1. LA CONTROVERSIA DEL TRATAMIENTO LEGAL DEL TELETRABAJO EN EL PERÚ, CONSIDERANDO LOS PARAMETROS DE LA OIT Y LEGISLACION COMPARADA (EL TELETRABAJADOR Y EL TRABAJO A DOMICILIO; EL TELETRABAJADOR Y SU ACCESO A

BENEFICIOS SOCIALES. 

• Como manifiesta la ley del teletrabajo en el Perú, este se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado "teletrabajador", en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores. 

• Si el teletrabajador realiza sus labores en una cabina de Internet o en un equipo proporcionado por terceras personas, el empleador asume los gastos que esto conlleva. Agrega, además, que, por razones debidamente sustentadas, el empleador puede variar la modalidad de prestación de servicios a la de teletrabajo, previo consentimiento del trabajador. 

• 1. Se constató que aunque los empleados que trabajaban desde la oficina no tenían distracciones como la de sentarse a ver televisión, ir a comer con sus amigos o hacer tareas domésticas, son mucho menos productivos que sus compañeros que trabajaban desde sus residencias.

• 2. Otra ventaja que el experto destaca es la optimización del tiempo. Indica que en cualquier tipo de empleo existen horas muertas que si las personas trabajan desde sus hogares podrían ser utilizadas para otras tareas útiles.

• 3. También destaca la libertad y autonomía con la que cuentan esos empleados. Por esto, si se les permite estar en sus casas, tienen más oportunidades de retenerlos y fidelizarlos a la compañía ya que no tendrán supervisión ni que atravesar largas horas de estrés.

• Las entidades públicas sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del sector público, y a regímenes especiales, se encuentran facultadas para aplicar la presente norma cuando así lo requieran sus necesidades.

• Las acciones a cargo de las entidades del Estado, en los diferentes niveles de gobierno, que se deban implementar para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma, se financian con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.