Posiciones ideológicas frente al Estado Plurinacional

Fernando Molina1

El Estado Plurinacional es una combinación compleja y contradictoria entre el esfuerzo liberal de igualación, el esfuerzo nacionalista de integración y el esfuerzo comunitarista de reconocimiento de identidades indígenas

Al formular el primer plan de una sociedad liberal, el egregio John Locke estableció que ésta debía garantizarla igualdad entre los hombres, que en su opinión constituía “ley natural”. Pero Locke hablaba de un tipo específico de igualdad, que ahora llamaríamos “igualdad legal y política”: no negaba que los seres humanos fueran distintos entre sí por muchas razones, solo pensaba que todos debían gozar de los mismos derechos y las mismas posibilidades para decidir sobre su destino común. Según el liberalismo, en esta igualdad se funda una comunidad política justa.

La igualdad legal y política se ha blandido como respuesta a la “cuestión indígena” desde la fundación misma de Bolivia. En la opinión liberal convencional, la concesión de derechos ciudadanos a los indígenas sirve como antídoto contra la discriminación que éstos sufren. Para defender esta posición no es necesario confiar ingenuamente en la eficacia de las definiciones legales en la transformación de la realidad; basta con señalar que la brecha entre el postulado y su realización, que procede de causas empíricas, no invalida la justeza de los valores implícitos en el primero. En otras palabras, si se discrimina a los indígenas es porque se rompe la ley republicana, que es ciega a las diferencias étnicasy por tanto equitativa; ergo, la solución consiste en cumplir efectivamente esta ley (y no, como piensan otros, en modificarla).

La igualdad liberal es una igualdad “formal”, esto es, indiferente o neutral respecto a las peculiaridades reales de los grupos poblacionales. Sin embargo, puesto que no le es posible extenderse a todos los habitantes de la tierra, encuentra su límite en un tipo de peculiaridad, la nacional. Las ventajas de la ley liberal solo pueden beneficiar a los miembros de un país. Quienes no pertenecen a éste, es decir, quienes no comparten la misma identidad legal, no se admiten como iguales. En este punto, entonces, una peculiaridad real limita el potencial homogeneizador, la fuerza igualadora del liberalismo; por más que quiera, éste no puede trascender las fronteras nacionales; a cambio de esta concesión, el liberalismo se arraiga en el Estado nacional, lo que loviabiliza, tanto al reducirlo a una escala factible como al dotar de una base emocional –el patriotismo– a su planteamiento racional. “En tanto somos bolivianos, tenemos derechos iguales…, etc. ”Surge así la sociedad moderna “normal”, que resulta de una articulación entre liberalismo y Estado nacional.

Ningún liberalismo, empero, puede ser nacionalista en el sentido fuerte de la palabra. El nacionalismo busca la integración de la población en un proyecto histórico único, que implica una ideología común. Para eso pasa por encima de los escrúpulos formalistas de la sociedad liberal: adapta la ley a sus necesidades (no sus necesidades a la ley) y excluye de la comunidad política a los focos de resistencia contra su movimiento (la “antinación”). Su autoconfianza arrolladora en una verdad nacional no tiene que ver con la ecuanimidad liberal de derechos iguales para todos.

El Estado del 52

1 Periodista y escritor

Pese a estas diferencias de método, las medidas adoptadas por el nacionalismo en 1952 para librar a los indígenas de las ataduras económicas y políticas que hasta entonces les habían impedido formar plenamente parte de Bolivia –esto es, la reforma agraria, el voto universal y la educación obligatoria general– tuvieron, en la evaluación final, un sentido lockeano. No fueron pasos en dirección de una sociedad colectivista, sino que crearon la base fundamental de la sociedad de mercado y la democracia: una comunidad de individuos con iguales derechos legales y políticos. Pero el esfuerzo nacionalista para subsumir a las identidades indígenas en una identidad nacional mayor, que fue exitoso en parte, fracasó en otra parte por la debilidad de tal mercado y tal democracia (esta es la diferencia entre el caso boliviano y el mexicano). Como resultado de este fracaso, hasta ahora la exclusión indígena –o la “selección negativa” de una parte de la población en el mercado y la democracia –sigue siendo un problema lacerante.

La solución que para este problema proponen los liberales convencionales no es otra que la que ya conocemos: el cumplimiento de la ley igualitaria. Execran, en cambio, de las reformas legales que ofrecen derechos “especiales” o adicionales a los indígenas, ya que destruyen el más fundamental de los principios sobre los que reposa la sociedad moderna: la prohibición de los privilegios de nacimiento o emergentes de la raza o la casta a la que cada quien pertenece. La solución de los nacionalistas convencionales –muy debilitados hoy en día– es también la misma: más subsunción de los indígenas dentro de la nación boliviana mestiza.

El proyecto comunistarista

Una respuesta distinta y relativamente nueva –aunque sus supuestos filosóficos se remonten a Aristóteles– es la “comunitarista”, que pretende sustituir la ilusión de la igualdad formal por el reconocimiento de la diferencia, y por tanto saltarse la articulación “sociedad liberal-Estado nacional” o, lo que es lo mismo, “salirse” de la sociedad moderna, para experimentar una nueva forma de organización colectiva basada en las identidades particulares y no en los derechos generales. Una formulación extrema de esta propuesta fue presentada por Álvaro García Linera en mayo de 2003, antes de ser vicepresidente, en el artículo “Autonomías indígenas”, en el que se plantea, entre otras cosas “el derecho de las nacionalidades y comunidades culturales indígenas a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía política” y “un Ejecutivo y una Cámara Legislativa Nacional Indígenas (aymara, qheswa…) de entre cuyos miembros es elegido el ejecutivo del régimen autónomo. Esta asamblea ejerce sus funciones sobre la jurisdicción territorial continua del territorio de la comunidad cultural (urbana-rural) y es elegida directamente por los propios miembros (de esta)…”

El Estado Plurinacional creado por la Constitución de 2009 no concreta plenamente ninguna de estas filosofías políticas. Resulta de la definición de que el país contiene 36 identidades nacionales distintas, pero no es un Estado comunitarista, ya que solo una de estas naciones, la boliviana, goza de “autonomía política”, es decir, de “un Ejecutivo y una Cámara Legislativa…” En esa medida, el Estado Plurinacional continúa el proyecto nacionalista previo, que era de integración de la población en una sola identidad, aunque con la diferencia de que esta identidad ya no se imagina homogénea (una sola tradición, una sola lengua, una sola mezcla racial), sino plural. Las nuevas identidades subnacionales gozan de determinados derechos colectivos que no comparten con el resto de la comunidad política, lo que imposibilita que el Estado Plurinacional sea plenamente liberal, pero a la vez estos derechos colectivos no anulan y ni siquiera son un freno para los derechos generales de los individuos.

En verdad, el límite efectivo para las libertades individuales no son las nuevas identidades“nacionales”, sino el viejo dogmatismo nacionalista que busca imponer un proyecto social único, excluyente y antiliberal. Al mismo tiempo que repite el método político de su antecesor, el nuevo proyecto nacionalista se diferencia de éste en que imagina la nación boliviana tanto como un conglomerado de naciones indígenas –una concesión al comunitarismo–, cuanto como un conglomerado de individuos iguales ante la ley –una concesión al liberalismo.