FESPAD info - Fundación de Estudios para la Aplicación ... · que constituye una herramienta de...

Año 3 No. 11 Volumen II

FESPAD reapertura su

biblioteca jurídica

En el marco de la conmemoración de su XXIII aniversario, el pasado 25 de noviembre FESPAD reaperturó su bi-blioteca jurídica con un acto religioso para bendecir las instalaciones de es-ta importante instancia institucional, que constituye una herramienta de difusión de la información jurídico-político-social y coadyuva al fortaleci-miento del conocimiento de la pobla-ción salvadoreña. (pág. 7)

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

FESPAD info

Exigencia social: Camino

al cambio verdadero

Ejecuciones extrajudiciales siguen vigentes

AÑO 3 No. 11 - 2011

Resultados de la investigación muestran cómo el fenómeno de la ejecución extrajudi-cial se mantiene vigente en la región con un alto nivel de estigmatización; particular-

mente a través de los medios de comunicación en la cobertura de los hechos donde las y los jóvenes son víctimas de esta violación de derechos humanos, y la dificultad pre-

sentada en obtener respuestas del Estado. (Pág. 5)

Fundación de Estudios para la Aplicación del DerechoFundación de Estudios para la Aplicación del DerechoFundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 1988 1988 1988 --- 201120112011

VOLUMEN II


JUNTA DIRECTIVA DE FESPAD

2010 - 2013

Dr. José Benjamín López Guillén Presidente

Licda. Yanci Guadalupe Urbina Vice Presidenta

Dr. José Humberto Velásquez Secretario

Lic. Oscar Armando Morales Velado

Primer Suplente

Lic. José Antonio Basagoitia Martínez

Segundo Suplente

Licda. María Silvia Guillén Directora Ejecutiva

Lic. Abraham Ábrego Subdirector Ejecutivo

RESPONSABLE DE LA EDICIÓN

Loyda Robles Coordinadora de la Unidad de Incidencia y

Comunicaciones

[email protected]

(503) 2236-1822

COLABORADORA

Lilian Calles [email protected]

FESPAD 25 Calle Poniente No. 1332, Colonia

Layco, San Salvador, El Salvador, C.A.

Apartado Postal: 2806

Teléfono: (503) 2236-1888

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CONTENIDO

FESPAD en los medios de comunicación Exigen claridad en el tema minero 3 Asocio público privado: Nueva modalidad de privatización 3 Reformas legales afectan derechos laborales 4

Producción documental Generando doctrina sobre justicia penal juvenil 4 Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados 5 Elaboración y distribución de material promocional 6

Nuestros servicios Reapertura de nuestra biblioteca 7 Difundiendo el pensamiento institucional 7

FESPAD en redes y alianzas

Mesa Permanente por la Justicia Laboral 8

Alianza por los Derechos de l a Niñez 12

Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra 13

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica 15

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Exigen claridad en el tema minero

A juicio de FESPAD, a casi dos años y medio de gestión del actual gobier-no, ya se debería contar con una política ambiental que tenga resuelto el tema de la explotación minera en el país, por lo que considera que existe un sensible atraso y poca cla-ridad, de parte de las autoridades de gobierno, en cuanto a sentar una postura pública frente al tema de la prohibición de la minería metálica en el país, pues por un lado, el Presi-dente de la República ha manifesta-do que dentro de su gobierno no permitirá la explotación minera; pero contrario a ello, por parte de la Di-rección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía, se con-trató a una empresa consultora inter-nacional para que desarrollara un Estudio Ambiental Estratégico, cuyo resultado permitirá al gobierno elegir de entre tres caminos: permitir la minería metálica sin restricciones, permitir la minería metálica con res-

tricciones, o prohibirla.

Asocio Público Privado: nueva modalidad de privatización

El pasado 24 de octubre, miembros del Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Am-bientales (DESCA) de FESPAD, participaron en la sección de entrevista del programa La Tarde Klave, que se transmite de 4:30 a 5:50 p.m., en Radio La Klave (92.1 FM).

El tema tratado en la entrevista fue el anteproyecto de Ley de Asocios Público Privado, el cual se enmarca dentro del denominado Asocio para el Crecimiento, que impulsa el Órgano Ejecutivo. Se hizo un abordaje de las implicaciones que para el sector laboral y sindi-cal podría traer la adopción de los asocios público

privado, particularmente en el caso de mantenerse las

FESPAD en los medios de comunicación

Hasta el momento, se desconocen los resultados del Estudio Ambien-tal Estratégico, de igual manera no se tiene conocimiento de la postu-

ra gubernamental al respecto.

También, se instó al gobierno para que analice el tema de la minería metálica desde la óptica ambiental y de salud, no sólo desde la pers-

pectiva económica.

Se reconoció que el Estado salva-doreño recibe presiones de grupos nacionales e internacionales inte-resados en que se permita la ex-plotación minera en el país; sin embargo, se dijo que la y el salva-doreño debe sentirse apoyado por las organizaciones sociales y por la comunidad en general que de-manda el respeto a los derechos

Salud y Medio Ambiente Sano.

FESPAD, como institución miembra de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, participó en el espacio de entrevistas Voces Am-bientales, de Radio ARPAS, realiza-do el miércoles 28 de septiembre de 2011, de 10:00 a 10:30 de la maña-na.

La entrevista giró en torno al tema de la actual política ambiental en el país y, particularmente, del compo-

nente minería metálica.

condiciones laborales no tan favorables para ese seg-

mento de la población.

Además, se dijo que los asocios público privados podrían constituir una nueva forma de privatizaciones, pero esta vez con el agravante que podrían permitir que servicios públicos sean brindados por particulares. Los asocios también podrían perjudicar directamente el bolsillo de las-los salvadoreños debido al margen de ma-niobra que tendría el sector privado en la fijación de los precios de los bienes, servicios y productos, posibilitando un encarecimiento de los servicios públicos y un difícil acceso a los mismos, que solo estarían al alcance de

ciertos sectores con mayor poder adquisitivo.

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Reformas legales afectan derechos laborales

Generando doctrina sobre justicia penal juvenil

El pasado mes de noviembre, Ismelda Villacorta, miembra del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FES-PAD, elaboró el artículo denominado “La Prisión Preventiva como medida excepcional en el proceso penal juvenil. El Sal-vador”. El cual fue remitido a la organización Defensa de Niñas y Niños Internacional Sección Costa Rica (DNI Costa Rica), para ser incorporado al boletín Conexión. Esta edición se enmarca dentro de la Campaña Global para la Justicia Previa al Juicio/Prisión Preventiva, que ejecuta la Fundación Open Society Justice Initiative, financiada por la Fundación Soros. La periodicidad del documento es bimen-sual y se elabora con la colaboración de todas las institucio-nes que formamos parte de la Red Vías Alternas, cuyo tema principal de acción es la justicia penal juvenil y la prevención de la violencia. El boletín será publicado en los primeros meses del año 2012 y podrá ser consultado en la dirección web http://viasalternas.dnicostarica.org/v2/boletin.asp de donde tam-bién se pueden bajar ediciones anteriores.

El pasado jueves 1 de diciembre, en el programa de entrevista ma-tutino que se transmite de 6:00 a 6:30 a.m. por Radio Cadena Mi Gente, el Coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de FESPAD, Saúl Baños, ana-lizó la situación actual del sindicalismo y del derecho al trabajo en el país. Junto a Raúl Moreno, conductor de la entrevista, intercambiaron ideas en torno a los cambios normativo jurídicos que se están im-pulsando desde el Gobierno, junto a la iniciativa de la empresa pri-vada nacional y transnacional; en ese sentido, se habló sobre las reformas a normativas como la Ley de Servicio Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Zonas Francas, los reglamentos sobre salud e higiene en el trabajo, y el proyecto de Ley de Asocios Público Pri-vado.

En este último punto, se conversó sobre el acuerdo político económico denominado Asocio para el Crecimiento, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos y firmado por El Salvador. Se abordaron las posibles consecuen-

cias que ese acuerdo trae para los y las trabajadoras salvadoreñas.

Producción documental

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Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados

El Programa de Seguridad Juvenil (PSJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentaron el pasado 29 de sep-tiembre la investigación “Ejecuciones Extrajudiciales de Jóvenes Estigmatizados en Centroamérica: Estu-dio de Situación de Guatemala, El Salvador y Honduras, 2009”, que establece como universo, los casos de jóvenes entre los 15 y 30 años que fueron ejecutados entre los meses de enero a diciembre del 2009 en los terri-torios de El Salvador, Guatemala y Honduras, y que se ubicaron en un monitoreo de medios realizado por el equi-

po de investigadores entre septiembre del 2009 y enero del 2010.

La investigación recoge la definición de “ejecución extrajudicial o arbitraria” como los homicidios perpetrados fuera de los procesos penales, por orden del Gobierno, en complicidad o con complicidad del mismo y pueden incluir los fallecimientos que ocurren en prisión así como consecuencias de la tortura, malos tra-

tos o falta de tratamiento médico.

Entre otros elementos, el estudio plantea que la debilidad de los Estados para impulsar políticas públicas de naturaleza preventiva y reparadora, justifica una interminable ola de respuestas autori-tarias, generando una tendencia a dar respuestas penales a problemas sociales, cuyo resultado hace que la sociedad construya un imaginario social que define a los jóvenes pobres que pertenecen a pan-dillas como seres satánicos, incontrolables, extre-madamente violentos y, en términos generales, como una amenaza para la sociedad que genera

un problema de dimensiones inimaginables.

Los resultados de la investigación muestran cómo el fenómeno de la ejecución extrajudicial se man-tiene vigente en la región con un alto nivel de estig-matización; particularmente a través de los medios de comunicación en la cobertura de los hechos donde las y los jóvenes son víctimas de esta viola-ción de derechos humanos, y la dificultad presenta-

da en obtener respuestas del Estado.

En la presentación participaron por parte del Esta-do, el Dr. Salvador Menéndez Leal y el Lic. Edgar-do Amaya, en representación de la Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos y el Mi-nisterio de Justicia y Seguridad Pública, respectiva-mente; además se contó con la presentación de la investigación, a cargo de Claudia Samayoa de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala y Jeanne Rik-kers de FESPAD. Las palabras de bienvenida y la moderación del evento, estuvieron a cargo de nuestra directora ejecutiva María Silvia Guillén y

nuestro subdirector, Abrahán Ábrego.

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Elaboración y distribución de material promocional

En el marco del proyecto Promoviendo Liderazgos Participativos para una Sociedad Democrática, ejecutado por FESPAD, en los meses de noviembre y diciembre de 2011 se coordinó el diseño y elaboraron de tres diferentes tipos de afiches promocionales a la defensa de los derechos laborales y sindicales. Los afiches, que en su total formaron un número de tres mil ejemplares, fueron posteriormente distribuidos entre las diferentes organizaciones sindicales del país, y los mensajes referían a:

Lo negativo del Asocio para el Crecimiento; Nueva legislación en materia laboral; y Derechos de las mujeres de la maquila

Además de los afiches, también se diseñaron bolígrafos y cuadernos que se distribuyeron de la misma manera.

Exigencia social: camino al cambio verdaderoExigencia social: camino al cambio verdadero

XXIII AniversarioXXIII Aniversario

FESPADFESPAD

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Reapertura de nuestra biblioteca

En el marco de la conmemoración de su XXIII aniversario, el pasado 25 de noviembre FESPAD reaperturó su biblioteca jurídica, con un acto religioso para bendecir las instalaciones de esta importante instancia institucional, que constituye una herramienta de difusión de la información jurídico-político-social y coadyuva al fortalecimiento del conocimiento de la población salva-doreña. Las instalaciones fueron bendecidas mediante una ceremonia dirigida por el padre Fredys Sandoval, quien reflexionó sobre la importancia del conoci-

miento a través de la lectura y reconoció el gran valor doctrinario de la bibliote-ca. Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Edgardo Amaya, amigo y ex miembro de FESPAD, quien le apostó al enriquecimiento bibliográfico de la bi-blioteca, realizando diversas donaciones a la misma. A la actividad acudieron amigas y amigos que se identifican con la razón de ser de la institución, encargados de otras bibliotecas afines y personal de FESPAD. La biblioteca está a disposición del público en general y puede ser visitada en

las instalaciones de nuestra institución, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm. Para mayor información sobre requisitos para su uso, pueden contactar a Teresa Naves, encargada de biblioteca, al correo electrónico [email protected] o al teléfono 2236-1804

Nuestros servicios

Difundiendo el pensamiento institucional

Con la reapertura de la biblioteca jurídica de FES-PAD y con los objetivos de difundir el pensamiento institucional y de reanudar e iniciar relaciones inter-institucionales con otras organizaciones afines a la labor institucional, la fundación realizó el envió de paquetes con material bibliográfico a 52 destinata-rios entre los que se encuentran bibliotecas universi-tarias, centros de documentación, instituciones públi-cas salvadoreñas y organizaciones de la sociedad civil. La documentación distribuida, aborda diferentes temáticas, que FESPAD ha investigado de forma individual y/o a través de las diversas redes y alian-zas de las cuales forma parte. Entre estos mate-riales tenemos el “Balance anual de los derechos de la niñez y la adolescencia, El Salvador 2010”; “La situación jurídica de las mujeres jóvenes y ni-ñas excepcionalmente discriminadas: primer informe

trimestral 2011”; “La minería moderna en El Salvador, perversidad emblemática de la mascarada globalizante”; Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados en Centro América”; entre otros. El envío se realizó en diciembre de 2011 con el apoyo del Programa de Seguridad Juvenil (PSJ) ejecutado a través de FESPAD. Consideramos que este tipo de acciones son fundamen-tales para difundir el pensamiento institucional a diferen-tes actores de la sociedad, y con ello contribuir a la ge-neración de pensamiento crítico y propositivo que coad-yuve a la transformación de esas prácticas inequitativas que afectan a los más desprotegidos.

mailto:[email protected]

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El pasado 11 de octubre, representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), fueron recibidos en la Asamblea Legislativa por el diputado Santiago Flores Alfaro, delegado de la Fracción del Frente Farabundo Martí pa-ra la Liberación Nacional (FMLN), en relación a la postura de este partido políti-co de cara al proyecto de ley para impulsar los asocios público privado en el país. Los y las representantes de la Mesa externaron su preocupación por la poten-cial amenaza de más privatización de los servicios públicos, bajo la modalidad de concesiones, lo que implicaría la posibilidad de privatizar servicios vitales como la salud, educación, seguridad, entre otros; además, la creación de fon-dos de liquidez para los asocios público privado, dinero que al final saldrá de

Acciones ante Asocios público privado

FESPAD en Redes y Alianzas

Mesa Permanente por la Justicia Laboral

la población salvadoreña; la inseguridad laboral que presenta el proyecto de ley, pues en ningún apartado de él se hace mención a los derechos labora-les y sindicales. El impulso que desde el Órgano Ejecutivo, conjuntamente con la gran empresa privada, se está dando al proyecto de ley, preocupa a los y las trabajadoras, pues se corre el riesgo de despidos masivos en sec-tores de servicios públicos, mayores índices de desempleo, mayores obstáculos para que se cumpla el derecho de sindicalización, entre otros. El Diputado Santiago Flores, expresó que su partido “no aprueba priva-tizaciones y las rechaza, aún cuando sobre el tema falta lectura y análi-sis político”. Mencionó de la importancia de que como MPJL, se pro-nuncie en rechazo a toda política de privatización que se quiera impul-sar. Los y las representantes aprovecharon el espacio para entregar de manera escrita la posición de la MPJL frente al proyecto de ley de aso-cio público privado. Esta acción realizada por la MPJL cuenta con el acompañamiento y respaldo de FESPAD y se enmarca dentro del proyecto “Promoviendo Liderazgos Sindicales Participativos para una Sociedad Democrática”,

auspiciado por el Ayuntamiento de Bilbao, y Paz y Solidaridad.

En Asamblea Legislativa

El Diputado Santiago

Flores (representante

del partido FMLN),

expresó que su partido

“no aprueba

privatizaciones y las

rechaza, aún cuando

sobre el tema falta

lectura y análisis

político”. Mencionó de

la importancia de que

como MPJL, se

pronuncie en rechazo a

toda política de

privatización que se

quiera impulsar.

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En su defensa y respeto a los derechos humanos de la clase trabajadora; miembras y miembros de la MPJL expresaron este jueves 13 de octubre a di-versos medios de comunicación, su desacuerdo y rechazo al Pacto para el Cre-cimiento, que incluye el Anteproyecto de Ley de Asocios Público Privado, que se impulsa desde el Órgano Ejecutivo. Para la mesa, el Asocio para el Cambio y el Anteproyecto de Ley, repercuten en nuevas formas y prácticas que constituyen la continuidad de reformas neoli-berales, perjudicando los derechos económicos, sociales y culturales de la so-ciedad salvadoreña. Los y las representantes de la Mesa expresaron que en su calidad de trabaja-

dores y trabajadoras, les preocupa el hecho que en ningún apartado del

La MPJL se pronunció nuevamente en contra del Proyecto Pacto para el crecimiento, que incluye el anteproyecto de Ley de Asocio

Público Privado, que son impulsados desde el Órgano Ejecutivo.

La MPJL afirma que la aprobación del anteproyecto perjudicaría de diversas maneras el bolsillo del pueblo salvadoreño. Considera que el Estado, como garante de los derechos fundamentales que debe ser, trasladaría la potestad constitucional de brindar los servicios públicos hacia las empresas privadas y que posibilitaría el abandono del esquema de financiación basado en el impuesto, a otro modelo de financiación basado en el pago directo de las y los usuarios, figu-

ra conocida en el Anteproyecto como “Contrato Auto sostenible”.

Además para la Mesa, la finalidad del proyecto constituye la expre-sión de una fuerte tendencia a la privatización de servicios públicos por la vía de las concesiones, abriendo el espacio de privatizar ser-vicios vitales tales como la salud, educación, seguridad, entre otros.

“...la finalidad es la inversión que favorezca a la empresa privada.” expresó Cristina Peña, quien por parte de

FESPAD brinda acompañamiento a la MPJL.

Las declaraciones fueron brindadas en una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en las instalaciones de FESPAD. En el espacio los representantes de la MPJL enfatizaron la petición presentada al Órgano Ejecutivo a de-sistir de presentar iniciativas que favorecen únicamente a ciertos sectores de la sociedad, en especial al sector pri-

vado, y que desprotege cada vez más a los y las trabajadoras.

Iniciativa del Ley carece de garantías a derechos laborales

anteproyecto de ley se hace referencia a la garantía de los derechos laborales y sindicales, lo que potenciaría el riesgo de despidos masivos en sectores de servicios públicos, repercutiendo en mayores índices de desempleo, imposibilitando el derecho a la sindicalización e irrespeto a derechos laborales individuales y colectivos. En las declaraciones, la MPJL llamó al Órgano Ejecutivo a desistir de presentar iniciativas que favorecen únicamen-te a ciertos sectores de la sociedad, en especial al sector privado, y que desprotege cada vez más a los y las traba-jadoras, asimismo instó a las diferentes fracciones legislativas a que no den el voto para la aprobación del referido anteproyecto de ley. Además hicieron un llamado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a unirse en el esfuerzo por evitar que se sigan estableciendo políticas de privatización, principalmente de los servicios

públicos, que afectan de forma directa a la sociedad más pobre del país.

Finalidad de la Ley: inversión a favor de empresa privada

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En el marco de la propuesta de Ley de Asocio Público-privado impulsada por el gobierno de El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica; brindó el pasado 16 de noviembre una conferencia de prensa en la que mani-festó su total rechazo hacía la referida ley y al acuerdo “Socios para el Creci-miento con Estados Unidos”. Para las diferentes organizaciones que integran la Mesa, las propuestas se traducen en la continuidad de políticas neoliberales de privatización de servi-cios públicos que afectarán los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población salvadoreña. En el tema ambiental, la Mesa dijo que la ley “pretende ser utilizada como una herramienta para la aproba-ción de proyectos mineros en el país, los cuales en lugar de representar oportunidades estratégicas de crecimiento para el desarrollo, vendrían a

empeorar la situación de vulnerabilidad del territorio nacional”.

El pasado 25 de noviembre, representantes de FESPAD y PROVIDA, en su calidad de miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral -MPJL- partici-paron en el espacio Entrevistas con Vos, que se transmite de 10:30 a

11:30 a.m., en de Radio YSUCA (91.7 FM).

El tema tratado en la entrevista fue el proyecto político-económico de-nominado Asocio para el Crecimiento y el anteproyecto de Ley de Asocios Público Privado, los cuales son impulsados desde el Órgano

Ejecutivo.

Saúl Baños, de FESPAD, explicó la forma en que se origina el Asocio para el Crecimiento y el proyecto de Ley de Asocios Público Privado. Además, habló sobre las consecuencias que para el sector laboral y sindical podría traer la adopción de los asocios público privado, parti-cularmente en el caso de mantenerse las condiciones laborales no tan

favorables para ese segmento de la población.

Graciela Colunga, de PROVIDA, hizo un abordaje de las implicaciones negativas que para la población en general

acarrea la privatización de bienes y servicios a través de las concesiones que, de aprobarse los asocios, generaría.

Ley no presenta oportunidad estratégica para desarrollo

En este contexto, el Dr. Ángel Ibarra de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) expresó que “las empresas no son altruistas, al contrario, su objetivo es la generación de ganancia”. Agregó que como Mesa frente a la Mi-

nería Metálica les preocupa que en El Salvador se estén repitiendo políticas que ya se ha demostrado están equivo-

cadas, por buscar el lucro del mercado y no el de las mayorías.

La Mesa se dirigió a las autoridades de Gobierno para proponer la realización de Asocios Públicos-Comunitarios para la gestión sustentable de cuencas, bosques, zonas protegidas, etc; el cual, según los voceros, es reconocido como un derecho de las poblaciones, estipulado en la Constitución de la República y en diversos tratados interna-cionales como el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad del SICA, la Convención de Río de 1992, entre

otros.

Además del tema ambiental, los representantes de la Mesa declararon rechazar la propuesta de Asocio Público-Privado porque ésta contempla la posibilidad de trasladar los costos de los servicios directamente a las y los usua-rios, pues la figura de contrato autosostenible que incluye la propuesta, otorgaría al sector privado flexibilidades pa-ra fijar precios, considerando únicamente su rentabilidad económica y no las posibilidades adquisitivas de las ma-

yorías.

Consecuencias negativas del Asocio público privado


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FESPAD realizó el pasado 14 de octubre, un módulo dentro de las jornadas de análisis sobre la realidad nacional y las respuestas del movimiento sindi-cal. Esta vez se contó con la participación de miembras y miembros del Sindicato de la Academia Nacional de Seguridad Publica -SITANSP-, orga-

nización miembra de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.

El tema analizado fue en torno al Anteproyecto de Ley de Asocio Público

Privado, el cual es impulsado desde el Órgano Ejecutivo.

También se contó con la participación del abogado Amílcar Cardona, quien hizo una presentación del contenido del Anteproyecto en mención y explicó

las implicaciones que para el sector laboral tendría la posible aprobación de

FESPAD en coordinación con la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, realizó el pasado 31 de octubre de 2011, un foro conmemorativo al día del y la sindicalista salvadoreña en la que participaron un promedio de 250 miembros y miembras de distintos sindicatos nacionales. En el foro se desarrolló la ponencia sobre Asocios Público Privados, a cargo del abogado Amílcar Cardona, especia-lista en derechos laborales. En el espacio de participación, mujeres y hombres sindicalistas que han tenido una larga trayectoria dentro del movi-miento, compartieron con el resto del pleno, algunos testimonios que han vivido dentro del campo sindical. También se desarrollaron actividades artístico-culturales a cargo de compañeros sindicalistas. Previo al foro, la Mesa participó en una marcha que se realizó el 29 de octubre, para conmemorar el día del y la sin-dicalista. La marcha partió desde el monumento al Salvador del Mundo, culminando en la tumba de Febe Elizabeth Velásquez, quien fungió como Secretaria General de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), que fue asesinada junto a otros sindicalistas, con una bomba colocada en ese local, el 31 de octu-bre de 1989. Sus restos se encuentran en el Cementerio General de San Salvador.

Ley institucionalizará prácticas de privatización

éste “...la iniciativa del Anteproyecto de Ley de Asocios, sólo es un componente del denominado “Pacto para el

Crecimiento” que también impulsa el Ejecutivo con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos...” expresó.

Por su parte, los y las trabajadoras manifestaron que una vez aprobada la Ley, se institucionalizarían aún más las prácticas de privatización de servicios públicos, pondría en peligro los bienes del Estado, generaría inestabilidad laboral e imposibilitaría la libre sindicación, entre otras problemáticas. Consideraron, además, que el Anteproyecto, no sólo amenaza la posible privatización de servicios públicos sino también otros sectores en los que a la empresa

privada le gustaría intervenir como lo son las cárceles, puertos, aeropuertos, entre otras.

El objetivo de la actividad es contribuir a profundizar la capacidad de análisis para la incidencia de las organizacio-nes sindicales, teniendo como referente obligado la revisión permanente de la realidad nacional. Estas jornadas de análisis que FESPAD realiza, son parte de la ejecución del proyecto “Promoviendo Liderazgos Sindicales Participa-

tivos para una Sociedad Democrática”, el cual es auspiciado por el Ayuntamiento de Bilbao y Paz y Solidaridad.

Sindicalistas se unen para conmemorar su día

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FESPAD participó activamente durante los meses de septiembre a diciembre, en la Red “Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador” como parte de sus apuestas en la defensa de este sector vul-nerable. A diciembre de este año, la Alianza ha preparado las condiciones en la recopilación y análisis de información, para hacer un balance de la situación de la niñez y juventud durante el 2011, el cual se dará a conocer públicamente los primeros días del mes de enero 2012. Se espera para el año 2012, resultados positivos en el accionar de la Alianza con la ejecución del proyecto “Consolidar el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y de las reformas democráticas, en el fomento de la conciliación pacífica de los intereses de diferentes grupos y en la ampliación de la participación y la representación de políticas”. La red está integrada por las organizaciones de la sociedad civil: Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (LAS MELIDAS), Plan Internacional y FESPAD.

El pasado martes 11 de octubre, FESPAD y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) desarrollaron la jornada de análisis sobre el tema de libertad sindical. Estas jornadas tienen como objetivo contribuir a profundizar la capacidad de análisis para la incidencia de las organizaciones sindicales, teniendo como referente obligado la revisión de la realidad nacional. Se contó con la participación de un abogado especialista en el tema laboral y sindical. Su ponencia desarrolló as-pectos constitucionales de la libertad sindical y de cómo se articula con el ordenamiento jurídico salvadoreño nacio-nal e internacional; para que las y los miembros de organizaciones sindicales puedan ejercer esa libertad sindical en la conformación, conducción y toma de decisiones de las organizaciones sindicales. Es importante destacar la importancia que tienen los Convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el pleno goce y ejercicio de los derechos laborales en el marco de la libertad sindical y que las y los trabajadores exijan el cumplimiento de las normas laborales y que utilicen los mecanismos e instituciones nacionales e internaciones de protección y defensa de derechos laborales y sindicales; entre estos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal de Servicio Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, entre otros. Las y los miembros de la MPJL, participantes de la jornada, destacaron la importancia que tiene la libertad sindical, en el ejercicio de sus derechos sindicales para la construcción de una verdadera democracia.

Organizando la incidencia a favor de la niñez

Jornada de análisis sobre libertad sindical

Alianza por los Derechos de la Niñez...

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Con el objetivo de elaborar un diagnóstico comunitario nacional, en torno a la problemática de la tierra y el impacto social que causa en las comunidades la inseguridad jurídica en la tenencia, el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador, visitó el pasado 7 de noviembre las comunidades: Isla San Rafael Tasajera, Comunidad Cuatro Vientos, Comunidad San Antonio Los Blancos, Brisas de Jaltepec y Comunidad Victoria 2000, ubicadas en el municipio de San Luis La Herradura, del departamento de La Paz. Las visitas permitieron conocer que en estas comunidades, que son habitadas por 952 familias, se encuentra un total de 4,368 personas que enfrentan diferentes problemas relacionados con su derecho humano a la propiedad y posesión de la tierra. En la comunidad Isla San Rafael Tasajera, por ejemplo; habitan 1,016 personas de las cuales solo 14 poseen escri-turas, razón por la que no cuentan con instituciones que les brinden servicios básicos como educación y salud. Simi-lar situación se vive en la Comunidad San Antonio Los Blancos, donde solo un 40% de la población tiene escrituras registradas, otro 40% de las escrituras no están registradas y el resto no posee escrituras.

El pasado miércoles 14 de septiembre del corriente año, el Movimiento Na-cional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador (MOVI-TIERRA), con el acompañamiento de FES-PAD, presentó a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa, por medio de la Diputada Alma Cruz, una plataforma de demandas, con el objetivo de procurar una mesa de diálogo y coordina-ción; para el estudio, diagnóstico y discusión de propuestas de solución inte-gral a la problemática de tierra de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, asentadas en tierras del Estado, línea férrea, calles en desuso y otros.

Elaborando diagnóstico comunitario nacional

MOVI-TIERRA presenta demandas a Asamblea Legislativa

Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra...

En la plataforma en referencia, el Movimiento destacó que tiene como objetivos: conjuntar esfuerzos a lo largo y ancho del país, para la defensa del derecho humano a la tierra; procurar una mesa de diálogo con la Asamblea Le-gislativa y el Ejecutivo, para discutir y acordar acciones de solución integral a la problemática de la tierra de las co-munidades indígenas, campesinas y urbanas; y consolidar el Movimiento Nacional como un sujeto y actor social que reivindica el derecho humano a la tierra con acciones de exigibilidad jurídico, político y social. A la Comisión se trasladó información sobre las comunidades de las zonas occidental, oriental y central del país, las cuales actualmente se encuentran amenazadas de desalojos, tanto por personas particulares como por entidades estatales, afectando de esa manera el derecho de propiedad y posesión de los sectores más excluidos y margina-dos del país. También se expresó que las comunidades experimentan inseguridad jurídica en la tenencia de la tie-rra, lo que profundiza la fractura del tejido social. Se pidió a los y las diputadas, que no emitan más leyes que al entrar en vigencia y aplicación faciliten los desalojos, tal y como ha ocurrido con la “Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles” co-nocida como Decreto 23, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo de 2009; y declarada posteriormente Constitucional por la Corte Suprema de Justicia, la cual se orienta a desplazar a través de un procedimiento expedi-to a cualquier persona que no posea un título de propiedad.

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Otra de las problemáticas registradas son las amenazas de desalojo, situación que afecta a los habitantes de la Comunidad Cuatro Vientos, donde un total de 525 habitantes están siendo amenazados por instituciones bancarias y particulares que pretenden arrebatarles sus terrenos para la construcción de líneas hoteleras. El mismo problema enfrentan 357 habitantes de la Comunidad Victoria 2000, quienes enfrentan estas amenazas por parte del grupo Simán. En total, en la zona costera de El Salvador se registra un promedio de 4,368 habitantes que son afectados en su derecho humano al acceso a la tierra y a la seguridad jurídica en la tenencia. Estos datos evidencian que el cumpli-miento de este derecho continúa siendo una tarea pendiente del gobierno salvadoreño.

En apoyo a comunidades de zona oriental

Con el objetivo de conocer la problemática de la tierra y el impacto social que causa en las comunidades la inse-guridad jurídica en la tenencia, el MOVI-TIERRA, en el que se integra FESPAD, visitó el 9 y 10 de noviembre de 2011 las comunidades: San Nicolás, El Llano, El Manantial, Comunidades Nuevo Amanecer Sector 1, 2, 3 y 4, Em-manuel, Los Héroes y la Comunidad San José, todas del departamento de Santa Ana. En la comunidad San Nicolás, habita un total de 580 pobladores, quienes a la fecha, carecen de sus títulos de pro-piedad que debieran ser emitidos por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), mientras que los 800 habitantes de la Comunidad El Llano, quienes desde el 2007 se encuentran en posesión material del inmueble de naturaleza rústica, actualmente enfrentan amenazas de desalojo. Otra de las problemáticas detectadas es la que enfrentan los 400 pobladores de La Comunidad El Manantial, quie-nes resultaron afectados en 2005 por la erupción del volcán Ilamatepec, por lo que fueron reubicados en el inmue-ble que habitan –considerada zona de alto riesgo-, mediante la gestión de la cooperación española, que a la vez se encargó de construir las viviendas que poseen actualmente; sin embargo desde el año 2006 la Alcaldía Munici-pal de Santa Ana se ha negado a reubicarlos.

Contra efectos de Decreto 23

El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador, con el objetivo de analizar la situación actual de las comunidades de la Zona Oriental afectadas por el Decreto 23, que contiene la Ley especial para la garantía de la propiedad o posesión regular de inmuebles, celebró el pasado 26 de octubre una Asamblea General a fin de ela-borar la agenda de incidencia para contrarrestar los efectos negativos y la violación de derechos humanos causa-dos a los habitantes de dichas comunidades. En Usulután, una de las comunidades afectas por el referido Decreto es la Comunidad Militar de Puerto el Triunfo. Sus habitantes enfrentaban una orden de desalojo fijada para el 27 de octubre, la cual se logró prorrogar mediante diversas acciones de exigibilidad ante la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial; no obstante, el Instituto de Pre-visión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), en su calidad de demandante está solicitando que se le pague US$100.000 por el inmueble, como requisito para retirar la demanda de desalojo forzoso a la comunidad. En el departamento de La Unión, han resultado afectados por el Decreto 23, los habitantes de las cinco comunida-des que constituyen la Cooperativa El Agencio de Intipucá, quienes habitan las tierras desde 1963 y están siendo procesados en el Juzgado de Paz de Intipucá, por una demanda promovida por la Cooperativa San Ramón. El pro-ceso se encuentra en la etapa de inspección del inmueble, y posteriormente se fijará día y hora para la Audiencia de Vista Pública. Desde FESPAD y MOVI-TIERRA se están realizando acciones de coordinación con la Procuraduría para la Defen-sa de los Derechos Humanos, PDDH y Procuraduría General de la República, PGR, de la Unión relativas al caso de Intipucá. Entre las acciones sociales a realizar para la reivindicación de los derechos humanos violentados a las comunidades en referencia figuran conferencias de prensa, participación en espacios radiales, concentraciones y otros.

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Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

Economía y Medio Ambiente deben transparentar resultados de EAE

Luego de más de seis meses de espera y retrasos por cono-cer los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del sector minero, la sociedad civil organizada en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, aún desconoce los insumos resultantes del estudio. Ante tal situación la Mesa, de la que FESPAD es parte integrante, exigió en conferencia de prensa que los ministerios de Economía y Medio Ambiente transparenten los resultados. La EAE del sector minero es ejecutada en El Salvador a través de una consultora extranjera, con la idea de adquirir insumos técnicos que confirmen la viabilidad ambiental, so-cial, institucional y política de la práctica minera en El Salva-dor, y que le permita a las autoridades de gobierno, conformar la política nacional de minas e hidrocarburos. En la conferencia, los representantes de la Mesa manifestaron que el movimiento social frente a la minería se encuentra profundamente preocupado por la ambigüedad y falta de transparencia con la que pareciera se está abordando el tema; y además, por la grave contaminación que se produciría si el Gobierno aprueba o permite los proyectos minero-metálicos en la zona norte del país.

El silencio que hasta la fecha se ha guardado es inadmisible, bajo el entendido que la minería metálica es un peli-gro para la sustentabilidad ambiental, esto, por la cantidad irracional de agua que utiliza y por los niveles de conta-

minación ambiental que produce.

En las Comunidades Nuevo Amanecer Sector 1, 2, 3 y 4, asentadas en la ex línea férrea, sus pobladores que son un promedio de 1,441 han sufrido varios intentos de desalojo por parte de Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) y La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Se conoció además, que la Comunidad Emmanuel está asentada desde el año 2006 en tierras estatales y que la Comunidad Los Héroes está conformada por 2006 pobladores. En esta línea, en la zona occidental se identificaron 1,692 familias y en total 6,770 personas afectadas en su dere-cho humano a la propiedad y posesión a la tierra. Los datos confirman que el gobierno salvadoreño aún tiene una deuda pendiente con el pueblo, en torno a garantizar este fundamental Derecho.


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