Estado de la conflictividad social en Centroamérica · Enro-unio 213 3 1. Introducción 1.1....

1Enero-Junio 2013

Ao XLIII. V poca No. 8Centroamrica, Enero-Junio 2013

ISSN: 1017-8902

Estado de la conflictividad social en Centroamrica

Estado de la conflictividad social en Centroamrica

Reporte Poltico

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Contenido

PresentacinEl Instituto Centroamericano de Estudios Polticos se complace en presentar una nueva edicin de su revista PANORAMA CENTROAMERI-CANO/Reporte Poltico, publicada de manera regular, con escasas interru-ciones, desde hace 43 aos.

En esta edicin se explora el esta-do actual de la conflictividad social en los pases de Centroamrica. La primera parte presenta un marco conceptual acerca del conflicto, los elementos que lo componen, y las distintas maneras en que se mani-fiesta. La segunda parte expone un panorama general de la conflictivi-dad en la regin centroamericana en su conjunto, identificando las ca-ractersticas que la misma adquiere en cada pas. Finalmente, se dedica un apartado especfico a cada uno de los pases centroamericanos, en el cual se analiza las condiciones

particulares de los conflictos que en ellos se manifiestan, y se exponen algunos ejemplos considerados pa-radigmticos.

Esta revista fue elaborada en la Uni-dad de Anlisis Poltico del INCEP, con la colaboracin como consultora ex-terna de la politloga Jeraldine Del Cid Castro, y de Hugo Novales, coor-dinador de dicha unidad. La seccin de Panam fue elaborada por Carlos Eduardo Rubio, Secretario General Adjunto del Partido Popular de dicho pas, a quien se agradece su contri-bucin. Se cont tambin con el apo-yo de Hileen Nerio y Ricardo Barreno, estudiantes de la Escuela de Ciencia Poltica de la Universidad de San Car-los de Guatemala, quienes aportaron su tiempo y esfuerzo al INCEP como parte de su formacin profesional. Agradecemos a todos ellos su con-tribucin a esta publicacin.

ESTADO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN CENTROAMRICA1. Introduccin 1.1. Definicin de conflictividad .............................................. 3 1.2. Dimensiones de la conflictividad social ............................ 5 1.3. Abordaje histrico de la conflictividad ............................. 6 1.4. Clasificacin del conflicto social ...................................... 8

2. Laconflictividadsocialdesdeunaperspectivaregional ....... 10 2.1. Datos de la conflictividad en los pases de Centroamrica ............................................................ 15 2.2. Respuesta gubernamental a la conflictividad social ......... 17

3. LaconflictividadsocialenlospasesdeCentroamrica 3.1. La conflictividad en Costa Rica ......................................... 19 - La marcha del 1 de mayo .............................................. 20 - Conflictos institucionales y por gestin pblica en Costa Rica .................................................... 21 3.2. La conflictividad en El Salvador ........................................ 22

3.3. La conflictividad en Guatemala ........................................ 25 3.4. La conflictividad en Honduras .......................................... 32 - El conflicto agrario en el Bajo Agun ............................ 33

3.5. La conflictividad en Nicaragua ......................................... 36 - La protesta de los abuelos ............................................ 38 3.6. La conflictividad en Panam ............................................. 40

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1. Introduccin

1.1.Definicindeconflictividad

ESTADO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN CENTROAMRICA

Para la comprensin de la conflic-tividad en trminos generales, se ha de partir de la definicin de conflicto. El mismo se refiere fun-damentalmente al intercambio de hostilidades entre actores que no se encuentran de acuerdo sobre un punto particular (Tzay, 2001 en Subsecretara de Resolucin de Conflictos, SAA, Guatemala, 2007: 19).

Diversos autores han coincidido en que el conflicto adopta dos di-mensiones posibles, dependiendo de la forma que se asuma para su atencin y resolucin. Puede progresar de manera escalonada y expresarse cada vez con mayor violencia, o puede enfrentarse como una oportunidad de cambio y transformacin. (Subsecretara de Resolucin de Conflictos, SAA, Guatemala 2007).

En un sentido ms profundo, Lo-renzo (2001) expone que el con-flicto social est relacionado con la contencin e incluso con la bsqueda de un contraproyecto social. De tal manera, lo define como un proceso de interaccin contenciosa entre actores socia-les que comparten orientaciones cognitivas, movilizados con diver-sos grados de organizacin y que actan colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora, de de-fensa de la situacin preexistente

o proponiendo un contraproyecto social (Lorenzo, 2001: 12).

A nivel general, el conflicto social se gesta y desarrolla constreido y condicionado por las estructuras del sistema social en el que se pro-duce. Los orgenes de los conflic-tos se manifiestan en la demanda y la mayora apelan a la estructura social, esquemas histricamen-te establecidos de organizacin social. Pero a su vez, el conflicto social es tambin un factor de cambio estructural. Este cambio puede buscarse por la va revolu-cionaria o por medio de reajustes producidos por las luchas sociales, en ocasiones en estrecha relacin con instituciones y procesos que se gestan desde dentro del sistema y estructura mismos.

En definitiva y de conformidad con lo expuesto por Lorenzo (2001), la relacin del conflicto con el siste-ma social es siempre un proceso di-nmico. El concepto de conflicto social elaborado por Lorenzo est integrado por varios elementos: se trata de un proceso, con una interaccincontenciosa, en el que se enfrentan o involucran actoressociales, con orientacionescogni-tivas, que les lleva a la organizacin y movilizacin en la bsqueda de sus objetivos trazados.

Diversos autores han coincidido en que el conflicto adopta dos dimensiones posibles, dependiendo de la forma que se asume para su atencin y solucin. Puede progresar de manera escalonada y expresarse cada vez con mayor violencia, o puede enfrentarse como una oportunidad de cambio y transformacin.

4 INCEP / Reporte Poltico Centroamericano

Elementosdelconflictosocial

Fuente: elaboracin del INCEP (con informacin de Lorenzo, 2011: 12)

Interaccincontenciosa

Actoressociales

Orientacin cognitiva

Organizacin y movilizacin

Objetivos

Un conflicto nunca debe confundirse con los actos multitudinarios mediante los cuales se expresa. Estos se inscriben en una sucesin lgico-causal de hechos histricos de la que forman parte, sin que su espectacularidad implique, necesariamen-te, que tengan una especial trascendencia de cara a la explicacin global del conflicto.

La lucha abierta entre grupos sociales opuestos. Confrontacin que alcanza un nivel ideolgico-cultural, caracterizado por la valoracin que se haga de la situacin preexistente y, por extensin, de las expectativas de cada grupo, y otro nivel de accin social, en las formas de la accin colectiva.

Agrupaciones comunitarias o asociativas de di-versa naturaleza.

El grupo ha de compartir ideas y objetivos, una similar valoracin de la situacin y unas expecta-tivas asimilables.

Grado de institucionalizacin de las entidades que gestionan la movilizacin, ya sean preexistentes o generadas por el propio movimiento.

Dimensin tctica relacionada con procesos so-ciales ms amplios

Proceso

A continuacin se presenta un esquema de los elementos planteados.

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1.2.Dimensionesdelaconflictividadsocial

Para abonar al anlisis general de los conflictos sociales, la Se-cretara de Asuntos Agrarios de Guatemala (SAA, 2007) propone algunas dimensiones desde las que el conflicto se puede abor-dar. Dichas dimensiones son la comunicativa, sociolgica, psi-colgica, social, econmica y personal, as como la ideolgica y de competencia.

Estas dimensiones permiten apreciar aquellos componentes que hacen parte del conflicto so-cial, de forma paralela a su pro-pia definicin. En este sentido,

el concepto que se utiliza para presentar tales dimensiones in-dica que se trata de una lucha expresa entre, al menos, dos partes interdependientes, que perciben metas incompatibles, ante la escasez de recursos, e in-terferencia de una de las partes para la consecucin de las metas u objetivos de la otra.

A continuacin se presenta una tabla que permite la com-prensin de las dimensiones en paralelo a los componentes del concepto.

ElConflictosocialysusdimensiones

Elconflictoes tienedimensiones

Unaluchaexpresa...

Comunicativas:

- La manera como uno se comunica, a menudo crea conflicto.

- Refleja o hace manifiesto el conflicto.

- Es el medio o el vehculo por el cual se transforma el conflicto de manera construc-tiva o destructiva.

entre,almenosdospartesinterde-pendientes...

Sociolgicas:

- Interdependencia implica elementos de cooperacin o de competencia.

- A pesar que las partes en conflicto son siempre interdependientes en alguna medi-da, las percepciones de su interdependencia afectan las decisiones que se toman.

- El conflicto siempre tiene que ver con el poder y con la relacin entre las personas que lo viven.

quepercibenmetasincompatibles...

Psicolgicas:

- La percepcin es una mezcla de lo objetivo/subjetivo.

- Emociones o sentimientos influyen en la percepcin.

antelaescasezderecursos...

Sociales,econmicasypersonales:

- Necesidades bsicas (alimentacin, salud, educacin, etc.).

- Derechos ciudadanos (libertad, justicia, acceso a recursos, etc.).

- Necesidades de crecimiento personal (autoestima, poder y amor).

einterferenciadelaotraparteparalaconsecucindesusmetasuobjetivos.

Ideolgicasydecompetencia:

- Individuos que se relacionan unos con otros y perciben metas incompatibles y es-casez de recursos podran no estar an en conflicto. El mismo ocurre cuando estas condiciones estn presentes y cuando las partes interfieren con la consecucin de los objetivos del otro.

- El conflicto siempre va acompaado con la interferencia o actividades encaminadas a impedir la consecucin de las metas del otro.

Fuente: SAA Guatemala (2007: 20 y 21)


Por ltimo, para cerrar esta seccin en que se define la conflictividad en general y el conflicto social en particular, se analiza la definicin que al respecto se propone en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ste define al conflicto social de forma similar a Lorenzo (2001), pero incluye entre los actores so-ciales a las instituciones que, con diversos grados de organizacin, se movilizan y actan de manera colectiva de acuerdo con sus inte-reses: expectativas de mejora, de defensa de la situacin preexisten-te o proponiendo un contraproyec-to social. (PNUD, 2012).

Por otra parte, dicho estudio (PNUD 2012) define como episo-dio de conflicto a las ocasiones en las que un actor se moviliza y lleva

adelante una medida de presin, tomando en cuenta que puede hacerlo muchas veces en el marco de un mismo conflicto. Es decir que el conflicto social se entiende des-de una dimensin procedimental, pero tambin se considera como tal a los acontecimientos que cons-tituyen dicho proceso.

Por otro lado, al desarrollar algu-nas de las diversas tipologas de la conflictividad social, se podr visualizar un concepto amplio del conflicto social, considerndolo tanto como un proceso con ca-ractersticas especficas, as como acontecimientos que no necesaria-mente sean parte de un proceso y, por ende, se ampla la concepcin y consideracin de sucesos que re-presentan conflictividad.

1.3. Abordaje histrico de la conflictividad

Un abordaje histrico de la con-flictividad en general permite una visin amplia para su tipificacin. Debido a las expresiones perma-nentes de conflictividad en las so-ciedades, manifestadas por grupos sociales especficos, organizados en muchos casos, se relaciona la conflictividad con los movimien-tos sociales.

La tipificacin de sta ser posible a partir de la caracterizacin de aquello que se concibe como con-flicto, o expresin de conflictividad. Dicha caracterizacin depende de los momentos histricos y de los autores que abordan la problem-tica. Lorenzo (2001) presta espe-cial importancia a esta visin his-trica y hace algunas reflexiones respecto al papel que han jugado las expresiones de conflictividad y los movimientos sociales, en la evolucin y construccin de las sociedades del mundo.

Las expresiones de conflictividad de los grupos sociales han sido en-tendidas como decisivas para quie-nes las protagonizan. La respuesta ms comn desde los grupos do-minantes ha sido la criminalizacin de aquellos en trminos ticos y tratar de impedirlos en trminos polticos. Ante esta realidad afirma que, la historia de los movimien-tos sociales es un campo historio-grfico especialmente apropiado para rastrear las conexiones exis-tentes entre historia y poltica o, a nivel ms general, entre las ciencias sociales y su entorno social (Lo-renzo, 2001: 05). El conflicto ha sido interpretado siempre en trminos de catstrofe social y criminalizado en trminos morales. La protesta colectiva fue siempre considerada como delito penal, y extremadamente grave, hasta la entrada en vigencia de

La historia de los movimientos sociales es

un campo historiogrfico especialmente apropiado

para rastrear las conexiones existentes entre historia y

poltica o, a nivel ms general, entre las ciencias sociales y su

entorno social (Lorenzo, 2001: 05).

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los regmenes liberales (Loren-zo, 2001). Para la tipificacin del conflicto es conveniente abordar de manera general los elementos que compo-nen su concepcin en retrospecti-va histrica, para luego abordar su composicin en la actualidad.

Los fundamentos de la interpreta-cin decimonnica del conflicto, que se mantienen hasta bien en-trado el siglo XX, son los siguientes, segn Lorenzo (2001):

1. Valoracin de determinadas formas de conflicto y de re-belda como factores de pro-greso social.

2. Concepcin elitista del conflic-to: slo son significativas las revueltas con objetivos polti-cos protagonizadas por grupos con ideologas formalizadas. El

resto son obra de agitadores profesionales, de grupos fa-nticos o revueltas fruto de la desesperacin.

3. Se comienza a prestar atencin a los conflictos populares, so-bre todo gracias al marxismo y al inters por la cultura popular visible en determinados grupos conservadores.

En la actualidad, la interpretacin del conflicto admite muchas ms expresiones de oposicin o enfren-tamiento. Esto tiene una fuerte in-fluencia de la historia, pero sobre todo se debe al aporte de las cien-cias sociales. A medida que se fue desarrollando el siglo XX cobraron mayor relevancia las ciencias que se encargan del estudio de la socie-dad, ampliando la concepcin del conflicto y la conflictividad, lo que permite una tipificacin tambin ms extensa.

Concepcindeconflictosocialenlaactualidad

1. No slo son conflictos sociales los movimientos de masas, sino cualquier forma de oposicin o de enfrentamiento, incluidas las individuales, por ejemplo: el suicidio, los comportamientos anmicos, etctera.

2. No slo son conflictos sociales aquellos que tienen objetivos socioecon-micos, polticos o ideolgicos, sino tambin los que se desarrollan en la esfera de las relaciones privadas, por ejemplo: los fenmenos contracul-turales, los conflictos generacionales, las bandas urbanas, etc.

3. El conflicto no slo propicia el cambio, tambin sirve como regulador y fortalecedor del orden establecido: las funciones del conflicto.

Adems no slo son conflictos aquellas movilizaciones que se concretan en actos violentos y multitudinarios, sino tambin cualquier forma de resistencia pasiva, oposicin poltica, etctera.

4. No slo han de tenerse en cuenta factores econmicos, sociales, polti-cos e ideolgicos, tambin tienen su importancia los psicolgicos y los culturales.

5. El conflicto no slo tiene importancia imbricado en los grandes procesos de cambio sociales, sino que posee entidad suficiente como para ser estudiado de una forma autnoma, como cualquier otro fenmeno so-cial, poltico o cultural ms, conceptualizando su dinmica interna de un modo puramente terico.

Fuente: Elaboracin del INCEP con informacin de Lorenzo, 2001: 10-11


1.4. Clasificacin del conflicto social

Existen diversas maneras de clasi-ficar la conflictividad social. Para considerar algunas de ellas y par-tir de una u otra para el anlisis de los conflictos en el Istmo es impor-tante considerar algunas premisas. Lorenzo (2001), expone algunos criterios para clasificar la conflicti-vidad social, los que se indican en el cuadro inferior.

Partiendo de estos criterios, se pro-picia la tipificacin de los conflictos sociales. Distintos autores e institu-ciones aplican unos u otros crite-rios para tal efecto. Considerando que el objetivo de esta publicacin es presentar la conflictividad en los pases de Centroamrica, resulta adecuada la clasificacin que se presenta en el estudio del PNUD (2012), en la cual se estn aplican bsicamente cuatro de los ocho criterios planteados por Lorenzo.

Dicho estudio toma en cuenta 1) los factores que propician la par-ticipacin de los actores que ma-nifiestan el conflicto, 2) las formas de lucha o de accin colectiva que se empleen para manifestar el conflicto, 3) el grupo social, clase o institucin contra el que se dirige la rebelin, y 4) los objetivos, im-plcitos o explcitos, que persigan los rebeldes o manifestantes de la conflictividad.

De esta manera, en el estudio del PNUD (2012) se propone una clasi-ficacin en la que analiza la protes-ta social, conflictos sociales y con-flictividad en general de Amrica Latina, segn tres grandes bloques: 1) Conflictos de reproduccin so-cial, 2) Conflictos institucionales y por gestin administrativa y 3) de-mandas que se han agrupado bajo la categora de culturales.

Criteriosparaclasificarlosconflictossociales

Criterio Clasificacin

1. Porlaposicinsocioeconmicadelosparticipantes

Pueblo llano, lite, grupos intermedios, extraccin diversa y todas las subdi-visiones socioprofesionales que se quieran hacer.

2. Porlaextensinozonageogrficadondeseproduzcan Nacionales, locales, rurales, urbanos, etc.

3. Porlosobjetivos,implcitosoex-plcitos,quepersiganlosrebeldes Reformistas, revolucionarios, radicales, moderados, gremiales, clasistas, etc.

4. Porelgruposocial,claseoinsti-tucincontraelquesedirijalarebelin

Nobleza, oligarquas, Estado, seoros, burguesa, etc.

5. Porlosgradosyformasdeorga-nizacinquepresenteelgruporebelde

Conflictos espontneos, movimientos sociales organizados, partidos polti-cos, grupos de presin, organizaciones de base, etc.

6. Porlasformasdeluchaodeac-cincolectivaqueseempleen Violencia, pleito judicial, negociacin, resistencia pasiva, etc.

7. Porlosperodoscronolgicosociclosenquepuedanagruparse Coyunturales (pocos das o semanas), medios, largos, histricos, etc.

8. Porlosfactoresquepropiciensuaparicin Econmicos, sociales, culturales, polticos, etc.

Fuente: Elaboracin del INCEP con informacin de Lorenzo (2001)

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Los conflictos de reproduccin so-cial incluyen principalmente las demandas para satisfacer nece-sidades bsicas y ampliadas que permitan la reproduccin de los in-dividuos y de las colectividades hu-manas (PNUD, 2012: 127). Sobre todo incluye aspectos socioeco-nmicos, laborales, salariales, de consumo colectivo, pero aglutina en esta tipificacin a las movili-zaciones en contra de ciertas me-didas polticas o sociales que se perciben como amenazadoras del statu quo, o para impulsar normas que podran mejorar la situacin econmica actual, o cuestiones relacionadas con la propiedad y el aprovechamiento de la tierra (PNUD, 2012: 127). Alrededor del 50% de los conflictos registrados en esta gran regin, de octubre de 2009 a septiembre de 2010, se pre-sentan bajo esta tipificacin de la conflictividad. (PNUD, 2012)

La clasificacin de conflictos ins-titucionales y por gestin admi-nistrativa aglutina las deman-das generadas por las fallas en la prestacin de servicios pblicos,

por temas de gestin administra-tiva, por situaciones o medidas legales, cuestionamiento y/o re-conocimiento de autoridades, por incumplimiento de convenios y por la definicin de lmites polti-cos administrativos (PNUD, 2012: 127). Este campo de conflictos re-presenta un porcentaje del 37.7% del total de conflictos registrados en Amrica Latina de octubre de 2009 a septiembre de 2010

Por ltimo el que menos cantidad de conflictos presenta, lo cual se explica porque no todos los pases poseen grupos culturalmente dife-renciados dentro de su nacin, es el campo que aglutina una variedad de demandas que se han agrupado bajo la categora de culturales. Se trata del mbito ms fragmenta-do e incluye conflictos ideolgico polticos, demandas por seguridad ciudadana, recursos naturales y medio ambiente, derechos huma-nos, valores, creencias e identida-des, y gnero (PNUD, 2012: 127). Su peso es del 15% sobre el total de conflictos registrados en Amrica Latina en la temporalidad referida.

ConflictividadenAmricaLatinasegnlaclasificacindelPNUD

Clasificacindela Conflictividad

Cantidaddeconflictosregistrados

deoct.09asep.10Porcentaje

1) Conflictos de repro-duccin social 1,097 47.30%

2) Conflictos institucio-nales y por gestin ad-ministrativa

874 37.7%

3) Conflictos culturales 347 15%

Fuente: elaboracin del INCEP con datos de PNUD, 2012.


2. La conflictividad social desde una perspectiva regional

En trminos cuantitativos, el es-tudio elaborado por el PNUD en 2012, en el que se mide la protesta social en Amrica Latina y se expo-nen resultados especficos de la re-gin centroamericana en relacin a Latinoamrica, confirma que sta es una regin con una conflictivi-dad social intensa. El perodo que abarca comprende de octubre de 2009 a septiembre de 2010, en el que se detectaron 2.318 conflictos, con un promedio de 193 por mes, y 4.724 episodios conflictivos.

El informe presenta los conflictos en tres subregiones: a) Andina, b) Cono Sur y c) Centroamrica, Re-pblica Dominicana y Mxico. La

primera se destaca por tener la mayor cantidad (un promedio de 174 por pas). La segunda tiene un promedio de 137 conflictos por pas; en particular, destaca Argen-tina, que presenta niveles altos de conflictividad; Brasil, Uruguay y Pa-raguay muestran niveles medio al-tos, mientras que Chile es el nico pas en la subregin que presenta una cantidad baja de conflictos. Por ltimo, Centroamrica es la regin con menor cantidad de conflictos (un promedio de 109 conflictos por pas) donde, a excepcin de Panam y Guatemala, la conflic-tividad es media y baja. (PNUD, 2012: 122)

En trminos generales, los pases que registran

el nmero ms alto de conflictos

(superior a los 200) son Bolivia, Per y

Argentina. Los pases menos conflictivos de

la regin son Costa Rica, Chile y El Salvador (con un promedio de 59

conflictos).

PNUD, 2012

AmricaLatina:Cantidaddeconflictossociales(Octubre2009-Septiembre2010)

300

250

200

150

100

50

0

Cono SurPromedio: 137

Canti

dad

de c

onfli

ctos

Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Chile

Bolivia

Per

Ecuador

Venezuela

Colombia

Panam

Guatemala

Mxico

Rep. Dominicana Honduras

El Salvador

Costa Ricao

o

oo

oo

o

oo

oo

o

o

o

o

o

Regin AndinaPromedio: 174

Amrica Central, Mxico yRep. Dominicana

Promedio: 109

Grfico tomado de PNUD, 2012: 123

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En este caso, debe considerarse el argumento de anlisis respecto al tamao de las poblaciones. Es importante resaltar que Panam y Guatemala pertenecen a la su-bregin con el menor promedio de conflictos, pero aparecen por encima de Brasil y casi a la altura de Argentina, an teniendo territo-rios y poblaciones mucho ms pe-queos que estos pases. De esta manera se puede observar que, si bien el nmero de conflictos re-gistrados es menor en relacin al resto de pases, al analizar el factor del tamao poblacional se puede concluir que son pases altamente conflictivos.

En el cuadro que se presenta a con-tinuacin se puede observar cmo

Panam es el pas con mayor con-flictividad social en relacin a su poblacin, ya que al medir el pro-medio de conflictos por cada 500 mil habitantes, la cifra asciende a 27.5 conflictos. Es decir que, an cuando la cantidad de conflictos registrados en este pas est por debajo de Bolivia, Per o Argenti-na, la densidad de los mismos en relacin a la poblacin hace que sea el pas con un mayor nmero de conflictos. Otros pases cen-troamericanos que registran un nmero alto de conflictividad en relacin al tamao de la poblacin son El Salvador, Honduras y Guate-mala que presentan un promedio de 6 conflictos por cada 500 mil habitantes para los primeros dos y 5.8 para el caso guatemalteco.

AmricaLatina:Nmerodeconflictossocialessegnpasesypoblacin(Octubre2009Septiembre2010)

Pas PoblacinCantidaddeconflictos

Promediopor 100mil

habitantes

Promediopor 500mil

habitantes

Pequ

ea

Panam 3. 405. 813 189 5,5 27,5

Uruguay 3. 356. 584 132 3,8 19

Costa Rica 4. 563. 538 27 0,5 2,9

Paraguay 6. 460. 000 115 1,7 8,9

El Salvador 6. 194. 000 80 1,2 6

Med

iana

Honduras 8. 045. 990 103 1,2 6

Rep. Dominicana 9. 378. 818 98 1, 5,2

Bolivia 10. 426. 154 261 2,5 12,5

Ecuador 14. 306. 876 173 1,2 6

Guatemala 14. 361. 666 168 1,1 5,8

Chile 17. 196. 000 70 0,4 2

Grand

e

Per 29. 461. 933 244 0,8 4,1

Venezuela 29. 123. 000 101 0,3 1,5

Argentina 40. 091. 359 205 0,5 2,5

Colombia 45. 861. 000 93 0,2 1

Mxico 112. 336. 538 98 0,08 0,4

Brasil 190. 732. 694 161 0,1 0,4Fuente: UNIR, s/f en PNUD, 2012: 145


El estudio del PNUD explica los niveles de conflictividad excepcio-nalmente altos de Panam, el nico pas que registra ms de 20 con-flictos por cada 500 mil habitan-tes, atribuyndolos al proceso de transicin poltica que se ha dado recientemente. Por un lado, el go-bierno anterior, de Martn Torrijos, termin en un panorama de inten-sa conflictividad social y, por otro, la primavera de la modernizacin conservadora del presidente Mar-tinelli acab rpidamente. (PNUD, 2012: 125).

Es necesario agudizar la mirada e identificar cmo se est dando la

conflictividad social en Amrica La-tina. En ese sentido, como ya se in-dic, el estudio del PNUD hace una tipificacin de la conflictividad en la regin, identificando tres cam-pos de conflictividad: 1) Conf l ic tos de reproduc-

cin social2) Conflictos institucionales y por

gestin administrativa3) Conflictos culturales.

En el referido estudio, estos tres grandes campos se desglosan en otras sub-tipificaciones, tal como se indica a continuacin:

Tipologasdeconflictosporcampodeconflictividad enAmricaLatina

(Octubre2009-Septiembre2010)

Conflictosporreproduccinsocial

Laboral/salarial 650

Medidas econmicas/ situacin econmica 390

Tierra 57

Conflictosinstitucionalesydegestin

Prestacin de servicios pblicos 264

Gestin administrativa 306

Situacin/ medidas legales 159

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades 79

Incumplimiento de convenios 57

Lmites poltico-administrativos 9

Conflictosculturales

Ideolgico-polticos 89

Seguridad ciudadana 98

Recursos naturales y medio ambiente 82

Derechos humanos 55

Valores/ creencias/ identidad 17

Otros 6

Fuente: PNUD, 2012: 128

Hacia quin estn dirigidas las demandas

en la conflictividad de Latinoamrica?

En un 43% los conflictos dirigen sus demandas al

Gobierno CentralUn 16% al gobierno local

Un 8% al sector empresarial

Fuente: PNUD, 2012

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En el estudio del PNUD tambin se propone una diferenciacin segn la radicalizacin que alcanzan los conflictos sociales. Existen pases como Chile, que presenta un bajo nmero de conflictos, pero stos alcanzan un nivel de radicalizacin fuerte. Por el contrario, Panam, que apareci como un caso excep-cional por la cantidad de conflictos que registr, en general tiene un grado de radicalizacin bajo.

El informe presenta distintos esta-dios en la conflictividad, desde el momento del preconflicto, el del manifiesto, del cual se pasa a la confrontacin. En este punto un conflicto an no se ha radicalizado, pero ya se encuentra en escalada, luego se observan los conflictos que llegan al enfrentamiento vio-lento, hasta escalar a una situa-cin de caos.

En la etapa del preconflicto se perfilan situaciones que anuncian el conflicto o ponen de manifies-to un ultimtum. En la etapa del manifiesto se observan acciones como huelgas de hambre, blo-queos, marchas, concentraciones, vigilias, entre otros. Cuando ya se alcanza un grado de confrontacin se trata de acciones como paro de actividades, huelgas, destruccin de bienes, enfrentamientos violen-tos, donde las partes pueden salir heridas e incluso muertas. En el grado de radicalizacin ms fuerte como el enfrentamientoviolento, se observan acciones como la toma de instalaciones e instituciones, agresiones sistemticas a perso-nas, cercos o emboscadas, inter-cepciones, secuestros y levanta-mientos armados. La ltima etapa

del escalonamiento de un conflicto es la situacin decaos.

En la siguiente pgina se presen-ta un cuadro en el que se ubica a los pases de Latinoamrica en un plano de cantidad de conflictos, que corresponde a la variable x, y en sentido vertical se muestra el porcentaje de conflictos de alta radicalizacin en la variable y. Los pases que aparecen en el cuadrante superior izquierdo son aquellos pases con mayor radica-lizacin pero menor cantidad de conflictos. En este espacio se en-cuentran Chile, como el de mayor radicalizacin de todos los pases, seguido de Venezuela y Uruguay.

En el cuadrante inferior izquierdo aparecen los pases con menor cantidad de conflictos, as como los que tuvieron menor grado de radicalizacin. Se puede observar a Costa Rica, El Salvador, Colom-bia, Mxico, Paraguay, Repblica Dominicana y en los lmites de la radicalizacin Honduras.

En el cuadrante inferior derecho, se ubican los pases con mayor cantidad de conflictos pero no tan radicalizados. En esta seccin se encuentran Panam, Per, Brasil, Ecuador, Argentina, Guatemala y Bolivia. Estos ltimos dos llegando al lmite de la radicalizacin.

Por ltimo, en el cuadrante supe-rior derecho no se registr ningn pas. Se tratara de casos en los que existe una mayor cantidad de conflictos y una mayor radicaliza-cin de los mismos. Los pases que estn ms cerca de alcanzar esta situacin son Uruguay, Bolivia y Guatemala.

Preconflicto

Manifiesto

Confrontacin

Enfrentamientoviolento

Situacin decaos


Cantidadyradicalizacindelosconflictos enLatinoamrica


80Chile

VenezuelaUruguay

Honduras

Rep. DominicanaCosta Rica

Guatemala

ParaguayEl Salvador

Ecuador

Bolivia

Argentina

PerBrasilMxico

Colombia

Panam

Nmero de conflictos

Porc

enta

je d

e co

nflic

tos c

on a

lta ra

dica

lizac

in

70

60

50

40

30

20

0 100 200 300


Segn el referido estudio, existe una relacin directa entre pa-ses con brechas sociales altas y la radicalizacin de los conflictos. Considerando los niveles de ra-dicalizacin y las brechas socia-les, la relacin no es lineal sino ms compleja.

En particular, entre los pases de brechas sociales bajas los conflic-tos radicalizados representan el 53%; en los pases de brechas so-ciales medias ese porcentaje baja al 35%; y en los pases de brechas altas llega al 45%.

La relacin con el nivel de radica-lidad tiene forma de curva en U, en la cual los extremos (pases de brechas altas y bajas) tienen niveles mayores de radicalidad promedio que los pases de brechas medias.

Si bien las brechas pueden ser con-sideradas una condicin clave del malestar social y un potencial en trminos de conflictividad como muestran los datos la relacin entre necesidad social y protesta no es obvia.

Otros factores pueden interferir y favorecer el proceso de trans-formacin de las necesidades en demandas y, por ende, en movili-zaciones, a veces violentas.

Tambin influye la cultura polti-ca, que en muchos casos presenta rasgos autoritarios, y la trayecto-ria histrica reciente de los pases latinoamericanos. (PNUD, 2012: 149 y 150)

15Enero-Junio 2013

Radicalizacindeconflictosybrechassocialesdelospaseslatinoamericanos


Promedio de conflictos

Brecha Baja Brecha Media Alta

45

162

35

142

53

107

Porcentaje de conflictos con radicalizacin alta


2.1. Datosdelaconflictividad enlospasesdeCentroamrica

Los datos correspondientes a los pases centroamericanos han sido extrados del referido infor-me del PNUD. Lamentablemente, no aparecen datos de Nicaragua por lo que no se presentan en este apartado.

En general, teniendo presente que el perodo de anlisis considerado es de octubre 2009 a septiembre 2010, se puede afirmar que Centro-amrica es una regin altamente

conflictiva; pases como Panam, El Salvador, Honduras y Guatemala presentan los niveles ms altos de conflictos en relacin al tamao de su poblacin.

Como ya se indic, Panam es el pas que presenta ms conflictos registrados, con 189 casos. Le si-gue Guatemala con 168 conflictos. El pas con menos conflictos es Costa Rica, que presenta 27 casos registrados.

Fuente: http://www.elciudadano.cl/2010/09/01/26187/panama-la-crisis-desconocida/


NmerodeconflictossocialesenCentroamrica(Octubre2009-Septiembre2010)

189

168

103

80

27

Costa RicaEl SalvadorHondurasGuatemalaPanam


Las posiciones indicadas en el cua-dro cambian cuando se analizan los datos en funcin del tamao de la poblacin de cada pas. A continua-cin se presenta una tabla que in-cluye el tamao poblacional de los pases de Centroamrica frente a la cantidad de conflictos que estos registran. Este enfoque permite re-

lacionar la densidad de conflictos en funcin de la poblacin.

En este plano se puede observar que Panam es el pas con mayor conflictividad en funcin de su po-blacin. Honduras y El Salvador le siguen con un promedio de 6 con-flictos por cada 500 mil habitantes, luego aparece Guatemala con 5.8.

Centroamrica:Relacinentrenmerodeconflictosypoblacin

(Octubre2009Septiembre2010)

Pas PoblacinCantidaddeconflictos

Promediopor100milhabitantes

Promediopor500milhabitantes

Panam 3, 405, 813 189 5.5 27.5

Costa Rica 4, 563, 538 27 0.5 2.9

El Salvador 6, 194, 000 80 1.2 6

Honduras 8, 045, 990 103 1.2 6

Guatemala 14, 361, 666 168 1.1 5.8

Fuente: UNIR, s/f en PNUD, 2012: 145

17Enero-Junio 2013

Centroamrica:Cantidaddeconflictospor500milhabitantes(Octubre2009-Septiembre2010)

30

27.5

6 6 5.8

2.9

25

20

15

10

5

0

Panam Honduras El Salvador Guatemala Costa Rica


2.2. Respuestagubernamental alaconflictividadsocial

La respuesta gubernamental o del Estado a los conflictos en general tiene diversos abordajes. Diferen-tes escuelas de pensamiento en la teora del conflicto han planteado conceptos que con el tiempo han ido evolucionando. El esquema de la siguiente pgina presenta las diferencias que se perciben entre estos.

En el caso de Centroamrica se puede observar que la respuesta gubernamental se acopla ms al manejo del conflicto, utilizando diversos mecanismos. Al respecto, en el estudio del PNUD se analiza que de acuerdo con las caracte-rsticas de los regmenes en estos pases, el control de la conflictivi-dad social se lograra gracias a un nfasis en las polticas de seguridad ciudadana y al fortalecimiento de los aparatos de coercin del Esta-do. Es decir que el conflicto se ma-neja con intervenciones top-down

ms que a travs de un nuevo pac-to social o de mecanismos de ins-titucionalizacin y aumento de la participacin de la sociedad civil. (PNUD, 2012: 124)

En ese mismo sentido se observan esfuerzos en todos los pases de Centroamrica por instituciona-lizar instancias de dilogo, como consejos econmicos y sociales, o instancias especficas como siste-mas nacionales de dilogo o unida-des dilogo, mediante las cuales se busca diluir las problemticas que generan tensin a fin de evitar la conflictividad. En algunos casos estas instancias funcionan cuando un conflicto ya est en marcha, de manera que se logre el control y manejo del mismo, aunque, en la mayora de casos, no se consigue ni busca la resolucin de los pro-blemas que generan los conflictos y quedan vistos como medidas di-latorias que emplean los gobiernos para mantener la estabilidad.


FormasdeabordarelconflictoporpartedelosEstados

Manejo

El conflicto se puede controlar, en el sentido de decidir cundo permitirlo y cundo no.

Concepto adecuado en contextos de conflic-tos crnicos y alto potencial de violencia. Bajo este enfoque, sabiendo que se est lejos de una solucin, se habla de manejar en el senti-do de controlar la forma en que el conflicto se expresa o manifiesta para minimizar posibles efectos violentos.

Resolucin

La meta es bajar, reducir o eliminar el conflic-to, terminar con algo, y una vez eliminado o resuelto, no reaparecer.

Su enfoque queda a nivel del contenido y no pasa a contemplar la dimensin de la relacin.

Las soluciones tienden a ser ms especficas, inmediatas y de corto plazo.

Transformacin

La imagen aqu es el cambio y reconoce al conflicto como un motor de este, que tiene el potencial de producir o provocar cambios a nivel relacional, en lo personal, grupal, estruc-tural o cultural.

Propone la posibilidad de aprovechar el con-flicto para construir algo.

El enfoque de transformacin propone traba-jar no slo a nivel del contenido, sino tambin a nivel de las relaciones sociales. Eso le garan-tiza ms sostenibilidad a la solucin.

Fuente: Con informacin de SAA Guatemala (2007), pg. 20 y 21

19Enero-Junio 2013

3. La conflictividad social en los pases de Centroamrica:

3.1. LaconflictividadenCostaRica

CostaRica:Informacingeneral1

CoeficienteGinideingresos2000-2010 50.7

ProductoInternoBruto(PIB)percpita

expresado en US$ de 2005 - 201110,732

ndicedeEstadosfallidos (entre 10-30, sustentable; entre 40-60, moderado; entre 70-90, en peligro,

entre 100-120, en alerta) 201249.7

ndicedeapoyoalademocracia(Latinobarmetro)

variacin 2010-2011 (%)72-65

ndicededesarrollodemocrtico (IDD-LAT, Fundacin Konrad Adenauer) 2012

10,000 puntos

Puesto 1

ndicedeoportunidadeshumanas(IOH, %) 2010 89

Gastopblicoensalud(% del PIB) 2010 7.4

Gastopblicoeneducacin(% del PIB) 2010 6.3

Gastosgeneralesdelgobiernoenconsumofinal(% del PIB) 2011 17.6

Costa Rica es el pas que reporta menos conflictividad en Amrica Latina, segn el informe La pro-testa social en Amrica Latina, del PNUD. Sin embargo, diversos analistas y activistas costarricenses discrepan de estos datos, manifes-tando incluso en ello un conflicto latente, que muestra un alto des-contento con las autoridades por la informacin oficial que se presenta y sobre todo por la represin de la protesta que se ha generado en los ltimos tiempos.

Al respecto, un caso paradigmti-co reciente se dio en el marco del centenario de la celebracin en Costa Rica del 1 de mayo, da en que tradicionalmente se efecta una marcha a favor de los derechos de los trabajadores. En el sitio web defensoresenlinea (2013) se de-nunci que al finalizar la referida marcha, en la que participaron mi-les de hombres y mujeres, traba-jadores, estudiantes, campesinos y ciudadanos de todas las edades, un pequeo grupo de manifes-

1 Para las fuentes, ver nota tcnica en pgina de bibliografa.


tantes se enfrent a la polica, la cual arremeti contra los mismos, golpeando indiscriminadamente a varias personas.

Segn lo expuesto en dicho sitio, esta fue la tercera vez, en menos de 6 meses, que la fuerza pblica arremete contra los manifestantes, los golpea, detiene a muchos, en-carcela y persigue a algunas per-sonas. El sentido de esta denuncia resalta que la protesta social, es uno de los pocos mecanismos, a travs del cual, los pueblos, ex-presan el ejercicio de la verdadera democracia participativa (defen-soresenlinea, 2013).

Lamarchadel1demayo

El Instituto de Investigaciones So-ciales de la Universidad de Costa Rica presenta frecuentemente una cronologa del conflicto social en dicho pas. La correspondiente a mayo de 2013 estuvo a cargo de Alejandro Alvarado Alczar y Glo-riana Martnez Snchez, y en la misma se presenta la informacin detallada referente a la tradicional marcha del 1 de mayo.

En 2013 se conmemoraron los 100 aos de realizacin de este acto en Costa Rica, los participantes, como se mencion anteriormente pertenecan a una multiplicidad de organizaciones sindicales, sociales, comunales y ciudadanas.

Entre los ejes de la protesta se se-alan la lucha contra la reduccin de las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector pbli-co, la defensa de instituciones p-blicas, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Insti-tuto Costarricense de Electricidad (ICE), la oposicin a las concesiones de obra pblica y otras demandas de poblaciones especficas como los pueblos indgenas, las perso-nas migrantes, las personas con algn tipo de discapacidad y las poblacin sexualmente diversa,

entre otras. (Alvarado y Mart-nez, 2013: 03)

Una parte de los manifestantes se concentr y dio fin a la marcha en el Parque Central, mientras que la otra continu hacia la sede de la Asamblea Legislativa. Posterior-mente, se registraron enfrenta-mientos con la polica por parte de un grupo, cuyos integrantes, segn los medios locales, llegaron a levantar las barreras colocadas por la polica en el permetro del edificio legislativo, acto que tuvo por respuesta la reaccin de la Fuerza Pblica en aras de disper-sar la manifestacin (Alvarado y Martnez, 2013).

A este punto ya estaban presen-tes contingentes antimotines y diversos cuerpos policiales espe-cializados, los cuales arrestaron a 12 manifestantes. Cuatro de los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Pblico y en espera de una audiencia en un tribunal. Se-gn La Nacin, de acuerdo con la informacin dada por el viceminis-tro de Seguridad, Celso Gamboa, a los detenidos les decomisaron artefactos como bombas molotov y drogas.

De acuerdo con Gamboa, el grupo que cometi los disturbios est ya identificado, son los que se auto-denominan anarquistas. Repor-tes de prensa y declaraciones de funcionarios del poder ejecutivo indican que estos manifestantes visten de negro y ocultan su ros-tro, y durante el enfrentamiento lanzan piedras, bombas caseras, tubos de aluminio, palos con pun-tas y otros objetos. (Alvarado y Martnez, 2013: 03)

A partir de estas detenciones, di-versos grupos que participaron en la marcha y en protestas poste-riores expresaron su rechazo a lo que ven como criminalizacin de la protesta y represin por parte de las autoridades. Tanto lo ante-

coartar el derecho a disentiratenta contra el

mismo Estado Social de Derecho, por eso es que el Derecho a la Protesta Social se presenta como

una visin alternativa (diferente) de la sociedad

que queremos, es el ejercicio del primer

derecho humano en defensa de los dems

derechos como posibilidad esperanzadora de

un pueblo.

-Navarro en defensoresenlinea (2013)

21Enero-Junio 2013

rior como la iniciativa de ley para abolir la posibilidad de huelga de los trabajadores de servicios bsi-cos son vistos como acciones que desfavorecen a la democracia cos-tarricense.

ConflictosinstitucionalesyporgestinpblicaenCostaRica

Poco tiempo despus de las mani-festaciones del 1 de mayo, se llev a cabo una protesta masiva en di-ferentes ciudades del pas. Jeffrey Arguedas, de la agencia de noticias EFE, report que el 25 de junio de 2013 cientos de personas partici-paron en una marcha convocada por sindicatos y grupos sociales para plantear diversas demandas.En San Jos, miles de personas se concentraron en la fuente de la Hispanidad, en el este de la ciudad, y luego marcharon hasta el edificio de la Asamblea Legislativa (Argue-das, 2013) En su gran mayora los manifestantes fueron estudian-tes, empleados pblicos, taxistas y miembros de organizaciones de vecinos. Las manifestaciones se repitieron en las otras seis provin-cias del pas, con paros laborales, marchas y bloqueos de carreteras.

Entre los paros laborales ms destacados, est el de Puerto de Limn, el principal del pas. En di-

cha terminal los trabajadores ce-rraron los muelles y bloquearon la carretera que une con la capital en varios puntos.

Entre las demandas principales de la protesta estn:

Hechos de corrupcin que han provocado el desplome de la popularidad del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.

Suspender un contrato de concesin con la empresa ho-landesa APM Terminals para construir un nuevo puerto en Limn, que prcticamente ani-quilara las actuales instalacio-nes portuarias que administra una empresa estatal.

Que se retire un proyecto de ley que busca restringir el de-recho de huelga en los servicios pblicos.

Al concluir las protestas, que se lle-varon a cabo de manera pacfica y sin enfrentamientos o saldos que lamentar, el ministro de la Presi-dencia, Carlos Benavides, dijo que el gobierno est abierto al dilo-go pero rechaz la posibilidad de retirar el proyecto que busca res-tringir la huelga en el sector pbli-co. (Arguedas, 2013)

Textos de las pancartas de manifestantes:

Nos crean rebao, pero no lo somos;

No ms chorizos (corrupcin);

Muerte al entreguismo del gobierno,

No a la eliminacin del derecho de huelga

Fuente: Arguedas, 2013, EFE.

www.flickr.com/photos/ana_lucia/2300202279/sizes/o/in/photostream/


3.2. LaconflictividadenElSalvador

ElSalvador:Informacingeneral

CoeficienteGinideingresos 2000-2010 48.3

ProductoInternoBruto(PIB)percpita expresado en US$ 2005 - 2011 6,032

ndicedeEstadosfallidos (entre 10-30, sustentable; entre 40-60, moderados; entre 70-90, en peligro,

entre 100-120, en alerta) 2012

74.4

ndicedeapoyoalademocracia(Latinobarmetro, %) variacin 2010-2011 59-55


4,362 puntos/ puesto 9





Segn Julio Csar Grande (2013), en El Salvador se dan principal-mente dos campos de conflictivi-dad, los cuales son la base de las movilizaciones en el pas. El prime-ro se trata de las demandas por la reproduccin social y, el segundo, las demandas institucionales.

Los dos campos tienen una ra-cionalidad diferente, pero estn interrelacionados muy ntima-mente. Como se expuso en las tipologas de la conflictividad, la propuesta por PNUD, presenta a los conflictos por la reproduccin social como aquellos que incluyen principalmente las demandas para satisfacer necesidades bsicas de bienestar social referidas a un mni-mo de vida digna, que permitan la reproduccin de los individuos y las colectividades humanas. Por otro

lado, los conflictos institucionales son aquellos que procuran mayor eficacia y legitimidad de las institu-ciones del Estado.

En ese sentido Grande expone que dadas las condiciones socia-les, que en muchos aspectos son difciles por su precariedad en El Salvador, como resultado hist-rico de la desatencin social del Estado, obviamente es en el cam-po de conflictividad donde se hace ms evidente la lgica prctica de la movilizacin social con las con-secuencias que ello trae, segn la forma y duracin que adquiere el conflicto y la consecuente protes-ta, ms la colateral reaccin poli-cial cuando los rganos Ejecutivo y Judicial ven necesario intervenir represivamente para restablecer el orden pblico (Grande, 2013).

23Enero-Junio 2013

Prcticamente no hay da de Dios que

en nuestro pas no se muestren mediticamente

los conflictos sociales, los cuales tienden a ser

violentos, incluso con saldo de heridos y a veces

muertos, en determinadas coyunturas.

Julio Csar Grande (2013)

En general, las formas de protes-ta ms comunes que se dan en El Salvador consisten en cerrar calles, bloquear autopistas, realizar plan-tones, para demandar mejoras de las condiciones de vida, as como para exigir ciertas garantas en el proceso de reproduccin, ya sea en trminos de mejores condiciones salariales y de empleo, como de asistencia en temas de salud, edu-cacin, servicios bsicos para sus comunidades, o en contra de me-didas econmicas que se perciben como negativas (Grande, 2013).

El principal ejemplo que se expone sobre este tema en la conflictividad de El Salvador es la importancia que cobra la insercin laboral de garantas como la calidad de la vida social, al ser manifestada como de-manda en las protestas y resisten-cia de vendedores callejeros, que se oponen a desalojos en ciertas zonas por parte de las autoridades del Estado. Segn Grande (2013), a los que protestan usualmente se les desaloja pero en la mayora de casos no se les brinda oportunida-des para subsistir.

Otro tema de conflictividad muy serio, relacionado con la repro-duccin social, lo constituye el re-chazodelapoblacinhacialaex-plotacinminera. Ha surgido una

protesta sistemtica por parte de diversas comunidades que se opo-nen a la extraccin de minerales como se est llevando a cabo, fun-damentalmente por corporaciones transnacionales.

En relacin con los conflictos ins-titucionales, El Salvador tiene una alta prevalencia de conflictividad de este tipo, ms enfocada al fun-cionamiento de las instituciones que al cuestionamiento o desapro-bacin del sistema. Estos conflic-tos se encaminan principalmente a aspectos ms prcticos como gestin administrativa, la adecua-da prestacin de servicios pblicos, problemas de carcter judicial, as como la legitimidad de las autori-dades pblicas.

En dicho sentido, Grande (2013) expone que existe cierta contra-diccin en la protesta social en El Salvador: en nuestro pas, las lu-chas surgen contradictoriamente, tanto debido a la falta de institu-cionalidad como a la demanda por el respeto a la institucionalidad existente por parte de los distin-tos actores sociales Aunque esta situacin expresa ms una diver-sidad amplia de actores y de ne-cesidades que est puesta de ma-nifiesto en las distintas demandas expresadas.

http://www.prensalibre.com/internacional/Salvador-camino-proscribir-pandillas-violen-tas_0_286171634.html


Un ejemplo de esto es el caso del conflictoregresivo que se gener entre la SaladeloConstitucionalylaAsambleaLegislativa en 2012. Es el caso de crisis institucional ms reciente en El Salvador. Segn Al-fonso Fajardo del semanario elec-trnico Voces, este conflicto surge cuando la Asamblea Legis-lativa, creyendo fervientemente en la constitucionalidad de la elec-cin, por segunda vez en la misma legislatura, de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, decide no acatar el fallo de la Sala de lo constitucional que mandaba elegir nuevamente a dichos magistrados, demandando al mismo tiempo a la Corte Suprema de Justicia ante la Corte Centroamericana de Justicia, por considerar que dicha eleccin es perfectamente constitucional. El conflicto se prolonga pues al no elegir nuevamente a los ma-gistrados, y al instalarlos en la CSJ, el mismo se agudiza al punto de existir dos magistrados que se atribuyen la presidencia de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ (Fajardo, 2012).

Respecto a los conflictos relaciona-dos con la institucionalidad, Gran-de (2013) expone que muchos de los que estallan en El Salvador se derivan de las debilidades de apli-cacin de las leyes y de las inefi-ciencias del Estado, ms que de una ausencia de normas e institu-

ciones. Paradjicamente el Estado salvadoreo, en este sentido, es un importante productor de conflicti-vidad, tal como se ver en el caso de Guatemala, donde las mismas autoridades responsables del ma-nejo de conflictos exponen esta situacin.

Respecto a las instituciones sal-vadoreas hay pues una evidente debilidad en la aplicacin de me-canismos de gobernabilidad. De-bilidad que est evidenciada en los conflictos por temas de gestin administrativa que llegan a niveles altos de radicalizacin y de violen-cia, y cuya solucin podra lograrse con una relativa facilidad.

Finalmente, Grande (2013) expone que en El Salvador existe un pro-blema estructural acerca del pro-cesamiento de los conflictos que tiende a degenerar muchas veces en desordenes callejeros o tomas de espacios pblicos, que bien pue-den evitarse, debido a la incapaci-dad poltica institucional y estatal de atender las demandas e iden-tificar las necesidades y urgencias de la poblacin. En este sentido, resalta que la situacin planteada produce una gobernabilidad que tiende a la precariedad, que gene-ra incertidumbre social, desorden, violencia, y que suele entrar en cri-sis constantemente.

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/273520

25Enero-Junio 2013

3.3. LaconflictividadenGuatemala

Guatemala:Informacingeneral


ProductoInternoBruto(PIB)percpitaexpresado en US$ de 2005 - 2011 4,351

ndicedeEstadosfallidos (entre 10-30, sustentable; entre 40-60, moderados; entre 70-90, en peligro,

entre 100-120, en alerta) 201279.4

ndicedeapoyoalademocracia(Latinobarmetro) variacin 2010-2011 (%) 46-36


2,952 puntos/ puesto 14


Gastopblicoensalud (% del PIB) 2010 2.5



En Guatemala, diversos sectores, analistas, activistas, intelectuales, y funcionarios pblicos expresan su creciente preocupacin por un escenario cada vez ms complejo cargado de conflictividad social. Para muchos se est frente a una bomba de tiempo que pronto va a estallar y que se manifiesta con pequeas explosiones que au-mentan en frecuencia, intensidad y espacio.

La revista Crnica realiz un abordaje amplio de la temtica en una reciente publicacin. Rodrigo Prez, en el artculo Brotes de des-contento expone que la conflicti-vidad se manifiesta ms comn-mente en los siguientes reclamos:

Rechazo a la minera Rechazo a las hidroelctricas Reclamo de tierras Rechazo al alto costo de la

electricidad

Desacuerdos por malos mane-jos en contrataciones del sec-tor pblico

Inconformidad con reformas acordadas por el sector pblico (educativa, fiscal, etc.)

Entre los casos recientes ms rele-vantes se encuentran las protestas por la autorizacin de un proyec-to de explotacin minera en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, las cuales alcanzaron altos grados de radicalizacin violencia, por lo que el Gobierno decret un estado de excepcin en cuatro municipios. As tambin se hace alusin a los incidentes ocurridos en el depar-tamento de Solol, donde la pro-testa de indgenas y campesinos en torno a diversas demandas termin de manera trgica con la muerte de varios manifestantes indgenas quichs provenientes del departa-mento de Totonicapn. Asimismo persiste un nivel de conflictividad


que aumenta y disminuye regular-mente en Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, relacionada con el rechazo a la ins-talacin de una hidroelctrica y a la detencin de lderes comunitarios.

El tema de la minera se agrava al sumarse otros factores que po-tencian la conflictividad y el des-contento social. Entre estos, Prez menciona que las comunidades insisten en realizar consultas po-pulares, para evitar la presencia de empresas que se dedican a extraer minerales preciosos oro y plata, principalmente-, pero no se ha nor-mado su aplicacin. Ante la falta de respuesta, la inconformidad va en aumento (2013:23).

El Procurador de los Derechos Hu-manos, Jorge De Len Duque, en su Informe Anual Circunstanciado de Labores y de Situacin de los Dere-chos Humanos de Guatemala, rela-ciona este tipo de conflictividad (y menciona especficamente el caso de Santa Cruz Barillas) con la equi-vocacin del Estado al impulsar este tipo de inversiones [proyec-tos mineros e hidroelctricos] sin la consulta previa e informada a las poblaciones en donde las mismas se desarrollarn, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT. (De Len, 2012: 205).

Entre otros problemas que gene-ran conflictividad alta se encuen-tran el desabastecimiento de me-dicamentos en los hospitales y el incumplimiento del Gobierno, de hacer efectivo un aumento de em-pleados del Ministerio de Salud; la Reforma Educativa y la demanda de la Universidad de San Carlos para que se le incremente su pre-supuesto. Est tambin la entrega, en condiciones no transparentes del usufructo de un terreno de 348 mil 341 metros cuadrados, otorga-

da a la empresa Terminal de Con-tenedores Quetzal y el costo y la calidad de energa elctrica en el interior del pas, entre otros (P-rez, 2013:23).

Entre algunos procedimientos que el gobierno ha adoptado para en-frentar la alta conflictividad social destaca el denominado Sistema Nacional de Dilogo. En muchos casos disminuye la radicalizacin de los conflictos y se logra atenuar-los, pero no existen los recursos suficientes para la atencin de los altos niveles de conflictividad que se estn presentando y el Estado en general no se da abasto para atender a todas las necesidades y demandas. Tampoco se ve en la prctica una agenda poltica que busque la resolucin de problemas estructurales.

En ese sentido, Gustavo Normanns Morales, investigador del rea de conflicto social del Instituto de Trasformacin de Conflictos para la Construccin de la Paz en Guate-mala Intrapaz-, de la Universidad Rafael Landvar URL-, entrevista-do por Prez (2013), seala que el Sistema de Dilogo no ha funcio-nado y que no existe un sistema de monitoreo de conflictos, el cual permitira que se tengan herra-mientas de anlisis y de interven-cin apropiada. Pero adems, el Gobierno ha asumido una dinmica de confrontacin para abordar di-ferentes campos de conflictividad.

Al respecto, la revista Crnica tambin se enfoc en el Sistema Nacional de Dilogo, y public una entrevista con Miguel ngel Bal-crcel, quien lo dirige, y tiene una perspectiva directa de la conflicti-vidad que el Sistema busca aten-der. A continuacin se presentan algunos extractos de la entrevista realizada por Maricel Diguez.

el pas se encuentra sobre un polvorn social y la falta de una estrategia

para atenderlo, puede hacer que en cualquier

momento, todos los grupos que se consideran

afectados, interacten entre ellos y la suma de

protestas suban de tono y nmero. Prez, 2013

27Enero-Junio 2013

ElEstado,mayorgeneradordeconflictos2

El Coordinador del Sistema Nacional de Dilo-go (SND), Miguel ngel Balcrcel, habla sobre el origen y causas de los conflictos sociales que afectan al pas y que han venido desarrolln-dose durante los ltimos aos, hasta crear un clima de incertidumbre y crisis en determina-dos momentos.

Para muchos, el dilogo y la negociacin de-biese ser la va para encontrar la solucin a la llamada conflictividad social, cuyas crisis han amenazado la gobernabilidad del pas.

Cul es la situacin de la conflictivi-dad social en Guatemala?

Llegamos a una conclusin dramtica, expues-ta en el propio Gabinete de Gobierno: el Estado es el mayor generador de conflictividad en la sociedad, por la debilidad institucional que no permite la atencin de esas necesidades esenciales.

El aparato es tan dbil que hace que esas de-mandas se desborden y obliga a las personas, muchas veces, a tomar medidas de hecho que terminan en conflictos.

Eso permiti al gobierno del presidente Otto Prez Molina ver dnde estaban los grandes ejes de conflictividad y lo que encontramos fueron 6 grandes frentes de la conflictivi-dad social:

1) El control de los recursos naturales, en donde tenemos la minera, hidroelctri-cas, el uso del agua, uso productivo de la tierra, sostenibilidad ambiental.

2) El uso de energa elctrica. La oposicin que hay al paso de la interconexin elctri-ca se ha vuelto un problema, incluso para la interconexin, implementar los anillos elctricos que le daran robustez a la red elctrica y en algunos casos, la oposicin de los alcaldes y de las comunidades.

3) La situacin agraria, que tiene que ver con el acceso a la tierra, disputas de derechos, invasiones, desalojos, vuelta a invadir,

2 Entrevista de Marice Diguez con Miguel ngel Balcrcel, publicada por la Revista Crnica 2da. poca, Ao 1, Nmero 09, Guatemala, viernes 24 de mayo de 2013, pginas 24 y 25.

aqu estn presentes derechos histri-cos sobre la tierra.

4) Las polticas sociales son otro gran frente.

5) La poltica laboral encuentra conflictos entre las organizaciones, los esfuerzos de stas y los posicionamientos del sec-tor patronal son opuestos, lo mismo en el sector salud, educacin. Hasta el desarrollo de la infraestructura genera conflictos, porque la gente se opone que pase un puente o una calle.

6) La seguridad democrtica, expresada en sus componentes: la propia debili-dad institucional de los rganos de se-guridad y de justicia, as como la dispu-ta por el control de actividades ilcitas, que nos abre otro frente.

Qu conflictos han aumentado y cules se han resuelto?

Hay una percepcin sobre el SND, que no es correcta. El Sistema no est diseado para ser una primera lnea en la resolucin de conflictos. Las instituciones tienen cada una su propio mandato y le corresponde a cada ministerio encontrar y resolver la problem-tica. Nosotros somos un sistema pequeo, orientado a llevar procesos y no significa que cualquier problema o manifestacin se convierte en un caso para el SND. Por eso la gente dice que no funciona. Lo que no funciona es la institucionalidad.

Cul es la instancia adecuada para resolver?

Es el sistema de Consejos de Desarrollo Ur-bano y Rural, que es el encuentro entre la accin de la sociedad organizada y el apar-to pblico. All es donde debera resolverse en primera instancia la problemtica, all deben actuar los gobiernos locales. Lo que encontramos es como una lnea de alta tensin, que va directamente a donde no est el problema resuelto y se vuelve un conflicto. Se va directamente el cable al Pre-sidente de la Repblica. Pero se carece de


los fusibles necesarios. Los gobernadores de-partamentales y los alcaldes deben ser esos fusibles, porque son los que conocen mejor la problemtica, las polticas y la capacidad institucional.

En dnde entra el SND? Cuando el problema se desborda, estamos di-seados para entrar. En muchas de nuestras experiencias se demuestra que la respuesta pronta, eficiente y eficaz es posible, pero hay que mover el aparato pblico para que sea posible. Una exposicin hecha en el Gabinete demostr que la solucin est en las carteras ministeriales y en las instituciones que debe-ran atender los problemas, para evitar llegar a la movilizacin social expresada en tomas de carreteras y captura de rehenes.

Los Consejos de Desarrollo no estn cumpliendo su funcin?

No estn cumpliendo el rol de llevar la de-manda social y vincularla al aparato pblico, para presupuestar los recursos que permitan actuar y frenar esas demandas. Esa es una de las explicaciones de por qu se expresa as la conflictividad social en el pas. En cual-quiera de los ejes, los niveles institucionales deberan actuar.

El SND est maniatado entonces?No, cuando entra a operar, entra en auxi-lio de esta institucionalidad. Ejemplo: de la marcha campesina, se dio atencin a un pro-blema estructural en Xalapn, de derechos histricos sobre tierra, pero lleva un proceso, eso no es cuestin de una sentadita y se re-solvi. El SND lo que aborda son procesos de dilogo. Pero para eso se necesita la voluntad de las partes. Esto ocurri con los normalis-tas y el Ministerio de Educacin, cuando ya se haba bloqueado esa relacin. El Ministerio pide que el SND contribuya, siendo facilitador de la negociacin.

Qu ocurri en Santa Rosa?, si hay estos procesos. Por qu llegar al Estado de Sitio?

All ha habido un proceso liderado por el Mi-nisterio de Energa y Minas. Se hicieron visi-tas de campo, de hogares, particip el magis-terio, los nios y se fue creando un convenio que suscriben varias de las municipalidades. A diferencia de la mina en Ixtahuacn, no va

a quedar vinculada a un municipio y el con-venio ha sido suscrito por 7 municipios. Los grupos de oposicin all no son del municipio y tienen derecho de decir nos oponemos a la minera. 248 objeciones fueron presentadas sobre la mina de San Rafael, pero ningu-na prosper.

All hay un proceso bajo los auspicios del Nuncio Apostlico, fueron 7 reuniones pre-vias ms, una que se efectu hace 15 das. El Ministro y todos los involucrados externaron de todo. No pueden decir que en San Rafael no hay dilogo. Al contrario, inici un proce-so, desde agosto de 2012, se hicieron tam-bin las investigaciones de campo sobre las condiciones polticas, culturales, sociales y sobre los hechos de abril de 2013. Hay gente que se opone con o sin razn, hemos visto en muchos de los problemas de las hidroelctri-cas y de minera, los niveles de desinforma-cin que maneja la poblacin. Ellos creen que de all van a sacar el oro o desconocen que todos los desages de Barillas drenan al ro. Si vemos el mapa de la minera son 7 en todo el pas. Ixtahuacn es la nica que tena licen-cia, ahora hay dos, no hay ms solicitudes.

Si hubo proceso de negociacin, por qu se lleg hasta el Estado de Sitio?

All hay otras condiciones, el robo de los ex-plosivos no es una actividad pacfica, esa es una actividad planificada, con conocimien-to dentro del territorio. Cmo logran des-aparecer en tan poco tiempo la cantidad de candelas de dinamita y a dnde van a parar las cosas? All no se puede hablar de comu-nitarios. Sostener una balacera de una hora, recibir a la autoridad a plomazos, esos no son grupos cuales quiera, hay otro tipo de intere-ses. A los que afectaron fue a los fiscales del MP, que tenan meses de no poder hacer su trabajo, a pesar de tener hechas las investi-gaciones. Por qu lo decidieron? Porque el MP necesitaba un marco para poder operar y concluir sus investigaciones, de todos los de-litos que se haban encontrado. El Estado no puede permitir que le capturen a los fiscales y que le desarmen a los policas, eso es llegar a los extremos dramticos, la gente tiene que entender que eso no se puede hacer. En ese momento, era absolutamente necesario re-tomar el territorio del Estado y los soltaron.

29Enero-Junio 2013

Entonces,qudebemoshacer?

En el contexto del debate generado por diversas expresiones de conflicti-vidad social manifestadas en el seno de la sociedad guatemalteca, la Con-ferencia Episcopal de Guatemala que rene a todos los obispos de la Iglesia Catlica- al concluir su reunin anual semestral emiti el 16 de noviembre de 2012 un comunicado ante la situa-cin actual, enfocndose especialmen-te en la cuestin de tal conflictividad.

Bajo el ttulo de Entonces, que debe-mos hacer?, en cuyo primer prrafo se refieren al drama humano provo-cado por el terremoto que a princi-pios de noviembre haba afectado a comunidades ubicadas en el rea oc-cidental y suroccidental del pas, los obispos expresan en el resto de su ex-tenso comunicado su preocupacin y puntos de vista frente al incremento de la conflictividad social existente en el pas... en que la mayora de guate-maltecos perciben que sus intereses ms elementales son ignorados o pisoteados. Despus de caracterizar los rasgos esenciales de la conflictividad, los obispos de la Iglesia Catlica sealan las responsabilidades que corresponden a los tres poderes del Estado, teniendo presente que el fin ltimo de las funciones propias de tales poderes es contribuir a la edificacin del bien comn. Pero aade que las entidades representativas de los diversos sectores sociales tambin tienen responsabilidades en ese proceso, y se detiene en sealar lo que a su juicio corresponde a los partidos polticos, el sector empresarial, las organizaciones sociales, algunas organizaciones no gubernamentales internacionales, as como los propios obispos y cada guatemalteco. Finalmente, se formulan algunas medidas concretas para enfrentar la conflictividad social, subrayando la necesidad del dilogo y de la concertacin de acuerdos. A continuacin, por su importancia y actualidad, se reproducen los prrafos centrales del referido documento.

1. Introduccin

1. Como ciudadanos guatemaltecos y como Obispos de la Iglesia Cat-lica en Guatemala compartimos nuestra preocupacin y puntos de vista frente al incremento de la conflictividad social existente en el pas. Constatamos el sufrimiento de grandes mayoras a causa de la pobreza, de la falta de oportunida-des, de la amenaza constante en un horizonte en que la mayora de gua-temaltecos perciben que sus intere-ses ms elementales son ignorados o pisoteados.

2. Constatamos los temores pro-fundos en que vive prcticamente la totalidad de la poblacin: temor a perder la vida, temor a ser asal-tados, temor a ser extorsionados, temor a que los hijos vayan por mal camino, temor a no tener empleo, temor a no encontrar espacios de sobrevivencia laboral, temor a pa-decer alguna necesidad extrema, a la enfermedad sin tener el mnimo indispensable para atenderla. Todos estos temores profundos nos hacen ser ms desconfiados, muchas veces ms agresivos, y ante la violencia imperante y expresada de tantas maneras, nos encontramos dispues-tos a reaccionar con violencia o a aprobar determinadas formas de violencia que otros pueden realizar.

2. La conflictividad

1. La conflictividad histrica no ha sido resuelta ni siquiera por la fir-ma de los Acuerdos de Paz. Es una conflictividad que tiene en parte un horizonte agrario en los numerosos lugares en que la poblacin carece de tierra y de la posibilidad de en-contrar alguna salida fuera del m-bito campesino. Es un horizonte de extremas desigualdades sociales a las que los medios de comunicacin hoy ofrecen una visibilidad de que carecan antes los ms excluidos y marginados.

La conflictividad histrica no ha sido resuelta ni

siquiera por la firma de los Acuerdos de Paz.

En el momento presente hay una nueva

conflictividad, debido a que el Estado no ha sido capaz

de orientar la inversin privada al bien comn...


Es una conflictividad que en ciertas regiones del pas encuentra asiento cultural en la supuesta legitimidad del asesinato pasional, de la ven-ganza de sangre, de la cadena de venganzas y del ser capaz de ma-tar como atributo de virilidad. Es tambin una conflictividad que en otras regiones ha adulterado tradi-ciones mayas ancestrales para vol-verlas vengativas, crueles y de turba enardecida y, por ello, irracional y manipulable.

2. En el momento presente hay una nueva conflictividad debido a que el Estado no ha sido capaz de orientar la inversin privada al bien comn, pues en el proceso de privatizacin de las empresas estatales ha preva-lecido el propsito de favorecer al sector privado, ha elaborado leyes econmicas a favor de la empresa y no del bien comn, no ha sabido atraer el apoyo de la poblacin para la implementacin de polticas de desarrollo energtico y educativo y ha gastado el presupuesto en pol-ticas clientelares. Se siguen impul-sando programas asistencialistas sin atacar las causas estructurales de la pobreza de los guatemaltecos. Los ms pobres, indgenas, campesinos, quienes no han tenido educacin formal, son los grandes olvidados del sistema pero an siguen siendo la base que da nombre y sustan-cia al pas. 3. Los partidos polticos deben recu-perar su funcin de ser mediadores entre la sociedad y el Estado. Tienen tres funciones: la de detectar las ne-cesidades escuchando las demandas de la poblacin, la de proponer po-lticas que respondan a esas necesi-dades dentro del objetivo de lograr el bien comn, y la de educar y con-vencer a la poblacin de la bondad de sus propuestas buscando la apro-bacin del voto.

4. La empresa privada, desde las pe-queas empresas familiares hasta las grandes empresas transnacio-nales, tienen la tarea de favorecer el desarrollo econmico del pas

mediante la generacin de empleo. Una empresa ticamente fundada, adems del objetivo del lucro y por encima de ese objetivo, debe tener el propsito y la conciencia de que sirve al bien comn de la poblacin en la que se ubica y del pas bajo cuyas leyes trabaja. La empresa debe buscar tambin el desarrollo humano de todas las personas que la constituyen. Debe tener cuida-do del impacto ambiental de sus operaciones. Tambin la actividad empresarial y econmica en gene-ral debe guiarse por el objetivo del bien comn, es decir, ver el propio inters de los inversores en el marco del inters de sus colaboradores y de la sociedad en la que se ubican.

5. Las organizaciones sociales, en Guatemala, han surgido en parte como alternativa a los partidos po-lticos, que no han sabido cumplir su funcin de mediadores entre la sociedad y el Estado. Sin embargo tienen la funcin de ser aliadas de las instituciones polticas como for-ma alternativa de organizacin de la sociedad para el logro de los ob-jetivos del bien comn. Sus medios de operacin deben ser siempre de fundamento tico y dentro del m-bito de la ley. Procedimientos de enfrentamiento violento y desesta-bilizacin poltica son inmorales y no contribuyen al bien comn.

6. Algunas ONGs internacionales que desean apoyar los derechos de grupos sociales pobres, a las cuales se invita a tener una visin amplia de las situaciones de conflicto que pueden generar sus apoyos, cuando no promueven ante todo el dilogo y el encuentro entre el Gobierno y dichos grupos sociales. Que los fon-dos de ayuda que promueven sirvan ante todo a la finalidad de construir una sociedad justa basada en la re-conciliacin y dilogo entre los gua-temaltecos.

7. Nosotros mismos, como Obis-pos de la Iglesia Catlica, sabemos que tambin debemos responder a la pregunta qu debemos hacer?

31Enero-Junio 2013

Nos corresponde anunciar el Evan-gelio de Jesucristo, como fuente de esperanza, de humanizacin, como fundamento para una tica perso-nal responsable. Nuestra contribu-cin al bien comn, por una parte consiste en llevar a cabo la tarea de la nueva evangelizacin y, por otra, ofrecer nuestra palabra, que desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia contribuya a es-clarecer el camino hacia el logro del bien comn.

8. Y cada guatemalteco en particu-lar desde su credo y cultura, debe optar por la cultura de la vida. Es necesario que excluyamos del com-portamiento cotidiano y de la vida a la violencia, la corrupcin y la sa-lida fcil a los grandes problemas.

3. Qu hacer delante de esta conflictividad?

1. Fomentar el Estado de de-recho y hacer entender a todos la necesidad de hacerlo vigente por medio del respeto de las leyes jus-tas y de la tica personal en todos

los mbitos. Tambin las demandas ciudadanas de un sector de la pobla-cin deben ser razonadas y evalua-das en el contexto del bien de todo el pas. Al no hacerlo le estamos apostando entonces a la anarqua, a la ingobernabilidad y a la destruc-cin del bien comn como objetivo ltimo de nuestra sociedad.

2. Promover el dilogo para establecer los consensos que per-mitan lograr un modelo de desa-rrollo que sea ms incluyente pero tambin ms viable para hacer del desarrollo algo posible y no solo anhelado.

3. El gobierno debe disipar las sospechas, que se convierten en rumores, de ser un gobierno militarista, intolerante, proclive a favorecer la iniciativa privada y sus proyectos por encima del bien co-mn, y que emplea la fuerza para sofocar cualquier intento de crtica a su gestin. Lo lograr por medio de su empeo en fortalecer procesos democrticos.

http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2013/04/la-batalla-del-aburguesamiento-zona-1.html


3.4LaconflictividadenHonduras

Honduras:Informacingeneral

CoeficienteGinideingresos 2000-2010 57

ProductoInternoBruto(PIB)percpitaexpresado en US$ de 2005 - 2011 3,566

ndicedeEstadosfallidos (entre 10-30, sustentable; entre 40-60, moderados; entre 70-90, en peligro, en-

tre 100-120, en alerta) 201278.5

ndicedeapoyoalademocracia(Latinobarmetro) variacin 2010-2011 (%) 53-43


3,328 puntos/ puesto12



Gastopblicoeneducacin(% del PIB) 2010 3


El Informe de Monitoreo de la Conflictividad Social en Honduras, Enero-Diciembre 2012, elaborado por la Secretara de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), clasifica los con-flictos en funcin de la naturaleza de las demandas que los actores involucrados emiten, as como el mbito en el que se desarrollan. As, los divide en conflictos de tipo agrario, educativo, de salud, socio ambiental, socioeconmico, socio-poltico, y de seguridad ciudadana. Durante el 2012, los conflictos de tipo socioeconmico y sociopolti-co se desarrollaron con mayor fre-cuencia (28.4% y 23.1% del total de conflictos, respectivamente). Entre los conflictos de tipo socioecon-mico destacan reclamos de grupos organizados, dirigidos a institucio-

nes del Estado, por prestacin de servicios pblicos. En el mbito so-ciopoltico, resaltan conflictos rela-cionados con la oposicin a decisio-nes polticas, a la implementacin de polticas pblicas, y reclamos por irregularidades en el proceso de elecciones primarias llevado a cabo en noviembre de 2012. Este dato es congruente con la clasifi-cacin contenida en el estudio del PNUD (2012), que establece que el 51% de los conflictos en Honduras son por reproduccin social, esto es, por mejorar la calidad de vida, mientras que el 32% son conflic-tos institucionales, en los que los actores buscan mayor eficacia y legitimidad de las instituciones del Estado. En el informe de la SJDH no se registran casos importantes de conflictos culturales.

33Enero-Junio 2013

HONDURAS:TIPOSDECONFLICTOS

Tipodeconflicto Porcentaje

Socioeconmico 28.4

Sociopoltico 23.1

Educacin 14.7

Salud 11.5

Seguridad ciudadana 9.4

Agrario 6.3

Socioambiental 6.3

Total 100Fuente: Elaboracin de INCEP con datos de SJDH (2012)

Dado que en ambos casos las ma-nifestaciones de conflictividad ge-neralmente implican una demanda dirigida hacia la institucionalidad pblica, la mayora de conflictos que la SJDH registra ocurren en el departamento de Francisco Mora-zn, en donde su ubica la capital, Tegucigalpa. En ambos, los recla-mos fueron generalmente expre-sados a travs de manifestaciones relativamente pacficas.

Segn el estudio del PNUD (2012), los pases con amplias brechas so-ciales, bajos niveles de calidad insti-tucional, y una propensin a crimi-nalizar la protesta social, presentan mayores niveles de radicalidad en dicha protesta. En Honduras, esta afirmacin se expresa en la conflic-tividad agraria. Aunque la misma comprende nicamente el 6.3% de los registrados por la SJDH, los con-flictos de tipo agrario en ocasiones escalan hasta llegar a situaciones violentas. Como ya se expres, se-gn el informe La protesta social en Amrica Latina, Honduras es el pas de Centroamrica en el cual los conflictos alcanzan un nivel ms alto de radicalizacin (PNUD, 2012: 140). El estudio tambin indica que, en Amrica Latina, los conflic-tos agrarios tienden, en promedio, a radicalizarse con ms frecuencia. Segn un informe de Foodfirst In-ternational Action Network (FIAN), existen conflictos agrarios a lo lar-

go de todo el territorio hondure-o, pero hay una regin en la que los mismos se han concentrado, incorporando a un mayor nmero de campesinos, y alcanzando los niveles ms altos de violencia, con mayor presencia en los medios de comunicacin: la regin del Bajo Agun (Ros, 2010: 1-7).

ElconflictoagrarioenelBajoAgun La Reforma Agraria y el conflicto latente

La regin conocida como Bajo Agun comprende la parte baja del valle del ro Agun, y se ubica en los departamentos de Coln y Yoro, en el nororiente hondure-o. Durante los primeros aos del siglo XX el rea fue ocupada por enclaves bananeros, que se reti-raron hacia la dcada de 1930. En los inicios de la dcada de 1960, la regin era escasamente poblada (68,000 habitantes), hasta que en la dcada de 1970 fue recolonizada con mayor intensidad a partir de la promulgacin de la Ley de Re-forma Agraria, en 1974, (durante el gobierno de Juan Alberto Mel-gar Castro, Nacionalista) llegando a triplicar su densidad poblacional en la dcada de 1980 (Jones, 1990).

La colonizacin iniciada en 1974 fue impulsada por los gobiernos


de la poca como parte de una poltica de reforma agraria. El po-blamiento del Bajo Agun sirvi para disminuir la presin sobre la tierra en otras partes de Honduras. El valle del Agun fue denominado la capital de la reforma agraria hondurea. El Estado contribuy a la organizacin de cooperativas agrcolas para la siembra de palma africana en terrenos estatales, de-sarroll infraestructura econmica y social, y apoy a los campesinos colonos con asistencia tcnica y crediticia.

No obstante, este apoyo se redujo en la dcada de 1990, coincidien-do con un aumento del precio del aceite de palma africana, que de ser usado para la elaboracin de productos tales como aceite vege-tal, manteca, margarina, o jabn, empez a cobrar valor como ma-teria prima para la fabricacin de combustibles. (Pino, 2012). Duran-te esta poca se implementaron polticas para promover la transfor-macin de los asentamientos cam-pesinos en empresas mercantiles.

La Ley de Reforma Agraria fue susti-tuida por la Ley de Modernizacin y Desarrollo del Sector Agrcola (LMDSA), que limit la reparticin de tierras, facilit el desarrollo de latifundios, e incentiv el estable-cimiento de grandes empresarios nacionales y transnacionales en la regin. Entre las empresas que operan en el rea destaca Corpo-racin Dinant, uno de los holdings ms grandes de Honduras, presi-dida por el influyente empresario Miguel Facuss (Ros, 2010: 1-7).

El conflicto se hace manifiesto

La llegada de las grandes empresas presion el mercado de tierras, lo cual dio paso a diversas situacio-nes de conflictividad. A finales de la dcada de 1990, 28 cooperati-vas productoras de aceite de palma presentaron demandas judiciales,

reclamando la anulacin de una serie de transferencias de propie-dades hacia las corporaciones de reciente llegada, argumentando que las mismas se haban realiza-do a travs de fraude y coercin. En este contexto surge el Movi-miento Unificado Campesino del Agun (MUCA).

Los procesos judiciales se prolon-garon por varios aos, y entre 2006 y 2009, campesinos de MUCA pro-testaron y ocuparon terrenos en posesin de las corporaciones. Como consecuencia de esta movi-lizacin, los organismos ejecutivo y judicial de Honduras iniciaron investigaciones acerca de la legali-dad de las transferencias realizadas en los 90. Sin embargo, las investi-gaciones fueron detenidas tras el golpe de Estado del 29 de junio de 2009, lo que motiv a los campesi-nos a retomar las ocupaciones de fincas, realizando al menos 26 ocu-paciones entre 2009 y 2010 (Bird, 2013, 6).

La conflictividad en el Bajo Agun tiene caractersticas importantes debido a que la regin cuenta con escasa presencia del Estado, y a que su posicin geogrfica en el norte de Honduras, con un acceso relativamente fcil hacia y desde el Mar Caribe, la convierte en una plaza estratgica para el narcotr-fico. De aqu que a partir de 2009 la reaccin gubernamental al pro-blema se haya alternado, entre la bsqueda de acuerdos entre em-presarios y campesinos y el envo de la fuerza pblica, incluso las Fuerzas Armadas, con la intencin de restablecer la gobernabilidad. (Malkin, 2011).

A lo largo del conflicto se registra-ron enfrentamientos entre campe-sinos, agentes de seguridad privada empleados por la empresa Orin a su vez contratada por Corporacin Dinant y la empresa Agropalma / Oleopalma-, tropas del Ejrcito de

35Enero-Junio 2013

Honduras y agentes de la Polica Nacional de Honduras (PNH). Los tres ltimos han actuado de mane-ra conjunta para lograr desalojos de fincas en repetidas ocasiones. (Bird, 2013: 11-17). Desde 2010, segn registros de la ONG Rights Action, en el marco del conflicto agrario del Bajo Agun han sido asesinados al menos 93 personas vinculadas a organizaciones cam-pesinas, 12 agentes de seguridad privada, 2 trabajadores de Corpo-racin Dinant, 1 agente de polica, y un soldado (Bird, 2013: 56). En varias ocasiones, las vctimas han sido sometidas a tortura (Ros, 2010: 26-29).

El director del Instituto Nacional Agrario, Csar Ham, al dejar su car-go en mayo de 2013, declar que el conflicto del Bajo Agun que-daba resuelto. La solucin habra llegado mediante una negociacin que incluy la compra de tierras a algunas empresas productoras de palma africana, por parte de cam-pesinos que obtendran prstamos

de instituciones financieras priva-das o internacionales. Los prsta-mos estaran garantizados por el Estado hondureo. Esta solucin requiri la emisin, en 2011, de un decreto legislativo, surgido de una iniciativa del gobierno de Porfirio Lobo (El Heraldo, 07.09.11).

No obstante, el 24 de mayo de 2013 una fuerza de tarea del Ejr-cito de Honduras desaloj por la fuerza a un grupo de campesi-nos que ocupaban la finca Paso Agun desde julio de 2012. Al da siguiente, la finca fue ocupada de nuevo, esta vez por un grupo de personas armadas con fusiles de asalto. Vitalino lvarez, secretario de relaciones pblicas de MUCA, declar a medios escritos que las soluciones mencionadas por Ham han sido parciales, y que an exis-ten grupos campesinos insatisfe-chos en la zona. lvarez tambin mencion que existen conflictos latentes en varios departamentos cercanos al Bajo Agun (Proceso digital, 25.05.13).

http://bienvepaz.wordpress.com/2009/08/08/huelga-sanitaria-en-honduras/attachment/41/


3.5 LaconflictividadenNicaragua

Nicaragua:Informacingeneral


ProductoInternoBruto(PIB)percpitaexpresado en US$ de 20

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