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FORO INTERNACIONAL DE ÉTICA PÚBLICA

Hacia una cultura de la Legalidad y la Integridad

Ética y Valores en la Cultura de la Legalidad y la Integridad

Jorge Yarce

Presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo-ILL, Director del Equipo de Consultores del Proyecto de Formación para la Cultura de la Legalidad y la

Integridad para Colombia (CLIC) y del Foro Internacional de Ética Pública

Bogotá, junio 27 de 2014

FORO INTERNACIONAL DE ÉTICA PÚBLICA – Bogotá, junio 2014 Ética y valores en la Cultura de la Legalidad y la Integridad – Jorge Yarce

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Ética y Valores en la Cultura de la Legalidad y la Integridad

Jorge Yarce

Resumen

Si examinamos el contexto ético social actual, nos encontramos con ideologías

que promueven conductas contrarias a la legalidad y la integridad: son tres

cánceres morales que erosionan la salud de la sociedad: consumismo,

individualismo y relativismo, en estrecha conexión con la violencia, la inequidad

y la corrupción.

Como una respuesta eficaz a ellos, se plantea una cultura centrada en la

dignidad fundamental de la persona, utilizando la legalidad y la integridad como

dos poderosos motores de la Ética Pública, y examinando su influjo en cuatro

ámbitos de vida fundamentales: la persona misma, la familia, la institución y la

comunidad.

Esta cultura ética promueve comportamientos observables, que sean

sostenibles para recobrar la confianza de la ciudadanía en las entidades

públicas y el Estado. Se hace realidad con una pedagogía social de la Ética y

los valores, no por imposición normativa, sino por convicción, para que

arraiguen efectivamente en las personas, en las organizaciones y en la

comunidad. Se han seleccionado 4 valores para fortalecer su vivencia:

trascendencia, respeto, confianza y solidaridad.


2

No es el vivir lo que ha de ser considerado lo más alto, sino el vivir bien; el vivir bien, el vivir honestamente y el vivir justamente son una misma cosa.

Sócrates (Platón, diálogo “Critón”)

I. Contexto social e ideologías éticas

Los servidores públicos son el primer objetivo de los corruptos en su ataque a

las instituciones con sus gigantescas maquinarias al servicio de la ilegalidad. E

igualmente, son los funcionarios de todos los niveles del Estado quienes deben

encabezar la batalla contra la corrupción, conscientes de que no es tarea suya

exclusiva, como no lo es solo del gobierno y de los demás poderes públicos. En

esta lucha está comprometida solidariamente toda la sociedad.

Los daños que produce la corrupción son inmensos y cuantificables. Las leyes

que castigan el delito tienen plena vigencia, pero también está claro que hace

falta una fortaleza moral en las personas y en las entidades para resistir esos

ataques y evitar los enormes perjuicios al bien común. Dentro de las entidades

públicas hay personas que ceden a la tentación de la corrupción, que justifican

su conducta por la desconfianza en las leyes o en la autoridad, o por

incoherencia entre la conducta personal y lo que demandan las normas y los

códigos éticos y los valores institucionales. Lo anterior lo constata para

Colombia el Informe “Marco Conceptual del Proyecto Cultura de la Legalidad y

la Integridad”, fruto del estudio realizado por la Universidad Javeriana (1).

A l mismo tiempo en el contexto social se percibe la presión de ideologías

muy poderosas que se han ido conformando y predominando en el ambiente.

Es lo que denominamos los tres cánceres morales que corroen el sistema

social: el consumismo, el individualismo y el relativismo.

El consumismo trata de igualarnos a todos, porque todos somos

consumidores, pero en realidad nos enfrenta unos a otros cuando la ambición

de tener se desborda y puede conducir a la violencia para lograr lo que no se

puede obtener de modo justo. El consumismo comporta lo que hemos

denominado el imperio de la triple P: plata, poder y placer (2).

La plata, el dinero, se convierte en valor supremo y objetivo primordial de los

individuos, a tal punto que la educación muchas veces se centra en formar para

obtener fundamentalmente un logro económico, en menoscabo de otro tipo de

bienes. El poder se utiliza para dominar a otros, no para servirles, sino para

servirse de ellos y para servirse del bien común, en lugar de servir al bien

común. Y el placer, en cuanto exaltación de los sentidos –hedonismo-, está


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relacionado con la plata y con el poder, porque configura un estilo de vida

materialista, que denota indiferencia hacia las realidades de orden espiritual,

tan ligadas a la naturaleza de la persona.

El individualismo centra todo en el yo y en los derechos y privilegios

individuales. El individualismo refuerza la dependencia materialista y amenaza

al pluralismo porque fomenta la intolerancia y una falsa autonomía (3) La

sociedad actual padece las tensiones creadas por un individualismo que deriva

en el egoísmo como “enemigo fundamental de la Ética (4). Egoísmo que

rechaza los vínculos sociales y que también puede conducir a la intolerancia y

a la violencia, fenómenos nada extraños en las sociedades democráticas

actuales.

El relativismo (5) no acepta ni la verdad ni principios universales que sirvan

de referentes básicos a la Ética, que es considerada como un asunto privado

dependiente del parecer individual. Cada persona hace valer su forma de

entenderla y solo hay puntos de vista diferentes pero todos éticamente válidos.

Prima la libertad absoluta del individuo solamente limitada por conveniencias

personales o por las leyes como sistema regulador de la convivencia. Este

relativismo puede llevar a la anarquía frente a todo tipo de autoridad.

Por contraposición a la Triple P surge la Triple S: ser persona, servir y

solidaridad. Lo primero porque la persona es un ser espiritual (racional,

emocional y libre), capaz de autodominio, autonomía y entrega, que se realiza

a sí mismo en busca de la felicidad. Es la búsqueda auténtica que todo ser

humano hace, consciente o inconscientemente, desarrollando sus

potencialidades y aspirando a una felicidad o plenitud interior, de orden

espiritual, mucho más consistente que la búsqueda centrada solamente en el

éxito económico, en la fama o en otros logros aparentes. Servir como una tarea

esencial al ser humano, que le permite trascender hacia los demás y

desarrollarse como persona a través del trabajo como un servicio bien hecho. Y

solidaridad que significa la entrega y ayuda generosa para atender las

necesidades de los demás, que constituye es un lazo fundamental para

convivir y construir comunidad.

Lo anterior pone de presente la necesidad de afirmar la condición ética de la

persona, algo consustancial a su ser, algo suyo per se, por sí misma, no por las

circunstancias o porque los demás o la sociedad se lo reconozcan. Algo tan

radical para sí misma como admitir que es sociable por naturaleza.

Concebimos la Ética como una orientación racional de la conducta para realizar

el bien. Más que mirarla como un conjunto de normas y deberes que se nos

imponen desde fuera, es verla como una convicción profunda que nos lleva


4

actuar buscando la rectitud de conducta en lo personal, en la organización y en

la comunidad. Se trata de algo practicado libremente, como fruto de una

adhesión consciente y voluntaria, no porque lo indique un código ético, sino

porque hay algo en el interior del ser humano que lo invita a ser ético, que

evidencia que posee una conciencia que actúa como una brújula de la

conducta que tiene como referentes unos principios universales.

Me gusta llamarla “Ética personal en acción” porque no se reduce a ser una

elaboración de tipo filosófico conceptual, sino que implica una racionalidad

práctica que mueve a obrar de conformidad con los valores orientadores de la

conducta propios del ser humano. Tiene que ver con las razones y argumentos

cuya raíz está en la persona misma; quizás los tenga olvidados o quizás han

sido oscurecidos por las circunstancias, las presiones de las ideologías, los

intereses del poder, las conveniencias particulares o, en fin, por todo aquello

que hace perder de vista la razón de ser de la persona, tratando de justificar la

conducta sin pensar en si está bien o está mal.

Michael Sandel, al hablar de las leyes del mercado que tratan de imponerse

sobre las leyes morales, pone como ejemplo el caso de los sobornos en los

que se paga a la gente por cuidar la salud (no fumar o adelgazar), o sea, por

algo que de todos modos se debería hacer por el propio bien. “Rehúyen la

persuasión e imponen la razón externa sobre la intrínseca… induciendo a

hacer una cosa buena a cambio de una cosa mala” (6). Se incurre en una

forma de corrupción, cuando bastaría pensar en que “una verdadera

preocupación por el bienestar físico es parte del respeto a nosotros mismos”

Además –dice él- “la disposición a ser sobornados puede convertirse en un

hábito”.

Sandel habla de razones intrínsecas, las mismas razones interiores que

llevaron a Sócrates a rechazar la propuesta de sus discípulos, encabezados

por Critón (7), de aceptar el soborno para sacarlo de la cárcel y evitar la pena

capital injustamente decretada. El le expresa: “siempre he sido un hombre

dispuesto a obedecer a la razón”. Y esta le dice que debe respetar las leyes.

Lo cual está en la misma línea de la respuesta que les daba cuando le

preguntaron –en el diálogo platónico Gorgias- si era mejor cometer una

injusticia o padecerla, y él les decía que era mejor padecerla que cometerla

porque la justicia es el mayor de los bienes y la injusticia el peor de los males.

Además, porque: “el injusto es totalmente desgraciado”. Hoy como entonces,

tenemos que invocar las razones interiores o intrínsecas para combatir la

corrupción no sólo con las leyes, sino con las convicciones y los valores éticos.


5

II. Legalidad e Integridad como motores de la Ética Pública

Todo el componente formativo del Proyecto de la Cultura de la Legalidad y la

Integridad se apoya primero que todo en la Legalidad porque, volviendo a

Sócrates, “la justicia es lo más valioso, lo que perfecciona el alma y le da salud,

no el poder, la riqueza, no la riqueza, no la fama ni el placer” (8)

Dando soporte a la acción individual, deben existir unos marcos objetivos de

legalidad e integridad de los que habla Villoria con normas muy claras y de

distinto orden para amparar la legalidad y a, su vez, promover la integridad, lo

cual tiene que ver con las instituciones formales y no formales con las que

cuenta el Estado, y con los medios para exista el buen gobierno, en el que la

norma jurídica es inseparable de la Ética(9) .

Podríamos afirmar que Legalidad e Integridad es una nueva forma de designar

la Ética Pública o dos de sus campos de acción primordiales. La legalidad nos

ofrece dos caras: una, la propia del imperio de la ley y de las instituciones que

se encargan de ella para que constituya una ordenación efectiva al bien común.

Es una legalidad objetiva que responde a estructuras formales del Estado, que

busca la adecuada protección de los derechos de los individuos y los derechos

sociales, mediante “instituciones legítimas, , eficientes y eficaces y estables”

afirma Villoria. Con base en ella se ejerce un control legítimo y se propugna por

la buena administración pública. Otra cara, en cambio, que podemos

denominar legalidad subjetiva, es la proveniente de la aceptación de la norma

por parte de los individuos conscientemente, no en razón de la coacción que

ella supone y frente a la cual surge el cumplimiento obligatorio e inexcusable.

Legalidad en el Proyecto CLIC

La legalidad se entiende como una apropiación voluntaria de la ley que lleva a

su cumplimiento no sólo por la obligatoriedad que encierra, sino por el

convencimiento de que es lo mejor para lograr los fines sociales. “Cuando

hablamos de legalidad debemos necesariamente adjetivarla o por lo menos

contextualizarla, porque la legalidad como tal, como un concepto despojado de

cualquier cualificación o de una referencia histórica o cultural relevante, es

simplemente una técnica, un criterio de organización” (Informe Marco

Conceptual, Universidad Javeriana 2012).

Podemos decir que la integridad también se puede mirar a través de dos caras:

desde el punto de vista de los marcos normativos de integridad, que la exigen a

través de instrumentos vinculados de alguna manera a las leyes. La otra cara,

más subjetiva, es lo que podemos denominar la asunción de la Ética por parte

de los individuos, en forma deliberada y voluntaria, acatando los códigos éticos,


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o fomentando prácticas personales o corporativas que impliquen la vivencia de

valores éticos en busca de la honestidad y la transparencia en la conducta.

Esta integridad subjetiva debe ser reforzada por la promoción social de la Ética

hecha desde el Estado. Utilizo las palabras de Villoria: “Para fomentar la

integridad de los servidores públicos es muy importante crear marcos de

integridad organizacionales, en los que normas, procesos adecuados y

estructuras de gestión eficaces contribuyan conjuntamente a prevenir la

corrupción y fomentar la ética... De esta forma, lo que el sistema permite es

una continua mejora, pasándose de implantar mecanismos anticorrupción a

consolidar instrumentos, procesos y estructuras que fomentan la integridad”

La teoría del buen gobierno –sigue afirmando Villoria- plantea la creación de

instituciones que buscan la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia,

la coherencia, la objetividad en el servicio y la integridad. Esta se gestiona a

través de políticas que conecten con el ejercicio del buen gobierno, que busca

la igualdad de oportunidades, la ciudadanía plena y el desarrollo económico,

controlando los grandes poderes y buscando el mayor bien para todos. “El

buen gobierno debe contribuir decididamente a construir las instituciones

adecuadas: aquellas que fomentan conductas positivas para la comunidad y

desactivan las conductas dañinas”.

Escenarios de Legalidad e Integridad

Legalidad e Integridad forman una unidad que las hace inseparables la una de

la otra y se deben trabajar en forma permanente de modo que arraiguen en la

cultura de las entidades públicas. No es asunto de altruismo o de simple buena

voluntad, o de una cruzada moral. Es una necesidad social, respecto de la cual

el gobierno, “con su ejemplo de honestidad, debe generar creencias de que es

racional actuar legal y honestamente” (Villoria).

Según el “Informe Marco Conceptual”, hay escenarios favorables a la cultura de

la legalidad (sentido de pertenencia, identificación con valores, participación en

toma de decisiones, seguimiento y monitoreo y sistemas de calidad que buscan

la eficiencia y la eficacia). Pero también se presentan escenarios adversos que

dificultan la legalidad y la integridad (por ejemplo: falta de espacios de

participación, complejidad de los marcos normativos o dificultad de adaptación

a los cambios), o prácticas nocivas frente a los ciudadanos o ante los

contratistas del Estado, y falencias en la institucionalización de las normas

(permisividad y laxitud en la autoridad y en la ciudadanía).

También operan culturas inadecuadas, especialmente la cultura de la

inmediatez (impulsada por el consumismo y el afán de éxito fácil, la


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incapacidad de espera, la errónea aceptación de fines que justifican los

medios), los mecanismos frágiles para garantizar derechos o que fomentan el

clientelismo y el amiguismo, o los que permiten la persistencia de actores como

la pobreza y la inequidad. Quien opta por la ilegalidad cree que puede construir

sus propias leyes suplantando el bien común por un bien particular. Así como

se edifica una cultura de la legalidad también se puede afectar el bien común a

través de las conductas sociales ilegales, especialmente la corrupción.

Integridad con valores

Según el Informe Marco Conceptual: “La cultura de la integridad implica la

puesta en práctica de un conjunto de valores que llevan a que las

organizaciones se conduzcan de la mejor manera posible en todas las

circunstancias”. Y se define la integridad como “una cualidad o característica de

la conducta individual o del comportamiento organizacional, que también puede

ser considerada como una virtud individual y organizacional que lleva a las

personas a “actuar de conformidad con los valores, las normas y las reglas”

Tal como sucede con la legalidad, la integridad se basa en otros valores como

la honestidad, la rectitud, la entereza, la transparencia y la lealtad. Estos

valores también apuntan a consolidar el rechazo a la conveniencia

individualista o al relativismo moral porque las conductas íntegras apuntan a

que se actúe con visión de conjunto, no según cada caso o según las

circunstancias. “La integridad –dice el Informe– se expresa en la congruencia

entre lo que se piensa, se siente, se dice y se vive; en la responsabilidad que

se asume por las decisiones y acciones que se toman; en la confianza

depositada por los otros; en la transparencia de las instituciones y la

satisfacción con sus servicios que pueden expresar los ciudadanos”.

La práctica de los valores permite afrontar la ruptura entre legalidad e

integridad que se observa en funcionarios públicos que revelan -según el

Informe citado- tolerancia a las faltas éticas (por ejemplo, negligencia en el

desempeño del cargo, lógica del menor esfuerzo, malos tratos, desprecio por lo

público, ausentismo, impuntualidad), que no siempre son ilegales o no siempre

existe sanción jurídica para ellas. De las faltas se pasa a amenazas mayores

para la integridad: inconsistencia en los valores, sobrevaloración del interés

privado, tolerancia a la ilegalidad y una serie de imaginarios que vinculan

política y corrupción.

La estrecha relación entre legalidad e integridad nos hace pensar en que el

fortalecimiento de la Ética pública con base en esos dos valores centrales y en

otros valores complementarios, logra conjugar todos los factores en beneficio

de la cultura de las instituciones.


8

III. Los ámbitos de acción de la Legalidad y la Integridad

El Proyecto de la Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia (CLIC)

hace especial hincapié en enfocar la Ética como un saber práctico, como una

Ética en acción, para relevar que se trata del comportamiento y de los hábitos

concretos, a través de los cuales se puede percibir la conducta recta. Se busca

que las personas y las instituciones se sensibilicen sobre la importancia y la

necesidad de las prácticas éticas, pero, sobre todo, que se estas se logren

como fruto de la convicción, no de la imposición propia de las normas legales.

Hablamos del ámbito como un campo de acción dotado de sentido por la

presencia de la persona, la cual tiene una importancia grande a la hora de

analizar las dimensiones o niveles de la proyección de la Ética Pública. No se

trata del ambiente físico o del conjunto de objetos o de espacios geográficos.

Los ámbitos están delimitados “pero se abren a otras realidades; pueden ser

afectados por la acción de otros seres y, a la vez, ejercen influjo sobre ellos

(10)”.

El primer ámbito de acción de la Cultura de la Legalidad y la Integridad es

la persona misma, que posee su riqueza, su intimidad y es, a la vez,

interdependiente respecto a los demás. De ahí que la Ética Pública tenga como

fundamento la Ética personal, cuyo dinamismo se basa en el reconocimiento de

la dignidad humana, pasando por la conciencia como brújula de la acción moral

Y vinculada a la libertad y a la responsabilidad como características esenciales

del actuar ético.

La persona es el centro de la acción ética. Desde su potencialidad corporal,

afectiva, intelectual y espiritual se desarrolla en busca de su felicidad o

plenitud. Su voluntad y su libertad hacen posible que ella vaya siempre tras lo

mejor para sí y para los demás, pues está hecha para trascender desde sí a los

demás y juntos alcanzar un bien común. La construcción de la Cultura de la

Legalidad y la Integridad empieza por el auto reconocimiento propio y por una

honda valoración de la propia capacidad y de los propios valores que arraigan

en la persona y desde ella se comunican a los otros ámbitos.

Aunque la Ética Pública tienen campos de acción propios característicos de las

Organizaciones, que son distintos de los de la Ética personal, sin embargo no

podemos oponerlas entre sí como si pudiera presentarse una falsa invasión de

autonomías. En todo caso, la personal siempre inspira y sirve de base a la

pública, y esta, a su vez, lleva a comprender mejor la acción de aquella.


9

Un segundo ámbito es la familia, fundamental para la realización de la

persona como persona y primer escenario de la Legalidad y la Integridad. Vale

la pena recordar este principio universal de importantes consecuencias: “La

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la

protección de la sociedad y el Estado” (Art. 16 Declaración Universal de

Derechos)

En la familia como primera escuela de valores se da el primer aprendizaje de la

legalidad y la integridad. Si hablamos de la condición del servidor público como

ciudadano, tenemos que volver la mirada al ámbito familiar, donde se pone a

prueba en primera instancia la Ética personal y donde se recibe un influjo del

ámbito de la organización, es decir del servidor público.

Ser familia y hacer familia es indispensable en el proyecto de vida personal y,

desde el punto de vista de las organizaciones, algo decisivo al plantear los

procesos de desarrollo de las personas. Desde ellas se da una proyección al

ámbito institucional y al de la comunidad en la cual la familia está llamada a ser

un motor de cambio y de equidad social, porque es “la raíz primaria de la

solidaridad”.

Un tercer ámbito es el de las organización o institución. En ella la

legalidad y la integridad se promueven a través de políticas, estrategias y

prácticas; no basta contar con que las personas quieran ser éticas y actuar

éticamente. Hay que sensibilizarlas y ayudarles al razonamiento ético para que

puedan resolver los dilemas éticos que se dan en su trabajo, a la vez que

crecen en la formación de hábitos morales de comportamiento recto en su

trabajo, en su relación con los colegas y en su interacción con los ciudadanos o

en su relación con el Estado.

La Ética Pública –dice Merino- “respalda las reglas y procedimientos

indispensables para deliberar, para dialogar y construir respuestas a las

preguntas que desafían nuestra vida en común y le ofrece un sentido moral al

ejercicio de los poderes públicos. Esa Ética es inviable sin la referencia a la

persona que trasciende desde sí misma a otros ámbitos. Si bien la Ética, como

ya dijimos, es libre y se vive por convicción, hay que impulsarla mediante una

pedagogía institucional efectiva. Medios como el “Manual de Gestión Ética para

las Entidades del Estado” (11) son útiles siempre que sean instrumentos

operativos que ayuden a las personas a transformar la conducta y no se

reduzcan a mera información.

El cuarto ámbito es la comunidad, donde convergen las metas y valores de

las personas, entrelazadas por vínculo de ciudadanía, con una orientación

compartida que es el bien común. La persona está llamada a ser parte viva de


10

la comunidad y a contribuir a ella con todas sus fuerzas. Si, además, es

servidora del Estado, debe vivir a fondo la responsabilidad de ayudar a los

demás ciudadanos, de procurar la equidad entre todos, de ser solidaria y de

dar ejemplo como funcionaria y como ciudadana. Ayudar a construir comunidad

es la gran misión de los servidores públicos y de los formadores o

multiplicadores de la Cultura de la Legalidad y la Integridad.

Si se piensa en el rechazo social a la corrupción, ahí el papel ético de la

comunidad es decisivo. La corrupción amenaza la supervivencia de las

instituciones, la estabilidad de la familia, los derechos humanos de las

personas y afecta profundamente los mecanismos sociales. Hay que sacar

consecuencias más serias al analizar la gravedad del problema: “existe

conciencia de que una corrupción galopante y desmedida, que se convierte en

un cáncer de la sociedad, termina por crear tal grado de ingobernabilidad que

el sistema democrático mismo puede llegar a entrar en un colapso, destruir el

tejido social y hacer la economía de un país no viable” (12)

Por eso, no es extraño que la Ética no figure entre las prioridades, sino como

coletilla de la lucha anticorrupción, cuya tajada grande en realidad se la lleva lo

punitivo, no lo preventivo ni lo educativo. En parte por un desconocimiento de

cómo estructurar la Ética en lo público para que pase del discurso a la acción

sostenible.

“Lo inaceptable – dice Villoria– es la indiferencia ante la motivación moral en la

acción gubernamental”. Y añade: “El gobierno debe tener como objetivo de su

conducta el ser un buen servidor de sus ciudadanos, en suma, debe guiarse

por criterios morales universalistas para gobernar y no solo por criterios

cortoplacistas para mantenerse en el poder".

No podemos perder de vista que la Ética que proponemos está relacionada con

el éxito y la felicidad de las personas que componen la familia, la organización

y la comunidad. No se trata de lograr un estado de ánimo: “estar happy” o

encontrarse bien”, como subraya Spaemann (13), ni “la suma de todas las

ventajas y prestaciones particulares que la hagan objeto de la alegría y la

aprobación del otro”.

Es algo vinculado con el amor como motor de la felicidad (“el otro llega a ser

real para mí y deja de ser para mi circunstancia: soy parte de su mundo y el es

parte del mío y solo así podemos llegar a ser y a sentirnos realmente

personas”) y con la búsqueda del bien común, que no es algo etéreo e

inconsútil, sino un entramado de bienes que integran la felicidad del ciudadano.

Es preciso recordar que el propio concepto de gobierno lleva en sí inserta una

razón de ser, la de guiar a una comunidad hacia su bien común; si pierde esa

razón de ser, pierde su bien interno, lo que le justifica socialmente (Villoria).


11

No basta pues con afirmar la importancia de la Ética Pública como lo expresan

en ocasiones los políticos, los gobernantes y los dirigentes de las

organizaciones púbicas o privadas. Como no bastan las leyes que contemplan

normativas éticas, ni los códigos éticos, ni las declaraciones de principios y

valores: es indispensable la gestión de la Ética Pública en forma sistemática

desde el Estado y el gobierno. Svara (14) lo expresa así: la Ética es un aspecto

esencial del servicio público, pero a menudo es dejado fuera de las discusiones

el desarrollo de ese campo y de sus principales funciones. Para que la Ética

guíe las actitudes y comportamientos de los administradores públicos tiene que

ser integrada en la forma como los administradores piensan sobre sus

prácticas e incorporada en su conducta de cada día.

IV. Los Valores, un reto de la Cultura de la Legalidad y la Integridad

El valor es un bien deseable que perfecciona a la persona que lo expresa

libremente en su comportamiento En realidad los valores demandan una

interiorización de la conducta que no es otra cosa que una apropiación

sucesiva de acciones que se repiten intencionalmente, de modo que llega un

momento en que se realizan inconsciente pero libremente. De lo contrario no

serían personales

Desde hace ya varias décadas se habla de la necesidad de los valores éticos

en la cultura de las organizaciones. Durante todo ese tiempo, de los prejuicios

sobre los valores se ha pasado a una visión más concreta y acertada de su

papel en la vida de las personas y de las organizaciones. Quienes nos hemos

dedicado por largos años a estudiar, trabajar y escribir sobre el tema(15),

hemos acumulado una experiencia valiosa a la hora de comprender su fuerza y

eficacia operativa en el clima de trabajo de las instituciones. Sin embargo, hay

todavía mucha teoría, mucha palabra sobre los valores y poca construcción

real de los mismos. Muchas veces se quedan colgados en las paredes de la

organizaciones o congelados en los planes estratégicos porque no se sabe

cómo hacerlos vida vivida.

Los valores dan sentido a todo lo que hacemos porque a través de ellos nos

perfeccionamos y compartimos con los otros, para poderles servir. Sin valores

todo da lo mismo, no hay diferencias, no vale la pena esforzarse. En cambio

con valores todo cobra un nuevo color. Se trata de valores vividos, practicados

libremente, no tenidos como un modelo teórico o distante, como una simple

meta intelectual o como una mera aspiración. Todo lo contrario: que se vean,

se perciban, se sientan, arraiguen en el corazón y en la conducta. Lo hemos

podido comprobar a lo largo de los muchos años de actividad del Instituto

Latinoamericano de Liderazgo-ILL.


12

Hemos tratado de contribuir a subsanar esa deficiencia ofreciendo

metodologías e instrumentos de autoevaluación en valores que permitan su

aprendizaje sistemático hasta convertirse en hábitos, en auténtica cultura

corporativa. Demostrando que los valores se pueden medir porque “todo lo que

se puede medir se puede manejar y, por tanto, se puede mejorar”. Creamos un

instrumento de Autoevaluación en Valores denominado VSM (16) de mucha

utilidad para el mejoramiento personal y corporativo, para procesos de

evaluación, de selección de personal y como base para proyectos de desarrollo

de las personas y fortalecimiento de determinados valores en la cultura.

Cuando hay procesos de desarrollo o construcción de valores, se produce una

cadena de valor agregado o de agregación continua de valor: se reconoce

corporativamente que hay cosas que añaden valor –por ejemplo la lealtad– y

que hay otras que restan valor, por ejemplo, el chisme como hábito que

desfigura los cauces de la comunicación. Lo que resta valor son los antivalores,

que son hábitos que traen algo dañino. Los antivalores exigen un desarraigo –

un desaprendizaje- que compromete tanto como el aprendizaje de los

respectivos valores.

Todo desarrollo corporativo de valores se fundamenta en la conducta de las

personas, primeras beneficiadas y responsables principales de que los valores

operen de manera efectiva. Por eso, hay que empezar por uno mismo:

conocimiento, conciencia, decisión, acción, hábito, propósito, constancia y

diligencia para mantener el objetivo a lo largo del tiempo, comprobando los

resultados en la conducta y en la percepción que los demás tienen de ella (17).

Si existe afán de aprender valores, entonces surgen las situaciones que lo

posibilitan, antes, durante o después del trabajo. “Si la tasa de aprendizaje es

mayor que la tasa de cambio, está asegurado el éxito de adaptación de la

empresa a nuevas situaciones.” (18). Por eso conviene dedicarse de forma

positiva a la tarea de desarrollar valores para que surja una cultura de valores y

valores para un cambio de cultura. El aprendizaje continuo de valores se

traduce necesariamente en la obtención de buenos resultados: utilidades

económicas, incremento del capital intelectual y contribución a la sociedad.

Los valores se deben convertir en una ventaja competitiva, lo cual exige el

máximo aprovechamiento de la inteligencia —racional y emocional— de todos

los integrantes de una organización. Y compartir la visión y los valores, además

del influjo mutuo interpersonal, es un motor de progreso. Esto se debe notar en

términos de incremento de la productividad, de elevación de la calidad y del

servicio, de reducción de costos al aumentar la eficiencia, en el

aprovechamiento del tiempo, y en la rapidez y efectividad de la comunicación y

de la retroalimentación que permite rectificar errores.


13

Si se logra que los valores estén arraigados en la conducta de los individuos,

es más fácil que estén arraigados en la familia, en la organización y en la

sociedad. Lo contrario no parece que sea la dirección lógica de este fenómeno.

En resumen, el cambio se produce por la transformación de la conducta

personal para desde ahí influir en los demás ámbitos.

V. Cuatro valores para la transformación cultural de los servidores

públicos

Con base en el estudio Previo realizado por la Universidad Javeriana (19), en

las experiencias de la Procuraduría General de la Nación y en las exigencias

del proceso de sensibilización y formación, se escogieron en la Cultura de la

Legalidad y la Integridad cuatro valores principales, cada uno con otros tres

valores asociados, para fortalecer su práctica en los servidores públicos:

Trascendencia (asociada a servicio, bien común y liderazgo)

Respeto (asociado a reconocimiento de la dignidad, comprensión y tolerancia).

Confianza (asociada a lealtad, credibilidad y transparencia).

Solidaridad (asociada a responsabilidad, entrega, y equidad).

Se recogen esos valores en una Cartilla sobre la Cultura de la Legalidad y la

Integridad para Colombia (CLIC) que sirve de guía para su práctica en las

entidades públicas. A su vez todos ellos convergen en los dos valores motores

centrales que impulsan todo el Proyecto: la Legalidad y la Integridad.

1. Trascendencia

La trascendencia es un valor que contrarresta eficazmente el egoísmo propio

del consumismo y del individualismo. La persona es un ser con los demás y

para los demás, y esto se manifiesta en la relación interpersonal y en la vida

en comunidad. Quien trasciende se da, hace una donación de lo mejor de sí

mismo, sale de su propio yo y va hacia a los demás. Este valor ayuda a superar

el simple hacer por hacer, el activismo que domina a muchas personas que se

quedan en el hacer y en el tener propios del consumismo. El solo tener no

puede hacer feliz a nadie. El trascender sí porque es convertir el hacer, el

trabajo, en auténtico obrar, con autodominio que a través del querer nos

permite ser y trascender hacia los demás, por medio de los valores, el servicio,

el bien común y la solidaridad.


14

Si el Estudio previo al Proyecto de Cultura de la Legalidad y la Integridad hace

constar que el servicio ocupa el último lugar en la preferencia de los valores por

parte de los funcionarios entrevistados, eso indica que hay que llevar a cabo

una urgente transformación de la cultura rescatando el valor de la

trascendencia y con ella el del servicio como el mayor motivo de orgullo de una

persona, sobre todo si tiene la condición de servidor público.

Debemos insistir en que no es un asunto de enseñar o aprender técnicas de

servicio, a la usanza empresarial cuando se habla del” servicio al cliente”. Aquí

hay algo más de fondo: trascender sirviendo es lograr un espíritu de servicio,

que nace en lo hondo de la persona que descubre esa vocación de

disponibilidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los demás.

Eso en una entidad pública debe ser algo patente: el servicio a los ciudadanos

es la razón de ser del funcionario.

“Servir a la gente es algo que beneficia ambas partes y a la organización

entera. Cuando una persona sirve desprendidamente desarrolla una de las más

altas capacidades que lo manifiestan como ser humano…una sincera y

persistente actitud de preocupación por servir a otros normalmente desarrolla

confianza y voluntariedad de ayudar, mientras el egoísmo favorece lo contrario”

(20). De este modo se rechaza el egoísmo como uno de los males más

arraigado en la cultura. Trascender es servir sin condiciones, entregarse con

generosidad en el servicio a los ciudadanos, servirles mejor de lo que esperan

ser servidos, servir a todas horas, de modo que se haga honor al nombre de

servidores públicos.

El Estudio previo señala igualmente la pérdida del sentido de lo público. Por

eso la CLIC propone como antídoto la trascendencia del bien común y la

orientación de la actividad de las personas como servidores públicos a ese bien

como referencia fundamental. Dar primacía a los intereses particulares sobre

los públicos es el mayor desencadenante de la corrupción.

El servidor público trasciende cuando incorpora su trabajo y servicio como

parte de su proyecto de vida; cuando sirve a los otros como si estuviera

sirviendo a la persona más amada y, sobre todo, si hace comprender a los

demás que la naturaleza de su función está orientada a favorecer la comunidad

y la convivencia. Por eso “nuestros lazos sociales son lo que mejor definen

nuestras vidas” (21)

El Proyecto de la Cultura de la Legalidad y la Integridad conlleva la formación

de líderes formadores o multiplicadores de la Ética y los valores, encargados

de una siembra constante y generosa en todos los demás funcionarios


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públicos, y estos, a su vez, están llamados ejercer un liderazgo en el resto de

sus compañeros. Aún así, no estamos descargando toda la responsabilidad en

ellos y en Estado o el Gobierno. Como afirma Villoria en el escrito antes citado:

“no podemos reducir sin más el concepto de buen gobierno al poder ejecutivo

en el marco del Estado. No puede hacer cambio social si la gente no cambia

sus hábitos y creencias”. Es el cambio basado en la transformación de la

conducta, tarea permanente de todos los ciudadanos en busca de la

sostenibilidad ética de la cultura de las entidades públicas.

2. Respeto

El respeto es considerado como un valor angular en el servicio público y en la

ética de los funcionarios y se relaciona con el principio universal “no hagas a

otro lo que no quieras que te hagan a ti”. Para poder realizar el reconocimiento

del otro que implica este valor, hay que partir de la trascendencia de la persona

del otro respecto mí mismo y a todos los demás.

Por su estrecha relación con el reconocimiento de la dignidad humana el

respeto tiene una primacía como valor clave para la convivencia. A tal punto

que también podemos afirmar que el respeto a la dignidad humana es el

fundamento de la organización. “Las organizaciones no son simples

mecanismos de producción y servicios, en los que las personas son piezas

sueltas o aisladas, guiadas únicamente por la visión del éxito material o de la

obtención de beneficios económicos. Son organismos vivos, conformados por

seres espirituales y libres, cuyo bienestar y felicidad debe anteponerse a

cualquier otra forma de utilidad, primacía que no demerita en modo alguno la

optimización de los recursos y la obtención de los mejores resultados económicos

posibles. Por eso la dignidad de las personas que las integran es el referente

fundamental de su acción” (22).

Se apreciará mejor el sentido del respeto dentro de la organización y sus

consecuencias prácticas en la medida en que se haga realidad lo que hemos

denominado la centralidad de la persona y su dignidad. La estructura, los

procesos y la administración y el uso de la tecnología están al servicio de la

persona y no al revés, y hay que valorarla con independencia del rango o

posición que ocupe.

La Cultura de la Legalidad y la Integridad tiene en este valor uno de sus apoyos

capitales, para lograr que en el ámbito de las entidades públicas y de la

relación con la ciudadanía y con la comunidad en general la primacía del

respeto se refleje en la atención, en el buen trato a los ciudadanos, en la

protección de sus derechos, en la aceptación del pluralismo, en la inclusión,

etc.


16

Unidos a ese reconocimiento de la dignidad están la comprensión y la

tolerancia. Si el servidor público se pone mental y afectivamente en la

situación del ciudadano al que atiende, esta actitud le permitirá entender mejor

lo que pide o reclama, lo que espera o solicita. Por eso no debe precipitarse a

juzgar antes de examinar bien lo que aquel le plantea. El punto de partida de

una buena comprensión es saber escuchar atentamente. El servidor público

respeta cuando, de un lado, se valora a sí mismo, y del otro, cuando observa

íntegramente los procedimientos y normas que favorecen la convivencia;

cuando sabe que las normas no pueden ser usadas para beneficios distintos a

los del espíritu de las mismas; y cuando con su actitud tolerancia sirve a sus

conciudadanos porque aceptar y permitir la diversidad de opiniones y de modos

de ser y de pensar, lo que facilita la convivencia.

3. Confianza

Todos los esfuerzos del Proyecto de la Legalidad y la Integridad pueden ser

vistos bajo una meta esencial: recobrar la confianza de la ciudadanía en las

instituciones y en el Estado. Afirma Covey: “Hay una cosa común a todo

individuo, relación, equipo, familia, organización, nación, economía, y

civilización a través del mundo entero, una sola cosa que, si se suprime,

destruye el más poderoso gobierno, el más exitoso negocio, la más floreciente

economía, el más influyente liderazgo, la mas grande amistad, el más fuerte

carácter, el amor más profundo …esa cosa es la confianza (23)

David Halpern (citado por Covey) revela que únicamente el 34% de los

americanos cree que los demás son dignos de confianza; en Latinoamérica esa

cifra es solamente el 23% y en África el 18% (24). También en nuestro proyecto

CLIC se señala que la confianza ocupa el último lugar en los valores evaluados

con un 26%. No es pues la confianza un valor en alza y mucho tiene que ver

con la crisis económica y ética. Mucho se podría ahondar en cifras reveladoras

de la crisis de confianza. Pero es más interesante proponernos cómo

recuperarla y fortalecerla en una cultura ética.

Si trascendemos de verdad en la relación con los demás y con las instituciones,

buscando entender las razones de su actuación, es posible que logremos

mucho más que si dejamos hacer carrera al prejuicio o a la desconfianza

fundada en apariencias o en actitudes emocionales. La confianza se merece,

se consigue al demostrar, con hechos, que los demás pueden depositar en

nosotros esa seguridad o esa esperanza de que no los vamos a defraudar, de

que pueden contar con nosotros siempre, dentro de los límites naturales de las

relaciones laborales o de amistad. Confianza tan contraria al antivalor de la


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desconfianza, que nos lleva a esa actitud de juzgar a los demás por lo que

hacen y juzgarnos a nosotros mismos por nuestras buenas intenciones.

Un clima de confianza es fruto del esfuerzo común, pero siempre se hace

presente el papel de los líderes, aquellas personas que en la organización

saben influir en forma positiva sobre los demás, para conseguir que se

depongan las actitudes que dificultan la confianza y se abran las puertas de la

comunicación asertiva y de la conducta proactiva, optimista, esperanzada. El

servidor público genera confianza cuando él mismo confía en los demás,

cuando da vida al principio de la buena fe en las actuaciones de terceros, y

construye, día a día, en cada uno de sus actos, la entrega a los demás.

La confianza se apoya en la lealtad como adhesión firme a las personas u

organizaciones, con fidelidad a través del tiempo, y en la credibilidad como un

capital que se acumula con el paso del tiempo. Si en una relación la persona

actúa con coherencia y honestidad, es muy probable que sea digna de nuestro

crédito y por lo tanto acudiremos a ella como a alguien en quien podemos

confiar o en quien podemos apoyarnos porque es creíble lo que nos dice.

Confianza asociada a la transparencia como práctica de una conducta

honesta, clara, sometida a reglas y principios, para que pueda ser juzgada por

todos.

4. Solidaridad

Otro valor clave en la Cultura de la Legalidad y la Integridad es la solidaridad,

que consiste en la ayuda firme y generosa en bien de los demás. Construir algo

en bien del otro exige diametralmente negar el encerrarse en sí mismo o el vivir

para sí. La solidaridad desarrolla la capacidad de dar que hay en toda persona,

que implica que los demás esperan de nosotros ayuda, lo cual es básico para

forjar un espíritu de servicio y solidario.

Los bienes que damos cuando somos solidarios retornan a nosotros, no sólo

en forma de satisfacción por el servicio que prestamos o el don que ofrecemos,

sino también a través del aprendizaje y del crecimiento personal que nos brinda

el atender las necesidades ajenas, el poder contribuir a que disminuyan las

distancias y desigualdades, es decir, a combatir la inequidad, uno de los

índices más evidentes de falta de justicia social.

La solidaridad es demostración de que unidos se llega más lejos que aislados y

de que puede más la conjugación del nosotros que la del yo individualista. Ella

vuelve a las personas y a los grupos capaces de sobrevivir y de una proyección

consistente hacia el futuro. La solidaridad supone la “determinación

perseverante de trabajar por el bien común”, con un reconocimiento claro de

que todos somos en verdad responsables de todos. Ser solidarios es


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trascender de tal manera de que valoramos la existencia del otro en una forma

tan decidida como si fuera la nuestra o incluso más que ella.

La solidaridad es una muestra fehaciente, en el servidor público, de que los

problemas de la ciudadanía que acude a él, los propios de la institución para la

que a trabaja o los de la comunidad a cuyo fin coopera desde la función

pública, los hace suyos de tal manera que no descansa hasta poner todo los

medios necesarios para remediarlos, dando un servicio de calidad y

manifestando de diversas maneras esa solidaridad. El servidor público es

solidario cuando reconoce que detrás de toda actuación procedimental o

normativa, hay un ser humano, revestido de dignidad, y sabe que, frente a las

circunstancias adversas de los demás, él puede sentirse igualmente afectado.

Este valor se hace realidad vivida con una actitud de responsabilidad,

entrega y equidad. La responsabilidad como capacidad de responder a las

necesidades y expectativas de los demás ciudadanos: se viven las

obligaciones, pero se va más allá –se trasciende- por el sentido de compromiso

y por la identidad con la institución a la que se pertenece. La meta de la

responsabilidad es la excelencia personal y la ejemplaridad respecto a los

compañeros. La motivación que la inspira es precisamente la basada en

motivos superiores al logro material o a la satisfacción interior. Por eso mismo

los podemos llamar motivos trascendentes.

La entrega se refleja de múltiples formas: por ejemplo, dar cosas, dar tiempo,

prestar posesiones, perdonar o escuchar. Al mismo tiempo, puede suponer

salir de un estado de confort para mejorar la situación de otra persona.

Finalmente, la equidad que busca la proporcionalidad justa, esa igualdad que

permite que las personas disfruten de sus derechos yendo más allá –

trascendiendo- de lo mandado estrictamente por las leyes. Se trata de una

construcción personal y colectiva porque compromete a todos en la

organización, no sólo a los dirigentes, al gobierno y el Estado o a la comunidad.

Promueve la práctica de la integridad evitando las discriminaciones, buscando

la inclusión, haciendo desaparecer la rigidez en la aplicación de la ley y

fomentando la adhesión leal a la norma que converge en la legalidad e

integridad de la conducta.

Conclusiones

1. La Ética Pública constituye una necesidad perentoria en la sociedad actual,

en la que el crecimiento del fenómeno de la corrupción demanda respuestas

que complementen y perfeccionen la observancia de la normatividad con las

prácticas éticas, para afrontar la presión de la corrupción sobre los funcionarios

públicos, por la concurrencia de ideologías que en el contexto social facilitan


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las concesiones morales en ese terreno, sobre todo el consumismo, el

individualismo y el relativismo.

2. La Legalidad y la Integridad son dos poderosos motores de una auténtica

transformación cultural de los servidores públicos y de sus instituciones. De ahí

que se proponga en el Proyecto una legalidad como aceptación,

reconocimiento y apropiación voluntaria de las normas, inseparable de la

integridad centrada en valores como la coherencia, la rectitud, la honestidad y

la transparencia que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de lo público,

fruto de la vivencia de la ética por convicción, no por imposición.

3. La cultura ética del Proyecto de la Cultura de la Legalidad y la Integridad

para Colombia (CLIC) se centra en la persona misma de cada funcionario

público, cuya razón de ser es contribuir a la búsqueda del bien común como

finalidad fundamental del Estado. Cada funcionario debe tener conciencia de la

importancia de razonar y actuar éticamente ante los dilemas morales que se le

presenten, procurando hacer el bien para sí, para su familia, para su institución

y para la comunidad.

4. La Ética Pública necesita una gestión que la haga operativa dentro de las

instituciones: para que no se reduzca a un discurso más de carácter teórico,

debe basarse en políticas, estrategias y acciones concretas, que promuevan

comportamientos éticos dentro de las entidades públicas, secundados por una

buena comunicación y por el liderazgo de cada servidor público en la

comunidad.

5. Para impulsar la transformación cultural de las entidades públicas se han

escogido cuatro valores para ser trabajados más intensamente por los

servidores en su condición de ciudadanos y de funcionarios públicos, para

contribuir así a la recuperación de la confianza en el Estado, mediante un

cambio basado en hábitos que den sostenibilidad ética a las instituciones. La

información sola no forma: lo que verdaderamente forma es la transformación

de la conducta para que yo cambie, para que los demás cambien, para que las

instituciones cambien, para que el país cambie.

Hagamos parte todos del tsunami ético que, con base en la Legalidad y la

integridad, nos lleve a afirmar con orgullo: “Colombia con la moral en alto”.

BIBLIOGRAFÍA

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http://www.liderazgo.org.co/


21

19) CENDEX-UNIVERSIDAD JAVERIANA: Proyecto Cultura de la Legalidad y la Integridad, Procuraduría General de la Nación-BID: Informe de Análisis de la línea de base de la cultura de la legalidad y la integridad en las entidades piloto, Informe final, documento técnico GPGD/1640-12, Bogotá 2012.

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