EXISTE UN SISTEMA SALTEÑO DE CONTROL JUDICIAL SOBRE LA AP

7/28/2019 EXISTE UN SISTEMA SALTEO DE CONTROL JUDICIAL SOBRE LA AP

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EXISTE UN SISTEMA SALTEO DE CONTROL JUDICIAL SOBRE LA

ADMINISTRACIN PBLICA?Marcela von Fischer

INTRODUCCIN

Este comentario pretende poner el acento en el estado actual del

contencioso administrativo local frente a la necesidad de iniciar una vasta

renovacin en la materia para adecuarla al actual modelo de

Administracin Pblica.La pregunta del epgrafe adquiere sentido cuando se comprueba la

vigencia en la provincia del Cdigo Procesal Contencioso Administrativo1

que ha seguido el modelo del denominado Cdigo Varela y que, a ms

de 100 aos de aprobado, no se adapta al estndar de la tutela judicial

efectiva, como tampoco se ajusta al esquema de una administracin

pblica compleja y que presenta mayor descentralizacin, adems de

negar contencin a los nuevos derechos e intereses colectivos

reconocidos al amparo de la reforma constitucional de 19942.

Si tal presupuesto normativo se conjuga, adems, con la existencia de un

nico juzgado de primera instancia3, cuyas resoluciones son recurribles

ante la Corte de Justicia, con carcter definitivo, la conclusin asoma sin

esfuerzo: Salta carece de un fuero especializado, comprobacin que

compromete la eficacia del control judicial de la Administracin Pblica 4.

Ello significa, desde la poltica legislativa, un desconocimiento del largo y

arduo camino transitado por la doctrina y jurisprudencia tanto verncula

como internacional a fin de lograr igualar a la Administracin y al particular

ante el Derecho y dar a cada uno lo que corresponde5.

JUSTIFICACIN DE UNA REFORMA

Bajo tales presupuestos, es necesario profundizar el dilogo entre las

distintas fuentes del derechos respecto de los institutos que integran la

materia procesal contencioso administrativa a fin de colaborar en la

1 Ley 793 de 1908.2 Ello es as, sin perjuicio de reconocer que la Corte de Justicia local, en ejercicio de sus facultadesde iniciativa legislativa, ha intentado, sin xito hasta el presente, revertir tal rmora al enviar dos

proyectos de ley impulsando la creacin de un nuevo juzgado de primera instancia en la materia

adems de procurar dar operatividad a la clusula transitoria cuarta de la Constitucin Provincial

con la creacin de la Cmara de Apelacin respectiva (Acordadas 10495 y 10504 de 2009), en la

bsqueda de sistematizar un fuero especializado en lo contencioso administrativo.3 Creado por ley 6569 (B.O., 21 de noviembre de 1989) con sede en la capital de la provincia,

destinado a entender en los juicios de expropiacin y contenciosos administrativos que se deduzcan

contra la Provincia, sus reparticiones autrquicas y municipalidades reclamando por la vulneracin

en su carcter de poder pblico de derechos subjetivos e intereses legtimos del accionante4 Resulta esencial tener presente que el control de la gestin administrativa se viabiliza a travs del

proceso contencioso administrativo, como su herramienta o instrumento.5 Confr. Toms Hutchinson, Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, pg. 352, Rubinzal

Culzoni, Buenos Aires, 2009.


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definicin del perfil de un ordenamiento moderno que recepte las reformas

constitucionales de 1994 y 1998 a nivel nacional y local respectivamente al

mismo tiempo que se permita concretar la configuracin de un fuero

especializado en la materia.

En un primer enfoque, pueden indicarse tres grandes razones que

justifican una reforma a fondo de las instituciones que se integran en el

Cdigo Contencioso Administrativo y la organizacin, de modo simultneo,

de una justicia especializada.

1. Como se adelantara, las reformas constitucionales de 1994 y 1998,nacional y local respectivamente, imponen la necesidad de adecuar el

Cdigo Contencioso Administrativo redactado en el contexto de la

Constitucin histrica, a fin de dar operatividad al principio de la tutela

judicial efectiva6 y el acceso irrestricto a la justicia, adems de provocar el

quiebre del dogma revisor propio del contencioso local y, con ello, la

superacin de recaudos de admisibilidad formal de la demanda tales

como el acto previo y el agotamiento de la va administrativa.

Tambin los nuevos derechos y garantas7 incorporados por dichas

reformas torna obsoleta la clsica distincin entre derechos subjetivos e

intereses legtimos, adems de reclamar el diseo de un proceso colectivo

que contenga las nuevas pretensiones relativas a intereses colectivos e

individuales homogneos.

2. Los procesos de integracin econmica y las oscilantes tendencias

privatizadoras y de publificacin de determinados bienes y actividades,

que provocan las polticas pblicas dejan su impronta en el perfil de

derecho administrativo, el que por naturaleza resulta extremadamente

sensible al modelo de Estado imperante. De ello se sigue la afectacin de

sus principios tradicionales, sus institutos y sus tcnicas. Tampoco result

ajena a nuestra realidad el fenmeno de la huida del derecho

administrativo8. Se requiere, entonces, iniciar un proceso de

modernizacin ya que el paradigma global avasalla las antiguas

concepciones, colocando a algunas especialidades jurdicas y a algunas

instituciones, entre ellas, la jurisdiccin contencioso administrativa, en el

dilema de adaptarse a los cambios y fortalecerse o entrar en un proceso

de decaimiento que puede conducir a buscarles sustitutos.

6 Arts. 8 y 25, Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica),

aprobada por ley 23054.7 Arts 42 y 43, C.N.8 ver, entre otros, Eduardo Garca de Enterra y Toms Ramn Fernndez, Curso de Derecho

Administrativo, tomo I, pgs. 393 y sgtes,, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 1999.


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Adems, la incorporacin de las nuevas tecnologas son adoptadas por las

normas de procedimiento en busca de mayor eficiencia. Tal comprobacin

deja su huella en el modelo de gestin administrativa que se perfile, lo cual

reviste una enorme trascendencia ya que el modelo de administracin

pblica, al decir de Luciano Parejo Alfonso, es la razn de ser del derecho

administrativo9.

3. En el contexto de las reformas instrumentadas en la organizacin de la

justicia provincial y que se han sucedido en los distintos fueros10 como

tambin en el orden territorial

11

, no alcanza a comprenderse porqu laestructura y dinmica de los juicios contencioso administrativos

permanecieron impermeables a aquellas cuando, precisamente, ha sido la

relacin de los particulares con el Estado la que ha sufrido el mayor

impacto en las ltimas dcadas, en un constante -si bien no siempre

fecundo- proceso de armonizacin entre las prerrogativas estatales y los

derechos de los administrados.

No obstante que a partir de 1989 con la creacin del juzgado contencioso

administrativo de primera instancia, la Corte de Justicia de Salta dej de

ser la instancia nica y originaria para todo conflicto en la materia, tal

estado de cosas demuestra una profunda deuda pendiente del legislador

local ya que los justiciables del interior de la provincia deben otorgar poder

a los letrados con oficinas en la capital de la provincia, encareciendo los

trmites y desanimando la promocin de demandas de menor cuanta

pero de carcter alimentario (por ej. en relacin al contrato de empleo

pblico), marcando, en definitiva, una abismal desigualdad respecto del

derecho al acceso al servicio de justicia entre los ciudadanos de una

misma provincia. Adems, el tan reclamado principio de inmediacin

contina siendo una utopa.

9 Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Administrativo. Barcelona. Ariel, 2003, p. 23.121. Al

respecto, Parejo explica que la administracin pblica es ciertamente un sujeto de derecho, pero lo

es bsicamente por razn de su completa o plena sumisin, tanto como a la Ley como al Derecho

de la que deriva el control total de la legalidad de su actuacin por los tribunales pero con la

particularidad de poder dentro de ciertos mrgenes establecer e incluso, crear unilateralmente el

derecho. Primariamente, la administracin es una organizacin y un poder pblico establecido parala accin, es decir para el servicio, con objetividad, de los intereses generales. Consecuentemente,se trata de un sujeto constituido por el orden constitucional para la realizacin de fines (los

intereses generales) que no le son propios (le viene dado desde fuera) mediante una actuacin

enteramente determinada por el Derecho.10 A modo de ejemplo, leyes nos. 7156 de creacin del juzgado de primera instancia de concursos,

quiebras y sociedades; 7441 de creacin de los juzgados de primera instancia en lo civil de

personas y familia de quinta y sexta nominacin; 7284 de creacin de los juzgados de primera

instancia de procesos ejecutivos. La profunda reforma cumplida en materia penal (ley 7690, B.O.

n 18726) y que tambin provoc la modificacin de la estructura de la Justicia Penal a partir de la

vigencia de la Ley Orgnica de la Justicia Penal promulgada por el Poder Ejecutivo por Ley 7716.11 Ley Provincial 7718 (B.O. 30/05/2012) que modific la Ley Orgnica del Poder Judicial,quedando el Poder Judicial de la Provincia organizado en cuatro distritos judiciales: Orn,

Tartagal, Centro y Sur, este ltimo dividido en dos circunscripciones: Metn y Anta.


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LAS LIMITACIONES DEL CDIGO VARELAMucho se ha dicho y escrito sobre el punto12 pero al mantenerse la

vigencia de tan arcaica legislacin resulta forzoso insistir en las

dificultades que este ordenamiento provoca para obtener el acceso

irrestricto a la justicia, como reconocimiento de un derecho humano

esencial13.

a. La competencia en razn de la materia

El cdigo procesal contencioso administrativo que rige desde 1908 enla Provincia, inspirado en la Ley de la Jurisdiccin Contencioso

Administrativa espaola de 1888, cuya concepcin en relacin a la

demandabilidad del Estado en el marco del Derecho Pblico responde

a dogmas ya superados, mantiene el estndar que acota el control

judicial a la denominada revisin de actos cuyo previo

cuestionamiento en sede administrativa ha fracasado14.

Resulta indispensable, entonces, ampliar la competencia a toda causa

o controversia que se origine en el ejercicio de la funcin administrativa

de cualquiera de los tres poderes del Estado y an extenderla respecto

de la actuacin de las personas pblicas no estatales. Debe recurrirse

a una concepcin material u objetiva sobre el concepto de funcin

administrativa, tanto en supuestos de conductas activas u omisivas.

b. El plazo de caducidad de la accin

12 A modo de ejemplo, ver Guido Santiago Tawil, El "Cdigo Varela" y la necesidad de una

profunda transformacin en lo contenciosoadministrativo provincial argentino. LL 1989-A , 1127.13 Recordar, al respecto, los casos Cantos vs. Argentina , sentencia de 28 de noviembre de 2002 y

el informe n 105/99, Caso 10.194, Narciso Palacios vs. Argentina del 29 de septiembre de 1999,

CIDH.

14 Reciente jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta contina sosteniendo que bajo las

premisas que rigen el sistema de asignacin de competencias jurisdiccionales y la normativa

procesal de la Provincia de Salta, el fuero contencioso administrativo resulta incompetente

(cuando), no obstante la invocacin de normas de derecho administrativo, de las constancias de la

causa surge que se trata de una cuestin ajena a dicha competencia en razn de la pretensin

planteada, al actuar como accionante la autoridad administrativa y no existir acto administrativo

denegatorio, a tenor de los arts. 1 y 26 del C.P.C.A., lo que lleva a la conclusin de la inexistenciade materia administrativa requerida para sustentar una demanda en los trminos de dicho cuerponormativo.Tambin precis que para que proceda la accin contencioso administrativa es preciso

que se produzca la vulneracin de un derecho de carcter administrativo reconocido por normas

preexistentes de ese carcter (arts. 1 y 26 C.P.C.A.). Y que, por su parte, el art. 2 de la ley 6569,

de creacin del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, establece que ser

de su competencia entender en los juicios de expropiacin y procesos contenciosos administrativos

que se deduzcan contra la Provincia, sus reparticiones descentralizadas y municipalidades,

reclamando por la vulneracin en su carcter de poder pblico, de derechos subjetivos e intereses

legtimos. As, concluy en que, a fin de precisar lo que debe entenderse por causa contencioso

administrativa y determinar el tribunal competente, habr de valorarse la presencia de dos datos

esenciales: la Administracin actuando como poder pblico en ejercicio de sus prerrogativascomo tal- y la lesin, por parte de la autoridad demandada, de una situacin jurdica administrativa

preexistente (Tomo 161: 693, 2011 y precedentes all mencionados).


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El Cdigo vigente establece un plazo fatal, perentorio e improrrogable

de 30 das hbiles judiciales para promover la nulidad de un acto

administrativo. Acreditada la notificacin al interesado de la resolucin

que agota la va administrativa, comienza a correr este exiguo trmino

cuyo desconocimiento conlleva la gravsima consecuencia de provocar

la prdida del derecho material en juego. Por ello se ha dicho que en

verdad constituye un verdadero plazo de prescripcin15.

Pese a las crticas que ha provocado tal norma por su carcter

restrictivo al acceso a la jurisdiccin, ha encontrado justificacin alsealar el Alto Tribunal local que el trmino de caducidad previsto por

el art. 12 del C.P.C.A. constituye una prerrogativa propia de la

Administracin Pblica, para que, en virtud de los postulados del

Estado de Derecho -entre los que se encuentran la justiciabilidad del

Estado y la divisin de poderes- ella pueda estar en juicio. Esto

significa, en otros trminos, la posibilidad de habilitar la competencia

de la rama judicial del gobierno para revisar la validez de los actos

emanados del Poder Ejecutivo y de los que -con la propiedad de

causar estado, por cerrar la discusin en sede administrativa-

emanan de los rganos y entes que se le subordinan, salvo los casos

de excepcin tambin establecidos por el legislador16.

Motivos de seguridad jurdica excusan la brevedad del plazo bajo el

argumento de la necesidad de dar estabilidad a los actos

administrativos en la bsqueda de equilibrio entre la prerrogativa

estatal y las garantas del particular.

Sin embargo, cabe reconocer el esfuerzo pretoriano por morigerar tal

privilegio estatal al restringir su aplicacin a los supuestos de

15 Cassagne, Juan Carlos, El acceso a la justicia administrativa, LL, 2004-D-1218. Pese a ello, laCorte de Justicia de Salta, con cita de la Corte Federal, ha sealado que no puede confundirse el

plazo de caducidad previsto por el art. 12 del Cd. Cont. Adm. con el plazo de prescripcin, pues el

primero no fue establecido para consolidar la adquisicin o extincin de un derecho por el

transcurso del tiempo, como ocurre en la prescripcin sino con el fin de que los actos de la

Administracin no queden expuestos a la eventualidad de su revocacin o anulacin por un lapso

indefinido. Asimismo, se sostuvo que, independientemente de las consideraciones que puedan

efectuarse acerca del valor o conveniencia de sujetar la promocin de la accin contenciosa altranscurso de trminos breves, lo cierto es que la facultad de las provincias de establecer plazos decaducidad para deducir demandas de este tipo, en cuanto se limite a la reglamentacin del ejercicio

de las acciones acordadas en el orden provincial, constituye una manifestacin de los poderes no

delegados por los estados locales al Gobierno Nacional como lo es el de organizar su propio

rgimen jurisdiccional y administrativo.

As, sostuvo que, en la medida que dichos plazos no restrinjan derechos acordados por leyes de la

Nacin, no resultan susceptibles de la tacha de inconstitucionalidad. El instituto de la prescripcin

ha sido establecido para consolidar la adquisicin o extincin de un derecho por el transcurso del

tiempo, a diferencia de la caducidad que atiende el propsito de dar estabilidad al obrar

administrativo, asegurando su firmeza. No se observa una identificacin entre caducidad y

prescripcin, pues ambos institutos coexisten sin entrar en colisin (Tomo 54:883; 107:587,144:1065).

16 CJS, Tomo 123:917


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denegatoria expresa por parte de la Administracin. Los casos de

retardacin, denegatoria tcita o reclamo previo se encuentran exentos

de tal plazo para demandar, salvo, obviamente, el de prescripcin17.

Finalmente y en consonancia con los postulados que imponen la

normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de los Derechos

Humanos18, el principio in dubio pro actione constituye el estndar

que rige el acceso a la justicia: de acuerdo con el cual el examen de

las condiciones formales de admisibilidad de la demanda contencioso

administrativa, no se compadece con el excesivo rigor de losrazonamientos lgicos, pues lo esencial es dar a las normas

procesales un alcance acorde con el contexto general y los fines que

las informan, a fin de posibilitar al demandante la tutela judicial efectiva

de sus derechos, en consonancia con la garanta prevista por el art. 18

de la Constitucin Nacional19.

c. El agotamiento de la va administrativa

Qu significa en realidad agotar la va administrativa? La experiencia

indica que tal expresin posee un significado unvoco: Transitar la

denominada por Garca de Enterra carrera de obstculos que

propone la administracin -sucesin estril de recursos o reclamos-

para siempre concluir en el mismo punto: promover la demanda, luego

de una ingente perdida de tiempo, dinero y bajo la amenaza constante

de ver frustrado de antemano el derecho sustancial que se reclama 20.

Por ello, un sector mayoritario de la doctrina propugna, bajo el prisma

de la tutela judicial efectiva, que el sistema de recursos y reclamos

debe ser una herramienta voluntaria, optativa, para procurar conocer la

voluntad de la Administracin antes de promover una demanda pero

nunca para constituirse en un obstculo para el ejercicio de un

derecho21.

d. el solve et repete

En el cdigo vigente, con arreglo a su art. 28 esta prerrogativa fiscal no

admite excepciones y la interpretacin de la Corte de Justicia local ha

17 CJS, Tomo 144:1065; 153:877.18 Informe 105/99 de la C.I.D.H. en el caso Narciso Palacios-Argentina.19 CJS, Tomo 98:855; 99:1069; 100:269, 377, 119:813 entre otros.20 Es que su percepcin como un intento de producir una instancia conciliatoria anterior al pleito

para que la Administracin pueda enmendar su error, revisar el caso y promover el control de

legitimidad, (CJS, tomo 119:813, entre otros) no encuentra correlato en la realidad de las oficinas

de la Administracin, donde los recursos, reclamos o denuncias slo prosperan de modo

excepcional.21 Consultar al respecto, Cassagne .Perrino, El nuevo proceso contencioso administrativo en la

Provincia de Buenos Aires, 2003, Lexis Nexos, pg. 189 y sgtes, en especial nota 25.


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extendido su exigibilidad a las multas pese a su naturaleza

sancionatoria continuando con una lnea de interpretacin consonante

con la elaborada por la Corte Federal de modo inveterado22. La

aplicacin de este recaudo slo se ha flexibilizado frente a la

constatacin de una fuerte desproporcin entre la suma que se debe

ingresar y la capacidad econmica o el estado patrimonial del

contribuyente23.

Si perjuicio de lo expuesto, cabe resaltar una inaugural postura en la

Corte de Justicia local que, en su ltima composicin ha receptado lastendencias doctrinarias ms avanzadas en el punto24, no slo

excluyendo a las multas del alcance del depsito previo, sino

postulando la eliminacin de su exigencia en todos los supuestos o,

permitiendo su sustitucin o reemplazo por algn medio que garantice

su satisfaccin oportuna: seguro de caucin o garantas reales, por

ejemplo25.

e. La legitimacin procesal

El Cdigo an vigente en su art. 1 centra en la titularidad de un

derecho de carcter administrativo26 el acceso a la jurisdiccin en la

materia,.Si bien luego ampliada tal legitimacin por la ley 6569, de

creacin del juzgado contencioso administrativo, a la vulneracin de

intereses legtimos del accionante, tal esquema resulta, como se

adelantara, insuficiente para dar cobertura a los nuevos derechos y

garantas incorporados por los arts. 42 y 43 de la Constitucin

Nacional27, adems de recordar la ineficacia de efectuar clasificaciones

dogmticas en una cuestin donde lo sustancial para otorgar

legitimacin activa es la comprobacin de la afectacin, lesin o

desconocimiento de un derecho o inters propio protegido por el

ordenamiento jurdico28.

22 CSJN, Fallos, 285:302; 323:3012, entre muchos otros.23 CSJN, Fallos, 285:302; 321:1741; 324:3722, entre otros.24 Rodolfo Spisso, Carlos M. Giuliani Fonrouge, Enrique G. Bulit Goi, entre otros destacados

tributaristas.25 Votos de los Dres. Cornejo y Vittar en Aerolneas Argentina, Tomo 140:891, entre otros. Enrelacin a la sustitucin del pago previo, ver tomo 139:751, in re: Wester Geco S.A.26 es decir, con exclusin de los titulares de derechos de carcter civil, comercial o laboral, en la

inteligencia del Cdigo Varela.27 Sin perjuicio de recordar que el art. 47 del CPCC (ley 7566) , de aplicacin supletoria a la

materia (art. 23, CPCA), incorpor la representacin en caso de intereses difusos, colectivos o de

grupos indeterminados: En las cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores

culturales o histricos y en las que conciernen a un grupo indeterminado de personas, estarn

legitimados para promover el proceso pertinente, indistintamente, el Ministerio Pblico, las

instituciones o asociaciones de inters social.28 Ver al respecto el art. 13 del Cdigo Procesal Contencioso Administrativo de la Pcia. de BuenosAires, ley 12.008 (BO del 3/11/97) y sus modificatorias, que entr en vigencia en diciembre de

2003.


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f. Las pretensiones procesales29

Un ordenamiento procesal que slo habilite a perseguir la nulidad de

una decisin de la Administracin y con fuertes restricciones en torno a

la intensidad de tal control judicial no se corresponde con el estndar

de una jurisdiccin plena inherente al principio del Estado de

Derecho30. Cabe, entonces, propiciar la superacin del modelo del

llamado juicio al acto y disear un sistema que se estructure en base

al principio de unidad de accin con pluralidad de pretensiones talescomo anulatoria o impugnatoria, de reconocimiento de derechos e

intereses, indemnizatoria, meramente declarativa, de cese de vas de

hecho, prestacional, etc. De tal manera, se supera el dogma revisor de

la jurisdiccin contenciosoadministrativa y se reconoce el control de

legalidad formal y material de los comportamientos de la

Administracin , incluso de la discrecionalidad administrativa cuando

no se respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

g. Las medidas cautelares

Conforme la actual normativa, solamente se admite la suspensin de la

ejecucin de las resoluciones administrativas reclamadas cuando su

cumplimiento pudiere producir perjuicios irreparables31. Se trata de una

prohibicin de innovar sujeta al requisito principal de la irreparabilidad

del dao que la ejecucin del acto causara. Si bien la jurisprudencia

ha flexibilizado tan aeja concepcin, es necesario adoptar una

regulacin amplia que comprenda medidas de urgencia conservativas

y tambin satisfactivas, incorporando aquellas que implican la

anticipacin de la tutela32.

29 Como lo seala Hutchinson, las pretensiones en el esquema del proceso administrativo son un

elemento clave. Son las que determinan las cuestiones que pueden ser sometidas a los jueces, y endefinitiva, y lo que es ms importante, constituyen lo que stos pueden resolver; es decir,

circunscriben el alcance de sus decisiones (conf., Derecho Procesal Administrativo, Tomo II, pg.

20, Rubinzal Culzoni, 2009).30 Consultar la Exposicin de Motivos del Cdigo Modelo de Procesos Administrativos Judicial

y Extrajudicial- para Iberoamrica, aprobado por la Asamblea General de Instituto Iberoamericano

de Derecho Procesal con ocasin de las XXIII Jornadas Iberoamericanas de derecho Procesal,

ocurridas en Bs. As., el da 8 de junio de 2012.31 Art. 20 del Cdigo Procesal Contencioso Administrativo.32 Resulta interesante tener presente el precedente donde, de modo excepcional, la Corte de

Justicia de Salta concedi una medida cautelar autnoma mientras se resolva un recurso

administrativo y la Administracin mantuvo silencio ante el pedido de suspensin solicitado en el

marco del art. 81 de la ley de procedimientos administrativos. Seal que La posibilidad de

disponer la suspensin como medida autnoma deviene de la necesidad de una ms amplia

interpretacin del artculo 20 del CPCA.. con fundamento en la garanta de debido proceso que

impregna el procedimiento administrativo, en relacin a la cual se encuentran vigentes los

principios de tutela efectiva en los mbitos judicial y administrativo- y de acceso a la jurisdiccin,

tutelados por los tratados internacionales con jerarqua constitucional (arts. 75, 22 Const. Nac.).

Agregando que la presuncin de legitimidad de los actos administrativos, insoslayable en elanlisis de la peticin cautelar contra una decisin administrativa y que en principio obsta a su

procedencia a menos que se com-prueben los exigentes extremos requeridos, debe imponerse con


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h. La ejecucin de sentenciasEn el mbito provincial siguiendo el modelo del Cdigo Varela, en el

supuesto de resultar la sentencia contraria al acto impugnado, deber

intimarse a la vencida al cumplimiento de la resolucin judicial dentro

del trmino fijado en sta (art. 74)33.

Siguiendo en ello a la ley espaola de 1888, se reconoce la

denominada suspensin o expropiacin de la sentencia al admitir la

posibilidad de que la administracin vencida en pleito obtenga lasuspensin de la ejecucin de la sentencia en forma temporal o

definitiva, indemnizando los perjuicios que pudiera sta causar.

De lo expuesto, fcil es concluir en que tal procedimiento, como

consecuencia de las leyes de emergencia34, que otorgaron carcter

declarativo a las sentencias condenatorias contra el Estado, troc en

letra muerta. Resulta imperativo, entonces, prever un sistema gil de

ejecucin forzada de sentencias contra la Administracin, que respete

la clusula constitucional que admite los embargos de bienes pblicos

no afectados a la funcin asistencial del Estado 35, as como la fijacin

de multas punitivas y coercitivas, adems de prdidas y daos a favor

del acreedor por atraso en el cumplimiento de la orden 36.

i. Los mtodos alternativos de resolucin de conflictos

En el contexto de una reforma profunda, no debe olvidarse la efectividad

de los mecanismos alternativos de resolucin de disputas, en especial la

mediacin37,salvo en los casos de nulidad de actos administrativos. El uso

un criterio menos riguroso cuando se advierte falta de respuesta al interesado en sede

administrativa, por cuanto el obrar omisivo contraviene tanto la garan-ta del debido proceso como

el derecho a una resolucin fundada que cabe reconocer a todo interesado en el procedimiento

administrativo, de acuerdo a los arts. 18, 25 y 86 de la Const. Pcial(conf. Tomo 112: 799, in re:Benavides)33 Transcurridos 60 das desde el vencimiento de tal plazo, el vencedor podr pedir al tribunal que

mande llevar adelante en forma directa la ejecucin (art. 76), determinando expresa y

taxativamente lo que cada funcionario debe hacer y el trmino en que debe verificarlo (art. 78).

Interesante resulta en ese sentido la previsin del Cdigo en su art. 79, al disponer que "cualquiera

sea la disposicin que la Suprema Corte mande cumplir por los empleados o funcionarios de la

administracin, stos debern hacerlo, aun cuando no exista ley que lo autorice, aun cuando hayaley que lo prohba y aun cuando sus superiores le ordenasen no obedecer". Vencidos los plazos sinque el funcionario o empleado cumpla lo ordenado, contempla el Cdigo la posibilidad de hacer

efectiva la responsabilidad de ste ejecutando sus bienes propios, por la va de apremio, sin que

obste para ello la renuncia del empleador posterior a la comunicacin que le ordenaba llevar

adelante la ejecucin (arts. 80 a 84). Tal accin resulta, por supuesto, independiente de la

responsabilidad penal del funcionario por el incumplimiento, encuadrada generalmente en la figura

del desacato (art. 83).34 ley 6583 (B.O. N 13.403, del 23 de marzo de 1990), sus modificatorias y sucesivas prrrogas.35 Art. 5, Constitucin Provincial36 ver modelo del Cdigo Iberoamericano citado.37 Regulada en la provincia por ley 7324 (B.O. N 17.016.), si bien sus arts. 10 y 11 excluyen los

procesos de competencia en lo contencioso administrativo y todos aqullos en que estuvieren en

juego normas de orden pblico o se tratare de derechos indisponibles para las partes.


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de medios alternativos de solucin de controversias con la Administracin

debera estar sujeta a los siguientes principios:

Legalidad: los acuerdos con la Administracin destinados a prevenir o

extinguir un litigio, deben estar respaldados en el principio de legalidad de

manera de garantizar la no afectacin del patrimonio pblico o su

conformidad con el ordenamiento jurdico;

Isonoma: Los acuerdos que envuelvan normas administrativas o

actuaciones de alcance general deben alcanzar a todos aquellos que se

encuentren en la misma situacin fctica, aunque no hayan participado deesos acuerdos;

Disponibilidad: Solamente se podr hacer uso de otros mecanismos de

solucin de conflictos, cuando la materia en controversia sea disponible

para las partes.

Cosa juzgada: El acuerdo objeto de mediacin no requiere homologacin

judicial, y el acto que lo contenga tiene eficacia equivalente a la de cosa

juzgada.

Revisin del acuerdo: El acuerdo solamente ser judicialmente revisado

en caso de existencia de vicios que generen nulidad absoluta o de hechos

nuevos, sobrevinientes.

Cumplimiento: Ser garantizado el cumplimiento de los acuerdos y de las

decisiones obtenidos por medio de los mecanismos de solucin de

conflictos. El interesado podr recurrir a la jurisdiccin para obtener la

ejecucin forzada de los acuerdos que se produzcan por el uso de tales

mtodos.

REFLEXIN FINAL

Las singularidades de la regulacin normativa an en vigor38 demuestran

la urgencia de replantear los problemas del derecho pblico local y

otorgan plena validez a las palabras del maestro Fiorini al resaltar la crisis

del contencioso administrativo hace casi cincuenta aos atrs, al sealar

que todos los actos, instituciones y principios, que esta novel disciplina

crea afirmar con vocacin de permanencia, han sufrido la arrolladora

acometida; y el contencioso, que solo exhibe el proceso de la contienda

administrativa, no es ni puede ser lo que fue. Slo quedan los trminos

que no expresan los nuevos contenidos; por eso es noble labor intelectiva

y docente bucear qu es lo que ha quedado, pese al devenir de lo que no

es...39

38 Aqu apuntadas de modo sumamente acotado.

39 Bartolom A. Fiorini, Qu es el Contencioso, pg. 8, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965.

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