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1 Expresiones territoriales de los diversos modelos socio-económicos de país M. Cecilia Zapata Introducción La creación del suelo urbano (y de la ciudad) es un proceso social, y como tal puede reconocerse distintas modalidades de apropiación que son producidas y legitimadas de manera colectiva (Clichevsky, 2003). Esto implica la articulación de procesos desarrollados por distintos actores sociales guiados por lógicas diferenciadas en función de sus objetivos y prioridades, así como por los distintos tipos de recursos con que cuentan cada uno de ellos. Diferentes autores (como Herzer et al., 1994; Abramo, 2003; Rodríguez, 2005) identifican tres lógicas predominantes en las modalidades de producir la ciudad. En primer lugar, la lógica del mercado -en este caso inmobiliario-, que posibilita acceder y consumir suelo urbano y/o una vivienda. La finalidad de ésta lógica es generar ganancia y realizar negocios con el suelo. Como señala Abramo (2003), existen mercados inmobiliarios formales, por estar inscriptos en determinadas normas jurídicas y urbanísticas de cada país o ciudad, y también existen mercados que no se encuadran dentro de estas normas: el mercado inmobiliario informal (fundamental en las ciudades latinoamericanas). En segundo lugar, la lógica del Estado, que a partir de normativas y el diseño e implementación de políticas urbano/habitacionales resuelve o agudiza el problema de la vivienda y el acceso a la ciudad de los sectores populares. Cuando lo resuelve, el Estado establece el modo, la localización y los destinatarios de esas políticas en un marco de interacción con otros actores sociales, con distintos niveles de fuerza para incidir en la forma y el alcance de su resolución. Y finalmente, la lógica de la necesidad, es la despliegan aquellos actores sociales que a través del mercado o a través de políticas de Estado no pueden acceder a la vivienda, por lo que deben recurrir a otras modalidades de acceso al suelo y/o a la vivienda para hacerse de suelo urbano y satisfacer sus condiciones de reproducción social. Algunos de los mecanismos que despliegan estos sectores bajo esta lógica son las ocupaciones de hecho de inmuebles o tierras, privadas o públicas, vacantes o en desuso. Ahora bien, la historia de la creación de nuestras ciudades nos fue demostrando que la producción de ciudad fue -y es- el resultado de la interacción compleja y contradictoria de las diferentes lógicas mencionadas. Rodríguez, et al. (2007: 21) argumenta que la producción de la ciudad, en su aspecto material, involucra a un conjunto de infraestructuras, soportes y equipamientos que sientan las bases para el despliegue de diversos usos y actividades: residenciales, comerciales, producción de diversos bienes y servicios, etc., que configuran un modo de vida urbana. El paisaje urbano se reestructura entonces de manera dinámica y constante, y en él se plasman espacialmente procesos sociales, económicos, políticos y culturales (de diversa escala), sustentados por actores sociales en pugna, que compiten por la apropiación y la determinación concreta que asumen los contenidos de estos usos de la ciudad. De este modo, la autora afirma que la ciudad y las condiciones sociales de su apropiación y disfrute son social y políticamente producidas.

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Expresiones territoriales de los diversos modelos socio-económicos de país

M. Cecilia Zapata

Introducción

La creación del suelo urbano (y de la ciudad) es un proceso social, y como tal puede reconocerse

distintas modalidades de apropiación que son producidas y legitimadas de manera colectiva

(Clichevsky, 2003). Esto implica la articulación de procesos desarrollados por distintos actores

sociales guiados por lógicas diferenciadas en función de sus objetivos y prioridades, así como por

los distintos tipos de recursos con que cuentan cada uno de ellos. Diferentes autores (como Herzer

et al., 1994; Abramo, 2003; Rodríguez, 2005) identifican tres lógicas predominantes en las

modalidades de producir la ciudad.

En primer lugar, la lógica del mercado -en este caso inmobiliario-, que posibilita acceder y consumir

suelo urbano y/o una vivienda. La finalidad de ésta lógica es generar ganancia y realizar negocios

con el suelo. Como señala Abramo (2003), existen mercados inmobiliarios formales, por estar

inscriptos en determinadas normas jurídicas y urbanísticas de cada país o ciudad, y también existen

mercados que no se encuadran dentro de estas normas: el mercado inmobiliario informal

(fundamental en las ciudades latinoamericanas). En segundo lugar, la lógica del Estado, que a partir

de normativas y el diseño e implementación de políticas urbano/habitacionales resuelve o agudiza

el problema de la vivienda y el acceso a la ciudad de los sectores populares. Cuando lo resuelve, el

Estado establece el modo, la localización y los destinatarios de esas políticas en un marco de

interacción con otros actores sociales, con distintos niveles de fuerza para incidir en la forma y el

alcance de su resolución. Y finalmente, la lógica de la necesidad, es la despliegan aquellos actores

sociales que a través del mercado o a través de políticas de Estado no pueden acceder a la vivienda,

por lo que deben recurrir a otras modalidades de acceso al suelo y/o a la vivienda para hacerse de

suelo urbano y satisfacer sus condiciones de reproducción social. Algunos de los mecanismos que

despliegan estos sectores bajo esta lógica son las ocupaciones de hecho de inmuebles o tierras,

privadas o públicas, vacantes o en desuso.

Ahora bien, la historia de la creación de nuestras ciudades nos fue demostrando que la producción

de ciudad fue -y es- el resultado de la interacción compleja y contradictoria de las diferentes lógicas

mencionadas.

Rodríguez, et al. (2007: 21) argumenta que la producción de la ciudad, en su aspecto material,

involucra a un conjunto de infraestructuras, soportes y equipamientos que sientan las bases para el

despliegue de diversos usos y actividades: residenciales, comerciales, producción de diversos

bienes y servicios, etc., que configuran un modo de vida urbana. El paisaje urbano se reestructura

entonces de manera dinámica y constante, y en él se plasman espacialmente procesos sociales,

económicos, políticos y culturales (de diversa escala), sustentados por actores sociales en pugna,

que compiten por la apropiación y la determinación concreta que asumen los contenidos de estos

usos de la ciudad. De este modo, la autora afirma que la ciudad y las condiciones sociales de su

apropiación y disfrute son social y políticamente producidas.

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En éste marco es que se pretende en éste artículo analizar y describir las transformaciones en la

estructura social y urbana del área metropolitana de Buenos Aires en relación a los distintos

modelos socioeconómicos que se desplegaron en el país1.

Se sostiene que cada proyecto socio-económico desplegó un modelo productivo que tuvo impactos

explícitos en el territorio mediante la readaptación de la estructura de la ciudad a los fines de cada

fase de desarrollo y en los intersticios de éste proceso los diferentes sectores sociales se

“acomodaron”, de la misma manera como lo hicieron el Estado y el mercado. Veamos cómo se

produjo a lo largo de la historia.

La matriz de una ciudad colonial-tradicional (1536-1860)

La Ciudad de Buenos Aires tuvo una primera fundación fracasada en 1536 de la mano de Pedro de

Mendoza y refundada nuevamente en 1580 por Juan de Garay, siendo en sus orígenes una ciudad

marginal y periférica, con imagen de “pequeña aldea”. En ambas ocasiones la ciudad perteneció al

Virreinato del Alto Perú del imperio español y no tenían por cometido fundiario hacer de Buenos

Aires una ciudad capital, sino que fue fundada con motivos claramente estratégicos: el Virreinato

necesitaba una salida al mar. La corona española precisaba que todo el territorio que se extendía

desde Potosí (Perú) hacia el sur del continente tenga una salida al océano Atlántico que le

permitiera transportar por agua los recursos minerales extraídos hacia el viejo continente a fin de

satisfacer las necesidades de la metrópoli.

La marginalidad de la ciudad de Buenos Aires dentro de la temprana colonia española se debió al

papel limitado que desempeñaba por aquellos tiempos el puerto de la metrópoli, alejado de las

fuentes de riqueza de la época, lo que lo mantuvo chico, escaso de recursos y sin mayor presencia

colonial (Romero, 2000: 67 citado en Timerman y Dormal, 2009: 18). El dato ineludible de los

primeros años de vida de la ciudad fue su pobreza absoluta, afirmaban las autoras, a tal punto que

la acción estatal fue casi nula. En el sector este de la plaza se instaló desde principios del siglo XVII

el fuerte de la ciudad, el cual estaba amurallado con piedras y rodeado por un foso.

Recién en 1776 la ciudad se transformó en la capital del Virreinato del Río de la Plata y se estableció

la Aduana en Buenos Aires y la sanción del Reglamento de Libre Comercio (en 1778),

configurándola como el nudo estratégico de la economía rioplatense: “la ciudad tomará más cuerpo

con la concurrencia del comercio de mar y tierra, como principal cabeza de éste virreinato, por la gran

concurrencia de gente y mayor tráfico de todas especies de ganados conducentes a los comercios y

abastecimientos…” (Borthagaray, 2009: 34). Así la ciudad comenzó a crecer hacia el sur, como

resultado de la creciente actividad del puerto del Riachuelo.

1 La ciudad metropolitana de Buenos Aires, involucra a la Ciudad de Buenos Aires y a los 24 partidos del Gran Buenos Aires, asentados en el primero, segundo y tercer cordón de urbanización: La primera corona de urbanización está integrada por los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón, Hurlingam, Ituzaingó, Tres de Febrero, San Martín, San Isidro y Vicente López. La segunda corona por Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, Tigre, y Tigre Insular. Y, finalmente, la tercera corona comprende a Ensenada, Berisso, La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, Marcos Paz, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Pilar, Escobar, Escobar Insular, Campana, Exaltación de la Cruz, Zárate, San Fernando Insular, Campana Insular, Zárate Insular. Una superficie total de 13.943 km2 conforman la Región Metropolitana de Buenos Aires.

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Por aquellos años el mapa geográfico y organizativo de la Ciudad de Buenos Aires era similar al del

resto de las ciudades americanas: un trazado en cuadrícula alrededor de una plaza mayor –la

actualmente conocida Plaza de Mayo- en la que se centralizó la sede de los poderes administrativos

y de gobierno, la actividad mercantil y religiosa y se constituyó a la plaza como punto de nacimiento

de las calles que delimitarían la ciudad (Brailovsky y Foguelman, 2004: 70).

De la mano de éste proceso, la ciudad comenzó a desarrollar un endeble proceso de densificación

en los barrios en crecimiento y el valor del suelo localizado en el centro de la ciudad comenzó a ser

objeto de la especulación urbano-inmobiliaria. Alrededor de la Plaza Mayor, se asentaron los

sectores porteños de mayor poder adquisitivo. Los de menores recursos socio-económicos se

ubicaron en los barrios –por entonces- periféricos del sur y los sectores medios lo hicieron en zonas

intersticiales.

Hacia principios del siglo XIX la Ciudad de Buenos Aires ya contaba con más 40.000 habitantes.

Lentamente se fue desmembrando el Virreinato del Río de la Plata y luego de la independencia de la

corona española en 1810, Buenos Aires luchó para constituirse en el centro hegemónico de poder

del país con oligarquías provinciales que tenían sus propios proyectos económicos. Sin embargo,

como relatan Timerman y Dordal (2009: 21), Buenos Aires aún estaba lejos de ser una ciudad

moderna, pues los relatos de la época la describen como “una ciudad insalubre y pestilente, sin

diversiones, sin cloacas, sin siquiera abastecimiento de agua potable” (Lynch, 2000: 191 citado en

Timerman y Dordal, 2009: 21). Incluso la infraestructura portuaria, su fuente de riqueza, era

todavía primitiva y limitada a la estructura natural de piedras, arena y tierra.

Sólo 70 años más tarde, cuando Buenos Aires logró un acuerdo con el interior que permitió

canalizar la guerra civil interna en el exterminio del indio y la ampliación del territorio controlado,

se dieron las condiciones para la apertura a los capitales extranjeros e inmigrantes europeos que

permitieron la inserción de la Argentina en el reciente creado mercado mundial –mediante el

modelo agropecuario exportador- como proveedor de materias primas e importador de productos

manufacturados de Europa, principalmente Gran Bretaña. Como se verá en el próximo apartado,

recién con éste nuevo modelo de país se comenzaron a producir las primeras obras de

infraestructura a gran escala que impactaron en la creación de un nuevo modelo de ciudad.

La concepción colonial de la época estructuraron el territorio de la Ciudad de Buenos Aires a su

semejanza: apuntaba a mantener enormes espacios vacíos y a bloquear cualquier tipo de

crecimiento económico de la colonia de modo de impedir cualquier intento de autonomía

(Brailovsky, 2000). Este modelo de desarrollo supuso una utilización específica del territorio: sólo

se ocuparon las ciudades del virreinato y el pequeño territorio que las circunda, manteniéndolos en

la pobreza. Ahora bien, la transición hacia una fase de desarrollo con fuerte vinculación con el

extranjero europeo re-estructuró el terreno, impulsando su expansión hacia la periferia y como

consecuencia, estimulando el desarrollo de una red de transporte urbano-terrestre funcional a los

objetivos del nuevo modelo.

Los primeros años del estado argentino y los orígenes de la ciudad moderna (1860-1930)

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Esta nueva fase de desarrollo organizó al país alrededor de un modelo agroexportador de

producción, transformando a la Argentina en el granero del mundo. El país se insertó en la división

internacional del trabajo con un criterio de especialización: como productor de materias primas

derivadas de la explotación de los ecosistemas pampeanos –como proveedores de carnes, lanas y

cereales- e importador de manufacturas producidas en países europeos. Brailovsky (2000: 5)

plantea que se trató de un modelo unificador que necesitaba de un poder centralizado.

La Ciudad de Buenos Aires pasó a ser la capital del país en 1880 con la federalización -sus límites

actuales se fijaron en 1887-. La superficie de la misma se fue incrementando notoriamente. Con la

intendencia de Torcuato De Alvear en la ciudad (1883) se impulsó un conjunto de intervenciones

que apuntalaron a la ciudad en su nuevo rol capitalino: se apuntó a reforzar la centralidad

tradicional de la ciudad a través de la rectificación de algunas calles del centro, la incorporación de

parques y diagonales, la unificación de las plazas de la Victoria y 25 de Mayo en la Plaza de Mayo y

la apertura de la Avenida de Mayo, reactivación de la construcción de las redes de agua y cloacas y

el relleno de algunos de arroyos (Gutman y Hardoy, 2007 y Scobie y Ravina, 2000: 168).

La llegada constante de grandes contingentes inmigratorios europeos incidió en su densificación.

Según datos del Censo Municipal de 1887, la cantidad de habitantes ya ascendía a 433.375 y entre

ellos el 52% era extranjero –el 91% de las industrias y el 87% de los comercios pertenecían a

extranjeros–. En 1914 la población de Buenos Aires prácticamente cuadriplicaba a la de 1887,

ascendiendo a 1.575.814 habitantes. De este modo, durante las dos últimas décadas del siglo XIX y

las primeras del XX la población de la ciudad creció aceleradamente y la ciudad se expandió a un

ritmo desconocido hasta entonces (Gutman y Hardoy, 2007).

A finales de la década de 1860 e inicios de 1870, a partir de las epidemias de cólera y fiebre amarilla

que azotaron a la ciudad puerto, y bajo la influencia estatal de corrientes higienistas, las actividades

consideradas insalubres comenzaron a desplazarse hacia la periferia de la ciudad (Arqueros Mejica,

2013). También se inició un proceso de re-localización poblacional: “…los adinerados se mudaron

del Sur hacia el Norte, mientras que las nacientes clases medias –fortalecidas por la inmigración que

comenzaba a acelerarse– se instalaron, en general agrupadas por sus nacionalidades, en Monserrat,

Balvanera e incluso en los cercanos poblados de Belgrano y Flores. Los sectores más pobres ocuparon

las viejas mansiones del Sur, pero también construcciones nuevas en La Boca, Constitución y Once. Las

zonas periféricas, intermedias entre lo rural y lo urbano, eran las más deprimidas y marginales”

(Timerman y Dormal, 2009: 23). Se fue gestando en la metrópoli entonces un nuevo ordenamiento

territorial donde el eje centro-periferia cumpliría un rol estructurador del territorio y daría

nacimiento a la nueva “ciudad moderna”. Fue en la naciente fase de desarrollo en que los primeros

anillos del Conurbano comenzaron a poblarse (Scobie y Ravina, 2000: 176-179), aunque la

centralidad de la ciudad conservó, hasta hoy, su condición nuclear.

En paralelo, la aparición de nuevas vías de comunicación terrestre potenció la expansión de los

límites de la ciudad y fueron subsidiarias de las necesidades del nuevo modelo productivo. La

construcción del sistema ferroviario –que inicialmente fue diseñado para transportar mercadería

de la Provincia de Buenos Aires al puerto y luego se extendió al resto del país- complementó y

completó el impacto del puerto en el crecimiento de la ciudad (Scobie y Ravina, 2000: 20-28; 176-

178). En 1870 el tendido de las vías del ferrocarril alcanzaba una extensión de 732 km y como

suplemento de éstos, los tranvías –con un recorrido de hasta 200 km-, completaron los vacios en la

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cobertura y llegaron a los barrios más humildes y a las zonas intermedias. A partir de 1880

comenzaron a introducirse mejoras en la flota de transporte urbano, que permitieron aminorar los

tiempos de viaje: los ferrocarriles comenzaron a electrificarse y, en paralelo, se comenzó a crear

una red de autobuses. El exceso de oferta de taxis influyó en la aparición de una red de colectivos

que extendió la cobertura del sistema de transporte masivo a cada rincón de la ciudad (Scobie y

Ravina, 2000: 176-178) y posteriormente el naciente conurbano. Esto contribuyó al desarrollo de

algunos municipios, que entrado el siglo XX, integraron la conurbación de la ciudad, como San

Isidro y Tigre al norte, Moreno al oeste y Avellaneda y Quilmes al sur. Asimismo, la construcción de

puentes sobre el Riachuelo permitió el vínculo con los partidos del sur: a través del puente Barracas

era posible llegar los partidos de Avellaneda y de Quilmes y al aislado pueblo de Ensenada, línea de

ubicación de los saladeros.

La expansión territorial de la ciudad, las mejoras en el transporte y el crecimiento demográfico

generaron la necesidad de urbanizar los terrenos recién municipalizados mediante una fuerte

intervención estatal en grandes equipamientos urbanos (gas, electricidad, transporte urbano,

pavimentación, avenidas, parques, agua corriente y desagües, equipamiento escolar, hospitalario,

policial y militar), ya sea mediante financiación externa directa o a través de empréstitos del

Estado. Con lo cual, en éste proceso, el Estado se abocó a la inversión en grandes obras de

infraestructura urbana y a la sanción del entramado normativo y regulatorio necesario para el

crecimiento de la ciudad.

La expansión urbana se orientó hacia el norte, el sur y el oeste, siguiendo la orientación del tendido

del ferrocarril y de la incipiente actividad industrial ligada a la industria cárnica (Di Virgilio y Vio,

2009 y Chiozza, 2000: 424 en Timerman y Dormal, 2009: 26), de igual manera como lo hace una

mancha de aceite. Los progresos en la red de transporte urbano favorecieron una mayor

penetración en el territorio.

Mapa n°1: Mancha urbana del área metropolitana de Buenos Aires de 1892.

Fuente: Di Virgilio y Vio, 2009.

Ahora bien, este proceso de sub-urbanización y la llegada de grandes contingentes inmigratorios

dieron lugar a un nuevo tipo de especulación urbana por parte del mercado privado vinculado a la

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necesidad de los grupos de menores recursos y que consistió en la venta de lotes de las nuevas

áreas urbanizadas en subasta pública a pagar en gran cantidad de cuotas; zonas que se fueron

extendiendo a medida que avanzaba el tendido de la red de transporte. Ésta modalidad de

intervención delineó nítidamente el carácter subsidiario del Estado al mercado, pues parte de los

sectores populares accedían a la compra en propiedad de un lote para la construcción de su

vivienda, mediante el capital privado; y recién con posterioridad el Estado iniciaba obras de

construcción en la zona de servicios urbanos, alentando de esta manera procesos especulativos

sobre el suelo urbano (Arqueros Mejica, 2013). El movimiento de sub-urbanización se realizó

entonces sin la existencia efectiva de políticas públicas de vivienda que acotaran la especulación

inmobiliaria, contribuyendo al mecanismo básico de producción privada de suelo urbano (Cravino,

2006: 21).

Sin embargo, no todos los recién llegados accedieron a la vivienda mediante el mercado. Las

casonas que antiguamente habían pertenecido a las familias de sectores socioeconómicos altos, se

transformaron en conventillos y se ofrecieron como cuartos en alquiler a inmigrantes europeos que

llegaban al país a “hacerse la América”2 y 3. El conventillo o inquilinato ofrecía diversas ventajas a

sus inquilinos. En primer lugar, muchos de estas viviendas estaban localizadas en zonas céntricas

de la ciudad, de manera que le generaba un ahorro en tiempo y dinero a los inquilinos para el

traslado a las fuentes de trabajo; y además, porque principalmente vivían en ellos obreros y

artesanos y en muchos casos las piezas cumplían el doble rol de vivienda y talleres de trabajo (Di

Virgilio y Vio, 2009: 7). Así nacen, según Lecuona (1993: 44), los “conventillos de rezago” que

constituyeron una primera respuesta social y auto-producida al problema de la falta de vivienda,

que debido a las posibilidades laborales que habilitaba dichos lugares justificaba las pésimas

condiciones de vida que se debían que soportar. Fue una respuesta precaria y cara y los

trabajadores tuvieron que pagar sobreprecios por habitaciones en malas condiciones, pero eran los

más bajos para garantizar una cama en donde dormir cerca de las posibilidades laborales4.

Pero las malas condiciones de vida de los inmigrantes europeos sumado a la proliferación e

insalubridad de los cuartos de alquiler en conventillos e inquilinatos produjeron necesariamente

las primeras intervenciones en materia habitacional. Según Lentini (2008: 666) una de las

alternativas pioneras en construcción de vivienda para los sectores populares fue impulsada por

sectores socialistas porteños a través de la Cooperativa El Hogar Obrero que, a partir de 1905

construyó un conjunto de viviendas.

Las respuestas estatales a las problemáticas de hábitat de la época fueron tardías. Si bien se

conocen algunos esfuerzos aislados de intervención municipal para construir las primeras casa

2 A partir de 1860 el gobierno impulsa la inmigración europea: “gobernar es poblar” decía un axioma gubernamental de aquella época. Se les prometía tierras e instrumentos de labranza pero a su llegada encontraron la tierra apropiada por los terratenientes y las herramientas y semillas, en manos del almacenero de ramos generales. Como resultado un número importante de inmigrantes retornaron a sus países de origen, otros se emplearon como peón y el resto se asentaron en las grandes ciudades. 3 En general, constituyeron el primer escalón de la trayectoria habitacional de los inmigrantes europeos, pero luego sólo fueron algunos pocos los que lograron acceder a una vivienda propia. 4 En la actualidad, conventillos e inquilinatos aún siguen siendo una de las formas de hábitat popular en la ciudad.

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obreras5, el Estado liberal-oligárquico desarrolló muy pocas acciones en función de resolver el

problema habitacional.

Recién en 1915, con la creación de la Comisión Nacional de Casas Baratas -CNCB- el problema

habitacional en la ciudad alcanzó nivel público (Cravino, Fernández Wagner y Varela, 2002: 1). La

comisión se financiaba con fondos provenientes de las carreras del hipódromo y con el presupuesto

nacional. Sin embargo, su producción fue escasa debido, en parte, a su acotado presupuesto

(Yujnovsky, 1984). La acción estatal en éstos años se tradujo en 12 barrios de vivienda individual6 y

7 casas colectivas7 que representaron alrededor de 6.340 viviendas construidas; número escaso

para un largo período, pero que dejó en la ciudad ejemplos de singular calidad, como los Barrios

Butteler y Cafferata o las Casas Colectivas América, Alvear II y Martín Rodríguez (Dunowicz y

Boselli; s/d: 4). En líneas generales los conjuntos de vivienda construidos se ubicaron en los barrios

periféricos de la ciudad.

Imagen nº1: 1937, Casa Colectiva Alvear II (CNCB) 128 viviendas.

Fuente: Dunowicz y Boselli; s/d: 18.

Entonces, la dinámica del modelo de producción de la época se expresó en el territorio mediante un

proceso de consolidación de la Ciudad de Buenos Aires como núcleo de la organización territorial,

con el consecuente aggiornamiento de la metrópoli para desempeñar su nuevo rol; y ya hacia 1914

con una corona de barrios suburbanos que dejaron de ser periféricos para convertirse en el corazón

de la urbanización (Di Virgilio y Vio, 2009: 7) –proceso que fue acompañado por el desarrollo y

crecimiento de la red de trasporte urbano-. Cuando la crisis económica internacional (1929-30)

arrastró al modelo de desarrollo agroexportador imperante en nuestro país, la estructura urbana

de Buenos Aires se encontraba ya consolidada y el área metropolitana de Buenos Aires en vías de

consolidación.

5 El municipio de Buenos Aires, durante la intendencia de Torcuato de Alvear, había construido el primer conjunto de viviendas económicas en el año 1887; en 1905 se sanciona la ley 4824 que autoriza a la municipalidad a invertir en la construcción de barrios obreros (Yujnosky, 1984). 6 Las “viviendas individuales” insertas en los barrios podían ser adquiridas en propiedad mediante sistemas de créditos blandos (en cuotas a largo plazo y bajo interés) ofrecidos tanto por el sector público como por el privado sin fines de lucro. Los “barrios de vivienda individual” generaron un tejido urbano particular en la ciudad, en base a la partición de la manzana tradicional en varias tiras de manzanas alargadas (tipo “tallarín”) y calles corredor. Las viviendas, apareadas y de dos plantas, se implantaban en lotes de escasa superficie (Dunowicz y Boselli, S/d: 3). 7 Las “casas colectivas” por su parte, ofrecían la posibilidad de alquilar una vivienda incluida en un edificio, compartiendo lote y servicios con otras viviendas, a precios accesibles para la clase obrera. Las “casas colectivas”, se concretaban en general a partir de pabellones de planta baja y hasta 3 pisos altos, enmarcando patios a través de los cuales se accedía a las distintas unidades de vivienda (Dunowicz y Boselli; S/d: 4).

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El proceso de industrialización argentina y su expansión metropolitana (1930-1960)

El estancamiento hacia principios del siglo XX y el desorden político de la etapa anterior, provocado

por la arremetida del capitalismo del laissez faire, y la búsqueda de la superación de la recesión

mundial de los años ’30, generó una respuesta de carácter netamente estatista a escala local,

mediante la promoción a nivel productivo de un proceso de industrialización por sustitución de

importaciones (ISI) –que reemplace al modelo agropecuario exportador- y la ejecución de políticas

tendientes a la redistribución del ingresos. En éste contexto, surgió un Estado Benefactor que

estimuló la incorporación al modelo de grandes masas poblacionales (antes excluidas) y una

transformación del rol institucional del mismo: el Estado dejó de concebirse como gendarme y

exclusivo protector de los derechos individuales para convertirse en garante de los derechos

sociales (García Delgado, 1994: 47-52).

La actividad industrial pasó a ser el motor productivo del nuevo modelo de país -superando hacia

1938 por primera vez, a la actividad agrícola en niveles de productividad- y, consolidó a la Ciudad

de Buenos Aires como centro urbano, político-administrativo-financiero y, principalmente,

productivo del país (Di Virgilio y Vio, 2009: 8). Este proceso tuvo importantes consecuencias

poblacionales y territoriales, pues se produjo un cambio sustancial en la composición de la clase

obrera de Buenos Aires y su relación con el fenómeno inmigratorio. La inmigración masiva de los

países europeos del período anterior decreció hacia los años ’30, produciéndose simultáneamente

un incremento constante y sostenido de migración proveniente del interior del país hacia las

grandes ciudades, principalmente a Buenos Aires, motivados por las nuevas posibilidades laborales

que vislumbraba la industria en el área metropolitana. Torres (1975: 281-306) denomina a las

poblaciones nacidas de la crisis del ’30 como “los protagonistas de la segunda etapa de sub-

urbanización de Buenos Aires”.

Desde una perspectiva geográfica, la Ciudad de Buenos Aires se encontraba consolidada junto a la

primera corona y su engrosamiento se desarrollaba siguiendo los ejes de crecimiento de las vías del

ferrocarril hacia la segunda corona y la localización de las nuevas actividades industriales. En la

ciudad, la nueva población migrante del interior del país se asentó principalmente en la zona sur de

la ciudad y los municipios linderos del otro lado del Riachuelo, donde se asentaban estas industrias.

En los años ‘40, los habitantes con mayor poder adquisitivo prefirieron su establecimiento en la

zona norte, coincidente con el crecimiento de los municipios de Vicente López y San Isidro. Según

Di Virgilio y Vio (2009: 9) los tres vectores que guiaron el proceso de urbanización en este período

fueron: el acceso a la tierra urbana y a la vivienda, la radicación de industrias y el desarrollo de una

red de transporte. El subsidio al transporte público, la permisividad en las reglamentaciones y “el

dejar hacer” en relación a los usos del suelo, explican la forma que adoptó el proceso de expansión

metropolitana.

Mapa n°2: Mancha urbana 1947.

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Fuente: Di Virgilio y Vio; 2009.

Este proceso de urbanización metropolitano se expresó en la dinámica de la población. Entre 1935

y 1945 la ciudad metropolitana creció a una tasa media anual del 3.2% (Lattes y Zulma; 1992: 177).

Los beneficios del crecimiento industrial se distribuyeron socialmente, en especial hasta mediados

de los años ‘50. En 1947 la ciudad se acercaba a los 5 millones de habitantes y representaba el 30%

de la población total del país; en 1960, habiendo superado los 6,5 millones, concentraba el 34% de

la población nacional. Pero la población metropolitana aumentó por efecto de las migraciones

internas y su asentamiento por fuera de la Capital Federal (a una tasa media anual de 4.3%). Por lo

que entre los años 1945 y 1960, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un crecimiento nulo, mientras que

crecieron exponencialmente los municipios de la conurbación (Pírez; 2005: 13).

En éste escenario y tras la alteración de su rol institucional, el gobierno peronista desempeñó un rol

fundamental en la conducción/planificación del proceso de desarrollo urbano a partir de la década

del ‘40 y hasta la década del ‘60. En los primeros años del período se sancionó el Código de

Edificación (1944) que pretendía incidir en el tejido urbano a partir de la regulación de las

construcciones (Gutman y Hardoy, 2006 y Ballent, 2009).

En materia de transporte, la intervención estatal se orientó hacia la nacionalización de los

ferrocarriles y subterráneos8, el abaratamiento de las tarifas vía subsidios y se dio un nuevo

impulso a los colectivos (Ballent, 2009: 43) (que unían las zonas intersticiales con las estaciones),

estableciéndose una correlación con el proceso de expansión periférica y la modificación del patrón

de sub-urbanización vigente. Así, la red suburbana de trasporte se convirtió, desde una política de

estado, en la espina dorsal de los desplazamientos cotidianos de los sectores de menores recursos

desde la corona externa de la aglomeración hacia los centros industriales y manufactureros que se

ubicaban en la Ciudad de Buenos Aires (Di Virgilio y Vio, 2009).

Las localizaciones en el Gran Buenos Aires se tornaron así más accesibles, por lo que se poblaron

rápidamente. La ausencia de control estatal en esta materia incentivó la actividad privada, en

muchas ocasiones, mediante el loteo indiscriminado de tierra rural sin servicio alguno. La forma

que asumió este proceso, si bien implicó que en los hechos el crecimiento urbano estuviera definido

8 El subterraneo se incorporó a los medios de transporte urbanos en 1913, siendo el primero del hemisferio sur, pero sólo dentro de los límites de la capital federal (Timerman y Dormal, 2009: 26).

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por intereses privados, permitió que gran cantidad de familias obreras accedieran, mediante estos

“loteos económicos” a la propiedad legal de la tierra en el Gran Buenos Aires9.

En dicho período también se avanzó en la construcción y escrituración de 300.000 propiedades

nuevas10 y se impulsaron 13 leyes de vivienda, entre las cuáles se destacaron: la de congelamiento

de alquileres y suspensión de los desalojos, la ley Nº 13.512 de Propiedad Horizontal, que permitió

la subdivisión y venta por separado de las distintas unidades de un mismo inmueble multifamiliar y

la ley Nº 13.581 que obligó a los propietarios de inmuebles vacíos a ofrecerlos en alquiler. Estos

procesos fueron alentados a partir de la acción directa del Banco Hipotecario Nacional -que asumió

un importante rol social en ese período- y durante el primer Plan Quinquenal, el Estado se ocupó la

construcción directa de viviendas sociales11, mediante el Plan Eva Perón en la ciudad, el cual generó

una extensa producción de viviendas para familias e instituciones, asociaciones gremiales y

profesionales. En el segundo Plan Quinquenal se rediseñaron las formas de intervención estatal,

prevaleciendo la acción indirecta mediante líneas de crédito y el estímulo a la actuación de

cooperativas y organizaciones sin fines de lucro. También se implementaron políticas orientadas a

la ampliación del equipamiento urbano, tales como escuelas, edificios de la administración pública,

teatros, hospitales, entre otros (Ballent, 2009: 33-47).

Estas medidas fomentaron que vastos sectores populares accedieron a la propiedad de la vivienda:

trabajadores urbanos en el caso de los “lotes económicos” periféricos y sectores medios en el caso

de los edificios en “propiedad horizontal” centrales, conduciendo de esta manera a una notoria

expansión del suburbio de la Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano.

Imagen nº2: 1949, Barrio Manuel Dorrego (“Los Perales”) (Plan Eva Perón-MCBA) 1.068 viviendas.

Fuente: Dunowicz y Boselli; s/d: 22.

Con la llegada de los militares al gobierno (año 1955), la idea de un Estado proveedor en materia

urbana comenzó a ser abandonada en favor de la producción de viviendas según las leyes del

mercado. Se buscó institucionalizar al gran conjunto habitacional como modelo urbano-

arquitectónico para la vivienda social, se incorporó a las empresas privadas en los concursos de

vivienda, se impulsaron renovadas técnicas industriales de producción y se trazaron

9 La ley permitió que loteadores privados llevaran adelante el fraccionamiento de terrenos para la venta. El crédito barato y la estatización del transporte ferroviario, favorecieron el asentamiento de la población aún fuera de los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Esta política se cortó con la promulgación del decreto-ley 8912/1977. 10 Durante los diez años de gobierno peronista, las escrituraciones se triplican en relación a los sesenta años anteriores. 11 La “vivienda social” fue creciendo en importancia en la agenda pública al punto de institucionalizarse; primero con la creación de la Comisión Nacional de la Vivienda en 1955, luego con la organización del Fondo Federal de la Vivienda en 1959, hasta llegar en 1965 a la creación de la Secretaria de Estado de Vivienda -dependiente primero del Ministerio de Economía y luego del de Bienestar Social-. Este organismo, con sucesivos cambios, se mantuvo hasta los años ’90.

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modificaciones en materia legislativa que respondieron a esta nueva perspectiva (Zapata, 2012). Se

alentaba de este modo, sistemas de ejecución empresariales con financiamiento público. Como se

verá más adelante, estas tendencias se consolidaron en el próximo período.

Sin embargo, estas intervenciones estatales y privadas, beneficiaron a los sectores medios y medios

bajos, pero no así a los sectores de más escasos ingresos, que se vieron obligados a resolver su

acceso a la vivienda de manera autogestiva (Rodríguez, 2005). De ésta manera comenzaron a

consolidarse villas miseria en las proximidades de los principales centros de empleo. En general, la

villa se caracteriza por la ausencia de servicios, la precariedad de las viviendas, la alta densidad

poblacional y la falta de ordenamiento territorial. Estos barrios se formaron de manera espontánea

en terrenos vacantes de dominio público –fiscal- o privado12. Con el agotamiento del modelo ISI y la

crisis económica, la villa –inicialmente concebida por sus habitantes como vivienda transitoria- se

convirtió en una solución habitacional de carácter permanente (Merklen, 1991).

Pero las villas fueron objeto de preocupación y de intervención de los gobiernos dictatoriales que

siguieron a Perón y que insistieron en su erradicación. La primera política específica se ejecutó

durante del gobierno militar de la “Revolución Libertadora” (1955-58) bajo el criterio de

erradicación. Estas políticas fueron resistidas por las organizaciones de villas.

Sobre el final de la década del ´50, y como nueva estrategia de los sectores que no accedían de

manera formal a la vivienda, también surgieron los “hoteles-pensión” en el centro de la ciudad los

cuales son reglamentados por primera vez por una ordenanza municipal en 1960. En la misma se

define a ésta tipología como establecimientos dedicados a brindar “alojamiento temporario”. No

obstante, en la práctica se fueron convirtiendo en la única respuesta habitacional a la que accedían

muchas familias por períodos cada vez más prolongados. A partir de la legislación mencionada, este

tipo de establecimientos evitan ser considerados como un alquiler o “locación”, relación que, si bien

es la que más se ajustaba a su actividad, suponía el reconocimiento de determinados derechos para

los “locadores”, que por ese entonces eran considerados “pasajeros” (Echevarría y Gunther, 2003).

Quedó así conformado, hacia el final del período, un primer anillo de conurbación contiguo a la

Ciudad de Buenos Aires densamente poblado y con una importante actividad industrial, y un

segundo cordón, que desarrollaba un lento proceso de densificación pero que ya experimentaba

también un importante crecimiento. Además, en éste período se comenzó a visualizar claramente la

ineficiencia tanto del Estado como del mercado en las respuestas brindadas en materia habitacional

a todos los sectores de la sociedad. Ésta vacancia quedó expresada territorialmente en la diversidad

de tipología de vivienda informales a las que debieron recurrir los sectores de menores recursos en

la aglomeración para acceder a la vivienda y en los que sí lo lograron mediante el acceso a la

vivienda social, en las malas condiciones de hábitat que éstas respuestas ofrecían (hacinamiento,

exclusión y marginalidad, mala calidad de vida, entre otros factores). Pero de todas maneras el 12 En la CABA las villas se localizan en las zonas centrales (Zona Portuaria o Ferroviaria) y en el sector sur próximo al Riachuelo. Las primeras villas metropolitanas surgen a fines de la década de 1930 con las casillas que utilizaron los inmigrantes desocupados asentados en Puerto Nuevo (Villa Esperanza). Posteriormente, la construcción por parte del estado de viviendas transitorias para la población con necesidades habitacionales que llega a la ciudad da lugar a la formación de la Villa Retiro (actual Villa 31). En la década del ‘40, aparecen nuevos núcleos en los municipios aledaños. En los partidos de la primera corona, las villas de emergencia se localizan próximas a la ciudad central y en la cercanía de las zonas industriales y las cuencas inundables de los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista (Di Virgilio y Vio, 2009).

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fuerte proceso de sub-urbanización desplegado en el territorio fue una clara expresión del nuevo

modelo económico-productivo que se desplegó en el país por aquella época. La aparición de la gran

industria como eje estructurador del nuevo modelo de desarrollo consolidó el desarrollo de la

centralidad de la Ciudad de Buenos Aires y su expansión hacia el área metropolitana.

Desaceleración de las políticas redistributivas y del proceso de sub-urbanización. Se inicia el

modelo de Modernización periférica (1960-1983)

A partir de los años ‘60 se comenzó a vislumbrar el agotamiento del modelo de desarrollo

característico de la década del ‘40 y ‘50. La “Revolución Argentina” (1966-1973) al mando del Gral.

Onganía dio inicio a una etapa de regímenes dictatoriales que culminó con la dictadura más nefasta

que sufrió nuestro país, el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Durante estos años se

produjo el agotamiento de un modelo basado en la autarquía económica, la sustitución fácil de

importaciones, la expansión del mercado interno y de las condiciones de distribución económica

(García Delgado, 1994). La última dictadura militar sedimentó lo que sería el proyecto neoliberal en

la Argentina: desarticulación del Estado de Bienestar (con la desaceleración y/o desaparición de

muchas de las políticas de Estado que beneficiaban a los sectores populares), apertura de la

economía, desregulación de los mercados y fortalecimiento del sector económico ligado al capital

financiero. La consecuente desindustrialización del país permitió, por un lado, ahogar al incipiente

sector secundario de capitales nacionales y, por otro, fragmentar y disciplinar a la fortalecida clase

trabajadora13.

La política urbana implementada por los gobiernos de facto respondió a éste objetivo de

disciplinamiento de la clase trabajadora, la idea de “ordenarlos” se asoció también con la de

“ordenar” el territorio en el que vivían y trabajaban. No obstante, el Proceso de Reorganización

Nacional marcó diferencia con los demás gobiernos de facto por la escala de radicalización de las

políticas urbanas ejecutadas (Oszlak, 1991: 71).

Durante el período bajo análisis de la mano de la implantación del modelo neoliberal a nivel

productivo y económico, se produjo una modificación del patrón de configuración territorial,

ampliando el área de localización metropolitano (con una lenta consolidación de la segunda

corona), pero también visualizándose una desaceleración del crecimiento del Área Metropolitana

de Buenos Aires (Oszlak, 1991). En los dos períodos intercensales (1960-70 y 1970-80) la tasa de

crecimiento metropolitano –respecto al período anterior- dio cuenta de una marcada disminución,

siendo inferior a la media urbana del país. Por su parte, la ciudad expulsa población hacia los

partidos del conurbano (fundamentalmente a los de la segunda corona). La culminación del

crecimiento metropolitano se entiende en función de las nuevas actividades dinámicas del modelo

(orientadas al mercado financiero) y una menor dependencia de la ciudad metropolitana para su

funcionamiento. Sin embargo, el crecimiento de algunos municipios fue marcado, como el de

Almirante Brown, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Sarmiento, Merlo y Moreno (todos

ubicados en el segundo cordón). Los municipios más próximos a la ciudad central (Avellaneda,

13 El proceso de disciplinamiento se completó con la reducción del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, la persecución sistemática de los principales referentes de las organizaciones sociales, gremiales y políticas y la prohibición de todo tipo de reclamo o acción colectiva. Esto se logró mediante la desaparición de 30.000 personas de éstos sectores sociales.

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Lanús, Vicente López y Tres de Febrero) de la primera corona, presentaron un crecimiento muy

débil. A pesar de la consolidación del segundo anillo de conurbación, todavía se observaban

espacios intersticiales, entre los ejes de desarrollo, imposibles de ser ocupados por falta de

infraestructura vial. En este sentido, el proceso de sub-urbanización que se dio en la etapa anterior

mostró claros signos de retroceso en ésta nueva etapa, visualizándose una desaceleración del

crecimiento de la región metropolitana (Di Virgilio y Vio, 2009: 12).

Mapa n°3: Mancha urbana 1972.

Fuente: Di Virgilio y Vio; 2009.

Las políticas ejecutadas durante la intendencia de Cacciatore –funcionario de la última dictadura-

constituyeron el punto de inflexión necesario para la introducción en el país de un modelo de

producción neoliberal que requería de un escenario territorial acorde: una nueva ciudad neoliberal.

Algunas de las intervenciones que abonaron a éste proyecto fueron: la construcción de autopistas

(favoreciendo los medios de transporte privados); la derogación del control sobre los precios de

alquileres mediante la nueva Ley de locaciones urbanas N°21.342/76 (que, controlados en etapas

anteriores, subieron rápidamente y propiciaron desalojos y traslados a viviendas con menores

comodidades, a compartir vivienda con otra familia o a asentarse en barrios de emergencia o

villas); la sanción del decreto-ley 8912 de “Usos del suelo” en la Provincia de Buenos Aires (que si

bien tiene el acertado objetivo de regular y planificar el crecimiento urbano, los nuevos requisitos

exigidos para parcelar la tierra como urbana elevó los precios de los lotes, interrumpiendo los

loteos económicos); la aprobación de la ley de erradicación industrial de la RMBA (que desplazó la

localización de industrias de la urbe hacia el segundo cordón del Gran Bs. As.); la aplicación del

proyecto CEAMSE para la disposición de residuos (que estableció la disposición final de los

residuos de todo el AMBA en el Gran Bs. As.); la aprobación del Código de Planeamiento Urbano

para la ciudad (que cambió los usos del suelo de algunas zonas céntricas, en la que aún persistían

los inquilinatos, impulsando procesos de especulación inmobiliaria, con los consecuentes

desalojos); la reglamentación de la Circular 1050 (que indexó los créditos inmobiliarios a montos

impagables); y la erradicación de villas miseria de la Ciudad de Buenos Aires (Oszlak, 1991: 14-32).

Incluso, el transporte urbano y suburbano, que durante las décadas del ’40 y ’50, había sido

nacional y económico, incrementó sus tarifas en forma constante a partir de 1960, constituyendo

una pesada carga para las familias más pobres. Al respecto, señala Torres (1995), el aumento del

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transporte público superó en éste período en varias veces al aumento del costo de vida y al de los

salarios: mientras en la década del ’50 representaba un promedio del 25% del ingreso de un

trabajador, entre el ’65 y el ’70 implicaba el 187.9% del salario (Vitelli, G., citado por Torres, 1995:

31).

Todas estas medidas dieron cuenta del objetivo de la política urbana: desplazar a la clase

trabajadora hacia la periferia mediante la erradicación, a la par que se pensó y proyectó la ciudad

central para los sectores que pudieran pagar por ella (por ejemplo, con la construcción de

autopistas) (Oszlak, 1991).

Ya desde la década del ’60 la política implementada hacia las villas fue la erradicación, pero la

desplegada por la dictadura militar de 1976 fue feroz, pues produjo una modificación en el enfoque

de los planes de erradicación. Este nuevo modelo de política de erradicación preveía tres etapas de

aplicación: la primera, congelamiento; la segunda, desaliento; y la tercera, erradicación; con

procedimientos característicos de un operativo militar y excluyendo cualquier tipo asistencialismo

o “promoción social” (Oszlak, 1991: 162). Con lo cual, se limitaban a expulsar a los villeros de la

ciudad. La evolución de la población en villas es un claro ejemplo del carácter recesivo y represivo

que asumió la política urbana hacia los sectores populares.

Gráfico n°1: Evolución de la población en villas en la Ciudad de Buenos Aires (1962-2010)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA.

El gráfico precedente muestra que cuando a comienzos de 1976 vivían en villas de la ciudad

213.823 personas (cifra que venía incrementándose paulatinamente desde décadas anteriores),

cuatro años más tarde, en 1980, los habitantes de estos barrios eran apenas 34.068: el gobierno

militar había erradicado al 84% de la población villera, ya sea desalojándolos por la fuerza hacia las

provincias, con intimidaciones o directamente "desapareciéndolos". Asimismo, se desarrollaron

durante este periodo campañas publicitarias con el fin de estigmatizar y criminalizar a la población

erradicada (Oszlak, 1991: 190).

En lo que respecta al financiamiento público de vivienda del gobierno de las fuerzas armadas del

’76 hay que decir que fue la que mejor se ajustó a las características requeridas por las grandes

empresas constructoras para hacer más eficientes sus inversiones. La política de vivienda de la

época coincidió con los intereses del sector industrial más concentrado dirigidos a utilizar al Estado

como dinamizador de la economía. Hacia aquellos sectores que tenían alguna capacidad de ahorro

previo se destinó una cartera de créditos del BHN (Banco Hipotecario Nacional) que volvía a operar

como entidad bancaria; y para los sectores con recursos insuficientes para pagar el costo y

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financiación de una vivienda económica, fueron encuadrados dentro de las operatorias del FONAVI

(Fondo Nacional de la Vivienda) reorganizado en 197714 (Yujnovsky, 1984: 223). Si bien los

fundamentos del FONAVI contemplaban su intervención en una variedad de problemáticas que

componen el déficit habitacional, sus recursos se canalizaron casi exclusivamente a la construcción

de viviendas nuevas “llave en mano” (Cuenya, 2000: 4)15. Estos grandes conjuntos habitacionales se

localizaron en barrios deprimidos de la Ciudad de Buenos Aires con terrenos vacantes, como Villa

Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, sin lograr una plena integración de sus habitantes a la

ciudad.

No obstante los lineamientos de estas políticas, en su aplicación, los destinatarios de estas viviendas

fueron sectores de ingresos bajos pero con cierta capacidad de pago; por lo que la población más

pobre no calificaba para acceder a estas viviendas. Los sectores que no accedieron a él, propiciaron

distintas formas autogestivas o de autoconstrucción, más o menos exitosas de acuerdo al grado de

organización popular y la envergadura de los emprendimiento encarados.

El resultado de la política urbana implementada en éste período fue la consolidación de un patrón

de segregación territorial a gran escala en la Región Metropolitana de Buenos Aires, delimitando un

mapa en el que la población de los sectores medios y medios altos se concentraron en el centro-

norte de Ciudad de Buenos Aires y en la periferia de la ciudad y el GBA, preferentemente el sur y el

oeste, se consolidó como hábitat de la población pobre.

Las características propias del neoliberalismo que se comenzó a gestar en esta etapa se plasmaron

con cambios radicales en el territorio. Las distintas intervenciones estatales que se impulsaron

apuntaron a acondicionar al mismo para una modificación profunda del patrón de estructuración

urbana del área metropolitana. La Ciudad de Buenos Aires fue “limpiada” de cualquier rastro del

modelo del Estado de Bienestar –y de las industrias y sus trabajadores como expresión de su

modelo productivo- para convertirse en una ciudad neoliberal, en la que no hay espacio para

aquello que no permita una valorización del capital. Se comenzó a dar un proceso de construcción

especulativa de una ciudad atractiva con la intensión de promover y atraer los flujos del capital

internacional. La ciudad dejó de ser un espacio de acceso público, a partir de ese momento había

que “merecerla”16.

14 En 1972, mediante la Ley 19.929 se creó el FONAVI con los ingresos provenientes del 1,5 % de la venta del ganado (Ley 19.876), un gravamen para los impuestos urbanos de ese año y el 2,5 % de la nómina salarial a cargo del empleador. En 1977 se reorganiza el fondo con la Ley 21.581 en la que, a través del artículo 4, se resalta el objetivo de construir viviendas para familias de escasos recursos, la ejecución de obras de urbanización, las obras de infraestructura que fueran necesarias para su cometido y los equipamientos comunitarios, entre otras cosas. Asimismo, estaba integrado por el 5% de los aportes patronales, el 20 % del aporte de los autónomos y el recupero de las inversiones (Zapata, 2012). 15 Los conjuntos habitacionales FONAVI plantearon tipologías constructivas muy similares: departamentos en torres y/o tiras de dos o tres pisos y espacios de uso colectivos. En post de obtener menores costos las viviendas ofrecían espacios que tendieron a reducirse progresivamente y sin posibilidad de ampliaciones posteriores. En general, se eligieron localizaciones periféricas con escasa demanda a nivel urbano (favoreciendo otros procesos de valorización del suelo de propiedad privada). El sistema de asignación por puntajes (lejano y percibido socialmente como arbitrario) y la desvinculación de habitantes de los conjuntos "llave en mano" respecto de su producción, favoreció una actitud de desapropiación por parte de los beneficiarios manifestada en efectos como la falta de pago y de mantenimiento edilicio, descuido de los espacios de uso común, etc. (Rodríguez, 2007: 3). 16 Expresión del Brigadier Cacciatore, intendente de la ciudad e impulsor de la política urbana de la última dictadura; que condensa la tendencia excluyente que comienza a disputar el imaginario colectivo de la población urbana.

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Consolidación de un modelo de privatización y fragmentación del proceso de expansión

metropolitano (1983-2003).

El papel estatal en la ciudad en los primeros años de recuperación democrática no sé modificó

sustancialmente en relación al período anterior. Ninguna acción estatal ya fuera a nivel nacional o

local alteró el sentido que asumió la configuración metropolitana (Pírez, 2005). Tampoco el área

metropolitana experimentó grandes cambios en su dinámica poblacional y se mantuvo el

estancamiento del crecimiento de la población en la ciudad y la desaceleración del crecimiento en el

Gran Buenos Aires.

No obstante ello, la recuperación democrática supuso una mayor tolerancia hacia procesos como

tomas de tierras o repoblamiento de villas, en medio de un clima de participación (pasando a una

política de “radicación” de villas). En el plano simbólico, se instaló fuertemente el discurso de la

legitimidad de la lucha por los derechos humanos, por lo que los sectores populares no fueron

“reprimidos” en el acceso al suelo urbano como lo fueron en el período anterior, pero tampoco se

estimuló su acceso mediante el despliegue de los medios necesarios para facilitarlo, no se

desarrollaron acciones concretas ni se estableció una partida presupuestaria destinada a definir

políticas de envergadura para el sector, ni para revertir un patrón de segregación que, si bien se

había originado en las primeras épocas de la creación de la ciudad, había sido increíblemente

exacerbado durante la dictadura. En las villas porteñas se duplicó la cantidad de habitantes durante

la década del ´80, dando cuenta de un proceso de repoblamiento de villas, manteniendo el patrón de

localización de los sectores populares: preferentemente en la zona sur de la ciudad y en partidos de

la primera corona del Gran Buenos Aires. En la zona céntrica de la ciudad, se intensificó el

fenómeno, surgido en décadas anteriores, de falsos hoteles, a la vez que se mantuvieron los

inquilinatos. Paralelamente, se produjeron ocupaciones de edificios vacíos, entre ellos, de las

viviendas que habían sido expropiadas por el gobierno militar para la construcción de la Autopista

3 (que nunca se concretó) (Rodríguez, 2005). Para los sectores de menores recursos, la alternativa

casi excluyente para acceder a la propiedad de la vivienda siguió siendo el acceso a los recursos del

FONAVI. Sin embargo, la inversión pública destinada a vivienda social registró un descenso

continuo en la ciudad entre 1980 y 1992, pasando del 0.71% del PBI –producto bruto interno- en

1984 a 0.53% para los primeros años de la década del ’90 (Zapata, 2012).

Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires, se produjeron ocupaciones de tierras (similares a la de San

Francisco Solano en 1981, que casi heroicamente resistió a la dictadura militar) en los partidos de

Quilmes, Almirante Brown (zona sur del GBA), La Matanza, Morón y Merlo (zona oeste del GBA),

adoptando una nueva forma: se pasó de las “villas miseria clásicas a los asentamientos”17. Esta

nueva estrategia de las familias pobres para acceder a un terreno, ante la imposibilidad de hacerlo a

través del mercado formal, generó una nueva geografía donde los sectores populares buscaron

organizarse para tener un lugar donde vivir18 (Zapata, 2012). Además, por otro lado, emergieron en

17 Merklen (1991) considera a los asentamientos como una estrategia de los sectores populares con la cual hacer frente a las características dominantes del proceso de urbanización en el área metropolitana de Buenos Aires. 18 Según Merklen (1991), estos nuevos asentamientos se caracterizaron por gestarse en forma masiva y organizada; por consolidarse como una barrio definido manteniendo cierto orden urbanístico, como los lotes delimitados, superficies aproximadas a las exigidas por la ley, trazados de calles, previsión de espacios comunitarios y áreas verdes, etc.; y por tener

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la extrema periferia tendencias a una suburbanización de los grupos de más altos ingresos

cristalizado en la aparición de los llamados “countries club”.

Las nuevas necesidades estructurales del capitalismo global configuraron entonces renovadas

tendencias de metropolización, en las que el estado cumplió un rol secundario, pero donde el

mercado desempeñó un rol fundamental. De un modelo europeo de centro/periferia (un espacio

metropolitano compacto que avanza en forma de “mancha de aceite”, con una morfología y bordes

bien definidos) se pasó a un crecimiento metropolitano en red (una verdadera ciudad-región de

bordes difusos, policéntrica, formando en algunos casos verdaderas megalópolis o archipiélagos

urbanos) caracterizado por un nuevo modelo de incorporación/exclusión de áreas, en el que se dio

un proceso de fragmentación del territorio y dualidad de sus sociedades. En este sentido, las

grandes metrópolis como Buenos Aires ingresaron en una lógica privada que transformó a la

ciudad en “fragmentos” (Zapata, 2012).

Los años ´90 fueron el escenario de radical profundización de los cambios socio-políticos y

económicos iniciados por la última dictadura. El modelo productivo se caracterizó por la

producción flexible, la utilización de tecnología de avanzada y el control de grandes cantidades de

información a través de la informática. El capital se “desterritorializó”, los agentes económicos

actuaban a nivel global, separando la localización de las funciones de comando de las funciones

propiamente productivas, con la tendencia a trasladar éstas a los territorios que les ofrezcaran

mejores condiciones. Se instaló así una lógica de “competencia” entre los países y regiones por

atraer al capital financiero, flexibilizando a nivel imaginados el mercado el trabajo.

El Estado abandonó su papel redistributivo, y se relegaron al mercado la satisfacción de

necesidades básicas y la asignación de recursos. Algunas de las que aún se reconocen como

responsabilidad estatal (educación, salud, seguridad) se descentralizaron a niveles provinciales y

locales de gestión. Las políticas sociales se “focalizaron”, con el discurso de dirigirlas sólo “a quienes

menos tienen”, se dirigieron a una reducida, limitada y “bien identificada” población–meta,

desarticulando el discurso sobre los derechos sociales (García Delgado, 1994). El Estado dejó de

actuar directamente sobre el territorio para pasar a cumplir el rol de acondicionador y promotor

del espacio (respetando las necesidades del capital). Se privatizaron los medios de transporte

(subterráneos, autopistas y, especialmente, ferrocarriles -que se redujeron y casi desaparecieron en

el interior del país-), de comunicación, producción y distribución de energía (energía eléctrica, gas,

petróleo), servicios de agua y cloacas, metalurgia, etc. con un alto impacto en la estructura urbana.

La construcción de autopistas y la remodelación y ampliación de las ya existentes generaron nuevos

procesos de urbanización y metropolización, que cambiaron las condiciones de circulación y

accesibilidad hacia las periferias y privilegió el uso de automóviles particulares por sobre el

transporte público.

Estas obras fueron demandadas, entre otros, por nuevos espacios de producción, consumo y

residencia en locaciones suburbanas de las ciudades: las nuevas urbanizaciones cerradas/privadas

suburbanas (barrios cerrados, countries, marinas, etc.). Esta tipología de viviendas, característica

de los sectores de alto poder adquisitivo, se transformó en residencia permanente y se ubicó

algún nivel organizativo, que busca iniciar las gestiones para la regularización de la tierra e ir mejorando las condiciones de vivienda y el barrio.

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invariablemente a lo largo de estas autopistas y en zonas intersticiales próximas a ellas19. Sus

viviendas suntuosas, sus parquizados cuidadosamente diseñados, sus “grandes” dimensiones y los

dispositivos de seguridad (muros, vigilancia) que los separa físicamente del tejido urbano que los

rodea (loteos económicos de los años ’50 y ’60, villas, asentamientos, viejos centros urbanos)

alteraron el paisaje urbano periférico, ya que se crearon y consolidaron situaciones de enclave20,

pero a la vez originaron conflictos sociales urbanos localizados de gran potencial.

Otra modalidad de desarrollo inmobiliario desarrollado a partir de estos años son los “countries

verticales”: edificios y conjuntos residenciales con servicios e infraestructura deportiva y de

confort, situadas en las áreas centrales de la ciudad. La localización de los mismos fue selectiva ya

que se ubicaron principalmente en barrios de alto poder adquisitivo de la ciudad. Estas nuevas

modalidades de habitación generaron un fuerte impacto en el paisaje y en la trama urbana, pero

principalmente, constituyeron un fenómeno de auto-encapsulamiento de los sectores sociales altos

y medianos (auto-segregación espacial) en función de las diversas ofertas de infraestructura y

seguridad, aumentando la desigualdad social.

Las inversiones extranjeras también se orientaron hacia los grandes equipamientos comerciales,

como los shopping centers, los centros comerciales y los hipermercados. Estas formas comerciales

concentraron en un punto específico del espacio una gran cantidad de actividades dedicadas al

consumo, provocando una fuerte desestructuración de los antiguos patrones de localización y

estructura comercial y de consumo. Además, trajo aparejado consecuencias en cuanto a la variación

de los valores del uso de suelo urbano de las zonas en que se emplazaron y a los patrones de

tránsito de la zona21.

Asimismo, Fritzsche y Vio (2005) afirman que la industria también asumió nuevas formas y

configuraciones territoriales (tecnópolos, distritos industriales y áreas-sistema, parques científicos

y tecnológicos, aglomeraciones industriales planificadas y just in time, sistemas institucionales

territoriales, clusters, etc.) que se relacionaron con el cambio en las pautas de localización

derivadas de las renovadas estrategias del capital industrial y de los sistemas productivos22. Este

fenómeno se encontró fuertemente acompañado por la instalación de hotelería internacional y

restaurantes, que no sólo se instalaron en las áreas centrales de la ciudad, sino que también se

instalaron en aquellas zonas periféricas privilegiadas donde se produjo una fuerte inversión de

capital (por ejemplo, la zona de Pilar). Estas nuevas formas de metropolización/urbanización no

sólo contribuyeron a reforzar la histórica centralidad de las áreas centrales, sino que también

generaron tendencias de policentrismo en áreas destacadas de la periferia (Zapata; 2012).

Retomando a Ciccolella (1999 en Zapata, 2012) entonces, las tendencias de reestructuración

territorial de área metropolitana del modelo neoliberal de la ciudad puede resumirse en un triple

19 Esta forma de sub-urbanización dejó de lado aquellos viejos patrones que se desarrollaban exclusivamente dentro del radio de la extensa red de ferrocarriles suburbanos. 20 Entendiendo por éste concepto un territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc. 21 También produjo una fractura en el mercado de trabajo ya que se crearon nuevas formas de empleo y se destruyó parte del tejido laboral y comercial preexistente, incrementando los niveles de desempleo y marginalidad. 22 Un ejemplo de estos nuevos espacios es el distrito tecnológico que actualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está construyendo en el barrio de Parque Patricios. Para mayor información ver: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/distrito_tecno/index.php?menu_id=23680 http://www.distritotecnologico.com/buenos-aires/tag/parque-patricios/

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proceso de evolución: se produjo una densificación del histórico distrito central de la ciudad

mediante un proceso de modernización y verticalización; una oposición al viejo distrito central

compacto mediante un proceso de derrame o extensión de esas áreas centrales; y la aparición de

sub-centros en la periferia de la aglomeración (llamadas “edge cities”). Además, el reequipamiento

de estas áreas subcentrales provocó una disminución, en términos relativos, de los flujos entre

periferia y centro, provocando una tendencia hacia la inmovilización de la población residente. Los

nuevos parques industriales, los centros comerciales y de espectáculos, los nuevos centros

universitarios y las residencias suburbanas cambiaron los trayectos de sus habitantes

reorientándolos hacia el interior del partido o región y ya no hacia el centro de la Ciudad de Buenos

Aires.

Este modelo de ciudad metropolitana neoliberal y la lógica de intervención de ésta última etapa, se

asentó legalmente en el nuevo Código de Planeamiento Urbano (Ley 449/00) y en el Plan Urbano

Ambiental (PUA). El primero fue reformulado y actualizado con el fin de ordenar las múltiples

excepciones que se sancionaron desde su promulgación inicial. Allí se constituyó a la zona sur en un

“área de desarrollo primario” y se fijaron “áreas de renovación urbana” en la ciudad (Arqueros

Mejica, 2013). El PUA (Ley 2930/08), por su parte, posiciona a la ciudad en la red de ciudades

globales, a partir de la generación de condiciones de competitividad global.

Ésta reestructuración del territorio metropolitano se expresó en términos demográficos también

(Pírez, 2005). A partir de 1990 y consolidándose a partir de 2001, el crecimiento poblacional en la

primera corona se estancó, en la segunda corona se desaceleró, mientras que aumentó en la tercera

corona. La ciudad metropolitana parece haber incrementado, no ya la velocidad de crecimiento

demográfico, sino su expansión territorial.

Mapa n°4: Evolución de la mancha urbana 1782-2001.

Fuente: Di Virgilio y Vio; 2009.

Ahora bien, ante el marcado aumento de la pobreza –como causa y consecuencia de los años

previos y posteriores a la crisis del 2001-, las formas de habitación precaria e informal también se

multiplicaron: se intensificó el fenómeno de las villas (que duplican nuevamente en la Ciudad de

Buenos Aires su población entre 1991 y el 2001) y el de los falsos hoteles y conventillos en las

zonas centrales de la ciudad (estimulados por subsidios otorgados, a partir de 1997, por la

Secretaría de Desarrollo Social del gobierno porteño). Además, se produjo una nueva serie de

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ocupaciones de tierras en el Gran Buenos Aires que asumieron formas diversas23, teniendo en

cuenta niveles de organización, características de los terrenos ocupados, dimensiones, etc. El acceso

a la vivienda continuó limitado a las posibilidades que ofrecía el mercado –mediante la propiedad

y/o el alquiler-, casi sin ofertas por parte del Estado hacia los sectores medios/medios-bajos y

menos aún para los sectores de escasos recursos.

Entonces, el proceso de configuración territorial del área metropolitana de Buenos Aires en esta

última fase de desarrollo consolidó y profundizó las características de la ciudad neoliberal

germinada en la etapa anterior. Éste nuevo modelo de país se desplegó en el territorio con una nula

orientación pública-estatal y se basó en dos tipos de operaciones (Pírez, 2005: 35): unas

mercantiles, fuertemente planificadas y destinadas a grupos de ingresos medios-altos y altos; y

otras predominantemente por fuera del mercado formal para la satisfacción directa -a través del

esfuerzo individual y/o colectivo bajo formas organizadas- de la necesidad de la población de

menores recursos. La nueva estructura urbana de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

expresó las características del nuevo modelo socio-económico de país: fuertes contrastes sociales

plasmados a escala territorial en enclaves tanto de riqueza como de pobreza. La

inclusión/exclusión impresa en el territorio cristalizó las características fundamentales del modelo

de desarrollo neoliberal.

Reflexiones finales

En éste artículo se pudo verificar que los distintos modelos de país que se desarrollaron a lo largo

de nuestra historia, dejaron sus huellas en el territorio metropolitano de Buenos Aires. Cada uno de

los modelos productivos llevados adelante en las distintas fases analizadas hicieron uso de la

Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana como soporte material para su desarrollo.

Así como la colonia española necesitó de una marginal ciudad-puerto para trasladar sus mercancías

hacia Europa; la fase del modelo agropecuario exportador –y de consolidación del estado argentino

como tal- necesitó de una metrópoli moderna con una creciente centralidad territorial que ejerza su

rol de “capital”. Por su parte la fase signada por el modelo de industrialización por sustitución de

importaciones requirió de una ciudad obrera, con un fuerte desarrollo industrial desplegado en un

territorio que fue más allá de las fronteras de la ciudad –y el despliegue consecuente de

infraestructura urbana-; y el modelo neoliberal volátil y difuso se exigió desmontar esa

configuración territorial para acondicionar a la ciudad y su conurbano para la orientación

mercantil.

23 Tomas de parcelas colectivas (de más de un lote) previamente organizadas, y generalmente con el apoyo de organizaciones gremiales, políticas o pastorales; tomas de parcelas colectivas (más de un lote) en forma colectiva, pero en donde sólo un núcleo se ha reunido previamente y luego de la toma se extiende con la llegada, más o menos espontánea de nuevas familias (en esos casos, las formas organizativas se desarrollan inmediatamente después de la ocupación); tomas de parcelas colectivas (más de un lote) en forma individual, a medida que las familias “se van instalando”, aunque el control del uso del espacio se organiza en forma colectiva, se preservan espacios para calles, equipamiento, se respetan las medidas de los lotes, etc. y se desarrollan formas organizativas (con distinto nivel de formalidad) después de instaladas las familias; y tomas de parcelas individuales (o “lotes sueltos”), en forma individual y que no requiere de organización previa ni posterior, aunque muchas veces incluye formas de trabajo familiar (cooperación de familiares para ocupar el terreno).

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En ésta configuración, tanto la lógica del estado, como la del mercado, como la de la necesidad

impulsada por sectores ajenos al mercado formal y al estado, jugaron roles específicos a las

distintas fases de desarrollo. En suma, el proceso de transformación de la ciudad estuvo

encabezado, casi invariablemente, por promotores urbanos privados que al destacar como valor

esencial los usos del suelo y su valor económico, no hicieron más que expulsar y excluir a grandes

sectores de la población de la ciudad –primero con expulsiones hacia la periferia y luego mediante

el encapsulamiento en enclaves de pobreza-, convirtiendo al suelo en una mercancía escasa y

costosa, y dando lugar a la marginación, dinámicas de degradación y desequilibrio del espacio

urbano (Sánchez, s/f: 3). En este proceso, el Estado, también casi invariablemente en las distintas

fases, estuvo ausente en el desempeño de un rol planificador o contralor del desarrollo urbano,

aunque si desempeñó un rol subsidiario al mercado, al propiciar el marco-legal normativo preciso

para la producción del modelo de ciudad necesario en cada momento24. Y los sectores que no

accedieron a la ciudad vía el mercado y/o el estado no tuvieron más opción que construir su propia

ciudad mediante distintas modalidades de hábitat popular, en la mayoría de las veces, auto-

producidas.

Los resultados de la configuración territorial de las distintas fases de desarrollo dejan hoy en día

una mezcla de expansión territorial fragmentada y deterioro de la calidad urbana en la Buenos

Aires metropolitana. En la actualidad, más de un cuarto de la población porteña (Zapata, 2012), se

encuentra en situación de déficit habitacional, viviendo en situación sin techo y/o bajo algún tipo de

informalidad urbana -villas de emergencia, asentamientos precarios, casas tomadas, hoteles,

conventillos, etc.-. Los distintos modelos socio-económicos de país que se fueron sucediendo en

nuestra historia no hicieron más que aportar a la construcción de la estructura de nuestra ciudad

actual: una ciudad exclusiva, excluyente y, en definitiva, neoliberal.

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24 Siguiendo a Fritzsche F, y Vio M. (2005), un Estado que delega su función en los agentes privados para el desarrollo de la urbanización, delega también la posibilidad de incidir en la dinámica del proceso, en la configuración geográfica que asume y en los sectores sociales que incluye y excluye, a los que beneficia y a los que perjudica.

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