En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San ... gobierno.pdf · En la mañana de hoy...

Palacio de San Telmo. Paseo de Roma, s/n, 41071, Sevilla · [email protected] · 955 035 548

www.juntadeandalucia.es/noticias JuntaInforma AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma

Andalucía, 22 de abril de 2020

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la

habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha

adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

► Informe sobre el programa de ayudas para minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual

► Acuerdo sobre la tramitación de urgencia en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico

► Acuerdo sobre la respuesta del sistema sanitario a los efectos de la infección por Covid-19 en centros residenciales y domicilios, a 22 de abril

► Acuerdo sobre las medidas adoptadas por el Comité Técnico de Desconfinamiento sobre la reactivación de la actividad ordinaria

► Acuerdo de toma de conocimiento de las actuaciones en materia de vacunaciones en el periodo de estado de alarma

► Acuerdo de toma de conocimiento sobre la campaña de prevención del infarto cerebral durante el periodo de pandemia del Covid-19

► Decreto por el que se regula la Atención Infantil Temprana

► Informe sobre el plan de choque en materia de turismo

► Acuerdo sobre las medidas de optimización y reorientación de los fondos estructurales para la reactivación del tejido productivo andaluz 2014-20

► Informe sobre las acciones emprendidas para responder a la situación provocada por el Covid-19 en las universidades andaluzas

► Informe sobre medidas adoptadas en materia de dependencia para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19



► Acuerdo sobre la orden que establece las cantidades a percibir por las entidades locales para afrontar medidas extraordinarias por el Covid-19

► Acuerdo el sobre el levantamiento de la suspensión de los nuevos ingresos en los centros residenciales ante la evolución del Covid-19

► Acuerdo sobre las medidas económicas extraordinarias de apoyo a los centros residenciales ante las salidas de usuarios por el Covid-19

► Acuerdo sobre alegaciones de la Junta al Ministerio de Agricultura en relación a la modificación de la Ley de la cadena alimentaria

► Informe sobre solicitud al Gobierno de autorización para desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos

► Acuerdo sobre el inicio de trámites para la aprobación del decreto que regula la composición y funcionamiento del Consejo Andaluz por el Clima

► Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la iglesia de San Juan Evangelista de Paterna del Río (Almería)




Andalucía pone en marcha un programa de 30 millones en ayudas al alquiler por el Covid-19

Fomento aporta 13 millones extra porque los fondos del Gobierno central son insuficientes para cubrir la demanda regional prevista

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha

puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de

Vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social del

coronavirus en los hogares de las familias más vulnerables. El programa cuenta

con una cuantía total de 30 millones de euros, después de que la Administración

autonómica haya aportado 13 millones adicionales a la dotación aportada por el

Gobierno central, que resultaba insuficiente para responder a la demanda real y

las necesidades de la población andaluza.

Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril

por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan

Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020, de 31

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito

social y económico para hacer frente al Covid-19. El desarrollo y gestión de estas

ayudas es competencia de las comunidades autónomas.

En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido

17,1 millones de euros, que sólo permitían cubrir las ayudas al alquiler para unas

4.700 familias. Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y

Ordenación del Territorio ha decidido aportar un complemento hasta alcanzar los

30 millones. Con la asignación presupuestaria andaluza se podrá atender a unas

8.500 familias, cifra que dependerá del precio de los alquileres y que se acerca

más a la necesidad real que hay en la comunidad autónoma.

Fomento está trabajando en la redacción de las bases reguladoras desde el día

que el Gobierno central publicó la medida. La convocatoria será totalmente

telemática, en concurrencia no competitiva y se podrá abonar hasta el cien por

cien de la renta del alquiler, por un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá

solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis

meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la orden ministerial.



Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el

paro, afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

o ser autónomos con una disminución de los ingresos del 40 por ciento. Además,

deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis

meses y no disponer de ninguna residencia en propiedad. Con carácter general,

sus ingresos deben ser menores en tres veces al IPREM (1.613 euros al mes)

en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler, más los

suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad), tiene que ser

superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Para agilizar trámites, los requisitos se podrán acreditar mediante declaración

responsable, aunque en el plazo de un mes deberá aportarse la documentación

acreditativa. Las solicitudes, que se estima que se podrán empezar a presentar

a principios de junio, se resolverán conforme vayan llegando y hasta donde

alcance el crédito disponible, siendo necesario tener dada de alta una cuenta

bancaria para el ingreso de la ayuda. En la página web de la Consejería de

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se irá informando

puntualmente de todos los pasos que se den al respecto.

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA

Provincias 2020 (euros) 2021 (euros) Total euros Beneficiarios

Almería 1.715.415 623.787 2.339.202 650

Cádiz 4.161.264 1.513.187 5.674.451 1.576

Córdoba 1.573.705 572.256 2.145.961 596

Granada 1.989.029 723.283 2.712.313 753

Huelva 1.444.351 525.218 1.969.569 547

Jaén 1.162.037 422.559 1.584.596 439

Málaga 4.749.661 1.727.149 6.476.810 1.799

Sevilla 5.204.536 1.892.558 7.097.094 1.973

TOTAL 22.000.000 8.000.000 30.000.000 8.333




La Junta aplicará el trámite de urgencia para agilizar la aprobación de planes urbanísticos

La medida se adopta para contrarrestar el impacto económico del Covid-19 y promover la actividad y el empleo en los municipios

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la

Junta de Andalucía aplicará la tramitación de urgencia en los procedimientos de

aprobación de los planeamientos urbanísticos. El Consejo de Gobierno ha

tomado conocimiento de la adopción de esta medida con la que se pretende

agilizar los trámites urbanísticos para favorecer la actividad económica en los

municipios andaluces y así contrarrestar el impacto económico que va a provocar

la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.

La decisión, que se ha comunicado a los ayuntamientos andaluces, se enmarca

en las medidas urgentes que ha puesto en marcha el Gobierno de Andalucía

para controlar, prever y limitar los efectos económicos de la pandemia.

En el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno central

declaró el estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus,

se acordó la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Esta

suspensión conlleva una dilación de los trámites de planeamiento urbanístico

que acarrea importantes consecuencias, como la reducción del crecimiento

económico y la menor creación de empleo en los municipios que estaban

inmersos en la tramitación de estos procedimientos.

En ese sentido, Andalucía aún cuenta con municipios que no tienen aprobados

sus planes generales y, por tanto, ven limitadas sus posibilidades de desarrollo

social, ambiental y económico. Entre ellos, hay muchos municipios pequeños

cuyo futuro pasa por mantener y ampliar la base económica mediante la

preservación de actividades competitivas y multifuncionales, incorporando

iniciativas compatibles con un desarrollo sostenible y una proporcionada función

residencial. Además, hay que sumar más casos en los que los planes

urbanísticos generales o de desarrollo se han visto paralizados por resoluciones

judiciales o aplicaciones sobrevenidas de normas nuevas que obligan a los

ayuntamientos a volver a iniciar los trámites.



Ante esta circunstancia, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y

Ordenación del Territorio ha procedido a la aplicación de urgencia de los

instrumentos de planeamiento urbanístico de competencia autonómica y

municipal, lo cual reducirá a la mitad los plazos establecidos, salvo los relativos

a la presentación de solicitudes y recursos. Esta medida será transitoria hasta

que se consiga restablecer el equilibrio social y económico para estos

municipios. Las previsiones de crecimiento auguran una lenta recuperación, por

lo que estas circunstancias probablemente se mantengan hasta la aprobación

de la nueva Ley Andaluza de Suelo, en fase de elaboración y que tiene entre sus

cometidos principales la agilización de trámites en materia urbanística.

Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, podrán valorar la

necesidad de aplicar esta medida en los procedimientos de aprobación de los

instrumentos urbanísticos que les corresponda tramitar y/o aprobar, de forma

justificada e individual para cada procedimiento.

Palacio de San Telmo. Paseo de Roma, s/n, 41071, Sevilla · [email protected] · 955 035 548 www.juntadeandalucia.es/noticias JuntaInforma AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma

CONSEJ

O DE G

OBIER

NO


Salud distribuye 79.200 nuevos test rápidos de Covid-19 para residencias y ayuda a domicilio

Enfermeras y médicos de familia realizan un seguimiento telefónico y presencial a usuarios y trabajadores de estos centros

La Consejería de Salud y Familias ha distribuido en la última semana 79.200 nuevos test rápidos de Covid-19 en centros residenciales de mayores, centros sociosanitarios asimilados de Andalucía y ayuda a domicilio, con el fin de mejorar el diagnóstico de usuarios y trabajadores que no habían sido previamente diagnosticados a través de PCR. Los test se han distribuido entre 26 distritos y áreas sanitarias y se suman a los 90.000 test de anticuerpos que se repartieron el pasado 9 de abril en residencias de mayores.

Con esta nueva remesa de pruebas, se han realizado hasta el 21 de abril un total de 73.087 test -43.619 a usuarios y 29.468 a trabajadores-, que han permitido confirmar 761 casos más de residentes positivos y 266 de trabajadores.

La Consejería de Salud ha informado al Consejo de Gobierno de las medidas implantadas con motivo del estado de alarma para aquellas personas en situación de dependencia que son atendidas en centros residenciales o en sus domicilios. Con estas actuaciones se pretende realizar un seguimiento de las personas con coronavirus, así como prevenir el agravamiento de problemas de salud previos.

Una de estas medidas es el seguimiento, tanto telefónico como presencial, de los pacientes en sus domicilios y en los centros residenciales. Desde el pasado 20 de marzo, esta actuación se ha intensificado en las residencias, donde se ha iniciado un seguimiento proactivo mediante llamadas y visitas por las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y médicos de familia. Hasta el momento, se han llevado a cabo 35.192 seguimientos telefónicos y presenciales en 1.094 centros.

En la actualidad, los centros residenciales sobre los que se realiza seguimiento atienden a 1.734 personas con la enfermedad confirmada, 609 con sospecha y 1.891 personas sin síntomas, pero en aislamiento preventivo, al igual que se está siguiendo a 589 casos en trabajadores y 239 con sospecha.

Palacio de San Telmo. Paseo de Roma, s/n, 41071, Sevilla · [email protected] · 955 035 548 www.juntadeandalucia.es/noticias JuntaInforma AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma

CONSEJ

O DE G

OBIER

NO

Adaptación clínica

El informe de la Consejería de Salud refiere también la adaptación clínica del espacio residencial y la coordinación asistencial con servicios de Medicina Interna del hospital de referencia en 18 centros residenciales de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.

En concreto, se trata de los centros de Nuestra Señora del Rosario, en Almería; Suite La Marquesa (Jerez), Cruz Roja Española (Cádiz) y Nuestra Señora de los Remedios (Ubrique), en la provincia gaditana; Juan Crisóstomo Mangas (Rute) y San Rafael (Montilla), en la provincia de Córdoba; Ballesol, Virgen de la Paz y Geriátrica de Maracena, en Granada; Sierra de Aracena, en Huelva; Geroclinic, en Ronda (Málaga), y en Sevilla, Fundomar Bermejales, Domusvi Santa Justa, Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Ferrusola -todos en la capital andaluza-, además de Huerta Palacios (Dos Hermanas), Joaquín Rosillo (San Juan de Aznalfarache), y La Caridad (Lebrija).

Unido a ello, se han habilitado cuatro espacios de evacuación para los centros residenciales en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, con el objetivo de que cuenten con instalaciones cuando no sea posible continuar la atención por motivos estructurales, falta de personal o especial complejidad de los casos registrados.

Cumplen este fin el Hotel Ilunion Alcora y el Hospital de Fremap, en Sevilla; la residencia de tiempo libre ‘El Burgo’, en La Línea de la Concepción (Cádiz), y el colegio mayor Arunda, en Málaga.

Por último, gracias al nuevo aplicativo incorporado en la Historia Clínica Digital para la atención a pacientes domiciliarios, se han realizado más de 189.244 contactos telefónicos por parte de las enfermeras a 85.116 pacientes distintos, de los que 1.053 son personas que viven solas y sin apoyo para sus necesidades básicas.

Esta aplicación facilita a los profesionales de Atención Primaria registrar la llamada, realizar la valoración y recoger las intervenciones recomendadas, y ha hecho posible detectar 505 casos de pacientes con un agravamiento de sus síntomas de Covid-19 que requerían derivación a servicios médicos específicos del centro o servicio de urgencias.




Los hospitales definirán circuitos y redistribuirán pacientes para la normalización de su actividad

Salud realizará test a las personas que se vayan a someter a cirugía y no tengan síntomas ni antecedentes de coronavirus

Los hospitales andaluces definirán circuitos de pacientes para su

desplazamiento dentro de las instalaciones y redistribuirán a los usuarios por

plantas que hayan atendido o no casos de Covid-19. Éstas son algunas de las

medidas que se están poniendo en marcha desde esta semana para la

normalización gradual de la actividad ante la pandemia, y que recoge un informe

que la Consejería de Salud y Familias ha presentado al Consejo de Gobierno.

Los planes funcionales en el ámbito sanitario general y en el hospitalario

contemplan un conjunto de actuaciones para garantizar la seguridad de los

pacientes y transmitir confianza en la atención que reciben.

Así, entre las medidas generales, además la definición de circuitos para la

movilización dentro de los hospitales, se establecerán lugares de asistencia en

hospitalización, UCI, urgencias, consultas externas y pruebas diagnósticas.

Salud iniciará también medidas para desactivar la evacuación de pacientes a

hospitales privados u otras instalaciones, así como la liberación de dependencias

externas al hospital que se hayan preparado para asistir a pacientes con

sintomatología leve. Del mismo modo, en cada provincia, se mantendrá una

estructura que se activaría en el caso de ser necesario aplicar cualquier plan de

contingencia.

Los hospitales intensificarán, además, la coordinación con Atención Primaria en

la derivación de pacientes y potenciarán la humanización de la asistencia con el

plan de visitas, las medidas de acompañamiento y la información a familiares.

Junto a la redistribución de pacientes por alas y plantas Covid-19 o no Covid-19,

se reordenarán los servicios que se unificaron desde el punto de vista asistencial

y funcional, teniendo en cuenta la capacidad estructural y de recursos humanos

disponibles.



También para las pruebas diagnósticas se establecerán circuitos de

desplazamientos intrahospitalarios.

Salud llevará a cabo la reordenación de los espacios que se habilitaron para su

uso como UCI y la redistribución de pacientes con o sin Covid-19 una vez que

salgan de estas unidades de Cuidados Intensivos, con o sin respirador, hacia las

unidades de hospitalización. También se dispondrá de camas ante posibles

ingresos de nuevos casos con coronavirus, así como para pacientes

postquirúrgicos o que tengan que ser hospitalizados y no presenten el virus.

Consultas externas preferentes u oncológicas

Para las consultas externas se dará prioridad a aquellas que sean de carácter

preferente u oncológicas y se agilizarán las pruebas diagnósticas a partir del acto

único, que ahorra numerosos desplazamientos al paciente.

En las consultas presenciales de primeras visitas, los centros priorizarán los

procedimientos o patologías atendiendo al criterio clínico, y en las revisiones, se

minimizará el número de citas manteniendo el formato telemático en aquellas

que lo permitan. Asimismo, el tiempo en las visitas presenciales se gestionará

de manera que se eviten aglomeraciones en las salas de espera y se definirán

medidas de acompañamiento adecuadas.

Las urgencias de los hospitales andaluces continuarán con circuitos

diferenciados en el marco de la normalización gradual de la actividad por la

pandemia y se mantendrá el triaje avanzado respiratorio y las consultas

monográficas de pacientes con infección respiratoria aguda. Igualmente,

proseguirán los circuitos diferenciados para la llegada de pacientes Covid-19 en

transporte sanitario y los destinados a la movilidad de las personas que vayan a

someterse a pruebas diagnósticas. También en este ámbito se definirán medidas

de acompañamiento.

En radiología, las pruebas diagnósticas se realizarán en acto único siempre que

sea posible, y se unificarán cuando existan varias solicitudes. La Administración

sanitaria apuesta en este ámbito por facilitar el trabajo en red con lecturas

telemáticas de aquellas pruebas funcionales que lo permitan, tanto a nivel

provincial como interprovincial. Asimismo, plantea la reordenación de esta

atención para ganar en accesibilidad, calidad y seguridad.

La relación entre Atención Primaria y Hospitalaria cobra una especial relevancia

dentro de los planes funcionales para facilitar la normalización de la asistencia.

Así, se revisarán los protocolos de seguimiento de los afectados con Covid-19

que han recibido el alta del hospital, incluyendo la atención por Enfermedades



Infecciosas, Neumología, Rehabilitación (respiratoria) y Salud Mental, además

del acceso a Primaria para someterse a pruebas complementarias.

Atención Primaria y Hospitalaria mantendrán también acuerdos para la

derivación de pacientes, tanto presencial como no presencial, con el fin de

optimizar su valoración, y fomentarán la teleconsulta y el acto único para reducir

el número de revisiones. Junto a todo ello, se recuperarán las citas de pruebas

complementarias y consultas en Atención Hospitalaria.

Reactivación de la actividad quirúrgica

La actividad quirúrgica es objeto de una especial atención dentro de los planes

funcionales de normalización gradual de la asistencia y, aunque se establecen

criterios generales para todos los centros, se contempla que cada uno elabore

su propio plan de reactivación para adaptarlo a sus características y

circunstancias.

Salud contempla que las camas de las unidades de recuperación

postanestésica, los hospitales de día e incluso los quirófanos vuelvan a su uso

habitual, al igual que las plantas de hospitalización quirúrgica.

En los centros que tengan la posibilidad de comenzar la actividad quirúrgica en

edificios específicos se dará preferencia a esa opción, y en general, se

establecerán áreas específicas de atención con circuitos diferenciados. Los

planes prevén también la revisión de circuitos limpios y sucios y la diferenciación

clara entre plantas y quirófanos.

En todos los casos, además, se potenciará la limpieza exhaustiva de los

espacios Covid y no Covid y se protocolizará el uso de mascarillas para

trabajadores, usuarios y acompañantes. Sólo se permitirá un acompañante por

paciente.

Las personas que vayan a someterse a cirugía y que no hayan presentado

síntomas de coronavirus en los últimos 15 días ni cuenten con antecedentes

epidemiológicos se realizarán una prueba de diagnóstico PCR o un test para

descartar la enfermedad 48 horas antes de la operación. En los casos en que el

resultado sea negativo se continuará con la intervención; si es positivo, se

comunicará al paciente y a Atención Primaria para su aislamiento y seguimiento

domiciliario.

Si el paciente se va a someter a una intervención de carácter urgente, oncológica

o que no admita demora, se le realizará la prueba PCR o un test rápido.

La Administración sanitaria potenciará además la Cirugía Mayor Ambulatoria,

dando prioridad a las especialidades con mayor lista de espera. Las



intervenciones con y sin ingreso aumentarán progresivamente hasta restablecer

la actividad habitual.

La Consejería de Salud lanzará campañas divulgativas para informar al

ciudadano sobre la normalización de la actividad, con el objetivo de trasladar un

mensaje de confianza acerca de la seguridad de las medidas implantadas.

Asimismo, asesorará al personal sanitario sobre estas actuaciones.




Salud fija las vacunaciones que deben mantenerse sin demora en el estado de alarma

Los ciudadanos deberán contactar con su centro por teléfono para solicitar cita y mantener así la distancia física recomendada

La Consejería de Salud y Familias y el Ministerio de Sanidad han establecido las

vacunaciones que, por su carácter prioritario, deberán mantenerse operativas y

sin demora en los centros de vacunación durante el periodo de confinamiento

por la pandemia de coronavirus. El Consejo de Gobierno ha conocido un informe

de la Consejería de Salud sobre estas pautas de vacunación, que se seguirán

siempre que los centros que las administran tengan capacidad y puedan cumplir

las medidas de seguridad oportunas. Para asegurarse de ello, las personas

deberán contactar por teléfono con su centro de salud o centro asistencial

correspondiente para solicitar cita y mantener, de esta manera, el

distanciamiento físico recomendado.

Según las indicaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de

Salud, en el caso de los menores, se mantienen aquellas vacunas que se

administran a los lactantes durante los primeros 15 meses de vida.

Para las embarazadas, con la vacuna para la tosferina se recomienda su

administración a partir de la semana 27, pero preferentemente entre las semanas

27 y 28 de gestación. Por lo que respecta a la vacunación antigripal, que también

reciben las mujeres embarazadas, esta campaña ya terminó el pasado 2 de

marzo y no comenzará de nuevo hasta la segunda quincena de octubre.

Los pacientes de riesgo de cualquier edad constituyen un tercer grupo

contemplado en las recomendaciones sanitarias. En el caso de las personas en

tratamiento con eculizumab y trasplantados, los profesionales responsables del

paciente deberán valorar el riesgo-beneficio de acudir al centro sanitario para la

vacunación, priorizando en todo momento las medidas de aislamiento físico.

Finalmente, en las personas de cualquier edad que precisen vacunación por

brotes epidémicos o por posexposición no demorable, se actuará según las

recomendaciones de las autoridades de Salud Pública.



El resto de vacunaciones, tanto en niños y adolescentes como en adultos y

mayores, se posponen para cuando se reanude la actividad normal, ya que se

considera que el riesgo de infección por coronavirus por salir del domicilio supera

al riesgo que supone retrasar estas vacunaciones durante unas semanas o

meses.




Salud subraya la importancia de la detección precoz del ictus también durante la pandemia

La Junta traslada en una campaña el funcionamiento seguro de la atención urgente a las personas que sufren un infarto cerebral

La Consejería de Salud y Familias va a poner en marcha una campaña

informativa dirigida a mejorar la detección precoz y la identificación inmediata del

ictus, con el fin de procurar una atención urgente a las personas que sufren un

episodio de estas características durante el estado de alarma. La campaña

integrará acciones de comunicación dirigidas a la ciudadanía en general, bajo el

emblema #UrgenciaICTUS, y mensajes específicos para grupos de riesgo o

personas con patologías previas.

El Consejo de Gobierno ha conocido un informe de Salud sobre esta iniciativa,

con la que se pretende evitar que el confinamiento afecte a los tiempos de

respuesta ante un infarto cerebral, debido al retraso de los pacientes en acudir a

los servicios sanitarios para evitar contagios y por entender que se prioriza la

atención a las personas con Covid-19.

Durante el desarrollo de la campaña, se facilitará información actualizada a la

población sobre el funcionamiento seguro de la atención urgente a los enfermos

de ictus en el periodo de confinamiento y desconfinamiento de la pandemia.

También se hará un especial hincapié en mejorar el conocimiento de los

ciudadanos sobre los síntomas fundamentales de la enfermedad y se incidirá en

los pasos a seguir para garantizar una atención adecuada y ágil.

La campaña concienciará igualmente sobre la importancia de la detección

precoz y precisará que los enfermos que presenten una emergencia por infarto

de miocardio también se pueden beneficiar de una actuación rápida.




Centros itinerantes de Atención Temprana para casos de riesgo social o dispersión geográfica

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que regula la fórmula del concierto social para esta prestación dirigida a menores

El modelo andaluz de Atención Temprana incorporará centros itinerantes para

aquellos menores que, por sufrir situaciones de riesgo social o presentar

condiciones sociodemográficas desfavorables, encuentran dificultades para

acceder a esta prestación, con especial atención al medio rural. Ésta es una de

las principales novedades que incluye el decreto por el que se regula el concierto

social para la prestación de la Atención Infantil Temprana, que ha aprobado el

Consejo de Gobierno.

La Atención Infantil Temprana engloba un conjunto de intervenciones

sociosanitarias dirigidas a la población menor de seis años que presenta

trastornos en su desarrollo o que tiene el riesgo de padecerlos. Estas

actuaciones también incluyen a su familia y entorno.

Con la aprobación del concierto social como fórmula de gestión, la Atención

Temprana pasará a ofrecerse por entidades cuya financiación, acceso y control

son públicos.

Frente a la fórmula vigente hasta ahora, consistente en una gran heterogeneidad

de contratos que han llevado a los centros a atender a un número de menores

superior al inicialmente previsto, lo que ha redundado en la existencia de

demoras e incluso en una disminución del número de sesiones, el concierto

social permitirá a partir de ahora un mejor dimensionamiento de las necesidades

reales de los destinatarios. Con esto, se optimizará la gestión, se agilizarán los

pagos a las entidades y se reducirán las listas de espera.

El concierto social fomentará además la prestación por entidades del Tercer

Sector, especialmente de iniciativa social, que incluso tendrán prioridad para

acceder a la concertación frente a otras empresas. Dado que muchas de las

entidades de iniciativa social proceden de asociaciones de colectivos de

afectados, su experiencia en el terreno y su gestión solidaria supondrán una

mejora de la calidad de la atención prestada y la continuidad del servicio.



Continuidad de la atención

Con la nueva fórmula se fijarán como criterios para la concertación como la

continuidad de la atención, la vinculación terapéutica o afectiva, la atención

personalizada y de calidad o la proximidad de la población destinataria. En este

sentido, se ha tenido en cuenta que las intervenciones realizadas sobre la

población menor conllevan la creación de un vínculo entre sus destinatarios,

familia y terapeutas que favorece la consecución de los objetivos.

De hecho, el éxito de la Atención Temprana depende en gran parte del

mantenimiento de las intervenciones y su interrupción puede minimizar los

resultados e incluso provocar que persistan los trastornos del desarrollo.

Una de las principales novedades del decreto es la incorporación de los centros

de Atención Infantil Temprana itinerantes, que propiciarán la igualdad y equidad

territorial en la prestación. Esta medida supone que, en la selección de

entidades, se valorará de forma especial su capacidad para aproximar los

recursos a la zona de referencia del domicilio del menor mediante la

correspondiente unidad asistencial, cuando no existan otros dispositivos

cercanos o el niño y su entorno se encuentren en situación de extrema

vulnerabilidad.

Ello permitirá superar barreras impuestas por las dificultades de acceso,

condiciones sociodemográficas desfavorables, situaciones de riesgo social u

otras que dificulten la prestación para la población residente en determinadas

zonas, con especial atención al medio rural.

Por otro lado, el concierto social incorporará cláusulas sociales y ambientales

relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad

de género y de oportunidades y el respeto al medio ambiente, cuyo cumplimiento

otorgará a las entidades preferencia en la adjudicación.

Los conciertos tendrán una duración plurianual para garantizar la estabilidad en

la asistencia y sus consiguientes beneficios para los menores, aunque no podrán

prolongarse más de ocho años incluido el periodo inicial y las sucesivas

prórrogas.

En la actualidad, Andalucía cuenta con 163 centros de Atención Infantil

Temprana, dispositivos que diseñan actividades integrales para los menores y

en los que desarrollan su labor psicólogos, logopedas y fisioterapeutas. Tan solo

en 2020, el coste de esta prestación supera en la comunidad los 42,6 millones

de euros.




Turismo creará un protocolo de protección contra el Covid-19 en establecimientos del sector

El plan de choque tendrá varias líneas para preservar y potenciar la marca Andalucía como un destino seguro y preferente

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y

Administración Local, Juan Marín, ha presentado al Consejo de Gobierno un

informe sobre el plan de choque en materia de Turismo que tiene como objetivo

paliar los efectos negativos de la crisis generada por el Covid-19 y el estado de

alarma, que ha supuesto la paralización del sector.

Una de las iniciativas en las que se trabaja es en la creación de un protocolo de

protección de los establecimientos turísticos contra el coronavirus, a partir de la

guía para hoteles medicalizados desarrollada por la Dirección General de Salud

Pública y Ordenación Farmacéutica.

En sus grandes líneas, el plan, que ha sido presentado en la Mesa del Turismo,

contempla dos estrategias. Una primera dirigida al mantenimiento, rehabilitación

y reactivación del sector que incluye: incentivos fiscales y para la contratación, y

planes de financiación y liquidez para empresas. Asimismo, incorpora, entre

otras medidas, el apoyo a través de avales públicos, aplazamiento de impuestos,

una línea específica para hoteles refugio, o el compromiso de no crear tasas

turísticas.

Sólo esta primera estrategia va a tener un previsible impacto directo en el sector

de 244 millones de euros y una repercusión global estimada en la economía

andaluza de 747 millones de euros.

Y una segunda línea que va enfocada a la preservación y potenciación de la

marca Andalucía donde se contempla la reactivación del turismo de proximidad,

tanto andaluz como del resto de España (con una inversión de tres millones en

promoción y comunicación), campañas en medios de comunicación y redes

sociales (4,4 millones de euros), participación en eventos turísticos

internacionales (1,4 millones) y refuerzo de alianzas con turoperadores y

compañías aéreas.



En cuanto a los patrocinios, se mantienen los aún activos (por valor de 1,4

millones de euros) y se prevé reasignar los pospuestos en un programa de

transformación digital de pymes turísticas, si éstos no llegan a celebrarse.

También se incluirá en el plan de choque el desarrollo de productos como la

Tarjeta Cultural, para apoyar la fidelización del viajero.

Además, se han planteado planes de formación e investigación, que ya se

imparten desde Andalucía Lab, y nuevas propuestas como los Foros de

Intercambio de Conocimiento basados en las especializaciones de las cátedras

de Turismo que promueve la Consejería, que se realizarán en las ocho provincias

con la asistencia de las Cámaras de Comercio.

En el ámbito legislativo, se agilizarán las iniciativas que estaban en marcha,

como los planes de grandes ciudades o las declaraciones de Municipio Turístico,

que en este momento se convierten en un salvavidas para estas localidades, o

la aprobación del nuevo decreto de clasificación hotelera.

Finalmente, se abordan otras medidas adicionales como solicitar al Estado la

creación de los bonos vacacionales; y estudiar la posibilidad de asumirlo en la

región si la respuesta del Gobierno central es negativa.




Economía acelera la reprogramación de 3.200 millones de fondos europeos contra el Covid-19

La Comisión Europea deberá validar la planificación, que busca reactivar el tejido productivo y ayudar a financiar el gasto sanitario

El Consejo de Gobierno ha aprobado la reprogramación de un mínimo de 3.200

millones de euros de los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

(FEIE) que se aplican en Andalucía en el marco 2014-2020. El objetivo es

atender la nueva realidad económica y social de la comunidad provocada por la

crisis del Covid-19. El Ejecutivo andaluz ha adoptado esta medida una vez que

la Comisión Europea ha culminado la reforma legislativa que permite a los

Estados miembros destinar estos programas a medidas contra la pandemia.

La Junta de Andalucía ha actuado con celeridad, ya que la autorización de la

reprogramación se produce en el primer Consejo de Gobierno celebrado tras el

nuevo escenario planteado por Bruselas, hecho público el pasado viernes 17 de

abril.

Economía aplicará este proceso de optimización y de reorientación sobre el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo

(FSE), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que son los programas en los que la

Junta de Andalucía tiene competencias directas de gestión.

La reprogramación, considerada estratégica por el Ejecutivo autonómico para la

reactivación económica de la comunidad y una consecuencia directa de las

recientes reformas de los programas, se llevará a cabo sobre los recursos

disponibles, es decir, fundamentalmente los no comprometidos. Tendrá como

finalidad reactivar el tejido productivo andaluz en el nuevo marco de crisis

económica, así como financiar el gasto sanitario extraordinario del Servicio

Andaluz de Salud (SAS) generado por el Covid-19. Para acometerla, Economía

actuará en colaboración con todos los departamentos de la Junta que gestionan

estos instrumentos de financiación comunitaria, a través de la red de 21

coordinadores de Fondos Europeos designados para reforzar y garantizar la

adecuada gestión de los diferentes programas.



Por otro lado, las partidas ya comprometidas, pero no certificadas, que

ascienden a 2.300 millones de euros adicionales, serán objeto a su vez de una

agilización para acelerar su ejecución. Las actuaciones que se realicen con este

objetivo se desarrollarán atendiendo tanto a los cambios normativos aprobados

por el Ejecutivo europeo como a las medidas de reactivación impulsadas por la

Consejería de Economía en mayo de 2019, por la situación de parálisis

encontrada por el Gobierno andaluz al inicio de la legislatura. Esa decisión se

adoptó el pasado ejercicio con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de fondos

programados para la comunidad autónoma, teniendo en cuenta su importancia

para avanzar en la convergencia real de Andalucía con Europa.

Las iniciativas de la Junta para acelerar la tramitación y reforzar la estructura de

gestión han permitido agilizar de forma significativa la implementación de la

financiación europea, alcanzando a 31 de diciembre de 2019 unos objetivos de

certificación del 109,1%. Ese porcentaje se traduce en unos 1.003,6 millones de

euros frente a los 378,3 millones de media anual justificados desde que se puso

en marcha el marco financiero actual, en el año 2014, hasta diciembre de 2018.

Ese sobreesfuerzo ha posibilitado que a finales del pasado año la certificación

acumulada se situara ya en más de 2.500 millones de euros.

Cambios legislativos europeos

La reforma acometida por Bruselas está contenida en la ‘Iniciativa de Inversión

en Respuesta al Coronavirus’ y permite flexibilizar el uso de los Fondos Europeos

y movilizar el máximo de sus recursos en la lucha contra el Covid-19.

Esas modificaciones afectan tanto a las disposiciones comunes que rigen el

funcionamiento de los Fondos Estructurales y de Inversión como a los

reglamentos específicos de cada programa.

Entre las novedades más relevantes, destacan la autorización de transferencias

exprés de recursos entre las líneas prioritarias de un mismo programa de

financiación, el incremento de las tasas de cofinanciación para las actuaciones

elegibles para la lucha contra la pandemia o la autorización para que los

instrumentos financieros que se nutren de los FEIE también puedan destinarse

a favorecer la liquidez de las pymes.

Fondos Estructurales y de Inversión

Más de la mitad de las partidas de la Unión Europea se canaliza a través de los

Fondos Estructurales y de Inversión, gestionados conjuntamente por la Comisión

Europea y los Estados miembros. Todos esos recursos se destinan a estimular

el desarrollo económico y la creación de empleo de los países de la UE,

siguiendo los objetivos establecidos en la estrategia Europa 2020.



Se concentran principalmente en cinco sectores: investigación e innovación,

tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los

recursos naturales y pequeñas empresas.




La Junta acuerda con las universidades adaptar las guías docentes antes de final de mes

Economía informa al Consejo de Gobierno del acuerdo, que prioriza la docencia ‘online’ y la evaluación continua a causa del Covid-19

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha

acordado con las universidades públicas andaluzas la adaptación de las guías

docentes a la modalidad ‘online’ antes de final de mes, según el convenio marco

respaldado por la Administración autonómica, los rectores y la Dirección de

Evaluación y Acreditación (DEVA) -como órgano externo de evaluación del

sistema universitario andaluz-, ante la crisis sanitaria del Covid-19.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de dicho acuerdo, alcanzado

el pasado 11 de abril, en el que se establece que cada universidad debe aprobar

sus criterios académicos de adaptación válidos para todas las titulaciones y

elaborar adendas a estas guías con los cambios que se acuerden. Todos los

ajustes en la metodología docente y métodos de evaluación han de ser

comunicados a los estudiantes con la suficiente antelación.

Ese consenso establece como principales medidas mantener el calendario

académico previsto, así como priorizar la docencia online y la evaluación

continua en la etapa de educación superior.

Igualmente, se indica que la enseñanza práctica –docencia experimental y

prácticas externas curriculares- que no permita su adaptación a la modalidad no

presencial, se impartirá en los meses de julio, agosto o septiembre de manera

intensiva, o incluso, se podrá realizar hasta final de año. Para estos casos, no

será necesaria una nueva matriculación del estudiante o si por exigencias

administrativas lo fuera, no deberá abonarla.

Para la docencia práctica o experimental, el acuerdo establece, con carácter

general, que ésta se adaptará a modalidades no presenciales, si bien cuando ya

se haya alcanzado un volumen razonable de resultados de aprendizaje se podrá

completar con otro tipo de actividades (proyectos, memorias, programas

formativos, etc.) que puedan ser evaluadas. Solo en los casos excepcionales

donde no sea posible su adaptación a una modalidad no presencial, se



reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las

autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial, pudiendo

impartirse en los meses de julio o septiembre de manera intensiva, si ello es

viable.

En el caso de las prácticas externas curriculares y siempre que sea posible,

también se adecuarán a una versión no presencial mediante metodologías

formativas alternativas o serán sustituidas por otras actividades que permitan

adquirir las competencias correspondientes. El calendario y metodología

deberán ser acordados con los tutores externos y quedar reflejado en la adenda

de la guía docente.

Cuando no se pueda realizar esa adaptación, la universidad podrá prorrogar el

periodo de realización por el mismo periodo en que se han visto suspendidas o

reprogramar su realización. En ese caso, se desarrollarán de manera intensiva

en los meses de julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la empresa o

institución, salvo que el estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas

fechas por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las prácticas

podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, teniendo en cuenta la

coordinación con las plazas de prácticas previstas para el nuevo curso, para

evitar solapamientos.

Para las prácticas externas de larga duración de titulaciones profesionalizantes

reguladas (grados en Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, Máster

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Máster Universitario en

Abogacía y Máster Universitario en Psicología General Clínica) son de especial

interés las recomendaciones y acuerdos alcanzados por las conferencias

nacionales de decanos, procurando las universidades andaluzas adoptar las

soluciones propuestas por dichas conferencias, a fin de que las competencias

adquiridas sean similares en todo el territorio nacional.

Asimismo, para la defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin

de Máster (TFM) se adaptará a la modalidad online, siguiendo los protocolos que

aprueben las universidades. Se procurará, además, que se realicen en las

fechas previstas y si no fuera posible, se reprogramarían. Las comisiones de

titulaciones de grado podrán adoptar la decisión de sustituir la defensa pública

por la presentación de memorias escritas cuando existan dificultades técnicas

para la composición a distancia de las comisiones de evaluación, salvo que

exista normativa estatal reguladora del título que lo impida.

Los TFG y TFM experimentales o que requieran prácticas de campo se tratarán

según los criterios establecidos para la realización de prácticas externas



curriculares. Si las prácticas externas se han tenido que retrasar por la

imposibilidad de su adaptación a la modalidad no presencial durante las fechas

previstas, se permitirá que el estudiante pueda presentar el TFG o TFM aun sin

tener superadas las prácticas, con los cambios transitorios en la normativa

académica que ello requiera.

En cuanto a las tesis doctorales, las universidades aprobarán protocolos para la

defensa no presencial en los casos en que no estuviese contemplado en su

normativa, garantizando plenamente la identidad del doctorando y la publicidad

del acto. Se deberá garantizar, igualmente, el plazo de exposición pública

previsto en la normativa. Las asignaturas o actividades formativas que no hayan

podido adaptarse a una modalidad no presencial ni se hayan podido realizar

durante julio o septiembre, aunque se desarrollen en los meses posteriores, se

entenderán realizadas dentro del curso 2019/20.

Documento marco

Ese consenso de Junta y universidades se sustenta en un documento marco

compartido de principios para mantener la cohesión, solidez y calidad del

sistema académico durante la excepcionalidad que marca el final del curso 2019-

2020. Andalucía ha sido la primera comunidad en aprobar un documento marco

de referencia para todo el sistema universitario sobre adaptación de la docencia

y evaluación a la situación provocada por el COVID-19.

Este texto fija como objetivo que el estudiantado pueda cursar las asignaturas

en las que está matriculado y ser evaluado en las fechas previstas en el

calendario académico, sin sufrir retrasos en la terminación del presente curso

académico o tener que trasladar las asignaturas al próximo.

1.000 tarjetas para la docencia online

Por otro lado, se ha concretado que las clases impartidas de manera online

síncronas -en tiempo real- se adaptarán a los horarios en los que estaban

previstas las clases presenciales. Cuando los medios tecnológicos lo permitan,

se facilitará la grabación de las sesiones de docencia para que los estudiantes

con dificultades para asistir en la hora programada puedan acceder a las clases

grabadas.

Se velará por que las adaptaciones a la modalidad no presencial no excluyan a

estudiantes que por falta de recursos tecnológicos tengan dificultades para el

seguimiento de su formación a distancia. Para evitarlo, la Consejería ha llegado

a un acuerdo con Vodafone para repartir 1.000 tarjetas SIM para la conexión de

universitarios becados de las nueve instituciones académicas públicas que no

tienen posibilidad o presentan dificultades de acceso a internet. Estas unidades



cuentan con una capacidad de 60 gigabytes al mes y estarán operativas hasta

mitad de julio.

Las tarjetas se han distribuido en proporción al número de estudiantes con beca

del Ministerio o de las propias universidades con el umbral 1 de renta familiar. El

mayor número de tarjetas (233) las recibirá la Universidad de Granada. La

Universidad de Sevilla obtendrá 213; la de Málaga, 169; la de Cádiz, 111; la de

Córdoba, 70; la de Jaén, 63; la de Almería, 52; la UPO, 45; y la de Huelva, 42.

Esta actuación no tendrá coste ni para las universidades ni para los alumnos y

se enmarca en del programa de Bono Social con que Vodafone ayuda a

colectivos en riesgo de brecha digital. Las universidades, que trabajan en la

detección de alumnos que precisan estos dispositivos, son las encargadas de

repartir las tarjetas.




El seguimiento a personas mayores se refuerza con 250 trabajadores sociales de la dependencia

Este personal de apoyo ha realizado 45.000 llamadas telefónicas desde su incorporación a este servicio por la crisis del Covid-19

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha informado al

Consejo de Gobierno del conjunto de las medidas adoptadas en materia de

dependencia para dar respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la

pandemia del virus COVID-19, en relación a las prestaciones y servicios

gestionados desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de

Andalucía (ASSDA).

Así, como medida de refuerzo al servicio de teleasistencia, se han incorporado

250 trabajadores sociales de la ASSDA de todas las provincias para llamar a los

usuarios, saber cómo se encuentran y cuál es su situación social y sanitaria y

actuar ante aquellos casos detectados como una posible emergencia social. A

fecha actual, ya se han realizado más de 45.000 llamadas, a las que hay que

sumar las realizadas desde sala.

Este servicio también ha reforzado la atención continuada a más de 232.000

personas por la crisis del Covid-19 y ha gestionado 486.000 llamadas desde el

pasado mes. Para ello, ha sido necesario reforzar el servicio con la contratación

de 84 nuevos profesionales, 30 de los cuales han sido destinados para la

atención del Teléfono del Mayor y, de forma paralela, se ha realizado la

reasignación de 12 teleasistentes a puestos de supervisores.

Además, se está instalando el servicio de teleasistencia a 3.255 personas

mayores que viven solas y que se encuentran en una situación de mayor

vulnerabilidad y de 5.877 dispositivos adicionales de teleasistencia avanzada,

como detectores de seguridad de humo y de gas.

Además, esta situación ha requerido, entre otras medidas, reorganizar el trabajo

en las centrales de teleasistencia, adaptar puestos al teletrabajo o modificar los

procedimientos.



Pagos con normalidad

Por otra parte, la Consejería de Igualdad está procediendo los pagos con total

normalidad a pesar de las dificultades ocasionadas en la gestión por la crisis del

Covid-19. Durante el primer mes de estado de alarma, ha abonado 128,7

millones en prestaciones y servicios de dependencia.

Asimismo, en esta situación de alarma, la ASSDA ha tenido que implementar

medidas extraordinarias de personal y contratación, así como adoptar otras para

garantizar la seguridad de los profesionales de los servicios esenciales y la

puesta en marcha de los mecanismos de teletrabajo necesarios para la

continuidad de su actividad.

Garantizado el servicio de ayuda a domicilio

De otro lado, la Consejería ha tenido una respuesta rápida, clara y contundente

respecto a la prestación del servicio de ayuda a domicilio desde el inicio de esta

crisis, garantizando su financiación durante el periodo que duren las medidas

excepcionales adoptadas para contener el Covid-19.

Las medidas puestas en marcha han permitido flexibilizar la atención ajustándola

a las necesidades de las más de 88.000 personas en situación de dependencia

que cuentan con el servicio de ayuda a domicilio, en un contexto de freno del

contagio del virus, a la vez que se ha garantizado el mantenimiento del empleo

y la seguridad de las auxiliares que prestan el servicio.

Cierre de los centros de día

El cierre temporal de los centros de día para personas mayores y con

discapacidad, con el que cuentan 13.789 personas en Andalucía, fue una de las

primeras medidas tomadas para evitar un mayor número de contagios por el

coronavirus. Para compensar el cierre, ha sido necesario reconfigurar el servicio

para el seguimiento telefónico o presencial de las personas más vulnerables.

Como medida económica, se suspendió la obligación de pago de los usuarios

de la aportación económica al coste de su plaza y se garantizó el abono a las

entidades del 80% del coste de las plazas concertadas y de las prestaciones

vinculadas al servicio, siempre con el compromiso del mantenimiento del

empleo.

Información a la ciudadanía

Igualdad mantiene la atención de las líneas de información, como el teléfono de

atención a las personas mayores, el teléfono de información sobre discapacidad

y accesibilidad o las líneas telefónicas de atención a la infancia y adolescencia.



Asimismo, el servicio de atención a la ciudadanía sobre dependencia se ha

adaptado a esta situación excepcional, respondiendo a las más de 1.300

consultas recibidas a través del teletrabajo.

Estos servicios, junto a otras iniciativas, como la publicación de una guía de

preguntas y respuestas sobre aspectos no sanitarios Covid-19, tratan de aclarar

todas las dudas tanto de la ciudadanía en general como de entidades y

profesionales sobre las prestaciones y servicios de atención a la dependencia.

Todas estas medidas están destinadas, por un lado, a garantizar la atención y

seguridad de las personas usuarias de los servicios y prestaciones de atención

a la dependencia y, por otro lado, garantizar la continuidad de la gestión y los

pagos, tanto de las prestaciones económicas, como a las entidades locales y

entidades del tercer sector, con el compromiso del mantenimiento del empleo.




Igualdad prioriza a las familias y los centros residenciales en los 29 millones del Fondo Social

Ayuntamientos y diputaciones dispondrán en días del dinero que adelanta la Junta al Gobierno para la emergencia del Covid-19

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha informado al

Consejo de Gobierno de los criterios prioritarios de actuación que ha establecido

a la hora de distribuir entre las entidades locales los 29.053.998,60 euros

correspondientes al Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a

atender las consecuencias sociales del Covid-19, como son la garantía de

ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades

básicas (35 por ciento del presupuesto) y el refuerzo de las plantillas de los

centros residenciales y de servicios sociales comunitarios (30%).

Conforme a la orden ya publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(BOJA), y con esta partida que adelanta el Gobierno autonómico antes de que

la transfiera el Ejecutivo central, los ayuntamientos y diputaciones andaluzas

podrán disponer de este presupuesto en unos días para hacer frente a la

emergencia social provocada por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, se establece que el porcentaje del presupuesto de cada entidad local

–ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o diputación– destinado a reforzar

los servicios de ayuda a domicilio, así como la adquisición de medios de

prevención tanto para personas usuarias como para profesionales tiene que ser

del 20 por ciento. Finalmente, el 15 por ciento en cada caso se destina a

consolidar los dispositivos de las personas sin hogar, con el personal y medios

materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden

estén debidamente protegidas y, al mismo tiempo, posibilitar la ampliación del

recurso tanto en el tiempo de estancia como en la intensidad.

No obstante, en función de las necesidades de cada entidad local, la Consejería

establece que estos porcentajes puedan ser modificados y que las cantidades

se abonarán en concepto de transferencias de financiación en un pago único.



El Fondo Social Extraordinario articulado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17

de marzo, supone la financiación de las prestaciones básicas de los

correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas,

Diputaciones Provinciales o Corporaciones Locales, un recurso cuya demanda

se está incrementando por parte de la ciudadanía como consecuencia de la

actual pandemia por Covid-19.

En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,

como departamento competente en el desarrollo de la red de los Servicios

Sociales Comunitarios debe adoptar y ha adoptado las medidas necesarias para

ejecutar las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la Junta de

Andalucía en esta materia y desarrollar sus acuerdos.

Distribución por provincias

De la cuantía total para las Corporaciones Locales, la provincia de Almería recibe

2.476.147,76 euros; Cádiz, 4.282.200,37 euros; para Córdoba se destina

2.703.591,86 euros; Granada, 3.158.342,68 euros; Huelva, 1.801.994,03 euros;

Jaén, 2.187.668,47; Málaga, 5.738.070,12; y Sevilla, 6.706.983,3 euros. De esta

forma, está previsto que se pueda atender a aproximadamente un millón de

personas en toda la comunidad autónoma.

Además de esta partida para entidades locales, la Consejería de Igualdad

gestionará 22.107.770 euros y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia

de Andalucía (ASSDA) hará lo propio con 2.556.729,40 euros. Con estas

cantidades se alcanzan los 51.718.498 euros asignados en total a Andalucía por

el Fondo Social del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, un total de

4.602.800 euros se destinará a hacer frente al refuerzo de servicios de

proximidad de carácter domiciliario y compra de equipos de protección individual,

así como al servicio de comida a domicilio para los usuarios y usuarias de centros

de participación activa titulares de la Tarjeta Sesenta y Cinco en su modalidad

oro (personas de extrema vulnerabilidad).

Además, 8.189.200 euros serán para reforzar las plantillas de centros

residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y

centros de protección de menores de titularidad de la Junta de Andalucía.

También, 1.535.370 euros serán para ampliar la dotación de las partidas

destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá destinado al

incrementar la partida destinada a las Corporaciones Locales para atender las

Ayudas Económicas Familiares.



A su vez, un total de 2.780.400 euros se llevará a cabo para financiar otras

medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente

vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de emergencia social, así

como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven

de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.

Por último, la ASSDA destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo de

servicios de proximidad de carácter domiciliario y dedicará 956.729,40 euros

para incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de

teleasistencia domiciliaria de manera que permita aumentar el ritmo de contactos

de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

También dedicará 1.560.000 euros para financiar otras medidas imprescindibles

y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en

Comunidades Terapéuticas, así como para la cofinanciación del sobrecoste

asumido por la ASSDA en la financiación del coste del servicio de los centros de

día garantizado a las entidades prestadoras que han visto suspendida su

actividad.

Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de

desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria

actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes públicos deben

desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos necesarios para

enfrentarse a la nueva realidad social que se presenta.

Más información sobre los criterios de distribución de las cantidades del Fondo

Social a las entidades locales en BOJA:

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-

01_00172025.pdf




Andalucía permitirá los ingresos en los centros residenciales a partir del 27 de abril

Igualdad adapta las medidas de contención para garantizar la atención a las personas y evitar la transmisión de Covid-19

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la propuesta por parte de

la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el

levantamiento de la suspensión de los ingresos en los centros residenciales de

Andalucía dada la evolución favorable del coronavirus en la comunidad

autónoma. De esta manera, se insta a la Consejería de Salud y Familias a que,

a partir del 27 de abril, se permitan de nuevo los ingresos en los centros

residenciales de personas mayores, menores tutelados, personas con

discapacidad, personas con dependencia y las comunidades terapéuticas

gestionadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

(ASSDA).

Estos ingresos se realizarían adoptando medidas específicas de contención, con

el objetivo fundamental de ofrecer la atención más adecuada a las personas

beneficiarias o demandantes de los servicios de carácter residencial y

manteniendo, de igual modo, las medidas para reducir el contacto entre las

personas para evitar el riesgo de transmisión de la enfermedad.

La Junta de Andalucía, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de

marzo de 2020, tomó en consideración las medidas extraordinarias adoptadas

por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en las que se

incluía, entre otras medidas de contención, la suspensión de nuevos ingresos en

los centros residenciales, salvo causa de urgencia social decretadas por la

Consejería competente en servicios sociales.

En Andalucía existe una evolución favorable del impacto del coronavirus en los

Centros de Servicios Sociales con carácter residencial que denotan unas

circunstancias de control y aislamiento del Covid-19 dentro de estos centros. Por

lo tanto, se ha considerado necesario adaptar las medidas adoptadas a la nueva

situación y permitir los nuevos ingresos, siguiendo unas medidas de contención

específicas de carácter obligatorio.



Así, según la propuesta de Igualdad, los centros tendrán que realizar un PCR

con resultado negativo de la persona a ingresar en el centro residencial, con

cuatro días de antelación como máximo. Además, en el momento del ingreso, se

acometerá un test rápido para el diagnóstico de coronavirus, que tendrá que

obtener también un resultado negativo.

Los centros tendrán que identificar a las personas con las que el residente

hubiese estado confinado durante el tiempo de emergencia sanitaria al menos

en los 15 días anteriores a su ingreso, con indicación del domicilio durante el

periodo de confinamiento, así como el número de teléfono móvil de contacto.

Entre las medidas que se deben adoptar previas al ingreso figura también que la

persona residente aporte certificado médico en el que conste que no cuenta con

sintomatología compatible por Covid-19. Este certificado debe emitirse con

cuatro días de antelación como máximo respecto de la fecha del ingreso.

Por último, y con carácter obligatorio, la persona ingresada en el centro

residencial será sometida a un aislamiento preventivo durante siete días

siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes.




Garantizadas las plazas en residencias de las personas dependientes con salida voluntaria

Igualdad abonará a los centros la cuantía correspondiente durante el periodo en el que el puesto no esté ocupado por el Covid-19

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración las medidas de carácter

extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación de apoyo a los centros residenciales, ante las salidas voluntarias de

las personas usuarias en situación de dependencia debido al Covid-19.

En este sentido, se amplía la reserva de las plazas de aquellos usuarios hasta

alcanzar los 60 días naturales, pese a que la normativa que regula el régimen de

acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros

residenciales y centros de día y de noche establece 30 días naturales.

Ante la situación excepcional provocada por el coronavirus, Igualdad considera

imprescindible aumentar el periodo de reserva de las plazas dadas las

circunstancias de crisis sanitaria y considerando la demanda de las familias ante

la situación de especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores y

personas con discapacidad, adoptando esta medida extraordinaria de reserva de

la plaza durante un periodo superior al establecido. Esta medida será de

aplicación hasta el 15 de junio de 2020.

Por otra parte, la normativa actual establece que cuando se produce esta baja

voluntaria, la financiación por parte de la Junta de Andalucía en los supuestos

de ausencias voluntarias prolongadas queda reducida, ya que la obligación es

para los períodos inferiores a cuatro días. Es decir, esto supone que a partir del

cuarto día el centro únicamente recibe la aportación correspondiente a la

persona beneficiaria.

Por tanto, se hacía necesario dotar a los centros residenciales de alguna medida

económica que minimice las repercusiones económicas originadas por esta

situación, garantizando el sostenimiento financiero de las entidades gestoras de

la atención residencial y, de este modo, promover la continuidad de prestación

de este servicio a los usuarios.



Con la adopción de esta medida, la Agencia de Servicios Sociales y

Dependencia de Andalucía abonará por las plazas reservadas durante un

máximo de sesenta días la diferencia resultante entre el coste de cada plaza y

la cantidad abonada por el beneficiario.

De esta manera, estas ausencias temporales quedarán asimiladas a efectos de

su financiación a las ausencias contempladas en el actual decreto regulador que

establece que las personas usuarias de los centros residenciales tendrán

derecho a la reserva de su plaza en el caso de ausencia por atención sanitaria

en régimen de hospitalización.

La estimación de la cuantía máxima a abonar por la Junta de Andalucía,

contemplando el número de personas en situación de dependencia que hayan

salido de manera voluntaria de los centros residenciales, el número de días y la

tipología de plaza, podría ascender a unos 2,1 millones de euros.




La Junta considera insuficientes los cambios en la Ley de la cadena alimentaria del Gobierno

Andalucía reclama cambios en el etiquetado y una identificación clara de los precios por los operadores, entre otras cuestiones

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

considera que la modificación de la Ley de la cadena alimentaria planteada por

el Gobierno de España resulta de difícil aplicación y ve necesario que se aclaren

conceptos fundamentales sujetos a interpretación en la redacción formulada.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del posicionamiento del

Gobierno andaluz con respecto a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas

para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación ha elevado a consulta pública. La Consejería

considera insuficiente el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, para

responder a la crisis de precios en el sector agrario, cuya situación incluso ha

empeorado en determinados sectores como consecuencia de la crisis del Covid-

19.

En la actualidad se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley

por el que adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación

(procedente del referido Real Decreto-ley) y, paralelamente, se ha sometido a

consulta pública previa por parte del Ministerio el Anteproyecto de Ley por el que

se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el

funcionamiento de la cadena alimentaria.

La Junta de Andalucía cree fundamental algunas consideraciones, entre ellas

que el Ministerio publique los datos relativos a los costes efectivos de las

explotaciones, que han de servir de referencia de los “factores objetivos” para

calcular el coste efectivo de producción, los cuales, a su vez, deben ser fijados

con independencia de las partes en un marco de colaboración con las

comunidades autónomas y el sector agrario.

En Andalucía, además, se consideran insuficientes los parámetros para efectuar

dicho cálculo y se plantea incluir los costes de amortización e intereses de los

préstamos y productos financieros formalizados para el mantenimiento, mejora



y modernización de las explotaciones agrarias, los costes salariales del propio

empresario o autónomo agrario, seguros agrarios y seguros en general, costes

de comercialización y de promoción, impuestos y arrendamientos.

Subastas electrónicas

Igualmente se plantea prioritario que se valore una prórroga automática en los

contratos que, junto al establecimiento de unas buenas condiciones de

modificación de los mismos, puede resultar un beneficio importante para el

productor. Y se solicita que en los pliegos de las subastas electrónicas se

establezca expresamente que no se pueda vender por debajo de los costes.

Asimismo, la normativa debería ser más precisa para impedir actividades

promocionales que induzcan al error en el consumidor en relación con el precio

del producto, su imagen, calidad y valor. Éste conocería mejor el precio o imagen

de los productos si los operadores tuvieran la obligación de identificar su precio

real claramente, junto con los objetivos de la promoción, ligados a un mayor

conocimiento del producto o potenciación de su consumo.

Respecto a las medidas del Decreto, Andalucía considera que es imprescindible

una mayor transparencia y refleja como imprescindible el debate constante con

las comunidades autónomas sobre los resultados de las medidas establecidas y

la publicación de los informes completos.

Como complemento, Andalucía considera, respecto a las prácticas comerciales

desleales, que el Ministerio debería realizar un análisis exhaustivo del modelo

europeo de producción y otro del actual funcionamiento de los mecanismos

existentes en el sector agroalimentario para su organización, defensa de sus

intereses y su actuación ante situaciones de crisis.

Análisis del modelo europeo

El primer análisis debería incluir, como mínimo, el impacto de los factores

medioambientales, sociales, de la utilización de recursos, de la legislación en

materia de competencia europea, de aspectos jurídicos y vigencia del Principio

de Preferencia Comunitario en relación con los acuerdos de la UE con terceros

países extracomunitarios y la comercialización de productos alimentarios

comunitarios en el mercado de la UE, y en concreto sobre aspectos como la

sobreoferta en determinados momentos por la concurrencia de productos

comunitarios y procedentes de terceros países y los efectos de la misma sobre

una bajada de los precios para el productor comunitario.

Y en relación al segundo análisis propuesto, la Consejería de Agricultura plantea

que aborde, con detalle, el funcionamiento de las interprofesionales, de los

órganos que tienen encomendadas funciones para la transparencia de los



mercados y del conocimiento sectorial de los mercados y de las cadenas de

valor, como base para la adopción y aprobación de medidas eficaces para lograr

el equilibrio de la cadena alimentaria y el refuerzo de las organizaciones y

entidades con el objetivo de mejorar su papel en la regulación de los mercados.

Logotipo UE

Finalmente, Andalucía considera necesario que la Administración del Estado

impulse, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, medidas para mejorar

el etiquetado para que el consumidor pueda reconocer el origen de los productos

y las condiciones en las que se han producido; y en concreto, un logotipo de la

UE que avale que se cumple la normativa de seguridad alimentaria y de sanidad

vegetal y animal, la normativa medioambiental y la normativa social de la UE,

como existe en los productos industriales; y la creación de un distintivo en el

etiquetado, de carácter voluntario, para identificar que se han respetado los

costes de producción en todos los eslabones de la cadena alimentaria.




La Junta solicita al Gobierno que autorice los desplazamientos a huertos de autoconsumo

Agricultura señala que estas producciones son básicas para muchas familias y recuerda la obligación de cumplir las medidas sanitarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha

informado al Consejo de Gobierno de la solicitud realizada al Gobierno de

España para que autorice de forma explícita los desplazamientos a granjas,

huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos durante el confinamiento,

siempre que estos se encuentren situados en el mismo municipio de residencia

del titular o, en su caso, los limítrofes.

Esta petición se produce ante la inquietud generada en muchas localidades

andaluzas, tanto en zonas rurales como en el interior de ciudades, por la

necesidad de atender estas producciones, básicas en la alimentación familiar y

parte fundamental de la economía doméstica de muchas familias. De ahí que el

permiso deba ser atendido incluso sin estar la persona dada de alta en el régimen

agrario, tanto para el mantenimiento de su funcionamiento como para la cosecha

de alimentos.

La situación de confinamiento y restricción de la movilidad surgida a raíz de la

declaración del estado de alarma ha motivado que muchas actividades hayan

quedado prohibidas. Entre ellas, la atención de huertos y cultivos de

autoconsumo. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo permite salir de casa

a la población general para la adquisición de alimentos y considera la agricultura

como una actividad esencial que no debe detenerse, sin hacer referencia a este

tipo de cultivos que ha proliferado en Andalucía.

El Gobierno andaluz recuerda que muchos habitantes de numerosos municipios

rurales se abastecen, en gran medida, de estos pequeños huertos que ahora

incluso son más fundamentales de cara a un periodo muy productivo. Las

huertas son una forma de garantizar una alimentación saludable, algo

particularmente importante ante una pandemia y que en muchos pueblos no es

posible sin el producto de los cultivos familiares.



En esta situación, resulta evidente que no se pueden echar a perder las

cosechas y que está justificado el acceso para poder trabajar en ellos, aplicando

el sentido común y cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias propuestas

para evitar la propagación del virus.

Control de plagas

Además, la consejería incide en que desatender las labores y tratamientos

mínimos necesarios de estos cultivos puede repercutir en falta de control de

plagas y enfermedades que a su vez pueden afectar al entorno y al medio

natural. La Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF)

recomienda semanalmente en función de condiciones climáticas y estado

fenológico de los cultivos las prácticas necesarias a llevar a cabo para un control

integrado de plagas sin distinción del régimen de titularidad de la explotación. Si

no se realizan podrían provocar un desarrollo exponencial de estas plagas y

enfermedades en esta época del año de mayor riesgo.

La consejería, por último, apela al derecho a la alimentación reconocido en 1948

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en posteriores

instrumentos internacionales. Según las Directrices por el Derecho a la

Alimentación (FAO 2004), es responsabilidad del Estado respetar, proteger y

garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente

en contextos de crisis como el actual.




Comienza la tramitación del decreto para la creación del Consejo Andaluz del Clima

Este órgano garantizará la participación de la sociedad en la definición de las intervenciones en materia de cambio climático

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha

informado al Consejo de Gobierno del inicio de los trámites para la aprobación

del decreto por el que se regulará la composición y funcionamiento del Consejo

Andaluz del Clima. Este órgano será el principal ente destinado a asegurar la

participación de la sociedad en la definición de las intervenciones que se pongan

en marcha en materia de cambio climático.

De esta forma, la Junta de Andalucía extiende el principio de corresponsabilidad

en la acción climática y vela por la adecuada proporcionalidad entre las medidas

propuestas, los fines perseguidos y sus repercusiones en los órdenes ambiental,

económico y social.

La conveniencia de creación de este órgano se sustenta en que Andalucía es

una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, siendo

necesario implicar a los sectores sociales y económicos en esta lucha. El

Gobierno andaluz requiere de foros adecuados en los que se promueva la

participación de dichos sectores en el impulso y ejecución de políticas y

actuaciones y se asegure la coherencia de las acciones que se decidan bajo una

misma visión estratégica.

En la composición del Consejo, además de la Administración andaluza, se

contempla representación administrativa estatal y local, así como de otros

sectores de la sociedad civil y los agentes económicos y sociales con

competencia en materia de clima.

Entre sus funciones estará conocer las políticas de lucha frente al cambio

climático y el estado de Andalucía en esta materia, así como formular

recomendaciones en relación con planes, programas y líneas de actuación que

tengan que ver con esta cuestión. Igualmente, el Consejo permitirá participar en

la actualización de los valores de referencia fijados en el Plan andaluz de acción

por el clima, a partir del desarrollo normativo por parte de la Junta.



El decreto regulará también la figura del comité científico asesor, que estará

integrado por especialistas de probada independencia y reconocido prestigio a

nivel europeo en diversos campos del conocimiento relacionados con la materia

del cambio climático. Estos especialistas se centrarán fundamentalmente en la

formulación de informes y dictámenes de carácter científico y técnico en estas

cuestiones que elaborarán a petición del propio Consejo.




Declarada Bien de Interés Cultural la iglesia de San Juan Evangelista de Paterna del Río

El templo de la localidad almeriense, construido durante los siglos XVI y XVIII, destaca en la arquitectura mudéjar alpujarreña

El Consejo de Gobierno ha aprobado inscribir en el Catálogo General de

Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), como Bien de Interés Cultural (BIC) con

la tipología de Monumento, la Iglesia de San Juan Evangelista de Paterna del

Río (Almería).

El edificio sigue el esquema del templo mudéjar -estilo predominante en la

arquitectura religiosa del antiguo Reino de Granada durante los siglos XVI al

XVIII- y se estructura en tres naves separadas por pilares soportados por arcos

de medio punto y capilla mayor diferenciada por arco toral, a la que se adosa

una capilla rectangular a cada lado. De esta época destacan en su interior las

armaduras de la nave central y de la capilla mayor, por lo que ocupa un lugar

destacado en la arquitectura mudéjar alpujarreña.

En el inmueble se observa, además, presencia del barroco en los apilastrados y

falsas bóvedas que se encuentran en sus naves laterales, así como en el

conjunto de retablos, entre los que destaca el de la capilla mayor y los dos de

estuco a sendos lados de los testeros de las naves laterales, elementos que

representan la huella en esta comarca de la escuela de estuquistas granadinos.

El resto de retablos e imágenes son obras del siglo XX, destacando el Cristo de

las Penas, patrón de la localidad.

Construido en la primera mitad del siglo XVI, en el exterior se aprecian tres

puertas de estructura sencilla y una torre, situada en la cabecera, alineada con

el resto de la fachada y sin ningún elemento diferenciador en su cuerpo bajo.

La inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como BIC

incluye la totalidad de la iglesia con cada una de las partes que comprende,

incluida la antigua casa parroquial que cierra la cabecera del edificio, y protege

también al entorno del templo, en concreto a las calles Iglesia, Juan el Correo y

Sacristía, con el fin de proteger el Bien de cualquier actuación que pueda poner

en peligro sus valores.

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San ... gobierno.pdf · En la mañana de hoy...

Documents

Transcript of En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San ... gobierno.pdf · En la mañana de hoy...