enclaveenclaveclaveclavesindicalsindicalclavesindicalclavePUBLICACIÓN CIÓN PARA LA REFLEXIÓN REFLEXIÓN Y EL DEBATEBATEBA

Comisiones Obreras de la Región de Murcia

11 07 10NÚM AÑME OS

en el interior:

La huelga general del 29-S.

¿Tan necesario es abaratar el despido?

Legitimidad del sindicalismo de clase.

Necesitamos un giro hacia una Murcia más sostenible.

El futuro de las pensiones y el oportunismo político.

HUELGAGENERALyo voy !!

HUELGAGENERALyo voy !!

29SEPTIEMBRE

Más poder a los empresarios

ASÍ,NO

No se crea empleo Temporalidad abusiva

Congelación de las pensiones

Recortes salariales y sociales

Despido más fácil y barato

29SEPTIEMBRE

“This Plant on Strike” THE PULLMAN STATE HISTORIC SITE, CHICAGO.

Carta del directorAntonio Rubio Calín 3

29-S, Huelga GeneralDaniel Bue no Valencia 4

¿Tan necesario es abaratar el despido?Manuel Tovar Arce y Manuel Pérez Muñoz 9

Sindicalismo de clase: legitimidad social y representativaJulio Mamblona Jiménez 14

Necesitamos un giro hacia una Murcia más sostenibleJulia Martínez Fernández y Miguel Ángel Esteve Selma 16

El futuro de las pensiones y el oportunismo políticoCarlos Bravo Fernández 20

Crear empleo estable y reducir la temporalidadPaloma López Bermejo 24

Desde mi blog:Metro: la huelga salvajeFrancisco Javier López Martín 26

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Comisiones Obreras de la Región de Murcia

textos disponibles en:www.murcia.ccoo.es/webmurcia/menu.do?Informacion:Publicaciones:Periodicas

SUMARIO AÑOME

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l próximo 29 de septiembre España vivirá su séptima Huelga General desde el final de la dictadura franquista (octava, si contamos la de di-ciembre de 1977 en la que se pedía la libertad sindical).

Como en las seis precedentes, ésta se convoca como respuesta ante una grave agresión a derechos fundamentales de la clase trabajadora. El Gobierno al final ha sucumbido a los dictados de los mercados, de los especuladores; ha asumido el programa neoliberal: los responsables de la actual situación de crisis son ahora quienes marcan las políticas

económicas, ¿Para salir de la crisis? No. Para que el capital siga campando a sus anchas, sin obstáculos, como el único y verdadero sistema.

La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno y ratificada por el Parlamento, prece-dida del draconiano Plan de Ajuste, ha sido el primer paso. El Gobierno ya ha anunciado lo que va a venir después: reforma de las pensiones, retraso de la edad de jubilación… ¿privatizaciones de servicios públicos esenciales, tal vez? Y por encima de todo el ata-que sistemático a las organizaciones sindicales de clase, último baluarte en la defensa de los trabajadores y trabajadoras y de las conquistas sociales de los últimos ciento cincuenta años.

Asistimos, quizá, al ataque más feroz que jamás se haya producido al Estado del Bien-estar, paradójicamente perpetrado por unos partidos socialdemócratas que juegan el papel más infame de su historia: ser los sepultureros de aquello que, junto con otras fuerzas progresistas, contribuyeron a crear.

Este número de ENCLAVE SINDICAL analiza algunas de las cuestiones capitales que en estos momentos están en el debate público: el abaratamiento del despido, el futuro de las pensiones, temporalidad y estabilidad en el empleo y la legitimidad del sindica-lismo de clase. Además, los profesores Julia Martínez y Miguel Ángel Esteve nos hablan de la necesidad de un giro radical hacia una Murcia sostenible. Completa este número una nueva sección: Desde Mi Blog, con un análisis certero de la reciente huelga de los trabajadores del Metro de Madrid.

Sobran razones para la Huelga General y por eso al Gobierno hay que decirle que ASÍ NO.

El 29 de septiembre YO VOY!!

Antonio Rubio Calín

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E

editorial

os que pretendan recortar derechos a los trabajadores y a los ciudada-nos, que no llamen a la puerta del Gobierno”, dijo José Luis Rodríguez Zapatero en la inauguración del 9º Congreso Confederal de CCOO. Lamentablemente, han llamado y el Gobierno las ha abierto de par en par, dando satisfacción a las demandas que continúan el camino de las reformas del liberalismo.

El efecto de las medidas que, bajo el argumento de control del déficit, ha tomado nuestro Gobierno, las observaremos a medio plazo. Pero existen nume-rosas alertas que indican que es un camino equivocado. Como sugiere Stiglitz y otros economistas, “la austeridad contra el déficit conduce a la recesión”. No se trata de una interpretación teórica, sino que son afirmaciones basadas en un análisis bastante racio-nal de cómo evolucionó la única crisis que, en algunos aspectos, se puede comparar a la actual, el Crack del 29.

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L

29 S HUELGA, GENERAL

Daniel Bueno ValenciaSecretario General de CCOO Región de Murcia

La Confederación Sindical de CCOO, junto con la UGT, ha convocado Huelga General para el próximo 29 de septiembre, frente a la política de recortes de derechos laborales, sociales

y salariales emprendida por el Gobierno del país. El cambio de rumbo del Gobierno, que se pliega a la exigencia de los sectores

más liberales, nos obliga a trabajadores y trabajadoras, en un ejercicio de responsabilidad, a pedir que se oiga nuestra voz antes

que los intereses de quienes nos han metido en la actual crisis.

Lo que está en juego son, nada más y nada menos, que los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del conjunto de la Unión Europea, pero especialmente los de los países que atesoraban, antes de la crisis, problemas estructurales más profundos, como es el caso de España.

“

“de España.

“de España.

El abandono de la inversión pública, el recorte de pensiones y salarios, y los recortes en derechos laborales y sociales, están orientados en la búsqueda de mayores márgenes de recupera-ción de mercados y capitales, en detrimento de la calidad de vida y la cohesión social de nuestras sociedades.

No es consuelo que todos los países hagan lo mismo en Eu-ropa. Se trata de una equivocación colectiva, de una apuesta arriesgada frente a una orientación distinta de EEUU, que man-tiene los planes de estímulo y planea el control del déficit en un plazo mayor que la UE. Una apuesta donde lo que se juegan son, nada más y nada menos, que los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del conjunto de la Unión Eu-ropea, pero especialmente los de los países que atesoraban, an-tes de la crisis, problemas estructurales más profundos, como es el caso de España.

Claro que tenemos un problema para hacer frente a los inte-reses de la deuda privada y pública: ese problema se identifica con una estructura económica poco productiva; que importa más que exporta; que basa su competitividad en el bajo coste del factor trabajo; que no invierte en educación; que no invierte en investigación, desarrollo e innovación; que tiene en la tem-poralidad excesiva, el doble que la zona euro, un mecanismo de flexibilidad que sólo recae sobre los trabajadores y trabaja-doras; una estructura económica intensiva en mano de obra y débil en gestión del conocimiento.

Pero el problema no es el mercado de trabajo. Ni lo era para el control de la inflación, gran caballo de batalla de nuestras au-toridades económicas en la década anterior a la crisis, ni lo es cuando la economía se derrumba arrastrada por la indecente gestión de los mercados financieros. ¿Qué es lo que se persi-gue, entonces, atacando derechos laborales y sociales?

Básicamente, reducir costes laborales para mantener már-genes empresariales y actividad en los mercados financieros. La mala gestión de las entidades bancarias han costado mucho dinero a los ciudadanos –sólo la situación de CCM ha supuesto créditos e inyecciones económicas por más de 8.000 millones euros-, y son ahora quienes nos generan ese endeudamiento quienes exigen a trabajadores y trabajadoras que sigamos ha-ciendo esfuerzo.

La indecencia llega a extremos insospechados. Cuando el Gobernador del Banco de España reclama un recorte y conten-ción generalizado en las pensiones de los trabajadores, olvida siempre hacer mención a las multimillonarias pensiones de los directivos bancarios, que nadie limita ni recorta –el consejero delegado del Banco Santander posee un fondo de pensiones de 84 millones de euros. “Es el mercado”, diría, el que fija esas remuneraciones, por lo que nada se puede hacer. En cambio, con las pensiones medidas de 880 euros al mes, ahí si que hay que recortar.

5MANIFESTACIÓN EN MADRID PREPARATORIA DE LA HUELGA GENERAL

SIN RECORTES PARA DON EMILIO.

Reducción de salarios y recorte de las pensiones

En esta vorágine de recortes, emprendida por el Presidente Zapatero el pasado 12 de mayo, se tomó una medida sin precedentes en nuestra historia democrática: la re-ducción del 5% del salario de trabajadoras y trabajadoras del sector público, tanto de administraciones como de empresas públicas.

Dicho recorte ha estado acompañado por una campaña de desprestigio permanente de la labor del personal al servicio de la administración pública, que arrancó en un es-tudio, publicado por la EAE Business School en octubre de 2009. Frente a lo que dicho estudio planteaba, de un crecimiento desmedido del gasto en empleados públicos y crecimiento de la administración –ineficiente por naturaleza para los liberales-, existen otros datos que concretan mejor la realidad, como los provistos por Viçen Navarro. Nuestro país, en el contexto económico de la zona euro, tiene la segunda ratio más baja de empleo público sobre el total de la población activa (9,47% en 2008), la tercera ratio más baja de empleos públicos por habitante (6,53% en 2008; en Alemania, donde no se contabiliza el empleo del sector sanitario, la ratio es del 6,92%; en Dinamarca, del 16,94%). En un análisis del sector público por comunidades autónomas, en nuestra región el empleo público sobre la población potencialmente activa presenta la cuarta tasa más baja de todas las autonomías (8,98%).

Por otro lado, las medidas del Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno con-templaban también la congelación de la actualización de las pensiones para el próximo año, con una perdida de poder adquisitivo para pensionistas que, en media regional, cobran ¡¡¡686 euros!!! O la retirada del cheque-bebé y la eliminación de la retroacti-vidad en el reconocimiento de los derechos derivados de la atención a las personas dependientes. Todas ellas medidas inscritas en la dinámica de golpear una y otra vez las rentas medias y bajas, mientras que las rentas altas se siguen viendo beneficiadas de las reformas del IRPF adoptadas por los Gobiernos de PP y del PSOE, en 2001 y 2004 res-pectivamente, o por la reciente eliminación, en plena campaña electoral, del impuesto sobre el patrimonio, o la insuficiente lucha contra el fraude fiscal.

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TOXO Y MÉNDEZ ESCENIFICAN LA UNIDAD SINDICAL FRENTE AL ATROPEUO.

Nuestro país, nuestra región, no necesita que las Empresas de Trabajo Temporal tengan más tajos en que actuar. No necesita que se pueda despedir más fácilmente y más barato. No necesita condenar a la juventud a tener contratos temporales y precarios. No necesita individualizar las relaciones laborales, reducir la capacidad de los convenios colectivos.

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El mercado de trabajo: ¿causa o efecto?

A estas alturas, tras miles de horas de vociferantes proclamas contra la rigidez del mercado de trabajo, parece haberse insta-lado en algunos sectores la idea de que la reforma del mercado de trabajo –reformas estructurales, dicen-, es una estrategia imprescindible para salir de la crisis, atribuyéndole parte de la responsabilidad de la situación en la que nos encontramos. No es así.

El mercado de trabajo en nuestro país, con una alta tem-poralidad estructural, que proviene de las primeras reformas laborales de los años 80, ha sido capaz de adaptarse fácilmen-te tanto a la fase de creación de empleo, en el decenio 1996-2006, como a la fase de destrucción de los tres últimos años. No sufre de rigidez nuestro mercado de trabajo, en todo caso sufre de incapacidad para ser más productivo, algo que tie-ne mucho más que ver con la estructura de nuestro modelo productivo que con las peculiaridades del propio mercado de trabajo.

Claro está que se pueden tomar medidas que coadyuven, desde el punto de vista de la regulación laboral y desde el pun-to de vista de la inversión, una transformación de nuestro mo-delo productivo hacia otro más estable, más productivo y más competitivo en términos de comercio exterior. Un camino que, lejos de abordarse por el Gobierno, ha sido abandonado, con el olvido patente de la Ley de Economía Sostenible, del Pacto Educativo o de la revisión de la –inexistente- política industrial de nuestro país.

La dirección tomada en la reforma decretada por el Gobier-no el pasado 16 de junio está en la senda de las propuestas que durante los últimos quince años ha venido haciendo la patro-nal y las instituciones económicas y financieras influyentes, de adelgazamiento de derechos, de limitación del poder colectivo de los trabajadores y trabajadoras, para abaratar la producción mediante el abaratamiento de la mano de obra.

Nuestro país, nuestra región, no necesita que las Empresas de Trabajo Temporal tengan más tajos en que actuar. No nece-sita que se pueda despedir más fácilmente y más barato. No necesita condenar a la juventud a tener contratos temporales y precarios. No necesita individualizar las relaciones laborales, reducir la capacidad de los convenios colectivos.

Necesitamos empleo, necesitamos empresas que valoren a sus trabajadores y trabajadoras, que busquen la sostenibilidad de la empresa, no el negocio fácil y barato. Necesitamos más cualificación para ser más productivos en entornos empresa-riales con mayor innovación. Necesitamos, en suma, un cambio profundo de nuestra estructura productiva, una orientación nueva que dibuje un horizonte de esperanza y bienestar para toda la ciudadanía.

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DIEGO !

PALABRA DE ZAPATERO

Existen alternativas

Hay otras opciones y otras políticas, más allá de las que el Gobierno ha puesto en marcha con el aplauso de los poderosos. El control del déficit público no tiene que ba-sarse exclusivamente en recorte de gasto, también se puede incrementar los ingresos, planificando el control del déficit para que no actué de forma negativa en la recupera-ción de la actividad económica.

Se puede y se debe actuar en materia de política fiscal, reforzando la estructura de ingresos del estado y las comunidades autónomas, con impuestos más progresivos y solidarios, combatiendo más activamente el fraude fiscal y la economía sumergida.

Hay que reformar el sistema financiero, implementar tasas que eviten los movimien-tos especulativos de capitales, obligar a los mercados financieros a asumir compro-misos con los países en los que actúan, en contraprestación a la salvación masiva que todos hemos tenido que abordar para evitar su derrumbe.

Se debe reorientar la política económica hacia actividades más productivas, una ma-yor expansión de la industria y la implantación de estrategias de innovación, investiga-ción y desarrollo, que lleve aparejada una mayor cualificación de trabajadoras y traba-jadores, con empleo estable y de calidad.

Debemos, como trabajadores y como ciudadanos, recuperar la democracia, tomar la iniciativa y ser quienes marquemos las pautas de salida de la crisis. El Gobierno, actual o futuro, no puede actuar pensando en satisfacer las fauces de los poderosos: son las personas las que votan, las que marcan con su elección el rumbo político del país, y quien no cumpla las expectativas de sus votantes puede sufrir, debe sufrir, severos cas-tigos en ulteriores procesos electorales.

Está en juego si los costes de la crisis se cargan exclusivamente sobre las espaldas de quienes dependen exclusivamente de su trabajo, o si se reparten con justicia y equidad, aportando más quien más tiene, sin deteriorar derechos sociales, laborales y salariales, sin desmontar el modelo social de estado característico de los países de Europa.

El 29 tendremos Huelga General en España, pero también habrá movilizaciones en otros países de Europa. Queremos decirle a cada Gobierno que rectifique, porque ne-cesitamos que se rectifique en una Unión Europea que cada vez está más del lado de los mercaderes que del lado de los trabajadores y trabajadoras.

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stos datos contrastan con un ligero incremento del trabajo permanen-te: hay 51.500 asalariados con contratos indefinidos más. En la Región de Murcia, mientras que se produce una reducción de la cifra de asala-riados indefinida poco apreciable, el número de trabajadores con con-tratos temporales cae de 200.100 a 151.700.

Estos datos muestran que las menores necesidades de factor trabajo que ha propiciado la crisis económica han sido afrontadas en España a base de despedir trabajadores, sobre todo temporales, mientras

que hay otros países que apenas han sufrido variaciones en el empleo. Es el ejemplo de Alemania, en donde, con una recesión más acusada que la de nuestro país (según Eurostat, en 2009, el producto interior bruto real cayó un 5,0% en Alemania, mientras que, en España, lo hizo en un 3,6%), la población ocupada se ha reducido en apenas 14.000 personas en términos medios en 2009. Se atribuye el mantenimiento en el empleo alemán a la figura del Kurzarbeit, que permite una reducción de la jornada laboral, adoptada con el acuerdo con-junto de la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores, con el apoyo de las ayudas de los organismos públicos de empleo en la financiación de las horas que se dejan de trabajar.

Tanto despido de trabajadores temporales ha hecho aflorar las ansias arbitristas de determinadas instituciones, que reclaman reformas labo-rales en las que uno de los principales ingredientes sea la reducción de la indemnización por despido en términos de días por año trabajado. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no pierde ocasión en sus discursos para reclamar la urgencia de introducir

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¿Tan necesario esabaratar el despido?Manuel Tovar ArceProfesor de Economía de la Universidad de MurciaManuel Pérez MuñozEconomista

En el proceso de destrucción de empleo que ha sufrido la economía española desde el tercer trimestre de 2007, en el que se marcó un máximo histórico de algo más de veinte millones y medio de personas ocupadas, han sido sobre todo los trabajadores temporales quienes han llevado las de perder. Teniendo en cuenta que hay 2,1 millones menos de personas con un empleo remunerado desde entonces hasta el primer trimestre de 2010, la minoración de asalariados con contratos temporales en este periodo se cifra en 1,7 millones, quedando muy atrás el siguiente colectivo afectado, el de los trabajadores por cuenta propia, con 502.300 ocupados menos1.

1 Con respecto a esta reducción del número de trabajadores por cuenta propia, hay que tener en cuenta que, en el primer trimestre de 2009, la EPA contempla una ruptura de la serie. Una de las con-secuencias de esta ruptura es la de calificar como asalariados a determinados trabajadores que, anteriormen-te, se consideraban como trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, esta reducción está sobreestimada.

cambios institucionales en el marco laboral español, que se centran en una negociación colectiva más a pie de empresa y que, en el caso de la contratación laboral, demandan, según sus propias palabras, un contrato indefinido que no disuada a aquellos empre-sarios que quieran crear empleo. La CEOE, aparte de los globos-sonda que lanza su presidente, se queja de los costes y del procedimiento del despido en la contratación fija. En el ámbito académico, cien investigadores en economía, bajo los auspicios de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), lanzaron en abril de 2009 una propuesta para la reactivación laboral centrada en cuatro bloques de medidas. Uno de ellos se basa fundamentalmente en la sustitución, para todas las nuevas contrataciones, de las modalidades actualmente existentes por un único contrato indefinido en la que la indemnización crece con la antigüedad, con un límite inferior al de 45 días por año trabajado que está en vigor para los despidos improcedentes para los contratos indefi-nidos ordinarios (este límite no se concreta en el texto de la propuesta).

No parece una sorpresa que la autoridad monetaria, la patronal y determinados eco-nomistas confluyan en las ganas de abaratar el despido y agilizarlo de trámites, pero hay argumentos para defender las modalidades vigentes de contratación indefinida de las acusaciones de obstaculizar la creación de empleo.

El primer argumento consiste simple-mente en hacer una brevísima exposición del marco contractual del empleo indefini-do, con la pretensión de poner un poco de luz ante tanta idea preconcebida sobre el coste de despido. Cuando se habla de con-tratos indefinidos, siempre se comentan lo caros que son, debido a que su rescisión implica abonar al trabajador despedido una indemnización de 45 días por año trabaja-do, con un máximo de 42 mensualidades.

10 EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA TAMBIÉN.

EL PRESIDENTE DE LA CEOE TIENE RECETAS INFALIBLES PARA REMONTAR CUALQUIER CRISIS. WWW.SEPLA.ES

No parece una sorpresa que la autoridad monetaria, la patronal y determinados economistas confluyan en las ganas de abaratar el despido y agilizarlo de trámites.

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Hay que aclarar que esta indemnización corresponde sólo para extinciones de contrato consideradas improcedentes, ya que, en el caso de los despidos colectivos o por causas objetivas que sean considerados procedentes, la indemnización es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Además, desde 1997, existe en la legislación laboral española un contrato para el fomento de la contratación indefinida, en el que, en el caso de extinción por causas objetivas y declarada improcedente, la indemnización es de 33 días por año traba-jado, con un máximo de 24 mensualidades. Este contrato de nuevo cuño, que surge en el seno del diálogo social, tenía la finalidad de aumentar las posibilidades de encontrar empleo de las personas pertenecientes a determinados colectivos con altas tasas de paro.

Esta modalidad de contratación indefinida se ha empleado esencialmente para la conversión de contratos temporales, pero no ha cubierto las expectativas a la hora de contratar a desempleados. Tomando los datos sobre contratos laborales indefinidos en la Región de Murcia referidos a 2008, sólo un 8,9% corresponden a contratos iniciales de fomen-to de la contratación indefinida. Compárese esta cifra con el 46,9% correspondiente a los contratos indefinidos ordinarios.

Como segundo argumento, puede exponerse que la existencia de dos modalidades de contratación indefinida, de las que la de indemnización más alta en términos de días es la más empleada para contratar a parados, no ha sido ni mucho menos un freno a la creación de empleo fijo. Desde el año 2001, año en el que el contrato para el fomento de la contratación indefinida se orienta a más colectivos y adquiere su carácter perma-nente actual, se produce un proceso de crecimiento monótono de la cifra de asalaria-dos fijos que sólo se frena en 2009, en pleno esplendor de la crisis económica. Entre 2001 y 2008, esta cifra crece a un ritmo medio de un 6,2% anual en la Región de Mur-cia. En el sector privado regional, la tasa media de crecimiento anual llega a ser de un 6,9%, lo que desmentiría esa creencia extendida de que el empleo fijo es cosa del sec-tor público y permite ligarlo con la actividad económica. Es una pena que estos datos coincidan con una expansión aún más intensa de la contratación temporal, un ámbito que sí se caracteriza por una amplia variedad de modalidades y en el que se sospecha que haya un incumplimiento generalizado y fraudulento del principio de causalidad.

11Y MIENTRAS TANTO, EN LA COLA DEL PARO... WWW.BURBUJA.INFO

Un tercer argumento critica la consideración de las indemnizaciones como un cos-te sin contrapartida. Lo lógico es que los empleadores, a la hora de contratar trabaja-dores, tengan en cuenta qué costes, presentes y futuros, están dispuestos a asumir si los trabajadores contratados contribuyen en buena manera a la generación de valor añadido para la empresa. Esto puede explicar las diferencias existentes, en cuanto a las características de las empresas y de los asalariados, sobre la mayor disposición de los empresarios a ofrecer un contrato indefinido. En las conclusiones del estudio del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, recientemente publicado, sobre temporalidad y desempleo1, se asocia la temporalidad a una estructura productiva ba-sada en la agricultura, la construcción residencial y el turismo, mientras que se destaca la estabilidad laboral en las empresas exportadoras y que se rigen por un convenio de empresa. En lo que respecta a las características de los trabajadores, este estudio men-ciona una mayor proporción de contratados indefinidos entre trabajadores de mayor edad, titulados universitarios y trabajadores de alta cualificación, entre otros. Por lo tanto, un modelo productivo innovador, exportador y que recurra al trabajo cualifica-do aumentaría las posibilidades de contar con un contrato indefinido, como parte de unas condiciones laborales que también incluirían un salario más alto, menos riesgos laborales, mayor formación, etc.

Está en función de la calidad del tejido productivo que la estimación de las indemni-zaciones por despido se consideren un coste puro o una inversión. El tejido produc-tivo murciano recurre en buena medida a una mano de obra temporal, estacional y escasamente cualificada, por lo que no es una garantía de empleo indefinido por mu-chos incentivos económicos que estén vigentes para fomentarla. Sin embargo, estos incentivos, en forma de subvenciones, bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social y deducciones fiscales, han tenido su relevancia presupuestaria. Según datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE, la cuantía por trabajador de estas ayudas, incluidas tanto las de fomento de la contratación indefinida como otras (bonificaciones por formación profesional, etc.), superaba la de la indemnización media por despido en la Región de Murcia entre 2001 y 2007. Sólo cambia el signo de la diferencia en 2008, como consecuencia de la destrucción de empleo generada por la crisis económica.

1 Hernández Martínez, P.J. et al. (2010), Temporalidad y desempleo. Análisis de las diferencias entre la Región de Murcia y España. Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Murcia.

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LA TEMPORALIDAD ES UNA LACRA EN LA ECONOMÍA MURCIANA. MARCIAL GUILLÉN

El tejido productivo murciano recurre en buena medida a una mano de obra temporal, estacional y escasamente cualificada, por lo que no es una garantía de empleo indefinido por muchos incentivos económicos que estén vigentes para fomentarla.

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Un cuarto argumento se apoya en los inconvenientes de adoptar una reforma laboral, que, al tratar de minorar los cos-tes laborales, es una política de oferta, en tiempos en los que hay una crisis de demanda. Hay que tener en cuenta que una reforma laboral que afecte a los derechos de los trabajadores que todavía tengan un empleo remunerado puede afectar nega-tivamente a sus expectativas de ingresos y, por lo tanto, anular o postergar sus decisiones de consumo. Esto tendría conse-cuencias negativas en las ventas de las empresas, que se podrían verse abocadas a frenar las contrataciones planificadas al hilo de la reforma laboral adoptada. Por lo tanto, los objetivos de creación de empleo podrían verse contrarrestados.

El quinto y último argumento que aparece en este artículo abandona cualquier interpretación económica y apuesta por un criterio meramente moral. Cuando la crisis es de tipo fi-nanciero-inmobiliario, no es correcta una reforma laboral que implicaría una reducción de los derechos de los trabajadores, que son inocentes de todo este tinglado. Recuérdese la frase que encabeza la propuesta para la reactivación laboral de los cien economistas de FEDEA: “La crisis económica no tiene un ori-gen laboral”.

Defender es-tos argumentos contra el abarata-miento del despi-do no quiere de-cir que haya que estarse quieto ante un desem-pleo creciente y la alta tempora-lidad. El diálogo social debe ser el instrumento que canalice las propuestas y ma-terialice las me-didas que deban adoptar los po-deres ejecutivo y legislativo. Pero eso es asunto de otro artículo. En estas mismas pá-ginas, está el ar-tículo de Paloma López, secreta-ria confederal de Empleo y Migra-ciones, que pro-fundiza en las propuestas de nuestro sindicato.

13WALL STREET EN 1929 Y EN 2008. NADA HA CAMBIADO

omo tampoco perdonan que los Sindicatos de clase mayoritarios no sigan sus consignas y exigencias o los ritmos y los tempos que con-sideran necesarios para cumplir sus estrategias políticas de desgaste permanente al gobierno actual. Es decir, no perdonan, ni olvidan, que los sindicatos de clase mayoritarios no se sometan a sus intereses políticos de dudosa legitimidad democrática.

Es entonces cuando, como si de una orquesta sinfónica se tratara, va-rios directores, batuta en mano, y desde distintos escenarios, deciden dirigir e inter-pretar la misma sinfonía utilizando para ello todos los instrumentos a su alcance en un intento vano de deslegitimar a los sindicatos de clase. Para ser más concretos, a CCOO y a UGT.

Y para ello vale todo. El insulto, la descali-ficación, la mentira, las medias verdades, las falsedades y un largo etcétera de impro-perios y lindezas que no merecen ser reproducidas porque, por sí solas, des-califican a quienes las vierten.

Pero se equivocan en la estrategia porque la legitimidad social y repre-sentativa de los sindicatos, (en éste caso, de todos) no solo emana de la Constitución Española y las leyes, sino de sus afiliados y afiliadas y de los pro-cesos democráticos de elecciones sin-dicales que, cada cuatro años, se realizan en las empresas y centros de trabajo que cuentan con más de seis trabajadores.

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C

Sindicalismo de clase:legitimidad social y representativa

Julio Mamblona JiménezSecretario de Organización y Finanzas de CCOO RM

Corren malos tiempos para el sindicalismo de clase en nuestro país. La más que probada y consolidada autonomía e independencia de los sindicatos de clase mayoritarios frente

a los poderes políticos partidistas, los grupos de presión económicos, determinadas instituciones públicas financieras

y la presión mediática que ejercen numerosos medios informativos, periodistas y columnistas ideológicamente

situados a la derecha de la derecha, molesta, irrita e incluso indigna a quienes no entienden que no sean, piensen o

actúen como lo hacen ellos: es decir, siguiendo las consignas de sus partidos, de aquellos que pagan sus salarios o de

los que los mantienen en los cargos institucionales.

El sindicalismo de clase está anclado en sólidos pilares y principios democráticos (internos y externos) cargados de legitimidad legal y social.

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De este modo, centenares de miles de trabajadores y traba-jadoras se presentan en las candidaturas de los distintos sin-dicatos que participan en los procesos electorales siendo vo-tados por millones de trabajadores y trabajadoras, resultando elegidos y elegidas delegados y delegadas de personal y miem-bros de comités de empresa y juntas de personal (en el ámbito de las administraciones públicas).

Y de esos cientos de miles de representantes de los traba-jadores y trabajadoras elegidos democráticamente en las elec-ciones sindicales, por acumulación del crédito horario sindical que le reconoce la Ley Orgánica de Libertad Sindical, surge la tan denostada, para algunos, figura de los liberados y liberadas, para realizar tareas y trabajos de gestión, representación y di-rección sindical.

Queda claro, pues, que los liberados y liberadas no son “extraterrestres” aterrizados de otros planetas (a ser posible de color rojo) con la misión de cargarse al sistema ca-pitalista, a su clase política, a su sistema financiero o a su sistema judicial. De eso ya se encargan otros. Incluido el intentar cargarse el sistema democrático. Pero tampoco es-tán liberados y liberadas para movilizarse todos los días, prepararle una huelga general a algún partido político, grupo de presión, o al columnista o tertuliano cuando éstos lo decidan o para ser sumisos y complacientes del gobierno de turno.

El liberado o liberada sindical ejerce una importante función de necesidad y utilidad social de mediación, representación y defensa de los intereses legítimos de los traba-jadores y trabajadoras ante las empresas y las instituciones y administraciones públi-cas en cualquier país democrático y, más allá de algunas excepciones como sucede en cualquier otro colectivo o grupo social, trabajan y actúan con honradez, compromiso, responsabilidad y dedicación. Y los trabajadores y trabajadoras lo saben y lo valoran positivamente renovando su confianza cada cuatro años con sus votos en las eleccio-nes sindicales en sus empresas y centros de trabajo.

Pero un sindicato de clase como CCOO es mucho más que sus liberados y liberadas que numéricamente apenas si representan un modesto 3% de todos y todas sus dele-gados y delegadas sindicales elegidos por los trabajadores y trabajadoras en sus em-presas y que, a fecha de hoy, asciende a más 129.000 en todo el Estado. CCOO cuenta en la actualidad con más de 1.200.000 afiliados y afiliadas cotizantes y sus candidaturas han sido votadas por cerca de 1.800.000 trabajadores y trabajadoras sobre un total de algo más de 5.000.000 de votantes.

De esa afiliación (la mayor, con diferencia, de cualquier organización política, sindical, social o económica de España) y de su representación, nace la legitimidad democráti-ca y social del sindicalismo de clase mayoritario representado, en mas de un 80%, por CCOO y UGT.

Por eso se equivocan en sus ataques y estrategias políticas que quedan condena-das al fracaso. El sindicalismo de clase está anclado en sólidos pilares y principios democráticos (internos y externos) y cargados de legitimidad legal y social. Solo les preocupa quienes quieren acabar con el sistema democrático y no solo tiran a dar a los sindicatos sino al resto de las instituciones democráticas recogidas en la Cons-titución.

Y eso no quita que, como en cualquier otra gran organización o colectivo, no estén sometidos a la crítica social y no cometan errores.

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l primer e imprescindible paso para tomar decisiones correctas es dis-poner de información adecuada y accesible a todos. A ello ha preten-dido contribuir la primera publicación del Observatorio de la Sosteni-bilidad en la Región de Murcia (OSERM), dedicada a la sostenibilidad ambiental en la Región de Murcia y sus indicadores. En conjunto se han aplicado 124 indicadores de sostenibilidad en el ámbito del territorio, el agua, el cambio climático y la energía, la contaminación y los residuos, la ecoeficiencia y la huella ecológica. A continuación presentamos sucinta-mente algunos de los resultados obtenidos.

En relación con la sostenibilidad del agua y sus usos, un indicador clave es el Índice de Consumo, definido como la proporción anual de

recursos renovables propios utilizados para usos consuntivos. La Agencia Eu-ropea de Medio Ambiente considera para el Índice de Explotación Hídrica que

valores superiores al 20% indican estrés y superiores al 40% estrés severo. Frente a estos umbrales, utilizando los datos

oficiales para la cuenca del Segura (1.000 hm3 de recursos renovables totales, pérdidas por eva-poración directa de 60 hm3 y consumo total de 1.760 hm3), el Índice de Consumo se eleva a un 187%. Además, si los datos se recalculan

con los datos del Corine Land Cover 2000 (mapa de usos del suelo a escala europea elaborado por Teledetección), el Índice de Consumo se sitúa en torno al 273%. El In-

dice de Consumo en la cuenca del Segura es el mayor de todas las cuencas europeas y

constituye una presión absolutamente insostenible sobre nuestros recursos hídricos, incompatible con las exigencias de la Directiva Marco de Agua y con la obligación de mantener un buen estado ecológico de nuestros ríos, humedales y acuíferos.

16

E

Julia Martínez FernándezInvestigadora del Observatorio de la Sostenibilidad en la Región de Murcia (OSERM)

Miguel Ángel Esteve SelmaProfesor titular de Ecología Universidad de Murcia

La Región de Murcia constituye un territorio en el que resulta especialmente urgente evaluar su sostenibilidad ambiental,

económica, social e institucional. Necesitamos conocer bien la situación actual de la que se parte, así como las tendencias de

cambio de forma objetiva, cuantificada, con instrumentos de aplicación sencilla, de forma que se aporte información relevante

para la toma de decisiones y para la opinión pública en general. La pregunta de fondo es muy sencilla: ¿Cómo podemos saber

objetivamente si avanzamos o no en la buena dirección?.

Necesitamos un giro hacia una Murcia más sostenible

El Indice de Consumo en la cuenca del Segura es el mayor de todas las cuencas europeas y constituye una presión absolutamente insostenible sobre nuestros recursos hídricos.

“

“

En relación con la dimensión territorial de la sostenibili-dad, las tendencias recientes son muy preocupantes. Utilizan-do los datos del Corine Land Cover en 1990 y en 2000, En la Región de Murcia la superficie artificial (suelo urbano e infra-estructuras) ha aumentado un 62%, el incremento más alto de España, que a su vez fue el más alto de Europa en dicho periodo. Además, el uso artificial que más aumenta es el de tejido urbano disperso, asociado al modelo californiano de urbanizaciones y viviendas individuales, que se incrementa en un 177%, valor que casi triplica a la media en España. El suelo urbano disperso es el uso más ineficiente del territorio, ya que consume mucho más suelo para atender las mismas ne-cesidades de vivienda y además genera impactos ambientales añadidos mucho más importantes en relación con la elimina-ción de habitats, la afección a la biodiversidad, la degradación del paisaje y un consumo mucho más elevado per cápita de agua, energía y otros recursos. El actual desplome del nego-cio urbanístico ha alterado drásticamente la evolución re-ciente de estos indicadores, aunque falta saber si los cambios se consolidan en el tiempo y permiten reorientar el modelo territorial hacia una mayor sostenibilidad, o bien se trata de un mero parón táctico, a la espera de tiempos mejores para el negocio inmobiliario.

Pero la sostenibilidad afecta a todas las escalas y la Región de Murcia tiene también su parte de responsabilidad a la hora de atajar el cambio global y una de sus más pre-ocupantes expresiones: el cambio climático. Como elemento positivo, a nivel regional teníamos una buena situación de partida: en la Región de Murcia las emisiones de ga-ses de efecto invernadero (GEI) per cápita, que en 2007 representaban 8,38 toneladas equivalentes de CO2 por habitante y año, inferior a la media en España de 9,76 tone-ladas por habitante y año. Sin embargo el espectacular incremento de las emisiones durante los últimos años ha acabado con dicha buena situación de partida. Desde 1999 las emisiones aumentan de forma continuada hasta alcanzar en 2007 los 11,67 millo-nes de toneladas de CO2 equivalentes al año, un valor que duplica la cuota de Kioto. En dicho año, la Región de Murcia fue la segunda comunidad autónoma en la que más aumentaron las emisiones respecto a 1990.

17LAS URBANIZACIONES CONSUMEN NUESTRO TERRITORIO. MARCIAL GUILLÉN

¿Cabe justificar el empeoramiento general de los indicadores de sostenibilidad como una consecuencia necesaria del crecimiento económico?. Los indicadores de ecoefi-ciencia en la Región de Murcia nos dicen que no.

¿En qué consiste la ecoeficiencia y que papel juega en la sostenibilidad?

Aunque las posibilidades reales de desmaterialización de la economía están sujetas a un amplio debate, no cabe duda de que aumentar la eficiencia de nuestros procesos productivos constituye uno de los objetivos básicos que han de perseguirse, aunque por sí solo no es suficiente para lograr una mayor sostenibilidad. La sostenibilidad necesita avanzar a la vez a lo largo de tres vías: la eficiencia, que pretende reducir al mínimo posible la cantidad de recursos consumidos y residuos generados por cada bien o servicio producido, la suficiencia, que intenta reducir el consumo de recursos a través de una menor demanda de bienes y servicios (satisfacer necesidades frente a un consumismo desbocado), y la coherencia, basada en producir dichos bienes y servicios a través de tecnologías lo más compatibles posible con la naturaleza, de forma que la perturbación para los procesos ecológicos sea la menor posible. Todas estas vías son necesarias pero ninguna es por sí sola suficiente para alcanzar la sostenibilidad. En este sentido, tan importante es mejorar la eficiencia del sistema productivo en el uso de la energía, el consumo de recursos materiales y la generación de residuos, como reducir la demanda final de bienes y servicios a través de un cambio en las pautas de producción y consumo. Sin esta reducción del consumo final, existe el riesgo de que una mejora de la ecoeficiencia, aplicada de forma aislada, genere un “efecto rebote” que revierta en un consumo de recursos y producción de residuos igual o incluso mayor.

Pero como decíamos la ecoeficiencia constituye una de las patas imprescindibles de la sostenibilidad. Los indicado-

res de ecoeficiencia intentan responder a la pregunta de si utilizamos una proporción razonable de recursos energéticos

y materiales en los procesos económicos y generamos una can-tidad asumible de residuos. Lo deseable es que los indicadores

de ecoeficiencia muestren una disociación, es decir, que se mantiene el bienestar económico con una reducción del consumo de recursos y la producción de residuos. Uno de

los indicadores de ecoeficiencia es la intensidad de carbo-no en la economía, que compara la emisión de gases de efecto

invernadero con el PIB. Este indicador se define como la relación entre emisión de gases de efecto invernadero en toneladas equivalentes

de CO2 y el PIB producido en euros constantes. Este indicador muestra una supera-sociación al PIB: es decir, no sólo no hemos reducido la emisión GEI por cada nuevo

euro de PIB generado (lo cual ya sería indicativo de no sostenibilidad) sino que además hemos aumentado dicha emisión. En otras palabras: estamos

contaminando más y contribuyendo más al cambio climático sin que ello ni siquiera se pueda atribuir a que estemos creciendo econó-micamente a dicho ritmo. La mayor parte del resto de indicadores de ecoeficiencia muestra igualmente comportamientos no soste-nibles, especialmente en el caso del consumo eléctrico total, la demanda de combustibles para transporte y, hasta el año 2006, la superficie de nuevas viviendas y la venta de cemento. En todos estos casos el indicador exhibe una clara superasociación al PIB: estamos consumiendo mucho suelo, energía eléctrica, combusti-bles, etc, y estamos produciendo muchos residuos, y ello ni siquie-ra podemos atribuirlo a que hayamos crecido económicamente al

mismo ritmo.

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El crecimiento económico de la Región de Murcia en años recientes ha tenido lugar a base de dilapidar más recursos y producir más contaminación por unidad de PIB, lo que no pa-rece una opción muy inteligente. En definitiva, los diferentes indicadores de ecoeficiencia aplicados apuntan de forma ge-neral a la insostenibilidad del conjunto del sistema productivo en la Región de Murcia y a la necesidad de reducir de forma sustancial y urgente los flujos de recursos y materiales y la pro-ducción de residuos en las actividades económicas así como a reconducir los hábitos de consumo hacia patrones más soste-nibles.

La Huella Ecológica

Finalmente, la Huella Ecológica es un indicador integrado de la presión ambiental que ejerce una población en su territorio, estimada como las hectáreas necesarias para el sostenimiento de la misma en términos alimentarios, energéticos, hídricos, etc. La huella ecológica en España, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España, equivale a 3,6 veces la extensión de España. ¿Cuál es la Huella Ecológica de la Región de Murcia?. En el año 1995 la Huella Ecológica de la población regional era de 2,45 la superficie regional. En 2001 ascendió a casi tres veces la superficie regional. La huella ecológica aumentó por tanto en esos seis años un 19%. En 2004, la Huella Ecológica de la Región de Murcia equivale a 4,47 veces su extensión, por lo que ha aumentado en más de un 50% en sólo tres años. Esto implica además que la tasa de aumento de la huella ecológica se ha acelerado respecto al periodo 1995-2001, como muestra la figura al final de esta página. La huella ecológica regional, como ocurre con su valor medio en España, resulta insostenible si tal con-sumo lo extendiéramos a la mayor parte de la población del conjunto del planeta lo que, desde la equidad, obliga de nuevo a replantearse nuestro modelo de producción y sobre todo de consumo.

La actual crisis financiera y económica, con ser la que más atención recibe, forma parte en realidad de una crisis mucho más más global, una crisis de sostenibilidad a todas las escalas, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. En nuestro ámbito más cercano, la Región de Murcia, urge un cambio profundo hacia una Región de Mur-cia más sostenible en las prioridades de los ciudadanos, de los agentes económicos y sociales, de la agenda política y en la toma de decisiones de nuestros poderes públicos.

El crecimiento económico de la Región de Murcia en años recientes ha tenido lugar a base de dilapidar más recursos y producir más contaminación por unidad de PIB, lo que no parece una opción muy inteligente.

“

“1995

2.771.685 ha 20013.393.900 ha

20075.056.911ha

super!cie regional

1.131.300hectáreas

Huella ecológica Región de Murcia 1995-2007

19

ace diez meses el Gobierno proponía reducir cotizaciones, decía que podíamos permitírnoslo; hace 4 meses proponía jubilarnos a los 67 años, no podíamos pagar más; ahora hay que congelar las pensiones en 2011, pese al superávit en su financiación, para reducir el déficit público a corto plazo. La improvisación y utilización oportunista de las pensio-nes es una mala práctica de Gobierno.

Respecto de la crisis, el Gobierno equivoca el tiro. En torno a ocho millones de personas que han cesado en su vida laboral tienen en la pensión su única o principal fuente de ingresos. El mantenimiento y refuerzo del Sistema de Pensiones es un objetivo prioritario de CCOO, y debería serlo de una sociedad que, además de atender dignamente a sus mayores, sepa entender el papel económico y para el empleo que tiene este colectivo cada vez más numeroso, su importancia en el mantenimiento de la demanda interna de bienes y servicios, algo que conviene que no debilitemos de manera innecesaria. La congelación de las pensiones va precisamente en sentido contrario.

Respecto de la incidencia de la congela-ción en la reducción del déficit, el Gobier-no olvida que en nuestro sistema de Segu-ridad Social las pensiones contributivas se financian con cargo a cotizaciones sociales. En este sentido son autosuficientes por lo que no generan déficit público. Al contrario, el Gobierno pretende aprovecharse de las cotizaciones a la Seguridad Social para utili-zar el actual superávit de la misma y finan-ciar parte del déficit público con cargo a las cotizaciones sociales.

La cuestión del reto demográfico que plantea el incremento de la longevidad y las posibles reformas que para abordarlo re-quiere el sistema de pensiones, es una cues-tión que merece una reflexión en la lógica del medio y largo plazo. En ningún caso, las

20

H

El futuro de las pensiones y el oportunismo político

Carlos Bravo FernándezSecretario Confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO

La medida anunciada por el Gobierno de no revalorizar las pensiones contributivas en 2011, dentro de su Plan de Ajuste

para reducir el déficit está totalmente injustificada. El Gobierno pretende confundir a la opinión pública entremezclando el debate

de la crisis, el déficit público y los retos de futuro que tiene nuestro sistema de pensiones, cuando en realidad se trata de cuestiones

que deben abordarse separadamente.

MARCIAL GUILLÉN

La improvisación y utilización oportunista de las pensiones es una mala práctica de Gobierno.

“ “reformas del sistema de pensiones deben realizarse en la idea de que sus retos son consecuencia de la situación de crisis eco-nómica actual, ya hemos visto que esta relación no se sostiene.

Aún a pesar de que desde hace ya dos años sufrimos la ma-yor crisis económica y financiera de la historia, nuestro siste-ma de Seguridad Social (gracias a los mecanismos anticíclicos que hemos sabido arbitrar en él) ha presentado un superávit de 8.500 millones de euros en 2009, tiene previsto 2.700 mi-llones para 2010 y dispone de un Fondo de Reserva de 62.500 millones de euros. La salud financiera de las pensiones en los próximos años es buena.

Sin embargo, como hemos dicho, esta buena salud financiera actual no impi-de que desde CCOO seamos conscien-tes de los retos que tenemos en el lar-go plazo. Nuestra esperanza de vida es, afortunadamente, creciente, lo que exi-ge que las pensiones deban pagarse du-rante más años. Y, además, el acceso a la jubilación de generaciones más nume-rosas exigen que tengamos que pagar más pensiones y durante más años.

No obstante, esta previsión sobre el número de pensionistas y el esfuerzo económico que precisamos para finan-ciar las futuras pensiones es una reali-dad sobre la que podemos actuar con tiempo y de manera concertada, tal y como venimos haciendo en los últimos quince años con buenos resultados en el marco del Pacto de Toledo y el Diá-logo Social.

Calcular el número de pensionistas en las próximas décadas es sencillo y fiable, partimos de la población actual y de su índice de supervivencia, datos que conocemos o estimamos con bastan-te precisión. Sin embargo, la evolución del empleo en España en las próximas décadas, su calidad y retribución media; el incremento del Salario Mínimo Inter-profesional hasta alcanzar el objetivo compartido del 60% del salario medio; la evolución de la tasa de actividad fe-menina, aún más de veinte puntos por-centuales inferior a la masculina; la edad de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, muy tardía hoy contra la volun-tad de ellos mismos; la evolución del PIB; las tasas de natalidad y su relación con el refuerzo de medidas de protec-

21EVOLUCIÓN POBLACIÓN ESPAÑOLA 1991-2050EUMED DATOS INTERNATIONAL DATA BASE US CENSUS BUREAU

+8580-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

1991millones de hombres millones de mujeres

+8580-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2010millones de hombres millones de mujeres

+8580-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2050millones de hombres millones de mujeres

ción a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada continuada de población in-migrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que debemos actuar y que determinan también nuestra capacidad de financiación futura de nuestros sistemas de protección social.

También a través de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo, abordando las reformas estruc-turales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético,… de-bemos mejorar la calidad y cantidad de empleo.

En lo inmediato podemos ya mejorar los ingresos del sistema en más de 7.000 mi-llones de euros anuales, reforzando incluso su superávit coyuntural. Para ello, debe cumplirse lo pactado en el Acuerdo de Pensiones de 2001 y dejar de pagar con cotiza-ciones sociales los complementos hasta la pensión mínima o dejar de asumir los gastos de estructura de la propia Seguridad Social, financiándola como el resto de servicios públicos. Sabemos que en la actualidad esta última medida es difícil de concretar dada la situación de fuerte déficit público que debemos afrontar. Sin embargo, la buena salud financiera del sistema hoy nos permite actuar sobre esta medida en un marco temporal compatible con la recuperación económica.

En cuanto al gasto, debemos velar por seguir manteniendo el control sobre su crecimiento, al tiempo que reforzamos los niveles de protección de las personas que más lo necesitan (las que se ven obligadas a abandonar el mercado de trabajo en los úl-timos años de su vida laboral, las pensiones de viudedad que son única renta, orfandad, pensiones mínimas,…)

También debemos promover comporta-mientos de cotización equilibrados, impe-dir aún más los mecanismos de planifica-ción personal con la Seguridad Social, re-forzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona,… No podemos desconocer

22 MARCIAL GUILLÉN

MARCIAL GUILLÉN

No podemos olvidar el papel de las pensiones en el mantenimiento del consumo, la reactivación de la economía y la creación de empleo para ayudar a salir de la crisis

“

“

que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General, prácticamente duplica la base de cotización media del resto de regímenes. Esto no significa que los primeros ganen el doble. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestable-cidas, independientes de los que se gana, en otros, provocan ese efecto.

Si bien el sistema de pensiones, como ya hemos visto, no se encuentra en dificultades financieras en el corto y medio plazo, las necesidades del largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción, como proponen algunos, provocaría un debilitamiento financiero de la Seguridad Social, con consecuencias en el futuro y supondría una injustificada trasferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresa-riales, cuando el propio Gobierno ha reconocido en sus do-cumentos que el esfuerzo en cotizaciones se sitúa en la media de los países de nuestro entorno y el agregado de salarios y cotizaciones, es inferior en España.

La mejor forma de proteger nuestro sistema de pensiones contributivas es su au-tofinanciación en la mayor medida posible desde las cotizaciones de empresas y tra-bajadores, manteniéndolo en lo posible al margen de las necesidades, oportunidad o coyuntura económica-política en cada momento. El recurso a otras fuentes de finan-ciación debe ser, si resultase preciso tras la aplicación del conjunto de medidas que proponemos, puntual y con criterios de equidad sobre quién financia el sistema. Si el Gobierno quiebra esta fórmula, como está haciendo al congelar las pensiones en 2011, está rompiendo compromisos adquiridos en el Pacto de Toledo.

Para CCOO cualquier reforma debe partir del acuerdo social y político. El principal logro del Pacto de Toledo fue sacar las pensiones de la confrontación política y social, instaurando un mecanismo de reforma del sistema desde consensos amplios. Por ello, hemos criticado la forma y la oportunidad en la que el Gobierno está presentando sus iniciativas, rompiendo el marco de negociación y acuerdo que ha garantizado el Pacto de Toledo y creando una alarma injustificada en la sociedad sobre la solvencia y forta-leza de nuestro sistema público de pensiones.

23CURSOS PARA MAYORES.

l acuerdo firmado con las organizaciones empresariales recomienda que los convenios colectivos promocionen la contratación indefinida y la reducción de la temporalidad; el mantenimiento del empleo y la igual-dad de oportunidades; el uso correcto de las diferentes modalidades de contratación evitando el encadenamiento de contratos; la extensión del contrato fijo discontinuo en las actividades estacionales o discontinuas; la defensa de la jubilación parcial y el contrato de relevo como instrumento para rejuvenecer las plantillas y mantener el empleo, entre otras medidas.

CCOO considera, asimismo, que deben garantizarse los derechos de información en los procesos de subcontratación de actividades y en los de reestructuración empresa-rial; promover un empleo más productivo a través de la cualificación de los trabajado-res y trabajadores, de la innovación y desarrollo tecnológico; e impulsar la flexibilidad interna en la empresa frente a los ajustes de empleo o a la flexibilidad externa.

CCOO manifiesta el mismo interés en alcanzar un acuerdo en el proceso de diálo-go social sobre el mercado de trabajo que mantienen Gobierno, patronal y sindicatos. Entre las prioridades, impulsar el empleo y la contratación de jóvenes y mantener el empleo a través de la reducción temporal de jornada, con varias medidas especificas vinculadas a estos dos grandes ejes, como son reformar las políticas de bonificaciones y reforzar las políticas activas.

En consecuencia, CCOO defiende en la mesa de diálogo social que aborda la refor-ma del mercado de trabajo:

trabajo a través de vías que reduzcan la excesiva contratación temporal que no responde a criterios o principios de causalidad y que eliminen la contrata-ción temporal injustificada

24

E

Crear empleo estable y reducir la temporalidad

Paloma López BermejoSecretaria confederal de Empleo y Migraciones de CCOO

El mantenimiento y la recuperación del empleo y la reducción de la temporalidad injustificada constituyen algunos de los ejes

básicos de la estrategia sindical de CCOO, en el actual contexto de crisis económica y de fuerte destrucción de empleo. Estos

han sido, entre otros, los objetivos que han llevado al sindicato a suscribir el acuerdo sobre empleo y negociación colectiva con las

organizaciones empresariales el pasado 9 de febrero.

MARCIAL GUILLÉN

Las reformas en las políticas laborales por sí solas no generan empleo, para que se genere empleo neto es imprescindible que se produzca crecimiento económico.

“

“

a tiempo parcial para vincular la misma a la prestación de servicios durante un número de horas al día, la semana, el mes o el año, siempre por debajo del 77% de la jornada a tiempo completo

temporal, tanto en su modalidad de llamada cierta como incierta

-ción por las contratas y subcontratas

-zando los Servicios Públicos de Empleo, incrementando su dotación económica e incrementando el número de tra-bajadores y trabajadoras

-tratación Estable, otras fórmulas que no implique el abaratamiento de las indem-nizaciones por despido, como por ejemplo el denominado “modelo austriaco”.

CCOO reitera que es necesario seguir exigiendo intervenciones concretas tanto en política fiscal como con relación al sistema financiero liberando crédito a las empre-sas y a las familias, así como que se potencien las políticas públicas (infraestructuras, educación, sanidad, dependencia…) y se avance en el ineludible cambio del patrón de crecimiento español.

Las reformas en las políticas laborales por sí solas no generan empleo, para que se genere empleo neto es imprescindible que se produzca crecimiento económico. Esto no es incompatible con realizar reformas de naturaleza estructural que mejoren la si-tuación del mercado de trabajo a la salida de la crisis.

25OBJETIVO: REDUCIR LA TEMPORALIDAD. MARCIAL GUILLÉN

DESDE MI BLOG

a negociación del convenio colectivo era, en estas condiciones, más una imposición que otra cosa y el derecho a la huelga no era derecho, sino en muchos casos, delito.

Los trabajadores se organizaban en unas pujantes Comisiones Obreras que a causa de esa pujanza que les permitieron ganar las elecciones sin-dicales del vertical, fueron declaradas ilegales, perseguidas y sus líderes encarcelados masivamente. El juicio más famoso fue el proceso 1001.

Aquellas Comisiones Obreras iban a la huelga en muchas empresas. Huelgas ilegales y, por lo tanto, salvajes, aunque no se produjeran grandes incidentes. Intervenía la policía, se detenía a los cabecillas, se despedía a trabajadores.

Los jueces del Tribunal de Orden Público (TOP) juzgaban y condenaban a los sin-dicalistas. La prensa, unánimemente, bendecía los despidos, los juicios, las actuaciones antisindicales y calificaban a los sindicalistas de desafectos al régimen de democra-cia orgánica. Algunos empresarios, sin embargo, negociaban y acordaban, con las con las Comisiones Obreras, mejoras salariales o de condiciones de trabajo. El sindicalis-mo ilegal de las Comisiones Obreras siguió adelante y la democracia, los derechos la-borales y sociales que hoy tenemos le de-ben mucho a aquellas mujeres y hombres.

Han pasado años, muchos años, casi 32 de democracia y aún hay cosas que no en-tienden los poderosos. Lo podemos com-probar en la huelga del Metro.

Un Gobierno Regional irrumpe en la ne-gociación colectiva de empresarios y traba-jadores y ordena una reducción salarial en una empresa como Metro. Los trabajado-res, todos, sus sindicatos, todos, convocan una huelga. Todas las huelgas son fruto de un conflicto, porque no hay acuerdo o porque

26

L

Metro:La huelga salvaje

Francisco Javier López MartínSecretario General CCOO de Madrid

Quienes tenemos ya ciertos años, recordamos que en España hubo una época, larga, tediosa, de silencio, en la que el derecho de huelga

no existía. No existían partidos políticos y sí un único sindicato, el vertical, en el que empresarios y trabajadores estábamos juntos,

presididos por empresarios o falangistas con derecho a pistola. No una pistola metafórica, en algunos casos, sino una de verdad,

encima de la mesa de reuniones.

ANDENES VACÍOS.

http://ccooblog.wordpress.com

hay una imposición sin negociación. Toda huelga causa problemas de suministro de bienes, o servicios, o problemas a los usuarios de un servicio. Pero la huelga es un derecho constitucional. Una movilización democrática, que fuerza la negociación y el acuerdo, evitando salidas más traumáticas a los conflictos. Pero causa pro-blemas, por ejemplo a los usuarios de un servicio público.

Si el servicio público es esencial, insustituible, entonces hay que fijar y establecer de forma negociada o mediante una de-cisión administrativa unos servicios mínimos. Tiene que haber algún médico, aunque los médicos estén en huelga. Tiene que haber un medio de transporte público, aunque los transportes estén en huelga.

El problema surge cuando los servicios mínimos se transfor-man en máximos. Entonces el servicio funciona igual y no hay derecho de huelga. El caso de Metro es un buen ejemplo. Así, donde junto al Metro hay autobús o cercanías de RENFE, no serían necesarios servicios mínimos. Allí donde sólo hay METRO, los servicios mínimos deben ser más altos.

Pero hay administraciones como la madrileña que, ante una huelga de METRO, de-claran servicios mínimos del 50 por ciento, con carácter general. Saben que en anterio-res ocasiones, sentencias judiciales han dicho que es ilegal, pero lo siguiente haciendo, porque cuando la sentencia se produce han pasado varios años y ya nada tiene reme-dio. Además las consecuencias para el político que dictó los servicios mínimos son inexistentes.

Así, el primer día de huelga se nota poco y el administrador de la Comunidad de Ma-drid afirma que la huelga es un fracaso. Que casi todo funciona como si no hubiera huelga.

Los trabajadores deciden en Asamblea no cubrir los servicios mínimos. Madrid se bloquea. Entonces la huelga es salvaje. Los trabajadores son amenazados con sanciones. Con ser llevados ante los jueces. La prensa les señala como ilegales, salvajes, desafectos al régimen. Sus sindicatos son condenados por los tertulianos que viven del dinero que cae de la mesa de los poderosos. Estamos ante un retroceso democrático que nos hace recordar tiempos de dictadura. Pero no se preocupen, hemos vivido momentos peores y hemos sobrevivido porque los trabajadores se organizan siem-pre, en libertad o e dictadura, para defender sus derechos. En libertad o en dictadura.

Estamos ante un retroceso democrático que nos hace recordar tiempos de dictadura. Pero no se preocupen, hemos vivido momentos peores.

“ “27LOS VAGONES TAMBIÉN.

enclaveenclaveclaveclavesindicalsindicalclavesindicalclavePUBLICACIÓN CIÓN PARA LA REFLEXIÓN REFLEXIÓN Y EL DEBATEBATEBA

Comisiones Obreras de la Región de Murcia

11 07 10NÚM AÑME OS

en el interior:

La huelga general del 29-S.

¿Tan necesario es abaratar el despido?

Legitimidad del sindicalismo de clase.

Necesitamos un giro hacia una Murcia más sostenible.

El futuro de las pensiones y el oportunismo político.

HUELGAGENERALyo voy !!

HUELGAGENERALyo voy !!

29SEPTIEMBRE

Más poder a los empresarios

ASÍ,NO

No se crea empleo Temporalidad abusiva

Congelación de las pensiones

Recortes salariales y sociales

Despido más fácil y barato

29SEPTIEMBRE

“This Plant on Strike” THE PULLMAN STATE HISTORIC SITE, CHICAGO.