FERNANDO CURIEL DEFOSSÉ Director · 2017. 5. 18. · valor de $ 151 233.81; de ellos $ 18 979.45...

© Universidad Nacional Autónoma de México

BIBLIOTECA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

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FERNANDO CURIEL DEFOSSÉDirector

COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

Programa Editorial


BENITO JUÁREZANTOLOGÍA

Introducción, selección y notasJorge l. tamayo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

MÉXICO 2013


Diseño de portada: Pablo Rulfo

Primera edición: 1972Segunda edición: 1993Tercera edición: 2006Primera edición electrónica: 2013

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoCiudad Universitaria, 04510 México, D.F.

Coordinación de Humanidades

Programa Editorial

Hecho en México

ISBN 978-607-02-XXXX-X


INTRODUCCIÓN

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PREÁMBULO

Con sumo agrado he preparado, por encargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la juventud universita-ria, este pequeño volumen en que se ha hecho una selección de los más destacados documentos, que permiten captar la evolu-ción dialéctica del pensamiento de Benito Juárez en la medida que su instrucción crecía y la comprensión de los problemas de la patria le permitían colocarse en la posición de revoluciona-rio, consciente de la necesidad de demoler estructuras anquilo-sadas y de sentar las bases del México nuevo.

En este año cumplirá cien años de haber muerto físi-camente y la nación, en justo homenaje, ha declarado por conducto del Congreso de la Unión, el año de 1972, Año de Juárez.

Uno de los mejores homenajes que se puede hacer a Juárez y a los hombres que encabezó es dar a conocer a la juventud estudiosa, y al pueblo en general, la obra trascendente que realizaron y destacar cómo México adquiere la plenitud de su desarrollo como Estado al realizarse la Reforma y también cómo, al rechazar al invasor y consolidar las instituciones re-publicanas, Juárez establece como doctrina no sólo mexicana, sino internacional, los principios de autodeterminación y no intervención.

En las páginas siguientes encontrarán los lectores un breve esbozo de la evolución del pensamiento de Juárez, a continua-

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ción aparece “Apuntes para mis hijos”, relato autobiográfico que abarca cincuenta y un años de su vida, y en seguida pu-blicamos documentos públicos y correspondencia seleccionados para mostrar los hitos de la vida y de la evolución del pensa-miento de Juárez.

No se reproducen documentos íntegros, sino los párrafos más destacados, señalando en nota a pie de página su locali-zación en la recopilación prácticamente exhaustiva que llevé a cabo y que se ha publicado con el título de Benito Juárez, documentos, discursos y correspondencia, por la Secreta-ría del Patrimonio Nacional.

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Presencia de Juárez

No obstante tener una gran admiración por Benito Juárez, como hombre, como ciudadano ejemplar, no caemos en la ido-latría de pensar que la obra meritoria realizada durante aque-llos años de la Reforma y la Intervención Francesa haya sido exclusivamente resultado de su acción. Por fortuna para Méxi-co, pudieron agruparse un conjunto de ciudadanos preocupa-dos por la vida de la nación, conocedores de sus problemas, con gran capacidad, espíritu de sacrificio y el común denominador de una gran honestidad.

Precisamente uno de los más grandes atributos de Juárez es haber sido el jefe indiscutible de ese conjunto de patriotas ilus-tres, porque para alcanzar esa jerarquía tuvo necesariamente que ser él del mismo rango que ellos y, al mismo tiempo, poseer cualidades rectoras que le permitieron ser el caudillo y el guía de tan selecto conglomerado.

La personalidad de Juárez posee múltiples facetas: como in-dividuo de grandes dotes personales y cualidad humana, como líder y conductor de la gran generación de la Reforma, como ideólogo y constructor del México moderno.

Los primeros años de Juárez ya son un ejemplo de supe-ración, porque muestran cómo es posible que por iniciativa propia, un niño de doce años pueda decidir su futuro. Benito Pablo, fugándose de Guelatao, llegó a Oaxaca y con tesón, enfréntase al medio, aprende a leer, realiza su educación pri-

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maria, penetra al Seminario y obtiene los máximos honores académicos; más tarde, pasa al Instituto de Ciencias y Artes y, nuevamente, ocupa sitio de distinción; finalmente, llegó a ser catedrático y director del establecimiento.

En la actuación ciudadana, Juárez escaló uno a uno los peldaños de los cargos al servicio de la sociedad en que vive, de su estado natal y de la nación: regidor de la ciudad de Oaxaca, diputado local, ministro suplente de la Corte de Justicia, capi-tán de Milicias, ministro de la Corte de Justicia, miembro de la Junta de Salubridad Pública, juez de 1.a Instancia, secretario de Gobierno, diputado federal, gobernador, ministro de Justicia, ministro de Gobernación, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por último, presidente de la República.

Otro aspecto que merece ser analizado, porque sus detrac-tores a ultranza se empeñan en negarle, es la cultura general que logró alcanzar.

Al leer sus manuscritos hológrafos, sus cartas, manifiestos y proclamas, y hasta las simples notas o apuntes que redactó, se puede constatar la fluidez y claridad de su pensamiento, la precisión de sus conceptos y el amplio conocimiento de las obras fundamentales de la literatura y filosofía de su tiempo, sus claros y amplios conocimientos de la evolución histórica de su pueblo y de la humanidad.

En el Archivo General de la Nación existe un cuaderno de apuntes, con párrafos copiados de diversas obras que había leído, señalando sus referencias (edición, páginas, etc.). Algu-nas de esas notas, escritas de su puño y letra, están en latín y francés, lo que permite asegurar que continuó cultivando esas lenguas hasta los postreros años de su vida, hecho que se confirma en una de sus últimas cartas en que comenta que habitualmente lee prensa en francés.

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En su correspondencia es frecuente la presencia de citas o referencias a obras fundamentales, particularmente cuando el borrador fue escrito por su mano y no dictado a un ama-nuense.

En la Biblioteca del Estado de la ciudad de Oaxaca, existe un lote de varias decenas de libros, restos de su biblioteca perso-nal. En múltiples páginas de estos volúmenes, principalmente las que tratan temas de derecho, política e historia, se encuen-tran con frecuencia anotaciones suyas.

No cabe duda de que Juárez era un lector asiduo y constan-te; en sus cartas se leen comentarios sobre libros y especialmen-te cuando algún autor se los ha remitido.

Más aún, cuando en la noche del 17 de julio de 1872 se inició la gravedad que concluyó con su muerte, estaba leyendo Cours d’histoire des legislations comparées de M. Lerminier; sobre el buró dejó abierto ese libro en la página 232 con una marca, indicando que había concluido de leer la “Lección XIII”.

Quien consulte con atención su correspondencia y docu-mentos públicos podrá encontrar siempre la presencia de una personalidad con una firme base cultural.

Al examinar su actitud frente a la sociedad, los hombres y las ideas, se percibe un lógico proceso dialéctico en la evolución de su pensamiento, estructurando y precisando su ideología, y finalmente, alcanzando una síntesis que se convierte en doctri-na, de la que será sostenedor y firme realizador.

Asiste al Seminario alentado por su ambición de saber y por ser el único establecimiento, en Oaxaca, de enseñanza superior abierto a los humildes indígenas; pero pronto, incon-forme con la sociedad en que vive, “enteramente dominada por la ignorancia, el fanatismo religioso y las preocupaciones”, se inscribe en el Instituto de Ciencias y Artes “independiente

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de la tutela del clero, y destinado para la enseñanza de la juventud en varias ramas del saber humano”.1

En “Apuntes para mis hijos” Juárez explica con sencilla franqueza ese gran viraje en su vida

sea por el fastidio que me causaba el estudio de la Teología por lo incomprensible de sus principios, o sea por mi natural deseo de seguir otra carrera distinta a la eclesiástica, lo cierto es que yo no cursaba a gusto la cátedra de Teología a que había pasado después de haber concluido el curso de Filosofía.2

Años más tarde, en 1834, en su ejercicio profesional de abo-gado, después de defender a los vecinos de Loxicha contra los abusos del cura del lugar, fue apresado y atropellado, quedan-do impune el clérigo, lo que hizo que Juárez se refiriera a esta experiencia con amargura:

Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos que se quejaban contra las arbitrarieda-des de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería fe-liz con la existencia de aquéllas y de sus alianzas con los po-deres públicos y me afirmaron en mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privile-giadas. Así lo hice en la parte que pude y así lo haría el Partido Liberal; pero para desgracia de la humanidad el remedio que en-tonces se procuraba aplicar no curaba el mal de raíz, pues aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada reemplazándola con otra liberal, el cambio era sólo de personas y quedaban subsistentes en las leyes y en las constituciones, los fueros

1 Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, selección y notas de Jorge L. Tamayo, México, Secretaría del Patrimonio Nacional, 1964-1967, t. 1, p. 87.

2 Ibid., p. 91.

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eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes de que abu-saba, fomentando los motines para cimentar su funesto poderío.3

Ya gobernador de Oaxaca, en 1849, en forma cortés apremió al obispo para que cumpliera las instrucciones de quien había hecho un legado desde 1818 para fundar un hospicio, confian-do los fondos a la Iglesia. El obispo, don Antonio Mantecón, molesto, negó autoridad al gobernador para inmiscuirse en este negocio; Juárez con parsimonia le envió la siguiente nota:

Comprendo bien, padre Obispo, que la fundación del Hospicio no se llevará a efecto porque el clero no soltará de sus manos los fondos que dejó el benefactor; pero sepa usted que si hoy aprovecha la preocupación religiosa, que le da superioridad, llegará un día en que esa ficticia superioridad de que hace usted alarde para despre-ciar al Gobierno, quede para siempre bajo la férula del Poder Civil que es como debe estar. Dios dé vida a usted para que lo vea, y a mí para que se lo haga notar.4

La honestidad, cualidad indispensable a todo hombre público que desee disponer de autoridad moral, es reconocida en Juá-rez hasta por sus detractores. Sin embargo, es útil precisar que después de llevar una vida modesta —aun en los años en que desempeñó la presidencia de la República—, cuando murió sus herederos denunciaron el intestado para distribuirse bienes por valor de $ 151 233.81; de ellos $ 18 979.45 correspondían a sueldos como presidente que no le habían sido cubiertos por es-casez del erario, el resto en muebles, alhajas, libros y cuatro mo-destas casas adquiridas en remates de bienes de clero, para dar el ejemplo en la aplicación de la ley reformista correspondiente.

3 Ibid., p. 135.4 Ibid., p. 65.

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El desconocimiento de sus documentos personales (hemos sido los primeros que consultamos la totalidad de su archivo) ha sido la causa de que algunos escritores le juzguen de impasible, hierático, frío. Fue, en realidad, todo lo contrario: tierno, sensi-ble y expresivo con sus familiares y amigos.

Su identificación con Margarita Maza fue cabal, llamán-dola familiarmente “vieja”; ella se refería a su esposo como “Juárez”, siguiendo una costumbre oaxaqueña que todavía practicaron algunas generaciones posteriores de mujeres de nuestra provincia; también le llama “viejo” en ocasiones.

Es placentero recorrer las páginas de las misivas familiares: desbordan ternura y preocupación por su esposa; por cada uno de sus hijos; por el yerno Pedro Santacilia, adoptado como hijo muy amado; por la primera nieta, María Santacilia, que ocupó sitio especial en sus afectos.

Pese a la confianza que le merecía su esposa, está vigilante de la educación de sus hijos. Cuando en 1863 su familia se adelantó en salir a Saltillo, le advierte a Santacilia, desde San Luis Potosí, en relación con José y sus demás hijos lo siguiente:

Le encargo que usted cuide mucho de que ni él, ni sus her-manos se impregnen de las preocupaciones que producen las prácticas supersticiosas de esas pobres gentes. Me alegro que las muchachas bailen, lo que les hará más provecho que rezar y darse golpes de pecho.5

En 1865, durante la estancia de la familia en Nueva York, ratifica a Santacilia, desde Chihuahua, sus instrucciones en frases precisas y contundentes, que aún pueden ser objetivo y norma de un programa educativo:

5 Ibid., t. 8, p. 417.

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Supongo que Pepe y Beno están yendo a la Escuela, suplico a usted no los ponga bajo la dirección de ningún jesuita ni de ningún sectario de alguna religión; que aprendan a filosofar, esto es, que aprendan a investigar el porqué o la razón de las cosas, para que en su tránsito por este mundo tengan por guía la verdad y no los errores y preocupaciones que hacen infelices y degradados a los hombres y a los pueblos.6

Fue sincero y leal a su convicción, la inculcó a sus hijos y no dio el espectáculo, frecuente en nuestros días, de que los hombres públicos sean revolucionarios en la calle y aun acti-vos reformistas; pero en el seno de su hogar, conservadores y tradicionalistas.

Volvamos a Juárez, hombre público, dirigente eficaz de la Reforma.

La independencia realizada en 1821, al amparo del Plan de Iguala y más tarde complementada con los Tratados de Córdo-ba, dieron origen a un nuevo Estado que surgió subordinado a los intereses de los acaudalados criollos del ejército virreinal, aho-ra convertido en insurgente, y del poderoso clero mexicano que se veía liberado de la vigilancia del Estado español, en función del derecho de patronato.

Por ello, se ha dicho con justicia que nuestra independencia se redujo a cortar los vínculos de dependencia de España, pero que en el orden económico, político y social, la situación no cambió. Juárez, con acierto, expresó con respecto a nuestra frustrada independencia en noviembre de 1866, al ser entrevis-tado en Chihuahua por un reportero del periódico New York Herald: “A pesar de que la Independencia de la Madre Patria era un hecho, no era la independencia y libertad que nosotros habíamos deseado”.

6 Ibid., t. 9, p. 591.

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El primer imperio, el de Iturbide, fue derrocado y se aprobó, en 1824, una constitución federal que Juárez consideró como

una transacción entre el progreso y el retroceso, que lejos de ser la base de una paz estable y de una verdadera libertad para la Nación, fue el semillero fecundo y constante de las convulsiones incesantes que ha sufrido la República y que sufrirá todavía mientras que la sociedad no recobre su nivel, haciéndose efectiva la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudada-nos y entre todos los hombres que pisen el territorio nacional, sin privilegios, sin fueros, sin monopolios y sin odiosas distincio-nes; mientras que no desaparezcan los tratados que existen entre México y las potencias extranjeras, tratados que son inútiles, una vez que la suprema ley de la República sea el respeto in-violable y sagrado de los derechos de los hombres y de los pue-blos, sean quienes fueren, con tal de que respeten los derechos de México, a sus autoridades y a sus leyes; mientras finalmente que en la República no haya más que una sola y única autori-dad; la autoridad civil del modo que lo determine la voluntad nacional sin religión de Estado y desapareciendo los poderes mi-litares y eclesiásticos, como entidades políticas que la fuerza, la ambición y el abuso han puesto enfrente del poder supremo de la sociedad, usurpándole sus fueros y prerrogativas y subalter-nándolo a sus caprichos. [Texto probablemente escrito en 1857.]7

En la citada entrevista de Chihuahua, Juárez precisa sus ideas sobre la Constitución de 1824 señalando que no había sido eficaz porque

todavía no había libertad ni tampoco independencia. La Iglesia gobernaba con mano férrea; el ejército bajo el control de esa mis-ma Iglesia era el azote del país y los extraordinarios privilegios del clero y del ejército todavía absorbían las libertades del pueblo.

7 “Apuntes para mis hijos”, en op. cit., t. 1, pp. 75-79.

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Muy pronto el pueblo de México comenzó a darse cuenta de lo que había ocurrido y se iniciaron los intentos para redondear y perfeccionar esa independencia incompleta. El doctor José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías fueron, durante los treintas del siglo pasado, los campeones de esta necesaria transformación y, por fortuna, el pensamiento liberal se fue divulgando y reforzando por todos los ámbitos de México.

En 1827 se creó en la ciudad de Oaxaca el Instituto de Ciencias y Artes del Estado que permitió la formación de varias generaciones de oaxaqueños animados del espíritu renovador y que, a partir del principio de los cuarentas, reconocen ya como su conductor y jefe espiritual al catedrático de ese Instituto y, más tarde, director del mismo, licenciado Benito Juárez.

También se formaron grupos liberales en diversas zonas del país, que permitieron el surgimiento de las personalidades de Melchor Ocampo y Santos Degollado, en Michoacán; Francis-co García Salinas en Zacatecas; José María Mata, Manuel Gutiérrez Zamora en Veracruz; Juan Antonio de la Fuente en Coahuila; Pedro Ogazón, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Miguel Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, Guiller-mo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano y otras personalidades, quienes al cabo del tiempo, y en función de las circunstancias que se fueron presentando, se incorporaron al grupo impulsor de la vida progresista de México.

El 1 de marzo de 1854 un oscuro militar, el coronel Francis-co Villarreal, lanzó en Ayutla el plan que lleva su nombre, invi-tando a la nación a derrocar a Antonio López de Santa Anna y, como algo novedoso —en contraste a los planes de cuartelada y motín—, propone que, en lugar de sustituirlo simplemente con otro gobierno, el presidente interino designado por los triunfado-res deberá convocar a un Congreso Extraordinario

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el cual se ocupará exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma de República representativa popular y de revisar los ac-tos del poder provisional.

Invitado el general Juan Álvarez, junto con otros jefes mili-tares, aceptó ponerse al frente de las fuerzas libertadoras y cuando se alcanzó el triunfo, encabezó al gobierno provisional.

La fuerte personalidad de este patriota, de escasas letras pero de una gran sensibilidad y experiencia, le permitió en el momento oportuno convertirse en el centro en torno del cual las nuevas generaciones iniciaron la lucha a su sombra; Juan Álvarez, el insurgente y constante luchador por las causas del pueblo, jugó un papel definitivo y de especial importancia al encauzar la lucha a la sombra del Plan de Ayutla.

Este Plan, aparentemente intrascendente, tuvo la virtud de permitir que en torno de él se agruparan las más valiosas personalidades del mundo progresista del México de entonces, ya fueran los que sufrían el destierro, como Juárez, Ocampo y Mata, o los que para salvar su vida se habían refugiado en medio de las montañas; despertando el entusiasmo, también los escépticos y pasivos que en un principio no se habían decidi-do a actuar, pronto se dirigieron al puerto de Acapulco y más tarde a Cuernavaca, para ofrecer sus servicios.

A partir de esos días se inició uno de los más limpios mo-vimientos de la historia mexicana, que culminó como primera etapa, en la preparación y, más tarde, promulgación de una constitución moderada, la que todavía el Congreso Constitu-yente consideró conveniente iniciar en la forma siguiente: “En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano…”.

Antes de reunirse en el Congreso, el grupo radical del que formaban parte destacadamente Juárez, Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, etc., ha-

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bía logrado que, obedeciendo el clamor popular, el gobierno provisional interino expidiera una importantísima Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios. Por haber sido redactada personalmente por Juárez, en funciones de ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos y presentada a la consideración del Consejo de Ministros, ha recibido el nombre, desde su expedi-ción, el 23 de noviembre de 1855, de “Ley Juárez”.

Con esta ley se logró la abolición de los fueros, pues en el artículo 42, en forma categórica, se declara que se suprimen los numerosos tribunales especiales, con excepción de los ecle-siásticos y los militares, a los que se restringe su jurisdicción en la forma siguiente:

Los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer en los nego-cios civiles y continuarán conociendo de los delitos comunes de individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle ese punto. Los tribunales militares cesarán también de conocer de los negocios civiles y conocerán tan sólo de los delitos puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. Las disposiciones que comprende este artículo son generales para toda la República y los Estados no podrán variarlos o modificarlos.8

Esta ley trascendental colocó a todos los mexicanos en el mis-mo nivel ante la sociedad, eliminando categorías y prejuicios que se venían arrastrando desde la época colonial. Fue, no cabe duda, la primera de las Leyes de Reforma.

Los altos dignatarios de la Iglesia católica, en el fondo, no rechazaron la ley en la parte de la supresión del fisco eclesiás-tico; varios de ellos solicitaron que se pidiera al Papa su con-formidad, como requisito para ponerla en vigor. Juárez, como

8 Op. cit., t. 2, p. 104.

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ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, en nombre del gobierno se negó, por considerar que el Estado tenía facultades para legislar en cuestiones civiles.

Los documentos cruzados sobre este tema por el arzobispo de México y los obispos de Michoacán, San Luis Potosí y de Guadalajara, constituyen un diálogo epistolar de gran altura.

Firme en su propósito de transformación, el gobierno interi-no, no obstante que se había retirado el general Juan Álvarez de la presidencia de la República y lo sustituyó Comonfort, expidió el 25 de junio de 1856, a iniciativa de Miguel Lerdo de Tejada, la Ley de Desamortización de Bienes del Clero y de Corporacio-nes, instrumento que tenía fundamentalmente un propósito eco-nómico: poner en circulación los bienes de manos muertas, que no contribuían al progreso económico del país y, como segundo objetivo, eliminar la influencia económica de la Iglesia que, por su naturaleza conservadora, frenaba el progreso del país y, a la vez, le permitía disponer de una gran fuerza política. Habrá que considerar este paso como otra de las Leyes de Reforma.

Ambas disposiciones fueron examinadas por el Congreso Constituyente y después de acaloradas discusiones, incorpora-das a la Constitución del 5 de febrero de 1857.

Dominando en el Congreso Constituyente liberales mode-rados, no fue posible que se incluyeran en la Constitución re-formas radicales, pero se incorporaron los derechos del hombre, pregonados por la Revolución Francesa setenta años antes, y por ello se declaró la absoluta prohibición de la esclavitud; la desautorización a los votos religiosos; se estableció la liber-tad de pensamiento y de expresión de las ideas, el derecho de asociación y de viajar dentro y fuera del país, se abolieron los títulos de nobleza, etc. Sin embargo, no fue posible que se pre-cisara la situación de la Iglesia frente al Estado, tampoco se

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logró que se legislara sobre la enseñanza y, menos aún, que se examinara el grave problema agrario. Pero no se piense que por falta de conocimiento de los mismos; varios diputados presen-taron iniciativas concretas sobre estos temas pero la mayoría los rechazó, prefiriendo dentro de un espíritu de conciliación abstenerse de incluirlos en la Constitución.

Juárez, que desde enero de 1856 desempeñaba el cargo de go-bernador del estado de Oaxaca, al principio con carácter interino y más tarde por elección popular, siguió paso a paso las delibera-ciones del Congreso Constituyente. No estuvo satisfecho del rumbo que el Congreso tomó y menos del texto constitucional final, por lo que al instalar el Congreso local, el 21 de junio de 1857, dijo en la ciudad de Oaxaca, comentando los anhelos insatisfechos:

Verdad es que en esa Constitución aún no se han establecido de lleno y con franqueza, todos los principios que la causa de la libertad demanda para que México disfrute de una paz perdura-ble. Verdad es también que establecer esos principios por medio de adiciones y reformas, corresponde a los representantes de la Nación; pero entre tanto, vuestra sabiduría y patriotismo os mi-nistrará medios a propósito para preparar los ánimos de vuestros comitentes, removiendo los obstáculos que los intereses bastardos, las preocupaciones y la ignorancia oponen al mejoramiento de nuestra sociedad.9

En estas palabras no sólo se ve al ideólogo insatisfecho, sino al político previsor, que está convencido que podrá, en el futuro, hacer avanzar el texto constitucional. En cierta medida, en las frases anteriores, se observa el anticipo de la acción que más tarde permitiría promulgar las Leyes de Reforma.

A fines de 1857, Comonfort realiza el golpe de Estado; Juá-rez, en funciones de presidente de la Suprema Corte, asume la

9 Ibid., pp. 249-250.

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presidencia interina de la República e instala, después de varias peripecias, el gobierno legítimo en el puerto de Veracruz.

El golpe de Estado y la cruenta lucha posterior, en lugar de desanimar a los liberales, reforzó el grupo radical y pronto los hombres que estaban con las armas en la mano requirieron y exigieron al gobierno que tomara medidas adecuadas para contrarrestar la acción de la Iglesia, pues ésta proporcionaba recursos económicos a los conservadores que, a la sombra del lema “Religión y fueros”, se oponían a la vigencia de la Cons-titución.

Fue así como, a partir de julio de 1859, el Gabinete inte-grado por Manuel Ruiz, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada, bajo la presidencia de Benito Juárez, resolvió expedir las siguientes leyes que forman la segunda etapa de las que la historia ha denominado “Leyes de Reforma”:

Separación de la Iglesia y del Estado (12 de julio).Nacionalización de los bienes del clero (12 de julio).Matrimonio civil (23 de julio).Secularización de cementerios (31 de julio).Calendario de fiestas públicas laicas (11 de agosto).

La lucha se hizo aún más violenta, exacerbada por la ex-pedición de las leyes anteriores. El segundo semestre de 1859 fue adverso para los liberales, pero al año siguiente cambió la situación, seguramente estimulados por su nueva bandera: las Leyes de Reforma. En diciembre de 1860 alcanzaban el triunfo militar definitivo en Calpulalpan, México, al mando del general Jesús González Ortega.

En diciembre de 1860, Juan Antonio de la Fuente elabora y presenta, a la consideración del Gabinete —ahora formado por Ocampo, Emparan y De la Llave—, la Ley sobre la Libertad de Cultos, que constituye la última de estas etapas de las reformas.

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De regreso a la capital, Juárez no se limita a establecer la administración legítima, sino que auxiliado por un equipo fogueado, audaz y enérgico, pone en marcha la aplicación de las Leyes de Reforma, iniciando la exclaustración de monjas y frailes, tomando posesión de los bienes del clero y de los cemen-terios, instalando y reforzando el Registro Civil y manteniendo la más completa separación de funciones entre el Estado y el clero.

Años más tarde, en la entrevista de Chihuahua, Juárez resume en forma lapidaria los resultados de la Guerra de Re-forma:

La Constitución de 1857 inició la liberación de todas estas calamidades y las Leyes de Reforma, proclamadas en Veracruz, completaron la obra. El pueblo empieza, al fin, a comprender estos grandes principios y estamos dispuestos ahora a iniciar una nueva vida.

Al convencerse los conservadores de que la Reforma estaba en marcha recurrieron a Napoleón III para establecer en México un régimen monárquico, con un príncipe extranjero.

Frente a la Intervención Francesa se precisan, concretan y definen los conceptos de No Intervención y Autodeterminación que serán a lo largo de seis años de lucha, junto con la defen-sa de la soberanía nacional, los pendones que llevarán en alto los soldados republicanos en sus luchas guerrilleras y batallas campales, así como los planteamientos doctrinarios y la acción diplomática de la legalidad republicana.

Tranquilo, dominando sus impulsos para no perder la sere-nidad que ofusca la mente y estorba a la acción, Juárez va reco-rriendo los campos de México, empujado por la ola de marea de la invasión, llamado por obcecados mexicanos.

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Organiza la defensa y, tras la derrota de los ejércitos im-provisados por los patriotas, le confía a las guerrillas, que mantendrán en jaque a las huestes de Napoleón III y a los imperiales.

En el frente diplomático, logra el apoyo moral de pueblos hermanos: Perú, Chile, Colombia, Santo Domingo y tiene que sostener frente al vecino del norte una complicada diplomacia: obtener suministros de armas y parque, evitar que los invasores se abastezcan en ese país y cerrar la posibilidad de que los Estados Unidos reconozcan al Imperio de Maximiliano. La Doctrina Monroe fue puesta a un lado por el gobierno de Lin-coln frente a la situación creada por la Guerra de Secesión y el peligro de que Napoleón III llegara a reconocer como nuevo estado a la Confederación del Sur. Desde el momento en que el ministro Seward contestó a los signatarios de la Convención de Londres, en diciembre de 1861, en la forma siguiente, echó por la borda la Doctrina Monroe.

El infrascrito ha tenido ya el honor de informar a cada uno de los plenipotenciarios, que el Presidente (Lincoln) no se siente facul-tado para hacer preguntas y no pone en duda que los Soberanos representados tienen el derecho innegable de decidir por sí mismos, el reclamo por los agravios recibidos así como el derecho de recurrir a la guerra contra México, conjuntamente o por separado, para satisfacerlos.10

En 1863, Juárez tuvo, con moderación y buen juicio, que rechazar la propuesta de Matías Romero, ministro diplomá-tico en Washington, de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, por falta de una ayuda moral, firme y consistente de ese gobierno.

10 Ibid., t. 5, p. 312.

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La calumnia, sin embargo, se ha cebado y atribuye a Juá-rez subordinación a los Estados Unidos y confianza en su ayuda. Vale la pena reproducir algunos párrafos de cartas a Pedro Santacilia, su yerno, para que se juzgue lo injusto de la conseja.

Sólo sería posible una pronta colisión con la Francia, si Maxi-miliano o Luis Napoleón provocaran a los Estados Unidos con alguno o algunos actos hostiles; pero es lo que menos harán, por-que tendría que habérselas con un coloso, a quien se humillarían para complacerlo en todo, prescindiendo sin rubor de la insolencia y del orgullo con que tratan a los débiles. Poco hay, pues, que esperar de los poderosos, porque éstos se respetan, porque se temen y los débiles son los únicos sacrificados, si por sí solos no procuran escarmentar a sus opresores. [VIII-25-1865]11

Manuscrito, en una hoja amarillenta por el tiempo, hemos leído con gran satisfacción un apunte para transmitir instruc-ciones al ministro Romero:

Que no tome mucho empeño en que el Gobierno de los Es-tados Unidos nos auxilie ni haga ninguna manifestación directa a este respecto. Nuestros trabajos deben ser con los particulares y nada más.12

Refiriéndose a la actitud del presidente Johnson en su informe al Congreso, Juárez decía a Pedro Santacilia:

Con relación a la causa de México, dijo lo que debía decir y su dicho en nada nos perjudica, por el contrario, a mí me sorprendió

11 Ibid., t. 10, p. 177.12 Ibid., p. 179.

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agradablemente lo que dijo porque yo muy poco o nada me esperaba. Yo nunca me he hecho ilusiones respecto del auxilio abierto que pueda darnos esa Nación. Yo sé que los ricos y poderosos ni sienten ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres. Aquellos se temen y se respetan y no son capaces de romper lanzas por las querellas de los débiles ni por las injusticias que sobre ellos se ejerzan. Éste es y éste ha sido el mundo. Sólo los que no quieran conocerlo se chasquean. Los mexicanos en vez de quejarse deben redoblar sus esfuerzos para librarse de sus tiranos. Así serán dignos de ser libres y respetables, porque así deberán su gloria a sus propios esfuerzos y no estarán atenidos como miserables esclavos a que otro piense, hable y trabaje por ellos. Podrá suceder que alguna vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero eso lo harán por su interés y conveniencia. Eso será una even-tualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil. Eso será lo que pueda haber en nuestra presente contienda y sólo por eso po-drá Napoleón retirar sus fuerzas y entonces nada importa que haya mandado y siga mandando más tropas que al fin debe retirar si así le aconseja su temor a los Estados Unidos o a su interés o a ambas cosas, que es lo más probable. Tal vez su plan sea reforzar sus tropas para poder sacar ventajas en un arreglo que haga con el poderoso, a quien teme y respeta porque es fuerte. Veremos, nosotros seguiremos la defensa como si nos bastáramos a nosotros mismos. [I-19-1866]13

Al enterarse de que los Estados Unidos han nombrado ministro ante el gobierno republicano a otra persona en lugar del general Logan, que no aceptó, advierte con buen juicio:

Esta insistencia del Gobierno americano o mejor dicho, del Gobierno de los Estados Unidos del Norte, dará en qué pensar al lobo grande de las Tullerías y lo obligará a retirar de México sus fuerzas, diciendo como la zorra de la fábula, que no (porque) están verdes, porque como usted dice muy bien, no es Napoleón el

13 Ibid., p. 533.

XXXIII


que ha de emprender una guerra con ese Gobierno. Los lobos no se muerden, se respetan. [II-2-1866]14

Comentando uno de los virajes de la política estadounidense, escribe también a Santacilia:

Afortunadamente para mí, yo no me llevo chasco, porque hace mucho, muchísimo tiempo que tengo la convicción que de ese Gobierno no hemos de recibir ningún auxilio directo en fuer-zas ni en dinero. Ni aun de los particulares, si no es alguna cosa insignificante y a costa de grandes sacrificios; pero como la generalidad no ha participado de esa convicción sino que ha creído, halagada por las buenas palabras de cuanto yankee habla de nuestros negocios, que no era más que pedir y se nos facilitaría todo, me resolví, para que no se me inculpara de no haber procu-rado la salvación del país, solicitando auxilios en esa República, me resolví, repito, a acceder a las vivas instancias de Vega, Car-vajal, Sánchez Ochoa y Zambrano. [IV-13-1866]15

A su amigo de Chihuahua, Bernardo Revilla, comenta que no es posible que los franceses vuelvan a ese estado,

no porque el Gobierno del Norte haya exigido a Napoleón que retire sus tropas para mediados de mayo, lo que no pasa de ser un borrego, sino porque la opinión pública en Francia está pro-nunciada abierta y enérgicamente contra la permanencia del ejército francés en esta República y porque el número reducido de éste y la escasez de recursos hacen difícil, si no imposible, la consolidación del Imperio de Maximiliano. [IV-24-1866]16

Por último, precisa su posición frente al gobierno de nuestro vecino, allende el río Bravo, con una nota hológrafa escrita al

14 Ibid., p. 695.15 Ibid., p. 801.16 Ibid., p. 869.

XXXIV


final de una carta de Matías Romero de 27 de abril de 1866, por lo que es probable que Juárez la haya escrito a fines de mayo de este mismo año en Paso del Norte. Estos renglones son valederos en nuestros días, como ideas rectoras en nuestras relaciones internacionales:

Que al Gobierno americano, como amigo, no se le debe can-sar con lo que es sólo de nuestro interés y, como a poderosos, se le debe tratar con tal delicadeza, que nada debemos hacer que en lo más mínimo indique algo de humillación de nuestra causa.17

Alcanzando el triunfo, apresado el intruso extranjero que qui-so crear un imperio carente de cimientos y de apoyo popular, volvió el gobierno republicano a la capital, el 15 de julio de 1867 y al anunciarlo a la nación lanzó Juárez un vibrante y a la vez sesudo manifiesto en que señala que el triunfo:

lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patrio-tismo, arrostrando todos los sacrificios antes que consentir en la pérdida de la República y de la libertad.

Con profética visión insiste en la necesidad de obtener la paz y armonía interna; no obstante lo cruento de la lucha y lo hondo de los enfrentamientos materiales e ideológicos, pregona que el gobierno no debe “dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido”.

Con la categoría de un gran estadista, afirma, respecto al gobierno, que “su deber ha sido y es, pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad”.

17 Ibid., p. 901.

XXXV


La templanza de su conducta [del Gobierno] en todos los lugares donde ha residido —subraya— ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indul-gencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la Nación.

Cada uno de sus párrafos está pleno de experiencia y patriotis-mo, hace balance de la obra realizada por el gobierno republi-cano en estas elocuentes palabras:

Ha cumplido el Gobierno el primero de sus deberes, no con-trayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la República, la integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes.18

Ratificando el propósito de no castigar con dureza a los impe-riales, que ensangrentaron el país con apoyo extranjero, invita a consolidar la paz, bajo la protección de las leyes y de las autoridades, respetando éstas, los derechos de los habitantes, y de manera enfática y solemne afirmó: “Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos”.

En forma magistral, que ha rebasado nuestras fronteras, resume en frase lapidaria la fórmula que la República triun-fante establece como base de convivencia interna y de las re-laciones internacionales, teniendo como objetivo final, una meta que es en nuestros días la única aspiración que permite que pueblos diferentes y con regímenes políticos antitéticos, convivan y se respeten: es el anhelo de alcanzar la paz.

18 Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones le-gislativas; ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano, México, 1878, t. X, p. 26.

XXXVI


Con gran sabiduría, Juárez, al hablar en nombre de la República triunfante, de los miles de caídos en las luchas mili-tares, de los asesinados en la retaguardia, de la población civil víctima de las represalias de imperiales e invasores, establece con simplicidad y llaneza, en frase que ahora es un apotegma, la mejor fórmula de convivencia humana, que para orgullo de México se repite en todos los continentes y que algún día habrá que adoptarse como lema de la Organización de las Naciones Unidas.

En cada momento en que la paz se ha puesto en peligro o que la lucha de intereses la obliga a refugiarse entre los hombres de buena voluntad, amantes de la paz, nos parece que sobre el clamor de las multitudes explotadas reclaman-do sus derechos, sobre el ruido infernal de la metralla y por encima de los horrendos hongos de Hiroshima y Nagasaki, vergüenza de la civilización contemporánea, resuena la voz grave del patricio mexicano recordando al mundo: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.19

Tanto en documentos oficiales como en su corresponden-cia, Juárez es parco para emitir opinión alguna o comentario respecto al juicio que se siguió a Maximiliano, Miguel Mira-món y Tomás Mejía y menos aún sobre las razones para negar-les el indulto; pero afortunadamente el diálogo que sostuvo el 18 de junio con los defensores Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, lo recogió la historia por conducto de estas personas. Al concluir la entrevista en que Juárez había sostenido su negativa de indulto, Martínez de la Torre, emo-cionado, le dijo lo siguiente:

19 Idem.

XXXVII


Señor Presidente: no más sangre; que no haya un abismo entre los defensores de la República y los vencidos; que la necesidad im-periosa de la paz sea satisfecha por el perdón que la aproxima. No habla a usted, señor Presidente, el defensor de Maximiliano: lo veo en la tumba, como a Mejía y a Miramón. Soy un hombre que ama con delirio a su Patria, y ella me inspira esta súplica. Que no se nu-ble el porvenir de México con la sangre de sus hijos; que la redención de los extraviados no sea a costa de la vida de algunos, porque el luto de las familias sería para el partido vencedor el negro reproche de la libertad triunfante.20

Juárez, consciente de la responsabilidad histórica de esa deci-sión, con la serenidad y ponderación de un gran estadista, le contestó:

Al cumplir ustedes el encargo de defensores han padeci-do mucho por la inflexibilidad del Gobierno. Hoy no pue-den comprender la necesidad de ella, ni la justicia que la apoya. Al tiempo está reservado apreciarla. La ley y la sen-tencia son en el momento inexorables, porque así lo exige la salud pública. Ella también puede aconsejarnos la eco-nomía de sangre, y éste será el mayor placer de mi vida.21

Esa misma noche la señora Concepción Lombardo de Mira-món pidió a los citados defensores que solicitaran de Juárez una audiencia. La respuesta que les dio, es muestra de su alta calidad humana: “Excúsenme ustedes de esta penosa entrevis-ta, que haría mucho sufrir a la señora, con lo irrevocable de la resolución tomada”.

Efectivamente, el gobierno se empeñó en tratar de economi-zar el derramamiento de sangre; ya no hubo más fusilamientos,

20 Citado en Benito Juárez. Documentos…, t. 12, p. 72.21 Idem.

XXXVIII


se aplicaron condenas leves a los que habían servido al Imperio y, dos años más tarde, se concedió el indulto con el propósito de borrar querellas entre hermanos y sentar bases firmes en que se apoyara la República triunfante.

El triunfo sobre el Imperio no permitió alcanzar la paz; ahora surgen las ambiciones y, a la vez, es notoria la urgencia de reanimar la economía del país que está destrozada.

El 14 de agosto de 1867 se convoca a elecciones de dipu-tados, presidente de la República y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a la vez se pide a los votantes que opinen sobre algunas reformas a la Constitución; éstas eran la facultad de veto por el presidente de la República a decisiones del Congreso, quien tendría que volver a examinar el decreto objetado; la creación de un senado y algunas otras modificaciones que restringían las facultades del Congreso.

Tanto las reformas propuestas como el procedimiento fue-ron muy combatidos y dieron bandera a la oposición que rápi-damente se formó frente a Juárez.

Concluida la guerra patriótica fue necesario reducir el ejér-cito, licenciando a muchos combatientes, que desarraigados de sus lugares de origen o por falta de actividad económica que les ofreciera ocupación, sólo pensaron en un empleo o puesto públi-co. También ocurrió que muchos de los convencidos liberales de provincia, que actuaban como funcionarios civiles, trataron de volver a la vida privada y Juárez tuvo que hacer valer su auto-ridad moral y política para pedirles que se sacrificaran en aras del servicio público.

Juárez tiene entonces que influir con suavidad en los gober-nadores para convencerlos de que ya no se puede permitirles que dispongan de los impuestos federales, principalmente las recaudaciones aduanales.

XXXIX


Los acreedores que financiaron el triunfo de la causa apre-miaban para que se les pagara y había que cumplir los compro-misos, pero ello podía desquiciar la Hacienda Pública.

Había terminado la guerra patriótica; la República restaura-da, pedía un estadista que la salvara y, a la vez, que pusiera en marcha la Reforma hasta entonces parcialmente aplicada.

Aunque expresamente la Constitución de 1857 no lo seña-laba, los primeros congresos la interpretaron en el sentido de que el régimen nacional era parlamentario.

Probablemente Juárez participaba de su interpretación por-que lo toleró y no se enfrentó a ella; en cambio trató de que se modificara el texto constitucional, por lo que se empeñó en el es-tablecimiento del Senado y en las reformas que había planteado en la convocatoria del 14 de agosto de 1867.

Por largos años Juárez tuvo que enfrentarse a una dura lucha parlamentaria; los secretarios de Estado frecuentemente eran llamados al Congreso, no sólo para defender iniciativas presentadas ante el cuerpo legislativo, sino para dar explicacio-nes frente a sucesos y acontecimientos, sobre todo para justifi-car y defender actos del Poder Ejecutivo frente a la dura crítica de la opinión parlamentaria.

No cabe duda que es ésta una de las épocas más brillantes de la vida parlamentaria de México, que sólo puede comparársele al periodo en que el presidente Madero gobernó. Sin embargo, pen-samos que mientras los opositores de Juárez representaron una sincera opinión, una interpretación progresista de la Reforma, buscando su consolidación y aun superación; el famoso “cuadri-látero” de 1911 y 1912, en cambio, no tenía ni la calidad moral de los opositores de Juárez ni, mucho menos, su alteza de miras.

El interés de Juárez por la educación es notorio a lo largo de toda su vida; seguramente en función de su experiencia per-

XL


sonal y de su acción como regidor, como secretario de gobierno, más tarde como gobernador y posteriormente como presidente de la República, puso siempre especial empeño en fomentar la educación a todos los niveles.

En 1861, tan luego el gobierno legítimo regresó a la ciudad de México, en uso de las facultades extraordinarias de que estaba investido, expidió el 15 de abril de ese año una Ley de Instrucción Pública, que se ocupa de la instrucción primaria, secundaria, pre-paratoria y profesional. En este ordenamiento se siguió la tenden-cia escolástica, si bien se introdujo el laicismo en la enseñanza, lo que representó un gran avance.

La intervención tripartita y, más tarde, la Intervención Francesa impidieron la aplicación de esta Ley.

Tan luego la República triunfante pudo iniciar la reconstruc-ción del país, el grupo encabezado por Juárez sintió la necesidad de elaborar bases para establecer un nuevo orden social que ofre-ciera garantía de permanencia al nuevo Estado, surgido de las Leyes de Reforma. Designado Ministro de Justicia e Instrucción Pública el abogado Antonio Martínez de Castro, se integra una comisión encabezada por el ingeniero Francisco Díaz Covarru-bias, el doctor Gabino Barreda, el doctor Pedro Contreras Elizal-de, el doctor Ignacio Alvarado, el licenciado Eulalio M. Ortega y el licenciado José Díaz Covarrubias, para la redacción de una Ley de Instrucción.

Se acepta que habiendo coincidido, en lo fundamental, to-dos los miembros de la comisión, fue Gabino Barreda el que más influencia tuvo en la redacción definitiva de la Ley. Ésta se expidió el 2 de diciembre de 1867 y el 24 de enero del año siguiente apareció el reglamento de la misma.

No es exagerado considerar que ésta es la última Ley de Reforma que completa el ciclo de disposiciones fundamentales

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que se inicia con la Ley Juárez. Crea la Escuela Nacional Pre-paratoria, institución básica, hasta la fecha, de la enseñanza media; transformó la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Medicina, la Escuela de Agricultura y Veterinaria y rees-tructuró a fondo la Escuela Nacional de Ingenieros. Se crea una Escuela de Naturalistas, la Escuela de Música y Decla-mación, la Escuela Normal, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Sordomudos; la Escuela de Bellas Artes también se transforma.

No cabe duda de que esta Ley establece como base de la enseñanza, en todos los niveles, el método científico y se intenta, por primera vez en la historia de México, la formulación de un plan integral de la educación, haciendo a un lado dogmatismos y fanatismos; fue, no cabe duda, una aportación definitiva y permanente en la evolución cultural de México.

Dentro de la reconstrucción del país se trata de estimular la agricultura, la ganadería; se da apoyo a la minería; con cri-terio amplio y generoso se auxilia a la empresa del Ferrocarril Mexicano, lo que permite iniciar el tramo México-Apizaco-Puebla, el 16 de septiembre de 1869.

Se empeña en limitar los abusos de los militares y es fre-cuente la intervención suave, diplomática del gobierno, re-cordándoles que no deben interferir con el poder civil de los gobiernos locales.

Cae en Francia Napoleón el Pequeño y México sigue con atención las tribulaciones de los patriotas franceses.

Juárez, admirador de la Francia inmortal, pese a la reciente Intervención Francesa, envía un mensaje de adhesión a la Re-pública Francesa. El texto de este mensaje se ha perdido, pero desde 1871 se divulgó en Europa y los Estados Unidos una carta que lo acompañaba, la cual coloca a Juárez como líder

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de la democracia universal. Hemos realizado una prolija inves-tigación que nos permite considerar como auténtico este valioso documento, en el que hacía un análisis del valor político y mili-tar de las guerrillas como instrumento de un pueblo débil, pero valeroso, frente a la intervención de una potencia imperialista.

Hace algunos años, al comentar con Ernesto Guevara esta carta, me reprochó no habérsela dado a conocer con anterio-ridad, porque la hubiera utilizado, toda ella o algunos de sus párrafos, como preámbulo en su libro La guerra de guerrillas.

En marzo de 1870 comienza a flaquear su salud, pero logra reponerse. En cambio Margarita, la compañera cabal, que desde su regreso de los Estados Unidos estaba enferma, tiene temporadas en que se agudizan sus males.

Margarita […] enferma, no puede más; ha vuelto a formar […] el nido deshecho mil veces, llevado de aquí para allá, como el del pájaro que fuera azotado por el viento; pero ésta será la últi-ma vez. A las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde del 2 de enero de 1871, muere; sus fuerzas se han agotado en el batallar, pensando en las luchas colosales de su esposo, y su espíritu grande se sublima en la partida. Los diarios todos publicaron crónicas en elogio de la desaparecida.22

La desaparición de Margarita hunde a Juárez en honda pena; la atención de los asuntos públicos sufren un receso que dura casi todo el mes. Al finalizar enero de 1871, nuevamente toma el ritmo acostumbrado, no sin pedir excusas por la demora motivada por “desgracias de familia”. Sistemáticamente y, por todo un año, su correspondencia estará enmarcada por una orla negra de un centímetro de ancho.

22 Carlos Obregón Santacilia, Del álbum de mi madre, México, 1956, p. 50.

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Al terminar su periodo presidencial se convoca a elecciones y Juárez se presenta como candidato en medio de tormentosos ataques; también son candidatos Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.

Algunos de sus opositores esperan las elecciones, que se cele-brarían en agosto; otros impacientes se adelantan al cómputo y provocan el levantamiento de la Ciudadela y de la cárcel de Belem en la ciudad de México.

El 12 de octubre de 1871, el Congreso realiza el escruti-nio, pero por no tener Juárez mayoría absoluta, es el Congreso quien debe elegirlo, votando por diputaciones, como lo prescri-be la Constitución.

La protesta armada se desborda en Jalisco, Durango, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Nuevo León y el 8 de noviembre hace crisis cuando Porfirio Díaz expide su Plan Antirreeleccionista en la Hacienda de la Noria, en las afueras de la ciudad de Oaxaca.

El general Ignacio R. Alatorre realiza una rápida cam-paña, derrotando a los porfiristas, en batalla difícil en San Mateo Xindihui.

Después había que aplastar la rebelión en el centro y en el norte del país, lo que fue realizado rápidamente por el general Sóstenes Rocha.

Desde los principios de 1872, después de la revolución de la Noria, Juárez se preocupa por revivir su nexo con Oaxaca, pone especial interés en tratar de resolver sus problemas y se empeña en estimular sus obras públicas. No es, pues, extraño que la antepenúltima carta que se conserva en su archivo, fechada el 16 de julio de 1872, se refiera al camino Tehuacán-Oaxaca.

Desde las primeras horas del 18 de julio le atacó la angina de pecho, en medio de grandes dolores; pero estoicamente pasó

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el día. Finalmente, a las once y treinta minutos de la noche murió, en su modesto lecho del entrepiso del Palacio Nacional; su rostro quedó:

con la fisonomía tranquila, sin contracción alguna, y pareciendo más bien dormir con el plácido y pasajero sueño de la vida que con el eterno y profundo de la muerte.23

23 Héctor Pérez Martínez, Juárez el impasible, 3a. ed., México, Co-lección Austral, 1956.


DOCUMENTOS Y CARTAS

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APUNTES PARA MIS HIJOS1

En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el Estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber cono-cido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, in-dios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa bajo el cuidado de nues-tros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios

1 Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, selección y no-tas de Jorge L. Tamayo, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, t. 1, 1964, reimp. 1971, pp. 25-273. [Todos los documentos han sido tomados de esta obra; en lo sucesivo sólo se indicará tomo y páginas. N. del E.] La primera transcripción de este interesante manuscrito fue hecha por el Lic. Ramón Prida para ser publicado en la obra titulada Archivos privados de don Benito Juárez y don Pedro Santacilia, en 1928, y por ello es explicable que se hayan deslizado algunos errores. Éstos, que se advirtieron al comparar con otros textos o por no haber coinci-dencia en nombres de personas y lugares, se han estado repitiendo al reproducirse esa versión en algunas otras obras.

En 1964, tomando en cuenta los errores señalados, Martha López Portillo de Tamayo, a la vista del manuscrito, rehizo la transcripción original, y ésta apareció en el tomo 1 de Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia.

En 1971, Martha López Portillo de Tamayo hizo una nueva re-visión del texto eliminando unos cuantos errores advertidos, por el mejor conocimiento de la letra del señor Juárez.

Esta última versión se preparó para las publicaciones que se harían con motivo del Centenario del fallecimiento de Benito Juárez.

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también de la Nación Zapoteca. Mi hermana María Lon-ginos, niña recién nacida pues mi madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos, mi hermana Ma-ría Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María Yahuiche; mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos: Bonifacio Juárez había ya muerto, Mariano Juárez vivía por separa-do con su familia y Pablo Juárez era aún menor de edad.

Como mis padres no me dejaron ningún patrimo-nio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me ma-nifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase in-dígena adoptar otra carrera científica que no fuera la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudia-se para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban en algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía; pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contraria-ban mis deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además en un pueblo corto, como el mío,

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que apenas contaba con veinte familias y en una época en que tan poco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela; ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Éste era el único medio de educación que se adoptaba generalmente no sólo en mi pueblo, sino en todo el Distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época, que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel Distrito. En-tonces, más bien por estos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que sólo yendo a la ciudad podría aprender, y al efecto insté muchas veces a mi tío para que me llevase a la Capital; pero sea por el cariño que me tenía, o por cualquier otro motivo, no se resolvía y sólo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría.

Por otra parte yo también sentía repugnancia [de] separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y mi orfandad, y abandonar a mis tiernos com-pañeros de infancia con quienes siempre se contraen re-laciones y simpatías profundas que la ausencia lastima marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra socie-dad, nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo el deseo fue superior al senti-miento y el día 17 de diciembre de 1818 y a los doce

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años de mi edad me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca a donde llegué en la noche del mis-mo día, alojándome en la casa de don Antonio Maza en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja ganando dos reales diarios para mi subsistencia, mientras encontraba una casa en que servir.

Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado que ejercía el oficio de encuadernador y empas-tador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas era bastante despreocupado y ami-go de la educación de la juventud. Las obras de Feijoo y las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba don Antonio Salanueva quien me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la es-cuela para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo quedé establecido en Oaxaca el 7 de enero de 1819.

En las escuelas de primeras letras de aquella época no se enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el Catecismo del Padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de instrucción pri-maria. Era cosa inevitable que mi educación fuese lenta y de todo imperfecta. Hablaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios con que lo hablaba el vulgo. Tanto por mis ocupaciones, como por el mal método de la enseñanza, apenas escribía, después de algún tiempo, en la 4.a escala en que estaba dividida la enseñanza de escritura en la escuela a que yo concurría. Ansioso de concluir pronto mi rama de escritura, pedí pasar a otro establecimiento creyendo que de este modo aprendería

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con más perfección y con menos lentitud. Me presenté a don José Domingo González, así se llamaba mi nuevo preceptor, quien desde luego me preguntó ¿en qué regla o escala estaba yo escribiendo? Le contesté que en la 4.a. Bien, me dijo, haz tu plana que me presentarás a la hora que los demás presenten las suyas. Llegada la hora de cos-tumbre presenté la plana que había yo formado conforme a la muestra que se me dio, pero no salió perfecta porque estaba yo aprendiendo y no era un profesor. El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlos sólo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en aquel establecimiento que se llamaba la Escuela Real; pues mientras el maestro en un departamento separado enseñaba con esmero a un número determinado de niños, que se llamaban decentes, yo y los demás jóvenes pobres como yo, estábamos relega-dos a otro departamento bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro.

Disgustado de este pésimo método de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a qué ocurrir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura aunque fuese de mala forma, como lo es la que uso hasta hoy.

Entretanto, veía yo entrar y salir diariamente en el Colegio Seminario que había en la ciudad, a muchos jóvenes que iban a estudiar para abrazar la carrera ecle-

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siástica, lo que me hizo recordar los consejos de mi tío que deseaba que yo fuese eclesiástico de profesión. Ade-más era una opinión generalmente recibida entonces, no sólo en el vulgo sino en las clases altas de la sociedad, de que los clérigos, y aun los que sólo eran estudiantes sin ser eclesiásticos sabían mucho y de hecho observaba yo que eran respetados y considerados por el saber que se les atribuía. Esta circunstancia más que el propósito de ser clérigo para lo que sentía una instintiva repug-nancia me decidió a suplicarle a mi padrino, así llamaré en adelante a don Antonio Salanueva porque me llevó a confirmar a los pocos días de haberme recibido en su casa, para que me permitiera ir a estudiar al Seminario ofreciéndole que haría todo esfuerzo para hacer compa-tible el cumplimiento de mis obligaciones en su servicio con mi dedicación al estudio a que me iba a consagrar.

Como aquel buen hombre era, según dije antes, ami-go de la educación de la juventud no sólo recibió con agrado mi pensamiento sino que me estimuló a llevarlo a efecto diciéndome que teniendo yo la ventaja de po-seer el idioma zapoteco, mi lengua natal, pedía, con-forme a las leyes eclesiásticas de América, ordenarme a título de él, sin necesidad de tener algún patrimonio que se exigía a otros para subsistir mientras obtenían algún beneficio. Allanado de ese modo mi camino en-tré a estudiar gramática latina al Seminario en calidad de capense2 el día 18 de octubre de 1821, por supuesto, sin saber gramática castellana, ni las demás materias de la educación primaria. Desgraciadamente no sólo en

2 Alumno externo.

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mí se notaba ese defecto, sino en los demás estudiantes generalmente por el atraso en que se hallaba la instruc-ción pública en aquellos tiempos.

Comencé, pues, mis estudios bajo la dirección de profesores, que siendo todos eclesiásticos, la educación literaria que me daban debía ser puramente eclesiásti-ca. En agosto de 1823 concluí mi estudio de gramática latina, habiendo sufrido los dos exámenes de estatuto con las calificaciones de excelente. En ese año no se abrió curso de artes y tuve que esperar hasta el año siguiente para comenzar a estudiar filosofía por la obra del Padre Jaquier; pero antes tuve que vencer una dificultad grave que se me presentó y fue la siguiente: luego que concluí mi estudio de gramática latina mi padrino manifestó grande interés porque pasase yo a estudiar Teología moral para que el año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. Esta indicación me fue muy penosa, tanto por la repugnancia que tenía a la carrera eclesiásti-ca, como por la mala idea que se tenía de los sacerdotes que sólo estudiaban Gramática latina y Teología moral y a quienes por este motivo se ridiculizaba llamándolos padres de misa y olla o Larragos. Se les daba el primer apodo porque por su ignorancia sólo decían misa para ganar la subsistencia y no les era permitido predicar ni ejercer otras funciones, que requerían instrucción y capacidad; y se les llamaba Larragos, porque sólo estu-diaban Teología moral por el padre Larraga. Del modo que pude manifesté a mi padrino con franqueza este in-conveniente, agregándole que no teniendo yo todavía la edad suficiente para recibir el Presbiterado nada perdía con estudiar el curso de artes. Tuve la fortuna de que le

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convencieran mis razones y me dejó seguir mi carrera, como yo lo deseaba.

En el año de 1827 concluí el curso de artes habiendo sostenido en público dos actos que se me señalaron y sufrido los exámenes de reglamento con las calificacio-nes de excelente nemine discrepante3 y con algunas notas honrosas que me hicieron mis sinodales.

En este mismo año se abrió el curso de Teología y pasé a estudiar este ramo, como parte esencial de la ca-rrera, o profesión a que mi padrino quería destinarme y acaso fue ésta la razón que tuvo para no instarme ya a que me ordenara prontamente.

En esta época se habían ya realizado grandes acon-tecimientos en la Nación. La Guerra de Independen-cia iniciada en el pueblo de Dolores en la noche del 15 de septiembre de 1810 por el venerable cura don Miguel Hidalgo y Costilla con unos cuantos indígenas, armados de escopetas, lanzas y palos y conservada en las montañas del Sur por el ilustre ciudadano Vicente Gue-rrero llegó a terminarse con el triunfo definitivo del ejército independiente, que acaudillado por los genera-les Iturbide, Guerrero, Bravo, Bustamante y otros jefes ocupó la Capital del antiguo Virreinato el día 27 de septiembre de 1821. Iturbide abusando de la confianza que sólo por amor a la Patria le habían dispensado los jefes del ejército, cediéndole el mando y creyendo que a él sólo se debía el triunfo de la causa nacional se declaró Emperador de México contra la opinión del Partido Re-publicano y con disgusto del Partido Monarquista que

3 Por unanimidad.

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deseaba sentar en el trono de Moctezuma a un prínci-pe de la Casa de Borbón, conforme a los tratados de Córdoba, que el mismo Iturbide había aprobado y que después fueron nulificados por la Nación.

De pronto el silencio de estos partidos, mientras or-ganizaban sus trabajos y combinaban sus elementos y el entusiasmo del vulgo, que raras veces examina a fondo los acontecimientos y sus causas y siempre admira y ala-ba todo lo que para él es nuevo y extraordinario, dieron una apariencia de aceptación general al nuevo Imperio que en verdad sólo Iturbide sostenía. Así se explica la casi instantánea sublevación que a los pocos meses se verificó contra él, proclamándose la República y que lo obligó a abdicar, saliendo en seguida fuera del país. Se convocó desde luego a los pueblos para que eligieran a sus diputados con poderes amplios para que constituye-ran a la Nación sobre las bases de Independencia, Liber-tad y República, que se acababan de proclamar; hechas las elecciones se reunieron los representantes del pue-blo de la Capital de la República, y se abrió el debate sobre la forma de gobierno, que debía adoptarse.

Entretanto el desgraciado Iturbide desembarca en Soto la Marina y es aprehendido y decapitado como perturbador del orden público, el Congreso sigue sus deliberaciones. El Partido Monárquico-conservador que cooperó a la caída de Iturbide más por odio a este jefe que por simpatías al Partido Republicano, estaba ya organizado bajo la denominación de el Partido Escocés y trabajaba en el Congreso por la centralización del po-der y por la subsistencia de las clases privilegiadas con todos los abusos y preocupaciones que habían sido el

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apoyo y la vida del sistema virreinal. Por el contrario, el Partido Republicano quería la forma federal y que en la nueva Constitución se consignasen los principios de libertad y de progreso que hacían próspera y feliz a la vecina República de los Estados Unidos del Norte. El debate fue sostenido con calor y obstinación, no sólo en el Congreso, sino en el público y en la prensa naciente de las provincias y al fin quedaron victoriosos los repu-blicanos federalistas en cuanto a la forma de gobierno, pues se desechó la central y se adoptó la de la República representativa, popular, federal; pero en el fondo de la cuestión ganaron los centralistas, porque en la nueva Carta se incrustaron la intolerancia religiosa, los fueros de las clases privilegiadas, la institución de Comandan-cias Generales y otros contraprincipios que nulificaban la libertad y la federación que se quería establecer. Fue la Constitución de 1824 una transacción entre el pro-greso y el retroceso, que lejos de ser la base de una paz estable y de una verdadera libertad para la Nación, fue el semillero fecundo y constante de las convulsiones ince-santes que ha sufrido la República y que sufrirá todavía mientras que la sociedad no recobre su nivel, haciéndo-se efectiva la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos y entre todos los hombres que pi-sen el territorio nacional, sin privilegios, sin fueros, sin monopolios y sin odiosas distinciones; mientras que no desaparezcan los tratados que existen entre México y las potencias extranjeras, tratados que son inútiles, una vez que la suprema ley de la República sea el respeto invio-lable y sagrado de los derechos de los hombres y de los pueblos, sean quienes fueren, con tal de que respeten

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los derechos de México, a sus autoridades y a sus leyes; mientras finalmente que en la República no haya más que una sola y única autoridad: la autoridad civil del modo que lo determine la voluntad nacional sin reli-gión de Estado y desapareciendo los poderes militares y eclesiásticos, como entidades políticas que la fuerza, la ambición y el abuso han puesto enfrente del poder supremo de la sociedad, usurpándole sus fueros y pre-rrogativas y subalternándolo a sus caprichos.

El Partido Republicano adoptó después la denomi-nación de el Partido Yorkino y desde entonces comenzó una lucha encarnizada y constante entre el Partido Es-cocés que defendía el pasado con todos sus abusos, y el Partido Yorkino que quería la libertad y el progreso; pero desgraciadamente el segundo luchaba casi siempre con desventaja porque no habiéndose generalizado la ilustración en aquellos días, sus corifeos, con muy pocas y honrosas excepciones, carecían de fe en el triunfo de los principios que proclamaban, porque comprendían mal la libertad y el progreso y abandonaban con facili-dad sus filas pasándose al bando contrario, con lo que desconcertaban los trabajos de sus antiguos correligio-narios, les causaban su derrota y retardaban el triunfo de la libertad y del progreso. Esto pasaba en lo general a la República en el año de 1827.

En lo particular del Estado de Oaxaca donde yo vi-vía se verificaban también, aunque en pequeña escala, algunos sucesos análogos a los generales de la Nación. Se reunió un Congreso Constituyente que dio la Cons-titución del Estado. Los partidos Liberal y Retrógrado tomaron sus denominaciones particulares llamándose

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Vinagre el primero y Aceite el segundo. Ambos traba-jaron activamente en las elecciones que se hicieron de diputados y senadores para el primer Congreso Consti-tucional. El Partido Liberal triunfó sacando una mayo-ría de diputados y senadores liberales, a lo que se debió que el Congreso diera algunas leyes que favorecían la libertad y el progreso de aquella sociedad, que estaba enteramente dominada por la ignorancia, el fanatismo religioso y las preocupaciones. La medida más impor-tante por sus trascendencias saludables y que hará siem-pre honor a los miembros de aquel Congreso fue el establecimiento de un Colegio Civil que se denominó Instituto de Ciencias y Artes; independiente de la tutela del clero, y destinado para la enseñanza de la juventud en varios ramos del saber humano, que era muy difícil aprender en aquel Estado donde no había más estable-cimiento literario que el Colegio Seminario Conciliar; en que se enseñaba únicamente Gramática Latina, Filo-sofía, Física Elemental y Teología; de manera que para seguir otra carrera que no fuese la eclesiástica o para perfeccionarse en algún arte u oficio era preciso poseer un caudal suficiente para ir a la Capital de la Nación o a algún país extranjero para instruirse o perfeccionarse en la ciencia, o arte a que uno quisiera dedicarse. Para los pobres como yo, era perdida toda esperanza.

Al abrirse el Instituto en el citado año de 1827 el doctor don José Juan Canseco, uno de los autores de la ley que creó el establecimiento, pronunció el discurso de apertura, demostrando las ventajas de la instrucción de la juventud y la facilidad con que ésta podría desde entonces abrazar la profesión literaria que quisiera ele-

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gir. Desde aquel día muchos estudiantes del Seminario se pasaron al Instituto. Sea por este ejemplo, sea por curiosidad, sea por la impresión que hizo en mí el dis-curso del doctor Canseco, sea por el fastidio que me causaba el estudio de la Teología por lo incomprensible de sus principios, o sea por mi natural deseo de seguir otra carrera distinta de la eclesiástica, lo cierto es que yo no cursaba a gusto la cátedra de Teología, a que había pasado después de haber concluido el curso de Filoso-fía. Luego que sufrí el examen de Estatuto me despedí de mi maestro, que lo era el canónigo don Luis Mora-les, y me pasé al Instituto a estudiar jurisprudencia en agosto de 1828.

El director y catedráticos de este nuevo estableci-miento eran todos del Partido Liberal y tomaban parte, como era natural, en todas las cuestiones políticas que se suscitaban en el Estado. Por esto, y por lo que es más cierto, porque el clero conoció que aquel nuevo plantel de educación, donde no se ponían trabas a la in-teligencia para descubrir la verdad, sería en lo sucesivo, como lo ha sido en efecto, la ruina de su poder basado sobre el error y las preocupaciones, le declaró una gue-rra sistemática y cruel, valiéndose de la influencia muy poderosa que entonces ejercía sobre la autoridad civil, sobre las familias y sobre toda la sociedad. Llamaban al Instituto casa de prostitución y a los catedráticos y discí-pulos, herejes y libertinos.

Los padres de familia rehusaban mandar a sus hijos a aquel establecimiento y los pocos alumnos que concu-rríamos a las cátedras éramos mal vistos y excomulgados por la inmensa mayoría ignorante y fanática de aque-

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lla desgraciada sociedad. Muchos de mis compañeros desertaron, espantados del poderoso enemigo que nos perseguía. Unos cuantos nomás quedamos sostenien-do aquella casa con nuestra diaria concurrencia a las cátedras.

En 1829 se anunció una próxima invasión de los es-pañoles por el Istmo de Tehuantepec, y todos los estu-diantes del Instituto ocurrimos a alistarnos en la milicia cívica, habiéndoseme nombrado teniente de una de las compañías que se organizaron para defender la indepen-dencia nacional. En 1830 me encargué en clase de susti-tuto de la cátedra de Física con una dotación de 30 pesos con los que tuve para auxiliarme en mis gastos. En 1831 concluí mi curso de jurisprudencia y pasé a la práctica al bufete del licenciado don Tiburcio Cañas. En el mismo año fui nombrado Regidor del Ayuntamiento de la Ca-pital, por elección popular, y presidí el acto de Física que mi discípulo don Francisco Rincón dedicó al Cuerpo Académico del Colegio Seminario.

En el año de 1832 se inició una revolución contra la administración del Presidente de la República don Anastasio Bustamante que cayó a fines del mismo año con el Partido Escocés que lo sostenía. En principios de 1833 fui electo Diputado al Congreso del Estado. Con motivo de la Ley de Expulsión de Españoles dada por el Congreso General, el Obispo de Oaxaca, don Manuel Isidoro Pérez, no obstante de que estaba excep-tuado de esta pena, rehusó continuar en su diócesis y se fue para España. Como no quedaba ya ningún obispo en la República, porque los pocos que había se habían marchado también al extranjero, no era fácil recibir las

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órdenes sagradas y sólo podían conseguirse yendo a La Habana o a Nueva Orleans, para lo que era indispen-sable contar con recursos suficientes, de que yo carecía. Esta circunstancia fue para mí sumamente favorable, porque mi padrino conociendo mi imposibilidad para ordenarme sacerdote, me permitió que siguiera la carre-ra del foro. Desde entonces seguí ya subsistiendo con mis propios recursos.

En el mismo año fui nombrado Ayudante del Co-mandante General don Isidro Reyes, que defendió la pla-za contra las fuerzas del general Canalizo, pronunciado por el Plan de Religión y Fueros iniciado por el coronel don Ignacio Escalada en Morelia. Desde esa época el par-tido clérico-militar se lanzó descaradamente a sostener a mano armada y por medio de los motines, sus fueros, sus abusos y todas sus pretensiones antisociales. Lo que dio pretexto a este motín de las clases privilegiadas fue el primer paso que el Partido Liberal dio entonces en el camino de la Reforma, derogando las leyes injustas que imponían coacción civil para el cumplimiento de los vo-tos monásticos y para el pago de los diezmos.

En enero de 1834 me presenté a examen de Jurispru-dencia Práctica ante la Corte de Justicia del Estado y fui aprobado expidiéndoseme el título de abogado. A los po-cos días la Legislatura me nombró Magistrado interino de la misma Corte de Justicia cuyo encargo desempeñé poco tiempo. Aunque el pronunciamiento de Escalada secundado por Arista, Durán y Canalizo fue sofocado en el año anterior, sus promovedores siguieron trabajando y al fin lograron en este año destruir la administración de don Valentín Gómez Farías, a lo que contribuyeron

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muchos de los mismos partidarios de aquella adminis-tración, porque comprendiendo mal los principios de libertad, como dije antes, marchaban sin brújula y eran conducidos fácilmente al rumbo que los empujaban sus ambiciones, sus intereses o sus rencores. Cayó por con-siguiente la administración pública de Oaxaca en que yo servía y fui confinado a la ciudad de Tehuacán sin otro motivo que el de haber servido con honradez y lealtad en los puestos que se me encomendaron.

Revocada la orden de mi confinamiento volví a Oaxaca y me dediqué al ejercicio de mi profesión. Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas y su alianza estrecha con el poder civil, le daba una influencia casi omnipotente. El fuero que lo sustraía de la jurisdicción de los tribunales comunes le servía de escudo contra la ley y de salvoconducto para entregarse impunemente a todos los excesos y a todas las injusticias. Los aranceles de los derechos parroquia-les eran letra muerta. El pago de las obvenciones se re-gulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Había sin embargo algunos eclesiásticos probos y honrados que se limitaban a cobrar lo justo y sin sacrificar a los fieles; pero eran muy raros estos hombres verdadera-mente evangélicos, cuyo ejemplo lejos de retraer de sus abusos a los malos, era motivo para que los censurasen diciéndoles que mal enseñaban a los pueblos y echaban a perder los curatos. Entretanto, los ciudadanos gemían en la opresión y en la miseria, porque el fruto de su traba-jo, su tiempo y su servicio personal todo estaba consa-grado a satisfacer la insaciable codicia de sus llamados pastores. Si ocurrían a pedir justicia muy raras veces se

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les oía y comúnmente recibían por única contestación el desprecio, o la prisión.

Yo he sido testigo y víctima de una de estas injusti-cias. Los vecinos del pueblo de Loxicha ocurrieron a mí para que elevase sus quejas e hiciese valer sus derechos ante el Tribunal Eclesiástico contra su cura que les exi-gía las obvenciones y servicios personales, sin sujetarse a los aranceles. Convencido de la justicia de sus quejas por la relación que de ellas me hicieron y por los docu-mentos que me mostraron, me presenté al Tribunal o Provisorato, como se le llamaba. Sin duda por mi carác-ter de Diputado y porque entonces regía en el Estado una administración liberal, pues esto pasaba a princi-pios del año de 1834, fue atendida mi solicitud y se dio orden al cura para que se presentara a contestar los car-gos que se le hacían, previniéndosele que no volviera a la parroquia hasta que no terminase el juicio que contra él se promovía; pero desgraciadamente a los pocos me-ses cayó aquella administración, como he dicho antes, y el clero, que había trabajado por el cambio, volvió con más audacia y sin menos miramientos a la sociedad y a su propio decoro, a ejercer su funesta influencia a favor de sus intereses bastardos.

El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio que yo había promovido contra el cura de Loxicha, sin respetar sus propias decisiones y sin audiencia de los quejosos, dispuso de plano que el acusado volviera a su curato. Luego que aquél llegó al pueblo de Loxicha mandó prender a todos los que habían representado contra él y de acuerdo con el prefecto y con el juez del Partido, los puso en la cárcel con prohibición de que

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hablaran con nadie. Obtuvo órdenes de las autoridades de la Capital para que fuesen aprehendidos y reducidos a prisión los vecinos del citado pueblo que fueron a la ciudad a verme, o a buscar otro abogado que los patro-cinara. Me hallaba yo entonces, a fines de 1834, sustitu-yendo la cátedra de Derecho Canónico en el Instituto y no pudiendo ver con indiferencia la injusticia que se cometía contra mis infelices clientes, pedí permiso al Director para ausentarme unos días y marché para el pueblo de Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con el objeto de obtener su libertad. Luego que llegué a dicho pueblo me presenté al juez don Manuel María Feraud quien me recibió bien y me permitió hablar con los presos. En seguida le supliqué me informase el esta-do que tenía la causa de los supuestos reos y del moti-vo de su prisión; me contestó que nada podía decirme porque la causa era reservada; le insté que me leyese el auto de bien preso, que no era reservado y que debía haberse proveído ya, por haber transcurrido el término que la ley exigía para dictarse. Tampoco accedió a mi pedido, lo que me obligó ya a indicarle que presentaría un ocurso al día siguiente para que se sirviese darme su respuesta por escrito a fin de promover después lo que a la defensa de mis patrocinados conviniese en justi-cia. El día siguiente presenté mi ocurso, como lo había ofrecido; pero ya el juez estaba enteramente cambiado, me recibió con suma seriedad y me exigió el poder con que yo gestionaba por los reos; y habiéndole contestado que siendo abogado conocido y hablando en defensa de reos pobres no necesitaba yo de poder en forma, me previno que me abstuviese de hablar y que volviese

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a la tarde para rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago. Como el cura estaba ya en el pueblo y el Prefecto obra-ba por su influencia, temí mayores tropelías y regresé a la ciudad con la resolución de acusar al juez ante la Corte de Justicia, como lo hice; pero no se me atendió porque en aquel Tribunal estaba también representado el clero. Quedaban pues cerradas las puertas de la jus-ticia para aquellos infelices que gemían en la prisión, sin haber cometido ningún delito, y sólo por haberse quejado contra las vejaciones de un cura. Implacable éste en sus venganzas, como lo son generalmente los sectarios de alguna religión, no se conformó con los triunfos que obtuvo en los tribunales sino que quiso perseguirme y humillarme de un modo directo, y para conseguirlo hizo firmar al juez Feraud un exhorto, que remitió al juez de la Capital, para que procediese a mi aprehensión y me remitiese con segura custodia al pue-blo de Miahuatlán, expresando por única causa de este procedimiento, que estaba yo en el pueblo de Loxicha sublevando a los vecinos contra las autoridades ¡y esta-ba yo en la ciudad distante cincuenta leguas del pueblo de Loxicha donde jamás había ido!

El juez de la Capital que obraba también de acuerdo con el cura, no obstante de que el exhorto no estaba requisitado conforme a las leyes, pasó a mi casa a la medianoche y me condujo a la cárcel sin darme más razón que la de que tenía orden de mandarme preso a Miahuatlán. También fue conducido a la prisión el licenciado don José Inés Sandoval a quien los presos habían solicitado para que los defendiese.

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Era tan notoria la falsedad del delito que se me impu-taba y tan clara la injusticia que se ejercía contra mí, que creí como cosa segura que el Tribunal Superior, a quien ocurrí quejándome de tan infame tropelía, me mandaría inmediatamente poner en libertad; pero me equivoqué, pues hasta el cabo de nueve días se me excarceló bajo de fianza, y jamás se dio curso a mis quejas y acusaciones contra los jueces que me habían atropellado.

Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diaria-mente a todos los desvalidos que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquéllas y de su alianza con los poderes públicos y me afirma-ron en mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. Así lo hice en la parte que pude y así lo haría el Partido Liberal pero por desgracia de la humanidad el remedio que entonces se procuraba aplicar no curaba el mal de raíz, pues aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada reemplazándola con otra liberal, el cambio era sólo de personas y quedaban sub-sistentes en las leyes y en las constituciones los fueros eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de cuan-tiosos bienes de que abusaba fomentando los motines para cimentar su funesto poderío. Así fue que apenas se establecía una administración liberal, cuando a los po-cos meses era derrocada y perseguidos sus partidarios.

Desde el año de 1839 hasta el de 40 estuve dedicado exclusivamente al ejercicio de mi profesión. En el año

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de 1841 la Corte de Justicia me nombró Juez de Prime-ra Instancia del ramo Civil y de Hacienda de la Capital del Estado.

El 31 de julio de 1843 me casé con doña Margarita Maza, hija de don Antonio Maza y de doña Petra Parada.

En 1844, el gobernador del Estado, Gral. don An-tonio León, me nombró secretario del despacho del Gobierno y a la vez fui electo vocal suplente de la Asam-blea Departamental. A los pocos meses se procedía a la renovación de los Magistrados del Tribunal Superior del Estado llamado entonces Departamento porque re-gía la forma central en la Nación y fui nombrado fiscal segundo del mismo.

En el año de 1845 se hicieron elecciones de diputados a la Asamblea Departamental y yo aparecí como uno de los tantos candidatos, que se proponían en el público. Los electores se fijaron en mí y resulté electo por unanimi-dad de sus sufragios. En principios de 1846 fue disuelta la Asamblea Departamental a consecuencia de la sedición militar, acaudillada por el general Paredes, que teniendo orden del Presidente don José Joaquín de Herrera, para marchar a la frontera, amagada por el ejército america-no, se pronunció en la hacienda del Peñasco del Estado de San Luis Potosí y contramarchó para la Capital de la República a posesionarse del Gobierno, como lo hizo, entregándose completamente a la dirección del Partido Monárquico-Conservador. El Partido Liberal no se dio por vencido. Auxiliado por el Partido Santannista traba-jó activamente hasta que logró destruir la administración retrógrada de Paredes, encargándose provisionalmente de la Presidencia de la República el Gral. don Mariano Salas.

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En Oaxaca fue secundado el movimiento contra Pa-redes por el Gral. don Juan Bautista Díaz; se nombró una Junta Legislativa y un Poder Ejecutivo compuesto de tres personas que fueron nombradas por una Junta de Notables. La elección recayó en don Luis Fernández del Campo, don José Simeón Arteaga y en mí y entramos desde luego a desempeñar ese cargo con que se nos hon-ró. Dada cuenta al Gobierno general de este arreglo re-solvió que cesase la Junta Legislativa y que sólo don José Simeón Arteaga quedara encargado del Poder Ejecutivo del estado. Yo debí volver a la Fiscalía del Tribunal que era mi puesto legal, pero el Gobernador Arteaga lo disol-vió para reorganizarlo con otras personas y en consecuen-cia procedió a su renovación nombrándome Presidente o Regente como entonces se llamaba al que presidía el Tribunal de Justicia del Estado.

El Gobierno general convocó a la Nación para que eligiese a sus representantes con amplios poderes para reformar la Constitución de 1824 y yo fui uno de los nombrados por Oaxaca, habiendo marchado para la Ca-pital de la República a desempeñar mi nuevo encargo a principios de diciembre del mismo año de 46. En esta vez estaba ya invadida la República por fuerzas de los Estados Unidos del Norte: el Gobierno carecía de fondos sufi-cientes para hacer la defensa y era preciso que el Congre-so le facilitara los medios de adquirirlos. El diputado por Oaxaca don Tiburcio Cañas hizo iniciativa para que se facultara al Gobierno para hipotecar parte de los bienes que administraba el clero a fin de facilitarse recursos para la guerra. La proposición fue admitida y pasada a una co-misión especial, a que yo pertenecí, con recomendación

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de que fuese despachada de preferencia. En 10 de enero de 1847 se presentó el dictamen respectivo consultándo-se la adopción de la medida que se puso inmediatamente a discusión. El debate fue sumamente largo y acalorado, porque el partido moderado, que contaba en la Cámara con una grande mayoría, hizo una fuerte oposición al proyecto. A las dos de la mañana del día 11 se aprobó, sin embargo, el dictamen en lo general; pero al discutirse en lo particular la oposición estuvo presentando multi-tud de adiciones a cada uno de sus artículos con la mira antipatriótica de que aun cuando saliese aprobado el de-creto tuviese tantas trabas que no diese el resultado que el Congreso se proponía. A las 10 de la mañana terminó la discusión con la aprobación de la ley, que, por las razo-nes expresadas, no salió con la amplitud que se deseaba.

Desde entonces el clero, los moderados y los con-servadores redoblaron sus trabajos para destruir la ley y para quitar de la Presidencia de la República a don Va-lentín Gómez Farías, a quien consideraban como jefe del Partido Liberal. En pocos días lograron realizar sus deseos sublevando una parte de la guarnición de la [pla-za] en los momentos en que nuestras tropas se batían en defensa de la independencia nacional en la frontera del norte y en la plaza de Veracruz. Este motín que se llamó de los Polkos fue visto con indignación por la mayoría de la República y considerando los sediciosos que no era posible el buen éxito de su plan por medio de las armas, recurrieron a la seducción y lograron atraerse al Gral. Santa Anna que se hallaba a la cabeza del ejército, que fue a batir al enemigo en La Angostura y a quien el Partido Liberal acababa de nombrar Presidente de

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la República contra los votos del Partido Moderado y Conservador; pero Santa Anna, inconsecuente como siempre, abandonó a los suyos y vino a México violenta-mente a dar el triunfo a los rebeldes. Los pronunciados fueron a recibir a su protector a la Villa de Guadalupe llevando sus pechos adornados con escapularios y re-liquias de santos como defensores de la religión y de los fueros. Don Valentín Gómez Farías fue destituido de la Vicepresidencia de la República y los diputados libera-les fueron hostilizados negándoseles la retribución que la ley les concedía para poder subsistir en la capital. Los diputados por Oaxaca no podíamos recibir ningún au-xilio de nuestro Estado porque habiéndose secundado en él, el pronunciamiento de los Polkos, fueron desti-tuidas las autoridades legítimas y sustituidas por las que pusieron los sublevados, y como de hecho el Congreso ya no tenía sesiones por falta de número, resolví volver a mi casa para dedicarme al ejercicio de mi profesión.

En agosto del mismo año llegué a Oaxaca. Los libe-rales aunque perseguidos trabajaban con actividad para restablecer el orden legal, y como para ello los autoriza-ba la ley, pues existía un decreto que expidió el Congre-so General a moción mía y de mis demás compañeros de la diputación de Oaxaca reprobando el motín verifi-cado en este Estado y desconociendo a las autoridades establecidas por los revoltosos, no vacilé en ayudar del modo que me fue posible a los que trabajaban por el cumplimiento de la ley que ha sido siempre mi espada y mi escudo.

El día 23 de noviembre logramos realizar con buen éxito un movimiento contra las autoridades intrusas. Se

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encargó del Gobierno el Presidente de la Corte de Jus-ticia, licenciado don Marcos Pérez; se reunió la Legisla-tura que me nombró Gobernador interino del Estado.

El día 29 del mismo mes me encargué del poder que ejercí interinamente hasta el día 12 de agosto de 1848 en que se renovaron los poderes del Estado. Fui reelecto para el segundo periodo constitucional, que concluyó en agosto de 1852 en que entregué el mando al Gobernador interino don Ignacio Mejía.

En el año de 1850 murió mi hija Guadalupe a la edad de dos años, y aunque la ley que prohibía el enterramien-to de los cadáveres en los templos exceptuaba a la familia del Gobernador del Estado, no quise hacer uso de esta gracia y yo mismo llevé el cadáver de mi hija al cemente-rio de San Miguel, que está situado a extramuros de la ciudad para dar ejemplo de obediencia a la ley que las preocupaciones nulificaban con perjuicio de la salubri-dad pública. Desde entonces con este ejemplo y con la energía que usé para evitar los entierros en las iglesias quedó establecida definitivamente la práctica de sepultar-se los cadáveres fuera de la población en Oaxaca.

Luego que en 1852 dejé de ser Gobernador del Es-tado se me nombró Director del Instituto de Ciencias y Artes y a la vez catedrático de Derecho Civil. En esos días había ya estallado el motín llamado revolución de Jalisco, contra el orden constitucional existente y a favor del partido retrógrado. Aunque yo no ejercía ya mando ninguno en el Estado, fui sin embargo persegui-do no sólo por los revoltosos que se apoderaron de la administración pública, sino aun por los mismos que habían sido mis correligionarios y que bajo mi adminis-

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tración había yo colocado en algunos puestos de impor-tancia. Ambiciosos vulgares que se hacían lugar entre los vencedores sacrificando al hombre que durante su gobierno sólo cuidó de cumplir su deber sin causarles mal ninguno. No tenían principios fijos, ni la concien-cia de su propia dignidad y por eso procuraban siempre arrimarse al vencedor aunque para ello tuvieran que ha-cer el papel de verdugos. Yo me resigné a mi suerte sin exhalar una queja, sin cometer una acción humillante.

El día 25 de mayo de 1853 volví del pueblo de Ixt-lán a donde fui a promover una diligencia judicial en ejercicio de mi profesión. El día 27 del mismo mes fui a la villa de Etla distante cuatro leguas de la ciudad a producir una información de testigos a favor del pue-blo de Teococuilco y estando en esta operación como a las doce del día llegó un piquete de tropa armada a aprehenderme y a las dos horas se me entregó mi pasa-porte con la orden en que se me confinaba a la villa de Jalapa del Estado de Veracruz. El día 28 salí escoltado por una fuerza de caballería con don Manuel Ruiz y don Francisco Rincón que iban igualmente confinados a otros puntos fuera del Estado. El día 4 de junio llegué a Tehuacán en donde se retiró la escolta. Desde ahí di-rigí una representación contra la orden injusta que en mi contra se dictó. El día 25 llegué a Jalapa punto final de mi destino.

En esta villa permanecí 75 días, pero el Gobierno del Gral. Santa Anna no me perdió de vista ni me dejó vivir en paz, pues a los pocos días de mi llegada ahí reci-bí una orden para ir a Jonacatepeque del Estado de Mé-xico, dándose por motivo de esta variación, el que yo

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había ido a Jalapa desobedeciendo la orden del Gobier-no que me destinaba al citado Jonacatepeque. Sólo era esto un pretexto para mortificarme porque el pasaporte y orden que se me entregaron en Oaxaca decían termi-nantemente que Jalapa era el punto de mi confinamien-to. Lo representé así y no tuve contestación alguna. Se hacía conmigo lo que el lobo de la fábula hacía con el cordero cuando le decía que le enturbiaba su agua. Ya me disponía a marchar para Jonacatepeque cuando recibí otra orden para ir al castillo de Perote. Aún no había salido de Jalapa para este último punto cuando se me previno que fuera a Huamantla del Estado de Pue-bla, para donde emprendí mi marcha el día 12 de sep-tiembre; pero tuve necesidad de pasar por Puebla para conseguir algunos recursos con que poder subsistir en Huamantla donde no me era fácil adquirirlos. Logrado mi objeto dispuse mi viaje para el día 19; mas a las diez de la noche de la víspera de mi marcha fui aprehendido por don José Santa Anna, hijo de don Antonio y con-ducido al cuartel de San José donde permanecí incomu-nicado hasta el día siguiente que se me sacó escoltado e incomunicado para el castillo de San Juan de Ulúa donde llegué el día 29. El capitán don José Isasi fue el comandante de la escolta que me condujo desde Puebla hasta Veracruz. Seguí incomunicado en el castillo hasta el día 5 de octubre a las once de la mañana en que el Gobernador del castillo, don Joaquín Rodal, me intimó la orden de destierro para Europa entregándome el pa-saporte respectivo. Me hallaba yo enfermo en esta vez y le contesté al Gobernador que cumpliría la orden que se me comunicaba, luego que estuviese aliviado; pero se

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manifestó inexorable diciéndome que tenía orden de hacerme embarcar en el paquete inglés Avon que debía salir del puerto a las dos de la tarde de aquel mismo día y sin esperar otra respuesta, él mismo recogió mi equipaje y me condujo al buque. Hasta entonces cesó la incomunicación en que había yo estado desde la noche del 12 de septiembre.

El día 9 llegué a La Habana donde por permiso que obtuve del capitán general Cañedo, permanecí hasta el día 18 de diciembre que partí para Nueva Orleans don-de llegué el día 29 del mismo mes.

Viví en esta ciudad hasta el 20 de junio de 1855 en que salí para Acapulco a prestar mis servicios en la campaña que los generales don Juan Álvarez y don Ig-nacio Comonfort dirigían contra el poder tiránico de don Antonio López de Santa Anna. Hice el viaje por La Habana y el Istmo de Panamá y llegué al puerto de Aca-pulco a fines del mes de julio. Lo que me determinó a tomar esta resolución fue la orden que dio Santa Anna de que los desterrados no podrían volver a la República sin prestar previamente la protesta de sumisión y obe-diencia al poder tiránico que ejercía en el país. Luego que esta orden llegó a mi noticia hablé a varios de mis compañeros de destierro y dirigí a los que se hallaban fuera de la ciudad una carta que debe existir entre mis papeles, en borrador, invitándolos para que volviéra-mos a la Patria, no mediante la condición humillante que se nos imponía, sino a tomar parte en la revolución que ya se operaba contra el tirano para establecer un gobierno que hiciera feliz a la Nación por los medios de la justicia, la libertad y la igualdad. Obtuve el acuerdo

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de ellos habiendo sido los principales: don Guadalu-pe Montenegro, don José Dolores Zetina, don Manuel Cepeda Peraza, don Esteban Calderón, don Melchor Ocampo, don Ponciano Arriaga y don José María Mata. Todos se fueron para la frontera de Tamaulipas y yo marché para Acapulco.

Me hallaba yo en este punto cuando en el mes de agosto llegó la noticia de que Santa Anna había abando-nado el poder yéndose fuera de la República, y que en la Capital se había secundado el Plan de Ayutla encargán-dose de la presidencia el general don Martín Carrera. El entusiasmo que causó esta noticia no daba lugar a la reflexión. Se tenía a la vista el acta del pronunciamiento y no se cuidaba de examinar sus términos, ni los antece-dentes de sus autores para conocer sus tendencias, sus fines y las consecuencias de su plan. No se trataba más que de solemnizar el suceso, aprobarlo, y reproducir por la prensa el plan proclamado escribiéndose un artículo que lo encomiase. El redactor del periódico que ahí se publicaba me encargó de este trabajo. Sin embargo, yo llamé la atención del señor don Diego Álvarez manifes-tándole que si debía celebrarse la fuga de Santa Anna como un hecho que desconcertaba a los opresores, fa-cilitándose así el triunfo de la revolución; de ninguna manera debía aprobarse el plan proclamado en México, ni reconocerse al presidente que se había nombrado, porque el Plan de Ayutla no autorizaba a la Junta que se formó en la Capital para nombrar Presidente de la República y porque siendo los autores del movimiento los mismos generales y personas que pocas horas antes servían a Santa Anna persiguiendo a los sostenedores

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del Plan de Ayutla, era claro que viéndose perdidos por la fuga de su jefe, se habían resuelto a entrar en la revo-lución para falsearla, salvar sus empleos y conseguir la impunidad de sus crímenes aprovechándose así de los sacrificios de los patriotas que se habían lanzado a la lucha para librar a su Patria de la tiranía clérico-militar que encabezaba don Antonio López de Santa Anna. El señor don Diego Álvarez estuvo enteramente de acuer-do con mi opinión y con su anuencia pasé a la imprenta en la madrugada del día siguiente a revisar el artículo que ya se estaba imprimiendo y en que se encomiaba, como legítimo, el plan de la Capital.

El señor Gral. don Juan Álvarez que se hallaba en Texca, donde tenía su cuartel general, conoció perfec-tamente la tendencia del movimiento de México: desa-probó el plan luego que lo vio y dio sus órdenes para reunir sus fuerzas a fin de marchar a la Capital a consu-mar la revolución que él mismo había iniciado.

A los pocos días llegó a Texca don Ignacio Campu-zano, comisionado de don Martín Carrera, con el ob-jeto de persuadir al señor Álvarez de la legitimidad de la presidencia de Carrera y de la conveniencia de que lo reconocieren todos los jefes de la revolución con sus fuerzas. En la junta que se reunió para oír al comisio-nado y a que yo asistí por favor del señor Álvarez, se combatió de una manera razonada y enérgica la pre-tensión de Campuzano en términos de que él mismo se convenció de la impertinencia de su misión y ya no volvió a dar cuenta del resultado de ella a su comitente. En seguida marchó el Gral. Álvarez con sus tropas con dirección a México. En Chilpancingo se presentaron

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otros dos comisionados de don Martín Carrera con el mismo objeto que Campuzano trayendo algunas comu-nicaciones del Gral. Carrera. Se les oyó también en una junta a que yo asistí y como eran patriotas de buena fe, quedaron igualmente convencidos de que era insoste-nible la Presidencia de Carrera por haberse establecido contra el voto nacional contrariándose el tenor expreso del plan político y social de la revolución. A moción mía se acordó que en carta particular, se dijese al Gral. Carrera que no insistiese en su pretensión de retener el mando para cuyo ejercicio carecía de títulos legítimos como se lo manifestarían sus comisionados. Regresaron éstos con esta carta y don Martín Carrera tuvo el buen juicio de retirarse a la vida privada, quedando de Co-mandante Militar de la ciudad de México uno de los generales que firmaron el acta del pronunciamiento de la Capital pocos días después de la fuga del Gral. Santa Anna. Los comisionados que mandó a Chilpancingo don Martín Carrera fueron don Isidro Olvera y el padre del señor don Francisco Zarco.

Continuó su marcha el señor Álvarez para Iguala, donde expidió un Manifiesto a la Nación y comenzó a poner en práctica las prevenciones del plan de la revolu-ción, a cuyo efecto nombró un consejo compuesto de un representante por cada uno de los Estados de la Repú-blica. Yo fui nombrado representante por el Estado de Oaxaca. Este consejo se instaló en Cuernavaca y procedió desde luego a elegir Presidente de la República resultan-do electo por mayoría de sufragios el ciudadano Gral. Juan Álvarez, quien tomó posesión inmediatamente de su encargo. En seguida formó su gabinete nombrando

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para Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores al ciudadano Melchor Ocampo; para Ministro de Guerra al ciudadano Ignacio Comonfort; para Ministro de Ha-cienda al ciudadano Guillermo Prieto y para Ministro de Justicia e Instrucción Pública a mí. Inmediatamente se expidió la convocatoria para la elección de diputados que constituyeran a la Nación. Como el pensamiento de la revolución era constituir al país sobre las bases sólidas de libertad e igualdad y restablecer la independencia del poder civil, se juzgó indispensable excluir al clero de la representación nacional, porque una dolorosa experien-cia había demostrado que los clérigos, por ignorancia o por malicia, se creían en los Congresos representantes sólo de su clase y contrariaban toda medida que tendie-se a corregir sus abusos y a favorecer los derechos del común de los mexicanos. En aquellas circunstancias era preciso privar al clero del voto pasivo, adoptándose este contraprincipio en bien de la sociedad, a condición de que una vez que se diese la Constitución y quedase san-cionada la reforma, los clérigos quedasen expeditos al igual de los demás ciudadanos para disfrutar del voto pasivo en las elecciones populares.

El Gral. Comonfort no participaba de esta opinión porque temía mucho a las clases privilegiadas y retró-gradas. Manifestó sumo disgusto porque en el Conse-jo formado en Iguala no se hubiera nombrado algún eclesiástico, aventurándose alguna vez a decir que sería conveniente que el Consejo se compusiese en su mi-tad de eclesiásticos, y de las demás clases la otra mi-tad. Quería también que continuaran colocados en el ejército los generales, jefes y oficiales que hasta última

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hora habían servido a la tiranía que acababa de caer. De aquí resultaba grande entorpecimiento en el despacho del gabinete en momentos que era preciso obrar con actividad y energía para reorganizar la administración pública, porque no había acuerdo sobre el programa que debía seguirse. Esto disgustó al señor Ocampo que se resolvió a presentar su dimisión que le fue admitida. El señor Prieto y yo manifestamos también nuestra de-terminación de separarnos; pero a instancias del señor Presidente y por la consideración de que en aquellos momentos era muy difícil la formación de un nuevo gabinete, nos resolvimos a continuar. Lo que más me decidió a seguir en el Ministerio fue la esperanza que te-nía de poder aprovechar una oportunidad para iniciar alguna de tantas reformas que necesitaba la sociedad para mejorar su condición, utilizándose así los sacrifi-cios que habían hecho los pueblos para destruir la tira-nía que los oprimía.

En aquellos días recibí una comunicación de las autoridades de Oaxaca en que se me participaba el nombramiento que don Martín Carrera había hecho en mí, de Gobernador de aquel Estado y se me invitaba para que marchara a recibirme del mando; mas como el Gral. Carrera carecía de misión legítima para hacer este nombramiento, contesté que no podía aceptarlo, mientras no fuese hecho por autoridad competente.

Se trasladó el gobierno unos días a la ciudad de Tlal-pan y después a la Capital, donde quedó instalado de-finitivamente.

El señor Álvarez fue bien recibido por el pueblo y por las personas notables que estaban afiliadas en el

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partido progresista, pero las clases privilegiadas, los conservadores y el círculo de los moderados que lo odiaban, porque no pertenecía a la clase alta de la so-ciedad, como ellos decían, y porque rígido republicano y hombre honrado no transigía con sus vicios y con sus abusos, comenzaron desde luego a hacerle una guerra sistemática y obstinada, criticándole hasta sus costum-bres privadas y sencillas en anécdotas ridículas e inde-centes para desconceptuarlo. El hecho que voy a referir dará a conocer la clase de intriga que se puso en juego en aquellos días para desprestigiar al señor Álvarez.

Una compañía dramática le dedicó una función en el Teatro Nacional. Sus enemigos recurrieron al arbi-trio pueril y peregrino de coligarse para no concurrir a la función y aun comprometieron algunas familias de las llamadas decentes para que no asistieran. Como los moderados querían apoderarse de la situación y no tenían otro hombre más a propósito por su debilidad de carácter para satisfacer sus pretensiones que el gene-ral Comonfort, se rodearon de él halagando su amor propio y su ambición con hacerle entender que era el único digno de ejercer el mando supremo por los méri-tos que había contraído en la revolución y porque era bien recibido por las clases altas de la sociedad. Aquel hombre poco cauto cayó en la red, entrando hasta en las pequeñas intrigas que se fraguaban contra su pro-tector el general Álvarez, a quien no quiso acompañar en la función de teatro referida. He creído conveniente entrar en estos pormenores porque sirven para explicar la corta duración del señor Álvarez en la Presidencia y la manera casi intempestiva de su abdicación.

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Mientras llegaban los sucesos que debían precipitar la retirada del señor Álvarez y la elevación del señor Co-monfort a la Presidencia de la República, yo me ocupé en trabajar la ley de administración de justicia. Triun-fante la revolución era preciso hacer efectivas las prome-sas reformando las leyes que consagraban los abusos del poder despótico que acababa de desaparecer. Las leyes anteriores sobre administración de justicia adolecían de ese defecto, porque establecían tribunales especiales para las clases privilegiadas haciendo permanente en la sociedad la desigualdad que ofendía la justicia, man-teniendo en constante agitación al cuerpo social. No sólo en este ramo, sino en todos los que formaban la administración pública debía ponerse la mano porque la revolución era social. Se necesitaba un trabajo más extenso para que la obra saliese perfecta en lo posible y para ello era indispensable proponer, discutir y acordar en el seno del gabinete un plan general, lo que no era posible porque desde la separación del señor Ocampo estaba incompleto el gabinete y el señor Comonfort a quien se consideraba como jefe de él no estaba con-forme con las tendencias y fines de la revolución. Ade-más la administración del señor Álvarez era combatida tenazmente, poniéndosele obstáculos de toda especie para desconceptuarla y obligar a su jefe a abandonar el poder. Era, pues, muy difícil hacer algo útil en semejan-tes circunstancias y ésta es la causa de que las reformas que consigné en la ley de justicia fueran incompletas, limitándome sólo a extinguir el fuero eclesiástico en el ramo civil y dejándolo subsistente en materia criminal, a reserva de dictar más adelante la medida conveniente

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sobre este particular. A los militares sólo se les dejó el fuero en los delitos y faltas puramente militares. Extin-guí igualmente todos los demás tribunales especiales, devolviendo a los comunes el conocimiento de los ne-gocios de que aquellos estaban encargados.

Concluido mi proyecto de ley en cuyo trabajo me auxiliaron los jóvenes oaxaqueños Lic. Manuel Dublán y don Ignacio Mariscal, lo presenté al señor Presidente don Juan Álvarez que le dio su aprobación y mandó que se publicara como ley general sobre administración de justicia. Autorizada por mí se publicó en 23 de noviem-bre de 1855.

Imperfecta, como era esta ley, se recibió con grande entusiasmo por el Partido Progresista; fue la chispa que produjo el incendio de la Reforma que más adelante consumió el carcomido edificio de los abusos y preocu-paciones; fue en fin el cartel de desafío que se arrojó a las clases privilegiadas y que el Gral. Comonfort y todos los demás, que por falta de convicciones en los princi-pios de la revolución, o por conveniencias personales, querían detener el curso de aquélla, transigiendo con las exigencias del pasado, fueron obligados a sostener arrastrados a su pesar por el brazo omnipotente de la opinión pública. Sin embargo los privilegiados redobla-ron sus trabajos para separar del mando al general Ál-varez, con la esperanza de que don Ignacio Comonfort los ampararía en sus pretensiones. Lograron atraerse a don Manuel Doblado que se pronunció en Guanajua-to por el antiguo plan de Religión y Fueros. Los mo-derados, en vez de unirse al Gobierno para destruir al nuevo cabecilla de los retrógrados, le hicieron entender

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al señor Álvarez que él era la causa de aquel motín por-que la opinión pública lo rechazaba como gobernante, y como el Ministro de la Guerra que debiera haber sido su principal apoyo le hablaba también en ese sentido, tomó la patriótica resolución de entregar el mando al citado don Ignacio Comonfort en clase de sustituto, no obstante de que contaba aún con una fuerte división con que sostenerse en el poder; pero el señor Álvarez es patriota sincero y desinteresado y no quiso que por su causa se encendiera otra vez la guerra civil en su Patria.

Luego que terminó la administración del señor Ál-varez con la separación de este jefe y con la renuncia de los que éramos sus ministros, el nuevo presidente organizó su gabinete nombrando como era natural, para sus ministros a personas del círculo moderado. En honor de la verdad y de la justicia debe decirse que en este círculo había no pocos hombres que sólo por sus simpatías al Gral. Comonfort o porque creían de bue-na fe que este jefe era capaz de hacer el bien a su país estaban unidos a él y eran calificados como moderados; pero en realidad eran partidarios decididos de la revo-lución progresista de lo que han dado pruebas irrefra-gables después, defendiendo con inteligencia y valor los principios más avanzados del progreso y de la libertad, así como también había muchos que aparecían en el Partido Liberal como los más acérrimos defensores de los principios de la revolución; pero que después han cometido las más vergonzosas defecciones pasándose a las filas de los retrógrados y de los traidores de la Patria. Es que unos y otros estaban mal definidos y se habían equivocado en la elección de sus puestos.

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La nueva administración en vista de la aceptación general que tuvo la ley del 23 de noviembre se vio en la necesidad de sostenerla y llevarla a efecto. Se me in-vitó para que siguiera prestando mis servicios yendo a Oaxaca a restablecer el orden legal subvertido por las autoridades y guarnición que habían servido en la ad-ministración del Gral. Santa Anna, que para falsear la revolución habían secundado el plan del Gral. Carrera y que por último se habían pronunciado contra la ley sobre administración de justicia que yo había publica-do. Tanto por el interés que yo tenía en la subsistencia de esta ley, como porque una autoridad legítima me lla-maba a su servicio, acepté sin vacilación el encargo que se me daba, y a fines de diciembre salí de México con una corta fuerza que se puso a mis órdenes. Al tocar los límites del Estado los disidentes depusieron toda acti-tud hostil, ofreciendo reconocer mi autoridad.

El día 10 de enero de 1856 llegué a la capital de Oaxaca y desde luego me encargué del mando que el Gral. don José María García me entregó sin resistencia de ninguna clase.

Comencé mi administración levantando y organi-zando la Guardia Nacional y disolviendo la tropa per-manente que ahí había quedado porque aquella clase de fuerza, viciada con los repetidos motines en que je-fes ambiciosos y desmoralizados, como el Gral. Santa Anna, la habían obligado a tomar parte, no daba nin-guna garantía de estricta obediencia a la autoridad y a la ley y su existencia era una constante amenaza a la libertad y al orden público. Me propuse conservar la paz del Estado con sólo mi autoridad de gobernador para

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presentar una prueba de bulto de que no eran necesa-rias las Comandancias Generales cuya extinción había solicitado el Estado años atrás, porque la experiencia había demostrado que eran no sólo inútiles sino perju-diciales. En efecto, un comandante general con el man-do exclusivo de la fuerza armada e independiente de la autoridad local, era una entidad que nulificaba comple-tamente la soberanía del Estado, porque a los Goberna-dores no les era posible tener una fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. Eran llamados Gober-nadores de Estados libres, soberanos e independientes; tenían sólo el nombre, siendo en realidad unos pupilos de los Comandantes Generales. Esta organización vicio-sa de la administración pública fue una de las causas de los motines militares, que con tanta frecuencia se repi-tieron durante el imperio de la Constitución de 1824.

Sin embargo, como existían aún las leyes que sancio-naban semejante institución y el gobierno del señor Co-monfort a pesar de la facultad que le daba la revolución no se atrevía a derogarlas, dispuso que en el Estado de Oaxaca continuaran y que yo como gobernador me en-cargase también de la Comandancia General que acepté sólo porque no fuese otro jefe a complicar la situación con sus exigencias, pues tenía la conciencia de que el Gobierno del Estado o sea la autoridad civil, podía des-pachar y dirigir este ramo como cualesquiera otros de la administración pública; pero cuidé de recomendar muy especialmente a los diputados por el Estado al Congreso Constituyente de que trabajaran con particular empeño para que en la nueva Constitución de la República que-dasen extinguidas las Comandancias Generales.

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Como en esta época no se había dado todavía la nueva Constitución, el Gobierno del señor Comonfort conforme al Plan de Ayutla ejercía un poder central y omnímodo que toleraban apenas los pueblos por la es-peranza que tenían de que la representación nacional les devolvería pronto su soberanía por medio de una Constitución basada sobre los principios democráticos que la última revolución había proclamado. El espíritu de libertad que reinaba entonces y que se avivaba con el recuerdo de la opresión reciente del despotismo de Santa Anna, hacía sumamente difícil la situación del gobierno para cimentar el orden público, porque nece-sitaba usar de suma prudencia en sus disposiciones para reprimir las tentativas de los descontentos, sin herir la susceptibilidad de los Estados con medidas que ataca-sen o restringiesen demasiado su libertad. Sin embargo, el señor Comonfort expidió un Estatuto orgánico que centralizaba de tal modo la administración pública que sometía al cuidado inmediato del poder general hasta los ramos de simple policía de las municipalidades. Esto causó una alarma general en los Estados. Las autorida-des de Oaxaca representaron contra aquella medida pi-diendo que se suspendieran sus efectos. No se dio una resolución categórica a la exposición; pero de hecho no rigió en el Estado el Estatuto que se le quería imponer y el gobierno tuvo la prudencia de no insistir en su cum-plimiento.

En este año entró al Ministerio de Hacienda el señor don Miguel Lerdo de Tejada que presentó al señor Co-monfort la ley sobre desamortización de los bienes que administraba el clero, y aunque esta ley dejaba el goce

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de los productos de dichos bienes, y sólo le quitaba el trabajo de administrarlos, no se conformó con ella, re-sistió su cumplimiento y trabajó en persuadir al pueblo que era herética y atacaba a la religión, lo que de pronto retrajo a muchos de los mismos liberales de usar de los derechos que la misma ley les concedía para adquirir a censo redimible los capitales que el clero se negaba a re-conocer con las condiciones que la autoridad le exigía.

Entonces creí de mi deber hacer cumplir la ley no sólo con medidas del resorte de la autoridad, sino con el ejemplo para alentar a los que por un escrúpulo infun-dado se retraían de usar del beneficio que les concedía la ley. Pedí la adjudicación de un capital de 3 800 pesos si mal no recuerdo, que reconocía una casa situada en la calle de Coronel, de la ciudad de Oaxaca. El deseo de hacer efectiva esta reforma y no la mira de especular me guió para hacer esta operación. Había capitales de más consideración en que pude practicarla; pero no era éste mi objeto.

En 1857 se publicó la Constitución Política de la Nación y desde luego me apresuré a ponerla en práctica principalmente en lo relativo a la organización del Es-tado. Era mi opinión que los Estados se constituyesen sin pérdida de tiempo, porque temía que por algunos principios de libertad y de progreso que se habían con-signado en la Constitución general estallase o formase pronto un motín en la Capital de la República que di-solviese a los poderes supremos de la Nación; era con-veniente que los Estados se encontrasen ya organizados para contrariarlo, destruirlo y restablecer las autorida-des legítimas que la Constitución había establecido. La

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mayoría de los Estados comprendió la necesidad de su pronta organización y procedió a realizarla conforme a las bases fijadas en la carta fundamental de la Repúbli-ca. Oaxaca dio su Constitución particular que puso en práctica desde luego y mediante ella fui electo Goberna-dor Constitucional por medio de elección directa que hicieron los pueblos.

Era costumbre autorizada por ley en aquel Estado lo mismo que en los demás de la República que cuan-do tomaba posesión el Gobernador, éste concurría con todas las demás autoridades al Te Deum que se cantaba en la Catedral, a cuya puerta principal salían a recibirlo los canónigos; pero en esta vez ya el clero hacía una guerra abierta a la autoridad civil, y muy especialmente a mí por la ley de administración de justicia que expedí el 23 de noviembre de 1855 y consideraba a los gober-nantes como herejes y excomulgados. Los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mi posición para promover un escándalo. Proyectaron cerrar las puertas de la iglesia para no recibirme con la siniestra mira de comprometerme a usar de la fuerza mandando abrir las puertas con la policía armada y a aprehender a los canó-nigos para que mi administración se inaugurase con un acto de violencia o con un motín si el pueblo a quien debían presentarse los aprehendidos como mártires, to-maba parte en su defensa. Los avisos repetidos que tuve de esta trama que se urdía y el hecho de que la iglesia estaba cerrada, contra lo acostumbrado en casos seme-jantes, siendo ya la hora de la asistencia, me confirma-ron la verdad de lo que pasaba. Aunque contaba yo con fuerzas suficientes para hacerme respetar procediendo

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contra los sediciosos y la ley aún vigente sobre ceremo-nial de posesión de los Gobernadores me autorizaban para obrar de esta manera; resolví, sin embargo, omitir la asistencia al Te Deum, no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernan-tes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devo-ción que su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de algu-na. Este suceso fue para mí muy plausible para reformar la mala costumbre que había de que los gobernantes asistiesen hasta las procesiones y aun a las profesiones de monjas, perdiendo el tiempo que debían emplear en trabajos útiles a la sociedad. Además, consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica ni go-bernar a nombre de la Iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta, con sólo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente mi deber. De este modo evité el escándalo que se proyectó y desde entonces cesó en Oaxaca la mala costumbre de que las autoridades ci-viles asistiesen a las funciones eclesiásticas. A propósito de malas costumbres había otras que sólo servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernan-tes como la de tener guardias de fuerza armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Desde que tuve el carácter de

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Gobernador abolí esta costumbre usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardia de soldados y sin aparato de ninguna especie porque tengo la persuasión de que la respeta-bilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro. Tengo el gusto de que los gobernantes de Oaxaca han seguido mi ejemplo.

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ACTA DE BAUTISMO1

Don Juan Francisco Filio y Loaiza, cura coadjutor de la parroquia de Santo Tomás de Ixtlán, certifica que en los libros de mi cargo se halla uno forrado en badana colorada, titulado Libro de Bautismo de Ixtlán, Santa María Yahuichi, San Pablo Guelatao y Santa María Xal-tianguis, comenzado en el año de 1696, en el cual a fojas 165 se halla una partida que, a la letra, es del tenor siguiente:

“En la iglesia parroquial de Santo Tomás Ixtlán, en 22 días del mes de marzo de 1806: yo, don Ambrosio Puche, Vicario de esta Doctrina bauticé solemnemente a un niño que nació un día antes a quien nombré Beni-to Pablo, hijo legítimo de Marcelino Juárez y de Brígida García, indios del pueblo de San Pablo Guelatao, cuyos abuelos son Pedro Juárez y Justa López, y los maternos Pablo García y María García; fue su madrina Apolonia

1 Lamentablemente, durante la etapa de la lucha armada de la Revolución Mexicana, fue incendiada parte de la parroquia de Ixtlán, quemándose el archivo y, por lo tanto, desapareciendo el original de esta acta.

Han sido publicadas varias transcripciones de ella que muestran diferencias sin fundamental importancia, pero sí una de fondo: omiten señalar el día del nacimiento. La copia que se utilizó para la presente transcripción fue mandada sacar por el señor Juárez y la conservó para usos legales; en el seno de la familia existe la tradición de que la traía consigo habitualmente.

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García, india casada con Francisco García, a quien ad-vertí su obligación y parentesco espiritual y para que conste lo firmo con el señor Cura.

Ambrosio Puche=Mariano Cortabarría=.”

La cual va fielmente sacada, corregida y constatada con su original a que me remito y para que conste la firmo a 5 días del mes de julio de 1821.

Juan Francisco Filio

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SE TITULA DE ABOGADO

ANTE LA CORTE DE JUSTICIA1

En la Capital del Estado Libre de Oaxaca, a 13 días del mes de enero de 834, reunidos en acuerdo los señores ministros de esta Excma. Corte de Justicia, regente don Francisco Ignacio Mimiaga, decano don Carlos Hernán-dez y Barrutia, suplentes don Vicente Santaella, don Manuel Orozco Colmenares y don Marcos Pérez, actual fiscal, se procedió al examen de abogado del ciudadano diputado actual Benito Juárez, quien antes fue admitido en virtud de haber presentado el título que certifica ha-berse recibido de bachiller en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado el día 9 de diciembre de 1830, y la com-petente certificación de práctica en el bufete del ciudada-no Lic. Tiburcio Cañas por todo el tiempo que la ley lo exige, como consta del expediente de la materia. Habién-dosele dado unos autos civiles ejecutivos entre los pue-blos de Yxtaltepeque y Sotula para que dentro del preciso y perentorio término de 48 horas extendiese el fallo que fuese oportuno, lo verificó así, y leída la resolución fue

1 El original de este documento junto con otros valiosos legajos del acervo histórico de Oaxaca se destruyeron cuando Higinio Aguilar, general de las fuerzas de la llamada “soberanía”, incendió en 1915 el archivo del Tribunal de Justicia, que se encontraba en el Palacio de Gobierno de Oaxaca.

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examinada por cada uno de los señores ministros aquel tiempo que creyeron conveniente. Concluido este acto se retiró el pretendiente y entrando en acuerdo la misma Excma. Corte proveyó lo que sigue: “Corte de Justicia de Oaxaca, enero 13 de 834. Examinado y aprobado el pretendiente bachiller ciudadano Benito Juárez, expída-sele la certificación correspondiente que le sirva de título para que ejerza la profesión de abogado en todos los Tri-bunales de Justicia del Estado. [Aquí cinco rúbricas.] Así lo proveyeron, mandaron y rubricaron los señores regen-te y ministros de esta Excma. Corte de Justicia. Doy fe. Lope Sangermán, secretario”. En cuya virtud se requirió al examinado para que entrase a prestar el juramento de estilo, y se verificó en estos términos: ¿Juráis a Dios Nues-tro Señor y a la Señal de la Cruz, guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular y leyes del Estado, ser fiel a la Nación, y desempeñar fielmen-te los deberes de vuestra profesión, sin dejaros llevar de amor, odio, interés ni otra pasión humana?, y habiendo contestado, “Sí, juro”, repuso el señor regente. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; y si no, os lo demande; con lo cual se concluyó la presente acta de que doy fe.

Lope SangermánSecretario

Concuerda con su original que obra a fojas dos vuelta, y tres, del libro de actas de este superior Tribunal a que me remito, de donde se sacó el presente en el papel del sello primero que corresponde, para que por él pueda

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el ciudadano Lic. Benito Juárez ejercer su profesión en todos los tribunales, según se deduce del auto que va inserto. Oaxaca, enero 13 de 1834.

Lope SangermánSecretario

Revalidado. Pagó seis pesos de diferencia del precio de este papel al del que previene el decreto de 30 de abril último. Tesorería Departamental de Oaxaca, julio 29 de 1842.

Francisco Durán

Los escribanos nacionales y públicos de los del número de esta Capital, certificamos: que las firmas que se hallan al calce del anterior título de abogado, son la primera del puño y letra del Sr. Lic. Don Lope Sangermán, secretario que fue del Tribunal Superior de justicia de esta Capital, y la segunda de don Francisco Durán, jefe que también fue de esta Comisaría, cuyas firmas son las mismas que han usado y acostumbrado en todos sus escritos. Y para los efectos legales, extendemos el presente que signamos y firmamos, en Oaxaca a los 27 días del mes de mayo de 1853.

Juan Reyes Ignacio Francisco Ortiz y Quintajo

Lic. Ambrosio Ocampo

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JUÁREZ RECHAZA LA IMPUTACIÓN

DE UN DELITO1

Suplico a ustedes tengan la bondad de publicar en su estimable periódico el presente artículo que me he visto precisado a escribir, provocado por un litigante resen-tido, como lo es el extranjero don Salvador Marcucci. Este hombre injusto se ha constituido en detractor mío, sin más motivo que el haber yo cumplido con mi deber, sentenciando muy justamente en su contra el pleito que seguía con los tiernos e infelices huérfanos de su paisa-no don Carlos Sodi.

Contra el tenor expreso de una ley, quería reducir el precio de un arrendamiento que había estipulado libre y espontáneamente más de cuatro años antes. Entre otros fundamentos frívolos en que se apoyaba para decir que no había sabido lo que había hecho cuando celebró el contrato que intentaba anular, alegaba que siendo extran-jero ignoraba el idioma castellano; pero este alegato venía abajo con sólo atender que Sodi, con quien trató, era tam-bién extranjero; ambos eran italianos y podían entender-se en su propio idioma. Podrá suceder que Marcucci haya olvidado su idioma natal, y que no haya aprendido el castellano pero no justificó esta circunstancia para haber

1 Carta dirigida a los editores del periódico La Prensa de Oaxaca, el 16 de junio de 1846, op. cit., t. 1, pp. 495-500.

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alegado a su favor la ley de partida, que exime a los idio-tas de la obligación de saber leyes. Por último, decía que había sufrido lesión y engaño; pero esto lo aseguraba bajo sola su palabra; y como los jueces no deben sentenciar según los deseos de los litigantes, sino según lo alegado y probado en autos, los señores magistrados don Ignacio Ibáñez, don Manuel Orozco Colmenares y yo fallamos contra Marcucci, que no había justificado su acción. Tal es el hecho que me concitó el odio de este litigante injus-to. Desde entonces comenzó a deturpar mi reputación, valiéndose de la calumnia y de otros medios rastreros que la ruindad de su corazón le ha sugerido.

A la junta electoral de Departamento, celebrada en oc-tubre próximo pasado, presentó un oficio manifestando que yo estaba encausado por una asonada que hice en el Distrito de Miahuatlán en el año de 1836, que no gozaba de los derechos de ciudadano y que obtenía ilegalmen-te el empleo de fiscal del Tribunal Superior de Justicia; pero mi conducta era conocida de todos los oaxaqueños: todos saben que jamás he cometido delito alguno, y mu-cho menos el que me imputa Marcucci; que si alguna vez he sido víctima, como lo fui en el año de 1836 de las arbitrariedades de un juez inicuo, esto no prueba que yo haya delinquido, sino que nunca han faltado hombres perversos que, como Marcucci, se complazcan en calum-niar a sus semejantes, por satisfacer una venganza ruin y rastrera, que habiendo sido tan notoriamente arbitraria la orden de mi detención expedida en el citado año de 36, el Tribunal Superior luego que llegó a su noticia este hecho, me mandó poner en libertad, y aunque repetidas veces y a petición mía se previno al juez diese cuenta con la

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causa, nunca la verificó, porque él mismo aseguró que no la había, porque no había existido el hecho criminal que se me imputaba. Por esto es que la calumniosa denuncia de Marcucci fue vista con el desprecio que se merecía, y yo fui nombrado primer vocal de la Honorable Asamblea Departamental, por unanimidad de 63 votos de personas muy respetables, a quienes no era fácil seducir ni engañar como pudieran haberlo sido los cargadores que eligieron a Marcucci muy dignamente para su jefe en el año de 1845.

Desairado este hombre por la junta electoral, ocu-rrió a la Honorable Asamblea con su impertinente de-nuncia; pero no habiendo dado las pruebas que se le exigieron, aquella honorable corporación desechó su ridícula solicitud, aprobando el dictamen que sigue y que Marcucci se ha abstenido de dar a luz porque no le tiene cuenta su publicación:

“HONORABLE ASAMBLEA,Por segunda vez se ocupa la comisión del presente

asunto, promovido por don Salvador Marcucci, en so-licitud de que se anule la elección que recayó en el Sr. Lic. Benito Juárez de futuro vocal de esta Honorable Asamblea. Tiene a la vista la respuesta que el citado ciu-dadano dio a la excitación que se le hizo para que rin-diera las pruebas de sus asertos; y en ella se advierte que si bien insiste en ellos, rehúsa que se le dé el carácter de acusador, creyéndose eximido de justificarlos y dejando este punto a cargo de Vuestra Honorabilidad.

No entrará la comisión en el examen de si don Sal-vador Marcucci es ciudadano mexicano, sin embargo

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de que notoriamente se sabe que es extranjero, porque siendo casado con mexicana quizá se le habrá expedido la carta de naturaleza de que habla el artículo 13 de las bases orgánicas, la cual en rigor debiera haber acompa-ñado. Tampoco dilucidará si la falta de cualidades cons-titucionales en los electos, induce acción popular, o si tal gestión es privativa de las autoridades a quienes la Cons-titución erige en calificadoras, a pesar de que para lo pri-mero no se encuentra prevención alguna ni en el artículo 9º de las bases, que recopila todos los derechos de los habitantes de la República, ni en todo el texto de ellas. Se le limitará, pues a ventilar las siguientes cuestiones: ¿está obligado el ciudadano, que en uso de alguna acción popular, se constituye delator o denunciante, objetando algún delito a otro, o contendiendo que en su persona no concurre alguna de las cualidades, por cuya deficien-cia se le pudiera seguir perjuicio, a rendir la prueba res-pectiva de los hechos que forman el fundamento de su intención? ¿Basta la simple denuncia de no concurrir las cualidades constitucionales en uno de los electos, para inquirir de oficio la existencia o inexistencia de los he-chos relativos? Y contrayéndonos al caso ocurrente, ¿hay motivo para ampliar la averiguación?

El derecho público y el derecho civil, como que par-ten de un mismo origen, deben prestarse mutuo auxilio cuando se trata de aclarar algunas materias dudosas, prin-cipalmente cuando el primero ha asentado ciertas bases o reglas generales, y no se encuentran decisiones expresas acerca de las consecuencias que de aquéllos pueden re-sultar. Por ejemplo, el artículo 28 de la Carta fundamen-tal que nos rige, exige en el diputado electo naturaleza o

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vecindad, ejercicio de ciudadanía, cierta edad y el capi-tal que designa; mas no prevé el caso de que alguno de buena o mala fe, hecha una elección, objete a otro de faltarle alguna de aquellas cualidades imputándole algún delito. Entonces, pues, debe tener y tiene aplicación la ley civil, y sin duda contrayéndonos al caso que nos ocu-pa, observamos que la ley 3a título 33, libro 12 de la 9a recopilación previene: “Que si alguno no probare la de-lación que hizo, sea condenado en todas aquellas penas que el derecho dispone y en las costas”. Por estas palabras textuales de la ley, se advertirá que no sólo el acusado, sino también el denunciante queda obligado a probar los hechos que alega. Por otra parte, los mutualistas en-señan, como principios elementales, que hay negativa de derecho, negativa de calidad y negativa de hecho, y dicen que por la primera se entiende aquella en que se niega la conformidad de alguna cosa con lo preinserto con la ley, como cuando se niega que otro pueda ser juez, abogado, testigo, etcétera, asentando que en ese caso la prueba co-rresponde al negante.

Supuesto lo dicho, don Salvador Marcucci, induda-blemente estaba obligado a rendir las pruebas que de-jaran justificada su aserción; mas sean cuales fueren los resultados que por haberlo omitido le sobrevengan, para lo que deben quedar salvos los derechos de la parte ofen-dida, resulta ahora la duda de si hecha la denuncia de faltar algún requisito constitucional a uno de los electos, la autoridad calificadora debe poner en acción algunos medios inquisitivos. No vacila la comisión en decidirse por la afirmativa, y se funda en el artículo 157 de las Ba-ses. En éste se impone a las asambleas departamentales

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la obligación de calificar las elecciones de sus miembros. Al que se le impone una obligación, virtualmente se le conceden los medios de llenarla, porque mal podría veri-ficarlo, si no pudiera hacer uso de ellos.

Pero ¿nos hallamos en este caso, contrayéndonos a la persona cuya reputación se ha herido con referencias tan vagas como difamatorias? La comisión juzga que no y se funda en lo que sigue: Contra el Sr. Lic. don Benito Juárez, sólo obra una denuncia sin prueba alguna, que no es remoto que proceda de un origen cenagoso e impuro, como la animosidad, la venganza, la envidia o cualquiera otra pasión desordenada; y en su favor existe un hecho que constituye una prueba plena de su inocencia y habilidad; es por decirlo así, lo que los juristas llaman presumptio juris. Ese hecho estriba en ser actualmente fiscal propietario del Tribunal Superior de Justicia del Departamento. ¿Y qué cualidades se requieren para serlo? El artículo 14 del de-creto del 14 de mayo de 1844, dice: que ser mexicano por nacimiento, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, tener la edad de treinta años, no haber sido condenado en proceso legal por ningún crimen, ser letrado y haber ejerci-do la profesión por lo menos diez años, o la judicatura por seis, y merecer la confianza plena del Gobierno. ¿Y por qué crisol debe pasar el que es elevado a la Magistratura? Por el que designa la parte 5a del artículo 142 de las Bases, es decir, la terna del Gobierno Departamental, la elección del Presidente de la República, el acuerdo de Vuestra Honora-bilidad y la audiencia del Tribunal Superior. ¿Y es posible que tan respetables autoridades carecieran de la noticia que ahora quiere dar un simple ciudadano, o manifestaran connivencia o disimulo respecto del candidato? ¿Es posible

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que el mismo Tribunal Superior ante quien se dice que pende la causa que se refiere, no tuviera conocimiento de ella o la ocultara?

Convengamos, pues, en que no hay méritos para empeñarse en hacer superfluas indagaciones; y por lo tanto, la comisión propone a Vuestra Honorabilidad el artículo siguiente:

No es de tomarse en consideración la denuncia he-cha por don Salvador Marcucci, de estar procesado cri-minalmente el Sr. Lic. don Benito Juárez, vocal electo por la junta electoral del Departamento.

Sala de comisiones de la Honorable Asamblea.Oaxaca, noviembre 19 de 1845.— Manero.— A. Díaz.—

Hernández.— Noviembre 19 de 1845.— Primera lectura y con dispensa de trámites se discutió y fue aprobada. Garmendia, Secretario.— Es copia. Oaxaca, marzo 10 de 1846.— Demetrio Garmendia, Secretario.”

Esta respetable resolución, que me honra, habría bastado para confundir y avergonzar a otro denunciante que no fuera Marcucci, a otro denunciante que conservara algún resto de pudor, y delicadeza; pero mi calumniador, abu-sando de mi moderación, ha continuado molestándome, repitiendo en sus comunicados al periódico La Bocina, las injurias que me prodigó en su oficio mencionado. Por esto me ha sido ya preciso romper el silencio que había guardado sobre este negocio, escribiendo este artículo, no para satisfacer a Marcucci, a quien veo con el desprecio que es acreedor un falso delator, sino para manifestar al público respetable el resultado que tuvo en la Honorable Asamblea Departamental la denuncia referida, y para ha-

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cerle presente que he puesto ya mi demanda judicialmen-te para obligar a Marcucci a que justifique sus calumniosos asertos. En el juicio que he promovido debe mi contrario presentar la causa que dice se me instruye, el auto motiva-do de prisión que exista en mi contra, cualquiera otra pro-videncia que me prive de los derechos de ciudadano, y las pruebas que tenga para decir que obtengo ilegalmente el empleo de Ministro Fiscal del Tribunal Superior de Justi-cia de este Departamento. Si Marcucci no quiere aparecer como un hombre falaz, como un falso denunciante, si no quiere ser tenido por un hombre de mala fe, si no quiere que se le llame detractor vil y despreciable de la honra aje-na, debe en el momento que lea este comunicado, no sólo publicar por la imprenta esos datos que formalmente le exijo, sino presentarlos ante el juez competente para que contra mí se dicten las providencias que haya lugar en jus-ticia. Éste es el camino que debe seguir Marcucci. Éste es el modo con que debe conducirse un hombre honrado. Sólo los charlatanes y necios, sin educación y sin honra, hablan sin fundamento y sin pruebas.

Baste por ahora lo dicho, y concluyo suplicando al público suspenda su juicio sobre cuanto haya dicho y dijere don Salvador Marcucci sobre este particular, en-tretanto concluye el juicio que he iniciado, y cuyo final resultado ofrezco publicar para la justa vindicación de mi honor ultrajado vilmente por un hombre a quien ningún mal he causado, sino que antes bien lo he visto con lástima, porque siempre me inspira compasión la suerte de todo hombre que se haya visto en la necesidad de abandonar su Patria, viniendo sin recursos a labrar su fortuna en mi país.

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PIDE LA COOPERACIÓN DEL CLERO FRENTE

A LOS INVASORES ESTADOUNIDENSES1

Los adjuntos impresos impondrán a V.S.I. de las no-ticias que por extraordinario recibí la noche de ayer. Ellas anuncian la próxima invasión del Estado por las fuerzas del enemigo exterior, y este Gobierno que está resuelto a llevar al cabo la más justa y santa de las gue-rras, necesita del auxilio eficaz de todos los habitantes del Estado. Muy robusto e importante es el de V.S.I. y el de su venerable clero secular y regular para reanimar el espíritu del pueblo, hacerle conocer el peligro en que se halla de perder su Patria y religión, y la obligación estrecha, imprescindible, en que se halla de sacrificarse por estos dos objetos sagrados. A este fin, me dirijo a V.S.I. para que por su parte y excitando a su venerable clero secular y regular se inculquen estas verdades en las pláticas y sermones públicos, y valiéndose de todos los medios que estime convenientes.

El Gobierno cuenta con la cooperación de V.S.I. para llenar tan importantes objetos, y no se equivoca al esperar que V.S.I. le dé una muestra de su acendrado patriotismo y de su celo pastoral.

1 Carta dirigida al obispo de la Diócesis de Oaxaca, el 25 de enero de 1848, ibid., p. 519.

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PIDE AL OBISPO SE UTILICEN LAS RENTAS

DE UN LEGADO PARA FINES EDUCATIVOS1

En el año de 1782 se fincó por los herederos de don Juan Bautista Echarri, un capital de 3 300 pesos para el sos-tenimiento de una escuela de primeras letras que debía establecerse en esta villa. Algún tiempo existió y sus gastos fueron cubiertos con los réditos de ese capital; después han dejado de pagarse y el establecimiento dejó de existir con perjuicio de la ilustración de la juventud, a pesar de encontrarse en buen estado y produciendo las casas sobre que se reconoce una parte de ese capital, y la hacienda de Zuleta sobre la que se reconoce otra parte. V.S.I. es el pa-trono de este establecimiento y a quien corresponde cui-dar de su existencia, dictando las providencias que estime convenientes para hacer efectivo el cobro de los réditos y el nombramiento de preceptor en persona que merez-ca su confianza; pero como existe un despacho del Ilmo. Sr. Obispo Dr. don Gregorio José de Omaña, fechado en Oaxaca el 15 de marzo de 1798, por el cual se confió esta atribución al R.P. Ministro Prior provincial de Santo Do-mingo, y por falta de antecedentes no sepa yo el valor que aún pueda tener, me dirijo a V.S.I. como interesado en la mejora de esta población y en el adelanto de la juventud

1 Carta dirigida desde Tehuantepec, el 26 de octubre de 1851, al obispo diocesano en Oaxaca, ibid., pp. 730-731.

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que se educa en ella, para que se sirva, si lo tiene a bien, releer el despacho citado y acordar lo que fuere mejor en su acertado juicio para el cumplimiento exacto de la vo-luntad del fundador y del logro de tan importante objeto.

Por el vivo deseo que tengo del progreso de los pue-blos mediante su ilustración, me permito la libertad de indicar a V.S.I. que sería muy conveniente que los ré-ditos corrientes de ese capital, se destinen al pago de una preceptora que se encargue de las niñas, que es el establecimiento que hace falta en esta villa; pues el Ex-celentísimo Ayuntamiento de la misma tiene dotadas y en buen estado tres escuelas para jóvenes, con las que por ahora basta para su instrucción. También sería del caso que para el cobro de réditos atrasados y para el nombramiento de preceptora e inversión de los rédi-tos corrientes, diera V.S.I. amplias facultades al R.P. cura de esta villa, fray Mauricio López, cuya honradez y celo es muy conocido a V.S.I. para que sin tropiezo se abriera una amiga pública2 en esta villa, sostenida con los fondos de tan benéfica obra pía, y el sexo femenino contara con ese plantel de educación en que pudiera mejorar sus costumbres y su moral.

Si esta indicación merece a V.S.I. una favorable aco-gida, yo me complaceré mucho en auxiliar sus provi-dencias, haciendo lo mismo con cualquiera otra deter-minación que dicte, pues la oportunidad de estar en este lugar y de tener conocimiento de todo lo expuesto, me facilitará los medios de verificarlo y de hacer en unión de V.S.I. a esta población un beneficio de la ma-yor importancia.

2 Escuela de primera enseñanza.

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Sírvase V.S.I. comunicarme la resolución que dicte sobre el particular para los fines que convenga y admi-ta con agrado las protestas de mi atenta y distinguida consideración.

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PREVÉ LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA

Y EL ESTADO1

El pensamiento de fundar un Hospicio de Pobres en Oaxaca, se debe al filántropo don Pedro José de la Vega, hijo de esta ciudad, quien el 15 de enero de 1818, confirió poder ante el escribano público, don Francisco Mariscal, a su esposa doña Francisca Varela y a los Sres. don José María de la Vega y don Francisco Ramírez, para testar por él, nombrando a los tres en el mismo or-den sus albaceas. No habiendo tenido efecto este testa-mento, el 9 de enero de 1828, ante el mismo escribano nombró en lugar de los albaceas 2.o y 3.o a don Joaquín María Casas, quedando firme el de su esposa.

Habiendo muerto el Sr. Vega el día 12 de septiem-bre de 1828, la viuda doña Francisca Varela, cum-pliendo con la voluntad del finado, escrituró el 11 de noviembre de 1831 ante el escribano público don José Ignacio Salgado el capital de $ 89 290.81, para fundar

1 Ibid., t. 1, pp. 657-660. Aunque este texto no corresponde a un documento, sino que es un relato posterior, lo incluimos en esta selec-ción, porque caracteriza la temprana actitud de Juárez frente al clero. La narración es de Manuel Martínez Gracida, distinguido historiador oaxaqueño de la segunda mitad del siglo pasado. El original nunca fue publicado y se conoció por la copia que reproducimos en Juárez. Documentos, discursos…, tomado de un periódico contemporáneo de la ciudad de Oaxaca.

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el referido Hospicio y nombró patrono a la fundación al Obispo de Oaxaca y, en su defecto, al que gobernase la Diócesis en su nombre o por sede vacante.

La Sra. Varela puso desde luego el capital en manos del Cabildo Eclesiástico, quien lo comenzó a adminis-trar e invirtió algunas sumas, pero de los réditos, en auxilio de los Hospitales de San Cosme y San Juan de Dios y en limosnas a los pobres.

Electo Obispo de Oaxaca el Sr. don Antonio Mante-cón y tomado posesión de su Mitra el 6 de julio de 1844, pasó luego el capital de la fundación a ser administrado por él. Este señor lo mismo que el Cabildo Eclesiástico, enervaron el establecimiento del Hospicio, y dando di-versa inversión a dicho capital, comenzó a murmurarse de su conducta.

Esto pasaba en 1849, época en que el Sr. Lic. Beni-to Juárez era Gobernador de Oaxaca. Conociendo este gobernante el mal estado en que la beneficencia se en-contraba a causa de las continuas revoluciones que agi-taban el país, excitó primero al Ayuntamiento a mejorar las condiciones del Hospital de Belén y, conseguido el objeto, fijó después su atención en el establecimiento del Hospicio con el laudable fin de dar a los pobres el abrigo y auxilio que reclamaba su calamitosa situación.

Haciendo la sociedad inculpaciones al Gobierno de la mala inversión que se daba a la obra pía del benefactor Vega, de que no se ponía de acuerdo con el Diocesano para dar cumplimiento a la fundación de la Casa de Asi-lo, comisionó al Sr. Lic. Manuel Ruiz, que era el Secre-tario de Gobierno, para que en su representación pasara a conferenciar con el Sr. Mantecón acerca del negocio y

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conseguir, si era posible, el pronto establecimiento del Hospicio.

El Sr. Ruiz, en cumplimiento de su comisión, pasó a ver al señor Obispo, y recibido por éste le expuso: Que deseando el Gobierno que la fundación del Hospicio de la Vega no fuera una utopía, le suplicaba se sirviese informarle, si estaba dispuesto a establecerlo, para en su caso ayudarlo con los elementos de que disponía. El Sr. Mantecón dijo al Sr. Ruiz con cierto desdén estas pala-bras: “Diga usted, señor Secretario, al señor Goberna-dor que no mueva este negocio”. Ruiz que no esperaba tal contestación instó al señor Obispo sobre la necesi-dad de tratar de él, no sólo por exigirlo así los deberes del Estado, sino porque era urgente darle una solución para satisfacer al pueblo que tan mal glosaba la con-ducta tanto de la Mitra como del Gobierno que no se insinuaba con ella. Entonces el Obispo citó a Ruiz para después, señalándole día y hora en que debían verse.

Llegado el día, Ruiz se presentó en el Palacio Epis-copal y no fue recibido por el Obispo; el día siguiente ejecutó la misma operación y no consiguió audiencia.

Enojado Ruiz con esta repulsa dejó al Secretario de la Mitra el siguiente recado.

Sírvase usted decir al señor Obispo que he venido a buscarle dos veces: que tenga en cuenta que traigo la re-presentación del Gobierno y no la mía particular y que mañana volveré a esta hora para hacerme entender.

A las once de la mañana del día siguiente se presentó Ruiz en el Palacio Episcopal con los Sres. Regidor don Juan Nepomuceno Almogabar y Síndico del Ayunta-

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miento don Manuel Dublán y mandó anunciarse. El Obispo Mantecón lo recibió en el acto.

Recibí, le dijo, un recado de usted poco comedido y precisamente él me obliga a contestarlo, manifestándole: que no reconozco en el yopito que gobierna Oaxaca, auto-ridad superior a la mía, y como consecuencia, no puedo ni debo tratar con él ni con su representante, el asunto que nos entrevista.

Ruiz, con la entereza que lo caracterizaba, replicó así al Sr. Mantecón: “El que ha estado poco comedido con el representante del Gobierno oaxaqueño es usted que ha dado muestras del poco respeto que le tiene” y se retiró.

Dada cuenta a Juárez con el resultado de este nego-cio, dirigió al Obispo el siguiente recado:

Comprendo bien, padre Obispo, que la fundación del Hospicio no se llevará a efecto porque el clero no soltará de sus manos los fondos que dejó el benefactor; pero sepa usted que si hoy no aprovecha la preocupación religiosa, que le da su superioridad, llegará un día en que esa ficticia superioridad de que hace usted alarde para despreciar al Gobierno, quede para siempre bajo la férula del Poder Ci-vil que es como debe estar. Dios dé vida a usted para que lo vea, y a mí para que se lo haga notar.

El Sr. Mantecón no alcanzó a ver la realización del pro-nóstico por haber muerto el 11 de febrero de 1852.

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JUÁREZ, MATA Y GÓMEZ OFRECEN

SUS SERVICIOS A LA JUNTA

REVOLUCIONARIA EN BROWNSVILLE1

Los que suscribimos, deseosos de cooperar al triunfo de la guerra que han emprendido nuestros compatriotas para destruir la ominosa dominación del Gral. Santa Anna, hemos acordado unánimemente, trasladarnos al campo de la revolución, para allí prestar los servicios que estén a nuestro alcance para el logro de tan sagrado objeto. Poco o nada vale ciertamente cada uno de noso-tros en lo particular; pero nuestros esfuerzos reunidos podrán servir de algún peso en la balanza en que hoy se pesan los destinos de la desgraciada México. Ese peso se aumentará más, el esfuerzo será más eficaz si hombres influyentes por su capacidad, por sus servicios, por su integridad y por su acrisolado patriotismo se asocian a nuestra empresa.

Ustedes pertenecen a esos hombres. Ustedes tam-bién, como nosotros, sufren la cruel persecución que el opresor de México hace a todos los hombres honrados. Justo es, pues, que les participemos nuestra resolución que, no lo dudamos un momento, harán suya, uniendo su suerte a la nuestra, a la de nuestros hermanos, que

1 Carta enviada desde Nueva Orleans a Melchor Ocampo y Pon-ciano Arriaga, el 28 de febrero de 1855, en op. cit.

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exponen su vida en el campo de batalla, a la de la madre Patria que, contando con la lealtad de sus nobles hijos, llora y gime y pide socorro contra el verdugo condeco-rado que la oprime y la deshonra.

Aparte de esas consideraciones, existe también la de nuestro propio honor, la de nuestra propia dignidad. Us-tedes saben que el Gral. Santa Anna, juzgándonos por su propio pecho, nos ha cerrado de nuevo las puertas de la Patria que ofrece abrirnos a condición de que nos humi-llemos a jurarle obediencia y a sancionar con nuestro ju-ramento la injusticia que ha hecho pesar sobre nosotros y sobre nuestras desgraciadas familias y los demás actos criminales y atentatorios de su administración.

Acostumbrado a imponer su caprichosa voluntad a seres envilecidos que se filian en los partidos por especu-lación, cree encontrar en nosotros, con el amago del des-tierro perpetuo, una sumisión que para nosotros no hay fuerza, no hay pena bastante que nos obligue a reconocer como legal y justa su arbitraria e inmoral administración. Nuestra personal cooperación al esfuerzo nacional, nues-tra presencia en los campos sagrados donde tremola ya el estandarte de la libertad, será la mejor contestación que debemos dar al insulto que se nos hace.

Esta conducta convencerá al Gral. Santa Anna y probará a amigos y enemigos, que respetamos nuestra dignidad de hombres libres y que, antes de nuestras co-modidades personales, deseamos el triunfo de la demo-cracia y de la libertad de nuestro país.

No queremos alargar más esta carta exponiendo otros motivos de la revolución que les comunicamos. Ustedes los conocen mejor que nosotros y por tanto

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concluimos manifestándoles que quedamos esperando su anuencia para que de acuerdo con ustedes fijemos el día de nuestra marcha.

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SE PREPARA PARA SALIR A ACAPULCO

VÍA PANAMÁ1

Contesto la carta oficial que ustedes se sirven dirigirme con fecha 3 de este mes, acompañándome una letra en valor de 250 pesos para que emprenda mi marcha a Acapulco donde la Junta Revolucionaria Mexicana juz-ga útiles mis servicios o bien a esa ciudad si lo juzgan conveniente.

Dispuesto a servir a la causa de la libertad, en cuanto dependa de mi posibilidad, obsequiaré gustoso la invi-tación de tan respetable Junta marchando de preferen-cia al primer punto, si tuviere la seguridad de poder desembarcar allí, pues de los informes que se me han dado hasta hoy resulta que los buques de Panamá van a California, o no tocan ya Acapulco o que si tocan es con prohibición de desembarco y recibir corresponden-cia y pasajeros. Como hace tiempo que no se reciben aquí noticias de Acapulco ni por cartas, ni por personas que vengan de aquel puerto, me inclino a creer que se hace efectiva semejante prohibición. Sin embargo, si de otros informes que espero recibir, resultare que no haya

1 Carta dirigida desde Nueva Orleans, el 15 de junio de 1855, a Melchor Ocampo y José María Mata, presidente y secretario de la Junta Revolucionaria Mexicana en Brownsville, op. cit. (1971), t. 2, pp. 49-50.

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el obstáculo que ahora se presenta, emprenderé mi mar-cha inmediatamente. En caso contrario me dirigiré a esa ciudad o a donde se me indicare que pueda ser útil en alguna cosa, en cuyo caso, si me fuere absolutamente indispensable, haré uso de la referida letra o de parte de ella.

Sírvanse ustedes manifestar a la respetable Junta lo expuesto, así como mi más profundo reconocimiento por las consideraciones que me dispensa, sólo por su bondad y no porque yo tenga mérito alguno para tan alta distinción.

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EL GOBIERNO INSISTE EN LA EXTINCIÓN

DEL FUERO ECLESIÁSTICO1

Di cuenta al Excmo. señor Presidente de la República con el oficio de V.S.I., fecha 27 del mes que finaliza, en el que protesta contra los artículos 42 y 44 y 4.o de los transitorios de la Ley de 23 del mismo mes, que inhibe a los jueces eclesiásticos del conocimiento de los nego-cios civiles, autoriza a los individuos del clero para re-nunciar su fuero en los delitos comunes y manda pasar a los jueces ordinarios respectivos, los negocios civiles pendientes en los tribunales eclesiásticos. S.E. me orde-na conteste a V.S.I., como tengo la honra de hacerlo, que antes de sancionar la mencionada ley, tuvo presen-te las razones en que V.S.I. apoya sus protestas; pero que siendo más poderosas las que pesaron en su ánimo para adoptar las medidas que contienen los artículos referidos, está resuelto a llevarlas a debida ejecución, poniendo en ejercicio todos los medios que la sociedad ha depositado en sus manos, para hacer cumplir las le-yes y sostener los fueros de la autoridad suprema de la Nación.

S.E. está profundamente convencido de que la Ley que ha expedido sobre Administración de Justicia, en

1 Carta dirigida al arzobispo de México, el 30 de noviembre de 1855, ibid., pp. 116-117.

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manera alguna toca punto de religión, pues en ella no ha hecho otra cosa que restablecer en la sociedad la igualdad de derechos y consideraciones, desnivelada por gracia de los soberanos que, para concederla, con-sultaron los tiempos y las circunstancias. La autoridad suprema, al retirar las gracias o privilegios que alguna vez concede, usa de un derecho legítimo que a nadie le es lícito desconocer y mucho menos enervar. Recuerde V.S.I. el origen del fuero y, penetrado de esta verdad, no encontrará motivo para que el Soberano ocurra al Sumo Pontífice y acuerde y combine con Su Santidad un punto que es de su libre atribución y respecto del cual, no reconoce en la tierra superior alguno.

Por todas estas razones que V.S.I. debe estimar en todo valor y porque el deber mismo del Excmo. señor Presidente lo empeña en impartir a todas sus autorida-des los auxilios necesarios para dar cumplimiento a la ley, en cuyo caso las disposiciones de V.S.I. quedarán sin efecto. S.E. se promete del sano juicio de V.S.I., de su amor al orden y, sobre todo, al acatamiento que debe a la autoridad suprema de la Nación, que sin trámite ulte-rior manifestará obediencia a la ley, sean cuales fueren las protestas que haga para salvar su responsabilidad si en algo la encuentra comprometida; en el concepto de que las consecuencias del desobedecimiento de la ley serán de la exclusiva responsabilidad de V.S.I.

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SUPRESIÓN DEL FUERO EN MATERIA CIVIL1

Elevé al conocimiento del Excmo. señor Presidente de la República, el oficio de V.S.I. de fecha 30 de noviem-bre próximo pasado, en que protestando contra los ar-tículos 42, 44 y 4º de los transitorios de la Ley de 23 del mismo mes, solicita se someta este negocio a la resolu-ción del venerable jefe de la Iglesia, y que se suspendan entretanto los efectos de la referida Ley.

V.S.I. se propone demostrar que la supresión del fuero en materia civil no es del resorte del Supremo Gobierno de la Nación, al menos sin el previo acuerdo del Sumo Pontífice. Fácil sería desvanecer, aun con las mismas doctrinas que cita V.S.I., los fundamentos en que apoya sus protestas, si dada la ley que el Gobierno no considera justa y conforme a los intereses de la socie-dad, fuera conveniente a su decoro y dignidad entrar en discusión con alguno de sus súbditos sobre el cumpli-miento o desobedecimiento de ella; pero S.E. se halla colocado en el deber muy estrecho de cumplir y hacer cumplir la ley, y no puede permitir que se suspendan sus efectos.

En tal virtud S.E. me ordena diga a V.S.I. en respuesta a su citada comunicación, que no puede acceder a la sus-

1 Carta dirigida al obispo de Michoacán, el 5 de diciembre de 1855, ibid., pp. 122-123.

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pensión que V.S.I. solicita de los efectos de la ley de 23 de noviembre último, y que habiendo salvado V.S.I. su responsabilidad con las protestas que ha consignado en su repetida comunicación, no habrá por parte de V.S.I. motivo alguno que indique un acto de desobediencia a la Ley.

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LE INQUIETAN LOS RUMORES SOBRE

EL GOLPE DE ESTADO1

Mucho se dice de un golpe de Estado y de cambio de política del Gabinete; pero yo no creo que el Sr. Co-monfort quiera precipitarse a su perdición, separán-dose del orden legal que va a comenzar el día 16 del corriente.

1 Carta dirigida desde Oaxaca a Matías Romero, el 8 de septiem-bre de 1857, ibid., p. 255.

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JAMÁS VOLVEREMOS ATRÁS1

Aunque la Constitución no es del agrado del señor Pre-sidente, no es de temer que la destruya, pues siendo del gusto de toda la Nación encontrará siempre apoyo en la representación nacional, y yo entiendo que jamás volve-remos atrás como lo desean los enemigos de la libertad.

1 Carta dirigida desde Oaxaca a Matías Romero, el 22 de septiem-bre de 1857, ibid., pp. 258-259.

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ES LLAMADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN1

El extraordinario portador de ésta, conduce tu nombra-miento para el Ministerio de Gobernación; espero de tu patriotismo y amistad que no dejarás de aceptar este encargo en circunstancias en que tus auxilios pueden contribuir muy eficazmente a la marcha de la adminis-tración pública y el bien de la Patria que tan sincera-mente deseo. Me ayudarás también a calmar algunas pretensiones de la familia liberal, peligrosa en la difícil crisis que atravesamos; y, por último, para que estés al tanto de la situación y el conocimiento de ella, te fa-cilito el despacho de los negocios para cuando, como Presidente de la Suprema Corte, tengas que encargarte del mando supremo de la Nación, porque así lo exija mi falta de salud o alguna otra causa grave.

Este nombramiento me lo ha inspirado también el deseo de dar a la Nación un testimonio público del aprecio con que el Gobierno ha visto los sufragios que ha emitido a tu favor para una de las Primeras Magis-traturas.

No se me oculta la falta de tu presencia en ese Esta-do, pero debemos pasar por este inconveniente como más superable.

1 Carta confidencial del presidente Ignacio Comonfort dirigida a Juárez en Oaxaca, de fecha 31 de octubre de 1857, ibid., p. 269.

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Espero una contestación satisfactoria de tu parte y me repito como siempre tu afectísimo amigo y servidor q.b.t.m.

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ACEPTA EL NOMBRAMIENTO

DE SECRETARIO DE GOBERNACIÓN1

Por la apreciable comunicación de V.S. de fecha 19 del corriente, me he impuesto de que el Excmo. señor Pre-sidente de la República, se ha servido honrarme con el nombramiento de Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.

Lo crítico de las circunstancias en que se encuentra la Nación, me obligan a aceptar dicho nombramiento, porque es un puesto de prueba, porque es un deber de todo ciudadano sacrificarse por el bien público, y no esquivar sus servicios por insignificantes que sean, cuando se los reclama el jefe de la Nación, y porque mis convicciones me colocan en la situación de cooperar de todas maneras al desarrollo de la gloriosa revolución de Ayutla. Sin estas consideraciones, rehusaría el alto honor a que soy llamado por la bondad de S.E.

Hoy mismo solicito del Congreso del Estado el per-miso correspondiente para separarme de este Gobier-no, y obtenido que sea, emprenderé mi marcha a esa Capital.

Sírvase V.S. poner todo lo expuesto en el conoci-miento del Excmo. señor Presidente de la República,

1 Carta dirigida desde Oaxaca al oficial mayor al ministerio de Gobernación, el 24 de octubre de 1857, ibid., pp. 270-271.

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dándole las gracias en mi nombre por la confianza que se digna dispensarme, y aceptar para sí las protestas de mi consideración y distinguido aprecio.

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FRENTE AL GOLPE DE ESTADO

JUÁREZ REASUME EL MANDO SUPERIOR1

MEXICANOS:

El Gobierno Constitucional de la República, cuya mar-cha fue interrumpida por la defección del que fue depo-sitario del poder supremo, queda restablecido. La Carta Fundamental del país ha recibido una nueva sanción, tan explícita y elocuente, que sólo podrán desconocerla los que voluntariamente quieran cerrar los ojos a la evi-dencia de los hechos.

Los hombres que de buena o mala fe repugnaban aceptar las reformas sociales que aquel Código estable-ce para honor de México y para el bien procomunal, han apurado todos sus esfuerzos a fin de destruirlo. Han promovido motines a mano armada, poniendo en peligro la unidad nacional y la independencia de la República. Han invocado el nombre sagrado de nuestra religión, haciéndola servir de instrumento a sus ambi-ciones ilegítimas y queriendo aniquilar de un solo golpe la libertad que los mexicanos han conquistado a costa de todo género de sacrificios, se han servido hasta de los mismos elementos de poder que la Nación deposi-tara para la conservación y defensa de sus derechos en

1 Manifiesto lanzado en Guanajuato, el 19 de enero de 1858, ibid., pp. 293-294.

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manos del jefe, a quien había honrado con su ilimitada confianza. Sin embargo, tan poderosos como han sido esos elementos, han venido a estrellarse ante la volun-tad nacional, y sólo han servido para dar a sus promove-dores el más cruel de los desengaños y para establecer la verdad práctica de que de hoy en adelante los destinos de los mexicanos no dependerán ya del arbitrio de un hombre solo, ni de la voluntad caprichosa de las faccio-nes, cualquiera que sean los antecedentes de los que las formen.

La voluntad general expresada en la Constitución y en las leyes que la Nación se ha dado por medio de sus legítimos representantes, es la única regla a que deben sujetarse los mexicanos para labrar su felicidad, a la sombra benéfica de la paz. Consecuente con este principio, que ha sido la norma de mis operaciones, y obedeciendo al llamamiento de la Nación, he reasumi-do el mando supremo luego que he tenido libertad para verificarlo. Llamado a este difícil puesto por un precep-to constitucional y no por el favor de las facciones, pro-curaré en el corto periodo de mi administración, que el Gobierno sea el protector imparcial de las garantías in-dividuales, el defensor de los derechos de la Nación y de las libertades públicas. Entretanto se reúne el Congreso de la Unión a continuar sus importantes tareas, dictaré las medidas que las circunstancias demanden para ex-peditar la marcha de la administración en sus distintos ramos y para restablecer la paz. Llamaré al orden a los que con las armas en la mano o de cualquiera manera niegan la obediencia a la ley y a la autoridad; y si por alguna desgracia lamentable se obstinaren en seguir la

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senda extraviada que han emprendido, cuidaré de repri-mirlos con toda la energía que corresponde, haciendo respetar las prerrogativas de la autoridad suprema de la República.

Mexicanos: sabéis ya cuál es la conducta que me pro-pongo seguir; prestadme vuestra cooperación: la causa que sostenemos es justa, y confiemos en que la Provi-dencia Divina la seguirá protegiendo como hasta aquí.

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NO ACEPTA LA AYUDA DE VOLUNTARIOS

EXTRANJEROS EN UNA LUCHA INTERNA1

He recibido las cartas que se sirvió usted remitirme con fecha 13 de junio y 1o de julio así como también el im-preso que acompañó usted a su primera, manifestando sus simpatías por el Partido Liberal de esta República y deseando vivamente su triunfo al cual desea cooperar organizando en ésa un Regimiento de voluntarios de caballería compuesto de diez Compañías de cien plazas cada una y que pondría al servicio de la Nación con las condiciones especificadas en su segundo estado, y en contes tación debo manifestarle que le agradezco sus simpatías y buenos deseos respecto del Partido Liberal, pues creo que es el único que trabaja leal y desintere-sadamente por mejorar la condición de los mexicanos y la de mi país; pero no puedo aceptar el ofrecimiento de usted ni tomar fuerzas extranjeras para sostener una contienda civil, ni menos ahora que bastan los recursos nacionales del gobierno para restablecer la paz y el or-den constitucional que en vano intentan derrocar.

1 Carta enviada desde Veracruz a Guillermo R. Henry en San Antonio, Tex., el 3 de agosto de 1858, ibid., pp. 392-393.

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JUSTIFICACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA1

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL, A LA NACIÓN:

En la difícil y comprometida situación en que hace 18 meses se ha encontrado la República, a consecuencia del escandaloso motín que estalló en Tacubaya a fines de 1857, y en medio de la confusión y del desconcierto introducidos por aquel atentado, tan injustificable en sus fines como en sus medios, el poder público, que en vir-tud del Código político del mismo año, tiene el impres-cindible deber de conservar el orden legal en casos como el presente, había juzgado oportuno guardar silencio acerca de los pensamientos que abriga para curar radical-mente los males que afligen a la sociedad, porque una vez entablada la lucha armada entre una inmensa mayoría de la Nación y los que pretenden oprimirla, creía llenar su misión apoyando los derechos de los pueblos por los medios que estaban a su alcance, confiado en que la bon-dad misma de una causa que tiene a su favor la razón y la justicia y los repetidos desengaños que de su impotencia para sobreponerse a ella debían recibir a cada paso sus adversarios, harían desistir a éstos de su criminal intento, o sucumbir prontamente en tal contienda.

Mas cuando, por desgracia, no ha sido esto así; cuan-do a pesar de la prolongada resistencia que la sociedad

1 Ibid., pp. 485-500.

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está oponiendo al triunfo de aquel motín, los autores de éste continúan empeñados en sostenerlo, apoyados únicamente en la decidida protección del alto clero y en la fuerza de las bayonetas que tienen a sus órdenes; cuando, por resultado de esa torpe y criminal obstina-ción, la República parece condenada a seguir sufriendo aún por algún tiempo los desastres y las calamidades que forman la horrible historia de tan escandalosa re-belión, creería el Gobierno faltar a uno de los primeros deberes que la misma situación le impone, si suspen-diera por más tiempo la pública manifestación de sus ideas, no ya sólo acerca de las graves cuestiones que hoy se ventilan en el terreno de los hechos de armas, sino también sobre la marcha que se propone seguir en los diversos ramos de la administración pública.

La Nación se encuentra hoy en un momento solem-ne, porque del resultado de la encarnizada lucha, que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su por-venir. En momento tan supremo, el Gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la Nación y hacer escuchar en la voz de sus más caros derechos e intereses, no sólo porque así se uniformará más y más la opinión públi-ca en el sentido conveniente, sino porque así también apreciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacrificios que están haciendo al combatir con sus opre-sores, y porque así, en fin, se logrará que en todas las Naciones civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el verdadero objeto de esta lucha que tan hondamen-te conmueve a la República.

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Al cumplir hoy este deber, nada tiene que decir el Gobierno respecto de sus pensamientos sobre la or-ganización política del país, porque siendo él mismo una emanación de la Constitución de 1857, y consi-derándose, además, como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, debe com-prenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que los ciudadanos todos, sin distinción de clases ni condiciones, disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad; a que unas y otras se hagan siempre efectivas por la buena administración de justicia; a que las autoridades todas cumplan fielmente sus deberes y atribuciones, sin exce-derse nunca del círculo marcado por las leyes y, final-mente, a que los Estados de la Federación usen de las facultades que les corresponden para administrar libre-mente sus intereses, así como para promover todo lo conducente a su prosperidad, en cuanto no se oponga a los derechos e intereses generales de la República.

Mas como quiera que esos principios, a pesar de ha-ber sido consignados ya, con más o menos extensión, en los diversos códigos políticos que ha tenido el país desde su independencia, y, últimamente, en la Cons-titución de 1857, no han podido ni podrán arraigarse en la Nación, mientras que en su modo de ser social y administrativo se conserven los diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de inmoralidad y de desorden que los contrarían, el Gobierno cree que sin apartarse esencialmente de los principios constitutivos, está en el deber de ocuparse muy seriamente en hacer desaparecer esos elementos, bien convencido ya por la

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dilatada experiencia de todo lo ocurrido hasta aquí, de que entretanto que ellos subsistan, no hay orden ni li-bertad posibles.

Para hacer, pues, efectivos el uno y la otra dando unidad al pensamiento de la reforma social por medio de disposiciones que produzcan el triunfo sólido y com-pleto de los buenos principios, he aquí las medidas que el gobierno se propone realizar:

En primer lugar, para poner un término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida, que una parte del clero está fomentando hace tanto tiempo en la Nación, por sólo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio, y despojar de una vez a esta clase de elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indispensable:

1o Adoptar, como regla general invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos.

2o Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino, sin excepción alguna, secularizándose los sacerdotes que actualmente hay en ellas.

3o Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermandades y, en general, todas las corporaciones o congregaciones que existen de esta naturaleza.

4o Cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conservándose las que actualmente existen en ellos, con los capitales o dotes que cada una haya introducido y con la asignación de lo necesario para el servicio del culto en sus respectivos templos.

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5o Declarar que han sido y son propiedad de la Na-ción todos los bienes que hoy administra el clero secular y regular con diversos títulos, así como el excedente que tengan los conventos de monjas, deduciendo el monto de sus dotes y enajenar dichos bienes, admitiendo en pago de una parte de su valor, títulos de deuda pública y de capitalización de empleos.

6o Declarar, por último, que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes, así por la administración de los sacramentos como por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo producto anual, bien distribuido, basta para atender ampliamente al sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil.

Además de estas medidas, que, en concepto del Go-bierno son las únicas que pueden dar por resultado la sumisión del clero a la potestad civil en sus negocios temporales, dejándolo, sin embargo, con todos los medios necesarios para que pueda consagrarse exclu-sivamente, como es debido, al ejercicio de su sagrado ministerio, cree también indispensable proteger en la República, con toda su autoridad, la libertad religiosa, por ser esto necesario para su prosperidad y engrande-cimiento, a la vez que una exigencia de la civilización actual.

En el ramo de justicia, el Gobierno comprende que una de las más urgentes necesidades de la República es la formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y sobre procedimientos, porque sólo de esta manera se podrá sacar a nuestra legislación del

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embrollado laberinto en que actualmente se encuentra, uniformándola en toda la Nación, expeditando la ac-ción de los tribunales y poniendo el conocimiento de las leyes al alcance de todo el mundo; y como quiera que para la ejecución de este importante trabajo basta-rá que se dediquen a él con empeño los jurisconsultos a quienes se les encomiende, el Gobierno se propone hacer un esfuerzo para que no quede aplazada por más tiempo esta mejora, a fin de que la sociedad comience a disfrutar de los numerosos beneficios que ella ha de producirle.

El establecimiento de los jurados de hecho para to-dos los delitos comunes, es también una de las exigen-cias de la Nación y el Gobierno hará cuanto esté de su parte para plantear tan interesante reforma.

Entretanto que se realiza esta innovación y se pro-mulgan los códigos, el Gobierno se propone expedir sin demora aquellas medidas que juzgue urgentes para hacer efectivas las primeras garantías de los ciudadanos, y destruir los errores o abusos que se oponen a la libre circulación de la riqueza pública.

Respecto de que la justicia sea administrada gratui-tamente, la Constitución de 1857 ha establecido ya este principio como un precepto fundamental; mas como para que tal precepto produzca los buenos efectos que se propuso el legislador, es indispensable que se pro-vea muy puntualmente al pago de los sueldos de los magistrados, jueces y empleados del ramo judicial, el Gobierno se propone atenderlo con la preferencia que merece, porque está convencido de que faltando esta circunstancia, aquel precepto, en vez de bienes causaría

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grandes males a la sociedad. Sobre este punto se pro-pone también el Gobierno dictar la providencia que sea más conveniente para impedir la multiplicación de pleitos a que pueda dar lugar esta importante reforma.

Sobre abolición de fueros de clases en delitos comu-nes, nada tiene el Gobierno que decir, porque ella está ya expresamente prevenida en la Constitución, y no será por cierto la actual administración la que piense jamás en restablecer tan injustas como odiosas distinciones.

En materia de instrucción pública, el Gobierno procurará, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, y que todos ellos sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y moralidad que se requieren para desem-peñar con acierto el cargo de preceptores de la juven-tud, porque tiene el convencimiento de que la instruc-ción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder.

Con ese mismo objeto, el Gobierno general por sí y excitando a los particulares de los Estados, promoverá y fomentará la publicación y circulación de manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, así como sobre aquellas ciencias que más directamente contribuyen a su bienestar y a ilustrar su entendimiento, haciendo que esos manuales se estudien aun por los niños que concurran a los esta-blecimientos de educación primaria, a fin de que desde su más tierna edad vayan adquiriendo nociones útiles y formando sus ideas en el sentido que es conveniente para bien general de la sociedad. Respecto de la ins-

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trucción secundaria y superior, el Gobierno se propone formar un nuevo plan de estudios, mejorando la situa-ción de los preceptores que se emplean en esta parte de la enseñanza pública, así como el sistema que para ella se sigue actualmente en los colegios, y, ajustándose al principio que sobre esto contiene la Constitución, se adoptará el sistema de la más amplia libertad respecto de toda clase de estudios, así como del ejercicio de las carreras o profesiones que con ellos se forman, a fin de que todo individuo, nacional o extranjero, una vez que demuestre en el examen respectivo la aptitud y los co-nocimientos necesarios, sin indagar el tiempo y el lugar en que los haya adquirido, pueda dedicarse a la profe-sión científica o literaria para que sea apto.

En las relaciones del Gobierno general con los parti-culares de los Estados, la actual administración, lejos de contrariar los intereses y las justas exigencias de éstos, está por el contrario resuelta a apoyarlas en cuanto esté en sus facultades, auxiliándolos además en todo aquello que de alguna manera conduzca a mejorar su situación, a fin de estrechar así los vínculos de unión que deben existir entre las localidades y el centro de la República.

Una de las primeras necesidades de ésta, es hoy la de atender a la seguridad en los caminos y poblaciones, para extinguir los malhechores que se encuentran en unos y otras, no sólo por los inmensos males que la sub-sistencia de esa plaga causa interiormente a la nación, paralizando el movimiento de su población y riqueza y manteniendo en constante alarma y peligro la vida y los intereses de sus habitantes, sino porque ella desconcep-túa al país cada día más y más en el exterior, e impide

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que vengan a radicarse en él multitud de capitales y per-sonas laboriosas que por esa causa van a establecerse a otros puntos. Por tales razones, el Gobierno está firme-mente resuelto a trabajar sin descanso en remediar este grave mal por todos los medios que estén a su alcance.

En cuanto al odioso sistema de exigir pasaportes a los viajeros o caminantes, inútil es decir que quedará abolido, cuando lo está ya por la Constitución; y mal podría el Gobierno actual pensar en restablecerlo, cuando sus ideas se encaminan precisamente a destruir todos los obstáculos que se oponen al libre tránsito de las personas e intereses en el territorio nacional.

La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar, y el Go-bierno no cree que deben imponérsele otras trabas que aquellas que tiendan a impedir únicamente la publica-ción de escritos inmorales, sediciosos o subversivos, y de los que contengan calumnias o ataques a la vida privada.

El Registro Civil es, sin duda, una de las medidas que con urgencia reclama nuestra sociedad, para quitar al clero esa forzosa y exclusiva intervención que hasta ahora ejerce en los principales actos de la vida de los ciudadanos y, por lo mismo, el Gobierno tiene la re-solución de que se adopte esa reforma, conquistando definitivamente el gran principio que tal medida debe llevar por objeto, esto es, estableciendo que una vez celebrados esos actos ante la autoridad civil, surtan ya todos sus efectos legales.

Respecto de las relaciones de la República con las na-ciones amigas, el Gobierno se propone cultivarlas siem-pre con el mayor esmero, evitando, por su parte, todo

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motivo de desavenencia: para esto cree bastante observar fielmente los tratados celebrados con ellas y los princi-pios generales del derecho de gentes e internacional y abandonar, sobre todo, para siempre, como lo ha hecho hasta aquí ese sistema de evasivas y moratorias que, con grave daño de la Nación, se ha seguido frecuentemente en el despacho de los negocios de este ramo; atendiendo, por el contrario, con el mayor empeño, toda reclamación en el acto que se presente, y resolviéndola sin demora, en vista de las circunstancias del caso, según los principios de recta justicia y de mutua conveniencia que forman la base sólida de las relaciones de amistad entre los pueblos civilizados del mundo.

También cree el Gobierno que será muy conve-niente fijar con claridad por una disposición general y, conforme con las reglas y prácticas establecidas en otros países, la intervención que hayan de tener los cón-sules y vicecónsules extranjeros en la República, tanto en los negocios de sus respectivos nacionales, como en sus relaciones con las autoridades, a fin de evitar así la repetición de las cuestiones que más de una vez se han suscitado ya sobre este punto.

En cuanto al nombramiento de legaciones en los países extranjeros con quienes nos ligan relaciones de amistad, cree el Gobierno que el estado actual de éstas con dichos países está muy lejos de exigir un Ministro residente en cada uno de ellos y su opinión es que por ahora deben limitarse a dos: una en los Estados Unidos de América y otra en Europa, fijando esta última su residencia en París o en Londres, de donde podrá trasla-darse, en caso necesario, al punto que se le designe. En

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las demás Capitales de Europa y América, mientras que no ocurra algún negocio que por su misma gravedad demande la presencia de un Ministro plenipotenciario, bastará que haya cónsules generales con el carácter de encargados de negocios. Estos agentes, según la nueva ley que al efecto debe expedirse, serán precisamente na-cidos en la República.

Acerca de la Hacienda nacional, la opinión del Go-bierno es que deben hacerse reformas muy radicales, no sólo para establecer un sistema de impuestos que no contraríe al desarrollo de la riqueza y que destruya los graves errores que nos dejó el régimen colonial, sino para poner un término definitivo a la bancarrota que en ella han introducido los desaciertos cometidos des-pués en todos los ramos de la administración pública y, sobre todo, para crear grandes intereses que se identifi-quen con la reforma social, coadyuvando eficazmente a la marcha liberal y progresista de la Nación.

En primer lugar, deben abolirse para siempre las alcabalas, los contrarregistros, los peajes y, en general, todos los impuestos que se recauden en el interior de la República sobre el movimiento de la riqueza, de las personas y de los medios de transportes que conducen unas y otras porque tales impuestos son, bajo todos as-pectos, contrarios a la prosperidad de la República.

En igual caso, aunque sin todas sus funestas conse-cuencias, se encuentra el derecho sobre la translación de dominio en fincas rústicas y urbanas, y por tal razón debe también ser extinguido del todo.

El derecho de 3% sobre el oro y la plata que se ex-traen de las minas, y el de un real por marco, llamado

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de minería, son unos impuestos verdaderamente injus-tos y odiosos en su base, porque no recaen sobre las utilidades del minero, sino sobre el producto bruto de las minas, que las más veces no representan sino una pequeña parte de lo que se emplea en esas negociacio-nes antes de encontrar la codiciada riqueza. Por esta razón y porque verdaderamente esos impuestos están en abierta contradicción contra la protección que en el estado actual de la República debe dar el Gobierno a esa clase de industria, la presente administración cree que conviene reformarlos de manera que los especu-ladores en las aventuradas negociaciones de minas no sufran gravamen alguno, sino cuando comiencen a reci-bir utilidades de ellas, y con tal objeto puede adoptarse como base fija e invariable la de que en dividendos o reparto de utilidades que se hagan en cada negociación de minas, tenga el Gobierno lo correspondiente a dos barras de las 24 en que se dividen conforme a ordenan-za, aboliéndose todos los demás gravámenes que hoy pesan sobre ellas.

Respecto del comercio exterior, el Gobierno tiene la resolución de hacer cuanto esté de su parte para facilitar el desarrollo de este elemento de riqueza y de civiliza-ción en la República, ya simplificando los requisitos que para él se exigen por las leyes vigentes, ya moderando sus actuales gravámenes. Una de las medidas que con el mismo objeto se propone dictar, es la de establecer en las costas del Golfo y del Pacífico, algunos puertos de depósito, con la facultad de reexportar las mercancías, cuando así convenga a los interesados, como se practica en todos los países donde hay puertos de esta clase.

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Las diferentes leyes que hasta ahora se han expedido sobre clasificación de rentas, para señalar las que perte-necen a los Estados y al Gobierno General, adolecen del defecto de no descansar en una base segura que marque bien la separación de unas y otras, porque más que a la naturaleza de los impuestos se ha atendido a sus produc-tos, lo cual ha dado lugar, por otra parte, a cuestiones y disgustos que deben evitarse entre las autoridades del centro y de los Estados. Por estas razones y para fijar sobre un principio de justicia y conveniencia notorias la perfecta separación de las rentas de los Estados y de cen-tro, el Gobierno cree que debe adoptarse, como base in-variable, la de que todos los impuestos directos sobre las personas, las propiedades, los establecimientos de giro o industria, las profesiones y demás objetos imponibles, pertenecen a los primeros, y los indirectos al segundo. La razón fundamental de esta separación no puede ser más clara y perceptible, porque ella se apoya en el principio cierto de que sólo el Gobierno Supremo, que es quien atiende a los gastos y obligaciones de la Nación, es tam-bién quien tiene el derecho de recaudar impuestos que graven en general a todos sus habitantes, mientras que los de los Estados no lo tienen sino para gravar a los de sus respectivos territorios, supuesto que sólo atienden a los gastos de éstos. Además de esta razón, hay otras mu-chas de conveniencia general que sin duda comprenderá todo aquel que examine detenidamente la cuestión, y también es fácil comprender que sólo adoptando este pensamiento, es como los Estados se verán realmente libres del poder del centro en materia de recursos, que es la base de la libertad en todos los demás ramos de su

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administración interior. Adoptando este sistema, no ha-brá ya tampoco la obligación, por parte de los Estados, de contribuir con un contingente de sus rentas para los gastos del Gobierno General.

Uno de los más graves males que hoy sufre el Te-soro de la Nación, a consecuencia de las disposiciones del Gobierno español durante el régimen colonial y del desorden con que posteriormente se ha abusado de ellas, es esa multitud de pensionistas de los ramos civil y militar, que pretenden vivir sobre el erario, con los títulos de retirados, cesantes, jubilados, viudad y otras denominaciones. El tamaño a que progresivamente ha llegado este mal y las perniciosas consecuencias que a cada paso está produciendo, exigen un pronto remedio, y éste no puede ser otro que el de capitalizar de una vez esos derechos, que, bien o mal adquiridos, no pue-den desconocerse, siempre que hayan sido otorgados conforme a las leyes y por autoridades competentes. El Gobierno, pues, se propone proceder sin demora a la capitalización, no ya sólo de los derechos de cuantos pensionistas existen en los ramos civil y militar, sino también de los empleados que resulten excedentes en virtud del nuevo arreglo que se haga en las oficinas de uno y otro ramo, y aun de los de aquellos que confor-me a las leyes que regían antes de la de mayo de 1852, tengan los individuos que queden empleados en dichas oficinas, para cortar así el mal, de modo que no pueda reaparecer jamás. Esta capitalización será representada por títulos que llevarán el nombre de títulos de capitali-zación, y se expedirán según las bases y con las circuns-tancias y requisitos que fijará una ley.

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Extinguido por esa medida el sistema de los descuen-tos que sufrían los empleados y militares en sus respec-tivos sueldos, con la mira de asegurar una pensión casi siempre ilusoria para su vejez, o un auxilio para su fa-milia en caso de muerte, podrán en lo sucesivo, unos y otros, conseguir, con mayor seguridad, aquel resultado, depositando sus economías en las cajas de ahorros y de socorros mutuos que sin duda se establecerán en toda la República, teniendo el Gobierno, como tiene, en efecto la resolución de favorecer a esos establecimientos y a los fondos que en ellos se reúnan, con todas las franquicias que estén a su alcance. Estos establecimientos, además de ser un medio muy eficaz para asegurar el patrimonio de las familias de los empleados, así como el de todas las clases de escasos recursos, producirán a la sociedad inmensas ventajas bajo otros aspectos, porque los capi-tales acumulados sucesivamente en ellos servirán para la ejecución de multitud de empresas útiles y provecho-sas para toda la Nación.

La enajenación de las fincas y capitales del clero que, según lo ya dicho en otro lugar, deberán ser declarados propiedad de la Nación, se hará admitiendo en pago de tres quintas partes en títulos de capitalización o de deuda pública interior o exterior, sin distinción alguna, y las dos quintas partes restantes en dinero efectivo, pa-gadero en abonos mensuales distribuidos en 40 meses, a fin de que la adquisición de esos bienes pueda hacerse aun por aquellas personas menos acomodadas, dando los compradores o redentores por la parte de dinero efectivo, pagarés a la orden del portador, con hipoteca de la finca vendida, o de aquella que reconocía el capi-

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tal redimido y entregando la parte de títulos o bonos en el acto de formalizarse el contrato de venta o redención.

También se aplicarán a la amortización de la deuda interior y exterior los terrenos baldíos o nacionales que existen actualmente en la República, enlazando estas operaciones con proyectos de colonización.

El Gobierno cree que, aplicados prácticamente estos dos grandes medios de amortización para todas las obli-gaciones pendientes del erario, desaparecerá una gran parte de los títulos de capitalización, así como de la deu-da pública en general. Respecto de la deuda exterior y de la que haya reducido a convenciones diplomáticas, el Gobierno procurará con empeño su extinción, ya con la enajenación de los bienes nacionales, ya con la de te-rrenos baldíos; pero si esto no se lograse, seguirá respe-tando, como lo hace hoy, lo pactado con los acreedores, entregándoles puntualmente la parte asignada al pago de intereses y amortización de capitales, porque tiene la convicción de que sólo de esta manera podrá la Nación ir recobrando el crédito y buen nombre que ha perdido por no observar fielmente esa conducta.

Para completar las reformas más urgentes respec-to de la Hacienda nacional, y como quiera que por la realización de los pensamientos ya indicados, llegará a verificarse el deseado arreglo de este importante ramo de la administración pública, es indispensable que al mismo tiempo se proceda también al de sus oficinas y empleados; y esta operación tan llena de tropiezos en otras épocas, se encontrará ahora facilitada por la ca-pitalización de todos los empleados excedentes, cuyos derechos y aspiraciones formaban aquellos tropiezos.

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Sobre este punto, el Gobierno tiene la idea de dismi-nuir el número de oficinas y empleados a lo puramente necesario, ni más ni menos, simplificando cuanto sea posible el actual sistema de contabilidad. Respecto de dotaciones, se propone adoptar el sistema del tanto por ciento en todas las oficinas recaudadoras, y en las de pura contabilidad, el de dotar los empleos con los suel-dos que estén en relación con las necesidades comunes de la vida en nuestras poblaciones, porque sólo así se podrán tener pocos y buenos empleados. Para la provi-sión de los empleos el Gobierno atenderá, sobre todo, a la aptitud y honradez y no al favor o al ciego espíritu de partido, que tan funestos han sido y serán siempre en la administración de las rentas públicas.

En el ramo de guerra, el Gobierno se propone arre-glar al ejército de manera que mejorado en su personal, y destruidos los vicios que se notan en su actual organi-zación, pueda llenar dignamente su misión.

La Guardia Nacional es una de las instituciones de que el Gobierno cuidará, porque comprende que ella es tam-bién el sostén de las libertades públicas y, por lo mismo, procurará con empeño que se organice del modo más a propósito para corresponder cumplidamente a su objeto.

En cuanto a la marina, careciendo México de todos los elementos que se necesitan para formarla, y estando ya bien demostrado por la experiencia que los gastos hechos en este ramo constituyen un verdadero despilfa-rro, cree el Gobierno que todas nuestras fuerzas navales en ambas costas deben reducirse, por ahora, a unos pe-queños buques armados, cuyo principal objeto sea el de servir de resguardos y correos marítimos.

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Acerca de los diversos ramos de que está encargado el Ministerio de Fomento, como quiera que todos ellos tienden al progreso material de la sociedad, el Gobier-no actual se propone emplear todos los medios que es-tén en su posibilidad para atender como merece esta parte de la administración pública.

Los caminos generales que dependen directamente del Gobierno, exigen no solamente que se hagan desde luego algunas obras importantes para ponerlos en buen estado sino un cuidado incesante para conservarlos bien en lo sucesivo. A fin de conseguir el primero de es-tos objetos, cree el Gobierno que debe abandonarse el sistema de ejecutar esos trabajos por los agentes del mis-mo Gobierno, y adoptarse el de contratos con empresas particulares, limitándose aquél a cuidar de su exacto cumplimiento, por los ingenieros que intervendrán en las obras y vigilarán sobre su ejecución. En cuanto a los caminos vecinales, aunque ellos están bajo la inmediata dirección de los Gobiernos de los Estados, el Gobier-no General tomará empeño en que se mejoren los que actualmente existen, y en que se abran otros nuevos, auxiliándolos por su parte en cuanto pueda, para facili-tar así el aumento de nuevas vías de comunicación, que como las arterias en el cuerpo humano, son las que han de dar vida y movimiento a nuestro desierto país.

Respecto de ferrocarriles, debe procurarse, a toda cos-ta, que con cuanta brevedad sea posible se construya el que ya está proyectado desde Veracruz a uno de los puer-tos del mar Pacífico, pasando por México; y como ésta es una obra de incalculable importancia para el porvenir de la República, no hay esfuerzo que el Gobierno no esté

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dispuesto a hacer para acelerar su ejecución y allanar las dificultades que a ella se oponen. Además, para promo-ver eficazmente que se hagan otros caminos de hierro en diversos puntos, y sacar estas empresas de las manos de los arbitristas que han estado especulando con los títulos o concesiones parciales hechas por el Gobierno para de-terminadas líneas, se abandonará ese sistema de decretos especiales sobre esta materia y se expedirá una ley que sirva de regla general para todas las vías de esta clase que puedan construirse en el país, haciéndose en ellas las concesiones más amplias y generosas, a fin de estimular así a los capitales nacionales y extranjeros a entrar en esas útiles especulaciones.

Sobre obras públicas de utilidad y ornato, el Gobier-no procurará activar la conclusión de todas aquellas que se encuentren comenzadas y la ejecución de otras, porque está convencido de que así cumplirá uno de los deberes que hoy tiene todo Gobierno en un pueblo ci-vilizado. Entre las obras que están por concluirse, aten-derá de preferencia a las penitenciarías de Guadalajara, Puebla y Morelia, abandonadas mucho tiempo ha por los trastornos políticos y cuya terminación ha de influir tan eficazmente en la mejora de nuestro sistema penal y carcelario, que es una de las grandes necesidades de la República. Para atender bien a los trabajos de los cami-nos y a la ejecución de todas las demás obras públicas se organizará en el Ministerio de Fomento un cuerpo de ingenieros civiles, que servirá también para todas las comisiones que el Gobierno le encargue.

La inmigración de hombres activos e industriosos de otros países, es, sin duda, una de las primeras exigencias

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de la República, porque del aumento de su población depende, no ya únicamente el progresivo desarrollo de su riqueza y el consiguiente bienestar interior, sino también la conservación de su nacionalidad. Por estas razones, el Gobierno se propone trabajar muy empeño-samente en hacerla efectiva; y para que ella se ejecute del modo que es conveniente, más que en formar o redactar leyes especiales de colonización, con estériles ofrecimientos de terrenos y excepciones más o menos amplias a los colonos, cuidará de allanar las dificultades prácticas que se oponen a su ingreso y a su permanencia en el país. Estas dificultades consisten principalmente en la falta de ocupación inmediata y lucrativa para los nuevos colonos, y en la poca seguridad que se encuen-tra en nuestros caminos y aun en nuestras mismas poblaciones. Para hacer desaparecer este último obstá-culo, ya queda indicada en otro lugar la resolución de organizar una buena policía preventiva y de seguridad; y para destruir el primero, el Gobierno, por sí, y esti-mulando a los hombres acaudalados y especuladores, hará que se emprendan trabajos públicos y privados, de esos que, como los caminos, canales y otros de diversa naturaleza, demandan muchos brazos, para que vengan a emplearse en ellos multitud de emigrantes, los cuales, una vez establecidos por cierto tiempo en la República, se radicarán en ella, para dedicarse a algún género de ocupación o industria, y atraerán sucesivamente, con su ejemplo y con sus invitaciones a otros muchos in-dividuos y familias de sus respectivos países. Además, se harán desde luego arreglos con algunos propietarios de vastos terrenos en la parte central y más poblada de

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la República, para que por su propio interés, y por el bien general de la Nación, cedan algunos a los emi-grados que vengan a establecerse en ellos, celebrando a efecto contratos de venta o arrendamiento, mutua-mente provechosos. Sólo con éstas y otras medidas de igual naturaleza, con la consolidación de la paz pública, con el arreglo de la administración de justicia, con la libertad de cultos y con las facilidades que al mismo tiempo debe dar el Gobierno para la traslación de los emigrados a nuestros puertos, es como se conseguirá que vaya aumentándose y mejorándose prontamente nuestra población, porque mientras que no se obre así, el negocio de la colonización continuará siendo, como lo ha sido 38 años ha, un motivo de vana declamación para todos los traficantes políticos que brotan de nues-tras revueltas, y que con el único objeto de embaucar a la Nación, le hablan siempre de sus más graves males, sin tener la inteligencia ni la voluntad que se requieren para remediarlos.

Otra de las grandes necesidades de la República es la subdivisión de la propiedad territorial; y aunque esta operación no puede llegar a hacerse en la extensión que es de desear, sino por los estímulos naturales que produzca la mejora progresiva que irá experimentando nuestra sociedad, a consecuencia de las reformas que en ella tienen que ejecutarse, así como de las mejoras de sus actuales vías de comunicación, y del aumento de su población y consumos, el Gobierno procurará alla-nar desde luego el grande obstáculo que para tal sub-división presentan las leyes que rigen sobre hipotecas de fincas rústicas, expidiendo una nueva ley por la cual

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se faculte a los propietarios de éstas para subdividirlas en las fracciones que les convengan, a fin de facilitar su venta, distribuyéndose proporcionalmente, en estos casos, el valor de la hipoteca que tenga cada finca entre las partes en que se subdivida. Además de esta medida, que ha de contribuir eficazmente a fraccionar la pro-piedad territorial, con provecho de toda la Nación, el Gobierno promoverá también con los actuales dueños de grandes terrenos el que por medio de ventas o arren-damientos, recíprocamente ventajosos, se mejore la si-tuación de los pueblos labradores.

Respecto de los negocios en que el Gobierno Gene-ral tiene que entender acerca de la agricultura, de la in-dustria fabril, de las artes, del comercio, de medios de transporte y, en general, de todo género de trabajo u ocu-pación útil a la sociedad, la actual administración dará a esos objetos cuanta protección esté a su alcance, obrando en ello siempre con la mira de favorecer su incremento y progresivo desarrollo, bien convencido, como lo está, de que proteger a esos ramos es trabajar por la prosperidad de la Nación, favoreciendo y aumentando por ese medio el número de intereses legítimos que se identifican con la conservación del orden público.

En la formación de la estadística, el Gobierno Ge-neral, obrando de acuerdo con el de los Estados, reu-nirá constantemente cuantos informes le sea posible, para conocer bien el verdadero estado que guarda la Nación en todos sus ramos; y no parece necesario re-comendar la importancia de este trabajo, porque nadie ignora que, sin esos conocimientos, es imposible que un Gobierno proceda con acierto en sus determinacio-

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nes. Estos datos se publicarán periódicamente por me-dio de la prensa, porque su conocimiento no importa únicamente al Gobierno, sino a todos y cada uno de los individuos de la sociedad.

Tales son, en resumen, las ideas de la actual admi-nistración sobre la marcha que conviene seguir, para afirmar el orden y la paz en la República, encaminán-dola por la senda segura de la libertad y del progreso, a su engrandecimiento y prosperidad; y al formular todos sus pensamientos del modo que aquí los presenta, no cree hacer más que interpretar fielmente los sentimien-tos, los deseos y las necesidades de la nación.

En otro tiempo, podría acaso haberse estimado im-prudente la franqueza con que el Gobierno actual ma-nifiesta sus ideas para resolver algunas de las graves cues-tiones que ha tanto tiempo agitan a nuestra desgraciada sociedad; pero hoy que el bando rebelde ha desafiado descaradamente a la Nación, negándole hasta el derecho de mejorar su situación; hoy que ese mismo bando, de-jándose guiar únicamente por sus instintos salvajes para conservar los errores y abusos en que tiene fincado su patrimonio, ha atropellado los más sagrados derechos de los ciudadanos, sofocando toda discusión sobre los inte-reses públicos, y calumniando vilmente las intenciones de todos los hombres que no se prestan a acatar su brutal dominación; hoy que ese funesto bando ha llevado ya sus excesos a un extremo que no se encuentra ejemplo en los anales del más desenfrenado despotismo, y que con inso-lente menosprecio de los graves males que su obstinación está causando a la sociedad, parece resuelto a continuar su carrera de crímenes y maldades, el Gobierno legal de

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la República, lo mismo que la numerosa mayoría de los ciudadanos cuyas ideas representa, no pueden sino ganar en exponer claramente a la faz del mundo entero cuáles son sus miras y tendencias.

Así logrará desvanecer victoriosamente las torpes imputaciones con que a cada paso procuran desconcep-tuarlo sus contrarios, atribuyéndole ideas disolventes de todo orden social. Así dejará ver a todo el mundo que sus pensamientos sobre todos los negocios relativos a la política y a la administración pública, no se encami-nan sino a destruir los errores y abusos que se oponen al bienestar de la Nación, y así se demostrará, en fin, que el programa de lo que se intitula el Partido Liberal de la República, cuyas ideas tiene hoy el Gobierno la honra de representar, no es la bandera de una de esas facciones que en medio de las revueltas intestinas apa-recen en la arena política para trabajar exclusivamente en provecho de los individuos que la forman, sino el símbolo de la razón, del orden, de la justicia y de la civilización, a la vez que la expresión franca y genuina de las necesidades de la sociedad.

Con la conciencia del que marcha por un buen cami-no, el Gobierno actual se propone ir dictando, en el sen-tido que ahora manifiesta, todas aquellas medidas que sean más oportunas para terminar la sangrienta lucha que hoy aflige a la República, y para asegurar, en seguida, el sólido triunfo de los buenos principios. Al obrar así, lo hará con la ciega confianza que inspira una causa tan san-ta como la que está encargado de sostener; y si por desgra-cia de los hombres que hoy tiene la honra de personificar como Gobierno el pensamiento de esa misma causa, no

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lograsen conseguir que sus esfuerzos den por resultado el triunfo que ella ha de alcanzar un día infaliblemente, podrán consolarse siempre con la convicción de haber hecho lo que estaba de su parte para lograrlo; y cualquie-ra que sea el éxito de sus afanes, cualesquiera que sean las vicisitudes que tengan que sufrir en la prosecución de su patriótico y humanitario empeño, creen al menos tener derecho para que sean de algún modo estimadas sus bue-nas intenciones y para que todos los hombres honrados y sinceros que, por fortuna, abundan todavía en nuestra desgraciada sociedad, digan siquiera al recordarlos: esos hombres deseaban el bien de su Patria y hacían cuanto les era posible para obtenerlo.

Heroica Veracruz, julio 7 de 1859.

Benito Juárez Melchor Ocampo

Manuel Ruiz Miguel Lerdo de Tejada

FERNANDO CURIEL DEFOSSÉ Director · 2017. 5. 18. · valor de $ 151 233.81; de ellos $ 18 979.45...

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