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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Sede Guatemala

Programa Sociedad Civil y Movimientos Sociales Observatorio de Movimientos Sociales

Informe sobre el accionar del movimiento sindical guatemalteco:

Periodo septiembre a diciembre 2005

Coordinadora Simona V. Yagenova Autora: Wendy Santa Cruz

Enero 2006

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Informe sobre el accionar del movimiento sindical guatemalteco:

Periodo septiembre a diciembre 2005 Análisis de la Información Recolectada

En la agenda sindical, durante los meses de septiembre a diciembre, prevalecieron las

preocupaciones, demandas y acciones en torno a las políticas de carácter neoliberal que promueven la flexibilidad laboral y la privatización de los servicios públicos, así como de los recursos naturales.

Frente a ello el Movimiento Sindical dio seguimiento a violaciones de los derechos

laborales; la falta de empleos dignos, de salarios justos y de respeto a la libertad de organización sindical, así como a las problemáticas derivadas del alza al costo de vida y de fenómenos naturales. También continuó exigiendo la eficiencia y la no privatización de servicios como salud y educación, se opuso a acuerdos comerciales que consideró podrían perjudicar a las y los trabajadores, a la concesión de los recursos naturales, entre otros.

En general, el Movimiento Sindical sostuvo su agenda de trabajo, en la cual también

fueron importantes las articulaciones con otras expresiones sociales. En el trimestre, las acciones del magisterio y del sector salud se orientaron a garantizar la eficiencia de las instituciones públicas con las cuales se vinculan, a evitar la privatización de los servicios públicos y la concreción de mejores condiciones laborales.

Conjuntamente con otras expresiones sindicales del sector público, el movimiento

magisterial continuó participando en el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL); y sostuvo su coordinación con las organizaciones que conforman el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP).

Por aparte, el magisterio dio seguimiento al proceso de negociación con las

autoridades del Ministerio de Educación con la finalidad de mejorar las condiciones del magisterio y de la educación pública.

En tanto, expresiones organizadas del sector salud dieron seguimiento a los

problemas de la red hospitalaria nacional, entre ellos el desabastecimiento de medicamentos, las limitantes del Seguro Social (IGSS) respecto a la carencia de condiciones mínimas para la efectiva atención de sus afiliados, principalmente del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Si bien la mayoría de estas demandas no son nuevas, la falta de acción o el poco

avance respecto a la mejora de las condiciones de las y los trabajadores obliga al movimiento a continuar exigiendo derechos tan básicos y fundamentales como un trabajo digno, salarios justos y libertad sindical.

A continuación presentamos una breve síntesis de la información recopilada durante el período mencionado y un balance de lo ocurrido durante el año.

1. Demanda: Política de Empleo

Las insuficiencias en el desempeño de las economías latinoamericanas, producto de los condicionantes externos propiciados por las reglas poco equitativas del comercio mundial y las ineficientes políticas económicas aplicadas durante décadas, imprimen

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múltiples desafíos respecto de la ejecución de estrategias para fomentar empleos dignos.1 En Guatemala, de 4.99 millones de personas que conforman la Población

Económicamente Activa (PEA), más del 90 por ciento cuenta con un empleo. Sin embargo, tres cuartas partes de las personas ocupadas laboran en el sector informal de la economía y 16.25 por ciento se encuentran subempleadas. En el área rural, la situación se complica aún más, si se considera que el 89 por ciento de las personas trabajadoras no gozan de prestaciones laborales.2

En tanto, 1 millón 200 mil de personas laboran en países del norte y otro millón y

medio de guatemaltecos están desempleados.3 El 73 por ciento de la población ocupada (PO) nunca llegó a completar el nivel secundario, la tercera parte tiene primaria incompleta y cuatro de cada 100 no tiene ningún tipo de educación.4

El aporte de las mujeres en el ámbito económico es desvalorizado, pese a constituir el

35 por ciento de la PEA y la PO. En tanto, la juventud se enfrenta a grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral o se incorpora en condiciones desfavorables.5 Ambos grupos, así como las personas adultas mayores, indígenas, discapacitadas y la niñez, padecen exclusión y se ven afectados de manera particular por la explotación laboral.

El número de mujeres que se incorpora a trabajos productivos se ha incrementado.

Sin embargo, el Estado no ha garantizado mejores condiciones de trabajo y remuneración para todas. Su incorporación en trabajos productivos no remunerados creció un 14 por ciento entre 1989 y 2002, así como un 5 por ciento en el sector informal. El número de mujeres empleadas en el sector profesional continúa siendo reducido. 6

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) estima que más de un

millón de personas entre los 10 y 17 años trabaja, cifra que aumenta durante la época de fin de año. Sus derechos laborales son violados, padecen discriminación salarial, son obligados a cubrir horarios extensos, expuestos a situaciones de riesgo y sus prestaciones no les son pagadas. El Estado no tiene un estricto control sobre el número de jóvenes trabajadores ni cuenta con un plan que proteja sus derechos y que ejerza control sobre los empresarios que violan esas garantías.7

En tanto, unos 38 mil menores de edad, la mayoría mujeres indígenas, desempeñan

labores domésticas bajo muchos riesgos y sin recibir una compensación económica adecuada ni protección. De cada diez personas que trabajan en casas, dos son niños y están expuestos a malos tratos, abuso sexual y condiciones insalubres.8

Frente a tales cifras, es importante reconocer que es pertinente la exigencia del

Movimiento Sindical respecto a la necesidad de que el Estado ejecute una política de empleo que contemple las conquistas laborales, garantice salarios justos y estabilidad laboral. 1 Seminario Subregional Trabajo decente. Desafíos de las Políticas en Centroamérica, Panama y República Dominicana. (Informe de Relatoría). Organización Internacional del Trabajo (OIT). Costa Rica, noviembre de 2004. Página 3. 2 Quinta Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2004. Instituto Nacional de Estadística (INE). Disco Compacto. 3 Sociedad civil solicitará aumento de salarios. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 13 de septiembre de 2005. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Congreso Economía y Género: Más de dos millones de mujeres se incorporan a la economía. Diario Prensa Libre. Guatemala, 09 de noviembre de 2005. 7 Adolescentes vacacionistas: claras violaciones a los derechos laborales y humanos. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua). Guatemala, 30 de noviembre de 2005. 8 38 mil menores en trabajo doméstico riesgoso detecta ministerio. Diario Prensa Libre. Guatemala, 08 de septiembre de 2005. S.P.

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Durante el segundo semestre del año, después de algunos meses de silencio, algunas

expresiones del Movimiento Sindical retoman dicha solicitud. Posiblemente influyó en ello la preocupación por el alza de precios de los productos de la canasta básica, el petróleo y sus derivados, así como algunos servicios esenciales.

Si bien algunas organizaciones sindicales participaron en procesos relacionados al

tema, cabe señalar que los esfuerzos en ese sentido por parte del Movimiento amplio, fueron mínimos. Las organizaciones sindicales concentraron su accionar en torno a otras problemáticas -no menos importantes-, como la fijación del salario mínimo o la denuncia de violaciones a los derechos laborales –por ejemplo-.

Por otro lado, en base a la información recolectada a través del Observatorio,

podemos afirmar que los avances desde el Estado durante 2005 no fueron sustanciales. Cabe recordar que desde el mes de febrero, se dio a conocer que el Gobierno había elaborado una propuesta de política de empleo, pero el contenido de la misma no parece haber sido socializado a todos los grupos interesados. Aparentemente dicha iniciativa buscaría la agilización de la ocupación, capacitación y satisfacción de la demanda laboral, pero aún no se conocen avances al respecto.

Además, durante el mes de junio se realizó el Foro Subregional Tripartito del Empleo

en Tegucigalpa, Honduras. En dicha actividad los Ministros de Trabajo, representantes de Trabajadores y Empleadores de la región se comprometieron a impulsar ante los jefes de Estado […] la creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad según los parámetros de la OIT, […] y que los esfuerzos no se concentren sólo en el control de la inflación y el déficit fiscal, sino también, y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y el crecimiento con equidad.9

Asimismo, se plantearon implementar políticas públicas que garanticen a los sectores

más vulnerables un adecuado desarrollo y buscar un mayor equilibrio entre las zonas urbanas y las rurales.

En tanto, en la Cumbre Presidencial de Tegucigalpa realizada el 30 de junio, en una

Declaración Conjunta, los presidentes de Centroamérica y República Dominicana acordaron: propiciar con los sectores productivos y laborales, las oportunidades necesarias para un empleo seguro y de calidad, comprometiéndose a garantizar el respeto a los derechos y la seguridad jurídica y ciudadana.10

También hicieron un llamado a los gobiernos de los países amigos, para que

orientasen recursos que permitieran poner en ejecución el plan de acción, los acuerdos e instrumentos, así como los esfuerzos y compromisos institucionales para la ejecución de políticas y programas para el fomento del empleo y trabajo sugeridos por el Foro Subregional Tripartito[…]

En ese contexto, fue creada la Comisión Tripartita de Alto Nivel que adoptó un plan de

acción durante su primera reunión, celebrada en Costa Rica a finales de agosto. El mismo contempla diferentes acciones para la generación de empleos con calidad y equidad, así como mejoras a las condiciones laborales.

Dichas acciones serían ejecutadas entre septiembre de 2005 y diciembre de 2006.

Hasta la primera quincena de diciembre, no se conocían acciones de seguimiento y

9 Declaración Tripartita para el Fomento del Empleo y del Trabajo Decente en Centroamérica y República Dominicana. Tegucigalpa, 30 de junio de 2005. 10 Declaración Conjunta de la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), suscrita por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá; por los Secretarios de Relaciones Exteriores de Guatemala y República Dominicana, y por el Primer Ministro de Belice. Tegucigalpa, 30 de junio de 2005.

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fiscalización hacia las instituciones estatales correspondientes, respecto a la existencia de avances en el cumplimiento del Plan. Cabe señalar que en la comisión conformada, el único representante sindical que participa por parte de Guatemala es José Pinzón de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

Además de las acciones regionales mencionadas, las únicas actividades ejecutadas

por el Ministerio de Trabajo de las cuales se tuvo conocimiento fueron algunas ferias de empleo y la conformación de Grupos Gestores11.

Durante este año ha sido evidente que el Gobierno central ha dirigido sus expectativas

de generación de empleos al probable impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros acuerdos comerciales como el negociado con Taiwán, pueden revisarse la publicidad que al respecto se publicó en los medios de comunicación, así como las declaraciones de funcionarios públicos.

A través de dichos medios, también se destacó en varias oportunidades que uno de

los sectores económicos que resultaría más favorecido con el DR-CAFTA es el textil. La Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) de AGEXPRONT también ha destacado en diferentes oportunidades frente a la opinión pública sus posibilidades respecto a la generación de plazas.

Sin embargo, durante el último trimestre se dio a conocer que la apertura del mercado

estadounidense a la producción de la República Popular de China creó durante 2005 una inestabilidad sensible. Algunos de los efectos en el país se tradujeron en el cierre de 41 fábricas y la pérdida de unos 11 mil 438 empleos entre enero y noviembre. Cerraron 12 de capital nacional y 29 empresas de capital extranjero, principalmente coreano.12

La Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) también atribuyó la caída, al tipo de

cambio regulado y al retraso en la aprobación del DR-CAFTA. En un editorial de Siglo Veintiuno se aseguró que es un hecho que ninguna empresa o grupo de éstas, puede competir en las mejores condiciones si no cuenta con un marco local favorable para su desarrollo.13

Sin embargo, para el sector privado ese marco se traduce en la revisión de los

contratos de energía eléctrica y en la implementación de reformas al Código de Trabajo que tienden a la flexibilización laboral, pero excluye la posibilidad de mejorar las condiciones y los salarios de las y los trabajadores.

En opinión de Irene Barrientos, de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala

(UNSITRAGUA), la utilización del discurso sobre las pautas que en la actualidad se considera deberían regir el comercio14 para la generación del denominado “clima de negocios” o “ambiente propicio para las inversiones”, ha influido en el cierre de empresas. Con tales argumentos las mismas evaden el pago de las prestaciones y liquidación de las y los trabajadores, o les exigen más productividad por el mismo salario.15

La sindicalista agregó que si bien el actual gobierno ha implementado iniciativas para

proteger las plazas laborales, las mismas no garantizan el respeto a los derechos de las y

11 Se integran por representantes de los gobiernos locales, el sector privado, trabajadores, el sector público, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Su objetivo es identificar actividades productivas en la localidad, promover la asociación de quienes trabajan en la misma, para posteriormente -a través de un plan estratégico e integrada la cadena productiva- sea viable una inversión que genere empleos. 12 Maquila requiere buen ambiente. Diario Siglo Veintiuno. Guatemala, 01 de septiembre de 2005. Página 14. Ver también: Cierran 41 maquilas en lo que va del año. Prensa Libre. Guatemala, 30 de noviembre de 2005. Página 19. 13 Ibidem. 14 Flexibilidad y desregulación laboral, competitividad, incentivos, etcétera. 15 Especulaciones, principal treta para cerrar las maquilas. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 01 de septiembre de 2005.

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los trabajadores, ya que éstos continúan siendo explotados, sin que la ley prevalezca en favor de sus garantías individuales.16

En otros sectores se ha recortado personal, debido a otras razones. Los productores

de plástico por ejemplo, han sido afectados por la escalada e inestabilidad de los precios del petróleo y el desabastecimiento de materia prima a causa del cierre de plantas petroquímicas en Estados Unidos, tras el paso de los huracanes Katrina y Rita. Esto ha implicado una disminución en sus ventas y un incremento en el precio de la materia prima, incidiendo en el despido de un 20 por ciento de su personal.17

La información da muestra de la vulnerabilidad de la economía guatemalteca frente a

la situación externa. Sin embargo, no se conocen políticas efectivas desde el Estado tendientes a evitar la fuga de puestos de trabajo, tampoco que garanticen que las plazas existentes respondan efectivamente a la legislación vigente en materia de derechos laborales.

2. Demanda: Resolución de la Conflictividad Laboral y respeto a los Derechos Laborales.

Precisamente, debido a la falta de calidad del empleo y de respeto a los derechos laborales, es que la conflictividad laboral cobra importantes dimensiones en el acontecer nacional y constituye uno de los temas prioritarios del Movimiento Sindical. Sin embargo, son pocos los casos que han trascendido a la opinión pública.

En ese sentido, es importante reconocer tanto el seguimiento como la denuncia que

distintas expresiones sindicales y otras organizaciones sociales han hecho en torno a las múltiples violaciones de los derechos laborales, tanto por parte del Estado como de la iniciativa privada.

Uno de los sectores que ha sido denunciado en mayor medida por violaciones a los

derechos laborales, ha sido el de la maquila. En el 2005 se incrementaron las infracciones, según denunció la Instancia Coordinadora de la Maquila. Rosa Escobar, de dicha agrupación, señaló que los empresarios de maquiladoras -especialmente de textiles y vestuario-, constantemente realizan despidos directos e indirectos, renuncias obligadas, suspensiones sin fundamento, niegan el pago de prestaciones y obligan a las trabajadoras a laborar más horas.18

La agrupación asegura que las manufacturas gozan de exoneración de impuestos

durante 10 años y cuando se acerca el cumplimiento de este plazo, cierran, huyen y dejan sin empleo y pago de pasivos a las trabajadoras. Posteriormente se inscriben en el registro con otro nombre y razón social, gozando de otro período más sin pagar tributos. Gladys Marroquín, también de la Instancia, señaló que las instituciones estatales están obligadas a ejecutar acciones prontas y efectivas para evitar que esos hechos ocurran.19

Los empresarios prohíben a todo costo los sindicatos, de las 230 maquilas textiles que

hay en Guatemala, sólo en dos hay sindicato. Es decir, que de 116 mil trabajadoras y trabajadores, sólo 300 están protegidos por organizaciones sindicales.20

16 Ibidem. 17 Fábricas de productos de plástico han recortado el 20 por ciento de su personal. Diario Siglo Veintiuno. Guatemala, 15 de noviembre de 2005. 18 Trabajadoras de la maquila denuncian aumento de violaciones laborales en el 2005. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 02 de noviembre de 2005. 19 Ibidem. 20 Miguel Ángel Sandoval. Fianza laboral en la maquila. Diario Prensa Libre. Guatemala, 8 de septiembre de 2005. Página 14.

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En el período analizado, también se dieron a conocer algunos casos concretos a través de distintos medios de comunicación. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Zacapa –por ejemplo-, envió una carta abierta al delegado departamental de la institución, en la que hace públicas sus denuncias contra las autoridades por malos tratos, incumplimiento de las leyes laborales y otras violaciones a los derechos de las y los trabajadores. También denunció la carencia de médicos en la emergencia, recargo de la jornada laboral, carencia de ambulancias con equipo y personal necesarios.21

En tanto, en La Libertad, Petén trabajadores paralizaron la construcción de dos

puentes debido a que no han recibido su salario desde hace dos meses y medio. Estas construcciones fueron autorizadas por el Consejo de Desarrollo Departamental, pero la comuna de La Libertad, a pesar de contar con los fondos necesarios, no ha concretado el pago a los trabajadores.22

Personal de la municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, exigió el pago de 15 quincenas

de salarios atrasados, la cancelación de horas extras de labores y sus respectivas vacaciones, que la comuna les adeuda. El alcalde Noel Vargas justificó la falta de pago, al explicar que la comuna únicamente percibe medio millón de quetzales, mientras que la planilla de salarios mensuales asciende a un millón, pero aseguró realizar gestiones con un banco del sistema para cubrir el pago.23

Maestros que laboraron en el renglón 021 en Quetzaltenango durante 2005,

expresaron su inconformidad frente al anuncio del director departamental, Adán Pérez respecto a que sus contratos serían renovados sólo si aceptaban desempeñarse en otros municipios, de donde no son residentes. A los trabajadores no les es posible asumir el costo de transporte que esa medida les implicaría. Dicha acción fue calificada por ellos como un despido indirecto.24

Los anteriores únicamente son algunos de los casos que trascendieron durante el

período y como puede observarse la totalidad corresponden a conflictos entre trabajadores e instancias estatales. Durante todo el año, este tipo de casos son los que en general han dado a conocer los medios de comunicación, en muy pocas ocasiones se ha dado información respecto a la conflictividad existente entre empresas privadas y su personal.

Debido a ello consideramos importante resaltar algunos de estos casos, a los cuales

algunas organizaciones sindicales han dado seguimiento. En la mayoría de ellos han existido violaciones a los derechos de sindicalización, libertad sindical y negociación colectiva. Caso: Trabajadores de La Comercial

La Comercial, Sociedad Anónima es la distribuidora de Productos Alimenticios Diana. Desde 1999 el Sindicato de Trabajadores STDIANA ha intentado infructuosamente de negociar un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo25. Pese a que STDIANA cuenta con una membresía superior al 60 por ciento del total de trabajadores de la empresa, ésta se ha negado a reconocer su derecho a la negociación colectiva.26

21 En Zacapa, Sindicato de Trabajadores del IGSS denuncia violación de sus derechos. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 21 de octubre de 2005. 22 Trabajadores paralizan construcción de puentes por falta de pago. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 04 de Noviembre de 2005. 23 Trabajadores municipales exigen pago de sueldos atrasados. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 08 de Noviembre de 2005. 24 Maestros por contrato denuncian despido indirecto. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 11 de noviembre de 2005. 25 El Código de Trabajo, en su Artículo Número 49, define éste pacto como el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. 26 Memorias 2005. UNSITRAGUA, Op. Cit.

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Tanto el sindicato como la empresa han realizado diversas acciones, las cuales se

muestran en el siguiente cuadro.

Sindicato Empresa Estado STDIANA elabora un proyecto de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y es presentado para su negociación con la entidad patronal, el cual fue trasladado con los procedimientos legales vigentes.

La entidad patronal crea un comité permanente de manera alterna al sindicato, con el cual está negociando varios convenios colectivos.

La Inspección General de Trabajo da su visto bueno a los pactos que negocia con el comité.

Promueve conflicto colectivo de carácter económico social.27

El Juzgado Quinto de Traba-jo y Previsión Social de la Primera Zona Económica, levanta las prevenciones del emplazamiento, con la excu-sa de la supuesta falta de cumplimiento de algunos re-quisitos que no están con-templados en la Ley para este tipo de proceso.

Con el mismo proyecto de pacto colectivo, se promueve un nuevo conflicto de carácter económico social.

El Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social de la Tercera Zona Económica, admite para su trámite una excepción de prescripción, la cual es declarada con lugar. Esto pese a que la ley esta-blece que planteado el con-flicto no se admitirán excep-ciones.

STDIANA elabora un nuevo proyecto de Pacto Colectivo.

El proyecto se hace llegar a la empresa por parte de la Inspección General de Trabajo (IGT).

Al agotarse el plazo para que se negocie vía directa, promueve un nuevo conflicto colectivo.

Al conocer el conflicto plan-teado, inicia una campaña de desprestigio contra el STDIANA y comienza a presionar a los trabajadores para que firmen un documen-to de oposición al sindicato

El Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Zona Económica, conoce el caso.

Denuncia las acciones de la empresa a la IGT y le solicita que asigne un inspector para que constate los hechos y prevenga a la empresa de abstenerse a dichas prácticas.

La IGT designa a dos inspectores, quienes se presentan en las instalacio-nes de la empresa y pese a haber escuchado el testimo-nio de dos trabajadores se niegan a constatar la denun-cia y se abstienen de preve-nir a la empresa.

Presenta un incidente de oposición.

El Juez Segundo de Trabajo da trámite al mismo violando el artículo 383 del Código de Trabajo.

Promueve un recurso de nulidad por violación a la ley y al procedimiento en contra de la resolución que le daba trámite a dicho incidente.

Ofrece como prueba el Convenio Colectivo de Con-diciones de Trabajo suscrito con el Comité Permanente, que creo de manera alterna. Además presenta el docu-

El recurso de nulidad es resuelto sin lugar por el mismo Juez. Deja sin efecto el conflicto colectivo y levanta las pre-venciones del emplazamien-to. Aduce que es un conflicto

27 Es un mecanismo legal, mediante el cual -al presentarse diferencias entre patronos y trabajadores susceptibles de provocar una huelga o paro-, los trabajadores sindicalizados elaboran y suscriben un pliego de peticiones que han de hacer llegar al respectivo juez, a través de tres delegados electos por la Asamblea General de la Organización. El conflicto se entiende por planteado desde el momento en que se entrega el pliego de peticiones al juez.

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mento de oposición al sindi-cato, del cual nunca fue entregada copia al mismo.

colectivo promovido para negociación de un pliego de peticiones distinto al que motivó el proceso, da valor probatorio al Convenio Co-lectivo con el Comité Perma-nente y al documento de oposición al sindicato. Niega validez al acta de Asamblea del STDIANA en que se acordó la promoción del conflicto. (07 de junio de 2005).

Apela el fallo. Durante la prueba de Confe-sión Judicial, el representan-te de la entidad patronal incurre en el delito de perjurio, lo cual es hecho ver por STDIANA.

Se confirma el fallo. El Juez Quinto de Trabajo declara sin lugar la impug-nación del documento, adu-ciendo que la vía empleada no era la adecuada para impugnar tal documento, pese a ser la prevista en la legislación. Aunque el Juez asegura que se tendrá presente, omite pronunciarse al respecto, con lo que incurre en delito por omisión de denuncia.

Apela la resolución, ante la Sala Segunda de Apelaciones de Trabajo.

Sala de Apelaciones omite pronunciarse sobre el fondo de la apelación. (29 de julio de 2005).

En el documento Memorias 2005, entregado al Departamento de Normas Interna-

cionales de Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), UNSITRAGUA manifiesta que se evidencia que la resolución es contraria a derecho y denota la parcialización a favor de la empresa por parte del Juez, al darle valor probatorio al documento de oposición al sindicato promovido, aduciendo que el mismo no fue impugnado de nulidad por el sindicato.

El sindicato nunca recibió copia del documento. La no identificación previa de la

prueba impidió que el mismo pudiera ser impugnado, con lo cual se incurrió en una violación del debido proceso. Además el Juez restó valor a la carta de la Asamblea general que fue reconocida por el patrono desde el planteamiento mismo del conflicto y nunca la impugno de nulidad o falsedad.

Es evidente entonces la negativa de la empresa a negociar colectivamente con el

sindicato y la admisión por parte de la IGT de actos contrarios a la libertad sindical. Asimismo, la actitud de las autoridades judiciales de trabajo que no garantizaron la promoción de la negociación colectiva y privaron a los trabajadores del derecho de huelga, avalando actos de ingerencia y contrarios a la libertad sindical.28 Caso: Trabajadores del Ingenio Magdalena

Los trabajadores del Ingenio Magdalena, Sociedad Anónima en la Finca El Cóbano se organizaron para proponer a su patrono una negociación colectiva. El día 28 de enero solicitaron a la Inspección General de Trabajo de Escuintla trasladar el pliego de peticiones a la entidad patronal.

En esa misma fecha, el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de Escuintla dictó las

prevenciones del conflicto. Sin embargo, el patrono del Ingenio Magdalena tomó una serie

28 Memorias 2005. UNSITRAGUA, Op. Cit.

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de represalias contra los trabajadores. En el siguiente cuadro se incluyen las acciones de las partes a partir de la conformación de la organización sindical.

Sindicato Ingenio Estado Las y los trabajadores de la finca constituyeron su organización Sindical “Sindicato de Trabaja-dores de la Finca El Cobano, Ingenio Magdalena Sociedad Anónima (SITRAFECIMASA)”, el día 5 de febrero.

El 7 de febrero, procedió a des-pedir a 18 trabajadores con la intención de evitar la negociación colectiva y la conformación del sindicato.

El Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de los trabajadores despedidos, el 11 de marzo.

Las reinstalaciones no son obe-decidas por la entidad patronal. En memorial de fecha 4 de marzo las apela alegando que no eran trabajadores de dicha entidad.

El 17 de marzo se publica en el Diario Oficial, el reconocimiento del sindicato.

Seis días más tarde (23 de marzo), son despedidos tres trabajadores más, con lo que la entidad completa el despido de la totalidad de trabajadores que participaron en la conformación del sindicato.

El Juzgado de Trabajo también ordena la reinstalación de los tres trabajadores despedidos.

No cumple con las tres reins-talaciones y nuevamente apela las resoluciones indicando que no son trabajadores de la Finca.

Para fortalecer su argumento, interpone un recurso de revo-catoria contra la resolución que reconocía la personería y aprobaba los estatutos de SITRAFECIMASA.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social da trámite a dicho recurso. El sindicato nunca fue notificado del mismo ni escuchado como lo implica su derecho de defensa.

El 25 de abril, el Ministro de Trabajo, Jorge Gallardo, emite la resolución número 113-2005 mediante la cual ordena a la Dirección General de Trabajo “que modifique parcialmente la resolución número 010-2005 par-a que no aparezca dentro de la denominación de la organización sindical el nombre de la entidad Ingenio Magdalena, Sociedad Anónima, que modifique los estatutos del sindicato y la do-cumentación referente a dicha organización sindical.

Mediante la resolución 31-2005 de fecha 09 de mayo, la Dirección General de Trabajo modifica la denominación social del Sindicato.

La impugnación promovida por la empresa es calificada por UNSITRAGUA como un

acto de total injerencia patronal. Nuevamente el derecho de defensa de la organización sindical es violado, al no ser notificada por el Ministerio de Trabajo respecto al recurso promovido.

UNSITRAGUA vincula este hecho a que el actual partido de gobierno posee fuerte

afinidad con el sector empresarial guatemalteco y especialmente con el sector azucarero y el sector de exportadores de productos no tradicionales.29 29 Memorias 2005. UNSITRAGUA, Op. Cit. Páginas 17 y 18.

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Caso: Trabajadores de Bocadeli de Guatemala El caso del sindicato de Trabajadores de Bocadeli de Guatemala (SITRABOCADELI),

constituye un caso paradigmático, debido a que los trabajadores tuvieron acceso a un documento en el cual se detallaban acciones para destruir el sindicato y evadir ciertas responsabilidades frente a los empleados de tal empresa.

Cabe señalar que más del 25 por ciento de las y los trabajadores de la empresa se encuentra sindicalizado y que dicha organización sindical es la mayoritaria al contar con una membresía que supera el 50 por ciento del total.

Los trabajadores de la entidad Bocadeli de Guatemala S.A., (de capital salvadoreño y

dedicada a la distribución y venta de boquitas dulces y saladas) constituyeron un comité ad hoc, en 31 de enero de 2005, con la finalidad de plantearle a la empresa un pliego de peticiones. El juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica dictó las prevenciones del emplazamiento el día 7 de febrero.

Cabe señalar que desde el 21 de noviembre de 2004, la Asamblea General del

sindicato aprobó un Proyecto de Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo para proponer su negociación al patrono. Solicitaron a las Inspección General de Trabajo (IGT) para que trasladara el proyecto al patrono para que éste se pronunciara respecto a la forma en que deseaba negociarlo con el sindicato.

La Inspección General de Trabajo (IGT) ordenó el 6 de julio de 2005 que se nombrara

un inspector a efecto de notificar y trasladar a la empresa el referido proyecto. El mismo es trasladado a la entidad patronal para su negociación, con fecha 11 de julio.

En tanto, algunos trabajadores del sindicato promovieron juicio ordinario laboral contra

la empresa, reclamando el pago de los salarios retenidos por concepto de séptimos días, traslado a los trabajadores de la obligación del patrono de pagar el impuesto al Valor Agregado (IVA), retención del 10 por ciento del salario por concepto de un Fondo Preventivo o Previsivo y el traslado a los trabajadores de los riesgos de la empresa.

Dicho proceso es conocido y resuelto favorablemente a los trabajadores por el

Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica y confirmado por la Segunda Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

La mayoría de trabajadores de Bocadeli promueven un nuevo juicio ordinario laboral,

el 22 de marzo, con la finalidad de obtener los salarios retenidos por la empresa a los demandantes por los mismos conceptos del primer juicio. Tal proceso es conocido por el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Zona Económica.

Los trabajadores tienen acceso a un documento interno de la empresa denominado

“Plan Avestruz de Guatemala”. La autoría del mismo se atribuye al Gerente General y Representante legal -Federico Molina Teo y Eunice Paiz, Gerente Administrativa-Financiera. En el mismo se detalla una estrategia para la ejecución de un paro ilegal y de hecho, crear condiciones para un alzamiento de bienes, la evasión del pago de prestaciones laborales a los vendedores y supervisores, entre otros. Para agosto de 2005, algunas de esas actividades ya estaban siendo ejecutadas por la empresa.30

Frente a ello SITRABOCADELI y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala

(UNSITRAGUA) promueven varias acciones para buscar justicia en dicho caso.

SITRABOCADELI/UNSITRAGUA Bocadeli Estado Envían un memorial de denuncia al Ministro de Trabajo fechado 07 de agosto, informándole de los hechos y

El Ministro de Trabajo no da respuesta ni toma ninguna medida.

30 Memorial enviado al Ministro de Trabajo y Previsión Social (Copia Impresa). UNSITRAGUA: Guatemala, 7 de agosto de 2005. Páginas 1 y 2.

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solicitando su intervención para el resguardo y restauración de las garantías de las y los trabajadores, así como solucionar la situación. Además fija un plazo de espera para que el Ministerio actúe, antes de enviar la respectiva denuncia a la OIT y solicitan que éste cite al representante legal de Bocadeli, representantes de SITRABOCADELI y de UNSITRAGUA.

El Juez Primero de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica dictamina –con fecha 08 y 09 de agosto-, las medidas precautorias de embargo de una cantidad de dinero y de la flotilla de vehículos de la empresa para evitar que los bienes fueran trasladados a otra persona como se indicaba en el Plan Avestruz.

El 11 de agosto cierra sus puertas impidiendo el acceso a los trabajadores y amenaza a los que se encontraban en ruta con girar órdenes de captura si no entregaban los vehículos a la empresa de seguridad privada Grupo Golán.

Por consejo de la asesoría llevan los vehículos a las instalaciones de Bocadeli y los entregan.

Contrata a notaria para levantar acta por entrega de vehículos, de la cual no fue entregada copia a los trabajadores.

Dirigente Daniel Vásquez y asesor laboral Efrén Sandoval se presentan (11 de agosto) a la sede del Ministerio de Trabajo para conocer los motivos de la falta de respuesta del mismo.

El Ministerio de Trabajo infor-ma que el caso fue remitido por el despacho ministerial a la Unidad de Resolución Al-terna de Conflictos.

Solicitan la intervención de la Inspección General de Trabajo.

No permite el ingreso a la empresa.

Constata el paro ilegal y la existencia de comunicados entregados por la seguridad para los trabajadores en donde se responsabiliza por el cierre de la empresa a las acciones legales preventivas realizadas por el sindicato.

El 17 de agosto, presenta ante la Inspección General de Trabajo una solicitud para que esta asumiera funciones judiciales y declarase proba-do que el cierre era por causas no imputables al patrono. Esto para evitar el pago de los salarios caídos de los trabajadores durante la duración de paro.

La IGT no notifica al sindicato respecto a tal solicitud ni de su trámite.

El interventor nombrado por el tribunal que conoce el conflicto junto a un funcionario judicial se presenta el 24 de agosto a tomar posesión de tal cargo para garantizar el reinicio de opera-ciones y el resguardo de los derechos de las y los trabajadores.

La seguridad privada del Grupo Golán les veda el ingreso por “órdenes de las altas autoridades”.

Presentan una protesta ante el Ministro de Trabajo indicándole que frente a su falta de acción e incumplimiento de los compromisos asumidos ante la Misión de Contactos Directos de la OIT, procederían a presentar el caso ante dicho organismo, la cual fue recibida por el Ministerio el 25 de agosto.

El Gerente General de Bocadeli Guatemala entabla acciones penales contra los sindicalistas que suscribieron las solicitudes de medidas precautorias ante los tribu-nales y la solicitud inicial al Ministerio de Trabajo.

Con fecha 30 de agosto, promueven una Queja contra el Estado de Guatemala y otra contra el Estado de El Salvador, por

El Ministerio de Trabajo con-voca para el día 7 de septiembre a una reunión

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violación permanente de la libertad sindical, de la negociación colectiva y del derecho de huelga.

“conciliatoria”.

Envían una comunicación al Segundo Viceministro de Trabajo, Mario Estuardo Gordillo, en donde expresa inconfor-midad frente a la decisión del Despacho de negar el permiso para que SITRABOCADELI fuera acompañada por su consejero sindical, aunque si permitió que la empresa fuera acompa-ñada por su abogado, creando un marco de desigualdad.

En opinión de UNSITRAGUA la Unidad de Resolución de Conflictos ha demostrado

empeño en el caso, pese a sus limitaciones. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo asumió una actitud pasiva frente las acciones de la empresa. El Ministro de Trabajo no mostró interés en buscar los mecanismos adecuados para establecer el diálogo entre la empresa y las autoridades de la casa matriz de El Salvador.

Los accionistas de la casa matriz en El Salvador han conversado con representantes

del Sindicato quienes presentaron una agenda.31 Sin embargo, la empresa en Guatemala ha decidido sostener el cierre hasta que no se levanten las medidas precautorias en su contra y sin brindar ninguna garantía acerca del respeto a los derechos laborales.

Tras la experiencia durante la reunión conciliatoria del 7 de septiembre, UNSITRAGUA

considera que la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos, es un concepto que dista de la perspectiva manejada por el Ministerio y el Sector Empresarial, ya que en los términos en que la han manejado, constituye una imposición violatoria de los principios fundamentales o un despojo de esos derechos legítimos en que se asienta.

El Segundo Viceministro, manifestó durante dicha reunión que “si la empresa no

quería tener a los trabajadores no se le podía obligar a hacerlo y que, existiendo emplazamientos, eso correspondía a los tribunales”. Esas mismas palabras fueron repetidas casi textualmente por el jefe de la RAC a los integrantes del sindicato de Bocadeli de Chiquimula (SINTRABOCADELI), lo cual evidencia no una tendencia personal, sino que una institucional del Ministerio de Trabajo.32

Pese a que el Gobierno de Guatemala asumió ante la Misión de Contactos Directos

buscar mecanismos efectivos de solución y prevención de las violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, durante la reunión conciliatoria, el Ministerio de Trabajo avaló la propuesta del patrono del pago del pasivo laboral, implicando la destrucción de los sindicatos (SITRABOCADELI y SINTRABOCADELI). La empresa bajo el argumento de la lentitud de la justicia pretendió llevar a los trabajadores a ceder sus derechos elementales.33

La falta de interés del Ministerio, ha facilitado las condiciones para la penalización del

conflicto laboral que actualmente se efectúa. Como represalia a las acciones legales emprendidas, la empresa inició acciones penales en contra de los trabajadores que firmaron tanto la solicitud original al ministerio como las solicitudes a los diferentes tribunales y fueron citados como denunciados para el día 30 de agosto por la Fiscalía 08 Patrimoniales del Ministerio Público.

31 La misma incluye la estabilidad laboral, el respeto a la libertad sindical, a la negociación colectiva, el pago de los salarios retenidos, el aseguramiento de condiciones de estabilidad laboral; la elaboración, registro y puesta en marcha de un Código de Conducta, como condiciones para levantar los embargos precautorios. 32 Memorial enviado al licenciado Mario Gordillo, Segundo Viceministro de Trabajo y Previsión Social (Copia Impresa). UNSITRAGUA: Guatemala, 8 de septiembre de 2005. Página 2. 33 Memorial enviado al licenciado Mario Gordillo. Op. Cit. Páginas 2 y 3.

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La lucha de SITRABOCADELI por hacer valer su derecho a la libre sindicalización y a la negociación colectiva ha implicado para sus dirigentes otras problemáticas, pero también a funcionarios públicos.

Marius Rommel Peña, Secretario General del Sindicato fue perseguido el 24 de

agosto por dos vehículos sin placas de circulación y vidrios polarizados. Al no haber logrado perder a sus perseguidores se dirigió a una estación e policía cercana, y éstos desistieron de la persecución.

Los dirigentes y afiliados a SITRABOCADELI ya se encuentran como no

recomendables para ser sujetos de crédito o para ser contratados, por la empresa privada de evaluación de riesgos INFORNET, la cual vende sus servicios a muchas entidades patronales y de crédito.

La decisión del Juez Primero de Trabajo de la Primera Zona Económica de dictar

embargo, ha provocado amenazas contra el funcionario por parte de los representantes de la empresa y el abogado que los asesora. Se han iniciado diligencias de antejuicio a efecto de persuadirlo para que levante las medidas precautorias. Frente a ello, UNSITRAGUA instó a la OIT para que exija al Gobierno de Guatemala la protección de la integridad física y psicológica del funcionario, así como su independencia judicial.

Frente a la reticencia de la empresa de negociar colectivamente con la organización

sindical, el débil papel del Ministerio de Trabajo y el vencimiento del plazo estipulado como máximo por la ley para el agotamiento de la vía directa34, el 10 de septiembre representantes de SINTRABOCADELI promovieron un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social contra Bocali de Guatemala. A la fecha aún no se conocen avances respecto al proceso del Conflicto Colectivo promovido.

En tanto, tras la denuncia a la OIT, se espera que dicho organismo corra audiencia al

Estado de Guatemala y al de El Salvador, haga recomendaciones, constate las violaciones y que las quejas sean publicadas en su boletín oficial con las conclusiones y recomendaciones emitidas por el Comité respectivo.

Cabe señalar que el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP) se

pronunció en octubre respecto de este caso. Exigió al Gobierno y a los Empresarios de Guatemala y de El Salvador que respeten y cumplan los derechos laborales del Sindicato de Trabajadores de Bocadeli. Además se solidarizo con la organización sindical e hizo un llamado a todas las agrupaciones sociales para que brinden su respaldo a la misma,35 Algunas valoraciones

Como puede evidenciarse, la justicia laboral aún enfrenta muchas dificultades para cumplir su cometido. Los derechos laborales continúan siendo violados y durante el año 2005 las organizaciones sindicales percibieron un incremento de casos o de la conflictividad que se genera en los mismos, así como cierta influencia negativa hacia los trabajadores en la resolución de algunos conflictos por los vinculos del actual gobierno con el sector empresarial.

Durante 2005, además de los casos de conflictividad mencionados con anterioridad

fueron dados a conocer 20 más, únicamente en los medios de comunicación consultados por el Observatorio36. De éstos 11 eran conflictos suscitados con autoridades municipales u otras instancias estatales, seis con empresas maquiladoras y tres con empresas agrícolas estadounidenses. Sin embargo, esta cifra dista mucho de la cantidad de

34 Al no realizarse negociación alguna ni acuerdo alguno respecto al Proyecto de Pacto Colectivo, apoyado por los 80 trabajadores que conforman el sindicato. 35 Comunicado de Prensa. MICSP: Guatemala, 18 de octubre de 2005. 36 Prensa Libre, El Periódico, La Hora, Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA), Guatemala Hoy del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) e Incidencia Democrática.

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conflictos que ocurren en realidad y de los cuales se carece de un registro o sistematización que permitan conocer certeramente los avances en su resolución.

Si bien, las informaciones dan cuenta de excepciones en la regla, por lo general las

resoluciones de las autoridades laborales se parcializan a favor de la entidad patronal, abandonando la función tutelar que les ha sido facultada por ley. Frente a ello, las organizaciones sindicales se enfrentan a muchos retos en cuanto a estrategia y acumulación de respaldo para concretar mayores avances, beneficiosos para las y los trabajadores.

Especialmente, porque -debido a las circunstancias y necesidades del modelo

neoliberal- se enfrentan a la continua eliminación de la protección al trabajo y los derechos laborales. Asimismo, tienen que afrontar la tendencia de la economía de mercado que coloca como obstáculos a las normas tutelares y asume nuevas formas de organización y distribución del trabajo.

De esa cuenta no es de extrañar que surjan iniciativas como la Ley de Servicio Civil y

las Reformas al Decreto Número 29-89 “Ley de Fomento a las Exportaciones y el Desarrollo de las Maquilas”, las cuales evidenciaron en el 2005 la tendencia a restringir las conquistas laborales como el derecho a la sindicalización, entre otros.

A lo anterior se suma, la problemática de que en el intento por hacer avanzar la

demanda de que se respeten los derechos laborales y la libertad sindical, varios líderes del Movimiento fueron objeto de amenazas, persecución y otras violaciones a sus derechos humanos. Según la información recopilada por el Observatorio de Octubre de 2004 a Noviembre de 2005, entre las personas afectadas por estos hechos podemos mencionar, entre otros:

Julio Rolando Raquec, quien fue asesinado y ya había sido amenazado con anterioridad a su muerte.

La Secretaria Ejecutiva del Sindicato de Aeronáutica Civil, quien ha sufrido varias

amenazas.

David Cue, sindicalista que se desempeñaba como inspector de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública de Jutiapa, quien fue trasladado a otra judicatura. Suis actividades a favor de los derechos laborales, así como sus participaciones en la Mesa Departamental de Concertación y del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural fueron los motivos del traslado.

Los directivos sindicales del Crédito Hipotecario fueron amenazados el 20 de julio

de 2005 por el gerente José Fidencio García Belteton, ante la presencia de autoridades del Ministerio de Trabajo.37 Cinco días más tarde, personal y dirigentes de UNSITRAGUA encuentran colgada una corona mortuoria en uno de los balcones de sus instalaciones. Debajo de la puerta de entrada encontraron una esquela con amenazas dirigidas al Sindicato del Crédito Hipotecario Nacional y a varios dirigentes38. Pese a que UNSITRAGUA solicitó seguridad perimetral para la sede sindical, las autoridades no han respondido de manera efectiva a tal solicitud. Tampoco han conocido avances respecto a la identificación de los responsables.

La dirigente sindical Anselma Chacaj Matzar fue agredida verbal y físicamente, por

el ex agente de la Policía Nacional Civil, Ernesto Mendoza García, el día 31 de octubre cuando transitaba por el centro de la ciudad, además de amenazarla de muerte. La lideresa se desempeña como secretaria general adjunta del Sindicato

37 Memorias 2005. UNSITRAGUA, Op. Cit. Página 05. 38 Luis Morales, Vinicio Ordoñez, Fernando Cirio, Efraín López, Elio Monroy, Manuel Arias, Danilo Chea y Douglas Agencia

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de Vendedores de los mercados de Santa Cruz del Quiché y secretaria ejecutiva de la Federación Sindical de Trabajadores Independientes (FESTRI). Se presume que las intimidaciones se deben a su lucha a favor de los comerciantes. Aunque ya se presentó la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, se mantiene el temor, ya que los agentes la amedrentaron, al indicarle que si presentaba cargos contra el agresor ella quedaría detenida. Debido a esta situación, la CGTG solicitó al jefe del Ministerio Público agilizar la denuncia presentada y que se deduzcan responsabilidades.39

Frente a dicha situación, es importante destacar la política de alianzas internacionales

que impulsan algunas expresiones. En ese sentido, fue importante la visita –a mediados de octubre-, de un grupo de representantes de organizaciones sociales del norte de Bélgica que recorrieron el país.

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Central de Trabajadores de

Guatemala (CGTG) el Movimiento de Educación Popular para Hombres y Mujeres (KAV), el movimiento para jubilados, la Confederación de Sindicatos Cristianos, la Mutualidad Cristiana, el Movimiento Obrero Cristiano (MOC) y la Organización Solidaridad Mundial, expresaron que el objetivo de la visita era constatar los graves problemas que afectan a los guatemaltecos.

Agregaron que el trabajo infantil, los bajos salarios y la injusta distribución de la

riqueza, son problemas que desde hace mucho tiempo han estado presentes en el país de manera crónica. Destacaron que el desastre natural (Stan) puso una vez más al descubierto que los pobres son siempre los que más sufren en este tipo de situaciones.

También constituye un importante esfuerzo el que las Centrales Sindicales utilicen los

mecanismos de denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que esto imprime una mayor presión hacia el Estado para que resuelva las violaciones a los derechos laborales y garantice el ejercicio de los mismos.

3. Demanda: Incrementar salarios Como se informó en el período anterior, las discusiones respecto al incremento del

salario mínimo no lograron ningún consenso en las Comisiones Paritarias del Salario Agrícola y el No Agrícola. Dos propuestas se defendían, el incremento de un 50 por ciento por parte del sector laboral y el incremento en base a la productividad o ningún aumento por parte del sector empresarial. La propuesta por productividad era respaldada por el gobierno.

Debido a ello los respectivos informes sin acuerdo fueron elevados a la Comisión

Nacional del Salario (CNS) para el mes de agosto. Tanto las organizaciones sindicales y coordinaciones intersectoriales como el MICSP rechazaban la propuesta de un incremento por productividad al considerar que únicamente respondía al interés empresarial de obtener mayores ganancias y no se traduciría en mejorar la situación y el ingreso de las y los trabajadores.

Al respaldar y solicitar apoyo hacia la propuesta de un incremento de 50 por ciento, el

secretario ejecutivo de la CGTG subrayaba que las remuneraciones actuales no permiten a los trabajadores satisfacer las necesidades básicas de sus familias. En tanto, Carlos Díaz, de UNSITRAGUA, expresaba que la propuesta de salarios por productividad era contraria a los intereses de las y los trabajadores, así como de difícil implementación, por la naturaleza de muchas de las actividades laborales en el campo y la ciudad40 39 Sindicalistas señalan a ex agente de la PNC por agresiones a lidereza. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 18 de noviembre de 2005. 40 Trabajadores exigen 50% de incremento al salario mínimo. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 16 de septiembre de 2005.

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La única propuesta que hizo el sector empresarial al interno de la Comisión fue un

régimen salarial especial para la pequeña y mediana empresa, el cual en la práctica privilegiaría a éstas, con no pagar ni siquiera el actual salario mínimo. Consistía en un incremento escalonado hasta alcanzar el mínimo actual.

De manera externa a dicho proceso, algunos grupos sociales exigían un incremento

de Q1 mil, otros solicitaban la nivelación del salario al costo de la Canasta Básica Vital, que para el mes de septiembre ascendía a Q2 mil 675. Para el mismo mes la inflación interanual ascendía a 9.45 por ciento y el poder adquisitivo de la moneda nacional había disminuido en 0.30, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.

Diversas organizaciones sindicales y el propio MICSP consideraban que el aumento

del precio de los productos derivados del petróleo habían generado una crisis económica en el país, la cual podría provocar un estallido social debido a que los salarios de las y los trabajadores no eran suficientes para sufragar el costo de la canasta básica vital.41 Debido a ello realizaría una campaña nacional para la reivindicación de los trabajadores y el rechazo del alto costo de la vida.

Cabe señalar que mediante algunas declaraciones a la prensa respecto a las

actividades que se planificarían en torno a dicha campaña, evidenciaron que había cierta distancia entre el Movimiento Magisterial y el MICSP, aunque se aseguraba que frente a la negativa gubernamental de incrementar el salario, los sectores populares unirían fuerzas para presionar al gobierno, debido a la crisis económico que enfrenta la población.42

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) al criticar al

Presidente Berger por su consigna “El que pega más botones gana más dinero”, manifestó mediante un comunicado de prensa que la misma constituye una maniobra empresarial para evadir el pago de salarios justos y que se dirige a agravar la miseria, el hambre, la violencia y el incremento del desempleo en Guatemala.43

Asimismo, consideró que la falta de voluntad del gobierno de decretar durante los dos

últimos años salarios acordes a la realidad económica del país ha perjudicado el derecho al acceso a los servicios públicos de salud, educación, seguridad alimentaria, vestuario y recreación, puesto que la inflación en la canasta básica ha sobrepasado al salario mínimo.44

Frente a lo anterior solicitó al Organismo Ejecutivo decretar un incremento del 40 por

ciento al salario mínimo, a la Inspección General de Trabajo que verifique el cumplimiento del pago del salario mínimo y controle la aplicación de las leyes laborales.45

En tanto, el 24 de septiembre, la Central General de Trabajadores de Guatemala

(CGTG) se pronunció a favor de la propuesta de incrementar el salario mínimo en un 50 por ciento. Rechazó el pago de Q240.00 mensuales que la mayoría de finqueros y terratenientes pagan en el campo, según investigación de integrantes de la Comisión Paritaria para el Salario Mínimo Agrícola. Asimismo rechazó el salario por productividad impulsado por el gobierno.46 41 Sociedad civil solicitará aumento de salarios. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 13 de septiembre de 2005. 42 Líderes sociales insistirán en aumento salarial. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 20 de septiembre de 2005. 43 El incumplimiento e irrespeto al salario mínimo provocará el alto costo de vida (Comunicado de Prensa). Coordinadora de Organizaciones Campesinas (CNOC). Guatemala, 21 de septiembre de 2005. 44 Ibidem. 45 Ibidem. 46 Comunicado de Prensa. Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG). Guatemala, 24 de septiembre de 2005.

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En esa misma fecha, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,

Industriales y Financieras (CACIF) anunciaba que apoyaría un incremento de entre siete y 10 por ciento a la remuneración mínima agrícola y no agrícola, respectivamente. Insistió en la necesidad de buscar opciones para que se pague de acuerdo con la productividad y no por ajustes decretados por el gobierno.47

Al respecto, Carlos Díaz de UNSITRAGUA indicó que la remuneración sobre la base

de la producción significa intensificar y aumentar las jornadas laborales, sin que esto se refleje proporcionalmente en un significativo incremento salarial.48 También manifestó que de acuerdo a los preceptos constitucionales y la legislación laboral vigente no puede ni debe establecerse un salario por productividad.49

Si bien la propuesta del CACIF fue recibida con sorpresa y bajo el argumento de que

la misma se planteó como una respuesta a la crisis de los precios, algunas organizaciones sindicales la consideraron como una reacción frente a la propuesta que la UNE presentó una semana antes. Dicha propuesta consistía en la creación de un bono de Q600 mensuales a los trabajadores.

Otra propuesta que se manejaba en el Congreso era la de la Alianza Nueva Nación

(ANN). Los congresistas de dicha agrupación sugerían un incremento salarial que incluyera la base de los salarios mínimos, para paliar los efectos de la crisis en la capacidad de compra de la población asalariada. A criterio del diputado Pablo Monsanto, la postura gubernamental de salario por producción, no es viable, ya que sólo incrementará la explotación hacia los trabajadores en el campo y la ciudad.50

Las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta del CACIF, ya que es

insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores. Sostuvieron la propuesta del sector laboral de un 50%, porque la misma se fundamentó con datos estadísticos y económicos51.

De manera similar se expresaron dirigentes de la Plataforma Agraria, al considerar

que dicha propuesta era demagógica, al no cubrir ni siquiera el costo de la inflación. Dicha agrupación plantea el mejoramiento de las condiciones de vida, el cumplimiento del salario mínimo y posteriormente su reajuste, tomando en cuenta el alto costo de la vida.52

En ese contexto, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC)

organizó el foro “La situación de los trabajadores y el salario mínimo”, en el cual discurrieron representantes de varios sectores vinculados con la temática, entre ellos Alfonso Bawer Paiz, Alejandro Argueta, Carlos Arreaga, Alfonso Ordoñez. La actividad se desarrollo el día 5 de octubre.

Mientras en la CNS aún no había consensos ni muestras de que el gobierno apoyara

un incremento del salario mínimo, el presidente Berger declaró a Prensa Libre que considerará un aumento para los servidores públicos.53

47 Desacuerdo, CACIF trabajadores, por incremento al salario mínimo. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de septiembre de 2005. 48 Ibidem. 49 Sindicalistas rechazan salario mínimo por productividad. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 15 de octubre de 2005. 50 Proponen incrementar salario mínimo. Diario La Hora. SF. SP. 51 Incremento salarial para todos los sectores, en manos de la CNS. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 24 de septiembre de 2005. 52 Propuesta de aumento salarial de CACIF es demagógica. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 7 de octubre de 2005. 53 Burócratas y trabajadores esperan más salario, costo de vida sube. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 27 de septiembre de 2005.

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Durante el mes de noviembre continuaron las negociaciones. Edgar White García, de UNSITRAGUA, expresó que el sector laboral sostuvo una actitud abierta a la negociación, incluso planteó modificar su propuesta inicial de un incremento de 50 por ciento y negociar un 30.

Sin embargo, tras no logar un consenso en la CNS, la decisión quedó nuevamente en

manos del Ejecutivo. Pese a que las organizaciones sindicales sustentaron su propuesta con datos significativos, el presidente Óscar Berger decidió un incremento mínimo del 10 por ciento, quien justificó la falta de consensos “debido a la intransigencia de la representación laboral”.54

Tales declaraciones fueron desmentidas por UNSITRAGUA en una conferencia de

prensa, recalcando que las y los trabajadores siempre estuvieron dispuestos al diálogo. Además, la agrupación subrayó la necesidad de rescatar el papel de la CNS. Dicha instancia rechazó el incremento del 10 por ciento.

Edgar White, de dicha organización, indicó que al coincidir los intereses empresariales

con la voluntad política gubernamental y vencer el plazo para lograr acuerdos en la CNS, prácticamente se impuso a los trabajadores un incremento que ni siquiera alcanza para cubrir el impacto inflacionario sobre la canasta básica.55

El 2 de diciembre fue publicado en el Diario de Centro América, el Acuerdo Gubernativo Número 640-2005, mediante el cual se decretó el incremento, para que iniciara a regir a partir del 1 de enero de 2006, pero los trabajadores temían que el precario incremento no fuese hecho efectivo en ciertas ramas productivas. Las organizaciones sindicales se encontraban a la espera de dicha publicación para actuar contra la decisión gubernamental.

Tras dicha publicación, UNSITRAGUA ha preparado un recurso de

inconstitucionalidad parcial contra el artículo 9 de dicho acuerdo, ya que en él el Presidente de la República nuevamente encomienda a la Comisión Nacional del Salario realice los estudios y organice las comisiones necesarios para determinar la conveniencia de modificar el actual sistema de salario mínimo por unidad de tiempo por otro cuya base sea la productividad.

Lo anterior pese a que en el marco jurídico vigente (Artículo 88 del Código de Trabajo)

se establece que el mismo puede pactarse por unidad de tiempo, unidad de obra o por participación en las utilidades o cobros que haga el patrono y que se deben tomar las medidas para no perjudicar a las y los trabajadores. Dicha instancia espera presentar dicho recurso durante el mes de febrero56.

Cabe señalar que a finales de 2004, dicha organización sindical presentó un recurso

de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Gubernativo 378-2004, que fijó los salarios mínimos de 2005 los vigentes para 2004, pero hasta la fecha, el mismo no ha sido resuelto. 4. Demanda: Mejorar servicios de educación

En el período anterior trascendió la inconformidad del magisterio hacia las políticas de las actuales autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno en general. En opinión de diversos dirigentes magisteriales, las políticas impulsadas desde las instituciones estatales son de corte neoliberal, tienden hacia la privatización de la 54 Gobierno pro empresarial sordo para derechos laborales. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de noviembre de 2005. 55 Empresa y gobierno coinciden, 10% aumentará salario mínimo. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 29 de noviembre de 2005. 56 Entrevista telefónica al sindicalista Carlos Díaz. Guatemala, 02 de febrero de 2006.

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educación pública, a la reducción de las conquistas laborales que ha obtenido el gremio y a privilegiar el área urbana por sobre la rural, última en la cual es más sensible la carencia de escuelas y docentes.

Frente a la falta de cumplimiento de los compromisos que la cartera de Educación

había asumido con anterioridad, el magisterio continuó ejerciendo presión mediante movilizaciones, asambleas y establecimiento de espacios de diálogo, acciones que venía ejecutando desde el período anterior (julio-agosto).

Además de las reivindicaciones propias del gremio, el mismo también se sumo a otros

grupos sociales en la exigencia de resolución de problemáticas como el alza al costo de vida, los acuerdos comerciales, las concesiones, el incremento de salarios, entre otras.

Cabe señalar que el magisterio había logrado un acercamiento importante con la

Comisión de Educación del Congreso, con la cual realizó algunas acciones de fiscalización al Ministerio de Educación. Entre septiembre y noviembre de 2005, el magisterio nacional se movilizó -en principio- alrededor de tres demandas, básicamente. Estas eran:

• El incremento a Q6 mil millones del presupuesto del Ministerio de Educación para

el 2006, para fortalecer los programas en beneficio de la niñez como el de alimentación escolar, el suministro de útiles escolares y el de becas.

• Cese del accionar del Ministerio en cuanto a obligar a padres y madres de familia a

constituirse en Juntas Escolares y asumir tareas que son obligación del Estado.

• Incremento salarial al magisterio.

A principios de septiembre, representantes de la Asociación de Maestros de Quetzaltenango (AMQ) exigió aumentar el presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) para atender la demanda escolar en el país. Asimismo, expresaron su rechazo a las reformas a la Ley de Servicio Civil y las pretendidas a la norma Tutelar del Magisterio, al considerar que las mismas son contrarias a los intereses del gremio.57

El magisterio sostenía un diálogo con la Ministra de Educación, pero había anunciado

que de no existir una respuesta a los planteamientos, realizarían un paro. La Cartera continuaba con su postura de implementar para el año 2006 un bono mensual de Q75 para los maestros registrados y de Q200 para los educadores bilingües y directores. Sin embargo, la Asamblea Nacional Magisterial (ANM) estaba en desacuerdo con tal medida, ya que consideraban que dicho bono debería entregarse junto a un aumento salarial58.

En tanto, en el departamento de Zacapa, aproximadamente mil maestros de 10

municipios realizaron una asamblea informativa, en el cual elaboraron un plan de acción para exigir a la Ministra María del Carmen Aceña, que cumpla con los programas de refacción, becas y útiles escolares, los cuales han llegado de manera irregular.59

Edwin Arreaza, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación

(STEG) filial Zacapa, denunció que durante el 2005 no se recibieron en dicho departamento las valijas didácticas para segundo grado, los mentores las rechazaron porque estaban incompletas. Asimismo, los fondos para la refacción escolar han sido

57 Magisterio quetzalteco exige cumplimiento de demandas. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 7 de septiembre de 2005. 58 Autoridades de Educación ofrecen bonos a maestros. Diario El Periódico. SF. Página 04. 59 Exigen aumento salarial y entrega de programas educativos. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 19 de septiembre de 2005.

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insuficientes ya que cada escolar recibe aproximadamente 45 centavos diarios y no un quetzal, como los reporta el Ministerio de Educación.60

El 19 de septiembre, se realizó la asamblea general de maestros en la que

participaron representantes de los 22 departamentos. Durante dicha actividad, las y los maestros redactaron un pliego de peticiones y la ANM convocó a un paro de labores a nivel nacional a partir del día 21 de ese mes.

La solicitud incluía las siguientes demandas: 1. Ampliación del presupuesto para el año 2006 a Q6 mil millones y un análisis de su

composición orgánica. 2. Ampliar el valor de los desayunos escolares a Q3 por cada niño o niña. 3. Ampliar el valor de la bolsa de útiles escolares a Q10 por niño o niña. 4. Implementación de la valija didáctica para cada educador anualmente por un valor

de no menos de Q1 mil 500. 5. Que dichos programas abarquen todas las escuelas públicas sin que para ello

deban organizarse juntas escolares. 6. Que las y los maestros por contrato sean contratados bajo su titularidad, no como

Técnicos Auxiliares, se les mejore su salario y se les otorguen prestaciones. 7. La creación de plazas presupuestadas, dándole prioridad al área rural y marginal. 8. La pronta desaparición de PRONADE, COEDUCAS e ISEs y pronta

implementación del sistema de modelo único de gestión escolar de la educación pública.

9. Que cualquier reforma que se plantee a las leyes vinculadas a la educación y al magisterio sean ampliamente discutidas y consensuadas con la ANM.

10. Incrementar mil becas más en cada departamento con el presupuesto que se utiliza para la campaña del MINEDUC.

11. Crear el Programa de Capacitación, Desarrollo Profesional y Académico permanente del Magisterio Nacional a través de la USAC y otras Universidades.

Además demandaban la creación de una mesa de alto nivel conformada por el

Ministerio de Educación, representantes de la Presidencia de la República, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Trabajo, de la Comisión de Educación del Congreso y dos testigos de honor de los cuales propusieron al Cardenal Quezada Toruño y al Procurador Sergio Morales.

Tras la noticia, la Ministra de Educación María del Carmen Aceña manifestó que los dirigentes magisteriales rompieron el diálogo y que era imposible dar un aumento salarial. Frente al anuncio del posible paro, la funcionaria anunció que se levantarían actas a quienes se ausentaran de sus labores sin justificación razonada.61

Representantes magisteriales del departamento de Petén, rechazaron las medidas de

la Ministra y declararon que no tolerarían sus presiones, ya que sus exigencias son justas. Aseguraron que la actitud de la funcionaria demuestra su arrogancia e ideas neoliberales. También denunciaron acciones des desprestigio al magisterio por parte del Gobernador Departamental, Manuel Barquín.62

Mediante un comunicado de prensa, las organizaciones que conforman el Frente

Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL), expresaron su repudio a las políticas adoptadas por el actual gobierno y manifestaron su respaldo a las reivindicaciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y la ANM. Asimismo, condenaron el accionar de la Ministra del ramo,

60 Ibidem. 61 Convocan a paro nacional. Diario Prensa Libre. Guatemala, 20 de septiembre de 2005. Página 3. 62 Magisterio de Petén rechaza amenazas de Ministra de Educación. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 24 de septiembre de 2005.

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frente a la decisión de levantar actas a quienes se sumaran a las acciones impulsadas por las organizaciones magisteriales.63

En tanto, atendiendo a la convocatoria de la ANM, las y los docentes de Sololá se

mantenían en asamblea permanente para exigir mejoras en el sistema educativo, pero también para rechazar la aprobación de las leyes de Agua y Concesiones. Representantes del STEG de la localidad informaron que habían tomado esa primera medida a la espera de que la Ministra atendiera el pliego de peticiones.64

El gremio magisterial de Jalapa, también se sumó a la asamblea permanente. Silvia

Gudiel, dirigente magisterial en San Carlos Alzatate, manifestó que el gremio local rechaza las políticas promovidas por el gobierno en materia de educación. Asimismo criticó la falta de dignificación del magisterio y aseguro que los docentes del departamento insistirían en el reajuste salarial y la reforma educativa acorde a las condiciones de cada región.65

Similar opinión expresaron dirigentes magisteriales de San Marcos, durante la

celebración de su Asamblea General (23 de septiembre). Los maestros rechazaron el bono ofrecido por las autoridades de Educación, al considerarlo injusto y ofensivo.66

Cabe señalar que en los departamentos de Retalhuleu, Zacapa, Quetzaltenango,

Huehuetenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Petén y Sololá, los maestros tomaron las instalaciones de las Direcciones Departamentales de Educación. En tanto que en San Marcos, Chiquimula, Baja Verapaz, Izabal y Alta Verapaz, realizaron asambleas de información. 67

En la capital las y los docentes realizaron una protesta frente al Congreso de la

República. En la mayoría de los departamentos, las acciones fueron apoyadas por padres de familia y alumnos, quienes expresaron que los docentes tienen derecho de exigir mejoras salariales. El Presidente Óscar Berger manifestó que no permitirá más protestas, mientras que la Ministra Aceña advirtió que de continuar con las acciones los docentes serán sancionados.68

En Jalapa, mientras los docentes permanecían en sesión permanente, se acusó a

conocer que la directora Departamental de Educación, Miriam Carías de amedrentar a las y los maestros para que desistan de sus acciones. También denunciaron que los Coordinadores Técnicos Administrativos del Ministerio de Educación han ejercido presión para desvirtuar al movimiento.69

Frente a las acciones emprendidas por el Magisterio, la Comisión de Educación del

Congreso convocó a una reunión el día 3 de octubre. A ella asistieron los representantes de la ANM, la Ministra de Educación en funciones Miriam Castañeda con sus asesores y la Junta Directiva de la Comisión que convocó. La ANM presentó sus opiniones y se lograron alcanzar algunos acuerdos, los cuales deberían ser vinculantes y son los siguientes:

63 La razón asiste al magisterio (Comunicado de Prensa). Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). Guatemala, 21 de septiembre de 2005. 64 Docentes de Sololá en asamblea permanente. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 23 de septiembre de 2005. 65 Magisterio de Jalapa apoya asamblea nacional. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 26 de septiembre de 2005. 66 Magisterio discutió problemáticas de la educación departamental. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 27 de septiembre de 2005. 67 Maestros atienden llamado a manifestar Red de Corresponsales. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 28 de septiembre de 2005. 68 Ibidem. 69 Magisterio jalapaneco seguirá en asamblea permanente. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 29 de septiembre de 2005.

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1. Conformar una comisión de alto nivel, la cual quedaría integrada de la forma de la

forma en que había propuesto la ANM. 2. La Comisión se reuniría el 10 de octubre. 3. Dar por recibido el pliego de peticiones entregado por la ANM. Como es evidente, los acuerdos alcanzados durante la reunión son poco significativos,

al colocar nuevamente al magisterio en un nuevo diálogo, pese a que en las experiencias anteriores si bien han existido algunos compromisos importantes por parte de las autoridades estatales, los mismos no se han cumplido totalmente. En opinión de Arnulfo Cano, presidente de la Asociación de Maestros de Petén, las mesas de diálogo no han fructificado y únicamente han servido como distractor.70

Si bien existen algunas acciones por parte del Ministerio de Educación, éstas no

logran modificar sustantivamente la situación en que se desarrolla la educación pública. En el marco del VI Gabinete Móvil, realizado en San Marcos, la ministra María del

Carmen Aceña anunció que la institución que dirige se ha propuesto ampliar la cobertura en los niveles educativos de pre primaria, primaria y básico. También señaló tener como meta reformar el aula para mejorar el aprendizaje de la niñez, a través de la capacitación constante de las y los educadores sobre los cambios curriculares.71

En ese oportunidad, Álvaro Eli Ruiz, dirigente del STEG, planteó la necesidad de

crear y emprender proyectos para diversificar las carreras en la escuela media, con el fin que el departamento se incorpore al proceso de desarrollo frente al Tratado de Libre Comercio (TLC), que exige competitividad. Consideró que es imposible hablar de calidad y gestión educativa cuando se mantienen estructuras obsoletas que no responden a las exigencias del momento.72

Otra acción fue la realización del Seminario Regional de Sensibilización de la Política

Educativa, realizado en Zacapa. El objetivo de la actividad era que representantes de la sociedad civil, instituciones públicas, estudiantes, entre otros, analizaran los documentos técnicos que promueven el diseño de la Reforma Educativa y lo enriquecieran con propuestas.73

Sin embargo, algunos docentes manifestaron dudas respecto de que con la actividad

se pretendiera avalar o hacer creer que los documentos fueron consensuados, pues desconfiaban que las nuevas propuestas fueran incluidas.

Localmente se han impulsado otros procesos. En Jalapa, se creo el Cosejo

Departamental de Educación, el cual se ha integrado con representantes del magisterio, movimiento de mujeres, comunidades rurales y otros grupos sociales. Si bien se ha convocado a las autoridades municipales, éstas no le han dado la importancia necesaria y la Directora Departamental de Educación únicamente ha delegado a una representante que no puede tomar decisiones respecto a las propuestas de la Asamblea.74

En tanto, en El Progreso, la Dirección Departamental de Educación (DDE), anunció

cambios en el sistema de enseñanza para el 2006. Entre ellos: la adecuación de horarios, mayor autonomía para las autoridades locales y mejor organización en la comunidad 70 Maestros demandan atención a sus exigencias. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de septiembre de 2005. 71 Ministerio de Educación se propone ampliar cobertura. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 9 de septiembre de 2005. 72 Ibidem. 73 Sensibilizan a docentes sobre Política Educativa. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 23 de septiembre de 2005. 74 Crean Consejo Departamental de Educación en Jalapa, una tarea difícil. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 24 de septiembre de 2005.

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educativa. Para ello se conformó un Consejo Educativo integrado por padres de familia, alumnos y vecinos honorables, como requerimientos del Ministerio de Educación (Mineduc). El ente asesorara a la DDE, propondrá proyectos y tendrá el reconocimiento del Mineduc.75

Sin embargo, en el período también se dieron a conocer algunas problemáticas. El

director del Instituto de Telesecundaria de Caquigual, Héctor Bá Caal denunció que las telesecundarias instaladas en comunidades rurales de Alta Verapaz no han recibido apoyo de las autoridades locales, quienes no han respondido a los requerimientos. Los establecimientos no cuentan con las condiciones necesarias para su funcionamiento, principalmente respecto a infraestructura. Pese a que han buscado mecanismos para contar con un edificio propio, ninguna autoridad ha brindado el apoyo necesario.76

En tanto, la Evaluación de Graduandos 2005, realizada en agosto a 80 mil 663

estudiantes del país, da cuenta de que el 50 de cada 100 están mal preparados en lenguaje y matemáticas, áreas que abarcó el diagnóstico. Sólo el 15.5 por ciento de los graduandos obtuvieron resultados satisfactorios en lenguaje y el 16.9 por ciento, en Matemática.77

En Sololá, padres de familia y docentes de la escuela de la aldea Vasconcelos,

denunciaron ser objeto de marginación por parte del Ministerio de Educación, ya que éste no ha facilitado los fondos para adquirir las valijas didácticas. No ha sido la primera vez que ocurre, ya que anteriormente no recibieron los fondos para la compra de los útiles escolares de los alumnos y para el mantenimiento del edificio.78

Los insumos para la alimentación escolar fueron entregados hasta el mes de junio,

luego de que denunciaran la negación de su entrega por parte del Ministerio ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Marcelino Ajcabul, encargado de la DDE, sostuvo que se hicieron las gestiones ante el Ministerio para que asignen los fondos correspondientes, ya que hay otras 26 escuelas con el mismo problema.

Al respecto, es importante señalar que La Gran Campaña por la Educación presentó

en noviembre los resultados de la “Auditoría Social a los servicios de apoyo del Ministerio de Educación 2005”, realizada en 500 escuelas de los 22 departamentos del país en áreas urbanas y rurales. En la misma se reflejan las irregularidades de las acciones de la cartera, principalmente en la entrega en tiempo de los libros de texto y la refacción escolar.79

Cerca del 75 por ciento de estudiantes del nivel primario no cuentan con libros

propios, por lo que se ven obligados a compartir o utilizar textos de ciclos anteriores. El programa de útiles mostró retrocesos y las metas de entrega propuestas fueron alcanzadas sólo en el 30 por ciento de las escuelas. Además existe un 40 por ciento de establecimientos que no cumple con la duración de la jornada escolar, lo que está vinculado a la escasa frecuencia de las visitas de los supervisores escolares.80

75 Anuncian cambios en educación. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 9 de noviembre de 2005. 76 Telesecundarias de Alta Verapaz sin apoyo de las autoridades de educación. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 26 de septiembre de 2005. 77 Mineduc adoptará acciones para mejorar la educación media del país. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 19 de noviembre de 2005. 78 Padres de familia y docentes denuncian marginación en entrega de material didáctico. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 3 de octubre de 2005. 79 Presentaron resultados de Auditoria Social al Ministerio de Educación. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 24 de noviembre de 2005. 80 Ibidem.

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Para el 2006 las autoridades educativas se han propuesto implementar sistemas para mejorar la calidad de la enseñanza81, capacitar a los docentes, ejecutar un nuevo modelo de gestión de los recursos educativos y retomar su papel como rector en materia de infraestructura educativa.

Sin embargo, el Ministerio de Educación (Mineduc) carece de un presupuesto

específico para impulsar el programa de orientación y capacitación para los maestros, sobre la currículo que se implementará en las escuelas primarias del país en el 2006, destacó Godofredo Mejía Paz, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).82

Sin la ampliación correspondiente al presupuesto destinado a la cartera de Educación,

tampoco los docentes tendrán el bono de 200 quetzales que la ministra María del Carmen Aceña finalmente ofreció sumar al sueldo base de las y los maestros para el próximo año.83

Cabe señalar que si bien la ANM había solicitado incrementar el presupuesto de la

cartera a Q6 mil millones y el presidente Berger había anunciado incrementarlo en un 14 por ciento (Q5,562 millones), el presupuesto aprobado para el año 2006 contempla únicamente un incremento del 11 por ciento, es decir que de Q4 mil 612 pasaría a Q5 mil 217.

El presupuesto para educación constituye escasamente el 2.31 por ciento del

Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de que en noviembre de 2003, el entonces candidato presidencial de la Gran Alianza Nacional (GANA) ofreció incrementarlo a un mínimo del 7 por ciento del PIB.84

Sin embargo, la cantidad del presupuesto no implica mejoras sustantivas sino se

ejecutan políticas que impliquen mejoras en la calidad del gasto público, frente a lo cual es indispensable que el movimiento magisterial ejerza vigilancia.

Un análisis del realizado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) evidencia que el Ministerio de Educación (Mineduc) fue la única institución que en el primer semestre del 2005 tuvo una reducción en su presupuesto. De los Q4,612 millones asignados inicialmente, para el 30 de junio había sido reducido a Q4,575.9. Pese a haber transcurrido la mitad del año y un 65 por ciento del ciclo escolar, su ejecución presupuestaria era equivalente al 41.02 por ciento.

En el documento, el GAM cuestiona el hecho de que el Mineduc había destinado

únicamente Q76.8 millones a la alfabetización de personas mayores de edad, mientras que para la educación militar se destinaron Q64.6 millones a pesar de que la población a alfabetizar supera significativamente a las escasas 15 mil personas que forman parte de las filas castrenses.

Lo anterior es preocupante si consideramos los resultados del informe de seguimiento

al Programa de Educación para Todos titulado "La alfabetización, un factor vital", presentado en noviembre por la UNESCO. Guatemala figura entre los 30 países (De 73 evaluados) en riesgo de no alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el número de

81 El Ministerio de Educación anunció –por ejemplo- que los establecimientos privados tendran que establecer una política de renovación curricular y el cumplimiento de estándares en infraestructura y equipo, las instituciones que no cumplan con los requerimientos mínimos serán sancionadas. 82 Mineduc sin presupuesto para orientación y capacitación docente. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 16 de noviembre de 2005. 83 Ibidem. 84 Ejecución Presupuestaria, Primer Semestre de 2005 (Copia Impresa). Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Guatemala, 15 de septiembre de 2005. Página 4.

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analfabetos de aquí a 2015, año que el Foro Mundial sobre la Educación fijó como límite para alcanzar esa meta.85

En el documento se destaca la estrecha correlación que guarda la alfabetización de

adultos con la mejora de la salud, el aumento de los ingresos, la mayor participación en la vida cívica y la educación de la niñez. Frente a ello critica la falta de dinamismo que los gobiernos y los países cooperantes frenan progresos hacia la Educación para Todos, al prestar una atención secundaria a los millones de adultos que carecen de competencias básicas en lectura y escritura.

Frente a ello plantea una triple estrategia que sitúa a la alfabetización en el centro

mismo del movimiento en pro de la Educación para Todos, la cual exige aplicar medidas para acelerar los avances hacia la universalización de la enseñanza primaria, intensificar los programas de alfabetización destinados a jóvenes y adultos, así como apoyar a las bibliotecas, los medios de comunicación de masas, la edición de libros y el acceso a la información.

Sin embargo, en opinión de dirigentes magisteriales, el proyecto de presupuesto que

plantea el Mineduc para el 2006 tiene una orientación distinta, ya que detalla un renglón específico para apoyar y fortalecer al Programa Nacional de Educación (PRONADE), medida rechazada por las y los docentes al considerar que dicho programa tiende a privatizar la enseñanza en el país.86

Además señalan que la suspensión de los programas previstos para noviembre de

2005, relacionados con el mejoramiento de la calidad educativa, en el manejo de los aspectos innovadores del sistema de enseñanza, pone de manifiesto la poca seriedad de las autoridades del ramo.87

Las informaciones obtenidas por el Observatorio Social evidencian que es necesario

analizar con mayor profundidad las políticas implementadas por el Ministerio de Educación y una evaluación respecto a sus resultados positivos y sus deficiencias, así como de la calidad de la inversión en educación que hace la cartera.

Es pertinente, que el Movimiento Magisterial considere alianzas con otros actores

sociales. En ese sentido, es importante mencionar iniciativas como la propuesta pedagógica elaborada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), la cual tiene como propósito dar a conocer los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y las recomendaciones hechas en los informes "Guatemala: Nunca Más” y “Guatemala Memoria del Silencio".

La ODHAG realiza esfuerzos para que dicha propuesta sea incluida por el Ministerio

de Educación en los currículos de educación primaria, secundaria y universitaria y se enseñe a los educandos las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra.88

También es necesario reconocer los aportes de instituciones como la Asociación

Integral de Proyectos Educativos "Libertad y Enseñanza", de la comunidad suiza, que retomó un proyecto diseñado hace varios años pero que fue abandonado por el Programa Nacional de Autogestión Educativa (PRONADE). Aproximadamente unos 514 alumnos

85 UNESCO presentó informe de seguimiento al Programa de Educación para Todos. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 10 de noviembre de 2005. 86 Mineduc sin presupuesto para orientación y capacitación docente. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 16 de noviembre de 2005. 87 Ibidem. 88 Eduquemos para el Nunca más. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 28 de noviembre de 2005.

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serán beneficiados con la construcción de una escuela en la aldea Nueva Chuatuj, Coatepeque, Quetzaltenango.89

Frente al agotamiento de los espacios de diálogo, puede ser pertinente una reflexión en torno a la implementación de nuevas estrategias que contribuyan a ganar mayor respaldo por parte de la población hacia las propuestas del movimiento magisterial y a su fortalecimiento, a fin de lograr avances con mayor celeridad que se concreten en mejoras sustantivas para la educación del país y la situación del gremio. 5. Demanda: Mejorar servicios de salud e IGSS

La agenda del Sector Salud tampoco varió durante el período comprendido entre septiembre y noviembre de 2005. Sus dirigentes continuaron denunciando los problemas de la red hospitalaria nacional. Las acciones frente al desabastecimiento de medicamentos bajo de perfil y cobraron mayor relevancia las limitantes y deficiencias del Seguro Social (IGSS).

En el mes de septiembre se informó que el Hospital Nacional de Chimaltenango,

presta servicios con mucha dificultad. Dicho centro cuenta con un número reducido de personal, los médicos y enfermeros trabajan en turnos rotativos. Otra dificultad es la carencia de camillas. Pese que se ha gestionado la ampliación del número de personal para este hospital, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no han respondido a la petición.90

Además, representantes del Hospital Nacional de Sololá, manifestaron que era

urgente un incremento al presupuesto de dicho centro para el 2006, debido a la crisis en medicina y otros insumos. Las condiciones precarias, generalizadas en los hospitales del país, han provocado el racionamiento y la optimización de los recursos existentes, para mantener el servicio de emergencia, la alimentación de los pacientes y la consulta externa, entre otros, aseguró Julio Rodas, gerente del Hospital.91

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG)

denunció ante el Ministerio de Salud (MSPAS) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) anomalías cometidas por empleados del Hospital de Huehuetenango, aparentemente con el aval de las autoridades del mismo. Entre ellas se incluyen los abusos de autoridad, la prepotencia, la mala utilización de los recursos, destituciones ilegales y el encubrimiento a funcionarios que acuden bajo efectos de licor al centro asistencial y la utilización de los vehículos oficiales para asuntos personales.92

Por su parte, el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP) exigió

la renuncia del director del Hospital Nacional de Quiché, Constantino Sánchez, por la existencia de anomalías en dicho centro asistencial. El líder sindical, José Cutillo expresó que la población rechaza el proyecto Cataluña, impulsado desde hace cuatro años para mejorar el servicio, comprar equipo y contratar médicos, acciones que no han sido ejecutadas mientras que los fondos han sido derrochados. Líderes sociales y población local realizaron una marcha y entregaron un memorial en el cual exigieron la renuncia del director del Hospital, al Gobernador Departamental quien se comprometió a dar trámite a la solicitud.93 89 Comunidad suiza y padres de familia construyen escuela. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de septiembre de 2005. 90 Hospital de Chimaltenango sin personal suficiente. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 23 de septiembre de 2005. 91 Hospital de Sololá necesita aumento presupuestario. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 26 de septiembre de 2005. 92 Denuncian a autoridades del Hospital Nacional de Huehuetenango. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 10 de noviembre de 2005. 93 Piden renuncia de director de Hospital de Quiché. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 16 de noviembre de 2005.

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En el mes de septiembre, nuevamente médicos del Hospital Roosevelt se declararon

en asamblea general, en demanda de la contratación de anestesiólogos para cubrir la demanda de operaciones. El paro afectó las áreas de cirugía, ginecología, traumatología y neurología. En agosto, habían realizado una acción similar, tras la cual se contrataron cuatro profesionales completando un equipo de 15. Sin embargo, éstos eran insuficientes, se requería de 21 para cubrir la demanda. Iniciaron un proceso de diálogo para encontrar una solución definitiva al problema.94

Frente a las constantes problemáticas que denuncia personal médico organizado de

dicho hospital, es importante conocer un informe efectuado en mayo de 2005 por estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala denominado “Análisis de la Situación Hospitalaria”.

El mismo evidencia que el Hospital Roosevelt atraviesa una serie de deficiencias que

incluye la falta de médicos y enfermeras, bajo presupuesto frente a la demanda de aproximadamente 2.5 millones de pacientes al año; no cuenta con medidas de prevención ante catástrofes, terremotos o incendios y no cumple con los estándares internacionales de la Gestión de Instituciones de Salud de un hospital de su nivel, considerado de elevada complejidad y a donde son trasladados casos críticos que no pueden ser tratados en otros centros.95

En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la principal queja continuó

siendo la carencia de medicamentos, aunque la institución no escapa de otras problemáticas como la mala atención, la insuficiencia de personal, el irrespeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, entre otras.

Cabe señalar que tanto las organizaciones sindicales del sector salud, así como

instancias estatales iniciaron en el segundo semestre del año una labor de mayor fiscalización frente a los procesos de adquisición de medicamentos, frente a las constantes denuncias de irregularidades en los mismos.

A finales de julio, el IGSS había solicitado ampliar el plazo y el monto del acuerdo de

excepción para la compra de medicinas por tres meses más, debido a la crisis de abastecimiento. La extensión sería utilizada para invertir Q53 millones que quedaron por ejecutar del período de excepción que vencía y además solicitaron Q215 millones adicionales.

A principios del mes de septiembre, el Congreso autorizó a la Junta Directiva del

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGGS, comprar medicina por un monto de Q215 millones, omitiendo el procedimiento de licitación. Sin embargo, se acordó crear una comisión multipartidaria para fiscalizar las compras.96

En tanto, el sindicato médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

(SMIGSS) exigió la intervención estatal, para atender la crisis crónica que afectaba la calidad de los servicios que se brinda el Seguro Social. Denunció la falta de medicamentos y exigió la renuncia de los representantes del organismo Ejecutivo ante la junta directiva de la entidad.97

A través de un comunicado de prensa, el SMIGSS manifestó que desde octubre de

2004 se interrumpió el contrato abierto por "el abuso de autoridad de funcionarios de

94 De nuevo en paro. Diario Prensa Libre. Guatemala, 8 de septiembre de 2005. Página 08. 95 Roosevelt no reúne estándares de atención. Diario Siglo Veintiuno. SF. Páginas 2 y 3. 96 IGSS gastará Q215 millones sin licitar. Incidencia Democrática. Reporte Diario, Nueva Época, Número 808. Guatemala, 02 de Septiembre de 2005. 97 Exigen atención y solución para padecimientos crónicos del IGSS. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 6 de septiembre de 2005.

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Salud en contubernio con el Representante del Organismo Ejecutivo en la Junta Directiva del Instituto". A partir de entonces, empresas de reciente creación han resultado favorecidas y el IGSS se surtió con medicamentos de dudosa calidad que no cumplen con los controles y requisitos que exige la ley.98

Finalmente, dicha instancia alertó que con el nuevo contrato abierto no se resuelve la

problemática, solicitó la vigilancia de los ciudadanos y afiliados sobre el fondo de pensiones y exigió al organismo Ejecutivo que pague sus cuotas patronales atrasadas para evitar más debilitamiento financiero del IGSS.99

En algunas clínicas regionales del IGSS, se han hecho otras denuncias. Trabajadores

de la Clínica Regional de Zacapa, denunció que autoridades de esa institución han hecho cambios arbitrarios en los turnos del personal paramédico, pilotos de ambulancias y agentes de seguridad, a quienes también les adeudan un año del pago por tiempo extraordinario, entre otras prestaciones. En la farmacia interna del dispensario no son despachadas las medicinas recetadas a los pacientes, debido a la inexistencia de éstas.100

Representantes locales del SMIGSS denunciaron que las autoridades del IGSS de

Zacapa irrespetan los derechos humanos y laborales de los empleados, la carencia de médicos en la emergencia y de ambulancias con el equipo necesario. Los afectados demandaron una solución inmediata a sus demandas.101

Mala atención en el IGSS de Alta Verapaz, denunciaron personas afiliadas. En opinión

de los afectados, los encargados de dicha clínica incumplen varias obligaciones como facilitar los exámenes y medicamentos necesarios en el tiempo establecido por los médicos.102

En Jutiapa, la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), investiga

las denuncias sobre deficiencias en la atención a los pacientes en el IGSS. Según integrantes de dicha instancia, las violaciones a los derechos de los pacientes se multiplican, pero los afectados temen denunciarlas, debido a que suponen que serán perjudicados en las clínicas, como represalia.103

Sumado a lo anterior, según informaciones dadas a conocer a través de los medios de

comunicación, el clima de violencia en el país ha puesto al borde del colapso a los centros hospitalario. Los costos de atención del IGSS han tenido un aumento del 20 por ciento en la capital, en comparación con otros años, ante la cantidad de personas heridas que ingresan diariamente.104

Durante el período analizado, también se tuvo información de algunas acciones

ejecutadas por entidades estatales, algunas en coordinación con organizaciones sociales. En varios municipios de El Progreso –por ejemplo-, más de tres mil alumnos de

niveles primario, básico y diversificado, tuvieron la oportunidad de escuchar a espe-cialistas de salud. Los profesionales les hablaron de prevención de enfermedades,

98 Ibidem. 99 Ibidem. 100 Trabajadores molestos por cambios arbitrarios de rutinas de trabajo. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 14 de octubre de 2005. 101 Trabajadores exigen solución a sus demandas. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 21 de octubre de 2005. 102 Se quejan por mala atención en el IGSS. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 18 de octubre de 2005. 103 PDH investiga deficiencias en el IGSS. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de noviembre de 2005. 104 Salud paga elevada factura por violencia. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 22 de noviembre de 2005.

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derechos humanos, seguridad ciudadana, medio ambiente y recreación mediante las Ferias de la Salud, desarrolladas por una comisión interinstitucional integrada por entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.105

Entre el 9 al 15 de octubre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

llevó a cabo en San Marcos la Semana Nacional de la Salud, que consiste en la aplicación de vacunas a niños y niñas menores de 5 años, para evitar enfermedades peligrosas. También fueron beneficiadas mujeres en edad fértil.106

En tanto, autoridades del Área de Salud de Alta Verapaz dieron a conocer que dicho

sector será fortalecido en el 2006. Se tiene prevista la construcción de más infraestructura en aldeas como Salacuím y Campúr, Cobán y Carchá. Con estas obras se ampliará la cobertura a las comunidades aisladas, donde se atenderá a los vecinos durante las 24 horas, todos los días, en las áreas de parto, pediatría, quirúrgica, emergencia y enfermedad común. Además se prevé la construcción de otro centro de salud en Cobán y poner a funcionar dos centros más en Fray Bartolomé de las Casas y San Juan Chamelco.107

Frente a las problemáticas de la salud pública, cabe señalar que si bien en el

presupuesto aprobado para 2006 se contempla un incremento del 11 por ciento para la cartera de Salud, es decir que de Q1 mil 867 pasaría a Q2 mil 076, es fundamental que las organizaciones sindicales de dicho sector pongan atención a la manera en que se ejecuta dicho presupuesto.

Es preocupante la desigualdad con que el mismo ha sido distribuido, ya que la mayor

inversión se concentra en el departamento de Guatemala, ya que cuenta con el 52.84 por ciento del presupuesto asignado para el 2005, pese a que la población que lo habita equivale al 22.62 por ciento del total, según el último censo total.108

En tanto, los tres departamentos que le siguen en monto de asignación

(Quetzaltenango, El Quiché y Alta Verapaz, en conjunto suman Q241 millones 143 mil 385, equivalente a un 13 por ciento, aproximadamente. En tanto, el 44 por ciento restante es compartido por los 18 departamentos restantes.109

Las informaciones recopiladas por el Observatorio Social evidencian que las acciones

implementadas por las autoridades de salud son insuficientes frente a la complejidad de la ineficiencia de los servicios públicos de salud y del Seguro Social.

Es importante que retome con mayor decisión la vigilancia y denuncia frente a los

temas vinculados a la salud de la población guatemalteca. También es necesario reconocer el papel que ha jugado en otros frentes, como en las acciones en torno a la privatización de los servicios de salud y las concesiones.

A manera de reflexión

Se puede observar que el movimiento sindical tiene una serie de demandas

relacionadas con el respeto a la libertad sindical y demás derechos laborales, la exigencia de la resolución efectiva e integral de la conflictividad laboral, la oposición a la 105 Ferias de la Salud en El Progreso con buenos resultados. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 28 de septiembre de 2005. 106 Preparan Semana Nacional de la Salud. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de septiembre de 2005. 107 Fortalecerán salud el próximo año. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 25 de noviembre de 2005. Ver también: Fortalecerán servicios de salud en seis municipios de Alta Verapaz. Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA). Guatemala, 30 de noviembre de 2005. 108 Ejecución Presupuestaria, Primer Semestre de 2005 (Copia Impresa). Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Guatemala, 15 de septiembre de 2005. Páginas 4 y 5. 109 Ibidem.

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flexibilización y desregulación laboral, a la privatización de los servicios públicos, principalmente la salud y la educación, así como los recursos del Estado. Las expresiones sindicales han coordinado acciones con organizaciones de otros movimientos para oponerse al alza al costo de vida, contra el tratado de libre comercio, entre otras.

Las múltiples demandas del movimiento sindical se dirigen a los tres organismos de

Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el ámbito del Ejecutivo destaca la exigencia de elaboración y aplicación de políticas públicas (De empleo, salarios acorde a la realidad, entre otras) que garanticen la tutelaridad del derecho al trabajo y también el acceso de la población a los servicios básicos eficientes, principalmente a los de salud y educación.

Asimismo, se exige al Ministerio de Trabajo que vele y garantice para que dichas

políticas y la legislación laboral vigente se aplique tanto en el Estado como en la iniciativa privada.

En el marco del Legislativo, las expresiones sindicales han solicitado que no se

realicen reformas al Código de Trabajo, otras leyes en el país principalmente vinculadas al sector público (Como la Ley de Educación, Decreto 1485 y la Ley de Servicio Civil), al considerar que de ser reformadas afectarían las garantías laborales que ya han sido conquistadas.

La solución de los conflictos laborales surgidos por el incumplimiento de pactos

colectivos de trabajo, la restricción del derecho a la libre sindicalización y la violación de derechos laborales debido a la falta de pago de las prestaciones, salarios, entre otros; ha sido demandada tanto al Ministerio de Trabajo como a las instancias judiciales.

La mayoría de demandas ha sido exigida por varias vía, predominando la participación

en espacios tripartitos en los que participan –además de las expresiones sindicales- representantes empresariales y funcionarios de gobierno. Otro tipo de acción constituye la vía legal, en donde mediante la asesoría jurídica han prestado apoyo para la resolución y acceso a la justicia de las y los trabajadores a quienes les han sido violados sus derechos. También se han impulsado recursos de amparo, con la finalidad de que la Corte de Constitucionalidad determine la existencia de inconstitucionalidades en algunas decisiones gubernamentales, como en el caso del salario mínimo.

Otra acción, ha sido recurrir a los mecanismos internacionales de Derechos Humanos,

principalmente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante la cual las expresiones sindicales –especialmente UNSITRAGUA- han hecho las denuncias de violaciones a los derechos laborales y al ejercicio a la libre sindicalización, con la finalidad de que dicho organismo emita recomendaciones al Estado Guatemalteco en torno a esta problemática y por esa vía se ejerza presión internacional para la búsqueda de soluciones.

A su vez, desde el movimiento sindical se ha implementado una serie de protestas

sociales y actividades públicas como fueron manifestaciones públicas, foros públicos, conferencias y comunicados de prensa. Es decir, que el Movimiento Sindical ha utilizado múltiples acciones con la finalidad de lograr respuestas positivas a sus demandas.

Sin embargo, las respuestas del Estado a las demandas de las organizaciones

sindicales también han sido diversas. Se evidencia a lo largo del informe, que las instancias de diálogo se han mantenido, pero este mecanismo no ha contribuido a resolver integralmente las demandas del movimiento.

Si bien, finalmente fue aprobado un incremento del 10 por ciento para actividades

agrícolas y no agrícolas, la propuesta sindical era un incremento del 50 por ciento (Monto menor a la mitad del ascenso necesario para equipararlo al costo de la Canasta Básica

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Vital) y desde el gobierno actual y sector empresarial se insiste en aplicar un sistema de salarios por productividad. Las expresiones sindicales, consideran que dicha propuesta abre la posibilidad de que se intensifique la explotación laboral y se vulnere aún más la ya precaria situación de la clase trabajadora.

La relación entre el gobierno y el movimiento sindical está matizada por tensiones, producto en gran medida de la naturaleza empresarial del actual gobierno y debido a declaraciones oficiales que en diferentes momentos han descalificado a la dirigencia de este movimiento. A lo anterior se suma las constantes denuncias de violaciones, persecución y amenazas dirigidas a organizaciones y líderes sindicales.

Existen, contradicciones de fondo que hacen difícil que en los espacios de diálogo, tripartitos o de otro tipo, las demandas del movimiento sindical sean resueltas. Es precisamente frente a esta ofensiva del capital nacional e internacional contra los intereses y derechos de la clase trabajadora, que el movimiento sindical está dando algunos pasos importantes de unidad de acción y búsqueda de alianzas con otros movimientos sociales.

Independientemente, de que el movimiento sindical guatemalteco ha sido golpeado

severamente a lo largo de la historia reciente del país, continúa siendo una fuerza social y política de relevancia que se expresa de manera permanente frente a los problemas nacionales, y las múltiples necesidades no satisfechas de la clase trabajadora en particular.