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México y Centroamérica - Informe anual 2000

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EL SALVADOR

1. Tabla de información general

Capital San Salvador Superficie 21 040 km² Población 6 032 000 hab Densidad 300 hab/Km² Moneda Colón (1 USD = 8.76 SVC el 31/12/00)

Sistema estatal República unitaria Naturaleza del régimen Presidencial

Jefe de Estado o gobierno Francisco Flores PIB / habitante 2 106 $

Deuda exterior 1998 (millones $)

2 640

Deuda % PIB 1998 22.2 % Tasa de desempleo 1998 7.3 %

Tasa de analfabetismo 2000 28,5 % Esperanza de vida 2000 70 años

Agua : tasa de cobertura 2000

74 %

Fuentes : Editions de la Découverte 2001 PEE franceses de Sur América (www.dree.org) Bilan du Monde, Le Monde, janvier 2001 OCDE World Health Organization (www.who.int) 2. Situación política, económica y social Acuerdos de paz y expectativas Marcadas por una alta tasa de abstención (50%), las elecciones del 12 de marzo del 2000 consagraron la victoria relativa del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), ex-guerrilla integrada en el contexto político a raíz de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.

A partir de la firma de estos acuerdos por parte del gobierno de El Salvador, presidido por Alfredo Felix Cristiani, y del FMLN, surge un nuevo contexto sociopolítico que genera condiciones mínimas para el inicio del proceso democrático.

La filosofía y los contenidos de dichos acuerdos crearon expectativas en la población en general, creyendo que su cumplimiento vendría a satisfacer sus necesidades y crear las condiciones para la estabilidad socioeconómica. Lamentablemente, esas expectativas no han sido satisfechas debido a que tales Acuerdos son simplemente reformas que no incidieron en el sistema del poder político y económico, que históricamente ha generado pobreza y desigualdad social en El Salvador.


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El sistema del poder político y económico manipula la institucionalidad democrática del Estado, manejando a su antojo el funcionamiento de los órganos principales. El Ministerio Público y las demás instituciones de servicio favorecen la impunidad, la corrupción y crean condiciones de inseguridad jurídica, social y económica, y la población no disfruta de los servicios públicos que el Estado debe garantizar por mandato constitucional. La crisis de la institucionalidad del Estado y los altos índices de pobreza generada por el desarrollo de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno, incrementan las violaciones a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, obstaculizando de esa manera el desarrollo de una auténtica democracia.

Después de ocho años de firma de los Acuerdos de Paz, no se vislumbran efectos sustanciales en la calidad de vida de la población, ya que el deterioro de la institucionalidad del Estado no garantiza la estabilidad social y económica de la población, ni el respeto y la protección de los derechos humanos. Situación actual

La actual situación coyuntural salvadoreña se caracteriza por los siguientes rasgos dominantes: - El modelo neoliberal golpea con mayor fuerza a la población. Después de que en 1996 el crecimiento económico fue de 6 puntos, el descenso es importante ya que a finales de 2000 se espera un crecimiento de solamente 2.5% y un déficit fiscal del 3%. - El desempleo y subempleo sigue golpeando a los sectores más vulnerables del pueblo salvadoreño. Se considera que solamente el 38% tiene un trabajo digno, con un salario que cubra sus necesidades más urgentes como son alimentación, vivienda, salud y educación. - La delincuencia organizada y común, que constituía la primera preocupación de los salvadoreños, ha pasado actualmente a un segundo término, dando paso en primer lugar a la crisis económica existente que amenaza con empeorarse con la vigencia de la Ley de Integración económica que a partir del 1 de enero de 2001 comenzará a ejecutarse, especialmente por las señales de desaceleración económica que se avecina en los Estados Unidos y que provocará más desempleo, lo cual favorece el incremento de la delincuencia en El Salvador.

3. Situación de los Derechos Humanos Justicia e impunidad

Las instancias del Estado responsables de administrar la justicia (tribunales, Ministerio Público, Policía Nacional Civil) no han garantizado la aplicación y el cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones, existiendo una deficiente investigación y depuración de casos que dan lugar a la falta de aplicación de la justicia. Los procesos judiciales en su mayoría favorecen a imputados que pueden influir a los funcionarios públicos, posibilidades económicas y buenas relaciones con magistrados, jueces, fiscales y defensores, lo que supone en algunos casos que el imputado salga libre de toda responsabilidad, ya que los procedimientos son manipulados para justificar su inocencia. Por el contrario, a la persona humilde, que por su condición de pobreza no tiene ningún tipo de influencia se le aplica sin


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posibilidad de defenderse el rigor de la ley, aunque en muchas ocasiones ésta sea inocente. Esta forma de administrar justicia en El Salvador fomenta la corrupción en jueces, magistrados, fiscales y defensores, acrecentándose la impunidad en beneficio de aquel que sustenta poder político y económico. El abuso de autoridad en la aplicación de la ley por parte de jueces, de fiscales, de defensores públicos y de la policía nacional civil (PNC) viola constantemente el derecho a las garantías constitucionales de las personas detenidas, violentando de esa manera el debido proceso legal. Aunque exista un proceso de depuración del poder judicial, el ambiente de corrupción e impunidad en la administración de justicia continuará, ya que este es un problema de carácter estructural.

Con relación a la Fiscalía General de la República, pese a que en este año se haya tenido un nuevo Fiscal, las cosas no han cambiado en absoluto. La lentitud y la timidez con que las que han abordado los casos demuestran la falta de capacidad de este Ministerio Público, hasta tal punto que el mismo Fiscal General a declarado que dicho Organismo ha servido al crimen organizado. En tal sentido se ha propuesto una depuración en el interior de dicha Institución. A pesar de esta declaración, la Fiscalía General de la República termina el año con nula credibilidad por parte de la población que ve con impotencia como son exonerados de culpabilidad muchos delincuentes en casos graves, por la falta de voluntad de parte de la Fiscalía para hacer las investigaciones necesarias para dilucidar los casos y castigar a quienes resultaren culpables.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), instancia surgida de los Acuerdos de Paz, está atravesando momentos difíciles, debido al nombramiento irresponsable por parte de la Asamblea Legislativa de una persona no idónea en este cargo, como es el caso del Lic. Eduardo Peñate Polanco, quien se encargó de llevar a la crisis más agobiante de la historia a la PDDH. Con la renuncia obligada del Lic. Peñate, las funciones recaen bajo la dirección del Dr. Marco Valladares, Procurador adjunto. Sin embargo, la situación continúa siendo inestable, reinando en la actualidad la desconfianza, la incertidumbre y la falta de una buena dirección, a tal grado de estar la población salvadoreña perdiendo la confianza en esta instancia tan importante en la protección de los derechos humanos.

Los datos obtenidos en el informe de labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos muestran como la justicia en El Salvador necesita de una reestructuración y de una verdadera depuración. Así, entre junio de 1999 y mayo del 2000, un total de 10,596 denuncias fueron recibidas por la PDDH, de las cuales 2,800 fueron admitidas como violaciones a los derechos humanos y de las cuales 325 señalaban la responsabilidad del poder judicial. Sin embargo, los procedimientos de elección de las personas responden a intereses partidarios y personales, dejando de lado a personas totalmente capaces para realizar estos trabajos, lo que supone para el pueblo salvadoreño la negación de su derecho a tener buenos funcionarios capaces de brindar justicia y tutela de los derechos humanos.

Fuerzas de seguridad


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El grave deterioro de los Acuerdos de Paz tiene igualmente repercusiones en las fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño. Los Acuerdos de Paz supusieron la desaparición de los Cuerpos de Seguridad y el surgimiento de una nueva instancia: la Policía Nacional Civil (PNC), lo que implicó para el pueblo salvadoreño recobrar nuevamente la confianza en una instancia que garantizaría la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo esto ha durado poco ya que la PNC no solamente se ha visto involucrada en corrupción sino que también ha aplicado los mismos métodos de los distintos Cuerpos de Seguridad existentes anteriormente. La Policía Nacional Civil cada vez se aleja más del espíritu con el cual fue creada. Actualmente dista mucho de lo que el pueblo salvadoreño esperaba de ella, pues en los últimos años, ha sido considerada como una de las instituciones que más viola los derechos humanos. Según la PDDH, la PNC es responsable de 1356 casos de violación de los derechos humanos y de participación en el crimen organizado. Esto ha dado pie a una depuración superficial, dejando a un lado a altos oficiales de dicha institución como es el caso del mismo director de la PNC y ex jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Mauricio Sandoval. Sin embargo, la verdadera transformación de la PNC no será posible mientras los intentos de llevarla a cabo respondan únicamente a intereses mezquinos y superficiales que en ningún caso devuelven la confianza en esta institución al pueblo salvadoreño.

Delincuencia

La falta de una política criminal integral dificulta la disminución de la delincuencia en El Salvador. En este sentido, la aplicación de las nuevas leyes penales y el sistema de seguridad desarrollado por la PNC, pueden disminuir el crimen, pero no la delincuencia como tal, ya que para ello se deben atacar las causas estructurales que la provocan, como son la pobreza, el desempleo, la falta de valores humanos y la inestabilidad familiar, entre otras. Los Tratados de Paz no trataron las causas económicas que son la verdadera base de la violencia actual. Estudios realizados demuestran que en un período de cuatro años han sido asesinadas 32,599 personas, lo que indica un promedio de 8,149.7 por año, 679 por mes y 22.7 por día. Si comparamos estas cifras con las 75 000 muertes causadas durante los 12 años de guerra civil, nos damos cuenta que la delincuencia actual está provocando aun más muertos que la guerra civil pasada. Las reformas a las leyes penales no incidirán en la delincuencia y el crimen organizado, si no se ataca la corrupción e impunidad en las instancias del Estado encargadas de aplicar la ley y administrar la justicia.

Cuestiones sobre derechos económicos, sociales y culturales

La situación de pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos da lugar a graves violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de este pueblo.

Violación del derecho a la salud

La pobreza extrema no permite una buena y eficiente alimentación de las personas y provoca enfermedades en adultos y niños/as que son mortales solo para aquellas familias que carecen de recursos económicos: el cólera por ejemplo, mata a las personas que no están bien alimentadas y que no tienen recursos para pagar los servicios médicos adecuados.


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Esta situación provoca enfermedades y a veces hasta la muerte en sectores más vulnerables de la población (niños/as y ancianos). Estudios realizados indican que en El Salvador, si no se actúa de forma debida y rápida, la desnutrición causará la muerte de 23,000 niños/as menores de cinco años durante el período de 1999 al 2003, el 23% de niños/as menores de cinco años padecen de desnutrición crónica y el 30% sufren de anemia, lo que indica que 88 de cada mil niños/as pueden morir por esas causas antes de cumplir cinco años de edad.

El deficiente sistema de salud no permite que la población tenga acceso a esos servicios públicos en hospitales y unidades de salud, debido a que tienen que pagar la consulta, la hospitalización, los servicios de cirugía y hasta la compra de medicamentos. En el peor de los casos pueden ser víctimas de la negligencia médica que atenta contra la vida de las personas. La muerte prematura de niños/as1 y adultos en el Salvador va cada día en aumento, debido al incremento de la pobreza y el deterioro y contaminación ambiental. La niñez en El Salvador es el sector social de la población más vulnerable de contraer todo tipo de enfermedades y epidemias como consecuencia de la pobreza, de la situación de la salud pública en el país y también de los abusos físicos y mentales.

Violación del derecho a la educación

Los niños y las niñas de familias pobres no tienen acceso a la educación debido a la falta de recursos económicos que no les permite asistir a la escuela y si en el mejor de los casos lo hacen, abandonan el estudio en los años de primaria, para dedicarse a las actividades productivas y económicas para el sostén de su familia. La tasa de analfabetismo del año 2000 en El Salvador se sitúa en un 28, 5% lo que pone de manifiesto la violación de este derecho fundamental.

Aunque en la Ley General de Educación se prohíbe el cobro de cuotas adicionales no establecidas, en muchas escuelas se requiere el pago de dichas cuotas, limitándose el acceso de niños y niñas que no puedan pagarlas, siendo expulsados en algunos casos del centro educativo por dichos motivos. El cobro de cuotas arbitrarias, el maltrato infantil y la irresponsabilidad de maestros en su misión profesional, son casos que aunque se denuncien, quedan impunes.

La reforma del sistema educativo que pretendía mejorar la educación en El Salvador, no cambia la calidad de la enseñanza, pues no se profundiza en el conocimiento de valores humanos, morales y cívicos que ayuden al desarrollo y comportamiento humano.

Violación del derecho de una vivienda digna

Cerca de dos millones y medio de habitantes carecen de vivienda digna, lo que indica que casi el 50% de la población no tiene un lugar seguro donde vivir. Ante esta situación la única alternativa que queda a las familias pobres es construir champas de lámina en las orillas de ríos, quebradas y carreteras, o en terrenos 1 Según el PNUD, para el año 1998, la tasa de mortalidad infantil fue de 30 por mil, y la tasa de mortalidad de los niños de menos de 5 años fue de 34 por 1000 nacimientos de niños vivos.


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rústicos propiedad del Estado. Muchas familias han muerto debido a la inseguridad de su vivienda, sin embargo el Estado hace muy poco por mejorar y satisfacer la demanda y el problema de la vivienda en el país. Paradójicamente, en San Salvador y en las principales ciudades del país, las empresas constructoras continúan desarrollando proyectos habitacionales a los que los sectores pobres no tienen ningún tipo de acceso. En otras circunstancias, las viviendas que se logran adquirir no son dignas, ya que carecen de amplitud y de buenas condiciones y servicios. El Gobierno no presta un verdadero interés en asegurarse de la adecuación de las viviendas y de su buen estado.

Violación del acceso de unos servicios básicos

El acceso a los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, vías de acceso, etc., es indispensable para el desarrollo de la familia y la comunidad; sin embargo, en la zona rural, dichos servicios son limitados en un 30%. Con la privatización de esos servicios, la población tiene que pagar altas tarifas para acceder a estos servicios y aunque estos no sean suficientes la tarifa mensual es de pago obligatorio. Esto ocurre en El Salvador, a pesar de que la Constitución de la República establece que los servicios públicos deben ser administrados por el Estado y no por monopolios económicos privados, y en el caso de que así fuera, el Estado salvadoreño debe controlar la efectividad de esos servicios.

CONCLUSIÓN La aplicación de las políticas neoliberales por el nuevo gobierno dirigido por el Presidente Francisco Flores incrementa la pobreza y viola derechos fundamentales de la población, ya que el desempleo, los bajos salarios y el incremento de los precios de los productos de consumo popular, no permiten que la población satisfaga sus necesidades básicas. Además, la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos alimenticios como verdura, frutas y hortalizas, así como a los medicamentos contradice los esfuerzos internacionales para erradicar la pobreza en el ámbito mundial. El desarrollo económico debe responder a principios de justicia social y a la democracia real y no a determinados intereses del gran capital. En este sentido, la modernización del Estado y la globalización económica debe enmarcarse en un proceso de desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida de la población, proteja el medio ambiente y fomente el desarrollo humano garantizando los derechos y las libertades fundamentales del pueblo salvadoreño. FUENTE : CDHES-Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.


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GUATEMALA


Capital Guatemala Ciudad Superficie 109 000 km² Población 12 700 000 hab Densidad 116,5 hab/Km² Moneda Quetzal(1 $=7’75Q, 31 julio 2000)


Jefe de Estado o gobierno Alfonso Portillo PIB / habitante 1800 $

Deuda exterior 2000 (millones $) 2600 Deuda % PIB 2000 13,4%

Tasa de desempleo 2000 5,6% Tasa de analfabetismo 2000 44,4%

Esperanza de vida 2000 64 años Agua : tasa de cobertura 2000 65%

Fuentes : Editions de la Découverte 2001 PEE franceses de Sur América (www.dree.org) Bilan du Monde, Le Monde, janvier 2001 OCDE World Health Organization (www.who.int) 2. Situación política, económica y social

El 14 de enero de 2000, la presidencia fue asumida por Alfonso Portillo, el candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En este momento, Alfonso Portillo reafirmó su voluntad de aplicar la totalidad de los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996 que pusieron fin a treinta y seis años de guerra civil. Para ganar las elecciones, el candidato del FRG, partido fundado por el ex-dictador Rios Montt, realizó promesas sobre los problemas sociales y de seguridad que vive la población guatemalteca, casi imposibles de poner en marcha. A la cabeza de un gobierno donde los representantes de la derecha militarista cohabitan con los dirigentes de la izquierda, Alfonso Portillo ha debido hacer participar a los unos y a los otros, ganando enemigos en ambos bandos. Debido a la incertidumbre fiscal, los sectores patronales no acogieron con mucha confianza la promesa de aumentar los salarios. El proyecto de reforma de las fuerzas militares no fue tampoco bien acogido por los militares. Sin embargo el FRG se ha beneficiado de la división de sus adversarios, el Partido de Avanzada Nacional –PAN- (conservador) y la Alianza Nueva Nación –ANN- que reagrupa a las organizaciones de izquierda y la ex-guerrilla. A pesar de las promesas electorales, la criminalidad ha continuado aumentando gracias al tráfico de drogas, a la proliferación de armas y a las dificultades existentes para la reinserción de antiguos guerrilleros y de las milicias civiles. Pero el


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gran problema de Guatemala sigue siendo la pobreza, los dos tercios de la población activa trabajan ilegalmente o se encuentran en paro laboral y el 80% de los guatemaltecos se reparten el 20% del PIB. La política económica continúa privilegiando la estabilidad: la inflación sigue estando controlada (4,3%) y la tasa de cambio es estable. Durante el año 2000, hubo también un incremento sensible de las reservas monetarias internacionales: éstas pasaron de 1 200 millones de dólares en diciembre de 1999 a 1 900 millones a finales del año 20002. Sin embargo, a pesar de la confianza depositada y el aval prestado a la política económica guatemalteca del nuevo gobierno, las organizaciones financieras han manifestado su preocupación ante la lentitud de la reanudación económica, la débil tasa de inversión pública y la fragilidad del sistema financiero. 3. Situación de los Derechos Humanos En el transcurso del año 2000, la situación de los derechos humanos en Guatemala ha motivado una seria preocupación en la ciudadanía guatemalteca así como en los actores nacionales e internacionales de los Derechos Humanos. Alfonso Portillo, presidente del nuevo gobierno, durante su campaña electoral a finales del año 1999, así como en su discurso de toma de posesión, afirmó que el tema de los derechos humanos tendría prioridad en su gobierno y manifestó la voluntad de asumir las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH-, y de luchar contra la impunidad. Al igual que se comprometió a garantizar la transformación de la administración de justicia y la seguridad ciudadana. También prometió dar una solución a los casos pendientes sobre violaciones de los derechos humanos. En el mes de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, Víctor Hugo Godoy, Presidente de la Comisión Presidencial para la Política del Ejecutivo sobre Derechos Humanos (COPREDEH), anunció la voluntad del Gobierno de ratificar tratados internacionales sobre derechos humanos y la disposición para reconocer la responsabilidad del Estado en 52 casos de violaciones de derechos humanos pendientes ante la CIDH, con el compromiso, entre otros, de reparar a las víctimas. El Estado reconoció su responsabilidad, ante la CIDH, en los casos de Myrna Mack Chang3, la masacre de Dos Erres4 y la muerte del menor Marcos Fidel Quisquinay5. Durante el primer semestre del año, se iniciaron conversaciones entre el Gobierno y los peticionarios ante el sistema interamericano en el ámbito de las soluciones amistosas previstas por el Pacto de San José. El actual gobierno de Guatemala depositó la firma de ratificación ante la OEA de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y, más recientemente ratificó el Pacto de San Salvador, que abarca garantías para los derechos sociales y económicos en el sistema interamericano pero no depositó su firma al Estatuto de Roma para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. 2 Fuente: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (www.asies.org.gt) 3 Mirna Mack Chang, antropóloga, fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, en la ciudad de Guatemala. Se había dedicado a estudiar los efectos de la guerra civil sobre los campesinos indígenas. 4 Esta masacre, ocurrida en la aldea “Las Dos Erres”, departamento del Peten, fue perpetrada por un grupo armado de hombres en diciembre de 1982. 5 Marcos Fidel Quisquinay, un niño de la calle, murió el 20 de septiembre de 1994, en la explosión de una granada de mano escondida en una bolsa de comida que unos hombres le habían dado.


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Derecho a la vida La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala –MINUGUA-, en su undécimo informe sobre derechos humanos, (1° Diciembre 1999 – 30 de Junio 2000) señala que respecto al derecho a la vida, destacan graves casos de ejecución extrajudicial y de tentativas de ejecución extrajudicial por parte de agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, como resultado de excesos de fuerza por parte de los agentes del Estado o del uso ilegal del arma de servicio para atentar en contra de las víctimas. La Misión informa acerca de 15 casos con estas características. También señala “que se han reiterado los casos de personas detenidas por la PNC que luego aparecen muertas”. Agrega que “es particularmente grave que, además, los responsables huyan del lugar sin prestar auxilio a sus víctimas y que con frecuencia se alteren los hechos en los partes policiales para encubrir a los autores”, así como que “en un importante número de casos, los superiores jerárquicos encubran los ilícitos de sus subordinados, no adopten medidas disciplinarias o instruyan procesos administrativos ni pongan a los responsables a disposición del Ministerio Público”. Tras el informe de Minugua que denunció la intervención de militares en las investigaciones judiciales y en casos de tortura, el gobierno reconoció por primera vez su responsabilidad en materia de violaciones de los derechos humanos. Asesinatos de trabajadores de sexo y travestís. Amnistía Internacional denunció el asesinato de dos profesionales del sexo en mayo y julio de 2000. La travestí Astrid La Fontaine (Roberto Martínez Castillo) fue asesinada, cuando un “hombre no identificado” se apeó de un automóvil y le disparó. Astrid colaboraba en labores de prevención del SIDA con la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA –OASIS-. Seis semanas después Beverly Lineth, también travestí profesional del sexo, murió en el hospital, aparentemente a causa de una paliza. Ya en 1997, Luis Palencia (conocido como María Conchita) miembro activo de OASIS, fue asesinado a tiros. Según OASIS, en lo que va del año, otras cuatro travestís han sido asesinadas, lo que hace pensar que existe un programa de “limpieza social”. Asesinatos de defensores de derechos humanos. El 21 de julio fueron asesinados José Alfredo Quino y María Elena Mejía, director y secretaria de la Coordinadora Regional de Cooperativas Integrales –CORCI-, organización que se dedica a trabajar sobre las disputas de tierras en las comunidades indígenas del Departamento de Solloza. Los dos también trabajaban para el Comité Campesino del Altiplano –CCDA-, que hace campañas a favor de los derechos de las comunidades campesinas. José Alfredo Quino era también director de la Fundación para la Educación y el Desarrollo –FUNDACEDCO-, afiliada a la Coordinadora de ONG´s y Cooperativas –CONGCOOP-. Derecho a la libertad y seguridad personal Seguidamente se expondrá un caso acontecido durante el año 2000, que por sus características puede considerarse un caso paradigmático: la desaparición de la catedrática universitaria Mayra Gutiérrez, desaparecida al salir de su casa y dirigirse a su trabajo el 7 de abril de 2000. Con motivo de dicha desaparición, el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Julio Arango en resolución emitida el 22 de agosto 2000, responsabiliza institucionalmente al Estado de Guatemala “... por no cumplir su obligación de garantizar, asegurar y proteger el pleno y libre ejercicio de los


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derechos humanos de la profesional...”. Hasta la fecha, más de siete meses después, el caso de la desaparición de la catedrática se mantiene sin resolver. el Ministerio Público, como autoridad encargada no dio ninguna explicación plausible y, según observadores de derechos humanos, la investigación realizada por dicha entidad no se ajusta a los criterios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad que exigen el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ante tal situación, con fecha de 7 de Diciembre, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció su decisión de tratar la desaparición de la profesional como un caso de “averiguación especial”, recordando entre otros, el artículo 467 del Código Procesal Penal “Si hubiere interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona... y existieren motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida y mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares sin que dé razón de su paradero ”. La CSJ concluyó que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala –PDHG- (Ombudsman) debe constituirse como investigador especial de este caso y fijó para el 12 de febrero de 2001 la fecha límite para conocer las conclusiones de la PDHG. A este alarmante caso hay que añadir las numerosas denuncias de amenazas con el propósito de intimidar a defensores de derechos humanos en relación a denuncias hechas en los ámbitos nacional e internacional por violaciones de los derechos humanos, por avances en algunos casos de impacto nacional en los que se vincula a militares, y por investigaciones periodísticas de estos casos o acerca de las estructuras de inteligencia militar. También han sido presentadas numerosas denuncias sobre acciones de intimidación, hostigamientos y amenazas de muerte que afectaron a fiscales y jueces, así como a sujetos procesales, testigos y a integrantes de entidades de derechos humanos, que están vinculados con procesos penales contra agentes del Estado. Igualmente ocurrió con algunos periodistas que cubren noticias relacionadas con la actividad del sistema de justicia. Las acciones denunciadas consistieron en llamadas telefónicas anónimas, vigilancia de los lugares de trabajo o de la residencia de las víctimas y en algunos casos seguimiento personal de los afectados. En referencia a lo anterior se destaca: el seguimiento por elementos del Estado Mayor Presidencial del que fuera objeto el fiscal Leopoldo Zeissig, encargado del caso Gerardi, en marzo de 2000; las amenazas en contra de la Jueza Flor de María García Villatoro y del personal de su juzgado, en mayo, después de que se ordenara la apertura de un juicio a tres militares; las amenazas, en mayo 2000 de la Jueza Jazmín Barrios, integrante del tribunal de sentencia que debía juzgar dicho crimen. Del mismo caso, algunos testigos fueron intimidados y algunos debieron abandonar el país. Derecho a la libertad de asociación y reunión La MINUGUA, bajo el mandato de verificación del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos afirma que entre las denuncias recibidas, tras haber hecho las comprobaciones pertinentes, existen 754 violaciones a la libertad sindical y 404 a la libre asociación. Las instituciones principalmente responsables de estas violaciones,


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respecto a la libertad sindical, son el Organismo Judicial y el Organismo Ejecutivo. Respecto a las violaciones al derecho a la libre asociación, las principales instituciones responsables son las autoridades municipales, según el informe. En el marco del libre ejercicio de los derechos sindicales, ha causado mucha preocupación el asesinato de Oswaldo Monzón Lima, Secretario General del Sindicato de Pilotos de Combustibles, cuyo cadáver con un tiro en la espalda fue hallado el 23 de junio en el Departamento de Escuintla. Los familiares y la Central General de Trabajadores de Guatemala coincidieron en señalar como los presuntos autores a los propietarios de una empresa en la que anteriormente había trabajado la víctima y donde fundó un sindicato. Tras ser despedido, Monzón demandó laboralmente a sus ex empleadores, a quienes también había denunciado ante el Ministerio Público por amenazas de muerte. Derecho a la libertad de expresión Como hemos mencionado anteriormente al citar numerosos casos de violaciones de los derechos humanos, el gremio periodístico ha sufrido amenazas y hostigamiento que limitan el derecho a la libre expresión del pensamiento, tales los casos de amenazas recibidas por Eduardo Villatoro, ex presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala y columnista del diario de mayor circulación en el país “Prensa Libre”, que denunció en el mes de julio de 2000 haber recibido amenazas telefónicas por la publicación de sus escritos críticos en contra del Gobierno y del Alcalde de Mixco, localidad del departamento de Guatemala. Igualmente en el mes de julio se conocieron casos de amenazas e intimidaciones en contra de José Rubén Zamora, Director General del medio de prensa “El Periódico” y en contra también de Ileana Alamilla, Directora del Centro de Reportes Informativos CERIGUA. Todas las amenazas contra reporteros de “El Periódico” ocurrieron en el marco de publicaciones sobre personas ligadas al ámbito castrense y, en especial, a la inteligencia militar, denunciando la existencia de un aparato clandestino de inteligencia. La MINUGUA afirma que, sobre la base de los antecedentes recabados no se descarta que tras dichos hostigamientos se encuentren órganos de inteligencia del Estado. El caso que motivó gran atención pública fue el cierre del programa televisivo “T-mas de Noche”, en el mes de febrero, dispuesto por la dirección del canal de televisión. La denuncia señala que debido a la línea crítica de “T-mas de noche”, existieron presiones del Gobierno sobre el propietario del canal para el cierre. El hecho fue públicamente denunciado por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y por la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese marco, el Gobierno invitó a Guatemala a Santiago Cantón, el Relator Especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos –OEA-. En su evaluación preliminar, el 14 de abril, el relator emitió una serie de recomendaciones, entre otras :

- la investigación en profundidad de la existencia de un monopolio de hecho en la televisión abierta;

- la implementación de mecanismos que permitan mayor pluralidad en su propiedad;


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- la implementación de reglas claras para evitar conflictos de interés entre funcionarios públicos y medios de comunicación ;

- la suspensión de las subastas de frecuencia de radiodifusión hasta que se cumpla el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas;

- la revisión de las reglamentaciones sobre concesiones de televisión y radiodifusión a fin de incorporar criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades en su acceso;

- y el impulso de proyectos de ley sobre el acceso a la información y habeas data.

Impunidad La impunidad en el Estado de Guatemala se manifiesta en los resultados de la mayoría de los juicios llevados a cabo por violaciones de los derechos humanos y que siguen sin esclarecimiento y mucho menos con pronunciamiento alguno de sanción para los autores de los mismos. Es importante mencionar que más del 99% de los 200.000 casos de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos durante la guerra sucia del país quedan impunes. Como ejemplos actuales de los casos en trámites cabe citar los siguientes procesos:

- El proceso en Guatemala, por la desaparición del miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- Efraín Bámaca, fue sobreseído en mayo de 1998. Dicho caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, con fecha del 5 de diciembre esta Corte emitió sentencia condenatoria, declarando por unanimidad que el Estado de Guatemala violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida y el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica. Declara además que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 de la Convención Americana de DDHH en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados, y que también incumplió en perjuicio de Efraín Bámaca la obligación de prevenir y sancionar la tortura. En estos términos la Corte decidió que “el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se hace referencia en la sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables”. Así mismo, la Corte decidió que “el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones señaladas, a cuyo efecto comisiona a su Presidente para que, oportunamente, disponga la apertura de la etapa de reparaciones”.

- En el proceso por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, la Corte Suprema de Justicia demoró desde el 4 de noviembre de 1999 hasta el 23 de marzo de 2000, un recurso de amparo interpuesto por la defensa que pretendía pasar el caso a la jurisdicción militar. El caso de Myrna Mack también ha sido presentado ante la Corte Interamericana de DDHH.

- En el caso del asesinato de Nicholas Blake (sobre el cual la CIDH también emitió ya una sentencia), el Tribunal de Sentencia del Departamento de Huehuetenango condenó, en enero, a 28 años de prisión a uno de los presuntos responsables, Vicente Cifuentes López, único de los cuatro presuntos autores materiales que está en prisión preventiva desde 1997.

Los intentos de búsqueda de justicia y lucha contra esta impunidad vigente en Guatemala se han manifestado en el exterior del Estado, como ejemplo tenemos la


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querella criminal interpuesta en diciembre de 1999 por la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú, ante la Audiencia Nacional de España, por los delitos de terrorismo de Estado y torturas en contra de, entre otros, tres generales ex Jefes de Estado, Oscar Humberto Mejía Víctores, Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt (actual presidente del Congreso) y dos civiles. A la demanda original se adhirieron con otros casos diversas personalidades e instituciones guatemaltecas. El proceso iniciado ante la justicia española se ha prolongado por ahora durante 12 meses. El 2 de Diciembre de 2000, la ANE dispuso de 20 días para resolver acerca de su competencia para admitir la querella presentada. De ser admitida emitiría órdenes de captura en contra de los demandados, iniciando el proceso penal en los términos de la Justicia Universal en los tribunales españoles. Con fecha del 13 de Diciembre de 2000, la Audiencia Nacional de España resolvió que no admitía la demanda presentada. Si bien los abogados de la demandante tengan todavía la oportunidad de apelar, existe la impresión de manera generalizada de que con esta resolución de la ANE, se cierra definitivamente la posibilidad de continuar este caso ante la justicia española. Como vemos, a pesar de las promesas y de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Guatemala en la materia de derechos humanos, han sido numerosos los casos de amenazas, intimidación y atentados que han afectado a individuos y a organizaciones sociales. Hombres “no identificados” han realizado registros y “robos” selectivos en sedes de organizaciones sociales, de derechos humanos y organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, así como hechos intimidatorios contra jueces, fiscales y periodistas que se encuentran directa o indirectamente vinculados con procesos penales contra agentes del Estado. Intimidaciones y hostigamientos se han manifestado a través de acciones como seguimiento en vehículos, vigilancia frente a los domicilios de las víctimas, llamadas telefónicas anónimas, presencia de desconocidos cerca de los domicilios, robos y registros de oficinas y casas, dejando señales intimidatorias, intervenciones telefónicas y sustracción de archivos informáticos. En tales circunstancias, los hechos acaecidos en su mayoría bajo la forma de “actos perpetrados por la delincuencia común” son en realidad violaciones de derechos humanos en donde el Estado, en la primera de las hipótesis es el responsable por acción (casos que involucran a agentes estatales o que involucra el beneplácito, aquiescencia o tolerancia de las autoridades) y en la segunda el Estado, principal garante y responsable de la vigencia de los derechos humanos, es responsable por “omisión” (lentitud, falta de voluntad, o ineptitud de las autoridades encargadas de la investigación judicial o de aplicar justicia) y falta a su deber estatal de investigar y sancionar. Defensores de los derechos humanos En el año 2000, varias ONGs han sido objeto de allanamientos, robos y actos de violencia. El robo de computadoras (las cuales contienen información acerca del trabajo de las organizaciones) y de documentos de las oficinas es frecuente, lo que indica claramente que no se trata de delincuencia común, pero de actos dirigidos en contra de los defensores. En septiembre, cuatro individuos armados penetraron de forma violenta en la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos–Desaparecidos de Guatemala


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(FAMDEGUA), amenazaron al personal y se llevaron varias computadoras, una maquina de fax, dinero y uno de los vehículos de la institución. En octubre, la sede de la agrupación Mujer Vamos Adelante fue asaltada por 5 hombres. Las mujeres que trabajaban en la sede fueron encañonadas y encerradas boca abajo en un cuarto y una de ellas fue victima de violación. Tres computadoras fueron robadas, entre otras cosas. En noviembre, las instalaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) fueron allanadas por cuatro sujetos portando armas de grueso calibre. Los desconocidos se llevaron papelería de la Secretaria General y equipo. CONCLUSION Cuando se suscribió el último acuerdo de paz, en diciembre de 1996, muchos guatemaltecos vieron con esperanza una mejora de la situación y una puerta abierta para alcanzar un mejor nivel de vida. Sin embargo la firma de un acuerdo político no es suficiente. Numerosas reformas legislativas, administrativas, económicas, sociales, así como políticas, son aún necesarias para que los guatemaltecos puedan gozar del pleno ejercicio de sus derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Con el fin de mejorar la situación de los derechos humanos en Guatemala, es imprescindible que el gobierno de Alfonso Portillo cumpla con los acuerdos de Paz. Esto implica el establecimiento de un sistema judicial realmente independiente, capaz de combatir la impunidad de los crímenes cometidos tanto en el presente como en el pasado. También son indispensables cambios estructurales e institucionales capaces de restituir las instancias democráticas y el Estado de Derecho. Los derechos culturales, sociales y lingüísticos de los pueblos indígenas deben ser reconocidos por el gobierno, que posee también la responsabilidad de procurar al conjunto de la población los servicios necesarios para gozar de una vida digna. FUENTE : CDHG- Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.


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MÉXICO


Capital México Superficie 1 967 183 km² Población 95 831 000 hab Densidad 50,8 hab/Km² Moneda Peso (1$=10,06 pesos el 31-12-00)

Sistema estatal República federal Naturaleza del régimen Presidencial

Jefe de Estado o gobierno Vicente Fox PIB / habitante 4 500 $

Deuda exterior 2000 (millones $) 163 Deuda % PIB 1999 33,8 %

Tasa de desempleo 1999 2,5 % Tasa de analfabetismo 2000 8.7 %

Esperanza de vida 2000 72 años Agua : tasa de cobertura 2000 86 %

Fuentes : Editions de la Découverte 2001 PEE franceses de Sur América (www.dree.org) Bilan du Monde, Le Monde, janvier 2001 OCDE World Health Organization (www.who.int) UNESCO (www.unesco.org) 2. Situación política, económica y social Cambio político

El año 2000 ha estado marcado por profundos cambios políticos en México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fundado en 1929, tras setenta y un años de poder perdió las elecciones generales. Vicente Fox, miembro del Partido de Acción Nacional (PAN) de centro derecha fue presentado como el hombre del cambio y remplazó el 1° de diciembre a Ernesto Zedillo en la presidencia. La transición se ha efectuado con un marcado avance en materia de democracia electoral. El ex-presidente Zedillo permitió al Instituto Federal Electoral (IFE), organismo independiente, asegurar la regularidad de las elecciones y fue el primero en reconocer la victoria del PAN. Uno de los hechos esperanzadores y susceptible de producir importantes cambios en la situación que actualmente vive México, ha sido la declaración de Vicente Fox de dar fuerza de ley a los acuerdos de San Andrés firmados por el antiguo gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996, que acuerdan derechos específicos para las comunidades indígenas. Situación económica y social


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Considerado como un país emergente, México enfrenta desde hace varios años una situación económica difícil que alcanzó su punto culminante con la crisis del peso en 1994. El servicio de la deuda exterior, los reajustes económicos impuestos por las instituciones internacionales y el establecimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá en 1994 han tenido dolorosas consecuencias económicas y sociales. Más de 40 millones de mexicanos y mexicanas se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Las políticas de focalización del gasto social que orientan los programas nacionales de combate a la pobreza implementados en los últimos años son excluyentes, su carácter es meramente asistencialista y clientelar, funcionan como paliativos sin proponerse resolver las causas estructurales de la pobreza. México vive actualmente una concentración desmedida de la riqueza en unas cuantas manos, la polarización de las clases sociales, la desintegración familiar, el detrimento de los valores fundamentales del hombre y el aumento de la violencia doméstica y pública. Es especialmente preocupante el impacto que tienen la pobreza y las desigualdades sociales y económicas existentes sobre los grupos más vulnerables de la sociedad que son los niños, las mujeres, los indígenas y los adultos mayores los más marginados. Los problemas de la población de México en este momento, entre otros, son: - El salario: de 1976 a 1998 el salario ha tenido una pérdida acumulada de 86% de su poder adquisitivo y necesitaría aumentar un 280% para que se recupere el nivel de compra de hace más de veinte años6. - El trabajo: ante la incapacidad de alcanzar las metas fijadas por el anterior gobierno de Ernesto Zedillo en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, se calculó que para el año 2000 el sector informal llegaría a representar el 44% del empleo urbano, con la consecuente falta de acceso a la seguridad social y a las prestaciones de trabajo. - La niñez: en México trabajan alrededor de 800,000 menores de 14 años7. - La alimentación: el precio de los productos alimenticios básicos ha ido en aumento y los programas gubernamentales para resolver la producción de alimentos en el país se han manifestado incapaces de hacerlo. - La salud: la cobertura del sistema nacional de salud deja sin atención de buena calidad y especializada a grandes sectores de la población ubicados principalmente en las periferias de las grandes ciudades y en las regiones rurales. - La cultura: la tendencia de privatizar y comercializar el patrimonio cultural y natural del país, como lo pretende la iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, limita su acceso, goce y disfrute a la mayoría de la población. - La educación: el grado de deserción es preocupante y conforma la estructura educativa de la población, pues cuanto mayor sea el nivel escolar, menor es el número de demandantes. De cada 100 alumnos que entran en el nivel primario, sólo 7 llegan al nivel superior. - La vivienda: el acceso a la vivienda de interés social, se limita a favorecer a trabajadores registrados en los sistemas de seguridad social y a su vez se restringe a aquellos que tengan como ingreso más de 3 salarios mínimos. 6. Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), Facultad de Economía de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM). Reporte de Investigación 50. Los hogares mexicanos. México, noviembre 1998.

7. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.


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La globalización económica ha tenido para México un impacto negativo en la calidad de vida de la población, observándose el imperativo de revisar y reorientar los tratados de comercio con el objetivo de reactivar de manera real el mercado interno sobre la base de la inversión productiva y no sobre la base de la inversión especulativa. 3. Situación de los Derechos Humanos En México, en las últimas décadas, las violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera dramática y sistemática. Los casos más graves se presentan principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estos Estados ubicados al sur de México, se caracterizan por tener una población esencialmente rural y en gran parte indígena, por un estado de extrema marginación económica y social, y por el desarrollo de conflictos particularmente violentos relacionados con la tierra. Pueblos indígenas

Según fuentes oficiales, alrededor del 10% de la población total del país es indígena8. Los pueblos indígenas en México forman comunidades socioculturales con identidad propia, existiendo más de 56 pueblos diferentes. Las zonas de alta población indígena son también las de más alto grado de marginación política y económica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe sobre la situación en México publicado en 1998, que los pueblos indígenas se encuentran en desventaja respecto al resto de la población en lo que se refiere al acceso a servicios estatales, sociales y de salud. En la mayoría de los municipios eminentemente indígenas del país, la tasa de analfabetismo es del 43%, es decir, más de cuatro veces la media nacional. Con relación al derecho al trabajo también las cifras son alarmantes, cerca del 43% de la población indígena que tiene oportunidad de trabajar percibe ingresos por debajo del salario mínimo. Sobre el derecho a la salud, debe citarse como ejemplo la situación en Chiapas, Estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de cólera, enfermedades diarreicas y muertes por tuberculosis, existiendo en esta zona un médico por cada 18,900 habitantes aproximadamente. Según las cifras de la Comisión Nacional de Población, dadas a conocer en 1998, la esperanza de vida de los indígenas al nacer es 4.2 años menor con respecto al sector no indígena. Dentro de las violaciones a los derechos de la población indígena en México, las mujeres indígenas sufren abusos y malos tratos ya que cuando se produce la detención de un hombre, sea marido, padre o hijo, la esposa, la hija o la madre

8. Este porcentaje aumenta al doble según cifras manejadas por los propios pueblos indígenas y por especialistas en el tema.


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sufren también las consecuencias de la detención. Además las mujeres son las principales desplazadas en los conflictos y son victimas de hostigamiento, acoso y violaciones. Destaca la situación que viven las mujeres desplazadas de Chiapas y de la región de los Loxicha en Oaxaca, que mantienen un plantón permanente en la Ciudad de Oaxaca desde hace más de tres años con el fin de demandar la libertad de sus presos. También estas mujeres ven violados sus derechos reproductivos con la implantación de programas de planificación familiar con los que su decisión de tener hijos se ve condicionada. Todos los problemas que vive la población indígena se agravan cuando se trata de mujeres, así por ejemplo el analfabetismo de la población femenina en los municipios eminentemente indígenas asciende hasta el 53%.

Uno de los problemas principales de la población indígena mexicana es la insuficiencia legislativa interna en materia indígena. El Artículo 4° de la Constitución Federal se limita al reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación, pero en términos formales y prácticos no tiene fuerza jurídica para garantizar y defender los derechos de los pueblos indígenas mexicanos. En el Artículo 27, que se refiere a la propiedad y tenencia de la tierra, existen disposiciones que atentan contra la integridad de la propiedad social de las tierras y territorios indígenas, favoreciendo la comercialización y enajenación de las mismas. En cuanto a los artículos 14 y los artículos de 16 a 21, referentes al sistema de procuración e impartición de justicia, éstos no contemplan la diversidad cultural ni reconocen la jurisdicción de las autoridades tradicionales, ni sus formas de resolución de conflictos internos.

Como efecto de estas insuficiencias y limitaciones de la legislación, se han llevado a cabo reformas a las constituciones locales y leyes secundarias pero éstas han resultado en su mayoría contrarias a las necesidades y demandas indígenas planteadas en los Acuerdos de San Andrés y reconocidas en el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes.

En las instituciones gubernamentales esta falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas trae como consecuencia la casi nula representación en los órganos de los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y en los tres niveles de gobierno que componen al Estado mexicano -el municipio, el Estado y la federación. Algunos aspectos que pueden ejemplificar la situación de los indígenas frente a las instituciones públicas son los siguientes:

- En general las autoridades judiciales desconocen los derechos, que tanto en las legislaciones nacionales como internacionales, tienen reconocidos los pueblos indígenas, haciendo una aplicación muy restringida del derecho.

- En el caso del poder legislativo, tanto a nivel federal como local, el monopolio de los partidos políticos ha excluido, casi por completo, la representación y participación de los pueblos indígenas en las tareas de legislación, no sólo en las que les atañen sino en el impulso de una perspectiva pluricultural del sistema jurídico nacional y local.

Otro gran problema que afecta a la población indígena es la tierra. Hasta 1992 existía una legislación que de alguna manera garantizaba la tenencia social de la tierra. Aun así, eran comunes las irregularidades en los procesos agrarios, las sentencias sobrepuestas (en que la misma tierra era dada a dos pueblos diferentes o a un pueblo y a un pequeño propietario) y la no-ejecución de resoluciones presidenciales. Esta situación sigue haciendo de varios Estados de la República


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Mexicana un mosaico de conflictos agrarios, como en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guerrero, entre otros.

A partir de la reforma del Artículo 27 de la Constitución mexicana, se produjo un cambio en la situación legal de las tierras indígenas y campesinas, que hasta entonces habían sido inalienables, inembargables e imprescriptibles. Esta reforma trajo consigo la entrada del Programa de Certificación de Derechos (PROCEDE), el cual favorece y propicia la comercialización de la tierra, exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) para México.

A través de las instituciones gubernamentales, como el Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Procuraduría Agraria, se obliga a los pueblos indios a entrar al PROCEDE, bajo la amenaza de no recibir créditos y otros beneficios de programas gubernamentales. El PROCEDE provoca la desintegración de la propiedad social, comunal o ejidal, por la concesión de créditos, que en situaciones adversas, no pueden ser pagados y llevan al embargamiento de la tierra. Lo anterior favorece la política económica actual, poniendo a los pueblos indios en un estado mayor de vulnerabilidad y marginación, así como en peligro de extinción, debido a: - La pérdida del sentido comunitario.

- El peligro de acceso y conservación a los recursos naturales. - La pérdida de su identidad. - El estado de miseria acrecentado.

- Los enfrentamientos por conflictos agrarios, que implican con frecuencia órdenes de aprehensión injustificados, detenciones arbitrarias, torturas y muertes.

Por otra parte, los Megaproyectos se van implementando a través de la presión a los pueblos y comunidades por medio del INI y la Procuraduría Agraria para que vendan o cedan sus tierras o parte de ellas, quedando los pueblos indígenas en una situación de indefensión total. Este es el caso del llamado megaproyecto del Istmo de Tehuantepec (Programa de Desarrollo Integral del Istmo (PDII)) para hacer de esa región un corredor comercial, de maquiladoras industriales y de extracción de recursos naturales que compita con el Canal de Panamá. Estos proyectos están diseñados para hacer más negocios y la mano de obra local que emplean, temporal o permanente, resulta muy poco significativa con relación al número de población local y a las ganancias que se espera aporten a los inversionistas y corporaciones. Sin embargo a pesar de la situación actual, hay esperanzas de que el diálogo entre el EZLN y el gobierno mexicano se reinicie: el Congreso mexicano recibió el 5 de diciembre de 2000 la iniciativa original que retoma los Acuerdos de San Andrés para su análisis y aprobación. Creciente militarización de la sociedad mexicana

Confundir seguridad pública con seguridad nacional y no aceptar que existen regiones del país en las que existe un Estado de excepción no declarado, son dos ejemplos de la falta de un verdadero Estado de Derecho en México. Desde el decreto del ex presidente Salinas De Gortari emitido en 1994 que establece la coordinación de seguridad pública, hasta las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que legitiman la militarización, pasando por la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), que cuenta en sus filas con


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más del 50% de militares, se violan flagrantemente los artículos 16 y 1299 de la Constitución mexicana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual México es parte. La anticonstitucional Policía Federal Preventiva es una policía eminentemente política. Cuenta con seis mil efectivos militares de un total de once mil policías que la conforman, tiene injerencia en todo el territorio nacional y puede actuar en prácticamente todos los ámbitos. En muy poco tiempo ha mostrado su verdadera naturaleza de policía política, orientada a la contención y represión de los movimientos sociales. Claro ejemplo de lo anterior ha sido su participación en la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 6 de febrero del 2000, y meses después en las comunidades de los Montes Azules en Chiapas, así como en otros Estados de la República en los que la tensión política y social es manifiesta. Asimismo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a sus agentes son constatadas. Conjuntamente con la militarización, han aparecido un mayor número de bandas paramilitares y grupos de choque, responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos, precisamente en los lugares donde el ejército y las policías tienen mayor presencia. Ciertos diputados han señalado la relación que los grupos paramilitares tienen con poderes locales, estatales y nacionales. Durante los últimos cinco años, las fuerzas de seguridad, coordinadas con las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, han recibido adiestramiento y capacitación de expertos nacionales y extranjeros y conformado grupos de élite para el combate a "la delincuencia organizada", invirtiendo grandes recursos económicos que podían haber sido empleados en políticas de gasto social para las comunidades que viven en extrema pobreza. Precisamente, las comunidades que viven en condiciones infrahumanas, son las que padecen la presencia militar y las acciones paramilitares. La militarización del país se considera como grave y ha traído consigo el incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. La CIDH recomendó la revisión de la Ley General que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública. Sin embargo, no sólo no se ha realizado la revisión a dicha ley, sino que se sigue incorporando a militares en funciones de seguridad pública. Tal es el caso de la incorporación de 5000 militares a la Policía Federal Preventiva en julio de 1999, así como la reciente designación por el nuevo presidente Vicente Fox del General Macedo de la Concha como Procurador General de la República. En diferentes regiones del país, principalmente en el sur y sureste, las fuerzas armadas (FFAA) desarrollan acciones militares de control del territorio y de la población en combinación con fuerzas policiales como la Procuraduría General de la República, Policías Judiciales estatales, Policía de Seguridad Pública, Policía Federal Preventiva e Instituto Nacional de Migración. Entre estas acciones se encuentran la instalación de retenes provisionales y permanentes en carreteras,

9. Art. 16 "… En tiempos de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna…". Art. 129 "… en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar".


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autopistas y caminos rurales; el establecimiento de bases militares y de operaciones mixtas (BOM) en comunidades rurales y la realización de operativos policiaco-militares que repercuten en el incremento de violaciones graves a los derechos humanos como las detenciones ilegales y arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura. Estas acciones construyen las condiciones para la actuación impune de grupos de civiles armados y/o paramilitares formados y fomentados por las FFAA e instituciones de gobierno, que realizan acciones de ataque armado unilateral, generando dos principales tipos de bajas humanas: a) el desplazamiento de poblaciones completas, más de 20 mil personas en Chiapas10, y b) la eliminación sistemática de dirigentes sociales que tienen una identidad principalmente indígena y campesina. Tan solo desde enero de 1998 a julio de 1999 han sido reportados por la prensa 365 muertos. Tales violaciones a los derechos humanos forman parte de una estrategia militar que tiene como otro de sus efectos la descomposición profunda del tejido social, el fomentar la prostitución (forzada o inducida), el alcoholismo y la drogadicción, el hostigamiento psicológico, la contaminación y uso indebido de los recursos naturales, el cerco de hambre a las comunidades y su división a través de programas gubernamentales. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la creciente intervención de los militares en la sociedad, específicamente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiales11. Esta práctica se ha extendido a Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. El Comité señaló además que pese a no haberse proclamado el Estado de emergencia en zonas de conflicto, la población ha sido sometida a las derogaciones de sus derechos, por ejemplo, los puntos de control militar que impiden la libertad de circulación12. Igualmente, en octubre pasado, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por las amenazas al derecho de los niños causadas por el grado de militarización en México13. Podemos afirmar que el fenómeno del paramilitarismo tiene sus orígenes en el propio Estado y que su causa principal es la no-atención a las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos contra las comunidades oprimidas, es decir, la impunidad de la que gozan los actores de estas violaciones consideradas como delitos de lesa humanidad, como son la ejecución extrajudicial, la tortura y la desaparición forzada de personas y que agudiza los conflictos entre la población. Igualmente, medios especializados en presupuestos militares han exteriorizado su preocupación y alertado sobre el incremento en los gastos del gobierno de México en materia militar. Mientras tanto, el combate a la pobreza que debe significar el favorecer mejores condiciones de vida para la población y no tratar de extinguir a los pobres, no ha dado resultados contundentes. El “bienestar para tu familia” no está en contar con un retén militar o un campamento o base militar de operaciones mixtas a las puertas de las casas de los millones de pobres. Bienestar para la familia 10. Informe de CIEPAC, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. La estrategia de la Guerra en Chiapas. 11. Observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. México, CCPT/C/79/Add 109.27 de julio 1999. 12. Idem, párrafo 12. 13. Observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. México, CCPT/C/79/Add 109.27 de julio 1999 párrafo 8.


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significa salarios justos y dignos, empleo y producción autosuficiente de alimentos. Militarizar diferentes regiones del país en nada beneficia el combate contra la miseria. Administración de Justicia e Impunidad Se ha producido en México un estado general de impunidad, producto del abuso de poder y corrupción que afecta a toda la población mexicana. Este estado de impunidad constituye una violación del derecho humano a la seguridad y a la justicia. La excesiva dependencia de las Procuradurías de Justicia del Ejecutivo, la negativa de los Ministerios Públicos de investigar graves violaciones a los derechos humanos, la persecución de líderes políticos, sociales, campesinos, sindicales y de los pueblos indígenas, pasando por encima del Estado de derecho a través de la fabricación de delitos y el desarrollo de procesos viciados que no cumplen con el principio fundamental de la imparcialidad. Igualmente, debe señalarse la reticencia de las Procuradurías de investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército mexicano, hace que éstos casos queden en la impunidad al ser investigados por el fuero militar que actúa como juez y parte en un mismo proceso. Las reformas de la Constitución, de los Códigos Penales y de la Ley de Amparo, cuya finalidad es disminuir los requisitos esenciales para detener y consignar a una persona acusada de cometer un delito y ampliar el término de flagrancia14, vienen a reforzar el marco legal que propicia la práctica de la tortura como método de investigación. Los cuerpos policiacos y agentes ministeriales todavía no cuentan con adecuadas técnicas de investigación de los delitos, y mucho menos con una cultura de respeto a los derechos humanos. A pesar de la existencia de una Ley para prevenir y sancionar la tortura, son pocos los casos en los que se investiga y sanciona a una autoridad por este delito15, además de que la tortura psicológica no es tomada en cuenta por la ley. Así lo establece el Relator Especial sobre Tortura en su informe sobre su visita a México: El personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido por la justicia militar16.. Así lo constatan igualmente algunas de las escasas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)17 que han sido dirigidas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Recomendaciones que muestran por una parte la impunidad de quienes han sido señalados como violadores a los derechos humanos y por la otra lo superficial de las investigaciones que no tocan fondo y se entrampan en su propio contenido. Resulta 14. Diario Oficial de la Federación, 8 de marzo y 18 de mayo de 1999. 15. Jesús Miyazawa Alvarez, ex director de la Policía Judicial del estado de Morelos, acusado de encubrimiento y tortura cometida en contra de Jorge Nava Avilés quien murió durante la tortura recibida, únicamente se le impuso la sanción de un año, dos meses y siete días de prisión y 41 días de multa, confirmada por el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. La Jornada, 6 de diciembre de 2000, p.p. 50. 16. Informe del Relator Especial sobre Tortura. Visita del Relator Especial a México, 14 de enero de 1998. E/CN.4/1998/38/Add 2 párrafo 86. Un elemento que coadyuva a dicha impunidad es que en ocasiones los militares realizan operativos vestidos de policías, y los nuevos Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales de la Policía Judicial, tienen uniforme tipo militar sin tener sus insignias claras, lo cual impide la identificación de los agresores. 17. De más de mil quejas contra el Ejército recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha emitido sólo 21 recomendaciones.


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sumamente peligroso que en las mismas se delegue a la Procuraduría General de Justicia Militar la investigación de dichas violaciones pues se convierten, como ya hemos mencionado, de manera automática en juez y parte, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución federal18. Esas recomendaciones ni siquiera son dirigidas al Presidente de la República, a su vez Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para que éste a su vez ordene las investigaciones correspondientes a la Procuraduría General de la República, organismo constitucional competente para conocer los casos concretos. La desaparición forzada continúa gozando de impunidad. En México, responsables de la guerra sucia de los años 70 como es el caso de los Generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiróz Hemosillo aún gozan de impunidad. Sin embargo, se abre la posibilidad de que se les pueda sancionar, gracias a un fuerte movimiento de ONG y familiares que han logrado que se tipifique la desaparición forzada en el Código penal para el distrito federal e igualmente existe una iniciativa de ley presentada al Congreso federal. Además, en demanda del derecho a la verdad y de la justicia, se han interpuesto las primeras demandas penales por el delito de secuestro en contra de estos generales. Sin embargo, hasta el momento, en estos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la única instancia del Estado que investiga dichas violaciones. Además, este organismo ha impulsado, en muchas ocasiones, el desistimiento de los familiares de las peticiones hechas por ellos al grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU. Ni el Poder Judicial Federal ni los poderes locales gozan de autonomía plena, entre otras cosas porque no está establecida la inamovilidad de los jueces del fuero común. Es evidente que el Poder Judicial depende de las decisiones políticas que le son trazadas desde el Poder Ejecutivo. En muchos casos, las sentencias emitidas por los juzgados absuelven a autoridades señaladas claramente como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sin tomar en consideración recomendaciones de órganos nacionales e internacionales de derechos humanos, e inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación19. Por el contrario, sus sentencias han sido condenatorias cuando el procesado es un líder político, indígena, campesino, sindical o social20. La falta de independencia de jueces y abogados persiste, a pesar de la importante creación del Consejo de la Judicatura. Los graves problemas de la procuración y administración de la justicia se incrementan por la corrupción, el tráfico de influencias y la impericia. Las decisiones jurisprudenciales reducen, además, el alcance del derecho a una defensa efectiva. En casos de incomunicación, el Poder Judicial Federal ha asumido una postura reticente ante los amparos interpuestos por este motivo. En repetidas ocasiones se 18. "… Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". 19. Caso de Aguas Blancas en Guerrero, lugar donde fueron asesinados 17 campesinos. Ante estos hechos, existen recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los cuales se señala la responsabilidad directa del entonces gobernador Rubén Figueroa, entre otros altos funcionarios estatales, que no fueron enjuiciados o en su caso salieron libres como consecuencia de amparos otorgados por los juzgados federales de Acapulco. No está de más señalar que varios de ellos actualmente continúan siendo funcionarios del gobierno del Estado de Guerrero. 20. Caso de Benigno Guzmán, miembro de la Organización Campesina de la Sierra Sur, en Guerrero, y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas que fue sentenciado a 13 años de prisión por un delito prefabricado y se encuentra recluido en el Centro Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco.


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niega a recibir estos amparos o retrasa la substanciación de los mismos, con el argumento de carga excesiva de trabajo21. Por lo tanto, a las limitaciones que contiene la ley de amparo en materia de incomunicación, se añade la actitud negligente de los Juzgadores Federales. El Consejo de la Judicatura es un órgano creado con el objeto de administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial Federal. Sin embargo, sus funciones se han visto severamente limitadas por su propia conformación, dado que, de los siete miembros que lo integran, cuatro de ellos, incluyendo el presidente, que a su vez es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), provienen del mismo Poder Judicial Federal. Por lo tanto, existe una tendencia a encubrir y justificar las faltas que cometen los magistrados y jueces federales en el desarrollo de su trabajo22. Por tal motivo, los juzgadores incompetentes o corruptos gozan de la impunidad que les facilita la ineficacia de este órgano de vigilancia. Además, existe la imposibilidad legal de las comisiones gubernamentales de derechos humanos para conocer sobre asuntos jurisdiccionales, electorales y laborales. A toda esta situación en la que se encuentra la justicia mexicana tenemos que añadir la concentración de la procuración y administración de justicia en una sola instancia, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dificulta la imparcialidad al reunirse en una misma institución las partes acusadora y juzgadora y destacar que a pesar de que la Constitución mexicana establece en su artículo 133 que todo Tratado o Convención firmado y ratificado por el Estado mexicano es ley suprema en el país, los jueces y magistrados del poder judicial, a nivel estatal y federal, desconocen la existencia y contenido de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Los órganos de las Naciones Unidas y de la OEA han podido constatar tales violaciones así como la falta de respuesta efectiva a las recomendaciones que se han realizado. Derechos electorales Durante los últimos años, la reforma política en México ha atravesado por situaciones paradójicas que no permiten hablar de una verdadera voluntad de cambio en nuestro país. Por un lado, se logran importantes modificaciones al Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE), y por el otro siguen prevaleciendo prácticas “anquilosadas” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el acarreo, la compra y coacción del voto. Es evidente que existen algunos avances en este sentido, principalmente el de la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), que muchas organizaciones civiles han impulsado y que debe ser llevada a término en toda la estructura nacional. A pesar de estos avances en el ámbito federal, desgraciadamente no ha llegado a muchos estados y municipios del país. Los cambios en materia electoral

21. Práctica recurrente en los Juzgados de Distrito en Acapulco, Guerrero, donde los jueces se niegan a recibir los amparos por incomunicación alegando que “no son agencia investigadora”. 22. Resolución de la queja administrativa número 26/99 interpuesta en el Consejo de la Judicatura contra actos ilegales de la juez segundo de distrito de Acapulco, Xóchitl Guido Guzmán. En esa ocasión el Consejero ponente señaló que sí existía una violación a la ley por parte de la Lic. Guido Guzmán, pero que ésta se justificaba por “la excesiva carga de trabajo en el juzgado” y por tal motivo no podían sancionarla.


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no pueden ser parciales si se quiere atacar los problemas de raíz. Entre éstos últimos se cuentan: - La intensificación de políticas en el uso de recursos, programas y servicios gubernamentales para la compra y coacción del voto, especialmente entre la población que vive una situación de pobreza y dependencia respecto a estas acciones y fondos públicos. - La inexistencia de un marco jurídico, mecanismos y medios para la vigilancia y sanciones que permitan formas efectivas de control a los gastos de campaña y a la violación de los topes legalmente establecidos. - No hay formas para garantizar la cobertura equitativa de los medios de información en contiendas electorales. Por otro lado, este hecho se ha convertido en uno de los mayores rubros de inversión electoral que, mediante el uso de la publicidad y encuestas, contribuye a la manipulación del voto en relación directa con las capacidades económicas. - Se impide el voto de los mexicanos en el extranjero, a pesar de que éstos representan 10.7 millones de votos. - Los observadores electorales deben cubrir una gran cantidad de requisitos para desempeñar su función, sin embargo sus observaciones no tienen validez jurídica. Derecho a la libre circulación Otro de los derechos que los mexicanos ven continuamente violado es su derecho a la libertad de circulación. El pueblo mexicano es violentado de continuo en su derecho a la libre circulación por el territorio nacional mediante la creciente presencia militar en las carreteras de casi todo el país, en especial las del sur. Los retenes militares, policiales y migratorios (tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Gobernación) violan el derecho civil y político de libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, ya que si no cuentan con una identificación oficial al pasar por ellos, son sometidos a interrogatorios y molestias que atentan contra sus más elementales derechos. La libertad de tránsito por territorio mexicano se respeta únicamente para ciudadanos de otros países que visitan México en calidad de turistas, pero cuando vienen en calidad de observadores (a prestar ayuda humanitaria o a conocer la realidad social que se vive fuera del México pintoresco y de escenografía que el gobierno intenta presentar) son obstaculizados en sus actividades acusándolos de injerencia y violación de nuestra soberanía nacional, llegando a su deportación. Defensores de los Derechos Humanos La crisis de los derechos humanos existente en México repercute en contra de los defensores de derechos humanos, situación que es motivo de preocupación por parte de organismos intergubernamentales como la Comisión Interamericana de


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Derechos Humanos (CIDH), la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales y la Subcomisión de Promoción y Protección a los Derechos Humanos23, entre otros.

El gobierno mexicano es uno de los signatarios de la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, adoptada pr la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, comprometiéndose a reconocer, respetar y facilitar el desarrollo de las actividades de los defensores de derechos humanos.

Sin embargo, en la práctica, se incrementan los casos de violaciones en contra de los integrantes de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. Entre estas violaciones se cuentan: amenazas, advertencias de secuestro o desaparición, hostigamiento, intimidaciones, persecución, interferencia telefónica, vigilancia en domicilios privados y oficinas de trabajo, espionaje telefónico, allanamiento, robos "extraños" de materiales y equipos, detenciones ilegales, agresiones físicas, intento de homicidio (hasta la ejecución extrajudicial), la descalificación a través de medios de comunicación sobre la supuesta relación con grupos guerrilleros con la finalidad de distorsionar su labor; además de que no se les reconoce como actores que contribuyen a evitar la impunidad y a la formación de una cultura de respeto y aprecio a los derechos humanos. Por otra parte, es necesario señalar que en los últimos años el gobierno mexicano ha expulsado ilegalmente a centenares de observadores civiles internacionales de derechos humanos. La acumulación de casos de persecución a defensores sin esclarecer, pone en evidencia un patrón sistemático que intenta frenar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en México.

Por su parte, los comunicadores también son objeto de actos intimidatorios, destinados a desalentar su labor de investigación y de informar con veracidad sobre distintos temas relacionados con la vida política, económica y social del país. Los periodistas y comunicadores en general ven lesionados sus derechos a la libertad de expresión y libre información.

El doble discurso y la ambigüedad gubernamental es una práctica constante, por una parte crea espacios de interlocución con distintas organizaciones civiles y por otro descalifica el trabajo de los mismos ante la comunidad nacional e internacional.

Un ejemplo de lo anterior son las reuniones entre organismos civiles y la Comisión Intersecretarial para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos liderada por la cancillería de Relaciones Exteriores. Tales reuniones intentan dar la impresión de que las autoridades abren un espacio de diálogo. Sin embargo, en el marco de la visita del Alto Comisionado en noviembre de 1999, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado interno, fechado el 28 de octubre, en donde describe la estrategia de comunicación que debe implementar con el objetivo de "Contrarrestar la

23. Informe CIDH, septiembre 1998, par 666; Informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias E/CN.4/1998/68/Add.1, diciembre 1997, par 283, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Resolución 1998/4 20 de agosto de 1998.


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desinformación y el pesimismo que el EZLN, representantes de los partidos de oposición, ONG y personalidades afines al zapatismo propagan en la opinión pública y en los medios de comunicación nacionales y extranjeros sobre la presunta violación de los derechos humanos en territorio nacional y, fundamentalmente, en Chiapas". Este documento muestra que en opinión de la SRE, los organismos civiles que denuncian violaciones a los derechos humanos desinforman a la opinión pública en lugar de reconocer a estos organismos como actores fundamentales que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La CIDH en su informe sobre los derechos humanos en México de 1998 señala que "la tarea cumplida por los defensores de derechos humanos y otras organizaciones sociales, tiene una gran importancia para la vigencia plena de los derechos humanos, y para la convivencia democrática. En efecto, dichos grupos contribuyen al fortalecimiento de la democracia mediante sus actividades de promoción denuncia y protección de los derechos humanos. La experiencia hemisférica de la Comisión demuestra que tales actividades constituyen un freno al autoritarismo y a la impunidad, y a la vez significa el fortalecimiento del pluralismo y la tolerancia".

Las denuncias presentadas ante autoridades correspondientes por agresiones a defensores de derechos humanos y comunicadores que incluso en varios de los casos han señalado a los responsables de las mismas- no son investigadas conforme a derecho. Estas investigaciones no prosperan y menos aún, no procesan penalmente a los presuntos responsables, por el contrario se cuestiona la veracidad de los hechos. CONCLUSIÓN El marco jurídico de México demuestra que es posible violar los derechos humanos respetando la Ley, por lo que es necesario que las ONG asuman el reto para impulsar fuertemente la coordinación de esfuerzos que permitan presionar para una harmonización de toda la legislación federal y de los estados de la República con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En efecto, para mejorar la situación de los derechos humanos, el Estado deberá poner un alto a la impunidad y dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en derechos humanos y sobre todo las referentes a la no-utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Asimismo, el gobierno mexicano deberá: - Sacar elementos de las fuerzas armadas en las instituciones civiles y mucho menos al frente de la PGR independientemente de las personas que puedan ser propuestas. - Cambiar radicalmente la política de seguridad nacional atendiendo a las demandas de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y garantizar los civiles y políticos lo que podría evitar el fenómeno de la violencia y la guerra, que ya no es tan silenciosa y adquiera una dimensión nacional. Orientar el gasto público y vigilar su ejercicio es una de las tareas prioritarias. - Cumplir con el Artículo 129 constitucional y desarticular a las bandas paramilitares en todo el territorio nacional.


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De la injusticia y la impunidad surgen los linchamientos, de la falta de procuración de justicia y la falta de credibilidad en las instituciones públicas por corrupción, demagogia y represión, surge la justicia de propia mano, la ingobernabilidad y la ruptura del estado de derecho. Hasta ahora, todas las políticas públicas favorecen las medidas neoliberales que benefician a las grandes empresas, en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Mucho se tendrá que hacer durante el gobierno de Vicente Fox para la realización plena de todos los derechos humanos. FUENTE : LIMEDDH- Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.


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NICARAGUA


Capital Managua Superficie 130 000 km2

Población 5 100 000 hab Densidad 39 hab/km2

Moneda Córdoba Sistema estatal República unitaria

Naturaleza del régimen Presidencial Jefe de Estado o gobierno Arnoldo Alemán

PIB / habitante 2000 380 $ Deuda exterior 2000 (millones $) 6 700

Deuda % PIB 2000 291 Tasa de desempleo 2000 14,3 % Tasa de analfabetismo 31,4 % Esperanza de vida 2000 68 años

Agua : tasa de cobertura 2000 79 % Fuentes : Editions de la Découverte 2001 PEE franceses de Sur América (www.dree.org) Bilan du Monde, Le Monde, janvier 2001 International Labour Organization (www.ilo.org) Instituto de Estudios Nicaraguenses ( http://www.ibw.com.ni/~ien/) World Health Organization (www.who.int) UNESCO (www.unesco.org) 2. Situación política, económica y social Situación política El año 2000 se ha caracterizado en Nicaragua por una sucesión de acontecimientos políticos de gran trascendencia que han dado lugar a un alto grado de inestabilidad y de incertidumbre en el país. Durante el año 1999, el tema permanente de debate fue el pacto que venían acordando desde inicios de 1997 las los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del partido del gobierno, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El pacto culminó en enero del año 2000 en importantes cambios legales e institucionales: la reforma a la Constitución Política de la República y la reforma a la Ley Electoral. La reforma constitucional y la reforma electoral del pacto FSLN-PLC, acuerdo bipartidista excluyente, se basan en arreglos económicos a largo plazo vinculados a la "resolución" de diversos problemas de propiedades de mucho valor económico y acuerdos “no escritos” sobre otros negocios. Dicho pacto ha debilitado el proceso de consolidación de la incipiente democracia formal e institucional de Nicaragua. El pacto demuestra la falta de autonomía e independencia de los poderes del Estado, obedientes a intereses personales de los

http://www.ibw.com.ni/~ien/


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caudillos de los dos partidos pactistas, y de sus caprichos personales. Las decisiones de los tribunales de justicia y de la Corte Suprema de Justicia, las aplicaciones del sistema fiscal, las leyes aprobadas, las investigaciones de la Contraloría, las sanciones a funcionarios públicos, los premios, los castigos y los nombramientos, no obedecen a criterios técnicos o a una interpretación democrática de la ley. Todo lo que se decide lleva ya el indiscutible "sello" de la correlación de fuerzas de un pacto entre adversarios políticos dispuestos a todo para conservar el poder, especialmente a excluir a las otras fuerzas políticas del país. A partir de 1999, la comunidad internacional comenzó a introducir nuevas condiciones políticas para el otorgamiento de créditos, la implementación de programas de ayuda y la condonación de la deuda externa: transparencia y eficiencia en el uso de los recursos del Estado, participación de la sociedad civil en las decisiones de políticas sociales, eficacia en el enfrentamiento de la pobreza extrema. En suma, gobernabilidad. Los contenidos excluyentes y antidemocráticos del pacto entran en contradicción con esas nuevas condiciones políticas y sociales de la comunidad internacional. Esto supuso un deterioro en las relaciones del gobierno nicaragüense con la comunidad internacional. Entre 1990 y 1999, los diarios del país publicaron más de 6 mil denuncias o noticias que informaban sobre hechos de corrupción, algunos muy graves. Esta constante información ha ido configurando un generalizado estado de opinión y una inédita conciencia pública de rechazo al flagelo de la corrupción oficial, ubicada ya en sondeos y encuestas como uno de los principales problemas del país, después del desempleo-pobreza y de la insatisfacción de las necesidades básicas. Consumado el pacto y vistos sus primeros efectos, el país entró en la fiebre preelectoral, desgastante y confusa. El Consejo Supremo Electoral (CSE) se deslegitimo completamente durante el proceso electoral, que fue marcado por la falta de credibilidad. Las consecuencias antidemocráticas de la Ley Electoral reformada se comenzaron a sentir cuando el Poder Electoral inició la organización de las elecciones municipales del 5 de noviembre. La Ley Electoral reformada eliminó las Asociaciones de Suscripción Popular, cerrando a las opciones no partidistas la posibilidad de acceder a cargos en los poderes locales, decisión antidemocrática que atenta contra el pluralismo político establecido en la Constitución y contra el principio de participación y organización ciudadana consustancial a la democracia. Las onerosas condiciones establecidas en la Ley Electoral reformada a los partidos políticos, destinadas a excluir prácticamente todas las opciones políticas no pactistas fueron complementadas con una aplicación poco flexible y a veces arbitraria de la Ley por las nuevas autoridades electorales. A pesar de que varios partidos y alianzas políticas lograron superar los obstáculos que para la participación les impuso la Ley, el Consejo Supremo Electoral profundizó la exclusión valiéndose para ello del proceso de verificación de las firmas de respaldo que presentaron los partidos para poder inscribirse. Decididos a dejar participar sólo a tres partidos: PLC, FSLN y Camino Cristiano, las presiones internacionales forzaron en el último momento la participación del Partido Conservador.


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Las elecciones municipales del 5 de noviembre se caracterizaron por un alto índice de abstención (46%) y arrojaron resultados ambiguos: las victorias cualitativas del FSLN y cuantitativas del PLC expresaron la polarización nacional. El pacto ha establecido serios límites institucionales y legales al desarrollo de la democracia en Nicaragua. No será fácil superarlos o modificarlos con ninguno de los posibles resultados electorales de las elecciones presidenciales del año 2001.


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Situación económica y social En el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD, Nicaragua aparece en la posición 116 de 174 países investigados, lo que le coloca en el tercer lugar de los países más empobrecidos de América Latina y el Caribe, superados sólo por Guatemala y Haití. Para dejar atrás la grave situación que Nicaragua vive actualmente, se necesitarían 25 años consecutivos de un crecimiento económico del 6% anual para alcanzar los niveles que hoy tiene, por ejemplo, la economía de El Salvador, país vecino y también empobrecido, pero con muchísima más vitalidad económica que Nicaragua. La falta de oportunidades para superar una pobreza desesperante, que afecta al 72.6% de los hogares nicaragüenses (66.8% de los hogares urbanos y 80.2% de los hogares rurales), y un creciente cierre de los espacios políticos impiden tanto las soluciones como la posibilidad de imaginarlas. Para Nicaragua, 1999 ha sido el peor año de la década desde el punto de vista económico. En 2000, y tras una larga polémica en que la sociedad se encontró con la sordera institucional, se modificó definitivamente el régimen legal del sistema de pensiones, lo que significó el inicio de la privatización de la seguridad social y la creación de empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). También se dieron en el año 2000 los primeros pasos para revestir de legalidad lo que ya era un hecho desde hace años: la privatización de la educación -derecho constitucional-, mientras continuaban los procesos de privatización de los servicios públicos de agua potable, de energía y de telefonía. La falta de seguridad jurídica del derecho de propiedad ha seguido contribuyendo a generar un proceso de contrarreforma agraria, con el regreso del latifundismo -terratenientes nuevos y antiguos, latifundistas nacionales y centroamericanos- y la desarticulación del movimiento cooperativo. Los beneficiarios de las reformas agrarias de los años 80 y 90 enfrentan en la actualidad serios problemas jurídicos, económicos y técnicos para dar sostenibilidad a sus esfuerzos productivos y mantienen en riesgo la conservación de sus propiedades. El desempleo sigue siendo el índice más claro del inhumano modelo económico que se aplica a la población nicaragüense y el problema más sentido por la mayoría de dicha población. Los niveles de desempleo se mantienen muy altos: cifras extraoficiales lo ubican en el 50% de la población económicamente activa. Como el desempleo, la desnutrición se ha instalado en el país. De acuerdo con datos de la FAO, Nicaragua es uno de los 14 países del mundo con mayor nivel de inseguridad alimentaria. También avanza el analfabetismo. Se calculan en 600 mil los nicaragüenses de más de 10 años que no saben leer ni escribir. El déficit de viviendas es masivo. Al déficit histórico de 450 mil viviendas hay que sumarle las consecuencias del huracán Mitch y de los terremotos que afectaron Masaya y sus comunidades en el mes de julio del 2000. Según datos oficiales, casi 25 000 familias perdieron sus viviendas a causa del huracán, y la reconstrucción es lenta y no ha cubierto a la mayoría. Los pequeños y medianos productores agrícolas han sido abandonados a su suerte, mientras los precios internacionales de los productos tradicionales de exportación bajan sin remedio. La producción industrial está estancada. Nicaragua exporta menos


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de la mitad de lo que tiene que importar. La ostentación de una minoría rica es tan notable como ofensiva. La brecha entre la extrema riqueza y la extrema pobreza -que afecta a un 40% de la población- es creciente. A los problemas de la economía real de la mayoría de la población -alza de los precios de la canasta básica, salarios reducidos o congelados, incrementos continuos en el pago por los servicios públicos- hay que sumar en el año 2000 dos crisis bancarias que han tenido un altísimo costo para el país y que han revelado la débil institucionalidad en que se asienta la frágil economía nicaragüense. La escandalosa quiebra del Interbank, revelada en agosto y provocada por el otorgamiento de préstamos de dudosa recuperación en forma privilegiada a un nuevo grupo empresarial, el de los hermanos Centeno Roque, cuyo capital es aún una incógnita, puso de manifiesto niveles de impunidad nunca vistos en el país, abriendo interrogantes dramáticos sobre las falsas bases del "crecimiento económico" de Nicaragua. Las quiebras bancarias -el Interbank en agosto y el Banco del Café en noviembre- afectaron el volumen de reservas internacionales del país, un serio golpe al "éxito" macroeconómico que proclama el gobierno, mientras que en la economía rural miles de pequeños y medianos productores vinculados al grupo empresarial que quebró el banco quedaron en una incertidumbre dramática temiendo por la ejecución de sus propiedades. Los fracasados planes de ajuste o las medidas macroeconómicas no garantizan una cierta estabilidad a la economía nicaragüense. El país sobrevive por los proyectos, préstamos y donaciones de la cooperación internacional, y por las remesas familiares en dólares de quienes emigraron a Costa Rica y a los Estados Unidos. Estimaciones del Banco Central estiman el monto total de las remesas en 300 millones de dólares anuales. Cifras no oficiales las calculan entre 400 y 800 millones de dólares. Sobrevive también Nicaragua por el movimiento de dinero que genera el narcotráfico y el lavado de dinero, cada vez más presentes en el escenario político, económico y social. No hay ninguna señal que permita asegurar la sostenibilidad o estabilidad de la economía de Nicaragua sin estos factores externos, que convocan a una justificada preocupación. Tampoco hay señales de que la clase política quiera empezar a trabajar en la dirección de la sostenibilidad económica. Igualmente, el proceso electoral que conducirá a las elecciones presidenciales en noviembre del 2001 no ofrece señales de poder introducir cambios profundos en el opaco panorama nacional. Aunque halla muchas fuerzas políticas y sociales, personalidades prestigiadas y grupos sociales opuestos al pacto PLC-FSLN, no existe aún un liderazgo reconocido por todos ni un proyecto que los unifique, ni un sentido de nación ni una visión de largo plazo que garantice que la crisis generada por el pacto se convierta en una oportunidad para un cambio más de fondo que beneficie a la nación y a sus mayorías. 3. Situación de los Derechos Humanos


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A la sistemática violación de los derechos económicos y sociales que padecen los nicaragüenses desde hace una década, vienen sumándose desde los últimos dos años violaciones selectivas y calculadas de sus derechos políticos. Derecho a la vida En el año 2000, el mayor número de violaciones al derecho a la vida tuvo lugar en la zona minera (Siuna, Bonanza y Rosita) y en el norte de Nicaragua. En esta región, por el accionar de los grupos armados murieron 20 personas. Los diferentes operativos que realizó el Ejército provocó la muerte de 34 miembros de bandas armadas. El conflicto armado en Siuna provocó el éxodo de 244 familias (unas 1500 personas). A pesar de que la desmovilización y el desarme de la Resistencia nicaragüense concluyó hace más de una década, en el año 2000 persistieron la presencia y el accionar de pequeños grupos armados. Según datos del Ejército de Nicaragua existen actualmente en Nicaragua 29 bandas armadas activas reintegradas por 195 rearmados. La delincuencia de los grupos armados y los abusos de las autoridades militares provocan una gran inseguridad. El problema de fondo es la pobreza estructural, la falta de educación, de salud y de empleo. En efecto, como el empobrecimiento y la falta de oportunidades económicas y sociales son tan grandes, parte de la población se une a las bandas delictivas para garantizarse su seguridad y la de su familia. Este problema de los grupos armados debe ser enfrentado de manera integral, con presencia institucional, pero el gobierno de Nicaragua limita su respuesta estrictamente a la represión militar. Entre los abusos cometidos por las autoridades militares, cabe mencionar lo acontecido en el mes de mayo en la Comunidad El Camarón donde miembros del Ejército de Nicaragua detuvieron arbitrariamente a aproximadamente 30 personas sospechosos de ser colaboradoras de los grupos armados. En menos de ocho meses (entre enero y agosto) resultó eliminada la jefatura del Frente Unido Andrés Castro (FUAC): Alejandro Navarro Guevara (conocido como “Tito Fuentes”), Edmundo Olivas Córdoba (conocido como “Camilo Turcios”) y Francisco Moncada Calderón (conocido como “Damián”) fueron asesinados. En los tres casos, los asesinados habían denunciado públicamente la persecución y el hostigamiento de los que eran objeto por autoridades militares. Los métodos utilizados para asesinarlos fueron evidentemente muy sofisticados y ejecutados por personas con experiencia profesional y recursos económicos y técnicos. Frente a estos asesinatos, las autoridades policiales y judiciales que tramitaron estos casos manifestaron poco interés y displicencia en esclarecer estos crímenes, favoreciendo así la impunidad. Uno de los casos más sangriento y relevante de la violación al derecho a la vida ocurrió el 18 de mayo en la comunidad Waspado del municipio de Siuna, donde un grupo de armados se presentó a la vivienda de Guadalupe Montenegro, ex-miembro del FUAC, y asesinó a siete miembros de su familia. Derecho a la seguridad ciudadana El año 2000 representa un año de nuevas modalidades de inseguridad para la población nicaragüense. A la inseguridad económica y física que se viene viviendo


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en los últimos años en Nicaragua, se suma la politización de todas las esferas de la vida cotidiana, el creciente fenómeno de la corrupción, la impunidad de algunos funcionarios del gobierno y la inestabilidad financiera y bancaria que ha empeorado los niveles de desconfianza de la población en las diferentes instituciones. Así, uno de los hechos que mayor impacto tuvo en la población en el año 2000 fue la quiebra en menos de dos meses del Interbank y del Banco del Café, instituciones que se suponía gozaban de estabilidad financiera en la banca nacional. Estas quiebras dieron lugar a una situación de total inseguridad en la población en general, la cual empezó a retirar sus ingresos de otras instituciones bancarias por miedo a que estas fueran igualmente a la quiebra. Sin embargo, la delincuencia en Nicaragua sigue aumentando y se convierte en una de las mayores preocupaciones para la población. Según la policía nacional, el crecimiento de la delincuencia entre 1999 y 2000 ha sido del 5.0%, lo que supone 5 delitos más de cada 100 que se cometían en 1999, dando lugar a un promedio mensual de 195 delitos. Este crecimiento delictivo hace cada vez más crecientes las necesidades de la Policía Nacional en cuanto a recursos humanos y materiales para responder de manera más eficaz a las necesidades de la población nicaragüense en detrimento de otras necesidades básicas. Sin embargo, la disminución de la operatividad policial ha favorecido lo que algunos denominan “ privatización de la seguridad ciudadana ” y que se manifiesta a través de la creación de empresas privadas de vigilancia y seguridad y a través de la autodefensa personal por medio de la posesión de un arma de fuego. Hasta el mes de mayo del 2000, según datos oficiales publicados en el estudio “ Proliferación y control de armas en Nicaragua ”, existían en manos de civiles 52.390 armas de fuego. Según la instancia encargada del registro, aprobación y supervisión de las empresas de vigilancia privada, existen 52 empresas a nivel nacional que poseen 3.488 armas de fuego. Esta inseguridad ciudadana que se vive en Nicaragua da lugar a la proliferación de armas entre la población civil lo que evidentemente contribuye a la delincuencia y a la violencia haciendo más difícil la seguridad general.


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Derecho a la libertad individual y derecho de manifestación En el año 2000, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH- constató 104 violaciones al derecho a la libertad individual. En la gran mayoría de los casos la Policía Nacional y los funcionarios del Poder Judicial aparecieron como responsables. Las detenciones arbitrarias se producen cada vez con más frecuencia en Nicaragua y ocurren a causa de los grupos armados y también por razones económicas. El Informe de Desarrollo Humano 2000 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que el 43.74 % de las personas detenidas en Nicaragua están desempleadas o lo eran en el momento de su detención. El Informe resalta que a mayor nivel de instrucción menores son las probabilidades de ser detenido. Esto significa que las personas que son detenidas lo son en relación con los grupos armados pero también por razones económicas y sociales. Las personas que carecen de recursos económicos y de relaciones con gente de poder están particularmente expuestas a ser detenidas. Una práctica que parece estarse institucionalizando en la Policial Nacional es la de actuar en los conflictos de propiedad, realizando desalojos y arrestando de manera encubierta a quienes poseen las tierras, sea por daños a la propiedad, sea por el delito de usurpación del dominio privado, facilitando así que los reclamantes con más poder político y económico ocupen las propiedades. Un ejemplo de esta práctica fue la disputa de 13 manzanas de tierra ubicadas en el Astillero, municipio de Tola, en la costa del Pacífico. El conflicto se produjo entre el propio Presidente de la República y Carlos Lorente. En este caso, el Jefe Departamental de Policía, Pablo Vargas, se prestó al propósito de expansión de tierras del Presidente, deteniendo por delito de desacato a la autoridad a tres trabajadores de Lorente que se encontraban en la propiedad. En lo que al derecho de manifestación se refiere, el año 2000 se caracterizó por una gran pasividad de las organizaciones gremiales que aglutinan a diferentes sectores del país. Esta pasividad es un indicador más de la falta de liderazgo que prevalece en el escenario político y social de Nicaragua. A pesar del descontento de la población por las condiciones de vida impuestas por la política económica del gobierno, y a pesar del incumplimiento de tantas promesas y compromisos, la población continúa paralizada y desmovilizada. Libertad de expresión y Opinión El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión sigue siendo en Nicaragua objeto de los ataques y restricciones del gobierno y del propio Presidente de la República. Existe en Nicaragua una hostilidad institucionalizada en contra de los medios de comunicación, que se traduce en agresiones físicas y verbales, en demandas judiciales, en acoso fiscal, procesamientos judiciales y despidos injustificados contra periodistas e igualmente en el cierre de espacios informativos. Durante el año 2000, los medios de comunicación estuvieron al frente de la opinión pública denunciando e investigando graves hechos de corrupción ocurridos en instancias gubernamentales y protagonizados por funcionarios del gobierno.


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Una de las denuncias que marcó un hito dentro del periodismo nacional fue el caso de “ los checazos ”, un caso de corrupción involucrando directamente al Director de la Dirección General de Ingresos, Byron Jerez, que fue documentado e investigado durante marzo y abril por el diario La Prensa. A raíz de esta investigación, La Prensa fue requerida para el pago de casi medio millón de dólares en relación con declaraciones del Impuesto sobre la renta en los periodos fiscales 1996-97 y 1997-98. El editorial rechazó enfáticamente el cobro, considerándolo arbitrario, exagerado e ilegal y calificándolo como una medida de presión para encubrir la corrupción y obligar al diario a variar sus actuaciones. La Prensa denunció también que en represalia por las denuncias sobre hechos de corrupción del gobierno, la Dirección General de Ingresos disminuyó la pautación de anuncios publicitarios en comparación con el año 1999. Al igual que en años anteriores, la distribución de la publicidad estatal se concentró en cinco agencias publicitarias y fue pautada en medios afines al gobierno, utilizándola como un mecanismo de castigo económico a los medios de comunicación que critican al presidente y de premio para los que lo apoyan incondicionalmente. Tales restricciones, así como las restricciones fiscales causaron el cierre del diario La Tribuna y de el semanal El Semanario. Estos casos muestran que el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua es difícil, problemático y tiene un costo, precisamente porque resulta molesto para el gobierno. Existe una campaña de desprestigio emprendida por el gobierno liberal contra los medios de comunicación y se produjeron varias agresiones verbales y/o físicas contra periodistas. Fransisco Larios, reportero gráfico de La Prensa, fue golpeado por efectivos policiales; Miguel Alvarez, peridosta gráfico de la AFP, fue agredido por efectivos policiales que se habían sumado al cuerpo de seguridad del ex-Presidente Daniel Ortega; Lucía Pineda, reportera del noticiero televiso y radial 100% Noticias, y un equipo periodistico del Canal 12 fueron agrediidos física y verbalmente por simpatizantes del Partido Liberal Nacionalsita (PLN); José Abraham Sánchez y su camarógrafo, del Noticiero Indepediente de Telenica Canal 8, fueron agredidos por agentes de policía; y Erick Cerda, camarógrafo de este mismo medio de comunicación, fue agredido por un miembro del Ejército. Los periodistas Jorge Loásiga, Carole Thimpson y William Briones, del diario La Prensa, fueron agredidos por el propio Presidente de la República y sus escoltas. Eloísa Ibarra, periodista de El Nuevo Diario, fue agredida física y verbalmente por el propio Presidente, hecho que fue luego negado por Martha McCoy, la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Acceso a la justicia y situación penitenciaria La imagen de corrupción y la evidente politización y dependencia de algunos funcionarios fueron las notas características de la actuación del poder judicial en el año 2000, convirtiendo a este poder del Estado en una institución violadora de los derechos humanos. Las serias deficiencias que enfrenta el Poder Judicial no son sólo consecuencia de sus limitaciones materiales o humanas, sino de la falta de independencia, de la


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descomposición del sistema judicial y de la fragilidad ética de sus funcionarios, que actúan al margen de la ley y al servicio de intereses políticos y económicos personales y de grupos de poder. Esta situación ha desembocado en un clima de total inseguridad jurídica y de permanente violación a los derechos humanos por la falta de acceso a la justicia. En el año 2000, el CENIDH recibió un total de 240 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades judiciales, constatando en 121 de ellas violaciones efectivas entre otros a las garantías del debido proceso, al acceso a la justicia, y a la igualdad ante la ley, lo que representa el 50.4% del total de estas denuncias. El poder judicial resultó ser durante el año 2000 la tercera autoridad que más violó los derechos humanos en Nicaragua, con un 18.6% de denuncias positivas con relación a las denuncias recibidas. Las pretensiones del gobernante PLC y un sector de la dirigencia del FSLN de crear, a través del pacto, un poder judicial dependiente se materializó en el mes de enero con la aprobación de las reformas constitucionales que establecieron la ampliación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 12 a 16 magistrados, los cuatro nuevos magistrados siendo nombrados por el PLC y el FSLN. Esta decisión constituye una clara violación a la independencia e imparcialidad del poder judicial, que lejos de garantizar una correcta impartición de justicia, generará aún más retrasos y partidarización de las que ya existen. Las limitaciones presupuestarias no justifican todas las deficiencas del Poder Judicial ya que la inadecuada ejecución que se hace del presupuesto y su uso en gastos innecesarios es lo que más obstaculiza el fortalecimiento el sistema judicial. Sin embargo, este año, se han logrado algunos avances: diversos fondos han sido distribuidos para contribuir a la resolución de causas administrativas y jurisdiccionales en materia de propiedad. Es importante también señalar un aspecto positivo que ha sido la decisión de la CSJ de destituir al Juez Local Único de Siuna, Critino Aguilar Tinoco, por abuso de autoridad y actuaciones constitutivas de delitos en el ejercicio de su cargo. En cuanto a la situación penitenciaria en Nicaragua, hay que mencionar que el considerable incremento de la población penal de los centros penitenciarios que se había venido observando en los últimos años varió en el 2000. Durante este año se produjo una sensible mejoría. Hasta el 4 de diciembre el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) registró un total de 4871 internos, cantidad que representa un 10% menos que la del año 1999. De las 18 denuncias interpuestas en el año 2000 en el CENIDH por presuntas violaciones a los derechos humanos de los internos, sólo en 3 se constataron violaciones a sus derechos. Del mismo modo que en 1999, el número de denuncias en contra de autoridades penitenciarias resultó bajo, lo que permite afirmar que el SPN es una de las instituciones estatales más respetuosas de los derechos humanos. Sin embargo y a pesar de las mejoras introducidas en las condiciones penitenciarias, éstas resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades reales del SPN. Existen aún muy pocos programas de reeducación que garanticen la reinserción de los internos en la sociedad y la alimentación en los penales trata de mantener el contenido


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calórico y nutritivo de las comidas recomendados por las Naciones Unidas a pesar de las limitaciones presupuestarias. Los servicios médicos continúan siendo un grave problema ya que el personal médico sigue siendo insuficiente y el presupuesto destinado para salud no permite la adquisición de medicinas para brindar una atención adecuada a los internos. Por último y a pesar de la situación de los internos hay que señalar como positivo el hecho de que a diferencia de otros años, en el año 2000 no se reportó ningún caso de suicidio en ninguno de los centros penitenciarios de Nicaragua. Derecho al trabajo Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) reveló en febrero del 2000, que un 14,3% de los trabajadores está en desempleo abierto y un 41% en subempleo, siendo las mujeres las más afectadas. Igualmente la encuesta refleja otros datos dramáticos: el 40,8 % de los hogares encuestados sólo una persona trabaja y en el 33,8% son dos. Además, un 31% de los encuestados había pensado en emigrar del país en busca de mejores oportunidades de empleo. La migración de mano de obra hacia otros países de la región o hacia Estados Unidos sigue siendo la única oportunidad de empleo que encuentran muchos y muchas nicaragüenses. Igualmente, el desempleo obliga a miles de niños y niñas a trabajar en labores agrícolas, a veces muy duras, junto a sus padres y esta realidad persuadió al Ministro de Trabajo a dictar en enero del 2000 una resolución por la cual autorizó a trabajar en las labores del café a menores de 12 años. Esta decisión que viola claramente los derechos humanos de los niños recibió severas críticas por lo cual tuvo que ser derogada. Las constantes amenazas de pérdida del empleo obligan a los trabajadores a ceder cada vez más a las exigencias del empleador, a consentir los despidos de sus compañeros y a tolerar impasiblemente las violaciones a los convenios colectivos. En el año 2000 no faltaron despidos entre los trabajadores del Estado por motivaciones políticas. En mayo, el Presidente de la Asamblea Nacional declaró que era urgente la aprobación de la ley de servicio Civil, anunció que apareció vinculado a la necesidad de garantizar la estabilidad de los empleos de los trabajadores del Estado afines al partido gobernante, actualmente temerosos de que en 2001 se produzca un cambio que lleve al poder a un partido de otro signo político. Otro de los temas de gran preocupación en lo que a los derechos laborales se refiere ha sido la congelación de los salarios mínimos de los trabajadores durante el año 2000. Desde el mes de febrero de 2000, los principales dirigentes de los dos grandes bloques de organizaciones sindicales –Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT)- solicitaron al Ministerio de Trabajo que convocara a la Comisión Nacional del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo e igualarlo al costo de la canasta básica. Además, al problema de estos bajos salarios hay que añadir el efecto de la Ley de privatización de las pensiones de la seguridad social, que incrementó el porcentaje de cotización del trabajador de un 4% a un 6,25%, lo que redujo los salarios de 2,25%. Los trabajadores nicaragüenses han así visto descender el poder adquisitivo de sus salarios porque éstos se mantienen congelados mientras que algunos productos experimentan


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un alza constante a causa de la recesión económica nacional, de la subida de los precios del petróleo, etc. Sobre la seguridad de los trabajadores, se ha producido un exagerado incremento del número de accidentes de trabajo. Así, en el primer semestre del 2000 ocurrieron 4.154 accidentes de trabajo, o sea 891 más que durante el mismo período en 1999. Este incremento del 21,4 % revela que en Nicaragua los trabajadores laboran en condiciones de inseguridad, con herramientas y equipos defectuosos. No están protegidos y carecen de supervisión y de condiciones para llevar a cabo un trabajo digno y garantizar su seguridad. Todas estas carencias apuntan como responsables directos a los empleadores y al Ministerio del Trabajo. Derecho a la salud La salud es un derecho al que los seres humanos tienen cada día más difícil acceso en Nicaragua. Según el Informe de Desarrollo Humano 2000 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1991 el gasto público en salud ha descendido. Se ha producido una disminución de la inversión en los planes y programas de atención a la salud pública, invirtiéndose cada vez más recursos en planes de reducción del personal calificado, en la contratación de nuevo personal y en gastos burocráticos de los altos funcionarios del Ministerio de Salud. En los últimos tres años las políticas implementadas por el Ministerio de Salud (MINSA) han provocado recortes de personal, disminución en los presupuestos, inestabilidad laboral, y también despidos de trabajadores por motivaciones políticas, lo que ha incidido significativamente en la capacidad del Ministerio de Salud para garantizar a la población un servicio en calidad y cantidad suficientes. Otra de las cuestiones preocupantes en materia de salud ha sido la aprobación el 13 de abril por la Asamblea Nacional de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, Ley 340, que privatiza la seguridad social en Nicaragua. Se sustituye así el modelo público o de reparto de pensiones por el modelo de capitalización individual obligatoria, sistema que sólo ha sido implementado en México, Bolivia, El Salvador y Chile con resultados muy cuestionables. Esta Ley constituye una clara violación a la Constitución Política, que establece la responsabilidad indeclinable del Estado de garantizar y administrar la seguridad de los nicaragüenses. Defensores de los derechos humanos Nicaragua era tradicionalmente considerado como uno de los países latinoamericanos más seguros para los defensores de los derechos humanos. En efecto, en Nicaragua, los riesgos no pasaban de campañas de desprestigio y de deslegitimación impulsadas a través de medios de comunicación afines al gobierno y segundados por declaraciones de funcionarios públicos. Pero en el año 2000 la situación ha empezado a cambiar y estas campañas escalaron incluyendo amenazas directas, imputaciones delictivas calumniosas así como el uso de las instancias estatales para presionar, hostigar y perseguir. El CENIDH y su Presidenta, Vilma Núñez de Escorcia fueron objeto en el año 2000 de una campaña de desprestigio con ataques personales y amenazas de agresión y de muerte. Altos oficiales de la Policía Nacional acusaron a la Presidenta del CENIDH de obstaculizar las investigaciones sobre la muerte del ex-jefe del grupo armado “Camilo


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Turcios”. Las medidas cautelares solicitadas tardaron mucho en ser atendidas y aplicadas. Ana Quiroz, enlace de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, fue descalificada y amenazada con ser despojada de su nacionalidad nicaragüense por haber criticado públicamente la corrupción gubernamental. La enfermera estadounidense Dorothy Granada sufrió persecuciones y hostigamientos. Fue injustamente acusada de practicar abortos y de inmiscuirse en asuntos políticos haciendo proselitismo a favor del FSLN. Sin ningún tramite legal y en violación del derecho al debido proceso, fue sentenciada por el Ministro de Gobernación al salir del país y su residencia fue cancelada. También fueron hostigadas varias ONGs. El gobierno instrumentaliza instituciones y leyes para llevar adelante estas campañas de hostigamiento y presión. A finales del año, el Ministerio de gobernación declaró que las ONGs actuaban al margen de la ley y anunció que contrataría 20 auditores para que investigaran a centenares de ONGs del país, revisando su estatus jurídico así como el estado de sus cuentas. Este anuncio fue formulado como amenaza y no como un esfuerzo para fortalecer a las ONGs. Todas estas acciones deben ser entendidas en el marco de una política de exclusión y desprestigio de las ONGs, emprendida con saña por el Presidente de la República después del desastre del huracán Mitch, cuando estas organizaciones denunciaron eficazmente ante la nación y ante el mundo la corrupción institucionalizada en su gobierno. CONCLUSIÓN La única solución para Nicaragua es un proyecto verdaderamente nacional que comience a inaugurar una nueva forma de hacer política: luchar por una verdadera democracia representativa y participativa, establecer un sistema judicial realmente independiente del poder ejecutivo, legislativo y económico, superar la concepción del Estado-botín en el que la función pública sirve para enriquecerse, trabajar por la descentralización y por el refuerzo de las municipalidades, recuperar la solidaridad y la cooperación como valor social y abrir espacios a las mujeres para que logren ir equilibrando las graves desigualdades de género que comprometen la democracia y el desarrollo. Mientras no se corrijan las debilidades institucionales y las distorsiones excluyentes del actual sistema político y electoral, la convivencia pacífica, la estabilidad y el Estado de Derecho no podrán ser alcanzados y los Derechos Humanos –especialmente los Derechos Económicos y Sociales- seguirán siendo inexistentes para la mayoría de la población. Los límites que el actual modelo económico -una mezcla de corrupción institucionalizada, desnacionalización y falta de oportunidades- ha impuesto a las mayorías cada vez más empobrecidas y alienadas culturalmente y el Pacto político que ha establecido serios límites institucionales y legales al desarrollo de la democracia en Nicaragua, dan lugar a una situación que no será fácilmente superable después de las elecciones presidenciales del año 2001.


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FUENTE : CENIDH- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos


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PANAMÁ


Capital Panamá Superficie 76 000 km² Población 2 900 000 hab Densidad 38,1 hab/Km² Moneda Balboa (dolarización desde año 1903)


Jefe de Estado o gobierno Mireya Moscoso PIB / habitante 2000 3200 $

Deuda exterior (millones $) 5633 Deuda % PIB 2000 56 %

Tasa de desempleo 2000 11,8 % Tasa de analfabetismo2000 8.1 %

Esperanza de vida 2000 74 años Agua: tasa de cobertura 2000 87 %

Fuentes : Editions de la Découverte 2001 PEE franceses de Sur América (www.dree.org) Bilan du Monde, Le Monde, janvier 2001 International Labour Organization (www.ilo.org) World Health Organization (www.who.int) UNESCO (www.unesco.org) International Monetary Fund (www.imf.org) 2. Situación política, económica y social El año 2000 ha sido calificado por la mayoría de la sociedad panameña como un año difícil, caracterizado principalmente por el deterioro de las condiciones sociales, económicas y del medio ambiente en las cuales vive la población de Panamá. Desde el 1 de enero del 2000, Panamá dispone de la soberanía del conjunto de su territorio por la primera vez en su historia. Los Estados Unidos han abandonado definitivamente el Canal de Panamá. La desocupación americana ha dividido a los panameños y la mayoría piensa que su economía se verá afectada por la pérdida de ingresos que supone la ausencia de los estadounidenses. Mireya Moscoso, jefa de Estado desde septiembre de 1999, ha manifestado en diferentes ocasiones su inquietud en cuanto a la implementación del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, y en cuanto a la incursión de guerrilleros y paramilitares que podría producirse en el sur de Panamá. Sin ceder a las presiones de Washington, cuya pretensión era la de negociar la implantación de una base militar, Mireya Moscoso propuso la posibilidad de un acuerdo sobre “ las fuerzas americanas en visita ” el cual se ha visto rechazado por el Congreso panameño.


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En cuanto al desarrollo de la economía durante el año 2000, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Manuel José Paredes, afirmó recientemente que el año 2000 fue “ a todas luces un mal año para la economía panameña ”. Los sectores sociales y laborales se encuentran preparando las próximas jornadas de protestas que se deberían dar inicio en el mes de enero del 2001, provocadas por los anunciados aumentos en las tarifas de energía eléctrica y servicio telefónico. El desempleo se abre paso y las perspectivas de cambio en materia de salud, educación y violencia producida por la falta de oportunidades de la población son inciertas y alcanzan niveles preocupantes. Se necesita un gran esfuerzo colectivo, voluntad política y una buena dosis de madurez para poder superar los problemas existentes y conducir a Panamá a encontrar el camino necesario para vivir dignamente y mejorar la calidad de vida de todos los panameños implementando una concepción de desarrollo que incluya a toda la población. 3. Situación de los Derechos Humanos El año 2001 empezará para los panameños y panameñas con grandes retos y obstáculos para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos en una perspectiva integral. El hallazgo de las osamentas ubicadas en el antiguo cuartel militar de Tocumen abre una nueva etapa de reconocimiento del pasado panameño y plantea la necesidad de conformar una Comisión de la Verdad que aclare la ubicación de todos los desaparecidos en Panamá, esto incluye cada uno de los muertos y desaparecidos durante la invasión norteamericana de Panamá el 20 de diciembre de 1989. Violación del derecho a la vida Los desaparecidos de Tocumen: A mediados de 1999, un testigo anónimo de la Iglesia católica denunció que en el antiguo cuartel militar de Tocumen se encontraban los restos del sacerdote colombiano Héctor Gallego desaparecido en 1971. Producto de la presión que ejerció el Sr. Arzobispo Dimas Cedeño se iniciaron los trabajos de excavación por orden de la Procuraduría de la Nación y en septiembre de 1999 se encontraron por primera vez osamentas que se pensaron que eran las del sacerdote desaparecido. El 23 de agosto de 2000 después de practicarse pruebas de ADN en el laboratorio estadounidense Realigene Technologies, fue revelado que la osamenta encontrada en el antiguo cuartel militar, correspondía al dirigente de la "Gesta Patriótica” en enero de 1964, Heliodoro Portugal, desaparecido en 1971. Las investigaciones llevadas a cabo han dado lugar al descubrimiento de nuevas osamentas y según el Comité de Familiares de Panameños Desaparecidos la lista de personas cuyo paradero se desconoce y cuyas osamentas podrían encontrarse en el mismo lugar incluye 120 nombres. El grupo de familiares de las víctimas que han hecho esfuerzos personales por aclarar la identidad de las osamentas encontradas han hecho llamadas al actual gobierno de Mireya Moscoso para que nombre una comisión especial investigadora independiente con el fin de que comiencen las pesquisas para esclarecer los casos de personas desaparecidas en Panamá.


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Este último episodio confirma la existencia de una fosa común donde se evidencia la desaparición forzada y se confirma la impunidad existente en los anteriores regímenes militares que existieron en Panamá. Se abre una nueva etapa en el conocimiento del pasado panameño que coloca al país frente al hecho incuestionable de violaciones del derecho a la vida por parte de las antiguas fuerzas militares que gobernaron Panamá en las décadas pasadas. El Centro de Capacitación Social (CCS) de Panamá considera que este hecho plantea la necesidad de investigar toda la lista de desaparecidos existentes. Este listado debe incluir necesariamente a los miles de desaparecidos y asesinados durante la invasión norteamericana de Panamá el 20 de diciembre de 1989. Todos los familiares de las víctimas tienen derecho a saber cual fue el destino de sus seres queridos, y el gobierno de Mireya Moscoso debe demostrar ante la nación una real voluntad política de conocer todo el pasado independientemente de los sectores políticos a los que pertenezcan las personas. Desplazados Hasta ahora el hecho más relevante que pone de manifiesto las dimensiones del conflicto colombiano en Panamá es el creciente fenómeno de desplazamiento de campesinos con sus familias que huyen de la guerra, y de la persecución. Estos desplazados atraviesan la selva inhóspita y llegan al Darién, en Panamá, buscando atención y sobre todo refugio que les garantice seguridad y un mejor futuro. Hasta hace poco el gobierno panameño simplemente los devolvía por distintos medios a su lugar de origen sin medir las consecuencias y violando la Convención de Ginebra que garantiza los derechos humanos de las personas que buscan refugio por razones políticas. En noviembre de 2000, debido a las denuncias que han realizado los voceros de la iglesia católica, así como algunas organizaciones no gubernamentales tanto de Colombia como de Panamá, y teniendo en cuenta las repercusiones que tendrá en Panamá la implementación del Plan Colombia, el gobierno panameño en el marco de la celebración de la X Cumbre Iberoamericana decidió otorgar el status de ‘‘desplazados transfronterizos’’ a aquellos colombianos que ingresen al país tras huir de los conflictos armados que azotan la zona fronteriza de Turbo y Urabá, en Colombia.

El documento, titulado ‘‘Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y de la República de Colombia sobre Desplazamiento en Zonas Fronterizas’’, deja sentada la disposición de ambos gobiernos de establecer un procedimiento para el tratamiento del fenómeno del desplazamiento entre ambas naciones.

De esta forma, Panamá y Colombia acordaron, entre otras cosas, intercambiar de

manera oportuna la información necesaria para la atención de los desplazamientos en las zonas fronterizas y garantizar la asistencia necesaria para satisfacer las necesidades vitales de las personas desplazadas, incluida la provisión de alimentos, alojamiento y servicios básicos de higiene y salud bajo condiciones de seguridad.

Sin embargo la construcción de pistas de aterrizaje para aviones de gran calado en la

frontera de Panamá con Colombia podría ser un índice aún no verificado de la


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intencionalidad del gobierno panameño de crear la infraestructura necesaria para apoyar la ejecución del Plan Colombia en sus distintos componentes militares. Este escenario ha sido ampliamente rechazado por la sociedad panameña, puesto que coloca a Panamá en una posición parcial frente al conflicto, a pesar de que Panamá ha declarado en reiteradas ocasiones su voluntad de mantenerse neutral frente al conflicto colombiano.

En este sentido, el Centro de Capacitación Social (CCS) de Panamá considera oportuna la posición diplomática del gobierno panameño de declarar su no-participación en la ejecución del Plan Colombia. El CCS de Panamá demanda además la ejecución de la política panameña de seguridad elaborada por distintos sectores de la población civil y partidos políticos en ánimos de estructurar una política nacional para la defensa del territorio panameño y así cumplir con la lucha generacional que culminó con la salida de las tropas norteamericanas de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Inseguridad ciudadana y situación de los menores El agravamiento de la crisis económica, el alza del costo de la vida, la falta de empleo y oportunidades, y la conformación de un sector social que lastimosamente hace de la comisión del delito su modus vivendi, son las causas del aumento de los delitos ocurridos en el país en el año 2000. Entre estos delitos destacan los robos a mano armada, las estafas, los homicidios, el tráfico de drogas, la expedición de cheques sin fondo, el maltrato al menor y la violencia intra familiar. El fenómeno social de las bandas juveniles que se ha dado en toda América Latina, se ha producido igualmente en Panamá. A principios de enero de 2000, la Policía Nacional dio cuenta de la existencia de nueve bandas juveniles existentes en la Ciudad de Panamá, en lugares como El Chorrillo, Santa Cruz, Veracruz, Curundú y San Miguelito. Otros estudios sobre el tema indican que son varias bandas más las que operan en la Capital. Los integrantes de estas bandas tienen edades que van de 15 a 17 años y en su mayoría portan armas de fuego. Las causas que originan este fenómeno son muy diversas y cada país tiene sus características particulares. Gilberto Toro, que lleva más de quince años investigando el fenómeno en Panamá, considera que éstas surgen como resultado de la mezcla de varios factores. En primer lugar, está la influencia de aquellos jóvenes que se fueron a vivir a Estados Unidos y que de regreso al país aplican aquellos modelos que aprendieron en los barrios en donde vivieron. El otro factor es la violencia sufrida a causa de la invasión: además de los asaltos y bombardeos que afectaron a los panameños, hay una gran cantidad de armas que circula entre la sociedad. Por último, la falta de empleo y de políticas educativas hacia la juventud no ayuda a los jóvenes a encontrar un rol en la sociedad. La proliferación de estas bandas en Panamá, obedece a que la juventud está marginada por el simple hecho de ser joven y no encuentra un norte que defina su vida, está desesperada y lo está diciendo de miles maneras. Si a ello se le agregan factores de riesgos como su poca escolaridad, bajo nivel de ingreso y situación familiar, veremos la cara de los excluidos, los marginados, que hoy son los que integran estas bandas. Hay que destacar también que en la sociedad existen patrones que discriminan a los jóvenes. Los jóvenes miembros de bandas son niños que han tenido muchas carencias, se les ha faltado al respeto, se les ha violado sus derechos humanos. Por


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ello, se han organizado para tomar su espacio de participación, pero de una forma atrevida y se han dado cuenta que organizados pueden satisfacer muchas de sus necesidades. Lamentablemente, mientras más se agrava la condición y la calidad de vida de la sociedad panameña, los índices de delitos no bajarán, todo lo contrario, tenderán a subir, con la participación incluso de población flotante de origen extranjero que vive en Panamá. Ante esta situación, uno de los programas que se han implementado con apoyo de las autoridades ha sido el programa “Vecinos Vigilantes” que consiste en formar y capacitar a grupos organizados en diferentes comunidades, para que trabajen coordinadamente con la Policía con el objetivo de saber qué hacer cuando se enfrentarán a la comisión de un delito, y para reforzar la seguridad colectiva. Este programa no es originario de este país, en realidad su experiencia fue tomada en Panamá de la experiencia salvadoreña utilizada no solamente con fines de seguridad pública, sino como medida de control ciudadano con fines políticos. En la actualidad, según informaciones dadas a conocer por la Policía Nacional, este programa de Vecinos Vigilantes está funcionando en alrededor de 250 comunidades en todo el país. Durante el año 2000, se ha continuado la polémica en cuanto al trato que debe darse a los menores infractores. Es inquietante el hecho que diversos sectores de la sociedad civil y de la Asamblea Legislativa son favorables a la elevación la pena por la cual se debe castigar a los menores que cometan delitos, específicamente darles un trato de adulto, modificando así la Ley 40 de 1999 sobre “Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia”. Cabe señalar que dicha ley, que debía ser aplicada desde febrero 2000 no se ha aplicado por falta de presupuesto. A inicios de diciembre, la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia declaró que era necesario tener 7 millones de dólares para el buen funcionamiento de toda la jurisdicción en materia de la adolescencia, es decir, para nombrar a los jueces y a todos los funcionarios. La Magistrada señaló:‘‘Lo que estamos haciendo es dar a conocer la importancia que tiene esta ley, la creación de la jurisdicción para ver si para el año 2001 se incluye en el presupuesto para comenzar a trabajar al año siguiente, es decir, en el 2002’’. Ramón Aleman, Magistrado del Tribunal de Familia ha declarado también que era urgente que esta ley se aplicara. Situación carcelaria y administración de justicia El sistema penitenciario de Panamá ha demostrado pocos avances en los últimos años, en edificación de nuevas estructuras, en la insuperable demora judicial y en el reiterado maltrato por parte del equipo del órgano ejecutivo que se encuentra a cargo del cumplimiento de la pena. Esta situación coloca a los internos en un estado de desesperación, induciéndolos a realizar reyertas, intentos de fuga, homicidios, violaciones y hasta suicidios e intentos de suicidio. Como problemas constantes dentro del sistema se puede mencionar el hacinamiento, la falta de comunicación familiar y conyugal, la demora judicial, la falta de respeto integral que como persona que merece el recluso, y la falta de rehabilitación efectiva por la carencia de talleres y recreación adecuada en muchos centros penitenciarios.


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La población penal en los centros penitenciarios de Panamá hasta octubre de 2000 ascendía a 9,018 internos, según estadísticas del Ministerio de Gobierno y Justicia. En las oficinas del CCSl de Panamá se han recibido numerosas denuncias de maltratos ocasionados por unidades de la Policía Nacional de Panamá. En innumerables casos la denuncia revela la existencia de regímenes especiales de trato a los reclusos basados en “cuotas económicas” a cambio de alimentación, trato, calidad de celda, visitas de familiares, etc. Un escandaloso sistema de privilegios donde a veces parecería que la misma Dirección Nacional de Corrección no tiene injerencia alguna en las condiciones que se les brindan a los reclusos en distintos centros penales de Panamá. Ante esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil en colaboración con autoridades del sistema penitenciario han analizado la necesidad de que se apruebe una reforma a la actual Ley que data de 1941 y que se encuentra todavía en la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Legislativa. Entre las reformas contempladas se encuentra la siguiente: los reclusos que han cumplido un año de prisión y no se les ha llamado a juicio, se verán otorgado una medida cautelar distinta a la detención preventiva y la libertad condicional al cumplir el reo las dos terceras partes de su condena. Se propone que esta libertad condicional debería ser dada de manera automática como un derecho existente y adquirido y no como una potestad de los gobernantes. Es necesario en el mismo orden que Panamá cumpla con los convenios firmados en relación con la ejecución de sentencias con otros países de manera que los detenidos extranjeros puedan cumplir el resto de sus condenas en su lugar de origen. Igualmente una reforma del sistema judicial es necesaria tal y como muestran las estadísticas del Ministerio Público que señalan que durante 1999 fueron pospuestas 11,694 audiencias de las 25,752 que se programaron, lo que fue calificado en su momento por el fiscal primero superior, Juan Antonio Tejada, como un porcentaje escandaloso. Esto demuestra la lentitud del sistema judicial. El 3 de enero del 2000 tomó posesión al cargo de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia en Panamá la Magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera, y en agosto del 2000, expresó a la opinión pública que el órgano judicial requería de 6.5 millones de dólares extras para realizar inversiones que mejorarían la administración de justicia y acelerarían la evacuación de expedientes. De lo contrario, se corría el peligro de ser menos eficiente y sufrir un retroceso. Actualmente, funcionan 20 juzgados que sin la dotación presupuestaria adecuada no podrán seguir sus funciones. Para defenderse de las interminables críticas de diversos sectores de la sociedad panameña, las autoridades del ramo judicial han planteado que en los últimos dos años la administración de justicia ha logrado ponerse al día en una gran cantidad de situaciones, pero que el volumen de los casos aumenta, lo que no sucede con los juzgados ni con los funcionarios judiciales. El Banco Interamericano de Desarrollo prestó al gobierno panameño 18.9 millones de dólares para la ejecución de un programa para mejorar la administración de


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justicia en Panamá, específicamente en el mejoramiento de los servicios judiciales para acabar con el hacinamiento carcelario. La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá se creó mediante la Ley No. 7 del 5 de febrero de 1997. El actual Defensor del pueblo, el Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, tomó posesión de su cargo el 16 de julio de 1997 e inició operaciones el 16 de enero de 1998. El 12 de febrero de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá emitía un fallo mediante el cual limitó importantes facultades contempladas en la ley que había sido recién aprobada. El 30 de octubre de 2000 se inició en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el período de inscripción de aspirantes para desempeñar el cargo de Defensor(a) del Pueblo de la República de Panamá. Del 15 al 28 de febrero de 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa debe presentar un informe al pleno sobre su valoración final de quien o quienes son las personas idóneas para aspirar a tan importante cargo. El pleno a su vez tiene escasamente un mes para determinar, quien reemplazará en el cargo al Dr. Italo Antinori por un periodo de cinco años, quien termina funciones el 30 de marzo de 2001. El Doctor Antinori deja una institución consolidada desde el punto de vista de su organización, de su infraestructura y también del prestigio ganado en la sociedad panameña. Durante su gestión, pudo brindar significativos apoyos para clarificar violaciones a los derechos humanos como por ejemplo: lograr el rescate del panameño Nicolás Alberto Pérez, secuestrado durante dos años en manos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y apoyar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú que llegó a Panamá en septiembre de 2000 demandando al gobierno de Mireya Moscoso la negación de asilo político solicitada por el Sr. Vladimiro Montesinos y los países miembros de la OEA. En opinión del CCS, a su gestión le faltó más tiempo para consolidar vínculos más sólidos con la sociedad panameña que hiciera del trabajo de la Defensoría una gestión más colectiva entre el Defensor y la sociedad en general. Sin embargo, pese a las limitaciones de la ley que son estructurales, el esfuerzo del Dr. Antinori ha significado un valioso aporte y deja un camino abierto que debe seguir profundizando la próxima figura que ocupe ese cargo.

Cuestiones sobre los derechos económicos sociales y culturales Como primera opinión general de la gestión de gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, se puede decir que su principal característica ha sido la improvisación, el coyunturalismo y la falta de iniciativa para desarrollar políticas en los aspectos económicos, sociales y culturales. El gobierno no propuso y no gestó nuevas iniciativas que produjeran un cambio positivo en la situación económica, social y cultural del país. En el mejor de los casos continuó obras, desarrolló proyectos, ejecutó políticas que venían trazadas desde el gobierno anterior y que logró culminar en la etapa que este gobierno dirige. Pobreza


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El problema de la pobreza en Panamá continúa siendo el resultado de la desigualdad profunda e histórica en la distribución del ingreso. No se trata de la falta o carencia de recursos del país. En Panamá el 20% de la población con mayores ingresos, concentra recursos treinta veces superiores a los que posee el 20% de los que reciben menos ingresos24. Los estudios existentes, a pesar de las variaciones metodológicas nos ofrecen suficiente información sobre la magnitud de la pobreza en Panamá (37%) y la pobreza extrema (21.6%)25. El 94.5% de los miembros de las comunidades indígenas panameñas se encuentran en preocupantes niveles de pobreza extrema. En las comunidades indígenas, la ayuda para los afectados por la desnutrición tarda más en llegar, dadas las distancias que separan a una población de otra y lo difícil del acceso a estas regiones. Hoy, cuatro de cada diez panameños viven en la pobreza, en las zonas rurales son siete de cada diez, y en las áreas indígenas nueve de cada diez. Panamá tiene una de las peores distribuciones de ingreso en América Latina, lo que impide el acceso a las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación, transporte y vestido de las grandes mayorías empobrecidas26 Resulta increíble que en un país como Panamá, que cuenta con una población pequeña cercana a los 3 millones de habitantes, haya personas cuyo ingreso anual sea de 600 balboas (600 $), o sea 50 balboas mensuales (50 $). Si a esto añadimos que más de la mitad de los niños panameños (53%) viven en condiciones de pobreza, es evidente que las desigualdades pueden tender a agravarse y gran parte de la generación futura en vez de convertirse en recurso humano indispensable para el desarrollo, puede pasar a formar parte de los desocupados, desnutridos y inadaptados sociales, a menos que se tomen las medidas oportunas para evitar que esto suceda. El último informe del PNUD27 revela que Panamá obtuvo un índice de 0.776 de desarrollo humano en este año, mientras que en el año pasado fue de 0.791, figurando en el lugar 59. En cuanto a la atención del problema de la pobreza, el gobierno de Mireya Moscoso ha desarrollado diversas acciones a través del Fondo de Inversión Social (FIS), del Programa de Inversiones Locales (Proinlo), del Programa Nacional de Nutrición, y de otras actividades canalizadas por los distintos ministerios que cuentan con un presupuesto internacional. Desempleo Se puede manifestar con claridad que la situación económica ha sido el talón de Aquiles del gobierno de la Presidenta Moscoso. El problema del desempleo ha 24. En países con mayores niveles de desarrollo humano el margen de desigualdad es mucho menor. Por ejemplo, en Japón esta relación es de 4 a 1; en Inglaterra de 7 a 1; y en Estados Unidos de 11 a 1. Esto significa, en este caso, que el 20% de la población con mayores ingresos posee 11 veces más de lo que percibe el 20% de los que menos recursos poseen. 25. Encuesta Nacional de Niveles de Vida en Panamá, realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas con auspicio del Banco Mundial, PNUD, BID y la Agencia Suiza de Cooperación para medir los niveles de bienestar de la población a través del consumo de hogares. 26. Ver Informe de Derechos Humanos de 1999 de la Comisión de Justicia y Paz. Panamá, Enero de 2000. 27. Ver Informe del PNUD para el 2000.


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seguido siendo el problema más sentido por la población. Una fuente de mucha preocupación es lo que los empresarios han denominado el fenómeno de la recesión económica que atraviesa Panamá. El crecimiento económico este año no será mayor del 3% y la tasa del desempleo oscilará entre el 16% y 17% aproximadamente. En términos generales Panamá oscila entre los efectos de la globalización, las conveniencias o no de los tratados de libre comercio y junto con ello las exigencias de las instituciones financieras internacionales que parecen haberse puesto de acuerdo en demandar de los sectores productivos en el ámbito nacional una mayor flexibilización de la mano de obra panameña, una mayor productividad por esfuerzo de inversión y demandar al Estado, culminar el proceso privatizador que tan eficientemente cumplió el ex-Presidente Pérez Balladares. El Ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino, aseguró que los rumores de despidos masivos durante el año 2000 "son bolas". El empresario vaticinó que en los tres primeros meses del próximo año se necesitará una mejor coordinación entre todos los actores de la economía para evitar que la crisis se profundice. Sin embargo, en el momento de redactar este informe se analiza en el Ministerio de Trabajo la solicitud de la bananera Armuelles Fruit Company (PAFCO) para intentar despedir a 544 obreros de las fincas Malagueto, Guayacán y Ceiba en Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí. En esta misma dirección, el Sindicato de Trabajadores de Cables and Wireless (Compañía de Teléfonos que compró acciones del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones) ha manifestado recientemente que los directivos de la empresa están pensando despedir más de mil trabajadores para ser más competitivos con nuevas empresas tecnológicas que se están instalando en el mercado nacional. Por otro lado, el gobierno de Moscoso deberá terminar hacer frente a una demanda millonaria que han interpuesto 270 trabajadores del Estado despedidos en 1990 por el Gobierno del Ex-presidente Guillermo Endara. En esta ocasión los trabajadores fueron acusados de complicidad con un golpe de Estado gestado por el Coronel Eduardo Herrera, encargado de la Policía Nacional, el 5 de diciembre de 1990, que culminó con otra intervención de tropas norteamericanas, no habiéndose cumplido un año de la invasión norteamericana a Panamá el 20 de diciembre de 1989. La Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá emitir su fallo final sobre este caso en la última semana de enero del 2001. Si el fallo es a favor de los trabajadores, el gobierno de Mireya Moscoso deberá encarar un pago millonario a las víctimas. Si tal fuera el caso, sería la primera vez que la Corte Interamericana fallara sobre un caso por violación de derechos económicos, sociales y culturales como violación de sus derechos humanos, estableciendo un precedente que deberá ser analizado por trabajadores y gobiernos del continente por la factibilidad de que las mismas circunstancias puedan repetirse. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el impasse provocado por la falta de acción de este gobierno de Mireya Moscoso, en materia de política económica ha detenido temporalmente el agresivo proceso de privatización que venía desarrollando el anterior gobierno. Esto último no significa en modo alguno un cambio de concepción política del Estado, sino todo lo contrario. El Estado no ha


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sabido hacer frente a la presión de los organismos multilaterales de crédito y por su concepción populista, no se ha decidido todavía a pagar el costo político que estas privatizaciones significan en términos del rechazo por parte de la población panameña. Tras el fracaso de las negociaciones entre el sector obrero y empresarial, el Consejo de Gabinete mediante Decreto Ejecutivo No. 59 del 19 de julio pasado fijó las tasas del salario mínimo por hora, vigentes por dos años, según región, actividad económica y tamaño de las empresas para todo el territorio nacional. De acuerdo con la Comisión Técnica del Salario Mínimo, el costo de la canasta básica familiar alimentaria está ubicado en 224.72 balboas mensuales y el salario mínimo en 232.00 sin incluir en este cálculo el recién aumento de la carne, que en la canasta básica familiar representa el 28.8% y de las medicinas que en 1999, aumentaron de 134%28. Si analizamos por otro lado la Canasta Familiar Vital, que incluye de acuerdo con la Comisión Técnica de Salario Mínimo, los siguientes gastos: gastos de vivienda, gasto de combustible y energía eléctrica, gastos de mantenimiento y servicios para el hogar, vestidos y calzados, gastos en efectos y cuidados personales, gastos médicos y conservación de la salud, recreación y esparcimiento, educación, transporte y comunicaciones, alimentación y bebidas, y otros gastos semanales y mensuales en artículos y servicios, la última cifra sufriría aumentos de consideración. Derecho humano a la salud En el aspecto de la salud, se puede resaltar el esfuerzo realizado para ampliar la cobertura de salud con la realización de más giras médicas y mayor preocupación en atención de campañas de vacunación y prevención de enfermedades infectocontagiosas, aunque no se vislumbran grandes cambios estructurales con respecto a la descentralización del modelo de salud existente. Esto último podría interpretarse como un intento de ampliar la cobertura en salud del Estado panameño tratando de abarcar áreas que son relativamente fáciles y que por diversas razones el Estado no termina de cubrir con el presupuesto existente para ello. Consideramos positiva la administración de la Caja del Seguro Social en la persona del Dr. Juan Jované. Su gestión se ha empezado a distinguir por recuperar el pago atrasado de las cuotas obrero patronales, modernizar los sistemas de control mediante el uso de nuevas tecnologías, agilizar la atención al asegurado, capacitar al personal, etc.. Prueba de ello ha sido el ingreso de más de veinticinco millones de dólares en la Caja con relación al pasado año de 1999. Es evidente que su gestión está encaminada a hacer más eficiente la gestión de la Caja con miras a reducir su posibilidad de privatización. En esta gestión ha tenido hasta ahora el apoyo relativo del gobierno de Moscoso. Hay que observar hasta que punto se resiste la presión de los organismos financieros por lograr la privatización del Seguro Social. Otro aspecto relativo a la salud lo constituye la aprobación en tercer debate en la Asamblea Legislativa de la Ley de Regulación de Medicamentos que congelaba por dos años los precios de las medicinas en Panamá ubicándolas al precio existente en octubre de 1999. 28. Departamento de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.


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Derecho a una vivienda El 15 de diciembre del 2000, campesinos que ocupan las tierras denominadas Mocambo Abajo fueron desalojados del área que ocupaban desde hace más de 20 años. A finales de año, las áreas se encuentran en litigio con la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), la Caja de Ahorros y otras instituciones. La forma utilizada para realizar el desalojo de las familias de Mocambo Abajo no se ajusta a un procedimiento respetuoso de la dignidad humana. Se trata de familias que en su mayoría sufren el déficit habitacional que amenaza la integridad de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Panamá. Los organismos de derechos humanos en Panamá demandaron a las autoridades un estudio de la propiedad en disputa, que permita clarificar la verdad y garantizar el derecho de las personas. La prioridad del gobierno es proveer un techo a los panameños y renovar los esfuerzos para enfrentar la carencia de alternativas de vivienda que se dan en distintas zonas de Panamá ante la ausencia de contratos y bajos ingresos familiares. Al respecto, la práctica gubernamental de desalojos forzosos durante la administración de Guillermo Endara y que ocasionó en 1995 la visita a Panamá de una delegación del ECOSOC, instancia de la ONU, para verificar la violación de los derechos de vivienda de la población. Esta situación, de no tratarse adecuadamente, y con madurez por parte de las autoridades nacionales, puede desembocar en otro elemento de desprestigio a la imagen internacional de Panamá como violador de los derechos económicos, sociales y culturales de la población panameña. Derecho a la educación Otro motivo de mucha preocupación lo constituye el área de educación. En este tema se ha producido en términos generales un desmonte de lo avanzado en la gestión del Dr. Balladares (presidente de la República de Panamá hasta 1999) sin producir nuevas alternativas. El gobierno de Moscoso se ha distinguido por cumplir las promesas electorales a los educadores en cuanto a sus jubilaciones especiales, pero no tiene propuestas para las necesidades de educación de Panamá en este momento de apertura comercial, privatizaciones y liberación económica. Se produce en este espacio un igual vacío en lo que se refiere a las estrategias a seguir para enfrentar los retos del rumbo del modelo neoliberal en Panamá.

En lo cultural, los hechos dan cuenta del rol del Estado como mediador entre el sector privado y otros gremios de la sociedad para administrar obras, facilitar capacitaciones pero no como gestor de nuevas políticas culturales que tengan una proyección en la conciencia de la población. Más bien la tendencia es a eliminar todos los obstáculos que puedan tener los sectores privados para el ejercicio de la llamada “libertad de expresión”, en el ámbito de los medios de comunicación social.


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Derecho al medio ambiente Ha resultado evidente para la opinión pública nacional e internacional la falta de voluntad política de las administraciones norteamericanas de proceder a la limpieza de las 3,175 hectáreas que quedaron contaminadas por las prácticas militares desarrolladas por el ejército de los Estados Unidos durante su presencia en Panamá que duró casi un siglo. La posición del gobierno de Mireya Moscoso ha sido demandar lo establecido en la letra y espíritu de los Tratados Torrijos Carter, en el sentido de que estas tierras debieron ser devueltas a Panamá libres de contaminación de sus prácticas militares. El gobierno panameño contrató la firma Arnold and Poster para que analizara el problema de la limpieza de los polígonos de tiro de EU y evalúe la posibilidad de cualquier recurso posterior de darse un incumplimiento de lo acordado. En marzo de 2000, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su 56avo Período de Sesiones, publicó el Informe No. E/CN.4/2000/50 de la Relatora para Desechos Tóxicos Fatma-Zohra Ouhachi-Vesely titulado: Efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos. En este informe se hace mención del problema que ha ocasionado a Panamá la contaminación y la no-limpieza de los polígonos de tiro por parte de los Estados Unidos. Aunque su conclusión se fundamenta en los resultados de las consultas de ambos gobiernos, no deja de ser un precedente el hecho de que este tema esté siendo discutido en una de las más importantes instancias internacionales para discusión de esta temática.

Por otro lado, el Director de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM), Roberto Anguizola puso en conocimiento de la opinión pública panameña que se están realizando estudios para determinar si el plomo contenido en los suelos contaminados por las prácticas militares norteamericanas se ha filtrado en las capas de las tierras hasta llegar a las fuentes de agua potable en las riberas del Canal. Esto fue la consecuencia de una denuncia que presentó el Canciller de la República José Miguel Alemán al Secretario General de la ONU Koffi Annan en donde manifiesta que “La contaminación provocada por pesticidas, municiones no explotadas, fragmentos de las que explotaron y los depósitos subterráneos de desechos tóxicos y químicos utilizados por las fuerzas militares de Estados Unidos podría estar afectando a la población panameña, puesto que el gobierno nacional ha constatado la aparición de plomo en aguas superficiales y subterráneas, y rastros de otros metales pesados en plantas que consumen los humanos”. El canciller de la República José Miguel Alemán relató que la contaminación de las antiguas áreas de tiro de las fuerzas armadas de Estados Unidos data desde la primera Guerra Mundial, cuando este país utilizó, sin autorización de los gobiernos panameños, unas 34,000 hectáreas como supuestos sitios militares para la defensa del Canal de Panamá.

Los sitios identificados con la mayor concentración de contaminantes y más próximos a centros densamente poblados son Emperador, Piña y Balboa Oeste, en los que existen por lo menos 105,000 artefactos no detonados, de acuerdo con estudios elaborados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto evidencia la irresponsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos en cumplir su


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compromiso de dejar libre de contaminación los polígonos de tiro utilizados en Panamá. Se constató, en una misión de observación internacional organizada por la Fellowship of Recociliation y el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, que visitó en agosto de 2000 la Isla de Vieques en Puerto Rico, el grado de contaminación de la isla, y se comprobó que las perspectivas que tiene el gobierno norteamericano de limpiar la contaminación producto de los bombardeos masivos de la marina y la aviación norteamericana son muy inciertas todavía. Sin embargo, durante esta misión de observación internacional se constató que existen experiencias donde los Estados Unidos han procedido a limpiar zonas contaminadas pero en países del Primer Mundo, como por ejemplo Alemania, Japón, Canadá, Kaho-Olawe Island Reserve en Hawai, Adak, Alaska; Fort Ord, California; Buckly Bombing Range, Colorado; Fort Irwin, California; Camp Croft Army Training Facility, South Carolina; Massachusetts Military Reservation. Esto indica un criterio de exclusión y de discriminación con las condiciones de salud y de mantenimiento del medio ambiente en países o en áreas consideradas por ellos como su patio trasero. Ampliación del Canal de Panamá El año 2000 fue un buen año para Panamá en lo que se refiere al ingreso resultante del paso de los barcos por la vía interoceánica. Sin embargo, es evidente la necesidad de ampliar la vía para facilitar el paso de los nuevos navíos Panamáx ya que éstos están superando la capacidad del Canal de Panamá. Igualmente es necesaria la gestación de una segunda cuenca hidrográfica que garantice la cantidad del agua necesaria para el paso de los barcos por la vía interoceánica. Este es un proyecto que está en estudio y análisis por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El proyecto de ampliación del Canal de Panamá afectaría zonas campesinas de la provincia de Coclé y Colón y generaría según nuestra percepción un gravísimo problema social que de no analizarse y tratarse con cuidado perjudicaría la calidad de vida y la tenencia de tierra de humildes campesinos de la zona que sólo cuentan con su terreno para actividades agrícolas y ganaderas, las cuales les permiten sobrevivir. Varias organizaciones sociales que trabajan con los campesinos del área han elevado su protesta por los métodos hasta ahora implementados por la Autoridad del Canal de Panamá para dialogar con los sectores campesinos afectados por el proyecto de ampliación de la cuenca occidental. Manifiestan que el proceso experimentado hasta el momento le ha faltado el respeto a las comunidades que viven en el área, que no encuentran información sobre la propuesta de la Autoridad. La Autoridad del Canal en un inicio se comprometió con distintas organizaciones preocupadas por la problemática social que se generaría con la ampliación de la cuenca a suministrar todo tipo de información disponible así como la disponibilidad de aclarar cualquier interrogante. Los campesinos rechazan el argumento de que


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hay que aceptar como cuota de sacrificio, el desplazamiento y las inundaciones de sus tierras, por un supuesto desarrollo para Panamá. Añaden que les angustia la constatación de que los proyectos que están proponiendo para el supuesto progreso de Panamá, implican traslados, desalojos y destrucción del equilibrio armónico y respetuoso entre las personas y la naturaleza. La Autoridad del Canal de Panamá ha integrado un comité con el que pretende justificar la participación de la sociedad a través de las organizaciones que sólo representan un pequeño sector de la sociedad y no el sentir del amplio conjunto de las organizaciones sociales. Estas organizaciones están solicitando la derogación de la Ley 44 que otorga poderes supranacionales a la ACP, para actuar en esta área que fue mantenida y desarrollada por los campesinos que hoy la habitan y que solicitan el respeto a la dignidad de las personas del lugar así como el reconocimiento del derecho a la tierra como espacio vital al servicio de las personas. El Centro de Capacitación Social de Panamá se une a los reclamos de los derechos de los campesinos y comparte el criterio de que no se puede hablar de desarrollo para unos en detrimento de las condiciones naturales, económicas y sociales de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a quienes siempre se les exige una mayor cuota de sacrificio y siempre son pocas o inexistentes las recompensas que reciben del Estado. En esa dirección se declara que urge que las riquezas del Canal y las áreas revertidas sean destinadas al mayor uso social posible especialmente entre los sectores tradicionalmente excluidos y empobrecidos de este país que fueron los que realmente lucharon y no se han vistos beneficiados todavía de toda la acumulación económica y política que la reversión ha significado para Panamá. Todo lo contrario, se constata penosamente que la concepción que se traduce en las distintas obras e inversiones económicas tienen un contenido excluyente y únicamente benefician al capital privado y la inversión extranjera. CONCLUSIÓN En términos generales el país oscila entre los efectos de la globalización, la conveniencia de los tratados de libre comercio y junto con ello las exigencias de las instituciones financieras internacionales que parecen haberse puesto de acuerdo en demandar de los sectores productivos en el ámbito nacional una mayor flexibilización de la mano de obra panameña, una mayor productividad por esfuerzo de inversión, y demandar al Estado culminar el proceso privatizador que tan eficientemente cumplió el ex-Presidente Pérez Balladares. La gestión de gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, mencionada anteriormente, ha tenido como su principal característica la improvisación, el coyunturalismo y la falta de iniciativa para desarrollar políticas en los aspectos económicos, sociales y culturales que conforman la acción del Estado en la nación panameña en el primer año de gestión. Un giro en la política del gobierno se hace necesario para que la población Panameña pueda gozar de unas condiciones de vida dignas y del respeto de todos sus derechos humanos.


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No ha existido en el 2000 un impulso inteligente, coherente o innovador en cuanto al uso de las áreas revertidas tras la desocupación del Canal por los norteamericanos, ni en lo referente al impulso de actividades económicas, ni en lo referente al impulso de actividades sociales o de beneficio a la población panameña de menos recursos económicos. Una buena gestión de esta zona que por primera vez desde la invasión norteamericana le pertenece en exclusiva a Panamá puede ser una salida a la difícil situación económica que vive el país. Sin embargo no todo puede calificarse de negativo en este último gobierno, se puede señalar como un logro hasta ahora la no-renegociación de bases militares extranjeras y el impulso de una política de consenso en cuanto al problema fronterizo con la República de Colombia, avances que parecen prometer un cambio en la situación Panameña. FUENTE : CCS- Centro de Capacitación Social de Panamá.


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FIDH / 1 · primer lugar a la crisis económica existente que amenaza con empeorarse con la...

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