EXAMEN D1

1. Establezca la afirmación correcta:

a. Los principios generales del derecho permiten interpretar e integrar el sistema. b. La interpretación de las normas permite establecer el sentido literal de un

enunciado normativo. c. En el ordenamiento jurídico peruano no existen mecanismos que permitan

integrar el sistema. d. Solo la ley formal es fuente del derecho.

2. Establezca la afirmación correcta:

a. Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas, se debe

aplicar la norma posterior, aun cuando sea de menor jerarquía. b. Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas, se debe

aplicar la ley general sobre la ley especial. c. Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas se debe

aplicar la ley especial sobre la ley general. d. En el ordenamiento jurídico jamás se presenta una situación en la cual un

supuesto de hecho esté regulado por dos o más normas jurídicas. 3. Establezca la afirmación correcta:

a. Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos con anterioridad a su

entrada en vigencia. b. Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos durante el tiempo que

estuvieron vigentes. c. Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos después del momento en

que dejaron de estar vigentes. d. Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos con anterioridad a su

entrada en vigencia, así como aquellos ocurridos durante el tiempo que estuvieron vigentes.

4. La Constitución Política de 1993 establece que el debido proceso es un derecho y

principio de la función jurisdiccional, conjuntamente con la tutela judicial efectiva. Ambos derechos dan contenido a lo que el Código Procesal Constitucional ha denominado, en términos más amplios, como tutela procesal efectiva.

Al respecto, señale la opción correcta:

a. El debido proceso y la tutela judicial efectiva son derechos solamente exigibles en

un escenario estatal de carácter público. b. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado un contenido amplio

para el debido proceso y un contenido más reducido para la tutela judicial efectiva.

c. El debido proceso y la tutela judicial efectiva son derechos solamente exigibles en un escenario procesal o jurisdiccional.

d. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado un contenido amplio para la tutela judicial efectiva y un contenido más reducido para el debido proceso.

5. Luis Miguel Sirumbal Ramos y más de 5000 ciudadanos interponen demanda

inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley N.º 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, y la Ley N.º 28925, Ley que Modifica la Ley N.º 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.

Los demandantes señalan que las normas impugnadas pretenden que las organizaciones privadas brinden al Estado información que no contiene un interés público o social que justifique objetivamente su intromisión o de los particulares. Y ello significa una vulneración evidente del derecho a la vida privada.

Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es incorrecto afirmar que:

a. La “vida privada” incluye un ámbito que sí admite algunas intervenciones que

habrán de ser consideradas como legítimas, según se vea caso por caso, como por ejemplo la vinculada con el derecho a la inviolabilidad de domicilio.

b. La intimidad de las personas busca proteger un ámbito estrictamente personal y que, como tal, resulta indispensable para la realización del ser humano, a través del libre desarrollo de su personalidad.

c. Para el caso de las personas jurídicas, ellas son plenamente titulares del derecho a la intimidad, en la medida que pretenden el desarrollo de una personalidad entendida como el cumplimiento de determinados fines.

d. Para las personas jurídicas, “vida privada” está constituida por datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados solo a su conocimiento, y cuya divulgación por otros ocasionaría algún daño.

6. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) interpuso demanda de

amparo contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de que se declare inaplicable el Decreto de Alcaldía N.º 060-2003, que declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección dentro del centro histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay.

Sobre el derecho de reunión, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es incorrecto afirmar que:

a. La elección del lugar de congregación debe quedar siempre a discreción de la

voluntad de los celebrantes, pues toda restricción o prohibición de la reunión la vaciaría de contenido.

b. El derecho de reunión alcanza su propósito en atención a la proximidad física de los reunidos con aquellas personas o entidades destinatarios de las ideas, reclamos o pedidos.

c. El derecho de reunión se ejerce en un lugar de celebración concreto. La selección del lugar en el que se lleve a cabo es vital para el libre ejercicio del derecho de reunión.

d. El derecho de reunión alcanza su propósito en atención a que el lugar escogido es representativo de la expresión o manifestación misma a la que la congregación sirve de instrumento.

7. Un ciudadano plantea una acusación constitucional contra los tres congresistas de una

determinada región por el contenido de los votos que emitieron cuando se discutía la posibilidad de conceder un canon minero para beneficio de las provincias de la citada región. Estima el ciudadano que dicha actuación es contraria a los intereses de la región por la cual han sido elegidos y a la que, constitucionalmente, deben representar.

Al respecto, es incorrecto afirmar que:

a. Los congresistas gozan de inmunidad, por lo que no pueden ser acusados

constitucionalmente hasta cinco años después de que hayan terminado sus mandatos.

b. Si el cargo imputado fuese reconducido a la causal de delito cometido en el ejercicio de la función, correspondería iniciar un procedimiento de antejuicio.

c. Los miembros del Congreso tienen inviolabilidad de votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, por ello no son pasibles de ser procesados por los cargos imputados.

d. El cargo imputado puede ser canalizado bajo la causal de infracción de la Constitución, por lo que correspondería seguírseles un juicio político.

8. De acuerdo con la Constitución Política, el Perú es un estado unitario y

descentralizado.

Al respecto, sobre la organización territorial del ejercicio del poder político, es incorrecto afirmar que:

a. En el Estado Federal, ante una materia sin responsable previsto, o

insuficientemente determinada, su desarrollo corresponderá a los Estados federados. En el Estado Unitario, ello corresponderá al Gobierno central.

b. En el Estado Unitario existe una sola soberanía, lo que no ocurre en el caso de los Estados Confederados (como las uniones aduaneras y los mercados comunes) y de los Estados Federales.

c. En la desconcentración se busca facilitar la realización de algunas actividades, bajo la idea de que estas no se den en un solo lugar o por un solo grupo humano, pero sin cuestionar la titularidad de quien toma sus decisiones.

d. La descentralización supone la transferencia de competencias del Gobierno Central a las entidades descentralizadas; en tanto que en la desconcentración ocurre la delegación de competencias a las instancias desconcentradas.

Caso. Responda las tres (3) preguntas que siguen al caso. Anita Romero Amoretti ha interpuesto de manera verbal demanda de hábeas corpus, a favor de Nidia Baca Barturén, contra el Director de la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, el Director de la Sanidad de la Policía de Chiclayo, y el Presidente Regional de Lambayeque. Mediante ella solicita que se ordene la alta de la cadete Baca Barturén, a fin de que continúe sus estudios como cadete en la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, por considerar que el internamiento en dicho hospital vulnera sus derechos a la dignidad, a la libertad personal individual y a no ser discriminada por razón de sexo. Alega que la cadete Baca se encuentra internada en el Hospital Regional de la Sanidad de la Policía de Chiclayo, debido a que en días anteriores se le había diagnosticado su estado de

embarazo, pero que su internamiento es injustificado puesto que se encuentra en buen estado de salud. Agrega que desde que fue conocida su condición de gestante, ha sufrido tratos discriminatorios al interior de la Escuela Superior Técnica de Policía de Chiclayo, pues durante su internamiento se le ha notificado que se le ha instaurado proceso administrativo disciplinario por estar embarazada, que concluyó con su expulsión. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha destacado que ha recibido diversas quejas de discriminación por embarazo que se habrían cometido en las escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, donde inclusive se ha referido el caso de una cadete de Lima que fue expulsada de la Escuela de Oficiales de la PNP por encontrarse en estado de gestación; y otra cadete de Piura que habría sido obligada a firmar su renuncia por estar embarazada. 9. Sobre el proceso de hábeas corpus descrito, es correcto afirmar que:

a. En tanto se ha interpuesto una demanda de hábeas corpus, este proceso no

puede ser convertido en un proceso de amparo, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el Tribunal Constitucional para tal fin.

b. La demanda de hábeas corpus, como la de acción popular, tiene la característica de su informalidad, por lo que puede ser interpuesta por cualquier persona a favor del agraviado, y bajo cualquier forma o medio.

c. El Presidente Regional de Lambayeque carece de legitimidad para obrar pasiva, no así el Director de la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo y el Director de la Sanidad de la Policía de Chiclayo.

d. Por las circunstancias especiales del caso, corresponde la intervención en este proceso del Ministerio Público, así como también resulta procedente la solicitud de una medida cautelar de innovar.

10. Respecto de la regulación administrativo disciplinaria de la Escuela Superior

Técnica de Policía de Chiclayo, es incorrecto afirmar que:

a. El juez constitucional puede cuestionar tanto la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria, como el establecimiento de esa determinada conducta tipificada como infracción “muy grave”, “grave”, “leve” o “muy leve”.

b. El juez constitucional puede cuestionar la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria, sobre todo en el caso de que la conducta tipificada lo haya sido de manera oscura o ambigua.

c. El juez constitucional puede cuestionar la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria, pero no puede cuestionar el establecimiento de esa determinada conducta tipificada como infracción “muy grave”, “grave”, “leve” o “muy leve”.

d. El juez constitucional, dentro del desarrollo de la “constitucionalización del Derecho” puede cuestionar la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria.

11. Respecto de los derechos involucrados, es incorrecto afirmar que:

a. El embarazo de una alumna, cadete o estudiante no es un hecho que pueda

limitar o restringir su derecho a la educación. Por ello, ninguna autoridad pública puede impedirle a una mujer estudiar normalmente por su estado de embarazo.

b. Cualquier norma que se ocupe de tipificar la maternidad como causal de infracción o falta en el ámbito educativo debe ser inaplicada por los jueces, por ser contraria a los derechos a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.

c. La decisión de una mujer de contraer embarazo y de concluirlo con el nacimiento de una nueva vida humana es una de aquellas opciones más internas que se encuentran protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

d. El mantener a la cadete demandante internada, sin que existiera razón alguna que justificara dicha decisión, al presentar un embarazo normal y sin complicaciones, constituye una vulneración del derecho a la libertad personal.

12. Marque la respuesta correcta:

a. En un proceso de amparo no está permitido incorporar medios probatorios con

posterioridad a los actos postulatorios. b. Según el Tribunal Constitucional una demanda de amparo contra amparo puede

proceder más de una vez si la vulneración del derecho constitucional es manifiesta.

c. Por regla general, en un proceso de amparo solo proceden medios probatorios que no requieren actuación.

d. No es posible iniciar un proceso de amparo en contra de una sentencia dictada en otro proceso de amparo.

13. Marque la respuesta correcta:

a. En todos los casos, el trámite para dictar un medida cautelar en un proceso de

amparo es igual al regulado para el proceso civil. b. La solicitud cautelar que tiene por objeto dejar sin efecto un acto administrativo

dictado en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional se dicta sin correr traslado a la parte demandada.

c. Ninguna sentencia dictada en un proceso de amparo es de actuación inmediata. d. Los procesos de amparo que tienen por objeto el cuestionamiento de una

resolución judicial son conocidos en primera instancia por el juzgado especializado.

14. Acceso a la corte interamericana de derechos humanos:

a. Los individuos, una vez agotado el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ésta no lo hace, pueden, cumpliendo ciertos requisitos, presentar su caso (demanda) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

b. Los individuos, una vez agotado el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ésta no lo hace, no pueden presentar su caso (demanda) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c. La Corte Interamericana puede conocer casos relativos a un Estado bajo la condición única que sea Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

d. La Corte Interamericana puede conocer casos relativos a un Estado bajo la condición única que sean Miembros de la Organización de Estados Americanos.

15. El sistema interamericano de derechos humanos:

a. Se forma a partir de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según mandato expreso de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.

b. Recibe denuncias de los individuos únicamente contra los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

c. Las denuncias que recibe pueden referirse a violaciones de los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) únicamente respecto de los Estados Partes en el Protocolo Adicional en materia de DESC (Protocolo de San Salvador).

d. Las denuncias que recibe, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pueden comprender violaciones de los Derechos Civiles y Políticos así como ciertos Derechos económicos, sociales y culturales.

16. Matías, en representación de Pedro, vende el automóvil de este a Joaquín,

empero, el poder solo lo facultaba para darlo en arrendamiento:

a. La compraventa es nula por falta de manifestación de voluntad de Pedro. b. La compraventa es anulable por cuanto Joaquín desconocía el defecto del poder. c. La compraventa es ineficaz respecto de Pedro, quien puede ratificar el acto. d. Joaquín puede pedir la rescisión del contrato, por configurar venta de bien ajeno.

17. Juan otorga poder a favor de Martín para que venda su casa a un precio no

menor a US$ 30 000 al contado. Martín se lo vende a sí mismo a US$ 55 000,00 depositando esa suma en la cuenta bancaria de Juan:

a. La venta es ineficaz respecto de Juan. b. La venta es anulable por tratarse de acto jurídico consigo mismo. c. La venta es nula por tratarse de un caso de doble representación que no estuvo

autorizado por Juan. d. La venta es válida por cuanto el contenido del acto jurídico excluye la posibilidad

de conflicto de intereses. 18. Federico tiene las siguientes deudas frente a Gastón:

- US$ 10,000 desde el 15 de febrero de 2011 por la compra de una moto. - US$ 25,000 desde el 20 de febrero de 2010 por un mutuo con garantía

hipotecaria. - US$ 2,000 con 2% mensual de interés compensatorio desde el 15 de marzo de

2011. - US$ 130,000 en 1.5% mensual de interés compensatorio desde el 20 de abril de

2011. Federico entrega US$ 2,000 sin expresar a qué deuda se imputa:

a. Se imputa a la deuda de US$ 2,000 con 2% de interés por ser la más onerosa para Federico.

b. Se imputa a la deuda de US$ 130,000 con 1.5% de interés por ser la más onerosa para Federico.

c. Se imputa a la deuda de US$ 25,000 en hipoteca por ser la más antigua. d. Se imputa a la de US$ 10,000 por ser la más garantizada.

19. ¿Es posible limitar la responsabilidad de antemano?

a. Sí, en todos los casos. b. Sí, solo en los casos de dolo y culpa inexcusable. c. No se puede limitar la responsabilidad, ello atenta contra el orden jurídico. d. Sí, salvo en los casos de dolo y culpa inexcusable.

20. Sobre el mandato es cierto que:

a. El mandato se presume sin representación. b. El mandato no se extingue con la muerte del mandate pues sus herederos lo

suceden en la relación contractual. c. Los acreedores del mandatario pueden hacer valer sus derecho sobre los bienes

que este ha adquirido en ejecución del mandato. d. Son válidos los actos que realiza el mandatario antes de conocer la extinción del

mandato. 21. Señale cuál es la mejor terna que contiene elementos de validez del acto

jurídico:

a. Manifestación de voluntad, objeto física y jurídicamente posible, certificación notarial.

b. Plazo, lugar y modo. c. Agente capaz, representante y fecha. d. Agente capaz, fin lícito, formalidad establecida, bajo sanción de nulidad.

22. Respecto a las partes de la obligación, es correcto afirmar que:

a. Está compuesta únicamente por una persona como deudor y otra como acreedor. Si existiesen más deudores o acreedores, estaríamos frente a un contrato.

b. Si existe pluralidad de sujetos como acreedores o deudores, se presume que estos son solidarios entre sí.

c. Si existe pluralidad de sujetos como acreedores o deudores, se presume que estos son mancomunados entre sí.

d. La pluralidad de sujetos sólo puede presentarse en el lado del deudor y nunca en el acreedor.

23. Respecto de la prestación de las obligaciones, señale la respuesta correcta:

a. El deudor puede pagar con un bien distinto, siempre que sea de mayor valor. En consecuencia, el acreedor está obligado a recibir dicho bien como pago.

b. En caso se haya pactado prestaciones alternativas, el deudor es quien elige cuál cumplir, salvo pacto en contrario.

c. En caso se haya pactado prestaciones alternativas, un tercero nunca puede ser quien escoja la prestación a entregarse.

d. En caso se haya pactado prestaciones alternativas, el acreedor es quien elige cuál cumplir, salvo pacto en contrario.

24. Respecto al incumplimiento de obligaciones, es incorrecto afirmar que:

a. En caso que el deudor incumpla sus obligaciones, está sujeto al resarcimiento del daño moral que su incumplimiento origine.

b. El deudor que incumple sus obligaciones está sujeto a pagar la indemnización correspondiente, salvo que acredite que actuó con culpa leve.

c. El deudor que incumple sus obligaciones está sujeto a pagar la indemnización correspondiente, salvo en lo que respecta a los daños que el acreedor pudo evitar usando su diligencia ordinaria.

d. El perjudicado con el incumplimiento debe acreditar que el deudor actuó con dolo o culpa inexcusable.

25. Según las normas del Código Civil sobre el contrato de compraventa, es

correcto afirmar que:

a. Las partes pueden determinar que el precio sea fijado unilateralmente por una de ellas.

b. Por el derecho de retracto un tercero puede subrogarse en el lugar del vendedor y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa.

c. Por el pacto de retroventa el vendedor puede resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial.

d. En la compraventa de un bien futuro el contrato se encuentra sujeto a condición resolutoria.

26. Sobre el contrato de arrendamiento, es correcto que:

a. El copropietario de un bien indiviso no pueden darlo en arrendamiento sin el

consentimiento de los demás copropietarios. b. El plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder los 20

años. c. El subarrendatario debe pagar la renta alternativamente, al subarrendador y al

subarrendatario. d. Se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada únicamente mediante

aviso judicial al arrendatario. 27. Según el ordenamiento jurídico, en los contratos de locación de servicios es

verdad que:

a. El locador queda subordinado al comitente por el plazo convenido para la prestación del servicio.

b. El comitente queda obligado al pago de una retribución al locador. c. Este tipo de contratos puede tener una duración indeterminada, no habiéndose

establecido plazo máximo en la norma. d. Son materia de este contrato solo los servicios de tipo material.

Caso. Responda las seis (6) preguntas que siguen al caso. Carlos y Teresa contrajeron matrimonio civil hace un año. Poco días después de cumplir el año de casados Teresa descubrió que Carlos le había sido infiel, pues encontró la partida de nacimiento de un hijo extramatrimonial reconocido voluntariamente por su cónyuge y que en ese momento tenía tan solo dos meses de vida por lo que había sido concebido durante la vigencia del matrimonio de Carlos y Teresa. Ella, con el mérito de la partida de nacimiento del hijo, interpone una demanda de divorcio por causal de adulterio. 28. Sobre la tramitación de esta demanda:

a. Se sujeta al trámite de un proceso de conocimiento y solo se impulsará a pedido de parte.

b. Se sujeta al trámite de un proceso abreviado y solo se impulsará a pedido de parte.

c. Se sujeta al trámite de un proceso de conocimiento y se impulsará de oficio. d. Se sujeta al trámite de un proceso abreviado y se impulsará de oficio.

29. Sobre la actuación del Ministerio Público en este proceso:

a. Actúa como parte en el proceso y, como tal, no emite dictamen. b. No es parte en el proceso y, por ello, no emite dictamen. c. Actúa como parte en el proceso y, como tal, emite dictamen. d. No es parte en el proceso y, por ello, no emite dictamen.

30. Sobre la pretensión:

a. Debe acumularse a la pretensión principal la pretensión de alimentos salvo que, sobre esta última, hubiera decisión judicial firme.

b. Debe acumularse a la pretensión principal la pretensión de alimentos aunque, sobre esta última, hubiera decisión judicial firme.

c. No es posible acumular las pretensiones accesorias, por ejemplo de un proceso de alimentos, que tuviera decisión judicial consentida, aunque fuera para solicitar su variación.

d. No cabe solicitar, respecto de ella, ningún tipo de medida cautelar. 31. Si Carlos y Teresa decidieran iniciar un proceso de separación convencional

y divorcio ulterior luego de haber cumplido dos años de casados:

a. El fiscal de familia debe emitir dictamen a favor que la demanda de separación de cuerpos sea declarada fundada.

b. El fiscal de familia debe emitir dictamen en contra de que la demanda de separación de cuerpos sea declarada fundada.

c. El fiscal de familia no podría emitir dictamen en este proceso. d. El fiscal de familia debe emitir dictamen a favor de que la demanda sea declarada

improcedente.

32. Sobre el convenio que Carlos y Teresa tendrían que adjuntar a la demanda de separación convencional y divorcio ulterior:

a. Cada parte debe presentar una propuesta de dicho convenio. b. Los acuerdos del convenio anexado a la demanda por los cónyuges tienen eficacia

desde la expedición del auto admisorio sin perjuicio de lo que se disponga en la sentencia.

c. Es posible emitir sentencia en contra del convenio suscrito por las partes, el cual ya fue ratificado en la audiencia de ley.

d. No habiendo hijos en el matrimonio, en este caso, el juez deberá acoger necesariamente el convenio presentado por las partes.

33. Sobre la petición de declaración del divorcio ulterior:

a. Solo será posible solicitarlo una vez transcurrido dos años de notificada la sentencia de separación.

b. Consentida la sentencia de separación, el fiscal promueve, de oficio, la solicitud de divorcio ante el Juez de Familia.

c. Solo será posible solicitarlo una vez transcurrido dos meses de notificada la sentencia de separación.

d. Se tramita en vía de proceso de conocimiento. Caso. Responda las dos (2) preguntas que siguen al caso. Martha y Lucas son solteros y tienen un hijo en común de dos años. Ellos vivieron juntos solo un año y ambos decidieron separarse por incompatibilidad de caracteres. En los últimos meses han tenido muchas discrepancias sobre la tenencia del niño y la pensión de alimentos para éste. El caso está siendo conocido por una Fiscalía de Familia. El Fiscal de Familia en la audiencia de conciliación escuchó a ambas partes y propuso una fórmula conciliatoria. 34. Sobre la patria potestad y la tenencia del hijo en la fórmula conciliatoria:

a. En la fórmula conciliatoria el Fiscal podría proponer que Lucas renuncie a la patria potestad, correspondiéndole su ejercicio exclusivamente a Martha, quien a su vez tendría la tenencia del niño. Asimismo, podría proponer que Lucas visite al hijo los días sábado y domingo en el hogar materno.

b. En la fórmula conciliatoria el Fiscal podría proponer que la tenencia del hijo recaiga en Martha y como consecuencia de ello la patria potestad de Lucas quedaría suspendida. Asimismo, para garantizar el derecho del hijo a mantener una adecuada relación paterno -filial propondría un régimen de visitas del padre al menor.

c. La conciliación solo podría versar sobre la tenencia y un régimen de visitas. La patria potestad no puede ser materia de conciliación.

d. Para la fórmula conciliatoria, el Fiscal debería considerar que en el ordenamiento jurídico la tenencia de un niño de dos años puede recaer indistintamente en la madre o el padre.

35. Sobre conciliación fiscal

a. La deben solicitar conjuntamente Martha y Lucas. b. El fiscal cita a conciliación, a solicitud de cualquiera de las partes. c. La debe solicitar el Juez Especializado en Familia. d. El fiscal cita a conciliación de oficio.

36. Lucía es una niña de once años que ha sido víctima de varias violaciones sexuales

perpetradas por su propio padre. La madre ha tenido conocimiento del hecho, pero no ha tomado ninguna acción para proteger a su hija. Una maestra del colegio en el que estudia Lucía, ha tomado conocimiento de lo ocurrido y ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público.

Si la Policía cita a Lucía a declarar sobre los hechos denunciados por la maestra:

a. Durante la declaración debe estar presente el denunciado y la madre de Lucía. b. Durante la declaración no debe estar presente el Fiscal de Familia. c. Durante la declaración solo debe estar el personal policial que la toma, quien

luego debe remitir al Fiscal una copia de la declaración. d. Durante la declaración no deben estar ni el padre ni la madre de Lucía porque

ambos están involucrados en los hechos denunciados. 37. Sobre el proceso de violencia familiar ante un Juzgado Especializado en

Familia:

a. Se inicia únicamente por demanda interpuesta por la agraviada y se tramita como proceso sumarísimo.

b. Se inicia por demanda interpuesta por la agraviada o de oficio y se tramita como proceso abreviado.

c. Se puede iniciar por demanda de la agraviada o de la Fiscalía de Familia y se tramita como proceso sumarísimo.

d. Se puede iniciar por demanda de la agraviada o de la Fiscalía de Familia y se tramita como proceso único.

Caso. Responda las cuatro (4) preguntas que siguen al caso. La asociación civil “Perú campeón” se dedica a la formación de futuros deportistas, para ello cuenta con modernos locales deportivos. Sin embargo actualmente está pasando por una crisis económica dada su poca liquidez. Entre sus acreedores se encuentra la empresa “Campos deportivos S.A.” que instaló canchas de gras sintético en varios locales donde la asociación civil “Los Jotitas” brinda sus clases y aún no se le paga el precio pactado. La asociación civil “Perú campeón” considera que si extiende sus servicios en provincias va a tener éxito y podrá salvar su situación. Por ello ha decidido abrir un nuevo local en el departamento de Tacna donde ha adquirido un terreno que ya cuenta con las instalaciones necesarias para empezar sus actividades. La empresa constructora Tacneños Constructores S.A., que domicilia en Tacna, fue la que le vendió el terreno en el departamento de Tacna. El precio de la venta fue de US$ 50,000.00 y fue pagado al momento de la firma de la minuta. Además en el contrato se pactó que en caso surja algún conflicto será competente, además de los jueces establecidos en la ley, el Juez de Lima, pues las dos personas jurídicas tienen su sede principal en esta ciudad. Sin embargo, una semana después, la empresa Tacneños Constructores S.A. celebró otro contrato de compraventa con el señor Pedro Olano por medio del cual le transfería la totalidad de sus derechos sobre el mismo terreno. El señor Olano elevó a Escritura Pública dicho contrato y lo inscribió en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble. Frente a ello el señor Oswaldo Ruíz, miembro del consejo directivo de la asociación civil “Perú campeón”, interpone una demanda en representación de la asociación contra la empresa Tacneños Constructores S.A. pretendiendo únicamente que se le restituyan los US$ 50,000.00 a la asociación. Cabe señalar que según el estatuto de la asociación civil “Perú campeón” el señor Ruiz tiene facultades generales de representación. El proceso ha sido admitido a trámite por el 2° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 38. ¿Quiénes son las partes del proceso?

a. Oswaldo Ruiz y Tacneños Constructores S.A. b. La asociación civil “Perú campeón” y Tacneños Constructores S.A. c. Campos deportivos S.A y Tacneños Constructores S.A. d. La asociación civil “Perú campéon” y Pedro Olano.

39. Respecto a la competencia del juzgado en razón del territorio. Marque la

respuesta correcta:

a. La demanda debe declararse improcedente porque el domicilio del demandado es en Tacna.

b. La demanda es improcedente porque la obligación se debía cumplir en el departamento de Tacna.

c. Son competentes, a elección del demandante, el juez de Tacna y el juez de Lima. d. El juez de Tacna no es competente porque las partes en el contrato expresamente

han prorrogado la competencia al juez de Lima.

40. Marque la respuesta correcta:

a. La relación jurídico procesal es válida porque el señor Oswaldo Ruiz puede presentar la demanda representando a la Asociación Civil.

b. La relación jurídico procesal no es válida porque la demanda no ha estado dirigida al señor Pedro Olano quien es un litisconsorte necesario.

c. La relación jurídico procesal es válida porque la demanda también debe estar dirigida al señor Pedro Olano quien es un litisconsorte cuasinecesario.

d. La relación jurídico procesal contiene un defecto subsanable.

41. Campos Deportivos SA considera lo siguiente (marque la opción correcta):

a. Que, sin la intervención de la Asociación civil “Perú campeón”, puede presentar la demanda directamente contra Tacneños Constructores S.A. pues tiene legitimidad para obrar extraordinaria.

b. Que es indispensable la intervención de la Asociación civil “Perú campeón” para presentar la demanda contra Tacneños Constructores S.A. pues no tiene legitimidad para obrar.

c. Que no puede hacer nada porque Tacneños Constructores SA únicamente le ha causado daños a la Asociación Civil “Perú campeón”.

d. Que es litisconsorte facultativo en el proceso iniciado por lo que está facultado a intervenir en el mismo.

42. Es prueba ilícita:

a. Solo aquella que se obtiene violando Derechos Fundamentales. b. Aquella que se obtiene violando cualquier norma. c. Aquella que en su obtención y/o actuación, viola Derechos Fundamentales. d. La ilicitud de la prueba, se da siempre que no exista un Derecho Fundamental de

mayor rango.

43. Cuando la carga de probar es del demandante:

a. El juez deberá analizar únicamente los medios probatorios presentados por el demandante, sino probó el hecho controvertido, la demanda deberá ser infundada.

b. El juez deberá analizar únicamente la contestación de la demanda, para ver si se contradijo lo dicho por el demandante.

c. El juez solo deberá analizar los medios probatorios de la demanda, si es que el demandado no es declarado rebelde, en cuyo caso no importa si el demandante probó algo o no porque los hechos se presumen como ciertos.

d. El juez, en todos los casos, deberá analizar conjuntamente los medios probatorios ofrecidos y admitidos, independientemente de quien los aporta.

44. La prueba pericial es la prueba experta:

a. El juez debe tomarla en cuenta, sin embargo, debe siempre analizarla y

determinar si tiene lógica, para poder utilizarla en la valoración de la sentencia. b. El juez debe siempre hacerle caso, ya que, los conocimientos del perito siempre

son más especializados que el del juez. c. El juez debe siempre solicitarla para establecer de manera exacta los montos que

deben ser pagados. d. El juez debe únicamente tomarla en cuenta cuando exista más de una en un solo

proceso.

45. La prueba indiciaria: a. Solo se toma en cuenta en conjunto con medios probatorios directos que cumplan

con acreditar un hecho. b. Dado que es un método de valoración residual, nunca llega a generar certeza. c. Mientras más indicios existan de un hecho, más alta será la probabilidad de su

ocurrencia, a tal punto de imposibilitar cualquier otra opción. d. No es apta para procesos penales.

46. En el proceso civil, es correcto afirmar respecto a la teoría de la

impugnación, que:

a. La impugnación supone siempre la revisión de errores por un órgano jurisdiccional distinto al que cometió el error que se denuncia.

b. La impugnación contempla siempre la posibilidad de la revisión de los errores en la aplicación del derecho y excepcionalmente se restringe la posibilidad de revisar la apreciación de los hechos.

c. La impugnación siempre contempla la posibilidad de corregir errores en la aplicación del Derecho y nunca la posibilidad de corregir errores en la apreciación de los hechos.

d. La impugnación nunca contempla la posibilidad de corregir errores en la aplicación del Derecho y siempre la posibilidad de corregir errores en apreciación de los hechos.

47. Según la regulación vigente del recurso de Casación, es incorrecto afirmar

que:

a. A través de este recurso se denuncian infracciones normativas, sean de derecho sustancial, como de aquellas que regulan el debido proceso.

b. Las causales de procedencia de este recurso son taxativas, por lo cual la Corte Suprema no puede conocer de recursos de casación que no cumplan con dichas causales.

c. El recurso de casación cabe interponerse ante el órgano que cometió el error, o alternativamente, ante la Corte Suprema.

d. La Corte Suprema está facultada a revocar la decisión objeto de casación, cuando haya verificado la infracción normativa de una norma de derecho sustancial, o incluso procesal fundante de la decisión impugnada.

48. De acuerdo a la regulación prevista en el Código Procesal Civil, es correcto

afirmar que:

a. Las resoluciones por las que se deniega, declarando inadmisible o improcedente, la interposición de un recurso, son resoluciones inimpugnables.

b. Las resoluciones por las que se deniega, declarando inadmisible o improcedente, la interposición de un recurso, son resoluciones impugnables mediante reposición.

c. Las resoluciones por las que se deniega, declarando inadmisible o improcedente, la interposición de un recurso de apelación, son resoluciones impugnables mediante recurso de queja.

d. Las resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional pueden ser apeladas, sin excepción, en tanto la impugnación representa una garantía procesal.

49. Como medio impugnatorio, en nuestro ordenamiento procesal la apelación

se caracteriza por:

a. Ser un recurso a través del cual el órgano que emitió la resolución impugnada, resuelve los errores denunciados.

b. Ser un recurso a través del cual se expresa la garantía de doble instancia. c. Ser un recurso a través del cual se impugnan autos o sentencias, siempre que,

pongan fin a la instancia. d. Ser un recurso a través del cual únicamente se puede solicitar que el órgano

revisor revoque la resolución impugnada.

50. Martín, de 20 años, celebra un contrato con Pedro, de 14, para que éste le venda su automóvil por el precio de S/. 5,000.00. Pedro le entrega el auto pero Martín no le paga el precio. Pedro quiere demandar el cumplimiento de la obligación. Marque la opción correcta.

a. Pedro no tiene legitimidad para obrar activa porque es menor de edad, pero

adquiere capacidad para ser parte en el proceso. b. Pedro sí tiene legitimidad para obrar activa y también capacidad para ser parte en

el proceso. c. Pedro no tiene capacidad para ser parte en el proceso pero sí tiene legitimidad

para obrar activa en el proceso. d. Martín no tiene legitimidad para obrar porque no ha cancelado la obligación que

tenía con Pedro. Caso. Responda las dos (2) preguntas que siguen al caso. María, en representación de su hijo Alberto (6 años), demanda a Juan para le pague una pensión de alimentos a favor de Alberto. María vive en Lima, Juan en Cusco y Alberto en Arequipa, con sus abuelos. Responda las siguientes dos preguntas:

51. Sobre la competencia, marque la opción correcta:

a. La demanda se debe interponer en Cusco, porque él domicilia en dicha ciudad. b. La demanda se debe interponer en Lima, porque ahí domicilia ella. c. La demanda se puede interponer en Lima o en Cusco, a elección del demandante. d. La demanda se puede interponer en Cusco o Arequipa, a elección del

demandante.

52. Sobre la legitimidad para obrar y la representación, marque la opción correcta:

a. María actúa en representación de Alberto porque es menor de edad, por lo que

María adquiere legitimidad para obrar activa. b. Alberto tiene legitimidad para obrar en el proceso, a pesar de ser menor de edad. c. Juan no puede actuar en el proceso a través de representante porque es mayor

de edad. d. Alberto no tiene capacidad para ser parte ni legitimidad para obrar.

53. Gustavo celebra un contrato con Nicolás, mediante el cual Nicolás le vende

su casa en Lince. En el contrato se pacta que Nicolás tiene hasta el 31 de octubre de 2011 para entregarle la casa. El 15 de octubre de 2011 Gustavo interpone una demanda contra Nicolás solicitando la resolución de contrato, ya que Nicolás no le ha entregado la casa. Marque la opción correcta.

a. Gustavo no tiene legitimidad ni interés para obrar en el proceso. b. Gustavo sí tiene legitimidad para obrar pero no interés para obrar en el proceso. c. Gustavo tiene legitimidad e interés para obrar en el proceso. d. Nicolás carece de legitimidad para obrar en el proceso.

54. Enrique interpone una demanda de nulidad de acto jurídico contra Roberto,

pero en los fundamentos de hecho de su demanda se aprecia que, de acuerdo a nuestra legislación civil, el defecto alegado implica la ineficacia del acto jurídico.

a. El juez debe admitir la demanda y analizar este hecho en la sentencia. b. El juez debe declarar la improcedencia de la demanda porque no existe conexión

lógica entre los hechos y el petitorio. c. El juez debe declarar infundada la demanda. d. Este vicio solo puede ser alegado como excepción por la parte demandada.

55. Juana demanda a Luis para que le pague una pensión de alimentos. Juana

señala en su demanda que el proceso debe ser tramitado en el proceso abreviado.

a. El juez debe declarar improcedente la demanda. b. El juez debe tramitar el proceso como abreviado, a solicitud de la demandante. c. El juez debe declarar inadmisible la demanda.

d. El juez debe correr traslado a la parte demandada para que diga si está de acuerdo con la vía procedimental propuesta por el demandante.

56. Hugo le vendió a Mauricio su televisor en S/. 2,000. A pesar de la entrega

del bien, Mauricio no ha cumplido con pagar el precio. Hugo demanda a Mauricio solicitando como única pretensión el pago del precio. Luego de interpuesta la demanda, Hugo desea demandar también la resolución del contrato, de manera subordinada a su pretensión inicial.

a. Hugo no puede incorporar la segunda pretensión porque ya presentó la demanda. b. Hugo solo podrá modificar la demanda si ésta no ha sido admitida por el juez. c. No es posible modificar la demanda cuando se pretenda incorporar pretensiones

subordinadas. d. Hugo puede modificar su demanda antes que ésta sea notificada.

57. El Fiscal que ha concluido la investigación preparatoria no se pronuncia

requiriendo el sobreseimiento o acusando, pese a que en audiencia de control de plazo el Juez le ordenó que lo haga dentro de décimo día. Diga, Ud., si en esta situación puede declararse la caducidad de la potestad fiscal de acusar:

a. No, porque la inobservancia de los plazos que regulan la actividad de fiscales o

jueces sólo acarrea responsabilidad disciplinaria. b. Sí, porque en todos los casos vencido el plazo opera la caducidad de lo que el

Fiscal debió hacer. c. Sí, porque la caducidad es un instituto regido por el principio de igualdad. d. No, porque lo que corresponde en esta situación es declarar la nulidad de las

actuaciones fiscales. 58. Durante el examen del acusado, su abogado defensor le pregunta: “Diga

cómo es verdad qué Ud. no mató a la víctima”; ante esta pregunta qué debería hacer el Fiscal:

a. Objetarla por sugerida o sugestiva. b. Objetarla por conclusiva. c. Objetarla por subjetiva. d. Objetarla por impertinente.

59.- Juan, particular, sugiere a Pedro, funcionario público de la UGEL 01 del

ministerio de educación que ha sido contratado bajo el régimen de Contrato

Administrativo de Servicios (CAS), que sustraiga los bienes que le han sido

confiados por razón de su cargo. En el acto de sustracción Pedro recibe la ayuda

de su hermano, Pablo, quien también es funcionario público del ministerio de

educación y labora en la UGEL 07.

a. Pedro y Pablo son coautores de peculado y Juan es instigador de Pedro.

b. La sugerencia de Juan no es instigación. Pedro es autor de peculado y Pablo

autor de apropiación ilícita.

c. Pedro es autor de peculado, Pablo cómplice de Pedro y Juan no responde.

d. Pedro es autor de peculado, Pablo cómplice de Pedro por omisión y Juan no

responde.

60.- Alberto solicita en la ferretería que le vendan el destornillador más grande,

pues no solo quiere arreglar algunos desperfectos en su hogar, sino que, además,

pretende emplearlo para matar a su esposa. Felipe, quien le atiende, le muestra

los mejores productos y le recomienda uno que se encuentra de oferta. Alberto lo

compra, arregla los desperfectos de su hogar y mata a su esposa con el

destornillador.

a. Felipe no ha realizado un comportamiento de riesgo penalmente prohibido

para el bien jurídico vida (comportamiento típico de homicidio).

b. Felipe ha realizado un comportamiento de riesgo penalmente prohibido para

el bien jurídico vida (comportamiento típico de homicidio), pero se encuentra

incurso en una causa de exculpación.

c. Felipe ha realizado un comportamiento de riesgo penalmente prohibido para

el bien jurídico vida (comportamiento típico de homicidio), pero se encuentra

incurso en una causa de justificación.

d. Felipe ha realizado un comportamiento objetivamente típico de homicidio, pero se

encuentra incurso en un error porque no podía estar seguro que Alberto mataría

efectivamente a su esposa.