Indice: Capítulo 1 – El decretoCapítulo 2 - El baileCapítulo 3 - El matarifeCapítulo 4 - El NegroCapítulo 5 – El golpeCapítulo 6 - Cóndores sin alasCapítulo 7 - El viento frío Capítulo 8 – La Aduana paralelaCapítulo 9 – Las firmasCapítulo 10 – La PrimeraCapítulo 11 – Los diplomasCapítulo 12 – El canal blancoCapítulo 13 – MensajesCapítulo 14 - Ni un gramoCapítulo 15 – TroyanosCapítulo 16 - PatotaCapítulo 17 – El venezolanoCapítulo 18 – La revanchaCapítulo 19 – Instrucciones Capítulo 20 – El escracheCapítulo 21 – Retenciones Capítulo 22 – El HackerCapítulo 23 – El viejoCapítulo 24 – InocentesCapítulo 25 – Operativo descontrolCapítulo 26 – La familiaCapítulo 27 – LagunasCapítulo 28 – Los intocablesCapítulo 29 – El changarínCapítulo 30 – El gran saltoCapítulo 31 – AcorraladosCapítulo 32 – AbogadosCapítulo 33 – CometasCapítulo 34 – EsclavosCapítulo 35 – PiedrasCapítulo 36 – Lo lógica

Introducción

“¿Pero este tipo realmente se merece un libro?” Eso pregunta el entrevistado cerca del final de la charla. Afuera, el otoño porteño empieza a cobrarse miles de hojas por víctimas. El entrevistado ha sido en el pasado un funcionario importante de los dos gobiernos kirchneristas. Ha visto muy de cerca el desempeño de Ricardo Echegaray y conoce el paño.El periodista entiende hacia dónde va dirigida su pregunta. Se la ha hecho a si mismo en repetidas ocasiones. No sólo se ha preguntado si Echegaray merece ser protagonista de un libro sino también si merece la dedicación periodística casi cotidiana. Frente al entrevistado, el periodista ensaya una explicación rápida que justifique el tiempo que ambos dedicaron a elaborar una memoria. Coinciden. Pero cuando sale de sus oficinas, la pregunta vuelve a golpetear dentro de su cabeza, una y otra vez, en cada vuelta de esquina.¿Merece Ricardo Echegaray ser protagonista de un libro? Eso pregunta también un ex legislador que conoce al matrimonio Kirchner desde los días en que gobernaban Santa Cruz, y se ha cruzado esporádicamente con este personaje oscuro e huidizo que colaboraba con ellos desde entonces, pero a diferencia de cualquier otro nunca se mandaba la parte. En busca de una respuesta, el diccionario aporta su definición de “merecer”. Dice: “Hacerse digno de lo que nos corresponde, sea recompensa o castigo”. La definición ayuda. El periodista ha sido autor de otro libro. Hace un largo tiempo recopiló y escribió sobre la vida de otro argentino: un artista excepcional, un buen hombre, el cantor de tangos Roberto Goyeneche. Durante aquella parición nadie le preguntó si había merecimiento porque aquella biografía, sin duda, era merecida por el personaje. Aquel libro era recompensa.Echegaray, en cambio, no se ha lucido en nada que lo haga merecedor de un lomo y un par de cientos de páginas. Echegaray ha sido simplemente un funcionario gris, que ni ha destacado intelectualmente entre sus pares ni ha producido cambios importantes en su entorno o en beneficio del conjunto de los argentinos. No hay nada en su gestión que pueda otorgarle cierto brillo y lo haga merecedor de recompensa, si uno entendiera este libro como aquella. Pero el diccionario ayuda: también habla de merecer como “castigo”. El periodista se abraza a esa definición para justificar tantas horas, tanto trabajo, tantas entrevistas. Para explicar los retazos de vida propia que ha dejado detrás de esta larga investigación periodística. Para dar sentido a su tarea, el periodista entiende este libro como eso, como un castigo. Castigo al hombre que simula ser lo que no es, que aparenta saber lo que no sabe, que nunca dice lo que realmente piensa. Castigo a quien condujo tres de los más importantes organismos de control del Estado a lo largo de la década kirchnerista, y desde esa posición impuso, propició o permitió todo tipo de irregularidades. Castigo a quien despreció a los empleados públicos en cada uno de esos lugares, los humilló e hizo de sus vidas un sinsentido. Castigo a quien colocó al Estado y a su gente al servicio de causas bastante más pueriles que las que dicen sus estatutos. A quien utilizó el poder público para perseguir a empresarios y a opositores; a quien presionó a periodistas; a quien uso de mala manera el dinero público; a quien habilitó zonas liberadas para delitos menores y para desfalcos millonarios. Castigo, pequeño castigo en formato de libro, para un destructor, para un verdadero demoledor del Estado. Echegaray es esa cara semioculta que muchos se niegan a

descubrir en el kirchnerismo. Lejos del folclore de la política, Echegaray, el funcionario gris, quizás sea una de las mejores maneras de descubrir lo que realmente ha sido el kirchnerismo. Por eso, porque fue protagonista de la historia, sí se merece ser protagonista de este libro. Se interroga a si mismo el periodista: ¿Que habrá sucedido en este país para que ahora la mayoría de los libros duelan como latigazos y no sanen como caricias?

Capítulo 1 – El decreto

El 25 de febrero de 2011 la Argentina amaneció con una noticia sorpresiva para la inmensa mayoría de sus habitantes. En el Boletín Oficial, el lugar donde cobran vida las decisiones del Gobierno, era publicado el decreto 192, que llevó las firmas de la presidenta Cristina Kirchner y de todo su gabinete de ministros. A cada uno de sus 16 colaboradores más cercanos, incluso a aquellos que nada tenían que ver con el asunto, Cristina los hizo desfilar por la Casa Rosada para que rubriquen la decisión, para que compartan la responsabilidad histórica de sus implicancias. El decreto se había terminado de confeccionar unas horas antes de su publicación. La presidenta requirió las firmas de todos sus ministros bien entrada la noche, a las 23 horas. La mayoría se enteró de lo que estaba firmando recién delante del documento, pero nadie puso objeción ni preguntó, y algunos ni siquiera leyeron su título. Para pertenecer al kirchnerismo una condición indispensable es la disciplina. “Disuélvese la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”, decía el primer artículo de ese decreto, el único importante. El resto eran cuestiones de forma, adecuaciones obligadas a la Ley de Ministerios, que debían ser hechas a partir de la decisión antes tomada: la desaparición, eliminación, disolución de todo un organismo público que tenía más de 800 trabajadores y un presupuesto multimillonario. Los considerandos del decreto fueron mucho más extensos, pero adrede confusos, nada claros respecto de la verdadera intención que perseguía la medida. Sí recordaban que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) había sido creada por otro decreto presidencial de 1996, “con la responsabilidad de fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades”. A fines de febrero de 2011, cuando Cristina decide llevar adelante este sacrificio, ya habían pasado cinco largos meses desde el fallecimiento de su marido, Néstor Kirchner. Cuando ambos compartían el ejercicio cotidiano del poder, medidas sorpresivas como esta le eran achacadas sobre todo al ex presidente. El pago de la deuda con el FMI o la estatización de las AFJP fueron ejemplos acabados. Aunque de menor peso, la disolución de la ONCCA permitió saber que la audacia a la hora de gobernar no era un rasgo solo del ausente, de quien ya no estaba. Con esa definición, la presidenta también mostró su agrado por dar sorpresivos giros de timón, su gusto por los sucesivos golpes de efecto. Esos golpes de efecto que, en definitiva, terminaron convirtiendo al matrimonio Kirchner en el factotum de la política argentina de la última década. La ONCCA, un organismo de control que no había llegado ni a cumplir los quince años, era arrasada de la faz de la tierra por decisión de Cristina. Una decisión tomada en la evidente soledad del poder, sin la sombra de nadie detrás, mucho menos la de su ex marido. Una decisión solo compartida con su secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el “Chino”, el único de los soldados kirchneristas con quien el matrimonio aceptó debatir las cuestiones más sensibles para su derrotero político. La decisión de hacer desaparecer la ONCCA había sido masticada todo un mes, desde los días calurosos de enero. Quince de los dieciséis ministros que rubricaron el decreto, sin embargo, no supieron de ella hasta que los convocaron a firmar. Solo el titular del área afectada por la decisión, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, fue informado de la novedad, pero apenas unos días antes. En la Secretaría Legal y Técnica, los abogados redactaron en total hermetismo el texto de un decreto que luego, una vez publicado, se reveló repleto de errores, pues transfería el personal de la ONCCA a un lado pero las funciones y el presupuesto a otro. Poco

importaba: la premura de una decisión política, una vez más en la era K, se anteponía al respeto de las reglas estatales más básicas. Todo era así: las cosas primero se hacían y luego se veía si las reglas lo permitían.La urgencia por dar el golpe de gracia a la ONCCA se desencadenó hacia mediados de febrero. El 1 de marzo la presidenta debía hablar ante la Asamblea Legislativa que inauguraría el 129 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. La confección de ese discurso, el que marca el inicio del año político en la Argentina, desencadenó el final de la ONCCA, lo precipitó. A las apuradas, Zannini redactó otro decreto, el 192/2011, que dispuso la creación de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) y que fue publicado el mismo 25 de febrero. En el imaginario oficial, la UCESCI, que hasta la fecha no cuenta con ninguno de los elementos que debe exhibir un organismo público (estructura, presupuesto y personal), vendría a absorber gran parte de las funciones que había acumulado la ONCCA a lo largo de su corta existencia. Otra tanda de esas tareas pasaría al Ministerio de Agricultura. Si para desterrar el pasado Cristina eligió rodearse de todos sus ministros, la creación de la UCESCI necesitó únicamente de la firma de los responsables de las áreas estatales que estarían involucradas. Refrendaron ese segundo decreto el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros de Economía, Amado Boudou; el de Agricultura, Julián Domínguez; y la de Industria; Débora Giorgi. Firmaron en balde, aunque no lo supieran. Porque muy pronto se supo que el verdadero poder en la UCESCI sería ejercido en realidad por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Tres días después de haber disuelto la ONCCA, Cristina enfrentó a la asamblea legislativa sin la incomodidad de su existencia. A lo largo de su extenso discurso, la presidenta no hizo ninguna mención al asunto. Pero sí dedicó un largo párrafo al flagelo de la evasión de impuestos en la Argentina y a sus supuestos responsables. Luego de elogiar a su Gobierno por la recaudación récord de 2010, que todos los economistas serios atribuían a una desatada inflación, la presidenta enumeró uno a uno los sectores que más habían colaborado al cumplimiento de esa meta. Recién sobre el final marcó “una curiosidad”, al dar cuenta de que “el sector de agricultura y ganadería -uno de los más dinámicos de nuestro país, en cuanto a productividad y rentabilidad- solamente ha participado en esa recaudación en 2,8%, casi igual que lo que ha recaudado la enseñanza privada en la Argentina, con el 2,1%”. Algo más agregó la presidenta antes de que la interrumpieran los aplausos de los legisladores y la tribuna oficialista. Reflexionó: “Hay algo que me suena inconsistente en el dato: o están cobrando muy caras las cuotas de los colegios privados o hay evasión en nuestro sector primario de la economía, que debe ser realmente abordada con mucha seriedad y mucha responsabilidad de todos los sectores”. Quedó muy claro en aquel párrafo, ante aquel recinto colmado, que la presidenta buscó premeditadamente hacer recaer sobre el agro la mayor parte del peso, de la responsabilidad, de la evasión impositiva. Lo que no explicó la presidenta, ni en ese momento ni después, es por qué razón, si la evasión en el sector agropecuario era tan elevada como decía, apenas 72 horas antes había ordenado disolver la ONCCA, en definitiva el único organismo del Estado que se ocupaba específicamente de combatir la competencia desleal y controlar a los operadores marginales de las principales cadenas agroalimentarias. La inconsistencia, aquí, también fue elevada. La letra chica sobre la participación de los diferentes sectores económicos en el crecimiento de la recaudación excluía a propósito el aporte de los derechos de exportación, denominados vulgarmente como retenciones, el mayor aporte del agro a la

economía. Y, como corresponde, le fue facilitada a la presidenta por el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. El jefe de la poderosa AFIP, por esos días, actuaba en perfecta sintonía con la presidenta. Desde principios de 2011 lanzó una intensa saga de operativos destinados a detectar posibles casos de evasión y fraude laboral en el sector agropecuario. Decenas de establecimientos y cerealeras fueron auditadas por los sabuesos impositivos. En una entrevista concedida al diario inglés The Guardian, Echegaray llegó incluso a tildar de “criminales” a las principales empresas exportadoras del país. La estrategia, quedó claro, era echar graves mantos de sospechas sobre la cadena agroexportadora al mismo tiempo que se intentaba acallar cualquier debate público sobre la disolución del organismo público encargado de controlarla. La muerte súbita de la ONCCA se produjo a días del inicio de un período de sesiones legislativas particulares, pues debía desarrollarse en un año electoral: la Argentina elegiría nuevo presidente. La liquidación del organismo abortó el intento de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados que pretendían debatir una ley para reformar ese organismo y fijar de nuevo sus reglas y responsabilidades. Ese debate es clave para el futuro de la Argentina, porque se trata de saber hasta cuánto y cómo debe intervenir el Estado en los mercados agropecuarios.La muerte de la ONCCA abortó además otra iniciativa: la creación de una Comisión Bicameral que debía dedicarse a analizar las múltiples denuncias por irregularidades cometidas en el organismo y que comprometían seriamente a su ex titular. No era otro que Echegaray. El funcionario ya se hallaba imputado en una causa judicial que investigaba esos hechos. Era una acusación más de las muchas que había acumulado en su foja de servicios al kirchnerismo. Pero era la acusación más grave y mejor fundamentada.Con la decisión de la presidenta, ambas iniciativas se convirtieron en un sinsentido y quedaron excluidas de la agenda legislativa. En un hecho extraordinario en la historia de los Estados, en la Argentina contemporánea hubo un Gobierno que decidió hacer desaparecer un organismo simplemente para borrar las pruebas de una serie de delitos que podrían mandar a prisión a uno de sus funcionarios predilectos. El Estado y su estructura fueron la variable de ajuste para eludir a la justicia.La oposición quedó desconcertada y sin respuestas. Pero quien había impulsado la creación de la ONCCA en 1996, en sus tiempos como secretario de Agricultura de Carlos Menem, evaluó el final de su criatura con mucha frialdad. Era el diputado del peronismo disidente, Felipe Solá. Razonó con sencillez: "La corrupción no se disuelve por decreto".

Capítulo 2 - El baile

En 1980 la dictadura más sangrienta que gobernó el país había liquidado cualquier foco de resistencia popular. Emilio Eduardo Massera, el representante de la Armada en la primera junta de gobierno militar, era por entonces uno de los hombres más poderosos de la Argentina e incluso soñaba con llegar a ser elegido presidente por el voto de sus ciudadanos. Ya moldeaba el Partido de la Democracia Social, el engendro que el máximo responsable de la matanza y desaparición de cientos de personas en los campos de exterminio de la ESMA inventó para blanquearse, para mutar de asesino a demócrata. La guerra de Malvinas todavía no figuraba en los planes de los jerarcas militares. Aquella Armada se sentía inexpugnable.El 25 de abril de 1980, en medio de esas ansias de grandeza, de esa sensación de perdurabilidad, fue tomada la decisión de crear en la ciudad de Necochea, en un predio vecino al puente colgante que la une con el puerto de Quequén, el Liceo Naval Capitán de Fragata Carlos María Moyano. Sus cursos comenzaron exactamente el 9 de febrero de 1981.Ricardo Echegaray, que había vivido durante los primeros años de escuela secundaria en el liceo naval Almirante Brown de la Base Naval de Río Santiago (cerca de La Plata), como parte de la Camada XXXII fue enviado al flamante liceo de la ciudad de Necochea en 1983, para completar allí el quinto año y recibirse de Guardiamarina de la Reserva Naval. La mudanza tenía una explicación sencilla: en los planes de estudio de esa fuerza los chicos que ingresan a primer año necesitan de la supervisión de un brigadier de servicio, un puesto asignado a alguno de los alumnos que cursan el último año del Liceo. Y como la escuela de Necochea era nueva y no disponía de ellos, había que importarlos.A Echegaray le vino bien el cambio. A diferencia de la ciudad de La Plata, Necochea queda mucho más cerca de Punta Alta, donde vivía su familia. Su padre, Juan Luis Echegaray, nació en 1937 y durante mucho tiempo brindó servicios como suboficial en la Base Naval Puerto Belgrano, donde tramitó su retiro. Y allí se quedó, aquerenciado. Fundó la peña folclórica Indio Fermín y todavía hoy, con más de 70 años a cuestas, enseña a bailar tango los martes y jueves a la noche en la escuela 23, ubicada en la esquina de las calles Luiggi y Passo. Sus vecinos lo respetan ,lo consideran “un buen hombre”. Pero su hijo mayor, el guardiamarina Ricardo, no le dirige la palabra desde que –a comienzos de los noventa– se separó de su madre, Carmela Munafó, para irse a vivir con otra mujer de la que se había enamorado.Ricardo Echegaray vivió el retorno de la democracia y el final de los sueños de perpetuidad del criminal Massera a fines de 1983 graduándose como Oficial de la Armada Argentina en su grado más bajo, el de Guardiamarina. Sin embargo, permaneció en el Liceo Naval de Necochea todavía un año más, prestando servicios y cobrando salario como oficial. Lo recuerdan muy bien sus compañeros de camada. “Le decíamos La Morsa Echegaray, porque era gordo y negro”, relató uno de ellos con saña. A Echegaray, sin embargo, no le molestaba llamar la atención de los demás y hasta parecía que lo buscara. Según relatos de sus ex camaradas de armas, se hizo modificar la visera de su gorra militar, que de ancha pasó a angosta, y de mirar hacia delante pasó a mirar hacia abajo: quedaba pegada a su frente, al estilo de los viejos soldados nazis. Los alumnos que ingresaron a primer año en ese colegio en 1984 también lo recuerdan con claridad, sobre todo por lo que sucedió una madrugada de septiembre, cuando todavía el frío del invierno hacía doler como latigazo. A las tres de la madrugada, el joven oficial Echegaray ingresó al cuarto donde decenas de adolescentes dormían sabiendo que debían amanecer tres horas más tarde, recién a las seis de la mañana.

“¡Cuento hasta diez y los quiero a todos formados afuera!”, los despertó a los gritos. Y empezó a contar tan rápido que muchos tuvieron que salir con lo que llevaban puesto, es decir, semidesnudos.“Estábamos todos medio en bolas, pero igual nos llevó hasta la canchita de fútbol. Nos tuvo corriendo desde las 3 hasta las 6 y nos gritaba de todo. Me acuerdo bien que nos decía ‘bípedos’ y ‘bisoños’, una palabra que todavía hoy no sé qué quiere decir”, recordó sobre aquella noche uno de los ex alumnos de aquella división de primer año del Liceo Moyano. En léxico militar, “bisoño” es el soldado nuevo, el inexperto. Pero aquella madrugada esos pibes de 13 o 14 años no tuvieron chance de preguntar. Echegaray los hizo bailar alrededor de la cancha durante tres largas horas. Y si alguno caía de cansancio o acalambrado, “el tipo se acercaba y te gritaba para obligarte a seguir corriendo”. Cuando a las seis finalmente los mandó a las duchas, no terminó el suplicio: los hizo bañar con agua fría.“¡Son unos haraganes! ¡No se merecen ser cadetes!”Todavía retumban los gritos de Echegaray en el recuerdo de dos ex alumnos del Moyano que aceptaron hablar para este libro. En 1984, mientras miles de jóvenes se lanzaban a vivir la primavera democrática, ni ellos ni Echegaray, con 18 años, tenían permitido hablar de política. Una vez por semana, el oficial oriundo de Punta Alta se ocupaba de hacer la guardia de aquel Liceo Naval, que luego fue cerrado en los años noventa, por falta de presupuesto. Esos días eran especialmente dramáticos para los alumnos que tuvieran la mala fortuna de cruzárselo durante sus tediosas recorridas por el predio, siempre solo y sigiloso, como animal que sale de caza. “Andaba todo el día dando vueltas y si vos salías del aula y te lo encontrabas empezaba a bailarte con cualquier excusa”. ¡Carrera march…! ¡Cuerpo a tierra! ¡Flexiones de brazo! y ¡Salto de paracaidista! Eran esas sus órdenes preferidas, silbato en mano. Los bailes no siempre tenían explicación. Podían durar de 10 a 20 minutos y a veces se desarrollaban en una zona conocida como “las lomitas”, que daba a la reja del fondo del predio, un territorio escarpado donde se planeaba levantar un anfiteatro. Echegaray era quien también les imponía la mayor cantidad de “partes de castigo”, una suerte de amonestación que los oficiales decretaban para los alumnos indisciplinados y que, en caso de acumularse, podían dejar a los chicos sin el ansiado regreso a sus casas los fines de semana. Los partes de castigo se anunciaban a viva voz a lo largo de todo el día. Y a las ocho de la noche –cuando las divisiones se reunían en el playón luego de haber dedicado todo el día al estudio, la instrucción militar y los deportes–, se distribuía entre los cadetes un papel en blanco para que cada uno de ellos declarase por escrito cuántas amonestaciones había recibido. Cada chico tenía una suerte de cuenta corriente con 10 puntos. La acumulación de penas, que según la gravedad podían descontarles de 0,25 a 2 puntos, podía llegar a ser causal de expulsión.A diferencia de otros oficiales, Echegaray no tenía a su cargo ningún curso ni tampoco funciones administrativas. El responsable de aquella camadaa la que bailó de madrugada era el teniente de fragata Carlos Daniel Vázquez, a quien por decreto 2681/83 se le otorgó la condecoración por su valor en combate en las Islas Malvinas durante el conflicto bélico de 1982. A Vázquez los ex alumnos del Liceo lo consideraban un héroe y de él guardan un recuerdo imborrable: fue quien les hizo tirar sus primeros tiros en las enormes playas desiertas de Quequén. De Echegaray, en cambio, solo recuerdan su saña y que era dueño de una enorme moto negra de alta cilindrada, a bordo de la cual solía ausentarse del Liceo por varios días. Los chicos admiraban esa moto, pero la preferían ver desde lejos, perdiéndose tras el acceso al Liceo Naval de Necochea. Si Echegaray se iba, tendrían paz por algunos días.

Capítulo 3 - El matarife

El decreto 1343 fue firmado en diciembre de 1996 por el ex presidente Carlos Menem y un par de sus ministros. Fue una suerte de marcha atrás forzada, un reconocimiento tardío, una suerte de mea culpa. Ese decreto venía a revisar al menos una parte de otra medida tomada por el mismo Menem cinco años antes, en pleno proceso de desmantelamiento del Estado: la disolución en 1991 de la Junta Nacional de Carnes, el organismo que, mal o bien, ejercía desde 1933 el control estatal sobre uno de los sectores industriales más antiguos y a la vez más grises de la Argentina. Un lustro le llevó al menemismo darse cuenta de que el Estado no siempre debía ser considerado mala palabra. A mitad de la década de los noventa, casi sin ningún tipo de regulación en vigencia ni organismo que la pusiera en práctica, el negocio de la carne era un festival. Por los bifes y la milanesa se pagaba entonces el IVA normal, de 21%, y la tentación para los operadores marginales era enorme. En esos momentos, la Dirección General Impositiva (DGI) calculaba que la evasión en la cadena de la carne llegaba a los 800 millones de pesos convertibles. O de dólares. El decreto 1343/96 fue sugerido a Menem por el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, quien por entonces mantenía una guerra en varios flancos contra los grandes matarifes del conurbano bonaerense, a quienes acusaba abiertamente de semejante nivel de evasión. El decreto de marras dispuso la creación, en el ámbito de su Secretaría, de la ONCCA. En sus primeros renglones, la norma admitía que “es una función ineludible y prioritaria del Estado Nacional asegurar que no existan distorsiones o restricciones que puedan afectar la libre competencia en los mercados”. Verdad de Perogrullo, pero una verdad olvidada durante largos años. Unos pocos meses antes de la creación de la ONCCA, esos grupos marginales de la carne habían dado una muestra acabada de la impunidad con que se movían. Y nada menos que en plena Exposición Rural de Palermo. Anochecía y en el aristocrático Restaurante Central del predio, donde por entonces todavía se podía saborear el afamado asado con cuero, habían corrido las mesas para albergar a unos 500 ganaderos de fuste, quejosos de lo difícil que era hacer negocios en convivencia con el malandraje que dominaba la industria de la carne. En esos cabildeos, a un respetado ex presidente de la JNC, Enrique Garat, se le ocurrió ponerle nombre y apellido al mal que los aquejaba: definió a Alberto Samid como el “paradigma de la evasión”. Hubo sonoros aplausos. A los pocos minutos el matarife más famoso de la Argentina ingresó furioso al enorme salón y dejó atónitos a todos. “¿A quién le debo plata acá? Conozco a muchos de los presentes, a varios les compré hacienda”, disparó a boca de jarro. Luego el corpulento Samid se retiró campante. A sus espaldas, la elite ganadera quedó muda. Tres días después de aquel episodio, desde la Casa Rosada el ministro de Justicia anunciaba que la DGI había presentado una denuncia penal contra el “Grupo Samid”, un conglomerado de 27 frigoríficos bonaerenses. Se lo acusaba de constituir una asociación ilícita que había evadido impuestos por la suma exacta de 88.077.885 pesos/dólares. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Carlos Liporaci. La DGI reclamó al magistrado la “inmediata detención” de Alberto Samid y otras personas de esa supuesta banda, incluidos varios de sus familiares.Alberto ya cargaba con un extenso prontuario judicial. Pero se jactaba de ser “amigo personal” de Menem, de quien ciertamente había sido asesor en los dos primeros años de su gobierno. Un curioso episodio lo obligó a dejar ese cargo: mientras transcurría el bloqueo de Estados Unidos a Irak, en 1993, Samid donó 140 toneladas de carne al

derrotado régimen de Saddam Hussein. Celoso de guardar las formas diplomáticas frente a sus aliados estadounidenses, Menem se vio forzado a pedir su alejamiento.Meses antes, el 26 de marzo de 1992, el hermano de Alberto, Juan Manuel Samid, había prestado un favor histórico al menemismo. Juan Manuel había sido elegido diputado nacional en momentos en que, entre muchas privatizaciones, se debatía la ley que luego permitió el desmembramiento de Gas del Estado, la tercera mayor empresa gasífera del mundo. El oficialismo recién consiguió el quórum para sesionar cuando una banca fue ocupada ilegalmente por un asesor del diputado Samid. Se llamaba Juan Abraham Kenan y como única excusa para sentarse en pleno recinto dijo haberse “descompuesto”. En la penosa historia de la democracia argentina este episodio quedó grabado como el del “diputrucho”.Pero entre árabes no se pisan la túnica. A pesar de la espectacularidad con que el Gobierno denunció la evasión y reclamó la detención de Samid en 1996, éste jamás piso una celda. A las pocas semanas de aquel anuncio en la Casa Rosada, el matarife fue citado a declarar y negó ante el juez Liporaci ser propietario de alguno de los 27 frigoríficos en los que se habían confirmado las maniobras delictivas. Por cierto, no figuraba en ninguno de aquellos estatutos societarios. Afuera de los tribunales de Comodoro Py, veinte obreros del Feet Up, uno de los frigoríficos que se le atribuían a Samid, reconocían que las vacas entraban allí “sin guías” y que tanto los inspectores del Senasa (el servicio veterinario estatal), como los de la DGI "hacían la vista gorda y dibujaban los papeles, porque estaban arreglados". Una década después de aquella indagatoria, al inaugurar en 2008 un enorme local de su red de carnicerías La Lonja en el centro de la localidad bonaerense de Cañuelas, Samid fue consultado por un periodista de Perfil sobre el estado de esa y otras causas judiciales iniciadas en su contra. “Yo tuve denuncias. ¡Pero eso fue en el siglo pasado! Jamás nadie me tuvo que llevar cigarrillos”. Ciertamente, a esa altura, ya no quedaban rastros de su nombre en la justicia.Aunque olvidado, el raid de aquella denuncia por evasión fue un papelón de la justicia. El juez Liporaci dictó un fallo insólito en el que consideraba que la asociación ilícita formada por la familia Samid en realidad nunca fue dirigida por Alberto sino por su padre Khalil y su hermano Juan Manuel, que para entonces ya habían fallecido. Es decir, la justicia federal consideró que el corpulento Alberto no había sido el “cabecilla” sino un mero “partícipe” de las maniobras que provocaron un millonario perjuicio al Fisco. Así, el matarife siguió caminando tranquilo por la calle. Y encaró nuevos negocios. Para ese entonces, la DGI ya se había fusionado con la Administración Nacional de Aduanas en un nuevo organismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que era comandada por Carlos Silvani. Este funcionario clamaba por justicia y apeló ante la Cámara Federal, que le dio la razón. "Aunque pudiera probarse que las personas fallecidas fueran los organizadores, Vuestra Excelencia no podría dejar de reconocer que José Alberto Samid no puede quedar afuera: en el mejor de los casos para él, habrá sido un jefe o coorganizador o, si se quiere un tercer organizador, o al menos el continuador de dicha organización iniciada por su padre y su hermano", suplicaba el escrito que AFIP presentó a la justicia. En mayo de 1999, el juez Liporaci volvió a rechazar el pedido de la AFIP para que se detenga a Samid. Un par de meses antes, este magistrado se había envalentonado con un fallo de su par Gabriel Cavallo, que lo había sobreseído en una causa paralela iniciada cuando nada menos que su ex secretario en el juzgado, Guillermo Gowland, denunció que Liporaci había demorado deliberadamente el llamado a indagatoria y el procesamiento del empresario de la carne. Según esta versión, Samid fue eximido de ir a

prisión luego de una supuesta reunión de Liporaci con el dirigente justicialista Jorge Antonio, en la que éste habría dado dinero al juez. Gowland habló concretamente de 250.000 pesos. O dólares. Pero ya se dijo: su denuncia fue desestimada.En octubre de 1999 había elecciones presidenciales y Silvani volvió a la carga: el del matarife era un caso clave para mostrar que la flamante AFIP podía hacer bien las cosas. Una alta fuente de ese organismo, según la presentó el diario La Nación, preanunciaba el fin del manto de impunidad. "A Samid se le termina la cobertura política ", se ilusionaba.La causa ya había sido trasladada al fuero Penal Económico. Una letra y no mucho más diferenciaban a Liporaci del magistrado que allí debía ocuparse del caso: Carlos Liporace. Sobre éste, los abogados de la AFIP hicieron prácticamente la misma observación que sobre su antecesor. "Se observa una injustificada demora en la adopción de las medidas conducentes para activar el expediente principal". A esa altura nada había cambiado, salvo el milenio. En marzo de 2001, el juez Liporaci –que había exculpado a once senadores presuntamente involucrados en el caso de sobornos conocido como “la Banelco”–, presentó su renuncia para evitar ser sometido a juicio político. Su casi homónimo Liporace duró algunos años más, hasta mayo de 2006, cuando su dimisión fue aceptada por Néstor Kirchner y le evitó ser investigado por su actuación en el caso de contrabando de cocaína a España, transportado en un vuelo de la compañía Southern Winds.En ese largo interregno, con algunas computadoras donadas, la ONCCA comenzó a llevar a cabo la tarea para la que había sido creada: controlar que en los mercados agropecuarios no actuara libremente tanto malandra. Sus registros obligatorios de operadores comenzaron a transformarse en un dolor de cabeza para las empresas que no tuviesen sus papeles en orden y todos los impuestos pagos. El Estado, aunque todavía rengo, quería ponerse a caminar de nuevo.En enero de 2005, la ONCCA clausuró y denunció penalmente a un frigorífico de Cañuelas, porque ya que había advertido una falsificación de los documentos que Green Protein SA había presentado ante el organismo para obtener su correspondiente licencia. En los documentos elevados a la ONCCA aparecía como accionista una mujer diferente a la que realmente figuraba en el estatuto de la sociedad. La verdadera dueña, la oculta, no era otra que la esposa de Alberto Samid. El matarife que eludió a la justicia estaba de nuevo entre nosotros.

Capítulo 4 - El Negro

La facultad de derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata tenía cupos de hasta cuarenta o cincuenta alumnos en tiempos de la dictadura. Su viejo edificio se alzaba en Funes y Peña, y recién fue mudado a su ubicación actual en 1996. Allí, derruida la exclusividad de ingreso por arte y parte de la democracia, inició en 1984 su carrera de abogado un joven de Punta Alta llamado Ricardo Echegaray. Echegaray no solía reconocer ante sus pares de curso su paso previo por la escuela naval, pero tenía actitudes que lo delataban como “el típico facho” recién llegado del interior. “Se vestía como un conservador del campo. Camperita ajustada al cuerpo y pañuelo al cuello, estilo Top Gun”, lo recuerda uno de ellos.Tras la dictadura más feroz de la historia argentina, aquellos eran tiempos de derribar muros y alumbrar oscuridades. Y una manera de hacerlo era participando políticamente en la flamante vida democrática, como hacían muchos jóvenes. Como en la mayoría de las universidades de todo el país, el escenario político en la Facultad de Derecho estaba dominado por la Franja Morada, el poderoso brazo universitario de la Unión Cívica Radical (UCR), por entonces el partido de gobierno. Miguel Salas, estudiante en aquellos años, era oriundo de Mar del Plata y tenía una casa amplia con quincho. Allí reunió cierta noche de 1984 a otros tres estudiantes de abogacía que no comulgaban con las ideas reformistas del ex presidente Raúl Alfonsín y tampoco digerían fácilmente los juicios que éste impulsaba contra la Junta Militar, aquel primer frustrado intento de “Nunca más”. Los fundadores de aquella UPAU (Unión para la Apertura Universitaria) fueron Salas, Fernando Villaverde, Juan Guiñazú e Iván Budassi. Los últimos tres, más de veinte años después, serían importantes funcionarios del kirchnerismo. Iván Budassi, hijo de un médico que también habría tenido vínculos con las Fuerzas Armadas, provenía de Bahía Blanca. Villaverde y Guiñazú eran marplatenses. El último de ellos era hijo de Rafael Guiñazú, un ex capitán de la Armada que fue jefe de los Buzos Tácticos entre 1976 y 1978 y subjefe de la Base Naval de Mar del Plata en 1977. Ya retirado de la fuerza, daba clases de “Derecho de la navegación” en la misma universidad donde estudiaba su hijo. Mucho tiempo después, ese ex marino fue detenido y procesado, acusado de cometer 430 delitos de lesa humanidad.Aunque nació en 1983 como un desprendimiento del viejo Partido Demócrata que albergaba a la clase alta más rancia, la UPAU pronto se convirtió en el brazo universitario de la UCD (Unión de Centro Democrático, más tarde conocida como UCeDé), el partido fundado por el ingeniero Alvaro Alsogaray, uno de los principales impulsores del liberalismo económico en el país y colaborador activo de varias viejas dictaduras. En la histórica elección de 1983, la UCeDé obtuvo el 8,7% de los votos. Pero con el correr de los años, y hasta su fundición con el menemismo en los años noventa, llegó a consolidarse como la tercera fuerza electoral. Echegaray se acercó de inmediato a la flamante UPAU de Derecho de Mar del Plata. Y tanto fue así que llegó rápidamente a convertirse en uno de los candidatos a vocal para el Centro de Estudiantes de la Facultad en la elección de 1985. No obtuvo el escaño. Una aplastante victoria de la Franja Morada los dejó con las ganas. Detrás de los radicales quedó la lista MNR Mariano Moreno (Movimiento Nacional Reformista, brazo universitario ligado al Partido Socialista Auténtico), que por aquellos años estaba integrada por los actuales abogados Sergio Aguirre, Alba Salinas, Alberto Rodríguez, Rubén Suárez y Fernando “El mono” González. Los jóvenes estudiantes liberales jugaron fuerte en su debut electoral. “UPAU: para enderezar la Franja”, decían los afiches que habían impreso y colgado en todos los

pasillos de la universidad. Lejos de intimidarse, los militantes de la UCR fotocopiaron la imagen de una banana y la pegaron sobre esos afiches, justo arriba de la palabra “Franja”. Difícil enderezar una banana. Fue una manera poco sutil de tratar a sus adversarios de la UPAU como “gorilas”; de tratarlos como a gente que despreciaba los nuevos movimientos populares democráticos y prefería mantener el statu quo, sin condenar ni la trágica historia argentina ni a sus protagonistas. Esa descalificación de viejo cuño peronista no le calzaba mal a algunos integrantes de aquella UPAU marplatense, que en su mejor elección llegó a obtener el 22% de los sufragios del estudiantado."El Negro era uno de los más entusiastas a la hora de ponderar a los militares por su tarea contra la guerrilla. En más de una ocasión lo hemos oído gritar 'viva el general Videla'”. La revelación es parte del relato que uno de los integrantes de la desaparecida UPAU hizo mucho tiempo después, en 2009, al periodista Santiago Fioritti del diario Clarín. Ni bien ingresó a la Facultad, Echegaray ya era conocido por el apodo que le habían puesto sus compañeros de origen más acomodado: “El Negro”.No había sido una frase aislada. Removiendo la historia universitaria marplatense surgen muchas anécdotas que lo ubican defendiendo a los militares que no dudaron en utilizar la fuerza del Estado para matar y desaparecer a gran cantidad de personas en los años de plomo de la dictadura. Un ex estudiante que ingresó a Derecho en 1985 y se encolumnaba con Franja Morada recuerda muy bien la asamblea universitaria realizada a pocos días de la Semana Santa de 1987, cuando un alzamiento militar liderado por el “carapintada” Aldo Rico puso en jaque el gobierno de Raúl Alfonsín y lo obligó a dictar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Echegaray hizo escuchar su voz en aquella reunión. Después de defender a los gritos la posición de los militares sublevados, que rechazaban ser juzgados por los delitos que pudieran haber cometido durante la dictadura, “El Negro” lamentó que en la Argentina no se hubiera producido “una solución final” al estilo de la que Augusto Pinochet, quien todavía gobernaba Chile, puso en práctica luego de derrocar a Salvador Allende en 1973. Esto es: el exterminio casi completo de la “amenaza comunista”. El abucheo fue ensordecedor, pero Echegaray parecía disfrutar, le gustaba llamar la atención. "Ay ay ay/ay ay ay ay/hay que matar/a Echegaray", le cantaban en la cara."En los cafés y lugares públicos, donde todos los que militábamos en la UPAU nos cuidábamos de hablar en voz alta porque éramos mala palabra, Echegaray era uno de los pocos que apoyaba la figura del general Videla y lo decía abiertamente", confesó a Fioritti uno de sus ex compañeros en la UPAU. Echegaray no ocultaba nada. Ya entonces jugaba a fondo. Llegó a defender la figura del dictador en un programa de televisión llamado “Apertura Universitaria”, que se emitía los sábados en el canal de cable CCTV, luego absorbido por Cablevisión. El dueño, Fabián Salvioli, era de Mar del Plata y estaba vinculado con la UPAU. Guillermo Castelo, el joven conductor del ciclo, no podía creer lo que escuchaba. Como sucedía con la UCeDé a nivel nacional, la UPAU estaba dividida entre un ala más conservadora y otra más liberal. La agrupación universitaria obtuvo su primer gran éxito en 1985, cuando ganò las elecciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. De esa provincia provenían los cuadros de la derecha más recalcitrante, muchos de los cuales formaron luego la denominada “Agrupación Pucará”. Echegaray solía viajar a los congresos nacionales de la Federación Universitaria Argentina y reunirse con ellos. “No eran fachos a secas. Eran recontra fachos”, recuerda un habitué de esas reuniones.

En la UPAU marplatense también estaban las dos líneas bien demarcadas. Su fundador Salas y otros integrantes como Wenceslao Tejerina, preferían el liberalismo romántico que en aquel entonces expresaba a nivel nacional fundamentalmente el ex diputado Carlos Clerici. Echegaray estaba en las antípodas: era conservador y pro-militar. “Como todos en Punta Alta, su pueblo”, definió uno de sus ex colegas. Villaverde, otro de los fundadores, se mostraba permeable, quería llevarse bien con todos. Era uno de los pocos amigos que “El Negro” supo cosechar en sus días como universitario. El otro fue Sergio Mancini, de Bahía Blanca, foráneo como él. Mancini integró la lista de candidatos de la UPAU en 1986. Y de la mano de Echegaray también llegó a ocupar altos cargos en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. A todo esto, en Mar del Plata la Franja Morada era imbatible. En 1986 impuso a Guillermo “Toto” Lorenzo (actualmente, año 2011, es secretario académico de la carrera) como presidente del centro de estudiantes de Derecho; un año después lo sucedió el ahora juez de Necochea Carlos “Pañuelo” Herrera.En 1989, la agrupación radical se permitió instalar por primera vez una mujer al frente de un centro de estudiantes no muy acostumbrado a ese tipo de cambios. Ana Laura Vulcano era de Ayacucho y fue una de las promotoras del Centro de Residentes Universitarios (CRU), una suerte de club que solía alquilar un local y sábado de por medio organizaba fiestas para los alumnos que, como Echegaray, no eran de la ciudad balnearia. Los marplatenses los llamaban “los renegados”. Y preferían ir a bailar a los boliches de moda. En “Frisco Bay” había un discjockey carilindo muy simpático que también militaba en UPAU de la Facultad de Ciencias Económicas que se llamaba Amado Boudou. “Exeter” era otra alternativa, lo mismo que “Puig Mayó”. Los más progresistas preferían esquivar este último boliche: el que iba a bailar allí con frecuencia era el capitán de navío Alfredo Astiz.Sin demasiado espacio para hacer política universitaria, y hasta despreciado por sus pares de la propia UPAU, Echegaray optó por saltar el cerco de la facultad e intentó actuar como nexo entre esa agrupación y el partido de los Alsogaray. Quien le abrió algunas puertas fue José María Ibarbia, elegido diputado nacional por la UCeDé en 1987 cuando apenas tenía 32 años. Ibarbia solía concurrir a los escrutinios de Derecho y otras facultades. Representaba al sector ultraliberal del partido, tanto que en los noventa, como parlamentario en el Congreso Nacional, fue promotor de leyes que propiciaron la apertura económica y las privatizaciones. Ibarbia fue también quien más bregó por la disolución de las juntas nacionales de granos y de carnes. Entre 1987 y 1988, “El Negro” ya mantenía una intensa actividad política por fuera de las huestes universitarias, especialmente cuando dejaba la Feliz y regresaba por unos días a su ciudad, la sureña Punta Alta. En enero de 1991, Carlos Menem decretó decenas de indultos y puso patas para arriba a quienes en las calles o universidades habían peleado por un poco de justicia. Echegaray se había recibido de abogado unas semanas antes, con promedio 6 e igual número de materias aplazadas. Fernando Villaverde, su gran amigo marplatense, no pudo siquiera llegar a eso, aunque a lo largo de casi dos décadas igual ejerció la profesión y simuló ser abogado. Se desempeñó incluso en altos cargos junto con Echegaray en la ONCCA y la AFIP, donde se hacía llamar “Doctor”. Recién en septiembre de 2010 un periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, puso final a esa farsa al informar que Villaverde no había llegado a terminar la carrera pero igual había declarado ante el Estado poseer el correspondiente título profesional para así cobrar un plus salarial indebido. "No busques más, yo cobraba la categoría más alta. No sabía que era para profesionales y, en cuanto al contrato, no me acuerdo siquiera haberlo firmado. Pero algo tiene que

quedar claro: si hubo algo raro, no fue mi intención", se excusó en aquel momento el falso abogado.

Capítulo 5 – El golpe

Punta Alta tiene una de esas plazas chatas, casi desnudas, en las que todo lo que sucede se nota muy fácilmente. En los primeros días de junio de 1988, el cortejo fúnebre que acompañaba los restos de Alberto Roque Blanch transitó por una de las calles laterales de esa plaza. En medio de la congoja por la despedida de alguien muy querido por los vecinos, del carnicero del barrio, de quien ofrecía generoso los cortes necesarios para los asados en el centro cívico, muchos recuerdan haber visto a Ricardo Echegaray parado en una esquina. No se les borra de la cabeza la mirada socarrona y el aire burlón con que el joven estudiante de derecho vio pasar aquella mañana aquel cortejo triste. Blanch fumaba y, por sobre todo, era apasionado en las discusiones políticas. Su pequeña familia, esposa e hija, siempre le pedía que no se exaltara y mantuviera la calma. Cada vez que partía rumbo al único local partidario de la UCeDé de Punta Alta, le pedían lo mismo. Blanch no era viejo, tenía 57 años, pero en junio de 1988 ya hacía un tiempo que llevaba un marcapasos. Blanch fue uno de los fundadores del partido de raigambre liberal en esa localidad y uno de los precursores de la extensión de la UCeDé hacia toda la sexta sección electoral bonaerense. Fue el profesor Antonio Bermejo, que enseñaba historia y geografía en el Colegio Nacional, quien lo había invitado a participar. Y el carnicero comenzó a militar de buena gana. Para las elecciones de 1989, en el ocaso del alfonsinismo, el carnicero iba incluso a ser primer candidato a concejal de Coronel Rosales. Apenas fundada la UCedé de Punta Alta, Blanch fue designado secretario de la Comisión Directiva. En un pueblo de rasgos conservadores, el pequeño grupo político se abrazó con ganas al discurso del ala más liberal del partido fundado por Alsogaray. En territorio bonaerense lo encarnaban los diputados Carlos Clérici, Federico Zamora y Francisco Durañona y Vedia, quienes solían aparecerse de vez en cuando por la localidad. Blanch llegó a ser secretario del propio Clérici. Una vez por semana viajaba a la Capital Federal, donde mantenía reuniones en la sede partidaria de Piedras 160. En 1985, la UCeDé local vivió su primer momento de gloria. Fue cuando logró colocar nada menos que dos concejales: Raúl Visconti y Santiago del Collado. La otra gran figura del partido era Mauricio Lisandro Sejas, otro de sus fundadores, que en 1987 llegó a ser elegido diputado provincial. Fueron él y Blanch quienes coordinaban todo en el primer local partidario ubicado en Irigoyen y Avellaneda. Lo abrían todas las tardes a partir de las siete. Y las reuniones de comisión directiva solían realizarse todos los viernes. Entre un buen número de vecinos, a aquellas reuniones solía concurrir Juan Luis Echegaray, profesor de folclore y “zumbo” jubilado, que por entonces completaba sus ingresos trabajando en el taller de cuadros y marcos que había montado en el local anexo a su vivienda de la calle Murature, a menos de dos cuadras de la plaza. Echegaray llegó a ser vocal de la Comisión Directiva, pero no ocupó ninguna candidatura. También asistía, cuando no se encontraba estudiando en Mar del Plata, el mayor de sus dos hijos. La UCeDé de Punta Alta llegó a tener su rama juvenil. La coordinaba Liliana Blanch, la hija del carnicero. Con 17 o 18 años, a esa comisión se plegó el joven Ricardo Echegaray. “Iba y venía, de la Facultad a Punta Alta”, relata uno de sus compañeros de partido.Para sus ex compañeros de militancia resulta imposible olvidar la pertenencia del joven Echegaray a las filas de quienes en los años ochenta abrazaron la causa liberal y reclamaban la desregulación de la economía y la privatización de todos los servicios públicos, dos políticas que finalmente aplicó el menemismo. “Echegaray era muy

inteligente, sobresalía del resto de los jóvenes de Punta Alta y tenía una verborragia muy fluida. Siempre citaba Las Bases de Alberdi. Nos apabullaba”, recuerda uno de ellos. Las diferencias eran tan notables con los chicos de su misma edad que esto no siempre era bien visto: “En términos humanos, era muy soberbio”, apunta una fuente. “Era mala persona”, describe otra que lo conoció en aquella época. Echegaray se había aproximado a la UCeDé de Punta Alta junto a un par de jóvenes oficiales de la Marina. Sejas y otros dirigentes llegaron a pensar que el grupo operaba para aquella fuerza militar. “Siempre buscaba cosas negativas para que todo terminara en una discusión y se levantaran las reuniones. Era un tipo disociante”, rememora un ex directivo del local. También por aquella actitud, cuando faltaron de la sede partidaria algunos libros administrativos, muchos sospecharon del joven estudiante de derecho. Un rasgo que atesoran los asistentes a aquellos encuentros en el centro cívico era el desprecio con el que Ricardo Echegaray solía tratar a su padre. Cuando Juan Luis hablaba, su propio hijo lo descalificaba. “No le hagan caso, que él no está bien”, les decía irónico a sus compañeros de juventud, mientras miraba la escena con gesto sobrador. Ese mismo gesto que le recuerdan bien quienes acompañaron aquella mañana el cortejo fúnebre de Blanch, muerto de un paro cardíaco el 8 de junio de 1988. Dos días antes, un militante había llegado corriendo hasta la casa de Sejas. Requería al diputado provincial de manera urgente en el local partidario, ubicado a escasas cuadras, porque la discusión que allí se producía estaba atravesando los límites civilizados. Cuando llegaron al lugar, ya era tarde: Blanch estaba tirado en el piso. Parado a su lado, Echegaray le había propinado un tremendo derechazo. –“¡Qué estás haciendo!”- le gritó Sejas al muchacho, al tiempo que le tiraba un manotazo. Pero Echegaray esquivó la mano del diputado, que solo alcanzó a quedarse con una manga de la campera desmontable, y escapó. Ni bien Blanch pudo recuperar la respiración, todos caminaron hacia la comisaría, ubicada a menos de una cuadra de la casa de Echegaray, para formular una denuncia. Sejas todavía llevaba en la mano, como prueba, la parte del abrigo que le había arrebatado al agresor. Los recibió el comisario. –“Mire, mejor devuelva ese abrigo y dejemos todo como está. Recién vino ese muchacho a formular una denuncia por hurto”- les comunicó el oficial. Decidieron que era lo mejor y devolvieron la manga ahí mismo. Dos días después, Punta Alta amanecía con dos nuevas ausencias: la de su carnicero y la de Echegaray, que nunca más volvió a pisar aquel local partidario. Sus compañeros de la UCeDé lo declararon “persona no grata”.

Capítulo 6 - Cóndores sin alas

En enero de 1991, Estados Unidos y sus aliados iniciaron la invasión militar a Irak en represalia porque el régimen de Sadam Hussein había ocupado meses antes Kuwait. Aquella primera Guerra del Golfo, como se conoce al episodio bélico, contó con la participación de la Argentina, cuando Carlos Menem rindió pleitesía al Consenso de Washington y a uno de sus principales exponente, el ex presidente estadounidense George Bush. En dos diferentes “grupos de tareas”, la Armada Argentina decidió mandar a combate al destructor Almirante Brown y a la corbeta Spiro, en lo que se conoció como “El Operativo Alfil”. Acompañaron a esos barcos dos helicópteros Alouette III. En otro flanco, la corbeta Rosales y el transporte Bahía San Blás cumplieron misiones de patrullaje y transportaron ayuda humanitaria, como víveres, agua y trigo.La flota nacional debió alistarse en menos de una semana luego de declaradas las hostilidades. Zarpó hacia Oriente Medio el 25 de setiembre de 1990. Se volvía a respirar olor a guerra. Y como buena localidad militar, Punta Alta estaba convulsionada por aquellos días. Los marinos argentinos no tiraron un solo tiro y sus navíos abrieron fuego en apenas cuatro ocasiones. Durante la Operación Escudo del Desierto, que fundamentalmente llevaron a cabo fuerzas estadounideses y británicas (las mismas que años antes habían recuperado las Islas Malvinas), la misión de los argentinos fue el control del tránsito marítimo para asegurar que se cumpliera el embargo que las Naciones Unidas habían decretado contra Irak. La estadística final sobre esa aventura bélica mostró unas 800 interceptaciones y unas pocas misiones de escolta. Y la pomposa Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros realizó 67 vuelos, con tanta mala fortuna que la falla de una turbina “redujo el parque aéreo a un solo aparato”. En julio de 1991, derrotado el tirano iraquí y con el objetivo cumplido, las naves de la Armada emprendieron el regreso al país.Desde meses antes, en Estados Unidos y Europa eran febriles las negociaciones entre enormes grupos empresarios para repartirse el botín: la reconstrucción de Kuwait y la administración de los recursos petroleros en la región aparecían como la prioridad de negocios para cientos de corporaciones. El negocio de la guerra mostraba su peor cara.También aquella situación tuvo su capítulo argentino. En junio de 1991 el grupo kuwaití Al Rayes firmó un contrato de asociación con las empresas locales Helpoil SA y RMA & Asociados. La primera tenía domicilio en Belgrano y era dirigida por una familia ligada al Ejército, los Cepparo Reina. El segundo socio local tenía como presidente a Ricardo Avellaneda y también estaba ubicado en la Capital Federal.La idea del emprendimiento era prestar el servicio para el apagado de los pozos petroleros que, tras la batalla, habían quedado ardiendo en el desierto de Kuwait. Helpoil debía hacerse cargo de la provisión de tecnología y personal capacitado para hacer el trabajo, y RMA de otras cuestiones operativas.El 27 de agosto de 1991 esta unión de empresas firmó un nuevo acuerdo con Kuwait Oil Co por seis meses de trabajo o su equivalente: el apagado de 60 pozos petroleros. Menem, junto al ex canciller Guido Di Tella, hicieron pública la novedad el 2 de setiembre de 1991. “Volvimos de Kuwait con el reconocimiento de todo el mundo y ahora retornaremos para su reconstrucción”, se alegró el patilludo. La construcción de los equipos comenzó ese mismo mes en los Talleres Milani SA, ubicados en Luján de Cuyo, Mendoza. También eran mendocinos, por contar con experiencia en la petrolera YPF, los más de veinte técnicos que se alistaron para viajar a Kuwait pensando en ganar suculentos salarios. Alberto Batán, uno de ellos, fue enviado

como avanzada. El grupo estaba animado. Se denominaron “Blue Deviles” (diablos azules). El 22 de septiembre estaba todo listo. Los especialistas argentinos debían viajar hacia la zona de conflicto en aviones Hércules de la Fuerza Aérea. Sin embargo algo falló y la espera en Buenos Aires duró un mes entero. El 15 de octubre de 1991 finalmente se recibió la “orden de desmovilización” por parte de la RMA/Helpoil. La explicación fue que Al Rayes había conseguido un nuevo socio en los Estados Unidos que haría la fajina originalmente asignada a los argentinos. El representante de la local Helpoil, Luis Cepparo Reina, ni siquiera pidió disculpas a quienes en Buenos Aires esperaban tomarse el vuelo. “Nunca les pedimos que dejasen sus trabajos estables”, les dijo a los mendocinos antes de mandarlos “a llorar a un rincón”. El diario mendocino Los Andes, el 29 de diciembre de 1991, relató la triste experiencia de los expertos argentinos que nunca salieron del país. “Una propuesta que se apagó como el fuego de los pozos”, fue el título de aquella nota. Para ese entonces, en la lejana Kuwait ya se habían apagado los más de 700 pozos petroleros incendiados por la guerra. Pese a aquel penoso antecedente, apenas un par de meses después otro mendocino con domicilio en Luján de Cuyo, llamado Roberto Nicolás Lucero, utilizaba su número de CUIT para crear una empresa a la que bautizó “Los Cóndores Construcciones - Grupo de servicios”. No se sabe de qué manera, Lucero firmó el 18 de julio de 1992 un nuevo acuerdo con la corporación norteamericana The Rendon Group, con domicilio en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca. Esta empresa merece un párrafo aparte.Fundado por John Rendon -quien se describió a si mismo como “un guerrero de la información”- Rendon estaba especializada en la prestación de servicios de comunicación. Fue así que tras una orden secreta de Bush fue contratada por la CIA para “generar las condiciones en la opinión pública” necesarias para llevar a cabo el derrocamiento de Sadam Hussein y la invasión a Irak.Lucero explotó su sociedad al máximo. En una carta fechada el 8 de setiembre de 1992, dirigida al presidente Menem, le agradecía su “apoyo moral” y le informaba que Los Cóndores estaba integrado “por personal civil y militar con conocimientos y experiencias en todas las áreas de la construcción”. Hablaba de dos equipos y un total de 750 hombres. Y blanqueaba la matriz de su verdadero negocio: “Cada uno de ellos aportó un pequeño capital para insertarse en esta sociedad de hecho y así poder lograr el objetivo, por intermedio de The Rendon Group, que es la inserción en el mercado internacional para la reconstrucción de Kuwait”. En realidad, por esos meses Lucero estaba en plena colecta de fondos. En enero de 1993, organizaba charlas en la mendocina San Rafael en las que convocaba gente para viajar al país recuperado por las fuerzas aliadas. Pero no solo allí reclutaba su fuerza laboral. También lo hizo en el sur bonaerense, en Bahía Blanca (tenía oficinas en San Martín 341, departamento 5) y sus zonas aledañas. Tanta era su actividad en aquella región que en el Consejo Deliberante de Coronel Dorrego se llegó a aprobar un proyecto de resolución donde se decidió “invitar a los responsables de la Agrupación Cóndor, a efectos de que concurran el 6 de noviembre de 1992, a las 9,30, para informar sobre su funcionamiento, objetivos y actividad en el distrito”. Luego explicaba el por qué de la convocatoria: “Existen una serie de interrogantes y dudas que han sido planteadas por los futuros contratados, algunos de ellos abonando dinero en carácter de inscripción”. La gente ya sospechaba.Pero fue en Punta Alta, lindera a la base naval Puerto Belgrano, lugar donde sobrevivían cientos de oficiales y suboficiales retirados de la Armada, donde Lucero realizó su mejor cosecha. El 6 de abril de 1993, el coordinador de Los Cóndores en la zona, Jorge Moyano, le enviaba un listado de al menos sesenta vecinos de esa ciudad y algunos más

de Coronel Dorrego que estaban listos para viajar y que, además, “estaban al día con los aportes”. Eran muchos los que querían viajar hacia un futuro venturoso en los desiertos kuwaitíes. Los aportes habían sido recaudados a lo largo del segundo semestre de 1992. Cada uno de los que se alistaban debía poner de su bolsillo 1.500 dólares en concepto de “gastos internos”, aunque esa suma se podía abonar en cómodas cuotas mensuales de 150 dólares. El 24 de abril de 1993, Los Cóndores parecía tener todo listo para concretar su misión. Lucero y su gerente de operaciones, Raúl Fernández Ferrari, emprendieron la avanzada hacia la zona caliente, en un periplo que, vía American Airlines, los hizo pasar primero por Miami, Washington, Nueva York, Londres y Amsterdam. Antes de irse, dejaron sus “directivas” por escrito. Decía este documento: “Durante el tiempo que dure la ausencia de los suscriptos por motivos de viaje al exterior, la dirección del grupo Los Cóndores quedará a cargo de la siguiente comisión” (...) y designaba una serie de personas para ocuparse de los asuntos de la empresa en Mendoza, San Rafael y Tunuyán. Luego definía: “El mismo rol en Punta Alta, Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Buenos Aires será cumplido por el Dr. Ricardo Echegaray”. El joven abogado se había abrazado con ahínco la causa de Lucero. Tanto que en su estudio jurídico, montado en el local ubicado al frente de su casa natal de Punta Alta, en Murature 625, se cobraban las cuotas de muchos vecinos que se habían “suscripto” a Los Condores y soñaban con un mejor destino para sus vidas.Echegaray ejercía además la representación legal de Lucero. Ya a mitad de 1993, cuando le llovían a su domicilio las cartas documentos de los damnificados, y hasta alguna amenaza de golpiza, se veía obligado a presentarse ante los juzgados en lo criminal de Bahía Blanca, donde se había abierto una causa caratulada “Moyano Jorge y otros sobre estafas reiteradas”. En ese escrito, Echegaray pedía una prórroga a una audiencia fijada por el juez, ya que “mi defendido se encuentra en viaje de negocios fuera del país”. Lucero nunca regresó a Punta Alta y mucho menos devolvió el dinero a quienes estaban dispuestos a trabajar en la lejana Kuwait. La causa por estafas iniciada en Bahía Blanca luego se fundió con otra semejante que se había iniciado en los juzgados de San Rafael, Mendoza, en donde Los Cóndores también dejó un tendal de víctimas. Con los años, el socio argentino de The Rendon Goup fue condenado a cuatro años de cárcel. Falleció hace algún tiempo cumpliendo esa condena. En Punta Alta todavía hoy muchos recuerdan a Echegaray como la cara visible de esa gran estafa. Los Cóndores nunca levantaron vuelo. Pero quien a los pocos meses si dejó la ciudad, rodeado de sospechas y acusaciones, fue el joven abogado. Un día cualquiera, como lo había hecho Lucero, desapareció sin dejar rastro.

Capítulo 7 - El viento frío

A las pocas semanas de haber asumido como titular de la AFIP en el verano de 2009, Ricardo Echegaray se negaba a ser entrevistado por periodistas de medios de prensa nacionales, pero invitó a un grupo de periodistas de Punta Alta a la sede central de organismo, en la ciudad de Buenos Aires. Luego del almuerzo, el enviado de El Rosaleño Digital, quizás sin saberlo, recogió el testimonio más completo sobre la vertiginosa carrera del funcionario.

–¿Cómo se siente un hombre del interior en este puesto?–Vine a acompañar un proyecto político. Es un cargo difícil, ya que uno no es la cara más simpática del Estado, sino que cumplimos el rol más duro del Estado que es el de recaudar impuestos.–¿Cómo llega a Kirchner?–En Punta Alta hice la escuela primaria, luego me fui a La Plata, a Río Santiago, al Liceo Naval Almirante Brown. Después cursé la universidad en Mar del Plata. Luego volví a Punta Alta (me había ido a los 12 años, más o menos) e instalé mi estudio jurídico en la calle Murature. Ingresé a la Aduana de Bahía Blanca y de allí fui a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, donde conocí a Kirchner. Tuve un estudio jurídico y trabajé con él como profesional y con sectores allegados al gobierno de la provincia de Santa Cruz, como abogado y funcionario de la Aduana.1

Aunque puntilloso, en aquel reportaje Echegaray no explicó cómo había logrado obtener un puesto en la tan cotizada Aduana sin tener ni estudios en la materia ni experiencia previa. Hasta fines de 1993, cuando obtuvo ese primer puesto dentro del Estado, el joven abogado de 27 años había tenido dos trabajos previos en relación de dependencia. Entre agosto de 1988 y diciembre de 1989, Echegaray fue contratado por Viviendas Amaike SRL, una firma dedicada a la construcción de casas prefabricadas de madera. La empresa fue inscripta en la Capital Federal, en un departamento de Paraguay 776, séptimo F, en la que aparecen anotadas también numerosas firmas. Curioso: el teléfono de ese departamento correspondía a la Congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Su segundo trabajo formal lo desarrolló ya de regreso a Punta Alta, en paralelo con el montaje de su estudio jurídico. Fue en el Instituto José María Estrada, un establecimiento secundario de Punta Alta manejado por los salesianos donde durante dos años, entre marzo de 1991 y diciembre de 1993, dictó clases de Educación Cívica.“Me acuerdo de que a Ricardo lo intimidábamos muy fácil en clase. Y que se negaba a que lo engancháramos sentimentalmente con la profesora solterona de Geografía. ‘Ricky’ (como le decíamos algunos) o ‘Zapatos Rotos’ (como le cantaban bajito las chicas del curso) nos preguntaba: ¿Qué es la democracia? ¿Qué forma de gobierno tiene Argentina? ¿Cuántos senadores tiene el parlamento? Si respondíamos bien a principio de año, hacíamos la plancha el resto de los días. ‘Democracia proviene del griego y significa gobierno del pueblo a través de sus representantes elegidos libremente’, le respondí de memoria en marzo. Y en diciembre tuve un 9 de promedio”. La simpática añoranza fue escrita por un periodista de Bahía Blanca que terminó la secundaria en el Instituto Estrada en 1991, y fue publicada en el diario La Nueva Provincia. "Zapatos Rotos nos daba Educación Cívica, aunque una de mis compañeras dice que en realidad la materia debería haberse llamado Educación Cínica", finaliza.2

1 http://elrosalenio.com.ar/ampliaranteriores.php?idnoticia=1868

Poco tiempo después estalló el escándalo de Los Cóndores y Echegaray se vio obligado a dejar de apuro su estudio jurídico y también su ciudad natal. Ya estaba casado con Silvana Karina Oviedo, también de Punta Alta, cuatro años menor que él. La esposa del abogado provenía de una familia humilde y trabajadora. Su padre, “Cachoto” Oviedo, había sido futbolista en el Club Rosario y sobrevivía como esforzado operario de una fábrica.“Lo de la Aduana le salió por palanca política”, aseguró un abogado de Bahía Blanca que compartió algunos casos con Echegaray por aquellos años. Sin embargo, aclaró que no fue el gobierno peronista de aquel entonces el que le hizo el favor. “Echegaray nunca fue peronista”, enfatizó. Un ex vecino, mientras tanto, recordó que el abogado esperó ansiosamente su nombramiento durante varios meses. “Recaló en Río Gallegos porque ahí ya estaba trabajando Marcelo, su hermano. Pero él en realidad quería instalarse en Ushuaia”, comentó. Esta fuente sospecha que fueron sus viejos camaradas de la Marina quienes movieron influencias para que ingresara en la Aduana. El Contralmirante Juan Carlos Martínez, que había sido interventor del organismo entre 1977 y 1983, en tiempos de la dictadura, había vuelto a ser designado allí por Carlos Menem en 1991. Y aunque logró mantenerse en ese explosivo puesto solamente hasta junio de 1992, de su cuño fue el decreto 2259/91, que estableció una nueva estructura organizativa para ese organismo. Esa decisión habilitó un largo proceso en el que se registraron muchos nombramientos. Igual de difusa fue la primera aproximación de Echegaray con el poder en Santa Cruz. Néstor Kirchner había ganado la intendencia de Río Gallegos en 1987 y cuatro años después ya trepaba a la gobernación de su provincia, de la mano de una alianza entre su novel Frente para la Victoria y el Peronismo Renovador que lideraba el diputado Rafael Flores, quien tomaría distancia muy rápidamente. Luego de una primera reforma de la Constitución provincial, en 1995 Kirchner logró su primera reelección, mientras que a nivel nacional Carlos Menem protagonizaba un derrotero equivalente. En 1999, Kirchner volvió a modificar la carta magna provincial y avanzó hacia un tercer mandato. Menem no pudo. Menem no lo hizo.Unos pocos años antes, el guarda aduanero proveniente de Punta Alta se confesaba admirador de Domingo Cavallo. El kirchnerismo luego deploraría de aquella “década infame”, pero por aquellos días todas las aguas bajaban mezcladas. Sí se sabe que quien acercó a Echegaray al kirchnerismo fue Rudy Ulloa Igor, quizás el primero de los leales que siguieron a Néstor en su escalada hacia el poder. Rudy había sido cadete y chofer del estudio jurídico que montó el matrimonio Kirchner cuando, en 1976, decidió abandonar las calles calientes de La Plata para refugiarse en el frío de Río Gallegos, a resguardo de la persecución política que en la ciudad de las diagonales sí padecieron muchos de sus compañeros de la Juventud Peronista. Y a partir de 1983, Rudy se convirtió en una pieza clave del engranaje político de ese incipiente movimiento político. Con la llegada de la democracia, Néstor habilitó de inmediato el Ateneo Juan Domingo Perón. Rudy, casi en simultáneo, inauguró la unidad básica Los muchachos peronistas. El primer local kirchnerista a la calle quedaba en la populosa barriada El Carmen, poblado sobre todo de inmigrantes chilenos que habían llegado a Río Gallegos en busca de trabajo. Los hombres hacían la faena más dura en una ciudad que por entonces no superaba los 60.000 habitantes: eran albañiles o se ocupaban de otros oficios manuales.

2http://www.lanueva.com/weblogs/blogcolectivo/comentarios/c4e161f106/1228100400/192/2678399/1cH ash%3D80d36f6c59/21807.html

Muchas mujeres de El Carmen, por otro lado, se empleaban como personal doméstico de las clases más acomodadas de la ciudad. Flores recuerda muy bien a Rudy Ulloa. “No era más que un puntero”, señaló. Los verdaderos referentes de esa incipiente corriente del peronismo santacruceño eran Néstor Kirchner y su cuñado, Armando “Bombón” Mercado, el ex marido de Alicia Kirchner. “Con ellos había que hablar. Rudy nunca participaba de las reuniones de alto nivel político”, agregó el ex diputado que, distanciado de Kirchner, migró rápidamente al Frepaso. Tanto Flores como el senador santacruceño por el radicalismo, Freddy Martínez, coinciden en que la explosión del kirchnerismo como grupo político se produjo recién a partir de la llegada de Néstor a la intendencia de Río Gallegos, en 1987. Como sucedió luego en el gobierno provincial y en el nacional, su hermana Alicia ocupó la Secretaría de Desarrollo Social y desde allí desplegó una política de claro tinte clientelista. Una vez más, Rudy Ulloa fue una pieza vital para el aprovechamiento político de los recursos que provenían del estado municipal. También en el barrio El Carmen, Ulloa habilitó un centro comunitario de carácter no partidario que actuaba como nexo entre los vecinos y el gobierno municipal. Por ejemplo, si alguien necesitaba una cama y recurría al centro, era Rudy quien elevaba ese pedido a la titular de Desarrollo Social. “En todo ese manejo Alicia era muy efectiva pero también muy despiadada: si no eras kirchnerista no recibías nada”, apuntó Flores. Luego, cuando Kirchner accede a la gobernación, ese tipo de ayudas se multiplicaría. Los memoriosos ubican en aquel paso de Kirchner por la intendencia de Río Gallegos el acercamiento a su grupo político de Carlos Zannini, actual secretario Legal y Técnico de la Presidencia. De Echegaray no había todavía noticias. Aunque algunas versiones lo ubican, ya a mitad de los noventa, trabajando como asesor jurídico del Centro Comunitario El Carmen. “Echegaray era simplemente una cara más. Nunca jugó como militante ni fue una figura relevante en el peronismo de Santa Cruz. Era Rudy Ulloa quien iba armando la estructura. Y fue Rudy quien lo convocó, porque le venía muy bien tener gente por fuera del partido”, explicaron fuentes que siguieron muy de cerca lo que acontecía en ese centro barrial. En esa lógica, Echegaray tramitó algunos casos judiciales menores vinculados con figuras del kirchnerismo, ya que las causas de peso eran manejadas directamente por Zannini, quien fue nombrado en 1998 presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, a pesar de que la ley le exigía que acreditara cinco años de ejercicio de la profesión, un requisito que no cumplía. En el caso de Echegaray, tampoco importaría la visible incompatibilidad de su tarea judicial con su trabajo en la Aduana a partir de noviembre de 1994, donde fue rápidamente reconocido como “asesor letrado” y hasta se desempeñó como “apoderado judicial del Fisco Nacional”. El abogado no tuvo reparos para vincularse con el kirchnerismo más allá de una supuesta afinidad política. Sucedió con la fundación de una radio ligada al centro comunitario. La FM del Carmen trasmitía en el 104.9 del dial y fue el embrión del grupo mediático que todavía hoy dirige el incansable Rudy Ulloa. La emisora se inauguró el 1 de agosto de 1997, con la presencia de Kirchner. Un día después el diario santacruceño La Opinión Austral informaba del acto y avisaba que la radio "...trabajará en la difusión de la importante barriada".“Por su condición de comunitaria, esa radio no podía vender publicidad ni tener actividad comercial alguna. Esa era la condición para obtener el permiso. Sin embargo, Rudy y sus socios resolvieron rápido el problema, porque abría los bloques un locutor leyendo auspicios. Era un truco para violar la ley, tenían auspicios y no avisos”, señaló

Flores. Quedaba claro: el apoyo económico desde la administración provincial era cuantioso. La vuelta de tuerca para transformar una iniciativa comunitaria en un buen negocio se produjo algunos meses después de aquella inauguración, con el diseño de una “gerenciadora” que se ocuparía de comercializar los espacios y de canalizar la jugosa pauta oficial. Aquella firma privada tuvo como uno de sus primeros socios a Ricardo Echegaray, aunque por un lapso relativamente corto. En un edicto publicado el 8 de febrero de 2001 se informaba que por escritura pública 242/00, Echegaray transfirió su cuota en la sociedad Estación Del Carmen SRL, a sus verdaderos dueños. La suma declarada en esa venta fue de 16.000 pesos. En medio de la fría ventisca de Río Gallegos, Echegaray encontró rápido cobijo dentro del kirchnerismo porque seguramente aplicó las lecciones que había recibido en sus años de formación militar. Aprendió rápido que Néstor y Cristina siempre premiaban a quienes les fueron leales y no dudaran en obedecer rápidamente alguna de sus órdenes. La nómina más completa de ese ejército de leales es, con seguridad, el listado de los funcionarios, amigos y familiares del matrimonio Kirchner que en 2004 adquirieron con inusual facilidad generosas fracciones de terrenos fiscales en la localidad de El Calafate, ubicada a 320 kilómetros de Río Gallegos, la puerta de ingreso al imponente Glaciar Perito Moreno.En 2004, violando buena parte de la legislación comunal y a espaldas de sus vecinos, el ex intendente kirchnerista Néstor Méndez cedió a través de un decreto una gran extensión de tierras del viejo aeropuerto de El Calafate a la Fuerza Aérea, que hacía veinte años ocupaba los terrenos pero nunca los había escriturado. Pero a los pocos meses, esa misma fuerza –con aprobación presidencial- traspasó esos mismos terrenos a la provincia y al municipio. Casi de inmediato, el matrimonio Kirchner y cincuenta de sus leales pudieron comprar extensos lotes al ridículo precio de 2,50 dólares por metro cuadrado, cuando los valores de mercado eran muchísimo más elevados, de hasta 120 dólares.Néstor y Cristina, gracias a aquella subasta que todavía hoy investiga la justicia (en este caso, “justicia” es sólo una palabra, ya que la fiscal de la causa es Natalia Mercado, sobrina de la pareja y también beneficiada en el festival de terrenos), adquirieron 15.000 metros cuadrados, por los que habrían pagado unos 50.000 dólares. En 2006, apenas dos años después, vendieron ese mismo terreno a 1,8 millones de dólares. Echegaray, siendo ya titular de la AFIP y ante una investigación del diario Clarín, tuvo que admitir en setiembre de 2009 que era parte de ese generoso listado inmobiliario. Para esconder sus culpas, explicó: "En la época que adquirí un predio en Calafate no era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. Trabajaba en ese momento para el Banco Interamericano de Desarrollo, que no tiene sede en Río Gallegos sino en Washington, y desarrollaba mi actividad en distintos países de Centroamérica donde cumplía las misiones que me encomendaba el banco". Aunque sea cierto que realizó algunas breves tareas de consultoría para el BID, Echegaray nunca dejó de ser funcionario de la Aduana. Y asumió la conducción de ese organismo justamente en 2004. En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente a ese año, el abogado admitió ser propietario de 1.200 metros cuadrados en El Calafate, por los que dijo haber pagado 10.000 dólares (es decir, el doble por metro cuadrado que la pareja presidencial). Y en el mismo trámite obligatorio, pero ya en 2007, informó sobre la venta de ese mismo terreno en 64.300 pesos, unos 20.000 dólares de entonces. En el kirchnerismo nunca convino desafiar al jefe, y mucho menos aconsejable era superarlo. Si por un lote en el Calafate que era diez veces más grande que el de Echegaray los Kirchner lograron en dos años una ganancia equivalente a 48 veces el

capital invertido, el jefe de la AFIP declaró ante la OA que apenas pudo duplicar su inversión en un lapso bastante más largo. Tuvo que esperar tres años para hacerlo.

Capítulo 8 – La Aduana paralela

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) nació el 14 de octubre de 1996, apenas un par de meses antes que la ONCCA. Fue luego de que el ex presidente Carlos Menem, por decreto 1156, dispusiera la fusión en un único organismo de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Administración Nacional de Aduanas (ANA). No tuvo que ver, en esta decisión, el matarife Samid. Sus andanzas de entonces parecían cosas de niños frente a los monumentales escándalos de corrupción que, a lo largo de la década de los noventa, protagonizaron diferentes gestiones que estuvieron al frente de la Aduana. La creación de la AFIP puso fin a la “época de los alfajores”. En la jerga de la Aduana, se denominó así a un lustro en el que se sucedieron allí desastrosas gestiones de jóvenes funcionarios cordobeses ligados al poderoso ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Aunque no todos los alfajores provienen de Córdoba, sonaba lindo.Para los aduaneros, la creación de la AFIP tuvo un enorme peso simbólico: por primera vez en una larguísima historia, mucho más vieja que la de la República, deberían agachar la cabeza y subordinarse a los dictados de otro organismo. En su formidable reconstrucción de la historia de la Aduana, el historiador Carlos Horacio Bruzera lamenta que “219 años de historia concluían desafortunadamente”. Y explica: “La institución fiscal más antigua de Argentina desaparecía derrotada hasta cierto punto por el indomable contrabando. Aquel antiguo delito que, puesto en práctica por los fenicios y siempre perfeccionado, llegara hasta nosotros entre arbustos costeros y arribadas forzosas para culminar con la apoteosis de la Aduana Paralela".Fueron más de 219 los años de historia de la Aduana como entidad autónoma. Otros estudiosos prefieren pensar a ese organismo como “la institución más antigua del país”, ya que consideran que “su origen se remonta a los tiempos de la conquista y colonización española”. Desde ese punto de vista, los primeros derechos aduaneros en tierras del Plata fueron establecidos por Real Cédula del 19 de julio de 1534, firmada por Carlos V a favor del primer colonizador que tuvieron estas tierras, Don Pedro de Mendoza. Aunque hubo que esperar a la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires, en junio de 1580 por Don Juan de Garay, para que la primera Aduana cobrara forma. Garay nombró al criollo Don Diego de Olabarrieta como Receptor de Rentas Aduaneras. La llegada, en junio de 1586, de mercaderías diversas a bordo de la carabela "Nuestra Señora del Rosario" resulta ser el primer registro oficial de una importación. El debut de la exportación, en tanto, se concretó el 2 de septiembre de 1587, cuando zarpó la carabela "San Antonio" transportando frazadas, sombreros y otros artículos artesanales de la región. Brasil, en ambos casos, aparecía ya como socio comercial obligado. Del contrabando no queda registro. Pero si ya en tiempos de coloniaje resultaba ser un dolor de cabeza o una tentación para las autoridades, en la década menemista se transformó casi en una costumbre. Varios escándalos y algunas muertes dudosas colocaron a la Aduana en el centro de todas las miradas. La muerte del interventor de la Aduana designado el 30 de enero de 1990 inauguró esa larga saga. Rodolfo Echegoyen era un brigadier retirado de la Fuerza Aérea que tuvo la mala suerte de ser una persona recta. El personal de la Aduana lo valoró de entrada y agradecía el respaldo que este militar –que de inmediato impuso un plan de jerarquización para los 3.500 empleados- le brindaba casi todos los días. El brigadier solía caminar por las oficinas y hablar con ellos, a punto tal que en la Secretaría de Interior, los empleados bautizaron como el "Paso Echegoyen" a un acceso entre dos mostradores por donde acostumbraba circular.

"Usted no está estructurado para estar en la Aduana. Váyase. Olvídese". Esa recomendación, según revelaron sus familiares, fue la que escuchó Echegoyen de parte del brigadier general Ernesto Crespo, ex jefe de la Fuerza Aérea, en un restaurant de Pinamar en septiembre de 1990. Echegoyen había comenzado a investigar las posibles conexiones entre sus viejos camaradas de armas y algunas empresas que operaban en el aeropuerto de Ezeiza. El jefe de la Fuerza Aérea, en aquel momento, era el brigadier general José Julia.El 5 de noviembre de ese año, Echegoyen tomó la decisión de dejar el cargo. Fue cuando leyó en el diario Clarín unas declaraciones del subsecretario de Finanzas Públicas, Raúl Ernesto Cuello. "La Aduana es un queso gruyere por el que se pierden 1.000 millones de dólares", había dicho el alto funcionario de un gobierno que ya en ese entonces impulsaba sin disimulo la privatización de buena parte de los controles aduaneros. En una de esas concesiones, la de los depósitos de Edcadassa, apareció desde las sombras el empresario Alfredo Yabrán."No entiendo cómo me han hecho una cosa así. El único que investigó la subfacturación fui yo, y justo a mí me vienen a hacer quedar como un sospechoso", se quejó el ex brigadier ante dirigentes sindicales aduaneros. Echegoyen había detectado cerca de 57 mil expedientes con “constancias de subfacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones". Sus cálculos eran peores que los de Cuello: hablaba de ilícitos por unos 1.800 millones de dólares. Por eso había pedido una investigación de las operaciones aduaneras concretadas entre 1988 y 1990.El 12 de diciembre de 1990, ya fuera del cargo y luego de participar del casamiento civil de uno de sus hijos, Echegoyen recibió un llamado telefónico y avisó a los suyos que debía dirigirse a una reunión “con gente de Aduana”. Esa misma madrugada, su yerno lo encontró muerto en su escritorio de Arroyo al 800, con un balazo en la cabeza. La tesis oficial fue que se trató de un suicidio. Sus familiares sospechan que fue asesinado. Echegoyen era diestro. Pero según las pericias se disparó con la mano izquierda.Quince días antes, el hermano de Echegoyen lo había escuchado decir: "Yo frente a la droga me paro. Se trata del futuro del país y de su juventud. Estoy reuniendo información y no me quedaré callado". Poco tiempo después de aquella muerte estalló el “Yomagate”, bautizado así porque tuvo como principal implicada a la ex secretaria y cuñada del presidente Menem, Amira Yoma. Su esposo por entonces era el sirio Ibrahim Al Ibrahim: ni siquiera hablaba castellano pero fue designado por el gobierno como responsable de la Aduana de Ezeiza. Ambos pertenecían a un grupo que se dedicaba a blanquear en el país, a través de diversas compras, varios millones de dólares producidos por el negocio del narcotráfico en Nueva York. Amira era quien hacía pasar las valijas con el dinero por Ezeiza, donde se burlaban por completo los controles aduaneros. “La mafia del oro”, que actuó entre 1993 y 1996, volvió a mostrar que el sistema aduanero estaba diseñado para cometer todo tipo de tropelías. Al amparo de varias resoluciones del Ministerio de Economía, el grupo Casa Piana envió a los Estados Unidos metales sin valor, como medallitas de plomo, como si fueran supuestos embarques de oro. Fue una "calesita" montada para cobrar indebidamente millonarios reintegros del Estado. Enrique Piana, principal acusado de las maniobras, admitió tiempo después que periódicamente sobornaba al ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, a cambio de “cobertura política”. En el primer periodo presidencial de Carlos Menem, además, se produjo la venta ilegal de armamento hacia Ecuador y Croacia: unas 6.500 toneladas de fusiles, municiones y hasta cañones del Ejército pasaron frente a los empleados aduaneros con destino a dos

países que estaban en guerra y a pesar de los embargos dispuestos por las Naciones Unidas. Por este asunto, el ex presidente Menem llegó a estar detenido unos pocos meses en una cómoda casa quinta. Pero en setiembre de 2011 fue exonerado de toda culpa por la justicia, lo mismo que otra quincena de sospechados.En 1994, como si faltaran escándalos, al subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, hermano del actual intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez, lo asesinaron de un balazo en la nuca sobre un vagón de tren, cuando regresaba a su casa. Investigaba un posible contrabando de droga en un depósito aduanero en Avellaneda. Por aquellos años hasta se llegó a acusar a un juez federal, Carlos Branca, por brindar protección a una banda de contrabandistas que operaba en Ezeiza, y que ingresaba ilegalmente palos de golf, perfumes y otras mercaderías de free shop. Gustavo Parino, uno de los jóvenes cavallistas cordobeses que protagonizaron “la época de los alfajores”, llegó a la conducción de la Aduana en 1992 y permaneció allí hasta 1995. Según una impecable investigación que llevó a cabo el periodista Daniel Otero, el principal rasgo de su gestión fue que se rodeó de un pequeño elenco de asesores de su confianza, a los que colocó en puestos claves de la conducción del organismo. Se destacó entre ellos Osvaldo Ferrer, otro cordobés que según Otero "no cumplía con un requisito administrativo menor”, que es el de haber pasado “un mínimo de dos años sin actividad como despachante de aduana”. Fue al amparo de este tipo de personajes, que atendían en dos mostradores simultáneamente, que se incubó lo que después se conoció como la “Aduana paralela”.Todo estalló de casualidad. En junio de 1995, la SIDE recibió un alerta de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) que advertía que desde un puerto de Irán se habían embarcado con destino incierto seis peligrosos misiles. La Argentina ya había sufrido dos atentados terroristas meses atrás. Convencidos de que podían estar delante de un peligroso complot internacional, los agentes de inteligencia investigaron presurosos si alguna de esas armas podía haber ingresado a la Argentina y fueron a dar a un depósito fiscal sospechoso. El contenedor de marras contenía efectivamente mercadería de contrabando, pero no misiles sino 22 toneladas de corpiños. El insólito caso motivó la primera denuncia formal en un Juzgado Penal Económico, cuyo titular era el Juez Guillermo Tiscornia. Unos meses después, la denominada “Aduana Paralela” también provocó la creación en el Congreso Nacional de una comisión investigadora. Como la gestión kirchnerista con la desaparecida ONCCA, el menemismo optó por esconder sus propias culpas bajo una alfombra. Pero como no podía disolver la Aduana, decidió fundirla con la DGI en la flamante AFIP. Fue en octubre de 1996. El 31 de diciembre de ese año, además, el ex presidente Menem ordenó por decreto 1630 a la Procuración del Tesoro, que reúne a los fiscales del Estado, que instruya sumarios disciplinarios a cerca de 500 empleados sospechados de la Aduana.El escándalo era de tal magnitud que incluso salpicaba los puntos más alejados del país. En Río Gallegos, Santa Cruz, la justicia federal también investigaba una serie de exportaciones irregulares de calamar por cerca de 800 millones de dólares, realizadas por 19 empresas pesqueras que habían cobrado reembolsos de manera indebida. Ricardo Echegaray había sido nombrado agente de esa dependencia, como guardia aduanero, a fines de 1993. El periodista santacruceño que más investigó las gestiones de Néstor Kirchner en esa provincia austral, Héctor Barabino, recuerda muy bien que lo entrevistó por un caso de contrabando de productos de electrónica desde Chile. En aquella ocasión, Echegaray le confesó su pertenencia al conjunto de funcionarios que, como Parino y su tropa, respondían ciegamente a Domingo Cavallo.

Más allá de su acomodaticio alineamiento con el poderoso ex ministro que fagocitó al extremo la retirada de la intervención estatal sobre la economía, en 1997 Echegaray era un sobreviviente de la gran purga de agentes producida en la Aduana. En el Boletín Oficial del 29 de setiembre de 1997, una disposición de la AFIP lo ratifica como Jefe de Sumarios de la Aduana de Río Gallegos. Su número de legajo era el 27605-7

Capítulo 9 – Las firmas

La sentencia del juez de Paz de Punta Alta, Norberto Aquiles Arévalo, fue emitida el 7 de mayo de 2003, luego de casi siete años de actuaciones, pericias y acusaciones. Determinó que, bajo ningún punto de vista, el vecino Daniel Ripoll debía pagar los 8.100 pesos/dólares que le reclamaba en tribunales su ex amigo y abogado, dado que el pagaré que éste había presentado ante la justicia para ejecutar esa supuesta deuda había sido confeccionado con firmas falsas. Ricardo Echegaray tendría que ganar dinero fácil en otro lado. El expediente 11679 había sido iniciado el 12 de setiembre de 1996, cuando todavía el abogado se desempeñaba como aduanero en Río Gallegos e iniciaba su enrolamiento dentro del kirchnerismo. Echegaray se presentó a la justicia de su ciudad natal reclamando la ejecución de un pagaré por 8.100 pesos (o dólares en aquel momento) supuestamente firmado por Ripoll y su esposa Elsa Tobares. Pero estos “interpusieron la excepción de falsedad de título”. Es decir, se negaban a pagar diciendo que el pagaré en poder de Echegaray era trucho.Ripoll había sido buen amigo de Echegaray en la época de Los Cóndores, y por eso le pidió que se ocupara de un juicio para determinar la sucesión de un pequeño campo familiar de 300 hectáreas. Echegaray hizo el trabajo y logró la subdivisión de esa parcela entre Ripoll y sus dos hermanos. Pero al parecer no todas las cuentas quedaron tan claras como los nuevos títulos. Ripoll dijo haber saldado todos sus honorarios profesionales. El actual titular de la AFIP no quedó conforme. Las dos fojas que conforman el expediente judicial están repletas de documentos y pericias que intentan determinar quién decía la verdad. Repletas de firmas reales y otras no tantas. El litigio estaba claro: o bien Echegaray había presentado un pagaré con firmas falsificadas o bien era Ripoll quien mentía y por lo tanto debía cancelar aquel documento de crédito, pues este sería verídico. Siete largos años pasaron antes de que se pudiera determinar la verdad. De inmediato, ante la demanda de Echegaray, Ripoll y Tobares se pusieron a disposición del juez para “la realización de una pericia caligráfica”, que el denunciante aceptó. El juez Arévalo coincidió en que la puja fuera dirimida en ese territorio: verdadero o falso, sin más opciones que esas. Pocas veces la justicia argentina tiene tan poco margen para tomar una decisión. En los folios 121/126 del expediente, un perito calígrafo de Bahía Blanca llamado Juan Akmens presentó sus conclusiones luego de estudiar detenidamente el pagaré y comparar las firmas con muchas otras aportadas por el matrimonio de acusados. Su dictamen señaló: “La firma que se le atribuye a Elsa Tobares es ajena a su autoría”. Pero al mismo tiempo aclaró que carecía “de los elementos indubitados suficientes para expedirse sobre la autenticidad de la firma atribuida a Daniel Ripoll”. Para el experto, en resumen, una firma era decididamente falsa y sobre la otra le resultaba difícil opinar. Si era falsa, se trataba de una muy buena copia.Echegaray perdió ese primer partido con un gol y medio en su contra. Pero reclamó revancha e impugnó el peritaje. Así, al único magistrado de Punta Alta no le quedó más remedio que ordenar la realización de una nueva pericia caligráfica, aunque esta vez asignó el trabajo a la Asesoría Judicial de Azul, para evitar las sospechas. Frente al nuevo análisis de las firmas, las conclusiones de la perito Marta Pedernera fueron todavía peores. La experta determinó que tanto la firma atribuida a Tobares como la que se suponía correspondía a su marido eran falsas. A pesar del dos a cero en contra, Echegaray volvió a pedir revancha y presentó una nueva impugnación, que acompañó con supuestas pericias propias. Pero el juez de Paz

se cansó de tantos partidos. “Las impugnaciones formuladas por la actora, con andamiaje en informes técnicos suscriptos por calígrafos públicos por ella contratados que arribaran a conclusiones diferentes a las de los peritos oficiales, no alcanzan -a mi modo de ver- para desvirtuar el dictamen de los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, quienes han obrado sujetos a responsabilidad procesal, civil y penal, de manera objetiva y con absoluta imparcialidad frente a las partes”.En su sentencia, Arévalo negó a Echegaray la realización de una nueva pericia y puso fin al pleito. En dicho documento, además, el juez defendió con énfasis la actuación de los peritos del Estado y objetó a quienes supuestamente habían realizado las mismas pericias a pedido de Echegaray. Como las firmas del pagaré, estas actuaciones también estaban sospechadas de ser truchas. La mejor evidencia al respecto era que, en el apuro por impugnar las actuaciones, Echegaray había abusado del “copie y pegue” desde otra causa semejante y olvidó colocar los nombres de Ripoll y Tobares arriba de otros nombres que figuraban en la pericia que presentaba. Pedernera, la perito de Azul, se enojó tanto que calificó la actitud de Echegaray como “un exceso atentatorio de las normas de ética” de la profesión judicial, y pidió enviar los antecedentes del caso “al tribunal competente del Colegio de Abogados”, para que evaluara si no eran lo suficientemente graves como para quitarle la matrícula al ambicioso abogado. Pero al juez le pareció que esa reacción era algo exagerada. El 7 de mayo de 2003 Arévalo dictó su sentencia: Ripoll zafó de pagar y Echegaray se quedó con las ganas, pues había quedado demostrado que el bendito pagaré había sido confeccionado con firmas falsas. El aduanero, eso así, debió abonar las costas del largo proceso. Unos pocos días antes de aquella sentencia, en las elecciones presidenciales del 27 de abril, Néstor Kirchner se había alzado con el 22% de los votos en las elecciones presidenciales y quedaba un par de puntos debajo de quien resultó ser el ganador de aquella primera vuelta, el ex presidente Carlos Menem. Pero siete días después del fallo judicial, el 14 de mayo, el político riojano anunció su renuncia a competir en el balotaje. Kirchner se consagraba así como el nuevo presidente de los argentinos. Echegaray, que había intentado cobrar una deuda utilizando un pagaré con firmas falsas, ya se relamía soñando con el desembarco en la política grande, pergeñaba su nuevo destino en la Capital Federal. La azarosa vida política de este país le daría una rápida chance de revancha.

Capítulo 10 – La Primera

Finalizaba 2003 y Ricardo Echegaray se sentía por primera vez defraudado por su jefe político. El 25 de mayo de ese año Néstor Kirchner había llegado a la Casa Rosada junto con un extenso séquito de funcionarios, familiares y amigos que muy rápidamente lograrían cargos claves de la administración nacional. Pero a él, pese a las reiteradas promesas de Rudy Ulloa Igor, todavía no le había tocado nada. Aquella primera avanzada kirchnerista sobre los casilleros del Estado únicamente encontró un límite en la persistencia de la alianza política con Eduardo Duhalde, la misma que permitió que por primera vez en la historia un dirigente patagónico se sentara en el sillón de Rivadavia. El ex presidente que habilitó ese milagro político todavía no era considerado “El Padrino” por sus ahijados, las huestes llegadas del sur. Y así, el primer gobierno de Kirchner arrancó con alguna dosis de moderación. El ministro de Economía Roberto Lavagna permanecía en su cargo, al igual que cerca de 200 secretarios y subsecretarios que habían enfrentado la crisis más severa de la Argentina, una crisis provocada por el fin de la convertibilidad, la posterior devaluación y la sucesión de cinco presidentes en los primeros días de 2002. Frente al aluvión santacruceño, los verdaderos hacedores del “modelo” conservaban todavía cierto margen de respeto. La crisis ya iba quedando detrás; se iba apagando también el ruido de las cacerolas que reclamaban “que se vayan todos”. El grupo político que gobernaba Santa Cruz desde 1993 había definido no irse y mantener el poder en la provincia, mientras aprovechaba la crisis para avanzar algunos casilleros. Las cacerolas no sonaban para los Kirchner. Dio cuenta de eso la feroz golpiza que un grupo de militantes comandado por Rudy Ulloa Igor propinó a unos pocos vecinos de Río Gallegos que el 26 de abril de 2002 se había manifestado en la céntrica esquina de Roca y San Martín. Rudy y su grupo de choque los esperaron provistos de palos, fierros y mangueras en las oficinas de la Estación El Carmen, en Errázuriz 395. Y les salieron al cruce cuando los manifestantes pasaron por allí: “fue una sensacional pateadura que contó con la colaboración de funcionarios públicos y de una zona liberada”, relató un testigo de los hechos.Aquella misma tarde, el escritor y periodista Miguel Bonasso se encontraba de visita en la capital santacruceña para formar parte de la inauguración de la Feria del Libro provincial. Bonasso, uno de los primeros referentes que a nivel nacional abrazó el sueño presidencial de Néstor, al día siguiente de la golpiza brindó una conferencia de prensa junto con Cristina Kirchner para hablar sobre ese evento literario. Cuando Milagros Pierini -una histórica docente de la ciudad que además era la principal referente del movimiento local por los derechos humanos- quiso preguntar por lo qué había pasado horas antes, Cristina dio por terminada la reunión. Unos años después, Bonasso sería uno de los primeros en abandonar el barco kirchnerista. “Grupo Calafate” había sido bautizada la primera nave insignia que puso proa hacia el sueño presidencial de Kirchner en 1998. Sin embargo, un año después se había diluido al dar apoyo a la candidatura de Duhalde. En 2002 se puso de nuevo en movimiento, detrás del proyecto de convertir a Néstor en figura presidenciable. En los meses previos a su llegada al poder eran constantes las reuniones de ese grupo político en la Casa de la Provincia de Santa Cruz en Buenos Aires. Carlos Zannini, Alberto Fernández, Rudy Ulloa Igor, Sergio Acevedo, Dante Rovena, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Carlos Kunkel solían asistir a esos encuentros donde se iba definiendo el reparto del poder. Echegaray concurrió a varios de ellos, pero sin lograr otra cosa que vagas promesas.

Mucha mejor fortuna tuvo un joven que, como él, había sido extranjero en Santa Cruz y se convirtió al kirchnerismo en la unidad básica de Rudy Ulloa: en mayo de 2003 Claudio Uberti fue nombrado director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), bajo las órdenes de De Vido. En agosto de 2003 Echegaray había quedado a mitad de camino entre Río Gallegos y Buenos Aires, varado en la ventosa Comodoro Rivadavia. En un correo electrónico que envió a un viejo amigo de Punta Alta, al que había impulsado a trabajar activamente a favor de la candidatura de Kirchner, le comentaba su triste situación. Esa misiva también confirma que, en el entramado del poder santacruceño, Echegaray respondía a una única persona: Rudy Ulloa Igor.

-Tenía todas las esperanzas puestas en la DGA (por la Dirección General de Aduanas) y con ese pequeño espacio solucionar parte de los compromisos asumidos. De todas maneras, todavía estoy igual que antes de las elecciones, pero tengo esperanzas de solucionar algo antes de fin de año. Ya en Buenos Aires me abocaré a canalizar tus inquietudes, salvo que Rudy –amigo K- solucione antes alguno de los compromisos que asumió.

Ya se ha dicho: más allá de los bríos del Grupo Calafate, aquel primer kirchnerismo debía conservar cierto equilibrio, en especial frente al hombre fuerte de la economía de la post crisis. Y es que apenas dos días después de la asunción de Kirchner, Lavagna definía la continuidad de sus principales colaboradores y apenas realizaba algunos cambios: el economista Carlos Mosse fue designado secretario de Hacienda en reemplazo de Jorge Sarghini, Alberto Dumont era nombrado en la Secretaría de Industria, Miguel Campos en la de Agricultura y una mujer, Felisa Miceli, se hacía cargo del Banco Nación. Pero el titular de Economía confirmaba en sus puestos al secretario de Finanzas y principal negociador de la deuda externa, Guillermo Nielsen, y a los titulares de Política Económica Oscar Tangelson y del área Legal y Técnica, Eduardo “El ratón” Pérez. Un renovado Lavagna, finalmente, ratificó al técnico que él mismo había propuesto en 2002 para hacerse cargo de la AFIP y de la salud financiera de un Estado que un año antes había quedado vacío, casi quebrado: Alberto Abad. El funcionario, por ese entonces, ya podía exhibir varios récords sucesivos en las cifras de recaudación. Para Kirchner, tener disponibilidad de plata era una prioridad. Y Abad se la aseguraba.Dentro de la AFIP, Abad aprovechó el recambio presidencial para eyectar al titular de la Aduana Mario Das Neves, quien estaba envuelto en algunos escándalos y quería ser gobernador de Chubut. Al frente del organismo fue designado el economista José “Pepe” Sbatella, a la sazón la única pieza del nuevo equipo económico que había sido consensuada con el kirchnerismo. De inmediato, Sbatella le ofreció a Echegaray convertirse en su “asesor”, pero herido en su orgullo, el abogado dijo no. En aquel reparto, hasta un tocayo de Echegaray tuvo mejor fortuna. Ricardo César Echegaray, un economista que había sido gerente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior en 1998, que realizó diferentes estudios sobre la materia para FLACSO y que años después comenzó a trabajar en la consultora Ecolatina -fundada por Lavagna- había sido designado como nuevo Director Nacional de Industria.Recién unos meses después, en agosto de 2003, el Echegaray que nos ocupa fue nombrado administrador de la Aduana de Río Gallegos, donde había comenzado a trabajar diez años antes. Su designación fue claramente política, pues se produjo salteando todas las jerarquías y los concursos previstos para el personal aduanero. Luego, en febrero de 2004 y en iguales circunstancias, fue nombrado director regional

para toda la Patagonia. Recién entonces dejó Río Gallegos y se mudó con toda su familia a una casa que compró en la calle Egidio Feruglio al 6900, en el Barrio Güemes de Comodoro Rivadavia. Aunque pareciera, ese nuevo veloz ascenso no había sido un premio: Echegaray todavía debía completar su foja de antecedentes.Hasta que algunos años después aprendió que podía ignorar las denuncias periodísticas y de políticos opositores simplemente tildando a unos de “monopólicos” y a otros de “místicos” o “fabuladores”, el kirchnerismo pasó por varios sofocones. Para superar uno de esos primeros escándalos fue necesario movilizar a Echegaray a tan alto cargo regional. Más que pagarle por los anteriores, Rudy Ulloa necesitó nuevamente de sus servicios. A principios de 2003, la líder por el ARI Elisa Carrió comenzó a denunciar la vinculación que existía entre el extraño asesinato de un empresario pesquero de Puerto Madryn con la empresa pesquera más importante del país, la española Conarpesa. El 30 de enero de ese año a Raúl “Cacho” Espinosa, uno de los propietarios de Pesquera San Isidro, lo mataron de un disparo cuando llegaba a su domicilio en esa ciudad de Chubut. Carrió se obsesionó con el caso porque dos meses antes había estado reunida con el empresario.Una primera investigación judicial determinó que sus presuntos asesinos habían sido sicarios contratados por José Remigio Guevara, el custodio de Fernando Alvarez, titular de Conarpesa. Y además se pudo averiguar que esa misma firma había pagado el traslado y el hotel de tres personas que trabajaron en la organización de ese crimen. Antes de fundar su propia pesquera, el empresario asesinado había sido vicepresidente de Conarpesa. “El móvil del crimen parece demasiado obvio. Los Alvarez trataban de quedarse con Pesquera San Isidro. Espinosa daba pelea y sabía demasiadas cosas”, decía un informe del ARI que por aquellos meses hizo mucho ruido en la política doméstica.El trabajo no se quedaba en el episodio delictivo. La investigación del ARI avanzó hasta determinar el vínculo existente entre Conarpesa y la empresa local Pescafina, cuyo representante era Héctor Antonio, hijo del empresario peronista Jorge Antonio, uno de los dueños de Estrella de Mar, una firma vinculada a un renombrado caso de narcotráfico sucedido en los años ochenta que se conoció como “Operación Langostino”. Todavía peor, en ese primer informe Carrió denunció que Conarpesa había sido favorecida por varias decisiones tomadas por el gobierno de Santa Cruz, en especial el usufructo casi en exclusividad del estratégico puerto de Caleta Paula y hasta la financiación para construir allí una planta para aprovechar las vísceras del calamar que capturaba la compañía, extrayendo de ese desecho el saludable ácido Omega 3. Esa fábrica nunca llegó a producir a pleno. Pero su inauguración, en julio de 2002, fue una fiesta popular de la que participaron Néstor y Cristina Kirchner. En ese contexto, Echegaray fue enviado de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia. La urgencia obedeció a que desde la División Fiscalización Operativa de esa Dirección Regional Aduanera, el 3 de febrero de 2004 se había emitido una nota interna que advertía: “Se estaría ante indicios firmes de una operación irregular, que podría haber provocado (...)un giro no declarado de divisas por un monto superior a los $ 460.000, pudiendo incrementarse dichos valores según se amplíe el universo investigado, con derivaciones tanto en la esfera aduanera como impositiva...”. La firmante de aquella nota era Beatriz Carballal, quien había accedido a la jefatura regional por concurso. Y la empresa investigada por el presunto ilícito no era otra que Conarpesa. La Aduana estaba metiendo las narices en dnde no correspondía: Carballal fue despedida inmediatamente de su cargo y Echegaray la reemplazó.

La investigación que se debía silenciar apuntaba a detectar posibles irregularidades en el pago de reembolsos a las exportaciones que por ese entonces cobraban las empresas que operaban desde los puertos patagónicos. La Aduana de Puerto Madryn había puesto bajo la lupa un total de 1.700 operaciones de exportación y detectó que en 215 casos se había solicitado ese estímulo fiscal de manera irregular. Los pagos indebidos realizados por el Estado trepaban a 2,5 millones de dólares.El diario Crónica de Comodoro Rivadavia publicó el 4 de mayo de 2004 un artículo que por primera vez vinculaba la maniobra detectada con la denuncia hecha por Carrió. “Conarpesa presentaba documentación sobre los productos a exportar, pero no era esta firma la que realizaba la exportación sino que se hacía a través de Stations Internacional Corporation, con destino a Panamá, pero la realidad marcaba que la mercadería tenía como destino España, según el cruce de información realizado por la Aduana con su similar de España”, decía aquel informe. En la península ibérica, la empresa receptora de los cargamentos no era otra que Pescafina. Frente a las evidencias del caso, Echegaray brindó una conferencia de prensa en la que que exculpó a quienes supuestamente se estaban aprovechando del Estado. Según ese mismo artículo periodístico, “el funcionario advirtió que si bien el Estado había pagado en forma indebida, las empresas estaban obligadas a restituir el dinero, al tiempo que advirtió que la falla era de los controles y no de las empresas”. El 6 de mayo de 2004 el agente aduanero Guillermo Bonaparte –amigo de la echada Carballal que había comandado la investigación– hizo en primera persona lo que debía haber hecho su nuevo jefe, según lo determina el artículo 23 del Código Aduanero: ante un ilícito comprobado, el funcionario está obligado a presentar una denuncia ante la justicia. Bonaparte presentó una denuncia penal contra Conarpesa, por probable contrabando. Y en esa misma acción también denunció a Echegaray por “probable encubrimiento de contrabando, agravado por su condición de funcionario público”. Como era de imaginar, la denuncia no prosperó.A las pocas semanas de aquel episodio, el ARI publicó una segunda investigación, dedicada a bucear en el financiamiento de los partidos políticos durante la campaña electoral de 2003. Allí denunciaba que “existen evidencias de la participación de Conarpesa en la campaña electoral de la fórmula Kirchner-Scioli”. Y señalaba que los aportes de la pesquera no solo habrían sido en efectivo, pues hasta el equipo de basquet perteneciente a la empresa ibérica, Conarpesa de Puerto Madryn, había utilizado durante todo la campaña electoral una camiseta que llevaba impresa la leyenda “Kirchner 2003”.Siete años después, en julio de 2011, Carrió debió declarar en el juicio por el asesinato de Cacho Espinoza, una causa semiparalizada por la que ya habían pasado 16 jueces diferentes. En su declaración recordó la conversación que mantuvo con el empresario poco antes de que fuera asesinado. “Él habló de lo que eran las coimas para los permisos de pesca en Chubut y en Santa Cruz, cómo los políticos cobraban, cómo se quedaban con los permisos de pesca nacionales de los viejos barcos amarillos y ahí ponían congeladores. Habló de la depredación del mar y decía que Conarpesa tenía una zona liberada”.Siete años antes, en el frío de Comodoro Rivadavia, Echegaray volvía a tener confianza en sí mismo y en su futuro. Todavía no había accedido al gran cargo que soñaba tener en Buenos Aires, pero había logrado neutralizar la incipiente investigación de la Aduana por el presunto contrabando cometido por Conarpesa. Esa muestra de lealtad, en la lógica del kirchnerismo, tenía mayor importancia que un puesto: Echegaray había dado sobradas muestras de que estaba en condiciones de jugar en primera.

Capítulo 11 – Los diplomas

El chubutense Mario Das Neves fue nombrado director de la Aduana en los días más calientes de 2002 y allí permaneció durante todo el gobierno de transición encabezado por Eduardo Duhalde.Durante ese lapso, los comunicados de prensa de ese organismo lo mencionaron siempre como “Doctor” e incluso así lo presentaron en la resolución 4/2003 del Ministerio de Economía firmada por Roberto Lavagna el 27 de mayo: “Acéptase la renuncia presentada por el doctor Mario Das Neves”, afirmaba aquel documento. Tiempo después, Das Neves era elegido gobernador de su provincia y una investigación periodística demostraría que nunca se había recibido de abogado ni tenía otro título universitario, aunque no fue necesario indagar demasiado pues en la propia página web del Gobierno de Chubut se admitía, en la sección “currículum del gobernador”, que Das Neves había cursado solamente un 80% de la carrera de abogacía.Es una anécdota, ni más ni menos grave que la que tuvo como protagonista a Fernando Villaverde, la mano derecha de Ricardo Echegaray en la ONCCA y en la AFIP, quien cobró sobresueldos ostentando un título de abogado que no tenía. Ya se mencionó que Echegaray y Villaverde fueron compañeros de estudios en Mar del Plata: el primero completó la carrera con un 6 de promedio y el segundo no terminó la carrera universitaria. Al mando de la Aduana, luego de la renuncia de Das Neves y ya en la era kirchnerista, quedó José Sbatella, quien no necesitaba exagerar ningún mérito académico porque los tenía. Este economista había encabezado la DGI en 1989, fue director de Rentas de la Provincia de Buenos Aires y pertenecía al reputado Instituto de Investigaciones Fiscales y Económicas (IEFE). Algunos dicen que Sbatella estaba “medio loco”, pero sabía y era un profesional calificado. Sbatella entró rápidamente en colisión con el titular de la AFIP Alberto Abad. No solo porque de inmediato comenzó a quejarse por la subordinación de la Aduana a su organismo sino además porque en público no ocultaba que el control en las fronteras seguía siendo, como en los años noventa, un verdadero colador. “Muchas de estas cosas ocurren porque se tomaron medidas a propósito, todo se hizo a propósito para favorecer esa locura importadora que arrasó con la economía nacional durante el gobierno menemista", reconoció Sbatella al diario platense El Día a poco de asumir, a mediados de 2003.El flamante funcionario, en aquel artículo, también se quejaba del desmantelamiento de la Policía Aduanera, que de 400 efectivos había pasado a tener menos de un centenar de hombres y a operar sin infraestructura. "Debemos crear una Policía Aduanera en serio, no ésta que tenemos ahora, con poca gente, con autos viejos. Vamos a poner en marcha un plan para fortalecer la Policía Aduanera y convertirla en una verdadera fuerza de seguridad, con una carrera de estudios de por lo menos dos años de duración, para jerarquizarla", proclamaba Sbatella. En aquel momento ni al principal funcionario de la Aduana se le requería una formación tan completa. Luego de muchas desinteligencias –que incluyeron una sorda disputa por la empresa que debía proveer a la Argentina de los scanners aduaneros que exigía Estados Unidos a sus socios comerciales luego del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001–, Abad le reclamó la renuncia al cargo. Sbatella resistió, pero finalmente debió irse a fines de julio de 2004. "El proceso de transformación implementado en el área tributaria continuará inexorablemente en el área aduanera", avisaron desde la AFIP. Pero no sería así: el presidente Néstor Kirchner aprovechó rápidamente la situación para promover a uno de los suyos. Y Abad, a regañadientes, debió aceptarlo. Por

recomendación de Rudy Ulloa, Echegaray finalmente llegaría al cargo que tanto había esperado. A quien quisiera escucharlo, por esos días Echegaray decía que con tan solo 38 años a cuestas se había preparado intensamente en los últimos años para ocupar el máximo cargo de la Aduana. Y era cierto, ya que a principios del nuevo milenio y a raíz de la ofensiva de la AFIP contra la llamada “Aduana Paralela”, Echegaray fue separado un tiempo de sus responsabilidades y aprovechó su “congelamiento” para estudiar. Esa verdad, sin embargo, se convierte en parcial ya que ese proceso de estudio no fue tan intenso como él decía. La designación de Ricardo Echegaray en la Aduana se concretó el 2 de agosto de 2004. A los pocos días de su desembarco, el flamante director de Aduanas otorgó una entrevista al diario La Nación. El periodista Leandro Uría se sorprendió con la gran cantidad de diplomas (19 en total) que adornaban las paredes de su despacho. "A la operación la conozco desde abajo. Mis compañeros me hicieron pagar mucho derecho de piso", le aseguró Echegaray. Por cierto, luego de interminables intervenciones, el abogado era el primer funcionario de origen aduanero que llegaba a ocupar la máxima jefatura del organismo en casi treinta años.-¿Qué significa que se haya recurrido a ‘gente de la casa’?-, le preguntó Uría. “Para nosotros es una oportunidad histórica. Tenemos la oportunidad de generar cambios y transformaciones con una visión estratégica de un servicio aduanero más moderno”-, respondió exultante Echegaray. Luego contó que había realizado “una serie de posgrados” en España, y que fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) para implementar mejores controles en fronteras calientes, como las de Ecuador y Nicaragua. Este último trabajo como consultor de organismos multilaterales le demandó unas pocas semanas durante el año 2001. Casi tanto tiempo como el que dedicó a una formación académica supuestamente frondosa y que incluyó más horas para hacer turismo que otra cosa. El curriculum vitae que el flamante director general de Aduanas distribuyó a los medios de comunicación por aquellos días resultaba impactante. Además de su título de abogado, Echegaray declaraba tener varios posgrados. El primero de ellos en Comercio Exterior y Economía Internacional, el segundo en Derecho Tributario Internacional, y un tercero en Finanzas Internacionales. Todos habían sido cursados en la prestigiosa Universidad de Barcelona. Además, declaraba haber participado del “Seminario Superior de Fiscalidad Internacional” dictado en el Instituto de Estudios Fiscales de España con sede en Madrid. Echegaray, además, decía de sí mismo que era “especialista en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas” y “Especialista nacional avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico” gracias a unos breves cursos que tomó en 1996 en la Universidad Católica de Salta.“Todo eso era falopa, era hacer turismo con goce de haberes”, relató un viejo aduanero que conoce de cerca el trabajo de la Asociación Mutual Federal Empleados de la AFIP, que brinda servicios para los trabajadores del organismo. En abril de 1996, esta mutual creó el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas (IEFPA): conducido por Raúl Roa, ese instituto es definido como “un centro de estudios sin fines de lucro, dedicado al análisis e investigación de las ciencias que conforman las Finanzas Públicas”. Echegaray trabajaba todavía en Río Gallegos cuando aparecieron las primeras becas del IEFPA, financiadas por la propia AFIP y concretadas merced a un precario acuerdo firmado en 2000 entre ese instituto y la Universidad Nacional de La Matanza. Los empleados de la AFIP podían solicitar esas becas, Echegaray lo hizo y la obtuvo.

“En el marco de un convenio suscripto en diciembre de 1998 con el Instituto de Fiscalidad Internacional de la Universidad de Barcelona se han realizado tres ediciones del Curso de Posgrado Universitario en Derecho Tributario Internacional y la Maestría en Derecho Tributario, ambos dirigidos por el catedrático de la Universidad de Barcelona, Tulio Rosembuj”, informaba en sus balances académicos el IEFPA. En Barcelona, Echegaray participó primero de un “curso de posgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional” dictado en el año 2000. Luego volvió a España, esta vez a Madrid, para cursar el “Seminario Superior de Fiscalidad Internacional” dictado por el profesor Teodoro Cordón Ezquerro que se realizó entre el 4 y el 15 de setiembre. Ese curso obligaba al alumno a cumplir 52 horas cátedra. Luego, en 2001, Echegaray integró un nuevo lote de diez alumnos argentinos que participó en Barcelona del “Curso de Posgrado en Derecho Tributario Internacional”, que duró del 4 al 22 de junio. Ese mismo año, el “Master en Derecho Tributario” que constaba de 40 horas cátedra en Buenos Aires y 190 en Barcelona lo obligó a viajar nuevamente a la ciudad española entre el 3 y el 28 de septiembre.En total, el actual titular de la AFIP debe haber utilizado algo menos de sesenta días de su vida para construir su apabullante foja de antecedentes académicos. Y otro tanto hizo quien luego fuera una de sus principales colaboradoras, la ex empleada de la Aduana de Ushuaia, Silvina Tirabassi, protagonista de otra meteórica carrera en el organismo pues sucedió a Echegaray en 2008, cuando éste se vio obligado a dejar el cargo. En la Aduana, merced a los buenos oficios de su mutual, el currículum se arma con bastante poco esfuerzo.Recién el 20 de septiembre de 2005, por resolución 707, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) otorgó valor oficial a los cursos del IEFPA y la Universidad de La Matanza al “acreditar la carrera de Maestría en Finanzas Públicas”. Para ese entonces Echegaray ya estaba al frente de la Aduana y sus diplomas eran generosamente expuestos en las paredes de su despacho.

Capítulo 12 – El canal blanco

Cuando llegó a la cima de la Aduana, a principios de agosto de 2004, Ricardo Echegaray tuvo que convivir no solo con la mala fama del organismo sino también con algunas herencias prácticas de los años noventa. Su ex jefe, Gustavo Parino, había aplicado varias reformas estructurales en los modos en que se ejecutaba el control de las mercaderías y personas que atravesaban las fronteras. Todas esas reformas habían apuntado a desregular, a dejar fluir la economía, a no entorpecer una globalización abrumadora. Echegaray no podía deplorar de aquellos cambios, pues los había pregonado durante su paso por la UPAU, por la UCeDé y hasta durante su breve estadía en el cavallismo. Fue protagonista y convivió con ellos.La resolución 9747 de 1992 habilitó la figura de los depósitos fiscales privados, una suerte de tercerización salvaje. Los viejos galpones de Puerto Madero en adelante se utilizarían para albergar caros restaurantes y coquetas oficinas, muchas de ellas de funcionarios kirchneristas. Cuando en 1997 el ex titular de la AFIP Carlos Silvani expuso en el Congreso Nacional sobre el escándalo de la Aduana Paralela, reconoció que el 65% del negocio del comercio exterior estaba “en manos de 1200 importadoras y 300 exportadoras” que realizaban tareas de la administración aduanera, de las cuales muchas eran empresas fantasma. Una resolución clave de la ola liberalizadora fue la 1162, que dio origen a la llamada “Verificación Selectiva” de los embarques que ingresaban a territorio aduanero. Esta figura dio por tierra con la teoría de que debía revisarse toda la mercadería. Reemplazó esa estrategia por otra de control más bien peligrosa, en la que comandaba el azar. Los operadores comenzaron a jugar a la perinola. Si salía “Canal Verde” quedaban liberados de todo tipo de control y con el “Canal Naranja” únicamente les era requerida la documentación. Pero si tenían la mala fortuna de que les tocara el “Canal Rojo” eran objeto de un control riguroso por parte de la Aduana, que no solo exigía los papeles sino también metía sus narices en la mercadería. Como en la privatización de los teléfonos, el petróleo o la línea aérea de bandera, el argumento de quienes impulsaron estos cambios de fondo era que el Estado no estaba en condiciones de hacer bien todas las tareas que tenía encomendadas por falta de presupuesto, de personal y de conducta. Las mismas razones se esgrimieron para privatizar las terminales portuarias y los aeropuertos. En el país de los extremos se concesionaron 33 aeropuertos a un único operador, Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) del empresario Eduardo Eurnekián. “Tenemos la seria presunción de que tras el velo del Canal Verde se encubren gruesos errores fiscales”, advirtió el 3 de marzo de 1993 el Sindicato del Personal Aduanero (SUPARA) en una carta dirigida a Parino. Nadie escuchó nada. Diez años después, ni Echegaray ni ninguno de los demás administradores de la Aduana en tiempos del kirchnerismo intentó revertir aquel proceso de desregulación. Solamente se impusieron algunos retoques, pero que casi nunca sirvieron para recuperar el rigor que debería tener la intervención estatal. A menos de dos meses de la asunción de Echegaray en la Dirección General de Aduanas, el 16 de septiembre de 2004, cuatro valijas fueron interceptadas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Había salido de Ezeiza pero no llevaban ni yerba mate ni dulce de leche sino 60 kilos de cocaína. Las “valijas voladoras”, como se las llamó desde entonces, habían cruzado el océano a bordo de uno de los aviones de una aerolínea fuertemente subsidiada y beneficiada por el gobierno de Néstor Kirchner. Se llamaba Southern Winds (SW) y había absorbido casi 800 empleados de las malogradas empresas Lapa y Dinar.

Recién un mes después de aquel episodio el presidente de esa compañía, Christian Maggio, realizó una denuncia judicial en contra de Walter Beltrame, empleado de la empresa a quien se acusó de ser el responsable del envío de droga a España. Su padre era el brigadier Alberto Beltrame, jefe de seguridad del aeropuerto de Ezeiza. Era un asunto gravísimo, pero el escándalo estalló recién a los cinco meses de realizado el ilícito. El 13 de febrero de 2005 la periodista Alejandra Rey publicó una nota en el diario La Nación revelando el suceso.En su meticuloso libro “Globalización, Estado y narcotráfico. El caso Southern Winds”, el politólogo Norberto Emmerich describe que en el aeropuerto de Ezeiza funcionaban 150 cámaras de seguridad, había perros entrenados para detectar drogas y scanners operados por personal del Estado, y que allí actuaban decenas de agentes de la Aduana, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), la Fuerza Aérea, la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Migraciones y la Policía Aeronáutica Nacional (PAN). Nadie, sin embargo, se enteró a tiempo de la salida del país de tres valijas con 60 kilos de cocaína (o si alguien se enteró, no lo dijo).Tampoco los controles funcionaron a su llegada. Un mes antes de que el cargamento fuera hallado en Barajas, la estadounidense Drug Enforcement Agency (DEA) había informado que tenía bajo sospecha a la empresa SW. Y pidió a los organismos argentinos de seguridad investigar una supuesta ruta de la droga entre las ciudades de Tacna (al sur de Perú), Córdoba, Buenos Aires y Madrid. A pesar del poco atractivo comercial, SW obtuvo una licencia para operar esa ruta por obra y gracia del ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Extrañamente altruista, la aerolínea aérea aceptaba llevar valijas aunque estas no siempre estuviesen acompañadas de su correspondiente pasajero. Sobre el suceso hubo un inexplicable silencio. SW se enteró al instante del hallazgo de las cuatro valijas llenas de droga detenidas en Madrid. Y lo mismo sucedió con todos los organismos responsables de enfrentar el contrabando y combatir el narcotráfico. Pero nadie actuó frente al hecho ni pareció preocuparse. Hasta el presidente Kirchner dijo haberse enterado recién en febrero de 2005, casi como el resto de los argentinos.Si Kirchner no se enteró, como dijo, fue porque nadie le contó lo que sucedía. En el trascurso de la investigación judicial se supo que la Aduana fue avisada del caso unos pocos días después e inició una supuesta “investigación secreta”. Pero no presentó ninguna denuncia ni buscó a los responsables de no controlar sino hasta después de que el tema llegó a la tapa de los diarios.Tras la denuncia de SW, el juez encargado de la causa era el mismo que tiempo antes había tenido que investigar al matarife Alberto Samid: Carlos Liporace. Frente a la evidencia de que en Ezeiza hubo una “zona liberada” para el narcotráfico, Liporace describió: “Todo indica que ese no fue el primer embarque que se hizo”. En rigor, en otro juzgado se investigaba el caso de Florencia Bulgarelli Maqueda, una azafata de SW que fue apresada en Ezeiza debido a su generoso busto: escondía en el corpiño 700 gramos de cocaína. La mujer era novia de Walter Beltrame, el acusado de enviar las valijas voladoras a España. Como se señaló anteriormente, la Aduana supo del episodio SW a los pocos días. “No le voy a decir que me enteré el mismo 18 de setiembre, pero el 24 o 25 seguro”, confió un empleado aduanero de Ezeiza a la revista Noticias, cuando estalló el escándalo. En definitiva, había sido bastante antes de que el presidente de SW Juan Maggio hiciera la denuncia judicial. Pese al visible encubrimiento, el juez Liporace solicitó la colaboración de la Policía Aduanera para que lo asesorara técnicamente. Echegaray recién habló públicamente del caso el 18 de febrero de 2005, luego de que se hiciera público, en una entrevista publicada por el diario Clarín. Allí admitió que habían

fallado en los controles, pero, como en el caso Conarpesa, no señaló culpables sino que buscó excusas en las fallas del propio Estado. Defendió a la Aduana argumentando que “durante los noventa se armó un tabicaje para que nos retiremos de los primeros controles de exportación”. Y confesó: “Cuando la Aduana quiere investigar equipajes tiene que pedirle autorización a AA2000 y a la Fuerza Aérea”. Así, desde el razonamiento del titular de la Aduana, la culpa de que entraran al país decenas de kilos de cocaína que después fácilmente fueron exportados a España, había sido del concesionario del aeropuerto, de la empresa aérea Southern Winds y de las empresas privadas de seguridad que ésta contrataba para revisar los equipajes que se cargaban en sus aviones. El Estado no tenía que ver. Recién en una segunda instancia, Echegaray echaba culpas sobre la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) que dependía de la Fuerza Aérea. En aquella nota, Echegaray terminó prometiendo que trabajaría para que el Estado “vuelva a tener presencia en la primera línea de control de equipajes de salida del país”.En la misma sintonía, el ex presidente Kirchner reaccionó al escándalo echando al jefe de esa arma, Brigadier General Carlos Rohde y a otros trece brigadieres de un total de 22 con que contaba la Fuerza Aérea.El escándalo le sirvió al kirchnerismo para castigar a un sector que todavía no dominaba. En reemplazo de la vieja PAN, surgió la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al frente de la cual Kirchner colocó al especialista Marcelo Saín. Kirchner, además, tuvo que romper los vínculos que unían al Estado con Southern Winds, que irremediablemente, sin los 7 millones de pesos mensuales de subsidios que recibía para cargar combustible, se vio condenada a desaparecer del mapa aéreo.Vale la pena, en este punto, retomar las conclusiones del libro de Emmerich. “El desorden institucional en Ezeiza auspiciaba la aparición de manejos corruptos e ilegales. Pero no fue una red institucional de corrupción la que hizo pasar 60 kilos de cocaína por la terminal aérea sino todo lo contrario. Ese tránsito de droga implicaría un alto grado de coordinación, en contraste con el desorden institucional que permitía el tránsito de cualquier mercadería por Ezeiza sin que ninguna agencia pudiera notarlo, impedirlo ni comprenderlo”.3

Y sigue: “El caso argentino tiene una vuelta de tuerca, con un Estado intervencionista preexistente tan amplio como inútil, que cargaba con muchas responsabilidades sin cumplir acabadamente con ninguna. En ese marco la discusión sobre la corrupción se solucionaba con menos Estado para más transparencia. Los ’90 se plantearon suprimir regulaciones que no funcionaban y que sólo servían para multiplicar las agencias involucradas en un tema. Ese Estado demasiado grande para los problemas pequeños y demasiado pequeño para los problemas grandes no fue “desguazado” como afirman algunos actores que mencionamos en este trabajo. Lo que hubo fue un fuerte cambio de políticas, que se manifestó en la reforma política, las nuevas leyes y las mutaciones institucionales. Pero el Estado argentino, en general, no cerró agencias ni se 'achicó'. Cuando llegamos al caso Southern Winds tenemos un Estado omnipresente y ausente al mismo tiempo, en el cual la ineficiencia no es la simple repetición del pasado, sino la sumatoria de muchas agencias con funciones y recursos disminuidos cuya tarea no queda clara. En ese contexto, pasar cuatro valijas con cocaína no requería la participación activa de ninguna institución estatal”.4

Echegaray también aprovechó el escándalo para ganar posiciones en la interna de la Aduana. El 9 de marzo de 2005 echó al jefe de Ezeiza, Javier Jáuregui, y colocó en ese

3 Globalización, Estado y narcotráfico. El caso Southern Winds / Norberto Emmerich / 1° ed. / Buenos Aires 2009 / página 2934 Idem anterior

cargo clave a uno de sus principales amigos, el chubutense Héctor Omar Albornoz. Además se valió de que el juez Liporace había imputado a dos altos funcionarios aduaneros para efectuar su propio simulacro de justicia: los máximos responsables del área de Drogas Peligrosas fueron separados de sus cargos y sumariados. Se trataba de Juan José Isola, a cargo de esa repartición desde 2002, y de su segundo Daniel Pasos. A lo largo del año anterior, Drogas Peligrosas había revisado apenas una sola vez un vuelo de SW. La actuación del juez Liporace, que luego sería separado de la causa, apuntaba a saber si los aduaneros habían cometido una “omisión” en los controles. Estaba claro que sí, pero en su defensa Isola presentó varias notas que había enviado a los diferentes administradores de la Aduana, incluido Echegaray, reclamando más personal para controlar los equipajes de Ezeiza porque la oficina a su cargo contaba apenas con una docena de hombres.Isola ya era mala palabra para el kirchnerismo. Por un lado, porque era un técnico con buena reputación y contaba con apoyo explícito de las autoridades estadounidenses, empezando por la DEA. Pero también porque en 2001, cuando era jefe de la Policía Aduanera, fue quien redactó un proyecto de ley que tipificaba el delito de contrabando de dinero y que fue aprobado por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Inexplicablemente, por decreto 1198 de diciembre de 2003, Kirchner derogó esa ley que intentaba frenar el ingreso de divisas que podrían haber surgido del lavado de dinero.El superior inmediato de Isola y Pazos, el director de Control de la Aduana, Daniel Santanna, también fue procesado en la causa SW. Pero a diferencia de los primeros, se trataba de un hombre leal a Echegaray, que también portaba recomendaciones de parte de Rudy Ulloa. Por eso el kirchnerismo no solo lo protegió sino que, luego de freezarlo durante un tiempo, lo premió con un ascenso. El tercer juez de la causa SW, Marcelo Aguinsky, que sobreseyó a los tres agentes aduaneros en 2006, de la actuación de Santanna llegó a escribir que "no sólo no controló sino que aparte no hizo nada ni antes ni después". Actualmente Santanna es el número dos de la Aduana: ocupa la estratégica Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. “El control debe volver a manos del Estado”, fue la conclusión de Echegaray. “El Estado va a controlar todo el equipaje que entre y salga”, añadió Marcelo Saín, flamante interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras el escándalo, el kirchnerismo parecía haber aprendido que el estado de descontrol que reinaba en Ezeiza no podía volver a repetirse. Pero el descontrol se multiplicó.En noviembre de 2004, José González Villar y María Elena Toimil Batán llegaron a Ezeiza con un equipaje de 50 kilos en un vuelo de SW. El 5 de diciembre dejaron el país con 68 kilos en sus maletas. El sobrepeso tuvo una explicación pocos días después: fueron detenidos en Cádiz, España, con 16 kilos de cocaína. González Villar tenía un pedido de captura internacional pendiente desde 1995, pero entraba y salía del país como si nada. Era un “pasajero frecuente” de Southern Winds. Poco tiempo después, en Ezeiza, dos venezolanos que planeaban abordar un vuelo de Air France rumbo a París fueron detenidos con 26 kilos de heroína. En Salta, era interceptado un camión con 150 kilos de cocaína disimulados en garrafas de gas. Dos bolivianos caían en Ezeiza cuando intentaban volar a Sudáfrica con 6 kilos de cocaína y un estadounidense era detenido con 2,5 kilos de la sustancia. Más tarde, un empleado de Aerolíneas Argentinas era detenido en Barajas cuando intentaba abordar un avión con 1.500 pastillas de éxtasis y era detectada una pareja de ecuatorianos que pretendía ingresar en el país desde Bolivia con 14 kilos de cocaína escondida en el cochecito de su bebé, era detectada. Hasta cuatro efectivos de la Policía Federal, entre ellos el tercer jefe

de la Delegación Salta, fueron detenidos en Jujuy con 116 kilos de cocaína. Casos como esos se conocían prácticamente todos los días. Por los 124 pasos fronterizos que tiene el país pasan unas 10 millones de personas cada año.Pero el narcotráfico organizado prefería otros caminos y mejores escondites, como por ejemplo algunos de los 1.200.000 containers que circulan por la Argentina cada año. La punta del iceberg de esta modalidad de narcotransporte quedó al descubierto en junio de 2005, cuando la policía de Bélgica localizó en el puerto de Amberes un cargamento de 500 kilogramos de cocaína en un barco procedente de Argentina: el cargamento fue valuado en 25 millones de euros y estaba escondido dentro de un contenedor de pescado congelado. Antes de ese episodio, el 15 de mayo, la policía española había detectado 300 kilos de cocaína en el puerto de Valencia escondidos en contenedores de carbón vegetal. Un nuevo cargamento de esas características, que camuflaba otros 708 kilos de la droga, fue detenido en esa misma ciudad el 19 de junio.Cuando Echegaray comenzó su gestión en la Aduana, en agosto de 2004, la DEA opinaba que “la Argentina aún no es un punto neurálgico para el tráfico de drogas producidas en los países andinos (...), pero sí figura entre nuestros puntos de preocupación. El mayor volumen de transporte de drogas desde la Argentina es vía los contenedores que pasan por el sistema portuario marítimo”. Los expertos antinarcóticos de EE.UU., que se habían molestado con la expulsión del experto Juan José Isola tras el episodio de SW, reclamaban a las autoridades una urgente “radarización” del espacio aéreo, la instalación de un mayor número de scanners en Ezeiza y en los puertos, una nueva ley contra el lavado de dinero y, en especial, una buena coordinación entre las distintas agencias de seguridad involucradas en el tema. En marzo de 2008, cuando Echegaray estaba por dejar su cargo en la Aduana y muchas de estas recomendaciones todavía no se habían aplicado, la DEA había incrementado geométricamente sus niveles de preocupación. Sus enviados se reunieron con Echegaray y con quien él designó como jefe del Departamento de Narcotráfico de la Aduana, Diego Pérez Escobar. De esa reunión también participaron el ex ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y representantes de la Procuraduría General de México. En el cónclave se advirtió a las autoridades locales que grandes cantidades de efedrina estaban ingresando a México desde la Argentina. En noviembre de ese año, el mexicano Mario Roberto Segovia fue detenido en el aeroparque Jorge Newbery. Se lo acusaba de haber colocado más de 8 toneladas de efedrina, equivalentes a 30 millones de dólares, en el mercado mexicano de la droga. El hombre llevaba una viva a todo lujo en la ciudad de Rosario, y a partir de allí fue conocido como “El rey de la efedrina”. Pero hizo falta que se produjera, un año después, el asesinato al estilo mafioso de tres argentinos implicados en ese negocio en un descampado de General Rodríguez, para que el Estado tomara cartas en el asunto. Las importaciones de efedrina de la Argentina habían aumentado de 5,5 toneladas en 2006 a 28,5 toneladas un año después, sin que nadie sospechara nada. Una vez aquí, ese precursor químico era enviado a México. El 2 de enero de 2011 hacía buen rato que Echegaray tenía el control absoluto sobre la Aduana, pero desde una posición de mayor rango: como titular de la AFIP. Ese día fue hallado en el aeropuerto de Barcelona un cargamento de 944 kilos de cocaína, transportado desde la Argentina a bordo de un avión Challenger 604 de la empresa Medical Jet. La aeronave había partido de la base aérea de Morón y fue tripulada por los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, los hijos de aquel brigadier general que había dirigido la Fuerza Aérea casi veinte años atrás, en 1992, el mismo año en que el brigadier Echegoyen apareció muerto en su oficina con un sospechoso disparo en la cabeza.

El escándalo volvió a ser mayúsculo. Se volvió a hablar de zonas liberadas. Por complicidad o ignorancia, todos los controles del Estado habían vuelto a fallar. Como el rojo, el naranja y el verde, el “canal blanco” de la Aduana gozaba de muy buena salud. Meses antes de este nuevo episodio de narcotráfico que trajo a la memoria de todos el caso de Southern Winds, el 31 de marzo de 2010, los jueces de la Sala VII de la Cámara del Trabajo dictaban sentencia definitiva en la causa 3755/07 y ordenaban indemnizar a un empleado de la Aduana que había sido acusado injustamente por el organismo y desplazado de su cargo. Según ese fallo, el trabajador había sido imputado por "un delito que jamás cometió, lo que le provocó un grave perjuicio, ya que fue destituido del cargo de Jefe de Departamento de Drogas Peligrosas, al que nunca fue restituido a pesar de que en la causa penal que se le inició fuera sobreseído". Los jueces aceptaron que las autoridades aduaneras habían incurrido en un “agravio moral” contra el denunciante y que esa actitud “le provocó un fuerte cuadro de angustia, preocupación, incertidumbre y depresión, afectándolo en su vida social, familiar y profesional”. Concluyeron que “la Dirección General de Aduanas le había quitado todas las funciones, sin asignarle ninguna otra, destinándolo a depender inclusive de gente con menor jerarquía y antigüedad”.Quien le ganó aquel juicio al Estado no era otro que Juan José Isola, separado de su cargo y degradado por Echegaray tras el insólito episodio de Southern Winds. Isola había sido el chivo expiatorio elegido por el titular de la Aduana para no tener que dar mayores explicaciones. El Estado tuvo que indemnizarlo con 160.000 pesos.

Capítulo 13 – Mensajes

Al correo electrónico del titular de la AFIP Alberto Abad llegaban cada tanto mensajes, la mayoría anónimos, que alguien de su confianza se encargó de conservar durante largo tiempo. Contenían denuncias concretas sobre el manejo de Ricardo Echegaray y sus funcionarios de mayor confianza en la Dirección General de Aduanas. Abad los separaba cuidadosamente y en algunos casos los mandó investigar. En definitiva, se sentía responsable. La Aduana dependía de la AFIP, aunque en los hechos se comportaba como un territorio autónomo del Estado, donde flameaba la bandera kirchnerista.No era la primera vez que la Aduana daba señales de autonomía desde que en 2002 Abad había sido convocado para oxigenar con recaudación las cuentas de un Estado que había quedado desahuciado luego de la crisis. Su convivencia con José “Pepe” Sbatella había sido tirante, aunque no llegaba a los extremos de la que tenía con Echegaray. De entrada, el jefe de la AFIP supo que estaba lidiando con un hombre que respondía a Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner. Tenía, en consecuencia, línea directa con el presidente.Abad no había tenido ningún cortocircuito con Kirchner, que lo respetaba como técnico y, sobre todo, le agradecía por el notable incremento de la recaudación que se registraba todos los meses, al calor de la recuperación económica. La única vez que sintió alguna zozobra en su relación con el núcleo más duro del kirchnerismo fue cuando Néstor lanzó un boicot público contra la petrolera Shell. El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno pretendía que la AFIP inspeccionara las estaciones de servicio de esa compañía y a sus directivos. Pero Abad se negó y Kirchner respetó su decisión.“Nadie tiene que usar la administración tributaria como herramienta política. Si se hace eso, inmediatamente se pierde Estado, le quitás legitimidad”, explicó el titular de la AFIP a uno de sus colaboradores. Todos ellos eran empleados de carrera del organismo, que lo respetaban. Al asumir, Abad nombró en la AFIP solamente a dos personas, una de las cuales era su jefe de prensa.En la Aduana, en cambio, Echegaray hizo verdaderos desmanes en la estructura de mandos. “Llegó y toreó a medio mundo”, recuerda un funcionario desplazado de su puesto. En un informe que Abad preparó para su principal sostén político en el gobierno, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, le comentaba sobre esa situación: en apenas ocho meses se habían producido 65 cambios en puestos jerárquicos del organismo que controlaba las fronteras y el comercio exterior.La autonomía de Echegaray, su pretendida independencia respecto de la línea de mando establecida desde la creación de la AFIP, únicamente era disimulada en las reuniones semanales de coordinación que Abad mantenía con los titulares de la Aduana, la DGI y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Uno de los participantes de aquellos encuentros lo recuerda como “un tipo huidizo, que nunca miraba de frente” a sus interlocutores. Es el mismo que define a Echegaray como “una espada sin cabeza, un hombre que no tiene pensamiento propio, ni tampoco límites, pues le venían las órdenes políticas y era capaz de todo por cumplirlas”.En este contexto era que Abad dedicaba mucha atención a las denuncias que cada tanto llegaban a su casilla de correo electrónico. Tenía especial reparo con los casos en que se mencionaba a dos aduaneros que él mismo, a pedido de Echegaray, había designado en puestos claves. Fue el 6 de agosto de 2004, por disposición 463/04 de la AFIP: Héctor Omar Albornoz fue nombrado director de la Secretaría Técnico Institucional y Daniel Santanna al frente de la Dirección de Control.

El chubutense Albornoz, nacido en 1960 y de buenos vínculos con el peronismo de su provincia, había ingresado a la Aduana de Comodoro Rivadavia en enero de 1993 y allí permaneció hasta que en 2004 fue convocado por Echegaray. Luego del escándalo de Southern Winds, el propio Echegaray lo designó como nuevo jefe de la Aduana de Ezeiza. Y allí se mantuvo durante algo más de un año, hasta que por disposición 616/05 del 20 de octubre de 2005, el propio Abad decidió desplazarlo de ese cargo.Esa norma fue una clara primera advertencia de Abad hacia Echegaray, un recordatorio sobre quién de los dos tenía mayor autoridad. Y es que en sus considerandos revela que Albornoz “ha desconocido y cuestionado la autoridad de las instancias jerárquicas superiores”, y que “tal actitud torna inaceptable llevar adelante la gestión operativa de control cuyos lineamientos estratégicos han sido diseñados por la AFIP”. Tras el despido, Ezeiza quedó a cargo de la doctora Rosa Nélida García. Pero Albornoz fue refugiado rápidamente en la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior. Años más tarde, en 2008, regresó a su provincia y fue designado por el ex intendente de Comodoro Rivadavia y actual gobernador de Chubut, Martín Buzzi, como subsecretario de Habilitaciones y Fiscalización del municipio. Santanna también era un viejo conocido de Echegaray, ya que ambos habían sido compañeros en la Aduana de Río Gallegos, donde Santanna había comenzado a trabajar en 1981. Manejó el área más importante de la Aduana hasta que también quedó salpicado por el caso SW. Por Disposición 638/05 de fines de octubre de 2005, Abad entendió que resultaba “aconsejable” dar por finalizadas las importantes funciones asignadas al aduanero, finalmente el responsable de controlar que no pudiesen salir del país esas “valijas voladoras”. Pero Echegaray nunca le soltó la mano. Y hoy Santanna se desempeña al frente de la estratégica Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, con responsabilidad sobre Ezeiza.El periodista Cristian Sanz, de Tribuna de Periodistas, fue uno de los pocos que siguió con atención la actividad de la Aduana en esos primeros años. Según uno de sus artículos, Rudy Ulloa “le exigió a Echegaray que nombrara como asesores a dos pingüinos: José Luis Esperón –sin el mínimo conocimiento aduanero, pero amigote de Ulloa– y Claudio Fernández, hermano del senador santacruceño Nicolás Fernández, primo a su vez de la presidenta”. Y apuntó: “Luego de varios desaguisados, Esperón y Fernández fueron desplazados de sus cargos”.Era evidente que no todos los funcionarios que acompañaban a Echegaray en altos cargos de conducción en la Aduana eran trigo limpio. Y eso era lo que más inquietaba a Abad, que siempre se había mostrado preocupado por mostrar transparencia. En la nueva estructura organizativa que propuso para la AFIP, dictada por decreto 898/2005, eliminó el área de Inteligencia Fiscal, a la que muchos acusaban de filtrar información sensible de la base de datos del organismo a bandas de delincuentes que luego realizaban secuestros extorsivos. También modificó las áreas de Contralor y de Asuntos Internos para fortalecer las tareas de control dentro de la propia AFIP con una jerarquizada Subdirección General de Auditoría Interna. Es que, sobre su escritorio, los mails denunciando ilícitos en la Aduana se acumulaban.El viernes 5 de mayo de 2006, por ejemplo, un investigador de la Universidad de Buenos Aires denunció con nombre y apellido a tres agentes de la Unidad Técnica de Verificación (UTV) del aeropuerto de Ezeiza, que “actúan con total caradurez pidiendo plata a toda la gente que tramita papeles de una forma increíble, y sobre todo los viernes o vísperas de feriado”.El 14 de diciembre de 2006, otro mensaje se refería a un aduanero de Clorinda llamado Oscar Alfredo Pablo Bione. El Banco Central lo había considerado un moroso incobrable luego de que el Banco Bansud le iniciara una demanda judicial. Sin

embargo, el mismo empleado estaba autorizado para operar una cuenta corriente de la AFIP en el Banco Nación y hasta lo proponían para director Regional del Chaco. Otro mensaje recomendaba investigar al agente aduanero Miguel Rio, que trabajaba en el área de verificación de la parte automotriz y mostraba un acelerado crecimiento de su patrimonio. “Él mismo comenzó a contar un poco cómo se hacen diferencia en ese trabajo, de cómo omiten cantidades de mercadería a cambio de vueltos o la presión del tiempo, para que alguna mercadería salga más rápido que otra”, señalaba esa denuncia, que también llevaba nombre y apellido.Un anónimo advertía el 10 de julio de 2007 que en el concurso para escoger a las autoridades del departamento Narcotráfico estaba “todo arreglado”, ya que Diego Pérez Escobar, uno de los candidatos a ocupar el puesto, habitaba en el mismo departamento con Raúl Bustos Cara, integrante del Comité Evaluador de aquel concurso. Pérez Escobar ganó ese concurso.Otro correo, del 13 de noviembre de 2007, cargaba las tintas sobre supuestos negociados de Silvina Tirabassi, amiga personal y compañera de estudios en Barcelona de Echegaray, que por entonces ocupaba la Gerencia Legal y Técnica de la Aduana. Según el anónimo, Tirabassi “está en contacto con las aduanas de Ecuador, Venezuela y Paraguay para darles en comodato los perros entrenados en la aduana. Si rinden bien los resultados, se los venderán con un amigo de ella y el marido a las distintas aduanas. Ofrece además en el exterior otros negocios: scanners, sistemas de riesgo y demás. Tiene pergeñado un plan para terminar con el Sistema María y junto a unos socios venderle a la AFIP un nuevo sistema (ya está arreglado el precio)”. Este último correo, como veremos más adelante, sería definitorio de la pelea entre Abad y Echegaray. Los mensajes se acumulaban, algunos lanzando simples sospechas, pero muchos otros con datos certeros. A las 2,39 del 20 de noviembre de 2007, a la casilla de Abad y de varios otros funcionarios de la AFIP llegó un nuevo anónimo, curiosamente firmado por un tal “Ricardo Echegaray” –aunque la dirección era bastaderobar@yahoo.com.ar– titulado “Estamos hartos del doble discurso”. “Lamentablemente debemos recurrir a este medio, ya que vemos que las actuales autoridades de la Aduana no hacen nada. Estamos hastiados, podridos, cansados y también tenemos miedo de las posibles represalias de Echegaray y de su gente. Sabe usted Dr. Abad que los trabajadores del interior del país que estamos en la Aduana para cobrar mayores sueldos debemos concurrir a frontera, dejando de lado nuestras familias, cumpleaños, fiestas y demás. Beatriz Scarpado fue enviada como espía a la Región Aduanera Mendoza, para terminar echando al Sr. Zafaroni, que tan dignamente dirigió nuestros destinos. Al poco tiempo de venir aquí se asoció (junto con su marido) a un grupo de contrabandistas que le robaban al Estado (crearon un depósito fiscal). No solo eso, hace más de un año que es la secretaria privada de Echegaray y cobra comisión (cuando en realidad cobra desarraigo por sus hijas y marido en Mendoza). Lo cierto es que vive en Buenos Aires, y que sus hijas van al colegio en Buenos Aires. ¿Por qué no le grita Echegaray a ella y la echa de su lugar en vez de venir a gritarnos a todos los trabajadores del interior? ¿Se olvida que él también es del interior? ¿Acaso no hace lo que pregona? Esta mujer hace un año y medio que cobra comisiones y desarraigo, cuando en realidad no debiera ser así (le roba a la patria). Debe ir presa. Por favor Dr., haga algo y ojalá no suframos alguna de las represalias a las que Echegaray nos tiene acostumbrados. La patria y Dios se lo agradecerán”.En los últimos años, Beatriz Susana Scarpado ha sido la mano derecha de Echegaray. Fue designada al frente de la Aduana de Mendoza en 2005, pero al poco tiempo regresó a Buenos Aires. Pese a ser empleada estatal, se registró ante la propia AFIP en 2001 en

el rubro “elaboración de productos de panadería”. Desde el 2 de agosto de 2002 es socia junto a su hermana de una sociedad llamada Grupo Quijote SRL, dedicada al negocio alimenticio. Patricia Lucía Scarpado es además integrante de dos empresas alimenticias más: Recién Horneado SA y 100% Natural SA. Eduardo Esteban Elguezabal es el marido de la secretaria privada de Echegaray, con quien tuvo dos hijas. Y es él quien realmente tenía por oficio la “elaboración industrial de productos de panadería”, pues administraba la fábrica familiar de sandwichs fundada a principios de este milenio. En la breve incursión de Scarpado por Mendoza, Elguezabal se vio obligado a incorporar un nuevo rubro ante la AFIP: en mayo de 2005 declaró dedicarse también a los “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”.Y es que de esa misma época data la creación de Servitruck SA, una firma inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza en octubre de 2005 para dedicarse, entre muchas otras cosas, a “tramitar habilitaciones de plantas para revisiones aduaneras de transportes internacionales, depósitos fiscales, predio provisorio de exportación y cualquier otra actividad relacionada con los permisos aduaneros para importaciones y exportaciones”. Aunque duró muy pocos meses, esta sociedad que funcionó en Luján de Cuyo nunca fue dada de baja. Y Elguezabal, el esposo de la jefa aduanera, sigue siendo su presidente. Aquellos empleados de la Aduana que habían recurrido a Abad tenían razón, no lanzaron acusaciones al vacío.Por esa manifiesta incompatibilidad, Echegaray debería haber iniciado una investigación sobre las actividades de Servitruck SA, al tiempo de sancionar a su estrecha colaboradora. Nada de eso sucedió. Scarpado actualmente ocupa la Subdirección de Coordinación Técnica Institucional de la AFIP. Y su marido, el sanguchero Elguezabal, fue nombrado en un alto cargo en la Aduana hace apenas un par de años.

Capítulo 14 - Ni un gramo

Ya era de noche aquel 8 de marzo de 2006 cuando Marcelo Rossi, veterinario y militante del radicalismo bonaerense, estaba por cerrar un día más de trabajo en sus oficinas de la ONCCA. Los últimos meses habían sido duros. Pero Rossi era de aquellas personas que disfrutan del trabajo si perciben que ofrece resultados, y mucho más si ese trabajo es realizado desde la función pública. Rossi era un amante del buen Estado. Meses antes de aquella noche, en una de sus repetitivas columnas periodísticas críticas de la intervención estatal, el director de Clarín Rural, Héctor Huergo, lo había calificado ligeramente como un “burócrata”. Rossi pidió derecho a réplica y escribió: “Rechazo con firmeza el término burócrata que en forma despectiva usa Huergo para referirse a mi tarea. El Diccionario de la Real Academia define la burocracia como al conjunto de servidores públicos, en la que realmente me siento incluido, por vocación, convencimiento y porque reivindico el tan vapuleado rol del Estado. No percibo mi asignación salarial por viveza o artimañas, sino como resultado de la gran responsabilidad y la máxima dedicación a las tareas que se me han asignado. Tampoco percibo viáticos, adicionales o extras en razón de la responsabilidad que se me asignara. Doce a quince horas diarias de dedicación ininterrumpida por los últimos cuatro años, en los que tampoco he tomado vacaciones, son el más claro ejemplo de la pasión y mimetización en busca del éxito de una gestión insospechada”.Rossi, que había ingresado en la ONCCA en 2000 como asesor de Oscar Merbilhaa en la gestión de la Alianza, quedó luego al frente de ese organismo y fue ratificado por todos los diferentes gobiernos que siguieron a la crisis de fines de 2001. Los diferentes secretarios de Agricultura designados por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner valoraron su tarea y dedicación. También lo hizo el ministro de Economía de aquel primer kirchnerismo, Roberto Lavagna, que descubrió en él a un hombre dedicado, pero que sobre todo conocía a fondo el difícil mundo de la carne. Pero de “El petiso” Rossi sus superiores valoraban especialmente su honestidad. Había pasado un lustro al frente de un organismo de control desde el cual se podían cometer un sinnúmero de matufias, pero él seguía yendo y viniendo en su automóvil particular desde su casa de La Plata. Y nunca cambió el número de celular, que siempre pagó de su propio bolsillo. Tras el único viaje al exterior que realizó en su tránsito como funcionario, Rossi llegó a un extremo bastante disparatado dentro de la administración pública: reintegró al Estado los viáticos que no había llegado a gastar. Por eso se enojó tanto con la columna del acomodaticio periodista que intentaba esmerilar su imagen.La ONCCA, para principios de 2006, era un organismo que podía mostrar varios blasones. La evasión en el negocio de las carnes ya no era su principal preocupación, pues una decisión acertada -reducir el IVA para ese sector del 21 al 10,5%- había quitado estímulos para las avivadas fiscales de los grandes matarifes del conurbano. De todos modos, el organismo mantenía un celoso registro de los operadores del sector e intercambiaba de manera constante información y datos sobre ellos con la AFIP que conducía Abad. Rossi había trabajado intensamente con el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Marcelo Costa, un sabueso de carrera, para avanzar hacia un mejor control estatal sobre el multimillonario comercio de granos.La ONCCA estaba en movimiento. Durante el mandato de Rossi, sus operativos de fiscalización sobre los operadores del sector agroalimentario volvieron a hacerse costumbre luego de una ausencia estatal que había durado casi quince años. Así, por caso, en 2005 clausuró un frigorífico operado por Alberto Samid en Cañuelas que había sido registrado con documentos falsificados.

Aquella ONCCA, además, se mantenía sola. Merced a los aranceles que cobraba a los operadores que debían registrarse incrementó su recaudación desde 3,5 millones de pesos en 2003 a 21,5 millones tres años más tarde. Y sus ingresos por multas trepaban también de manera contundente: en ese mismo lapso pasaron de 400.000 pesos anuales a 1,6 millones. No había protegidos ni perseguidos: se aplicaron 1.600 penalizaciones durante esos pocos años.Estos resultados fueron los que convencieron a Lavagna de apoyar a fines de 2004 el pedido de Rossi para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley para otorgar a la ONCCA la “autarquía económica, administrativa y financiera”, que la habilitaría a manejarse “sin aportes del Tesoro” y “la dotaba de mayores atribuciones para la fiscalización”. Rossi ya había comenzado a extender los controles hacia los operadores del sector lácteo, pero quería llegar a otros negocios algo turbios, como el azúcar, la miel y hasta la yerba mate. El proyecto de ley llegó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, pero se demoró de manera impensada a principios de 2005 pues el expediente no llevaba la leyenda "Año de homenaje a Antonio Berni" y fue devuelto a Economía. Finalmente, el Gobierno no consideró necesario un debate parlamentario y el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1067/05 otorgando a la ONCCA esa mayor autonomía que le demandaba. Aquel primer kirchnerismo recuperaba, con aquella primera ONCCA, los márgenes que necesitaba para desarrollar una mejor política agropecuaria.El organismo daba pruebas de eficiencia de manera permanente. El 25 de mayo de 2005, a pesar del feriado, el secretario de Agricultura Miguel Campos recurrió a la ONCCA para asignarle el tema históricamente más espinoso de le gestión pública en el área: la distribución de la Cuota Hilton, el cupo de 28.000 toneladas de cortes vacunos que la Argentina debía embarcar cada año hacia la Unión Europea. El reparto de este millonario negocio entre los frigoríficos siempre fue un dolor de cabeza para las autoridades de turno, porque la empresa a la que se le asigna una tonelada de esa cuota de exportación también recibe un suculento subsidio (según el año, de entre 2.000 y 5.000 dólares por tonelada) de parte del Estado. Por eso la Hilton siempre provocó terribles luchas intestinas en el sector de la carne y, ante cada distribución anual, despertó las más intensas sospechas de corrupción política, empresaria y hasta judicial. En 2003, cuando Kirchner llegó al poder, el reparto de la Hilton estaba completamente judicializado, ya que casi el 60% de ese cupo arancelario era distribuido no sobre la base de los criterios establecidos por el Estado sino teniendo en cuenta los recursos de amparo concedidos por los jueces a diferentes empresas frigoríficas. Dos meses después de que Campos recurriera a la ONCCA para poner orden en la distribución de ese cupo, el 4 de julio de 2005, Agricultura dictó la Resolución 502. Era la primera vez en sus 26 años de historia que la Cuota Hilton se distribuía en los plazos previstos y sin provocar peleas entre los frigoríficos. Pero Rossi y su equipo habían hecho algo todavía más importante que simplemente cumplir con los plazos. En aquella distribución lograron reducir el tonelaje asignado por medidas cautelares a menos del 2,8%. El Poder Ejecutivo había recuperaba su potestad sobre el asunto.No hubo quejas ni peleas entre los frigoríficos. Aquel 2005 había sido un año excepcional para el negocio de la carne. Un total de 314 empresas vendieron 754.579 toneladas de carne al exterior y lograron superar el récord de 1979. De la mano de esta fuerte demanda, además, la producción ganadera parecía querer comenzar a superar un letargo de casi treinta años de estancamiento. Y en el rubro frigorífico, los matarifes del conurbano perdían terreno frente a nuevos actores extranjeros, que destinaron

millonarias sumas de dinero a adquirir y mejorar una estructura fabril color sepia, que había quedado congelada en el tiempo. Por esos meses, el grupo brasileño JBS compró Swift y varios otros frigoríficos. El conglomerado estadounidense Cargill, principal exportador agrícola del país, se hizo otra gran firma exportadora llamada Finexcor. Y hasta se puso en venta el grupo local que fabricaba las más tradicionales hamburguesas de la Argentina, las queribles “Paty”. En Quickfood, de esa empresa se trata, desembarcaron los brasileños de Marfrig. Todas parecían ser señales auspiciosas para uno de los sectores productivos más añejos de la Argentina. Después de haber superado la crisis de la aftosa de 2002, que los marginó de casi todos los mercados externos, los bifes argentinos volvían con fuerza a ganar espacios en el mercado internacional. A fines de 2005, ese salto parecía no tener techo. Claro que este promisorio escenario provocaba algunas tensiones. La ganadería es una actividad de ciclo largo, pues los bovinos tardan tres o cuatro años en alcanzar el peso necesario antes de ser faenados. Es así y no hay vuelta que darle: las vacas no son como los pollos, que nacen, crecen y se sacrifican en menos de dos meses. Y los ganaderos no son como otro tipo de empresarios, que pueden apretar a fondo el acelerador de sus negocios de un día para el otro. Tampoco frenarlos. En el campo hacer ganadería requiere de tiempos mucho más lentos. La fuerte demanda de carne desde el extranjero sin duda actuaría como un estímulo claro para los más de 200 mil productores que en el país eran propietarios de alguna vaca, la inmensa mayoría de ellos de muy pequeña escala. Pero en aquel 2005 había que enfrentar un problema de tiempos muy claro y elemental: la Argentina no podía producir en pocos meses toda la carne que el mundo le estaba demandando. Dos años antes, un especialista muy respetado del INTA, Daniel Rearte, había preanunciado ese escenario y trabajó en el diseño de un plan de fomento a la ganadería que, inexplicablemente, fue durante mucho tiempo cajoneado en diversas oficinas del gobierno. Sin trabas a la exportación, la Argentina exportaba uno de cada cuatro kilos de carne que producía, pues esas 750.000 toneladas equivalían al 25% de la producción. El precio interno de la carne comenzó a ser una preocupación de las autoridades desde mediados de ese año. En los primeros siete meses de 2005, la inflación medida por el INDEC había sido del 7,7%, pero la carne había subido un poco más, el 11,3%. En agosto, Lavagna instruyó a sus funcionarios para que propiciaran un acuerdo voluntario con la industria frigorífica y los supermercados que permitiese congelar los precios de los bifes al menos hasta noviembre. Se buscaba ganar tiempo mientras el Gobierno lanzaba otras medidas que apuntaban a incrementar la producción. Había coincidencia al respecto: la solución al problema era incrementar la oferta.De la ONCCA surgió una iniciativa concreta en ese sentido. Rossi propuso elevar el “peso mínimo de faena”, es decir el umbral mínimo a partir del cual se autorizaba a mandar un bovino al matadero. Ridículamente, en la Argentina se mataban cientos de miles de animales de muy poca edad y tamaño. Por su terneza, los cortes de “ternera”, “novillito” o “vaquillona” eran los preferidos de los consumidores de Buenos Aires, que gozaban por entonces de un elevado poder adquisitivo que les permitía darse algunos gustos. Buena parte del negocio de la carne se había volcado a cubrir esa demanda, pero a costa de sacrificar animales que, apenas adolescentes, tenían un rendimiento de carne ínfimo. Para que se entienda, se sacrificaban muchos vacunos de entre 210 y 240 kilos de peso cuando en el resto de los países ganadero se los dejaba crecer hasta por encima de los 450 kilos. La lógica económica era implacable: en otros países se obtenía, con el mismo número de animales, el doble de producción de carne vacuna que en la Argentina.

El proyecto oficial para elevar obligatoriamente el peso mínimo de faena fue aplicado de manera paulatina, pero en plazos acelerados por la urgencia. Según la iniciativa original de Rossi y el secretario Campos, a partir de noviembre de 2005 debían dejar de mandarse a los frigoríficos vacunos que pesaran menos de 260 kilos. Tres meses después, ese límite iba a subir a 280 kilos y hacia mediados de 2006 ese umbral mínimo debía ubicarse en razonables 300 kilos. Si se hubiera aplicado, ese programa hubiera permitido contar en poco tiempo con una mayor oferta de carne, suficiente como para atender la creciente demanda que llegaba no solo del exterior sino también desde un mercado local que, debido a la rápida recuperación económica, volvía a comprar bifes y recuperaba sus niveles históricos de consumo. Pero la iniciativa quedó a mitad de camino, básicamente por la fuerte resistencia que le opusieron algunas de las entidades gremiales de productores agropecuarios, en especial la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), siempre recelosas a que alguien desde el Estado pudiera digitar alguna cuestión sobre su negocio.Detrás de las airadas protestas de los ganaderos, además, hubo un activo lobby de las casas consignatarias que operaban en el centenario Mercado de Hacienda de Liniers, concesionado en tiempos del menemismo. Estas firmas cobraban comisiones por cada cabeza que intermediaban, y no por su peso. Y sus principales clientes no eran los frigoríficos más grandes que podían realizar negocios de exportación, sino grandes grupos de matarifes que conservaban su fortaleza proveyendo de carne a la ciudad y su conurbano. En esos cabildeos en contra del nuevo peso mínimo de faena, el ex presidente Kirchner por primera vez dirigió su atención al sector. A fines de 2005, como los valores del ganado no bajaban luego de acumular una suba anual cercana al 25%, tildó a los consignatarios de “pícaros”. Al mismo tiempo, Lavagna recurría a una medida de manual para intentar sofocar el alza de los precios, al decidir elevar las retenciones a las exportaciones de carne del 5 al 15%. Fue pocos días antes de su alejamiento del ministerio de Economía. Sus constantes cruces con el ministro mimado de Néstor Kirchner, el titular de Planificación Federal, Julio De Vido, anticipaban ese desenlace, y el funcionario que piloteó la recuperación económica luego de la crisis daba un paso al costado el 28 de noviembre de 2005. La lectura política de ese acontecimiento resultaba más que clara: tras dos años y medio de gestión, el kirchnerismo ya se sentía los suficientemente fuerte como para prescindir de alianzas incómodas. Lavagna siempre había mostrado autonomía de pensamiento y acción frente al ex presidente, obligándolo a conciliar puntos de vista. De ahí en más, sería Néstor Kirchner el verdadero ministro de Economía. Tanto el secretario de Agricultura como el titular de la ONCCA fueron ratificados en sus puestos por Felisa Miceli, a quien Kirchner designó para ocupar el puesto que dejó vacante Lavagna. Durante el verano de 2006, con avances y retrocesos, ambos funcionarios dedicaron gran parte de su tiempo a batallar por una “autorregulación” de las exportaciones de carne por parte de la propia industria frigorífica. La idea era reducir un 20% el volumen de carne exportada, para liberar así 150.000 toneladas adicionales para el mercado doméstico. Si bien los exportadores tenían la obligación de estar inscriptos en la ONCCA no existía hasta ese momento un registro específico sobre sus operaciones de exportación, una herramienta esencial para controlar cualquier acuerdo de regulación. Rossi trabajó sobre ese vacío, que quedó enmendado el 30 de enero de 2006 con la publicación de la Resolución 31 del Ministerio de Economía, que dispuso la creación del Registro de

Operaciones de Exportación (ROE). La reglamentación, dos días más tarde, definió que la Aduana no podría autorizar la salida de un embarque de carne del país si antes no recibía el visto bueno de la ONCCA. Los ROE tendrían un fin puramente informativo, pero ya por entonces abrieron sospechas en el sector privado. Se temía que bien pudieran ser utilizados con otros fines. El 8 de marzo de 2006 los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers volvieron a pegar un estirón fuerte, de algo más del 7%. El acuerdo de “autorregulación” de los frigoríficos se demoraba y los ingresos de ganado habían sido bajos por aquellas semanas. El presidente Kirchner, que había ordenado que le enviaran cada mañana los resultados de las operaciones en Liniers, estalló en cólera. Desde la propia Casa Rosada se echaron a rodar rumores sobre el inminente cierre de los embarques de carne.A muchos kilómetros de allí, esa misma mañana, la ministra Miceli y el secretario Campos recorrían la muestra agropecuaria Feriagro. Intentaron llevar calma y negaron enfáticamente las versiones. A lo sumo, decían ambos funcionarios, se establecerían restricciones para ciertos tipos de cortes, o un sistema de cupos por frigorífico, la medida que los equipos técnicos del Gobierno recomendaban. Ya de regreso en Buenos Aires, Miceli vivió su primer sofocón en la función pública, aunque haya sido leve en comparación con el que sufrió cuando apareció una bolsa con dinero en el baño de su despacho. Kirchner ordenó que sea ella misma quien anunciase, en conferencia de prensa, la suspensión de las exportaciones por 180 días. Aquella noche, en su despacho, Rossi tragó saliva al enterarse del anuncio. El era uno de los partidarios de una intervención mucho más moderada y había desaconsejado el cierre compulsivo de las exportaciones de bifes, un negocio que había hecha conocida a la Argentina en el mundo mucho antes que Diego Maradona comenzara a jugar al fútbol. Rossi revisaba mentalmente las consecuencias negativas que aquella decisión podía tener sobre el sector, básicamente el desaliento de los ganaderos que se habían puesto a trabajar para incrementar la oferta de carne, cuando su secretaria lo interrumpió por teléfono. –Doctor, lo llama el presidente– le anunció. Un rato antes Rossi le había pedido que no le pasara ningún llamado. Por eso no la tomó en serio.– ¿Ah, sí? Decile al presidente que estoy ocupado– le contestó. Obligó a su secretaria a levantarse de su silla y abrir la puerta de la oficina. – ¡Pero Doctor! ¡Es el Presidente en serio!– exclamó la secretaria. Rossi se sorprendió. Nunca había conocido a Kirchner ni hablado con él siquiera por teléfono. Incluso dudaba de que el presidente tuviera conocimiento de la existencia de la ONCCA. Atendió. –Buenas noches…– llegó a decir. Lo interrumpió un Kirchner que sonaba furioso.–Hola, Rossi… Ni un gramo más, ¿me entendiste? ¡Ni un gramo más! No se exporta más nada, ni un gramo de carne.El responsable de la ONCCA volvió a tragar saliva antes de tomar valor. Le respondió que su organismo no tenía facultades para detener los embarques de carne y que su tarea en esa materia se limitaba a extender los ROE, pero que solo tenían utilidad a los fines estadísticos. Kichner volvió a interrumpirlo.– ¡Ni un gramo más! Inventate algo– ordenó antes de cortarle el teléfono.

Por primera vez, aquella noche del 8 de marzo de 2006 el funcionario que había hecho de la ONCCA un organismo importante pensó en renunciar. Al día siguiente, Miceli y el secretario Campos lo convencieron de que no lo haga, pues el cierre de las exportaciones era solamente una amenaza lanzada por Kirchner para disciplinar a los

frigoríficos y para forzarlos a aceptar el sistema más racional que ellos proponían, el de los cupos de exportación. En rigor, esas negociaciones se pusieron en marcha a los pocos días. Lo primero que logró el área técnica del Estado fue excluir de la veda exportadora los cotizados cortes de la Cuota Hilton y las carnes termoprocesadas, que no tenían consumo en el mercado doméstico. Un mes más tarde, el 11 de abril, la impaciencia de Kirchner volvía a alterar todo ese proceso. Como el precio de la carne seguía sin bajar, decidió reemplazar al negociador designado por Economía, el secretario de Coordinación Económica Lisandro Salas, para colocar en su puesto al hasta ese momento desconocido secretario de Telecomunicaciones. De esa manera Guillermo Moreno hizo su debut en el equipo económico. Eran los días previos a la Semana Santa. El índice del novillo en el Mercado de Liniers, había subido 3,4%, de 2,395 a 2,476 pesos por kilo vivo. Es decir, había subido por encima de los 2,40 pesos "orientativos" que productores, consignatarios y frigoríficos habían pactado con el Gobierno. “Necesitábamos un hombre de acción”, dijeron ese día en la Casa Rosada para justificar la designación de Moreno. A las pocas horas, Moreno se presentó ante a la cúpula de la Sociedad Rural que fue a conocerlo y les comunicó: “el Estado no negocia”. El sábado de esa Semana Santa, Ricardo Echegaray recibió por primera vez una serie de órdenes de quien llevaría en adelante las riendas del control de precios y destronaría a dos jefes de Gabinete y casi media docena de ministros de Economía. El 15 de abril de 2006, en un hecho inédito, la Aduana ordenó bajar casi un centenar de contenedores cargados con carne que habían sido autorizadas por la ONCCA y ya estaban apilados en los barcos. De tan atolondrada que fue esa decisión, hasta dejaron en el puerto un cargamento de “calditos de carne” de la empresa Unilever y otro que llevaba carne de caballo.El episodio no solo marca el inicio de una etapa de franca confrontación entre el gobierno de los Kirchner y el sector agropecuario, que luego se profundizaría en marzo de 2008. También revela que, ya sin el contrapeso de Lavagna, el Estado Argentino comenzaba a deshacerse de sus funcionarios más racionales y moderados.

Capítulo 15 – Troyanos

En septiembre de 2007, la fórmula conformada por Cristina Fernández de Kirchner y el ex gobernador mendocino Julio Cobos se encaminaba hacia una elección en la que se que preanunciaba una aplastante victoria del oficialismo. En consecuencia, el kirchnerismo tendría asegurada su continuidad. Como matiz de su campaña, la ex senadora prometía mayores dosis de “consenso” y “respeto por las instituciones”. Prometía una ronda de diálogo con el resto de los partidos políticos. La intervención del INDEC por parte del secretario Guillermo Moreno se había producido en febrero de ese año y era un sapo difícil de tragar para una buena porción del electorado de clase media. En la Aduana de Ricardo Echegaray, a días de esas elecciones, estalló un pequeño escándalo que mostró la buena salud de una estructura paralela dedicada a recaudar. La denuncia judicial involucró a personal de ese organismo, de la flamante Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), del Senasa y hasta a maleteros del aeropuerto internacional de Ezeiza. Todos ellos se complotaban para cobrarles coimas a los pasajeros que ingresaban mercadería al país sin tributar los impuestos correspondientes.El operativo que dio origen al proceso se desarrolló exactamente el 20 de setiembre de 2007, después de la llegada de un avión de Malasyan Airlines. Personal de la PSA detuvo a once personas a las que se les secuestraron ese mismo día 8.852 dólares, 8.935 pesos, 215 euros y hasta 20 dólares australianos. Las pruebas eran irrefutables: diversas imágenes de video mostraban cómo la organización separaba a algunos pasajeros y les permitía eludir los controles de equipaje a cambio de dinero. El juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, procesó en total a once empleados aduaneros y un integrante de la PSA, entre otros acusados. Luego, argumentando que las pruebas no eran legales, los dejaría en libertad.Nadie por entonces vinculó esta investigación con la ofensiva del titular de la AFIP, Alberto Abad, contra la gestión de Echegaray al frente de la Aduana. En acuerdo con el titular de la PSA, Marcelo Saín, Abad había decidido enviar a Ezeiza a varios hombres del área de Auditoría Interna de la AFIP. En secreto, y durante varias semanas, éstos espiaron a sus propios colegas de la Aduana desde una sala de monitoreo de imágenes que controlaba la Policía Aeronáutica. De allí provenían los videos que el juez Santamarina luego descalificaría como prueba de los ilícitos.La guerra frontal entre Abad y Echegaray ya había sido declarada. Días después de la consagración de la dupla Cristina-Cobos, el 13 de noviembre, Abad recibió un correo anónimo que desataba diversas sospechas sobre Silvina Tirabassi, mano derecha de Echegaray. Además de acusarla de establecer negocios privados con Aduanas de otros países, ese mensaje tenía algunos párrafos que quedaron repiqueteando en la cabeza del titular de la AFIP. Tirabassi, decía el mail, “tiene pergeñado un plan para terminar con el Sistema María y junto a unos socios venderle a la AFIP un nuevo sistema. Sigan investigando informáticamente lo que hacen en su área, ya que está pirateando todos los sistemas, para dejar entrar o salir contenedores con mercadería prohibida”.El Sistema informático María había sido incorporado a la gestión aduanera en 1993, cuando se firmó un acuerdo con la compañía SIF América, propiedad del francés Jean Claude Darsonville. María era el nombre de la esposa del programador. El sistema debía registrar todas las operaciones de exportación e importación, identificando además el depósito fiscal de destino de cada contenedor. Al principio, según la investigación de la aduana paralela del periodista Daniel Otero, tuvo serios problemas de implementación, a punto tal que “una estimación judicial determinó que, sólo en 1995, el número de

containers perdidos ascendía a 8.700, según las previsiones más conservadoras, porque la cifra real habría sido de 15.000”. Pero allí seguía el Sistema María quince años después, corregido y funcionando. Considerado uno de los cerebros informáticos críticos del Estado, en 2007 conectaba las 57 aduanas de todo el país con otros 3.687 lugares operativos con presencia aduanera, incluidos los depósitos fiscales y las zonas francas. Ese año había procesado 3,35 millones de declaraciones de operaciones de comercio exterior, por un valor cercano a los 100 mil millones de dólares. ¿Seguiría siendo vulnerable?Para Echegaray lo era. O al menos eso fue lo que había declarado al suplemento económico del diario Clarín, según un artículo publicado el domingo 27 de enero de 2008. "El Sistema María, como todo software, cumplió su ciclo. Hoy es necesario contar con un soporte tecnológico que permita cumplir con todas las reglamentaciones y, además, intercambiar información en tiempo real con las aduanas de todo el mundo", señaló el director de la Aduana. La ofensiva sobre el María existía. Aquel mail anónimo que había recibido Abad, una vez más, había dado en la tecla. El artículo de Clarín, firmado por Damián Kantor, informaba que la Aduana tenía previsto lanzar una licitación hacia fines de año para adquirir un nuevo software de gestión aduanera de última generación, que reemplazaría al María, que costaría unos 90 millones de dólares y comenzaría a operar al año siguiente. Quien brindó los detalles al periodista fue Diego Garayzábal, por entonces el jefe del Laboratorio de Riesgo de la Aduana. En ese área, que dependía de Tirabassi, se decidía cuáles embarques merecían ser inspeccionados por la Aduana y cuáles no, en función de cierta tarea de inteligencia realizada a partir de los datos incorporados al Sistema María. Garayzábal también decía que el sistema no servía, y que su tarea era casi “artesanal”. Garayzábal era un antiguo empelado de la aduana de Córdoba, que había comenzado a despuntar el vicio por la informática desarrollando un programita que permitía a los empleados de esa regional rendir con mayor facilidad los fondos de la denominada “caja chica”. A Echegaray y Tirabassi les cayó en gracia de inmediato, a pesar de que una auditoría previa había detectado cierto desvío de los viáticos que cobraba. Al lunes siguiente de aquella nota de Clarín, a las 9 de la mañana, Abad entró furioso a su despacho y convocó a sus principales colaboradores. Tenía el diario del día anterior sobre su escritorio, abierto en el lugar indicado. El título del artículo era "Buscan un reemplazo para el Sistema María de la Aduana". A él nunca lo habían consultado. Esa misma tarde, Tirabassi recibió dos notas desde la AFIP. En una de ellas, el director de la Secretaría General del organismo, Osvaldo Aquieri, exigía que en un plazo de 24 horas explique si Garayzábal había violado las "pautas de cumplimiento obligatorio en materia de difusión" al efectuar esas declaraciones. En el segundo escrito, Abad le informaba que había sido removida del cargo. Fue a través de la Disposición 15 de ese mismo 28 de enero. Por disposición 16, se designaba en su reemplazo a la abogada Ivana Bronzovic, que provenía de Mendoza. La guerra con Echegaray había escalado a fases inimaginadas. La pelea por el eventual reemplazo del Sistema María era una excusa. Abad sabía que la Aduana no podría dar ningún paso sin contar con su firma. Y en materia de informática, él descansaba en la opinión de Jorge Linkens, un hombre muy respetado en el ambiente, que había armado la fenomenal base de datos de la AFIP y tenía a más de 600 técnicos a su cargo. En realidad, según confesó a sus íntimos, Abad sabía que el kirchnerismo más duro iría por su cabeza desde que se pusieron en marcha los proyectos reeleccionistas. Echegaray aspiraba a ocupar su puesto y no lo ocultaba. Comenzó a levantar su perfil público y hasta designó a un vocero, Pedro López, cuyo salario sospechaba no era pagado por el

Estado sino por empresarios de los llamados “sectores protegidos”, y que se reunían en torno a la figura de Marcelo Fernández, dueño de la fábrica de cierres Linsa y diputado nacional por el kirchnerismo. Desde hace bastante tiempo atrás López venía haciendo tareas de prensa para curtidores, textiles, calzado y hasta para fabricantes de juguetes.“La discusión real es por los estilos y los objetivos de la administración tributaria”, explicó Abad a uno de los suyos. En los días subsiguientes al despido de Tirabassi, Abad promovió algunos otros cambios entre funcionarios de la Aduana, dolorosos para Echegaray. Por disposición 26 del 7 de febrero les quitó las funciones al abogado Raúl Alfredo Bustos Cara, director de Investigaciones, y a la contadora Graciela Misuraca, directora de Gestión del Riesgo. Nombró en reemplazo del primero a Gustavo Alejandro Cicogna. Y a María Susana Saladino para reemplazar a Misuraca.Había que jugar fuerte. Con nombres propios al frente del área de Gestión de Riesgo, el titular de la AFIP recordó aquel correo electrónico que mencionaba a Tirabassi y decidió que ya era tiempo de enviar allí a los hombres de la Auditoría Interna que meses atrás habían desenmascarado a la banda que operaba en Ezeiza. Estos decidieron actuar por sorpresa, sin avisar al mismísimo titular de la Aduana. El miércoles 20 de febrero, a las 20,30, se produjo el primer intento de colocar las fajas. Pero como dentro del área de Control de Riesgo debía permanecer personal hasta la medianoche, se acordó iniciar la sorpresiva inspección a las cero horas del 21 de febrero. Los auditores trabajaron toda la noche. Y recién quitaron las fajas a las 7,38 de la mañana siguiente, según consta en actas.Enterado de las fajas de clausura, Echegaray en persona concurrió a la Comisaría 22 de la Policía Federal. Frente a tan alto funcionario de gobierno, el responsable de esa dependencia decidió enviar a la Aduana a la subinspectora Andrea Louzán. Llevaba la misión de intimar a Bronzovic. Le advirtió que si querían volver a poner las fajas debía avisar antes a la dependencia policial. Luego de recurrir a la comisaría, Echegaray en persona se apareció por la planta baja de la Aduana, donde funcionaba el cuestionado departamento de Monitoreo del Riesgo. Iba acompañado por oficiales de policía, por Tirabassi, por Misuraca y hasta por delegados de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que de casualidad estaban de visita en el país. Desde la tarde anterior había una revuelta importante en el edificio central de la Aduana. Echegaray había citado a su despacho a los directores designados por Abad en el área que estaba siendo auditada. Saladino y Cicogna llegaron a eso de las cinco de la tarde y se sorprendieron al ver allí a Carlos Sánchez, por entonces jefe del departamento de Grandes Operadores. Por nota 13653-20-2008, luego Saladino relató a Abad lo que había sucedido. En esa reunión, Echegaray le restó autoridad a la funcionaria nombrada por la AFIP y le recordó que solamente “trabajaba con la gente que él quería”. También afirmó que, como no era una persona de su confianza, “ya sabía lo que debía hacer”. En concreto, le reclamó renunciar. Lejos de sentirse intimidados, con evidente respaldo de Abad, el jueves 21 de febrero a las 22, nuevamente se presentaron en el tercer piso de Azopardo 350 los auditores de la AFIP Marcos Russo y Juan Martín Daguerre. Los acompañaban varios policías que cumplían servicios adicionales y a los “efectos de proceder al fajado de las puertas de acceso a la Subdirección General de Control Aduanero”. La situación se repitió: Marcelo Daniel Truscelli, jefe de la sección administrativa, les informó que había personal que debía permanecer en el lugar cumpliendo tareas cotidianas. Y una vez más se acordó realizar el fajado a partir de la medianoche. La segunda inspección duró hasta altas horas de la madrugada.

El acta labrada a las 7,25 de la mañana del 22 de febrero informó sobre el retiro de las fajas. Pero aclaró que una de ellas, ubicada en la puerta Huergo del acceso al ala Belgrano, había sido violentada. Falsa alarma: había una obra en el lugar y la puerta había sido abierta por un obrero de la empresa Bonifacio que precisaba cargar un volquete. El albañil había abierto esa puerta desde el lado que no estaba fajado.Echegaray, ahora sí, se quejó formalmente, pues consideró que el procedimiento “superaría el marco de atribuciones” del área de Auditoría Interna. También aseguró que el operativo había provocado inconvenientes de “índole internacional”, pues había coincidido con la visita al organismo del director de Fortalecimiento de Capacidades de la OMA, un tal Lars Karlson. Era una excusa, pues a la hora de llegada de ese visitante las fajas de clausura ya habían sido quitadas. “Entiendo que siendo la máxima autoridad de la Aduana, en el edificio donde tiene asiento mi propio despacho, una decisión de estas características, al afectar el normal desenvolvimiento del servicio aduanero, debería contar con un respaldo judicial que superaría el marco de atribuciones de una auditoría interna, o en su defecto con la aprobación o el conocimiento del director general de Aduanas”, escribió Echegaray en el correo 80/2008, dirigido a las autoridades de la Auditoría Interna. Ese mismo 22 de febrero se conocieron las razones que provocaron la preocupada reacción de Echegaray. “Se acaban de encontrar 2 PC con el programa RA Server (administración remota). Las PC son del departamento Investigaciones Especializadas. Una de las PC es un servidor de información y posee información muy crítica”, decía un breve informe enviado a las autoridades de la AFIP que habían ordenado auditar una de las áreas más sensibles de la Aduana. Eran las 11,08 de la mañana. En una comunicación posterior con sus superiores, la nueva jefa del área, Bronzovic, advirtió que durante la inspección se habían encontrado seis casos de computadoras “con software malicioso”. Y tres días después, la funcionaria ampliaba sus informes. “Se han encontrado doce computadoras personales hasta el momento, conteniendo software de comunicaciones no autorizado por el organismo: VPN (TAP-Win32), VNC Server (Virtual Networking Computing) y/o RA Server (Remote Anything Server) en el ámbito de esta Subdirección General de Control Aduanero”, decía el mensaje que envió a diversos funcionarios de la AFIP. En el mismo mensaje, Bronzovic solicitaba la “urgente intervención” de Seguridad Informática. La sospecha era que en la Aduana se usaban esos programas prohibidos para avisar al exterior cuándo un contenedor iba a ser inspeccionado y cuándo tendría vía libre para pasar.Aquel mail anónimo que meses atrás había recibido Abad no parecía desacertado. Decía sobre Tirabassi: “Sigan investigando informáticamente lo que hacen en su área, ya que está pirateando todos los sistemas, para dejar entrar o salir contenedores con mercadería prohibida”. Cualquiera de los programas hallados en las computadoras bien podría haber servido para alertar a los operadores sobre las decisiones del área de la Aduana que definía finalmente las inspecciones a ciertos embarques. Garayzábal, el que había anunciado la muerte de María, era responsable de aquel sector.El empleado favorito de Echegaray también era autor de otro programa llamado “Gusin”. La Auditoría General de la Nación (AGN) había hablado de él al inspeccionar el funcionamiento de la Policía Aduanera, un área que por entonces ya se había sumado a la moda del “control selectivo”.Explicaba la AGN: “Cuando se produce la carga o descarga de mercaderías de importación se notifica informáticamente a Policía Aduanera, indicándose el depósito fiscal o lugar donde se encuentra la mercadería, hora estimada de retiro y destino final de la misma. Entre la notificación y la autorización a retiro de la mercadería median dos horas, que es el tiempo que dispone el inspector de Policía Aduanera para definir si

interviene o no la operación; transcurrido este lapso, sólo podrá inspeccionar la mercadería en el destino final de la misma”. El sistema Gusin, justamente, permitía “absorber o incorporar numerosos perfiles de riesgo tales como datos del importador, tipo de mercadería, lugar de procedencia, origen, valores, nombre del despachante, transportista, medio de transporte, números de envasamiento, contenedores, guías aéreas, manifiesto y otros. Estos datos aparecen en pantalla y se informan según lo solicite el Departamento Policía Aduanera o la División Selectividad”. Luego del hallazgo en febrero de 2008 de al menos una docena de computadoras con “software malicioso” en el área que comandaba Tirabassi, en el mismo edificio donde Echegaray tenía sus oficinas, en la AFIP ya no quedaron dudas: ese Gusin también habría sido un programa de los denominados “troyanos”, que servía para absorber datos de la base de AFIP y para enviarlos rápidamente hacia una PC externa o, incluso, hasta un teléfono celular.

Capítulo 16 - Patota

Marcelo Rossi había renunciado a la ONCCA apenas hacía tres semanas atrás y ya era requerido por la justicia, pero no como sospechoso sino como supuesta víctima. Tras su larga gestión, fue la única vez que tuvo que ir a los tribunales. El diputado del ARI, Adrián Pérez, había presentado una denuncia penal, preocupado por los términos en que los diarios, en especial Clarín, habían relatado el alejamiento de tan prestigioso técnico. A principios de marzo de 2007, Rossi se había convertido en el primer funcionario que dejaba el Gobierno denunciando “presiones” del ascendente secretario de Comercio, Guillermo Moreno. “Moreno me amenazó y, lamentablemente, no es nada saludable trabajar en estas condiciones. Temo por mi familia y esto es más importante que mis ganas de trabajar por un proyecto de país serio y un Estado transparente, que comparto con el presidente Kirchner y la ministra Miceli”, señaló Rossi al autor de este libro el 2 de marzo de 2007. El párrafo fue cuidadosamente reproducido en el diario Clarín. Rossi siempre le había parecido un buen tipo, muy bueno, y por eso hasta le parecía ingenuo en aquella charla. Como muchos otros funcionarios que paulatinamente se fueron alejando del gobierno de los Kirchner, Rossi intentaba sepultar al secretario de Comercio, pero al mismo tiempo preservaba en su declaración a Kirchner y a su “proyecto”. Ingenuo, todavía no quería enterarse de que una y otra cosa finalmente serían lo mismo. El 21 de marzo de 2007, ya fuera del cargo, Rossi expuso ante el juez federal Ariel Lijo, quien había recibido la denuncia de Pérez y se mostraba dispuesto a darle cauce rápido. Rossi declaraba: Quiero expresar que […] mantuve una reunión con Guillermo Moreno una semana anterior a la fecha señalada por el denunciante, en el cual refiere que me reuní con el nombrado el día viernes 2 de marzo. Que el secretario Moreno me llama por teléfono, me invita a que vaya a verlo para entregarme unos antecedentes y me pide que sea puntual porque no tenía mucho tiempo. Que concurro, me atiende en forma inmediata y tenemos una reunión dura, yo la califico de grotesca, en donde el secretario de Comercio me hace saber, o intenta hacerme saber, que a partir de entonces era mi jefe, tocándose su hombro como si mostrara o exhibiera charreteras”.

Dos meses antes de esa declaración había renunciado el hombre a quien Rossi consideraba su verdadero jefe en el Estado: Miguel Campos. El secretario de Agricultura nombrado en 2003 por Roberto Lavagna había sido uno de los funcionarios que más tiempo duró al frente de esa cartera: tres años y ocho meses. Durante su gestión, la ONCCA había crecido. Rossi respetaba a Campos por loco y por honesto. En su mandato, Campos no solo peleó contra la pretensión de la multinacional Monsanto por cobrar millonarias regalías por la soja transgénica o contra los grandes frigoríficos que siempre intentaron concentrar en pocas manos el negocio de la Cuota Hilton. También, y sobre todo, luchó contra el serrucho constante que manipulaba Javier De Urquiza, un mediocre kirchnerista llegado de Río Gallegos que nunca había soportado ser designado simplemente subsecretario. Ni bien Campos presentó la renuncia el 6 de febrero de 2007, De Urquiza sabía que su turno había llegado. Fue el flamante secretario De Urquiza quien le pidió a Rossi que fuera a reunirse aquella tarde con Moreno. Hasta ese momento, el titular de la ONCCA se había negado a atender los llamados del titular de Comercio. “Orgánicamente debía reportarme y ejecutar las políticas que dictara Agricultura”, se justifica todavía hoy. A principios de

2007 intuía lo que se venía. Y no pudo evitarlo una vez que De Urquiza lo envió directamente al matadero. “El Petiso” ingresó al despacho de Moreno dispuesto a resistir esa embestida. Vale reconocerlo, el secretario de rudos modales hasta intentó ser amable al principio de la charla.

–Mirame el dedo nene– le dijo Moreno mientras levantaba su dedo anular hacia alturas inciertas. No encontré ni uno, escuchame bien, ni uno solo que me hablara mal de vos, ya sean bolsas, acopios, corredores, industriales o productores. Y eso es muy malo, nene, porque en este país tiene que haber dos grandes hijos de puta. Uno se llama Guillermo Moreno. Y el otro tenés que ser vos– le sugirió. Luego le comunicó que, de ahí en adelante, la ONCCA ya no podía otorgar ni un solo ROE ni una sola compensación que no contara con su aprobación. Rossi se negó. –¡Sos difícil, petiso! Bueno, nene, estás en un quilombo y solo tenés tres alternativas. Si te sumás al grupo, bienvenido. Acá nadie te va a tocar porque a mí me gusta discutir con vos, que por lo menos sabés de qué se trata. O te quedás con la piba. O te vas a tu casa y ojalá no te pase nada– amenazó Moreno.

La “piba”, en el léxico de Moreno, era la ministra de Economía Felisa Miceli. Huérfanos de la protección de Roberto Lavagna, Campos y Rossi se habían alineado con ella, y ésta a su vez buscaba la protección del jefe de Gabinete Alberto Fernández, el último de los moderados que tenía llegada directa a Néstor Kirchner.Por entonces, éste parecía divertirse. Un mes antes, Moreno ya había intervenido el INDEC, poniéndolo bajo su mando. Y ahora iba por la ONCCA. De la noche a la mañana, en muy corto tiempo, ese organismo se había transformado en estratégico, y sin el arbitrio de leyes había acumulado funciones que algunos consideraban “desmedidas”.Desde el intempestivo cierre de las exportaciones de carne decidido por Kirchner en marzo de 2006, sobre la ONCCA había recaído la responsabilidad de administrar los cupos de exportación que paulatinamente se fueron habilitando para los frigoríficos. Rossi transformó los ROE, que habían nacido a los efectos estadísticos, en un instrumento para regular los embarques de carne. Pero desde el vamos fue muy cuidadoso y estableció un sistema de cuotas por empresa, manteniendo una proporción con lo que cada una de ellas había exportado en los años anteriores. Esas porciones de mercado, además, eran distribuidas por una Resolución del Ministerio de Economía. Pero, además, la ONCCA había sido elegida por el gobierno para administrar un asunto mucho más complejo: las compensaciones o subsidios a ciertos sectores productivos, en un intento por neutralizar la suba internacional que ya se comenzaba a registrar en el precio de los granos. Nacía por entonces un concepto que el kirchnerismo repetiría hasta el cansancio, incluso a la hora de justificar las más aberrantes matufias administrativas. Todo se hacía en defensa de “la mesa de los argentinos”. El sistema había sido anunciado por Miceli el 11 de enero, junto a una suba de las retenciones a los productos exportados por el competitivo complejo sojero. El poroto pasó a tributar del 23,5% al 27%. Y sus derivados, el aceite y los pellets, comenzaron a dejar en el Fisco también 4 puntos porcentuales más, un total del 24%. Con ese retoque en el esquema de retenciones, el primero que se efectuaba desde los tiempos de Duhalde, el gobierno informó que conformaría un fondo específico de unos 400 millones de dólares que luego serían utilizados para subsidiar a los productores de pollos, cerdos y trigo, a través de los molinos harineros. Fue una mentira piadosa: esa

recaudación adicional nunca fue discriminada y el dinero extra recaudado pasó de inmediato a engrosar las cuentas de la Tesorería. También se mintió cuando se anunció que el sistema estaba destinado a subsidiar a los productores. Con el transcurso del tiempo, quedaría claro que los mayores beneficiarios serían finalmente los actores más concentrados de las diferentes cadenas productivas. Lo que Moreno le había exigido a Rossi, aquella tarde de principios de marzo, era que la ONCCA no pagara ni uno solo de esos flamantes subsidios, ni emitiera nuevos permisos de exportación de carne, sin contar antes con su consentimiento. Dicho de otro modo: quería manejar todo por control remoto.Ya era de noche ese martes cuando Rossi regresó a la sede de la Secretaría de Agricultura. Estaba nervioso, tenía mal semblante. Cuando De Urquiza le preguntó qué le había pasado, Rossi le contestó tajante: “Renuncio. Me voy a casa”. Rossi recién regresó a Buenos Aires tres días después, el viernes, convocado directamente al despacho de Miceli, por quien sentía aprecio y a quien le agradecía su respaldo. Esperaba tener una charla honesta e íntima con la ministra, pero grande fue su sorpresa cuando ella lo recibió en compañía del secretario de Agricultura kirchnerista que unos pocos días antes le había ordenado que fuese a ver a Moreno. –¿Cómo estás, Marcelo?– preguntó afectuosamente la titular de Economía. El funcionario que había construido la ONCCA desde cero, pensando en otro destino para tanto trabajo, perdió la compostura. –Estoy mal– respondió. –Hasta ahora había visto hasta El Padrino III [en referencia a la famosa saga de películas de Francis Ford Coppola]. Pero el martes me tocó conocer a El Padrino IV.

No había mucho más de que hablar. Rossi fue el lunes a su oficina a retirar sus efectos personales. Dejaba la ONCCA sin haber puesto su firma en ningún pago de compensaciones para el sector privado.En su lugar, De Urquiza nombró rápidamente a un gris funcionario de Agricultura, el economista José Portillo, quien rápidamente accedió a hacer lo que Moreno exigía: subordinar el organismo, aunque informalmente, al poder creciente del secretario de Comercio. Portillo era casi un estorbo, pues quien tomó en realidad las riendas de la ONCCA fue otro santacruceño, el entonces jefe de Gabinete de Agricultura Carlos Milicevic. Como muchos de sus pares de la troupe kirchnerista, este funcionario no sentía culpas en mezclar la actividad pública con sus negocios privados. A las misiones oficiales por Europa llevaba dos tarjetas: la que lo acreditaba como funcionario y otra en la que figuraba como gerente comercial de Estancias de Patagonia SA, un frigorífico de corderos instalado en Río Gallegos.Sin más prueba que el testimonio de Rossi, en la causa iniciada por el diputado Pérez el juez Lijo decidió casi un año después el sobreseimiento de Moreno. Pero la causa siguió abierta, porque la Cámara de Casación aceptó un recurso del entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido. En julio de 2011, Lijo volvió a exculpar al poderoso funcionario, pero el fiscal Federico Delgado volvió a reclamar a la Cámara Federal porteña que mantenga abierta esa investigación. “La acusación no es menor. Hablamos de un funcionario público coartando la libertad funcional de otro a través de amenazas. Un funcionario de una repartición pública sin competencia para darle órdenes [Moreno] fue a exigirle [a Rossi] sujeción si pretendía continuar en su labor”, razonó el fiscal. Todavía sigue repiqueteando aquel “ojalá no te pase nada” con que Moreno despidió a Rossi, aquella única vez que éste aceptó ir a verlo a su oficina.

Capítulo 17 – El venezolano

Ninguno de los pasajeros del avión Cessna Citation X , matrícula N 5113 S, de la empresa Royal Air, que aterrizó a las 2,30 de la madrugada del 4 de agosto de 2007 en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, debía imaginar que iba a ser revisada al menos una parte de sus equipajes. El vuelo, alquilado por Energía Argentina SA (Enarsa), había partido de Caracas la tarde anterior. Llevaba altos funcionarios de Venezuela y la Argentina. Como en muchas otras ocasiones, nadie suponía que podían llegar a ser inspeccionados. Estaban todos cansados cuando aterrizaron a metros del Río de la Plata, en el sector de Taxis Aéreos del aeroparque. Había sido una misión a Caracas que llevó menos de 48 horas. Exequiel Espinoza, el presidente de Enarsa, se sorprendió al subir a la aeronave contratada por su organismo, al descubrir que a sus compañeros en el viaje de ida se le habían sumado varios compañeros para el viaje de vuelta. -Perdón, ¿los compañeros?- preguntó.-Son colegas de PDVSA- le respondieron.Los venezolanos eran cuatro, todos ellos ligados a la empresa Petroleos de Venezuela SA. Espinoza aceptó que se integraran al vuelo. Era, al menos formalmente, el funcionario argentino de mayor rango que había abordado esa aeronave. Solo formalmente. Porque quien lo tranquilizó tenía mucho más poder. Aquella madrugada también viajaban en la aeronave Claudio Uberti y su asistente personal, Victoria Bereziuk. Uberti no debería haber tenido nada que hacer en Venezuela, pues en el organigrama estatal figuraba simplemente como director del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), debía controlar aquí a las empresas de peaje. Sin embargo, viajaba hacia el país caribeño con inusual frecuencia. Fue él quien invitó a subir a los venezolanos. Por decisión del ministro de Planificación, Julio De Vido, Uberti era quien comandaba las fructíferas negociaciones entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Comandaba la que algún tiempo después, tras las confesiones del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, se comenzó a llamar “Cancillería paralela”. Con serias sospechas sobre el cobro de coimas, era esa pseudo diplomacia la que habilitaba los negocios privados con ese país. Uberti se había acercado al kirchnerismo a mediados de los noventa. Como su amigo, Ricardo Echegaray, fue colaborador de Rudy Ulloa en la unidad básica “Los Muchachos Peronistas” y en el centro comunitario El Carmen. En el kirchnerismo se sabía: hacia fines de 2007 también actuaba como recaudador de fondos para la campaña electoral de Cristina.En el viaje, una avanzada de la visita al país que realizaría dos días más tarde el presidente Chávez, había un último pasajero: el robusto empresario venezolano Guido Antonini Wilson. La Aduana y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), por aquellos días, vivían un clima de fuerte enfrentamiento, que quedó patente unas semanas después, con la denuncia judicial de la PSA hacia una banda de empleados aduaneros que hacían negocios ilícitos en el aeropuerto de Ezeiza. En aquel momento, y pese a que esas maniobras habían sido filmadas, Echegaray amagó con una defensa de sus subordinados. Y hasta el sindicato de personal aduanero llegó a amenazar con hacer un paro si la justicia no los liberaba. Nada sabían los ocupantes de aquel vuelo de Royal Air, recién llegado de Venezuela, de las rencillas que existían entre los dos organismos encargados del control aeroportuario. En rigor, nunca se sabrá si fue esa disputa la que provocó que María del Luján Telpuk,

la agente de la PSA que estaba de guardia aquella madrugara, decidiera abrir una valija que acababa de ser bajada del avión. Había dentro 790.550 dólares. Antonini Wilson se hizo cargo de ese equipaje. Frente a semejante hallazgo, y dado que el venezolano no había declarado previamente que llevaba consigo semejante suma de dinero, al personal de la Aduana no le quedó más remedio que intervenir. El recuento del dinero llevó varias horas y hasta se hicieron fotocopias de cada uno de los billetes. Finalmente se decidió labrar un acta. “El agente Jorge Lamastra, Legajo 27232-9, en cumplimiento de las funciones propias del servicio aduanero, con la presencia de los agentes de la Policía Aeroportuaria Daniel Ingrosso, legajo 501096, y María Luján Telpuk, legajo 503511, detectó en una de las valijas transportadas por el pasajero, sin ocultamiento, dinero extranjero consistente en dólares estadounidenses, no habiendo sido declarado ante la autoridad aduanera antes de procederse al control del equipaje. En orden a lo expuesto, los hechos constituirían ‘prima facie’ infracción al régimen de equipaje (Resolución 3751/94), en los términos de lo previsto por el artículo 978 del Código Aduanero, por lo que se procede al secuestro de las divisas”, afirmaba ese documento. "Llévense el dinero. Yo soy un soldado. No me van a sacar de dónde viene ni hacia dónde va", les habría dicho un tranquilo Antonini Wilson a los agentes de la PSA y la Aduana. Luego de algunas horas se retiró tranquilamente del Aeroparque, como si nada. Dos días más tarde, y aunque el gobierno siempre lo negó, ingresó en la Casa Rosada y participó del acto oficial que tuvo como protagonistas a Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Y pocas horas después, salió del país. Nada de todo esto debería haber sucedido. La clave que permitió la fuga de Antonini estaba en el acta firmada aquella madrugada por el aduanero Lamastra y los PSA Telpuk e Ingrosso. Allí se precisó que no hubo ocultamiento del dinero y se encasilló el caso como una simple infracción aduanera. Cuando luego intervino la fiscal María Luz Rivas Diez, consideró que el caso bien podría haber sido tipificado como “contrabando” y hasta podía ser calificado como “lavado de dinero”. El venezolano, en ese caso, debería haber sido detenido inmediatamente y puesto a disposición de la justicia. Quien intervino para que esto no sucediera fue el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray. Según un testimonio que recogió la causa judicial mucho tiempo después, el jefe aduanero del Aeroparque, Guillermo Lucangelli remitió esa misma madrugada copia del acta a Echegaray. Es decir, el alto funcionario, viejo amigo de Uberti, estuvo al tanto de todo casi desde el principio. Y aceptó que el ingreso de casi 800.000 dólares no declarados al país bien fuera considerado como una simple infracción aduanera y no como un delito.Es más o menos como decir que si Antonini Wilson hubiera sido un conductor que manejando ebrio atropellaba a una persona, las autoridades hubieran decidido juzgarlo por haber ingerido alcohol en grandes cantidades, y no por el asesinato.Mucho tuvo que ver en esto que la justicia fue avisada demasiado tarde, recién cuando el caso de la valija de Antonini se hizo público y no había manera de esconderlo. Según consta en las primeras actuaciones, la Aduana comunicó el incidente recién más de un día después de que sucediera, el lunes por la mañana. La excusa del organismo fue que no pudieron ubicar a la jueza en lo Penal Económico que estaba de turno ese fin de semana, pues supuestamente se encontraba descansando en una quinta. En un comunicado de prensa, Echegaray culpó además a la secretaria de ese juzgado de haber sido quien ordenó, aquella madrugada, que el caso de la valija “sea tramitado únicamente en sede aduanera".

"La suscripta en ningún momento impartió instrucciones, que por otra parte no me fueron requeridas, acerca de cómo debía continuar el trámite del sumario que se instruía en la Dirección General de Aduana", sostuvo la jueza María Marta Novatti para salir al cruce de la versión lanzada por Echegaray. Tal fastidio le provocó la acusación del funcionario kirchnerista que hasta pidió ser apartada de la causa. El periodista de Clarín Lucio Fernández Moores relataba por aquellos días: “En Tribunales y la Aduana tienen versiones distintas sobre el caso del empresario venezolano. Mientras los aduaneros descargan culpas en la Justicia, en Tribunales creen que sus funcionarios mienten y no descartan que ese organismo termine denunciado por su actuación en el caso de la valija con casi 800 mil dólares”. Una fuente judicial consultada por el diario agregaba: "Resolvieron que se trataba de una infracción aduanera por sí mismos, sin intervención judicial, y así dejaron libre a Antonini, sin consultar a la Justicia”.Lo que a esa altura estaba claro es que, para fugarse del país, el robusto empresario había contado con una inexplicable cobertura política, de la que Echegaray, por lo menos, tuvo conocimiento.En su impecable investigación sobre el caso de la valija, el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, reveló que durante aquellas horas posteriores al decomiso del dinero Uberti realizó múltiples llamadas telefónicas a funcionarios de fuste, como el ministro De Vido, el propio Echegaray; el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández; y hasta el director general de la SIDE, Jaime Stiusso. El titular del OCCOVI además concurrió ese mismo domingo, bien temprano a la mañana, a la Quinta Presidencial de Olivos. En su raid, Uberti llegó a visitar a Antonini en su hotel durante la noche del domingo.Fue la declaración judicial de un ex amigo de Echegaray la que puso blanco sobre negro, al menos respecto de la responsabilidad de este funcionario en la maniobra de encubrimiento. Gustavo Héctor Págano, abogado y ex compañero de Echegaray en el Liceo Naval, había sido designado coordinador general de Aduanas Domiciliarias el 22 de octubre de 2004. Un año después, la Disposición 82 lo ascendía a director de la Secretaría Técnico Institucional. Y más tarde, ocuparía la Dirección de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera. Dejó ese cargo en abril de 2008, pocos meses después del escándalo del aeroparque. A fines de noviembre de 2010, Pagano se presentó a declarar ante el juez Daniel Petrone, que había quedado a cargo de la investigación. Y frente al magistrado relató lo que sabía sobre aquella madrugada. Antes de hacerlo se anunció como "amigo personal" de Lamastra, el aduanero de turno aquella noche y quien firmó el acta. Pero a la vez aclaró que ya no mantenía contacto con Echegaray, quien lo había echado de la Aduana sin siquiera darle a conocer los motivos.Pagano relató que Lamastra lo llamó poco antes de las 5 de aquel sábado, cuando comenzaba el recuento de los dólares, pidiendo instrucciones y apoyo de sus superiores, pues estaban implicados altos funcionarios del gobierno. Cuando dos horas más tarde Pagano pudo finalmente contactarse con Echegaray, éste le dijo que ya estaba al tanto y ocupándose del caso. Una extensa lista de llamadas entrantes y salientes entre varios funcionarios de la Aduana demostró luego que se había discutido intensamente si el organismo debía encuadrar el decomiso de los dólares como un delito, que era lo que correspondía, o simplemente como una infracción aduanera, que fue lo que finalmente se hizo.Un año antes de la declaración de Pagano había testificado Marcelo Saín, el titular de la Policía Aeronáutica. El funcionario declaró bajo juramento que aquella madrugada del 4

de agosto de 2007 había habido en Aeroparque una "zona liberada" por la Aduana. A diferencia de Echegaray, Saín no recibió ninguna llamada tempranera de Uberti y se enteró del caso recién al día siguiente. Entonces, según declaró, llamó a su superior inmediato, el ministro Aníbal Fernández. "Turco, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Esto no es nuestro problema. Van a ser otros lo que tengan que dar explicaciones", le dijo el titular de Interior, que luego fue ascendido a jefe de Gabinete.La declaración de Saín se produjo a fines de diciembre de 2009. Pocas semanas antes había renunciado a la jefatura de la PSA, cansado del vacío de poder que experimentaba desde la fuga de Antonini. En cambio, por esas horas, Echegaray era ascendido a jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Capítulo 18 – La revancha

El 22 de febrero de 2008, el mismo día en que una auditoría determinaba la existencia de varias computadoras “pinchadas” dentro del área de Control de Riesgo de la Aduana, el jefe administrativo de la Subdirección de Operaciones Aduaneras del Interior, Francisco Nicolás Badura, informó a su superior inmediato, Esteban Claudio Mengarelli, de un episodio que lo había estremecido.La tarde anterior Ricardo Echegaray había visitado esa área y, luego de preguntarle por la marcha de un expediente sobre el Resguardo de Salto, se cruzó con la agente Claudia Giménez, quien lo saludó atentamente. El titular de la Aduana estaba sacado y no contestó ese saludo. Por el contrario, a los gritos le preguntó a la empleada “qué hacía en su escritorio y por que no había cumplido el traslado” que él mismo había ordenado. Frente a esa agresión, y ante el desconcierto de Giménez, Badura intervino para recordarle que la agente nunca había sido notificada que iba a ser trasladada. Echegaray, entonces, le pidió que lo acompañara hasta su despacho. Y allí le entregó dos disposiciones de traslado a nombre de Giménez y de otra agente de su sector, llamada Fabiola García. Cuando regresó, encontró a la empleada agredida presa de un ataque de llanto. Giménez se retiró de su trabajo esa tarde “debido al momento que le tocó vivir”, según le relató Badura a Mengarelli, quien de inmediato informó del caso a Alberto Abad y otros funcionarios. La caza de brujas había comenzado. Menos de una semana después, el 28 de febrero, el subdirector general Técnico Legal de la Aduana, Jorge De Cicco, elevó su renuncia a Echegaray. El texto era elocuente en cuanto al grado de cosas que sucedían en el organismo. “Estamos avanzando para quedarnos sin organismo y sin organización. La articulación ordenada de los órganos que integran la Dirección General se ha perdido. Actualmente sólo se habla de alineamientos ‘con el director’ o ‘contra el director’, en un ejercicio que resulta perjudicial para el organismo todo”. Para ese entonces, Echegaray ya había reclamado la renuncia no solo de Mengarelli sino también de su ex compañero de Liceo, Gustavo Pagano, el que declaró en su contra en el caso de Antonini Wilson.En su carta de renuncia, De Cicco le advirtió directamente a Echegaray sobre el error que significaba desplazar a funcionarios de carrera de la estructura de la Aduana. “Su clara decisión de limitar su gestión al acompañamiento de un reducido grupo de funcionarios constituye una política errónea que el suscripto no está en condiciones de acompañar, sin hacerse partícipe de un silencio cómplice, de un estado de cosas que se entiende irregular y perjudicial para el organismo”.Abad siguió de cerca todos los sucesos. A esa altura, ya había decidido reclamar la renuncia del responsable de la Aduana al más alto nivel de gobierno. Con Echegaray hacía varias semanas que no se dirigían la palabra. Y éste lo desafiaba por los medios: "Renunciar, no pienso renunciar. Me trajeron por un proyecto político: si me piden que siga, sigo; si me piden que me vaya, me voy", decía en declaraciones a Clarín publicadas el 10 de marzo. Abad puso plazos al tironeo. “Si el próximo lunes (17 de marzo) continúa en el cargo, el que se va soy yo”, le avisó al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Un día después de vencido aquel ultimátum, Abad volvió a plantarse frente a su tocayo y soporte político en un Gobierno que iba sacándose de encima, gradual pero decididamente, los resabios de gestiones anteriores.–O se va él o me voy yo– le dijo. Alberto Fernández le pidió un rato para responder. A las dos horas regresó con una respuesta reveladora del grado de compromiso del

matrimonio Kirchner con Echegaray, finalmente su mano de obra más leal, quien ejecutaba sin chistar todos sus mandatos. –Mirá… Él no se puede ir.Al rato, el propio jefe de Gabinete enfrentaba a los periodistas acreditados en la Casa Rosada para anunciar el desenlace de la pelea. La decisión había sido que tanto Abad como Echegaray debían dejar sus cargos en el gobierno. Fue una simulación imperfecta de justicia, de la que Alberto Fernández aprendió una lección. Cuando pocos meses después le tocó a él su turno de renunciar, y para evitar una maniobra del mismo estilo, filtró primero la noticia de su alejamiento a los medios. Una crónica real de los sucesos debería decir que Néstor y Cristina, si alguna vez lo dudaron, habían decidido dar por ganador a Echegaray de la pulseada con Abad, a pesar de simular también el despido del jefe de la Aduana. Todavía peor, debería consignar que quien reemplazaría a Echegaray en la Aduana sería Silvina Tirabassi, a quien días antes Abad había echado de su cargo por serias sospechas de corrupción. Abad dejó su puesto en la AFIP con un gusto amargo. Uno por uno, los empleados del organismo desfilaron por su despacho para despedirlo con un apretón de manos y algunos hasta con un abrazo. Entre varias escenas de lágrimas, el recaudador que emergió de la crisis de 2002 y sobrevivió durante todo el gobierno de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner dejaba de trabajar para el Estado. Mientras saludaba, Abad temía por lo que pudiera pasar con toda esa gente que lo despedía.Tirabassi, mano derecha de Echegaray, asumió el cargo a fines de marzo, en silencio y sin acto oficial. Su designación fue firmada por el gris economista Carlos Fernández, flamante titular de la AFIP. El hombre provenía de la Jefatura de Gabinete y aceptaba sin chistar el casillero que dispusieran para él en el tablero del poder. Pocas semanas después dejó la AFIP y fue nombrado ministro de Economía, en reemplazo del joven Martín Lousteau, cuyas “retenciones móviles” habían desatado ese mismo mes de marzo una formidable pelea con el sector agropecuario. Echegaray estaba eufórico con el nombramiento de Tirabassi, su colaboradora más cercana. En los hechos, él continuaría al mando de la Aduana. Simulaba, sin embargo, una retirada. Llegó a contar por esos días que estaba analizando una propuesta para ir a trabajar en la OMA, con sede en Bruselas. En realidad, el kirchnerismo ya le tenía otro destino preparado. A mediados de 2008, Alberto Fernández hacía lo imposible para conservar sus porciones de poder dentro de un gobierno que cada día, y en especial desde ese conflicto con el campo, se encerraba más sobre si mismo. A principios de julio, con Carlos Fernández convocado para el Palacio de Hacienda, el jefe de Gabinete recurrió a Claudio Moroni, un economista que venía trabajando al frente de la ANSES, para que se hiciera cargo de la AFIP. Moroni aceptó de mala gana, pero sin mucho más remedio que hacerlo. Sabía íntimamente que ese puesto estaba reservado para Echegaray, pero que el matrimonio Kirchner debía esperar que se aquietaran las aguas de su pelea con Abad antes de dar ese paso. “Néstor quería rajar a Abad y poner de entrada a Echegaray en la AFIP, pero Alberto Fernández trataba de evitarlo. La designación del pingüino en la ONCCA fue resultado de aquella pulseada”, recuerda a la distancia. Apenas dos meses después de su llegada a la AFIP, Moroni sabía que tenía los días contados en ese cargo.En realidad, presumía que el kirchnerismo había logrado lo que no había podido hacer durante la extensa gestión de Abad: poner un pié en la Administración Federal de Ingresos Públicos.La primera señal de que se venía el “copamiento” de un organismo central de la estructura del Estado fue la Disposición 234, firmada a regañadientes por el propio

Moroni el 3 de junio de 2008. La misma “daba por finalizadas” las funciones del contador Norman Ariel Williams como director de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia. Y nombraba allí a otro contador Héctor Alejandro Sartal, que provenía de la Dirección Regional Palermo.Comodoro Rivadavia era un territorio conocido por Echegaray. Había sido enviado allí en 2004, cuando el caso de la pesquera Conarpesa amenazaba salpicar al kirchnerismo. Sartal, al que muchos definen como un funcionario obediente y de pocas luces, tendría una misión muy parecida: detener una investigación de la DGI sobre la empresa constructora Gotti SA, una compañía vinculada con un empresario muy amigo de los Kirchner llamado Lázaro Báez. Durante aquellos meses el diario Perfil investigó a fondo el tema. En su edición del domingo 2 de noviembre de 2008 informó que “la Dirección General Impositiva (DGI) comprobó más de 500 millones de pesos facturados con boletas apócrifas y a través de empresas fantasma por parte de la constructora Gotti SA”. Y añadía: “El organismo informó a la Justicia que la empresa habría evadido por esas operaciones 120 millones de pesos solamente de IVA”.El de Gotti SA era el caso más escandaloso de muchos otros denunciados por la AFIP en la justicia años atrás, cuando Abad le aseguraba al organismo cierta independencia ante la voracidad kirchnerista. La empresa había nacido en 1970, pero comenzó a crecer durante la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos, en 1987. Luego, entre 2002 y 2007 la firma resultó adjudicataria de 53 contratos de obra pública en Santa Cruz, por 627 millones de pesos.La vinculación entre esta firma de Lázaro Báez y el kirchnerismo habia sido sobradamente probada en muchas crónicas periodísticas. Pero si hacía falta algo más el periodista Juan Cruz Sanz lo descubrió: al revisar viejos documentos judiciales detectó que en el año 2000, cuando todavía trabajaba en Santa Cruz, Echegaray se había presentado ante la Justicia como abogado patrocinante de esa firma. “Que a fs. 1472/1480, se presentan los Dres. Eloy Roldan y Ricardo Daniel Echegaray por la firma Gotti Hnos”, decía una resolución del departamento jurídico de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, fechada el 31 de mayo de 2000. Es menester recordarlo: dicha actividad como abogado de privados era incompatible con la tarea que desarrollaba en la Aduana. Como había hecho con su viejo amigo Ripoll de Punta Alta, en aquella causa de las firmas falsas, Echegaray hasta le reclamó judicialmente a Gotti SA el pago de honorarios atrasados por 2 millones de pesos. Ese juicio tramitaba en el Juzgado 1 de Río Gallegos: “Echegaray, Ricardo Daniel C/ Gotti Hnos S.A S/ Diligencias preliminares – Expte 21.990”.Además de a Gotti SA, los sabuesos fiscales también habían denunciado por el uso de facturas truchas a otras empresas ligadas a Lázaro Báez: Austral Construcciones, Badial SA y Gancedo SA. E hicieron lo mismo con otra firma amiga del poder kirchnerista, Casino Club SA, del zar del juego Cristóbal López. En el juzgado federal a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid, a cargo de las investigaciones, se sospechaba que -como ya había sucedido con la constructora sueca Skanka-, la utilización de facturas de empresas fantasma bien podía esconder el pago de coimas. Las balas picaban demasiado cerca. El despido de Williams de Comodoro Rivadavia convulsionó a toda la línea técnica de la AFIP. Williams no había investigado de motu propio, pues contaba con autorización del subdirector nacional de Operaciones Impositivas, Jaime Mecikovsky, quien a su vez había puesto al tanto del caso al titular de la DGI Horacio Castagnola.

En su libro El Dueño, el periodista Luis Majul describió cómo fue el linchamiento de esos funcionarios de carrera de la AFIP que, casi sin querer, fueron a meter las narices donde supuestamente no debían. -Me piden las cabezas de Mecikovsky y de Williams- le comunicó a poco de asumir Moroni a Castagnola.-¿Quién te las pide?- retrucó el titular de la DGI.Moroni hizo una seña con el pulgar hacia el techo. La orden venía desde lo más alto. Después explicó:-Dicen que tienen contactos con el ARI. Que le pasan información.Castagnola luego se lo comunicó a Mecikovsky. Y éste le respondió: “Nosotros trabajamos para el Estado. No para el gobierno. Hacé lo que tengas que hacer”. Pocas horas después se conoció el desplazamiento de Williams: Comodoro Rivadavia sería territorio controlado. Mecikovsky se negó a firmar la designación de Sartal para esa dirección regional, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo porque estaba abajo suyo en la línea de mandos. El 31 de julio de 2008, esa insolencia le valió ser degradado a inspector raso de la DGI. Castagnola también fue dejado sin su importante cargo. Pero al menos a él lo reciclaron en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la AFIP. El poder que oculto detrás el pulgar en alto de Moroni lo echó porque se había negado a avalar la designación, en el lugar que ocupaba Mecikovsky, de Carlos Sánchez. ¿Casualidades? Sánchez provenía de la Aduana, pero además era recomendado del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Castagnola consideró que no tenía formación suficiente como para trabajar a su lado. Tres meses después de esos cambios Echegaray fue anoticiado por sus jefes políticos: en breve asumiría la conducción formal de la AFIP. La mayoría kirchnerista en el Congreso ya había aprobado sin dificultad una ley que propiciaba la repatriación y blanqueo de capitales, a la que la AFIP debía dotar de la correspondiente reglamentación. Moroni fue invitado gentilmente por Néstor Kirchner a hacer esa tarea, pero para ello debía permanecer en el cargo hasta febrero. Con un nudo en el estómago, el economista declinó la invitación. Prefirió volver al llano. El 30 de diciembre de 2008, en una rápida ceremonia realizada al mediodía y merced al decreto 2284 firmado por Cristina Kirchner, Echegaray fue ungido como administrador federal de Ingresos Públicos. Moroni, que dejaba el cargo, era considerado como el último funcionario “albertista” (en referencia al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández) que quedaba en el gobierno. Esa misma tarde, Echegaray citó a los ocho subdirectores de carrera de la AFIP que sobrevivían desde la gestión de Alberto Abad. Uno a uno ingresaron a su despacho y a todos ellos les dijo más o menos lo mismo: “Mirá, necesito tu renuncia porque mi gestión va a necesitar de gente de mi confianza, que comparta este proyecto”. El prestigioso Jorge Linkens, responsable del área de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP, y en consecuencia quien estaba a cargo del Sistema María, fue uno de los primeros en caer. También lo hicieron los responsables de Fiscalización, Marcelo Costa y Mario Roselló; el de Atención al Contribuyente, Sergio Rufail; el de la Auditoría, Néstor Sosa; el de Administración Financiera, Alfredo Barnech; y el de Coordinación Técnico Institucional, Miguel de Virgilis. Como yapa, Echegaray también reemplazó al director general de Recursos de la Seguridad Social, Guillermo Ramírez.Habían pasado apenas nueve meses desde su despido simulado de la Aduana. En ese lapso, periodo de gestación de su llegada a la AFIP, Echegaray había tenido tiempo suficiente como para demoler otro organismo importante del Estado.

Capítulo 19 – Instrucciones

El 19 de abril de 2008, a menos de un mes de su precipitada salida de la Aduana, Ricardo Daniel Echegaray fue designado por decreto 606 para conducir la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Durante aquellas breves semanas de ocio, sin embargo, Echegaray no había tenido tiempo para aburrirse. Ninguno de los 40 millones de argentinos había podido hacerlo. El 11 de marzo el gobierno había anunciado unas extrañas “retenciones móviles”; al día siguiente las entidades agropecuarias se habían reunido en la Comisión de Enlace; luego la presidenta había dicho que la soja era “un yuyo” y que en el campo mandaba todavía “la oligarquía”; los productores se habían lanzado furiosos a cortar las rutas; los camioneros de Hugo Moyano amagaron enfrentarlos; y en Plaza de Mayo el piquetero Luis D’Elia solucionaba las diferencias a las trompadas. Durante aquel mes, la Argentina se había mostrado furiosa y dividida como nunca antes. La historia rescatará sobre aquel desaguisado mayúsculo que todo sucedió por obra y gracia de la prepotencia e ignorancia de Guillermo Moreno y por la ignorancia en la materia del matrimonio presidencial. En marzo de 2011 el valor internacional de los commodities que produce la Argentina tocaba las nubes en el mercado internacional. Pero, en vez de alegrarse por ello, el secretario de Comercio consideró que era el momento de imponer a la soja una retención superior al 50%. Martín Lousteau, el joven ministro de Economía que Cristina había elegido para arrancar su mandato, tenía una receta algo más moderada y sacó de la galera un esquema móvil para los derechos de exportación, que arrancaba con una soja que tributaría 44% e iría fluctuando según el humor del mercado. A la improvisación siguió el acabose.Ese 19 de abril, curiosamente, había paz. Luego de 21 días de protestas en las rutas, las entidades rurales habían aceptado levantar los cortes y se aprestaban a negociar con las autoridades. Y hasta Néstor Kirchner había dicho horas antes ante intendentes del PJ que el conflicto debería en adelante ser considerado simplemente como “un mal recuerdo de la historia”.Si pacificar era la intención de Kirchner, no se entiende por qué decidió colocar a Echegaray al frente de la ONCCA. Ese organismo luego sería crucial para el desarrollo de las negociaciones con los dirigentes del campo, pues de él dependerían los prometidos (y nunca cumplidos) reintegros de retenciones para pequeños y medianos productores, una fórmula ideada por el Gobierno para intentar dividir a la Mesa de Enlace. Quizás el más lúcido haya sido el diputado Adrián Pérez de la Coalición Cívica, el mismo que había denunciado al secretario de Comercio por amenazar a Marcelo Rossi. "Con Echegaray en la ONCCA se consolida el poder de Moreno para intervenir en el mercado agropecuario, por lo que sólo pueden esperarse arbitrariedad y prepotencia en el manejo de los fondos que les corresponden a los productores", apuntó en un comunicado. También advirtió que la designación del ex aduanero ponía "en riesgo todos los acuerdos a los que puedan llegar el Gobierno y las entidades rurales".Kirchner lo sabía. Y seguramente sabía también que estaba enviando a un zorro hacia un gallinero sin alambrados. A diferencia de la Aduana, donde Echegaray había tenido que sujetarse a normas preestablecidas a la hora de imponer cambios en la estructura de conducción del organismo, en la ONCCA no existirían limitaciones de ningún tipo. Kirchner lo sabía bien por un motivo claro: luego de otorgarle a la ONCCA la “autarquía administrativa y financiera”, en 2005 el ex presidente había demorado sin explicación el dictado de una nueva norma que definiría sus “funciones” y su “estructura”. El anteproyecto de decreto le había sido elevado por Rossi durante 2006,

pero durmió en los cajones de la Presidencia. En otras palabras: por obra y gracia de una omisión de Néstor y Cristina, Echegaray tendría las manos libres para hacer lo que quisiera. Manejaría un organismo con dinero y autarquía, pero sin las sujeciones que le hubiera impuesto el contar con funciones claras y también con una estructura.Los testimonios de varios empleados públicos permitieron construir una postal de lo que sucedió una vez que Echegaray puso pie firme en el viejo edificio de Paseo Colón 922, anexo al de la Secretaría de Agricultura, donde en ese momento funcionaba la mayor parte de la ONCCA. Otra parte de los empleados, por una cuestión de falta de espacio, había sido mudada a varios pisos alquilados en un edificio ubicado en Brasil 55. Allí, lejos de su superioridad orgánica, el secretario Javier De Urquiza, instaló sus reales el flamante titular de la ONCCA. Lo primero que decidió Echegaray fue quitar a todos los intermediarios entre la ONCCA y el secretario Moreno, así fueran más pingüinos que él, pingüinos de nacimiento. A Carlos Milicevic, el jefe de Gabinete de Agricultura que también vendía corderitos patagónicos, le quitó de inmediato cualquier injerencia sobre los ROE, un trámite que ya había comenzado a descontrolarse durante la gestión de Portillo. Antes de la llegada de Echegaray se empezaron a desobedecer los cupos impuestos por Economía para repartir esos cotizados permisos para la exportación de carne. Comenzaron a pisar fuerte en ese reparto dos empresarios frigoríficos del conurbano: Carlos Riousech, de la empresa Gorina, y Hugo Borrel, de Arre Beef. Milicevic solía ser visto con ellos, como invitado los domingos en un palco de la Bombonera. Y hasta viajó invitado, también por ellos, a presenciar algún partido del mundial de Rugby 2007, en Francia. Aquello fue casi nada comparado con lo que pasó en la ONCCA desde la llegada de Echegaray. Aquel día, lo primero que hizo el kirchnerista fue convocar a todos los jefes de área de la ONCCA al llamado “Salón Azul” de la Secretaría de Agricultura. Llegó con un séquito de colaboradores en el que estaban Fernando Villaverde, Diego Garayzábal y Pedro López, el hombre de prensa que también atendía en ambos lados del mostrador. “¿Estamos todos? Me mandan a este organismo para hacer que las cosas funcionen, porque me dicen que son unos inútiles, unos corruptos. Hay muchas quejas sobre la ONCCA. A partir de ahora, dense todos por destituidos. Yo voy a poner gente de mi confianza”, fue la presentación de Echegaray.La segunda decisión del ex guardiamarina fue prohibir a los empleados del organismo que utilizaran los teléfonos fijos. No podían llamar ni tampoco recibir llamadas, ni siquiera de los operadores que querían averiguar sobre algún trámite. Los empleados tampoco podían responder esas inquietudes por correo electrónico. Todo, pero absolutamente todo, comenzaría a ser controlado por un ejército de leales. El baile, vieja costumbre militar, ya no tendría como destinatarios pequeños jóvenes que cursaban el Liceo Naval. Los que bailarían serían los empleados del Estado, muchos de ellos veteranos que habían sobrevivido desde los tiempos de las ex juntas de carnes y granos. En el edificio de la calle Brasil donde finalmente instaló sus oficinas, Echegaray tenía la costumbre de recorrer las diferentes áreas del organismo. Entraba sigilosamente, tratando de que no lo vieran, para enterarse qué hacía cada uno de sus empleados. Emanuel García, que había sido nombrado por él mismo, padeció su furia un día en que Echegaray recorría el cuarto piso. A los gritos lo amenazó con impedirle el acceso a Internet porque lo encontró mirando una página sobre bicicletas. García era fanático del ciclismo y la vida sana. Con casco y calzas, iba a trabajar todos los días a bordo de dos ruedas.

Germán Larroca, que trabajó siempre en la Mesa de Entrada de la ONCCA, la pasó peor. Era tímido y le costaba caminar debido a un accidente sufrido tiempo antes. El día que se cruzó con Echegaray en los pasillos su único pecado era llevar una bufanda al cuello. El flamante presidente se le acercó, lo miró de cerca y comenzó a increparlo. Luego le pegó un manotazo y le arrebató la prenda. Al día siguiente, Echegaray ordenó a todo el personal masculino que se vistiera de riguroso traje y corbata, mientras que a las mujeres les impuso el trajecito. Como Daniel Passarela, también reclamaba pelo corto y ordenado. Los que peor la pasaron fueron los trabajadores heredados de la gestión de Marcelo Rossi, quien como ya se dijo provenía de las filas de la UCR. La nueva jefa de Recursos Humanos de la ONCCA, Elena Iglesias Berrondo, difundía por los pasillos a viva voz que “los radicales” no tendrían tranquilidad durante su gestión. Elena era hija de Daniel Iglesias Berrondo, un ex subsecretario de Agricultura del gobierno de Raúl Alfonsín, pero se había olvidado. A esa amnesia la indemnizó con un cargo bien remunerado que todavía conserva en la AFIP. Su esposo, Fernando Branzani, amigo de Echegaray, fue el primer responsable del área de Compensaciones, pero renunció a los pocos días con cara de asco. De Branzani dicen muchos que era un hombre honesto. Hoy trabaja en la Aduana.Noemí Muchnik era una empleada de carrera que ostentaba el cargo de Administradora Pública y durante los años noventa había participado de la liquidación de la ex Junta Nacional de Granos. En tiempos de Portillo, el jefe de Gabinete Alberto Fernández la había enviado a la ONCCA para que supervisara la correcta administración de los subsidios. Muchnik había contratado casi sesenta personas para esa área, varios de ellos mediante avisos publicados en los clasificados de Clarín. Renunció un mes después de la asunción de Echegaray. Cuando se despidió de su gente, comentó que alguna vez la relación había sido inversa, pues Echegaray había sido su subordinado en Aduana. “Sigan trabajando. Y que cada uno cuide su fuente de trabajo”, fue su recomendación de despedida. Echegaray estaba a sus anchas, podía quitar y poner fichas en un tablero sin contrincantes. Cinco días después de asumir el cargo, el 24 de abril, firmó la “Instrucción General 1”, mediante la cual concebía una estructura propia y antojadiza para la ONCCA. Con la “Instrucción General 2” designó coordinadores en casi todas las áreas. Y en la “Instrucción General 3” estableció que todo el personal debía trabajar de 10 a 18 y firmar una planilla de asistencia.El 4 de junio, mediante la “Instrucción General 7”, Echegaray oficializó el primer reemplazo a nivel de coordinadores. Y el 14 de julio, a través de la “Instrucción General 11”, impulsaba un nuevo cambio de fondo de las estructuras y de los coordinadores. En la administración de la cosa pública todo era prueba y error. En la administración del personal, premio y castigo. En menos de dos meses, Echegaray había corregido ya dos veces la cadena de mandos de la ONCCA y la grilla de sus subalternos. Pero no hay dos sin tres: con la “Instrucción General 16” del 28 de agosto volvió a modificar todo lo que antes había edificado. Ni tres sin cuatro: el 11 de noviembre emitió una nueva estructura mediante la “Instrucción General 20”.Lo que sigue es el relato de una ex empleada, de suficiente trayectoria y conocimiento de las reglas del Estado, que vivió la esquizofrenia de aquellos meses y apeló a la ironía como único bálsamo.

“A pesar de que el día de la asunción Echegaray reunió a todos los coordinadores de área y aclaró que no venía a ‘echar a nadie’ sino a ‘ordenar’, quedó claro desde el

principio que el aluvión de personas nuevas, con ninguna experiencia ni en la administración pública ni en el sector privado, tenía un sólo objetivo: copar todos los lugares disponibles. Una forma distinta de destrucción del Estado. No eran militantes políticos, y peronistas tampoco eran seguro: eran bajofonderos llegados desde Mar del Plata, con trajes baratos al principio (y caros después). Clasemedieros con hambre. Al tiempo estaban trayendo a sus familiares, que ganaban tres veces más que cualquier otro empleado público.Echegaray comenzó pidiendo relevamientos y mudando oficinas entre el edificio de Paseo Colón y entre los diferentes pisos del edificio de Brasil. Iban y venían personas, tazas, termos para mate y papeles de acá para allá, todo el tiempo. Se contrataron decenas de camiones de mudanza. Además, mediante simples ‘circulares’ modificó todos los horarios del personal.Sus colaboradores eran un montón de treintañeros con ‘blackberries’, que buscaban información sobre empresas y personas. Evidentemente la idea era montar la escena de un equipo ‘altamente calificado’ de jóvenes profesionales exitosos y eficientes que llegaban para ‘tomar el mando’. Pero se notó enseguida que la mayoría ni había terminado la facultad ni tenía ocupación conocida anterior en sus profesiones.Hay que decir que el personal histórico de la ONCCA tenía miedo y ese miedo lo hizo soportar los malos tratos. También tenía esperanzas: Echegaray prometía la tan mentada estructura orgánica. Y prometía una estructura como la de la AFIP, que posiblemente tenga los mejores salarios de la administración pública. En la ONCCA eran todos contratados. Los nuevos y los viejos. Los viejos temían la persecución y la no renovación de los contratos. Y muchos, como siempre, fueron colaboracionistas deslumbrados que pensaban encontrar grandes reivindicaciones y finalmente se encontraron con que disolvieron el organismo. Los nuevos, los Echegaray boys, eran felices ganando fortunas. Lo de la estructura no era un tema menor, sino una demanda histórica del organismo, que una y otra vez no podía lograrse. Esta precarización –que no es novedad en el Estado y tiene sus raíces en disposiciones tomadas en la época menemista– tuvo consecuencias muy benéficas para Echegaray, ya que le sirvió para poner a quien quisiera en cualquier parte y para pagar lo que quisiera. Y para contratar todas las personas que quisiera sin tener que cumplir con las mínimas normas que rigen el resto de las contrataciones de la administración pública en cuanto a título, experiencia, grilla, escalafón, etcétera. En esos primeros meses, Echegaray prometía la estructura y parecía que iba a cumplir porque se declaraba ‘cristinista’ y decía que iba a verla a la Casa Rosada. En estos tiempos, antes de los escándalos de los feedlots y otros curros, salía cada dos por tres en la prensa como niño mimado del cristinismo. Iban de un lado a otro los proyectos con la estructura, pero eran tan malos que no pasaban los filtros legales formales, ya que había mucho abogado sin título. Una consecuencia de la falta de una planta permanente es que ninguno de los empleados que ocupan cargos jerárquicos o de responsabilidad estaba obligado a presentar la declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. No es un tema menor, cualquiera que tiene un cargo en una dirección simple en la jerarquía estatal tiene que hacer la declaración jurada. Después nos preguntamos, otra vez, por qué nunca salió la estructura de la ONCCA.Hay un sustantivo que resume el desembarco de la gente de Echegaray: ‘hambre’. Y si tuviéramos que agregar un adjetivo calificativo este sería ‘desmesura’”.

De hambre y desmesura, como dice la ex empleada, estaban hechos los jóvenes que desembarcaron en la ONCCA a partir del arribo de Echegaray. Los flamantes ejecutivos contratados por el Estado, que debían manejar un presupuesto para subsidios cercano a 3.000 millones de pesos anuales y muy pronto comenzarían a regular exportaciones de alimentos valuadas en algunas decenas de miles de millones de dólares, rara vez eran de mayor edad que su jefe. El ex Aduana tenía por entonces 42 años y, salvo muy raras excepciones, nadie con mayor conocimiento que él y que pudiera restarle autoridad podía aproximársele. Los “Echegaray boy” provenían básicamente de tres vertientes, entre las cuales se produjeron múltiples internas. En primer lugar estaban los “marplatenses” que llegaron al organismo de control agropecuario de la mano del falso abogado Villaverde, un viejo compañero de facultad y de la UPAU de Echegaray. Luego, en cantidad, seguían los “lomenses”, básicamente contadores que habían estudiado en la Universidad de Lomas de Zamora. Finalmente, bajo el ala de Garayzábal, aquel que dirigía el área con las computadoras pinchadas de la Aduana, venían los “cordobeses”. En la “Instrucción General 2” figuraron varios de ellos, que asumieron de entrada tareas de coordinación.Marcelo Aníbal Utje, un lomense de 1970 que había sido militante de UPAU, fue designado entonces coordinador de Control Operativo y Fiscalización. Era contador y venía de trabajar en la AFIP: arrancó en 1990 en la DGI, donde todavía hoy forma parte de la planta permanente. Según los que lo trataron, “es una luz”. O de aquellos capaces de hacer asados bajo el agua.Compañero de estudios de Utje, el contador Emilio Eyras era apenas mayor que Echegaray. En aquella primera distribución fue designado coordinador de Administración, pero luego ascendería rápidamente al ser nombrado “adjunto adscripto” (un cargo que no existía) y hasta llegó a presidir el organismo cuando el kirchnerista, a los pocos meses, pasó a dirigir la AFIP. También había pasado por las filas de la UCeDé y el 6 de marzo de 1987 el diario Clarín lo mencionó como integrante de una delegación de jóvenes liberales que manifestó su “amistad” con la contrarrevolución nicaragüense. Según los que lo padecieron, a diferencia de Utje, era “un nabo”. Juan María Conte, nacido en 1978, era el preferido de Echegaray, prácticamente su ahijado. No tenía experiencia en el Estado, pues venía de trabajar en el área de marketing de la telefónica CTI, pero fue designado con apenas treinta años coordinador de Compensaciones Agroalimentarias. Y tenía a su cargo una caja de cientos de millones. “El niño mimado”, como lo llamaban los empleados, reemplazó a la administradora Mucknik pero por muy escaso tiempo, ya que en 2008 Echegaray lo envió a China a un congreso internacional por tres largos meses y con todos los gastos pagos. Juan Patricio Duhalde era de los marplatenses que habían llegado de la mano de Villaverde. Tenía tres meses menos que Echegaray y como él había estudiado abogacía. Nunca antes había tenido relación con la administración pública. Pero fue colocado como primer coordinador de Comercio Exterior, el área encargada de administrar los estratégicos ROE.De esa misma vertiente era Cristian Ingratta, elegido coordinador de Legal y Técnica de aquella ONCCA modelo 2008, un abogado de pocas luces nacido en 1977 que luego conseguiría un puesto estable en el elenco de la AFIP.Germán Isla se llamaba su principal colaborador en esa área. Otro joven abogado marplatense era Christian Turba, al que también Echegaray nombró luego en la AFIP.

Eduardo Gismondi, también de Mar del Plata, manejó durante un tiempo los ROE rojos y festejó eufórico (“se mamó”, según un testigo) la noche que finalmente ese grupo pudo tomar el control de la distribución de la Cuota Hilton. Esta primera repartija también instaló a Oscar Villaverde, hermano de Fernando, como coordinador de Informática. Había nacido en 1957 y era bastante mayor que su jefe, pero –al decir de varios empleados- incapaz de hacerle sombra. En realidad, no sabía casi nada de computadoras y mucho menos de programación. Por eso más tarde, en la Instrucción 16, Villaverde fue degradado a simple “responsable de seguridad informática”. Se hizo cargo de esa área Diego Garayzábal, que fue designado como coordinador general de Procesamiento de la Información. Garayzábal había nacido en 1973 y, como ya se dijo, provenía de la Aduana. Debajo suyo, en alguna de las tantas reformas, desembarcó otro cordobés como coordinador de Comunicaciones. Se llamaba Eduardo Jorge Nitti y no es un dato menor, porque inscribió a su nombre la titularidad de la página web institucional del organismo. Tiempo después apareció trabajando en la flamante Policía Metropolitana creada por Mauricio Macri. Hubo muchos más paracaidistas en aquella acelerada experiencia de degradación institucional que fue financiada con recursos presupuestarios de la ONCCA canalizados a través de la Fundación ArgenInta para eludir las farragosas normas estatales de rendición de cuentas. Pablo Jorge Aguilera obtuvo un puesto clave: asesor directo y de máxima confianza de Echegaray. Abogado, prácticamente contemporáneo de su jefe, solamente había trabajado unos pocos meses durante 1999 en el Ministerio de Justicia y Seguridad. En la Instrucción 16 fue designado coordinador general de Evaluación Operativa. Y a pesar de que el 23 de setiembre de 2008 la DGI le dictó un embargo judicial por una deuda de 1.756 pesos, que canceló a los pocos días, Echegaray lo llevó luego a trabajar con él a la AFIP. Hoy encabeza la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de ese organismo.Julián Coronel, Juan Manuel Leone y Sebastián Alonso Lafontaine alternaron entre la coordinación del área de Inscripciones y la Mesa de Entradas. Lafontaine logró colar en la ONCCA también a su esposa, Agustina Martín, quien migró desde Mar del Plata. Sin que tuviera idea, la pusieron a analizar los complicados expedientes de infracciones de la Cuota Hilton.En el primer grupo de desembarco también figuraba Luciana Tirabassi, la hermana de Silvina, que había sido dejada por Echegaray para manejar la Aduana. Fue designada coordinadora de las Compensaciones para pequeños productores, pero al poco tiempo la echó: fue después de que el diario Clarín hiciera pública su designación, y cuando la nueva jefa aduanera comenzó a querer a independizarse de su padrinazgo. Cuando Echegaray se fue a la ONCCA, Tirabassi pensó que era momento de tomar distancia de su ex amigo y compañero de trabajo. Beatriz Susana Scarpado, la mencionada ex jefa aduanera de Mendoza casada con un fabricante de sandwichs, también trabajó en la ONCCA y luego siguió a Echegaray a la AFIP, donde hoy se desempeña como subdirectora de Coordinación Técnica Institucional. Habían pasado algunos meses cuando desde Mar del Plata arribó Sergio Paleo, otro abogado que se hizo cargo de toda el área de Compensaciones cuando Conte se fue a China y luego pasó a la AFIP. “Era un tipo afable, una suerte de gordito bonachón que ofrecía a todos un aumento [de sueldo] que nunca llegaba. Pero a la gente al principio le cayó bien: hablaba de los hijos y hasta derramaba unas lágrimas porque los extrañaba”, relató un trabajador. Paleo respondía ciegamente a Villaverde.

Este último, el falso abogado, llegó a ocupar durante dos meses, gracias a la “Instrucción General 11”, la Coordinación General de Asistencia Técnica, un área que desapareció con la siguiente reforma. Fernando Villaverde se mostraba muy poco delante de los trabajadores: permanecía largas horas encerrado en la oficina del propio Echegaray.En este aquelarre de instrucciones, en aquella ONCCA construida bajo el signo del descontrol, hubo incluso espacio para que diera órdenes un hombre bastante más viejo que Echegaray y mucho más experimentado, que no tenía contrato y mucho menos formaba parte de la planta permanente. Era un hombre refinado que entraba y salía del despacho de Echegaray como si fuera su propia casa. Muchos empleados lo recuerdan bien, envuelto en un tapado marrón, recorriendo los pasillos al menos dos o tres veces por semana. Le decían “El viejo”. La “Instrucción General 3” era muy clara: establecía para los empleados un horario laboral que arrancaba a las 10 y terminaba a las 18. Nadie se explica por qué, entonces, todos los días a partir de las siete de la tarde se producían largas reuniones entre los diferentes coordinadores de área. De algunas de ellas solía participar aquel hombre misterioso de casi sesenta años de edad. Su nombre era Alfredo Luis Espósito.

Capítulo 20 – El escrache

En el año 2007, según consta en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Ricardo Echegaray se desprendió de los últimas cosas materiales que lo ataban a Santa Cruz. Vendió por 61.300 pesos los terrenos obtenidos de manera dudosa en El Calafate y la casa donde había habitado su familia en Río Gallegos, por la que obtuvo otros 267.000 pesos. Tenía entonces un ahorro en efectivo que reconoció en 263.000 pesos e ingresos por su trabajo en la Aduana que sumaban 413.411 pesos anuales. Pero para concretar su sueño debió recurrir a un préstamo hipotecario del Banco Nación, que le facilitó otros 381.000 pesos.Una montaña de billetes, exactamente 632.000 pesos, debió gastar Echegaray para adquirir ese mismo año el lote 418 y comenzar a edificar una nueva casa en el country “El Talar del Lago”, de Pacheco. Ese barrio privado, con ingreso oficial por la calle Echeverría al 1200, está formado por 180 hectáreas y subdividido en lotes de 800 metros cuadrados. Tiene una exclusiva laguna de 8 hectáreas, donde los vecinos pueden practicar algunos deportes acuáticos y hasta pescar. Pegado al famoso Nordelta dispone de “amplias calles todas pavimentadas”, una generosa forestación, seguridad privada las 24 horas, dos club house y un sector para practicar todo tipo de deportes. La vida allí era otra cosa. Los tres hijos del matrimonio entre Echegaray y Carina Oviedo pudieron comenzar a estudiar en el Chaltel College, de Don Torcuato, que no es de los más caros y exclusivos de aquella zona pero recibe a muchos chicos provenientes de familias de alto status económico y social. El círculo, para que sea perfecto, debía ser completado con un club donde la familia pudiera vincularse, tejer relaciones, practicar deportes y, finalmente, descansar. El Hindú Club, fundado en 1919 y también ubicado en Don Torcuato, era el lugar ideal. Allí, Echegaray supo granjearse la simpatía de varios de sus acaudalados socios, a los que cada tanto agasaja asando un costillar a la cruz. Fue su pertenencia al exclusivo Hindú Club el que le hizo pasar un momento de zozobra el sábado 15 de noviembre de 2008. Ese día, uno de sus hijos participaría de un campeonato de rugby en el club Los Cardos, de Tandil. La situación le venía al dedillo, porque ese mismo fin de semana debía participar de un bautismo y podía aprovechar el viaje para inaugurar la flamante delegación de la ONCCA en esa ciudad. Fue esa una de sus obsesiones en el corto tiempo que pasó en el organismo: imaginando que la cosa venía para largo, Echegaray habilitó sucursales en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Resistencia (Chaco), Rosario, Río Cuarto, Villaguay (Entre Ríos), Lincoln y Salto. El viernes 14 Echegaray participó de la ceremonia inaugural de la agencia en Tandil, al frente de la cual designó a un viejo conocido, el joven veterinario Darío José Rayes. Rayes era hermano de una amiga íntima de la esposa de Echegaray, María Laura Rayes, quien a su vez estaba casada con Darío Arenas, un ex basquetbolista profesional nacido y criado en Punta Alta. Con ellos el titular de la ONCCA compartiría el bautismo. Les había prometido hacer “un corderito al asador”. El fin de semana pintaba perfecto, salvo por un detalle: la Argentina de 2008 todavía no había recuperado la paz. La madrugada del 17 de julio de 2008, el vicepresidente Julio Cobos había desempatado, con su “voto no positivo”, la puja en el Senado para intentar consagrar en una ley, como quería el Gobierno, el esquema de retenciones móviles impuesto meses antes por la Resolución 125. La decisión de Cobos de inclinar la balanza a favor de la posición del campo y en contra de lo que le exigía la presidenta Cristina Kirchner, permitió desactivar el clima de violencia que se vivía en las calles de la ciudad y en las rutas del interior. Pero no fue suficiente para aplacar los ánimos belicosos entre los productores agropecuarios y los militantes del kirchnerismo.

Echegaray ya era una figura odiada por los productores y no sin razones, pues desde su desembarco en la ONCCA se había convertido en el brazo ejecutor de las órdenes que le dictaba el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aunque estas fueran en contra de lo que, por carriles separados, negociaban con la Mesa de Enlace el jefe de Gabinete Alberto Fernández y el secretario de Agricultura Javier De Urquiza que, desgastado, rápidamente fue reemplazado por otro hombre del riñón kirchnerista, el ex titular del INTA Carlos Cheppi. En aquellos meses de duro conflicto, quienes no se dejaron tentar por la espectacularidad de la discusión en los medios, de los discursos en las diferentes tribunas, registraron como nunca antes había sucedido la esquizofrenia kirchnerista. Las dos caras del Gobierno quedaron expuestas. En un doble juego que esmeriló la institucionalidad hasta el caracú, Néstor parecía divertirse, aunque la que sufriera fuera Cristina.Así, mientras Fernández y De Urquiza mantenían extenuantes negociaciones con los dirigentes rurales y conciliaban con ellos alguna corrección de las políticas que éstos más criticaban (especialmente los crecientes cepos a la exportación de carnes), Moreno se reunía con unos pocos empresarios amigos y le daba instrucciones diferentes a Echegaray, que éste rápidamente aplicaba. Hay dos casos latentes de este doble discurso. Demuestran a la perfección que “el campo” (como definición imperfecta del sector rural) fue el gran derrotado del conflicto de 2008, aunque festejara por haber creído que ganaba aquella dura batalla contra el kirchnerismo. Una de ellos es la Resolución de la ONCCA 42/08, firmada por Echegaray y publicada el 7 de mayo. Unos pocos días antes, el 17 de abril, la Mesa de Enlace había firmado con Alberto Fernández un acuerdo para elevar los cupos de exportación de carnes de 40.000 a 45.000 toneladas mensuales, excluyendo de los mismos a los cortes provenientes de las denominadas “vaca conserva”, es decir la carne de vacas viejas que no tiene demanda en el país y que históricamente se industrializaba aquí o se exportaba congelada a otros países que la procesaban. El acuerdo se firmó delante de Cristina Kirchner. Pues bien, ese acuerdo que había permitido unos pocos días de paz social quedó en la nada con la resolución dictada por Moreno y redactada por Echegaray. Y es que la nueva norma determinó la aplicación de un nuevo sistema bautizado como “encaje productivo”, en el que los cupos de exportación dejaron de tener sentido. La nueva idea era la siguiente: la ONCCA solo autorizaría embarques de carne –mediante la emisión de ROE- siempre y cuando el frigorífico acreditase que tenía carne en stock como para aprovisionar el mercado interno. Así, una empresa que quisiera exportar 100 toneladas debía demostrar que tenía otras 300 toneladas en cámara para vender dentro del país, ya que el encaje exportador fue definido en el 25%. La fórmula era absolutamente novedosa para un negocio con cien años de historia y los especialistas la calificaron de “mamarracho”. Pero poco importaba, porque de ahí en adelante nadie podría controlar nada. De golpe y porrazo, la ONCCA dejó de informar a qué frigoríficos otorgaba los codiciados ROE de exportación. Y cuando el ex diputado del GEN, Francisco “Pancho” Ferro quiso preguntar, se le rieron en la cara. La resolución 42/08 permanece vigente hasta estos días. Y también sobrevive el ocultamiento de los datos oficiales sobre quién y por qué se exporta carne. Queda claro que el kirchnerismo duro montó, con una simple resolución de la ONCCA que iba a contrapelo de una norma previa del Ministerio de Economía, un mecanismo para actuar con total discrecionalidad frente a un sector que exporta por unos 1.500 millones de dólares anuales.

El otro ejemplo claro de que el campo no ganó nada luego de la derogación de la Resolución 125 es otra normativa firmada por Echegaray los primeros días de junio de 2008, que extendió el verso del “encaje exportador” al trigo y dio nacimiento al Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de productos agrícolas. Se trata de la Resolución 343/08, que también goza todavía de buena salud. Con la creación de los flamantes ROE Verde, la ONCCA amplió sus facultades de regular las exportaciones a un abanico de negocios mucho más amplio todavía. Ya no serían simplemente los 1.500 millones de dólares que dejan como ingreso la venta de bifes. A partir de allí el universo de productos controlados creció a 25.000 millones de dólares, que es el valor anual de la exportación de una cosecha de granos y sus subproductos. Luego, como si fuera poco, la ONCCA dispuso la creación de los ROE Blanco, o el permiso oficial para que el sector lácteo pudiera exportar sus saldos de producción en forma de queso o leche en polvo. El cambio de las reglas de juego era tan complicado que muchas veces los empresarios no sabían qué hacer para poder exportar. El presidente de la ONCCA no los recibía directamente, y mucho menos se los explicaba. Motorizó por entonces una serie de reuniones instructivas con los diferentes sectores, los foros Rojo, Verde y Blanco, que primero se realizaron sospechosamente en la sede de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la entidad que presidía el empresario y diputado kirchnerista Marcelo Fernández, el mismo que en sus tiempos de la Aduana hablaba en nombre de los sectores protegidos. Quedó claro que, por ese entonces, la CGERA era el único camino posible para llegar a Echegaray. Por eso se asociaron casi compulsivamente a esa entidad varias cámaras de la industria frigorífica (Cadif, Unica, Afic), los grupos de productores exportadores de Cuota Hilton (Apea), la industria avícola (Cepa), los feed lots (CAEHV), y los industriales del pan (Faipa), entre otras instituciones de la agroindustria. En cambio, las entidades de la Mesa de Enlace ni siquiera fueron invitadas.Por este tipo de cosas era odiado Echegaray por los productores agropecuarios. Porque se había convertido en la mano ejecutora de un modelo que alteraba las reglas históricas de su negocio. Sus reformas no solo iban a contrapelo de lo que les prometían otros funcionarios del gobierno en largas negociaciones sino, y sobre todo, creaban un caldo de sospecha tan espeso que había que masticarlo. Echegaray decidía quién podía exportar y quién no. Y no le comunicaba a nadie sobre su decisión. En realidad era la cara visible, el ejecutor, pues quien finalmente decretaba el futuro de cada uno de los miles de pedidos de exportación era, y sigue siendo, Guillermo Moreno. Como señal de sumisión hacia él, ni bien ingresó a la ONCCA Echegaray mandó colocar en un despacho contiguo a la oficina del poderoso secretario una computadora conectada directamente al SIO (Sistema Informático ONCCA). Desde allí Moreno podía ver cada una de las solicitudes de ROE Rojo, Verde o Blanco que hubiera un determinado día. Y podía bajarles el pulgar en caso de ser necesario. A lo que no podía acceder Moreno, por decisión de Echegaray, era a un dato muy apreciado por ambos: el nombre del comprador de cada embarque que salía al exterior. Y es que cuando se instaló la terminal en Comercio Interior, el propio jefe de la ONCCA le pidió a los programadores que metieran mano para que el destinatario de la mercadería sea considerada como información reservada. “Este dato es solo para papá”, se ufanó ante uno de los informáticos. Parecía exultante ese día. Rara curiosidad tenían Echegaray y su gente por conocer el nombre y teléfono de quienes compraban cosas a la Argentina. En la Aduana, bajo el control de su amiga Silvina Tirabassi, se emitía por ese mismo tiempo la nota DGA 25/08, mediante la que se informó a todos los operadores de comercio exterior que debían comenzar a declarar

“la razón social de los compradores de todas las mercaderías exportadas”. La excusa era un supuesto pedido del área de Drogas Peligrosas. Cuando finalmente se percató de la pequeña zancadilla que le había hecho Echegaray, Moreno reaccionó de manera drástica: no lo castigó sino que decidió crear los “Pre-ROE”. Esto es, de ahí en más quienes quisieran tramitar un ROE Rojo o Blanco ante la ONCCA previamente deberían concurrir a Comercio Interior, que evaluaría cada petición. Era como un permiso para pedir permiso. En esa instancia inicial creada por Moreno, lógicamente también había que informar quién era el importador. Por ese tipo de cosas los productores agropecuarios odiaban a Echegaray, a Moreno y a cualquier cosa que tuviera olor a kirchnerismo. En la lógica de la gente de campo, toda la farragosa intervención estatal que se edificó subrepticiamente durante el largo conflicto por las retenciones móviles tenía un objetivo más que claro: perjudicar al sector y generar negocios privados.Con esa certerza a cuestas, varios productores de Tandil comenzaron a insultar a Echegaray aquella mañana de sábado en el club de rugby Los Cardos, donde las inferiores del prestigioso club Hindú jugaba un partido amistoso. Con ese funcionario entre el público, no había chance de amistad. Cuando el escrache de los ruralistas fue ganando en intensidad, Echegaray se vio obligado a abandonar las instalaciones del club. “Se fue como un perro cuando lo retás, con la cola entre las patas. No hubo momentos de violencia, pero para nosotros era un mal momento que no queríamos pasar. Que se sienta cómodo en Capital o en el Conurbano. Pero acá en el interior, para nosotros era una espina en el zapato”, declaró el productor Marcelo Orellano. En un programa de Eco TV, la televisora local, Echegaray explicaría luego su versión sobre lo sucedido. “Fui provocado por tres o cuatro personas que me decían ser dirigentes. Me decían que no era bien recibido ni en el club, ni en la ciudad y que me retirara. Me decían ‘montonero’, pero no conocen ni la edad que tengo. Les recordé que en esos años era joven y que practicaba rugby en la Base Naval Puerto Belgrano”.Luego de eso, el titular de la ONCCA pronunció una definición sobre la dictadura militar muy diferente de la que sostenía tiempo atrás, cuando estudiaba en la Universidad de Mar del Plata. “Si alguna duda tenía sobre los lineamientos que los militares volcaban en su momento en la sociedad, con la palabra de estos dirigentes y su agresividad -cuando me empujaban para que me retire- estoy convencido una vez más que fueron años muy difíciles en la Argentina”.

Capítulo 21 – Retenciones

Los derechos de exportación –conocidos popularmente como “retenciones”– no son un impuesto, o al menos no uno tradicional. En su formato actual nacieron durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y desde entonces muchos gobiernos han recurrido a las retenciones cuando estaban urgidos de dinero fácil y rápido. A ellas apeló Ricardo Alfonsín en el retorno de la democracia y socorrieron a Eduardo Duhalde en 2002, cuando el país estaba en llamas. Las retenciones no son un impuesto tradicional por una sencilla razón: es prácticamente imposible evadir su pago. Cuando uno compra un paquete de cigarrillos sabe que una gran parte de ese dinero desembolsado irá a las arcas del Estado, pues se trata de un impuesto. En este caso, la empresa cigarrera puede luego declarar que no vendió todo lo que en realidad vendió. Con las retenciones eso no es factible: cuando una carga pasa por la Aduana, a los pocos días el exportador deberá depositar el monto del impuesto correspondiente.En realidad, en cuanto a exportaciones de granos, harinas, aceites u otros alimentos que produce la Argentina, el dinero correspondiente al impuesto comienza a circular desde bastante tiempo antes. Cuando el exportador, una cooperativa o alguna empresa acopiadora le compra la cosecha a un productor, se la paga al valor internacional del producto pero le descuenta el porcentaje correspondiente a la retención que tributa cada cultivo. Por ejemplo: si la soja vale en el mercado internacional unos 500 dólares por tonelada y la retención vigente es del 20%, el exportador le pagará al productor 400 dólares, actuando así como agente de recaudación de los 100 dólares restantes. El Fisco, en el caso agrícola, solo debe controlar bien un puñado de puertos de exportación. De allí también que se diga que las retenciones resultan una buena herramienta de política económica para abaratar algunos precios domésticos. Volvamos al caso de la soja que vale 500 dólares en el exterior. Si el comprador de esa soja no fuera un exportador sino una firma avícola local que la precisa para alimentar sus pollos, también deducirá al productor que se la venda los 100 dólares correspondientes al porcentaje de retenciones y obtendrá así un importante subsidio de 20% en los costos de su principal materia prima. Si todo funcionara como corresponde, en la Argentina deberíamos comer los pollos más baratos del mundo. Junto con la banda presidencial, Néstor Kirchner heredó de Duhalde un esquema de retenciones que perduró durante largo tiempo. La soja tributaba 23,5%, mientras que el resto de los granos pagaba el 20% al igual que los aceites y las harinas; para los productos agroindustriales (dependiendo del grado de elaboración), la retención era de un razonable 5 o 10%. En sus primeros años, el kirchnerismo no se vio obligado a elevar esas alícuotas porque la recuperación económica significaba un aumento constante de la recaudación proveniente de impuestos al consumo (en especial el IVA) y porque, por efecto de la suba internacional de precios de los granos, también recaudaba cada vez más por retenciones, aunque éstas estuviesen el mismo porcentaje. Hasta fines de 2005, además, el que tenía la voz cantante sobre el asunto no era Kirchner sino su ministro Roberto Lavagna.A principios de 2007 hubo un primer retoque, del que ya dimos cuenta: se elevaron las retenciones a la soja del 23,5 al 27,5% con la intención de financiar un fondo de casi 500 millones de dólares que serviría para poner en marcha un esquema de subsidios a ciertas agroindustrias, como los molinos, los feed lots y las empresas avícolas. Así, sectores que ya contaban con una ayuda implícita proveniente del impacto de las

retenciones en el costo de sus materias primas se verían doblemente subsidiados. Pero ese es otro cuento.Una ola de rumores sobre una nueva suba de las retenciones agrícolas se desató algunas semanas antes de que Cristina Kirchner fuera elegida por amplia mayoría de votos en octubre de 2007. Las versiones –alimentadas generosamente desde algunos despachos oficiales– decían que Néstor subiría el tributo antes de abandonar formalmente el poder, en un acto grandilocuente que apuntaba a dejarle una buena billetera a su esposa, la flamante presidenta de los argentinos.El 9 de noviembre finalmente se concretó esa suba: el periodismo no mentía. Las retenciones a la soja pasaron del 27,5% a 35%, mientras que para el resto de los cultivos y productos hubo subas semejantes. Cristina tendría mucho dinero fresco para profundizar el modelo. La cosecha de 2007/08, que recién estaba siendo sembrada, pintaba para ser récord y los precios externos no paraban de subir. Esos 500 dólares por tonelada de soja citados en el ejemplo inicial ya no eran una quimera. Eran valores que, rápidamente, se aproximaban. Como contraste hay que decir que Fernando De la Rúa, ocho años atrás, había gobernado el país con una soja tres veces más barata, de tan solo 170 dólares por tonelada.En marzo del 2008, la escalada de los precios en el mercado de Chicago –de referencia para la Argentina– era de tal magnitud que el Gobierno lanzó un nuevo manotazo sobre la renta del sector agrícola. Mediante un esquema de retenciones móviles que duró unos pocos meses y luego fue derogado, elevó las retenciones a la soja hasta 44%. Es decir que si en ese momento un exportador decidía comprar aquella soja de 500 dólares, se le pagaría al productor apenas por arriba de la mitad de su valor. El fuerte conflicto que desencadenó la aplicación de la Resolución 125 es conocido. Lo que pocos saben todavía es que aquella pelea por unos supuestos 2.000 millones de dólares que el Estado intentaba recaudar de más y que los productores se negaban a ceder graciosamente no tenía mayor sentido, porque casi la misma cantidad de dólares se fugaban en simultáneo por otro lado. ¿Por qué? Porque no toda la soja que exportó la Argentina durante aquel año tributó el 44% –impuesto a los gritos y de mal modo por la presidenta– sino un porcentaje mucho menor.No se sabe si fue por impericia, ignorancia o algo mucho peor, pero el Estado dejó de percibir en 2008 algo más de 1.700 millones de dólares por retenciones a la exportación. Era la plata que Cristina decía necesitar para hacer escuelas y caminos. Los productores la pusieron: se la descontaron cuando vendieron su cosecha, pero nunca llegó a manos del Estado.Hay que retroceder a octubre de 2007 para entender qué sucedió. Cristina se aprestaba a ganar y había intensos rumores sobre una suba de las retenciones. En la Argentina de ese momento tenía plena vigencia la ley 21.453 que regula la exportación de granos y subproductos. Esa ley, fruto de la dictadura de 1976, otorgaba a los exportadores la facultad de declarar sus ventas ante la Secretaría de Agricultura, congelando así no solo el precio de exportación sino los eventuales impuestos que le corresponderían pagar a cada embarque. Desde la lógica de las grandes cerealeras que dominan el comercio mundial de commodities, esta facilidad tiene sentido ya que la logística del comercio de granos es complicada y no es lo mismo vender caramelos que un barco de 25.000 toneladas de soja a China. Desde esa mirada, poder cerrar una venta y congelar los valores de la transacción tiene lógica, aunque el barco surque los mares seis o siete meses más tarde. Según los términos de esa ley, había hasta un plazo de un año para concretar el embarque declarado ante el Estado.Hacia el segundo semestre de 2007 estaba claro que el mundo se encaminaba hacia una fortísima suba del valor de las commodities. Los exportadores globales contaban con

esta información y, con implacable lógica capitalista, se apuraron a posicionarse frente a un escenario de fuerte suba. No se sabe si contaron con información privilegiada desde el Gobierno, pero lo cierto es que también daban por descontada la suba de retenciones tan rumoreada, que se concretó en noviembre. Como la ley se los permitía, se apuraron entonces a declarar ante Agricultura la venta anticipada de cerca de 20 millones de toneladas de una cosecha que ni siquiera se había comenzado de sembrar. Fue el ex presidente Raúl Alfonsín quien instaló públicamente el asunto. El 15 de noviembre de 2007 escribió una editorial para Clarín (“Soja: daños para el chacarero, beneficios para el exportador”) que alertaba sobre la supuesta maniobra. La astucia del político le permitía inferir que si los exportadores habían registrado de sopetón esas 20 millones de toneladas, era porque querían congelar su precio de compra y esquivar así la suba de las retenciones tan preanunciada.Todo este problema se hubiera solucionado si el secretario de Agricultura Javier De Urquiza hubiera cerrado el bendito Registro de Exportación ante los primeros rumores, hasta que se aclarara todo el asunto. Pero no lo hizo ni se alarmó cuando las cerealeras comenzaron a anotar operaciones a un ritmo nunca antes visto. Alfonsín había actuado movilizado por dos personas de su confianza: Alberto Ferrari Etcheberry, un viejo abogado radical que había sido presidente de la ex Junta Nacional de Granos y conocía al dedillo los secretos del negocio, y el diputado por el Partido Demócrata Progresista Rafael Martínez Raymonda. Fue este último quien presentó un proyecto de ley al Congreso para corregir rápidamente el desaguisado. “El comercio internacional de granos se caracteriza por movilizar grandes volúmenes con escaso margen unitario. Ganar, neto, 2 dólares por tonelada en una venta de 50.000 toneladas, es un excelente negocio”, explicaba entonces Ferrari Etcheberry. Pero con la situación así planteada, esos márgenes de ganancias podían llegar a irse a las nubes en perjuicio del Estado y también de los productores. Ferrari hacía el siguiente razonamiento: Si el exportador había comprado soja por 100 pesos (un valor hipotético que surgía de aplicar la retención vigente del 27,5% a los productores), mal podía venderla después con la nueva retención del 35%, pues perdería mucho dinero. Pero si no había comprado nada de soja y había registrado una operación anticipada en el Registro oficial su ecuación cambiaba por completo, ya que había vendido con un impuesto del 27,5% pero luego tenía un año para concretarlo. Y en ese interín compraría la soja más barata, aplicando un descuento del 35% a los productores. “En otros términos, el productor recibiría 100 menos 35%, pero el Fisco solo recibiría 27,5%. La diferencia es un impuesto privatizado”, era su conclusión.Curiosamente, al avalar el dictado de la Ley 21.453, el ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz había dicho que su objetivo era “evitar maniobras especulativas que puedan distorsionar el libre juego de la oferta y la demanda modificando mediante ventas supuestas los beneficios de una real competencia”.El proyecto de Martínez Raymonda fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2007. Y es que era muy claro y efectivo para corregir la singular situación que se planteaba. Decía en su primer artículo lo siguiente: “Los exportadores que registren ventas de productos agropecuarios mediante DJVE en el marco de la ley 21.453 deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos a la fecha de registro”. Esto es, si una empresa había registrado una venta antes de la suba de las retenciones debía demostrar que ya tenía en su poder la mercadería vendida. Y si efectivamente la tenía, pues la había adquirido descontando al productor solamente el 27,5%, correspondía que tributara ese mismo porcentaje al momento de concretar el embarque de la carga. Se estimaba

informalmente en aquel momento que las cerealeras habían “congelado” no menos de 14 millones de toneladas que no habían comprado todavía a los productores. Estos recién estaban sembrando.El Senado trató la ley correctiva llegada de Diputados el 26 de diciembre, un día después de los festejos de Navidad. Uno de los senadores predilectos de la presidenta Cristina Kirchner se ocupó de cerrar filas en el bloque oficialista mayoritario. Era Roberto Urquía, cordobés y dueño de la firma exportadora Aceitera General Deheza (AGD). Fue él quien propició una pequeña modificación en el texto votado en la Cámara baja. Solo un par de palabras le hicieron perder al Estado cientos de millones de dólares.El artículo 1 del proyecto original decía que a la fecha del registro las exportadoras “deberían acreditar la tenencia o la adquisición del producto”. Pero el Senado agregó inmediatamente después: “cuando se produjera un incremento en más de las retenciones”, es decir, cuando subieran. Con esta sencilla argucia, el Senado limitó los alcances de la ley a la suba del tributo y no al valor de los granos exportados.Parece difícil, pero es fácil de entender: el Senado, mediante la intervención de un legislador que en realidad representaba al sector agroindustrial sobre el que se legislaba, habilitó la posibilidad de que el Estado pudiera aplicar una mayor alícuota de retenciones a los embarques considerados “falsos” porque habían sido declarados por exportadores que no tenían la mercadería. Pero al mismo tiempo impidió que esas retenciones más elevadas sean aplicadas sobre los valores reales de esas operaciones simuladas. Es decir, se permitía cobrar un impuesto más caro, pero sobre un producto que se permitió vender artificialmente barato.Ferrari Etcheberry estaba furioso y denunciaba la “trampa” propiciada por Urquía y apañada por el Gobierno, pero nadie le prestó demasiada atención. Y es que desde el 1 de octubre –cuando se iniciaron los rumores– hasta el 26 de diciembre –cuando el proyecto se discutió en el Senado– la soja ya había aumentado cerca de 35%. Y con esa fuerte suba, el monto de dinero en juego se había agigantado. “Hay una pequeña modificación en el artículo 2, que es de forma. Es simplemente una corrección de redacción”, dijo Urquía a los demás senadores en esa sesión en la que se terminó votando a favor del cambio sin comprender muy bien qué es lo que se estaba cambiando.La complicidad del Poder Ejecutivo en la maniobra que permitía la “privatización” de cerca de 2.000 millones de dólares de retenciones se hizo evidente en la demora de la presidenta Cristina Kirchner en reglamentar la ley. El 7 de mayo de 2008, frente a esa inexplicable demora, el diputado Martínez Raymonda fue hasta la mesa de entradas de la Casa de Gobierno en horas de la tarde y dejó una nota dirigida a la presidenta. Pensó que no iba a suceder nada. Pero el lunes 12 lo llamó por teléfono el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, para anunciarle que había sido firmado el decreto reglamentario de la ley y que se publicaría al día siguiente.

–Menos mal que me informó de esta decisión, porque yo iba a preguntar públicamente si nadie le avisaba a la Presidenta que los barcos que salían de nuestros puertos desde la sanción de la ley hasta hoy transportaban soja con 27,5% de retenciones- le comentó el legislador. –No, no, quedémonos tranquilos que esto se va a evitar- le prometió Zannnini.

El decreto 764, efectivamente, se publicó el 13 de mayo de 2008, cinco meses después de la sanción de la ley en el Congreso. Todas las exportaciones de soja y otros granos que se hicieron en ese lapso siguieron pagando 27,5% de retenciones. Y el propio

Gobierno ya había embarrado la cancha con las retenciones móviles que arrancaban en 44%. Así, en pleno conflicto con el campo, las cerealeras se hallaban vendiendo con sus declaraciones anticipadas una soja de 500 dólares, pero tributaban 27,5% sobre aquel precio congelado en torno a los 350 dólares. Al comprar la mercadería, como bien había advertido Alfonsín, al productor le estaban descontando 44% sobre el precio real de 500 dólares. Hasta ese momento, la ley correctiva no había servido de nada.La reglamentación dictada por Cristina no era mala, porque el primer punto exigía a los operadores que “acrediten sus compras”, como ordenaba la ley, y luego establecía que los pagos de retenciones efectuados luego del 9 de noviembre serían tomados “a cuenta”, hasta que concluyera la revisión oficial de aquellas benditas declaraciones de exportación. El decreto también habilitaba a los organismos del Estado a aplicar los artículos 8 y 9 de la ley 21453, que permiten anular las declaraciones simuladas o imponerles una multa del 10%. Aquí se revela el detalle que faltaba: por decisión de Cristina, el organismo que debía revisar esas declaraciones ya no sería la Secretaría de Agricultura sino la ONCCA dirigida por Ricardo Echegaray. “No se conoce caso alguno en el que la ONCCA haya dado el estricto cumplimiento de lo que le ordenó el Ejecutivo respecto de las previsiones de los artículos 8 y 9”, lamentaría tiempo después un abatido Martínez Raymonda. Pese a que podría haber dado de baja la mayor parte de esas ventas simuladas, Echegaray decidió no hacerlo y el viejo diputado fue lapidario: “La ONCCA ha considerado que no ha habido ninguna declaración jurada que hubiera incurrido en algún falseamiento, con lo cual habría convalidado la más clamorosa apropiación indebida de los derechos de retención que registra nuestra ya triste historia”, juzgó.Más de un mes más tarde, el cuestionado organismo tenía listo un primer arqueo sobre una parte de aquellas declaraciones. Por Resolución 1487/08 firmada por Echegaray el 26 de junio, se informaba a la AFIP que había revisado declaraciones de exportación por un total de 8.654.150 toneladas, de las cuales solamente 2.437.000 toneladas ya estaban en poder de los exportadores antes del 9 de noviembre. Eran esos embarques los que podían tributar aquel 27,5% de retenciones; a las restantes 6.217.150 toneladas, se supone, habría que haberles aplicado las retenciones en vigencia. Un mes después, el 24 de julio, dictó una nueva resolución, la 1898, con la que completaba la fajina. En total, la ONCCA había concluido que 57 empresas exportadoras habían presentado DJVE sin poder demostrar que tuvieran los granos en su posesión al momento de declarar esa operación. En concreto, había que revisar las retenciones pagadas por 17.780.772 toneladas. Para que quede clara la dimensión del asunto: ese volumen equivalía a una tercera parte de todas las exportaciones agrícolas. Ya había pasado una semana de aquel “voto no negativo”, los productores suspiraban y sus dirigentes se sentían triunfadores. Echegaray, por esos días, se mostraba irreductible. "Se puede especular en el mercado a futuro pero no con el Estado. Las exportadoras deben tener un mayor apego a la ley. Y es una ley que ha sancionado el Congreso", advertía en declaraciones periodísticas en las que además calculó que el dinero que debía recuperar el Fisco se acercaba a los 1.800 millones de dólares. Ferrari Etcheberry, en tanto, hablaba de 1.700 millones. Aún dejando pasar la trampita del Senado, se trataba de mucha plata. Pero la tarea de la ONCCA parecía hecha deliberadamente mal como para que no pudiese recuperarse nada. Cierto es que había mandado a la Aduana a revisar los montos de retenciones pagados por empresas de la talla de AGD, Cargill, Nidera, Vicentin, Bunge, Dreyfus y Molinos Cañuelas, pero en ese listado había además algunos productores que además exportaban. Mal podía la ONCCA exigirle a esas empresas que acreditasen la tenencia de los granos para realizar una exportación

anticipada, pues ellas mismas eran productoras de los granos que exportaban. Y en noviembre de 2007 recién los estaban sembrando. Fue una de esas empresas productoras, Virreyes Agropecuarias, la que encontró el resquicio, la grieta que había dejado abierta la ONCCA. Virreyes era propiedad del industrial Jorge Blanco Villegas, casado con la madre de Mauricio Macri. Como la Aduana, a cargo de Tirabassi, no la dejaba exportar hasta tanto no aceptara la revisión de las retenciones, la firma pidió una “medida cautelar autónoma”. Lo hizo después de iniciar un recurso administrativo en la propia ONCCA, que ni siquiera había sido respondido. La amparaba la razón: era imposible para Virreyes acreditar compras previas a su exportación porque no compraba granos sino que los producía. El expediente 22.750/08 recayó en la Cámara Federal, Sala Contencioso Administrativo 3, a cargo de los vocales Sergio Gustavo Fernández, Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento. El 14 de noviembre de 2008, esa sala hizo lugar a la medida cautelar presentada por Virreyes, aunque aclaró que dicha protección judicial se mantendría “solo hasta que la ONCCA decidiera el recurso de reconsideración que había presentado Virreyes” unos meses atrás y que el organismo nunca consideró. Eso sí, los jueces no fijaron plazo. Virreyes zafaba de los reclamos de la Aduana hasta que Echegaray se decidiera a resolver una cuestión casi de sentido común: las empresas productoras no podían ser parte del listado de la ONCCA porque mal puede acreditar una compra quien no compra nada.El monto en juego, en el caso de Virreyes, era mínimo respecto de los 1.700 millones de dólares que debía recuperar el Estado. Pero el caso constituyó casi una invitación al resto de las compañías acusadas de haber participado de una maniobra para eludir el pago de las retenciones. Una invitación a una fiesta, en especial si los animadores resultaban ser los mismos.Entre noviembre y diciembre de cada año, las diferentes salas que conforman un fuero judicial discuten y deciden entre ellas cuál será la que se coma el plantón de atender durante la feria judicial de enero del año siguiente. No existe para ello un procedimiento formal. Acaso una casualidad, los jueces Fernández, Grecco y Argento deciden hacerse cargo de la feria de verano 2009.De inmediato comenzaron a llover en esa Cámara Federal, durante aquella feria, numerosos recursos de amparo casi calcados del que había presentado Virreyes un par de meses antes. Peticionaban también una medida cautelar autónoma como la concedida a esa firma, aunque ya no eran productores los que recurrían a la justicia sino la mayoría de las grandes cerealeras.“Lo sintomático es que con inusitada rapidez, en la habitual siesta de la feria, esa sala hizo lugar a las peticiones de las grandes firmas invocando el precedente de Virreyes. Y así dispuso en beneficio de estas poderosas multinacionales”, explicó Ferrari Etcheberry en uno de sus informes sobre el caso, el último. Luego decidió que era insano seguir peleando contra molinos de viento.Una de las empresas que inició ese camino fue Aceitera General Deheza, del senador Urquía, aunque en el juzgado federal de Río Cuarto. Vicentín lo hizo en el de Resistencia. Pero la más prolífica fue la Sala 3 de la ciudad de Buenos Aires: Oleaginosas Moreno (Glencore) obtuvo un fallo favorable el 20 de enero de 2009, lo mismo que Bunge; y cuando finalizaba la feria, en los últimos días de enero, Nidera, Noble Argentina y varias otras firmas logran ese amparo a su favor.En todos los casos, aquella sala en lo Contencioso Administrativo dispuso más o menos lo mismo: cualquier reclamo por retenciones retroactivas debía quedar congelado hasta que la ONCCA resolviera aquel intríngulis inicial que era cómo puede hacer un productor para acreditar la compra de algo que no compra sino que produce.

En el fallo correspondiente a Bunge Argentina, del 29 de enero, la misma sala 3 mencionó también por primera vez a la Aduana y a la AFIP, al disponer que estos organismos “deberán abstenerse de notificar al actor determinaciones tributarias efectuadas o pendientes de realización, con sustento en las resoluciones 1497/08 y 1898/08 hasta tanto la ONCCA resuelva los recursos de reconsideración interpuestos”. Es decir, sin fijar plazos, las ataba de manos hasta que Echegaray resolviera.En ese momento, sin embargo, la aclaración judicial sonaba algo redundante, porque el funcionario elegido por Cristina para recuperar los 1.700 millones de dólares ya había pasado a comandar la estratégica AFIP –por lo tanto también la Aduana–, y al frente de la ONCCA había dejado a su adjunto Emilio Eyras, un funcionario al que controlaba por control remoto. Nadie puso interés dentro de la ONCCA en responder el planteo inicial que le había realizado la firma Virreyes. Y por lo tanto, ahora que la ONCCA ha desaparecido, ya no parece quedar chance de recuperar el dinero que se les descontó a los productores pero nunca llegó a las arcas del Estado. Al final, y sobre todo si hay grandes dosis de complicidad, ningún impuesto es resistente a la evasión. Ni siquiera las retenciones.

Capítulo 22 – El Hacker

Jorge Viqueira es de aquellos hombres que disfrutan levantando un castillo de naipes, con paciencia y mucho esfuerzo, pero luego se resisten a creer que semejante obra pueda derrumbarse en unos pocos segundos. Experto en informática, comenzó a trabajar en la ONCCA en junio de 2005. Casi tres años dedicó a edificar aquel castillo. Lo echaron el último día de 2008. En apenas unos soplidos, Echegaray y su gente estaban desmantelándolo todo. Marcelo Rossi, ex director de la ONCCA, fue quien lo había convocado. El organismo contaba desde 2001 con un programa, el SIO (Sistema Integral ONCCA), al que parecía necesario mantener y darle una vuelta de tuerca. Se trataba de un sistema web en PHP, un lenguaje tradicional de programación, que permitía la administración de las tareas cotidianas de esa oficina, en especial el seguimiento de las matrículas y de las actividades de las empresas del sector. Es decir, contenía información sobre los 300 mil operadores de las cadenas agroalimentarias (carnes, lácteos y granos) que debían ser controladas. Y no era una base de datos estática, pues al SIO se ingresaban además la información que, con regularidad, debían declarar cada una de las empresas.Tanta era la información contenida en ese sistema que, desde marzo de 2006, cuando Néstor Kirchner decidió intervenir las exportaciones de carne, la ONCCA utilizó el SIO para controlar los cupos asignados a cada uno de los frigoríficos. Y cuando un año después el Gobierno decidió comenzar a subsidiar a algunos sectores, como los molinos harineros, ese sistema se programó para calcular automáticamente los montos asignados a cada empresa, luego de verificar los datos de cada una de ellas y cruzar información con la AFIP. Si algo llenaba de orgullo a los trabajadores de la ONCCA en tiempos de Marcelo Rossi era su sistema informático. El trabajo había sido duro. En 2005 la Secretaría de Agricultura dependía, en cuestiones de informática, del Ministerio de Economía. Y la ONCCA también. La burocracia era extenuante: para reemplazar un cartucho de tinta o arreglar una computadora rota había que requerir, por memo, socorro a los empleados de informática del Palacio de Hacienda. Desde Economía, además, se debían habilitar las claves para cualquier trámite. Rossi, por ejemplo, tenía frecuentes problemas para acceder a Internet en su despacho y no podía consultar su correo electrónico desde fuera de la oficina.Una licitación para cambiar el cableado que conectaba las computadoras asignadas por Economía fue la que los decidió a declarar la independencia informática del organismo. La ONCCA ya había conseguido por entonces su reclamada “autarquía” y estaba en condiciones de hacerlo. Además, el caso les parecía escandaloso: por unos pocos metros de cable Economía manejaba un presupuesto de aproximadamente 117.000 pesos. Viqueira fue designado responsable del área y contrató a un programador amigo, Alejandro Formanek, un experto certificado en redes que se convirtió en su mano derecha. En menos de quince días desarrollaron un proyecto de informatización autónoma. Incluía 12 servidores HP, 32 equipos distribuidores de Wi Fi, 125 placas de red, equipos de seguridad Cisco (los mismos que usaba la marina estaounidense) y varios otros chiches que no vienen al caso. Comenzó a funcionar en octubre de 2006 y tenía capacidad para 2.000 puestos de teletrabajo. Costó 375.000 pesos.Tanta capacidad excedente tenía el sistema informático de la ONCCA que incluso llegó a prestar servicios de Internet a otros organismos. El sector de Mercados Agroalimentarios de Agricultura, que cada día debía recopilar cientos de precios de las materias primas desde diversos lugares del mundo, fue uno de los grandes beneficiados.

En esos servidores adquiridos en 2006 estaba albergado el SIO, que para ese entonces ya tenía sistematizado el 70% del volumen de información que se manejaba en el organismo y cruzaba automáticamente esos datos con la base de la AFIP. Casi sin planteárselo, el Estado había logrado construir un complejo tamiz que le permitía detectar a operadores marginales.“Ustedes están para ejecutar y cumplir órdenes, no para pensar”, le dijo Ricardo Echegaray a la docena de integrantes de ese equipo de Informática, a modo de presentación. Los programadores se quedaron con la boca abierta. A los pocos días les llegó un correo electrónico que les anunciaba que esa área iba a quedar bajo control de Diego Garayzábal. Viqueira, que había logrado conformar un equipo de alto nivel, pidió a los suyos estar alerta: había que preservar el castillo que habían construido.En los hechos, Garayzábal nunca pasó por el lugar. Y los empleados de Informática de la ONCCA tuvieron cerca de ocho jefes en apenas nueve meses. El primero era amigo del padre de Juan Conte, el protegido de Echegaray, un tal Marcelo Castañeda. Pero duró muy poco. Lo reemplazó el marplatense Oscar Villaverde, que entendía muy poco del asunto aunque decía tener una consultora especializada. “Muchachos, estoy acá políticamente. Esto es político”, fue su carta de presentación.Echegaray se los había advertido: ejecutar y no pensar. Durante aquellos primeros meses de gestión, los cambios en la normativa de la ONCCA en materia de ROE y compensaciones eran de tal magnitud que los programadores debían trabajar hasta altas horas de la noche adaptando el SIO a las nuevas reglamentaciones. Pero de conversar, de opinar, nada. Las verdaderas decisiones se tomaban en otro lado.En esos días de recambio, y a pedido de José Portillo, el antecesor de Echegaray, el equipo de Informática había puesto en marcha la primera etapa de un sistema que calculaba automáticamente los montos de las flamantes compensaciones. En aquel momento se aplicaba solamente a los subsidios destinados a los molinos de trigo, pero planeaba extenderse al resto de los operadores. El sistema podía alcanzar una dinámica de liquidación diaria a todos aquellos operadores que tuvieran sus papeles en regla, dado que las complejas ecuaciones de pago se resolvían en pocos segundos, solo con apretar un botón. Pero Echegaray, en vez de impulsar esa importante herramienta, decidió incrementar dramáticamente el número de empleados abocados a calcular manualmente los montos de los pagos. La idea clara era que no quedara registro en el sistema informático. El 18 de julio, por Instrucción 12, se agregó al cordobés Jorge Nitti a la estructura de Informática, aunque Villaverde también mantuvo su cargo. Por entonces, Nitti y un amigo íntimo de Garayzábal llamado Alejandro Hassan El Bacha eran socios en una consultora llamaba “Epica”. El sitio web de esa consultora ha sido hoy dado de baja, pero en la administradora de los dominios (http://nic.ar) todavía figura Nitti como responsable de esa página. De las incompatibilidades, bien gracias. Era evidente que Garayzábal estaba dando sus primeros pasos. Por ese entonces, además, comenzaron los rumores sobre la aplicación de un nuevo programa informático. Los expertos no sabían de qué trataba, pero tenía un nombre bastante simpático: “Jauke”, que en tehuelche significa “campo”.Con la “Instrucción General 14”, del 28 de julio, Echegaray ordenó que todo el organismo debía utilizar el nuevo sistema. El nuevo chiche creado por Garayzábal estaba listo. La idea de Echegaray era utilizar el Jauke para lanzar una rematriculación masiva de todas las firmas de la cadena agroalimentaria. Los datos ya estaban contenidos en el SIO, pero Echegaray anunció que el nuevo programa serviría para generar un flamante “Registro único de operadores”.

Villaverde estaba furioso. En los hechos, la adopción del Jauke significaba para él una dura derrota en la interna que mantenía con Garayzábal. Por eso, una de las últimas órdenes que impartió a Viqueira y su gente fue que analizaran el nuevo programa y le preparasen un informe. Quería demostrar lo que ya muchos sospechaban: que el ya famoso Jauke no servía para nada. Cuando los programadores tuvieron acceso a la creación de Garayzábal vieron que era un sistema primitivo que permitía imprimir una carátula nueva para los expedientes que se iniciaran en la ONCCA y nada más. En la pantalla inicial había que cargar el CUIT, la razón social de la firma y la descripción del trámite que se solicitaba (es decir, mucha menos cantidad de información de la que ya contenía el SIO). El sistema, además, asignaba a cada expediente una identificación diferente a las que hasta ese momento se generaban con un programa llamado COMDOC, que era el mismo que se utilizaba en todo el Ministerio de Economía. Luego, en una segunda pantalla se podían realizar consultas, pero solamente mediante el número de CUIT. La siguiente pantalla era administrativa. Y la última y definitiva permitía a los empleados con acceso “pasar el expediente a...” otra área del organismo.Eso, y no más que eso, parecía ser a primera vista el bendito Jauke. Eso era, hasta que Oscar Villaverde les pidió a los que entendían que hicieran un examen a fondo. Lo que sigue es el relato de Viqueira, en primera persona, sobre aquella inspección:

“En la ONCCA las pujas de poder estaban en su clímax. Echegaray venía firme sacando resoluciones e impulsando los cursos para la puesta en marcha del sistema Jauke, desoyendo a los varios directivos que, pese a haber cursado notas y advertencias de todo tipo sobre lo contraproducente que dicho sistema iba a resultar, éramos desoídos olímpicamente. Los que solicitaron por escrito la suspensión de Jauke fueron: Jurídicos, Inscripciones, Despacho, el Centro de Atención al Público y por supuesto Informática.El Jauke iba a causar un perjuicio atroz al organismo. La pérdida de información y la carencia de ella iba a ser tan profunda que temíamos que, con el pasar de los meses, la calidad de los controles se degradara o incluso que directamente dejáramos de funcionar.El Jauke cambiaba un sistema aceitado de presentación de información completa y detallada por un formulario de una carilla para inscribir toda una planta y no contemplaba la dependencia que los circuitos internos tenían sobre los datos provistos mediante el sistema de inscripciones vigente.Un día entró Oscar Villaverde a la improvisada oficina de Desarrollo, literalmente a las puteadas, porque Echegaray acababa de firmar resoluciones para la puesta en marcha definitiva del Jauke. A él le restaba poder ante Diego Garayzábal, el promotor y creador de dicho "sistema"; pero a la ONCCA le costaría en pocos tiempo la pérdida de su capacidad de realizar controles vitales para su accionar. Eso al menos, al equipo de Desarrollo, nos tenía en vilo. Tras un rato de improperios Oscar se calmó y empezamos a cruzar propuestas para hacer un último intento de concientizar a la gestión del error que se estaba cometiendo. Convenimos recopilar en un informe todos los inconvenientes que habíamos reportado con anterioridad y adicionalmente realizar una auditoría lo más completa posible.Como la oficina era un rejunte de escritorios, dado que Echegaray había expulsado a Informática de sus oficinas en Brasil 55, no hizo falta más que terminar de hablar para que todos los presentes empezaran a aportar ideas y comentarios. Habíamos decidido que se realizarían una serie de comparativas entre Jauke y SIO e íbamos a hacer un par de pruebas de seguridad, porque el sitio de Jauke estaba abierto a Internet. Ciertamente lo que más desafiante sonaba era éste último punto. Varios miembros del equipo

decidieron planificar las pruebas y se habían empezado a juntar en torno a un escritorio mientras yo entraba al sitio de AFIP con mi clave fiscal para tener Jauke a mano.Lo que descubrí al ingresar al sistema fue que pese a detentar un puesto de dirección, mi acceso a Jauke se limitaba a una pantalla con un mensaje de bienvenida y como única opción la de "cerrar". No me asombró porque las restricciones y chicaneos ya venían siendo cosa habitual y ésta era otra forma de marcar que mi proceder no seguía el estándar de la gestión.Por un momento pensé que ahí era a donde iba a terminar toda la auditoría, pero hice clic con el botón derecho del mouse sobre el fondo de la página y elegí la opción ‘ver código fuente’ para mirar el poquito de programación a la que tenía acceso. Allí encontré en las primeras líneas una serie de enlaces disimulados como comentarios y que claramente conformaban un menú.Copié el primer enlace, lo pegué en la barra de direcciones de una ventana que tenia atrás y se abrió una pantalla de administración totalmente irrestricta, con grandes botones que decían: ‘borrar base de datos’, ‘editar tablas’, ‘permisos’, ‘usuarios’... Literalmente se podía hacer lo que se quisiera. Y apenas habían pasado 30 segundos desde que entraba a Jauke por primera vez. Fue muy impactante ver cómo, con los conocimientos de un aficionado a Internet, había conseguido el máximo nivel de privilegios y ¡en nada de tiempo!Mis colegas aún no habían llegado a sentarse cuando les dije: "Ya soy administrado de Jauke". Me miraron un tanto incrédulos mientras pronunciaban expresiones como ‘me estás jodiendo’. Nunca llegamos a tener la reunión para diseñar las pruebas, pues el Jauke podía ser hackeado en 30 segundos por cualquier persona con mínimos conocimientos. Bastaba que se haya presentado en una sucursal de AFIP a tramitar su clave fiscal.Era muy evidente que el Jauke no había sido preparado para publicarse, que no se habían contemplado las pautas mínimas e indispensables de seguridad que toda web debe tener. Peor aún, ya estaba publicado y funcionando.En pocas horas llegamos a encontrar una multitud de fallos, algunos tan graves como el comentado y otros mucho peores: baste con decir que era posible adquirir el control total del servidor y que el mismo estaba ubicado tras las barreras de protección de la propia AFIP, con lo cual no sólo se exponía gratuitamente la información de ONCCA sino que también se corría riesgo la integridad y seguridad de la propia red de AFIP.El informe que presenté terminaba con un recordatorio de la responsabilidad que tal cosa implicaba para el Organismo y una conclusión clara: ES NECESARIA SU DISCONTINUACIÓN INMEDIATA”.

El 30 de julio, cuando Oscar Villaverde recibió el lapidario informe de treinta páginas, se lo elevó de inmediato a Garayzábal, con copia también a Ricardo Echegaray. Entre otras cosas el trabajo decía que el sistema Jaucke “no contaba con condiciones mínimas exigidas por la ley de procedimientos administrativos” y advertía claramente que podía ser utilizado como un caballo de Troya para que cualquiera que contara con una clave fiscal pudiera ingresar y modificar información contenida no solo en la base de datos de la ONCCA sino también en la de la AFIP. En otros términos, el Jauke era mucho más de lo que parecía. Servía para que cualquiera ingresase a una de las principales bases de datos sensibles con que contaba el Estado. Nadie tomó en cuenta las advertencias de ese informe, que hoy está en poder de la justicia. Todo lo contrario: el 25 de agosto, por “Instrucción General 15”, Echegaray ordenó al personal de la ONCCA realizar una “capacitación obligatoria” para operar con el flamante sistema diseñado por Garayzábal.

Jorge Viqueira y Alejandro Formanek fueron transferidos al área de Fiscalización, bajo las órdenes de Nitti, pero allí estuvieron dos largos meses sin que se les asignaran tareas. El 31 de diciembre de 2008, junto a otro especialista de informática llamado Mariano, fueron "invitados” a dejar sus trabajos en la ONCCA. “Por ese tiempo ya habíamos sufrido todo tipo de humillaciones, maltratos y hasta amenazas. Recurrimos al delegado del gremio UPCN en Agricultura, que hizo una muy buena representación hasta que una noche, a eso de las 23, recibió un llamado del gremio y mantuvo una reunión con Echegaray. Después de eso nos comunicaron que eramos ‘bajas aceptables’ y que no se podía hacer nada más. El 31 de diciembre materializaron lo que fue un escarmiento para el personal del área, que venía haciendo y apoyando las denuncias por hechos que contradecían la ética y los deberes del funcionario público”, recuerda hoy Viqueira.En ese mismo momento Garayzábal, en cambio, se trasladaba junto con Echegaray hacia la sede central de la AFIP. Durante mucho tiempo fue subdirector general de Servicios al Contribuyente del organismo. En marzo de 2011, su jefe lo reasignó y lo nombró responsable de la Agencia AFIP de Río Cuarto, su ciudad natal. Por entonces, ambos ya estaban imputados en la justicia en la causa que investiga diferentes irregularidades cometidas en la ONCCA. “Fue un cachetazo político que le quisieron dar al gobierno”, dijo Garayzábal sobre ese asunto en un programa de la televisión local. “Pueden investigar lo que quieran, que no tengo nada que esconder”, agregó. El 2 de junio de 2010, pocos meses antes y siendo todavía un alto funcionario de la AFIP, Garayzábal creó una nueva sociedad a la que bautizó “Alariel SA”. Tiene domicilio en Córdoba y, entre muchas otras actividades planteadas en su estatuto social, la firma planea dedicarse a la “reparación e implementación de programas de computación y aplicativos de todo tipo”. Experiencia no le falta.

Capítulo 23 – El viejo

En septiembre de 2008, mientras su marido estaba sumamente atareado en la ONCCA, Silvana Karina Oviedo viajó a Uruguay acompañada por su muy buena amiga Laura Marina Croas. Croas era varios años mayor que la esposa de Ricardo Echegaray, pero se llevaban muy bien entre ellas. Era una mujer elegante que había trabajado bastante como decoradora. Y tenía un excelente trato social: su segundo apellido es Olavarría. Croas Olavarría se había casado en segundas nupcias con un hombre poco mayor que ella, que decía ser artista y en aquel 2008, a pesar de tener solamente 58 años, ya figuraba como jubilado y afiliado del PAMI. Era Alfredo Luis Espósito, aquel “viejo” que sin ser empleado público ingresaba dos o tres veces por semana al organismo que conducía Echegaray. Ya por entonces Espósito, el artista, tenía una página web dedicada a mostrar sus obras de arte, sobre todo varias pinturas y dibujos de mujeres desnudas, pero también algunas esculturas. Allí se lee:

“Nacido en Buenos Aires, Argentina, Alfredo Espósito se desarrolló en el arte a través de diferentes experiencias que le permitieron poder acercarse a las ideas de los contemporáneos vanguardistas de esta época y conocer un poco más las tendencias. Desde muy joven adoptó una forma muy interesante y original de mostrar sus obras. Comenzando en Buenos Aires y luego en el resto del mundo, reúne a grupos de amigos y amigos de los amigos en su casa, taller, o en casa de otros amigos o conocidos interesados en arte. De esta forma fue haciéndose conocer, logrando en ambientes relajados e informales una buena forma para mostrar sus obras e interesar a la gente con las mismas, logrando un efecto boca a boca (…) Es por estas razones que siempre dice que su carrera se la debe a todas aquellas personas amigas y sensibles al arte que se atrevieron a tener obras de él. Este tipo de muestras las realiza desde 1978 en Buenos Aires, Baltimore, Miami, New York, Roma, Paris, San Francisco, Los Angeles, New Orleans, Florencia, Tokio, Las Vegas, Rio de Janeiro, Punta del Este y otras ciudades. En los años 80 viajo en muchas oportunidades a países del continente africano haciendo lo mismo. En contadas ocasiones ha expuesto sus obras en diferentes Centros Culturales de Argentina, como así también en salones como el de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y otros. También restaurantes y lugares de objetos de decoración y arte”.

Quizás por el particular estilo que él mismo describe, Espósito resulta ser un perfecto desconocido en el mundillo de las galerías porteñas. Recién cobró algo de visibilidad al exponer sus cuadros en la muestra “Expotrastiendas 2009”. Según una fuente que lo conoció de cerca, pagó por estar allí unos 15.000 dólares.Lo cierto es que Espósito y su esposa habían logrado seducir al matrimonio Echegaray. El funcionario, algunas noches, después del trabajo, solía visitar a la pareja en el quinto piso del edificio de Juncal 4551, muy cerca del predio de la Rural. El auto lo escondía en el estacionamiento subterráneo, pero la custodia que siempre acompañaba al funcionario lo delataba ante los vecinos. El de los Espósito era un departamento de tres ambientes, que habían alquilado luego de que unos años atrás, en 2001, fueran desalojados de otra vivienda de Cabello 3142 tras un juicio por fuertes deudas con el consorcio. Es difícil seguirle la pista al jubilado pintor de desnudos. La primera referencia seria sobre sus pasos es curiosa: surge del triste Boletín Oficial del jueves 3 de enero de 1991, donde se publicaron una serie de decretos firmados por Carlos Menem en los que se

concedió el indulto de los represores Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps, Suárez Mason, al ex ministro Martínez de Hoz y al dirigente montonero Firmenich.Espósito aparece, en aquel momento y en otra norma, como integrante de una de las Comisiones Técnicas encargadas de supervisar el proceso de privatización de las empresas del Estado. En su caso, le tocaba intervenir en el desguace de las estatales Ferrocarriles Argentinos y Subterráneos de Buenos Aires. Ese comité –integrado entre otros por el sindicalista José Pedraza–, fue creado por decreto 737/90, firmado por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos José Dromi. Ese antecedente coincide con la información que algunas fuentes brindaron sobre Espósito: lo ubican en aquel tiempo como ladero de la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, la hija del ingeniero que promovió como pocos la ola privatizadora de los años noventa.En 1993, pese a su evidente participación política, Alfredo Espósito decidía inscribirse como trabajador autónomo en la AFIP. Le tocó el CUIT 20-10237582-4 y entonces declaró que su actividad principal era la de “editor de libros, revistas y partituras”. Recién actualizó esa condición tributaria en mayo de 2009, cuando se anotó como monotributista en la categoría 3, es decir con hasta 15.000 pesos de ingresos cada año. Según las fuentes consultadas, ese supuesto nivel de ingresos no se compadecía con el verdadero estilo de vida que llevaba a fines de 2008, cuando confraternizaba tanto con los Echegaray.Quizás haya una explicación en un comentario anónimo publicado el 27 de mayo de 2010 por un lector del sitio La Política Online:

“Les cuento cómo es la verdadera historia. Alfredo Espósito es un ex-allegado a María Julia Alsogaray con quien trabajó hasta que la ingeniera cayó en desgracia. Era un pseudo valijero que -en las épocas de uno a uno- vivía bastante bien en la calle Cabello en Capital. Con la llegada de la Alianza, Esposito cayó en desgracia hasta que en 2003, con la llegada del kirchnerismo, fue con Echegaray primero a la Aduana, luego a la ONCCA y ahora en la AFIP. Es un personaje extraño, nunca ocupa ningún cargo y siempre juega de outsider o por afuera de las estructuras de Echegaray, a quien conoce por su pasado en la UPAU. (…) Si bien Echegaray es un hombre de Rudy Ulloa, Espósito le sirve al ahora titular de la AFIP para otros menesteres. Es el hombre que se ocupa de juntar la plata de los subsidios, de adelantar pagos, de retirar el dinero a empresarios y de apretar a la gente. Es un tipo muy común, bajo, muy flaco, de cabello cano, siempre con su Nextel encendido, fuma bastante y usa anteojos estilo clipper dada su edad, pues se quedó tildado en el modelo que se usaba hace 30 años.Este personaje suele parar en un café del microcentro cercano a la calle Florida, y el mayor valor agragado que tiene es que se jacta de que nadie lo conoce. Asi tambien, Esposito le acerca al titular de la AFIP, desde la Aduana para acá, gente joven que capta para trabajar bajo las promesas de sueldos que no superan los 5.000 pesos pero por afuera de todo circuito legal les dan otro tanto. Imaginen un contador de 28/34 años que en la actividad privada no gana mas de 4.000 pesos, de repente está ganando más del doble por el solo hecho de someterse a la fidelidad de Echegaray”.5

Son solo versiones que no merecerían ser publicadas de no ser porque una fuente, que compartió varias reuniones íntimas con los Espósito y los Echegaray, confirmó cada

5 http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/65762/subsidios-truchos-en-la-oncca-un-falso-abogado-y- un-pintor-complican-a-echegaray.html

uno de las sospechas. Según esta fuente, el “Viejo” había sido en los últimos años el principal asesor del funcionario kirchnerista y el que le recomendó a varios de los funcionarios que trabajaron junto a él en los diversos organismos que condujo. Emilio Eyras, quien reemplazó a Echegaray en la ONCCA, era uno de ellos. Tan estrecha es la relación que, en el verano de 2009, los Espósito alquilaron una casa en el country “Talar del Lago” para estar cerca de sus amigos. Recibieron el año nuevo junto a ellos. Y también la grata noticia de que Echegaray finalmente había asumido en la AFIP ese 31 de diciembre. El contrato de alquiler se extendió desde el 28 de diciembre hasta el 31 de enero de 2009. La movida costó 14.000 dólares.En aquellas reuniones sociales, según las fuentes, siempre estaba presente el actual subdirector general de Control Aduanero, Silvio Luis Minisini, un hombre bastante rústico que sin embargo dispone de un poder enorme. En febrero de 2011, por ejemplo, Minisini dio la orden de paralizar las importaciones de autos de alta gama, y así se hizo hasta que las empresas automotrices aceptaron negociar un plan de autorregulación que permitiese achicar el déficit comercial con Brasil. Luego, a principios de abril, el alto jefe aduanero volvió a dar muestras de su poder al impedir que el buque “Da Zhong”, de bandera panameña, descargase en Ushuaia equipos destinados a la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química, que había anunciado una millonaria inversión para levantar en ese territorio una planta de procesamiento de Urea. En un procedimiento considerado irregular, Minisini argumentó que faltaba documentación y mantuvo al barco “al garete” durante 32 días, hasta que finalmente este decidió poner proa hacia Puerto Rosales. Fueron inevitables, ante ese caso, las sospechas de pedidos de coimas.Minisini, de 43 años, conoce a Echegaray desde los tiempos de Río Gallegos. Ahora convive casi diariamente con él, ya que se mudó también al country de Pacheco. Pero quien tiene relación directa tanto con Echegaray como con Espósito es Juan María Conte, el joven que había manejado las millonarias compensaciones de la ONCCA, que luego viajó a China y más tarde fue designado al frente de la Subdirección General de Administración Financiera de la AFIP. Según los testimonios recogidos, Conte es “ahijado” del extraño artista plástico. Y eso explicaría la predilección de Echegaray hacia él.El joven funcionario es hijo de Guillermo Horacio Conte, de 59 años, y María Susana Torres. Su padre, supuesto compadre de Espósito, es socio de varias empresas, pero una de ellas es muy llamativa: se llama Fidelity Security SA y fue creada el 27 de julio de 2007. ¿A qué se dedica esa firma? Según un “brochure” que Guillermo Conte firmó en su carácter de gerente comercial de la compañía, Fidelity Security SA brinda asesoramiento a las empresas dedicadas al comercio exterior para que logren ingresar al Sistema Aduanero de Operadores Confiables (SAOC). Ricardo Echegaray, como titular de la Aduana, dictó el 18 de agosto de 2006 la Nota Externa 37/06, mediante la cual estableció los requisitos necesarios que deberían cumplir las empresas para adherir a ese sistema. Fue la primera mención sobre ese asunto en la legislación nacional. Recién el 21 de noviembre de 2007, mediante la resolución 2350, la AFIP le otorgó cierto rango a la iniciativa aduanera. El sistema, según informó ese organismo, recién se pudo poner en marcha en 2008. Se justificó en que era una recomendación de la OMA.Pertenecer a la lista de “operadores confiables” de la Aduana es el sueño de cualquier empresa exportadora, pues significa que contarán con un “Canal Verde” permanente para sus operaciones, es decir que la Aduana nunca controlará ni los documentos ni las mercaderías de esa firma. Además, esas empresas tendrán prioridad en los pasos fronterizos y, como no deben ser inspeccionadas, se ahorran los costos de pagar las

horas extras de los empleados aduaneros. "No hacemos auditoría ni fiscalización de nada, simplemente aprendemos cómo trabaja la empresa que se postula", explicó la ex directora de la Aduana, Silvina Tirabassi, al informar en marzo de 2008 que la fábrica de alfajores Havanna había sido la primera firma que calificaba. Luego, entre otras, se sumaron Peugeot y la agropecuaria y forestal Enrique Zeni. “Fidelity Security S.A. ofrece a los operadores participantes en la cadena de suministros internacional el asesoramiento y la capacitación para alcanzar […] la adhesión al SAOC y el sostenimiento en el tiempo del estándar de confiabilidad”, promete la empresa que integra el padre del director financiero de la AFIP.El 9 de mayo de 2007, antes de que lo forzaran a dejar su cargo, el ex titular de ese organismo, Alberto Abad, dictó un código de ética para los empleados de ese organismo. Allí se dice expresamente que habrá “conflicto de intereses cuando se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios, de su grupo familiar o de terceros con ellos relacionados”. Nadie, en aquellas reuniones de amigos del country “El Talar del Lago” parecía reparar en ese tipo de recomendaciones. Otro de los que solía concurrir a esos encuentros, según la fuente consultada, era el abogado tucumano Lucio Ruiz Posse, nacido en 1968, quien figura como socios en al menos dos empresas. Una de ellas fue creada en abril de 2007 y se dedica a la confección y venta de monturas y otros artículos para montar: se llama Maestro Riding SRL. La segunda fue creada un año antes. Se trata de una sociedad anónima bautizada Indesar, dedicada a los negocios inmobiliarios. En ambos casos, al conformar dichas sociedades, Ruiz Posse declaró que vivía en el tercer piso del edificio de Juncal 4551. Es el mismo en el que Echegaray solía visitar algunas noches a su amigo Espósito. Hoy el abogado vecino del pintor es empleado de la planta permanente de la AFIP.En agosto de 2008, además, el amigo jubilado de Echegaray decidió dar vida a una empresa dedicada al “desarrollo de sistemas, tecnología y procedimientos para comercio exterior, gestión aduanera, negocios internacionales y exportación e importación de bienes y servicios”, según consta en las actas de constitución. El nombre de dicha firma es Conomex SA, y sus dos únicos socios son Ricardo Arellana Fernández, –quien trabajaría para el propio Espósito– y Belén Cambaceres, una joven dedicada ciento por ciento a otra cosa: la escenografía.Cambaceres es la hija del primer matrimonio de Laura Marina Croas, la misma mujer quien en septiembre de 2008 acompañó a la esposa de Echegaray de viaje a Uruguay. “Ella es quien se lleva la plata afuera”, señaló el confidente sobre Croas. Un año después de aquel viaje, el sábado 11 de septiembre de 2009, el diario Clarín publicaba una primicia: relataba que días antes el titular de la AFIP había invitado a su despacho al alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, para mantener una charla informal, y que éste se había molestado mucho al leer al día siguiente que el diario Ambito Financiero informaba erróneamente que le había prometido al jefe de la AFIP una base de datos sobre las propiedades de argentinos en ese exclusivo balneario. “Cuando me comentaron de la noticia de Ambito me agarré flor de calentura. Incluso, casi voy a buscar a Echegaray. Durante el encuentro hablamos de cualquier cosa, menos de intercambiar información. Sólo le reproché los operativos que montó (el ex director de ARBA, Santiago) Montoya en los pasos de frontera. Echegaray me dijo que no era su forma de actuar. Y después me contó que tiene una casa en La Barra”, declaró Laventure a un diario de su país, para alejar las suspicacias en Montevideo. Pero despertó suspicacias en Buenos Aires. Ese mismo día, el máximo responsable de la recaudación tributaria debió reconocer públicamente que era dueño de una propiedad en

Punta del Este, aunque dijo que era un simple “duplex de dos ambientes”. También aclaró que había realizado esa compra “con recursos propios” y que la misma había sido “debidamente declarada”. Era cierto parcialmente: en su declaración ante la Oficina Anticorrupción correspondiente a 2009, Echegaray había incluido esa propiedad bajo el concepto “inversión en derechos y acciones sobre depto [sic]”, reconociendo además que había gastado en la operación 866.400 pesos, divididos en 340 acciones por 710.000 pesos y 156 acciones por 156.400 pesos: lo que no precisaba era que dicha inversión había sido realizada en el Uruguay.Días después, el corresponsal de Clarín en Montevideo, Guillermo Pellegrino, logró dar con aquel “depto”. Las fotos que obtuvo el diario fueron elocuentes en cuanto a que en realidad la propiedad era un moderno “duplex” de grandes ventanales, con 163 metros cubiertos en los que se distribuían el living comedor, tres dormitorios y una cochera. Según los martilleros de la zona que consultó el periodista, su valor de mercado llegaba a los 360.000 dólares.Aquel último semestre de 2008, el Gobierno kirchnerista se había empeñado en lanzar una amplia moratoria impositiva que incorporaba un polémico capítulo que habilitaba un sistema para que los argentinos pudieran “repatriar” y “blanquear” los miles de millones de dólares que tenían depositados en el exterior del país. La Ley 26.476 finalmente fue sancionada el 18 de diciembre de ese año y promulgada unos días después. Echegaray, el que apenas un par de meses antes había reconocido haber sacado su dinero al exterior, sería el encargado de reglamentarla.

Capítulo 24 – Inocentes

El periodista Jorge Lanata se anticipó siete días: aquella investigación que publicó en el malogrado diario Crítica del 21 de diciembre de 2008 debería haber salido el 28, día de los Santos Inocentes. “El Estado pierde $2.150 millones y 3.600 firmas ganan impunidad”, decía el título de ese artículo.Lanata relataba allí que en los años previos, cuando era comandada por Alberto Abad, la AFIP había presentado la cifra exacta de 3.683 denuncias penales contra empresas que presuntamente habían evadido impuestos por 2.139.034.446 pesos. Lo de la “impunidad” venía a cuento de que por esos días se había aprobado en el Congreso la ley 26.476 impulsada por el Gobierno que fue promulgada el 24 de diciembre y que instauró un “Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales”. Detrás de tan pomposo título, en realidad, el Estado lanzaba una nueva moratoria. Y le agregaba un condimento preocupante, porque habilitaba además un mecanismo para que se pudieran “blanquear” los capitales de los argentinos depositados en el extranjero.Todos los opositores consideraron, durante el debate legislativo de esa ley, que se abría así una canilla para que la Argentina se convirtiese en receptora de gran cantidad de dinero que había sido producto de algún ilícito. Pero la renegociación de deudas impositivas también ofrecía dudas. "Sin duda, la moratoria será como una forma de protección de la corrupción. Podría significar una amnistía encubierta para quienes participaron en maniobras como las de las facturas truchas, para ocultar el pago de coimas", señaló por ese entonces la titular de Poder Ciudadano y máximo referente de Transparencia Internacional en América Latina, Delia Ferreira Rubio.En su artículo, Lanata ponía el acento en el artículo 32 B de la flamante legislación, pues permitía a aquellas 3.600 empresas que habían sido denunciadas por la AFIP acogerse a la moratoria, pagar su deuda en cuotas sin intereses y “quedar fuera de cualquier persecución penal”.“Quedan liberados de toda acción civil, comercial, y penal tributaria […] que pudiera corresponder los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley”, dice el artículo de marras que, a pesar de las advertencias, no fue modificado. Con una diferencia de días, la ley fue votada por la disciplinada mayoría kirchnerista en ambas cámaras.¿Tenía sentido una moratoria? No había, en rigor, demasiada justificación, pues el superávit de las cuentas públicas era holgado y la Argentina, durante aquel 2008, había recibido por su cosecha el mayor ingreso en dólares de toda su historia. Y a pesar de que a nivel global había fuertes turbulencias financieras, fronteras adentro la actividad económica mostraba solidez y la recaudación seguía creciendo. Por otro lado, en términos políticos, para cualquier gobierno conceder un waiver impositivo era señal de debilidad. Ya se habían registrado 27 regímenes semejantes desde 1955, con el fin del peronismo. La experiencia demostraba que medidas de ese tipo no habían ayudado.Para defender la iniciativa, no obstante, Cristina Kirchner encontró la excusa perfecta en la crisis económica internacional. Era un argumento tan infantil como la defensa de la “mesa de los argentinos” que había esgrimido durante el conflicto rural. Pero resultaba efectivo.“Las 3.638 denuncias penales de la AFIP formuladas desde 2006 serán, desde esta semana, arena escurriéndose entre las manos”, escribió Lanata. Abad, el ex titular de la AFIP que había impulsado esas investigaciones, tenía cálculos algo más moderados. Pero igual consideraba que gracias a esa moratoria podrían caerse “unas 1.500 denuncias penales realizadas a partir de 2004 y 2005”, por casi 1.300 millones de pesos.

Las causas iniciadas por los sabuesos fiscales estaban más cerca de concluir en el patíbulo que en otra cosa. En octubre de ese año, como ejemplo, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid inició una investigación sobre las cuentas de la constructora santacruceña Gotti SA, que muchos indicios vinculaban al empresario Lázaro Báez, amigo personal del matrimonio Kirchner. El magistrado descubrió que entre 2002 y 2007, Gotti facturó 1.200 millones de pesos y que más de la mitad habían sido pagados por el Estado provincial. También determinó que Gotti SA había emitido facturas a empresas falsas por unos 400 millones de pesos e imputó a sus principales directivos. La causa judicial, vale recordarlo, había tenido origen en una investigación de la AFIP de Comodoro Rivadavia, que motivó la separación de su cargo del agente Norman Williams –que había iniciado aquella pesquisa tributaria– y su reemplazo por Héctor Sartal. Fue el comienzo de una feroz vendetta que después se viviría dentro de la AFIP.En noviembre de 2008, desmintiendo toda la información que se alimentaba de fuentes de los tribunales, Gotti SA emitió un extenso comunicado donde atribuyó las acusaciones en su contra a “afirmaciones propagadas por grupos políticos que se valen de medios periodísticos que lucran con la difusión de mentiras”. También aseguró que no tenía en ese momento “ninguna deuda fiscal, ni provisional ni aduanera y que no fueron intimados por la AFIP a realizar ningún tipo de pago”. Era, según su propia versión, una empresa impoluta.En la justicia penal tributaria, además del que se tramitaba sobre Gotti SA, había cientos de expedientes nacidos de dos causas madres diferentes, pero que tenían idénticos rasgos. En ambas se había detectado la utilización de facturas truchas para ocultar desembolsos que posiblemente hayan sido sobornos o para pagar menos impuestos. La “Causa Viazzo” era una de ellas, surgida en Mendoza a fines de 1999. La fiscal María del Carmen Rogliano y dos contadores de la AFIP llegaron a descubrir diez usinas de facturas truchas, que las habían vendido a cerca de 3.000 empresas. De ellas, 2.800 fueron enviadas a la AFIP, pues los montos evadidos eran menores a los 100.000 pesos. Entre las 200 empresas restantes, que habían evadido por cifras superiores, había varias que rápidamente podían ser vinculadas con el poder kirchnerista. Gotti SA era una de las empresas implicadas en esa causa. Desde diciembre de 2002 había utilizado más de 5.000 facturas apócrifas. Otra era la pesquera española Conarpesa. En esa lista figuraban también firmas vinculadas a Enrique Esquenazi, a Benito Roggio, a Eduardo Eurnekian y hasta al ex secretario de Medios del kirchnerismo Enrique Albistur. La otra gran causa por evasión impositiva era el “caso Di Biase”, que surgió en 2005 por una denuncia de la AFIP. Di Biase era el titular de Calibán, otra fábrica de facturas truchas. Casi de casualidad, esa investigación dio origen al famoso caso Skanska, ya que la constructora sueca, según admitió luego, utilizaba facturas de empresas fantasmas para justificar ante su casa matriz las coimas que pagaba a funcionarios. Claudio Moroni –que había asumido en la AFIP a mediados de 2008 en reemplazo de Carlos Fernández– se hacía el distraído con la nueva ley que impulsaba el kirchnerismo. Reconocía ante sus íntimos que avanzar en esa dirección significaría dejar caer gran parte de las denuncias penales iniciadas por el organismo. Y tenía bastantes reparos además con el “blanqueo de capitales”. Pero al mismo tiempo, a partir de octubre, comenzó a sentir la “presión” de Ricardo Echegaray. Moroni supo entonces que sus días como funcionario estaban contados. Moroni había creado una comisión para neutralizar la ofensiva de Echegaray para modificar el Sistema María al estilo peronista. La había formado en mitades parejas: por el clan aduanero figuraban Silvina Tirabassi, Ángel Rubén Toninelli y Diego Garayzábal; enfrente colocó a dos leales de Abad, el prestigioso jefe de Informática

Jorge Linskens, y el subdirector de Fiscalización Marcelo Costa. “Después de analizar los sistemas informáticos aduaneros de diferentes países del mundo, ellos determinaron que el María no era tan mal sistema como decía Echegaray, y que ni siquiera en los países desarrollados había sistemas muy superiores”, recordaría Moroni.Pero en diciembre, cuando le ofrecieron quedarse unos meses más a trabajar en la reglamentación de la nueva moratoria, Moroni rechazó el convite y se fue de vacaciones. Esto precipitó la asunción de Echegaray el último día de 2008. Ya lo dijimos pero lo remarcamos: ese mismo día descabezó a todos los funcionarios de carrera que quedaban en la conducción del organismo, incluyendo los que habían opinado en contra de modificar el sistema informático. Fue solo el principio: pasados los seis meses en la gestión, Echegaray ya había cambiado de destino a más de 300 jefes y dispuesto más de 1200 rotaciones entre el personal de la AFIP.Echegaray no viajó a su casa de Punta del Este ese verano de 2009 sino que se dedicó a trabajar intensamente en la reglamentación de la Ley 26.476. Era un tema con demasiadas aristas: el “blanqueo” de los dólares depositados en el exterior debía incluir una serie de beneficios para tentar a los contribuyentes. Así, se decidió que si simplemente declaraban el dinero pagarían 8% de impuestos. Pero si repatriaban e invertían esos dólares en el país los porcentajes podían reducirse hasta 1%. El 17 de febrero Echegaray brindó una conferencia de prensa para los periodistas de medios extranjeros. Calificó la ley como “una oportunidad que no se va a dar muchas veces” y anunció que los interesados en repatriar sus ahorros podrían hacerlo entre el 1 de marzo y el 31 de agosto. El funcionario prometía una “amnistía o perdón fiscal” y “el resguardo del secreto fiscal”. Estaba a sus anchas. Solamente vivió una situación incómoda cuando un periodista le preguntó si el blanqueo permitiría el regreso a la Argentina de los famosos fondos de Santa Cruz, el dinero de las regalías petroleras que Néstor Kirchner, muchos años atrás, había depositado en el extranjero.Un rasgo llamativo de aquella reglamentación, contenida en la Resolución 2609 de la AFIP, fue que se habilitó a que los dólares que regresaran al país fueran utilizados para las inversiones “en la industria mediática”. La oposición puso el grito en el cielo.El domingo 12 de julio, cuando faltaban solamente cincuenta días para el cierre de la generosa moratoria, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación algunos datos provisorios y confirmó lo que tanto se temía. “Con poco más de 1800 millones de pesos ingresados hasta mediados de mayo, el listado preliminar de personas jurídicas beneficiarias incluye, por lo menos, una treintena de empresas que figuran en algunos de los expedientes más calientes de los últimos tiempos en los fueros Penal Económico y Penal Tributario”, explicó aquel artículo. Entre las empresas denunciadas por la AFIP que ya se habían acogido al régimen figuraban el Casino de Buenos Aires vinculado al empresario kirchnerista Cristóbal López, la constructora Skanska, varias firmas estatales y hasta AGEA, la editora del diario Clarín. Pero Gotti SA, que meses antes había declarado no tener ningún tipo de deudas con la AFIP, no aparecía en los listados. Pese a declararse libre de culpa y cargo, meses atrás la constructora santacruceña había llevado a cabo una hábil maniobra para escapar de la lupa de la AFIP de Comodoro Rivadavia. La empresa modificó su tradicional domicilio fiscal de Caleta Olivia por otro ubicado en Avellaneda, Buenos Aires. “Lo hicieron para dificultar la investigación. Porque saben que los inspectores que tenían a la empresa bajo sospecha no pueden viajar. Y porque pretendieron esconderse entre los miles de grandes contribuyentes que hay en Buenos Aires”. Eso fue lo que explicó un alto funcionario impositivo al periodista Luis Majul, según consignó en su libro El Dueño.El propio Alconada Mon precisó luego que, como consecuencia de la mudanza, el expediente del caso Gotti SA había sido trasladado a la Región Sur Metropolitana de la

AFIP. Y que allí se había conformado un nuevo equipo de sabuesos para continuar con la investigación. No se preanunciaba nada bueno en esa información: “El director de esa región es Andrés Vásquez, un experimentado y polémico funcionario de la AFIP con 19 años de servicio, una foja de primer nivel y, también, por lo menos dos períodos en los que fue apartado de sus funciones en medio de las sospechas, hasta que lo reactivó el nuevo zar de los impuestos argentinos, Ricardo Echegaray”, decía Alconada Mon en el diario La Nación.En el pasado Vázquez había sido integrante de la subdirección de Inteligencia Fiscal del organismo, aquella que había sido desmantelada años atrás por las sospechas de que filtraba información sensible a algunas bandas dedicadas a los secuestros extorsivos. Otro viejo integrante de ese cuerpo de elite resultó ser el nuevo subdirector de Auditoría, Pedro Montes. Echegaray lo había nombrado en ese puesto a principios de año. El sospechoso debía auditar a los sospechados dentro de la AFIP. La última suspensión de funciones que había soportado Vázquez antes de ser rescatado por el aduanero era muy reciente. En febrero de 2007, una compañera suya de la AFIP que revistaba en el área de Grandes Contribuyentes, Haydée Boyadjian, se lo encontró durante una inspección de rutina al Casino flotante de Buenos Aires.Según la crónica de La Nación de aquel episodio, “Vázquez la acompañó por las oficinas, pidió datos, esperó que la atendieran y la acompañó hasta la salida”. A Boyadjian le resultó todo muy extraño y comentó el caso a su superior, Luz Rey, que abrió un sumario. Vázquez luego explicó que estaba allí para almorzar con el apoderado del Casino, Santiago Blanco Bermúdez, y que las acompañó como corresponde a todo caballero ante la presencia de "dos damas". Sin contemplaciones, Abad lo suspendió. Pero dos años después estaba de nuevo en carrera. Y nada menos que a cargo de la Regional que debía llevar el caso de Gotti SA.El martes 1 de setiembre de 2009 los plazos para ingresar a la moratoria y el blanqueo de capitales se habían agotado. Como era su costumbre cuando había buenas noticias para dar, Cristina anticipó los resultados. “Les voy a dar una primicia antes que lo haga el titular de la AFIP. Se acogieron a este Plan […] 202.000 contribuyentes”, decía la presidenta. En realidad, luego se supo con precisión que la AFIP había aceptado renegociar las deudas de 205.109 personas y empresas, por un monto total de 32.832 millones de pesos. A la repatriación de capitales, en tanto, habían accedido 35.798 contribuyentes, que “blanquearon” 4.692 millones de dólares, un porcentaje pequeño en relación a los 128.000 millones que se estima tienen depositados los argentinos en el extranjero.Respetando su promesa de mantener el secreto fiscal, la AFIP nunca reveló los nombres de quienes declararon esos dólares. Y mucho menos el origen del dinero. Lo mismo sucedió con los beneficiarios de la moratoria. La información se guardó bajo siete llaves. Así, no se sabía todavía si finalmente Gotti SA se había presentado. Paciente, feroz sabueso al fin y al cabo, Alconada Mon tuvo que aguardar hasta 2011 para dar con ese dato. El 17 de enero reveló en La Nación que finalmente la firma atribuida a Lázaro Báez, quien estuvo con Néstor Kirchner hasta horas antes de su muerte, se había acogido a la moratoria fiscal, admitiendo una deuda de 75 millones de pesos. "Lo que queda ahora es verificar si el monto por el cual se acogió Gotti SA se equipara con la pretensión fiscal y que la AFIP informe si la empresa está al día con las cuotas. Si es así, se suspende el proceso penal", detalló en aquel momento un informante desde tribunales.

Por obra y gracia de un régimen impulsado y piloteado por Echegaray, y al igual que muchas otras empresas, Gotti SA -que había emitido facturas truchas por 400 millones de pesos-, quedaba a un paso de zafar de la aplicación de la Ley Penal Tributaria 24.769, la que ante casos probados prevé penas de hasta seis años de prisión.Inocentes quienes pensaron, como Lanata, que podía existir otro final. En la Argentina, una vez más, se había perdido una chance para hacer justicia.

Capítulo 25 – Operativo descontrol

Los hambrientos hombres de Ricardo Echegaray habían desembarcado en la ONCCA, un organismo desconocido, demasiado técnico y dedicado a una temática aburrida para contadores y abogados, el comercio agropecuario. Sabían, sin embargo, que esa era una estación intermedia antes de la llegada a la AFIP, el premio mayor. Pero decidieron aprovechar esa estadía, que suponían breve. El contador Marcelo Utje supo de inmediato cómo hacerlo. Y lo mismo sucedió con Fernando Villaverde, el falso abogado marplatense. En el universo Echegaray, definitivamente eran ellos dos los más inteligentes. Les llevaban años luz a los demás y solo dejaban de dar órdenes cuando estaban delante de su jefe, el alto funcionario kirchnerista. O cuando se aparecía por las oficinas el viejo pintor de cuadros.Ambos trataron de congraciarse con los empleados que se ocupaban de gestionar las compensaciones. El año anterior, el sistema de subsidios a diferentes sectores agroalimentarios no había andado mal: repartió 1.500 millones de pesos, aunque con considerables retrasos. El sistema había sido creado el 11 de enero de 2007, por Resolución 9 del Ministerio de Economía. Pero las primeras reglamentaciones fueron firmadas por Marcelo Rossi, y luego José Portillo no quiso sacar demasiado los pies del plato. Esas normas eran correctas y farragosas, como debían ser cuando se pone en juego la plata del Estado. Los regímenes inaugurales para compensar a distintos sectores productivos (trigo, maíz, girasol, bovinos, avícolas y cerdos) seguían una lógica rigurosa: cuando un operador presentaba ante la ONCCA una declaración jurada solicitando los subsidios debía respaldar ese pedido con la documentación que demostrara con claridad el volumen de producción que había destinado al mercado interno. Por ejemplo, en el caso de un feed lot, el productor debía presentar todos los DTA (Documento para el Tránsito de Animales) que avalaran el ingreso y salida de ganado de su establecimiento y las facturas de compra de maíz y de otros alimentos utilizados para el engorde de esos animales.Antes de dar un dictamen favorable al pago de esa compensación, los empleados del área chequeaban además que la empresa que solicitaba el subsidio tuviera en regla todas las inscripiciones ante los organismos correspondientes. Verificaban su situación frente al Senasa y la AFIP. También requerían una constancia extendida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Como eran pocos, a veces ese trabajo llevaba un tiempo considerable. Portillo, el gris funcionario de Agricultura que firmó los primeros pagos, vio preocupado cómo se acumulaban los expedientes. Por eso, durante el primer trimestre de 2008 decidió que las empresas no pudieran presentar solicitudes reclamando subsidios con una antigüedad mayor a los tres meses. Dicho de modo sencillo, si una firma quería cobrar compensaciones por sus operaciones de enero de 2008, tenía plazo hasta abril, 90 días después, para reclamar ese beneficio.Aún con ese filtro, cuando Echegaray y los suyos tomaron el control de la ONCCA, las demoras eran más que importantes. Un empleado del organismo recuerda que, en febrero de 2007, la primera firma en reclamar subsidios fue la estadounidense Cargill. Envió a sus empleados con cinco cajas azules cargadas de papeles. “En esas condiciones, sacar un pago te llevaba cuatro meses”, explicó el trabajador. Frente a estas circunstancias Utje y Villaverde, los cerebros, decidieron invitar una noche a varios integrantes del área de Compensaciones a cenar al restaurante “Siga la Vaca” de Puerto Madero. Eran 18 personas en total las que comieron y bebieron copiosamente. Dieciséis de ellas levantaron las cejas cuando Utje, al final, sacó de su

bolsillo un abultado fajo de dinero del que quitó algunos billetes para pagar la cuenta. La tentación era una manera de incentivarlos a que hicieran un esfuerzo adicional. Los trámites, de ahí en adelante, deberían salir más rápido. No fue suficiente. Los requisitos a cumplir eran demasiados y no había ni buena voluntad ni fajo de billetes que pudiera acelerar dicho trabajo. Con una cena, era evidente, no alcanzaba. Echegaray tomó cartas en el asunto. Primero creó un nuevo sistema para registrar el ingreso de documentación a través de la página web de la AFIP, el ya mencionado programa Jauke. El nuevo sistema otorgaba al expediente un código alfanumérico que no coincidía con el que se asignaba en el resto de dependencias de Economía. Lo primero que destruyó Echegaray, así, fue una manera simple de controlar la marcha de los trámites. La segunda etapa sería más osada todavía. El 4 de julio de 2008, el titular de la ONCCA dictó la Resolución 1747. En esa norma, Echegaray determinó que quienes reclamaran las compensaciones estarían eximidos “de acompañar las constancias documentales que respalden las operaciones volcadas en las declaraciones juradas”. En criollo, ya no tendrían que acompañar sus planillas con las facturas de compra de sus insumos, o con los comprobantes de sus ventas. Con nada. Según varios testimonios, fueron Villaverde y el abogado marplatense Cristian Ingratta quienes propusieron esa fórmula. El objetivo proclamado fue la necesidad de establecer “un procedimiento administrativo que dé operatividad y agilidad al régimen”. Como Parino en las épocas de la Aduana menemista, la excusa para desmantelar los controles era la búsqueda de eficiencia. Los empleados comenzaron a hablar del “operativo descontrol”. Tenían mucho menos trabajo que antes, pero desconfiaban.Faltaba algo más, otro movimiento clave. A partir del expediente S01:0283901/2008, y con el supuesto objetivo de “simplificar los procedimientos internos”, el 13 de agosto de 2008 Echegaray dictó la Resolución 2839. Fue el paso final, porque dispuso que los expedientes de pago o las nuevas matrículas ya no debían ser enviadas para su evaluación al Área de Legales de la Secretaría de Agricultura, como sucedía hasta entonces. A partir de esa decisión, se evitó la mirada de un abogado del Estado. De ahí en más fue suficiente con el visto bueno de Sergio Paleo, cuando se tratara de un subsidio, o de Julián Coronel, cuando se tratara de una matrícula. Ambos eran simples contratados llegados con esa gestión. Lo que sigue es el relato de alguien que observó muy de cerca el mecanismo recién inaugurado:

“La Operación Descontrol ahora sí estaba completa y todo salía sin controles. La inscripción sólo la veía el jefe de inscripciones, Julián Coronel, persona puesta por Echegaray que hacía la vista gorda para que pasaran aquellos que no cumplían con la normativa e iba directo a la firma del presidente de la ONCCA, sin pasar por control interno alguno. Lo mismo para las compensaciones, que sólo las veía Sergio Paleo, también puesto por Echegaray”.

Durante algunos meses, Juan Manuel Leone fue otra pieza clave. Era el jefe de la Mesa de Entradas y, de acuerdo con algunos testimonios, fue una pieza clave porque habilitaba el cambio de la fecha de ingreso de la documentación, de manera de saltear aquel requisito impuesto por Portillo, el de no autorizar el pago de compensaciones por operaciones que tuviesen más de tres meses de antigüedad.

“Cuando Portillo impone lo de los tres meses de plazo para tramitar la compensación empezaron los dibujos a mansalva, pues muchos operadores se hubieran quedado afuera. Con el Jauke podían cambiar tranquilamente la fecha de presentación de los expedientes y ahí empezaron los problemas”, declaró un ex empleado del organismo. El área de fiscalización, a esa altura de la historia, estaba casi deshecha. Los inspectores que debían corroborar los datos de las declaraciones juradas, iban solo donde Echegaray les ordenaba.La gestión podía mostrar mayor eficiencia: los expedientes ya no se acumulaban. El 24 de septiembre de ese año, Echegaray elaboró un informe para ser presentado ante los dirigentes de la Mesa de Enlace, en el que separaba su eficiente gestión de la de su predecesor. Entre marzo de 2007 y abril de 2008, puntualizaba en el trabajo, se habían repartido 1.547 millones de pesos en subsidios. Pero a partir de abril, en apenas seis meses de gestión, él había conseguido pagar 1.676 millones. Por aquel septiembre se realizaba un nuevo simulacro de negociación entre las entidades de productores y el Gobierno, que tenía nuevos interlocutores. Ya por entonces el jefe de Gabinete era Sergio Massa y el secretario de Agricultura Carlos Cheppi. Ambos habían llegado al gobierno después de una tormenta política de la que Guillermo Moreno no había sido inocente. El 23 de julio, pocos días después del “voto no positivo” de Julio Cobos, había presentado su renuncia el último moderado del gobierno kirchnerista, Alberto Fernández. Y casi al unísono lo hacía también Javier De Urquiza. Ambos se habían quedado sin aire después del extenso conflicto con el campo. Jamás pudieron explicar cómo fue que ellos prometían una cosa a los ruralistas y al día siguiente sucedía, por obra y gracia de la dupla Moreno y Echegaray, todo lo contrario. La línea más dura del kirchnerismo iba por todo. De Urquiza, viejo funcionario santacruceño, lo padeció en carne propia cuando el 4 de julio recibió una carta del titular de la ONCCA en la que le proponía aplicar nuevos parámetros para distribuir la Cuota Hilton, el cotizado negocio para vender carne a Europa. La receta propuesta por Echegaray, quien tenía el manejo operativo de ese cupo pero no podía todavía fijar las reglas para su distribución, era casi risueña: “Primero que llega, primero que embarca”, explicaba en esa carta. Es decir que proponía ignorar los parámetros de distribución contemplados en la Resolución 113/04 para pasar a un esquema de reparto discrecional. Podía hacerlo, pues era él y no el secretario de Agricultura, quien tenía el manejo de los cotizados ROE Rojo. De Urquiza se vio vuelto en un problema de envergadura. Moreno y Echegaray le pedían que resignara su potestad para fijar las reglas de reparto de la Hilton, un negocio de 300 millones de dólares. Pero no podía hacerlo porque la Resolución 113/04 tenía todavía por delante un año de vigencia. El titular de Agricultura debía emitir por esos días una resolución definiendo cuánto de esa cuota de exportación le iba a corresponder a cada frigorífico. Su dilema era mayúsculo. Si cumplía con la ley estaría desafiando a Moreno y Echegaray, y finalmente a Néstor Kirchner. Y si no lo hacía y cedía a entregarles el manejo de la Hilton, pues se exponía a ser denunciado penalmente por varios frigoríficos que seguramente se verían perjudicados. En medio de ese tironeo, a mediados de 2008 la distribución de la Cuota Hilton volvió a demorarse y el kirchnerismo borró con el codo una de las pocas cosas que había hecho bien tres años antes, en tiempos de Rossi, Campos y Lavagna. De Urquiza, un hombre ligado al ministro Julio De Vido, recurrió entonces al jefe de Gabinete para que intercediera ante Kirchner. “Yo no me meto. Vos sabés bien cómo es esto”, le contestó Alberto Fernández. Ambos tenían ya los días contados dentro del Gobierno.

Para ese entonces, Echegaray ya había empezado a repartir la Cuota Hilton de prepo, e mediante un “adelanto” del 20% de los cupos que se suponía les iban a corresponder a ciertos frigoríficos cuando finalmente el secretario de Agricultura firmara la distribución. A Cheppi le tocó hacer ese trámite, aunque recién firmó el 10 de octubre, con más de tres meses de atraso. Para ese entonces, los anticipos de la ONCCA ya se habían elevado al 40%. A ciertos ejecutivos del sector frigorífico, además, les llegaban mensajes sugerentes a sus casillas de mail. “Un Sr. es el que llamó diciendo que para solucionar el problema de cuota había que hablar con el Sr Daniel Aguilar a este número 0223.15.563.8296. Se habló de U$S 2.000 por tonelada, pero que se podía hablar”.El texto de ese correo fue remitido por manos anónimas a la Oficina Anticorrupción que inició de oficio una de sus tantas e intrascendentes investigaciones sobre Ricardo Echegaray. “Estamos frente a un sistema de autorizaciones previas de exportaciones de productos agropecuarios carente de la más mínima transparencia, imposible de auditar por los propios interesados, permeable a cualquier influencia y que los funcionarios manejan a su arbitrio”, decía aquella presentación que fue ignorada. No era la única cobertura que le brindaba a Echegaray la oficina encargada de velar por la transparencia de los funcionarios del Estado. En la OA ya había una investigación abierta por el presunto enriquecimiento ilícito del aduanero entre los años 2003 y 2005. En la carpeta 4131, que contenía dicha investigación, aparecían irregularidades evidentes en sus declaraciones impositivas. Pero aquella investigación era cuidadosamente cajoneada.De todos modos aquel correo electrónico era claro y aportaba pistas firmes. Y la característica del celular del supuesto contacto con la ONCCA correspondía a Mar del Plata. Fue la primera señal concreta de presuntos casos de corrupción, en este caso un pedido de coimas, que se estarían cometiendo en el organismo que presidía Echegaray. Ese organismo desconocido, que se ocupaba de cosas tan intrascendentes como controlar al sector agropecuario, podía llegar a ser muy lucrativo.El 4 de septiembre de 2008 se filtró además una cadena de correos sospechosos. El diálogo que allí se mantenía era muy rico en cuanto a que permitía saber cómo se manejaban las cosas dentro de la ONCCA.

“Date: Tue, 19 Aug 2008 17:36:08 -0300From: AlbertoTo: alohaalex@hotmail.com ¿???Estimado Alberto.Conforme a lo que hablamos telefónicamente, me pongo en contacto a los efectos de que analicemos si podemos complementarnos en las cuestiones referidas al ONCCA.Nuestra empresa es un Estudio de Comercio Exterior que actúa principalmente como Despachante de Aduana, además brindamos a nuestros clientes un servicio integral que en muchos casos incluye trámites ante organismos como el ONCCA.Puntualmente, en este momento tenemos el caso de un exportador que tiene el ROE VERDE, pero al no estar aún habilitado como exportador de granos (en diciembre pasado había sido dado de alta y desde febrero de este año que ha pagado y solicitado el alta), no sabemos y nadie puede respondernos si podemos realizar la exportación. Nuestra inscripción está en curso y supuestamente en esta semana estaría firmada por Etchegaray (sic) y publicada en la pagina del organismo.Por favor, nos gustaría que nos podamos juntar cuanto antes para ver qué solución podemos encontrar a este tema y cuáles serían tus honorarios por estas gestiones.Aguardamos comentarios.

Saludos cordiales,Alberto”.

Lo más llamativo de ese correo era que un despachante de aduana informaba que uno de sus clientes había sido beneficiado con ROE Verde, los permisos de exportación agrícolas creados por Echegaray, pero admitía a la vez que la propia ONCCA no le había asignado todavía su correspondiente matrícula. Es decir, era un operador no reconocido por el Estado pero al cual al mismo tiempo el Estado lo autorizaba a exportar. El gestor, frente a ese grotesco dilema, se hacía desear.

“From: Alex Von Gerding [mailto:alohaalex@hotmail.com]Sent: Martes, 19 de Agosto de 2008 11:12 p.m.To: Alberto mañana te llamo y coordinamosSaludos Alejandro Gerding

Pero el despachante estaba urgido e insiste al día siguiente:

“Date: Wed, 20 Aug 2008 08:52:48 -0300From: AlbertoTo: alohaalex@hotmail.comEstimado Alejandro,Buen día.Tengo una duda con respecto a la Resolución 2846/2008 del BO 15/08, si esto alcanza a los ROE VERDE ya emitidos y en ese caso como operaría.Porque de ser así yo podría oficializar de inmediato y extender mi plazo para cumplir con el embarque y de esa forma espero a que nos salgan las inscripciones.Aguardamos comentarios.Saludos cordiales,Alberto”.

No haría falta esperar. A los pocos minutos el gestor contestó aquel correo. Y la respuesta fue la que el despachante de aduana estaba esperando:

“From: Alex Von Gerding [mailto:alohaalex@hotmail.com]Sent: Miércoles, 20 de Agosto de 2008 09:14 p.mTo: AlbertoQuerido Alberto, tengo buenas noticias para lo tuyo, se puede solucionar todo antes de el embarque, sin ningún problema, tendríamos que ver los honorarios nada más.Por lo demás arreglamos x una honorario mensual y no hay problema hacemos los trámites con mucha agilidad y sin ningún problema por un tema de contactos en el sector más alto.Mañana te llamo SaludosAlejandro Gerding”.

Carlos Alejandro Gerding es un contador de Guernica nacido en 1969. Se inscribió en la AFIP recién en junio de 2009 y tres meses después creó una sociedad anónima llamada “Gerding Hills”, que ofrecía servicios contables y de consultoría. El 10 de febrero de

2010, esa misma firma cambió su estatuto social para incorporar otro ramo de negocios, el inmobiliario. Según testimonios de gente que conocía a Gerding, éste era amigo de Marcelo Utje. Alguien que conocía a ambos relató sobre la actividad de este contador: “por lo que yo sé iba y venía con papeles porque anotaban a gente en AFIP y le pagaban 1.000 pesos y demás”. En la ONCCA, como se ve, en el segundo semestre de 2008 nadie controlaba nada. O casi nada.“Desde que se implementó en mayo la resolución 543 de la ONCCA que instrumentó el ROE Verde se presentaron 5.379 solicitudes, se aprobaron 4.234 y se denegaron 1.145. Este rechazo se produjo por omisión de requisitos esenciales y por deuda con la AFIP, entre otros”, decía aquel informe que Echegaray presentó ante la Mesa de Enlace en septiembre, para mostrar su efectividad. Patricio Duhalde era, por entonces, su coordinador de Comercio Exterior, quien otorgaba esos permisos de exportación. El periodista José Luis Jacobo de la ciudad de Mar del Plata lo conocía bien. “Hasta llegar a la ONCCA, Duhalde era un abogado más de la plétora local, uno más de esa larga lista que corre para ver cómo engancha un juicio que permita, cuando menos, pagar lo básico: alquiler de estudio compartido, celular, dos trajes azules y dos grises, alguna que otra corbata para entonar, gastos particulares y poca cosa más. Pero suele suceder que cuando la necesidad de figuración es grande, cualquier oportunidad de pasar al frente es una tentación difícil de soslayar”, escribió Jacobo sobre Duhalde en noviembre de 2009, luego de enterarse que el juez en lo Penal Económico, Ezequiel Berón de Astrada, había ordenado a la Gendarmería, en el marco de la causa 55/09, diversos allanamientos que incluyeron la casa y la oficina de ese abogado.6 ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía la justicia estar investigando a un colaborador de Echegaray que había llegado a la ONCCA de la mano de Fernando Villaverde? La historia es muy curiosa, porque fue el propio organismo el que presentó la denuncia penal que dio origen a la investigación judicial. Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos (SIPEA) era una SRL creada en febrero de 2004, que ante la ONCCA estaba habilitada como acopiadora, exportadora y usuaria de molienda. Luego de varios pases de manos, a partir de 2006 la sociedad comenzó a ser controlada por dos jóvenes empresarios Julián de Ezcurra y Marcelo Raúl Cano, que en mayo de 2008, en curiosa coincidencia con la implementación de los ROE Verde, se asociaron con Sebastián Díaz Riganti, un hombre vinculado a una conocida empresa corredora de granos de Rosario. La apuesta parecía fuerte: la empresa fue transformada en una SA y su capital social fue incrementado de magros 12.000 pesos a 2,85 millones. Por aquella misma época el secretario Guillermo Moreno consideró que corría riesgo el aprovisionamiento de trigo al mercado doméstico y ordenó a Echegaray regular al extremo las exportaciones del cereal, como ya sucedía con la carne vacuna. Fue el inicio de un sistema de cupos para la exportación de ese grano que se mantiene hasta estos días y que siempre fue muy criticado por las entidades rurales, ya que consideran que dicha regulación desalienta la competencia en el mercado y deprime artificialmente los precios recibidos por los productores. Lo cierto es que la ONCCA comenzó a intervenir fuerte también en ese negocio. En mayo de 2008 autorizó solamente 100.000 toneladas para la exportación, un mes después liberó 1 millón, en julio otras 902.000 toneladas y así sucesivamente. Hacia fines de la campaña comercial de ese año, antes de la llegada de la nueva cosecha de trigo, se habilitó un último tramo de ROE Verde: quedaban apenas exiguas 200.000 toneladas que no alcanzaban para conformar a todos las empresas exportadoras. Fue

6 http://www.fm999.info/opinion/22928-notoria-veleidad/

entonces cuando las cerealeras más poderosas pusieron el grito al enterarse que 100.000 toneladas de ese remanente habían sido adjudicados a una única firma: SIPEA SA. La empresa, que tenía una pequeña planta de acopio en Huanguelén, no cumplía ni siquiera con la capacidad de almacenaje definida por la ONCCA apenas unos meses atrás. Lógicamente, todos sospecharon sobre la existencia de coimas.El escándalo en ciernes parecía mayúsculo. Por eso Echegaray decidió silenciosamente apartar a Patricio Duhalde de la coordinación que le había encomendado meses antes e intentó refugiarlo en el área de Inspecciones. Para tapar las culpas de la propia ONCCA, su sucesor en el cargo, Emilio Eyras, presentó una denuncia penal contra SIPEA SA. Es la causa que recayó en Berón de Estrada, pero todavía no arrojó resultados. En octubre de 2008, en pleno reinado de Echegaray en la ONCCA, no solo había datos concretos que permitían sospechas de la existencia de favores oficiales en la adjudicación de la Cuota Hilton, los permisos de exportación o el otorgamiento de las matrículas. Por ese entonces también se conoció la primera denuncia respecto del descontrol que reinaba en la adjudicación de las millonarias compensaciones. El abogado Javier Sarrabayrouse fue quien presentó la situación concreta ante los tribunales federales. En una extensa denuncia relató el caso de “La Keka SRL”, una empresa que fue creada como pantalla para que un feed lot de General Belgrano pudiera acceder a los suculentos subsidios que distribuía el organismo. Ese feed lot engordaba unos 2.000 vacunos en un campo llamado Establecimiento San Miguel. Pero su propietario, Juan Carlos Nogueira, estaba demasiado flojo de papeles como para acceder por derecha a esas compensaciones. “La Rosa Ganadera”, la verdadera firma de Nogueira, ni siquiera había declarado ante la AFIP que desarrollaba dicha actividad. Pero además, según la denuncia, compraba “en negro” gran parte de los granos que utilizaba.Fue así que a fines de 2007, cuando se percató del filón de dinero que podían representar los subsidios de la ONCCA, Nogueira decidió crear una nueva firma, “La Keka SRL” y colocó al frente de ella a sus dos hijos, Josefina y Nicolás. Luego simuló un contrato de arrendamiento entre La Rosa Ganadera y esa flamante sociedad, que presentó ante el organismo. Recién entonces pudo reclamar las compensaciones por su actividad. Al CBU 0140380801702505021001, correspondiente a una cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires, se realizaron siete transferencias desde la ONCCA. El 1 de julio de 2008 hubo dos pagos por 350.739 pesos y el 25 de agosto se registraron dos desembolsos más por 327.147 pesos. Otros 346.458 pesos fueron depositados el 11 de noviembre. Y el 22 de diciembre de ese mismo año, la Keka SRL volvió a cobrar 114.848 pesos. La ONCCA había destinado a subsidiar el alimento utilizado en el feed lot de Nogueira entre enero y julio de ese año una suma de 1.139.191 pesos. Todos estos pagos fueron aprobados por Echegaray en cuatro resoluciones firmadas cuando todavía estaba al frente de la ONCCA. Y curiosamente, las dos últimas fueron emitidas con posterioridad a la denuncia penal presentada por el abogado Sarrabayrouse. Mucho peor: se pagaron a pesar de existir una denuncia judicial. Si hubiese habido un mínimo control dentro de la ONCCA, La Keka SRL no habría podido cobrar ni un solo peso del Estado, pues sencillamente era una firma utilizada como pantalla. No existía. Pero no hubo controles. El “operativo descontrol” estaba funcionado.

Capítulo 26 – La familia

Dice el Código de ética dictado en 2007 para los empleados de la AFIP que éstos “no deben entablar relaciones personales o profesionales, ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”. María Virginia García, santacruceña, abogada, 33 años, forma parte de la familia política de la presidenta Cristina Kirchner desde que esta anunció por la red social twitter, el 11 de julio de 2011, que su hijo Máximo sería padre y la convertiría en abuela. El embarazo no prosperó. De haberlo hecho, María Virginia hubiera sido la tía de esa criatura, ya que es hermana de María Rocío, novia del hijo del matrimonio presidencial y principal referente de la agrupación kirchnerista La Cámpora. Dice el Código de ética de la AFIP que ninguno de sus empleados “debe dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado”.María Virginia García figura como proveedora del Estado desde el 10 de enero de 2005. Nunca se dio de baja de dicho registro a pesar de que en agosto de 2010, según informó el diario La Nación, fue designada como directora Regional de la AFIP en Río Gallegos. Dice el Código, letra muerta, que los trabajadores del organismo deben “abstenerse de desempeñar cualquier cargo, público o privado, que impida o afecte el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa su imparcialidad, independencia de criterio y el principio de equidad”. El 24 de junio de 2011, a las 20 horas, la apoderada del Partido Justicialista de Santa Cruz, Blanca Blanco, reservó la letra “K” y el número 2 para la única lista que presentó ese partido en las elecciones de octubre. María Virginia García era postulante a senadora. Iba en tercer lugar. Da pena aquel Código de ética, porque recomienda a los empleados de la AFIP que no mantengan vínculos “que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por esta Administración Federal de Ingresos Públicos”. Como máxima representante de la AFIP en Río Gallegos, María Virginia García tiene a su cargo la responsabilidad de investigar y controlar la situación impositiva de varios de los principales exponentes del poder kirchnerista y de sus allegados. La novia y la cuñada de Máximo Kirchner son hijas de Héctor Marcelino "Chicho" García, gobernador interino de Santa Cruz durante la crisis política que vivió la provincia en 1991. García estuvo en ese puesto hasta entregarle el mando a Néstor Kirchner, que había sido elegido gobernador y debía asumir en diciembre de ese año.Ricardo Echegaray fue quien firmó el 9 de agosto de 2010 la disposición 298/10, que designó a García como directora “interina” en Río Gallegos, a pesar de que la joven abogada había sido tomada como empleada de la AFIP apenas cuatro meses antes. De seguro que el funcionario respondió así a un pedido llegado desde lo más alto del poder. Muy a pesar de lo que dijese el bendito código ético del organismo. Pero no siempre actuó Echegaray siguiendo órdenes: él mismo ha sido varias veces generoso con sus propios familiares y con los familiares de sus amigos. Ha sido tan generoso con los suyos como despiadado con el personal de carrera que osaba interponerse en sus planes. Marcelo Fabián Echegaray logró un puesto en la Aduana en 2007, cuando su hermano era director del organismo. “Ganó un concurso”, dijo el vocero Pedro López cuando el diario Clarín publicó esa información. Un supuesto nuevo concurso debió haberlo

colocado luego, en mayo de 2009, como jefe de Sección, un cargo por el que no ganaba entonces menos de 23 mil pesos en 2010. Aquella investigación de Clarín reveló que el de su hermano no había sido el único caso de nepotismo en que incurrió el titular de la AFIP. La periodista Luciana Geuna había accedido a varios legajos comprometedores que demostraban que Echegaray no solo nombró al menos a media docena de sus familiares directos en el organismo a su cargo. También permitió que sus principales colaboradores hicieran otro tanto. Todas estas incorporaciones a la planta permanente del organismo que mejores salarios paga se produjeron a pesar de que el ingreso de personal a la AFIP quedó suspendido desde que absorbió a cerca de 2.000 empleados que trabajaban en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) hasta que el kirchnerismo decidió estatizar esos fondos jubilatorios.Los Munafó son parientes de Echegaray: llevan el mismo apellido que su madre Carmela y casi todos tienen dirección en Punta Alta. María Rosana Munafó ingresó a la AFIP tres meses después que lo hiciera su primo, en marzo de 2009. Presentó su título de maestra jardinera y la designaron en la guardería infantil del organismo con un salario de 12 mil pesos. Desde su incorporación pidió sistemáticamente licencias con goce de sueldo que le fueron concedidas, hasta que en junio de 2010 la trasladaron al Centro Único de Monitoreo Aduanero, un área sensible creada por Echegaray para controlar la operatoria de todas las aduanas del país. Mientras estuvo en el jardín de infantes, Rosana, logró que ingresaran también a la AFIP dos buenas amigas suyas. Otro de sus primos, Fabricio Munafó, ingresó en mayo de 2009, pero curiosamente se le reconoció antigüedad laboral desde 1994. Venía de acompañar a Echegaray en su paso por la ONCCA. Federico Ezequiel Munafó tiene algo más de antigüedad en la AFIP: ingresó en setiembre de 2007. Silvana Patricia Quinteros, también de Punta Alta, fue compañera de secundario de la esposa de Echegaray. En sus tiempos de estudiantes en el Colegio Nacional, ambas formaban un trío inseparable junto a María Laura Rayes, aquella amiga íntima de la familia Echegaray que se luego mudó a Tandil y se casó con un basquetbolista profesional. Rayes también fue nombrada en la AFIP, mientras que su hermano Darío fue designado delegado local de la ONCCA. Pero nadie hizo carrera como Quinteros, que comenzó atendiendo la delegación de la oficina agropecuaria en Bahía Blanca y luego, sin escalas, pasó a desempeñar un alto cargo jerárquico en AFIP. Todavía sigue al frente de la Subdirección General de Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social.En esa área, que maneja los aportes patronales de todos los argentinos que cobran un salario en blanco, desde la llegada de Echegaray manda Carlos Alberto Sánchez. Este funcionario tiene desde junio de 2009 a su hermana Laura Raquel trabajando en AFIP. Su par de la Aduana, María Siomara Ayerán, en junio de 2009 logró conseguirle un puesto a su sobrino Mario Cazarre. Y el poderoso Silvio Minisini, a cargo del Control Aduanero y vecino de Echegaray en Pacheco, designó en mayo de ese mismo año a su hermana Leandra Solange. Los casos se repiten. Silvia Brucciamonti, responsable del área de Sistemas y Telecomunicaciones, consiguió un puesto para su hija Renata Luzzi. Marcelo Oscar Barone, de la Dirección de Informática, logró un puesto para su hijo Diego Ignacio. Ya mencionamos a la subdirectora de Coordinación Institucional, Beatriz Scarpado, compañera de trabajo de su marido Eduardo Esteban Elguezabal. Pero el récord lo tiene el mismísimo director de Personal de la AFIP. Se llama Néstor Rodolfo Michel y controla ese sector desde hace muchos años. Desde ese rol, incorporó

al organismo a su esposa Liliana Susana Karp, a su cuñado Claudio Daniel Karp, a sus dos hijas Alejandra y Natalia, y hasta a sus propios hermanos Roberto Alfredo y Jorge Norberto. Todos Michel. Marta Inés Felizola, esposa de Jorge Norberto, también trabaja en el organismo. Cuando Clarín consultó a la AFIP sobre todas estas designaciones, el vocero López admitió que "todos estos casos son ciertos”. Pero explicó que “existen convenios con el gremio del organismo que establecen que las vacantes se cubren preferentemente con familiares de agentes que muestren idoneidad". La página institucional de la AFIP posee desde hace mucho tiempo un apartado especial para aquellos interesados en cargar allí su currículum, a la espera de ver si se habilita alguna vacante en el organismo. “No hay ofertas laborales disponibles en este momento. Por favor, volvé a probar más tarde”, contesta al primer intento esa sección del sitio web, a la que se accede con clave fiscal. El mecanismo no da siquiera chance de mostrar “idoneidad”. “La pantomima del registro de personas que pugnan por un empleo en la Aduana es todo un verso. Hacen perder el tiempo a la gente con análisis, presentaciones, ingresos a página de internet, etcétera, y después a esos trabajos privilegiados solo entran los parientes o amigos sin ningún tipo de estudio académico y por el solo hecho de ser amigos o parientes, como en este caso del Sr. Echegaray. Es una vergüenza como se ríen del pueblo”, se quejó un ciudadano de Puerto Madryn en un correo dirigido a periodistas de Clarín. Allí mencionó el ingreso reciente a la Aduana local de Mónica Elizabeth Catá, una pariente directa de Adrián Sergio Catá, viejo amigo de Echegaray. No ha sido la idoneidad la virtud que facilitó semejante avanzada de familiares y amigos de Echegaray sobre la estructura estatal. Jorge Oscar Burgos es desde diciembre de 2007 el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el gremio de los trabajadores del organismo. Su hijo Nahuel es desde hace un tiempo empleado del organismo. Alejandro Adrián Romero es el secretario de Relaciones Institucionales del sindicato. Su hija Belén Azul es desde hace un tiempo empleada del organismo. Ricardo Alberto González es el secretario de Estudios Fiscales del sindicato. Su hija, Gisela Mariel es desde hace un tiempo empleada del organismo. Guillermo Carlos Imbrogno es el secretario de Finanzas del sindicato. Su hijo Martín Alejandro es desde hace un tiempo empleado del organismo. Y así los casos se repiten en toda la plana mayor de la AEFIP. Hay esposas, hermanos, sobrinos y hasta nietos. Según una denuncia de trabajadores que pidieron el anonimato, el arreglo del Sindicato con Echegaray fue “tanto por tanto”. O lo que es como decir: “si vos querés nombrar parientes acá, nosotros los ponemos en cantidades semejantes”. Los dedos acusadores responsabilizan básicamente a Héctor Hugo Alvarez, eterno secretario de Asuntos Sindicales de ese gremio, por ese pacto. “Todos los empleados de la AFIP saber que hay que arreglar con Alvarez para ingresar algún pariente”, añadió la fuente. Echegaray, al parecer, lo hizo. Mucha menos suerte que los sindicalistas tuvieron algunos jueces y sus familiares. En octubre de 2010 el periodista Hugo Alconada Mon reveló el mal trago que le tocó vivir a la jueza María José Sarmiento, quien apareció en los diarios por primera vez al conceder un recurso de amparo a una cámara de frigoríficos que protestaba contra la distribución discrecional de la Cuota Hilton pero luego se hizo todavía más famosa al frenar –al menos por un rato- la utilización de las reservas del Banco Central (BCRA) para pagar deuda externa durante la crisis que terminó con la expulsión de Martín

Redrado de esa entidad. En ambos casos la jueza Sarmiento había fallado en contra de los deseos del kirchnerismo. Echegaray no tuvo contemplaciones. Por disposición 354/2010 decidió quitarle las funciones que desempeñaba dentro de la AFIP el esposo de la magistrada, Isidoro Subizar. Lo hizo sin dar mayores explicaciones ni iniciar siquiera un sumario interno. Sólo invocó "razones funcionales".

Capítulo 27 – Lagunas

Cuando el gobierno de Cristina Kirchner confeccionó el Presupuesto 2009, a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario se le asignaron 3.696 millones de pesos, varias veces más del dinero del que dispondría para ese mismo ejercicio la Secretaría de Agricultura, luego convertida en Ministerio. En apenas tres años, y debido a la política de compensaciones, el crecimiento de los recursos de la ONCCA había sido espectacular: habían crecido 17.171%. Era es una caja demasiado importante como para dejarla donde pertenecía cuando Echegaray fue requerido a un destino superior: la jefatura de la AFIP. Por eso, y con un inocultable guiño del matrimonio Kirchner, el flamante recaudador decidió llevarse consigo a la toda la ONCCA y su dinero. No hubo norma -mal podría haberla- que justificara esa mudanza. Cansado de lidiar con los quejosos secretarios de Agricultura, Echegaray directamente se apoderó de todo el organismo. Se lo llevó consigo a la sede de la AFIP, su nuevo destino. La mayor parte de los empleados de la ONCCA, en aquel verano de 2009, fueron mudados rápidamente a oficinas ubicadas en el primer piso de la sede central de la AFIP, frente a Plaza de Mayo. Y únicamente quedó en la sede de Agricultura, en Paseo Colón 922, la Mesa de Entradas donde se recibían los trámites, además de un puñado de escritorios en los que trabajaban los empleados del área de Compensaciones. Pero allí nadie decidía, solo se preparaban los expedientes de pago. La laguna burocrática en la que había quedado sumida la ONCCA, que tenía “autarquía” pero no disponía de una “estructura” ni tenía definida “funciones”, facilitó mucho las cosas. En los papeles la Oficina dependía del secretario de Agricultura. Pero en la práctica era el jefe de la AFIP quien daba las órdenes. Su delegado en el organismo, Emilio Eyras, debutaba como presidente, pero tenía un despacho muy cerca del de Echegaray.Demasiadas lagunas para un organismo público que manejaba un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares. No podía ser de otro modo: Eyras debutó firmando compensaciones. Una de ellas, la resolución 113 del 12 de enero de 2009, distribuyó subsidios entre 27 feed lots por 15.057.924,37 pesos. Era chaucha y palitos respecto del dinero con que contaba el organismo, pero a los buenos observadores les llamó la atención la firma que cerraba el listado de beneficiarios: era el frigorífico Rioplatense, uno de los más importantes del país, perteneciente desde 1976 a la poderosa familia Costantini.El asombro fue grande. Los feed lots son una suerte de gallinero para vacas: los animales son confinados en una determinada superficie o corral y allí se los alimenta con raciones de alimento balanceado, básicamente preparados a base de maíz y soja. Los frigoríficos en cambio se ocupan de faenar a esos animales una vez que están gordos. Pero no los engordan. De los 15 millones de pesos repartidos en esa resolución al frigorífico Rioplatense le habían correspondido más de la mitad, exactamente 7.646.476 pesos. Se supone que el Estado le estaba subsidiando el alimento que había utilizado para engordar miles de vacunos. El único problema era que los Costantini no tenían ningún feed lot habilitado. El misterio se resolvió algunas semanas más tarde, el 4 de febrero, cuando el propio Eyras firmó la Resolución 1164/09 que modificó el sistema original de compensaciones a los feedlots para incorporar también entre los beneficiarios a “aquellos establecimientos de producción propia o para terceros (hotelería) y a los terceros contratantes cuyo destino original era la exportación y finalmente la producción fue destinada al mercado interno”. Era una fórmula confusa para permitir que algunos

frigoríficos comenzaran a cobrar los suculentos subsidios. El Rioplatense, claro, estaba incluido a pesar de que su principal negocio era vender carne al exterior y el Estado además le había adjudicado ese año 1.484 toneladas de la Cuota Hilton, un 5% del total. Nunca se informó dónde mandó el frigorífico a engordar los miles de animales que habían recibido la soja y el maíz subsidiado. Tampoco se supo si esa carne había sido exportada o se había volcado al mercado doméstico. Lo que estaba claro es que Rioplatense había cobrado sin una normativa que justificara esos pagos. Y que la ONCCA dictó una resolución quince días después para encubrir esa grosera omisión. No era la única cosa que se violó con dicho pago. Tampoco se cumplieron los requisitos establecidos por la Resolución 373/08, firmada por Portillo, que estipulaba que no se podían reclamar compensaciones por periodos más lejanos de los tres meses. En enero, Rioplatense cobró subsidios por supuestos animales engordados entre marzo y septiembre de 2008. Es decir más de diez antes. El Rioplatense pertenecía a Rodolfo Costantini, quien mantenía una relación fluida con el ministro de Planificación Julio De Vido gracias a otro de sus negocios, la generación eléctrica en el sur. Su frigorífico se contaba entre los más mimados por el kirchnerismo, pues desde mayo de 2008 venía siendo beneficiado con la adjudicación discrecional y oculta de los ROE Rojo, los permisos para la exportación de cortes vacunos. Era un secreto a voces que, junto al Rioplatense, la ONCCA venía favoreciendo con esos permisos a las firmas Federal, Gorina, Arre Beef, Finexcor, Visom y el conglomerado del grupo brasileño JBS-Friboi.Lo más grave del caso Rioplatense es que demostró la prepotencia con que se manejaban los principales colaboradores de Echegaray en la ONCCA: primero pagaban y después trataban de emprolijar las cosas. Según varias fuentes fue Juan María Conte, el protegido de Echegaray, quien para ese entonces ya estaba a cargo de las Finanzas de la AFIP, el autor de la norma correctiva. Un párrafo de aquella resolución 1.164 decía, impune: “Para evitar, en la medida de lo posible, planteos o impugnaciones administrativas que entorpecen el funcionamiento de las instituciones creadas para la ejecución de las políticas públicas, se torna necesario, adaptar, modificar y/o suplir lagunas que conspiran contra el fin querido de la ley”. Era toda una admisión: “suplir algunas lagunas”, decía. “La empresa hizo un reclamo y nos dimos cuenta de que teníamos un vacío legal y una laguna en la reglamentación. De hecho se suspendió la ejecución del pago y recién se pagó cuando salió la otra resolución”, dijeron en la ONCCA cuando el diario Crítica pidió explicaciones sobre el caso. El organismo, en efecto, anuló los millonarios pagos del 22 de enero y los dejó stand by hasta el 16 de febrero, cuando finalmente los concretó. Luego del escandalete, el Rioplatense volvió a cobrar durante el año 2010 unos cuantos millones de pesos más. Y también comenzaron a cobrar varios otros frigoríficos. Siempre los amigos. El 12 de marzo de 2009 el caso del frigorífico Rioplatense fue presentado ante la Oficina Anticorrupción. “Dado que la ONCCA es aún un ente sin estructura funcional propia carece de mecanismo alguno de control interno ni auditoria externa. En otras palabras: los 4.406.578.822 pesos que la ONCCA ha repartido y los 3.000.000.000 que tiene para repartir sólo son controlados por los funcionarios contratados por la actual gestión de la ONCCA, es decir amigos y entenados sin ninguna otra calificación, en un procedimiento ideado para repartir dineros públicos a particulares sin ningún control legal”, decía aquella presentación. Pero una vez más los fiscales encargados de velar por la transparencia estatal se quedaron quietos ante la evidencia. Pasado el sofocón en la ONCCA siguieron las cosas como si nada hubiera sucedido.

A campo libre, una grave sequía devastaba los rodeos vacunos, los dejaba sin pasto para comer. Los precios de la hacienda seguían pisados, en sus mínimos históricos, por la intervención del secretario Guillermo Moreno. El contexto era explosivo porque mientras que a unos 200 mil ganaderos tradicionales se les morían las vacas por falta de alimento, los feed lots subsidiados llegaban a cobrar hasta 110 pesos por mes y por animal encerrado en los corrales. Una verdadera ironía: por ese entonces los planes sociales representaban un ingreso de apenas 150 pesos para los jefes de familia que estaban desocupados. Recibían apenas 40 pesos más que una vaca. La presidenta Cristina Kirchner, a principios de 2009, elogiaba este proceso al informar que la cantidad de feed lots registrados en la ONCCA había pasado de unos 150 establecimientos a más de 2.800 en muy corto tiempo. Fue en aquel memorable acto donde también anunció que el Estado impulsaría la construcción de cinco enormes feed lots con capacidad para engordar 40.000 animales cada uno. Sensible, la presidenta indicó que allí se iban a alimentar unos 200.000 terneros overos (los hijos machos de las vacas lecheras Holando Argentina) que los tamberos sacrificaban ni bien nacidos debido a que perdían mucha plata si los mandaban a las “guacheras” y los alimentaban a mamadera. La leche, por entonces, también tenía un bajo precio. Pero la carne estaba mucho más barata todavía y el engorde de esos terneros no alcanzaba a compensar el costo de la lactancia necesaria para mantenerlos con vida. Esos feed lots gigantes quedaron en el anuncio. Como tantos otros proyectos oficiales lanzados en esos tiempos, su puesta en marcha era impracticable, fruto de imaginaciones cegadas pro el poder y la ignorancia. En cambio la cantidad de feed lots privados que se registraban en la ONCCA para cobrar los subsidios crecía todos los días. Tanto que en mayo de 2009 el experto ganadero Ignacio Iriarte calculó que esos gallineros de vacas ya aportaban más del 40% de la carne que se destinaba al mercado interno. Casi sin proponérselo, o sin decirlo, la política de compensaciones iba provocando una profunda transformación en el perfil ganadero de la Argentina, un país reconocido mundialmente por sus vacunos alimentados a pasto. También en aquel momento las vacas eran “soja dependientes”. En la ONCCA nadie ponía reparos ante la explosión de los feed lots. Todo lo contrario, según recuerdan algunos empleados, los funcionarios ligados a Echegaray circulaban por los pasillos preguntando a todos si no tenían algún conocido con campo. En muchas provincias pasaba lo mismo y había gestores a la caza de interesados en convertir sus explotaciones en corrales de engorde, sin necesidad ni de clavar maderas y mucho menos de tener animales. En La Pampa, por ejemplo, las “comisiones” podían llegar hasta el 18% si finalmente esa carpeta lograba cobrar el subsidio.Estaba claro: sin filtros ni inspecciones muchos de esos corrales fueron inventados. Y a muchos otros que sí existían se les “engordaron” los números de animales encerrados, para que cobraran más de lo que realmente correspondía. Mediante el Jauke, además, se adulteraban las fechas de inicio de los expedientes, como para poder pagar supuestos subsidios pendientes desde 2007. “La joda era evidente y generalizada”, describió uno de los trabajadores. No vale la pena detenerse en cada una de las irregularidades cometidas durante esos meses: fueron muchas y complejas. Bastaría con comparar las cifras declaradas ante la ONCCA con las que manejaban las delegaciones del SENASA sobre el movimiento de animales en cada uno de los territorios. Una buena cantidad de feed lots que cobraron subsidios ni siquiera contaban con habilitación del organismo veterinario. Si alguna vez se realizara una auditoría integral sobre las actividades de aquella ONCCA se descubriría que las lagunas eran inmensas.

Todo duró hasta que el 10 de septiembre de 2009 el diario Clarín publicó la siguiente noticia:

“Algo huele mal en ese feed lot de Carlos Casares, y no es precisamente la bosta de las vacas que se engordan allí, en base de soja y maíz. En apenas tres días, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que responde a Ricardo Echegaray, le otorgó a una firma de esa localidad subsidios por más de 10 millones de pesos, en un proceso presuntamente irregular. El feed lot en cuestión, en rigor, ni siquiera contaba con permiso para operar. En apariencia y para disimular esa situación, la propia ONCCA le concedió una matrícula provisoria unos días después de habilitarles los millonarios pagos. El 21 de agosto, el titular de la ONCCA Emilio Eyras firmó dos resoluciones (la 7109 y la 7110) que fueron publicadas cinco días después en el Boletín Oficial. La primera dispuso el pago, en un lote de muchas firmas ganaderas, de 613.736 pesos a la firma Paseo Lagunas SA, mientras que en la segunda se asignó en soledad a la misma empresa -aunque denominada con diferente razón social-, otros 2.250.264 pesos. Para cerrar el círculo, Eyras firmó cuatro días después la Resolución 7251, que habilitó al mismo feed lot a recibir nuevas compensaciones por 7.211.397 pesos. Esa norma se publicó apenas 48 horas después que las otras dos, el 28 de agosto.Es decir que Paseo Laguna SA o su pariente cercana Paseo de las Lagunas Sociedad de Hecho recibieron la friolera de 10.075.397 pesos en el corto lapso de tres días. La prueba de que ambas firmas son una sola surge también de la documentación oficial. La propia ONCCA informa que la sociedad de hecho está integrada por Osvaldo Cantisani, Jorge Cerda y José Raposo. Según la AFIP, esta es una empresa que funciona desde 1994 en Carlos Casares, aunque su actividad principal siempre fue el acopio de granos. En el diario oficial de la Provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 2008, aparece la creación de la sociedad anónima Paseo Laguna. Su presidente es Raposo. Cantisani y Cerda (quien fue elegido concejal en su distrito por el PJ en 1987 y 2001) figuran como directores. Según fuente consultadas, estas tres personas son cerealistas reconocidos en Carlos Casares, donde tienen un acopio con capacidad para 8.400 toneladas de granos. Hace varios años también trabajan con algo de ganado en un campo de la zona, y recién hace muy poco tiempo incursionaron en el negocio del engorde a corral. Que son novatos en esto del feed lot queda muy claro: ni una ni otra razón social aparecen en la base de datos de la ONCCA en Internet, donde obligatoriamente deben figurar todos los operadores. Si aparece la prima, la que dio origen al grupo: Se llama Las lagunas y Asociados, y tiene matrícula para operar solo en el mercado de granos. Para disimular esta situación alguien dentro de la propia ONCCA encontró una solución. El 4 de setiembre el organismo otorgó al feed lot una matrícula provisoria, a la espera de que completen trámites pendientes ante el organismo veterinario nacional, el SENASA. Es decir que se blanqueó al establecimiento seis días después de subsidiarlo. No es la única irregularidad en que incurrió la ONCCA (…) Al pagarle a Paseo Lagunas compensaciones correspondientes al periodo marzo/diciembre de 2007 violó otra norma de su propio cuño. Es la Resolución 373, de enero de 2008, que estableció con claridad que no se pagarían compensaciones correspondientes a 2007 que no hubiesen sido reclamadas hasta ese entonces. En realidad, son muchos más que este los pagos que esa Oficina realizó en los últimos meses por expedientes viejos”.

La noticia de Clarín cayó como una bomba en el edificio central de la AFIP. “Ese día nadie sabía donde meterse”, rememoró un empleado. Las evidencias sobre

irregularidades eran tan claras que para los funcionarios ligados a Echegaray fue imposible realizar una desmentida inmediata. Como sociedad anónima, Paseo Lagunas además había cobrado previamente, entre junio y julio, otras tres resoluciones que sumaban 860.891 pesos adicionales. Recién a las 16,16 de esa tarde el organismo emitió un comunicado de prensa. Se titulaba “Difamante acusación sobre el pago de compensaciones” e informaba que el operador “Paseo Las Lagunas SH se encuentra vigente en el padrón del organismo”. De todos modos anunciaba que había mandado un equipo a fiscalizar el establecimiento de Carlos Casares. Al día siguiente, por lo visto, esa auditoría interna había concluido. Y en un nuevo comunicado el organismo agregaba: “Luego de la fiscalización pertinente a los feed lots Paseo Lagunas SA y Paseo Las Lagunas SH se determinó que ambos establecimientos estaban en regla y poseían la cantidad de animales correspondientes al pago de las compensaciones autorizadas”. Por las cifras de subsidios que le habían sido otorgadas, el establecimiento (porque era uno solo y no dos) debía haber tenido unos 8.200 bovinos encerrados durante algunos meses. Pero nadie en Carlos Casares conocía un feed lot de semejante envergadura. “Más allá de que esta situación le pueda parecer improbable a algún periodista, la información de Senasa que aportaron los establecimientos y el control del organismo ratifica estos números y reafirma, una vez más, que la ONCCA pagó en regla esta compensación”, se insistía desde la oficina de prensa de la ONCCA. O de la AFIP, que era la misma.“Leí en el diario la información del feed lot Paseo Lagunas. Al respecto quiero comentar que tengo conocimiento, por estar muy cercano a gente de la AFIP, que al día siguiente de la publicación del pago desde la región Junín mandaron a Casares a inspectores para verificar lo que Uds. habían informado. Tenían orden de llamar a la prensa para desmentir todo, pero tuvieron que quedarse piolas porque no existía ni de cerca ningún feed lot que tuviera semejante cantidad de animales para recibir tales subsidios. Además, por lo que sé, se generaron inspecciones a los feed lots de esa zona. A uno de ellos, cuando le pidieron que justifique el cobro de subsidios millonarios, le dijo al inspector de AFIP que lo intimaba: ¡A este negocio me lo hizo Echegaray, así que yo voy a tratar con ellos!”.Este mensaje, claramente identificado, llegó a la redacción de Clarín por aquellas horas. Frente a la tajante desmentida oficial, los periodistas del diario podían dormir tranquilos. La mejor prueba de que se habían cometido irregularidades graves que apuntaban a desviar varios millones de pesos de manera ilegal llegó algunos meses más tarde, cuando una fuente facilitó el listado de los desembolsos concretados desde la cuenta de la ONCCA en el Banco Nación a los beneficiarios de los subsidios. De allí surgió que ese mismo 10 de setiembre, frente a la publicación periodística y mientras mandaba decir que Paseo Lagunas estaba en regla y había cobrado lo que correspondía, el propio Echegaray mandaba anular los pagos correspondientes a la Resolución 7251/09 y destinados a la Sociedad de Hecho, que sumaban unos 7 millones de pesos. Ese dinero nunca llegó a ingresar a la cuenta del HSBC con la que operaba esa firma. Evidentemente, al desmentir a Clarín, al titular de la AFIP se le había producido una laguna. Y lo mismo le sucedió cuando tuvo que explicar por qué ese mismo día envió al diario más leído de la Argentina una sorpresiva inspección impositiva, que movilizó a cerca de 200 empleados de su organismo.

Capítulo 28 – Los intocables

Esa mañana de jueves la tapa del diario Clarín revelaba el primer caso concreto de corrupción en la ONCCA: se habían autorizado pagos por más de 10 millones de pesos a un establecimiento de Carlos Casares en apenas tres días. Cuando a las pocas horas de esa publicación el edificio de Tacuarí al 1800, donde trabajan los periodistas del diario, comenzó a verse rodeado de agentes de la AFIP, todos vincularon ambos sucesos. No resultaba raro ni novedoso que Ricardo Echegaray pudiera estar vinculado con ese tipo de reacciones. No era raro que utilizara el poder de fuego del Estado en contra de sus circunstanciales adversarios de la política.El 29 de junio, algo más de dos meses antes, el Gobierno había sufrido su segunda gran derrota política detrás de aquel voto amanecido de Julio Cobos en contra de las retenciones móviles. En las elecciones legislativas de mitad de mandato, el ex presidente Néstor Kirchner, que encabezaba la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, caía derrotado. Obtenía el 32,1% contra el 34,6% del candidato de la alianza Unión-Pro, el empresario Francisco De Narváez. Echegaray había hecho algunos esfuerzos para evitar una debacle electoral en la que él mismo, como una de las caras más antipáticas y soberbias del gobierno en el conflicto con el sector agropecuario, había tenido algunas responsabilidades. Al límite de la veda, 48 horas antes de los comicios, reunió a todos los trabajadores de la ONCCA y les prometió el esperado pase a planta permanente de la AFIP, con mucho mejor paga y estabilidad laboral. Pero les aclaró que para que ello ocurriese "el gobierno nacional y popular" debía ganar las elecciones. Por esa altura en la ONCCA trabajaban ya unas 700 personas. O votos. Pero no fue la única actividad proselitista del jefe de la AFIP, que se suponía debía guardar distancia de ese tipo de disputas. Unas semanas antes de la elección, el domingo 7 de junio, el periodista Horacio Verbitsky escribió en su habitual columna de Página/12 un artículo dedicado al principal rival de Kirchner en las elecciones. “De Narváez no puede justificar un incremento de 900 por ciento de su patrimonio en el último lustro. Esos fondos provienen de fideicomisos de existencia no probada, en paraísos fiscales. Entre ellos, préstamos por millones de dólares de uno de sus hijos, cuyos ingresos anuales no pasan de 25.000 pesos. Estas operaciones sospechosas darán lugar a una denuncia ante la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), que investiga el lavado de dinero”. Aquella nota era sin duda un pesado lastre para alguien que aspiraba a imponerse electoralmente en el principal distrito del país. Pero también un pesado lastre para la propia AFIP, que a costa de dañar la imagen del candidato opositor no dudó en hacer públicos algunos datos amparados por el “secreto fiscal”. Todo estaba debidamente maquillado. Según la versión publicada en el diario oficialista, el fiscal federal de Mar del Plata Claudio Rodolfo Kishimoto había abierto una investigación sobre el empresario. Y el 11 de mayo solicitó toda la información que la AFIP tuviera sobre De Narváez y sus empresas. La respuesta oficial se produjo el 28 de mayo e incluía datos precisos sobre la participación accionaria del ex dueño de Casa Tía en una serie de sociedades y “un cuadro comparativo de las justificaciones patrimoniales que presentó De Narváez en sus declaraciones juradas de los últimos cinco años”, según escribió el propio Vertbisky, que publicó la nota apenas unos días más tarde. Por esos días calientes de campaña electoral De Narváez había sufrido un tropiezo más grave. El 19 de abril el mismo Vertbisky había escrito del político opositor que “mantuvo contacto con Mario Roberto Segovia dos años antes de que el famoso nuevo

rico rosarino fuera detenido por el desvío de no menos de 8 toneladas de efedrina hacia México”. Segovia había sido apresado meses antes por aquel extraño contrabando de efedrina que, ante las narices de la Aduana, provocó un llamado de atención de los agentes de la DEA.Según la información presentada por Página/12, en el juzgado en lo Penal Económico 1 había constancia de tres llamadas telefónicas efectuadas al narcotraficante por alguien que la empresa Nextel identificó como Francisco de Narváez. Nunca una primicia había sido desmentida antes de publicarse, salvo en este caso. Unos veinte días antes, el 31 de marzo, el periodista Christian Sanz había informado en Tribuna de Periodistas que "en el día de ayer, a las 17, en dependencias de la Aduana, el titular de la AFIP, junto a la directora general de esa dependencia, Silvina Tirabassi, ha comenzado la redacción de una denuncia judicial por tráfico ilegal de efedrina contra el colombiano candidato”. Con esas pocas líneas Da Narváez había sido advertido de la maniobra. Por eso cuando el jueves 16 de abril recibió una llamada de un periodista preguntándole si conocía a Segovia, se apuró a presentarse en la justicia. Así le resto el factor sorpresa a la denuncia en su contra, que saldría publicada 48 horas después. Y pasó de acusado a acusador. Su dedo apuntó claramente a una campaña de la AFIP para desprestigiarlo y quitarle votos.La cronología de los hechos no intenta abrir juicio de valor sobre la veracidad de los datos publicados sobre De Narváez sino a mostrar que Echegaray operaba activamente para esmerilar, en base a información reservada, la imagen del candidato opositor. Lo mismo sucedió en el caso de las declaraciones juradas de De Narváez ante la AFIP. El 18 de mayo Crónica de Periodistas volvió a tocar esa llaga al informar que unos pocos días antes “Pedro López, secretario de prensa de Ricardo Echegaray, entregó en mano al periodista Horacio Verbitsky los detalles de la indagación que la AFIP llevaba adelante sobre los bienes de Francisco De Narváez”. Según la especie, se estaba violando el secreto fiscal previsto por varias disposiciones legales: el artículo 101 de la Ley 11.683, la Disposición 98/2009 de la AFIP y el bendito Código de Ética creado por Disposición 163/07. Un año después de aquellas accidentadas elecciones, en junio de 2010, De Narváez contraatacó con una denuncia penal contra Echegaray: lo acusó de utilizar información secreta de la AFIP para “armar causas falsas” en su contra. Es decir, el empresario ya no acusaba al jefe de la AFIP solo de repartir carpetas con información secreta sino también de haber motorizado las denuncias judiciales en su contra. La causa sigue abierta en el juzgado criminal y correccional 9 a cargo de Sergio Torres. Allí se acusa a Echegaray de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación de secretos, tráfico de influencias y falsa denuncia”.¿Qué argumentaba el empresario? Una de las causas que había dado origen a las denuncias preelectorales de Página/12, la de supuesta evasión fiscal, se había iniciado en mayo de 2008 en Mar del Plata. La presentó el malogrado empresario de medios Jorge Elías Gómez con el patrocinio del abogado local Fernando Coppari, un ex compañero de estudios de Echegaray. Pero el dato clave había sido que el falso abogado Fernando Villaverde, subdirector de Planificación de la AFIP en tiempo de esa denuncia, había concurrido al juzgado a interiorizarse de la marcha del expediente. Lo hizo junto a otro abogado llamado César Sivo, otro viejo conocido del grupo de letrados marplatenses. Sivo, además, fue el abogado que patrocinó la segunda denuncia contra De Narváez, la que lo vinculaba con la “mafia de la efedrina” y supuestamente había sido redactada en las oficinas centrales de la Aduana. Este trámite se presentó en Campana, en el juzgado del destituido juez Federico Faggionato Márquez, que en plena campaña había citado a

indagatoria a De Narváez. En este caso los denunciantes habían presentado como “testigos encubiertos” a dos personas: Andrés Enricci y Manuel Kleiman. Ambos habían sido designados por Echegaray en puestos claves de la Aduana.“Echegaray ha montado una persecución política en mi contra recurriendo al tráfico de influencias para materializar esta artimaña en una falsa denuncia”, denunció públicamente el diputado que había logrado derrotar en las urnas a Néstor Kirchner. Y agregó: “Solo él ocupa la posición que permitió centralizar y utilizar esa información en mi contra, y valerse de una red de personeros y parte del aparato estatal con igual propósito”.“Es obligación de la AFIP investigar, determinar y denunciar a todos aquellos que eluden su responsabilidad social de pagar los impuestos y que no explican el origen de sus ingresos”, le contestó el funcionario, que había pasado de acusador a acusado. En ese momento pareció acordarse del código de ética de su organismo.De Narváez tenía espaldas para aguantar el chubasco. Pero no sucedió lo mismo con otros grupos políticos que habían osado desafiar al kirchnerismo. Muchos dirigentes agropecuarios, durante el conflicto de 2008, denunciaron aprietes de la AFIP para que levantaran los piquetes. Y hasta lo piqueteros en serio, los pobres en serio, resultaron perseguidos. En agosto de 2008 se conoció el caso de la cooperativa de trabajo que trataba de recuperar el enorme frigorífico Yaguané, de La Matanza, que años atrás había sido malamente administrado por el matarife Alberto Samid. El frigorífico era la segunda empresa recuperada en territorio bonaerense tras la crisis económica, pero por aquellos días había sido clausurado por la ONCCA y la justicia le había dictado un embargo por 12,5 millones de pesos reclamados por la AFIP. La cooperativa respondía políticamente a la combativa Corriente Clasista Combativa (CCC), que por entonces se había volcado a las calles en defensa de la posición de los chacareros.Una de las cuatro patas de la Mesa de Enlace, la histórica Federación Agraria Argentina (FAA), también fue uno de los objetivos de Echegaray durante aquel prolongado conflicto. Los pequeños productores dirigidos por Eduardo Buzzi, con el mediático entrerriano Alfredo De Angeli a la cabeza, se habían convertido en un verdadero dolor de cabeza para el kirchnerismo y resultaban claves a la hora de hacer cumplir en las rutas las estrategias que se definían desde la cúpula ruralista: si había que levantar un corte para negociar, eran ellos los primeros que acataban la orden; y si había que volver a cruzar las rastras sobre el asfalto eran quienes lo hacían. Echegaray, por entonces al frente de la ONCCA, apuntó directamente contra el sistema que -en buena medida- permitía la financiación de esa aceitada estructura de militantes agropecuarios: las Cartas de Porte. Estas son documentos oficiales que avalan cualquier movimiento de un camión cargado de granos en todo el país. En 1992, con la disolución de la Junta de Granos, el Estado había dejado de emitirlas y recién una década después la propia ONCCA había tercerizado su distribución entre la Federación de Acopiadores y la propia Federación Agraria, que manejaba apenas 10% del negocio. Cada Carta de Porte costaba entonces unos 6 pesos que se dividían en tres partes iguales entre costos de impresión, arancel para el Estado e ingresos para la entidad privada que, previa consulta a la AFIP, se la vendía a los productores. Así, durante varios años, el sistema había funcionado sin mayores traumas. Pero en plena disputa con el campo el Gobierno había decidido ahogar financieramente a la Federación Agraria. Y en una maniobra cuidadosamente pensada, Echegaray dispuso primero triplicar el costo de cada Carta de Porte, llevándolo a casi 19 pesos, aunque pocas semanas después anunció su definitiva “estatización”.

Para eso se valió de una denuncia penal que la ONCCA presentó el 4 de junio de 2008 ante el juez federal Daniel Rafecas. También fue Vertbitsky quien publicó esa noticia, en exclusiva.La causa fue caratulada como "Federación Agraria y otros sobre Defraudación contra la Administración Pública". Allí, entre diversas maniobras que la ONCCA atribuía a la entidad presidida por Buzzi, y que vendía entre sus asociados el documento público, Echegaray citó el caso concreto "del Sr. Ceferino Alejandro Ferreyra". Lo mencionó como uno de los monotributistas que "con menos de un año de antigüedad adquieren Cartas de Porte en cantidades muy superiores de la real superficie explotada, con el aparente fin de posibilitar el transporte de mercadería que correspondería a otras firmas". El funcionario incluso deslizó que el tal Ferreyra había adquirido 21.000 Cartas de Porte, una cantidad suficiente para movilizar miles de toneladas de granos. Si esto fuera así, bien acusada hubiera estado la Federación Agraria, pues había facilitado una considerable evasión en el comercio de granos. Pero se trataba de un simulacro que dio buenos frutos. A fines de 2008 Echegaray logró su objetivo y le quitó a la entidad el negocio de emitir Cartas de Portes.Varios meses después, el 8 de octubre de 2009, el diario Clarín relató otra versión sobre la historia de Ferreyra. “A mediados de 2008, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, conocía bien el caso de Ceferino Alejandro Ferreyra, un modesto bicicletero de Oncativo (Córdoba) a cuyo nombre se emitieron facturas apócrifas y otra documentación utilizada para vender decenas de toneladas de granos en negro. Tanto conocía el caso que el 4 de junio presentó una denuncia penal en la que citó expresamente esas maniobras. A los pocos días de ese trámite, sin embargo, el ex titular de la ONCCA adjudicó a Ferreyra subsidios truchos por más de 70.000 pesos”, reveló el diario. Los pagos de la ONCCA al monotributista Ferreyra, en concepto de compensaciones como supuesto productor de trigo, fueron publicados en el Boletín Oficial del 17 de junio (la Resolución 728 le asignó 14.383 pesos), del 25 de junio (por Resolución 1072 recibió 16.035 pesos) y del 11 de julio (la Resolución 1754 sumó 40.078 pesos). Todas llevaban la firma de quien semanas antes lo había denunciado como evasor: Echegaray. Como en febrero de 2008 la CUIT de Ferreyra había aparecido en otras dos resoluciones, en total el “insolvente” cobró casi 99.000 pesos del Estado. Pero de hacer cualquier cosa parecía capaz Echegaray por caer en gracia de sus jefes políticos. Incluso era capaz de enviar a casi 200 inspectores hasta el medio de comunicación que había expuesto, ese jueves a la mañana, el primer caso palpable de corrupción en la ONCCA.El operativo se inició luego del mediodía y era inusual por su magnitud. Nunca antes en sus 64 años de historia el diario Clarín había recibido una inspección semejante. Los agentes de la AFIP llegaron en forma coordinada a bordo de camionetas azules y rodearon la manzana en un despliegue intimidatorio. Varias decenas de ellos entraron al edificio, pero cerca de un centenar permaneció afuera, en la calle, sin nada concreto para hacer. Los que ingresaron se dividieron en grupos y mantuvieron reuniones con los responsables de distintas empresas del grupo periodístico al que ya el kirchnerismo había comenzado a denominar “monopolio”. Luego de su derrota en las urnas Néstor Kirchner había decidido lanzar una ofensiva para que el Congreso aprobara una nueva Ley de Medios Audiovisuales, lesiva de los intereses del enorme grupo mediático. El ex presidente, principal autoridad del Partido Justicialista, no le había perdonado a ese y otros medios que asumieran una posición crítica hacia la gestión de su esposa durante el conflicto con el sector agropecuario en

2008. El proyecto de Ley de Medios debía comenzar a ser discutido por los diputados una semana después del allanamiento. Sin embargo, algunas horas después de ese inusual operativo impositivo, Echegaray envió una carta al secretario general de redacción del diario, Ricardo Kirschbaum, en la que aseguró que no había sido él quien ordenó la inspección. También le anunció la apertura de un sumario interno en busca de los responsables. Pareció una disculpa: la noticia del allanamiento ya había dado la vuelta al mundo y las asociaciones de defensa de la libertad de expresión comenzaban a hacer escuchar su voz de protesta. "Dirijo a usted la presente con la finalidad de poner en su conocimiento que en mi carácter de administrador federal de Ingresos Públicos no se dispuso llevar adelante ningún procedimiento especial de inspección física en las instalaciones del Grupo Clarín", señalaba una carta firmada por el jefe del organismo. "En orden de lo expuesto y en virtud de la visita realizada por funcionarios de esta organización, le comunico que hemos dispuesto llevar adelante un sumario administrativo con la finalidad de esclarecer las responsabilidades", concluyó. Más tarde, en unas breves declaraciones al canal de noticias TN, perteneciente también a Clarín, Echegaray anunció el despido de altos dos funcionarios: Andrés Vásquez y Sergio Mancini. El primero era titular de la Regional Metropolitana Sur de la AFIP, el mismo a quien meses antes había sido derivada la investigación del caso Gotti SA. El segundo era amigo personal de Echegaray. Habían estudiado juntos derecho en Mar del Plata y ambos militaron en la UPAU.Fue aquel 10 de septiembre de 2009 uno de los peores días de Echegaray en toda su vida. También una de sus peores noches, porque a última hora fue citado a la residencia presidencial de Olivos para dar explicaciones. Los gritos de Kirchner sonaban furiosos. El ex presidente le recriminó duramente por el frustrado operativo contra Clarín y por el escándalo que había estallado luego de las noticias sobre subsidios truchos de la ONCCA. Que quede claro: Kirchner retó a Echegaray por el escándalo, pero nada le dijo sobre los pagos concedidos de manera irregular. Mariano Obarrio, periodista de La Nación, relató el estado de situación dentro del Poder Ejecutivo. “El clima en la Casa Rosada era ayer de desesperación por el impacto político que causó el operativo impositivo de la AFIP en el grupo Clarín”. En busca de justificaciones, el jefe del Gabinete Aníbal Fernández llegó a atribuir el allanamiento a algún sector de la oposición. "Hay una operación que alguien ha financiado y nosotros nos ocuparemos de descular quién fue realmente el responsable", dijo Fernández. Todavía se esperan los resultados de esa investigación. Con el correr de los días el periodismo comenzó a hacer su trabajo. Dos días después del allanamiento, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que “tres hombres de la extrema confianza” de Echegaray habían participado del operativo. Eran, según el periodista, los sumariados Vásquez y Mancini, además del responsable de manejar los recursos de la Seguridad Social, otro ex UPAU, el bahiense Iván Budassi. Pero éste último explicó que solo recibió órdenes y zafó de dar explicaciones. ¿Podía Echegaray no haberse enterado que la AFIP movilizaría casi doscientos hombres contra el diario que Néstor y Cristina Kirchner habían elegido en aquel momento como principal enemigo político? Y en todo caso, si esto hubiera sido cierto, ¿quién dió la orden? El sumario interno que realizó el organismo, conocido nueve semanas después del hecho, no arrojó ningún tipo de explicación. Por el contrario calificó aquel procedimiento como “irreprochable”. No hubo despedidos, como había dicho Echegaray, y los sumariados ni siquiera fueron desplazados de sus cargos. Vázquez sigue siendo responsable de investigar a Gotti SA. Y Mancini, aunque dejó los puestos de mayor exposición, continúa prestando servicios al lado de su amigo.

La investigación interna sobre ambos empleados, en realidad, confirmó que la orden de investigar a Clarín había partido del propio Echegaray. Aquella mañana, luego de leer la molesta noticia sobre la ONCCA y en una reunión con siete de sus principales colaboradores (Vásquez, Mancini, Carlos Martínez, Horacio Curien, Fernando Caamaño, Sebastián Durruty y Fernando Villaverde, el falso abogado), el jefe máximo del organismo tributario reclamó "acciones concretas" contra el campo y contra el Grupo Clarín, Además fijó un plazo de cinco días para tener novedades. No tuvo que esperar demasiado. Fue el propio Vásquez quien desarticuló la versión de que Echegaray no estaba al tanto de las cosas, quizás como revancha a que desde el entorno del jefe de la AFIP lo habían responsabilizado únicamente a él, además de deslizar que mantenía cierta relación con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Al declarar sobre lo sucedido en aquella reunión, Vásquez señaló: "Expresa el administrador federal que el objeto de la presente es, dentro del ámbito de la investigación en curso sobre el Grupo Clarín, desarrollar acciones concretas y, en su caso de corresponder, radicar las pertinentes denuncias penales antes del día lunes, aclarando que el día de la reunión fue el día jueves". En el sumario, Vásquez fue más allá, porque también relató que en pleno operativo dialogó por teléfono tanto con Mancini como con Echegaray. Frente a la confesión de Vásquez, el vocero de la AFIP Pedro López trató de explicar lo inexplicable: “Lo que Ricardo Echegaray pretendía, en principio, eran acciones penales. Eso es lo que él reclamó en esa reunión. ‘Acciones concretas’ significaba reunir material para radicar denuncias penales. Otra historia es si Echegaray hubiera exigido ‘procedimientos’”, sostuvo el especialista en tapar escándalos en la prensa. Las contradicciones eran evidentes. Unos días antes, con una copia de ese bochornoso sumario interno entre sus manos, Alconada Mon había encarado a un incómodo titular de la AFIP. -La información sumaria concluyó que no había ningún elemento que ameritara que (Mancini y Vázquez) deberían haber actuado distinto- explicó Echegaray cuando el periodista preguntó qué había pasado. -¿O sea que Vázquez no fue echado, ni desplazado, como usted anunció en las horas que siguieron al allanamiento? -No fue un allanamiento desde que no hubo una orden de un juez. Fue un operativo- replicó Echegaray. Otra vez un lodazal de desvergüenza había sepultado la búsqueda de la verdad, pues la verdad rozaba directamente al funcionario. Y como la verdad era incómoda, había que evitar que avanzara demasiado. Pedro Gustavo Roveda fue el agente que se ocupó de dirigir el sumario que concluyó que el operativo contra Clarín había sido intachable. Viejo colaborador de Echegaray en la Aduana, Roveda es hijo de uno de los fundadores del SUPARA (el sindicato aduanero) y en ese momento se desempeñaba como jefe de la División Sumarios de ese organismo. ¿Por qué se decidió que un aduanero fuera quien investigara las responsabilidades de un operativo realizado por la DGI? Todavía es un misterio. Lo que no es un misterio es que luego de cerrar aquel famoso sumario Roveda fue ascendido, por Disposición 585 del 2 de diciembre de 2009, al puesto de subdirector general de Legal y Técnica de la Aduana.Ya no cabían dudas de que Echegaray estuvo al tanto del operativo en Clarín. Con el correr de los meses quedó claro además que aquella inspección inauguró una seguidilla de acciones oficiales en contra de ese medio de comunicación, al que el Gobierno de los Kirchner culpaba de todas sus desventuras políticas. Descalificando a Clarín como

empresa monopólica, culpándolo a la empresa de haber sido cómplice de muchos actos aberrantes durante la dictadura, el kirchnerismo no solo apuntó a esmerilar el indiscutible poder de influencia que el diario tenía en la confección de la agenda pública. También, y sobre todo, intentó desacreditar la tarea cotidiana de sus periodistas. Aquella consigna de que “Clarín miente”, coreada día y noche por funcionarios y militantes oficialistas, permitió invalidar cualquier información que apareciera en las páginas del diario, pero sobre todo libró a muchos funcionarios de tener que dar las explicaciones correspondientes. Bajo aquel manto de inmunidad quedaron sepultados también los casos de corrupción denunciados en la ONCCA. Una causa judicial paralela al sumarísimo sumario realizado dentro de la AFIP permitió además saber que la orden de acosar al grupo de medios había nacido antes de aquel operativo a Clarín y desde instancias superiores. Ese expediente estuvo originalmente a cargo del juez Octavio Aráoz de Lamadrid, quien en diciembre de 2009 llegó a imputar a Echegaray. Pero como era “subrogante” en su juzgado y no tenía certezas sobre su continuidad, renunció al poco tiempo. Sin dar precisiones pero con valentía explicó: “Las presiones hacen imposible seguir ejerciendo la magistratura con cierto grado de independencia".Esa investigación judicial se había originado el 4 de septiembre, una semana antes de la movilización de los agentes de la AFIP hacia la calle Tacuarí. Un importante directivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo, había realizado una denuncia luego de la aparición de afiches callejeros tras su presentación ante los legisladores que debían discutir la Ley de Medios. “Algo horrendo en el Congreso”, decían esos carteles. El ejecutivo se presentó a tribunales para ratificar su denuncia seis días después, justo en esa mismo jornada en la que el edificio del diario aparecía rodeado por los sabuesos impositivos. Entonces declaró que dos días antes, el 8 de septiembre, había recibido dos llamados anónimos en su oficina que le habían anticipado que Clarín iba a recibir muy pronto “una inspección general de impuestos”. El informante secreto había añadido: “Te cuento más de la AFIP, la cosa es contra el directorio del grupo, contra las empresas del grupo, particularmente Papel Prensa, y viene con allanamientos en domicilios particulares”. La justicia, con sus particulares tiempos, sigue investigando el caso. De aquel episodio de evidente apriete, repudiado por la comunidad periodística internacional, todavía no se conocen responsables. Y los casos de presión a periodistas se siguen produciendo. Luis Majul, autor del libro El Otro, publicó más recientemente otra investigación sobre los negocios secretos del kirchnerismo. Ese nuevo capítulo se llama “El y Ella” y denuncia en uno de sus capítulos que “en una reunión celebrada en la terraza del edificio central de la Aduana, el número uno de la AFIP instruyó a un grupo de altos funcionarios para que denunciaran con urgencia, por evasión impositiva, a un grupo de personas y empresas, entre las que se encontrarían Clarín, la Editorial Perfil y La Cornisa Producciones”. Esta última firma es, justamente, la productora de los programas de Majul. Perfil, en tanto, es la editora de la Revista Noticias, que a principios de 2011 –cuando Echegaray dio la orden- venía publicado una serie de fascículos con las investigaciones del periodista sobre la pareja presidencial.Majul relató que la directiva de Echegaray “fue impartida la misma semana en que Noticias publicó el capítulo ‘¿Ya se hizo justicia?’, donde se revela que el 23 de abril de 2009 cuatro altos funcionarios de la AFIP habían viajado a Río Gallegos para corregir la declaración jurada de Néstor Kirchner y compatibilizar las inconsistencias que tenía después de haber cruzado datos con las declaraciones juradas de Lázaro Báez, Rudy Ulloa y otros”.

Fue un alto funcionario de la AFIP quien le reveló al periodista la existencia de una orden de Echegaray para acosarlo, como le sucedió a Clarín, con inspecciones. El 15 de marzo de 2011 Majul se presentó ante la justicia penal para denunciar a Echegaray y a todos los empleados de la AFIP que participaron de la maniobra por los delitos de “coacción agravada “y “abuso funcional”. La causa sigue en trámite. Eloy Roldán, un viejo abogado del sur que –como Echegaray en el año 2000-, había sido representante legal de la empresa Gotti SA, actualmente está contratado como asesor de la AFIP. Según una fuente, su tarea cotidiana allí es leer atentamente todas las mañanas diarios y revistas en busca de un dato que le permita a su ex socio y actual jefe justificar sus avanzadas sobre la prensa e iniciar causas por “daños y perjuicios” contra ciertos periodistas molestos. Nadie en la AFIP puso el mismo empeño en investigar cuando, unos meses después del allanamiento a Clarín, se conoció la noticia de que Andrés Vázquez, que todavía tenía a su cargo las investigaciones fiscales sobre empresas ligadas al poder kirchnerista, como Gotti SA, había acumulado 461.000 dólares que transfirió desde una “cueva de dinero” de la city porteña a una sucursal caribeña del banco holandés ING. No había declarado esa suma de dinero ni ante su propio empleador. Se cae de maduro. Los “intocables” de ahora no son como aquellos que en tiempos de la “ley seca” en Chicago secundaron al agente federal Eliot Ness en su lucha por mandar a Al Capone tras las rejas. Aquellos claramente estaban del lado de la ley. Con estos de ahora nunca se sabe.

Capítulo 29 – El changarín

Benjamín Tapia, aquella mañana del 23 de septiembre de 2009, debía estar pensando lo mismo de siempre, cómo dar de comer a sus cinco hijos, cuando sonó el teléfono de su humilde casa sin revoque ubicaba en un barrio humilde de la zona sur de Mar del Plata. Ante el llamado, Tapia quizás hasta se haya ilusionado con que le ofrecerían alguna changa. -Hola, ¿hablo con Benjamín Tapia?-Si, el mismo. ¿Quién habla?-Mire, soy periodista del diario Clarín. Lo llamo porque su nombre aparece hoy publicado en el Boletín Oficial. No se si ya lo sabía, pero la ONCCA le está reclamando la devolución de casi 1 millón de pesos. Tapia tragó saliva. No estaba enterado de esa novedad, pero se la veía venir y decidió no callarse nada. -Mire, no sé a dónde acudir. A mi me anotaron para un subsidio a los desocupados del pescado de 500 pesos. Anotaron a mucha gente de por acá. Yo sabía que algo estaba mal, el banco tardó mucho en pagar. Me dieron 1.000 pesos antes de firmar, no eran 500 que yo pensaba. Pensé, mucho mejor. Más de veinte días antes, el 2 de septiembre, desde la cuenta de la ONCCA en la sede central del Banco Nación se había realizado la transferencia de 964.276,43 pesos a una caja de ahorro que el changarín Juan Benjamín Tapia había habilitado poco tiempo antes, el 17 de junio, para poder cobrar el subsidio al desempleo que le habían prometido. El dinero ingreso a través de la CBU 0110599520000003738038, correspondiente al Banco Nación Sucursal La Perla de Mar del Plata. Era el primer y único desembolso que se registraría en esa cuenta. -Habían pasado varias horas. El banco tardaba mucho y nos tuvimos que quedar después del horario. Incluso el hombre del banco dijo ‘se cierra la cuenta’. Pero el hombre que se llevó la plata contestó: ‘No, la cuenta sigue abierta’. Tapia conocía al hombre “que se llevó la plata”, pero en aquella primera conversación con el periodista de Clarín solamente lo identificó como “Nacho”, un conocido del puerto, donde él solía trabajar fileteando pescado. Al otro sujeto que lo acompañaba cuando lo fueron a buscar a su casa y lo llevaron hasta la sucursal bancaria no lo conocía, solo recuerda su barba candado. Por eso, mientras esperaba que el empleado del banco arreglara las cosas, pidió permiso para salir a fumar un cigarrillo. Fue cuando se le ocurrió anotar la chapa de la camioneta Ford Ranger, gris y con vidrios polarizados, que manejaba el otro individuo. Era la EJJ017. Luego se supo que el vehículo estaba inscripto en un registro de la localidad de Bolívar y figuraba a nombre de un tal José Luis Aguilar. Por la tarde, luego de aquella primera conversación, el corresponsal de Clarín en Mar del Plata, Guillermo Villareal, se dirigió hacia la vivienda de ladrillos huecos del changarín Tapia, en la calle Vértiz. El desocupado ratificó allí toda su versión inicial, pero identificó a Adolfo Adrian Francisco Rúa, alias “Cacho Rúa”, y a José Ignacio Sosa, alias “Nacho Sosa” como los hombres que semanas atrás lo habían ido a buscar a su casa para ofrecerle el subsidio. "A los pocos días me vinieron a buscar y me llevaron a una escribanía para certificar firma, a pedir una clave fiscal y al banco, para abrir la cuenta bancaria ", relató Tapia. También señaló que, aquel día, del banco salieron recién a las 16.30, que los hombres se fueron en la camioneta y que él debió volver caminando hasta su casa. "Ellos pasaron a una oficina que está al fondo y ahí cobraron", aseguró. Tapia recordó además que ese día también estaban en el banco un hombre joven y una mujer, quienes -dijo- "hicieron

lo mismo que yo, recibieron una plata, firmaron donde les dijeron y luego recibieron los documentos. Creo que el muchacho era de apellido Ibarra". El Banco Nación aclararía luego que sucedía mientras Tapia esperaba. Según esta versión, como se trataba de tan importante desembolso, un empleado de la sucursal llamó a la ONCCA para confirmar el pago. Y desde la Oficina de Compensaciones validaron la operación. El interés periodístico por Tapia no era casual. Ese mismo 23 de septiembre, en el Boletín Oficial había sido publicada la resolución 7535/09 de la ONCCA. Firmada por Emilio Eyras, el delfín de Ricardo Echegaray, la medida ordenaba “revocar" tres órdenes de pago a feed lots a todas luces truchos, pues no estaban habilitados ni por la ONCCA ni por el Senasa y habían sido declarados a nombre de personas de bajos recursos con una característica común: todas vivían en los alrededores del puerto de Mar del Plata.El primer caso era el de Tapia, a quien por Resolución 6846 del 11 de agosto se le desembolsaron 964.276 pesos por su supuesto trabajo como feedlotero entre enero y mayo de ese mismo año. Tapia había sido anotado como monotributista en la categoría más baja el 1 de julio, días después de que se le habilitara la cuenta en el Banco Nación. Los otros dos casos eran el de Maximiliano Rubén Ibarra, quien por resolución 7252 del 31 de agosto debía cobrar 1.271.522 pesos. Y el de Mirta Gladis Albarracín, que había obtenido 729.065 pesos de subsidios por Resolución 7490, de fecha 4 de septiembre. Curiosamente los registros de desembolsos de la ONCCA, mediante el sistema Interbanking, muestras esos pagos fueron anulados recién el 29 de septiembre. Es decir, seis días después de que la ONCCA los decretara ilegítimos. Según pudo saber Clarín después, en la filial de la AFIP marplatense a Tapia le habían adjudicado la clave fiscal “juan60”, la de Ibarra era una previsible “ruben19”, y la de Albarracín había sido algo más elaborada: “abcd01”. Hasta que estalló el escándalo, había en camino varios casos más de “carpetas” de indigentes marplatenses a los que se les habían inventado corrales de engorde donde miles de animales crecían sanos comiendo el alimento subsidiado por la ONCCA. Norma Sotto de Coria (CUIT 27127824873 y clave fiscal “norma57”), César Esteban Espínola (CUIT 20924530899 y clave “cesar59”), Eduardo Andrés Coria (CUIT 20117936555 y clave “eduaro24”), Miryam Liliana Vergara (CUIT 27274787959 y clave “miryam20”) y Norma Susana Del Río (CUIT 20335187556 y clave desconocida) eran algunos de ellos. Si la maniobra no se hubiese detenido a tiempo, y a razón de un desembolso cercano a 1 millón de pesos por cada uno de esos feed lot truchos, se hubiesen desviado nada menos que 8 millones de pesos. Y el hombre “que se llevó la bolsa” hubiera tenido muchísimo trabajo. ¿Y por qué se detuvo la maniobra? ¿Por qué motivo la ONCCA desactivó esos pagos? Una explicación posible es que los mismos fueron autorizados por Eyras antes del 10 de septiembre, cuando Clarín publicó la primera denuncia clara sobre irregularidades, el ya mencionado caso de Paseo Lagunas. Y a partir de ese escándalo, periodistas del diario comenzaron a verificar los pagos publicados en el Boletín Oficial. Cuando el 23 de septiembre la ONCCA decidió revocar los subsidios a desocupados de Mar del Plata, Clarín ya estaba trabajando sobre esos casos. Otra explicación, menos probable, es que a partir de la publicación del caso de Carlos Casares se haya desempolvado la vieja disputa entre líneas internas de la ONCCA. Y que Eyras haya reaccionado ante un negocio particular claramente vinculado a los “marplatenses” que seguían las órdenes de Fernando Villaverde, el falso abogado amigo de Echegaray. La hipótesis de una “vendetta” entre los funcionarios ligados al jefe de la AFIP no cierra por un simple detalle: a los días siguientes al escándalo de la ONCCA

desapareció el expediente de pago correspondiente a Tapia. Luego fue reconstruido por orden judicial y se labró un sumario interno por ese episodio, durante el cual la agente del área de Compensaciones Viviana Martha Alleruzzo, declaró que el expediente había sido solicitado por Marcelo Utje el 22 de septiembre. Utje, hay que recordarlo, era el máximo colaborador de Eyras. Cuando el expediente de pago se pudo volver a construir, quedó clara la gran capacidad de inventiva de los funcionarios de Echegaray en la ONCCA, además de la inexistencia de controles internos. El expediente de pago tenía 27 fojas y llevaba el número 39089437330, otorgado por el Sistema Jauke. Había sido iniciado a las 11,16 del 24 de julio. Según las planillas de operaciones creadas para el falso feed lot, Tapia había arrancado con la actividad el mes de enero de 2009 con cero animales, pero ya a fines de ese mes tenía 1.143 bovinos. Y al 31 de mayo, fecha final de su reclamo por compensaciones, el changarín ya podía ser considerado integrante de la oligarquía ganadera, pues tenía en su establecimiento 4.717 vacunos. El informe técnico final que avaló el pago fue firmado el 11 de agosto por el agente Enrique Lafranconi. Lo cierto es que aquella mañana de fines de septiembre el nombre de Tapia, el único que aparentemente llegó a cobrar, aparecía en el Boletín Oficial. Y que la ONCCA lo intimaba a devolver nada menos que algo menos de 1 millón de pesos. Al día siguiente Clarín tituló, de nuevo en tapa: “La ONCCA otorgó en subsidios irregulares otros $3 millones”. Lo que pasó al día en que se conoció la noticia pudo ser reconstruido en base a diversos testimonios y merecería formar parte del libro dorado de la historia de la corrupción en la Argentina: en una sucursal diferente del Banco Nación, pero también de Mar del Plata, manos anónimas depositaron nuevamente el dinero en la cuenta de Tapia, aunque con un faltante de unos 30.000 pesos, y desde allí lo transfirieron a la cuenta de la ONCCA en Buenos Aires. El mensaje era claro: aquí no había pasado nada, porque el changarín había devuelto el subsidio mal pagado.Tiempo después, el testigo Daniel Tunoni, titular de una cámara que agrupa a cooperativas de fileteros del puerto de Mar del Plata y amigo personal de “Nacho” Sosa, el hombre que había llevado a Tapia hasta el banco y luego se quedó con la bolsa de dinero, hizo un relato mucho más pormenorizado de cómo fueron aquellos acontecimientos. Para realizar la entrevista, un periodista de Clarín fue citado a Mar del Plata por un abogado local, conocido de ambos. Hasta ese momento, Sosa estaba decidido a hablar, pero luego desistió y su lugar lo ocupó Tunoni. El material fue publicado el 23 de mayo de 2010. “El hombre que aparece en las imágenes, de pilotín oscuro, caminando nervioso frente a la línea de cajas del banco, es Ignacio Sosa, un corpulento custodio conocido en el ambiente portuario de Mar del Plata. Para sus amigos, "Nacho": trabajó en la seguridad de boliches y como guardaespaldas. El último empleo lo tuvo el verano pasado, cuando lo contrató el mediático Ricardo Fort para integrar su séquito de patovicas, y muchas veces fue convocado por empresarios cuando debían trasladar grandes sumas de dinero. El mismo trabajo que le encomendaron el lunes 7 de septiembre de 2009: esa mañana acompañó al changarían Juan Benjamín Tapia a la sucursal La Perla del Banco Nación para cobrar por ventanilla casi un millón de pesos girados por la ONCCA”. Así comenzaba aquella nota que reconstruyó la ruta del dinero. Según el relato de Tunoni, en marzo de 2009 el abogado Sergio Edmundo Paleo, que trabajaba desde hace unos meses para su cámara pesquera, comenzó a ofrecerle el negocio de armar carpetas con los monotributistas del puerto, a quienes él conocía bien. "No va a pasar nada, tenemos a la AFIP, tenemos a la ONCCA", le decía Paleo, un ex

funcionario en la intendencia de Daniel Katz. Siempre según Tunoni, él no aceptó. “Vas a ir preso, gordo", asegura que le dijo. Detrás de la maniobra, Tunoni señaló con claridad a Fernando Villaverde, el viejo amigo y compañero de estudios de Echegaray. Por aquellos meses, Paleo se había mudado a Buenos Aires y compartía el departamento que el falso abogado alquilaba en el séptimo piso de Libertad 1679, a metros de avenida Libertador, frente a Retiro. De todos modos, Paleo era empleado de la AFIP, dependía de Echegaray. Y éste recién firmó la Disposición 437, que dispuso su pase en “comisión” a la ONCCA, el 4 de setiembre de 2009. La pareja de marplatenses volvía todos los fines de semana a su ciudad. Los sábados a la mañana, según Tunoni, se reunían en los café Capello y Teo, en las esquinas de Gascón y Falucho con Yrigoyen, respectivamente, y allí armaban las carpetas con los prestanombres. Tunoni, y otro testigo de identidad reservada, identificaron al empresario local Luis Chaia, propietario de varios locales en la céntrica peatonal San Martín, como otro de los que urdieron el desfalco. Los hijos de Chaia y Paleo iban al mismo colegio, el Instituto Albert Einstein, elegido por la clase media alta de la ciudad.Fue Chaia, de acuerdo con la versión de Tunoni, quien le pidió a Nacho Sosa recolectar desocupados en el puerto, a quienes inscribirían en la AFIP y le abrirían una cuenta en el Banco Nación. Luego, con esos datos, "un contador armaba las carpetas" de supuestos feed lots. Ese contador, según Tunoni, se apellidaba Aguilar, como el propietario de la camioneta que llevó al changarín al banco a principios de septiembre.Aquella tarde, luego de haber pasado largas horas en la sucursal de La Perla, y luego de despedirse secamente de Tapia, Nacho Sosa habría llevado el millón de pesos pagado por la ONCCA a la conocida casa de cambio Jonestur, en San Martín casi Córdoba, donde lo esperaba Chaia. Siempre según su amigo, el dinero quedó allí y fue el empresario quien lo depositó.Varios días después, cuando la ONCCA revocó el pago y Clarín publicó el caso, el guardaespaldas marplatense habría sido convocado nuevamente para el “operativo reembolso”. Tunoni relató que esa misma mañana, en un auto oficial de la AFIP manejado por Carlos Musladini, chofer del organismo y hermano mayor del ex marcador de Boca Juniors, Hugo Musladini, otra bolsa de dinero era enviada de regresó de Buenos Aires a Mar del Plata. El testigo dice que fue Villaverde en persona quien realizó el traslado, y que en algún punto desconocido de la ciudad balnearia se lo pasó a Paleo y Chaia. Luego, una vez más, la bolsa llegó a poder de Nacho, que recibió la instrucción de devolverla. Fue a la sucursal de San Martín y Córdoba, y depositó allí algo más de 930 mil pesos, destinados a la cuenta de la ONCCA. Esa misma noche, el chofer Musladini se hospedó en el hotel del Círculo de Oficiales del Personal Penitenciario, en la zona de la vieja terminal de ómnibus. Villaverde era un ex empleado del Servicio Penitenciario.Otro hombre de Echegaray, el abogado Cristian Ingratta también fue enviado por esas horas a Mar del Plata, pero a presentar una denuncia penal que recayó en el juzgado federal a cargo de Alejandro Castellanos. Eyras, al mismo tiempo, enviaba un comunicado de prensa en el que se auto felicitaba por haber revocado los pagos irregulares a los indigentes de Mar del Plata. “Los controles de la ONCCA funcionan correctamente. Esta medida no significó ningún perjuicio fiscal al Estado, por cuanto en dos de los casos no se llevaron adelante los pagos, y en el restante, frente a la intimación de la ONCCA, los fondos fueron íntegramente restituidos”.Castellanos, quien recibió la denuncia del organismo, mucho no pudo o no quiso hacer demasiado para investigar la causa. Era juez subrogante y uno de los tres aspirantes a ocupar una vacante para vocal en la Cámara Federal de Mar del Plata. Uno de quienes

debían opinar sobre su postulación a ese cargo clave era Juan Carlos Martín Chaia, tesorero del Colegio de Abogados marplatense,y hermano del empresario acusado por Tunoni de haber colaborado en el armado de las carpetas falsas. La causa 133 quedó paralizada. Y muchos meses después se fusionó con otros expedientes vinculados a la ONCCA que se tramitaban en los juzgados porteños de Comodoro Py. En la causa unificada, el changarín Tapia y Nacho Sosa recién fueron convocados a declarar a mediados de 2011.Tunoni, el testigo clave, no ahorró detalles en aquella primera entrevista con Clarín. Contó que cuando él le preguntaba a Paleo con quién trabajaba, "él decía que estaba con Villaverde y que dependían de Rudy Ulloa”. -Si Nacho hubiera sabido cómo era la verdadera trama, ¿usted cree que hubiera participado?- le preguntó Clarín en aquella nota -¡Pero no sabía! Por eso digo que Nacho no piensa nada malo. Fue y devolvió el dinero, firmó, miró a cámara y hasta habrá sonreído. -¿Cómo era la situación de Paleo antes de llegar a la ONCCA?-Arruinado, muerto de hambre. Cuando lo mandan a Buenos Aires con un sueldo de 12.000 pesos que después le suban a 20.000, decía: "Yo tengo que hacer lo que me ordenen".-¿Paleo tampoco era el cerebro?-Era Fernando Villaverde quien daba las órdenes. Hoy Villaverde entra en cualquier lado como si fuera el hermano de Kirchner. El falso abogado secundaba por aquellos meses a Echegaray en la AFIP, era su subdirector general de Planificación. Y en efecto, por aquellos meses solía vérselo ingresar a la quinta presidencial de Olivos para mantener reuniones con Rudy Ulloa, el ex secretario de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Capítulo 30 – El gran salto

El acta 686 del Honorable Concejo Deliberante de Salto relata lo sucedido en aquella reunión del 12 de noviembre de 2008. Habían pasado unos pocos meses del “voto no positivo” que puso fin, al menos en las calles y rutas del país, a un estado de enfrentamiento social pocas veces visto en la Argentina. Y aunque aquel día varios productores presenciaban el debate entre los legisladores de esa localidad bonaerense, ubicada a unos 200 kilómetros de la Capital Federal, el intercambio transcurría en términos civilizados. Tras la lectura del Expediente 246-E-2008, tema que figuraba en la agenda de esa sesión, el presidente del Consejo Deliberante, Hugo Jorge Garavano, preguntó: “¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? El oficialista Alejandro Cuniolo de inmediato alzó su mano. “Lo que estamos haciendo mediante esta ordenanza es aprobando un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Salto y la ONCCA. El convenio básicamente dice que la Municipalidad de Salto aportará el 50% del valor del alquiler donde funcionarán las oficinas del ONCCA a nivel regional en la Ciudad de Salto. Este convenio durará el tiempo que dura el contrato de alquiler, o sea 3 años a partir del 1º de octubre de 2008. Cabe aclarar que esta oficina es muy importante para una gran parte de nuestra población, porque allí se realizan gran parte de los trámites que están vinculados a los reintegros, etcétera, con el tema del campo. Esto traerá grandes beneficios, por un lado porque abrirá fuentes de trabajo para que sean ocupadas por hijos de Salto, profesionales y no profesionales, y además, dado que la ONCCA funcionará en la ciudad, los trámites serán mucho más rápidos y con un costo inferior”, explicó el edil, claramente alineado con esa iniciativa. Daniel Spadone, concejal de la oposición, tenía otra posición. “A ver, tenemos un Expediente por el cual este Concejo Deliberante va a autorizar o no un contrato de locación por el cual la ONCCA, que es una oficina nacional se va a radicar en Salto. Para eso necesita un lugar físico y la Municipalidad de Salto se compromete a pagar 50% del alquiler, es decir que va a pagar el primer año 2.500 pesos por mes, dado que el alquiler es de 5.000 pesos. Más allá de la necesidad de que la ONCCA esté instalada en Salto, independientemente de eso, voy a referirme al expediente en concreto. Estamos hablando de la ONCCA, que es un organismo nacional que tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos, que si lo dividimos en 23 millones, que es nuestro presupuesto, nos da que tiene 130 veces el presupuesto de Salto. Digamos que tenemos un organismo nacional rico con una Municipalidad con presupuestos pobres. Pero así y todo el contribuyente de Salto tiene que hacerse cargo de pagar el alquiler. Si el Estado Nacional quiere tener una oficina en Salto, está en todo su derecho de hacerlo, pero que sea el Estado Nacional el que se pague la oficina y no los contribuyentes de Salto, porque esto le va a salir al Municipio 94.000 pesos”. El debate siguió y aunque varios concejales hablaron fijando su posición, todo conducía a una votación. Cuando finalmente el presidente del cuerpo se cansó de dar círculos invitó a los concejales a votar: siete manos se levantaron a favor de pagar la mitad del alquiler mientras que otras siete lo hicieron en contra. -Tomamos nuevamente votación- dijo Garavano, para ver si se producía un desempate.Lo mismo, las posiciones estaban clavadas: los siete votos oficialistas por la positiva y los siete votos opositores por la negativa. En esos casos, el reglamento es taxativo, quien define es el presidente de la sesión. El peronista Garavano decidió poner fin al entuerto, pues el Municipio ya había comenzado a pagar su cuota del alquiler desde hacía un mes. “Mi voto es positivo”, dijo.

Aquella filial de la ONCCA, que debía atender los asuntos de 23 distritos de la zona norte bonaerense, abrió sus puertas sin inauguración oficial, porque el intendente de Salto temía sufrir un escrache por parte de los productores. Su primer responsable o “encargado” fue un contador de la vecina localidad de Chacabuco llamado Luis María Capellano. Fue designado por Ricardo Echegaray, el titular del organismo multimillonario que había pedido socorro para pagar el alquiler. Capellano fue enfáticamente recomendado por Pablo Aguilera, un estrecho colaborador de Echegaray y el actual subdirector general de Asuntos Jurídicos de la AFIP. Este abogado también es de Mar del Plata, aunque allí su apellido ha ganado últimamente bastante mala fama. No es culpa suya sino de su padre, otro abogado llamado Jorge Aguilera, a quien en los Juicios de la Verdad realizados en esa ciudad se comenzó a vincular con la temible Concentración Nacional Universitaria (CNU), una agrupación de la extrema derecha peronista a la que se acusa de haber cometido varios asesinatos entre 1974 y 1976, en conexión con la Triple A que dirigía José López Rega. Del Aguilera amigo de Echegaray lo que se puede decir es que nació en diciembre de 1965, pero se registró ante la AFIP recién en junio de 2009, con más de cuarenta años. Fue al ser nombrado como jefe de todos los abogados del organismo. Hasta ese momento figuraba en los registros de operadores de comercio exterior, pero como correspondía se dio de baja antes de asumir su cargo público, el 30 de mayo de 2009. Antes, el 23 de septiembre de 2008, cuando trabajaba en la ONCCA, la AFIP le había dictado un embargo por 1.756 pesos, que canceló rápidamente. Fue él, ya se dijo, quien recomendó a Capellano. “Este Capellano resulta ser un experto en facturas truchas y venta de cereal en negro. Te lo dicen los mismos empleados de la AFIP de Chacabuco”, advertía por aquel entonces un productor de la zona que estaba indignado con el nombramiento. El 6 de noviembre de 2002, Capellano había fundado la firma ADECOP SA, junto a Hugo Torcassi, un contador de bastante menor edad que él. Su objetivo social era muy amplio, iba desde la agricultura hasta la exportación. Pero luego, el 30 de diciembre del mismo año, ambos socios corrigieron su denominación. Nacía “Capellano & Torcassi SA”, un estudio contable muy reconocido en Chacabuco y sus alrededores. Su dirección es San Lorenzo 21. En Chacabuco, desde que se inauguró la ONCCA en Salto, era vox populi que la manera más efectiva de obtener los subsidios de la ONCCA era dirigirse a ese estudio contable, ya que esa gestoría se quedaba con 10 o 15% de las sumas a cobrar , pero aseguraba éxito en el trámite. Bastaba hablar con productores de Chacabuco para confirmar que el estudio Capellano era una boca más de la denominada ONCCA Paralela. “En el caso de la compensación al trigo, el porcentaje que cobraba era del 10%”, señaló un chacarero, que pagó y cobró. Otra fuente relató: “Capellano nos decía: ‘Ustedes ya saben cuando estoy en la oficina; pueden ver mi Mercedes Benz estacionado en la esquina’. El que no pagaba entre 10 y 15% de comisión no cobraba sus subsidios”. Eso fue lo que le sucedió a un tercer productor consultado: “Yo me fui de su estudio hace años y jamás cobré la compensación de trigo de 2007. Fue arbitrario y discrecional como manejaron esas compensaciones”. Capellano se ganó tanto odio entre los productores agropecuarios de la zona que en agosto de 2009 la agencia de Salto sufrió un escrache y 70 productores debieron ser desalojados por la policía. Dejaron dos graffiti sobre la flamante vidriera del local alquilado a medias con la municipalidad. Decían “Con el campo no se jode” y “Robo Comercial Agropecuario”. En ese momento, Capellano ya había dejado su puesto para ir

a trabajar en la sede central de la AFIP. Pero dejó en su reemplazo al abogado Federico Torcassi, hermano de su socio en el estudio contable de Chacabuco. Además de su actividad como contador, en 2007 Capellano declaró ante la AFIP una segunda fuente de ingresos: el cultivo de cereales. Y ya estaba en funciones cuando la ONCCA le pagó compensaciones, que no debería haber recibido al menos por decoro. No fueron cifras astronómicas, pero muchos productores en serio no habían cobrado cobraron todavía nada. El 6 de enero de 2009, la Resolución 8690, firmada por Echegaray, le asignó 1.759 pesos. Y el 26 de marzo cobró otros 1.053 pesos. Comparados con lo que cobraban los feed lots, los subsidios al trigo fueron realmente miserables. Sí. Capellano tiene un campo y su CUIT 20-12217173-7 está incluido en el Registro Fiscal de Operadores de Granos de la AFIP desde el 14 de marzo de 2008. Aunque ya por entonces trabajaba en la AFIP, debió olvidarse de presentar algún papel, pues el propio organismo lo suspendió de ese registro de buena conducta fiscal entre el 20 de julio y el 14 de agosto de ese año. En Chacabuco –que también es la ciudad de Julián Domínguez, el ministro de Agricultura designado a fines de 2009-, muchos recuerdan que Capellano fue protagonista de un hecho de corrupción que sacudió la política local en 1990: “El caso de las viandas”. En ese momento, era director municipal y tenía a cargo el Hospital local, donde se detectaron sobreprecios en las compras de alimentos. El ex intendente, el radical Mario Lalla, motorizó la denuncia y lo separó del cargo. Y hasta la UCR decidió desafiliarlo. Fue el único procesado en una causa que tramitó la justicia de Junín, y que cerró 17 años después, como tantas otras, sin hallar culpables. Desde su designación como delegado de la ONCCA, Capellano pegó el gran salto: protagonizó la más veloz carrera dentro de la administración pública de la que se tenga registro. Duró en el organismo agropecuario unos pocos meses, pasó como asesor a la AFIP y el 14 de diciembre de 2009, por Disposición 595, fue designado por Echegaray como nuevo subdirector general de Planificación, en reemplazo de Fernando Villaverde, el marplatense que se refugió en el perfil bajo luego del escándalo de los subsidios desviados a nombre de gente humilde de Mar del Plata. Hasta ese momento Capellano se encontraba simplemente vinculado a la AFIP mediante un “contrato de trabajo a plazo fijo, cumpliendo funciones en el ámbito de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos”. Es decir, era asesor de Aguilera. En su nueva función, Capellano también duró escaso tiempo, apenas cinco meses. El 27 de mayo de 2010, por disposición 191, Echegaray le aceptó la renuncia porque iba a ser ascendido al cargo que ocupa hasta estos días. Por decreto 851, firmado por Cristina Kirchner, desde el 16 de junio de 2010 se desempeña nada menos que como subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, en la órbita del ministro Amado Boudou. Las malas lenguas dicen que era insostenible su permanencia en la AFIP, ya que Capellano habría sido uno de los contribuyentes que aprovechó el operativo de blanqueo de capitales depositados en el exterior, que timoneó Echegaray a principios de 2009.Lo cierto es que Capellano reemplazó en esa alto cargo a Cristian Modolo, quien había renunciado meses antes en desacuerdo con un paquete de ventajas impositivas que el Gobierno le había otorgado a la minera Barrick Gold. Durante su estadía en Salto, Capellano se negó a pagar compensaciones a varios pequeños chacareros con el argumento de que ante la AFIP no figuraban como productor de "productores de trigo" sino de "soja". La excusa fue fatal para muchos expedientes que aún todavía están pendientes de cobro. En cambio, la concejal Cecilia Mónica López (CUIT 27-13832532-1) sí recibió compensaciones como triguera.

Mediante la Resolución 3074, de agosto de 2008, Echegaray autorizó el pago de 1.224 pesos y en otra norma de septiembre le agregó otros 994,5 pesos. La edil recién comenzó a figurar ante la AFIP como productora de trigo en diciembre de 2008, meses después de recibir esas compensaciones. Y otro tanto sucedió con su esposo, Marcelo Alejandro Barcia, que también cobró subsidios por 4.209 pesos, aún cuando también se inscribió como triguero a fines de 2008.La edil López fue una de las que votó a favor de que los vecinos de Salto pagasen la mitad del alquiler de la Oficina local de la ONCCA, primer paso en el veloz ascenso de Capellano. Votó igual que el presidente del Concejo Deliberante, quien por unos instantes se sintió como Julio Cobos. Aunque a diferencia del vicepresidente de la Nación, Garavano dijo: “Mi voto es positivo”.

Capítulo 31 – Acorralados

Si alguien, cualquier persona, quisiera tener un feed lot las dos cosas más importantes que debería tener son un campo y vacas. En una parte del campo levantará corrales de madera fuerte e instalará comederos para que las vacas encerradas en ellos puedan comer el alimento balanceado y engordar. Tendrá que tener un silo para guardar ese alimento, y algunos trabajadores a cargo que se ocuparán de trasladar la comida hacia los corrales metódicamente. El secreto del feed lot es que las vacas coman mucho, aunque ya no sea pasto, y transformen esa comida en kilos de carne. Si uno quería iniciarse en el negocio del feed lot a mediados de 2008 tenía que hacer muy bien los números, porque el principal insumo de la actividad, la comida para las vacas, estaba muy cara, y el producto final del negocio estaba regalado. Son cosas típicas de la Argentina, un país que para algunas cosas tiene precios internacionales y para otras define valores internos, desacoplados de los del resto del planeta. La soja y el maíz, principales insumos para cualquier feed lot, tocaban ese año sus mayores valores de la historia en el mercado de Chicago. Pero el ganado gordo en carnes, el producto ofrecido por el feed lot, valía muy poco. Por los controles de Guillermo Moreno sobre el sector, aquí el kilo de ganado en pie podía venderse a entre 60 y 80 centavos de dólares. En Uruguay, en cambio, podía llegar a valer hasta 1 o 1,20 dólares. Había, entonces, que hacer muy bien las cuentas.Había, en aquel 2008, que considerar detenidamente el impacto de los subsidios de la ONCCA en las cuentas de un establecimiento. Desde principios de 2007, ese organismo “compensaba” a quienes engordaban vacunos en este sistema intensivo una parte importante del costo diario de darle de comer a cada vaca 6 kilos de maíz y 3 kilos de soja. Las cuentas, por ese entonces, podían llegar a dar hasta 120 pesos mensuales por animal. O unos 350 pesos en todo su ciclo de engorde. Había que hacer números finos porque el estado gastaba cerca de 7 millones de pesos por día para subsidiar el sector. Había, sobre todo, que estar muy bien con la ONCCA. Muchos estaban bien con la ONCCA por aquellos días. Estaban bien los supermercados que demandaban carne, los frigoríficos exportadores amigos del poder, algunos matarifes importantes del conurbano y hasta los feedloteros profesionales que habían arrancado con esta actividad (convencidos de sus bondades) en los años noventa, mucho antes de que existiesen esos subsidios. Pero no estaban bien con el Gobierno los ganaderos más tradicionales, los productores de terneros, aquellos sobre los que la cadena comercial de la carne hacía recaer todo el peso de los precios planchados por las intervenciones de Moreno. Para poner un feed lot en 2008, había que estar bien con el gobierno. ¿Pero cómo poner un feed lot nuevo, de la nada, sin tener campo ni vacas? Había que empezar por el principio y crear una sociedad, ponerle un nombre y definir a los socios adecuados.

“Por Escritura Pública N° 167 de fecha 28-10-2008 se constituyó la sociedad Hacienda Argentina SA. Accionistas: Alfredo Luis Espósito, DNI 10.237.582, viudo, comerciante, con domicilio real en Juncal 4551 piso 5 departamento B, Caba, y Mariana Paula Guerra, DNI 21.451.297, soltera, empresaria, con domicilio real en Rivadavia 342, Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, ambos argentinos; Plazo 99 años; Objeto: Producción pecuaria, reproducción, cría, engorde a corral de ganado bovino, ovino y porcino. Faena, industrialización y exportación de carnes bovinas, ovinas y porcinas. Capital: $ 12.000.-; Presidente: Mariana Paula Guerra; Director suplente: Alfredo Luis Espósito; Sede: Talcahuano 452 piso 5 oficina 21 Caba; Firmado

Dra. Constanza Sofía Choclin, abogada. Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 30/10/2008. Tomo: 90. Folio: 959. e. 04/11/2008”.

En noviembre de 2008 el primer paso ante la Inspección General de Justicia había sido dado. Según la escritura presentada allí, y publicada días después en el Boletín Oficial, el feed lot no tendría un nombre demasiado rebuscado: se denominaría “Hacienda Argentina SA”. Y sus socios serían Alfredo Luis Espósito, el viejo jubilado pintor de cuadros que solía caminar por los pasillos de la ONCCA, y Mariana Paula Guerra, una mujer joven con domicilio legal en Córdoba. En realidad, Guerra había vivido un tiempo en Arroyito, donde intentó progresar con una empresa de turismo aventura. Pero siempre había sido vecina de Punta Alta y allí terminó el secundario, en el Colegio Nacional. Había sido compañera de promoción de María Laura Rayes, Silvana Patricia Quiteros y Silvana Karina Oviedo. Es decir, formaba parte del círculo de amigas íntimas de la esposa de Ricardo Echegaray. Una vez constituida la empresa, lo segundo que había que hacer para tener un feed lot en 2008 era registrarlo ante la AFIP. Ese trámite se hizo en cuestión de días después de la creación de la firma ante escribano. El 1 de diciembre la flamante empresa presentó sus papeles ante la céntrica agencia 50 del organismo recaudador, que le correspondía por el domicilio fiscal que declaraba: Uruguay 766, PB 6, sede de un estudio de abogados. Ante la AFIP, la firma declaró como actividad principal la “12111”, cría de ganado bovino excepto en cabañas y para la producción de leche. Curiosamente recién en octubre de 2009 incorporó como actividad secundaria la “12113”, el Engorde de Corrales. La AFIP le asignó la CUIT 30-71080854-2.Pero para montar un feed lot hacia fines de 2008 hacía falta un trámite más, el definitivo: solicitar una matrícula habilitante a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Sin esa inscripción era imposible operar y mucho menos pensar en cobrar los subsidios que distribuía el organismo. El trámite se hizo velozmente y quedó plasmado en la Resolución 3257, que le asignó la matrícula 98857-9. No hubo ningún tipo de reparos, porque Echegaray era todavía presidente de ese organismo.Además de ser habilitada como feed lot, Hacienda Argentina SA logró obtener de la ONCCA dos matrículas adicionales. La primera la habilitaba como “exportador” y la segunda como “Matarife Abastecedor Bovino”. Matarifes son aquellos que tienen autorización oficial para faenar ganado propio en plantas de terceros. Esta última actividad estaba vedada para el conjunto de los operadores desde 2006, por una resolución de la Secretaría de Agricultura, debido a que la proliferación de matrículas hacía imposible un buen control de la ONCCA del sector frigorífico. Paro Hacienda Argentina SA logró una “excepción” en tiempo récord.Ante la ONCCA había que declarar un domicilio legal, donde recibir la correspondencia y, eventualmente, alguna inspección. La empresa de Espósito y Guerra declaró un departamento ubicado en Paraguay 3343, Piso 1 unidad 8. Esa dirección correspondía a una vivienda de dos ambientes, ubicada en las fronteras entre Palermo y Barrio Norte, que el matrimonio Echegaray había adquirido meses antes, en septiembre de 2008, según consta en la declaración jurada que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción un año después. Allí no funcionaba ningún feed lot, pero no importaba. La línea telefónica estaba a nombre de Karina Oviedo, la mujer de Echegaray. Y las cartas dirigidas a Hacienda Argentina SA eran retenidas cuidadosamente por el portero del edificio, que las guardaba y se las entregaba a la mujer cuando ésta, una vez al mes, pasaba por allí para cobrar el alquiler a los inquilinos del departamento.

Para tener un feed lot a fines de 2008 lo más conveniente era habilitar una cuenta bancaria. Hacienda Argentina SA lo hizo ante el Banco Nación. Los resúmenes con los movimientos de esa cuenta eran enviados al departamento adquirido por Echegaray. El portero los guardaba y se los entregaba todos los meses a Karina Oviedo.Pero para tener un feed lot, ya se dijo, básicamente era necesario contar con un campo, que en Palermo no abundaban. Había uno, sin embargo, en el kilómetro 664,5 de la ruta provincial 249, que une la localidad de Punta Alta con la ruta 3. El campo quedaba en un paraje conocido como Bajo Hondo, a escasos kilómetros del acceso norte a la localidad donde había nacido Echegaray. Lo alquilaba por entonces un hombre llamado Daniel Cicarelli, casado con una familiar directa de Karina Oviedo. Años antes, Cicarelli había tenido que dejar abruptamente Punta Alta luego de participar en un altercado que dejó como saldo un hombre muerto. Ese campo arrendado serviría para empezar. Cicarelli estaba de vuelta, sabía de campos y sería un buen encargado. Mariana Guerra se ocuparía de la administración general. Fue ella, la presidenta de Hacienda Argentina SA, la que hacía los trámites ante la oficina local del SENASA. O a veces lo hacía María José, su secretaria.Hacienda Argentina SA comenzó a construir los corrales a principios de 2009 y recién comenzó a operar en marzo de ese año, con todos los papeles en regla. Una constancia de ello es que en dicho mes se dio de alta como empleador ante la AFIP. Pero además, pese a que esa zona no es muy transitada, había otros productores en el paraje, que veían lo que pasaba. “Todo es medio raro con ese feed lot, nadie te cuenta con certeza. Algunos dicen que esa Mariana Guerra es una chica de Tandil que vendió unos hoteles y se vino para acá”, rumoreaba uno de ellos. “Guerra dice que compró con la venta de un coto de caza que tenía la familia en Córdoba. Y debe ser mucha plata, porque toda la maquinaria y comederos son 0Km”, añadía otro. Y otro más: “Había como veinte personas laburando, con inversiones demasiado grandes para esta zona. El feed lot tiene un camión nuevo con jaula; en silos hay unos 400.000 pesos, con todos nuevos. Hicieron una perforación con bombeador. En total tiene 14 corrales para hacienda, con 14 silos comederos para entre 250 y 400 animales. Y tienen 4 silos mas grandes, de 150/180 toneladas para almacenaje de maíz. Los fines de semana hicieron la calle de acceso al feed lot. Y más atrás hay una casa tapada por un monte, que fue refaccionada”, describió con precisión.Todos, absolutamente todos ellos, presumían que Echegaray estaba detrás del emprendimiento. La inversión era muy grande para aquella zona. Los hombres de campo la calcularon en al menos 3 o 4 millones de pesos. Algunas certezas sobre el campo surgieron tiempo después. El 8 de julio de 2009, Mariana Guerra, presidenta de Hacienda Argentina SA, firmó la escritura definitiva de compra del terreno donde se había levantado el feed lot. Desembolsó 250.000 pesos en efectivo por 81 hectáreas y no se preocupó mucho por averiguar a quién se las pagaba. El vendedor fue Italo Oscar Oberti, quien había comenzado a tener problemas con la Justicia un tiempo antes. En abril de 2009, la policía lo detuvo en la zona bancaria de Bahía Blanca y secuestró de su vehículo una pistola calibre 45, marca Star, con silenciador y la leyenda “Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Pero ese fue un hecho menor comparado con lo que vendría después. A mediados de 2010, el fiscal federal Sebastián Foglia pidió la detención de Oberti y otras 5 personas, entre ellas un integrante de la policía provincial, que integraban una asociación ilícita que, luego de tomar conocimiento de una sucesión en la zona, usurpaba las propiedades y creaban falsos poderes para apoderarse de campos y viviendas.

El campo adquirido por Hacienda Argentina SA no forma parte de ese expediente judicial. Oberti lo adquirió en buenos términos en 1988. Ya con el campo y las instalaciones hechas, para tener un feed lot hacían falta vacas. O mejor dicho terneros que engordar. Hacienda Argentina SA comenzó a todo trapo, con unos 4.000 animales bajo encierre, aunque unos meses después moderó su actividad y los redujo a algo más la mitad. Era, de todos modos, un movimiento importante. El alimento balanceado, en general, era comprado en el Molino Bajo Hondo. ¿Pero de dónde habían salido tantas vacas? Un productor de la zona brindaría una explicación: “Los movimientos de hacienda eran siempre raros. Lo que querían era empezar a hacer negocios rápido. Gente que le ha vendido me confesó que compraban hacienda totalmente en negro, con la plata atrás del camión. Es muy habitual”. Para mediados de 2009, Echegaray ya estaba a cargo de la AFIP y, en consecuencia, era el máximo responsable estatal de combatir ese tipo de negociados. Y fue desde adentro de la propia AFIP de donde surgió una versión más que preocupante: “Para los feedlots, le proveen hacienda una empresa cuyos titulares son una División de Fiscalización de AFIP. La División Fiscalización Nº 4 de la Dirección Regional Mar del Plata. La firma se llama AGROGANADERA DEL SUR SRL y su CUIT es 33708202199. Sus integrantes son el Jefe de la división, Manuel Javier Rodríguez; un supervisor, Daniel Emilio Rojo; y los inspectores Roberto Germán Cavo Lorenz, Ceferino Jesús Andersen y Diego Guillermo González. Todo ello con el aval del Director Regional AFIP Mar del Plata, Roberto Sixto Seara. El gerente de la firma es el ex supervisor Raúl Barassi. Funcionan en Necochea pero el domicilio fiscal está en la calle Alfonsina Storni de Mar del Plata. Son contribuyentes de la Agencia 1, que funciona en el mismo edificio donde está la Dirección Regional Mar del Plata. El stock al mes pasado era de aproximadamente 1.800 cabezas que se van enviando a los feedlots de Echegaray. Los contactos los consiguió el ex compañero de ellos y actual Director Nacional de Exportaciones, Sebastian Luis Durruty”, informó esa fuente.Es decir, según esta versión, que la AFIP no solo no controlaba la compra de hacienda en negro destinada a un establecimiento de engorde que podría estar vinculado con su titular. También podía suceder que fueran empleados del propio organismo quienes le proveyeran ese ganado, o al menos una parte, con el consentimiento de su director regional. Sonaba, al menos improbable. Pero el informante insistía: “La relación de negocios y amistad viene así. Echegaray estudió en Mar del Plata junto con el Dr. Camaño, que tiene cargo en AFIP. Camaño (cuyo sobrenombre es "El Cabe") es íntimo de Durruty, quien a su vez es íntimo de Mariano Raimondi (otro inspector que Echegaray se llevó a Buenos Aires con alto cargo). Este Raimondi fue integrante del equipo de Rodríguez, que junto a los otros inspectores ya tenían esa sociedad y hacían cría de ganado, engorde y venta. El ideólogo de eso fue el señor Roberto Seara, jefe de la Región Mar del Plata desde hace como 15 años”. Agroganadera del Sur SRL existía y, en efecto, sus socios fundadores son todos los empleados de la AFIP de Mar del Plata mencionados. Fue creada el 1 de noviembre de 2002 y fijó su domicilio en la calle Alfonsina Storni 5844 de Mar del Plata. Quien inscribió la empresa fue la contadora Liliana Beatriz Blanco, a la sazón esposa del supervisor Rojo. Ese mismo mes la firma declaró en la propia AFIP que su actividad principal sería la “12111” (cría de ganado bovino), mientras que como actividad secundaria actuaría en la “512129” (venta al por mayor de materias primas pecuarias, incluso animales vivos). Héctor Fernando Caamaño está desde hace un buen tiempo a cargo de la Subdirección General de Recursos Humanos de la AFIP y en efecto fue compañero de estudios de

Echegaray. Durruty, quien es mencionado como su amigo cercano, actualmente trabaja como director de Devoluciones a Exportadores. Y el agente Raimondi, en febrero de 2011, fue designado al frente de una jefatura en esa área. Fuera verdadera o falsa la versión de que fue esa firma la encargada de proveer hacienda al feed lot de Punta Alta, lo cierto es que ninguno de sus integrantes está en condiciones de participar del negocio ganadero, que ellos mismos debieran fiscalizar. Existía una evidente incompatibilidad. Pero las vacas estaban. El feed lot Hacienda Argentina SA, durante unos cuantos meses de 2009 y 2010, funcionó a pleno. Eso sí, si uno quiere montar un feed lot sustentable y que deje buen dinero, no debe limitarse a engordar a los animales. También hay que venderlos o, todavía mejor, sacrificarlos y directamente comercializar su carne y los subproductos. En este punto comenzó a ser clave una de las matriculas que la ONCCA le había asignado a la empresa, la de “matarife abastecedor”. Con este permiso Hacienda Argentina pudo faenar miles de cabezas en frigoríficos de Bahía Blanca, como Hilario Viñuela y Lawacaloc. Utilizando las instalaciones del primero, la firma desarrolló su actividad hasta entrado 2011. Según una carta fechada el 17 de diciembre de 2010, dirigida a la ONCCA y firmada por Alfredo Viñuela, ese frigorífico fue el que liquidó los últimos lotes de vacunos engordados en el feed lot. En ese escrito Viñuela informaba “la aceptación como usuario de nuestro establecimiento, en carácter de matarife abastecedor, a la firma Hacienda Argentina SA”, y solicitaba permiso para proceder a la faena de unos 1.500 animales. El negocio estuvo bien pensado desde el principio y abarcó incluso la venta de la carne obtenida en ese frigorífico. A mitad de 2010, en rigor, se inauguró en Puerto Madryn una carnicería prácticamente homónima al feed lot: “Carnes de Hacienda Argentina”, decían los carteles. La había abierto Fabricio Martín Oviedo, de 39 años, hermano de Karina Oviedo, la esposa de Echegaray. El hombre trajinó duro desde mediados de 2009 entre varias carnicerías de esa ciudad y de Trelew en busca de compradores para grandes cargamentos de carne que traía del norte. Muchos le compraron porque fiaba y porque lo acompañaba el "turquito" Balut, viejo vecino de la colectividad árabe de Puerto Madryn. Las medias reses se bajaban "sin asado", porque venía de Bahía Blanca y por temor a la aftosa no se puede pasar cortes con hueso desde el norte de la Barrera Patagónica. Fabricio Oviedo se dedicó a la venta de carne en aquella región a partir de agosto de 2009, según consta en su inscripción ante la AFIP, el organismo que manejaba su cuñado. Pero algo falló en los ambiciosos planes de expansión de Hacienda Argentina SA, que incluso preveían participar de la exportación de carne. El 5 de noviembre de 2009, el diario Clarín informó que había indicios firmes para vincular a esa empresa con el ex jefe de la ONCCA. Echegaray lo desmintió de inmediato:

“Frente a la sospecha instalada por un periodista del diario Clarín desmiento categóricamente ser dueño, accionista, gerente, administrador y/o beneficiario del establecimiento agropecuario mencionado en la nota de hoy. No obstante, la justicia debe llevar adelante sus tareas naturales y, por lo tanto, aclaro que como funcionario, me encuentro a disposición de la misma las 24 horas del día, los 365 días del año. Por último, recuerdo que estuve al frente de la ONCCA, desde el 3 de abril hasta el 28 de diciembre del año pasado (2008) y a ese establecimiento NO se le otorgó ninguna compensación, como erróneamente se plantea como sospecha”.

En efecto, aquella denuncia periodística aseguraba que la ONCCA ya había aprobado subsidios por más casi 200.000 pesos para el feed lot de Punta Alta, aunque aclaraba que los mismos no habían sido desembolsados. Echegaray, para ese entonces, aparecía como sospechoso de varios otros casos de corrupción durante su paso por el organismo, y sus jefes políticos, Néstor y Cristina Kirchner, habían decidido quitarle el control político de la oficina que distribuía las millonarias compensaciones. En su lugar habían designado a otro santacruceño sumamente leal a ellos, el ex ministro de economía provincial Juan Manual Campillo. Este funcionario era cultor del perfil bajo. Pero todos sabían que en la interna kirchneristas era rival declarado del jefe de la AFIP e incluso aspiraba a sucederlo en ese cargo.Con el diario fresco entre sus manos, Campillo solicitó a un empleado de la ONCCA el expediente correspondiente a Hacienda Argentina SA. Al rato, obtuvo una respuesta que no lo sorprendió: como ya había pasado en otros casos investigados, esa carpeta había desaparecido. Ordenó que de inmediato comenzara su reconstrucción. Suponía que muy pronto iban a requerirle los datos desde la justicia o la Oficina Anticorrupción. Y cuando esto finalmente sucedió, entregó la documentación. "Objetivamente se han establecido algunos puntos de contacto entre la sociedad Hacienda Argentina, beneficiaria de compensaciones por parte de la ONCCA, con la Sra. Oviedo, quien resulta ser cónyuge del Dr. Ricardo Echegaray, quien antes de ser Director General de la AFIP, estuvo a cargo del organismo", señaló unos meses después la Oficina Anticorrupción, en un escrito que debió elevar a la justicia. Ese dictamen fue firmado por dos investigadores de la OA, Antonela Ghezzi y Juan Carlos Dure, que luego fueron degradados de sus puestos. Antes, llegaron a determinar también que, en base a los datos aportados por la propia ONCCA, "efectivamente se otorgaron a la sociedad Hacienda Argentina SA compensaciones por un total de $1.258.254,87". No eran los 200.000 pesos de los que había dado cuenta Clarín. Era esa suma multiplicada por seis veces. Por la difusión pública del caso, el feed lot ligado a Echegaray jamás pudo cobrar ese dinero, que correspondía a liquidaciones correspondientes a la actividad de engorde de bovinos desplegada entre febrero (antes del inicio real de su actividad) y agosto de 2009. En los primeros meses de 2011, el establecimiento de Punta Alta quedó vacío de vacas. Porque algo debía tener claro quien quisiera montar un feed lot entre 2008 y 2009: el negocio no era viable si no se recibía la ayuda de la ONCCA. El organismo decidió dejar de repartir esos subsidios recién en marzo de 2010, luego de que fracasaran los controles de precios aplicados por Guillermo Moreno y, debido a un severo faltante de oferta ganadera, los precios de la carne al consumidor subieran en unos pocos meses más del 100%.En algún momento, los verdaderos dueños de Hacienda Argentina SA debieron haber reflexionado acerca de los motivos que los llevaron a elegir un negocio tan complicado para canalizar su dinero. Se habrán preguntado si no hubiera sido mejor poner un negocio de ropa o invertir en turismo, una veta siempre atractiva para muchos funcionarios, empezando por el matrimonio presidencial y el hotel de su propiedad en El Calafate. Marcelo Utje, ex coordinador general de la ONCCA, que llegó a ese organismo durante la gestión de Echegaray, tuvo esa practicidad. Mientras los socios y amigos de su jefe se enlodaban en el difícil rubro ganadero, él habría decidido comprar al menos una parte del Hotel Spa “Amapola”, ubicado en la calle Niza 424, muy cerca de la playa, en Ostende, balneario próximo a Pinamar. Utje, que luego de la etapa en la ONCCA regresó a su cargo en la AFIP, también estuvo preguntando por un campo de Chivilcoy, valuado en 1 millón de dólares.

Capítulo 32 – Abogados

Ricardo Echegaray nunca le dio demasiada importante al currículum vitae de sus principales colaboradores. Junto a él, no es necesario mostrar ni diplomas ni méritos académicos, y mucho menos dar muestras de coherencia o respeto hacia las reglas de la administración pública. El alineamiento es hacia él y hacia el Gobierno, no hacia el Estado. Sus hombres, en rigor, siempre han sido parecidos a él, casi calcados. El abogado Rafael Resnick Brenner, por Disposición 596 del 14 de diciembre de 2009, fue nombrado por Echegaray como el jefe de asesores de la AFIP y durante largo rato fue su mano derecha, en tiempos que la influyente figura de Fernando Villaverde, el falso abogado marplatense debió ser enviado a cuarteles de invierno. Resnick Brenner, apenas un año mayor que Echegaray, había comenzado a trabajar en la AFIP unos seis meses antes. Para poder facturar, en marzo de 2009, se inscribió como monotributista de la Categoría B, es decir declaró ingresos brutos por hasta 24.000 pesos anuales. En ese entonces, por cierto, debía andar mal de plata porque registraba una fuerte mora en el impuesto inmobiliario por su casa de Pilar. ARBA, la agencia recaudadora bonaerense, le reclamaba más de 16.000 pesos y lo había colocado en la categoría 6, como “incobrable”. Pero Resnick Brenner pasó luego a ser empleado en relación de dependencia de la AFIP y mal no debía ganar. Pudo pasar a revistar en categoría 5 frente a ARBA y además logró cancelar una serie de embargos judiciales que pesaban sobre él. Tres de ellos habían sido iniciados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y sumaban casi 35.000 pesos, sin intereses. El cuarto embargo correspondía a una demanda motorizada por la propia AFIP en agosto de 2007. Era por una deuda de 3.657 pesos de capital más 548,67 pesos por intereses. El abogado pudo honrarla recién el 17 de septiembre de 2009. Ya dentro de la AFIP, el abogado limpió su legajo. Ya para ese entonces el asesor de Echegaray sabía bastante de deudas, aprietes y moratorias. En septiembre de 2007, integraba una entidad denominada Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar de la República Argentina (Adevifra), cuyo presidente era Ricardo Feidheim. Y en su carácter de letrado patrocinante, no había dudado en iniciar más de una demanda en contra del Estado, ese que luego –jugoso salario mediante- le ayudó a honrar sus deudas.Concretamente, Riesnick Brenner presentó una demanda penal por "malversación de fondos" contra la ex presidenta del Banco Nación y ex ministra de Economía, Felisa Miceli, en una causa que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. También accionó contra los administradores del fondo fiduciario creado por el Gobierno para salvar de los remates hipotecarios a las familias que no pudieron pagar sus cuotas después de la devaluación y pesificación asimétrica de ese tipo de deudas. En 2007, ese fondo tenía registrados más de 9.000 deudores en mora que corrían riesgo de remate. Y a pesar de haber reunido casi 150 millones de pesos, no lograba poner fin a las ejecuciones impulsadas por los bancos. "Se produjo una estafa porque el dinero del fideicomiso se usó para otra cosa", decía por entonces el letrado de Adevifra, que promovía la industria del juicio: recomendaba a la gente que padecía ese problema llegar con sus reclamos hasta la Corte Suprema. Tiempo más tarde, explicaba que si bien la ley 26.313 estaba bien orientada, la reglamentación del Ministerio de Economía había alterado las condiciones fijadas por los legisladores. En su ofensiva contra Miceli, Resnick Brenner cargaba las tintas contra el Banco Hipotecario. La ministra que perdió el puesto luego de que se descubriera una bolsa de dinero en el baño de su despacho tenía una excelente relación con la entidad financiera

privatizada. Brenner Riesnick metía adrede el dedo en esa llaga que lastimaba al kirchnerismo. Denunciaba que dos hermanos de la ministra, Horacio y Adriana Miceli, mantenían sospechosos vínculos con en esa entidad. Recién en marzo de 2009 hubo una fumata por el tema de los créditos hipotecarios impagos. En una reunión entre Adevifra con el secretario de Finanzas del ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, se acordó que la entidad presentaría un nuevo proyecto de reglamentación de la ley. Fue cuando el abogado cayó en gracia de Echegaray, que lo nombró su asistente en la AFIP.Sus muestras de fidelidad, en lo sucesivo, fueron impactantes. Por un lado, y cobrando un salario oficial, Riesnick Brenner fue el letrado patrocinante de Echegaray en un amague de juicio que el funcionario inició, en junio de 2010, contra el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías; el ex gobernador bonaerense Felipe Solá; y el periodista que escribe este libro. A los dos primeros Echegaray les achacaba haber sido injuriantes contra su persona, y les reclamó una indemnización de más de 300.000 pesos. Al periodista lo acusó de “montar una campaña de desprestigio” en su contra. Luego de una conciliación que no prosperó, Echegaray quedó habilitado para iniciar ese juicio. Pero no lo hizo. Pero la mayor muestra de obsecuencia Riesnick Brenner la dio el 20 de enero de 2010. Respondió públicamente al empresario Martín Varsavsky, quien se había quejado en una carta de un pedido de sobornos que había recibido en 2006 para sacar mercadería de la Aduana. “Me dirijo a Ud., en mi carácter de Jefe de Asesores y por indicación del señor administrador Federal de Ingresos Públicos”, comenzó Brenner su respuesta. En 2006, Echegaray había sido titular de la Aduana. “Desde ya niego los graves hechos traídos hoy a colación”, prosiguió el abogado, para luego solicitar a Varsavsky “que ratifique o rectifique los hechos referidos”. Mucho más sorprendente resultó ser la designación de otro importante asesor de Echegaray: el Capitán de Corbeta Sergio Vargas, un viejo camarada suyo en tiempos de la Armada. Y es que en este caso el CV de Vargas había aparecido varias veces en el diario oficialista Página/12, aun desde tiempo antes que gobernara el kirchnerismo. El primero en identificar al marino abogado como “enlace” entre la Armada y la justicia fue el periodista Horacio Verbitsky en 1999. Casi una década después, en marzo de 2008, ese mismo diario denunció que Vargas seguía prestando servicios en el Edificio Libertad, como parte de un “grupo de contención” que servía a los marinos juzgados por crímenes durante la dictadura. Por esa razón, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, había ordenado su desplazamiento en 2008.Vargas revista como trabajador estable de la AFIP desde mediados de 2010. Y según varias fuentes, allí trabajó codo a codo junto a Echegaray en varios temas sensibles de la administración tributaria. Prueba de ello son las sucesivas actas del Foro Aduanero de lucha contra el Fraude Marcario, donde Vargas aparece directamente como interlocutor de la AFIP en esos asuntos de la piratería de marcas. Si ya resultaba grave que la AFIP requiera los servicios de alguien que fue expulsado de la Armada por haber colaborado con los marinos acusados de delitos de lesa humanidad, no menos grave era la situación de Vargas cuando Echegaray decidió contratarlo. El letrado conducía un estudio jurídico que ofrecía entre empresas sus servicios para el combate de la piratería. “Confidencialmente, y por intermedio de nuestro Departamento Operaciones, brindamos a nuestros clientes servicios de investigaciones especializadas que permiten proteger sus derechos de propiedad intelectual”, informaba la página web del Estudio Vargas & Carli, cuyas oficinas están ubicadas en Lavalle 416.

En su rol de abogado especializado en la falsificación de marcas, en 2009 Vargas integró además la Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería, donde convivía con varias empresas afectadas, como Louis Vuitton, La Martina, Lacoste y las dos grandes fabricantes de cigarrillos. Fue en ese entonces que comenzó a participar como observador del foro específico creado en la Aduana. Luego, por orden de Echegaray, comenzó a conducirlo. La relación de Vargas con la Marina era innegable. Tanto que su nombre y su DNI figuraron en el decreto 602 del 13 de mayo de 2004, que firmó el ex presidente Néstor Kirchner como jefe del Estado Mayor Conjunto, habilitando una gran cantidad de promociones en la Armada. Entre los beneficiados estaba el actual asesor de la AFIP. Era Capitán de Corbeta y revistaba en el “Escalafón Auditoría”.En marzo de 2008, Página/12 expuso su tarea al denunciar la existencia en la Armada, bajo el paraguas de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, de un grupo de oficiales “abocados al Grupo de Contención de camaradas acusados por delitos de lesa humanidad”. La confirmación sobre la existencia de ese grupo había sugido de la declaración del capitán de Navío Juan Martín Poggi en el juicio por la masacre de Trelew. Tras la caída de la Ley de Obediencia Debida, Poggi reconoció que conversaba con los acusados sobre la reapertura de las causas. Vargas trabajaba con él. La ministra Garré pidió la cabeza de ambos.En 1999, Verbitsky ya lo había mostrado trabajando al lado del capitán Pedro Florido, identificado por el sobreviviente Víctor Basterra como quien lo obligó a falsificar pasaportes en la ESMA.Más recientemente, en noviembre de 2009, Vargas también fue señalado por el capitán Emir Sisul Hess, el primer piloto naval procesado por confesar su actuación en los llamados “vuelos de la muerte”. Hess señaló que cuando se inició esa causa, en 2002, fue a pedir socorro a la Armada, Y reveló: “A la semana se presentó en mi domicilio, en Bariloche, el teniente auditor Sergio Vargas, que ahora tiene el estudio Vargas-Carli”. No se sabe si habrá sido por consejo de alguno de estos abogados asesores que Echegaray decidió librar una dura batalla para tener un mayor control sobre el Tribunal Fiscal de la Nación, un organismo que depende del Ministerio de Economía, pero que –como la malograda ONCCA-, tiene aprobada su “autarquía”. El Tribunal Fiscal es la última instancia de que disponen los contribuyentes de discutir las decisiones que la AFIP toma sobre ellos, ya sea en asuntos impositivos o aduaneros. En los hechos funciona como si se tratara de un fuero judicial: luego de fracasar en sus reclamos administrativos ante la AFIP, las empresas o particulares pueden recurrir al tribunal, y se realiza un sorteo para definir qué vocal será el encargado de juzgar cada caso. En Octubre de 2010, la Dra. Mónica Beatriz Chapela, secretaria letrada de la Vocalía 16, pero a la vez integrante de la junta interna de Delegados de ATE, recordaba que el Tribunal Fiscal había cumplido 50 años con “gran reconocimiento” de todos los sectores ligados al derecho tributario impositivo y aduanero, no solo por su tarea cotidiana sino por “la riqueza de la doctrina sentada en los temas sometidos a su jurisdicción”. “Este reconocimiento lo ha convertido en la vía recursiva más elegida por los contribuyentes a la hora de plantear sus discrepancias con la AFIP”, apuntaba con léxico leguleyo la sindicalista abogada. Y lamentaba, ya cien por ciento gremialista, que la acumulación de trabajo no se haya visto compensada con la contratación de más gente para llevarlo a cabo ni la instalación del tribunal en el lugar apropiado. El organismo ocupa un piso del edificio de la Secretaría de Industria en Diagonal Sur. Y encima lo comparte con una dependencia de la Subsecretaría Pyme. La última resolución ampliando la estructura había sido tomada por Decisión Administrativa 443, pero de

1996. “En esas condiciones, una estructura de personal que data de 1978, convierte en ineficiente cualquier esfuerzo que se haga por prestar un adecuado servicio de justicia”, advertía Chapela. En 2010, el Tribunal Fiscal tenía 7 de sus 21 vocalías vacantes, ya sea porque sus titulares se habían jubilado o habían buscado mejor destino. Tres de esas vocalías debían ocuparse de conflictos impositivos. Las cuatro restantes de cuestiones aduaneras. Sobre estos puestos vacantes decidió dar el zarpazo el kirchnerismo. La idea, queda claro, fue colocar allí a abogados amigos. En el Tribunal Fiscal suelen dirimirse juicios por sumas millonarias, ya sea a favor o en contra del Estado. Retrocedamos un año: cuando Echegaray asumió en la AFIP descabezó a toda la línea de funcionarios de carrera y colocó a gente de su confianza, o de confianza de otros sectores del partido de gobierno. El mejor ejemplo es el del actual director de la DGI, Angel Toninelli, vecino del ministro de Planificación, Julio De Vido, en el country Tortuguitas. Pese a tener más de 70 años, Toninelli asumió en la DGI en agosto de 2008, luego de que Horacio Castagnola fuera desplazado por dar su aval a las investigaciones que en la regional Comodoro Rivadavia se habían iniciado contra varias empresas de la Patagonia. Entre esas firmas figuraba Gotti SA, la constructora de Lázaro Báez. En ese y otros casos, la AFIP había detectado que utilizaban facturas truchas, o bien para eludir impuestos o bien para causas mucho peores.Volvamos a retroceder. Cuando Echegaray desembarcó en la AFIP nombró a su amigo de Mar del Plata, el abogado Pablo Aguilera, como subdirector general de Asuntos Jurídicos. Y éste a su vez le sugirió designar al contador Luis María Capellano, el ex delegado de la ONCCA en la agencia de Salto, en un alto cargo. Capellano primero fue subdirector general de Planificación de la AFIP, pero rápidamente pasó a desempeñarse como flamante subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. De esa área dependen tres direcciones nacionales: Impuestos, Promoción Industrial y Análisis Fiscal. Pero desde allí también se ejerce la administración del Tribunal Fiscal. El 17 de noviembre de 2010, el Ministerio de Economía publicó el llamado a concurso para cubrir los siete cargos vacantes en las vocalías de ese Tribunal. Por Resolución 342 se conformó la comisión de evaluación de los candidatos. La integrarían el mismo Capellano, como presidente; el subsecretario técnico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi; y la directora de Dictámenes de la Procuración del Tesoro, Leticia Sierra Lobos. No se invitó a participar de esa selección, como era costumbre hasta entonces, ni al presidente del Tribunal Fiscal, Ignacio Buitrago, ni a representantes de las asociaciones de abogados especializados en impuestos. Durante diciembre de 2010 se produjo la inscripción de los postulantes. Se anotaron más de cien abogados tanto del ámbito público como del sector privado. Pero sorpresivamente, sin aviso previo, se citó arbitrariamente a 23 de los más de cien inscriptos. Solo ellos, una cuarta parta del total, tendrían una entrevista con los miembros del jurado. “Tal proceder no se había realizado en ningún concurso anterior. Varios postulantes con importantes antecedentes fueron excluidos de la entrevista”, denunciaron los heridos por aquella decisión, que se adoptó a través del expediente S01:0308557/2010 del Ministerio de Economía. Finalmente, el decreto 391 del 7 de abril de 2011, firmado por Cristina Kirchner, sorprendió a todos. Hasta ese momento no se habían publicado ni las ternas ni las pautas que la Comisión Evaluadora iba a tener en consideración, pero aún así el Gobierno definía a los ganadores del pretendido concurso público. Esta es la descripción de los ganadores que hicieron los abogados que ni siquiera tuvieron chance de competir:

“1) Armando Magallón: amigo de negocios de Capellano desde sus épocas de estudiante en la Universidad Austral. Es socio del estudio de Ricardo Chicolino, que había sido contratado como asesor de Capellano. Antes de la inscripción en el concurso, Magallón se jactó ante sus conocidos, manifestando que quienes iban a resolver el concurso eran ‘los empresarios del sur’. 2) José Luis Pérez: Abogado premiado por vender información a Toninelli y Capellano. Su único antecedente es ser secretario letrado interino del Tribunal. 3) Edith Gómez: es la esposa de Pérez, secretaria letrada del Tribunal. Al igual que su marido no tienen antecedentes docentes ni publicaciones. 4) Claudia Sarquis: fue funcionaria de Aduana donde estaba ligada a Echegaray. Le hicieron un sumario por no poder justificar 1.000.000 de dólares en su cuenta sueldo. Alegó que eran de la heladería de su marido. Ahora se desempeña como asesora de De Vido. 5) Horacio Joaquín Segura: en los concursos del Consejo de la Magistratura en que se presentó no se animó a concurrir al examen de oposición para ser juez. 6) Christian González Palazzo: fan de El Calafate. Su suegro, Alejandro Ruiz Laprida, amigo de Aníbal Fernández y representante argentino de la agencia Smith-Brandon de espías, lo ubicó como auditor en Télam. Sin antecedentes en la materia. 7) Pablo Garbarino: colaborador del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni. Sin ningún conocimiento de la materia aduanera”. De inmediato Buitrago, el presidente del Tribunal Fiscal, se comunicó con Capellano para advertirle que "no les tomaría juramento" a esos siete vocales designados.Martín Kanenguiser, periodista de La Nación, informó sobre el escándalo que se estaba gestando. Señaló que Gobierno había designado a esos siete vocales “sin respetar las condiciones de los concursos técnicos y ante la oposición de las autoridades de este organismo”. También consultó a Agustín Torres, ex integrante del organismo fiscal que se había jubilado poco tiempo antes luego de pasar allí varias décadas. "Salvo a Gómez y a Pérez, que trabajan hace mucho tiempo en el Tribunal, no conozco a los demás", sentenció el experimentado abogado. Echegaray también fue consultado sobre aquella situación: "No participé en el proceso de designación del Tribunal Fiscal, no es un tema de nuestra competencia y no conozco a ninguno de los designados, salvo a Claudia Sarquis, que ha sido empleada de la AFIP", reconoció. Capellano, en tanto, se refugió tras la única y breve explicación que dieron los voceros de Economía. Dijeron únicamente que el concurso "se hizo de acuerdo con las normas correspondientes".Buitrago cumplió con su palabra y se negó a tomarles juramento a los seleccionados. Y la comunidad tributarista le daba la razón. La reconocida experta Flavia Melzi declaró sin pelos en la lengua que los nombramientos fueron "arbitrarios, porque no se respetaron los antecedentes técnicos" de casi un centenar de postulantes. "Los designaron a dedo y la decisión es la muerte del tribunal", sentenció. Otro de los afectados, Daniel Zolezzi, presentó un recurso de amparo. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo finalmente no habilitó su reclamo argumentando que ese abogado tenía 69 año y superaba el tope de edad para presentarse como candidato al tribunal. Zolezzi, indignado, declaró que su impugnación había sido descartada sin siquiera “darme vista de los antecedentes curriculares de todos los postulantes".El 8 de julio de 2011, Kanenguiser volvió a escribir sobre el asunto. Informó que, luego de varias apelaciones, el Gobierno había sofocado los últimos focos de resistencia y lograba que Buitrago, a regañadientes, aceptara los nombramientos de los vocales designados a dedo y sin un concurso transparente.

Recién cuando la victoria estuvo sellada, el secretario de Hacienda y jefe inmediato de Capellano, Juan Carlos Pezoa, defendió públicamente esos nombramientos. Y recordó que los vocales "tienen decisiones pendientes desde hace varios años por unos 8.000 millones de pesos".Un interrogante quedó flotando después de tan irregular proceso: si ni siquiera los abogados pueden oponer resistencia a este tipo de procedimientos, ¿qué quedará para el resto de los argentinos? Mientras tanto, el veterano titular de la DGI sigue manteniendo una aceitada relación con el ministro Julio De Vido. Angel Toninelli se inscribió en 1999 ante ese organismo y declaró como domicilio legal su estudio jurídico ubicado en Cerrito 520, piso 9, departamento G. Hoy esa oficina es ocupada por su hijo, Federico, abogado como él. Hace diez años, según las fuentes, el joven Toninelli consiguió un contrato en la Vocalía 6 del Tribunal Fiscal. Aseguran, los abogados, haber visto a gente salir de ese tribunal con carpetas y expedientes. Sostienen, los informantes, que es allí, en el despacho de la calle Cerrito, donde realmente se hace “justicia” tributaria.

Capítulo 33 - Cometas

Miguel Cobián había manejado el área de Logística de la AFIP años atrás, pero luego de varias denuncias el ex titular del organismo, Alberto Abad, decidió removerlo del cargo y designó en su reemplazo a otro agente llamado José Suárez. Ese interregno, sin embargo, duró poco. Cobián encontró refugio en la Aduana, junto a Ricardo Echegaray. Y regresó a la AFIP en 2009, siguiendo los pasos del kirchnerista. Debajo suyo, en la estratégica “Sección E”, que funciona en el quinto piso, colocó a Orlando Franco y Guillermo Espiñeira, sus brazos ejecutores. Gracias a ese trío de funcionarios suceden cosas inverosímiles dentro de la AFIP. Un buen ejemplo es lo que sucede con un grupo de 32 empleados que trabajan en un área crítica, pues no solo se desempeñan como recepcionistas y reciben a cada uno de los visitantes que ingresan a la sede central del organismo sino que además son operadores del sistema interno de monitoreo por video. Están allí a partir de una licitación realizada en 2008, que resultó adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas entre las firmas Westcorp y Autotrol. Pero cobran sus magros salarios y reciben órdenes desde la consultora Bayton Servicios Empresarios SA. Es decir, son empleados “tercerizados” de un empresa “tercerizada”.Entre las múltiples anomalías que padecen, estos trabajadores denunciaron que “a los efectos de ahorrar personal en el sector de operadores, que en un principio contaba con cuatro turnos, directamente se eliminó un turno y se les agregó a los operadores dos horas adicionales de trabajo”, que ni siquiera cobraron. El pliego de aquella licitación decía, claro, otra cosa. Pero Cobián y los suyos hacen la vista gorda. Mientras tanto, las licitaciones sospechosas se siguen sucediendo. Un caso es el del expediente 15093-45-2010, que circuló a gran velocidad por decenas de oficinas del organismo entre el 18 de agosto de 2010 y el 8 de febrero del año siguiente, sin que nadie pusiera objeciones. El documento decía: “Documento Secreto, no divulgar”. Y se refería a las obras necesarias para cumplir un capricho de Echegaray. Diego Garayzábal, el cordobés que lo seguía desde tiempos de la Aduana, convenció al funcionario de la necesidad de reformar la planta baja del edificio central de la AFIP, para montar allí un curioso “Observatorio”. En su segundo artículo, la Disposición 306, publicada en el Boletín Oficial del 23 de agosto de 2010, explica de que se trataba: “A través del Observatorio se implementarán diversas vías de comunicación en el edificio de la sede central de esta Administración Federal, sito de Hipólito Irigoyen 370. Entre las más importantes se incluirá una pantalla gigante, un sitio web, un conjunto de pantallas distribuidas y un auditorio preparado para presentaciones multimedia”. Luego, el artículo 3, aclaraba que toda esa infraestructura se utilizaría para difundir información de la propia AFIP, noticias de último momento, cotizaciones bursátiles, datos sobre el mercado de divisas, y hasta los precios de diferentes mercaderías, incluyendo los commodities agrícolas. “Se pretende destruir la planta baja del edificio central de la AFIP”, puso el grito en el cielo un empleado que recordaba bien que una remodelación en ese sector había sido inaugurada en febrero de 2006, menos de cuatro años antes, y con un costo de más de 6 millones de pesos. El profesional consideró que era absurdo montar allí “una réplica de los recintos de las Bolsas de Cereales y de Comercio, además de construir un nuevo auditorio” Y es que la AFIP ya poseía uno, con equipamiento moderno, en el subsuelo del edificio. La pretendida obra ideada por Garayzábal, por ese entonces subdirector general de Servicios al Contribuyente, obligaba a llevar a cabo obras importantes. Planeaba, por ejemplo, instalar dentro del Observatorio las oficinas del Laboratorio Aduanero de

Ensayo de Materiales (ITEM), un área dedicada a analizar todo tipo de productos importados. “No puede instalarse un laboratorio de ensayo de materiales en un lugar donde trabajan más de 2.500 personas, por el riesgo que ello configura”, apuntaba el profesional, al que nadie le llevó el apunte. Bajo el expediente 257.594/10, la AFIP decidió convocar a una licitación pública que llevó el número 115/10, y cuya única oferta fue abierta el 28 de enero de 2011. La empresa adjudicataria de las obras cobraría, por trabajar durante 24 meses en las reformas, la friolera de 4.992.000 pesos. Y eso sin contar con los gastos en material electrónico que luego demandará la puesta en marcha del Observatorio. Echegaray, cuando se empaca con algo, no se detiene hasta conseguirlo. La mejor prueba de ello es que antes de este monumental proyecto, ni bien desembarcó en la AFIP, se mandó construir un gimnasio exclusivo en el subsuelo, al que únicamente tenían acceso él y su director de Finanzas, el joven Conte. Cobián es el que se ocupa de darle todos esos gustos. Es quien diseña las licitaciones y también quien regula otros negocios para los cuales no se convoca a ningún tipo de concurso. Hace un tiempo, varios empleados de la AFIP vinculados a organizaciones sociales pensaron que una posibilidad para ayudar a sectores carenciados era donar la gran cantidad de papel y cartón que descarta el organismo todas las semanas. Pero cuando comenzaron a averiguar tropezaron con un negocio cerradito con moño: todos los viernes se retiran de la sede central de AFIP unos 3.000 kilos de esos desechos, que manos misteriosas venderían luego en galpones del conurbano. Dentro de las empresas que suelen ser adjudicatarias de licitaciones de la AFIP hay una especialmente sospechosa para los empleados. Se llama Factory Service SA y fue creada en 2002. Sus socios formales son el ingeniero Roberto Antonio Malinowski y el electricista Julio César Cáceres, nunca cambiaron. Su domicilio legal tampoco se modificó, es Uspallata 3218. La firma figura en el registro de Proveedores del Estado desde 2001, incluso antes de su creación. Pero nunca actualizó –como correspondería- sus declaraciones ni presentó los balances. Factory Service SA es regularmente contratada por la AFIP para ocuparse del mantenimiento y reparación de los equipos de aire acondicionado. También presta el mismo servicio en la vecina sede del Ministerio de Economía. En 2008, por ejemplo, ambos organismos le adjudicaron contrataciones directas por 331.824 pesos en el caso de la AFIP, y 15.600 pesos en el caso del Palacio de Hacienda. En mayo de 2009, ya con Cobián repuesto en su cargo por Echegaray, la AFIP volvió a librar dos órdenes de compra a favor de la empresa por 85.200 pesos y 73.720 pesos. Economía, por licitación privada 30/2009, también la contrató, aunque por la cifra mucho más módica de 20.256 pesos, IVA incluido.El 12 de noviembre de 2010, la AFIP convocó por primera vez a una licitación, la 49/2010, para tercerizar el “servicio de operación, mantenimiento preventivo y correctivo integral del sistema de aire acondicionado central y equipos individuales de esta Administración Federal”. La empresa adjudicataria resultó ser Factory Service SA, por 301.028 pesos. Economía, mientras tanto, seguía contratándola de manera directa pero por cifras mucho más mesuradas. Por el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de Alsina 470, le pagó 21.840 pesos. Y por licitación privada 15/2011, le otorgó otros 55.176 pesos por prestar el mismo servicio en los edificios de Paseo Colón 171 y 185.El 10 de marzo de 2011, mediante la licitación pública 29/2010, la AFIP volvió a adjudicarle otro jugoso contrato por 394.080 pesos. Pero mucho más llamativo resultó ser el desenlace de la Licitación Pública 68/2010 (Expediente N° 255.000/10), convocada el 9 de septiembre de 2010. La adjudicación de esos trabajos se conoció

varios meses después, el 9 de junio de 2011. Factory Service SA volvía a imponerse, pero esta vez el monto del contrato ascendería a la friolera de casi 3 millones de pesos. Cobián se apuró a firmar esa orden de compra, que fue exactamente por 2.869.992,40 pesos. Un mes antes, el 9 de mayo, había firmado otra orden semejante a favor de la misma firma, pero por modestos 148.560 pesos. Varias fuentes ligaron directamente a Cobián con la empresa dedicada a conservar el aire fresco dentro de la AFIP, que con apenas una decena de empleados a su cargo obtuvo una llamativa licitación de casi 3 millones de pesos. El vínculo entre el alto funcionario de Echegaray y esa sospechosa firma sería un plomero de algo más de 50 años, que la AFIP pasó a retiro hace ya algunos años, aunque sigue apareciendo por el edificio con frecuencia para, según dice, “saludar viejos amigos”. Víctor José Gallotta, de él se trata, continúa en realidad formando parte de la planta permanente de la AFIP. Y aunque su nombre no figura en ninguno de los papeles de Factory Service SA, sería uno de sus socios pirncipales. En diciembre de 2003, para ingresar a esa sociedad llegó a hipotecar dos departamentos que poseía en Capital Federal, uno en la calle Santiago del Estero y el otro sobre avenida Belgrano. Con este personaje, siempre según las fuentes, Cobián acordaría algunos pagos con sobreprecios o la realización de licitaciones que se repetirían en plazos y tareas. Dentro de la AFIP, según los testimonios, al director de Logística y a sus dos principales colaboradores los bautizaron “Halley y sus cometas”. No hace falta explicar demasiado. A Cobián le gusta volar alto.Quizás por eso, además, su esposa María Luisa Carbonell haya sido designada por Echegaray como Directora de Relaciones Internacionales de la AFIP.

Capítulo 34 – Esclavos

El 20 de julio de 2011, día del amigo, una muerte sacudió a la opinión pública. Ariel Domínguez, un joven de poco más de veinte años, salió de su trabajo puntual a las 16 y se dirigió a la parada del colectivo 33 ubicada en Paseo Colón y Humberto Primo, en San Telmo. Quería llegar rápido a su casa, pero una bala disparada por la policía se le cruzó en el camino, ingresó en su cabeza y lo mató. La versión oficial fue que el disparo había sido accidental: el cabo de la Federal, Ariel Mendoza, aseguró que el arma reglamentaria se le cayó, rebotó contra el asfalto y se disparó sola mientras perseguía a un grupo de muchachos que había robado una billetera.Si esa versión fuera cierta, Domínguez resultó víctima de la desidia de la policía. Si fuese falsa, sería todavía peor. En ambos casos, el joven habría sido víctima de un Estado que no cumple con sus funciones, que no vela por la vida de los argentinos. Cuando todavía estaba vivo, antes del balazo, el muchacho ya era una víctima de ese mismo Estado que después lo mató. Domínguez trabajaba en La Mantovana SA, una de las tantas empresas que prestan servicios para diversos organismos públicos. Por eso se dirigía a la parada de colectivos ubicada en Paseó Colón y Humberto Primo. A media cuadra de allí está ubicado el depósito central de la AFIP. Como empleado tercerizado de La Mantovana SA, Domínguez trabajaba allí dentro. El autor de este libro había estado en ese lugar unos pocos meses antes, convocado por un delegado de La Mantovana. “En la posibilidad de que su tiempo lo permita, me gustaría reunirme con usted y adjuntarle recibos de las empresas tercerizadas de dicho organismo y toda la información que usted considere necesaria, puesto que la situación laboral no es la mejor y, ante tal grado de corrupción, nos da vergüenza ajena llevar nuestro salario a los hogares”, le había escrito el sindicalista al periodista. Se encontraron en aquella misma esquina trágica y al rato estaban dentro del depósito estatal donde trabajaba Domínguez, sentados alrededor de una mesa ubicada dentro de una suerte de vestuario equipado con migitorios. Era su lugar de reunión habitual. Junto al delegado, rodeando al periodista, se sentaron varios trabajadores. Imposible saber si el joven asesinado estaba entre ellos. El 8 de marzo, el diario Clarín publicó el artículo que resultó ser hijo de aquella charla a escondidas. “‘Somos los trabajadores esclavos de la AFIP’, le dice a Clarín un hombre que pide se preserve su identidad. Trabaja para una de las empresas que prestan servicios de limpieza y maestranza dentro del organismo que conduce Ricardo Echegaray, quien últimamente hace gala pública de una gran preocupación por la precariedad laboral. El humilde empleado muestra su último recibo de sueldo: cobra menos de 2.000 pesos por mes, cuando el organismo desembolsa por sus servicios unos 7.000 pesos mensuales. El desvío de fondos públicos es evidente: el Estado destina a las empresas de personal tercerizado una suma que supera largamente lo que luego éstas le pagan a sus propios trabajadores (…) ‘Cumplimos tareas administrativas, de carga y descarga de camiones, manejamos máquinas... Es decir que realizamos las mismas tareas y más que los empleados de planta de la AFIP, sólo que por migajas del salario que ellos perciben’, explica otro de los tercerizados. Trabaja para la firma La Mantovana, a cargo del servicio de Movimiento de Bultos y Acarreos. Todos esos servicios, sin embargo, ingresan en el oscuro territorio del convenio colectivo de trabajo 74/99, que define las condiciones para personal de limpieza y maestranza (…) La mayoría de los servicios concesionados por AFIP los obtuvieron en los últimos años las empresas Linser y La Mantovana, aunque ahora también ingresó al ruedo Limpiolux. La Mantovana pertenece al empresario José Castelli; mientras que la cabeza de Linser es Luis Alberto Peluso,

amigo y ex funcionario del gobernador Daniel Scioli. Limpiolux, en tanto, es del hermano del anterior, Norberto Peluso. Estas tres firmas se las ingenian para quedar siempre en la recta final de las licitaciones (…) ‘Hace años que en la AFIP nos prometen que vamos a ser blanqueados, pero después no pasa nada. Nos molesta mucho la situación, porque nosotros cumplimos la tarea de cualquier empleado de la AFIP, pero ellos ganan 15.000 pesos y nosotros 1.500. Y si amagamos protestar, directamente nos cambian de sección”, describe un tercerizado.Durante todo aquel verano, la AFIP había machacado día por medio con comunicados de prensa que denunciaban la existencia de “trabajo esclavo” en el sector agropecuario. Los operativos de los sabuesos en el interior del país se sucedían como nunca antes, a pesar de que la competencia primaria respecto de ese tipo de controles correspondía al Ministerio de Trabajo. La existencia de trabajo informal en el medio rural, innegable y dolorosa por cierto, le venía como anillo al dedo a Echegaray. Le permitía acusar al sector agropecuario, su deporte favorito, además de reconstruir una imagen personal deteriorada por las múltiples denuncias de corrupción que existían en su contra. Persiguiendo el “trabajo esclavo”, Echegaray aparecía en público como un funcionario preocupado por las injusticias más crónicas de este país. La entrevista con los compañeros de Domínguez, los tercerizados de La Mantovana SA, permitió saber que la esclavitud no era patrimonio exclusivo del sector rural. Mostró que también había condiciones indignantes de trabajo dentro de la propia AFIP, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. “Hola. Participé de la reunión que tuvimos con vos referente al tema de los empleados de la Mantovana que trabajan en AFIP. Quería confirmarte algunos datos y nombres que tal vez puedan servirte para realizar la nota. La Mantovana de Servicios Generales SA tiene su domicilio en la calle Constitución 4268, Capital Federal. Su titular es el señor José Castelli. Pero es el director de Logistica de la AFIP, Miguel Cobián, junto a sus laderos Orlando Franco y Guillermo Espiñeira, quienes manejan al personal de La Mantova a su gusto y placer. Son los que deciden en que sector u oficina debemos prestar servicios, como así también deciden nuestros traslados, a otros sectores u oficinas. Te cuento que en la AFIP existe un departamento llamado Automotores, donde se reparan los vehículos que utilizan los ‘señores funcionarios’. Trabajan allí cuatro mecánicos, los cuatro son empleados de La Mantovana, y como te acreditamos en la reunión, perciben un salario de 1.864 pesos, al igual que todos nosotros. Como verás, cumplimos tareas administrativas, carga y descarga de camiones, manejamos máquinas. Es decir que, realizamos las mismas tareas y más que los empleados de planta de la AFIP, solo que por un 12% del salario que ellos perciben. ¿No es increíble todo esto? Mientras la AFIP muestra por televisión operativos realizados contra el trabajo esclavo, nos tiene a nosotros esclavizados dentro de la propia AFIP”. Así de crudo fue el relato de otro de los compañeros del joven Domínguez.Los mencionados Cobián, Franco y Espiñeira habían quedado en el ojo de la tormenta unos días antes, a fines de febrero. Fue cuando se conoció el resultado de la Licitación Pública 99/10, que había sido convocada en noviembre de 2010 y buscaba cubrir a través de una empresa tercerizada el servicio de limpieza en el edificio central del organismo. Ese servicio venía siendo prestado desde 1981 por una pequeña empresa, Ricardo Bilbao SA, que se presentó a la licitación junto a otros cuatro contendientes. Entre ellos figuraban dos de las firmas que habían sdio mencionadas por los tercerizados de la AFIP, Linser y Limpiolux, de los hermanos Peluso. Una resolución firmada por Echegaray, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, había asignado esa licitación a Limpiolux, que cotizó 15.196.000 pesos por hacer el trabajo durante un año. El jefe de la AFIP, en la misma norma, “desestimó” la oferta de

la empresa Ricardo Bilbao, que ofrecía seguir haciendo un trabajo que ya conocía, y por el cual no había grandes quejas, por la mitad del dinero: 7.546.242 pesos. El trámite de la licitación timoneada por Cobián había sido escandaloso desde el vamos, y Bilbao ya había presentado dos notas pidiendo la anulación de todo el proceso. En la primera de ellas, del 10 de noviembre, antes de la apertura de los sobres, advertía que el pliego de la licitación “está armado para grandes empresas”. En la segunda, del 20 de diciembre, alegó que era falaz el argumento del Comité de Evaluación para descalificarla del concurso. La AFIP descartó a Ricardo Bilbao porque no habría presentado certificados de servicios en otros ámbitos, aunque la empresa declaraba haberlos presentado. En todo caso, ese requisito no parecía suficiente como para dejarla fuera de una carrera que finalmente se definió entre dos empresas. Ambas manejadas por los Peluso.“Al descartar por esta cuestión arbitraria a la empresa se está proponiendo para la adjudicación a la empresa Limpiolux, que supera el precio estimado por la AFIP y tiene una diferencia sideral con nuestro precio: exactamente 100%. Es entonces que la AFIP se perjudica gravemente en 7.739.758 pesos”, advirtió Bilbao en su segunda impugnación, que fue desoída por Echegaray. Sin más remedio, la firma familiar impugnó todo el proceso y reclamó la apertura de un “sumario administrativo”. Luego el caso daría origen a una nueva denuncia penal contra Echegaray y sus colaboradores, que está a cargo del juez federal Sergio Torres. El final de este proceso fue muy triste, al menos para este periodista. A pesar de la evidencia respecto de que la AFIP estaba pagando el doble del dinero necesario por un servicio, el 31 de marzo los trabajadores de Ricardo Bilbao debían abandonar el edificio que habían limpiado durante muchísimos años, pues Cobián ya había firmado la millonaria orden de compra a favor de Limpiolux, que debía comenzar su faena al día siguiente. Sin embargo, un centenar de trabajadores de Bilbao permaneció largas horas en el hall central de ese organismo a la espera de un milagro. Como último recurso, la empresa impugnada con malas artes había presentado una medida cautelar ante el Juzgado 6 en lo Contencioso Administrativo. Los tercerizados de la limpieza cruzaron los dedos, lloraron, protestaron. Pero a última hora de aquel día la justicia rechazó el amparo y los condenó a dejar el edificio. Y al desempleo. El milagro se produjo esa misma noche, pero en otra punta de la ciudad, en el barrio de Nuñez. Durante la reunión de consorcio de un elegante edificio ubicado sobre la avenida Libertador, los propietarios decidían dar por finalizado el contrato con la empresa que les prestaba un pésimo servicio de limpieza en el lugar y buscaban otra para reemplazarla. Uno de los copropietarios de ese edificio, histórico presentador de chismes de la farándula en las pantallas de la televisión, contó a sus vecinos un caso que le había transmitido un amigo, un alto directivo de la AFIP. Esa misma noche se decidió requerir los servicios de la firma Ricardo Bilbao, que así pudo reubicar a muchos de los empleados que eran echados de la sede central de la AFIP. Y la empresa expulsada por el consorcio por el mal servicio que le prestaba no era otra que Limpiolux. Ante el registro de proveedores del Estado, la empresa ligada al empresario Norberto Peluso declaró una facturación de 85 millones de pesos en 2009, ya que además de realizar múltiples trabajos en el sector privado prestaba el servicio de limpieza en muchas dependencias oficiales, como el Ministerio de Economía, el de Agricultura, la Armada, el Ejército y la Agencia de Inversiones. Linser, atribuida a su hermano Luis Alberto Peluso, en ese mismo ejercicio facturó 92 millones. Según denunció la Coalición Cívica en 2008, esa firma llegó a ser investigada por la Oficina Anticorrupción en los noventa, por suculentos contratos que firmó con la ex ENTEL

durante la intervención de María Julia Alsogaray, y el PAMI en la gestión de Víctor Alderete.Las firmas de los Peluso generalmente presentan ofertas en paralelo. En la licitación 86/10, convocada por AFIP para contratar el servicio de limpieza para varias de sus delegaciones, el Comité de Evaluación de la AFIP volvió a descalificar a Bilbao y a otras PYMES del sector. Primera quedó Linser. Y segunda, Limpiolux. Las empresas del Clan Peluso forman parte, al igual que La Mantovana SA, a la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL). Cuando tuvo que justificar por qué razón su organismo pagaba 15 millones de pesos por el servicio de limpieza, en vez de los 7 millones que ofertaba Bilbao, Ricardo Echegaray hizo alusión a esa asociación. Dijo concretamente que Ricardo Bilbao fue descalificada porque presentó “un presupuesto muy inferior al promedio establecido por ADEL”, ya que cotizó a la AFIP unos 3.500 pesos mensuales por trabajador tercerizado cuando esa asociación -que no representa a todas las empresas del sector-, recomendaba ofertar en las licitaciones públicas un piso de 7.000 pesos mensuales por empleado. De allí las elevadas diferencias entre una oferta y la otra.La admisión de Echegaray dejó al descubierto uno de las irregularidades más palpables que se cometen en la contratación de empresas de limpieza por parte de diversos organismos del Estado. Reveló que la AFIP y muchos otros organismos pagan 7.000 pesos mensuales por trabajador a un selecto grupo de empresas privadas, mientras que los empleados de dichas firmas cobran un sueldo de bolsillo que apenas supera los 2.000 pesos. Descontados los aportes patronales, que llevan ese salario a unos 3.500 pesos, las diferencias que quedan en el camino y engordan los bolsillos de los empresarios resultan abismales. La situación cuenta con el inexplicable aval del Sindicato de Obreros de Maestranza, que es el que negocia con los empresarios de la ADEL la pobrísima escala salarial para los trabajadores tercerizados. Ese gremio, conducido desde hace mucho tiempo por Oscar Rojas, vive un tembladeral desde que en enero de 2011 apareció muerto en una zanja quien era su tesorero, Roberto Roger Rodríguez. Según sus allegados, este dirigente se oponía a un acuerdo salarial firmado entre Rojas y Peluso, el presidente de ADEL, que establecía un irrisorio aumento escalonado y no remunerativo de 500 pesos para los empleados del sector. El pacto también contenía un artículo sospechoso por el cual el gremio le condonaba a Limpiolux una deuda de 360.000 pesos con la obra social del sector. La oposición gremial a Rojas impugnó ese acuerdo y presentó una denuncia penal por connivencia dolosa entre Rojas y Peluso, que continúa en trámite. Desde hace años, el secretario general del gremio figura como empleado de la empresa del segundo de los Peluso, Linser. El 31 de marzo de 2011, mientras muchos empleados de la impugnada Ricardo Bilbao lloraban al enterarse que finalmente deberían dejar el edificio central de la AFIP, Cobián miraba la escena desde un pasillo, muy tranquilo. Desde esa posición le hizo gestos al hijo del dueño de la firma, Fernando Bilbao, para que se le aproximara. Cuando éste se acercó pensando que Cobián iba a ofrecerle alguna alternativa, el poderoso subdirector de Logística de la AFIP solo le dijo: “Te llamé para decirte que no tengo nada más que hablar con vos”.

Capítulo 35 – Piedras

El 15 de octubre de 2010, los abogados defensores de Ricardo Echegaray en la causa denominada “La Keka SRL y otros s/delito de acción pública” presentaron un extenso escrito cuyo objetivo era “ejercer mi derecho de defensa frente a imputaciones carentes de todo fundamento, falsas y maliciosas, realizadas con intenciones puramente descalificatorias y con una finalidad manifiestamente política”. El documento, firmado por el alto funcionario kirchnerista, se sumó al expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Tiempo atrás, el fiscal de esa causa, Pablo Cearras, había decidido “imputar” a Echegaray, Emilio Eyras y otra decena de ex funcionarios de la ONCCA. La estrategia de defensa que Echegaray expuso en ese largo escrito apuntaba a descalificar las denuncias que habían motivado su situación judicial. La causa a cargo de Martínez de Giorgi, ya por entonces, era un rejunte de varias denuncias penales presentadas a la justicia. El expediente llevaba el nombre de aquel primer feed lot falso destinado a desviar subsidios: “La Keka”. Pero reunía también el caso del changarín Benjamín Tapia (causa iniciada a partir de una denuncia de la propia ONCCA en Mar del Plata), el de Hacienda Argentina SA y el de Paseo Lagunas SA (ambos casos presentados a la justicia por el abogado Ricardo Monner Sanz, titular de la Asociación Civil Anticorrupción). Pero había habido otra denuncia más ante los juzgados federales de Comodoro Py. Fue la presentada en octubre de 2009 con la firma de doce diputados nacionales: Christian Gribaudo, Francisco José Ferro, Pedro Moroni, Gustavo Eduardo Serebrinsky, José Ameghino Arbo, María Virginia Linares, Juan Calos Morán, Eduardo Enrique Kenny, Enrique Luis Thomas, Victor Daniel Katz, Carlos Urlich y Susana Rosa García. Los legisladores representaban a prácticamente todos los bloques de la oposición en el Congreso: el PRO, el GEN, la UCR, el peronismo disidente y la Coalición Cívica. Curiosamente, la oposición al kirchnerismo hubiera estado representada por completo si a esa denuncia la hubieran apoyado además los representantes del partido de Fernando Pino Solanas y los del socialismo de Hermes Binner. Pero no lo hicieron. A instancia del macrista Gribaudo, en septiembre de 2009 este grupo de partidos políticos puso a funcionar una página web para recopilar denuncias de los productores agropecuarios y otros operadores del sector contra la ONCCA. Luego, analizó diversos casos y con el patrocinio del abogado José María Pirán se decidió a efectuar su propia denuncia judicial contra Echegaray y otros funcionarios que todavía seguían, o bien en la ONCCA o bien en la AFIP, trabajando para el Estado. La acusación de los legisladores fue por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilítico, cohecho, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. Aquella denuncia de los diputados aportó a la justicia un dato clave: la existencia de “una oficina paralela a la ONCCA en donde aparentemente tendrían computadoras conectadas con el sistema” de ese organismo, o lo que es decir un lugar desde donde se podía conocer la marcha de los diferentes expedientes tramitados en esa dependencia. “Se presume que la maniobra consistía en que los funcionarios contaban con la información de que se había otorgado una compensación y entre el dictamen de otorgamiento y la publicación contactaban al productor exigiéndole dinero a los fines de destrabar el trámite”, denunciaron los legisladores. Las coimas, según esa denuncia, “iban desde el 15 al 30%”. Aquella presentación ante la justicia brindó muchas más precisiones. Por caso, estableció que esa supuesta ONCCA Paralela funcionaba en la calle Piedras 519,

séptimo piso, departamento B, a pocas cuadras de la sede del organismo, en el barrio de San Telmo. Los diputados, además, mencionaron a algunos de los empleados de la ONCCA que trabajarían desde allí, como Luis Gentile, uno de los encargados de efectuar esos llamados. Varios meses después de aquella denuncia, el siempre atento Hugo Alconada Mon descubrió un detalle que publicó en La Nación del 8 de agosto de 2010. Una empresa llamada Orient Grain SRL había declarado la misma dirección de Piedras 519 que los diputados marcaron como sede de la ONCCA Paralela. La extraña firma había sido creada el 23 de abril de 2009 y como socias tenía a dos mujeres: Delfina Urbana Muñoz, de 71 años y con domicilio en Quilmes; y Jesica Elizabeth Olguín, de 24 años y de Guernica. La primera de ellas, jubilada, resultó ser la madre de Oscar Piovani, empleado de la ONCCA y uno de los que entraban y salían de esa oficina. "Yo he estado en esa oficina, pero era para un proyecto que nunca se llevó a cabo para temas agrícolas", afirmaría luego Piovani, un monotributista de 37 años que en aquella ocasión calificó las versiones sobre la ONCCA como una "mentira increíble".A las pocas horas, era el diario Clarín el que agregaba información sobre aquella misteriosa oficina. El título de ese informe fue: “ONCCA: armaron 10 empresas truchas para desviar subsidios”. Relataba que al menos una decena de firmas semejantes a Orient Grain SRL habían sido creadas en el primer semestre de 2009, y que algunas de ellas incluso habían declarado el departamento de San Telmo como domicilio legal. Pero la investigación periodística arrojó un dato más grave aún, pues establecía que para conformar la mayoría de esas firmas, al igual que como sucedió con los monotributistas del puerto de Mar del Plata, se había utilizado a gente muy humilde que vivía –o sobrevivía- en el partido de Banfield. Además de Orient Grain, en el Boletín Oficial se habían ido sucediendo la publicación de las actas de constitución de las empresas "Campo Seco", "Frutos y Campo", "Negocios TTT", "Campo y Negocios", "Gan X Primera", Agrogan RTG", "Cosechas Buenas", "Cereales y Business", "Good Work" y "Gold Jaucke". La inventiva para poner nombres de quienes crearon estas empresas truchas no era mucha, aunque sí temeraria. La última de ellas hacía referencia al Jauke, el sistema informático impuesto por Echegaray para la ONCCA y que presumiblemente se podía pinchar desde aquella oficina externa. Todas esas empresas fueron creadas entre mayo y julio de 2009. Las tres primeras habían declarado su domicilio en el departamento de la calle Piedras. Y en todas se repetían los nombres, en duplas, de los mismos socios fundadores. Era toda gente humilde de Banfield. El cuidacoches Rogelio Arredondo, por ejemplo, figuraba en cinco de las diez sociedades. Su sobrina, Paola, integraba igual cantidad de firmas. El remisero Hugo Perea aparecía en otras tantas. Y hasta un empleado de Edcadassa, Ricardo Esteban González, supuestamente había creado tres sociedades. Otra coincidencia era que quien certificó la creación de siete de esas diez sociedades había sido la escribana María de los Ángeles Masciocchi, quien por entonces acumulaba por lo menos media docena de causas abiertas en la justicia federal porteña por irregularidades en la certificación de documentos, y otros delitos. El nombre del abogado Héctor Armando Calabrese también se repetía en varias de esas firmas. Quien armó al menos cuatro de esas carpetas sospechosas era el contador Claudio Tayar, también domiciliado en Banfield. El profesional cometió un error casi infantil que permitió detectarlo: inscribió las firmas "Cosechas Buenas" y "Cereales y Business" en la calle Francisco Fernández de La Cruz 1190, Capital Federal, donde su tía atendía un negocio de ropa.

“Claudio Tayar Barrios es contador de la Universidad de Lomas de Zamora, al igual que (Emilio) Eyras y que (Marcelo) Utje, a quienes conoce, aunque no creo que sea importante en la estructura. Fue instructor del centro de capacitación del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora”, reveló un anónimo recibido a las pocas horas en la redacción de Clarín. Según la especie, tanto el presidente como el coordinador general de la ONCCA habían estado vinculados con aquel contador. Por cierto, antes de ser convocados por Echegaray, ambos trabajaban en un estudio contable en Lomas de Zamora. A los pocos días de aquella nueva denuncia periodística, un teléfono sonó en la redacción de Clarín. Atendió el autor de aquel artículo y también de este libro. Del otro lado, una mujer que dijo llamarse Elena Arredondo exigía a los gritos una retractación del diario, pues sus humildes viviendas de Banfield habían sido fotografiadas para ilustrar aquella noticia. En efecto, el diario había publicado las fotos de esas humildes viviendas de Banfield, pues las mismas habían sido declarados como domicilios legales de algunas de esas sociedades fantasma. Cuando el periodista pudo tranquilizar a la señora, acordaron que esa misma tarde la visitaría en su casa del sur del conurbano. Al día siguiente salía publicada la siguiente crónica: “La familia Arredondo tiene más miedo a que alguien dude de su honestidad que al influyente contador que vive a la vuelta de su casa, doblando una esquina de Banfield. Ese hombre, de algo más de 40 años, habita el único chalet de dos pisos de la cuadra, mientras los Arredondo se apretujan en una modesta casa. A ese hombre lo identifican: es Claudio Tayar. A los Arredondo cuesta reconocerlos: son tantos que confunden (…) Los Arredondo son gente que trabaja para sobrevivir. Rodolfo, que también vivía a la vuelta, no podría haber sido nunca dueño de tantas firmas pues hasta su muerte se ganaba la vida como "cuidacoches" en el centro de Banfield. En la casa de su ex esposa, Elena, la de la foto, también hay pruebas de que lo único que intenta hacer esta familia es ganar su sustento. En el patio estacionan el carrito para cartonear. Entre las pilas de cartón se refugian tres perros chuscos pero guardianes. Ladran ante la llegada de Clarín, custodian bien la poca riqueza de una familia pobre (…) Todos preguntan más o menos lo mismo a este cronista: "¿Cómo quedamos nosotros?" El mayor temor que tienen es que se los juzgue como culpables cuando han sido víctimas de un engaño. El miedo es a perder aquello que Pino Solanas bautizó una vez como ‘la dignidad de los nadies’. Describen el engaño del contador Tayar tanto Paola Arredondo como Hugo Perea (…) Rodolfo no podría hacerlo: según sus familiares, lo asesinó de un piedrazo en la cabeza el ‘paquero’ del barrio, un joven marginal que días antes le había robado también una bicicleta (…)Los Arredondo primero dudan en hablar. Tayar ha ido a ver a varios de ellos para decirles que no se les ocurra contar nada y que se queden tranquilos, porque ‘todo eso de la ONCCA es una cosa armada por Clarín por su pelea con los Kirchner’. Es Elena la que mueve el tablero para salvar el buen nombre de la familia (…) En todas esas firmas falsas hay al menos un integrante del clan Arredondo. Si fuesen empresas reales, con campos y vacunos, los Arredondo tendrían dinero, mucho dinero. Pero no. Son ricos en otra cosa”. Era de noche cuando el periodista y un fotógrafo de Clarín acompañaron a varios integrantes del clan Arredondo a doblar la esquina: ellos querían mostrarles el chalet de dos pisos donde vivía quien los había convencido de firmar unos papeles que después se convertirían en actas que permitieron fundar una decena de empresas fantasmas. Luego de señalarla, los Arrendondo aguardaron a prudente distancia. Cuando los trabajadores de Clarín se acercaron a la casa del contador de Banfield, un auto aceleró y frenó recién a pocos centímetros de ellos. "¡No quiero que saques fotos de mi casa!", gritó

amenazante un hombre corpulento que viajaba en el asiento del acompañante. Quien conducía el vehículo también bajó, pero se mantuvo en silencio y expectante. Era el contador Tayar. Los Arredondo luego lo delataron. Un par de ellos, los más jóvenes, habían recogido piedras para arrojárselas en caso de que fuese necesario. No hizo falta. Los periodistas se retiraron del lugar en calma y las piedras quedaron sobre el asfalto. Las denuncias en su contra, decía Echegaray en el escrito que presentó pocas semanas después ante el juzgado de Martínez de Giorgi, “están visiblemente enmarcadas en el conflicto público que el Gobierno al cual pertenezco mantiene con el denominado Grupo Clarín y constituyen una réplica al procedimiento fiscal que el organismo al cual represento en la actualidad (AFIP) llevó a cabo en la sede de dicho grupo, al punto de ser el medio gráfico Clarín el articulador de sectores de la oposición enfrentados con el actual gobierno, que utilizan al Poder Judicial como la continuación de una guerra por otros medios”. Medios más poderosos y arteros, se sobreentiende, que unas pocas piedras que aquella noche quedaron tiradas sobre el asfalto, en una calle perdida del conurbano

Capítulo 36 – La lógica

La lógica de Leonardo es implacable. Es joven, no tiene tanta experiencia, pero queda claro que ha sido alimentado a cucharadas de decencia y bocados de sentido común. Leonardo estudió economía en la Universidad de Buenos Aires, es contador público y se lo nota serio y esforzado. Su lógica es inapelable. Leonardo creyó en la universidad pública, la suya y la de todos. Por eso, mientras cursaba sus últimas materias, fue de los primeros en ofrecerse para ir a trabajar como pasante en la AFIP. Leonardo creía que allí aprendería, pero además sentía que podía ser útil. Su lógica le decía que debía creer en el mismo Estado que lo había educado. Leonardo y varios de sus compañeros firmaron un contrato de “asistencia técnica” con la Facultad de Ciencias Económicas, a la que debían facturarle como monotributistas. Cobraban unos 2.000 pesos mensuales y estaban obligados a trabajar ocho horas diarias como cualquier empleado de la AFIP. Escritorio de por medio, convivían con gente que ganaba diez veces más y no trabajaba tanto como ellos. Pero Leonardo confiaba que allí podría aprender y progresar ya que había sido designado en la División Presupuesto y Contabilidad. Riguroso y a la vez hábil con los números, Leonardo supo muy rápido que él y sus compañeros estaban siendo estafados por aquel Estado en que querían confiar. Estafados tanto por la AFIP como por su propia Universidad. Bastaba un poco de lógica para advertirlo. Por cada uno de los pasantes de Económicas, la Facultad cobraba 4.000 pesos mensuales de la AFIP, cuando en el convenio que ambos organismos habían firmado se autorizaba solo un 10% como gastos administrativos. Las cuentas no le cerraban a Leonardo. Ellos cobraban 2.000 pesos mensuales, pero la AFIP depositaba a la Facultad el doble de ese dinero y los gastos administrativos del sistema no podían superar los 400 pesos. Entonces, ¿quién se quedaba con el resto de sus sueldos? La lógica más extendida lo hubiese invitado a callar, a convivir con la situación hasta que un golpe de suerte o la decisión de algún funcionario resolvieran el problema. Pero la lógica de Leonardo es distinta: si algo estaba mal, podía ser corregido para beneficio de todos. Fue esa lógica la que lo llevó, junto a un par de compañeros, a iniciar un reclamo inusual, con un estilo y una manera a la que las burocracias estatales evidentemente no estaban acostumbradas. Todo comenzó en marzo de 2010. Leonardo hizo un sencillo ejercicio contable para demostrarles a las autoridades de la AFIP que el Estado se podía ahorrar bastante dinero si los contrataba directamente, sin la intermediación de la UBA. En la Actuación 10258-103, su jefa directa en el organismo, la directora de Presupuesto y Finanzas, Amelia Costa, confirmó esa tesis. Si la AFIP los blanqueaba en la categoría más baja de su escalafón, los jóvenes economistas podían mejorar sus ingresos mensuales hasta unos 3.600 pesos, casi el doble de lo que cobraban, y la AFIP se ahorraría hasta 20% del dinero que pagaba por ellos. La variable de ajuste sería una intermediación que, según la lógica de Leonardo, no merecería otro calificativo que “parasitaria”. A Leonardo y a sus amigos la ilusión les duró poco. El 23 de junio, desde el despacho del titular de la AFIP Ricardo Echegaray, se contestó a ese expediente con un seco “se devuelve lo actuado con la opinión negativa respecto de lo solicitado”. Ninguna explicación. La lógica, por contundente que fuera, podía ser avasallada. Fue entonces que los pasantes decidieron, el 15 de julio de 2010, apelar directamente a la presidenta Cristina Kirchner. “Depositamos en esta carta un llamado de auxilio y

socorro, confiamos en que no nos dejará a la deriva como lo hizo tanta otra gente”, le escribieron. Algún lugar sensible habrán tocado porque el 27 de agosto, nada menos que desde la Presidencia de la Nación, se ordenó al Ministerio de Economía y a la AFIP que vuelvan a considerar el pedido de los pasantes.Echegaray, se sabe, maneja lógicas muy distintas a la de Leonardo. Y ni bien se enteró de la osadía de los pasantes, pidió al área de Legales de la AFIP que revisara el convenio firmado años antes con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas. “No existe relación de dependencia laboral alguna entre el personal afectado y la AFIP”, fue la respuesta de los abogados del Estado.El 11 de febrero de 2011 Leonardo pisó por última vez el edificio de la AFIP. “No vengan más”, les dijeron a él y a los pocos compañeros que se animaron a seguir una lógica diferente. “No creímos ofender a nadie al reclamar por nuestros derechos. Y sin embargo, nos trataron como terroristas”, recuerda Leonardo.Cinco días después, Leonardo y sus amigos le volvieron a mandar una carta a la Presidenta. La lógica de Leonardo indicaba que si ella misma había intervenido en el asunto, pues también debía enterarse del triste final que había tenido. “Lamentamos tener que comunicarle que, a consecuencia de su pedido ante la AFIP de considerar la situación por nosotros planteada se generó un expediente interno en este organismo, resolviéndose en consecuencia despedirnos sin causa”, le informaron los chicos a Cristina en dicha carta. Luego confesaron: “Fue ciertamente penoso aguardar seis meses la resolución del Expediente Sigea 13289-22555-2010 para que determinaran simplemente echarnos y seguir practicando la misma modalidad de contratación precaria con el resto de nuestros colegas como si nada hubiese ocurrido”.A los pocos días de enviada aquella carta, la Presidenta y todos sus ministros firmaban el decreto que disolvía la ONCCA. La lógica del Gobierno, estaba claro, era diferente a la de Leonardo. En vez de detectar un problema y resolverlo para bien de todos, como proponía el joven, Cristina y todo su Gabinete decidían esconder al problema que ellos mismos habían generado. “Muerto el perro se acabó la rabia”, deben de haber pensado. Y el mismo funcionario que había mandado a echar a Leonardo de la AFIP simplemente porque no podía responder a su lógica implacable, ahora se sentiría protegido, a resguardo. Hasta el momento de su disolución, la ONCCA había firmado 4.332 resoluciones distribuyendo 10.580 millones de pesos en subsidios entre empresas del sector agroindustrial, que a partir del mecanismo puesto en marcha en 2007 se habían comprometido ante el secretario Guillermo Moreno a no subir los precios de sus productos. Sin embargo, todos los alimentos habían subido. Y mucho.Con 3.771 millones de pesos, el sector más beneficiado por las compensaciones oficiales había sido el de los molinos de trigo. La ONCCA los subsidiaba para que vendan barata la bolsa de pan a las panaderías, ya que así estas podían vender a 2,50 pesos el kilo de pan a la población. Durante años ese valor fue simplemente testimonial. Al finalizar este libro, en septiembre de 2011, el precio del kilo de pan al consumidor ya superaba los 10 pesos, cuatro veces más de lo que debería. La ONCCA ya no existía en los papeles, pero su presupuesto –unos 1.800 millones de pesos- había pasado a manos del funcionario que todavía prometía, enceguecido, que el pan podía conseguirse a 2,50 pesos. Moreno continuaba subsidiando a los molinos. La única diferencia era que las resoluciones de pago ya no se publicaban en el Boletín Oficial. No había manera de controlarlas.

De los 3.771 millones de pesos distribuidos por la ONCCA entre un total de 113 empresas, el 49% había sido destinado a apenas 10 molinos, los más grandes, los más amigos de Echegaray y de Moreno. Molinos Cañuelas, protagonista de un nuevo escándalo cuando la ONCCA dictó una resolución a su medida para subsidiarle también la harina cuatro ceros (que no se utiliza en panadería sino en repostería y especialidades que no debían ser subsidiadas), había recibido 11,79% de los recursos totales, unos 300 millones de pesos. Una cifra semejante percibieron los molinos pertenecientes a la multinacional cerealera Cargill, una de las más beneficiadas a su vez por la política de intervención en el mercado del trigo, a través de los permisos de exportación (ROE). Según varios estudios, desde la creación de los ROE e incluso desde antes, el sector exportador de granos y los molinos se vieron favorecidos por una multimillonaria transferencia de ingresos desde el sector primario, que algunos expertos calcularon en cerca de 3.000 millones de dólares. Impedidos de vender sus cosechas de trigo, y a veces también de maíz, por la existencia de ROE y cupos de mercado, los productores debieron resignar de 20 a 50 dólares por cada tonelada del cereal que entregaban al mercado. Esa plata se perdió en la cadena, pero nunca llegó a favorecer al consumidor ni a engrosar las cuentas del Estado. Alberto Ferrari Etcheberry, aquel que denunció el caso de las compensaciones retroactivas, lo definía bien como un “impuesto privatizado”. El tercer grupo molinero que más plata recibió del Estado, unos 134 millones de pesos, fue Andrés Lagomarsino e Hijos. Merece un párrafo aparte porque fue protagonista de un hecho muy singular, demostrativo del estado de cosas que se vivían en la AFIP y en la ONCCA. Uno de sus trabajadores, Jorge Marinucci, responsable durante casi dos décadas de la planta que la firma opera en Mar del Plata, denunció a mediados de 2010 ante la AFIP, la ONCCA y la justicia federal que la empresa le ordenaba adulterar el “caudalímetro” del molino (un artefacto obligatorio que controla cuánto trigo procesa cada planta) para luego poder comercializar gran parte de la harina directamente en el mercado negro. El hombre reveló que la maniobra se había repetido sin pausas desde 2003, pero fue desoído por las autoridades de control y los jueces. Así las cosas, la ONCCA siguió pagando los subsidios a una empresa denunciada como evasora. ¿Qué hubiese pasado si la lógica aplicada hubiera sido distinta? Pues, quizás, que con los 3.771 millones de pesos distribuidos entre los molinos se hubieran podido comprar 1.187 millones de kilos de pan, a los precios reales de mercado (unos 3,48 pesos en el bienio 2008/09). Y que esos casi 1.200 millones de kilos hubieran bastando para darle de comer pan gratis a casi 10 millones de personas durante al menos un par de años, tomando un exagerado nivel de consumo de 60 kilos anuales de pan por cada posible beneficiado. Con 2.195 millones de pesos repartidos en 961 resoluciones de pago, el segundo sector más favorecido por la ONCCA fue el de los feed lots. Allí se detectaron los principales casos de corrupción en la gestión de Ricardo Echegaray y Emilio Eyras. Y la razón es sencilla: a diferencia de los molinos o las avícolas, los corrales de engorde eran muchos y difíciles de controlar. En total se pagaron subsidios a 1.030 de estos establecimientos, pero los diez primeros concentraron 19% del total de ese dinero. Dentro de ese lote, el feed lot Sol de Septiembre SA, que pertenece a una familia de apellido Mengani, embolsó casi 66 millones de pesos. Finlar SA, de los hermanos del corredor de TC Oscar Rubén Larrauri, se hizo con 53 millones de pesos. Y la salteña Inversora Juramento, del titular del Banco Macro, Jorge Brito, logró casi 44 millones de pesos. Fue, esta última firma, la primera en cobrar todo lo que le adeudaba el Estado.

Hasta el matarife Alberto Samid, principal defensor de la política ganadera de los Kirchner, cobró más de 1 millón de pesos en subsidios de la ONCCA, el mismo organismo que lo había denunciado. Fue por las operaciones de su supuesto feed lot, que fue bautizado como "El sol y la luna".Durante el mismo lapso en que estos emprendimientos intensivos llenaban sus corrales de bovinos gracias a los subsidios oficiales, la ONCCA dejó librados a su suerte a casi 200.000 productores ganaderos tradicionales, que además en 2009 soportaron una de las peores sequías que se recuerden en la historia. Desde 2006, Moreno actuó deprimiendo el precio de la hacienda en pie, que tocó sus mínimos valores históricos. Todo para lograr que carniceros y supermercados vendieran su tan mentado asado de 10,50 pesos por kilo. Pero ese asado, en realidad, tuvo un precio promedio de casi 13 pesos por kilo durante el bienio 2008/09. Y su valor se disparó a partir de que la crisis ganadera que se hizo visible en diciembre de 2009. Ya se habían perdido 12 millones de cabezas de ganado y la escasez de oferta era visible. Por eso el precio del asado se disparó hasta promediar los 30 pesos en el primer semestre de 2011. Tres veces más de lo valía según Moreno.Si se hubiera aplicado una lógica distinta, quizás los resultados también hubieran sido diferentes. Con el dinero derrochado en compensaciones sospechadas de corrupción se hubiese podido repartir entre la población más pobre cerca de 174.350 toneladas de asado y hasta 89.413 toneladas de lomo. Y con ese volumen, prácticamente 3,5 millones de argentinos hubiesen podido comer 50 kilos de asado gratis durante todo un año. Podríamos seguir con las comparaciones hasta el cansancio, porque en total la ONCCA, se gastó en muy poco tiempo 10.580 millones de pesos para subsidiar a empresas privadas. Pero no obtuvo ningún resultado positivo para el conjunto de los argentinos.Con esa enorme suma de recursos públicos se hubieran podido pagar la Asignación Universal por Hijo de 220 pesos a 48 millones de personas durante un mes. Con ese dinero se podría haber atendido la urgencia vital de 4 millones de argentinos durante todo un año. Si se hubiera aplicado una lógica diferente esos 10.580 millones de pesos hubieran servido para que Leonardo, el joven contador egresado de la universidad pública, hubiese podido cobrar el sueldo que pretendía, unos 3.600 pesos mensuales, durante 244.907 años. Pero como resulta imposible, la plata que dilapidó la ONCCA bien podría haber sido utilizada para contratar en el Estado, por el lapso de diez años, a 244.907 personas como Leonardo. Con los valores de Leonardo. Pero Leonardo fue expulsado de las filas del Estado. Y con él se fue su lógica, la del bien común y la de la decencia.Echegaray, en cambio, sigue siendo uno de los funcionarios de mayor peso, una pieza clave del entramado de poder que montaron los Kirchner. El monje negro del kirchnerismo continúa aquí, entre nosotros. Y su lógica, la del desprecio al Estado, la de la prepotencia y la de la impunidad, es la que sigue mandando.