA, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

59 Del Diputado Luis Moreno Hernández, representante del PES, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

Primer Año de Ejercicio Sesión Ordinaria del Jueves 06 de Octubre de 2016 Primer Periodo Ordinario.


Pág.

62 De la Diputada Rocío López Gorosave, representante del PRD, relativo al conflicto de límites territoriales entre Ensenada y Playas de Rosarito. Para conocimiento de la Asamblea.

65 Del Diputado Job Montoya Gaxiola, representante de MC, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

68 Del Diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano, representante del PBC, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

71 Del Diputado Benjamín Gómez Macías, a nombre propio y en representación del GPPRI, relativo a la Educación. Para conocimiento de la Asamblea.

75 Del Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, a nombre y representación del GPMORENA, relativo al apoyo a Migrantes. Para conocimiento de la Asamblea.

78 Del Diputado Bernardo Padilla Muñoz, a nombre propio y en representación del GPPRI, relativo al Tercer Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

81 De la Diputada Victoria Bentley Duarte, a nombre propio y en representación del GPPAN, relativo al Tercer

Informe del Gobernador del Estado. Para conocimiento de la Asamblea.

83 CITA. 83 SE CITA A LAS Y LOS DIPUTADOS A SESIÓN DE PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO EL PRÓXIMO

JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS.



cta de la esión de nstalación y pertura de A S I Aecha de ctubre de F 1º O 2016.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día sábado primero

de octubre del año dos mil dieciséis, el Diputado Presidente de esta Mesa Directiva da inicio a la Sesión Ordinaria de Instalación y Apertura correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésima Segunda Legislatura del Estado de Baja California; y encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, solicita al Diputado Secretario proceda a pasar lista de asistencia, misma que certifica la presencia de los Ciudadanos Diputados: AGATÓN MUÑÍZ CLAUDIA JOSEFINA, ARANGO PEREZ JOSÉ FÉLIX, ARREGUI IBARRA ALEJANDRO, BENTLEY DUARTE VICTORIA, CASTAÑEDA POMPOSO RAÚL, CORONA BOLAÑOS CACHO MARCO ANTONIO, DE LA ROSA ANAYA ANDRÉS, GARCÍA DWORAK IGNACIO, GÓMEZ MACÍAS EDGAR BENJAMÍN, HERNÁNDEZ ÁLVAREZ MÓNICA, LÓPEZ GOROSAVE ROCÍO, MONTOYA GAXIOLA JOB, MORÁN HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL, MORENO HERNÁNDEZ LUIS, NÚÑEZ LOZANO JORGE EUGENIO, OSUNA MILLAN MIGUEL ANTONIO, PADILLA MUÑOZ BERNARDO, PEÑALOZA VALDEZ ALFA, TOLENTO HERNÁNDEZ SERGIO, TORRES TORRES CARLOS ALBERTO, VACA CHACÓN MARÍA TRINIDAD, VÁSQUEZ HERNÁNDEZ EVA MARÍA, VÁZQUEZ AGUIAR IRAIS MARÍA, ZAVALA MÁRQUEZ CATALINO.

Posteriormente, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario procede a dar lectura al orden del

día, siendo el siguiente:

“Primer Año de Ejercicio Constitucional, Primer Período Ordinario de Sesiones Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, Sesión de Instalación, en los términos de los artículos 13, 50, fracción II, 53 fracción IV y 101 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, el orden del día para la sesión de Instalación de fecha primero de octubre del 2016, a partir de las 8:45 horas queda integrado de la siguiente manera:

1.- Lista de asistencia.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

3.- Toma de protesta de la Diputada Electa Blanca Patricia Ríos López.

4.- Declaratoria de Instalación y Apertura del primer año del ejercicio Constitucional de la Vigésima Segunda Legislatura.

5.- Honores a la Bandera, entonación del Himno Nacional.

6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta Previa de fecha 30 de septiembre del año 2016.

7.- Integración de los Grupos Parlamentarios y designación formal de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

8.- Calendario de sesiones ordinarias del primer período de sesiones del primer año de ejercicio Constitucional de la Vigésima Segunda Legislatura.



9.- Anunciamiento de la recepción del Informe General del Estado que guarda la Administración Pública Estatal.

10.- Canto a Baja California.

11.- Clausura de la sesión.

Acto seguido, el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a consideración

de la asamblea el orden del día propuesto para esta sesión, resultando aprobado en votación económica por mayoría de los Diputados presentes.

Se continúa con el siguiente apartado del orden del día, relativo a la toma de protesta de la Diputada Electa Blanca Patricia Ríos López; asimismo le solicita al Secretario de Servicios Parlamentarios la acompañe a este Recinto Oficial para llevar a cabo la toma de protesta correspondiente; asimismo, solicita a los Diputados y Diputadas y público asistente ponerse de pie:

“DIPUTADA, PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE EL PUEBLO LE HA CONFERIDO MIRANDO TODO POR EL BIEN Y PRÓSPERIDAD DE LA UNIÓN Y DEL ESTADO (Contestando la Diputada Electa Blanca Patricia Ríos López “Por la lucha del Género Sí Protesto) SÍ ASÍ NO LO HICIERE QUE EL PUEBLO SE LO DEMANDE” bienvenida felicidades.

Acto seguido el Diputado Presidente, pide a los ciudadanos Diputados y al público asistente, de nueva cuenta

ponerse de pie, para hacer el acto formal de la declaratoria de apertura de esta sesión.

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ABRE HOY SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA HONORABLE VIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA”.

Asimismo el Diputado Presidente, solicita a los ciudadanos Diputados y al público asistente, continuar de pie,

para realizar los honores a nuestra Enseña Patria, y posteriormente la entonación de nuestro Himno Nacional. Posteriormente el Diputado Presidente, agradece a la Escolta y Banda de Guerra del CBTIS 21, el Centro de

Bachillerato, Tecnológico, Industrial y de Servicios Álvaro Obregón, su apertura y el poder acompañar en esta sesión. Continuando con el orden del día, se procede al punto de “Aprobación de Acta de Sesión Previa,

celebrada el 30 de septiembre de 2016”, para lo cual solicita al Diputado Secretario, dar lectura a la misma. Posteriormente el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación en

forma económica la aprobación del Acta, resultando aprobada por mayoría de los Diputados presentes. Se continúa con el siguiente apartado del orden del día que se refiere a: integración de los Grupos

Parlamentarios y designación formal de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, siendo en los siguientes términos:



PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política se integra por cada uno de los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, así como por los Diputados pertenecientes a los Partidos Políticos que cuenten con un solo escaño.

SEGUNDO.- De acuerdo con la documentación remitida a la Presidencia de esta Mesa Directiva del Congreso del Estado, se han satisfecho los requisitos de Ley quedando integrados los siguientes Grupos Parlamentarios de la XXII Legislatura:

“GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL” con los siguientes integrantes:

DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN; DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ; DIP. VICTORIA BENTLEY DUARTE; DIP. JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ; DIP. MÓNICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; DIP. ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA; DIP. SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ; DIP. ALFA PEÑALOZA VALDEZ; DIP. MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLÁN; DIP. IRAIS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR; DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO; DIP. CARLOS ALBERTO TORRES TORRES; y DIP. IGNACIO GARCÍA DWORAK. “GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL” con los siguientes integrantes:

DIP. EDGAR BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS; DIP. ALEJANDRO ARREGUI IBARRA; DIP. BERNARDO PADILLA MUÑOZ; DIP. MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS CACHO; y DIP. BLANCA PATRICIA RÍOS LÓPEZ.

“GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL” con los siguientes integrantes: DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ; y DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ.



TERCERO.- De conformidad con la documentación señalada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, designa formalmente a los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la XXII Legislatura, siendo los siguientes:

DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

DIPUTADO ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL;

DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ del Partido del Trabajo;

DIPUTADA ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE del Partido de la Revolución Democrática;

DÍPUTADO JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO del Partido de Baja California;

DIPUTADO LUIS MORENO HERNÁNDEZ del Partido Encuentro Social; y

DIPUTADO JOB MONTOYA GAXIOLA del Partido Movimiento Ciudadano.

Dado Salón de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, al 1º. de octubre del 2016.

Se continúa con el siguiente apartado: Calendario de Sesiones Ordinarias del Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Vigésima Segunda Legislatura, por el cual el Diputado Presidente le concede el uso de la voz al Diputado Secretario para que de lectura al siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La XXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California establece el Calendario

de Sesiones Ordinarias a desahogar durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, que comprende en el mes de octubre los días 6, 13, 20 y 27; en el mes de noviembre los días 3, 10, 17 y 24; en el mes de diciembre los días 1, 8 y 15; y en el mes de enero los días 5, 12, 19, 26 y 31.

SEGUNDO.- Las sesiones se desahogarán a las 10:00 horas del día, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Baja California, Salón “Benito Juárez García”.

TERCERO.- La Mesa Directiva, por conducto de la Presidencia, notificará a los diputados integrantes de esta XXII Legislatura, al menos con 24 horas de anticipación de algún cambio en la fecha, hora y/o lugar en la cita de la Sesión Ordinaria.

Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, del Honorable Poder Legislativo del Estado de Baja California, a 1º de octubre del 2016.



Enseguida, el Diputado Presidente procede a dar cuenta a la asamblea que anteriormente fue recibido el Informe General del Estado que guarda la Administración Pública Estatal.

Posteriormente el Diputado Presidente solicita a los ciudadanos Diputados y público asistente ponerse de pie para entonar el canto a Baja California.

(SE PROCEDE A ENTONAR EL CANTO A BAJA CALIFORNIA).

Agotado el orden del día, se cita a los ciudadanos Diputados integrantes de esta Honorable Vigésima Segunda Legislatura del Estado, a Sesión Ordinaria el día jueves seis de octubre de dos mil dieciséis, a las 10:00 horas en el Recinto Oficial “Licenciado Benito Juárez García”, se levanta la sesión siendo las nueve horas con veinticuatro minutos.

La presente Acta fue aprobada en Sesión de Ordinaria de la Honorable Vigésima Segunda Legislatura el día jueves seis de octubre del año 2016, ante la presencia del C. Diputado Presidente Raúl Castañeda Pomposo, quien autoriza la presente Acta asistido del Diputado Secretario de esta Mesa Directiva Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, quien con su firma da fe.

__________________________ ________________________

PRESIDENTE SECRETARIO



cuerdos de los rganos de obierno; A Ó G

DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DIPUTADOS DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE CUENTAN CON UN ESCAÑO, POR EL QUE SE DESIGNA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XXII LEGISLATURA. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESENTE.- HONORABLE ASAMBLEA Con fundamento en lo dispuesto en diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Baja California, presentamos para conocimiento del Pleno del Congreso, la propuesta de Presidente de la Junta de Coordinación Política para el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA.- La Junta de Coordinación Política es el Órgano de Gobierno que expresa la pluralidad del

Congreso del Estado y toma sus resoluciones procurando el máximo consenso posible, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 párrafo tercero y 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

SEGUNDA.- Corresponde a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y a los Diputados de Partidos

Políticos que cuentan con un escaño en el Congreso, realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo establecido por los artículos 13 fracción III, 27

párrafo tercero y 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se presenta para conocimiento del Pleno el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LOS DIPUTADOS DE

PARTIDOS POLÍTICOS QUE CUENTAN CON UN ESCAÑO, ELEGIMOS AL DIPUTADO ALEJANDRO ARREGUI IBARRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XXII LEGISLATURA, QUE COMPRENDE DEL 1º DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017.

Dado en la Sala de Juntas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, en la

Ciudad de Tijuana, a los 4 días del mes de octubre del 2016.



A T E N T A M E N T E

LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DIPUTADOS DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE CUENTAN CON UN ESCAÑO

DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES Coordinador del GPPAN

DIPUTADO ALEJANDRO ARREGUI IBARRA Coordinador del GPPRI

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ Coordinador del GPMORENA

DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ Partido del Trabajo

DIPUTADA ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE Partido de la Revolución Democrática

DIPUTADO JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO Partido de Baja California

DIPUTADO LUIS MORENO HERNÁNDEZ Partido Encuentro Social

DIPUTADO JOB MONTOYA GAXIOLA Partido Movimiento Ciudadano



niciativas; I

DE LA DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ, REPRESENTANTE DEL PT, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 4TO. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO, A FIN DE QUE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO SEA UN ORGANISMO PÚBLICO, AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE. TÚRNESE POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA EN SU MOMENTO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO. Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Compañeras y compañeros diputados: Honorable asamblea:

La suscrita Diputada CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ, a nombre del Partido del Trabajo, de la XXII

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 27 fracción I y 28 de la Constitución Política del Estado de Baja California, 110, 112 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago uso de esta Tribuna para presentar INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DEROGAR LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 19, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, lo anterior en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro del marco normativo en nuestro país y en nuestro estado, uno de los elementos básicos en una

adecuada administración de la justicia, se debe a la aplicación correcta del debido proceso, principalmente en lo relacionado a una adecuada defensa. De esto, es fundamental el rol que deben desempeñar los defensores públicos, quienes son los encargados de vigilar que no se vulneren los derechos y garantías humanas de las personas sujetas a proceso, tanto de los particulares, como de los mismos entes gubernamentales.

Actualmente, la defensoría pública en materia federal es dependiente del Poder Judicial de la Federación, a

través del instituto Federal de la Defensoría Pública; en tanto que en las entidades federativas, en algunas dependen del Poder Judicial y en la mayoría del Poder Ejecutivo (como lo es el caso de nuestra entidad), poder del cual dependen también las Procuradurías Generales de Justicia.

Lo anterior, aunado a lo enunciado al final del proemio de este escrito, debe considerarse como un obstáculo

para una verdadera autonomía y en consecuencia para una actuación independiente.



A nivel internacional, existen antecedentes en cuanto a este asunto refiere. En fecha 18 de abril del año 2011, se presentó ante las Naciones Unidas el informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la cual, en su misión a México quien en el capítulo correspondiente a la defensoría pública, advierte que es un avance que se haya legislado en la reforma constitucional de 2008 la equiparación de la remuneración o sueldos de los defensores de oficio con los agentes del Ministerio Público, así como el reconocimiento expreso también a nivel constitucional del derecho a una defensa técnica y profesional a las personas acusadas de un delito (tal y como lo señala el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal).

No obstante, en este mismo informe se destaca que subsisten diferencias notables entre los distintos

estados y la federación respecto a la calidad, efectividad y accesibilidad del sistema de defensa pública; considerando esta relatora especial que para garantizar el principio complementario de igualdad de armas que rige el sistema procesal acusatorio adversarial, en materia penal, se debe de alcanzar una verdadera independencia de las defensorías de oficio, principalmente, DE LOS PODERES EJECUTIVOS.

Dicho texto, recomienda también fortalecer la infraestructura de esas defensorías públicas a través, de

asignación de recursos adecuados tanto humanos como financieros y la dotación de una instancia propia de investigación y servicios periciales autónomos.

Todas y cada una de las observaciones en el texto internacional, son correctas, ya por desgracia a nivel

estatal la defensoría pública no funciona de la mejor manera, a pesar del esfuerzo de los que la integran, por varios factores, enunciando principalmente la excesiva carga de trabajo que por su gratuidad en la prestación del servicio profesional se les acumula, así como lo limitado de los recursos que se les proporciona por las autoridades facultadas para ello que trae como consecuencia una desigualdad con la parte contraria que lo son las Procuradurías de Justicia.

Es un hecho notorio que la infraestructura que poseen las defensorías de oficio o públicas no se compara con

la infraestructura que posee una procuraduría pues ésta como autoridad administradora de justicia posee infinidad de recursos humanos, materiales y técnicos para la persecución de delitos, no así el ente encargada de la debida defensa de su contraparte.

Otros textos que debemos considerar, relacionadas a este tema, son los siguientes: la resolución 2656

aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de fecha 7 de junio del año 2011 denominado “Garantías para el acceso a la justica. El rol de los defensores públicos oficiales”; la observación general número 32 del comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conocida como las reglas, de Brasilia, Brasil, sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad emitida en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo en Brasilia en el año 2008; material doctrinal y jurídico que en su conjunto apoyan el trabajo que vienen desarrollando los defensores públicos oficiales en el continente Americano, el cual constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia, los cuales recomiendan a los estados miembros de la organización, que adopten acciones tendientes para que estos defensores gocen de independencia y autonomía funcional.

Por otro lado, y con el afán de respaldar la labor de la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas

(AIDEF) en el fortalecimiento de esta defensa, esta última determinación es afortunada, puesto que una de las principales actividades de la AIDEF es efectuar diagnósticos acerca de la defensoría Publica en la región latinoamericana e inclusive, el más reciente del año dos mil doce incluyó información de México concretamente de Veracruz que se encargó de hacer un análisis tanto del marco legal como del marco real, información muy importante que nos permite tener un diagnóstico de la defensoría de oficio, y que se traduce en una exigencia a nuestras autoridades gubernamentales para iniciar con paso firme la verdadera vocación del defensor público.



La AIDEF fue creada el 18 de octubre del año 2003 en la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en el segundo congreso interamericano de defensores públicos, participando nuestro país en la firma del acta constitutiva teniendo como misión principal la defensa plena y eficaz de los derechos humanos y las garantías reconocidas en el cuerpo jurídico internacional de los derechos fundamentales y precisamente durante el cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos(OEA) llevado a cabo del 4 al 6 de junio de 2013 en la ciudad de Antigua Guatemala, se aprobó la resolución numero 2801(XLIII-0/13) denominada “Hacia la autonomía de la defensa publica oficial como garantía de acceso a la justicia”. Esta resolución fue propuesta por la delegación Argentina constituyendo una declaración expresa de la OEA para que la defensa Publica Oficial goce de independencia, autonomía funcional y técnica, financiera y/o presupuestaria, como parte de los esfuerzos de los estados miembros garantizando un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de los poderes del estado, que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato principal sea el interés de sus defendidos.

Como hemos visto, el sistema de defensa Publica en nuestro país es deficiente, el cual no solamente se sufre

en México, sino en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, por lo que es necesario un nuevo sistema de Organización, desarrollo, capacitación y modernización que permita una verdadera defensoría pública asumir los desafíos exigidos por las novedosas reformas procesales e instituciones de administración e impartición de justicia.

Es recomendable el debate al respecto, con la tradición constitucional que tenemos los Mexicanos no es

descabellado que se propusiera que la defensa publica se creara como un organismo público autónomo con todas las características, y obligaciones de los mismos, esto es que como poder alterno no dependa de ninguno de los tres poderes de la Nación y al crearlo de autonomía podría administrar sus recursos libremente y cumplir con su misión.

Por último, y esto por el abuso que se hace de la defensa de oficio por los particulares, en ambos casos el

beneficiario de esta defensa debiera de cumplir con los requisitos mínimos para tener acceso a esta defensa publica, es decir, que sean tomados en cuenta los ingresos del imputado que fuesen mínimos y que realmente no pudiere cubrir los honorarios de un abogado particular, puesto que hay casos y deduzco que en mayor número; de igual forma, el estado de necesidad económico no es tal para no poder contar con defensor privado y al no haber condiciones o requisitos de solicitud, (por mandato constitucional, para tener esta asesoría publica en materia penal), obvio que se traduce en una carga muy fuerte de trabajo y humanamente por mucha intención que haya del abogado defensor público no puede cumplir cabalmente con su función.

Por lo cual, acudo a esta Tribuna de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, para llevar a cabo la

Iniciativa de Reforma, conforme a los siguientes

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que el ARTICULO 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece que: “La Defensoría Pública proporcionará una defensa técnica de calidad en materia penal, a los imputados que no tengan defensor particular y patrocinará en los asuntos civiles y administrativos a las personas que lo soliciten y acrediten no tener suficientes recursos económicos”.

Por ello, se propone ante esta XXI Legislatura del Estado de Baja California, reforma consistente en

modificación de este artículo, añadiendo la figura de la Defensoría Pública como CAPÍTULO V en el título Quinto, del Ordenamiento Supremos de nuestra entidad, garantizando ofrecer sus servicios, pero en este caso de forma autónoma e independiente, proponiendo el siguiente texto:



“El proporcionar una defensa técnica de calidad en materia penal, a aquellos imputados que no tengan defensor particular y que patrocina en los asuntos civiles y administrativos a personas que lo soliciten y que acrediten no tener suficientes recursos económicos, se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Defensoría Pública del Estado de Baja California, mismo que es dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.”

SEGUNDO.- Para una adecuada coherencia constitucional y legal, y en cuanto a lo relativo al presupuesto

que pudiere corresponder al ser un ente independiente del Poder Ejecutivo, deberá el Congreso el otorgar el presupuesto a la dependencia, misma que el ARTICULO 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece que: “La Ley fijará las atribuciones y deberes inherentes a la Defensoría Pública, así como su organización”.

Por ello, se propone ante Ustedes, reforma consistente en modificación de este artículo, añadiendo al

Congreso del Estado, no solo el fijar debidamente las atribuciones y deberes de la Defensoría, sino lo relativo a la selección posterior a la reforma y la dación de presupuesto a la dependencia proponiendo el siguiente texto:

“La Ley fijará las atribuciones y deberes inherentes a la Defensoría Pública, así como su organización,

selección de su personal y presupuesto por parte del Congreso del Estado.” TERCERO.- En cuanto al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja

California, establece la dependencia que se tiene al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría General de Gobierno del Estado, estableciendo lo siguiente: “La Defensoría dependerá de la Secretaría, la que coordinará y supervisará su funcionamiento, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.”

Ante lo cual se propone ante esta Tribuna Legislativa, en concordancia con los Considerandos anteriores,

modificar dicho articulado, dotándolo de autonomía y patrimonio propio, quedando de la siguiente forma: “La Defensoría Pública, es un organismo público autónomo e independiente, mismo que es dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, y demás ordenamientos aplicables”.

CUARTO.- Para efectos de coherencia y congruencia legal, con base en el Considerando anterior, debido a la

actual administración de la Defensoría Pública del Estado, a cargo del Poder Ejecutivo de la entidad, en específico de la Secretaría General de Gobierno, la cual lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, y que en su fracción XXXI, enuncia el “Dirigir, organizar, administrar y evaluar la Defensoría Pública, garantizando su accesibilidad a los gobernados.

Por lo que, se propone ante este Congreso, en concordancia con los Considerandos anteriores, modificar

dicho articulado, derogando esta fracción, puesto que al dotar de autonomía a la Defensoría Pública, quedaría sin efectos la función de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, el despacho de los asuntos que conciernen a la Dependencia, quedando de la siguiente forma:



“CAPITULO II DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ARTÍCULO 19.- A la Secretaría General de Gobierno, además de las atribuciones que expresamente le

confiere la Constitución Política del Estado, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XXXI.- Derogado;” Es por todo lo antes expuesto que presento ante este pleno la siguiente:

INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS SETENTA Y CUATRO Y SETENTA Y CINCO DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; REFORMA AL ARTÍCULO CUATRO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; ASÍ COMO REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

PRIMERO.- Se reforman los artículos 74 y 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California, en cuanto a los respectivos párrafos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.

ARTÍCULO 74.- “El proporcionar una defensa técnica de calidad en materia penal, a aquellos imputados que

no tengan defensor particular y que patrocina en los asuntos civiles y administrativos a personas que lo soliciten y que acrediten no tener suficientes recursos económicos, se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Defensoría Pública del Estado de Baja California, mismo que es dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.”

ARTÍCULO 75.- “La Ley fijará las atribuciones y deberes inherentes a la Defensoría Pública, así como su

organización, selección de su personal y presupuesto por parte del Congreso del Estado.” SEGUNDO.- Se reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja

California, en cuanto a los respectivos párrafos, para quedar como sigue: ARTÍCULO 4.- “La Defensoría Pública, es un organismo público autónomo e independiente, mismo que es

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, y demás ordenamientos aplicables”.

TERCERO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Baja California, en cuanto a la fracción XXXI, para que quedar como sigue: ARTÍCULO 19.- A la Secretaría General de Gobierno, además de las atribuciones que expresamente le

confiere la Constitución Política del Estado, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XXXI.- Derogado;



CUARTO.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado

A su consideración. Dado en el Salón de sesiones Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado de Baja

California, a los seis días del mes de Octubre del año 2016.



Atentamente

Dip. Claudia Josefina Agatón Muñíz.



DE LOS DIPUTADOS JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO Y JOB MONTOYA GAXIOLA, EN REPRESENTACIÓN DEL PBC, Y DE MC, RESPECTIVAMENTE, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEYES SECUNDARIAS, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL. TÚRNESE POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA EN SU MOMENTO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

DIPUTADO RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Baja California. Honorable Asamblea;

DIP. JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO en representación del Partido de Baja California y en uso de las

facultades conferidas en los artículos 27, 28 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I y 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 91, 94, Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 61, 108, Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1. EJE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA. La filosofía del Partido de Baja California está basada en la búsqueda de la disminución de las desigualdades

entre los sectores sociales de la población bajacaliforniana, ello bajo el principio de subsidiaridad, aspirando a obtener la igualdad y equidad en nuestras leyes, ofrecer más y mejores oportunidades, priorizar las necesidades sobre las demandas y contribuir a la construcción de un federalismo desde una perspectiva local.

Promovemos la participación ciudadana, el respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de

todos los habitantes, para así impulsar la vida política en la construcción de la democracia y la continua búsqueda del máximo desarrollo social, político y económico del Estado.1

2. DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES DEL FUERO CONSTITUCIONAL. “La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como de

otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso, Asamblea, etc. El término es de uso coloquial o común y suele utilizarse como sinónimo de “inmunidad parlamentaria”, aunque, en esencia sean figuras distintas.

1 “Síntesis de una historia”; Documentos del Partido de Baja California.



El fuero se entiende como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

En el caso de la responsabilidad civil de los legisladores no se requiere del procedimiento de declaración de

procedencia, ya que en cuanto particulares, se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización”.2

3. EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES A LOS QUE FORMA PARTE. En la Constitución Federal, se prevé a la letra, lo siguiente: “Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de

sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.”

Por su parte, el diverso numeral Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores

públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria

y delitos graves del orden común. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los

Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este

artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

2 Sistema de Información Legislativa. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=106



Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

111, contempla; “Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será

obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en

los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.”

De lo anterior se desprende que el espíritu de la norma es mantener una constante inmunidad como medio de

protección hacia los servidores públicos. No obstante, resulta necesario señalar que esta figura ha sido núcleo de múltiples disquisiciones en torno a su efectividad y conveniencia para el sistema político mexicano, toda vez que existe una clara contravención de los principio de igualdad ante la ley y de imparcialidad de la justicia.

En ese mismo sentido nuestro propio bloque de constitucionalidad y convencionalidad relativo al derecho humano a la igualdad ante la ley ha acordado, entre otras cosas, lo siguiente:

• 4º, primer párrafo del texto constitucional: “El varón y la mujer son iguales ante la ley (…)”

• 12º, primer párrafo de la Carta Magna, que ordena: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por

tribunales especiales”. • 24º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: “Nadie puede ser juzgado

por leyes privativas ni por tribunales especiales.”. • 24º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla que: “Todas las personas

son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.”.



• 26º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo contenido es: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

• 5º, inciso a) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la cual establece de manera amplia y enunciativa: “En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;

• 5 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual establece que: “Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.”

• 4. f de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer –Convención De Belém Do Pará-, que indica: “… el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley”.

De lo vertido con anterioridad se colige que de manera explícita la República de México reconoce el derecho a

la igualdad de la ley como una prerrogativa que todos sus integrantes poseen sin distinciones de títulos, razas o posiciones sociales; luego entonces, es injusto y desigual diferenciar a la ciudadanía frente a a sus gobernantes.

4. EL FUERO CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE BAJA CALIFORNIA. Corolario al punto vertido con antelación, tenemos que la Constitución Política del Estado de Baja California

también regula esta figura en los numerales 94 y 95 de la Constitución Política del Estado de Baja California. Así, el fuero constitucional es definido por la jurisprudencia mexicana como una inmunidad del servidor público oponible al Poder Judicial, por la consignación del Ministerio Público de algún delito común.1 El Término de inmunidad (inmunitas) se aplica en sentido originario, desde el siglo XVI, como privilegio o protección contra cualquier acción persecutoria, cuando el acusado se encuentra en un sitio protegido en esa inmunidad. En el siguiente siglo la inmunidad se convierte en una prerrogativa de una persona, particularmente de los diputados y senadores, para evitar la aprehensión y la sustanciación de un proceso penal incoado en su contra. (González, 2004)

De acuerdo a diversos estudios doctrinarios el denominado “Fuero constitucional” abarca varios aspectos de

los cuales dentro del ámbito estatal se puede encontrar la manifestación de: 1. La imposibilidad de proceder penalmente contra determinados servidores públicos. 2. La irresponsabilidad jurídica de los legisladores en cuanto a las consecuencias derivadas de la

manifestación de sus opiniones en el desempeño de su cargo.



En este tenor el reconocido jurista Ignacio Burgoa afirma que “la finalidad del fuero constitucional no estriba tanto en proteger a la persona del funcionario si no en mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático”.2

Lo cierto es que la figura del fuero se ha tergiversado beneficiando a una clase política que, haciendo uso de

esta concesión jurídica, promueve el que se situé a servidores públicos muy por encima de la ciudadanía. A mayor abundancia, es consabido que la realidad política imperante en nuestra nación, esta figura se ha

convertido en la herramienta idónea para obtener impunidad. Ello, como se ha venido precisando con antelación, transgrede el principio de igualdad jurídica contemplado en la Constitución Política y en los tratados de los que México forma parte.

En ese sentido, el artículo 4º de la Constitución Política de México se contempla que todos los individuos son

iguales ante la ley. Siendo así, no debe haber prerrogativas o privilegios a la clase política de nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto, resulta congruente que se aprueba la presente INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PARA ELIMINAR EL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO a efecto de que la sociedad y sus gobernantes se organicen en un sistema de coordinación horizontal y de rendición de cuentas.

Atento a lo anterior, se propone se realicen las siguientes modificaciones en la Constitución del Estado de

Baja California; 5. PUNTOS CLAVE DE LA PROPUESTA. La representación de la ciudadanía por parte de los servidores públicos debe ser una actividad que se base en

principios éticos como la honestidad, la transparencia y la responsabilidad, toda vez que es la sociedad quien otorga su voluntad a los gobernantes por medio del sistema democrático que rige nuestra República. De ahí que en el contexto contemporáneo no existan motivos suficientes para conservar el fuero político o la declaración de procedencia por delitos del orden común cometidos por determinados funcionarios del servicio público, por ello se considera que los puntos clave de la propuesta deben procurar:

1.- Modificar únicamente lo concerniente al fuero político, no así al juicio político o figuras conexas previstas en normatividades análogas; 2.- Eliminar en consecuencia la figura del “juicio de procedencia”; 3.- Vincular a un proceso a quienes indiciariamente responsables en la comisión de un delito, y; 4.- Salvaguardar la impunidad parlamentaria (entendiendo por libertad parlamentaria el pleno ejercicio de las facultades que envisten a cada servidor público en lo particular), dado que contempla que los servidores públicos sujetos a proceso no podrán ser sometidos a medidas precautorias privativas de la libertad corporal en tanto se resuelve su situación jurídica. Nota aclaratoria: No obstante a que la presente iniciativa procura la eliminación del fuero constitucional en lo

que respecta a los Diputados del Congreso del Estado de Baja California, ésta no es limitativa, sino que se somete a consideración para incluir a cualquier otro de los servidores públicos estatales contemplados en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Baja California.



6. PROPUESTA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta H. XXII Legislatura del Estado la siguiente

INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PARA ELIMINAR EL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO para quedar como sigue:

7. RESOLUTIVOS INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 91, 94, Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 61, 108, Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 94, Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como

servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra cualquier servidor público de los referidos en el

artículo 91 de esta constitución, por la comisión de un hecho previsto como delito por la ley penal, durante el ejercicio de su encargo, bastara con la notificación que realice el juez que conozca de la causa penal para que los titulares de los órganos de control, procedan de inmediato a la separación temporal del funcionario público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal..

En el caso de los Diputados, la separación temporal del cargo para responder penalmente, deberá

realizarla el presidente del Congreso del Estado, de inmediato y sin otro tramite, notificando personalmente al Diputado inculpado, solicitando la comparecencia del Diputado Suplente para que asuma el cargo por el tiempo que sea necesario en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso.

En el caso de los munícipes integrantes de un Ayuntamiento, la separación temporal para que

respondan penalmente, estará a cargo del Síndico, quien bajo su más estricta responsabilidad deberá notificarla al munícipe inculpado, e informará al pleno del Ayuntamiento para que de forma inmediata convoque a sesión y tomen la protesta al suplente en los términos que determine su reglamentación.

En el caso de infracciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes

federales cometidas por el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura, Presidentes Municipales, y a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue autonomía, se procederá de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el Servidor Público inculpado que haya sido separado, podrá reasumir su función, en el caso de los representantes de elección popular y los de designación por el Congreso del Estado, sólo reasumirán su cargo, si aún no ha fenecido el plazo por el cual fueron electos o designados.

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo,

se procederá de conformidad con la Ley de Ejecución de Penas para que cumpla su sentencia. En ningún caso se concederá al sentenciado la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público sólo procederá la

separación del cargo, a petición del Juez civil y en los casos que la ley asi lo faculte. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de

delitos de cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños y perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y

perjuicios causados. ARTÍCULO 95.- No será necesaria la separación del cargo referida en el artículo anterior cuando el

servidor público, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. (…) (…) (…) (…) (…) (…)

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado

de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

ARTICULO SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los

Ayuntamientos del Estado, o si transcurrido un mes después de recibir el presente decreto sin que emitan una votación, procédase a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado de Baja California.



ARTICULO CUARTO.- Dentro del plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto deberá reformarse la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California.

SEGUNDO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61, 108, Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Artículo 108. (…) Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales

Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este

artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, bastara con la notificación que realice el juez que conozca de la causa penal para que los titulares de los órganos de control, procedan de inmediato a la separación temporal del funcionario público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal..

En el caso de los servidores públicos de elección popular, la separación temporal del cargo para

responder penalmente, deberá realizarla el presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores que corresponda, del Congreso de la Unión, en los términos los términos de su Ley Orgánica.

Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el Servidor Público inculpado que haya

sido separado, podrá reasumir su función, en el caso de los representantes de elección popular y los de designación por cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, sólo reasumirán su cargo, si aún no ha fenecido el plazo por el cual fueron electos o designados.



Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, se procederá de conformidad con la Ley de Ejecución de Penas para que cumpla su sentencia.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público solo procederá la

separación del cargo, a petición del Juez civil y en los casos que la ley así lo faculte. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados

Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público solo procedera la separacion

del cargo a petición del Juez civil y en los casos que la ley asi lo faculte. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de

delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o

perjuicios causados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- Aprobadas que sean las presentes reformas por este Congreso del Estado de Baja California, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la presente iniciativa al Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

“LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA” A LOS 06 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.



POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA.

JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO

DIPUTADO DE LA XXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.



DIPUTADO RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Baja California. Honorable Asamblea; La Iniciativa que hoy se presenta para eliminar el fuero de que gozan los servidores públicos que

expresamente señala nuestra Constitución Política, tiene la finalidad de poner freno a los abusos que se cometen escudándose en esta figura.

Resulta altamente significativo que hoy el Congreso del Estado de Baja California transite hacia una revisión y

eventual desaparición del fuero, tal como ya se ha hecho en el Estado de Jalisco, en donde Movimiento Ciudadano promovió y ya es una realidad la eliminación del fuero a la clase política.

En aquella entidad, en donde Movimiento Ciudadano es gobierno en los municipios más importantes, el retiro

de este privilegio político será aplicable para un total de mil 598 funcionarios, incluida la figura del titular del Poder Ejecutivo, los Diputados Estatales y Federales, Magistrados, así como los Alcaldes, Regidores y Síndicos, quienes concentran el 92.4 por ciento de los sujetos obligados.

Por esta razón, Movimiento Ciudadano suscribe hoy aquí esta Iniciativa, en el entendido de que no se trata de

coartar o afectar la libertad de los Legisladores y demás servidores públicos para expresarse o debatir. Lo que se pretende es terminar con los abusos cometidos por servidores públicos al amparo de un fuero

constitucional, que los exime de responder ante las autoridades y la ciudadanía por ilícitos, cometidos en el desempeño de sus funciones, o incluso en actividades cotidianas que nada tienen que ver con el ejercicio de sus cargos.

Inicialmente, el fuero se estableció como una prerrogativa a favor de los integrantes de las Cámaras, como

órganos colegiados del poder público; posteriormente fue hecho extensivo a otros servidores públicos con la finalidad de protegerlos en el desempeño de sus funciones. Esta extensión no sólo ha sido innecesaria, sino que se ha convertido en una vía ilegítima hacia la impunidad.

En efecto, en las últimas décadas el fuero constitucional ha dejado de ser una protección para garantizar el

equilibrio de Poderes y protección de la libre expresión, para convertirse en una peculiaridad jurídica, que trastoca el principio de igualdad, y fomenta la impunidad desde la función pública.

Hemos llegado a situaciones extremas, en las que se ostenta el fuero, generalmente en forma prepotente,

para evitar ser detenido por conducir en estado de ebriedad, o para eludir sanciones por generar escándalos en la vía pública, o para proferir amenazas o agredir personas sin ser requerido por las autoridades.

Estas situaciones, y otras de mayor calado como incluso fraudes al erario público, han generado el rechazo de

la ciudadanía al ejercicio del fuero, por lo que hoy su existencia antes que fortalecer el servicio público lo debilita. El fuero constitucional ha caído en prácticas pervertidas, que contradicen la rendición de cuentas y la

transparencia en el ejercicio público. Este no puede, ni debe ser un manto de impunidad.



En este sentido, asumimos con plena responsabilidad el sentir y el reclamo de los ciudadanos que exigen que los funcionarios que sean responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes locales respondan de manera directa ante las autoridades competentes, sin que se requiera declaración de procedencia, en casos de violaciones o delitos graves o en caso de que se dañe el patrimonio del Estado o de particulares de conformidad con la ley respectiva.

En el estado de Jalisco recién se aprobó la eliminación del fuero y Baja California, que siempre se ha

caracterizado por ir a la vanguardia de los cambios políticos y sociales en el país, no puede quedarse atrás. Es cuanto.



POR MOVIMIENTO CIUDADANO

DIPUTADO JOB MONTOYA GAXIOLA

DIPUTADO DE LA XXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.



DEL DIPUTADO ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPRI, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEYES SECUNDARIAS, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL. TÚRNESE POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA EN SU MOMENTO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. DIPUTADO RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Baja California. Honorable Asamblea; Los suscritos Diputados, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Blanca Patricia Ríos

López, Edgar Benjamín Gómez Macías y Bernardo Padilla Muñoz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por los artículos 110 fracción II, 115 fracción I, 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, comparecemos para presentar ante este H. Congreso del Estado, la siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA, LOS ARTÍCULOS 12, 27, 91, 94 Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 3 Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 2, 10, 29, 30, 31, 32, 33 Y 34 DE LA LEY RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS; 121 Y 122 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; ASÍ COMO EL 4 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, BAJO LA SIGUIENTE:


Es nuestro deber como representantes de los ciudadanos, constituir ordenamientos jurídicos que

correspondan a las circunstancias políticas y sociales de la entidad, en esa guisa, atendiendo a los reclamos y exigencias de la sociedad de que no existan más los privilegios, ni se consienta o tolere la impunidad y la cultura de ilegalidad, es menester en nombre y representación de los que suscriben la presente iniciativa.

Ante todo, es preciso señalar que el diccionario de la Real Academia Española, enuncia que la palabra “fuero”

tiene un significado de “jurisdicción o poder”, sin embargo, en términos parlamentarios se considera como “competencia jurisdiccional” especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo”3.

A su vez, en el derecho procesal mexicano4, se utiliza el término “fuero” como sinónimo de competencia,

cuando se habla del fuero común, fuero federal y fuero del domicilio -como sinónimo de jurisdicción-; también se habla de fuero constitucional, con otro significado ya que trata de un requisito de procedibilidad.

3 Término localizado en el Diccionario de la Real Academia Española, en la dirección de Internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fuero

4 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Enciclopedia Jurídica Mexicana. Letra F. UNAM. Editorial Porrúa. México, 2002. Pág. 147.



Ahora, por lo que respecta al Fuero Constitucional el autor Eduardo Andrade Sánchez en su obra El Desafuero en el Sistema Constitucional Mexicano señala que independientemente de la crítica que pueda merecer esta institución –fuero-, resulta innegable que alude a una situación jurídica específica, consiste en un conjunto de normas aplicables a determinados servidores públicos que en razón de la función que desempeñan quedan sujetos a un régimen propio en cuanto a la exigencia de ciertas responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta.

De lo antes expuesto, se infiere que el fuero constitucional, en su sentido amplio, comprende diversas formas

específicas, a saber: a) Fuero parlamentario o inviolabilidad como inmunidad absoluta, por expresiones emitidas por los legisladores en el desempeño de su cargo; b) Fuero como inmunidad relativa de que disfruta el presidente de la Republica frente a ciertas acusaciones de naturaleza penal durante el tiempo de su encargo; c) Fuero como inmunidad relativa respecto de cualquier acusación penal que sólo puede ser formulada previo agotamiento del requisito de procedibilidad llamado declaración de procedencia o desafuero, y d) Fuero como jurisdicción especial atribuida a las cámaras de Diputados y de Senadores para desahogar algunos de los procedimientos que se comprenden en el conjunto de normas.

En este sentido, el fuero se traduce en una prerrogativa de inmunidad constitucional que tienen algunos

servidores públicos, para que, previamente a ser juzgados por la comisión de un delito, sean sometidos a un procedimiento de declaración de procedencia por parte del órgano legislativo.

Así las cosas, la declaración de procedencia o de desafuero como comúnmente se conoce, es un requisito sin

el cual no se puede proceder penalmente contra un servidor público en funciones. No obstante lo anterior, el propósito de la figura del fuero ha sido desnaturalizada a tal grado que su

reconocimiento ha propiciado casos de impunidad que obviamente resultan por demás indignantes y ofensivos para nuestra sociedad, misma que ahora más que nunca, exige y exige con justa razón, un mejor actuar por parte de todas las autoridades.

Esta situación ha llevado al debate nacional la necesidad de analizar los alcances y en su caso, la

subsistencia de la figura del fuero, más aún, si aspiramos que nuestra sociedad tenga como cimientos principios tan elementales como los de justicia e igualdad ante la ley, el cual exige que todos sean tratados de la misma manera en circunstancias semejantes, es decir, sin distinción.

Así pues, bajo estas premisas, la calidad de servidor público no puede significar bajo ninguna circunstancia

impunidad, ni mucho menos una excluyente del delito o una excepción a nuestro Estado de derecho y por el cual tanto luchamos.

Ahora bien, no se omite que al otorgarse fuero a ciertos funcionarios públicos, especialmente, de alto rango,

es con el fin de salvaguardarlos de acusaciones sin fundamento ya que esto generaría distracciones, inseguridades e inestabilidades en el funcionario que irremediablemente podrían afectar el desarrollo de las funciones que le han sido encomendadas, y con ello el interés público; sin embargo, esta situación no justifica ni tampoco debe dar pie a la mas mínima posibilidad de impunidad.

Sobre esa base, del análisis efectuado a la Constitución Local, se aprecia que en su artículo 94, prevé que

para que un servidor público pueda ser investigado por la comisión de un ilícito en materia penal, primero se le debe seguir un procedimiento de declaración de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente, el funcionario público quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la Ley.



Esto es, que para sujetarlos a juicio penal es necesaria la declaración de procedencia que emite el Congreso del Estado, misma que tiene por efecto retirar del cargo a la persona en tanto esté sujeto a proceso penal.

En ese sentido, se considera prudente señalar que en el caso de la responsabilidad civil de los legisladores,

no se requiere del procedimiento de declaración de procedencia, pues en cuanto a conflictos de intereses entre particulares se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora, o bien, el otorgamiento de una indemnización.

En tal sentido, la presente iniciativa propone reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Baja California y diversos ordenamientos legales, con el propósito de eliminar la figura del fuero. Con fundamento en los artículos señalados, nos permitimos someter a consideración de este H. Congreso, la

siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA, LOS ARTÍCULOS 12, 27, 91, 94 Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 3 Y

50 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 2, 10, 29, 30, 31, 32, 33 Y 34 DE LA LEY RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS; 121 Y 122 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; ASÍ COMO EL 4 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, BAJO LA SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN LO ARTÍCULOS 12, 27, 91, 94 Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

Articulo 12.- …. I.-… II.- Por responsabilidad penal, cuando la autoridad competente así lo determine; III.- a la VI.-… Articulo 27.- … I.- a la XXIII.-… XXIV.- Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 93 de esta Constitución y fungir, a través de una Comisión de su seno, como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se instauren; XXV.- a la XXXVIII Articulo 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores

públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.



Articulo 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, se aplicara la legislación penal.

En ningún caso, los servidores públicos señalados en el párrafo inmediato anterior, podrán ser separados de

sus funciones hasta en tanto no cause ejecutoria el fallo que así lo determine. En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del Poder Judicial del Estado y

Consejeros de la Judicatura del Estado, sean declarados responsables en Juicio Político por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o sujetos de declaración de procedencia por la Cámara de Diputados del mismo Congreso, la Legislatura del Estado determinará las sanciones de las señaladas en el Artículo 93 que deban imponerse al acusado si se está en el primer caso, o decretará la separación del Servidor Público de que se trate del cargo que ocupa y lo hará saber así a la Autoridad que haya solicitado la remoción del Fuero Constitucional.

El efecto de la declaración hecha por la cámara de diputados del congreso general de que ha lugar a proceder

contra el inculpado, tendrá el efecto de la separación de su encargo en tanto este sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese

condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, éstas se resolverán conforme a

la legislación aplicable. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de

delitos de cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños y perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y

perjuicios causados. ARTÍCULO 95.- Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determinarán

sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la Fracción III del Artículo 92 pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular cause en

los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.



El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por cualquier servidor público, será

exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la

naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia la Fracción III del Artículo 92. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

TRANSITORIOS

Único.- Las presentes reformas entraran en vigor una vez cumplido el proceso legislativo a que se refiere el

artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE MODIFICAN LOS ORDINALES 3 Y 50 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE;

ARTICULO 3. Los Diputados nunca podrán ser enjuiciados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo o con motivo de él.

ARTICULO 50. … I. Velar por la preservación de la inviolabilidad del edificio del Poder Legislativo y del recinto parlamentario;

II. A la XVI.-…

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente en que inicie la vigencia del decreto mediante el

cual se reforman los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de fuero constitucional.

ARTÍCULO TERCERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 10, 29, 30, 31, 32, 33, Y 34 DE LA LEY DE

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 2.- La presente Ley reglamenta la Responsabilidad de los Servidores Públicos, en relación a: I.- A la II… III.- El procedimiento de Juicio Político. IV.A la IX…



ARTÍCULO 10.- Corresponde al Congreso del Estado valorar la existencia y la gravedad de los actos u omisiones a que se refiere el artículo anterior. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se hará del conocimiento del Ministerio Publico para efectos de que realice la investigación correspondiente.

ARTÍCULO 29.- Derogado. ARTÍCULO 30.- Derogado. ARTÍCULO 31.- Derogado. ARTÍCULO 32.- Derogado. ARTÍCULO 33.- Derogado. ARTÍCULO 34.- Derogado.

TRANSITORIOS

Único.- La presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente en que inicie la vigencia del decreto mediante

el cual se reforman los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de fuero constitucional.

ARTÍCULO CUARTO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: Articulo 121.- Derogado. Articulo 122.- Derogado.

TRANSITORIOS

Único.- La presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente en que inicie la vigencia del decreto mediante el cual se reforman los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de fuero constitucional.

ARTÍCULO QUINTO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTÍCULO 4.- Del Órgano de Gobierno Municipal.- El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno del Municipio;

se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, un Sindico Social en los Municipios en que proceda, y por el número de Regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

El Ayuntamiento tendrá su residencia en la cabecera de cada municipalidad y ejercerá sus atribuciones de

manera exclusiva en el ámbito territorial y jurídico de su competencia. El recinto del Ayuntamiento es inviolable; toda fuerza pública que no esté a cargo del propio Ayuntamiento

está impedida para tener acceso a él, salvo que se otorgue permiso previo por el Presidente Municipal, o en su ausencia por el secretario fedatario del Ayuntamiento, quién deberá levantar constancia de ello.



En todo el Estado se dará entera fe y crédito a los actos y despachos originados de las autoridades municipales, relativos a asuntos de su competencia.

TRANSITORIOS

Único.- La presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente en que inicie la vigencia del decreto mediante

el cual se reforman los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de fuero constitucional.

Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado de Baja California, a

los 06 días del mes de octubre del año 2016.



“Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”

Diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho Integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Arregui Ibarra Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Edgar Benjamín Gómez Macías Integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional

Diputada Blanca Patricia Ríos López Integrante del Grupo Parlamentario


Diputado Bernardo Padilla Muñoz Integrante del Grupo Parlamentario




DE LA DIPUTADA ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE, EN REPRESENTACIÓN DEL PRD, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEYES SECUNDARIAS, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL. TÚRNESE POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA EN SU MOMENTO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA XXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Compañeros Legisladores. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE, en mi carácter de Diputada conforme a las facultades establecidas en los

artículos 27 fracción primera y 28 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 18, 39, 55, 57, 110 fracción tercera, 114, 115 fracción primera, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter al Pleno de esta Honorable Legislatura, la siguiente INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PARA LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL, Y LEYES RELATIVAS sustentado por los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

- La doctrina jurídica clásica concibe al Fuero como aquella prerrogativa de Senadores y Diputados -así como de otros Servidores Públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las Leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del Órgano Legislativo al que pertenecen.

- Queda de manifiesto que el espíritu del Constituyente es el salvaguardar la libertad de los Legisladores y

Gobernantes para poder desempeñar de forma Autónoma sus responsabilidades, sin embargo la propia dinámica social ha transformado este concepto en un claro y constante señalamiento de impunidad, siendo congruentes con el sentir popular es que vemos esta figura caduca dentro del contexto de Libertades Políticas en el que vivimos, de igual manera la eliminación del ¨Fuero¨ será un generador de certidumbre para el Ciudadano teniendo en cuenta que en un Estado Democrático como el nuestro no deben existir clases jurídicamente privilegiadas como hoy en día lo es la clase política.

- Las Legislaturas de Jalisco, Veracruz y Querétaro ya han aprobado la eliminación del Fuero Constitucional

en un sentido de congruencia para con sus representados, de igual manera otras Legislaciones de diversas Entidades están analizando y seguramente pronto aprobando dicha derogación, es prudente insistir en que nuestra sociedad ha avanzado lo suficiente como para seguir ostentando figuras que abonan a la falta de credibilidad en nuestras Instituciones.



RESOLUTIVO:

Primero. - se reforma el artículo 12 en su fracción segunda, se deroga el párrafo primero y segundo, así como la modificación del párrafo sexto del artículo 95, y se deroga el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California para quedar como sigue:

Artículo 12: - Es revocable el mandato de los servidores públicos de elección popular, en los términos que

dispone esta Constitución y las leyes de la materia, a través de los mecanismos siguientes: I (…) Fracción segunda: Por responsabilidad penal. (se deroga: mediante la declaración de procedencia) III a VI (…) Articulo 94 derogado Artículo 95 Se deroga el primero y segundo párrafo, y se modifica el párrafo sexto. Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determinarán sus

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la Fracción III del Artículo 92 pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular cause en

los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público

desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por cualquier servidor público, será

exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. (se elimina: ¨los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 94¨)

La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la

naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia la Fracción III del Artículo 92. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.



Segundo.- se reforma el artículo 3 y se deroga el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Artículo 3.- Los diputados no podrán ser imputados por expresar su opinión en el desempeño de su cargo. Artículo 4.- derogado. Tercero.- se reforma el artículo 2 en su fracción tercera y se deroga el capítulo III del Procedimiento para la

Declaración de Procedencia en sus artículos 29, 30, 31, 32, 33, y 34 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Articulo 2.- - La presente Ley reglamenta la Responsabilidad de los Servidores Públicos, en relación a: I al II (…) III.- Los procedimientos de juicio político. (se elimina y declaración de procedencia) IV al IX (…) Art. 29 derogado Art. 30 derogado Art. 31 derogado Art. 32 derogado Art. 33 derogado Art. 34 derogado Cuarto.- Se deroga el capítulo II del Juicio Político en sus artículos 118, 119, 120 y se deroga el capítulo III De

la Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal en sus artículos 121, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California

TRANSITORIOS: PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. SEGUNDO.- La presente reforma entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado de Baja California. Dado en el salón de sesiones ¨Licenciado Benito Juárez García¨ del Honorable Congreso de Baja California, al

día 6 de octubre del 2016.



ATENTAMENTE

DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE

REPRESENTANTE DEL PRD



roposiciones; P

DE LA DIPUTADA MÓNICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPAN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL INAMI EN BAJA CALIFORNIA, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REESTABLECER EL ORDEN JURÍDICO MIGRATORIO EN NUESTRA ENTIDAD. SE SOLICITA DISPENSA DE TRÁMITE.

DIPUTADO RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE XXII LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA. P R E S E N T E.- Los suscritos Diputados integrantes de esta XXII Legislatura, de conformidad con lo establecido en los

artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los diversos 110 fracción III, 114, 119 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentamos ante esta Honorable Asamblea PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES, A FIN DE REESTABLECER EL ORDEN Y LA SEGURIDAD JURÍDICA MIGRATORIA EN BAJA CALIFORNIA, con dispensa de trámite, al tenor de la siguiente:


Desde el pasado mes de mayo de 2016, Baja California ha experimentado un inédito fenómeno migratorio: cientos y cientos de extranjeros han arribado a Baja California, con la intención de obtener estatus de protegido, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América.

Nos encontramos con un problema mayúsculo que es multidimensional y multifacético. Desde luego que

existe la duda razonable de ¿Cómo lograron ingresar las fronteras de nuestro país? o ¿Cómo lograron desplazarse por todo el territorio nacional sin que antes las autoridades migratorias advirtieran su presencia y realizaran acciones al respecto? lo cierto, es que hoy sabemos que son miles de personas de origen haitiano los que se encuentran varados en Baja California.

Debemos asumir con responsabilidad y determinación los retos que se nos presentan, minimizar las

dimensiones del problema que hoy tenemos frente a nosotros sería irresponsable y en contra del interés colectivo. Cada día que pasa sin que se encuentre una verdadera solución de fondo aumenta la tensión, escasean los recursos, los refugios temporales rebasan su capacidad y la población inmigrante sigue llegando.

La realidad que hoy se presenta está superando los esfuerzos institucionales y sociales que se han

emprendido. El no encontrar una solución de fondo de manera inmediata constituye un riesgo que el problema escale en hambrunas, crisis humanitaria, enfermedades y en general, un riesgo para la sociedad.



Es por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se solicita respetuosamente a esta Honorable Asamblea se dispense del trámite correspondiente, para que la presente Proposición de Acuerdo sea discutida y aprobada en esta misma sesión bajo el siguiente:

R E S O L U T I V O

PRIMERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

MIGRACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, PARA QUE EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, LLEVE A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REESTABLECER EL ORDEN JURÍDICO MIGRATORIO EN NUESTRA ENTIDAD, Y SE OFREZCA UNA SOLUCIÓN INSTITUCIONAL INMEDIATA RESPECTO A LOS MIGRANTES EXTRANJEROS VARADOS.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO

FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE SU CANCILLERÍA, ESTABLEZCA LOS ACERCAMIENTOS CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, A FIN DE BUSCAR LAZOS DE COOPERACIÓN Y LA SOLUCIÓN INMEDIATA RESPECTO A LOS MIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN EN BAJA CALIFORNIA, EN ESPERA DEL PERMISO TEMPORAL QUE EXPIDE ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE SU OFICINA DE PROTECCIÓN DE ADUANAS.

Dado en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado de Baja

California, a los 6 días del mes de octubre de 2016.



ATENTAMENTE

DIP. MÓNICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

DIP. CARLOS ALBERTO TORRES TORRES

DIP. JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ

DIP. VICTORIA BENTLEY DUARTE

DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO

DIP. ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA

DIP. IGNACIO GARCÍA DWORAK

DIP. MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLÁN

DIP. ALFA PEÑALOZA VALDEZ

DIP. SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ

DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

DIP. IRAIS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR



DIPUTADOS QUE SE ADHIEREN A LA PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO.

Con fundamento a lo establecido por el artículo 145 BIS fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la siguiente Diputada se adhirió a la proposición de acuerdo económico presentada por la Diputada Mónica Hernández Álvarez, en Sesión Ordinaria del Pleno éste Congreso:

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ PARTIDO DEL TRABAJO

DE LA DIPUTADA MÓNICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPAN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL INAMI EN BAJA CALIFORNIA, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REESTABLECER EL ORDEN JURÍDICO MIGRATORIO EN NUESTRA ENTIDAD. DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "BENITO JUÁREZ GARCÍA" DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 6 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.



osicionamientos; P DEL DIPUTADO SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPAN, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA HONORABLE ASAMBLEA: El suscrito Dip. Sergio Tolento Hernández, en nombre y presentación del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Tercer Párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por lo establecido, en Articulo 110 FRACCIÓN III y los artículos 114 y 116, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos presentar ante esta tribuna POSICIONAMIENTO SOBRE EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

Las Diputadas y Diputados que integramos la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, en este

inicio de mandato legislativo, queremos refrendar nuestro compromiso con la sociedad baja california que nos brindó su confianza.

Este compromiso debe refrendarse con acciones concretas que reflejen la firme convicción de esta

Legislatura, con la transparencia y la austeridad de un Poder Legislativo que tiene la responsabilidad de estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía, siendo impostergable plantear la reducción de su presupuesto en aquellos rubros que son innecesario y excesivos.

Estoy cierto, que es una visión que compartimos todas las fuerzas políticas que integramos esta VIGÉSIMO

SEGUNDA LEGISLATURA. Estamos convencidos que mediante la construcción de acuerdos y el trabajo conjunto, podremos encontrar un equilibro, que haga frente de manera responsable a ésta exigencia social.

De la misma forma, buscaremos que el resto de los Poderes del - estado, también asuman acciones de

austeridad que sean congruentes con la realidad económica de la entidad, pues solo con una visión integral, respetuosa y de colaboración lograremos eficientizar los recursos públicos, que tenemos bajo nuestra responsabilidad.

No hay que olvidar, que la estabilidad del Estado y el bienestar de los bajacalifornianos, es una

responsabilidad compartida entre los tres Poderes y los tres niveles de gobierno. De ahí, la importancia del análisis que esta Legislatura realice al TERCER INFORME DE GOBIERNO, que

nos ha presentado el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el 1ro de Octubre , en el cual nos da cuenta del estado que guarda la administración pública a tres años de su gestión.



El análisis profundo que se realizará a los temas de interés de la sociedad y de responsabilidad de los diputados en el seno de las comisiones dentro del procedimiento de glosa, marcara el inicio de nuestra responsabilidad fiscalizadora y de representación en esta Legislatura.

El momento sin duda es crucial; esto en virtud de que aún, hay tiempo para generar mejores condiciones de

vida para la población de nuestro Estado. Sin duda, la política económica federal, así como los recortes los presupuestarios realizados, ha impactado de

manera importante en el desarrollo de los estados fronterizos, situaciones como la inestabilidad del peso frente al dólar; el encarecimiento de productos y servicios básicos, ha disminuido el desarrollo económico, industrial, agropecuario y pesquero del estado, complicando la posibilidad de cumplir y hacer cumplir los planes y programas de gobierno a su cabalidad.

Por ello, buscaremos trabajar de la mano con nuestros diputados federales, para que de manera conjunta y

dentro del ámbito de nuestra competencia, logremos mejorar las condiciones presupuestarias para nuestra entidad. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo y los avances logrados por la actual administración Estatal. La

obtención del 1er Lugar en materia de prevención de accidentes, no es cosa pequeña, pues gracias a un esfuerzo conjunto sociedad y gobierno se ha logrado una disminución significativa en muertes de jóvenes por accidentes de tránsito.

Tampoco puede pasar desapercibido, el avance en materia de transparencia que se ha logrado, sin embargo

buscaremos que Baja California, logre estar dentro de los 3 primeros lugares. Otro aspecto a resaltar es el avance en materia de infraestructura hospitalaria en Salud, pues después de

varias décadas, se lograron concretar proyectos que beneficiaran a la población abierta, así también es de resaltarse la incorporación de los ayuntamientos a las actividades de prevención como municipios saludables.

Sin embargo, aún deben fortalecerse acciones en materia de prevención de enfermedades, la cultura del

autocuidado en la población, así como la asignación de mayores recursos presupuestarios para el área de la salud. Soy un convencido que el III Informe de Gobierno, sentará las bases para construir y avanzar aún más en

donde tenemos la responsabilidad de hacerlo. Seremos críticos donde debamos de serlo, pero también impulsaremos acciones y brindaremos el apoyo

donde la sociedad y los poderes lo requieran. No tenemos duda alguna, de que el Ejecutivo del Estado está realizando su mejor esfuerzo por mantener la

paz social, y consolidar las condiciones básicas para que los ciudadanos y sus familias puedan vivir con dignidad. Es de reconocerse que gracias al espíritu emprendedor de los bajacalifornianos, al trabajo de sus empresas y

la participación de la sociedad organizada, nuestro Estado, es una tierra próspera y de oportunidades. El Poder Legislativo, en este momento histórico, tiene ante sí el reto de plantear y fortalecer las políticas

públicas hasta hoy implementadas por el Ejecutivo Estatal, dando viabilidad y prioridad financiera a los programas cruciales para la población vulnerable, así como para el desarrollo económico del estado.



Los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Reconocemos el trabajo y esfuerzo del Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid y su equipo de colaboradores.

Nuestro agradecimiento a la dedicación de miles de Mujeres, Hombres, jóvenes, familias, Maestros,

Empresarios, Organismos de la Sociedad Civil, Profesionistas y trabajadores, que desde diversas trincheras contribuyen a hacer del nuestro, un mejor lugar para vivir:

Reiteramos nuestro compromiso de Legislar y fiscalizar con responsabilidad, de la mano y de frente con la

gente, pues nuestro objetivo, es avanzar hacia la construcción de una nueva forma de representar a la ciudadanía. Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Baj

California.



MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ VICTORIA BENTLEY DUARTE JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ ANDRÉS DELA ROSA ANAYA SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ ALFA PEÑALOSA VALDEZ MÓNICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLÁN IRAIS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO CARLOS TORRES TORRES IGNACIO GARCÍA DWORAK



DE LA DIPUTADA BLANCA PATRICIA RÍOS LÓPEZ, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPRI, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. H. XXII LEGISLATURA Ciudadanos que nos acompañan, Diputadas y Diputados, Mesa Directiva y Medios de Comunicación. Honorable Asamblea 1.-PRESENTAR EL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, RESPECTO DEL

BAJO DESARROLLO ECONÓMICO DE BAJA CALIFORNIA, LA PROPUESTA DE REDUCIR EL GASTO PÚBLICO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO, QUE EMITE LA DIPUTADA BLANCA PATRICIA RÍOS LÓPEZ, MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Ante lo complicado de la situación económica del Estado y del País, se presentan grandes retos para todos;

comenzando por aceptar la parte de responsabilidad que nos toca a cada uno. Los Diputados del PRI somos una nueva generación de renovación y cambio. Trabajando en nuevas formas de hacer política y generar mejores condiciones de Gobierno.

La reiterada afirmación de que el estancamiento económico de Baja California es culpa del Gobierno Federal,

representa una salida fácil y no abona a solucionar el problema que representa el bajo desarrollo económico estatal. Si bien, el referido estancamiento económico del Estado es multifactorial, no podemos ser omisos en el daño

que representa la alarmante inseguridad que golpea a los bajacalifornianos, tomando como ejemplo el lamentable hecho de que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y el Consejo Nacional de Población, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, se encuentran dentro de las 20 ciudades con más homicidios por cada 100 mil habitantes.

Debemos asumir el reto en conjunto y de manera coordinada, ejecutando el gasto de manera responsable,

atendiendo a las necesidades y exigencias de los bajacalifornianos; por ello, aplaudo las manifestaciones del Gobernador de realizar un recorte al gasto público.

Al tenor de lo anterior, la suscrita y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,

consideramos imperante una reducción al gasto público que implique una distribución más eficiente del mismo, lo que significa no afectar rubros tan importantes como la educación pública, la salud, el apoyo a emprendedores, Sistema de Justicia, y el especial cuidado a las mujeres en situación de vulnerabilidad. En cambio, la implementación de políticas públicas más eficientes, con un ejercicio de gasto focalizado al beneficio de los sectores más dolidos de la población, con una distribución más equitativa, permea en un mayor impulso al desarrollo económico en Baja California.



Creyendo firmemente que ¨el buen juez, por su casa empieza¨, nos sumamos a la propuesta de reducir el gasto en el Poder Legislativo de Baja California en lo que hace a posiciones burocráticas y administrativas, trabajando con estricto sentido de responsabilidad y con mayor eficiencia, poniendo como meta, mayores y mejores resultados con menos recursos; entendiendo que este Grupo Parlamentario, se conforma por representantes de la población, que nos encontramos convencidos de la urgencia de honrar la confianza de quienes votaron por el Partido Revolucionario Institucional, y de hacer honor a la envestidura de servidores públicos.

Cabe hacer mención que, de la totalidad del presupuesto para el ejercicio 2016 del Gobierno del Gobierno de

Kiko Vega, el 96.3% del mismo lo ejerce el Poder Ejecutivo, 2.1% lo ejerce el Poder Judicial y tan solo el 1.6% lo ejerce el Poder Legislativo, por lo que, tomando como parámetro el periodo comprendido desde 2013 a 2016, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en un 8.76%, en tanto que se ven alarmantes incrementos en direcciones y secretarías del Poder Ejecutivo, como el de Oficialía Mayor de Gobierno, que en el mismo periodo señalado, pasó de un presupuesto de 450.2 millones de pesos, a un presupuesto para el ejercicio 2016 de 805.6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 79% en tan solo 3 años; o el caso de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, cuyo incremento fue de un estrepitoso 146%, por mencionar algunos.

En el mismo sentido, todos los funcionarios públicos, debemos sumarnos a la responsabilidad que representa

generar un mayor impulso económico, mediante una correcta aplicación de recursos y hacer un ¨recorte parejo¨ que atienda al principio de máxima eficiencia, tomando como meta el ¨hacer más, gastando menos¨.

La implicación de este ¨ajuste parejo¨, recae en la necesidad de ser congruentes con la realidad económica, la

gran deuda que debe afrontar el Estado, y el destinar los recursos a los programas de éxito probado y de mayor beneficio a los sectores de la población que más lo necesitan; del mismo modo que implica analizar y subsanar el gasto que se efectúa actualmente y que no representa un beneficio real a los bajacalifornianos.

En ese tenor, no solo se trata de recortar el gasto, sino de reorientarlo a programas que impulsen la creación

de nuevas empresas y, por ende, de nuevos empleos; poniendo énfasis en implementar políticas públicas innovadoras que combatan el asistencialismo, generando impulso al desarrollo económico y, por consecuencia, una mejor calidad de vida para los bajacalifornianos; lo que resultaría virtualmente imposible si se atiende a la propuesta del Partido Acción Nacional de reorientar menos del 1% del presupuesto.

Este gran reto trasciende ideologías, colores y plataformas políticas, este debe ser un esfuerzo de todos los

que formamos parte de los 3 poderes del Estado. Es nuestra responsabilidad el tomar acción oportuna y prudente, procurando el impulso a la economía estatal

y efectuar el gasto de manera congruente, utilizando el dinero de los bajacalifornianos en los bajacalifornianos. Los Diputados Priistas de esta XII legislatura, estamos comprometidos con el bienestar de los ciudadanos de

Baja California y vigilaremos de manera puntual y exigente, como es que se gasta y se pretende gastar el recurso público.

Dado en la sala de sesiones ¨Benito Juárez Garcia¨ a 6 de octubre de 2016, en Mexicali, Baja California.



¨Democracia y Justicia Social¨

Mtra. Blanca Patricia Ríos López

Diputada del Partido Revolucionario Institucional



DEL DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPMORENA, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA.

A nombre propio y del grupo parlamentario que conformamos MORENA en esta Soberanía y representación

del pueblo, venimos a presentar posicionamiento en relación al tercer informe del Titular del Ejecutivo del Estado que guarda la Administración Pública Estatal.

Sin duda este ejercicio debe de representar la rendición de cuentas al pueblo de Baja California representado

en esta soberanía. Lo cual, el grupo parlamentario de MORENA pretendemos hacer un análisis objetivo y responsable del mismo. Sin dejar de reconocer lo que tiene por avances, pero igual, seremos críticos y observaremos todo aquello que no corresponda al desarrollo de los intereses de los Bajacalifornianos.

Concebimos una Baja California pensando en positivo, en el que la mentalidad se oriente a construir puentes

con los otros y no barreras; en el que la gente, sean, como debe ser; el punto de referencia, el principio y el fin de toda acción de la administración y los poderes públicos; y en el que éstos, además de ágiles y eficientes en su gestión, informen con transparencia el uso de los recursos que les fueron confiados. En el que quienes nos gobiernen sean profesionales con alto sentido del deber, capacidad y honestidad; con espíritu de servicio.

La Glosa del Tercer Informe de Gobierno nos dará a los legisladores, la oportunidad de analizar con

responsabilidad el contenido del documento escrito, intercambiar opiniones no solo con los Titulares de las dependencias Estatales, pero además la comparecencia del Titular del Ejecutivo para establecer un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante esta Soberanía.

Se hará una revisión crítica de todos los ramos, ya que la realidad hoy nos indica aún lejano, el camino de la

seguridad y el bienestar social para todos. Porque el solo presentar cifras y porcentajes estadísticos contrasta con la realidad social que se vive en el Estado.

La violencia sigue siendo un flagelo para una ciudadanía que, inerme, ve como nuestro Estado se encuentra

entre los que registran los índices más altos en la comisión de delitos, provocando sentimientos de temor e incertidumbre en los ciudadanos afectados y el resto de la comunidad, tal parece que la delincuencia ha encontrado en nuestro Estado, las condiciones propicias para su desarrollo, sintiéndose una total ausencia de autoridad.

Hoy más que nunca se requiere un replanteamiento del Estado y su relación con la Federación, sobre todo

frente a la necesidad de una relación institucional, que permita insertar a Baja California en el concierto nacional, con sus propias características regionales y la problemática derivada de su ubicación estratégica; donde su desarrollo y sus acciones estén enmarcadas por una acción pública que entienda que un Estado Soberano, es un Estado Social, Democrático y de Derecho, preocupado por el desarrollo integral y la seguridad de sus habitantes.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de MORENA, hará todo lo posible, junto con la sociedad, para que

regrese el RÉGIMEN DE ZONA LIBRE para reactivar la economía en Baja California. Este Gobierno debe ocuparse de las necesidades de todos los ciudadanos, entenderlos y atenderlos.

Respetando los derechos humanos, las ideologías, religiones y la diversidad sexual.



Sin olvidar a nuestras comunidades indígenas, en conservar su cultura, su patrimonio, asegurar su espacio dentro de la sociedad y afirmar sus derechos de tierra y territorio.

En este sentido, es necesario promover la Consulta a los pueblos indígenas, derecho que no puede ni debe

ser aplazado por el Gobierno del Estado, debido a que hoy existen antecedentes violatorios a sus derechos; claro ejemplo son las etnias Kiliwa, Cucapá y PaiPai de los Pueblos Yumanos de Baja California, en los que empresas privadas han vulnerado y atropellado su derecho a tener una consulta previa, libre e informada sobre el uso y decisión sobre sus tierras y territorios que son brutalmente explotados y en no pocos casos, en concesiones a empresas extranjeras.

Del análisis del tercer Informe de Gobierno será necesario revisar y reorientar el proyecto de presupuesto

2017, donde se establezcan nuevas prioridades y donde lo más importante sean las personas, atendiendo prioritariamente a los que menos tienen.

En la propuesta de Agenda Legislativa que presentamos a esta legislatura, destaca de manera central la

urgencia de contar con un gobierno austero, en donde se acaben los privilegios y los dispendios, NO MAS GOBIERNO RICO, CON PUEBLO POBRE. Y plantearemos de manera central la revisión y las acciones necesarias para que en Baja California se deba incrementar el salario a los trabajadores.

Un presupuesto que tome como punto de referencia las demandas de la sociedad y no sólo los requerimientos

de los inversionistas; y que por tanto, destine recursos cada vez mayores en materia de desarrollo y bienestar social; y que los mismos sean asignados a las áreas y sectores que más lo requieran.

Un presupuesto que represente una visión de Estado, sobre cómo atender las crecientes necesidades de

urbanización, de vivienda, de educación, de salud, de atención por parte de las autoridades; y sobre todo, que evite la discrecionalidad y la utilización facciosa de los recursos públicos.

Proponemos que la educación que imparta el Estado de Baja California, sea en su totalidad gratuita desde

preescolar hasta licenciatura, incluyendo becas en apoyo a quienes, por falta de recursos, hoy se encuentran en riesgo de deserción. Es prioritario que a los maestros se les respeten los acuerdos y reciban sueldos dignos, acordes a la trascendencia de la función social que desempeñan.

QUEREMOS UNA BAJA CALIFORNIA DONDE LA EDUCACIÓN SEA EL EJE CENTRAL DEL ESTADO. Cuando un gobierno no pone en el centro de las políticas públicas el desarrollo de las personas, tarde o

temprano se verá rebasado por la sociedad, la cual busca sus propias vías para resolver sus problemas, cuestionando severamente la razón de ser del Estado y la permanencia en el poder de quienes la gobiernan.

Por otro lado, tenemos la visión de que las leyes y reglamentos en materia de desarrollo urbano son

obsoletos, dispersos y contradictorios; y que es urgente que sean actualizados e integrados en un Código Urbano Estatal Básico.

Existe en el Estado la preocupación por realizar un ordenamiento territorial. Asimismo, es destacable

la necesidad de un trabajo conjunto, que incorpore la adecuada coordinación del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de los promotores o propietarios de la tierra, para definir en conjunto, cómo debemos desarrollar nuestras ciudades. Ya que se ha perdido el derecho a ciudadano a la movilidad urbana.



Insistimos en que debe gobernarse más cerca de la sociedad y del ciudadano. No pensar primero en función de los intereses o las necesidades administrativas, sino y sobre todo, en función de las necesidades del pueblo.

Nadie debe quedar excluido de los beneficios del desarrollo. En esto se incluyen desde luego, los

jornaleros agrícolas de los distintos valles, particularmente San Quintín, cuyo trabajo productivo permite cosechas de óptima calidad, que incluso traspasan las fronteras de México. No obstante, en los últimos años, los jornaleros agrícolas de San Quintín se han visto afectados porque en sus trabajos no existen condiciones adecuadas que aseguren el trabajo digno, ni les son proporcionadas las herramientas indispensables para llevar a cabo sus funciones.

Estos jornaleros requieren la intervención del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, para

garantizar que se respeten sus derechos humanos y laborales, y les sean otorgadas las prestaciones que establece la ley.

Por supuesto que queremos que haya más empleos en el Estado, pero no a costa de la pobreza por

bajos salarios, ni de condiciones violatorias de la ley o que atenten contra la salud de los trabajadores. También, es preciso que el Gobierno del Estado actúe con mayor rigor en relación con el cumplimiento

a las disposiciones de preservación ecológica y medioambiental por parte de las empresas. En algunas partes del Estado, la contaminación, los basureros a cielo abierto y el deterioro por desechos industriales se ha convertido ya en un verdadero peligro para una vida sana.

La minería constituye otro factor que contamina de forma desmesurada a lo largo de sus procesos. De los

cinco municipios del Estado, Ensenada sobresale por tener el mayor número de concesiones mineras en su territorio al contar con 616 permisos; seguido por Mexicali con 161, Tecate con 80 y Tijuana con 15, solo Playas de Rosarito no tiene concesiones en la actualidad. De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía federal, al mes de diciembre de 2013 se contabilizaron un total de 872 concesiones en todo el Estado, que amparan una superficie de 2´671,989 Hectáreas, del total de la extensión territorial equivalente a 71,446km2, lo que representan el 38.21% de la superficie estatal.

Es preciso concretar una política incluyente que contenga programas y acciones específicas y medibles en

favor de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores, de los jóvenes, de las personas discapacitadas, de los indígenas, de los trabajadores, de los que menos tienen.

No tiene razón de ser ni sentido el que se hable de desarrollo, si en este no se encuentra contenido el

ser humano. Y esto no es ajeno a la situación migratoria del Estado. Al estar conscientes de que los flujos

migratorios propician que los esfuerzos institucionales son insuficientes para dar cobertura a la totalidad de las necesidades y respeto a los derechos humanos de los migrantes por lo que el Gobierno del Estado deberá promover una ágil y eficiente coordinación con los demás órdenes de Gobierno.



Finalmente vemos con preocupación que la imagen que se pretende dar, por parte Del Ejecutivo del Estado en este Tercer Informe, es presentar porcentajes de competencia en rubros que no reflejan la realidad de los Bajacalifornianos y por lo tanto es importante que se reconozca todo aquello que no se ha hecho en atención a:

-Los más de 13 mil estudiantes que cada ciclo escolar quedan fuera. -Las mujeres embarazadas que no son atendidas en hospitales por falta de recursos. -Las personas de la tercera edad en estado de abandono. -La violación de los derechos humanos de los migrantes tanto nacionales como extranjeros. -La caída del poder adquisitivo de los trabajadores ante salarios cada vez más bajos. -Los más de 67 feminicidios solamente en la ciudad de Tijuana, argumentando por el Gobierno del Estado que son hechos aislados, por lo que ya debería declararse ALERTA DE GÉNERO. Y por todo lo anterior, ES NECESARIO LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL

ESTADO ante esta Soberanía para tratar estos asuntos de manera directa ante los representantes del pueblo. Es cuanto Señor Presidente.



Grupo Parlamentario MORENA:

Dip. Catalino Zavala Márquez Dip. Víctor M. Moran Hernández



DEL DIPUTADO LUIS MORENO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL PES, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE XXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA ASAMBLEA. P r e s e n t e s.- PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA:

Buenos días a todas y todos. El suscrito Diputado por el Partido Encuentro Social en mérito de las atribuciones que me confiere el artículo

18, fracción IV de la Ley Orgánica del Estado de Baja California, mediante el presente comparece para los efectos de presentar ante esta tribuna y la comunidad Baja Californiana, el siguiente posicionamiento

Esta mañana, en este pleno debimos ser dos los representantes de Encuentro Social. Sin embargo los

acuerdos cupulares que se manifiestan en las sentencias de los consejos y tribunales electorales nos han despojado de la posibilidad de tener otro diputado que añadiera otra dosis de congruencia y dignidad al quehacer legislativo.

Comienzo haciendo esta reflexión pues no puede uno referirse al análisis de este periodo de gobierno estatal

sin manifestar nuestro profundo rechazo e indignacióna lo que fue una elección de Estado. La elección del 05 de Junio pasado representó las viejas prácticas que maquinan fraudes desde el aparato de gobierno como lo hacían otros, muchos antes, pero que hoy caminan de la mano y por eso no se distinguen diferencias.

A la mitad del periodo de Gobierno de Francisco Vega de la Madrid advertimos que el estado no lleva rumbo

ni dirección. La ausencia de contrapesos políticos en Baja California y de una real oposición le permite a quien gobierna, o dice que gobierna, el realizar su tarea sin temor a ser exhibidos o mucho menos enjuiciados.

Desde esta tribuna anuncio lo que muchos ya saben o advierten, que Encuentro Social ha entendido la

urgencia de asumir una posición firme y determinante en contra de un sistema político desgastado por la corrupción, la indiferencia a los demás y el abandono de sus responsabilidades.

Hago un compromiso público de que en esta legislatura como en los cabildos, los representantes de

Encuentro Social serán una fuerza opositora que no negociará su voz ni sus acciones, no hablará fuerte para después sentarse a negociar el silencio, la humillación y deshonra.

Por ese motivo hoy desde este espacio de representación legislativa decimos que en Baja California quien

menos manda es la gente. Recientemente una prestigiada Universidad mexicana publicó un estudio titulado "índice de Impunidad en

México" donde se ubica a Baja California como uno de los estados con mayor impunidad y cito el referido informe "En Baja California, con una cifra negra del 90.3 por ciento, los delitos del fuero común más recurrentes robo de vehículo, otros robos y robo a casa habitación. Además, “de los 43 mil 930 inculpados en averiguaciones previas, solo 16 mil 358 son procesados en las causas penales en primera instancia y 943 son sentenciados, en su mayoría condenados. En esto pone en clara evidencia la incapacidad institucional para la impartición de justicia”.



Esta frase engloba y enmarca el rumbo de ese gobierno "la incapacidad institucional para la impartición de justicia"

Sí. Como lo hemos venido diciendo. En Baja California existe un sentimiento colectivo de despojo. Todo

mundo ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido despojado de algo. Desde cosas superficiales que se reemplazan con dinero hasta el valor irreemplazable de la vida. Pero lo cierto es que para unos o para otros la justicia jamás llega.

El informe antes referido además dice que "la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y

genera más violencia”. ¿No es Baja California de nuevo un escenario de guerra entre bandas crimínales sin que la autoridad haga

algo al respecto? ¿No será la impunidad asociada con la corrupción el campo facilitador de esa guerra entre crimínales? Desde esta tribuna hacemos un llamado a las autoridades encargadas de asegurar la paz que de manera

urgente trabajen de manera coordinada. Y que si el Gobernador del Estado no puede, no sabe, o no quiere asumir el liderazgo en materia de seguridad pública pues que genere una alternativa urgente, pues ciudades como Tijuana ya sufren el embate de la violencia y sus consecuencias económicas y sociales.

La parálisis de la autoridad en el tema de seguridad no solo es indignante, también es sospechosa y la

sospecha en la sociedad genera especulaciones y las especulaciones juicio y en ese tema como en otros el Gobierno estatal como los municipales no la llevannada bien. En abril pasado la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana reflejó que de cada 10 Bajacalifornianos 6, se sienten inseguros. Pero lo más lamentable es que de los inseguros los que más se sienten los niños y jóvenes.

A tres años de gobierno los niños y jóvenes de Baja California tienen miedo de salir a sus calles. Esto según la

Consulta Infantil y Juvenil pasada realizada por el INE donde se refleja que de las entidades fronterizas los de Baja California son los que más miedo tienen.

Así que desde nuestra perspectiva la impunidad y la inseguridad son los grandes retos de este gobierno. Sin

embargo, ya habrá tiempo conforme vayan compareciendo los titulares de cada área de gobierno para que manifestemos nuestra opinión y hagamos preguntas. Porque lo que faltan son respuestas.

Esperamos con ansias el debate. Ese debate ausente durante años en este recinto. Tengo esperanza que mi

voz no será única aislada pues aquí hay compañeros formados en la lucha social y estoy seguro que no será como otras legislaturas donde los opositores pegan con la izquierda pero cobran con la derecha"

En Baja California ya no esperamos a que la gente mande, sino que demande. Demande y

denuncie. Denuncie y juzgue para acabar con esta terrible impunidad de la que estamos hartos y a la que PES atacará sin miedo ni complicidad y espero que en poco tiempo desde el Gobierno Municipal de Tijuana podamos dar muestra de ello.

Dado en el Salón de Sesiones “Benito Juárez García”, el 06 de octubre de 2016.



“Por un Estado Libre, en Justicia, Dignidad e Integridad”

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

Integrante de la XXII Legislatura del Estado de Baja California.



DE LA DIPUTADA ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE, REPRESENTANTE DEL PRD, RELATIVO AL CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE ENSENADA Y PLAYAS DE ROSARITO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA HONORABLE ASAMBLEA: Con la venia del Diputado Presidente y con el permiso de ésta soberanía, tengo el honor de utilizar la Máxima

Tribuna de nuestro Estado, para dirigirme a los bajacalifornianos de frente y con claridad, tal y como lo haré durante toda mi gestión como Diputada.

Sin lugar a dudas en nuestro Estado, en los 5 cinco municipios que lo conforman y en todo el País vivimos

tiempos difíciles, tiempos que nos presentan retos formidables, difíciles de vencer, mismos que solo podremos superar en la medida que hagamos conciencia que tenemos que unificar esfuerzos, que tenemos que privilegiar el bien general y sobre todo que sociedad y gobierno tenemos que caminar juntos y conducirnos con total honestidad y responsabilidad.

En lo personal tengo la firme convicción de ser una digna representante de los ciudadanos de Baja California,

de conducirme con total apego a mis principios y valores, de observar en todo momento la legalidad y las normas establecidas, y de escuchar, entender y atender la voz de la gente, que finalmente es a quien nos debemos.

Compañeras y compañeros Diputados tengan la seguridad de que como miembro de ésta Legislatura buscaré

siempre el consenso y me esforzaré por construir los acuerdos y las alianzas que nos permitan ser más eficientes en nuestra importante labor y de esa manera estar en la posibilidad de rendir mejores cuentas a los ciudadanos.

En esta oportunidad quiero referirme específicamente a un tema de gran importancia para el Municipio del que

provengo, Ensenada. Como todos sabemos desde hace más de 20 años ha existido un conflicto por la definición de los límites

territoriales entre Ensenada y el Municipio de Playas de Rosarito, han pasado muchos años, muchos Gobiernos Estatales, Ayuntamientos y Legislaturas y este desacuerdo sigue sin solucionarse de manera definitiva.

Yo creo al igual que miles de ensenadenses, incluyendo a cientos que viven en la zona de La Misión y Santa

Anita que la historia, el derecho y la razón están de parte de quienes consideramos que el Municipio de Ensenada debe permanecer exactamente como fue creado y con las colindancias originales que se tenían con el Municipio de Tijuana, desde el establecimiento del Estado de Baja California en el año de 1952.

Esta aseveración, no es en base a simpatía, conveniencia o interés personal alguno, está fundamentada

suficientemente en argumentos técnicos, documentación y antecedentes históricos, testimoniales ciudadanos y muchas otras pruebas que se han integrado debidamente en el transcurso de este litigio.



Sin embargo y en contra de lo que marca el sentido común una mayoría de 20 Diputados de la anterior Legislatura, aprobaron mediante un irresponsable fast truck el dictamen 137 de la Comisión de Gobernación, Legislación y puntos Constitucionales, mediante el cual, por decirlo de manera coloquial, se le dio la razón al Municipio de Playas de Rosarito despojando al de Ensenada de alrededor de 126 km2 de territorio en los que se incluyen por supuesto playas de gran valor turístico y diversos yacimientos acuíferos de gran importancia para el Municipio de Ensenada que atraviesa por una crisis de escases del vital líquido.

Es lamentable que un tema de la mayor trascendencia para la vida de nuestro Estado haya sido tratado con

tanta ligereza por la anterior Legislatura. Un asunto que estuvo en discusión por 21 años no fue digno de tener por lo menos los tres días

reglamentarios para el análisis de los Diputados, simple y sencillamente decidieron aprobar la pronta y obvia resolución del mismo, lo que nos dice que seguramente no tuvieron la oportunidad de leer detalladamente y analizar a conciencia el contenido del dictamen 137, por lo que decidieron sobre las rodillas y sin tener los fundamentos adecuados, sobre el destino de una parte importantísima del patrimonio de los ensenadenses.

Por estas razones es que como Diputada Estatal y como ensenadense hago un llamado a la parte agraviada,

representada por el Ayuntamienoto de Ensenada y por su Alcalde el Profesor Gilberto Antonio Hirata para que con todos los argumentos a su alcance interpongan los recursos de inconformidad necesarios, ante las autoridades correspondientes, buscando que se corrijan definitivamente y de una vez por todas las determinaciones que dañan el patrimonio de los ensenadenses.

De igual manera solicito a las autoridades que tengan jurisdicción en el asunto a que actúen con apego al

derecho y que no den mayor peso a los intereses políticos y económicos que a la justicia misma. Así mismo me dirijo a ustedes compañeras y compañeros legisladores, para que llegado el momento

actuemos en este asunto con total objetividad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad. No omito un mensaje a los ciudadanos de Ensenada: tengan la seguridad de que vamos a pugnar porque

Ensenada conserve su patrimonio, para ello haremos uso de las herramientas legales que tengamos al alcance, ponderando siempre el respeto y la madurez política, los convoco a hacer valer su voz y su presencia, y su indignación por este suceso, pero siempre atendiendo la legalidad y cuidando no caer en actos o expresiones que generen violencia o encono.

Los bajacalifornianos debemos demostrar que podemos dirimir nuestras diferencias de manera civilizada y

madura, por ello mismo quienes somos autoridades debemos dar el ejemplo de responsabilidad y madurez en la toma de decisiones.

Reitero mi compromiso de representar con dignidad y honestidad los intereses de los ensenadenses, y de

desempeñarme y de demostrar que estoy en este Congreso, Por Amor A Baja California y Por Amor A Ensenada. Muchas gracias Diputado Presidente.



DIPUTADA ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE

REPRESENTANTE DEL PRD EN LA XXII LEGISLATURA



DEL DIPUTADO JOB MONTOYA GAXIOLA, REPRESENTANTE DE MC, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIPUTADO RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE XXII LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA. P R E S E N T E.- Formalmente venimos a fijar un posicionamiento respecto al Tercer Informe de Gobierno, y debo empezar

diciendo que para Movimiento Ciudadano hubiera sido sumamente alentador que el Gobernador del Estado acudiera al Congreso del Estado para rendir, ante los representantes de los bajacalifornianos, su Informe de Gobierno.

Un evento en el que el Poder Ejecutivo compareciera desde la Tribuna del Legislativo, hubiese contribuido a

fortalecer el diálogo político, dotando de un sentido republicano a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Para Movimiento Ciudadano es urgente que se rectifique esta situación que, desde nuestra perspectiva,

manda a la sociedad un mensaje de alejamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la Legislatura anterior, Movimiento Ciudadano propuso modificar el nuestro marco constitucional, con el

propósito de que el Gobernador acuda personalmente al Congreso a presentar su Informe de Gobierno. Retomaremos este tema en la presente Legislatura.

No compartimos, pero respetamos, la decisión del Ejecutivo de no asistir al Congreso a rendir cuentas a los

ciudadanos. No haber asistido al Congreso a informar a los bajacalifornianos del estado que guarda la administración

pública del Estado, cancela la posibilidad de un verdadero ejercicio democrático de rendición de cuentas; se da la impresión de que se prefiere un evento protegido, de autocomplacencia y de nula autocrítica.

No obstante, Movimiento Ciudadano refrenda su firme compromiso de continuar por la ruta de la crítica

propositiva, de ser una oposición responsable y abierta a dialogar, a confrontar ideas y encauzar soluciones en beneficio de la ciudadanía.

En esta Legislatura daremos muestra constante de madurez política y de respeto a la investidura del Señor

Gobernador, conduciéndonos siempre dentro de los márgenes de la institucionalidad y el respeto. Para Movimiento Ciudadano, los doce meses de los que da cuenta el Tercer Informe dejan una estela de

contrastes. Por un lado, vemos datos en el sentido de que se generaron más de 47 mil nuevos empleos, y se señala que

de éstos, más de 6 mil son eventuales, es decir, el 13% de los empleos generados sólo son temporales. En este tema, nada se menciona acerca de la insuficiencia de los salarios, es decir, de la disminución

creciente en las expectativas de mejorar el ingreso de las familias, para adquirir la canasta básica de alimentos.



Ello obliga a tener que buscar alternativas para apoyar la economía familiar, generalmente acudiendo a actividades dentro de la informalidad, de lo que, por cierto, tampoco se aportan datos del evidente crecimiento de la economía informal.

La pobreza sigue siendo una asignatura pendiente de este Gobierno. El Programa De la Mano Contigo no ha

sido suficiente para paliar el crecimiento de la pobreza extrema en el Estado. Este es un tema que habremos de revisar puntualmente durante la Glosa del Informe.

Es necesario que se amplíe la información sobre cómo han impactado los recortes presupuestales

determinados por el gobierno federal, en la ejecución de los Proyectos Estratégicos que al inicio de su mandato ofreció el Ejecutivo tanto en el Plan Estratégico del Estado como en el Plan Estatal de Desarrollo.

Es urgente trabajar conjuntamente para retomar la tendencia creciente que se había obtenido en la entidad, ya

que en el primer trimestre del 2015 se reportaba un crecimiento económico de 5.3%, pero para el mismo periodo del 2016, este porcentaje se redujo al 4%.

Habremos de profundizar en otros más durante la Glosa del Informe. La brecha entre expectativas y realidad; deseos y resultados; anhelos e indicadores, es insalvable en tanto

nos alejemos del dialogo y de la voluntad política para sacar adelante a Baja California. Esta no es una tarea, ni mucho menos una responsabilidad de una sola persona, ni siquiera de una sola

institución o de un Poder público: es un trabajo conjunto que debemos desarrollar con la ciudadanía. Con la plena convicción de que la crítica, si no va acompañada de alternativas de solución, sólo son buenas

intenciones, en Movimiento Ciudadano estaremos atentos, y daremos puntual seguimiento, a los datos y cifras contenidas en el Tercer Informe de Gobierno.

Le decimos al Señor Gobernador que puede tener la certeza de que habremos de señalar errores y omisiones

que detectemos; así como también daremos cuenta y reconoceremos los avances y logros que se reporten. Y le garantizamos que siempre nuestras observaciones irán acompañadas con una propuesta de solución, y le

refrendamos nuestra disposición de trabajar conjuntamente en todo momento por el bien de Baja California. Es cuánto.



DIPUTADO JOB MONTOYA GAXIOLA

REPRESENTANTE DE MC



DEL DIPUTADO JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO, REPRESENTANTE DEL PBC, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. Compañeras y Compañeros Diputados y Diputadas: Hago nuevamente uso de la tribuna para expresar nuestro posicionamiento como representante del Partido de

Baja California ante esta XXII Legislatura dentro del marco del análisis y discusión del 3er Informe de Gobierno a cargo del C. Gobernador del Estado Francisco Arturo Vega de la Madrid.

El panorama actual es altamente demandante, poco o nada hay que celebrar o aplaudir. • Crisis de confianza en las instituciones, el nivel más bajo de confiabilidad otorgado por los ciudadanos,

en donde los partidos políticos ocupan por cuarto año consecutivo la última posición. (Consulta Mitofsky 2015). • Congresos con apenas el 17% por ciento de aprobación (Según IMCO). • Niveles más bajos de participación ciudadana son el reflejo del hartazgo social. • Instituciones inoperantes e incapaces de atender la problemática actual. En este tenor, gobierno estatal hace un esfuerzo en el ámbito de sus competencias para reducir el rezago en

diversos sectores. Es pertinente reconocer que en materia económica el informe muestra un desglose bastante claro en cuanto a proyectos y montos de inversión en el estado, pero se deja de lado una cuestión fundamental y primordial LA INDIVIDUALIDAD, no se aborda como tal la propuesta o un avance en términos del salario, el cual representa la capacidad del ciudadano para elevar su calidad de vida. Es un tema que se debe tomar con prontitud y en el mediano plazo pues es el ingreso por persona lo que finalmente define la dinámica comercial.

En cuanto a SEGURIDAD se mencionan un número considerable de programas “Programa Primero Yo” que

consta de pláticas de prevención de la violencia de género en el noviazgo, “Programa Patrulla Juvenil” como espacio donde se fomenta y promueve el crecimiento de niños y jóvenes basado en valores morales y cívicos, etc.

Donde el reto fundamental es socializar los programas, no se implementan en donde debieran, hay que

invertirle a la estructura ciudadana, poner un especial énfasis en los comités vecinales para lo cual es necesario un esfuerzo interinstitucional Estado-Municipio.

En lo referente a medio ambiente Programa de Verificación Vehicular a pesar del avance es insuficiente pues

no se han reducido los índices de contaminación en el Estado. En lo referente a Coordinación inter-gubernamental e internacional existe un rezago claro en este sentido,

pues las áreas en ecología estatal no tienen una relación clara y directa con la FDA. En lo referente a economía e infraestructura ambiental (pág. 172) se ve en el tenor del punto anterior lo

referente al sistema del monitoreo en calidad del aire.



En términos generales debemos emprender un profundo proceso de reforma de nuestras instituciones el cual deberá ir a la par en un nuevo modelo estructural de nuestras instituciones que representen un menor costo en los presupuestos públicos, debemos avanzar en el fortalecimiento de los municipios pues es ahí donde se gesta la vida pública y comunitaria, donde se implementan los planes, proyectos y programas de gobierno. Es el gobierno más cercano a los ciudadanos

Hacer efectiva la Soberanía de los Estado, y por qué no, sumarnos al análisis de propuesta para una nueva

Constitución Federal, más coherente, aterrizada y adecuada al contexto actual, que refleje las singularidades de los Estados pero que respete sin lugar a dudar el pacto federal.

Para el gobierno estatal y federal todo es estratégico, pero lo estratégico por si solo es excluyente, debemos

establecer enfoques claros que guíen nuestro actuar: - Afianzar los temas de Transparencia y Anticorrupción. - Incrementar la eficazia en la impartición de justicia y Prever más que corregir en lo referente a temas de

seguridad. - Prestar sumo cuidado a nuestro entorno físico en términos del medio ambiente pues este potencializa

todos los aspectos de la vida pública en la comunidad.

Lejos deberán quedar las aspiraciones políticas y económicas que fundamentan el mal actuar de nuestros

gobernantes, de los representantes populares. Solo así se alcanzara un pleno desarrollo, solo así elevaremos los estándares de calidad de vida. Y

cumpliremos las proyecciones planteadas. No perdernos en el medio, en el trámite y el proceso, hay que avocarnos al fin, al resultado pues: ¨Una buena administración pública se siente, en las calles, en las escuelas, en la atención en los servicios que

recibimos por el ESTADO¨ No es necesario campañas mediáticas cuyo único objetivo es trabajar una realidad alterna a la que vivimos, pues esta estrategia poco o nada le abona al ya dañado Estado. Hay que socializar.

Establecer un contacto más cercano con los ciudadanos.



DIPUTADO JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO

REPRESENTANTE DEL PBC



DEL DIPUTADO BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPRI, RELATIVO A LA EDUCACIÓN. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Saludo a todos los ciudadanos que hoy nos acompañan y medios de comunicación; Amigas y amigos diputados; Honorable Asamblea: En materia de educación, Baja California puede aspirar a más. Señalo, de manera enunciativa, más no limitativa, algunos temas torales en materia de educación que este

Congreso debe abordar: 1. Atención y cumplimiento sus derechos a los jubilados y pensionados del magisterio. En lo personal, puedo compartirles parte de mi vivencia como docente. Conozco de primera mano el esfuerzo

que implica trabajar frente a un salón de clases. He experimentado la fuerza de la vocación de un docente al superar los obstáculos que impone la precariedad económica y social en la que estamos sumergidos. Les puedo contar de los sacrificios que un maestro atraviesa para cumplir su misión: el tiempo con su familia, su salud en el padecimiento de enfermedades y su bienestar en las carencias económicas. Siendo un maestro, hijo de padres maestros, quisiera sensibilizar a mis compañeros diputados respecto a las necesidades de las pensiones del magisterio.

Esta Legislatura se instaló ante un fuerte reclamo social: el pago del adeudo a los pensionados del magisterio. No es posible que maestros que entregaron décadas de su vida al servicio del Estado no reciban el pago de

su pensión. Resulta inaceptable que docentes que la mayor parte de su vida estuvieron frente a un aula no cuenten con su justa jubilación.

Este Congreso debe llamar a una Mesa de Trabajo con el Ejecutivo del Estado y el Magisterio que finalmente

genere resultados favorables para garantizar los derechos de los maestros jubilados. Los diputados también deberemos ser vigilantes al seguimiento de esta Mesa de Trabajo.



2. Fortalecimiento normativo para la gestión de becas y apoyos educativos. Estamos convencidos que para mejorar la gestión de becas y apoyos educativos, este Congreso debe realizar

estrategias como: • Consolidar normativamente el acceso a las becas y apoyos educativos, tanto en leyes, como en

promover la expedición de los reglamentos correspondientes. La sociedad necesita tener un mayor acceso y contar con la certeza jurídica de la forma para obtener estos apoyos. Bajo ese renglón, la economía familiar debe protegerse.

• Reformar la ley para garantizar legalmente el derecho de los alumnos de educación básica a recibir uniformes gratuitos surtidos por el Estado. En este rubro, propondremos que la reorientación y ajuste del presupuesto del que se habla, se aplique en beneficio de los niños y jóvenes de Baja California y sus familias; y se dote a éstos de uniformes.

• Asimismo, realizar una mayor difusión de los apoyos educativos, para que la ciudadanía tenga

conocimiento de todos los programas de apoyo que actualmente pudiese desconocer. • Vigilar por la transparencia en los recursos públicos. Respecto a los diversos mecanismos de obtención

de recursos públicos por parte del Gobierno del Estado, los diputados estaremos muy atentos a la transparencia y rendición de cuentas de su aplicación. La intención de esto es promover una reorientación presupuestaria que invierta en la educación, que catapulte la infraestructura en los planteles educativos (que tanto necesitan los bajacalifornianos).

3. Impulso a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con fines educativos. Francamente no veo mejor estrategia que complemente a la obligación de educar por parte del Estado (a

través del magisterio), que aquella encaminada a impulsar a la sociedad civil organizada. Gestionaremos un mayor recurso para las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan fines en materia de educación; promoveremos que la asignación de estos apoyos se realice con una justa perspectiva territorial en cada municipio; impulsaremos intensamente la transparencia en este aspecto; y fomentaremos la participación ciudadana ante los retos sociales de la educación.

4. Actividad legislativa para Educación enfocada al campo laboral y al emprendedurismo. De igual manera, tenemos que modificar el marco normativo y exhortar al Ejecutivo para establecer una

verdadera cultura emprendedora en la educación de nivel superior. Adicionalmente, debemos realizar Mesas de Análisis con las autoridades educativas, de trabajo y económicas para concretar la vinculación de los programas educativos de las Instituciones de Educación Superior (IES) con el sector productivo y el sector social.

Así, concluyo manifestando que los Diputados del PRI tenemos una visión clara del rumbo a tomar, para

posicionar a Baja California entre las entidades federativas con mejor ranking educativo nacional. Auténticamente confío que el Gobernador del Estado, de la mano con el Congreso, puede elevar a un mejor

nivel la educación en Baja California. Pero para ello, debemos ser responsables, transparentes y plurales.



Nosotros, desde el Poder Legislativo, buscaremos las vías necesarias para alcanzar una genuina gobernabilidad. Consecuentemente, el Ejecutivo del Estado tiene que legitimar mediante prácticas de gobernanza y de participación social. Porque en su campaña, Kiko Vega de Lamadrid dijo que con él, “la gente manda”; y hoy, Baja California exige una mejor aplicación del gasto público y una reorientación en educación.

Como diputados del Grupo Parlamentario del PRI, seremos muy puntuales en esta dinámica, que

reconocemos como indispensable.



ATENTAMENTE

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. EDGAR BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS



DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GPMORENA, RELATIVO AL APOYO A MIGRANTES. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. Diputado Presidente de la Mesa Directiva, Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados,

Los suscritos, Catalino Zavala Márquez y Víctor Manuel Morán Hernández en nuestro carácter de Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; con base a las atribuciones que nos confieren los artículos 14 y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos el siguiente:

POSICIONAMIENTO

MORENA quiere en esta intervención, refrendar nuestro compromiso con los Derechos Humanos y hemos de referirnos a la grave omisión que los tres órdenes de gobierno en Baja California han demostrado ante la migración cada día mayor de extranjeros de paso en nuestro país en la búsqueda de visas para ingresar a los Estados Unidos.

En primer lugar, el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Migración, no ha tenido la debida

coordinación con las instancias respectivas para proporcionar el apoyo necesario a estos seres humanos, a quienes les ha permitido la estancia legal en el País.

No vemos ninguna acción oficial por parte de la Cancillería Mexicana para interceder ante las autoridades

migratorias del vecino país, para que agilice los trámites migratorios de quienes llegan cada día en mayor número a la ciudad de Tijuana y Mexicali en condiciones por demás inhumanas.

Graves declaraciones en contra del gobierno federal y en particular al Instituto Nacional de Migración expresó

el Padre Alejandro Solalinde en reciente visita a Baja California, a quienes calificó de dar “trato criminal” a los migrantes extranjeros que se internan a territorio nacional.

Es evidente la violación que el Instituto Nacional de Migración, hace del Art. 2 de la Ley de Migración que

entre otros apartados señala: Y cito “Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su

origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las

diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y

extranjeras involucradas en el tema migratorio.



Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.”

Fin de la cita Por un lado, el Gobierno Federal niega los recursos para atención a Migrantes en Baja California y por otro

lado, los medios nacionales dan cuenta que el Gobierno de Peña Nieto ha financiado con 900 millones de pesos a la organización “Juntos Podemos” que preside la ex candidata del PAN a la Presidencia de la Republica, Josefina Vázquez Mota.

Según información de su director ejecutivo, el ex Presidente del COLEF, Dr. Jorge Santibáñez, el fin de esta

organización es promover el bienestar de los mexicanos en el extranjero. Entonces la pregunta es, ¿Hay recursos del Gobierno Federal para apoyar a migrantes en Baja California? o

¿Sólo hay recursos en esta materia para algunos privilegiados? En cuanto al Gobierno del Estado y Municipio solo se han dedicado a dar paliativos y dádivas sin tomar en

serio la atención integral a un fenómeno tan grave y nunca visto en Baja California. Solo se han dedicado a repartir culpas y justificar su falta de acción a la falta de presupuesto para atender tan

grave situación en que se ven envueltos hombres, mujeres e infantes. Según declaración a los medios de comunicación, la directora de Atención al Migrante del Ayuntamiento de

Tijuana, Rosario Lozada, se han documentado nueve mil migrantes extranjeros que han llegado desde el 23 de mayo del presente año y toda la mayor parte de la atención se la han delegado a organizaciones sociales como el desayunador del “Padre Chava”, “La Casa del Migrante” y la “Casa Madre Assunta” a quienes expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad y quienes evidentemente no tienen los recursos para enfrentar tan grave crisis.

Brote de enfermedades, violencia entre los migrantes ante la desesperación ante sus múltiples necesidades,

falta de protocolos por parte de las autoridades para atender esta contingencia, se han hecho presentes y presentando un escenario que puede traer graves consecuencias sociales.

Por lo anterior, los diputados de MORENA hacemos un llamado urgente para que, de manera inmediata, se

coordinen los tres órdenes de gobierno en Baja California, así como los legisladores federales y locales y atendamos de manera inmediata a estos seres humanos en su bienestar y seguridad.

Y el llamado a la Secretaria de Relaciones Exteriores para su intervención ante el gobierno estadounidense y dar celeridad a sus trámites migratorios.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva, solicitamos se incluya este Posicionamiento en el Diario de Debates

y en su momento haremos los exhortos correspondientes ante esta Soberanía. Gracias por su atención. Es cuanto Diputado Presidente,



Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Catalino Zavala Márquez Dip. Víctor Manuel Morán Hernández



DEL DIPUTADO BERNARDO PADILLA MUÑOZ, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPRI, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA XXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESENTE. Compañeras y compañeros diputados: Celebro la disposición y el trabajo de las diferentes expresiones políticas que conforman esta legislatura, para

ejercer uno de los principales papeles de esta soberanía, conformar contrapesos para que prevalezca la complementariedad, y el sano equilibrio de los poderes públicos.

Han concluido tres años de la presente administración y las cosas no han sido fáciles para nadie, además de

las circunstancias que se viven a nivel nacional e internacional, esta gestión se vio marcada por un proceso electoral que recompuso la distribución de poder, estos cambios, hoy más que nunca presentes en esta sala, obligan al partido en el poder a entender el péndulo del juego circunstancial de la división de poderes.

En Baja California, es preciso reorientar el presupuesto de nuestro Estado, el crecimiento económico es lento,

los espacios educativos son insuficientes y la procuración de justicia tiene muchas necesidades, aunado a esto la deuda pública se ha incrementado.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, nos dimos a la tarea de analizar el informe enviado a esta soberanía. Respecto al eje de EDUCACIÓN PARA LA VIDA: Si bien es cierto en el presente año más de 23250 millones de pesos, es decir más de la mitad del

presupuesto del gobierno del estado fue destinado a la educación, NO ES SUFICIENTE, porque tenemos a nuestros niños sin espacios educativos en todos los niveles, NO ES SUFIENTE porque nuestras escuelas están en condiciones deplorables, NO ES SUFICIENTE.

En relación al DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE: El Gobierno debe ser un facilitador para los inversionistas, en nuestro Estado la Secretaria de Desarrollo

Económico incremento su presupuesto de 2013 a 2016 en un 69%, y aun así Baja California ocupa el lugar 29 de los 32 estados mexicanos en los que se califica la facilidad para hacer negocios.

Reconocemos que hay avances y reconocemos que hay logros, también entendemos lo mismo que la

población, hay mucho por hacer, esta legislatura, y en esta sesión, se ha manifestado la voluntad de dialogo e interlocución con el ejecutivo, por eso decidimos construir una agenda legislativa en torno a las necesidades reales y más sentidas por la ciudadanía.



La agenda trazada, lisa y llanamente la podemos definir como metas, las metas de este poder son claras, las metas y alcances del ejecutivo también lo son, recortes y reorientación presupuestal.

REORIENTAR PARA MEJORAR, REORIENTEMOS LO QUE TENEMOS, PARA MEJORAR LO QUE NOS

EXIJEN, por ese esfuerzo claro y contundente nos pronunciaremos por no aumentar el presupuesto, y si reorientar a donde más se necesita, pugnaremos desde esta tribuna para que se dé puntual seguimiento al gasto, cotejaremos desde la glosa que se presentará en próximos días, que el gasto corresponda las metas y a las peticiones de los bajacalifornianos.

El debate no debe versar sobre nimiedades, el debate debe radicar sobre que podemos hacer con lo que

tenemos, por eso hoy más que nunca, revisaremos que las metas trazadas por el gobierno, concuerden con la realidad.

NO AL GASTO SIN SENTIDO. NO AL SUBEJERCICIO DE RECURSOS. SI A LA REORIENTACIÓN DEL GASTO. Haremos todo lo que en materia legislativa esté a nuestro alcance, la expresión de maestros el sábado pone

de manifiesto el gran reto que enfrentamos. No me queda duda que los 25 presentes en este recinto, amamos profundamente a nuestro estado, todos

tenemos una visión diferente, pero un mismo presente, este posicionamiento busca al igual que los anteriores que hemos escuchado, hacer un llamado a la conciencia de los bajacalifornianos, no venimos aquí a disparar incoherencias ni tampoco venimos a entorpecer el trabajo del ejecutivo, los baja californianos, no quieren más discursos ni ejercicios de gargantas… estaremos atentos a señalar los errores que cometa cualquier funcionario público, incluyendo los emanados del nuestro partido, no habrá complicidad pasiva.

Al Ejecutivo del estado le reiteramos que nuestra bancada está dispuesta al dialogo, al trabajo coordinado en

beneficio de Baja California, en un marco de respeto y siempre con un pleno respeto a nuestra propia identidad. Reorientemos el gasto público de los tres poderes, pongamos el ejemplo en el Poder Legislativo,

reorientemos al Ejecutivo y fortalezcamos al Judicial. Sabedores somos que el progreso no es una línea recta, contrastemos con ideas y pongamos los acentos

emocionales que piden estos tiempos, demostremos como bajacalifornianos bien nacidos, que si sabemos hacer las cosas y como la fracción más joven de esta Legislatura pongamos el ejemplo de la solvencia institucional, ya no más pedir lo imposible, y retrasar lo inevitable.

Mexicali Baja California a los 6 días del mes de octubre de 2016.



Atentamente

LIC. BERNARDO PADILLA MUÑOZ

Diputado XXII Legislatura del Estado de Baja California



DE LA DIPUTADA VICTORIA BENTLEY DUARTE, A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL GPPAN, RELATIVO AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA. DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Honorable Asamblea: Muy buenas tardes, con su venia señor Presidente, muy buenas tardes al público en general, buenas tardes

compañeros Legisladores. Cuando hablamos de logros en Baja California se sabe que hay mucho que trabajar, pero se tiene que trabajar

en equipo, el Gobernador está de la mano de todos trabajando en equipo, trabaja con el Gobierno Federal para que puedan llegar los recursos a Baja California, porque los recursos no llegan solos, trabaja con esa sensibilidad de que tenemos temas muy delicados como es el tema de la migración, pero sí hay que resaltar que el gobierno si está trabajando, tenemos la inflación en cuanto a desempleo más baja desde el 2008, tenemos una inflación del 2.3 en cuanto a los desempleos, tenemos en estos tres años de gobierno del Gobernador Francisco Arturo “Kiko”Vega de Lamadrid se han generado más de 150 mil empleos en Baja California, también se ha trabajado en el tema de sanear a los Ayuntamientos que es un problema muy grave y muy sensible para burocracia y para magisterio, es un tema que efectivamente como dice nuestro compañero Diputado Benjamín Gómez, se tiene que trabajar de manera responsable con los Ayuntamientos, tan es así que en el 2014 se tuvo que reformar la Ley de ISSSTECALI, para poder sanear los más de 2 mil 203 millones de pesos que se debe a ISSSTECALI que es el organismo que da la jubilación y la pensión a los burócratas y al magisterio, pero si podemos decir que el Gobernador en este último año ha podido cubrir y han podido pagar las paraestatales más de 204 millones 424 mil para poder seguir trabajando en brindar hasta ahorita el 96.41 del medicamento que se tiene siempre en ISSSTECALI, hay mucho que hacer, pero tenemos que trabajar de la mano de los Ayuntamientos, no es posible que los Ayuntamientos sigan generando una deuda y que no permita que los trabajadores que ya deben de disfrutar de una jubilación y una pensión estén en su casa, no es posible que un Ayuntamiento de Tecate tenga una deuda de más de 519 millones 589 mil, no es posible que un Ayuntamiento de Ensenada haya superado la deuda de Mexicali de más de 711 millones 745 mil, no es posible que el Ayuntamiento de Mexicali tres veces haya querido restructurar la deuda y el Cabildo no se lo haya permitido y ahorita tenga una deuda pasiva de más de 710 millones de pesos, no es posible que los Municipios defendiéndose de una autonomía pisoteen los derechos de sus trabajadores y vengan a perjudicar los que es un Instituto tan noble como es el ISSSTECALI, si se han avanzado tan es así que se tuvo que reformar una legislación y se tuvieron que hacer varios decretos, el decreto de 195 que fue publicado en el 31 de diciembre del 2014, donde permitía que los Ayuntamientos pudieran generar una adeuda para poder reconocer la deuda que se tenía y poder pagar hacia un plazo de más de veinte años, se siguió con el segundo decreto que fue el 273 el 29 de mayo del 2015, este decreto se creó en raíz de que cambió a nivel federal lo que es el endeudamiento de los Ayuntamientos y cambio la disciplina financiera, se creó el tercer decreto el 298 el 10 de julio del 2015 y actualmente se ha tenido que ver el ISSSTECALI la junta directiva en tener que suspender los servicios médicos de los policías de Tecate, porque no ha habido un planteamiento de acercamiento de querer ver como se puede pagar una deuda millonaria que se generó efectivamente desde hace más de cinco años; cuando hablamos todos de apretarnos el cinturón y que qué es buen juez por su casa empieza, yo sí quiero recordarles a nuestros compañeros Legisladores, que estamos aquí porque los ciudadanos nos dieron el voto de confianza, no podemos seguir teniendo uno de los Congresos más caros en Baja California, no podemos seguir siendo los propios Legisladores los que no tengamos esta conciencia social de que hay mucho que hacer por Baja California y que ese recurso se debe de re etiquetar en un más apoyos para la ciudadanía más vulnerable; no es posible que en el 2013 en la Vigésima Legislatura se haya aprobado un presupuesto de más de



661 millones 580 mil, cuando en el 2010 teníamos en este Congreso el presupuesto de 249 millones 590 mil, yo les pido a todos mis compañeros vamos iniciando una Legislatura con responsabilidad, vamos sumándonos a los proyectos que nos reclaman la ciudadanía, vamos trabajando con sumar en este recorte sin vulnerar los derechos adquiridos de los que ya lo tienen, pero sí hay que hacer una gran conciencia que las abstencionismo que venció en la calle es porque no hay credibilidad de todos, de todos los que representamos o somos Diputados, o somos Presidentes, o Gobernadores, tenemos que trabajar mucho, uno de los rubros más importantes y que ya lo hemos dicho nosotros vamos con la Ley Nacional Anticorrupción, el manejar esta transparencia y que los ciudadanos sepan perfectamente en qué se gastan sus impuestos, en qué se gasta el recurso público, es lo que nos va a regresar la confianza de todos ellos, a que crean que se pueda hacer una política distinta; sí es cierto, hay que recortar el gasto, el gasto tenemos que empezar aquí para que ese gasto se vaya a los rubros más importantes, tenemos un nuevo sistema que viene iniciando en la ciudad de Tijuana y que requiere el equipamiento, requiere la capacitación para que no sucedan los antecedentes que se dieron aquí cuando inició un nuevo sistema. Baja California hoy es uno de los Estados que tiene el nuevo sistema implementado a nivel nacional; yo los invito a todos los compañeros que trabajemos de la mano, que trabajemos con conciencia, que si bien es cierto todos representamos a los ciudadanos, que no se nos olvide que estamos aquí por los ciudadanos, muchas gracias a todos y muy buenas tardes.

DIPUTADA VICTORIA BENTLEY DUARTE

INTEGRANTE DEL GPPAN EN LA XXII LEGISLATURA



ita; C

SE CITA A LAS Y LOS DIPUTADOS A SESIÓN DE PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO EL PRÓXIMO JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS.



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DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO Presidente de la Mesa Directiva

MTRO. GILBERTO DANIEL GONZÁLEZ SOLÍS. Secretario de Servicios Parlamentarios

C.P. JESÚS GARCÍA CASTRO. Secretario de Servicios Administrativos


Gaceta Parlamentaria. - PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO … · para realizar los honores a nuestra...

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