Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia. (SAE)Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. (MJSP)

Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización. (SSDT) de la SAEPolicía Nacional Civil. (PNC)

Consejo Nacional de Seguridad Pública. (CNSP)Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. (FISDL)

Dirección Nacional de Juventud, Secretaría de Inclusión Social

El Salvador, Diciembre de 2010.

Nacional de Prevención Social de Violencia en

Apoyo a los Municipios

Estrategia

Créditos

Equipo técnico Edgardo Amaya (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública) Santiago Flores (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública) Hugo Ramírez (Policía Nacional Civil)

Marta Alicia de Canales (Consejo Nacional de Seguridad Pública) Victoria Ramírez (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) César Rivera (Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización) (Redactor de la ENPV)

Fotografías Nuria Yizzel Rivas (Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización) Sonia Margarita Alfaro (Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización)

Enlaces Territoriales (Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización)

Formadores deportivos (Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización)

Diseño y diagramación Sabina Velásquez de Alger Ricardo Ernesto López

©Prohibida la reproducción de este documento, sin la previa cita del nombre e institución responsable.

Índice

Presentación 7

Parte I Fundamentos de la estrategia

1. Estado de la situación 142. Principios de la estrategia ENPV 193. Conceptos básicos de la estrategia ENPV 22

Parte II Actores de la Estrategia

4. Consejo Municipal de Prevención de Violencia 275. Equipo planificador, EP 336. Equipo facilitador, EF 37

Parte III Secuencia de la Estrategia

7. Fase de condiciones previas 408. Fase de diagnóstico y planificación 469. Fase de desarrollo y seguimiento 52

4

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Este documento es el resultado final de un proceso de cons-trucción colectiva y de concertación interinstitucional con-vocado por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Des-

centralización, SSDT.

En este proceso, cada institución, de conformidad a su propia expe-riencia en el tema de prevención de violencia, colaboró de distinta forma para la elaboración de este documento. Algunas, por ejem-plo, participaron activamente en los grupos de discusión aportando sus propias opiniones, haciendo recomendaciones puntuales sobre los diferentes pasos de la estrategia, comprometiendo su apoyo ins-titucional, etc. Otras brindaron información de sus propios pro-gramas o proyectos, así como de su visión particular acerca de las modalidades más efectivas de prevenir la violencia y de cómo debe organizarse una intervención de este tipo. Este documento, en con-secuencia, es la resultante de concertar e integrar un planteamiento, en el marco de un intercambio sostenido a partir de los distintos aportes recibidos.

En las diferentes etapas del proceso el principio de trabajo fue siempre el mismo: la necesidad de orientar los recursos de todas las instituciones en una sola dirección y superar que se diluyan los limitados recursos en un esquema de acciones aisladas y de des-coordinación. En este proceso el objetivo basilar fue siempre apoyar y fortalecer a las autoridades municipales e instancias locales para que asuman y hagan sostenible la política y las medidas del accionar de prevención de violencia en sus territorios.

La Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización deja constancia y agradece el aporte en este proceso, durante el segundo semestre de 2009, de las siguientes instituciones y personas repre-sentantes:

1. Centro de Formación y Capacitación PASSOS, 2. Movimiento Jóvenes Encuentristas (MOJE), 3. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FES-

PAD), 4. Servicio Social Pasionista (SSPAS), 5. Asociación CINDE (Centros Infantiles de Desarrollo), 6. Fundación Quetzalcóatl (Ideas y Acciones para la Paz), 7. Equipo Nahual,8. Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA),

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9. Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), 10. Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mu-

jeres Salvadoreñas (AMS), 11. Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), 12. Asociación de Mujeres Tecleñas, 13. Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor (Santa Ana), 14. Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), 15. Campaña de Prevención de Violencia de Género (AGRO-

SAL), 16. Coordinadora Intersectorial Projuventudes de El Salvador

(CIPJES), 17. Coalición Centroamericana para la Prevención de Violencia

Juvenil (CCPVJ),18. Interpeace-POLJUVE (Políticas públicas para prevenir la

violencia juvenil),19. Centro de Formación y Orientación Padre Rafael Palacios

(CFO), 20. Sistemas de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local

(SACDEL),21. Oxfam, 22. CARE El Salvador, 23. Plan El Salvador, 24. RTI/CECI/USAID, 25. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 26. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), 27. Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), 28. Ministerio de Educación (MINED), 29. Instituto Nacional de los Deportes (INDES), 30. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), 31. Instituto Salvadoreño de Atención a la Niñez y Adolescencia

(ISNA), 32. Policía Nacional Civil (PNC), 33. Fundación para la Democracia, Seguridad y Paz

(FUNDEMOSPAZ), 34. Círculo Solidario, 35. Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el

Progreso Social (CIDEP), 36. Técnicos de algunas alcaldías, del área Metropolitana de San

Salvador (San Martín, Soyapango, Cuscatancingo, Mejica-nos),

37. Secretaría de Cultura (SEC).

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PresentaciónEl Salvador necesita un viraje importante para ata-jar eficazmente el fenómeno de la violencia. No se pueden repetir las fórmulas o enfo-ques utilizados hasta ahora. La complejidad del fenómeno de la violencia, el incremento –en frecuencia, variedad y sofisti-cación- de las expresiones de-lictivas y la creciente sensación de inseguridad exigen que el Estado genere un planteamien-to nuevo, en grado de afrontar sistemáticamente los factores de riesgo que provocan la violencia, convocar la participación or-denada de todos los actores institucionales y sociales, además de contar con un sólido respaldo político. Se requiere, finalmente, que el planteamiento preventivo –de corte social- engrane con fluidez y sentido de complementariedad con el conjunto de intervenciones más inmediatas lideradas por la Policía Nacional Civil y las demás instancias fiscales y judiciales.

La Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a los Municipios, ENPV, forma parte de un conjunto articulado de medidas orientadas a prevenir eficazmente el fenómeno delictivo y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Esta estrategia de prevención de violencia tiene dos vertientes fundamentales: pri-mero, la política de seguridad y, segundo, la política de desarrollo territorial. La ENPV refleja una secuencia de trabajo en el territorio que busca articular y apoyar todos los esfuerzos coordinados entre gobierno central, gobiernos municipales, ONG’s, empresa privada y otros, a través de un proceso bien orientado de participación ciu-dadana.

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La presente ENPV asume el reto de aumentar significativamente la cantidad de proyectos o iniciativas sociales orientadas a prevenir la violencia. Sin embargo, la ENPV también entiende la importancia y la necesidad de construir un adecuado andamiaje organizativo e institucional que ordene, priorice y proporcione un horizonte cla-ro a todas las iniciativas y proyectos.

Las experiencias mundiales de prevención de violencia que han producido mejores resultados se caracterizan por el énfasis en la “realidad local”. Los protagonistas de estas experiencias entendie-ron que las respuestas más eficaces se construyen partiendo de las realidades de cada municipio y de cada comunidad. En este sentido, se trata de iniciar un proceso que genere la suficiente capacidad técnica, programática y financiera para responder a las necesidades concretas y específicas de cada territorio. Para iniciar este proceso es insuficiente la buena voluntad o el deseo de hacerlo, también re-quiere de propósito y método. Esta es, sin duda, la pretensión de la Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a los Municipios.

El viraje hacia lo “local”, como elemento medular de la Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a los Muni-cipios, también tiene sustento político. De hecho, en el Programa de Gobierno (página 90) se desarrolla el concepto de mejorar la “seguridad ciudadana mediante una efectiva coordinación interinsti-tucional a escala local en planes de prevención”.

Cuál es el reto…

“poner punto final a la inseguridad de la pobla-ción y a la impunidad, derrotar a la delincuen-cia y al crimen organizado, superar la violencia y el deterioro de las normas de convivencia social” (Programa de Gobierno, página 4).

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Lo “local” (que en el plano nacional tiene referencia a un lugar de-terminado, a un espacio subnacional, sea un municipio o asocia-ciones de éstos, como unidades primarias del Estado) es sujeto de debate permanente. Por un lado, cuando conviene, se señala que las municipalidades –en cuanto administradoras de la realidad local- no han desarrollado suficientes capacidades y que, por lo mismo, no se les puede trasladar recursos u otro tipo de posibilidades. Este argumento, empero, es discutible, a condición de que no se preste a manipulaciones. Por otro lado, también se dice que las municipa-lidades muestran resistencias a asumir liderazgos y compromisos. Una vez más, este argumento también es discutible y admite mu-chos matices.

La Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a los Municipios es consciente de ambos señalamientos. Por con-siguiente, la propuesta de que las municipalidades asuman “res-ponsabilidad” respecto al tema de prevención social del fenómeno violento no significa, ni supone, una especie de “escamoteo” o eva-sión de responsabilidades por parte de las autoridades del gobierno central. Todo lo contrario, la presente Estrategia está impulsando la estructuración de “un sistema integrado de prevención de violen-cia con el suficiente soporte financiero, el necesario caudal técnico, el adecuado acompañamiento político, la conveniente reingeniería ins-titucional, además de un inexorable y muy bien trabajado consenso nacional, en grado de distribuir, con la racionalidad del caso, las fun-ciones y responsabilidades entre las municipalidades y las instancias del gobierno central”.

Resulta claro que una de las preocupaciones expresas de la ENPV tiene que ver con una adecuada coordinación y articulación de esfuerzos. Por este motivo, la Estrategia trata de definir una me-todología de trabajo conceptualmente bien sustentada (con sóli-dos principios y criterios de trabajo), en la que se integran actores (con responsabilidades, roles, funciones y ámbitos de acción bien definidos), procesos de trabajo (secuencias y esquemas de trabajo diferenciados) y acciones concretas (referidos a los proyectos espe-cíficos), además de un adecuado soporte institucional para el mo-nitoreo y seguimiento (estructurado sobre un uso diferente de la información).

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Esta metodología de intervención hilvana una acción coherente que incluye el nivel central, pasando por el liderazgo sustantivo de las municipalidades (alcaldes, alcaldesas y actores locales importantes) hasta llegar a las comunidades o barrios concretos, tal y como se establece en la Constitución de la República (artículos 203 y 206) y como se reafirma en el Código Municipal (artículos 1 y 15).

La ENPV tiene claridad respecto a sus propios niveles de eficacia, al-cance y posibilidades. Alejada del enfoque predominante de las po-líticas de seguridad de los anteriores gobiernos, en el que sobresalía una perspectiva conceptualmente errónea, expresada en el planteo dicotómico: “represión versus prevención”, la Estrategia actual no visualiza ninguna contradicción, sino una necesaria complemen-tariedad, a manera de un continuum. En este sentido, se entiende que el problema de la delincuencia y la inseguridad requieren de dos líneas de acción cuyo carácter y procedimientos son diferentes, aunque necesitan desarrollarse paralelamente: la primera de ellas es la vía policial, con todo lo que ésta implica, que sigue su propio proceso y procedimientos. En este caso, la Policía Nacional Civil está iniciando un proceso serio de transformación institucional en el que predomina el enfoque de “policía comunitaria”; y la segunda,

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es la vía de la acción social integral para prevenir la violencia. De la armonización de estas dos vías dependerá superar el desafío pro-puesto en el Programa de Gobierno.

La Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apo-yo a los Municipios sirve de marco referencial para desplegar un esfuerzo coordinado en los territorios que apoye, al gobierno mu-nicipal y a la sociedad local, a impulsar un accionar integral que prevenga la violencia, concentrando inversión y esfuerzo nacional y local en deporte, recreación y cultura para todos y todas a través de las Escuelas para la Convivencia; que recupere y genere espacios públicos de calidad y mejore los de los centros escolares; promueva

Las iniciativas de prevención de violencia impulsadas por los gobiernos municipales ayudan a:

Acotar de mejor forma las áreas locales que se abor-darán, con mayores posibilidades para analizar los problemas y las soluciones en esos lugares; a la vez de ampliar la cobertura de las acciones en su territorio

Facilitar la coordinación de las instancias involucra-das.

Recolectar información importante respecto a los reales problemas que existen en las zonas donde se trabaja. Esta información ayuda, a su vez, a una dis-tribución más eficaz de los recursos disponibles.

Facilitar el seguimiento y la evaluación de las inter-venciones.

Reducir el costo de las intervenciones.

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Gabinete de Prevención Social de la Violencia

Franzi Hasbún Barake Secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República.

José Manuel Melgar Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Guillermo Galván Bonilla Subsecretario de Desarrollo Territorial y Descentralización.

Carlos Ascencio Director Policía Nacional Civil.

Aída Santos de Escobar Presidenta Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Héctor Silva Presidente Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Miguel Pereira Director de Juventud, Secretaría de Inclusión Social.

actividades para ocupar sanamente el tiempo libre de la población, especialmente de niñas, niños y jóvenes; cree condiciones y cons-truya mecanismos de transformación de conflictos que garanticen una mejor convivencia; desarrolle trabajo con jóvenes en conflicto, en pandillas y en problemas de adicción; combata la violencia intra-familiar y el abuso sexual; y fomente valores de convivencia, respeto y solidaridad.

San Salvador, Diciembre de 2010.

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Parte IFundamentos de la estrategia

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1. Estado de la situaciónEn diferentes espacios se ha dimensionado el alcance y las características del fenómeno de la violencia y delincuencia, así como los niveles de inseguridad que genera. En otras sedes se han analizado, por ejemplo, la frecuencia de los delitos, su relación con posibles móviles, la conexión de la ocurrencia de los delitos con variables como edad, sexo, ubicación geográfica, etc. Es por ello que en el presente apartado solo vamos a señalar los principales rasgos o los elementos sustantivos que caracterizan el trabajo de las muni-cipalidades respecto al tema de prevención de violencia.

De manera genérica, se puede afirmar que las municipalidades han progresado en los últimos años. Este progreso, aunque con reser-vas y resistencias a veces infranqueables, se expresa en la paulatina asunción de mayores responsabilidades y funciones. Se observa, por ejemplo, varias e importantes municipalidades que motu pro-pio han comenzado a liderar proyectos de prevención de violen-cia, a formular políticas municipales sobre este tema, a gestionar financiamientos para subvencionar programas de este tipo, etc. Por contraparte, también se observan retos importantes, especialmente en lo relativo a que, muchas veces, se miran desbordadas respecto a sus posibilidades técnicas, financieras y finalmente, de compren-sión del fenómeno de la violencia y la delincuencia.

Habida cuenta que el diagnóstico no puede ser homogéneo, por cuanto las realidades municipales son muy diferentes y desagrega-das, y porque además se observan desarrollos desiguales, esta Estra-tegia Nacional de Prevención de Violencia en Apoyo a los Munici-pios considera que los aciertos más importantes son los siguientes:

Las municipalidades están asumiendo progresivamente más responsabilidades en el tema de prevención social de la violen-cia. Ya sea por la demanda propia de las comunidades, como por la iniciativa propia de las autoridades, lo cierto es que en muchas municipalidades se percibe mayor disposición para asumir este tipo de compromiso.

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Algunas municipalidades están trabajando bajo la lógica de fo-calización territorial. Aunque sea de forma empírica, en muchas administraciones municipales se observa ejercicios interesantes de “mapeo” o sectorización de las zonas o comunidades que con-centran mayor peligrosidad o factores de riesgo.

Embriones de asociatividad municipal. En algunos casos tam-bién se pueden encontrar ciertos municipios que comienzan a desarrollar, al menos a nivel embrionario, importantes meca-nismos de coordinación. A veces se limita al intercambio de información, otras veces, puede incluir metas más ambiciosas.

Mayor aprecio a la información como herramienta de trabajo. Aunque se puede señalar ciertas dificultades en cuanto a su de-sarrollo técnico o acerca de la utilidad operativa y cotidiana que deberían tener para establecer y revisar planes de prevención de violencia, lo cierto es que algunas municipalidades han rea-lizado un verdadero esfuerzo para establecer “Observatorios de Violencia”, los cuales, pueden jugar un rol de primer orden en el inmediato futuro.

Desarrollo de proyectos de prevención de violencia. Algunos municipios acumulan cinco años o más en el desarrollo de ini-ciativas para prevenir la violencia. Esta experiencia es un activo que puede ser potenciado a diferentes niveles.

La generación de institucionalidad municipal específica para los temas de prevención de violencia es otro aspecto importante que la Estrategia sabrá darle una ubicación más preponderante. Aunque no son muchas, algunas municipalidades ya cuentan con políticas de prevención de violencia o de seguridad, comi-siones de seguridad, líneas presupuestarias específicas, etc.

Manejo de fondos de cooperación internacional. Este también es un activo importante con valor agregado que han podido acumular determinados gobiernos municipales. Este factor es un indicador de la capacidad de administración de fondos y de transparencia en la gestión.

17La Estrategia de Prevención de Violencia parte de un acumulado de conocimientos relativos a los desafíos observados en las municipa-lidades cuando asumen compromisos de desarrollar iniciativas de prevención de violencia. Los desafíos más relevantes que se deben superar son los siguientes:

No se genera un efecto acumulativo en grado de impactar sig-nificativamente. Este es quizá una de las repercusiones más in-mediatas y tangibles de la descoordinación institucional. Pese a que se pueden identificar proyectos promisorios, no obstante han aumentado el número de iniciativas y a pesar que existen muchas instituciones trabajando en el mismo tema, en el con-junto, no se logra impactar de forma importante. Los resul-tados que se observan son demasiado acotados a la realidad inmediata de los proyectos y, en consecuencia, los efectos posi-tivos no se acumulan, no logran producir un resultado mayor, no se supera la lógica de que cada proyecto funciona como una pequeña isla, sin vasos comunicantes con las demás realidades del territorio, sin posibilidades de generar sinergias territoria-les, etc.

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Importancia de aumentar la capacidad de gestión de las muni-cipalidades. Aunque con excepciones importantes, la mayoría de las municipalidades se ven desbordadas respecto a su ca-pacidad de administración, gerencia y planificación. Excesiva burocracia, falta de recursos tecnológicos, escasez de personal técnico, estilos administrativos centrados en la personalidad del alcalde, inferencias permanentes de los aspectos político-partidarios en asuntos meramente de gerencia, etc., son algu-nas de las fallas detectadas.

Necesidad de una institucionalidad fuerte a nivel central. Hasta ahora, los esfuerzos que realizan las municipalidades para pre-venir la violencia no han estado acompañados de una institu-cionalidad fuerte a nivel del gobierno central, con la suficiente espesura política y técnica, con liderazgo aceptado y reconoci-do, en grado de canalizar recursos, que organice con coheren-cia todas las instancias del Estado, etc. La ausencia de un ente rector le resta capacidad y eficacia a los esfuerzos locales.

Resulta necesario avanzar en la dirección de institucionalizar las iniciativas a nivel municipal. En muchos casos, las iniciativas de prevención de violencia no tienen cabida lógica en el organigra-ma y en la estructura de funcionamiento de las municipalidades. Una solución recurrente es hacer depender el programa directa-mente del alcalde o alcaldesa.

Manejo intuitivo o primario del tema de prevención de vio-lencia. En lo inmediato, es necesario iniciar un proceso más sistemático para que la institucionalidad municipal cuente con las suficientes herramientas teórico – conceptuales, así como de planificación, en la prevención de violencia. La ausencia de formación sobre el tema produce, ineludiblemente, errores téc-nicos en la ejecución de los proyectos.

No se tiene un conocimiento cierto respecto a la eficacia de al-gunos de los proyectos que llevan a cabo las municipalidades. En la lógica señalada antes, relativa a la necesidad de mejorar la capacidad de gestión, se entiende mejor las debilidades técnicas que presentan las municipalidades para monitorear y evaluar el desarrollo de sus proyectos. Se sabe que un proyecto está dando resultados a partir de una lógica intuitiva, de apreciación perso-nal o de valoración subjetiva.

Se requiere de aumentar la capacidad financiera de los pro-yectos municipales. Es importante que se genere un esquema

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combinado y complementario de recursos aportados por el go-bierno central, por los aportes de las agencias de cooperación internacional, por los apoyos de diferentes sectores sociales y productivos, así como por los esfuerzos propios que realicen los gobiernos municipales.

Distorsiones político – partidarias. En el desarrollo de ciertos proyectos siempre es posible, si no se cuentan con los meca-nismos necesarios y con sanos compromisos de los actores po-líticos, de lógicas orientadas a potenciar intereses partidarios. Los proyectos o iniciativas de prevención de violencia no están exentos de esta posibilidad.

20 2. Principios de la estrategiaLa ventaja de contar con una estrategia nacional y local de prevención de violencia se relaciona con la capacidad de superar los vacíos de coordinación y de eficacia de las iniciativas realiza-das hasta ahora para prevenir la violencia. Empero, la Estrategia no puede anticipar todas las dificultades que se van a encontrar en las realidades territoriales y proveer una respuesta específica para cada una de ellas. En compenso, cuenta con una sólida plataforma filo-sófica, institucional y operativa a manera de principios, que definen el rumbo por donde se pretende orientar todas las intervenciones.

En este sentido, los principios sustantivos de la Estrategia Nacional de Prevención Social de la Violencia en apoyo a los Municipios son los siguientes:

Principio de coordinación. La Estrategia propone como uno de sus principios cardinales el reto de coordinar los esfuerzos y re-cursos de las instancias del Estado de todos los niveles. Se trata

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de materializar la acción del Estado para prevenir la violencia a través de la provisión de canales, mecanismos, recursos y acto-res, etc. orientados sinérgicamente por una visión común y com-partida. En este sentido, la presente Estrategia de Prevención de Violencia se convierte en el marco referencial para el desarrollo de todas las iniciativas que buscan apoyar al mejoramiento de la seguridad ciudadana y atajar el fenómeno delictivo.

Principio de integralidad. La Estrategia de Prevención de Violencia entiende que la violencia y delincuencia, como fenó-menos sociales, son de naturaleza compleja y que en el origen, desarrollo y mantenimiento de un comportamiento delictivo intervienen cualquier cantidad de factores. Habida cuenta de lo anterior, en el diseño y desarrollo de las iniciativas de pre-vención de violencia se deberá incorporar la atención a tantos factores de riesgo como sea posible, a manera de estructurar respuestas versátiles y variadas.

Principio de gestión local. La Estrategia de Prevención de Vio-lencia está comprometida a reubicar el pivote de los programas y proyectos de prevención de violencia. Aunque el fenómeno delictivo y violento presenta patrones comunes, lo cierto es que en cada realidad territorial se desarrollan rasgos o necesidades particulares que son mejor identificadas y comprendidas desde y por una adecuada y eficiente gestión local y municipal.

Principio de inclusión. La Estrategia de Prevención de Violen-cia es una medida institucional que, por propósito y método, convoca a la participación e inclusión de todos los actores de la vida nacional. En el accionar de esta Estrategia no está prevista la exclusión de ninguno. En este sentido, el Gobierno, los ac-tores municipales e institucionales, los líderes comunitarios, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otras entidades académicas, los líderes religio-sos, la clase política, las agencias de cooperación internacional, etc. tienen espacio y formas concretas para que asuman, desde sus propios ámbitos y posibilidades, sus propias parcelas de co-rresponsabilidad.

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Principio de complementariedad. La Estrategia de Preven-ción de Violencia entiende que no hay ningún antagonismo entre las estrategias y mecanismos que se implementan para controlar la delincuencia y las estrategias y mecanismos que se activan para prevenirla. El binomio “control – prevención” es complementario y ambos elementos se necesitan y se potencian recíprocamente. Todos los programas exitosos de prevención de violencia han incorporado un eficaz componente de aplica-ción de la ley a través de las instancias policiales.

Principio de focalización. La Estrategia de Prevención de Vio-lencia reconoce que, dentro de un territorio determinado, las necesidades de intervención no son homogéneas. En una rea-lidad concreta habrá “nudos de inseguridad” más críticos que otros. A partir del principio de focalización se define no solo los territorios o zonas en donde es más urgente o estratégico inter-venir, sino también el tipo de intervención que puede ser más eficaz, así como el grupo poblacional al cual debe ser dirigida la intervención.

Principio de participación y corresponsabilidad. La Estrate-gia de Prevención de Violencia propone la participación y la corresponsabilidad como modalidades concretas de trabajo dentro de los territorios. Desde esta perspectiva, todos los acto-res de un territorio participan en la construcción colectiva del diagnóstico y de las posibles soluciones. Del mismo modo, to-dos los actores comparten cuotas de responsabilidad en la tarea de prevenir el fenómeno delictivo.

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3. Conceptos básicos de la estrategiaA los efectos de la presente Estrategia Nacional de Preven-ción Social de la Violencia en apoyo a los Municipios se consideran los siguientes conceptos básicos:

Delincuencia. Es todo acto establecido como tal en el Código Penal realizado por una persona o un grupo de personas, que causa algún daño físico o psíquico a otras personas, sus dere-chos, sus bienes o a la comunidad, de manera injusta e ilegíti-ma.

Factores de riesgo. Se interpretan como las circunstancias o características personales o del entorno que se asocian con el desarrollo de las conductas violentas o delictivas. La relación entre un factor de riesgo y el desarrollo de un patrón violento no obedece a una lógica de causalidad lineal, sino solo probabi-lístico.

Prevención del delito. Conjunto de acciones que buscan prevenir la ocurrencia de un hecho delictivo. En principio, la prevención del delito es responsabilidad o atribución de los órganos legalmente establecidos (PNC, FGR, etc.), aunque la

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población, la comunidad y los ciudadanos pueden colaborar. A través de la vigilancia preventiva, la captura de delincuentes, el contacto ciudadano y los patrullajes se previene la ocurrencia de un delito. La prevención del delito está relacionada con la “incidencia o frecuencia delictiva”, es decir, la cifra de delitos que se cometen en un espacio y tiempo determinado.

Violencia. Se interpreta como toda acción, voluntaria o invo-luntaria, de un actor explícito o implícito, que causa un daño a otros o a uno mismo, que puede ocasionar la disminución de las capacidades vitales (físicas o emocionales) hasta el extremo de la muerte.

Prevención de violencia. Conjunto de acciones que impiden que personas o grupos desarrollen conductas o actitudes vio-lentas. La prevención de la violencia debe ser intencionada y sistemática y busca neutralizar factores personales, sociales o del entorno inmediato que se asocian con la violencia. Cuando una conducta violenta se encuentra tipificada en el Código Pe-nal, entonces adquiere la categoría de conducta delictiva o de-lincuencia. En este caso, este tipo de prevención está vinculada con la “prevalencia delictiva”, es decir, la proporción de indivi-duos que cometen actos delictivos en un determinado espacio y tiempo.

Por otra parte, la interpretación de la prevención de la violen-cia puede aplicarse en el ámbito personal. En este caso, la pre-vención de la violencia se entiende como una responsabilidad interpersonal, comunitaria y social exigida, en la medida que todos y todas debemos asumir el compromiso de prevenir este tipo de actitudes o conductas. Este matiz es particularmente importante porque debe evitarse una especie de visión dicotó-mica, altamente segmentada y superficial, consistente en plan-tear que “los otros” son violentos y, por tanto criminales, mien-tras que “nosotros” somos pacíficos y no violentos. El plantea-miento de esta dicotomía, como interpretación del fenómeno violento y delictivo, se convierte en el paso inmediato anterior a los procesos de estigmatización y de criminalización de grupos poblacionales.

Prevención de violencia a nivel local. Para los propósitos de la presente Estrategia, la prevención de la violencia a nivel local supone esfuerzos sistemáticos dirigidos a atender: i.) la cau-

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salidad última de la violencia referida a la vulnerabilidad de la dignidad y bienestar de las personas (y por tanto vinculada al desarrollo económico – social) en municipios y agrupaciones de éstos; y ii.) el manejo de los factores de riesgo que disminu-yan la incidencia de los hechos violentos en sus territorios.

Prevención primaria. Se entiende como los esfuerzos siste-máticos orientados a evitar que los niños o jóvenes desarrollen actitudes y conductas violentas. Este tipo de prevención se fo-caliza en el manejo de la causalidad primaria y los factores de riesgo. Se le conoce como la prevención en su acepción más clásica y se supone como la indicada para los grupos pobla-cionales proclives a desarrollar conductas violentas debido a la interacción de factores personales, sociales y de su entorno inmediato. A nivel operativo, los programas de este tipo de pre-vención se concentran en potenciar los factores de protección.

Prevención secundaria. Referida a los esfuerzos dirigidos a segmentos poblacionales acotados y específicos, claramente identificados como proclives a desarrollar patrones violentos. Los proyectos de prevención secundaria están orientados a neutralizar o evitar situaciones cuasi violentas.

Prevención terciaria. Por este tipo de prevención se entienden los esfuerzos posteriores a la realización de un hecho violento y procuran la recuperación de la víctima (resilencia, post-trau-ma, dinámica de desquite o venganza, etc.) como del ofensor (evitar que repita o profundice la violencia). Este tipo de pre-vención es la rehabilitación propiamente dicha.

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Parte II Actores de la estrategia

28 La Estrategia de Apoyo a Municipios en Prevención de Vio-lencia no es un ejercicio lírico, conformada por un conjun-to de buenas intenciones y de ideas sueltas. Por el contrario,

y tal como es su propia ambición, define fórmulas institucionales, modelos de actuación, mecanismos de coordinación y esquemas de seguimiento.

En este sentido, la plataforma de la Estrategia, desde el punto de vista de los actores institucionales y técnicos involucrados, está sus-tentada en la creación, desarrollo y consolidación de tres actores: primero, consejo municipal de prevención de violencia; segundo, equipos multidisciplinarios para la planificación; tercero, equipos multidisciplinarios para la facilitación y el desarrollo de programas de prevención. Los ámbitos de acción, las responsabilidades y las funciones de cada uno de estos actores es lo que se presenta a con-tinuación.

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4. Consejo Municipal de Prevención de ViolenciaSon instancias locales constituidas por personas representa-tivas o representantes del conjunto de actores y sectores en el muni-cipio, constituidas para liderar y coordinar el trabajo de prevención de violencia.

Una característica importante de estos Consejos u otras instancias locales que asuman la responsabilidad de impulsar el trabajo de prevención, es que deben ser liderados por las autoridades muni-cipales, por el alcalde o alcaldesa del municipio, quien preside el Consejo Municipal, que es la máxima autoridad del municipio.

Aunque en cada municipio los Consejos Municipales de Prevención de Violencia pueden asumir matices o variaciones, en función de las específicas realidades locales, éstos deben funcionar como una asam-blea de representantes de la población del municipio (gobierno mu-nicipal, comunidades, organizaciones de la sociedad civil -iglesias, ong’s, sector comercial y empresarial-) que define y orienta la pre-vención de violencia.

El objetivo de los Consejos Municipales de Prevención de Violencia es “fortalecer la participación de la sociedad local para prevenir la violencia, mejorar la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz y convivencia”. Es por ello que los CMPV deben coordinar el

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esfuerzo local y el apoyo nacional para el trabajo social integral de prevención de la violencia en el territorio. No deben ser instancias que se dedican directamente a prevenir el delito. Deben ejercer la responsabilidad de involucrar a otras instancias locales, a la pobla-ción de las distintas localidades, a diferentes sectores (es decir, a todo el conjunto de la sociedad local), además de las entidades de fuera del municipio (pero que trabajan en el territorio), a manera de crear un solo esfuerzo y orientarlo en una sola dirección.

Aunque en cada municipio los Consejos Municipales de Prevención de Violencia pueden variar, se aspira a que puedan ser integrados por instituciones y personas que son actores claves del municipio, con representatividad territorial o sectorial, teniendo en cuenta la pluralidad. En este caso es clave que quienes integran los Conse-jos Municipales de Prevención de Violencia tengan ascendencia y arraigo en la localidad.

El CMPV o la instancia local designada por el municipio es actor fundamental de la estrategia de apoyo en prevención de violencia. Deben convocar a todos los actores del munici-pio y, junto con ellos, articular todas las acciones orientadas a prevenir eficazmente el fenómeno de la violencia.

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Sus principales integrantes deben ser las personas representantes de instancias locales:

Alcalde o alcaldesa y 2 personas miembros del Concejo Municipal;

Responsable de la instancia de promoción social del gobierno municipal;

Jefe del CAM;

Representantes de asociaciones comunales o intercomunales, de cantones, caseríos o barrios y colonias

Representantes de redes o asociaciones juveniles;

Representantes de redes o asociaciones de mujeres;

Representantes de iglesias;

Representantes de cooperativas y gremiales;

Representantes de sector comercio y sector empresarial;

Representantes de medios locales de comunicación social;

Otros representantes locales cuya inclusión se considere necesaria.

También pueden serlo, aunque con otro carácter, las personas re-presentantes de instituciones nacionales con presencia en el ámbito local:

Representante del MINED.

Representante del Ministerio de Salud ISSS.

Jefe de Delegación, Subdelegación o del puesto de la PNC.

Representante del sector Justicia.

Representante del CNSP, INDES, Secretaría de Cultura u otra instancia de gobierno pero con arraigo laboral en el territorio.

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Es importante tener en cuenta que quienes deciden deben ser los locales y no los representantes de instituciones no locales que traba-jan en el municipio, grupo o asociación de municipios, pero que no residen en esos ámbitos territoriales. Estas personas aportarán con opiniones e insumos para la toma de decisiones locales.

En otro orden, los Consejos Municipales de Prevención de Violen-cia no deben generar más burocracia en el municipio, por lo que donde ya existan instancias locales representativas de la población (por ejemplo, Comités de Desarrollo Local –CDL-, Mesas Intersec-toriales u otros similares), se deberán ampliar y fortalecer para que cumplan con el objetivo de trabajar en el tema de prevención de violencia.

El hecho que los CMPV sean liderados por los alcaldes o alcaldesas, no significa que esta instancia se convierta en un apéndice de quien lo lidera, sino un espacio que contribuye a definir e implementar la acción local, ya que convoca, busca entendimiento, acuerda, propo-ne, coordina, impulsa y da seguimiento a la acción en prevención de la violencia.

Las funciones específicas de los Consejos Municipales de Preven-ción de Violencia son las siguientes:

Elaboración del diagnóstico municipal de prevención de vio-lencia. La elaboración de este diagnóstico debe considerar el hecho que, en muchos lugares, ya se cuenta con información recolectada. También, debe considerar que el diagnóstico debe ser el producto de un proceso de participación ciudadana. Para la elaboración de este diagnóstico, el Consejo Municipal de Pre-vención de Violencia contará con el apoyo técnico del Equipo Planificador. Este Equipo presentará una propuesta, construida en consulta con los locales y que debe aprobar el Consejo Mu-nicipal de Prevención de Violencia o instancia local designada para asumir esta responsabilidad.

33Elaboración del plan municipal de prevención de violencia. Con

el apoyo del Equipo Planificador, se debe de formular un Plan de Acción que responda a las necesidades concretas de cada municipalidad. Este Plan de Acción, además, debe responder a los principios de la Estrategia: participación, corresponsa-bilidad, sentido de focalización, etc. Este Plan de Acción debe ser presentado por el Equipo Planificador, que debe facilitar su construcción con el aporte local y ser aprobado por el Consejo Municipal de Prevención de Violencia o instancia local a cargo.

Seguimiento y monitoreo a las actividades del Plan de Acción. El Consejo Municipal de Prevención de Violencia o la instancia correspondiente que asuma esta responsabilidad debe estable-cer un mecanismo concreto de monitoreo del Plan de Acción.

Asegurarse que las diferentes iniciativas de prevención de vio-lencia del municipio funcionen coordinadamente y que res-pondan a una visión integrada de la acción municipal.

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Asegurarse que los diferentes actores del municipio (represen-tantes de intercomunales, sectoriales, juveniles, de iglesias, de ong’s, etc.) puedan canalizar adecuadamente sus demandas, in-tereses y prioridades relativas a la prevención de la violencia.

Búsqueda y gestión de recursos para el apoyo de los proyectos de prevención de violencia.

Generación de espacios de comunicación y coordinación entre los diferentes actores del municipio y las instancias del gobier-no central.

Sostenimiento y respaldo político al plan municipal de preven-ción de violencia.

En principio, se debe buscar que quienes integren los Consejos Mu-nicipales de Prevención de Violencia o las instancias locales que se designen para esta labor, se caractericen por su liderazgo municipal o comunitario, por su conocimiento de las necesidades del territo-rio, por su capacidad de trabajar en equipo, etc.

Los CMPV o las instancias locales designadas serán apoyados por un esfuerzo nacional público y de los sectores privados y que se materializa en el planteamiento estratégico: Territorios seguros, Te-rritorios verdes, limpios y saludables, dinamizando la economía lo-cal, cuyo impulso es coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización.

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5. Equipo Planificador, EPEl Equipo Planificador es el segundo actor de la estra-tegia municipal de prevención de violencia. Cada Equipo Planifi-cador (EP) estará conformado por un grupo multidisciplinar de profesionales, con experiencia y especialización en el tema de pre-vención de violencia. El objetivo de estos Equipos Planificadores es apoyar a los Consejos Municipales de Prevención de Violencia o instancias locales designadas en la elaboración del diagnóstico municipal de violencia, así como la formulación del plan municipal de prevención de violencia.

Con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, cada EP será presentado a las autoridades municipales para que inicien su trabajo de diagnóstico y de elaboración del plan municipal de pre-vención de violencia. Completados estos dos productos, y una vez que los mismos sean aprobados por los Consejos Municipales de Prevención de Violencia (u otra instancia equivalente previamente

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acordada), los EP se trasladarán a otros municipios para apoyarles en la misma tarea. La tarea de organización y de respaldo técnico de los Equipos Planificadores es una responsabilidad de la Subsecreta-ría de Desarrollo Territorial y Descentralización.

Este equipo constatará o identificará los principales problemas, el tipo y grado de conflicto en el municipio y sus comunidades, la dis-posición y actitud de los distintos grupos de población en el lugar y del liderazgo comunitario, para lo cual también dispondrá de la información nacional y local existente sobre cada lugar.

Otra característica sustancial de los EP es su variedad. En algunos casos, los Equipos Planificadores estarán integrados por profesio-nales que pertenecen a organismos gubernamentales, en otros ca-sos, por especialistas que trabajan para instancias no gubernamen-tales o de la sociedad civil. Otra opción, que es la que su buscará, es que se combinen, a manera de garantizar la necesidad de que estos esfuerzos sean multidisciplinarios.

De manera específica, los Equipos Planificadores deberán realizar las siguientes funciones:

Recolección y sistematización de toda la información dispo-nible respecto a los municipios asignados. Antes que cada EP inicie el trabajo en los municipios, debe realizar esta función.

En los municipios en donde no existe un Consejo Municipal de Prevención de Violencia, los EP apoyarán a las autoridades municipales a crear esta instancia u otra similar que asumirá esta responsabilidad. A este efecto, los EP podrán indicar los propósitos, las características de los integrantes, la necesaria re-presentatividad que debe lograrse, las funciones a desarrollar, etc.

En los municipios en donde ya existe un Consejo Municipal de Prevención de Violencia o alguna instancia equivalente que esté dispuesta a jugar ese rol, los EP apoyarán al fortale-cimiento de estas instancias. En estos casos, los EP revisarán

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rápidamente el estado actual de esas instancias y buscará ajus-tarlas a la nueva filosofía de trabajo.

Elaboración de propuesta de trabajo y funcionamiento de los CMPV. Los EP, según las necesidades de cada CMPV, les apo-yará a organizarse y encontrar modelos sencillos y efectivos de funcionamiento.

Conducción y asesoría del proceso de elaboración del diagnós-tico municipal. A partir de un proceso participativo, los EP ini-cian el proceso de validación de la información que ya disponen o levantamiento de nueva información. En este proceso, los EP contarán con el soporte técnico de los formatos o modelos de diagnóstico municipales de prevención de violencia previamente establecidos.

Conducción y asesoría para la formulación del plan munici-pal de prevención de violencia. Tanto para el diagnóstico como para la elaboración del plan, los EP deben realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la participación de todos los actores de los municipios. En otro orden, en la medida de lo posible, los EP deberán ajustarse a los formatos acordados.

Consolidación de los Equipos Facilitadores. Desde el inicio del trabajo, los EP deberán encontrar y asegurarse de crear o con-

Los Equipos Planificadores conducirán los proce-sos de elaboración o verificación del diagnóstico municipal de prevención de violencia y de ela-boración o fortalecimiento del plan municipal de prevención de violencia.

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solidar los Equipos Facilitadores, los cuales, como se analizará más adelante, son los que deberán desarrollar los planes muni-cipales. Una fórmula puede ser que, ya desde la conformación de los EP, se integren considerando que algunos de sus miem-bros también formarán parte de los Equipos Facilitadores.

Respaldo técnico a las Consejos Municipales de Prevención de Violencia y a los Equipos Facilitadores. Los EP, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización darán el adecuado soporte técnico, incluyendo los ejercicios permanentes de monitoreo y evaluación.

En principio, los EP pueden desarrollar su trabajo en cuatro sema-nas. Al cabo de este periodo deben haber producido los siguientes productos y resultados:

Diagnóstico municipal de prevención de violencia validado participativamente.

Plan municipal de prevención de violencia validado participativamente.

Consejo Municipal de Prevención de Violencia debidamente organizado y en funcionamiento.

Equipo facilitador conformado, capacitado y en funcionamiento.

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6. Equipo Facilitador, EFLos “equipos facilitadores” constituyen el “motor de trabajo” en cada una de las municipalidades y, junto con el CMPV, serán los responsables de desarrollar el Plan Municipal de Preven-ción de Violencia. Al igual que los Equipos Planificadores, los Equi-pos Facilitadores estarán conformados por un conjunto multidisci-plinario de profesionales con experiencia en temas de prevención de violencia y de movilización social. A este equipo se podrán su-mar los promotores sociales del municipio, así como los liderazgos naturales de las comunidades.

La conformación de los EF tiene la doble ventaja de, por un lado, garantizar el necesario soporte técnico para el desarrollo de proyec-tos y, por otro lado, de generar el suficiente soporte de continuidad y sostenibilidad en cada uno de los municipios.

Después que los Equipos Planificadores presenten el Plan Munici-pal de Prevención de Violencia, los Equipos Facilitadores, avalados por el CMPV o la instancia local correspondiente, iniciarán el tra-bajo de programación de las actividades y proyectos.

En virtud de las características ejecutivas y operativas de los EF, es necesario que la conformación de los mismos responda al criterio de intersectorialidad, que cuenten con la suficiente representación y respaldo de las instituciones para las que laboran (a manera de facilitar la toma de decisiones) y que tengan experiencia y liderazgo para el manejo de grupos. Será necesario que los EF se coordinen técnicamente con las instituciones u otro tipo de asociaciones que desarrollan las actividades de prevención de violencia.

Las funciones concretas de los Equipos Facilitadores son las si-guientes:

Desarrollo del plan municipal de prevención de violencia. Los EF son los encargados de movilizar y de operativizar el de-sarrollo del plan municipal. En este sentido, deberán asumir

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la conducción de todas las actividades tendientes al asegura-miento del desarrollo del plan.

Establecimiento de efectivos canales de coordinación. En apo-yo a los CMPV, los Equipos Facilitadores deben asumir la res-ponsabilidad de coordinar y articular adecuadamente todo el accionar de prevención de violencia de la municipalidad. Esta es una tarea fundamental.

Apoyo al CMPV. Además de mantener informado del desa-rrollo de las actividades al CMPV o instancia local correspon-diente, el EF debe apoyarlo técnicamente y de crear un efecti-vo mecanismo de comunicación.

Apoyo técnico a los proyectos. El EF también brindará el apo-yo técnico para el desarrollo adecuado de los proyectos y todas las demás iniciativas que se realicen en el territorio.

Junto con la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descen-tralización, deberán darle el seguimiento adecuado al Plan y organizar ejercicios de evaluación de impacto.

Organización de intercambios. Bajo la lógica de generar siner-gias, no solo municipales, sino también intermunicipales, los EF también deberán mantener vínculos de coordinación con los EF de los municipios circunvecinos y generar espacios de intercambio de experiencias, de lecciones aprendidas o de otro tipo.

Planificación y desarrollo de mecanismos de divulgación. Los EF deberán crear modalidades de divulgación de los proyectos que se están ejecutando o de otras actividades importantes.

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Parte III Secuencia de la estrategia

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Las funciones de cada uno de los actores anteriores están or-denadas con arreglo a la siguiente metodología y secuencia:

7. Fase de condiciones previasEsta fase, que puede ocurrir de forma rápida, está orientada a desarrollar un conjunto de condiciones preliminares y de enten-didos básicos de funcionamiento, de preparación de los diferentes actores, de organización interna de los equipos de trabajo, etc.

PASo 1: Recopilación y sistematización de informaciónLos Equipos Planificadores se conformarán (garantizando su mul-tidisciplinaridad, dominio de la metodología, potencial arraigo en las municipalidades, etc.) en función de los municipios a los que brindarán su apoyo.

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Posteriormente, los Equipos Planificadores deberán recolectar toda la información disponible del municipio asignado y sistematizarla. Este ejercicio tiene el doble propósito de, por un lado, ahorrar tiem-po y esfuerzo, en el sentido que muchas veces ya existe información que puede ser aprovechada y, por otro lado, sirve de inducción al Equipo Planificador en el sentido de conocer de mejor forma el te-rritorio y la municipalidad que van a apoyar. En este paso, el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización es clave puesto que debe solicitar a otras instancias gubernamentales y no gubernamentales la información de la que disponen.

El resultado y producto concreto de este paso es:

Documento de acopio y sistematización de la información.

PASo 2: Contacto y principio de entendimiento con el gobierno municipal

En paralelo al paso 1, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización iniciará el proceso de contacto y de entendi-miento de intereses con el gobierno municipal.

Es posible que este paso tenga muchas expresiones, entendidos o acuerdos informales previos, sin embargo, lo que se precisa en tér-minos de ajustarse a la metodología de intervención es que cada gobierno municipal tenga claridad de lo que va a ocurrir en ese mu-nicipio y que muestra su interés en este esfuerzo nacional. En este paso, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Decentralización buscará a las autoridades edilicias y llegará a los acuerdos necesa-rios par activar el proceso.

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Los resultados y productos concretos de este paso son:

El Gobierno Municipal expresa su interés de participar en este esfuerzo.

Se programa la primera reunión de trabajo entre el gobierno municipal, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Decen-tralización y el Equipo Planificador.

PASo 3: Acuerdo de trabajo con las autoridades municipales

El paso 3 está referido a una o más sesiones de trabajo entre el go-bierno municipal, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y De-centralización y el Equipo Planificador. Lo que se pretende es lograr la mayor claridad posible respecto al objetivo de la intervención, la metodología para lograrlo y las responsabilidades de cada actor.

En este paso lo que se busca es lo siguiente:

Presentar y discutir la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia.

Presentar al Equipo Planificador la metodología de trabajo que van a utilizar, los apoyos que requieren del Gobierno Municipal y los productos que deben producir.

Acordar el inicio del trabajo del Equipo Planificador.

En caso que ya exista un Consejo Municipal de Prevención de Violencia, se deberá discutir si esa instancia puede fortalecerse y si es posible ajustar algunas de sus funciones, a manera de adaptarlas, tanto como sea posible, a la nueva estrategia de tra-bajo.

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Según el caso anterior, se debe definir los apoyos concretos –de tipo técnico- que el ya conformado CMPV puede requerir y el modo concreto en el que se brindará esa asistencia técnica.

En caso que no exista un Consejo Municipal de Prevención de Violencia se deberá iniciar el proceso de conformación del mis-mo o de la instancia que se acuerde, con arreglo a los criterios avanzados en los apartados anteriores.

Según el caso anterior, el gobierno municipal debe seleccionar a otros dos concejales que integrarán el CMPV, además del al-calde o alcaldesa, el cual, liderará esta instancia.

Para la conclusión de este paso se deberá revisar si se han logrado los siguientes resultados:

Los miembros del gobierno municipal entienden y comparten los propósitos, la metodología y el espíritu del planteamiento estratégico: “Municipios Seguros”.

El gobierno municipal designa, además del alcalde o alcaldesa, a dos concejales más para conformar y liderar el CMPV o la instancia correspondiente que se designe.

El gobierno municipal se compromete a apoyar el trabajo del Equipo Planificador, EP.

La secuencia de actividades sustantivas de la estrategia municipal de prevención de violencia está organizada en las siguientes fases:

Fase de condiciones previas.Fase de diagnóstico y planificación.Fase de desarrollo y seguimiento.

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PASo 4: Conformación de los CMPVEste paso solo tiene razón de ser en caso que no exista ninguna instancia equivalente en el municipio. Lo que se pretende es generar un proceso de selección y convencimiento a diferentes actores para que se integren en esta instancia y que, sobretodo, tengan pleno conocimiento del objetivo y las funciones que deben desarrollar.

La secuencia de actividades a realizar es la siguiente:

De conformidad al perfil sugerido, a los principios de la estrate-gia y a los criterios para la conformación de los CMPV, el alcal-de y los concejales designados, con el apoyo del EP, se elaborará una lista preliminar de potenciales candidatos a conformar el CMPV.

De forma individual o en grupo, las autoridades municipales, junto con el EP informan a los potenciales candidatos de la im-portancia del plan “municipios seguros”, de la Estrategia Mu-nicipal de Prevención de Violencia y del rol que deben asumir los Consejos Municipales de Prevención de Violencia.

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Se invita formalmente a participar de los Consejos Municipa-les de Prevención de Violencia. Cada gobierno municipal debe decidir la modalidad de formalización de estos CMPV. Debe quedar claro que los posibles procesos de formalización o lega-lización no constituyen una especie de requisito o paso previo para el desarrollo de la estrategia municipal de prevención de violencia.

Al terminar este paso, es importante revisar si se lograron los siguientes resultados:

Los candidatos del CMPV entienden y comparten los propósitos, la metodología y el espíritu del planteamiento estratégico: “Territorios Seguros”.

Los candidatos aceptan ser miembros del CMPV.

El CMPV constituido se integra a la dinámica de trabajo que propondrá el EP.

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8. Fase de diagnóstico y planificación Cumplida la fase de condiciones previas referidas al logro de acuer-dos y de condiciones de trabajo, la fase siguiente está orientada al desarrollo del diagnóstico participativo y al plan municipal de pre-vención de violencia.

PASo 5: Construcción colectiva del diagnóstico municipal

En este paso, comienza las actividades más operativas del EP. Del mismo modo, a diferencia de los pasos anteriores, en donde se debe dar espacio a las autoridades municipales para que ejerzan su propio liderazgo, a partir del presente paso se requiere un nivel de participación diferente, más contundente del EP. La secuencia de actividades sustantivas a realizar son las siguientes:

El Equipo Planificador, EP, presenta al Consejo Municipal de Prevención de Violencia los datos que tiene acerca de la situa-ción del municipio. La idea básica es que el EP pueda, de mane-ra rápida, determinar la calidad de información que dispone.

Con los insumos ofrecidos por el CMPV, el EP inicia la fase de analizar el conjunto de factores de riesgo, factores de protec-ción, mapa de recursos, mapas de riesgo, etc., y toda la infor-mación necesaria para el diseño del diagnóstico.

El EP indaga en el territorio sobre la incidencia de los factores de riesgo y de las zonas en donde estos factores se presentan con mayor fuerza.

50El EP debe realizar visitas “in situ” a las comunidades, a ma-

nera de constatar de forma directa las realidades comunitarias y obtener información por parte de los ciudadanos de forma directa.

El EP deberá, también, recopilar la información acerca de las estadísticas criminales que maneja la PNC y los Observatorios de Violencia u otra instancia que realice esta función.

El EP recopila la información de todos los recursos locales dis-ponibles. Estos recursos pueden ser de los siguientes tipos: re-curso humano, infraestructura, financieros, programas existen-tes, de conocimiento de la problemática, de potenciales apoyos, etc.

El EP inicia a estructurar un informe que organice la informa-ción que está recopilando. Este informe, denominado, Diagnós-tico Municipal de Factores de Riesgo y de Recursos (DMRR). En este punto, es importante indicar que los EP deben, en lo

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posible, ajustar toda la información recolectada con arreglo al modelo o instrumento de diagnóstico previamente establecido.

Al final de este paso, será necesario revisar si se han logrado los siguientes resultados:

El DMRR ha sido elaborado;

El EP ha preparado las condiciones para validar el DMRR.

PASo 6: Validación participativa el diagnóstico

En el marco de un taller de trabajo y asegurándose de la participa-ción de los miembros del CMPV, así como de otros actores que pue-dan resultar claves, el EP debe socializar los resultados del trabajo que ha realizado.

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La importancia de este paso radica en la necesidad de construir, pro-gresivamente, un documento de diagnóstico en donde todos los ac-tores importantes del municipio se sientan reflejados. En igual senti-do, la validación del diagnóstico permitirá al EP identificar posibles vacíos u otros aspectos que no han sido suficientemente tratados.

Al final de este paso se pretende haber logrado el siguiente resul-tado:

Diagnóstico municipal validado.

PASo 7: Construcción colectiva del Plan Municipal de Prevención de Violencia

Siguiendo la misma lógica de participación de los pasos anteriores, la tarea siguiente del EP es la elaboración del Plan Municipal de Prevención de Violencia.

Una vez más, los EP dispondrán de un modelo de Plan de Acción y lo que se pretende es que, en la medida de lo posible, se ajusten al modelo previamente establecido.

Otro elemento importante es la permanente preocupación que el EP debe involucrar, desde los inicios, a los miembros del Equipo Facilitador.

Al final de este paso el resultado es el siguiente:

Plan Municipal de Prevención de Violencia elaborado.

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PASo 8: Validación y aprobación del Plan Municipal de Prevención de Violencia

Con la misma lógica de la validación del diagnóstico, el EP debe in-vitar a otro taller de trabajo a todo el CMPV a los efectos de validar el Plan Municipal de Prevención de Violencia.

Siguiendo el modelo establecido, el EP debe asegurarse que el Plan Municipal de Prevención de Violencia responde a los principios de la estrategia y a las prioridades municipales expresadas por todos los actores involucrados. De manera particular, el EP debe tomar las medidas necesarias para que el Plan Municipal exprese con claridad los resultados de la discusión sobre la focalización o sectorización. En otro orden, también es importante que todos los operadores de programas de prevención de violencia (escuelas, iglesias, sectores empresariales, ong’s, etc.) se sientan vinculados con el diseño y la puesta en marcha del Plan.

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El resultado esperado de este paso es:

Plan Municipal de Prevención de Violencia validado y aproba-do.

PASo 9: Conformación del Equipo Facilitador

Aunque este paso debe iniciarse en paralelo a los pasos anteriores, es importante que al cierre de esta fase, quede conformado el Equi-po Facilitador Municipal. La idea básica de incorporar desde los inicios al Equipo Facilitador es que el proceso de transición ocurra de forma natural, como consecuencia lógica del proceso y que el traslado de información y conocimiento no sea artificial.

Otra ventaja es que, a medida que se desarrolla el diagnóstico y el Plan Municipal, el CMPV, el cual debe avalar a este equipo facilita-dor, los va identificando y se van construyendo las relaciones nece-sarias que serán determinantes para la coordinación y el desarrollo del Plan Municipal.

Al final de este paso se debe haber logrado el siguiente resultado:

Equipo facilitador conformado y avalado por el CMPV.

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9. Fase de desarrollo y seguimiento La fase siguiente tiene que ver con el desarrollo efectivo del Plan Municipal de Prevención de Violencia, así como los ejercicios per-manentes de apoyo técnico, coordinación y seguimiento que brin-dará la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización.

Esta fase, más que ordenarla por pasos, se explicita por la necesidad de generar mecanismos concretos de trabajo –por ejemplo comi-siones territoriales o sectoriales- y la manera ágil con el que deben operar los Equipos Facilitadores. Una vez más, los Equipos Facili-tadores son el “motor de trabajo” del Plan de Acción y, por tanto, deben asumir el compromiso de dotarle de dinamismo y eficacia a todas las actividades que se proponen realizar. Particular énfa-sis debe ponerse en los aspectos de coordinación de actividades y movilización de recursos. En este sentido, no se trata que el Equipo Facilitador se convierta en el ejecutor directo de los proyectos o actividades, sino más bien que genera las condiciones organizacio-nales, institucionales, de apoyo del gobierno municipal, de apoyo del Consejo Municipal de Prevención de Violencia, etc., para reali-zarlas de mejor forma.

Gabinete de Prevención Social de la Violencia