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ENSAYO: “FARC-EP: NACIMIENTO Y OCASO. 1964 - 2012”

EFEMÉRIDES DE COLOMBIA

Abril, 2013

IVÁN GONZÁLEZ LEÓN Ingeniero Civil

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5 CAPITULO 1 EL DEVENIR HISTORICO DE LAS FARC Y SU OCASO 8 Antecedentes 8 El ocaso de las Farc-EP 10 Algunos escenarios probables sobre la terminación del conflicto planteados entre 2000 y 2005 13 Análisis prospectivo al devenir histórico de las Farc en su ocaso 15 Algunas opiniones sobre el tema 16 Enfoques estratégicos 17 CAPITULO 2 NUESTRA DISPUTA INTERNA Y LA VISION DE ANALISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE EL AÑO 2007 Y EL AÑO 2012 20 2007 un año coyuntural en el conflicto interno 20 Antes, un ejemplo de tendencia socialista en América Latina 20 Los razonamientos de los pensadores extranjeros y nacionales 22 La presencia de la academia y sus razonamientos 24 La indiferencia ante el terrorismo 24 La conveniencia o inconveniencia de hablar sobre el pos conflicto 26 El respaldo de Estados amigos a la violencia guerrillera en Colombia 27 CAPITULO 3 EL ACCIONAR DEL GRUPO ILEGAL FARC Y SUS CONSECUENCIAS 29 Algunos antecedentes 29 El cinismo de los miembros del “Secretariado” 30 Las Farc y el sacrificio de la infancia y la juventud colombiana 32 Consecuencias del accionar de las Farc en el ámbito Institucional de la Fuerza Pública 34 Otras consecuencias del accionar de las Farc en su interior 38 CAPITULO 4 LA SOCIEDAD CIVIL Y LA INSTITUCION MILITAR 39 El Acuerdo Humanitario 39 La codicia como un entremetimiento en cualquier acuerdo 40 ¿Entonces por qué esta prolongación de la guerra fratricida? 41 No se debe olvidar el sufrimiento de las víctimas civiles del terrorismo 43 Los asuntos civiles, un reto para la Institución militar 44 El tesón del pueblo colombiano y su Ejército ante la adversidad 45

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Marchar o no marchar contra las Farc 46 CAPITULO 5 COLOMBIA “SI” FUTURO 49 Algunos antecedentes que permiten escudriñar el futuro de Colombia 49 Argumentos del análisis Colombia “Si” futuro 49 Evaluación general de los escenarios de futuro para Colombia 51 La propuesta de “SI” futuro Colombia 52 Las reflexiones sobre Colombia “Si” futuro 54 El devenir histórico de las Farc hasta diciembre de 2012 y la posibilidad de otro acercamiento en búsqueda de la paz 54 Conjeturas sobre la paz 54 Reflexión para la búsqueda de la anhelada paz 57 Algunos posibles gestos generadores de confianza por parte de las Instituciones militar y de policía para un pre proceso de paz 59 Consideraciones con relación a gestos de confianza por parte de la fuerza Pública 62 Sugerencia única con relación a gestos de confianza institucionales 62 CAPITULO 6 LA GOBERNABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LOS INTEGRANTES DE UN ESTADO COMO BASE PARA LA PAZ 64 Introducción 64 Arbitrariedad de la justicia en Colombia 64 Al umbral del post conflicto 65 La dramaturgia, la guerra y el olvido 67 Reacciones de la sociedad civil 68 Dos quinquenios de historia 69 La Gobernabilidad para lograr un país promisorio 70

BIBLIOGRAFA GENERAL 72

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PRÓLOGO

“La más noble función de un escritor es dar testimonio,

como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir”

Camilo José Cela Nuestro país avanza por un camino pedregoso hacia un destino que tal vez nunca sea experimentado en su total plenitud, aunque sea el firme deseo de todos. La paz, pareciera ser ese intersticio entre el sol y la luna; siempre entre dos polos, entre la acción y la quietud, entre bandos en eterno enfrentamiento, es decir, coexistiendo con la realidad humana en su más básica expresión: el conflicto. Y ninguno de nosotros es ajeno a esa realidad. Algunos la han sentido con mayor intensidad que otros, pero a la larga, el conflicto se ha instalado en nuestra sangre y hace parte de nuestro imaginario. Algunos se han insensibilizado; otros han tomado senderos extremistas; unos protestan desde los discursos y otros desde los actos. Todos, sin falta, somos testigos, actores, y cómo reza el epígrafe de este texto, cronistas del tiempo que nos ha tocado vivir. Colombia no sólo ha sido y es un país en guerra, es un país herido. Ríos de sangre corren por las heridas que más de 50 años de violencia se han encargado de abrir. Más de medio siglo de personajes portadores de “la verdad” han destruido el remanso de una patria que clama por una tregua, por un descanso para edificarse y alcanzar su esplendor innato. Es una ardua labor pero constituye el horizonte de vida de miles, esperamos, millones de colombianos. Buscamos que cada día nuestro país sea un lugar en el que podamos mirar hacia el futuro con alegría y hacia el pasado con conciencia crítica; que el día de mañana no nos recuerde que la hecatombe de la humanidad siempre está en olvidarse de su pasado para caer en la maldición de repetirlo. Y cada tanto, con esta finalidad, aparecen plumas inconformes que con tinta indeleble impiden que el olvido sea un común denominador en las generaciones venideras. La opinión puede mover las masas si se desliza sobre el viento del argumento. Refrescar las mentes es una tarea quijotesca que más y más personas se están atreviendo a realizar. El ensayo “FARC-EP: NACIMIENTO Y OCASO. 1964 - 2012 - EFEMÉRIDES DE COLOMBIA” es una prueba de ello. En las páginas venideras está la opinión de un compatriota que pretende armar el rompecabezas del conflicto colombiano (Estableciendo los antecedentes, los responsables y las perspectivas), para proponer a sus lectores darle una mirada a la imagen escondida entre los fragmentos y de esta manera entender, que en la unidad está el progreso. Esto es lo que ofrece este libro. Ni más, ni menos. Una radiografía al mal endémico de Colombia y una prescripción del potencial alivio. Sin literatura, sin eufemismos, sólo la voz hecha tinta de un hombre que se ha sentado un buen tiempo a pensar para denunciar y lanzar un grito en medio de ese silencio impuesto cada vez más tambaleante por un ánimo de reconstrucción nacional.

Nicolás González Gutiérrez Abril, 2013

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INTRODUCCION

Iniciar este recorrido por el conflicto interno de Colombia requiere retornar al año de 1964 e implica necesariamente acudir a la génesis de la organización ilegal Farc, es decir, a los hechos que convergen en su creación, independientes del mito generalizado de haber asumido esta lucha fratricida debido a la confiscación forzada de predios y el robo de semovientes por parte del Estado. Igualmente se precisa acudir a los acontecimientos de orden mundial del siglo XIX en las décadas de 1950 a 1990, particularmente en Europa y los sucesos de orden regional en América Latina, que definitivamente marcaron caminos opuestos en el comportamiento político, social y militar en las latitudes mencionadas. Desde el punto de vista mundial existe un hecho que fue el derrumbamiento del Muro de Berlín - que a pesar de haberse presentado el 9 de noviembre de 1989 en un escenario lejano pero perfectamente definido como lo es el territorio alemán, debido a rivalidades precisamente ideológicas de dos sistemas opuestos socialmente como el capitalismo y el comunismo que mantuvieron sus posturas doctrinarias – trajo consecuencias a nivel internacional relacionadas con la reunificación de las dos Alemanias, es decir, “ un cambio en la situación geopolítica de Europa favoreciendo la globalización de mercados y políticas neoliberales para la creación de un nuevo orden mundial; también se generó un cuestionamiento en toda la izquierda internacional dando paso a una nueva visión del socialismo y de los mecanismos para alcanzar la justicia social”. En el ámbito regional en el año de 1959 se consolidó un hecho que hasta el presente marca un hito en el desempeño geopolítico y estratégico de la América Latina, además con incidencia fuerte en el escenario mundial y fue el triunfo de la “revolución” cubana en 1959. Colombia en esa época recuperaba el aliento por causa de un proceso casi dictatorial pero mantenía viva la inquietud sobre la búsqueda del equilibrio social, objetivo este interpretado y aplicado con cierta ansiedad por parte de un conglomerado social como revolución o semilla guerrillera, conceptos nutridos de manera desafortunadamente oportuna por los acontecimientos en la cercana Cuba, es decir, se evidenció la virtual conveniencia de apropiar la ideología marxista leninista que permitió el “triunfo” de la revolución de Fidel Castro. Los casos de desempeño guerrerista para buscar el “equilibrio social” en América Latina a partir de 1960 son fehacientes como el de Colombia, el de Uruguay, el de Brasil y los de Nicaragua y El Salvador. Actualmente se puede interpretar que esas expresiones guerrilleras en Latinoamérica y sus líderes sufrieron derrota en algunos casos, en otros se efectuaron pactos de paz y se logró asumir el poder.

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Son significativos los logros de poder como el de José Mujica en Uruguay (Tupamaros); Daniel Ortega en Nicaragua (Frente Sandinista); Dilma Rousseff en Brasil; Mauricio Funes en El Salvador (Frente Farabundo Marti). Cabe aquí mencionar la expresión reciente del ex guerrillero del ELN en Colombia y analista político León Valencia sobre que aquí, en América Latina, “…hay una renovación y en buena parte responde al impulso de esas guerrillas y sus ideales”. Sin embargo, en Colombia, el “colectivo” que buscaba en la década de los sesenta establecerse en “Repúblicas Independientes” ha ignorado hasta la fecha esa posibilidad de paz y de inclusión ciudadana y creó en 1964 una organización mucho más militar y fundamentalmente ideológica denominada de manera atrevida Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. En 1980 ante un crecimiento militar implacable pero programado se adicionó a la sigla Farc una nueva sigla: EP (Ejército del Pueblo). La sigla completa Farc-EP resulta contradictoria en toda su extensión ya que la condición democrática ha sido la mayor fortaleza de Colombia, a pesar de las intenciones políticamente inadmisibles que han tenido ocurrencia a lo largo de los últimos sesenta años; este carácter democrático no admite la participación de otra fuerza armada diferente a la establecida en la Carta legal suprema (Constitución Nacional y sus enmiendas), como faro de un Estado. Así mismo resulta una falacia de esta organización auto proclamarse “ejército del pueblo” cuando ha aplicado de manera indiscriminada y brutal la ideología marxista leninista combinada con la propuesta maoísta, particularizando de forma implacable - tal como describió Carlos Jaramillo en la Revista Cambio en 2008 - los elementos que Mao Zedong convirtió en columna vertebral de su guerra revolucionaria: “ El poder nace del fusil y la guerrilla debe moverse entre la población como pez en el agua para poder triunfar”. No se puede desconocer entonces que el Grupo ilegal Farc actuó en contexto con estos principios de manera firme hasta el inicio de la década de los ochenta cuando la capacitación ideológica de sus huestes se consideró exhaustiva, así como drástica la formación militar. Sin embargo, a partir de ese periodo, la interpretación del concepto político de estrechar sus vínculos con la población civil fue manejada por encima de cualquier límite en donde atentar contra ella si no se involucraba en el proceso revolucionario de las Farc, implicaba e implica hasta la fecha, la aplicación de los más drásticos castigos, incluida la muerte. Es indudable que ese cometido de obligante “movilización y apoyo” de las masas quedó reglamentado y autorizado por el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc en cabeza del denominado “Secretariado ” en 1964, una estructura interna que ejerce el mando como una “organización superior” de dirección para todos los niveles del colectivo Farc-EP. Es a este “organismo superior” al que le cabe toda la responsabilidad como victimario, por las profundas heridas que ha propiciado el conflicto interno armado en Colombia y que serán difícilmente curadas. También debe asumir los daños causados por la estrategia maligna de adaptarse a la dinámica propia de la globalización financiera al planear y obtener el control del más inicuo y lucrativo

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negocio como es el narcotráfico, pero además por afianzar actualmente alianzas estratégicas con las denominadas Bandas Emergentes en Colombia, subproducto horroroso de la desmovilización del colectivo “paramilitar” que surgió como respuesta al accionar de las Farc. Hoy final del año 2012 y comienzo del año 2013 son los miembros actuales de El Secretariado de las Farc quienes debaten con el Gobierno Democrático y Legal de Colombia la búsqueda de una paz sostenible; sin embargo, al menos, en el desarrollo preliminar de este ejercicio de conciliación, no se han evidenciado actitudes que conduzcan a pensar en su lealtad con el proceso y en el cambio de sus conductas demagógicas.

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CAPITULO 1

EL DEVENIR HISTORICO DE LAS FARC Y SU OCASO Se apropia la palabra “devenir” como ese proceso o cambio continuo de la realidad en el accionar del grupo ilegal Farc a lo largo de su historia y se asocia con el concepto filosófico de Heráclito cuando manifiesta que “ todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue”. Antecedentes La II Conferencia del Bloque guerrillero del sur de Colombia determinó la conformación de la nueva organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966 , no solo como una respuesta a eventos previos como la determinación del presidente Guillermo León Valencia de deshacer las llamadas “ repúblicas independientes” mediante la toma de Marquetalia en junio de 1964 y su recuperación en septiembre de 1965 incluida el área en límites con el departamento del Meta, sino debido a la expansión de las energías revolucionarias que se regaban por el territorio de América Latina como consecuencia de la rebelión en Cuba. También otros elementos avivaron esa pequeña brasa que venía encendiendo el Partido Comunista a través del Movimiento Agrario y de auto defensas apoyado por el colectivo denominado Juventud Comunista, como consecuencia de la muerte de dirigentes del agro pero además por la manifiesta voracidad de algunos terratenientes de ampliar sus dominios y la inmoralidad evidente de dirigentes colombianos. Gilberto Vieira, secretario general del partido comunista y enfático promotor de las mal llamadas “repúblicas independientes”, manifestaba de manera tajante en ese entonces que la nueva etapa implicaba ya un contenido claramente revolucionario. Que se trataría de “una lucha que no se limita a buscar la defensa de la vida y de los bienes de la comunidad regional. Ahora plantea su propio concurso para desatar un gran movimiento nacional que sea capaz de tomar el poder”. Enfatizaba además – premonitoriamente- que “la lucha guerrillera actual tiene la perspectiva de ser prolongada “. Nada más cierto: cincuenta años (1961-2012) de guerra fratricida. En 1993 se realiza la VIII Conferencia de las Farc y esta organización plantea al Estado un programa de diez puntos que tiene como objetivo “un Gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”. Analistas internacionales sobre el tema de conflictos armados, perciben en ese momento, el contenido de esta plataforma como “perfectamente asumible en cualquier país mínimamente democrático”; no obstante, el análisis mediático dado a ese documento por los analistas foráneos descuida elementos tan definitivos y peligrosos como la autosuficiencia declarada en esa

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conferencia por parte de las Farc al desligarse totalmente del partido comunista por los errores atribuidos al mismo y se centran definitivamente en un proyecto de guerra para alcanzar el poder político, militar y económico, haciendo del tiempo, de la paciencia y del control territorial sus aliados. Su posicionamiento estratégico desde 1991, al ejecutar concienzudamente las diferentes Fases de guerra propuestas como: guerra de guerrillas – fase 1; guerra de movimientos – Fase 2 y acercamiento a la guerra de posiciones – Fase 3, les había permitido triunfos de valor geoestratégico local y de presión social. En el lapso 1993-1999 ya las Farc estaban consolidando, de manera lenta pero segura, una máquina de guerra de alta capacidad militar como lo reflejan las acciones de toma de Las Delicias, Patascoy, El Billar y la avanzada bélica en la capital del Vaupés – Mitú - el 1 de noviembre de 1998, buscando perfilarse como un “Estado dentro del Estado” y formular de manera enfática la figura de beligerancia. El evento del Caguán les permitió además reforzar su estrategia bélica particularmente durante los treinta y nueve meses de la “ zona de distensión” cuando ejecutaron “ciento diecisiete atentados terroristas entre los cuales se cuentan cuatro carros-bomba, cinco ataques a instalaciones militares, voladura de treinta y tres torres de energía, de dos tramos de oleoducto y tres puentes vehiculares, el homicidio de veinte civiles, etc”. Otro hecho que evidenció la absoluta falta de voluntad para buscar el objetivo de la paz fue el primer congelamiento de negociaciones, siete días después de iniciado el plan de distensión – 19 de enero de 1999 – si el gobierno no actuaba de manera contundente contra el paramilitarismo. Así mismo, poco más de un mes después, el 1 de marzo de 1999, las Farc, mediante vocería de alias “Marulanda Vélez” en una entrevista para el Diario EL TIEMPO retoman de manera inusitada la propuesta emitida en su VIII conferencia de 1993 declaran que si se cumplieran los diez puntos planteados en ella: “podríamos pensar en un alto al fuego”. Debe aquí mencionarse, que de manera obstinada y perversa, en enero del año 2012 (trece años después), alias “Timochenko”, el nuevo jefe del Estado Mayor Central de las Farc, en comunicación firmada y enviada al presidente Juan Manuel Santos, con el más insólito cinismo, invita a “retomar la agenda que quedó pendiendo en el Caguán”. A partir de febrero de 2002, con la recuperación de la “ zona de distensión” y el fortalecimiento progresivo de las Fuerzas Militares que se adelantaba con base en el denominado Plan Colombia, las Farc resultaron impactadas políticamente y disminuidas de manera notoria en el aspecto militar, debido al cerco implementado por la Fuerza Pública, particularmente a nivel de comunicaciones como lo manifiestan los miembros de esa organización en la IX Conferencia realizada en el año 2006, la cual debido a la presión intensa del Plan de Seguridad Democrática, debió realizarse de manera virtual con cruce de correos electrónicos. Luego, en el año 2003 se da inicio al Plan Patriota como producto de aplicación previa de su estrategia en la Operación Libertad en Cundinamarca desde el 8 de junio de 2003, territorio en el cual las Farc tenían centrada su obsesión cuando en su VII Conferencia determinaron a Cundinamarca como “ Centro estratégico” para la toma del poder.

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Planes complementarios al Plan Patriota como Plan de Consolidación, Plan Bicentenario y operaciones precisas para dar de baja a miembros del Secretariado, han venido frustrando las estrategias de las Farc, sin por ello asumir que se encuentren hoy acabadas. Así lo demuestra la posición adoptada por alias “Timochenko” luego de su designación el 5 de noviembre de 2011 como nuevo comandante de las Farc, posición que lo identifica como un ser arrogante, insolente, con un alto perfil ideológico, nula disposición al diálogo y sin preocuparse por planteamientos de acción que modifiquen su percepción de tiempo y espacio en la guerra prolongada prevista desde la VII Conferencia de 1982 por las Farc. No obstante y sin desconocer el auge regional de gobiernos con alguna tolerancia hacia las Farc, la sostenibilidad de esa organización y la del ELN, acusa un riesgo enorme, no solo por ser reconocidas como organizaciones terroristas y estar sujetos sus miembros a la extradición, sino por ser la Corte Penal Internacional quien en su momento las pueda juzgar. Así mismo la estrategia militar adoptada por el Gobierno a través de las Fuerzas Armadas y de Policía cohesionadas, disciplinadas y con alta moral, busca, por sustracción de materia insurgente, generar una situación que permita como desenlace una mesa de negociación. El ocaso de las Farc-EP Con el objeto de lograr coherencia entre el panorama nacional de los últimos cincuenta años y su similitud o diferencia con otros conflictos en el mundo, resulta pertinente modelar la comprensión del denominado conflicto armado interno colombiano. Tal como se evidenció en la introducción, se utiliza como fuente primaria un documento de actualidad como es “Las Farc (1949-2011) De guerrilla campesina a máquina de guerra “, de Eduardo Pizarro Leongómez, ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación en Colombia y como fuente secundaria “Procesos de paz y negociación en conflictos armados” de Vicenc´ Fisas galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos de España en el año de 1988. Entrando en materia es prudente precisar que las Farc se califica como la guerrilla más antigua de Iberoamérica , es decir, que este viejo enfrentamiento (conflicto) ha ido transformando su sustancia a través de los años pareciéndose a la moderna tipología de los conflictos conocida como nuevas guerras según M. Kaldor , redes de guerra como las clasifica M. Duffield o violencias difusas según Peter Lock, es decir, que la “guerra clásica del pasado ha sido sustituida en gran parte por enfrentamientos armados protagonizados por grupos irregulares que, en su estrategia orientada contra la población civil, violan e ignoran sistemáticamente todos los derechos humanos y las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario”. Eduardo Pizarro complementa el contenido de esa definición y lo particulariza mencionando que los actores principales, promotores de nuestro conflicto armado interno – léase Farc y ELN - han sufrido una profunda degradación terrorista, ya que aplican prácticas criminales como instalación de minas antipersona, asesinatos fuera de combate, secuestro y narcotráfico. Vicenc Fisas en su libro “Procesos de paz y negociación en conflictos armados”- 2004- se aproxima también al contexto de violencia que nos acompaña cuando explica que la violencia está

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territorializada, es decir, que hay regiones del país en donde el conflicto es más agudo y que en las ciudades capitales o municipios importantes se da “una falsa y aparente sensación de tranquilidad”. Esta condición territorial, según el analista en el año 2004, hace que el sector mayoritario de la población nacional no tome real conciencia de lo que sucede en el resto del país. Paralelamente a esta circunstancia geográfica e inmersos dentro del territorio se encuentran otros actores derivados como narcotraficantes, milicias armadas, núcleos sicariales o bandas criminales, traficantes de armas y comerciantes ilegales en explotación minera en detrimento de recursos naturales, es decir, componentes del crimen transnacional. Debe destacarse aquí, como se relaciona a continuación, que han sido varios los escenarios y épocas de búsqueda de la paz con el Grupo ilegal Farc que han sido ENSAYOS DE PAZ DESPERDICIADOS. ¿Podrán interpretar las Farc el significado de la reflexión: “ Tanta experiencia para hacer la guerra y tan poca sabiduría para hacer la paz”.? Según se advierte en las notas históricas de Eduardo Pizarro L. (página 235), el primer acuerdo de paz se suscribió el 28 de mayo de 1984, es decir, hace 28 años, dirigido por el presidente de entonces Belisario Betancur, paso que se consideró en ese entonces como audaz y fue dado por las Farc. Este compromiso que” se denominó Acuerdo de cese al fuego, tregua y paz” ( Acuerdo de La Uribe),paradójicamente, había tenido un antecedente de intercambio epistolar denso durante el gobierno de Alfonso López M. llegándose a algunos acuerdos; sin embargo, luego de haberse definido lugar y fecha de reunión, ningún miembro del gobierno de López M. hizo presencia, tal como lo describe uno de los protagonistas de ese proceso Carlos Medina. Para el Acuerdo de La Uribe y a pesar de que el gobierno Betancurt buscó impulsar un proceso de paz con visión democrática, nunca se observó por parte de la dirigencia de las Farc una real voluntad de paz, buscando solo convertirse en un actor de guerra en búsqueda del poder y ejerciendo un ejercicio de manipulación sobre su supuesta ala política conformada por La Unión Patriótica, partido que sufrió consecuencias fatales de exterminio. Prueba de ese comportamiento desleal de las Farc se manifestó desde el comienzo de la tregua – mayo 1984 hasta abril de 1987- periodo en el cual la organización narcoterrorista pasó de 27 a 48 frentes buscando consolidarse a lo largo y ancho del territorio nacional y además constituyendo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, conformada no solo por las Farc sino por el resto de grupos subversivo que asolaban el país y buscando además aliados en el contexto internacional de países vecinos con clara ideología marxista. Al inicio del gobierno del presidente Barco, septiembre de 1986, se mantiene la expectativa de búsqueda de la ansiada paz y tomando como base una comunicación de las Farc en ese momento, el nuevo gobierno determina la creación de una Consejería Presidencial para la Reconciliación, la normalización y la Rehabilitación, cuya acción programática fue discutida de manera inmediata-18 de septiembre de 1986- con la cúpula de las Farc en La Uribe (Meta). La respuesta a ese programa gubernamental por parte de las Farc fue un incremento de las acciones militares que condujeron a la ruptura de la tregua por parte del Estado, inicialmente en el Departamento del Caquetá y luego en todo el territorio nacional.

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No obstante, a finales de 1987 y comienzo de 1988, el gobierno prepara una nueva estrategia de paz con las Farc, extensiva al resto de miembros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Las Farc en respuesta recalcitrante el 22 se septiembre de 1988 califican la estrategia de paz y su respectivo programa como un “ultimátum militar envuelto en mera retórica”; sin embargo la iniciativa planteada por el gobierno Barco desató inquietudes pacifistas y de proyección política en otros grupos insurgentes como el M-19 desmovilizado el 8 de marzo de 1990; el EPL, el Quintín Lame y el PRT cuya desmovilización se efectuó un año más tarde. La administración Gaviria reformuló el concepto de Consejería del gobierno anterior aduciendo que la metodología aplicada en las muy recientes desmovilizaciones del M-19, EPL, QL y PRT se constituía en un obstáculo para la promoción de políticas de negociación con las Farc, el ELN más disidentes del EPL y promovió en consecuencia estrategias para “ construcción de una voluntad de paz fundada más que en gestos de paz, en una correcta identificación y superación de las incompatibilidades básicas entre la guerrilla y el Estado”, pero además en un intento por superar los eventos político militares previamente definidos e implementados por el gobierno Gaviria, de manera simultánea e incoherente, como bombardear la sede del Secretariado de las Farc en Casa Verde el 9 de diciembre de 1990 y efectuar paralelamente el proceso de votación para designar los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Bajo la estrategia planteada se realizaron dos rondas de negociación, una en Caracas (Venezuela) y la otra en Tlaxcala (México). La primera en Caracas se emprendió el 3 de junio de 1991 hasta octubre del mismo año, periodo durante el cual prácticamente no se logró un acuerdo de los temas esenciales a tratar entre los representantes de la guerrilla y los negociadores del gobierno. Debido a sucesos de orden publico entre ellos el atentado al dirigente liberal Aurelio Irragori H. , tal como se mencionó antes, esta primera ronda de negociación terminó de manera infranqueable en octubre de 1991 y solo hasta cinco meses después - 10 de marzo de 1992 - se inició la segunda ronda en Tlaxcala bajo la definición de “Iniciativa para la Paz” en la cual se prescindió del análisis serio de los debates de la primera ronda, que aunque poco enriquecedores, permitían ahondar en la identificación de los errores cometidos o los procedimientos inconvenientes aplicados. Se impulsó pues, dar inicio a un diálogo con agenda abierta, sin condiciones, que determinó una extensa formulación de proposiciones y condujo a iniciar por temas de desarrollo económico desconociendo los relacionados con las propuestas de paz. Transcurridos solo dos meses , el 4 de mayo de 1992 se suspendieron las conversaciones en razón a que la disidencia del EPL asesinó al dirigente Argelino Durán Q., hecho que determinó al gobierno establecer modificaciones en la agenda de negociación, posición que no aceptó el grupo representante de la guerrilla. A partir de esa fecha el Estado determinó declarar la “guerra integral” a los grupos guerrilleros. El cambio de gobierno nacional en 1994 y representado por Ernesto Samper P. también propició modificaciones a las políticas de búsqueda de la paz y se centró en negociación con el ELN suscribiendo el Preacuerdo de Viana en febrero de 1998 que desafortunadamente fue divulgado por el diario conservador ABC, infidencia que condujo a romper las negociaciones.

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La fragilidad del Gobierno Samper estimuló el accionar delictivo de las Farc desde su inicio en 1994 y privilegió acciones del grupo guerrillero ELN a través de la búsqueda de apoyo en la sociedad civil colombiana y en la comunidad internacional a tal nivel, que el 15 de julio de 1998 el ELN suscribió el denominado Tratado de la Puerta del Cielo con miembros de la sociedad civil, acuerdo que finalmente se convirtió en un documento sin fundamento por razones de orden electoral en Colombia y la debilidad del gobierno saliente. Parte de la soberbia característica de las Farc se observa magnificada a partir del 9 de julio de 1998 cuando en reunión Pastrana-Marulanda se reafirma el compromiso electoral del ya electo presidente de Colombia de desmilitarizar cinco municipios que exigía la guerrilla, de tal manera que el denominado plan para ” Un Gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, con diez temas a desarrollar propuesto por las Farc en 1993, se convierte en “ La agenda común para el cambio hacia una nueva Colombia en paz”, ya no con diez temas sino doce para tratar, en donde no se observó ninguna claridad, ni comportamiento en el tiempo, ni controles o estudio de resultados. Este documento se daría a conocer por las partes el día 6 de mayo de 1999. Obsérvese que la llamada “zona de distensión” se inauguró oficialmente el 7 de enero de 1999, que ya se habían efectuado por parte del gobierno de turno acciones militares como la recuperación territorial de Mitú el día 4 de noviembre de 1998 con la cooperación del gobierno de Brasil que autorizó la utilización de la pista de la base aérea de Querari, distante solo a diez minutos por aire de Mitú. Esta operación exitosa generó una confianza equívoca y con poco análisis en el gobierno de Pastrana, pues se asumió que estaban dadas condiciones para una negociación, al presumir debilidad notoria en la organización Farc y se procedió a autorizar la “zona de distensión”. Esta autorización permitió a la organización reagruparse, armarse, hacerse notar internacionalmente y tornarse fuerte territorialmente hasta el día 20 de febrero de 2002, luego de treinta y nueve meses de improductivas negociaciones, cuando el gobierno decidió dar por terminadas estas conversaciones y proceder a la recuperación del área asignada temporalmente. Complementariamente a esta acción gubernamental, el 12 de junio de 2002 los países miembros de la Unión Europea incluyeron a la organización Farc en la lista de terroristas. Algunos escenarios probables sobre la terminación del conflicto planteados entre 2000 y 2005 Previamente a la declaratoria europea mencionada antes, la Corporación Rand había concluido - en el último trimestre del año 2000 – que “el conflicto colombiano se ajusta a un escenario en el que ninguno de los adversarios puede ser derrotado militarmente y que en consecuencia “esta situación de estancamiento no puede durar mucho tiempo y de allí la importancia de la propuesta de apoyar y asistir al gobierno colombiano y a las Fuerzas armadas en la lucha contrainsurgente…”. A instancia de la propuesta y luego del fatídico 11S se sugiere la revaluación de manejo de fondos provenientes del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos y se hace manifiesta la injerencia del gobierno colombiano en 2002 al tenor de un Plan Mixto de Apoyo Económico Internacional para la lucha contra la subversión y el narco tráfico.

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Otros escenarios previstos como la “desintegración del país” o la “toma del poder y el cogobierno” que son descritos y analizados por la Corporación en el año 2000 sufren un impacto directo ya que los gobiernos entrante y saliente (Pastrana-Uribe), se vigorizaron con acciones oportunas y eficaces como la ruptura del diálogo y la solicitud de solidaridad a la comunidad internacional contra el terrorismo interno. No obstante, la alianza del terrorismo y la droga ilegal se convierte en Colombia – a partir de 1980 – en un fenómeno letal y hace presumir que otros de los escenarios planteados por la Corporación Rand en el año 2001 y relacionados con estas circunstancias sean relevantes y de muy posible ocurrencia en un periodo no superior a dos años (2003), debido a que las organizaciones ilegales Farc y ELN promueven en su accionar la aplicación del “ modelo económico comercial de guerra” y se convierten además en alumnos aventajados del mismo y lo retroalimentan con experiencias del IRA, del FLP y de la OLP. La Dirección del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada en su ensayo: “ Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder “- 2005 ratifica esta apreciación indicando que la humanidad asiste – desde el 11 de septiembre de 2001 – a un nuevo orden mundial en el que el terrorismo y sus derivados copan el primer punto de la agenda de las naciones. A Colombia le correspondió enfrentar esa coyuntura con mucho mayor intensidad a partir del 2002 dada la prepotencia misma de la organizaciones narco guerrilleras y de las fuerzas del paramilitarismo como indeseable elemento contra insurgente, escudando todas ellas su accionar en ese fenómeno evidente del terrorismo mundial. Se materializa entonces – a partir de agosto de 2002 – la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) que en el ámbito interno promovió la defensa de la vida, el respeto a los Derechos Humanos y la imperativa necesidad de la paz. En el entorno internacional se enfocó esa política hacia objetivos como: “la defensa de la soberanía, la consolidación de las relaciones bilaterales estratégicas, apoyo a las políticas del Plan de Desarrollo, mejora de la realidad del país en el exterior”, entre otras. En el año 2006, como una medida de reforzamiento de esas políticas se formula La Guía de Planeamiento Estratégico 2010 por parte del Comando general de las Fuerzas Armadas y de Policía que tuvo como baluarte para su construcción el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y su continuidad a través de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007. Entonces se obtuvo como respuesta clara y contundente el “fortalecimiento de las operaciones conjuntas a través del empleo de las potencialidades de cada fuerza, multiplicando sus capacidades y generando sinergia de esfuerzos entre todas ellas”. En esta guía se destacan las políticas de Comando que tienen como centro de gravedad estratégico la legitimidad y como complemento la suma de principios y valores para – integralmente – lograr la defensa de la soberanía y garantizar el Estado Social de Derecho. La aplicación continua, perseverante y audaz de la Política de Defensa y Seguridad Democrática hasta agosto de 2010, permitió afianzar las bases para el inicio del nuevo proceso de “ Prosperidad Democrática 2010-2014” que la revitaliza con nuevos escenarios que dan continuidad a la consolidación del territorio, que facilitan la recuperación del tejido social y complementariamente que afirman la imperativa necesidad de la “ colaboración multilateral para enfrentar los problemas globalizados del narco tráfico y del terrorismo”.

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Como un ejercicio de revisión de resultados de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en octubre de 2009 el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada efectuó una breve calificación de los logros de esta política y enfatiza que la fase de consolidación a partir del 2007 estuvo basada en la “concurrencia de esfuerzos del Gobierno Nacional, de la Comunidad Internacional y la Sociedad colombiana”. Es importante destacar entonces que lo logrado en los últimos ocho años y lo que se espera inicialmente hasta el 2014 es la implementación seria de una “política de recuperación de las libertades públicas, un compromiso de derrota de los violentos por parte del Estado, el ejercicio del legítimo derecho a la defensa propia que toda democracia tiene cuando se ve amenazada por la violencia terrorista”. En marzo de 2012, los colectivos Farc y ELN tienen una lectura clara de su realidad militar y entienden la exigencia implícita y la profundidad del mensaje, no solo de la sociedad civil colombiana sino de la sociedad internacional. Igualmente el país político y el país económico parecen estar motivados hacia el desarrollo de una cultura con plena aplicación de la ética como una manera de reducir el alto índice de corrupción. Surge pues la imperativa necesidad de continuar con el ejercicio de construcción colectiva de un nuevo futuro, un sueño común que proporcione espacios amables a las actuales generaciones jóvenes y a las venideras. Análisis prospectivo al devenir histórico de las Farc en su ocaso V. Fisas, español doctorado en estudios de paz, anuncia con clara apreciación prospectiva que “La paz, en todo caso, nunca pasa por la defensa numantina de proyectos históricos del pasado, sino más bien de la capacidad de renovación, de adaptación a las nuevas realidades, de la consecución de concertaciones amplias y de una mirada al futuro que obliga a poner al día los programas del pasado”. Con base en esta apreciación del profesor Fisas resulta imperativo entonces, para continuar el análisis, enumerar los conceptos de TIEMPO-ESPACIO-TECNOLOGIA ( Táctica) asociados con la adaptación a las nuevas realidades que parece desconocer la organización ilegal Farc. Eduardo Pizarro en su libro “Las Farc de guerrilla campesina a máquina de guerra” describe de manera clara estos elementos de la triada desde la perspectiva de las Farc:

El Tiempo lo han enmarcado en la denominada “guerra popular prolongada” y “Consolidación del Plan estratégico de largo aliento” enfocado hacia la toma de poder.

El Espacio lo generan por ejes como “desdoblamiento de frentes narco-guerrilleros” y su “despliegue estratégico a lo largo y ancho del país buscando zonas de alto valor económico y político.

La Tecnología (táctica) es función de conformación y utilización de “milicias populares” como elementos de inteligencia, de instrumentación de “golpes de mano”(actos terroristas) y de labores logísticas.

Entonces, ¿hacia donde enfoca la organización ilegal Farc la aplicación de estos elementos ¿. Hacia la búsqueda del propio beneficio, hacia su pretendida “auto-perpetuación”, hacia el oportunismo, hacia el desconocimiento de las necesidades de los demás y hacia la falaz simplificación de la realidad compleja del país y del mundo.

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Este arraigado concepto llevó a alias “Alfonso Cano” a preferir la muerte antes que “reconocer la derrota de una visión del mundo, del país y del ser humano. Quizás era una persona incapaz de vivir en la incertidumbre del mundo actual.” Bajo estas premisas ¿ cómo diseñar e implementar un proceso estratégico que permita el abordaje inmediato de esa organización narco-terrorista para propósitos de paz?. ¿Cómo identificar qué se ha hecho mal para que el conflicto sea tan prolongado? Indudablemente se debe iniciar por la identificación precisa de los factores de riesgo que han sido capaces de mantener y degradar el conflicto entre ellos la injusticia social, los macro proyectos en territorios de amplia cobertura comunitaria, la presencia del narco tráfico como un impulsor de la violencia y su alianza con el Grupo ilegal Farc, el control de los recursos naturales, la corrupción rampante institucional y de la sociedad. Algunas opiniones sobre el tema de la voluntad de cambio de las Farc Los primeros quince días del mes de marzo de 2012 fueron prolíficos en opiniones en los diferentes medios de comunicación a favor y en contra del comportamiento del Grupo ilegal Farc y particularmente en su voluntad de hacer o no la paz. José Obdulio Gaviria, columnista colombiano, apoya sus comentarios en las expresiones de Edurne Uriarte (politóloga española) “quien pasó de posiciones de izquierda hacia la derecha ideológica por su decepción con el partido socialista…” y se ha distinguido por mantener polémica permanente sobre el accionar de ETA; dedica además conceptos francos relacionados con la posición política-militar de las Farc al anunciar que “No hay motivaciones altruistas de las Farc” y que aplicar “ comprensiones progresistas” como ha sido disculpar a ETA y comprender a las Farc - como se ha escuchado de manera reiterativa a la persona líder de “colombianos por la paz” y “ Marcha patriótica” - no es sano. Paralelamente Anthony Wanis – St Jhon, profesor de la American University, en su escrito “Rasgos de un proceso de paz exitoso en Colombia” no es lo suficientemente profundo en su apreciación sobre una fase de negociación con las Farc al desconocer que esta organización tiene en su contra una secuencia de “procesos fallidos de paz” en los cuales, además de la disposición propia de los gobiernos de turno para su realización, se acudió a la mediación nacional e internacional. Cuando el profesor Wanis St. Jhon hace alusión a los actores en el conflicto, no precisa que Colombia es un Estado Democrático; desconoce que la organización Farc no es representante de la sociedad como han procurado mostrar ellas en otras latitudes y desconoce además otras características de nuestro conflicto. Según la apreciación del Profesor Wanis-St. Jhon, construir la paz es similar a construir una Catedral ladrillo a ladrillo. ¡Con la cantidad de ladrillos( seres humanos) que ha puesto el país y que las Farc se han encargado de asesinar y mutilar, un flaco favor le hacen a la construcción de la paz¡ Si las etapas para la construcción de la paz son la relación y la confianza como lo advierte el experto, los esquemas y principios de una negociación están tan devaluados como su accionar delictivo; sin embargo ¿qué elemento de confianza o garantías ha observado el gobierno Santos cuando ha impulsado reuniones secretas durante el año 2012 con el grupo ilegal Farc? Tendrá algo que ver, por ejemplo que el pasado 5 de marzo de 2012 en los diarios de circulación nacional el nuevo líder el Grupo ilegal Farc alias “Timochenko” de manera cínica expresaba que “

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Es una lástima que todos los días se esté derramando sangre de colombianos humildes en un largo enfrentamiento. No deberían morir militares ni policías. Tampoco tendrían que morir guerrilleros (…) Nosotros creemos que vale la pena intentar romper ese círculo maldito y apostarles más bien a la reconciliación y la paz.” Con este tema epistolario parece pretender el colectivo Farc y algunas de sus asociaciones afectas, reconstruir su agenda política y acudir al terrorismo que obligue al gobierno a nuevos diálogos deslegitimando los objetivos cumplidos; por ello han arreciado a lo largo de el primer trimestre de 2012 su accionar belicoso. Esta postura de las Farc de mantener la guerra en aras del poder a través de la injusticia desde 1988, no obedece a la ideología que promulgaron en un comienzo. Esta ideología se contaminó con la alianza del narco-tráfico y el terrorismo, sin perder por ello la meta de búsqueda del poder por todos los medios y en consecuencia su auto perpetuación. Igualmente desconocen en su totalidad la importancia del desarrollo social, político y económico del país. Enfoques estratégicos para el logro de la paz Enfocando acciones para un cambio de estrategia que conduzca a lograr la esquiva paz en Colombia, luego de esa dilación de tantos años (1988-2012) y acudiendo a Wellensteen Peter-2001-, éste propone como criterio que deben superarse las incompatibilidades entre las partes del conflicto y más si, uno de los actores (aplicable en el caso de Colombia) la naturaleza de la disputa la enfoca en la obtención del poder no solo político sino en el de los recursos. Para superar las incompatibilidades, consigna entonces Wellensteen varios mecanismos, de los cuales y dadas las condiciones reales del país, sería aplicable uno solo. Este mecanismo corresponde a promover un cambio en los objetivos hasta ahora propuestos, a determinar prioridades, a garantizar los liderazgos honestos y fijar una posición básica, es decir, que tratándose de un sistema democrático que siempre ha imperado en Colombia, se trata de integrar los esfuerzos de la sociedad civil, del Estado a través del gobierno y de los grupos al margen de la ley en la búsqueda de la paz. Sin embargo, dadas las circunstancias y características del país político y social y de la incredulidad que se tiene sobre el comportamiento ético del grupo ilegal Farc, cualquier gesto debe ser “conciliatorio, creíble y genuino”, capaz de generar alguna respuesta de los demás actores. Otro experto Christopher, Mitchell, para dar respuesta a una pregunta obvia: ¿Qué hacer para que un acto conciliatorio tenga las máximas posibilidades de ser percibido como tal por el destinatario?, sugiere varias acciones clave que para nuestra realidad colombiana es aplicable solamente una: que cualquier acción represente un “cambio visible de una posición previa”, entendida como implementación propia de parte de cada uno de los actores, dado que como enfatiza Jhon Paul Lederach-1998- estos procesos no solo corresponden a las cúpulas sino que implican participación integral de la pirámide social, que en este caso sugiere sociedad civil, partidos políticos, organización ilegal Farc y gobierno. Como corresponde a un Estado de Derecho y siendo las obligaciones del gobierno, instituciones y de los estamentos políticos y sociales del país, coadyuvar por el servicio a la comunidad, promover la prosperidad y el bienestar y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos

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consagrados en la Constitución, cabe entonces mencionar algunos puntos de la agenda estratégica 2010-2014 planteados durante el debate electoral de 2010 y que se allanan a la búsqueda de:

la seguridad interna y externa;

a cumplir con los compromisos sociales del Milenio al respecto de la prosperidad social;

a vincular al país a la globalización y a fortalecer la economía interna; a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente nacional;

a promover y financiar los avances en la ciencia, la tecnología, la educación y la investigación

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de este ensayo y particularmente en el enfoque estratégico, el gobierno nacional modela y estructura - presumiblemente y de manera independiente a la agenda de pre negociación en curso - su estrategia de 2012 hacia adelante en función de los planteamientos del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas así:

Apoyo a las políticas de Estado involucrando de manera activa los propósitos del Plan

Nacional de Desarrollo con los relativos al Plan de Defensa Nacional.

Se enfoca la meta como la consecución de la victoria y no solo el aspecto defensivo.

Dada la reiterada posición del grupo ilegal Farc de dilatar cualquier propósito de paz y

convivencia, se busca contrarrestar su amenaza, enfocando acciones hacia su retaguardia

histórica, en el entendido que esta organización no ha sido representante de la sociedad y

que su ejercicio violenta a las instituciones y desgarra de manera permanente el tejido

social.

La estrategia en curso identifica los centros de gravedad propios y los de la amenaza, en

términos de vulnerabilidad.

El propósito estratégico se implementa mediante el esfuerzo interagencial, integral y

conjunto entre los ministerios del ente gubernamental, el ministerio público –

Procuraduría General de la Nación –como institución encargada de vigilar que se cumplan

la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, así como los actos administrativos y la

Fiscalía General de la Nación como institución designada para combatir la impunidad,

investigando de oficio o mediante denuncia o querella, los delitos a fin de acusar los

presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

Implica también el refuerzo de la sociedad civil a esta consigna estratégica con su

participación en programas, manifestaciones e iniciativas de paz y de reconciliación.

Este propósito estratégico se asocia con la innovación permanente en los diferentes

escenarios orientada hacia el cambio de actitud de los actores e insistiendo que la mejor

defensa jurídica, al respecto de la actuación institucional es la transparencia, la

legitimidad, fundamentada de manera exclusiva en el respeto al Derecho Internacional

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Humanitario y sus principios generales: supremacía del Derecho Internacional, Principio

Pro Homine (protección de la persona humana), la No Reciprocidad ( no se busca

concertar intereses recíprocos de las partes), así como sus principios específicos de

Distinción, Limitación y Proporcionalidad.

La estrategia planteada implica pues el uso máximo de la fuerza – enfocado hacia el

cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) – y se concibe como una

presión militar intensa a las Farc y demás grupos ilegales acompañada de un esfuerzo

mayúsculo de alto contenido social que desemboque en un armisticio de carácter político.

Se trata pues de desarrollar “una guerra justa para obtener la paz” a través del Plan de

Guerra “Espada de Honor”.

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CAPITULO 2

NUESTRA DISPUTA INTERNA Y LA VISION DE ANALISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE EL AÑO DE 2007 Y EL AÑO 2012

2007 un año coyuntural en el conflicto interno El año 2007 mostró una silueta diferente de la guerra fratricida que ha acompañado a Colombia por más de ocho lustros, debido a los resultados del enfrentamiento radical - aunque con algunas fisuras en la propuesta de seguridad democrática – contra las organizaciones narco guerrilleras y a la desmovilización del indeseable colectivo paramilitar. Esta circunstancia permitió a los analistas nacionales e internacionales establecer comparaciones primero sobre un lapso de cinco años (2002-2007) y luego de cuatro años 2008 a 2012.

Importante precisar que a comienzos del año 2008 la Sociedad Civil, en su conjunto, manifiesta la imperiosa necesidad de reducir el conflicto y surge por convicción unánime la marcha del 6 de marzo de 2008 en contra del grupo ilegal Farc. Este breve prefacio permite entonces resumir a continuación el pensamiento - para esos periodos - de connotados analistas de varias latitudes y tendencias sobre el conflicto interno colombiano. Se hace referencia adelante, de manera específica a los comentarios en 2007 del politólogo francés Daniel Pécaute y el historiador inglés Malcolm Deas, confrontados de manera general con los de prestantes generadores de opinión del país. La intención es destacar los elementos de coincidencia y también aquellos en los cuales se polariza su percepción al respecto de la problemática de Colombia. Estos elementos podrán evidenciarse a la luz de vivencias y del entorno propio del ciudadano colombiano e interpretarlos como una alerta y un diagnóstico grueso de la realidad actual. Observemos por ejemplo sus opiniones al respecto de lo sorprendente que resulta el hecho de que nuestra Nación no haya colapsado ante un escenario político y de violencia como el de las últimas cuatro décadas. Interpretan que Colombia es un país moderno en el cual no ha habido derrumbe de Estado y existe legitimidad democrática. Que los horrores y las limitaciones que hacen trámite en su democracia, resultan menos agresivos que otras alternativas de gobierno. Antes, un ejemplo de tendencia socialista en América Latina Vale la pena referenciar aquí las marcadas tendencias socialistas que van progresando en lideres de países vecinos, calificados de manera acertada por los autores del libro “El Regreso del Idiota”,

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como “Izquierdistas vegetarianos e Izquierdistas carnívoros”, estos últimos en pleno ejercicio de coartar de manera inicua lo previsto en cualquier Estado de Derecho

Entonces y atendiendo al título de este capítulo en el cual se hace énfasis en acontecimientos no

solo nacionales sino internacionales con injerencia en nuestra problemática durante el año 2007 y

su afinidad conceptual hasta el año 2012, resulta pertinente comentar un " generoso" discurso del

Presidente Chávez con motivo de la instalación de la JORNADA INTERNACIONAL DE

COMUNICACIÓN en Caracas en el mes de mayo de 2007, apoyándose en una película producida

por el Ministerio de Cultura Venezolano y titulada: BOLIVAR ETERNO CIUDADANO DE LA

LIBERTAD, que muestra según él, los efectos de las traiciones en la humanidad y el espíritu del

Libertador.

Refleja Chávez a un Bolívar que quiso culminar su periodo de guerrero y de revolucionario,

buscando la unión bolivariana, epopeya por la cual luchó tanto; ese empeño lo enfocó el

Libertador, según Chávez, en convencer al los Generales Santander y Páez, "representantes" de las

oligarquías Bogotana y Caraqueña, reclamándoles la necesidad de enfrentarse a la burocracia y al

imperialismo desbordado de esos tiempos, uniéndose a la causa de la revolución.

Dado que ese ideal bolivariano no se ha concretado luego de casi doscientos años, él, Chávez, se

autoproclama como quien continuará dando la batalla por la dignidad, por la revolución y por la

libertad. La tragedia que vivió Bolívar, según Chávez, " es la tragedia de América, pero como

producto de la historia, del amor y del instinto popular, hoy esa tragedia se ha traducido en lucha

sublime por la independencia" y reitera además " que hay que retornar a una sola patria

bolivariana”.

En un foro educativo como es en el que participa, Chávez manifiesta con arrogancia que el

imperialismo quiere desconocer el derecho a la educación y a la comunicación para que no haya

subversión; enciende el fragor de batalla en toda la concurrencia, pero particularmente en los

jóvenes asistentes, entre ellos los cadetes militares y los insta a que " preparen el espíritu y el alma

para las mil batallas venideras".

Obligan estas actitudes a dar una mirada retrospectiva al acontecer de la república China en las

décadas de los cincuenta y los sesentas en las cuales se sintió un periodo de reordenamiento

económico, confiscación de empresas, de propiedades y se logró un autoabastecimiento de

petróleo pero también fue manifiesta una etapa de dura represión política. En ese periodo, con la

denominada Revolución Cultural de 1966, se buscó liberar a China de las vivencias del pasado,

reservándose una identidad político-independista que le garantizase autonomía.

Esta cronología histórica-cultural asociada con la circunstancia venezolana actual la consolida el

presidente Chávez con la mención de las primeras estrategias para realizar su sueño:

*La consolidación de la Alternativa para los Pueblos Bolivarianos -ALBA

^La creación de empresas Gran nacionales en lugar de Transnacionales

*El concepto geopolítico nuevo de UNASUR para quebrar la pretensión de algunos gobiernos

"subordinados" a la oligarquía y al imperialismo.

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*El nacimiento de PETROSUR como una acción de independencia y el reemplazo del banco

Mundial por el Banco del Sur.

Advierte entonces de manera paradójica el presidente Chávez que el único camino para que haya

patria o humanidad es el socialismo, ya que el capitalismo acaba con los pueblos y con los

ejércitos; ¿pero y entonces el derroche de dólares y el armamentismo civil y militar cómo se

explican?. Parece que el presidente Chávez reacciona en su ego como lo plantea el filósofo

socialista argentino José Ingenieros al describir al ser humano superior que adhiere al socialismo:

“El Superior es un accidente provechoso para la evolución humana; es idealista, precursor de

nuevas formas de perfección; piensa mejor que la sociedad en que vive".

Los razonamientos de los pensadores extranjeros y nacionales Continuando con las reflexiones de los intelectuales europeos, advierten estos que el fenómeno de Desplazamiento de las décadas de los cincuenta y los sesenta, obedeció a un escenario político generado por la lucha entre dos partidos. El Desplazamiento actual, año 2012, en concepto del autor de este Ensayo resulta todavía inmensamente dramático dado que la gente no sabe exactamente las razones por la cuales debe desplazarse; percibe sí, que existe participación de más actores (guerrilla, bandas criminales, narcotráfico) que ocupan las regiones de manera cíclica en función del poder que les otorga el uso de las armas y la aplicación del terror. Es decir, que le resulta a los pobladores totalmente incierto retornar a sus regiones o localidades pues surge la amenaza enorme de la sospecha comunitaria que puede vincular a algunos de sus integrantes con uno u otro grupo ilegal y en consecuencia ser estigmatizados. Estas apreciaciones refuerzan de manera drástica el planteamiento actual de contar con un número adecuado de tropas para efectuar el cubrimiento y control de estas áreas y continuar con el proceso de consolidación, es decir, garantizar la seguridad ciudadana, propiciar el restablecimiento del tejido social y hacer sostenible la gestión de desarrollo económico. Los párrafos anteriores indican que la percepción de los analistas en el año 2007 se manifiesta por la presencia de algunas “fisuras” en el desarrollo de la política de seguridad democrática, particularmente por los acontecimientos bélicos en los Departamentos de Huila y Guaviare en el último semestre de 2007 y que el rigor militar los calificó como “un acontecimiento a nivel táctico, lamentable sin duda, pero sin implicaciones estratégicas y políticas…”. Sobre el tema, a mediados del mes de diciembre de 2007, el politólogo Alfredo Rangel y el General(r) Álvaro Valencia T. fijan sus criterios sobre este aspecto de la problemática nacional en términos políticos y militares. Por un lado el General(r) Valencia Tovar argumentó que la Política de Seguridad Democrática que establece como Estrategia el uso y fusión del poder económico, militar, político, cultural, moral, social, espiritual y psicológico, en sus palabras :” sumar al poder militar, el del Estado y el apoyo Popular”, tuvo una “ fase victoriosa inicial”, pero cayó por deficiencias en interrelación político-militar y que al adversario (Grupo armado ilegal Farc) se le han brindado de manera inocente, argumentos para que saque el mayor provecho político, tornando la “ fisura en una grieta”.

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De otro lado el Politólogo Rangel Suárez arguyó en esa fecha que ante el “eventual quiebre en la situación de seguridad”, debe, indudablemente, efectuarse una apreciación justa sobre los logros y avances en materia de seguridad, pero también motiva la necesidad de estudiar las vulnerabilidades de la mencionada política y sus fortalezas y tener claro que el camino por recorrer es todavía largo y tortuoso. Describe el componente político civil de ese 2007 como “un campanazo de alerta”, que se debe entender como una advertencia y que si se incrementan estos golpes narcoterroristas, estos hechos se constituyen en una ganancia en experiencia para enfrentar con mayores posibilidades de éxito a los grupos al margen de la ley. Es indudable que la opinión civil dio crédito al esfuerzo militar y a su entrega; que criticó la actitud de aquellos que insinuaron desmontar la Política de Seguridad Democrática sin proponer nada serio ni consistente, con la pretensión entonces frenar el proceso siguiente de la prosperidad democrática. ¿Qué se deduce de estos criterios aparentemente dispares?: que fue oportuno mantener el esfuerzo e incrementarlo, para dar solidez a la Política de Seguridad Democrática y que las tácticas fueron miradas cada día con más detalle, dados los diversos ingredientes que aportan, tanto nuestra idiosincrasia como la injerencia internacional en la problemática interna y que hacen cada vez más compleja esta guerra fratricida. Mantener la continuidad del esfuerzo de aplicación de la seguridad democrática permitió logros estratégicos políticos y militares fundamentales y oportunos como fueron, además de la muerte natural de alias “Tirofijo” el 26 de marzo de 2008 por la presión intensa ejercida en su área territorial los siguientes:

Operación “Fenix” que condujo a dar de baja al portavoz de las Farc alias “Raúl Reyes” el 1 de marzo de 2008. Esta operación llamada también “bombardeo de Angostura” produjo una crisis diplomática severa entre Colombia y Ecuador.

Operación “Jaque” el 2 de julio de 2008 en donde se demostró la supremacía de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia al rescatar a secuestrados políticos, militares y extranjeros en manos de las Farc. El uso del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR – en esta operación no implicó acciones por parte de la organización humanitaria ya que esta interpretó que lo importante es “ contar con la confianza de todas las partes en conflicto en Colombia”. Se privilegió además el gesto del presidente colombiano al disculparse públicamente.

Operación “Sodoma” que permitió restar al grupo ilegal Farc un miembro importante de la estrategia delincuencial y operativa como lo era alias “Mono Jojoy” el día 22 de septiembre de 2010.

Operación “Odiseo” realizada en proximidades de Jambaló y Toribio en el Cauca permitió dar de baja al comandante del “Secretariado” alias “Alfonso Cano” el 4 de noviembre de 2011.

Además de los logros descritos antes que favorecieron el ambiente político, militar y social posterior, también fue evidente y no menos dramática la percepción de de los eruditos en 2007 sobre el aumento de los procesos de corrupción en el ámbito nacional potencializados por la narco economía que impacta de manera directa los eventos electorales. Este fenómeno de “economía subterránea” permite que crezca la soberbia y la prepotencia de los diferentes grupos al margen

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de la Ley al saberse poseedores del poder económico que genera la práctica infame del narcotráfico. Igualmente la apropiación indebida y tenencia de la tierra así como la vulnerabilidad de la estabilidad regional y nacional en zonas de frontera, fenómenos evidentes hoy en 2012 “ad portas” de un proceso electoral con matices reeleccionistas y dura oposición obligan a reflexionar sobre la importancia y necesidad del tratamiento sano del conflicto. No obstante precisaron los intelectuales en el año 2007 que no existió hasta esa fecha una “cultura de la violencia” como tal, sino que los grupos sociales inmersos en la lucha ilegal, no pueden sustraerse a la influencia de esta organizaciones criminales y se constituyen en muchas ocasiones en “entidades colectivas precarias” para protegerse (como en las comunas), desafortunadamente, utilizando la misma estrategia y la misma violencia. La presencia de la Academia y sus razonamientos Académicos conocedores del tema de conflictos como los sociólogos Hans Joas y Wolfgang Vogt permiten aclarar que estas manifestaciones de violencia se centran en las características socioculturales de los autores (narco guerrilla, bandas criminales, delincuencia común) y que sus actos además de ser completamente racionales, traspasan los límites de lo legal e incluso de lo moralmente prescrito La contradicción entre la no existencia de una cultura de violencia como tal y la presencia real de esta, podría explicarse según se interpreta en las apreciaciones de los sociólogos mencionados, en que los actos violentos suelen ser realizados por habitantes perjudicados o marginados que protestan contra su perjuicio y marginación actuando contra sus opresores y es allí en donde se propicia el cambio de valores y/o la pérdida de valores. ¿ Es posible que se den cita aquí para esa protesta, hoy año 2012, el desarraigo, la ausencia del Estado, el debilitamiento de la autoridad, la falta de ideales y motivaciones, los malos ejemplos que proponen los medios de comunicación, la erosión cultural a causa del carácter mercantil de las propuestas del narcotraficante, del funcionario o empresario corrupto? Es parte del colosal cúmulo de inquietudes sobre el cuál reflexionar. La indiferencia ante el terrorismo Otro elemento que consideraron contradictorio y paradójico los estudiosos extranjeros, es la capacidad aparente que tiene el pueblo colombiano de hacerse indiferente ante acciones tan infames como el terrorismo, las fosas comunes, el secuestro, la extorsión, etc., y no reaccionar permanentemente de manera conjunta y masiva constituyéndose en una “ opinión pública sólida y sostenida” ante esos eventos. Interpretan que cada miembro o familia de la sociedad ha sido tocado de una manera diferente o no ha sufrido el impacto de este drama y en consecuencia se reacciona de manera particular y en incontables casos sin acudir a las autoridades. Cabe aclarar aquí que la calificación de elemento contradictorio que anuncian los eruditos al respecto de “indiferencia” de los ciudadanos colombianos sobre el terrorismo, es precisamente

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una paradoja pues lo refleja de manera opuesta la solidaridad durante los infames episodios vividos en época de Pablo Escobar, simultáneos con los ataques de una guerrilla soberbia. Como ejemplos, en 1989 se realizó la “Marcha del Silencio” como respuesta al magnicidio de Luís Carlos Galán. En 1997 tuvo lugar la “Marcha del mandato por la Paz”. En el año de 1999 se realizó la “Marcha del No Más” contra el secuestro. En el año 2008 se llevó a efecto la marcha más impactante : “ Un Millón de Voces contra las Farc” que reflejó, como lo mencionó el periodista Jorge Iván Giraldo en 2011 “ una consecuencia directa de la dinámica social, despertada por la política de “Seguridad Democrática”, y el punto máximo, del cansancio frente al sometimiento de los violentos de la Farc; de la constante de secuestros, extorsión, asesinatos, campos minados, y una serie de hechos que han ido degradando cada vez más, los sucesos violentos, que hemos tenido que padecer, durante estos largos y tortuosos años, tuvieron un desahogo aquel 4 de febrero, fue la manifestación expresa, la patente clara de una sociedad, que dijo, “un hasta aquí”, “un basta ya”, un mensaje como lo dice Oscar Morales fundador de “Un millón de voces contra las Farc” y timonel cibernético de esta marcha, “ustedes no son el ejército del pueblo”.

Adujo igualmente el periodista Giraldo que esa marcha logró romper la barrera de indiferencia tras de la cual “actuábamos como espectadores frente a los hechos de violencia, a pesar de ser víctimas directas. La sociedad se comportaba como si los hechos sucedidos solo atañeren a las Fuerzas Armadas y a la guerrilla”. Complementa el analista Giraldo su opinión sobre la marcha refiriéndose a lo acontecido durante la entrevista entre el expresidente Uribe Vélez y los rescatados mediante “la Operación Jaque” en la Casa de Nariño, cuando aquel planteó la cuestión ¿qué podemos hacer para rescatar el resto de sus compañeros que aún son retenidos como rehenes en la selva?" El cabo Julio C. Buitrago tomó la iniciativa y contestó: "Señor Presidente, lo que tenemos que hacer es repetir la protesta en contra de las Farc que ocurrió el 4 de febrero ", "Tenemos que hacerla una vez más, señor Presidente". De igual manera Ingrid Betancourt contestó: "Señor Presidente, a pesar del hecho de que estábamos en cautiverio, recordaré ese día como el más feliz de mi vida: el día que me enteré que a nosotros no nos habían olvidado. El día que toda una nación gritó por nuestra libertad".

Pero también desde la otra orilla podemos tomar lo expresado en una conferencia organizada por la Fundación “Un millón de voces” en Bogotá, con la ex comandante Elda Yenis Mosquera de las Farc, alias "Karina". Cuando se le preguntó sobre su decisión de desmovilizarse, dijo que la protesta del 4 de febrero fue “el colmo”; el único evento que la “había hecho venir a sus sentidos; nosotros pensábamos que estábamos luchando por el bien de la gente, y un día descubrimos que toda la nación marcho contra nosotros. Llegué entonces a la conclusión que no vale la pena. Fue una lucha estéril".

Lo descrito en párrafos anteriores como un argumento aclaratorio a lo expuesto por los eruditos extranjeros en 2007 también lo consideramos aplicable a las apreciaciones de Mauricio Villegas y Natalia Springer quienes precisan también en esa fecha, de manera respectiva sobre este tema de solidaridad o de indiferencia, que el “drama de este país es que nunca podemos pasar de los sentimientos individuales a las acciones colectivas” y que el “factor fundamental dentro de un proceso tan complejo es la voluntad de la sociedad entera para comprometerse con la terminación de la guerra”. Se pueden complementar las apreciaciones de los pensadores mencionados antes con lo anotado por el politólogo francés Pecaut como su percepción sobre el tema manifestando: “ que lo más

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grave es que las instituciones morales no se atreven a condenar lo intolerable”, es decir, que falta que la sociedad civil, las autoridades, la clase política, asuman el liderazgo sano, ético y de compromiso para plantear y materializar propuestas atrevidas, inteligentes, ingeniosas que permitan resolver la problemática. Natalia Springer en uno de sus escritos plantea para el tema de justicia y reparación una inquietud que se puede asociar con el parágrafo anterior al decir que “las batallitas entre quienes tendrían la obligación de asumir las riendas de la nación (senado, partidos, políticos y presidencia) han propiciado que el liderazgo del proceso esté en cabeza y sea liderado solo en las Cortes por jueces y fiscales”. Se precisa adicionar aquí, el concepto de Soberanía Nacional que es la que “corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado”. Los poderes no solamente se los otorgaron al cargo de Presidente sino a cada uno de los Estamentos que conforman el Estado y se los otorgó no hoy, sino desde cuando se redactó la Constitución Colombiana de la centuria de 1800 y que se ratificó en sus aspectos esenciales en la Carta Magna de 1991. La conveniencia o inconveniencia de hablar del pos conflicto Antes de concluir este recorrido parcial sobre el pensamiento de estos connotados intelectuales entre 2007 y 2012 y a pesar de existir otros temas importantes de opinión como el pre proceso con las Farc, el ELN y el actuado contra los paramilitares, consideramos interesante referirnos a la percepción del politólogo Pécaut sobre la no oportunidad de hablar todavía del tema del postconflicto en ese año de 2007. Aduce Pécaut que el hecho de existir tantos ingredientes dentro del conflicto, entre otros por ejemplo, la presencia de un “narcotráfico pujante” y que “solo las buenas intenciones no bastan para cambiar la realidad”, no se dan las condiciones para iniciar ese proceso. Natalia Springer en su libro “Desactivar la Guerra” también se pregunta si es factible, por ejemplo ¿la desmovilización en medio de los combates? ¿Tiene sentido hablar de desmovilización en un sistema de guerra que el gobierno no hace ningún esfuerzo por desmontar? Consideramos que esa apreciación no consulta con nuestra realidad y que se debe “preparar el futuro porque planear es escoger”, como menciona el líder africano Julios Nyerere. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz produjo en diciembre de 2002 el documento: Preparar el futuro: Conflicto y postconflicto en Colombia y consideramos que mantiene vigencia al enunciar direcciones grandes hacia las que podría dirigirse la investigación académica y las políticas públicas. Plantea el documento que la construcción de la paz (fase postconflicto) debe iniciarse en pleno conflicto porque:

Evita deterioro mayor

Anticipa retos futuros

Fija una agenda y sienta metas

La guerra permite más creatividad y osadía en los actores

Contribuye a la transformación del conflicto

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Atrae la atención y el apoyo internacional

Genera lazos institucionales y sociales El mecanismo para ese logro sería el proceso de justicia transicional “que se ocupa de los problemas específicos de la transición del conflicto al postconflicto”. Precisamente y con relación a la transformación del conflicto, en noviembre del año 2012 el nuevo Defensor del Pueblo Jorge A. Otálora manifiesta preocupación por el incremento en la violencia en varias regiones del país, particularmente Chocó, Antioquia, Cauca, Santander, Norte de Santander y Meta y enfatiza la importancia, no solo de la presencia permanente de la fuerza Pública sino la asistencia social seria y sostenida a la población. La inquietud del defensor se enfoca en la presencia y crecimiento de las “bandas criminales” – secuela del accionar del grupo ilegal Farc – que fortalece el pacto con el crimen organizado como motor del desequilibrio regional. Simultáneamente el director del centro de Estudios –CERAC – ratifica al respecto, noviembre de 2012, que ante ese desequilibrio está el crimen organizado que adopta la violencia de las armas y la sevicia heredada del conflicto interno. Se presume entonces que la tendencia de los grupos ilegales emergentes será la de unirse entre los bandos para la repartición de rutas, no solo de estupefacientes, sino de armas ilegales y dinero; por ello es clave, según el directo del CERAC que las autoridades retomen el control de las zonas de disputa para” evitar mayor deterioro”.

Como complemento a estas inquietudes y propuestas resulta procedente enunciar algunos apartes del libro “Yihad” de Loretta Napoleoni (especializada en terrorismo internacional) cuando precisa que los pactos del crimen organizado generan la “economía del terror”, declaratoria que avalan las columnas de opinión en enero de 2010 de diarios de circulación nacional como EL TIEMPO que denuncia la participación directa de las Farc en el entrenamiento de paramilitares para atentar contra el Presidente de facto de Honduras Micheletti así como la reciente alianza (2009) entre las organizaciones Farc y ELN. Estas organizaciones ilegales se convierten en alumnos aventajados de este modelo y lo retroalimentan con las experiencias y métodos del IRA, del FPLP y en el sentido opuesto de la OLP.

Estos actores y sus acciones de carácter terrorista bien pueden ser interpretadas en sentido opuesto con la concepción de Maquiavelo cuando advierte que si se asciende al principado por un camino de perversidad y delitos debe tenerse consciencia que en épocas de guerra con dudosos resultados no se logrará conservar el dominio pues siempre se depende del uso que se dé a la crueldad y la respuesta del ciudadano ante esa acción.

El respaldo de Estados amigos a la violencia guerrillera en Colombia

El preámbulo de párrafos anteriores de este capitulo como el atinente a la tendencia socialista en América Latina permite entonces el ingreso a un repaso general del libro “Yihad” de la economista Loretta Napoleóni en cuyo contenido, observado desprevenidamente sin asomo de controversia política o religiosa, se encuentra que la historia reciente de la Guerra Fría no deja de repetirse, particularmente en aquellos episodios en los cuales los Estados respaldaban a los grupos que entronizaban el terror y se autofinanciaban por la vía del delito. Igualmente algunos de estos

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Estados siguen siendo fuentes directas o indirectas de adquisición de armas, instrucción logística, refugio y lo más importante y detestable: recurso financiero.

Condiciones como las enunciadas dieron origen a la contrainsurgencia en el ámbito de la guerra política, prácticamente al finalizar la segunda guerra mundial. Luego, en las décadas siguientes incluida la de los ochenta y en la medida que el mundo se enfrascaba en el proceso de la guerra fría, la horda paramilitar se convirtió en el método más seguro para evitar confrontación directa entre potencias. Alguien tenía que ejecutar el trabajo sucio. Esta figura detestable no se había gestado todavía en el entorno latinoamericano pero germinaban ya grupos guerrilleros de carácter comunista en Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia y Perú que propiciaron, con las características de su accionar, la presencia de grupos paramilitares. Las acciones que se derivan de la aplicación de estos modelos en Colombia propician la aparición de la contrainsurgencia y con ella otro escenario de terror. Pero, más grave aún, invadió el territorio latinoamericano y de manera particular a Colombia el más aborrecible e infame delito: el narcotráfico.

Para ese entonces el grupo Sendero Luminoso creó el modelo de “economía comercial de guerra” basado en la comercialización de productos ilegales y es cuando esta metodología es sujeto de un refinamiento perverso por parte de los diferentes grupos guerrilleros en Latinoamérica estableciendo imperios económicos dado que ejercen control militar sobre algunos territorios económicamente rentables. Hoy Colombia no puede desconocer que ese peligroso fenómeno se afianzó internamente en los últimos veinte años pero además encontró un nicho abominable en algunos países hermanos limítrofes.

Se radicalizan las operaciones encubiertas para financiar campañas así como la coacción para acreditar poder regional, pero además se evidencia el nocivo vínculo entre las Farc y el negocio del narcotráfico. Esa alianza entre terrorismo y droga ilegal se convierte a partir de mil novecientos ochenta en un fenómeno letal al cual se vincula además el M-19; pero además y como un cataclismo, Cuba se convierte en un Estado interpuesto de financiación y de apoyo logístico internacional generando un “modelo de privatización “de la violencia política.

Sin embargo se reitera la apreciación del diario El Tiempo que aunque esa alianza no contempla fusionar estructuras delincuenciales - ya que cada una de esas organizaciones narcoterroristas mantendrá su propia dinámica de autofinanciación a través de delitos como secuestro, extorsión y narcotráfico, - no deja de preocupar la participación de Estados intervencionistas y provocadores, no solo en temas de financiación sino de protección a los miembros de esas organizaciones narcoterroristas Hoy desafortunadamente, es el actual gobierno de Venezuela quién recoge la “posta” cubana y emula a Muammar Gaddafi con esa generosidad proveniente del superávit petrolero, haciendo énfasis en la promoción de movimientos antiimperialistas buscando la entronización del movimiento bolivariano en América del sur.

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CAPITULO 3

EL ACCIONAR DEL GRUPO ILEGAL FARC Y SUS CONSECUENCIAS

Algunos antecedentes

Como se ha acordado desde el comienzo de este ensayo, se mantiene la referencia del periodo

2007-2012 como cronología de los conceptos que lo acompañan y es inevitable enfatizar que se ha

mantenido el accionar terrorista, jactancioso, dilatorio e inhumano de las Farc.

Es pertinente en consecuencia, ampliar brevemente lo expuesto en el prologo de este ensayo en

relación con la composición del “Estado Mayor” (EM) del grupo ilegal Farc y su “Secretariado” así:

El denominado EM está conformado por veinticinco (25) miembros cuya misión es

designar a quienes deben constituir el “Secretariado”.

El “secretariado” de las Farc está compuesto por siete (7) miembros (comandantes) y es la

máxima autoridad entre pleno y pleno del Estado Mayor Central.

A título ilustrativo se muestra la conformación del “Secretariado” de las Farc en dos épocas

representativas para el conflicto interno de Colombia describiendo a cada uno de los miembros

por su “alias”:

1964 Hasta 2008

“Manuel Marulanda Vélez”/” Tiro Fijo” 1964 – 2008 *

“Efraín Guzmán” 1964 – 2003 *

“Jacobo Arenas” 1964 – 1990 *

“Alfonso Cano” 1980 – 2011 *

“Jorge Briceño”/ “Mono Jojoy” 1975 – 2010 *

“ Raúl Reyes” 1980 – 2008 *

“ Iván Ríos” 1990 – 2008 *

Algunos miembros suplentes para esa época fueron:

“Negro Acacio” - 2007 *

“Martín Caballero” - 2007 *

“ Martín Sombra” - 2007

“ Karina” - 2008

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* Terroristas del “Secretariado” fallecidos o dados de baja

2008 – 2012

“ Timochenco”/”Timoleon Jiménez” 1982 – Fecha

“ Iván Márquez” 1977 – Fecha

“Joaquín Gómez” / “Usuriaga” 1981 – Fecha

“ Mauricio Jaramillo” / “El Médico” 1990 – Fecha

“Pablo Catatumbo” 1999 – Fecha

“Pastor Alape” / “José L. Lascarro” 1980 – Fecha

Ilustra la información anterior que hasta el año 2008 el grupo ilegal Farc contó con un

“Secretariado” experto durante muchos años en lides de violencia y en la aplicación de todos los

medios de lucha para obtener el poder. Pero además, la estructura organizacional del “estado

mayor” hasta esa fecha, mantenía también un proceso permanente y metódico según sus

políticas e ideología en temas de capacitación de nuevos miembros para actuar como suplentes.

Los miembros actuales del “Secretariado”, en uso de su formación han recogido el bagaje político,

militar y demencial de sus antecesores fallecidos, así como las mismas metas absurdas.

Por ello, no perdamos la memoria y acudamos a los hechos: el 7 de enero de 1999 en un acto

irresponsable y cínico, el cabecilla de las Farc, alias “Tiro Fijo” no se hace presente en una cita

histórica con la patria y deja solo al presidente Pastrana en el inicio de un monólogo por la paz.

Al comienzo de la primera década del año 2000, el presidente Pastrana debe dar la orden de

retoma del Caguán ante el incumplimiento de cualquier acuerdo por parte del grupo

narcoterrorista; su sucesor el presidente Uribe debe suspender la participación del presidente

Chávez porque las Farc con su comportamiento irresponsable propician que se den pasos

precipitados y no convenidos por parte del mediador principal.

El 21 de noviembre de 2007 el presidente Chávez de Venezuela, como mediador de un acuerdo

humanitario, debe hacerse presente ante la comunidad europea y el mundo sin las pruebas de

vida de los secuestrados, documentos que debería entregar el grupo ilegal.

En el pasado reciente, en un acto inhumano y delincuencial, las Farc dilatan la entrega de los

cuerpos de los diputados asesinados a los familiares y a la comisión internacional forense,

buscando la impunidad sobre la masacre realizada el 18 de junio de 2007.

El cinismo de los miembros del “Secretariado”

En la entrevista virtual de finales del año 2009 para la revista CAMBIO por parte de alias “Cano”,

los argumentos que este esgrime luego de varios años del evento del Caguán, se mantienen sin

ningún asomo de voluntad y solo se observa terrorismo, tortura y anarquía.

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Se advierte que “alias Cano” parece sufrir en ese momento de un episodio de amnesia “conveniente” cuando trae a colación hechos del infausto proceso del Caguán donde el gobierno de turno les facilitó a las Farc su protagonismo internacional y olvida lo que ha pasado en la región, en el mundo y en el país en los últimos ocho años.

Cuanto sarcasmo se advierte en las respuestas de “alias Cano” cuando niega contacto o conocimiento de personajes como los presidentes de naciones hermanas vecinas y luego se dedica al mutuo elogio.

De las pocas preguntas formuladas que se escapan a la facilidad de una respuesta inducida se pueden destacar las relativas a la crisis interna del Grupo ilegal Farc evidenciada por las deserciones, las bajas, la falta de moral y la entrega de secuestrados por parte de sus combatientes. Son los efectos de la ofensiva militar y la clara expresión que la lucha armada legal no tiene aceptación ni futuro.

Los cuestionamientos sobre el secuestro, delito con connotación de crimen de lesa humanidad no tuvieron, como era de esperarse, ninguna respuesta ni propuesta concreta.

La respuesta más negativa y cínica, que recoge en toda su magnitud la idea de no llegar a un proceso democrático serio que induzca a la obtención de la tan anhelada paz fue la que expresó a la voluntad de constituirse, junto con los integrantes del “secretariado” en miembros de una asamblea constituyente.

El cinismo inicuo de los miembros del “Secretariado” se mantiene vigente en el año 2012,

particularmente a través de los comentarios expresados por su líder actual alias “Timochenko”

desconociendo de manera voluntaria el horror que las actividades de la organización

narcoterrorista causan al país, comentarios que reflejan opiniones como:

“ La salida no es la guerra”

“Somos optimistas, la historia siempre ha sido labrada por las fuerzas sociales que

apostaron al futuro”.

“ Los colombianos del montón, los oprimidos y explotados, nos ponemos en pie y

buscamos la libertad de nuestras familias, vidas y culturas, o terminaremos con la marca

de hierro candente en nuestra espalda”,

Estos conceptos solo permiten intuir procacidad acentuada y hasta inmoralidad.

Alias “Timochenko y el resto del colectivo actual denominado "Secretariado", deben ser conscientes que han llegado a ese "principado" a través de crímenes. Que el despojo de tierras y facilidades que argumentaron los promotores de ese grupo ilegal en la década de los cincuenta, la revancha cruel que tomaron y luego la terca aplicación de una ideología política y terrorista no coherente con la existencia de un mundo globalizado, le resta a las Farc toda credibilidad y justificación. Que como lo describe Maquiavelo en El Príncipe " no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no gloria".

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En abril 6 de 2009 planteaba quien escribe este ensayo que ninguna contienda trae beneficios; sin embargo una justificación vital en el caso colombiano es garantizar la permanencia del Estado social de derecho. Queda así perfectamente claro que se debe someter, con presión militar y estrategia política a quienes como en el caso de las mal llamadas Farc, se han convertido en enemigos de la democracia al actuar de manera cruel e inhumana con sus conciudadanos. Es cuestionada por elementos de izquierda la posición precisa, coherente y firme de los dos últimos gobiernos al negarse a abrir escenarios de diálogo si no existen gestos evidentes de buena fe, a través de hechos concretos, sostenidos y unilaterales por parte del grupo narcoterrorista.

Ante estos hechos la Sociedad civil colombiana no ha podido permanecer solo expectante sino

que viene adoptando una posición severa contra las Farc y de apoyo a las instituciones legalmente

constituidas pero confiando en que se apliquen las lecciones aprendidas. Prueba de lo anterior se refleja en sendas precisiones efectuadas en el último semestre del año 2012 por varios columnistas nacionales y como un preámbulo al pre proceso de paz con las Farc así:

Saúl Hernández Bolivar el 28 de agosto de 2012 manifiesta que todos los colombianos queremos la paz pero “¿cuál paz?. La que sueñan los farianos y sus adláteres es la de una Cuba continental gobernada por ellos; un paraíso comunista, dictatorial y retrógrado… Combatir a los violentos es un mandato constitucional que no puede confundirse con guerrerismo, pues en ningún momento se pretende el extermino hasta el último guerrillero para dar por terminado el conflicto”.

Rudolf Hommes cuando habla de la guerra o la paz en Colombia en agosto de 2012 con relación a las Farc manifiesta que en todas las oportunidades de gestionarla con estas “el entusiasmo inicial a favor de los procesos y de los acuerdos no fue recompensado por los resultados, y en la mayoria de esos caso el fracaso de las negociaciones se debió a que la guerrilla no estaba obrando de buena fe”.

Como esa premisa se mantiene en los miembros del “Secretariado”, aún luego de la muerte de alias “Cano”, la columnista Salud Hernández Mora reitera en septiembre de 2012 que “es una falacia que suena muy bien afirmar que es mejor tener a ´Timochenco´¨´en el Congreso que en el monte echando bala”. Igualmente enfatiza “que la Marcha Patriótica, fundada y financiada por las Farc es y será su brazo político”. Es decir que “el país bendecirá el camino a buscar la participación en el sistema democrático por la vía de la fuerza de las armas y el terror”.

Las Farc y el sacrificio de la infancia y juventud colombiana

“¿De cuántas infamias se compone un éxito?”. HONORÉ BALZAC

Resultan dramáticas las estadísticas que reflejan la tragedia a la cual se enfrenta la niñez

colombiana cotidianamente. Ayer, hoy y todos los días la violencia intrafamiliar y social

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expresada en sus más degradantes escenarios actúa sobre esa niñez. Ayer, hoy y mañana una bala

perdida, producto de la intolerancia entre los mayores o el accionar de los grupos ilegales, mata a

un niño. Ayer, hoy y todos los días el desequilibrio social traducido en pobreza que convierte a los

niños en “caldo de cultivo” para el accionar de los corruptos, de las organizaciones

narcoterroristas y de los pervertidos.

Ayer, hoy y mañana la intransigencia, la obcecación y la soberbia de la organización Farc que

pretende de manera arrogante y violenta imponer a la fuerza sus ideas perversas, enfocadas

particularmente al fomento de la anarquía. No ha dudado un momento , en más de cinco décadas,

en sacrificar a la infancia y a la juventud del país; no ha titubeado un este grupo ilegal instante en

sumergir a esas generaciones en las profundidades y en el horror de la guerra.

Degradante espectáculo y salvaje actitud al sacrificar en El Charco (Nariño) el 2 de abril de 2010 a

un menor de edad, solo para demostrar con arrogancia insana y perversidad que quiere seguir

enfrentada al Estado cometiendo toda clase de arbitrariedades y vejámenes a los civiles

indefensos.

Pero, angustia más y se traduce en mayor dolor de patria cuando no se advirtió ninguna protesta,

ningún pronunciamiento sobre ese infanticidio reciente en Nariño como hecho dramático y

doloroso, por parte de los actores civiles principales en los eventos de liberación de los dos

soldados secuestrados que se adelantó en esa fecha. Tampoco hubo declaración de organizaciones

como “Colombianos y Colombianas por la Paz” o “Fundación Arco Iris

Resultará siempre una absurda paradoja, que se adelante con interés político, el proceso de

entrega de jóvenes sometidos durante mucho tiempo al mayor acto de crueldad como es el

secuestro y además el confinamiento en zonas selváticas durante los años más importantes de sus

vidas.

De otro lado también es un contrasentido que se siga incumpliendo, no solo por parte de esta

organización al margen de la ley, sino de la Comunidad de Naciones Unidas, el compromiso

previsto con motivo de su creación en 1945, consignado en la “Carta de las Naciones Unidas” y

cuyo enunciado que aún se mantiene reza: “Nosotros, los Pueblos de las Naciones Unidas,

estamos resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. Se

complementa esa incongruencia y genera inquietud adicional cuando en septiembre de 2000 la

ONU, en su “Declaración del Milenio”, expresa como objetivo básico reducir la mortalidad de los

niños, entendiendo que no solo se trata de cuadros de hambruna y desnutrición sino del

acatamiento de los derechos de la infancia y el respeto por su vida, respeto que no tiene el Grupo

ilegal Farc al sembrar minas en áreas de tránsito y permanencia de niños y jóvenes.

¿En donde se sitúa la ética de la responsabilidad y la solidaridad? ¿Cuándo y con qué oportunidad

debe enfrentar la responsabilidad cada individuo según su puesto en la sociedad? ¿Qué tipo de

tragedia mayor debe motivar y guiar a los dirigentes políticos, económicos y culturales de

Colombia para adoptar medidas que se traduzcan en cambios de conducta? ¿Cuándo se romperá

esa absoluta indiferencia ante la realidad patria?

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Consecuencias del accionar de las Farc en el ámbito institucional de la Fuerza Pública La organización Farc en su proceso estratégico ha entendido en los últimos cinco años que sus flancos débiles se encuentran en las operaciones militares que se adelantan por parte de las Fuerzas Armadas y por ello evitan las confrontaciones directas. Ejecutan entonces emboscadas a aquellas y acciones violentas, rápidas e imprevistas, con carácter de acto terrorista, contra la población civil y entes administrativos locales y regionales que generan un alto impacto mediático y político. Sin embargo, es bueno aclarar que estas acciones alteran desafortunadamente la situación humana e institucional local pero no implican provecho al grupo narcoterrorista. Ha interpretado también el colectivo Farc que esta forma de terror minimiza sus costos militares y refleja una sensación de control operativo, cuando en realidad lo que maximiza es el desplazamiento forzado. De igual manera, no se puede entender, como, organizaciones no gubernamentales, algunos gremios y grupos de protesta, siguen considerando esta guerra asimétrica como una disputa cruel por el avasallamiento de la población, es decir, por la imposición de reglas de cada contrincante desconociendo que se trata de recuperar, por parte de la Institución Militar el Estado de Derecho y cumplir con la obligación constitucional que le compete al gobierno a través de sus fuerzas armadas, de proteger el territorio patrio y la honra y bienes de los ciudadanos. Los golpes de mano que ha venido ejecutando el grupo ilegal Farc, no se pueden interpretar como una revitalización de sus estructuras y menos como el efecto de relajación de la estrategia de control del orden público, que obedece a un plan integral serio de ofensiva de las Fuerzas Armadas en toda la geografía nacional. Son sencillamente elementos de distracción en donde prima la viva fuerza y el terror. No se están apoderando de ningún puesto o bastión sino asesinando y secuestrando, como sucede en los desafortunados ataques a las instituciones y a la población civil. Es pertinente también aclarar que una confrontación bélica produce bajas, que en el caso de nuestra Fuerza Pública debe ser informada y registrada oficialmente, no solo por tratarse de un efecto producto de la acción de guerra sino porque además implica el sacrificio del ser humano en beneficio de la institucionalidad y en consecuencia hay que destacarlas. De otro lado, cualquier debate nacional sobre esta guerra asimétrica , no debe darse al tenor de estas acciones terroristas, violentas, sino en el hecho de que el conflicto armado interno se sigue alargando como función de la disponibilidad de recursos de las Farc provenientes del narcotráfico. Esta organización armada no solo obtiene recursos como administradora de lo ilegal, sino como vividora o parásito por la vía del secuestro y las extorsiones, las vacunas y el querer mantener un clientelismo armado sobre las administraciones locales. Una consecuencia funesta - precisamente por cuenta del accionar de las Farc entendido este como un elemento de fomento de la anarquía tanto para el país como para el gobierno de Álvaro Uribe - fue la destitución fulminante de la cúpula militar del Ejército en el último trimestre de 2008, debida a la errónea interpretación de algunos miembros de la Institución en diferentes niveles al propiciar, como lo mencionó el editorial del diario EL TIEMPO el jueves 30 de octubre de 2008, una absurda complicidad con grupos delictivos como los paramilitares, buscando dar prioridad al mayor número de bajas a los grupos ilegales, en lugar del concepto táctico y estratégico de mayor área de operaciones bajo control.

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Este daño colateral infringido por “ovejas descarriadas” en razón equivocada del uso de sus funciones para el control de maniobras delictivas del grupo ilegal Farc, condujo además a pronunciamientos severos por parte de columnistas, editorialistas y funcionarios del gobierno durante la semana siguiente a la destitución (una semana aciaga), declaraciones que en contexto permiten interpretar la percepción de cada uno de sus autores y por consiguiente vale la pena enunciar:

Abdón Espinosa V., connotado pensador precisó que “en toda guerra existe el peligro que sus acciones letales se degeneren. Tanto Impresiona que a los altos mandos les hubiera llegado la noticia por revelaciones y denuncias de la prensa o de las familias de las víctimas. Sin embargo la drástica medida de depuración tiende a curar las llagas encubiertas y a preservar su capacidad de servicio. Dado que la nación aprecia sus instituciones armadas, no puede sino dolerle e indignarle que unas cuantas ovejas descarriadas manchen su trayectoria. Por supuesto el acto de destitución no implica sentencia.

El diario EL TIEMPO permitió evidenciar simultáneamente ángulos diferentes de una parte de nuestra problemática nacional, en términos militares pero particularmente en el nivel de la Guerra Política. Pero igualmente se cayó en deficiencias notorias en la interrelación política –militar y que desafortunadamente al adversario político se le han brindado de manera inocente argumentos para que saque el mayor provecho político, tornando la “fisura” en grieta.

Oscar Collazos _ La pérdida de confianza en las instituciones viene cuando las violaciones de los derechos ciudadanos por parte de los Agentes del Estado dejan de ser ocasionales para convertirse en actos repetitivos y sistemáticos. Cuando esto sucede, los gobernantes no pueden eludir su responsabilidad política. La colérica descalificación que estos hacen cada vez que se presenta una queja o pronunciamiento sobre estas actuaciones parecen estar orientadas a mantener su prestigio político. Se pretende también quitar la ley de víctimas pretendiendo excluir la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos por sus miembros.

Luís Noe Ochoa - -No se sabe que destitución es justa y cual no. Los militares tienen derecho a su legítima defensa. Qué horror que política más peligrosa de la Seguridad democrática –o inseguridad democrática- de pagar por todo. Como si el deber, la misión, el honor y el amor patrio ya no fueran suficientes alicientes. Lo malo es que el presidente “fusiló” a los Generales a través de los medios. ¿Que tal que estos, con más de 30años en el ejército, resulten inocentes? Todo esto mina la imagen de un ejército, glorioso ejército aún, exitoso y sacrificado, que de todas maneras ha dado valiosos resultados.

León Valencia-. Hay hechos que lo llenan a uno de esperanza, que le devuelven la ilusión que no está lejos el día en que Colombia empiece a transitar los senderos de la paz y la democracia avanzada... La separación de Oficiales y suboficiales tiene ese sabor. Es la primera vez que de una manera clara y contundente se rompe la solidaridad de cuerpo en materia de violación flagrante de los DH. Esta semana se produjo un viraje. Fue el Gobierno y el Comandante de la Fuerzas Armadas quienes dieron el primer paso y ante la creciente ola de denuncias, tomaron la determinación que les correspondía.…La ilusión que me ha generado este hecho me lleva a apartarme de mis amigos de la oposición, que ahora está pidiendo la renuncia de JMS y que no han reconocido el valor del General

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Padilla. Fue Santos quien en un acto inusual pidió que se investigaran las actuaciones de los militares en los casos de desaparecidos de Soacha. Lo que corresponde es alentarlos para que sigan por este camino.

El general Carlos Suárez entregó al Alto Mando (antes de finalizar el mes de octubre) los resultados de las denuncias sobre falsos positivos en Antioquia y Ocaña. El Informe presentado fue contundente “Hay serios indicios de negligencia del mando a diferentes niveles… así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción”

José M. Vivanco de HRW comenta que “aplaudimos la decisión del Gobierno ante la presión pública y gracias al rol que han jugado los medios

¿Qué se deduce de estos criterios?. Que se debe mantener el esfuerzo e incrementarlo para dar solidez a la Política de Prosperidad Democrática planteada en el gobierno Santos como continuación de la de su antecesor pero buscando mayor énfasis en lo social; que la Institución Militar siga fortaleciendo su accionar en torno al respeto de los derechos Humanos y que las maniobras tácticas sean desarrolladas cada día con más detalle, dados los diversos ingredientes que aportan tanto nuestra idiosincrasia como la injerencia internacional en la problemática interna y que hacen cada vez más compleja esta guerra fratricida. Al respecto, quien escribe estas letras se había pronunciado meses antes de la coyuntura triste relacionada con la cúpula militar - marzo de 2008- en el sentido que para lograr el apoyo y respaldo incondicional de la población civil hacia la Fuerza Pública, buscando que rechace y se manifieste abiertamente sobre la violencia y el terrorismo que los grupos ilegales siembran en el territorio patrio se constituye en este momento histórico en una necesidad perentoria que requiere de un análisis de los factores contemplados en la aplicación de los Derechos Humanos, particularmente dentro de la misma Institución. El cumplimiento de funciones del miembro activo de las Fuerzas Militares debe distinguirse porque sus actuaciones se orienten siempre hacia el bien de la Patria, del ciudadano en particular y de la Comunidad en general, resaltando los valores más importantes de su desempeño. Este desempeño se circunscribe a cada uno de sus miembros en todos los niveles jerárquicos y se entiende como el actuar rectamente con los propios de la Institución y con los externos a esta. Se trata de un ejercicio permanente de la ética. La tolerancia en las actuaciones dentro de la Institución debe generar un proceso educativo firme en todos los niveles para que refleje y sean sostenibles actitudes no solo respetuosas sino valerosas como las del Sargento Rodrigo García de Ejército durante la toma indígena a la base militar del Cerro Berlín en Toribio (Cauca) quien se mantuvo dentro del rigor del honor, sin descuidar el viciado ambiente del entorno y sin eludir las responsabilidades institucionales. En el ejercicio del respeto por los derechos Humanos dentro de la labor como militar, la responsabilidad es absolutamente importante, pues la Institución puede verse abocada al desprestigio, a la pérdida de imagen, a la pérdida de confianza y por supuesto a la privación del apoyo de la población civil.

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El accionar militar y sus prohibiciones supone el respeto a las Normas Humanitarias, a través del cumplimiento de sus deberes básicos. Desde luego, como cualquier ciudadano, el militar tiene derecho a la legítima defensa tanto en el teatro de operaciones como en las cortes militares o civiles. La existencia y aplicación de la ética militar sugiere que se debe hacer cumplir la ley respetando los derechos de los conciudadanos. Si un comandante en ejercicio de la misión, a cualquier nivel que esta lo exija (un dragoneante, un suboficial, un oficial), actúa éticamente reconociendo que sus subordinados eventuales, antes que militares son personas, es decir, que le da prioridad a la dignidad humana; o escucha antes de rechazar, respetando el desacuerdo así no lo comparta, o se confronta con sus subalternos sin violencia, estará creando el mecanismo más apropiado de la tolerancia para aplicar en toda sus extensión los Derechos Humanos a quienes va dirigida su misión: sus conciudadanos. De igual manera el combatiente, en aras de preservar la imagen de la Institución, no debe intimidar, ni aplicar la justicia fuera de la ley, ni saquear bienes de la población civil y menos dificultar las acciones de ayuda humanitaria. En concordancia con esos elementos debe respetar a la población civil, tratar humanamente a quien tenga en su poder. Pero también en el ejercicio de luchar con todo esfuerzo y dedicación contra todos aquellos que amenazan el estado de derecho, el militar tiene derecho a la legítima defensa cuando es atacado de manera injusta. En consecuencia resulta fundamental mantener el respeto por la dignidad humana dentro de los cuarteles, fuera de ellos en las acciones dentro del teatro de operaciones y con la población civil inmersa en el conflicto. Para el militar deben ser respetados los derechos que faciliten la satisfacción de ciertas necesidades básicas como la seguridad social, la salud, el descanso, la vivienda digna y la posibilidad de vida cultural y científica. Mantener vigente la doctrina para aumentar la moral y fortalecer la voluntad de lucha de las propias tropas, teniendo en consideración su condición de Oficial, Suboficial y soldado, su lugar de origen, su nivel cultural, su actitud mental, sus aficiones y sus aptitudes ya que la fuerza debe usarse con respeto a las leyes, buscando que las operaciones militares sean disciplinadas y eficaces. Resulta fundamental que las tropas sean capacitadas adecuadamente para atender la problemática que se deriva, en primer lugar de la vulnerabilidad de la población y en segundo lugar del accionar de las Organizaciones narco terroristas. Esta capacitación debe además involucrar un reconocimiento por su sacrificio. La estrategia para esa gestión se debe enfocar a través del análisis de los factores pertinentes que involucra la labor de conocimiento y aplicación de los Derechos Humanos.

“A lo largo de la historia de la humanidad se ha evidenciado que las guerras las definen los PUEBLOS, puesto que quien recibe el apoyo de las COMUNIDADES será el vencedor.”

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Otras consecuencias del accionar de las Farc en su interior

La oportunidad del país es la segunda oportunidad de quienes reflejan la humanidad de "Karina". Y es que ese alias no solo corresponde al nombre de Elda Neyis Mosquera ex miembro del “secretariado” de las Farc sino al de todos aquellos que han interpretado mal los conceptos de derechos y deberes en el concierto nacional. A quienes con actos de barbarie, producto del ejercicio de la fuerza y aplicación de ideologías extemporáneas o haciendo uso indebido del conocimiento y de la política, se aprovechan de la buena fe o de la debilidad de otros impulsando la anarquía y deshaciendo los valores. El gesto de desmovilización de Elda Neyis Mosquera pudo ser calificado de oportunista porque al sentir la presión militar se decidió por esa alternativa, pero puede ser también respuesta al hastío de la guerra fratricida sin razón o a la añoranza de la vida familiar. El gesto de aceptar en 2009 el oficio de motivación a las huestes insurgentes para que repliquen esa misma opción de vida que es la desmovilización, también puede merecer ese calificativo de conveniencia. Sin embargo, aún bajo esa hipótesis, el aceptar ese reto de trabajar para sanar las heridas, no solo las propias sino las de las víctimas y propiciar una cultura del perdón y la reconciliación es una oportunidad como lo indica Yin Lin de abrir un camino de supervivencia colectiva que es sinónimo de fortaleza y no de sostenibilidad de la destrucción. Elda Neyis Mosquera, en la fecha, actúa en contexto con la Ley 975 de 2005 y las complementarias pues se desmovilizó voluntariamente ( Artículo 9); inicia una gestión de Reparación Simbólica (Artículo 8); ha aceptado los cargos (Artículo19) y es consciente de la posibilidad de aplicación del artículo 29:Pena Alternativa. Quien esto expresa ha ejercido como ingeniero civil en todo el ámbito nacional durante más de cuarenta años, ha visto y sufrido el rigor de esta guerra fratricida y perdió a su hermano menor, Capitán del Ejército de Colombia, en una aleve emboscada de las milicias de las Farc en 1994 y aún con todo ello, le apuesta a la disposición y buena fe de los desmovilizados y los reincorporados para esa segunda oportunidad de vida; pero más allá, le apuesta al ejercicio de solidaridad de la sociedad civil colombiana y de sus lideres para lograr una patria en paz. Lo que no excusa, ni acepta es que idéntica oportunidad sea brindada a los miembros del “estado mayor” de las Farc y a los de su “secretariado” quienes deben responder ante la justicia y ante las víctimas por sus actos claramente definidos como de lesa humanidad, tal como lo debieron afrontar los cabecillas de las autodefensas en su oportunidad.

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CAPITULO 4

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA INSTITUCION MILITAR

El Acuerdo humanitario

En años anteriores al 2006 se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo humanitario como un

medio para lograr el regreso al seno de sus hogares y regiones de muchos centenares de

colombianos inocentes (Sociedad Civil, Políticos y miembros de la Fuerza Pública); sin embargo

resultó ser un tema absolutamente sensible desde el punto de vista ético, político, social,

psicológico y económico.

Quien es secuestrado, de manera inmediata es juzgado y condenado ¡no tiene apelación!

Si se toma la vía del rescate militar que puede ser estratégicamente planeado o fruto de la acción

ofensiva y defensiva( constitucionalmente asignada a la Fuerza Pública) en el territorio patrio, el

sacrificado más probable es el retenido pues su situación de indefensión es manifiesta y su

instrucción al respecto del combate nula

Cuantos núcleos de familia de personas que sufrieron el flagelo del secuestro o lo sufren en la

actualidad propiciaron, de manera involuntaria e inocente pero además como una reacción

puramente humana, que la delincuencia financie el secuestro de otros ciudadanos.

Han sido innumerables los casos en los cuales, a pesar de haber pagado el precio de la extorsión

sus seres queridos fueron sacrificados y adicionalmente que un familiar como voluntario y garante

de la entrega de las sumas requeridas, resultara también secuestrado.

Son incontables también los casos en los cuales la situación ha sido completamente opuesta, en la

cual ni se logró la liberación o solo se recibió el cuerpo o lo que es más angustioso se siguió

pagando y no se sabe de la víctima forjándose así una situación claramente dramática de angustia

permanente, de soledad, de desesperanza e igualmente dolorosa por la que atraviesa tanto el

ciudadano secuestrado como sus familiares cuando esa situación de privación de la libertad se

sostiene.

Pero en el caso de un miembro de la Fuerza Pública que ha sido secuestrado en cumplimiento de

su deber, tanto para él como para sus familiares la situación es altamente dramática,

precisamente por la condición de soldado o policía que lo reviste.

El Estado no puede negociar algo que no puede negociarse que es la estabilidad de la democracia

y el respeto a la autoridad legalmente establecida; en esas condiciones los miembros de la Fuerza

Pública, se encuentran solos y dependiendo de débiles - casi inexistentes - principios de

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humanidad, de valores fraternos, de madurez política y de sensibilidad social de los grupos fuera

de la Ley (FARC, ELN, BACRIM).

¿Pero entonces, se trata de una situación sin solución? ¿Sin viabilidad política y humana?

Es claro que hay soluciones y se vienen dando con la paciencia y la tenacidad de las familias que

defienden el derecho a la libertad pero particularmente el derecho a la vida de sus seres queridos.

El dolor de quienes esperan a sus seres queridos o quienes ya conocen de su muerte, o la de

quienes decidieron no cohonestar con ese delito -aún al precio de su vida - deben servirnos para

entender que no todos podemos convertirnos en antagonistas. Entender que cada acción de

negociación económica que se dé con estos grupos terroristas es financiar el secuestro de otro

colombiano, la muerte de otro hermano soldado o policía o campesino.

El gobierno y sus instituciones como componentes de un Estado, definido este como la "sociedad

jurídicamente organizada" no deben estar solos en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo son tantas, tan respetables y angustiosas las disensiones que se generan alrededor

del tema que no permiten que se enfoque adecuadamente.

La codicia como un entremetimiento en cualquier acuerdo

También resulta inadmisible que un personaje como la ex senadora Piedad Córdoba agudice su

sentido de la oportunidad política sin importar el dolor de las víctimas del secuestro y sus familias

e incremente además su ansia de poder, buscando convertirse en trampolín para la búsqueda de

la legitimación política de la organización armada ilegal Farc y no en la puerta para la liberación de

los secuestrados. Se apoya (la señora Córdoba), al parecer en un cuadro de amnesia recurrente y

voluntaria pues basta detenerse a observar los registros fílmicos de eventos como el simposio

denominado “Los partidos políticos y una nueva ciudad” realizado en México en marzo de 2007 en

el cual sus efusivos y obtusos pronunciamientos, configuran una clara violación a los artículos de

nuestra Constitución Política que hacen alusión a la traición diplomática y a la conspiración.

Luego en septiembre de 2007 se reúne con alias Raúl Reyes quien reconoce todas las iniciativas de

la senadora para la salida política del conflicto y la obtención de una paz concertada que tiene

como premisa el “intercambio humanitario” entre delincuentes de las Farc que se encuentran en

las cárceles y las persona secuestradas que mueren lentamente en la selva.

En noviembre de ese mismo año y antes de terminar la misión encomendada por el Presidente

Uribe y relacionada precisamente con la mediación entre la organización Farc y el Gobierno

legítimamente constituido, la ahora ex senadora debió ser relevada – junto con el Presidente

Chávez- por faltar a la palabra empeñada en la búsqueda de la reconciliación pues en lugar de ello

quiso convertir ese escenario en tribuna para legitimar el terrorismo, generando como daño

colateral simultáneo un conflicto diplomático con la hermana nación.

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Y recientemente en diciembre del año 2009, con motivo del Cuarto Congreso Liberal, vuelve a

agudizar ese sentido de la oportunidad política enfocándolo a captar las prebendas que se deben

obtener en la justa electoral del 2010.

Enfatiza allí la necesidad de darles movilidad a los candidatos a las curules de senado y cámara.

Incita a una campaña que no debe realizarse en las Ciudades sino en los Corregimientos

densificando como puntos rojos los nichos de votación.

Pero va más allá y sigue manipulando la buena fe con que se invoca el tema de las liberaciones de

los secuestrados intentando mostrar a las Farc como una organización benevolente, labor en la

cual goza del apoyo frontal y decidido del grupo “Colombianos por la paz” que se ampara en las

bondades de la democracia para buscar la legitimación de las Farc.

Coadyuva la ex senadora Córdoba en el impulso al terrorismo internacional cuando con su

cinismo, prepotencia y audacia actúa como caja de resonancia para el Foro de Sao Paulo, con el

Plan renacer de las Farc y las pretensiones del Movimiento Continental Bolivariano y el propuesto

partido denominado “ Marcha Patriótica”.

Evidencias de esa realidad se observan todos los días; prueba de ello ha sido el comportamiento

del liberado Heladio Pérez y sus formulas para el intercambio, actitudes que obedecen a la

influencia y artimañas de las Farc para generar espacios y obtener estatus de beligerancia.

Sin embargo y ante todos estos eventos y contingencias, el Estado (en los últimos cuatro años

2008-2012) viene dando muestras de cooperar en la solución del drama, con sus medidas

militares, económicas y sociales, pero particularmente en ceder espacios, mientras no se vulnere

la democracia.

¿Quienes deben entonces estar al nivel de la situación de resolver el conflicto? ¡Indudablemente

los grupos al margen de la ley¡

Están perdiendo la oportunidad histórica de mostrar que su convicción y su lucha, correctas o

equivocadas no fueron inútiles.

La guerra en la cual estamos empeñados como país, esta guerra fratricida, no la ganará

militarmente ni el Estado ni los grupos al margen de la ley, la perderemos todos.

¿Entonces por qué esta prolongación de la guerra fratricida? El autor de este Ensayo, en su condición de profesional de la Ingeniería Civil, consultó en el mes de febrero de 2006 algunos artículos en la Revista Semana relacionados con el conflicto y en su interior la vulnerabilidad de la sociedad civil por las acciones el Grupo ilegal Farc. Artículos como: “ En el corazón de la Guerra”; “ La variable definitiva”; “ Una autopista de agua” y otros permitieron al autor retornar como en un sueño a los hermosos territorios de Departamento del Caquetá, del departamento del Putumayo y del departamento del Meta e igualmente despertar en la mente muchos recuerdos del ejercicio de “Soldado del Progreso” desarrollando proyectos de infraestructura vial en esos sectores en las décadas de los “ setenta” y parte de los “ochenta”.

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Localidades como Puerto Asís, San José De Fragua, Yurayaco, La Esmeralda, Solita, Valparaíso, Albania, Curillo, Montañita, Paujíl, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y otros, de hecho estigmatizadas ya en esa época con el fenómeno de la subversión-grupos narcoterroristas en la actualidad-, dejaron el recuerdo más grato de su gente. Su bondad, su desprendimiento y su colaboración fueron los indicadores más preciados en desarrollo de las actividades técnicas, en una región con las condiciones climáticas y topográficas tan drásticas. Resulta entonces indispensable considerar – en la época actual año 2012 - a esta población como la “variable más importante de la guerra”, pues la excusa que siempre tendrá a su favor el grupo insurgente Farc para prolongar la guerra - y la esgrimirá de manera reiterativa - es la falta de INVERSION SOCIAL en esas latitudes. Lograda la recuperación territorial por medio de operaciones militares, la consolidación de esa área solo puede ser posible con intervenciones inmediatas y de mediano y largo plazo, sobre los factores generadores de conflicto y crisis, que mantienen alejados a los habitantes de esas regiones tanto de la Institución armada como del Estado. Consultado en ese mismo año de 2006 otro documento - que mantiene vigencia insospechada -realizado por una Comisión de alto nivel de la sociedad colombiana de Ingenieros en el año 2000 y denominado “PLAN NACIONAL DE RECONSTRUCCION Y PAZ, 2000-2010, PARA UNA NUEVA COLOMBIA se interpreta que han sido permanentes los esfuerzos por conciliar con las Farc. El objetivo de este plan consistió en definir actividades complementarias a los planes de desarrollo de las administraciones nacionales, como insumo para lograr una paz factible y realizable acordada por las partes en contienda, mediante programas de mediano plazo que integrasen y fortaleciesen los aspectos económicos, sociales, culturales y tecnológicos en determinadas regiones inmersas en el conflicto y por ende marginadas. Para el desarrollo de esta misión propuso ese comité de alto nivel, la ejecución de siete programas de alcance nacional y regional: Reestructuración del Estado y sus Instituciones para garantizar gobernabilidad y condiciones de paz; construcción de una nueva economía social, democrática y sostenible, compatible con la GLOBALIZACION, la seguridad interna y la paz; Erradicación de cultivos ilícitos y reincorporación a la vida económica de la población involucrada; solución al desplazamiento forzado de la población en términos de preservación de derechos y de equidad; Reconstrucción del modelo de desarrollo social para viabilizar la paz; Integración de la infraestructura económica de las zonas marginales y de conflicto con la infraestructura del resto de la nación; Gerencia, gestión, operaciones y sostenibilidad del plan durante el periodo de ejecución 2000-2010. El programa relativo a la integración de la infraestructura económica y social, se pautó con la integración vial, fluvial, aérea, de telecomunicaciones y eléctrica y coincide en alto porcentaje con el Plan de Desarrollo de la Orinoquía y la Amazonía que planteó el gobierno anterior denominado de la seguridad democrática y que procesa con ajustes y novedades el gobierno actual como prosperidad democrática.

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Pero el programa que debe ser bandera, es indudablemente el relativo a la Reconstrucción del modelo social con educación y salud. Algunas de las conclusiones y recomendaciones de ese Plan Nacional de Reconstrucción y Paz 2000-2010, para una Nueva Colombia, en esa fecha –año 2000- no se alejan mucho de las expectativas y programas actuales, por ejemplo que con una inversión anual del orden del 3.4% del PIB se puede integrar un plan decenal, que acogiendo las prioridades identificadas por acuerdo en negociaciones de paz, se convierta en vehículo y solución de la problemática multisectorial presente en la naturaleza del conflicto, generando factores y condiciones de paz democrática real y sostenible. Otras conclusiones de orden estratégico son que las partes enfrentadas perderán, todas y cada una de ellas, la posibilidad real de ganar en forma unilateral la guerra irregular que experimentamos; que en la condición actual de globalización, de vigencia y exigencia del Sistema Universal de derechos Humanos, el conflicto colombiano prorrogado generará necesariamente una solución continental globalizada; que se estima por consiguiente que una solución negociada, con concesiones mutuas y proceso gradual de reconciliación y ajuste realistas es un imperativo no solo histórico sino factual en virtud de la convergencia de los factores internacionales de poder. No se debe olvidar el sufrimiento de las víctimas civiles del terrorismo

Devolviendo la página de las acciones insensibles del grupo ilegal Farc se encontró en febrero de

2010 por casualidad un artículo del Centro de Medios Independientes –CMI- del Ecuador, fechado

el 10 de marzo de 2003 en el que las Farc niegan la autoría del atentado en El Nogal exponiendo

varias “afirmaciones” cínicas entre las cuales se destacan: “Que luego de rigurosa y seria

investigación en cada una de sus estructuras político-militares se definió que no existe

responsabilidad alguna por los hechos. Que su percepción revolucionaria permite afirmar que los

autores de tal hecho son quienes borraron de la vida a los ciudadanos y magistrados en la toma

del Palacio de Justicia. Que lo que se evidenció en El Nogal fue terrorismo de Estado.” Pero

además concluyen su pronunciamiento manifestando de manera procaz que: “Las acciones

violentas que tienen como objetivo intimidar a la población civil solo pueden alcanzar el repudio

popular”. Al hacer esa referencia “olvida” la organización Farc – y solo por citar ese infausto y

cruel año 2003 - la activación de la casa-bomba en Neiva el 14 de febrero de 2003 con 18

personas muertas y 48 heridas; el atentado a un avión el 12 de febrero de 2003 con secuestro de

tres ciudadanos extranjeros y la muerte de un colombiano; el atentado a la Zona Rosa en Bogotá el

15 de noviembre de 2003 con saldo de una persona muerta y 78 heridas.

El pueblo colombiano NO PUEDE OLVIDAR, NO DEBE OLVIDAR a esos ciudadanos y sus familias que

pagaron con su vida y pagan con su dolor cotidiano estos actos demenciales de los delincuentes de

las Farc. TAMPOCO el ciudadano común, el ejecutivo, el empresario, el joven o el viejo, DEBEN

OLVIDAR a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que caen en combate por defender la

dignidad del Estado y la seguridad del pueblo colombiano, como TAMPOCO DEBEN OLVIDAR a las

familias de estos héroes.

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Los asuntos civiles, un reto para la institución militar Lo expuesto en parágrafos precedentes a este título obliga a reflexionar sobre la responsabilidad enorme que deben afrontar las Instituciones militares y de policía para contrarrestar con honor, sacrificio y ética las amenazas de los grupos ilegales, particularmente las provenientes del grupo ilegal Farc. Destacar la infatigable labor de las Fuerza Militares y los logros en cumplimiento de la misión de restablecer un Estado Social de Derecho, es en el presente un elemento que privilegia la opción de pensar en el post-conflicto. En un documento de la ONU dado a la luz pública en Junio de 1992, se plantearon varios elementos que definen una estructura para la construcción de la paz. Esta estrategia se soporta en “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída en el conflicto”. Promueve el documento - ampliando el enfoque diplomático - un horizonte preventivo, moderado y reparativo hacia objetivos económicos y sociales con acciones especificas de reconciliación social, reconstrucción del tejido humano, protección del medio ambiente, refuerzo de las Instituciones gubernamentales, protección de los Derechos Humanos , entre otros. Transcurridos diecinueve años de acciones de búsqueda de la paz a nivel nacional que ha incluido además a países hermanos de América, debe entenderse que esta experiencia debe ser capitalizada por Colombia, particularmente en lo observado en el parámetro de que la paz debe iniciarse, antes de la terminación del conflicto, es decir, que deben adelantarse acercamientos hacia la paz con las organizaciones Farc y ELN en medio de él. El líder Africano Mawalimu Julius K. Leyere, precisaba al respecto que se hace indispensable preparar el futuro porque “planear es escoger”. Es decir, que esa actividad previa de construcción de paz, permite enfocar con antelación los retos futuros y es entonces bajo esta premisa que la Institución Militar tiene un potencial enorme, no solo por la credibilidad ganada a pulso, por su presencia en todas las regiones del país, sino por el conocimiento directo de la problemática social en cada uno de esos rincones patrios. El ejercicio de la guerra desarrolla el ingenio y la creatividad y por consiguiente se constituye en un valor agregado que facilita la generación de lazos entre Institución y Sociedad propiciando sostenibilidad al proceso de reconstrucción. El capital humano de las Fuerzas Militares, tanto Táctico como Administrativo y de Reserva Operacional, su capacidad de organización y espíritu de lucha, constituyen una sinergia para la conformación de un ecuánime orden nacional. Entonces, los responsables de la Cooperación Civil y Militar “son los encargados de mantener el enlace entre las Agencias de carácter civil y la organización militar”. Esa participación activa, coordinada y seria entre el Personal Militar, los Profesionales Oficiales de la Reserva y la Población civil, induce un elemento de progreso y mejor calidad de vida ciudadana. Si en Cooperación Civil y Militar se atiende a la reflexión del líder africano, mencionada antes de “planear es escoger”, ese ejercicio de planeamiento propiciará varios conceptos que permitan impactar de manera directa y positiva los aspectos de vulnerabilidad que se presentan en los temas sociales, de infraestructura, de salud, de derechos humanos y otros en nuestra patria.

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¿En donde se plantean pues los retos para que la Institución Militar enfoque acciones sobre una misión complementaria a la operativa? En la articulación de los programas dispersos y puntuales de Acción Integral con los Programas de Desarrollo previstos y los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio, de tal manera que se identifiquen las necesidades reales y se prioricen. No se pretende con lo descrito que la Institución Militar asuma roles que no le corresponden sino que se constituya en un enlace entre el Gobierno Central y la Provincia. Requiere de información seria de los proyectos que son indispensables en una región o municipio definido como piloto y si los mismos se encuentran viabilizados en el Banco de Proyectos. Aquí, la implementación de una estructura organizacional que reúna a Oficiales activos con Profesionales Oficiales de Reserva, especializados en temas por ejemplo de salud o de instalaciones físicas para atender ese propósito; o especialistas en las áreas de saneamiento básico o infraestructura vial y otros, permitiría ejercer un acompañamiento a las Autoridades y Comunidades locales en la gestión de los planes subregionales. Esta gestión sería el inicio de un modelo a escala humana y ubicado territorialmente partiendo desde lo pequeño hasta lo más grande y desde lo veredal y local hasta lo regional y nacional. Tendría una visión integral-holística de lo social, lo económico, lo humano en zonas que inician un proceso de consolidación luego de la necesaria intervención militar. El tesón del Pueblo colombiano y su Ejército ante la adversidad

Cuando se utiliza la expresión “pueblo”, se hace alusión precisa a “Patria” y Patria se define como el conjunto de personas que están asociadas entre sí de corazón. Esta modalidad de asociación tan especial ha permitido en Colombia , hasta ahora, superar una serie de guerras e insurrecciones armadas devastadoras como la “ Guerra de los mil días”, luego la “violencia” partidista de los años cuarenta que se vino acabando lentamente entre los años 1954 a 1964, para dar paso a varias “violencias” que apoyadas en la anarquía creciente, desdibujaron el precario equilibrio logrado y dieron inicio a la fase guerrillera entre los años 1965 y finales de los ochenta. El modelo planteado por Marco Palacios y Frank Safford, “Colombia, país dividido, sociedad fragmentada. Su historia – Editorial Norma 2002”, contempló también el último escenario de nuestro conflicto que inscribe de manera brutal dentro del perímetro patrio la narcotización y la paramilitarización a partir de finales de los años ochenta. El crecimiento incontrolado del cultivo y producción de drogas ilícitas, el secuestro, la concentración de recursos físicos y económicos regionales, la expropiación ilegal de las tierras, las acciones permanentes de carácter bélico evidenciaron la confrontación entre la contrainsurgencia ilegal ( paramilitares) y la guerrilla. Los habitantes de esas áreas de confrontación fueron y son los directamente afectados y mantienen un proceso intenso de desplazamiento. Simultáneamente se da, de manera injusta, la ocupación de las tierras por parte de las fuerzas ilegales o de terratenientes inescrupulosos.

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Confluyen entonces en este escenario reciente la barbarie, la corrupción, la soberbia política y el afán de poder en todos los niveles sociales y culturales. ¡¡¡ Una minoría que confunde y avasalla con su accionar inhumano, pero que encuentra la recia armadura de series valientes encarnados en campesinos de dura estirpe, madres viudas que soportan la angustia del vástago ausente pues deben superar la crianza del resto y soldados valerosos que se han batido y se baten de manera estoica en los mismos escenarios del tiempo que plantea el modelo Palacios-Safford enunciado antes!!! Y es un hito militar, el General Valencia Tovar, quien en su ensayo: “La historia de las Fuerzas Armadas en el siglo XX”, define de manera precisa los cuatro primeros estadios, algunos más políticos que militares, que determina el modelo Palacios como son la Guerra Civil, el conflicto amazónico, la violencia partidista y los efectos trágicos de los nacientes núcleos marxistas revolucionarios, empeñados en la toma del poder a través de las armas. Tratándose de un recorrido por los primeros tres cuartos del siglo XX, no menciona en su ensayo el General Valencia Tovar el más cruel, agresivo y desestabilizador escenario: el de la narcotización y la paramilitarización. Escenario este en el que los valores humanos de algunos colombianos se perdieron en el universo de la codicia y la locura; los derechos humanos se hicieron invisibles y como escribió recientemente un columnista de diario nacional: “Las victimas son actores políticos antes que madres, labriegos, ancianos, niños.” La sociedad colombiana, esa “asociación de corazones”, debe aprender de la tragedia para no repetirla; debe buscar la verdad y enfrentarla. Las Fuerzas Militares, como baluarte patrio deben armonizar el escenario dantesco presente manteniendo el honor, el respeto, el decoro, el adiestramiento y la audacia con base en la reflexión del General Valencia Tovar: “Una urdimbre, no siempre valorada por la opinión pública, de virtudes castrenses, mística nacionalista y sólido espíritu de cuerpo sigue siendo su mejor bagaje moral para enfrentar el presente y el futuro”.

Marchar o no marchar contra las Farc

Persuadir a un auditorio - disperso en el país nacional y heterogéneo en sus opiniones y valores

intrínsecos - para que se concentre en torno a una idea o evento, solo se logra a través de un

escenario emocional, impactante, oportuno, que prepare a esta audiencia de manera severa y

sostenida y la lleve al punto culminante de la reacción.

Si se hace memoria de las dos marchas precedentes a la efectuada el 4 de febrero de2008: la de

octubre de 1999 impulsada contra la violencia y el secuestro y la de julio 5 de 2007 como una

reacción solidaria, humana, soberana y justa; como una protesta dramática por el asesinato

injustificado de los once diputados y la permanencia de ciudadanos y miembros de la fuerza

pública en medio de la selva, se identifica que contaron con la motivación suficiente y los

elementos indispensables y se logró el objetivo de movilizar a todo un país hacia un propósito

único: el de descalificar a las Farc.

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Un indicador importante del cansancio y repudio a la violencia narcoterrorista por parte de la

sociedad civil colombiana es el tiempo entre eventos de marcha multitudinaria.

Entre octubre de 1999 y julio de 2007 transcurrieron ocho años pero es tal el dolor por la crueldad

y la urgencia por la paz, que solo se requirieron siete meses para estallar nuevamente ante

imágenes tan dolorosas como las de los secuestrados por la organización ilegal Farc.

No obstante, el papel de la sociedad civil se ha potenciado con las marchas de 1999, 2007 y

febrero de 2008; por consiguiente deberán hacerse sostenibles pronunciamientos similares con la

oportunidad y solidaridad requeridas si las organizaciones narcoterroristas mencionadas no

muestran gestos de paz y de humanidad relevantes.

La marcha de febrero de 2008 generó reacciones previas y posteriores coincidentes como:

que se trató de una protesta multitudinaria contra crímenes de lesa humanidad, fuese

quien fuese el protagonista y un acto de solidaridad con las víctimas directas e indirectas;

que es la condena categórica del secuestro y de su agravamiento con la práctica de la

tortura;

que es el rechazo a cualquier forma de terrorismo;

que se trata del pronunciamiento serio, patriótico, oportuno, sereno y autónomo de la

juventud que se preocupa por su futuro;

que lo especifico de su convocatoria es un claro reclamo a las actitudes de la organización

Farc;

que se trata de una exigencia y no de una súplica para que los secuestrados regresen al

seno de sus hogares;

que reitera la convicción plena del ciudadano sobre la obsolescencia ideológica de las Farc.

La convocatoria de cualquier marcha siempre ha generado y generará reacciones encontradas

como que:

se trata de una movilización endeble que ya viene contaminada por un interés político y

sectario marcadísimo; sin embargo se considera importante marchar indicando el repudio

a otros actores violentos y reiterar la solidaridad hacia las victimas y la relevancia de su

dignidad como personas;

que existe un afán desmedido de castigar a los miembros del terrorismo contrainsurgente,

paradójicamente ya tras las rejas en alta proporción, incluidos los políticos corruptos ;

que aún con un proceso colmado de errores y tropiezos, el paramilitarismo no se puede

calificar hoy como un enemigo público equiparable a las organizaciones guerrilleras

narcoterroristas;

que no se debe interpretar ni consentir que se ignoran los crímenes de otros actores (

paramilitares y agentes del Estado);

que cualquier marcha programada se debilita en su objetivo cuando se evidencia

injerencia no solo de activistas políticos como Noam Chomsky, izquierdista radical y genio

de la contra información que aduce que esas jornadas de protesta se solidarizan con los

asesinatos de disidentes por parte de agentes de Estado y por las victimas de masacres de

las AUC.

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El Estado entiende y aplica que existen derechos superiores a él que reivindican la calidad de

seres humanos de los ciudadanos y por ello ha puesto también ante la picota pública y ante las

autoridades civiles a todos los miembros de diferentes rangos de la fuerza pública que han

incurrido en delitos contra la sociedad civil y la institucionalidad y que lo han hecho ver como un

Estado-ofensor (léase por ejemplo caso Jamundí).

De otro lado, en la actualidad es mínima la cantidad de cabecillas (mandos medios) de las Farc

que están prestando versión libre, comparada con el resultado de los más de tres mil setecientos

edictos emplaza torios fijados en los diarios de circulación nacional en los cuales aparecen las fotos

y los cargos de los delincuentes de las AUC, para la calificación de las víctimas y el ejercicio de la

justicia.

“Si se logra robustecer y hacer sostenible el apoyo y respaldo incondicional de la Población Civil hacia su Fuerza Pública, buscando que rechace y se manifieste abiertamente en contra de la violencia y el terrorismo que los grupos violentos siembran y promueven

en el país, se avanzará ampliamente en el objetivo de contrarrestar la Guerra Política que se adelanta contra la Fuerza Pública”.

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CAPITULO 5

COLOMBIA “SI” FUTURO

Algunos antecedentes que permiten escudriñar el futuro El 14 de junio de 2007, cuando Colombia asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones - CAN -, el dignatario del país estableció una clara diferencia entre la Doctrina de Seguridad Nacional y la Política de Defensa Democrática al precisar: “ Nuestra política de seguridad es democrática. Cuando reivindicamos el calificativo de democrática para esa política, es porque hemos hecho todo esfuerzo para distinguirla de la práctica de la doctrina de seguridad nacional, de ingrata recordación”. Como corolario de lo expuesto se dio una intensa y reiterativa respuesta del Estado a través de operaciones militares contundentes, estratégicamente bien concebidas y realizadas tácticamente de manera rigurosa y precisa, primero entre 2002-2009 luego 2010-2012 contra las organizaciones al margen de la Ley pero particularmente hacia el Grupo ilegal Farc; este accionar se configura como un éxito pleno de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y la continuidad con la denominada política de Prosperidad Democrática. Son las Farc las responsables directas del flagelo de la violencia y del dolor que se entronizó en el país desde hace más de cincuenta años, pero aún más y como respuesta a su accionar malévolo, se constituyeron las mal llamadas Autodefensas como huestes contrainsurgentes, tan o más sanguinarias que las mismas Farc. El desgobierno en el país a partir de 1994 y por ende la permeabilidad de sus instituciones a la corrupción así como la fragilidad ética de una porción reducida de la sociedad civil, se convirtieron en “caldo de cultivo” para la gestación de fenómenos profundos de destrucción del tejido social. Y aún más grave, la obtusa decisión de ceder una parte estratégica del territorio patrio fortaleció la soberbia de estas organizaciones narco terroristas en procura de la meta fijada para acceder al poder a través de todas las combinaciones de lucha. Esta fusión diabólica entre la insurgencia y el narco tráfico ha generado un escenario de poder económico – ya globalizado – en donde la carga de la guerra, la destrucción, el dolor y las injusticias reposan en los hombros de Colombia. Argumentos del análisis de “Colombia si futuro” Para iniciar un razonamiento sencillo sobre este futurible se acude a un proceso de retrospectiva que se ubica en el pasado reciente. Se ha considerado para este ensayo utilizar como fuente

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secundaria de primera instancia el análisis presentado en la revista Nº 2 de septiembre de 2001 por parte del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada al Informe de la Corporación Rand (“In Colombia Labyrinth : The sinergy of drugs and the insurgency and its implications for regional stability”) socializado en junio de 2001. Coincidencialmente el terrorismo determinó de manera tajante su permanencia abierta y desafiante en el mundo con el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Este hecho condujo también a diseñar políticas de la administración del Presidente norteamericano enfocadas hacia Colombia y hacia América latina sobre temas de subversión. A través del componente de “Seguridad Nacional” la Corporación Rand desarrollo su informe de pensamiento sobre Colombia que como se indicó antes fue oficializado en junio de 2001 a pesar de estar concluido en enero del mismo año; en este Informe el desgobierno o inestabilidad de Colombia es calificado como la unificación de dos componentes político sociales: primero el fortalecimiento de una economía subterránea y punible que contamina en alta proporción a la sociedad y a las instituciones del país y como segundo efecto de desequilibrio se remite a las organizaciones al margen de la Ley que enfrentan al Estado como son la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares. Como resultado de un enfoque prospectivo, apoyado en la situación de crisis de Colombia en ese momento y descrita de manera sucinta antes, el informe Rand planteó siete escenarios de mediano y largo plazo, que dependiendo de procesos de ruptura eventuales, podrían tener más o menos probabilidad de registrarse. El resumen de estos escenarios es el siguiente: -Escenario Uno: “Si se llega a un acuerdo de paz exitoso”. -Escenario dos: “Si el Estado colombiano logra hacer girar la situación actual”. -Escenario tres: “Si el proceso de paz se estanca (punto muerto)”. -Escenario cuatro: “Si se adopta el modelo Peruano y se arremete contra las amenazas”. -Escenario cinco: “La desintegración del país”. -Escenario seis: “La toma del poder o el cogobierno”. -Escenario siete: “La internalización del conflicto”. La Corporación Rand concluye - en el último trimestre del año 2000 – que el conflicto colombiano se ajusta al escenario tres, es decir, que ninguno de los adversarios puede ser derrotado militarmente y que en consecuencia “esta situación de estancamiento no puede durar mucho tiempo y de allí la importancia de la propuesta de apoyar y asistir al gobierno colombiano y a las Fuerzas armadas en la lucha contrainsurgente…”. Si esta propuesta no prospera, enfatiza el informe que “los Estados Unidos y la seguridad hemisférica corren los riesgos planteados en los posibles escenarios”. A instancia de la propuesta y luego del fatídico 11S se sugiere la revaluación de manejo de fondos provenientes del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos y se hace manifiesta la injerencia del gobierno colombiano en 2002 al tenor de un Plan Mixto de Apoyo Económico Internacional para la lucha contra la subversión y el narco tráfico.

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Evaluación general de los escenarios de futuro para Colombia La alianza del terrorismo y la droga ilegal se convierte en Colombia – a partir de 1980 – en un fenómeno letal y hace presumir que varios de los escenarios planteados por la Corporación Rand en el año 2001 sean relevantes y de muy posible ocurrencia en un periodo no superior a dos años (2003), debido a que las organizaciones ilegales Farc y ELN en su accionar aplican el “ modelo económico comercial de guerra” y se convierten además en alumnos aventajados del mismo y lo retroalimentan con experiencias del IRA, del FLP y de la OLP. Según se desprende del ensayo: “ Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder “- 2005 realizado por la Dirección del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada, la humanidad asiste – desde el 11 de septiembre de 2001 – a un nuevo orden mundial en el que el terrorismo y sus derivados copan el primer punto de la agenda de las naciones. A Colombia le correspondió enfrentar esa coyuntura con mucho mayor intensidad a partir del 2002 dada la prepotencia misma de la organizaciones narco guerrilleras y de las fuerzas del paramilitarismo como indeseable elemento contra insurgente, escudando todas ellas su accionar en ese fenómeno evidente del terrorismo mundial. En febrero 22 de 2002 se rompen las negociaciones de paz en el Caguán y el gobierno de turno ordena retomar el territorio cedido a la organización ilegal Farc. Con esa decisión, el denominado Escenario uno (“Si se llega a un acuerdo de paz exitoso”), desaparece. El Escenario tres (“Si el proceso de paz se estanca”), ya se venía presentando realmente desde el año 2000 por la dilación maquiavélica impuesta al mismo por parte de las Farc. En el Escenario dos (“ Si el Estado colombiano hace girar la situación actual”), el gobierno promovió ese giro cuando ordenó la retoma del territorio e interpretó que no existía ninguna voluntad de paz en los secuaces de la guerrilla y que aprovechaban la denominada “zona de distensión” como plataforma de implementación de la “ economía comercial de guerra”, multiplicando los secuestros, las extorsiones, fortaleciendo sus estructuras armadas y permeando además de manera cínica los estamentos municipales y territoriales. Al perder la probabilidad de ocurrencia estos escenarios planteados por la Corporación Rand, tomaba una inusitada importancia uno cualesquiera de los escenarios restantes o varios de ellos de manera simultánea. Destaca entonces (año 2005), el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar, que en el Informe Rand no se ha considerado “la opinión política colombiana, y especialmente las reacciones u opiniones del futuro Presidente de los Colombianos”, e igualmente que se adelantaba una reestructuración política, financiera y estratégica de las Fuerzas Armadas con motivo del Plan Colombia. Para fortuna del país, a pesar de la tendencia de ideología de izquierda que se fortalece en América Latina, encuentra en el estadio electoral de Colombia de 2002 un elemento de ruptura

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que fomenta la “gobernabilidad democrática” tanto en política interna como en política externa y en ellas la responsabilidad compartida y la solidaridad. Se materializa entonces – a partir de agosto de 2002 – la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) que en el ámbito interno promueve la defensa de la vida, el respeto a los Derechos Humanos y la imperativa necesidad de la paz. En el entorno internacional se enfoca esa política hacia objetivos como: “la defensa de la soberanía, la consolidación de las relaciones bilaterales estratégicas, apoyo a las políticas del Plan de Desarrollo, mejora de la realidad del país en el exterior”, entre otras. Desde esa afortunada realidad y conceptos, parte de los escenarios restantes que plantea la Corporación Rand en el último trimestre del año 2000, como “desintegración del país” o la “toma del poder y el cogobierno” sufren un impacto directo ya que los gobiernos entrante y saliente (Uribe- Pastrana) se vigorizaron con acciones oportunas y eficaces como la ruptura del diálogo y la solicitud de solidaridad a la comunidad internacional contra el terrorismo interno. El escenario del cual solo quedó un pequeño reflejo de la hipótesis fue: “ Si se adopta el modelo peruano y se arremete contra las amenazas”, ya que el segundo elemento de esta hipótesis obtuvo como respuesta clara y contundente la aplicación inmediata de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y con ella el “fortalecimiento de las operaciones conjuntas a través del empleo de las potencialidades de cada fuerza, multiplicando sus capacidades y generando sinergia de esfuerzos entre todas ellas”, tal como se indica en la Guía de Planeamiento estratégico 2010 formulado por el Comando General de las Fuerzas Militares y de Policía en 2006, que tuvo como baluarte para su construcción, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y su continuidad a través de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007. En esta guía se destacan las políticas de Comando que tienen como centro de gravedad estratégico la legitimidad y como complemento la suma de principios y valores para – integralmente – lograr la defensa de la soberanía y garantizar el Estado Social de Derecho. La propuesta de “si” futuro Colombia La aplicación continua, perseverante y audaz de la Política de Defensa y Seguridad Democrática hasta agosto de 2010, permitió afianzar las bases para el inicio del nuevo proceso de “ Prosperidad Democrática 2010-2014” que busca la revitalización de la primera con nuevos escenarios que den continuidad a la consolidación del territorio, que faciliten la recuperación del tejido social y complementariamente que afirmen la imperativa necesidad de la “ colaboración multilateral para enfrentar los problemas globalizados del narco tráfico y del terrorismo”. Como un ejercicio de revisión de resultados de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en octubre de 2009 el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada efectuó una breve calificación de los logros de esta política y enfatiza que la fase de consolidación a partir del 2007 estuvo basada en la “concurrencia de esfuerzos del Gobierno Nacional, de la Comunidad Internacional y la Sociedad colombiana”.

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Es importante destacar entonces que lo logrado en los últimos ocho años y lo que se espera inicialmente hasta el 2014 es la implementación seria de una “política de recuperación de las libertades públicas, un compromiso de derrota de los violentos por parte del Estado, el ejercicio del legítimo derecho a la defensa propia que toda democracia tiene cuando se ve amenazada por la violencia terrorista”. El uso de este derecho a través de la herramientas consignadas en la Constitución, en las Leyes y en la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha permitido , aún con el alto grado de impunidad que acompaña al país, llevar a cabo la aplicación de la justicia nacional e internacional – como menciona recientemente el columnista M. Vargas – tanto a jefes de carteles de la cocaína, como a crueles cabecillas de la mafia paramilitar ejemplo Mancuso, ”don Berna” y “ Jorge 40”, pero además dar de baja o encarcelar a inhumanos, procaces y temibles miembros de las Farc como alias “ Jojoy”, “Raúl Reyes”,” Simón trinidad”, “ Negro Acacio” entre otros. Con la decisión de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista y el acatamiento de este fallo por parte del Ejecutivo en funciones hasta agosto de 2010, se dio paso a propuestas ideológicas por parte de los candidatos a la presidencia de la república para el periodo 2010-2014 que buscaban identificar las opciones de futuro para Colombia, habida cuenta del escenario de ”turbulencia” que se había desatado tanto internamente, por desavenencias entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial impelidas además por la marcada oposición partidista, como externamente, por las dificultades diplomáticas con países hermanos. El país decidió entonces efectuar su apuesta por la Prosperidad y la Convivencia para el periodo 2010-2014 circunstancia que hace intuir resultados que solidifiquen el esquema político social en proceso tal como paz total, progreso, gobernabilidad plena y democracia, así como bienestar y mejoramiento de las relaciones internacionales. En marzo de 2012 y en función del resultado de la apuesta por convivencia, las organizaciones Farc y ELN tienen una lectura clara de su realidad militar y entienden la exigencia implícita y la profundidad del mensaje, no solo de la sociedad civil colombiana sino de la sociedad internacional y por ello inician conversaciones de carácter secreto con el gobierno actual. Igualmente el país político y el país económico parecen estar motivados hacia el desarrollo de una cultura con plena aplicación de la ética como una manera de reducir el alto índice de corrupción. Surge pues la imperativa necesidad de continuar con el ejercicio de construcción colectiva de un nuevo futuro, un sueño común que proporcione espacios amables a las actuales generaciones jóvenes y a las venideras. Cabe entonces mencionar algunos puntos de la agenda en curso entre 2010 y 2012 planteados durante el pasado debate electoral y que se allanan a la búsqueda de:

la seguridad interna y externa;

en cumplir con los compromisos sociales del Milenio al respecto de la prosperidad social;

en vincular al país a la globalización y a fortalecer la economía interna;

en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente nacional;

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en promover y financiar los avances en la ciencia, la tecnología, la educación y la investigación.

Las reflexiones sobre Colombia “Si Futuro” El sueño del ciudadano colombiano del común se centra en la armonía con el ambiente que lo rodea cotidianamente: su familia, su trabajo, su descanso, su tristeza, su alegría, sus necesidades, sus sueños, su afán de conocimiento, el amor por su patria. Esta última frase “amor por su patria” para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía es la primera de la misma lista del ciudadano común, entendiendo que igual derecho tienen a los demás sueños de ese concierto de la vida. El país político y el económico tienen sus voceros o sus críticos en los intelectuales y en los generadores de pensamiento, por ello a continuación se citan algunas de sus cavilaciones, producto de la operación “Sodoma” autorizada el 17 de septiembre de 2010, ejecutada entre el 22 y 23 del mismo mes y en la cual se dio de baja al delincuente alias “Mono Jojoy”:

“Ahora ha sido el turno de la prosperidad democrática, con énfasis en el empleo y el bienestar equitativo, con reparación de las víctimas de los despojos y reintegro de las tierras. Quiera Dios que lo sea también la paz y la reconciliación dentro del régimen de leyes, al amparo del Estado Social de Derecho.”

“La opinión pública y el Gobierno, respetuoso de los derechos humanos, pueden presionar aún con más fuerza a la guerrilla para que, mientras esté en guerra, acate las normas del derecho internacional humanitario, y para que tome pronto la decisión que el país espera: el abandono de la lucha armada”.

“La gran pregunta es si el fin de las Farc - aun si queda un camino importante por recorrer para producir un desenlace semejante - podría constituir el principio de la paz en Colombia. Y allí los hechos son tozudos: la guerra de los carteles y sus fenómenos subsidiarios, exageradamente degradados y que con tanta fuerza se sienten en las ciudades, auguran una transformación más que un fin.

“Lo conveniente es que la sociedad toda, monolítica, no deje espacio para el terrorismo de todo pelambre…Solo la actitud cerrada y sin matices de una sociedad que proscribe totalmente la violencia llevará por fin a los terroristas la idea de que han emprendido un camino equivocado”.

El devenir histórico del grupo ilegal Farc hasta diciembre de 2012 y la posibilidad de otro acercamiento en búsqueda de la paz Conjeturas sobre la paz El escritor de este ensayo planteaba en abril de 2012 que no se puede acudir- nuevamente - a la calificación de simplicidad para una realidad que es impresionantemente compleja en esta querida Colombia, pero tampoco desconocer que se pueden transitar caminos en los cuales se den cita

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oportunamente senderos de disciplina y exigencia por parte del Estado democráticamente constituido y gestos genuinos de conciliación por parte de grupos armados al margen de la Ley. Resulta pertinente desde luego, conocer las circunstancias, condiciones y razones que llevarían a cada una de las partes a profundizar en la necesidad y urgencia de buscar un escenario de pre negociación en búsqueda de la paz. Lo más difícil de lograr indudablemente para iniciar un proceso de este estilo es formular gestos de confianza que se puedan transmitir de un actor al resto de actores, pues dada la perspectiva de “legitimidad” que desearían vislumbrar algunos de ellos, será éste el ingrediente que requiere el más profundo análisis y disposición social y política puesto que implicará “demandas” que solo podrán ser escuchadas en la medida que avance el proceso y se acerque la negociación final. ¿Qué se requiere entonces para iniciar otro proceso de acercamiento entre el gobierno democrático, las organizaciones Farc y ELN? ¿Una modificación de la forma de referirse al (los) adversario (s)? ¿Cómo precisar de manera auténticamente racional que el conflicto colombiano ha ido transformando su naturaleza en los últimos veinte años y cuáles han sido y son los ingredientes más dañinos en el mismo? ¿Cuáles son también los ingredientes provechosos, que a pesar del rigor de la violencia se han mantenido y además han asumido la mayor carga del conflicto y que por consiguiente deben ser fortalecidos? ¿ Cuáles son los actores que deben estar presentes en atención a que además de las Fuerzas Armadas legalmente constituidas, se abre un amplio abanico de actores armados en el conflicto colombiano encabezados por las mal llamadas “guerrillas” y sus apéndices (milicias populares armadas), bandas criminales, mafias narco traficantes y crimen transnacional? ¿ Será que los grupo ilegales Farc y el ELN, ante la presencia y disposición de sectores básicos de la sociedad civil colombiana, burgomaestres, partidos políticos y Centros Académicos Nacionales e Internacionales , considerarían pertinente participar, de manera ética, humanitaria, ecuánime y sin radicalismo político bajo el enfoque, no de una lucha por el poder- dado que no existe fragilidad democrática- sino con una postura orientada a redescubrir los intereses y las necesidades actuales y futuras de fondo del conglomerado social del país? Para iniciar un razonamiento sencillo sobre este futurible se acude a precisar que aunque se trate de un conflicto interno (intraestatal) no se puede desconocer la dimensión continental y mundial cuando existe el tráfico ilegal de armas, el incremento y dispersión del crimen transnacional, la injerencia de países vecinos, la presencia del desplazamiento forzado, la situación fronteriza y la corrupción rampante en muchos ámbito, entre otros factores. Igualmente debe enfatizarse que el costo adicional de venir acumulando frustraciones y desilusión año tras año en aspectos de concertación con los grupos al margen de la Ley como las Farc y el ELN, hace todavía más difícil un nuevo intento de negociación, inclusive en el mediano plazo. Estudiosos de estos escenarios como Peter Lock y M Duffield acuñan que “la guerra clásica del pasado ha sido sustituida en gran parte por enfrentamientos armados protagonizados por grupos irregulares que en su estrategia orientada contra la población civil, violan e ignoran sistemáticamente los derechos humanos y las normas básicas del Derecho Internacional

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humanitario”, sin olvidar que ese terreno abonado para la anarquía que propician estos grupos, se debe en gran parte al desequilibrio social. No obstante este razonamiento crítico, la situación actual de Colombia ha conducido a que la población rechace de manera contundente los medios empleados por los actores armados, incluida la Fuerza Pública. Sin embargo resulta pertinente precisar aquí, al respecto de la institución castrense, que en el caso colombiano existe una línea muy débil que separa el concepto de disuasión basado en el poder militar y el uso de la fuerza institucional, con el de la gestión social, económica, política y diplomática, y que este débil límite, induce a desconocer que los grupos armados ilegales sí mantienen, de manera permanente, sus arcas llenas como producto del secuestro extorsivo, del narcotráfico, de su asociación con el crimen transnacional y el terrorismo, es decir, “ que existe un fortalecimiento permanente de la economía subterránea y punible que contamina en alta proporción a la sociedad”. Por ello se suele comparar de manera arbitraria, el nivel del gasto militar y su importancia para enfrentar la amenaza, con el déficit en el nivel de inversión en lo social. ¿Pero, cómo se puede avanzar en la búsqueda de la prosperidad a través de la satisfacción de las necesidades colectivas y como consecuencia la sostenibilidad del desarrollo territorial, tanto en lo social como en lo económico, si persiste la presencia de los grupos ilegales referidos, acostumbrados a la indisciplina , a su capacidad de aterrorizar por medio de la posesión de las armas, con una cabeza de mando desenfocada de la realidad nacional y mundial pero sobretodo, temiendo perder sus parcelas de poder? La actual y nueva estrategia del gobierno, definida luego de una evaluación rigurosa de los acontecimientos político-sociales del país, particularmente en los últimos quince años, con énfasis en el conocimiento de las experiencias de negociación en ese lapso, permitió acumular conocimientos teóricos y prácticos y plantear entonces acciones que pueden ser útiles para el inicio de un proceso de paz sostenible. La tesis del Estado y de los gobiernos de los últimos diez años sugiere que la “mirada militar ofensiva y la lógica de la fuerza a aplicar” debe enfocarse en procurar una ventaja- sin destruir- y en la observancia plena del respeto al Derecho Internacional Humanitario, no solo sobre los actores ilegales sino sobre la población civil como obligación constitucional. Igualmente que se busque y obtenga la seguridad, sin detrimento de las garantías políticas y sociales, fusionando los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con los planteados para las necesidades de control de la amenaza territorial en el mismo periodo. Acogiendo una apreciación oportuna de V. Ficsas en relación con el tema abordado arriba de manera general, sobre los elementos que se dan cita en un conflicto tan complejo como el colombiano, se colige que éste “está dominado, cierto, por la racionalidad y la mirada analítica, pero en medio de la historia hay muertes, sufrimientos, amenazas, huidas forzadas, heridas y temores. Sobre los conflictos armados, pues, no caben miradas amables, condescendientes o exculpatorias, sino voluntades decididas para solucionarlos y superarlos.”

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Este criterio permite observar que la meta para lograr una paz sólida, estaría todavía lejana, pero que se han dado pasos importantes en búsqueda de ese precioso objetivo. Debe destacarse, en el mes de abril de 2012, la culminación de un drama institucional y social de más de una década, con el retorno a la libertad de los suboficiales de la fuerza pública, sin desconocer desde luego, que el daño moral, psicológico, familiar e institucional ya se causó y que ahora, este doloroso sentimiento se refuerza cuando otro sector de la sociedad se pronuncia nuevamente con indiscutible razón, sobre la responsabilidad de los grupos armados ilegales, en particular las Farc, en el escenario dramático, doloroso e igualmente dilatado del secuestro extorsivo como otra herramienta de apropiación de recursos para el delito. Reflexión para la búsqueda de la anhelada paz Antes se han planteado antecedentes e hipótesis sobre expectativas de un acercamiento orientado a conversaciones de paz con los grupos armados ilegales y se han formulado preguntas sobre qué se requiere para iniciar un proceso de ese estilo y cuáles son los ingredientes, los componentes de este largo conflicto y la calificación de su impacto; igualmente, cuáles los actores que deben estar presentes en el inicio de una pre negociación, dividida esta, según los expertos en una “fase meramente exploratoria y otra que permita acordar de manera más o menos final”, aspectos de la negociación definitiva. Se incursiona entonces en esta reflexión, primero sobre los ingredientes provechosos, las fortalezas de Colombia dentro de este largo conflicto que le ha permitido sustentarse como un Estado con pleno ejercicio democrático y paralelamente con un apreciable desarrollo económico y social, a pesar de la provocación permanente de la vecindad fronteriza, del terrorismo y de la corrupción.

Indudablemente y no obstante la polémica todavía reñida al respecto de su contenido y alcance debe destacarse como fortaleza la implementación de Constitución de 1991 que, como se requiere hoy, obedeció a una profunda autocritica, a una alta participación ciudadana y particularmente a una clara intención de cambio como lo destaca Fernando Cepeda.

La posición geoestratégica de Colombia que se constituye en una fortaleza en función de su tamaño, población y recursos, aunque reporta vulnerabilidad moderada de carácter transnacional ya que los grupos ilegales entran de lleno en negocios que obedecen a la globalidad.

Colombia, según apreciación de C. Caballero A. -2004-, aún vigente, tiene una historia desconocida de democracia, estabilidad política y estabilidad económica; es la combinación compleja de regiones diversas y unos extraordinarios recursos humanos y naturales, en turno, a través del desarrollo, por medios pacíficos, de actividades productivas legales.

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Otra fortaleza de indudable calibre es el mantenimiento y fortalecimiento de la teoría de la democracia participativa que formulada de manera prospectiva, apoya al ciudadano para diseñar el futuro deseado. Fernando Carrillo F. formula con precisión que “hoy por hoy, cualquier proceso político debe medirse en función de su capacidad para afectar positivamente el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos.”

No obstante algunos ciclos desafortunados, la diplomacia exterior (relación con países hermanos) e interior (caso negociación Farc Caguán) de Colombia se ha situado bajo líneas acordes, consistentes en los últimos doce años. “Ha mantenido un comportamiento caracterizado por el respeto al derecho internacional, la preferencia de la solución pacifica de controversias y el acatamiento al orden internacional formal.”

Malcolm Deas, experto en temas de conflictos y estudioso de la problemática colombiana destaca como una fortaleza del país su tradición civilista, es decir, el “sistema de colaboración civil, frente a la tarea de gobernar”, en donde se entroniza un total rechazo al despotismo, a la actitud autoritaria. Es aquí en donde corresponde destacar el profundo respeto de la fuerza pública colombiana a la institucionalidad y a la democracia.

Para ser coherentes con lo propuesto en la guía de reflexión se debería continuar con la mención de los ingredientes más dañinos del conflicto colombiano, pero los mismos quedaron evidenciados en los amplios parágrafos de los títulos Introducción e Hipótesis de este breve ensayo, de tal manera que se complementa adelante esta cavilación con algunas apreciaciónes sobre los actores que deben hacer presencia en un proceso de pre negociación con el Grupo ilegal Farc. Se anuncia entonces la necesidad de superar la violencia y de ingresar en un esquema de paz estratégica, es decir, en enfrentar la concertación y el diálogo inteligente y desde luego y como producto de escenarios previos, acudir a apoyos internos y externos. Vicenc Fisas en su libro “Procesos de paz y negociación en conflictos armados”- 2004- se aproxima también al contexto de violencia que nos acompaña cuando explica que la violencia está territorializada, es decir, que hay regiones del país en donde el conflicto es más agudo y que en las ciudades capitales o municipios importantes se da “una falsa y aparente sensación de tranquilidad”. Esta condición territorial, según el analista en el año 2004 (vigente hoy), hace que el sector mayoritario de la población nacional no tome real conciencia de lo que sucede en el resto del país. En el entendido que este esquema de paz se fundamenta en un proceso de comunicación, de nuevos mecanismos de diálogo para organizar un programa de cambios realmente estructurales, deben confluir la sociedad civil, los sistemas de partidos políticos, el gobierno, los grupos al margen de la ley con espíritu proactivo y con la garantía previa de gestos genuinos y evidenciados de conciliación, los medios académicos, así como en su oportunidad, los garantes externos si son requeridos. Cabe aquí precisar que el concepto de Sociedad Civil en América Latina no se ha terminado de decantar para que se facilite un mayor desarrollo y equilibrio de las expresiones de construcción

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de ciudadanía y así la manifestación, por ejemplo de violencia territorial, como se mencionó arriba, sea asumida en su verdadera dimensión. Como se expresó en parágrafos precedentes deberá potencializarse entonces la teoría de democracia participativa como fortaleza manifiesta en Colombia y lograr acelerar ese proceso de decantación. El Observatorio Económico Latinoamericano al respecto de la definición de Sociedad Civil conceptúa que, algunos ciudadanos la entienden como la parte de la sociedad que no es militar, es decir, la sociedad no armada; desde este punto de vista, a la Sociedad Civil se le observa por medio de la generación de algunos vínculos, que pueden ser laborales, asociativos, gremiales, entre otros; de esta manera, puede entendérsele como aquella organización que busca la unión de los ciudadanos para su defensa y protección. También plantea que otros pensadores argumentan que el concepto de Sociedad Civil está cargado ideológicamente y, en ese sentido, puede verse como un concepto moderno o quizás, postmoderno, esto es, tomando como referencia al pueblo – al conjunto de los ciudadanos –. La Revista Futuros sugiere que la Sociedad Civil básicamente está conformada, a nivel nacional, por ONG y organizaciones ciudadanas, con agendas sectoriales y específicas, más profesionalizadas y de clase media; y por movimientos sociales (desempleados, campesinos sin tierra), más de base y, generalmente, más radicales en sus demandas de cambio. Los argumentos anteriores conducen a pensar que la sociedad civil colombiana no ha podido articularse y coordinarse, no ha podido expresar su propia voz con la intensidad requerida y que este proceso de crecimiento serio y sólido deberá apresurarse pues su aporte al pretendido encuentro por la paz puede dilatarse. El país asiste a la intervención de asociaciones como “Colombianos y colombianas por la paz”, que no son representantes de la comunidad en general, aunque aportan al proceso de crecimiento de la Sociedad Civil como institución o junta nacional; sin embargo deberá observarse prudencia en su participación debido a la alta sensibilidad de los elementos constitutivos del conflicto armado colombiano. Como corolario de este título se acude a la apreciación del Instituto Nacional de Desarrollo Social de México cuando enfatiza que “la Sociedad Civil organizada constituye un pilar esencial. Incide en la definición de la agenda pública y asume en forma corresponsable, un papel central en el desarrollo de un país” y dentro de ese papel central, aludiendo aquí a Colombia, en la participación obligada para la obtención del requisito de la paz. Algunos posibles gestos generadores de confianza por parte de las Instituciones militar y de policía para un pre proceso de paz Teniendo como referencia la importancia de llenar requisitos enfocados al entendimiento de un pre proceso de paz como se planteó en párrafos previos, se complementa por parte del autor en mayo de 2012 esta apreciación con la necesidad de implementar propuestas para orientar el camino de la concertación por parte de todos los actores y en particular de las Instituciones

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encargadas de la seguridad y soberanía nacional, no importando que el primer semestre del año 2012 haya sido testigo de los más recios atentados por parte del grupo ilegal Farc, incluyendo el día 11 de mayo el sacrificio de doce héroes de la patria. Esta situación exige entonces mantener, por parte de la Fuerza Pública, la estrategia planteada del uso máximo de la fuerza, que no constituye la aplicación de la ley de “tierra arrasada”, ni la "aniquilación" militar de la amenaza sino el respeto total del Derecho Internacional Humanitario para adelantar una “guerra justa”, concebida como una presión a los Grupos ilegales Farc y ELN. La construcción de un proceso de paz implica no solamente tener a todos los actores en connivencia sino que obliga a disponer de herramientas o medidas adecuadas y suficientes para su desarrollo. Algunas herramientas pueden constituirse en elementos para el mejoramiento y ajuste del proceso; otras pueden reflejar elementos valiosos para garantizar la seguridad; los factores de gobernabilidad y gobernanza pueden apoyar su definición e implementación en otras herramientas determinadas; así mismo, medidas adecuadamente planeadas pueden garantizar capacitación y reflexión de la sociedad civil; sustentabilidad de la cooperación externa y gestos adecuados de la Fuerza Pública. Conviene anotar que en la década de 1990, en todas las regiones del mundo en conflicto, incluida Colombia, se evidenció, tal como lo indicó Jones Bruce, una falta de coordinación estratégica en la negociación de los conflictos armados; sin embargo esa situación ha venido subsanándose por las iniciativas , producto de las lecciones aprendidas tanto por la Institución castrense como por el trabajo de Organizaciones destacadas como Carter Center, International Crisis Group, Paz Colombia, Comisión Nacional de Conciliación (Colombia), Conciliation Resources, entre otras. Los primeros años del nuevo milenio (2000-2005) trajeron consigo la elaboración de un listado que se constituye en un repaso o reconocimiento de todas las iniciativas formuladas por la Institución Militar y estas Organizaciones, buscando promover la utilización de herramientas y que como se mencionó en parágrafo precedente, permiten el mejoramiento y ajuste de un proceso de paz, mediante la consideración prudente de los ámbitos en que un proceso de estas características se desarrolla. Esta “caja de herramientas” propuesta contiene cerca de 140 indicadores de construcción de paz o medidas posibles para aplicar. Con la premisa de mantener coherencia con los ensayos realizados por el suscrito en este año de 2012: “El devenir histórico del Grupo ilegal Farc llega a su ocaso” y” El Devenir histórico del grupo ilegal Farc hasta el año 2012 y la posibilidad de otro acercamiento en búsqueda de la paz”, se realiza una selección, equivalente al 25 por ciento de los componentes de ese listado de indicadores, selección que se considera pertinente para la problemática de nuestra patria según se indica en el cuadro siguiente.

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MEJORAS EN EL PROCESO

DE PAZMEJORAS EN LA SEGURIDAD

MEJORAS EN

GOBERNABILIDAD Y

GOBERNANZA

REFUERZO DE LA SOCIEDAD

CIVIL

MEJORAS EN LA

COOPERACIÓN EXTERNA

* Cambios de las actitudes de

los actores armados.

* Declaración de alto el fuego o

cese de hostilidades

* Debates y reuniones sociales o

políticas inclusivas y no

excluyentes.

* Participación en el proceso de

reconciliación.

* Reducción de los apoyos

externos a los actores

armados.

* Nuevas medidas

generadoras de confianza

*Desminado territorial * Amnistía * Participación en los

programas de reformas

* Mayor visibilidad y atención en

los esfuerzos de paz

*Nuevas conversaciones con

parte de los actores

*Aceptación de normas de

Derecho Internacional

Humanitario

* Lucha contra la impunidad * Manifestaciones de paz *Programas de ayuda

humanitaria, reconstrucción

o rehabilitación

* Misiones de investigación de

los hechos (fact-finding)

* Programas de rehabilitación

para niños-soldados

* Mejora en los sitemas

judiciales

*Iniciativas de paz * Aumento de la cooperación

económica

* Concresión de los temas

sustantivos a tratar

* Destrucción de armas

ofensivas

*Integración de desmovilizados a

nivel local

* Iniciativas de reconciliación * Campañas externas de

apoyo a la paz

* Acordar códigos de conducta

para las negociaciones

* Desmantelamiento de

milicias y grupos

paramilitares

* Integración normalizada de la

población o refugiada a nivel

local

* Llamamientos para que los

derechos de las mujeres sean

incluidod en el proceso de

paz

*Campañas de denuncias

contra la violación de los

derechos Humanos

*Acuerdos de seguimiento y

verificación

* Creación de comités de

evaluación de las

condiciones para el retorno

de las personas desplazadas

* Rehabilitación de zonas

destruidas o abandonadas

* Implicación de los

comerciantes y empresarios en

el proceso de paz

* Cumbres regionales

*Amnistia para los desertores * Concesiones políticas y

económicas de carácter

estructural

* Participación directa en

gestión de reconstrucción

física y del tejido social

* Misiones de investigación de

los hechos

* Realización de seminarios y

talleres que permitan generar

nuevas ideas

* Garantizar el acceso de todos

los actores a los medios de

comunicación.

* Crear instituciones y

mecanismos fronterizos

*Condena al terrorismo por

parte de los grupos armados

ilegales

* Crear radios de conciliación * Creación de fondos fiduciarios

para el futuro desarrollo de

zonas de conflicto

* * Lucha contra la corrupción

INDICADORES DE CONSTRUCCION DE PAZ

El cuadro anterior refleja, de manera simple, que el deseo más grande de la casi totalidad de los colombianos es adentrarse en el pozo tranquilo de la paz. La institución más interesada en obtener ese preciado regalo es la Fuerza Pública, pues si la paz se logra, la condición de sus integrantes, no solo como ciudadanos, sino de hijos e hijas, de hermanos y hermanas, de padres y madres, de esposos y esposas, de novios y novias llegará al máximo de su realización. Mantener el espacio de un Estado Democrático y participativo ha sido su meta y su razón. La característica especial de este Estado es el logro de bienestar general de la comunidad a través de la protección de los derechos humanos, de ser capaz de ejercer la soberanía y de mantener una economía social sostenible.

62

Consideraciones con relación a gestos de confianza por parte de la Fuerza Pública Es el contexto planteado antes el que permite adivinar que el aprendizaje dramático, doloroso, cruento de nuestras instituciones militares y de policía en cada uno de los rincones de esta querida patria, señala el camino del bienestar; en donde no solo el conocimiento del territorio en sus ámbitos geográficos y ambientales, sino de la evidencia de sinceridad y fortaleza de su población civil pero también y de manera particular su juicio sobre la capacidad de daño de la amenaza, le permite la posibilidad de formular acciones y mostrar caminos para el post-conflicto. Tal como se planteó en el Capítulo 4 de este Ensayo, se requiere como insumo para lograr una paz factible y realizable acordada por las partes en contienda, la implementación de programas de mediano plazo que integren y fortalezcan los aspectos económicos, sociales, culturales y tecnológicos en las regiones inmersas en el conflicto y por ende marginadas. Incentivar y apoyar un modelo de de desarrollo organizado y productivo en el cual las Fuerzas Armadas y de Policía, con la experticia lograda con sudor, sangre y lágrimas en esas inhóspitas regiones patrias como consecuencia del manejo militar del conflicto; con el recurso humano disponible ( todos sus soldados y policías) y todos sus equipos operativos, fortalezcan las acciones paralelas que adelantan en zonas de desastre y en núcleos poblacionales necesitados; en construcción de infraestructura vial como se ha venido trabajando hace varios años, con especial atención al cuidado de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. También debe imaginarse a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía capacitadas permanentemente en lo técnico y lo social y con sus recursos operativos y logísticos debidamente garantizados para adelantar la misión más importante que es salvaguardar la soberanía en los espacios extensos de frontera que nos rodean. Sugerencia única con relación a gestos de confianza institucionales Lo más difícil de lograr indudablemente para iniciar un proceso de paz sostenible - que como en el caso de Colombia ha tenido frustraciones permanentes - es formular gestos de confianza genuinos y periódicos que se puedan transmitir de un actor al resto de actores. Entonces, enfocando acciones para un cambio de estrategia que conduzca a lograr la esquiva paz en Colombia, luego de esa dilación de tantos años y en consideración a que la situación actual de la patria ha conducido a que la población rechace de manera contundente los medios empleados por los actores armados, incluida la Fuerza Pública, se acude al criterio de Wellensteen Peter-2001-, el cual indica que deben superarse las incompatibilidades entre las partes del conflicto y más si, uno de los actores (aplicable en el caso de Colombia hacia el accionar de los grupos ilegales Farc y ELN), enfoca la naturaleza de la disputa hacia la obtención del poder no solo político sino en el de los recursos, sin importar el medio aplicado como se viene observando en la escalada narco guerrillera del 2012. Esta situación exige entonces mantener, por parte de la Fuerza Pública, la estrategia planteada del uso máximo de la fuerza, que no constituye la aplicación de la ley de “tierra arrasada”, ni la aniquilación militar de la amenaza sino el respeto total del Derecho Internacional Humanitario para adelantar una “guerra justa”, concebida como una presión a los grupos armados ilegales Farc y ELN.

63

Se sugiere entonces, atendiendo a la necesidad de crear gestos de confianza, visibilizar aún más las fortalezas de nuestra Fuerza Pública, diferentes a las del teatro de operaciones bélicas – debida y honrosamente reconocidas – sino aquellas que surgen de los esfuerzos logísticos, humanos, técnicos, médicos y de solidaridad y cumplimiento integral de su misión como son las que atienden a cambios estratégicos enfocados hacia la seguridad, la gobernabilidad, la gobernanza y el reconocimiento integro y de apoyo de la sociedad civil. Esta guerra fratricida que nació como la necesidad de equidad y justicia, se convirtió en un escenario anárquico y de terrorismo. ¿Podrán interpretar las Organizaciones Narco Terroristas de nuestro país el significado de la reflexión: “Tanta experiencia para hacer la guerra y tan poca sabiduría para hacer la paz”?

La Sociedad Civil y la Institución Militar creen que sí. Sin embargo se requieren pruebas de buena fe y de cordura. Esta apreciación enmarca la necesidad de hechos reales para hacer posible la anhelada paz, tanto por parte de los grupos al margen de la ley como de las Fuerzas Armadas en su deber consagrado en la constitución. Se trata de visibilizar la cara solidaria de entrega incondicional - sin importar el escenario - de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía; se trata de resaltar el contenido enteramente social y de desarrollo patrio de su misión integral, estableciendo así una clara diferencia con las organizaciones narco terroristas que fomentan la anarquía y la crueldad con el imperio de las armas.

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CAPITULO 6 LA GOBERNABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LOS INTEGRANTES DE UN ESTADO COMO BASE

PARA LA PAZ

Introducción En atención a los eventos que se dan cita en la actualidad política y social de Colombia como son el pre-proceso en búsqueda de la paz con el Grupo ilegal Farc, la Reforma Tributaria, la Ley de Justicia, la de Restitución de Tierras y más recientemente los gestos de apoyo a la economía popular en implementación por parte del actual burgomaestre de BOGOTA D.C. -desafortunadamente carente de planeamiento, pero abundante en matices socialistas y sin bases claras sobre todo en lo relacionado con impacto fiscal negativo -, conviene entonces plantear hoy la importancia del concepto de GOBERNABILIDAD, entendida como la ecuanimidad de las demandas sociales y la competencia del Estado para responderlas de forma legal y eficaz. La simplificación de esta definición permite de manera general ubicar los problemas inherentes a ella en el plano relacional entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el sistema político y la sociedad civil. Es decir, como se propone en el libro “Análisis Político y de Riesgo” de T. Miklos, gobierno, oposición, partidos y organizaciones ciudadanas deben comprometerse de manera conjunta, honesta y seria para mantener un “nivel aceptable de gobernabilidad”. En función de lo anterior, a continuación se plantean algunas reflexiones que indican cuales circunstancia o eventos entorpecen o facilitan el nivel de gobernabilidad, buscando como sugiere T. Miklos que esa búsqueda permita “revelar quienes son los actores y quienes simulan serlo; igualmente que “revele y desnude” al poder Judicial, a la Sociedad, al Sector Empresarial, a los Partidos Políticos y a las Organizaciones en todas sus peculiaridades y dimensiones.

Arbitrariedad de la justicia en Colombia

La justicia actual de nuestro país busca cortar camino para sus decisiones, atendiendo conjeturas o mentiras de supuestas víctimas y victimarios, dejando a un lado el debido proceso a que tiene derecho cualquier ciudadano o militar o policía que no puede perder su calidad de ciudadano colombiano y menos de ser humano

Es la guerra política moderna desatada en nuestro país la que enmarca la presencia de amenazas internas con acciones contundentes, aviesas, de carácter político y armado y que afectan la

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GOBERNABILIDAD. También a través de la corrupción rampante que vincula a dirigentes venales en todos los campos del poder estatal y de la sociedad civil, así como la virulencia de las organizaciones narcoterroristas. Pero también se surten amenazas de carácter externo como la dinámica incierta de la política regional, el accionar militar internacional y mundial y el terrorismo transnacional.

Esa guerra política busca debilitar la estructura del Estado, concentrando su poder de fuego, de manera particular en las víctimas de conflicto y en el estamento militar a través de magistrados, ex magistrados, ex Fiscales; Ex Procuradores, ex miembros de grupos subversivos amnistiados, medios de comunicación parcializados y ONG nacionales e internacionales, que confunden de manera patética la designación constitucional de defender el Estado de Derecho, con la toma del poder por cualquier medio tangible o intangible en beneficio de sus intereses.

Se identifica de manera directa y profunda, según Maquiavelo, la aplicación de las mejores estrategias por parte de aquellos actores del ámbito colombiano, empeñados en fomentar la discordia y la anarquía, particularmente en los últimos cinco años (2007-2012).

Es una confirmación que el protagonista perverso llega al poder económico, social, jurídico y legal, no por méritos propios o por la suerte, sino por la acción y el poder de fuerzas ocultas que buscan satisfacer sus apetitos, materializar sus venganzas o esconder sus desmanes.

Cualquier plan para conseguir la paz, superando de manera definitiva el conflicto armado requiere contar con un sistema de justicia honesto, vigoroso y serio para responder con equidad y con suficiencia el reto de acabar con más de medio siglo de conflicto. Tal como lo menciona el Licenciado en Historia Jorge Carvajal es la hora de corregir el camino tortuoso que ha mostrado que “la justicia y el derecho han sido ajenos a las aspiraciones y necesidades de la mayoría, convirtiéndose en una de las razones del conflicto social en el país”

“Las Leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”. HONORE BALZAC

Al umbral del postconflicto

Hace doce años (año 2000), como se manifestó en el Capítulo 4, un equipo multidisciplinario

liderado por ingenieros y economistas, se dio a la tarea de formular un Plan que condujera

secuencialmente a lograr una paz factible y realizable. Fundamentó su propuesta en el " poder del

imperio de la verdad, de la justicia, de la ley, de la solidaridad y real justicia social para los

desvalidos"; planteó como condición fundamental, que el gobernante de turno, sus sucesores y

sus equipos declinasen la invitación a persistir en el hábito político, económico, cultural y

educativo entronizado desde décadas precedentes en el país.

La agonía nacional, la zozobra permanente a lo largo y ancho del territorio patrio permitió

identificar de manera precisa que la paz y la convivencia, se constituyen como prioridades básicas

66

de la supervivencia. Como una respuesta necesaria a las verdades nacionales, se generó un

diagnóstico multidisciplinario que incluyó además, de manera detallada, un recuento de las

exigencias de las organizaciones subversivas, de los planteamientos expuestos por la facción ilegal

antisubversiva y del cúmulo de angustias y propuestas de la Sociedad Civil indefensa y desvalida.

Este diagnóstico permitió conceptualizar como objetivo primordial, la reconstrucción de un

Estado democrático, legítimo y participativo, capaz de propender a la ventura comunitaria por

medio del ejercicio de la soberanía en el territorio nacional y la garantía de justicia, de seguridad,

de la aplicación de los derechos Humanos y la igualdad. Del mismo modo, es deber de este

Estado, participar en la consecución de una economía social sostenible y capaz de integrar la

infraestructura económica de regiones perjudicialmente apartadas por el conflicto.

Posteriormente, finalizando los años noventa y comenzando el nuevo milenio, se evidenció la

grave situación del país por desconocer la magnitud del reto que implicaban los procesos de

diálogo con las organizaciones al margen de la Ley. Dadas esas circunstancias, la propuesta

planteada por el grupo multidisciplinario no pudo ser implementada con el rigor requerido, es

decir, orientándola a la búsqueda del modelo de desarrollo integral "construido a escala humana"

y distribuido territorialmente.

Sin embargo, se obtuvieron otros logros relevantes a escala internacional y se dio comienzo a un

ejercicio de recuperación del territorio patrio. Ya en el año 2002, varias Fundaciones enfocadas en

el proceso de "construcción de la paz para el postconflicto", con el apoyo de algunos empresarios,

decidieron dar continuidad al trabajo realizado, a evaluar las experiencias adquiridas y a aplicar

todo lo aprendido a lo largo de la historia política y social del país.

En ese entonces, parecía utópico hablar de postconflicto en el país, particularmente por el

recrudecimiento del terrorismo internacional; no obstante, la vasta experiencia mundial en

materia de resolución de conflictos, en especial los de la América latina, enseñaba que la

"construcción de la paz consiste en acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes

a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto", es decir, que esta premisa

estructural debe ejecutarse en "pleno conflicto". Seguido a esto, se reglamentaron prórrogas y

modificaciones a las Leyes que permitiesen el planeamiento, aplicación y control de de procesos

de desmovilización de grupos al margen de la ley y su reincorporación a la vida civil. Como

resultado de todo el proceso de reforzamiento de la ley, el tema del desplazamiento y la

reparación a las victimas fue abordado de una manera más puntual y eficaz.

Se reclamó además, medir la proporción de debilidad o fortaleza del Estado para enfrentar una

situación de moderación del conflicto, a la vez que le permitiese trabajar en beneficio de la

sociedad por medio de herramientas como el diálogo y el ejercicio de la autoridad que confiere la

Constitución, pero particularmente que le permitiese conceptualizar la gravedad e impacto del

narcotráfico sobre la solución del conflicto.

A partir del año 2004 parecen ordenarse los elementos de la problemática nacional y se fijan

prioridades en las políticas de seguridad y economía. Se identifican de manera general pero

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coherente, los costos sociales y humanos de la confrontación interna y se plantea un debate serio

y continuo al respecto. Paralelamente se solidifica el ejercicio de aplicación de la justicia y se

inician acciones contundentes.

En el año 2006 y parte del 2007 se destacan hechos que hacen que los eruditos internacionales

hagan lecturas dramáticas de los siguientes ámbitos:

la capacidad de penetración de la narco economía en las instancias políticas y sociales;

el crecimiento de la soberbia de los grupos armados al margen de la Ley por saberse

poseedores del poder económico.

Sin embargo y a pesar del panorama, estos intelectuales manifiestan que Colombia es un país

moderno en el que la legitimidad democrática -ejercida por un Estado que nunca se ha

derrumbado- existe para resolver problemáticas y que los horrores y las limitaciones que hacen

trámite en su democracia, resultan menos agresivos que otras alternativas de gobierno con

tendencias socialistas como las fundadas en países vecinos.

Se destaca la importancia de los procesos de consolidación territorial luego del accionar militar

auspiciado por el mandato constitucional, cuyos efectos se observan en la potenciación del

restablecimiento del tejido social y el proceso de desarrollo económico. Además, desde mediados

del 2007 y lo que va corrido del 2012, se ha manifestado un proceso solidario ciudadano mediante

el cual, se desvirtúa una apreciación que venía abriéndose espacio en el ámbito internacional y

refiere a esa aparente capacidad del pueblo colombiano de hacerse indiferente ante acciones

infames como el terrorismo, el secuestro, las fosas comunes y no reaccionar de forma masiva para

estructurar una " opinión pública sólida y sostenida" ante eventos de esta naturaleza.

La Dramaturgia, la Guerra y el olvido

Resulta pertinente destacar aquí - como se describió en capítulo precedente y en el párrafo

anterior- el tesón y la firmeza del pueblo colombiano para superar la injusticia y el dolor e insiste

en buscar que la memoria de este horror propiciado por el conflicto no sea borrada.

Precisamente y por iniciativa del Ministerio de Cultura en este año de 2012 y como una manera de

articular la Ley de víctimas –Ley 1448 de 2011- en lo atinente a una reparación simbólica que

preserve la “ memoria histórica” del conflicto, se adelantó una investigación sobre la dramaturgia

del conflicto que busca dar respuesta a las preguntas que plantea el Coordinador general de la

investigación, el dramaturgo Hernando Parra Rojas: ¿ Es el teatro una herramienta útil para la

reconstrucción de la memoria histórica? ¿Por medio del teatro podemos aportar la reparación

social y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas? ¿Como teatristas seremos capaces de

luchar contra la impunidad? ¿Una obra de teatro puede ser un instrumento capaz de prevenir la

violación de los Derechos Humanos?.

Enrique Pulecio Mariño otro dramaturgo se refiere al conflicto armado de Colombia como la

asociación múltiples factores que se entrelazan dentro de su contexto histórico y cuyas causas -

68

las originales y las más recientes - son complementarias y no se escapan de las determinaciones o

designios de carácter universal que conducen al enfrentamiento del hombre con el hombre.

No obstante, es enfático el dramaturgo Pulecio en su apreciación de que el hombre colombiano, el

honesto, el trabajador, tiene una “enorme capacidad para responder con extraordinaria fuerza y

decisión a las adversidades de la crisis”.

“Luchar contra el olvido” como se denominó la investigación sobre la dramaturgia del conflicto

conduce al reconocimiento de las víctimas que sin embargo y de manera indescriptible, con

ocasión de los hechos de horror y tragedia que han tenido que vivir, a veces se han convertido en

victimarios.

Cavilar sobre si “son tragedias” al estilo griego las obras de la dramaturgia colombiana que han

representado y representan el conflicto armado” ha sido no una pregunta sin respuesta de los

dramaturgos y actores colombianos sino un hecho que conduce a una respuesta relativa ya que se

constituye en un laboratorio de vivencias diseminadas a lo largo del territorio patrio.

Obras como “Cada vez que ladran los perros” habla sobre desaparecidos, sobre madres dolientes

de masacres y actores armados en ese concierto; representación como “El deber de Fenster”

remite al drama de cadáveres insepultos, de actores armados y de testigos. Igualmente “Mujeres

en la Guerra” conduce a mostrar lo acaecido por acción de los actores armados y la infamia de los

testigos.

Cuando los dramaturgos buscan transmitir en el escenario del teatro las escenas de “dolor y

sufrimiento” pero también la “victoria del mal”, es indudable que se refieren a sujetos en

particular (¿guerrilla, paramilitares, crimen transnacional, bandas criminales y escoria

desafortunadamente infiltrada en la Fuerza pública?) y reconocen allí la degradación del ser

humano.

Entonces, la búsqueda que hace el dramaturgo para conciliar el objetivo de su escrito con la

realidad del país se convierte en el mejor nicho de información que se debe mantener vivo para

que se motiven de manera permanente las iniciativas y de esa forma “la verdad, la justicia y la

reparación no queden en el papel y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas sea una

realidad” como lo anota enfáticamente la Ministra de cultura Mariana Garcés C.

“En la venganza el más débil es siempre el más feroz”. HONORÉ BALZAC

Reacciones de la Sociedad civil

Las reacciones contundentes de la Sociedad Civil, particularmente encabezada por las mujeres en

los últimos años, dan respuesta al llamado angustioso de intelectuales de nuestra patria que

insisten en que "el drama de este país es que nunca podemos pasar de los sentimientos

individuales a las acciones colectivas" y que el " factor fundamental dentro de procesos tan

complejos es la voluntad de la sociedad entera para comprometerse con la terminación de la

guerra".

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Esta somera exposición permite contradecir también la tesis de que no hay forma de identificar las

condiciones para dar inicio al proceso del postconflicto mientras persista “la presencia de un

narcotráfico pujante o que las buenas intenciones no bastan para cambiar la realidad".

El accionar de la justicia (desafortunadamente no todo lo seria y contundente que requiere el

drama colombiano) al amparo de una democracia pura, ha permitido sin embargo desenmascarar

parte de la corrupción en varios de los ámbitos de la sociedad y las alianzas del paramilitarismo;

resta entonces, conocer las imputaciones que se deben hacer a quienes cohonestan con el

accionar de las organizaciones delincuenciales Farc y ELN y las que se deben hacer también a estos

grupos al margen de la ley.

Dos quinquenios de historia (2002-2012)

Han transcurrido diez años y ese oscuro horizonte al que estábamos acostumbrados los mayores y

miraban con tristeza las generaciones jóvenes como un velo imposible de correr, se ha venido

convirtiendo en un paisaje con algunas esperanzas.

Los adultos fuimos débiles y no nos impusimos de manera drástica y decidida ante prácticas de

corrupción y de caminos fáciles que solo trajeron tragedia y dolor.

La clase política deberá entender que solo la lealtad y la honradez deben constituirse en su

baluarte para defender y cumplir con el mandato afectuoso y esperanzado pero además honesto

que le otorgan sus conciudadanos en un acto de buena fe.

Resulta imperativo que el poder judicial entienda que abrigarse con mantos de expectativas

políticas y protagonismo solo ha conducido a hacer invisible el deber ético de agilizar una justicia

equitativa y oportuna en los escenarios penales, laborales y administrativos del país.

Igualmente afrontamos todavía dolor de patria ante el latigazo permanente de la intolerancia, del

terrorismo y del aislamiento local y regional; muchas familias, incontables madres, esposas y

novias derramaron y siguen derramando lagrimas por un ser querido que escogió el camino

equivocado del delito o la subversión, o fue obligado a transitarlo o eligió aquél sendero

gratificante del patriotismo al empuñar las armas para defender el Estado de derecho y pagó con

su vida esa elección.

Los medios de comunicación, ese poder inmensamente destructivo cuando se parcializa o se

apoya en elementos circunstanciales, en hechos sin confirmar o en la oportunidad para informar,

deben acudir a la aplicación estricta de la ética, en huir del sensacionalismo y de la manipulación.

Hoy, los cimientos de una patria con doscientos años de historia deberán ser reforzados para

crecer en valores, en justicia, en equidad social y en prosperidad.

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Quienes recibieron la dignidad de regir su destino a partir del siete de agosto de 2010 deben

mantenerse revestidos de honor, sapiencia, lealtad y conocimiento para cumplir con este deber

sagrado.

La gobernabilidad para lograr un país promisorio Todas las anteriores reflexiones toman forma con la indispensable comprensión de lo que encierra el término GOBERNABILIDAD. Un ejercicio de definición de gobernabilidad - que amplía la presentada en la introducción de este capítulo - lo suscita Pasquino al considerarla como el “Equilibrio entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para resolverlas de manera eficaz y legítima.” Amplía Norbert Lechner este criterio al enunciar que los problemas de la gobernabilidad hacen referencia entonces a tres componentes conceptuales fundamentales:

Gobernabilidad y eficiencia

Gobernabilidad y legitimidad

Oferta gubernamental versus necesidades y demandas de la sociedad. 1. Gobernabilidad y eficiencia: Acudiendo al enunciado de Lechner se puede deducir que en

nuestro país es notoria la fragilidad de este componente porque en la realidad se observa estancamiento gubernamental que le resta eficacia a los procesos y paralelamente se presenta un alto índice de corrupción en todos los ámbitos, que limita la realización integral de los objetivos.

2. Gobernabilidad y Legitimidad: Existe también en la actualidad y como acción recurrente en Colombia un quebrantamiento exagerado de lo que se reconocía como “tradición de la justicia” distributiva, penal, laboral, militar y la legitimidad del ordenamiento político-social, así como la aplicación y respeto por los Derechos Humanos (obsérvese la consecuencia del reciente “paro” judicial – diciembre de 2012). Precisa además el estudioso Leonardo Morlino (1988) que, particularmente este concepto de gobernabilidad-legitimidad, debe conducir a una condición de estabilidad, es decir, que el sistema político-social “debe ser capaz de cambiar adaptándose a los desafíos que provienen de los ambientes internos y externos al país” y fundamentalmente: perdurar en el tiempo.

3. Oferta gubernamental versus necesidades y demandas de la sociedad: Sugiere este componente que debe también incorporarse un pertinente balance que considere los requisitos del “cálculo político” en la toma de decisiones entre los actores políticos, que deben redefinir sus criterios en atención a la apertura económica y a la internacionalización (“no olvidar que la política genera su dinámica a través de redes sumamente complejas en el mundo actual y además con carácter formal o informal”). También los actores sociales deben presentar su queja pero aportar además opciones razonables de solución, ya que se ven impulsados a involucrarse en la segmentación de la sociedad que puede magnificar las distancias en el entorno interno de la misma,

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propiciando desde luego una inmensa desigualdad socioeconómica, aumentando en consecuencia la exclusión y la diversidad social.

Otra versión de definición de gobernabilidad la plantea PNUD al precisar que esta entraña el ejercicio de “la autoridad económica, política y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los planos, abarca los mecanismos, los procesos y las Instituciones mediante los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos, satisfacen sus obligaciones y median en sus diferencias.” Conduce pues esta definición a observar que la gobernabilidad trasciende al Estado y lo involucra, de manera horizontal, con las organizaciones del sector privado, con los partidos políticos y con la sociedad civil. Resulta pertinente resaltar aquí que la gobernabilidad se altera de manera notoria en América Latina en la actualidad por fenómenos de “rupturas que promueven el paso de nuevos sistemas políticos, económicos, sociales, emergentes”, como el caso de Venezuela y Ecuador y además en la entraña de nuestro país con los recientes planteamientos del Alcalde Petro en la ciudad Capital de Colombia y relacionados con un marcado impulso hacia el “socialismo del siglo XXI”, como lo ha catalogado el ex Alcalde Jaime Castro. Lo expuesto amerita insistir en un enfoque de Prospectiva Estratégica, es decir, en implementar procesos de modernización del Estado que permitan desarrollar una Planeación Estratégica, capaz de anticiparse a los problemas, antes de tomar las decisiones. Un sistema que represente los intereses de los actores, que como se mencionó antes, deben ser los promotores de la GOBERNABILIDAD: Estado, Sector Privado, Partidos Políticos y Sociedad Civil. Un sistema que ofrezca la posibilidad de globalizar dentro del gobierno de un país como el nuestro, los criterios de estos promotores de gobernabilidad y que ojalá no busquen una significación de carácter electoral y/o de alternativas en el gobierno. El horizonte propuesto aquí es que el futuro se construya a partir del presente y no a partir del pasado, observando este como una exhortación referencial de condición histórica. Se plantea pues una “transición”, es decir, la búsqueda de una ruptura positiva en nuestras conductas sociales y políticas. ¿Será que los eventos mencionados al inicio de este discurso, cumplen con los requisitos mínimos expuestos en términos de “incorporar una sola agenda a la Reforma Económica junto a las Reformas Políticas y Sociales”? ¿Cómo hacer visible y coherente el estado actual de cosas, de tal manera que permita hablar de condiciones firmes de Gobernabilidad y de paz?

“La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en un hecho”. HONORE BALZAC

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BIBLIOGRAFIA GENERAL

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