Elecciones N° 4

8/2/2019 Elecciones N 4

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O F I CI N A N A C I O N A L D E P R O C E S O S E L E C T O R A L E S

DIRECTOR FUNDADORFer nando Tuesta Soldevilla

EDITOR

Carlos Reyna Izaguirre

COORDINADORACarlota Casalino Sen

CONSEJO EDITORIAL

Samuel Abad Cristbal Aljovn Carlos Blancas Julio CotlerJuan Fernando Jaramillo Charles D. Kenney Csar Landa

Carmen Mc Evoy Jos Molina Dieter Nohlen Catalina Romero

Martn Tanaka Daniel Zovatto


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Oficina Nacional de Proces os Electorales (ONPE)Jr. Nazca 598, Lima 11, PerCentral telefnica: (51-1) 315-8080Corr eo-e: [email protected]: www.onpe.gob.pe

Hech o el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per: 2002-5121

Lima, diciembre de 2004

ESTILO Y CUIDADO DE EDICINRosa Daz S.

DISEO Y DIAGRAMACINJorge Kajatt Mera

IMPRESINTAREA Asociacin Grfica Educativa


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Nota del director fundador

Cuando asumimos la Jefatura Nacional deONPE, uno de los sueos ms aca-riciados fue formar un Centro de Investigacin Electoral cuyo objeto de es-tudio sera la investigacin y anlisis de los procesos electorales, tanto ensus aspectos administrativos como en sus aspectos polticos y sociales. Estaera una materia poco atendida y entendida en el Per, quiz por una er radaconcepcin que indicaba que el tema perteneca al mbito del derecho, oquiz porque la vida en democracia, tras varios aos de dictadura militar,apenas dej espacio para lo indispensable.

Todava recuerdo que, a inicios de la dcada de 1980, la bibliografa y losdatos de cualquier investigacin que quisiera hacerse al respecto era escasao, sencillamente, inexistente. Hurgar en los archivos del desvencijado Jura-do Nacional de Elecciones era una tarea dura. El pasado electoral del pasreposaba apretujado y empolvado en un recinto hmedo, sin atraer el intersde nadie que buscara sistematizar la valiosa informacin que ofreca con elobjeto de perfeccionar los futuros procesos o aprender de los anteriores.Cuando me inici en esas faenas llamaba la atencin el inters que tena poralgo aparentemente intil.

Sin embargo, hoy tengo el orgullo de haber constituido, con el aporte denotables acadmicos e investigadores, un espacio activo que concentra to-dos los inter eses y expectativas de aquellos que, con el pasar de los aos, sehan aproximado a la materia electoral con seriedad, reconociendo la impor-tancia de sus apor tes en el mbito democrtico. No conozco institucin de laadministracin pblica, incluida la regin, que pueda darse el lujo de tenerun Centro de Investigacin que apoye sus tareas.

Ahora que dejamos el encargo, constituye una inmensa satisfaccin h a-ber dado nacimiento a una revista especializada comoElecciones, que, con


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cuatro nmeros editados, empieza a cubrir los vacos ya adver tidos y que h aobtenido reconocimiento internacional. Confo en que habr muchos nme-ros ms y que sus aportes y contribuciones seguirn imponiendo las msaltas vallas de calidad. Como director fundador deseo larga vida a la revistaElecciones.

Fernando Tuesta Soldevilla


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Presentacin

LA EDICIN DE LA REVISTA Eleccionesque el lector tiene entre sus manos esel nmer o 4, corr espondiente a diciembre de 2004. En ella, el Centro deInvestigacin Electoral (CIE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) ofrece un conjunto de reflexiones y anlisis sobre la temtica electo-ral y de partidos.

El tema central de este nmero es de gran actualidad porque, mediantecinco artculos, aborda el financiamiento de los partidos polticos. Los tresprimeros analizan los casos de Per, Argentina y Panam, en Latinoamrica.

De la experiencia europea contamos con un anlisis acerca de Alemania.Finalmente, pr esentamos una colaboracin sobr e medios de comunicaciny par tidos polticos.

El caso del Per es analizado por Carlos Reyna Izaguir re, director del CIEy ger ente de Supervisin de Fondos Partidarios de la ONPE, quien, en Ssifoen los Andes (a propsito de la ley y las vicisitudes de los partidos y el siste-ma de partidos en el Per), sostiene que la ley de par tidos polticos peruanaes una de las mejores de la regin; pero advier te que esta ventaja no es sufi-ciente para garantizar el xito en su aplicacin, pues existen factores de lar-go plazo que deben ser tomados en consideracin porque pueden media-tizarla. Asimismo, plantea que financiamiento par tidario y elecciones inter-nas son dos caras de la misma moneda. Es decir, deben ser consideradoselementos inseparables s i queremos for talecer un sistema de partidos y, alinterior de cada uno de ellos, constr uir la debida institucionalizacin y trans -parencia. Por otro lado, si bien dicha ley permite reforzar y construir unadecuado sistema de partidos, su xito depender tambin de los propios

partidos polticos, de los ciudadanos y de las autoridades encargadas de sucumplimiento. Finalmente, sostiene que la ley establece, por primer a vez, la


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accin reguladora del Estado y la constitucin de un tringulo de vigilan-cias mutuas integrado por ciudadanos, partidos y el Estado.

El caso de Argentina es estudiado por Delia Fer reira, en El control delfinanciamiento de los par tidos en Argentina: qu cambi con la nueva ley?,mediante el anlisis de la Ley N 25600 (de financiamiento de par tidos polti-cos y campaas electorales) a la luz del proceso electoral de la campaapresidencial de 2003. Dicho anlisis le permite encontrar los lmites de lanorma y proponer la necesidad de reforzar el proceso de control y readaptarlas normas aplicables para salir de la estricta lgica judicial, dar a la CmaraNacional Electoral un per fil auditor proactivo, y otorgar a los ciudadanos e l

der echo a presentar obser vaciones a la rendicin de cuentas de los partidos,entre otras sugerencias.

El ar tculo del pres idente del Tribunal Electoral de Panam, EduardoValds Escoffery, El subsidio electoral directo en Panam, indica que elsubsidio panameo se sustenta en seis principios: seguridad jurdica y eco-nmica, igualdad de opor tunidades, representacin popular, dilucin del apor-te fiscal en el tiempo, eficacia del subsidio y solucin parcial. Asimismo, indi-ca los momentos o perodos en los cuales se hacen efectivos los subsidios,

as como los mecanismos que se aplican en su ejecucin. El ar tculo culminasealando que el proceso actual es de evaluacin de la aplicacin del subsi-dio a lo largo de cinco aos de experiencia, lo que derivar en modificacio-nes a su r eglamentacin.

El caso de Alemania es particularmente interesante pues fue el primerpas europeo que se decidi por financiar a los par tidos polticos con fondosestatales. En ese sentido, Omar Handabaka analiza, en La financiacin par-tidaria en la Repblica Federal Alemana, la fortaleza de las institucionesalemanas para superar crisis graves, como la que afect hace varios aos aun reconocido lder de la Democracia Cristiana. Asimismo, presenta unacronologa de las ms de cuatro dcadas de legislacin sobr e financiacinestatal a los par tidos, detenindose en las dificultades y la manera como fue-ron resolvindose. La experiencia alemana, por otro lado, denota que el cui-dado frente a la transparencia y la regulacin del sistema de financiacinpartidaria responde al objetivo de evitar que pueda volver a presentarse uncaso similar al del Partido Nacional Socialista de Hitler. De esa manera se

garantiza el control de los partidos por los ciudadanos y no por los podero-sos grupos econmicos.


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Esta primera seccin dedicada al financiamiento de los par tidos polticosculmina con la colaboracin del politlogo uruguayo Juan Rial quien, enFinanciamiento de campaas y partidos polticos: los medios de comunica-cin, recuerda la clsica funcin de los medios de comunicacin comoformadores de opinin pblica y muestra cmo en la actualidad han devenidoen espacios donde los polticos pueden ganar o per der legitimidad. As, eldebate poltico que antao se realizaba en las plazas pblicas ha pasado a laspantallas de televisin. Por otro lado, la actualidad muestra cmo se ha idopersonalizando la poltica al convertirse el lder en ms importante que elpar tido. Sise vinculan las variables medios de comunicacin y personalizacinde la poltica estamos ante un fenmeno denominado por el autor de la audio-

video poltica cuya trascendencia en la sociedad es tal que es necesario co-nocer, primero, cunto condiciona a la accin par tidaria, a los candidatos y ala gober nabilidad; y, segundo, s i hay condicionamientos entre el pago y/ ono pago de espacios en los medios de comunicacin y la toma de decisionespblicas. Se seala la existencia de tres tipos de confrontaciones en la rela-cin entre medios de comunicacin y partidos polticos: la primera entreliber tad de expresin y equidad en la competencia poltica; la segunda entreliber tad de empresa y responsabilidad social de los medios; y la tercera en-tre los dueos de los medios y los periodistas que trabajan en ellos que pone

en evidencia un posible conflicto entre libertad de empresa y libertad deexpresin.

Otro aspecto que se destaca es la situacin en Amr ica Latina del accesode los partidos polticos a los medios de comunicacin. En ese sentido, sos-tiene que se ha ido regulando a travs de distintos modelos; por ejemplo, conla implantacin de la franja electoral, la que tambin ha sido aplicada demanera diferente en cada pas. Finalmente, Rial destaca el papel que hancumplido los organismos e lectorales en esta relacin entre partidos polti-cos y medios de comunicacin y advierte que Amrica Latina muestra suincapacidad para crear instituciones de control. El ar tculo concluye indican-do dos posibles caminos que pueden garantizar la equidad y libertad: laautorr egulacin o los controles legales. Lo importante, en todo caso, es re-conocer la necesidad de limitar los costos de la poltica as como garantizarque se r eduzca al mnimo el ejercicio de influencias indebidas.

Los artculos que integran la seccin Gestin Electoral son: La democra-

cia tiene un costo: hacer elecciones de Fernando Tuesta Soldevilla, jefe na-cional de la ONPE, y Los tribunales electorales en Latinoamrica: un estudio


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comparativo a cargo del profesor colombiano Juan Jaramillo. Tuesta reflexio-na sobre la esencia de los procesos electorales como el mecanismo a travsdel cual se transfiere legtimamente el poder. En ese sentido, el autor com-plementa los aportes de la primera seccin de esta revista al presentar la otracara del costo y financiamiento de las campaas y de los partidos polticos;pues organizar las elecciones destinar fondos pblicos para ello comple-ta lo que podramos estimar como el costo total de cada proceso electoral. Elprofesor Juan Jaramillo analiza y compara los rganos estatales que en Am-rica Latina se encargan de cumplir con las funciones electorales en diecio-cho pases latinoamericanos. Varios de estos organismos estn vinculados alPoder Judicial y otros tienen autonoma respecto a los tres poderes del Esta-

do. Luego de compararlos, el autor formula algunas consideraciones acercadel estado actual de dichos organismos.

En la seccin Historia, Par tidos Polticos y Sociedad incluimos Muer te yrenacimiento de un sistema de partidos, Per 1978-2001 de Charles D.Kenney. Este ar tculo analiza, a la luz de los drsticos cambios presentadosen la dcada de 1990 y en lo que va de la actual en los resultados e lectoralesde los par tidos polticos per uanos, el sistema de partidos, y postula que laexplicacin a dichas variaciones estara ms en relacin a factores coyuntu-

rales como la actuacin de las elites y la decisin de los votantes que encausas estr ucturales o institucionales.

Para la seccin Derecho Electoral contamos con la colaboracin del profe-sor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autnoma de Mxi-co, Alfonso Her rera Garca: Derecho electoral local: el caso de Mxico. Enl seala la coexistencia del derecho electoral dirigido al orden federal y aqueldirigido al orden local. Respecto al derecho electoral local seala que ha sufri-do diversas modificaciones desde 1917, siendo la ms importante la reforma

constitucional de 1987 en la que se estableci el principio de divisin de pode-res en los entes federativos. El artculo concluye explicando las garantas yprincipios en la organizacin de las elecciones y en la funcin electoral locales,as como las de autonoma administrativa y jurisdiccional.

Finalmente, la seccin Mundo Electoral contiene un r esumen de los re-sultados electorales de Ur uguay, a cargo de Ronny Cceres, y de los EstadosUnidos de Amrica, a cargo de Martn Monsalve.

Con este nmer o la ONPE, a travs de su Centro de Investigacin Electo-ral, entrega ya por dos aos consecutivos un conjunto de reflexiones, desde


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Carlota CasalinoCoordinadora

una perspectiva multidisciplinaria, sobre teora, experiencias y procesos elec-torales per uanos, latinoamericanos y europeos. Esta constancia ha sido posi-ble gracias a la valiosa colaboracin de especialistas en el tema, todos reco-nocidos profesionales en sus reas, quienes a lo largo de este tiempo hancontribuido con nosotros y permitido que esta revista consiga un espaciopropio en el mundo acadmico y en el mundo vinculado a la toma de decisio-nes. Sin embargo, el debate alturado que h a ido construyendo no se hubieraconcretado sin los generosos comentarios de sus lectores, a quienes tam-bin agradecemos en esta ocasin.


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De las ilustraciones

En este prximo mes de enero de 2005nuestra ciudad cumplir 470 aos des desu fundacin espaola. En las calles dela Lima de nuestros das an podemosver la convivencia entre Colonia y Rep-blica. El pintor y viajero alemn MauricioRugendas, en su estilo romntico-cos-tumbrista, ha dejado imgenes en las queesa mixtura aparece minuciosamente ex-presada, tal como l pudo percibirla al-

rededor del ao 1840. Como un saludo aLima y a uno de sus mejores pintores, he-mos tomado varias obras de Rugendaspara ilustrar esta edicin.

Las ilustraciones han sido tomadas dellibro de Juan Mauricio Rugendas El Perromntico del sigloXIX; editado por Car-los Milla Batres en Lima, el ao 1975, con

un estudio preliminar de Jos Flores Aroz.

Imagen tomad a de http:/ / www.uchile.cl/ produ ctos

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Contenido

ESPECIAL: FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLTICOS

Ssifo en los Andes (a propsito de la ley y las vicisitudesde los par tidos y el sistema de partidos en el Per)Carlos Reyna Izaguirre

El control del financiamiento de los par tidos en ArgentinaQu cambi con la nueva ley?Delia Ferreira Rubio

El subsidio electoral directo en PanamEduardo Valds Escoffery

La financiacin partidaria en la Repblica Federal AlemanaOmar Handabaka

Financiamiento de campaas y par tidos polticosLos medios de comunicacin

Juan Rial

GESTIN ELECTORAL

La democracia tiene un costo: hacer eleccionesFer nando Tuesta Soldevilla

Los tribunales electorales en Latinoamrica

Un estudio comparativoJuan Jaramillo

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HISTORIA: PARTIDOS POLTICOS Y SOCIEDAD

Muer te y renacimiento de un sistema de par tidosPer 1978-2001Charles D. Kenney

DERECHO ELECTORAL

Derecho electoral local: el caso de MxicoAlfonso Her rera Garca

MUNDO ELECTORAL

Los procesos electorales de Uruguayy los Estados Unidos de AmricaRonny Cceres / Mar tn Monsalve

DE LOS AUTORES

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ESPECIAL

FINANCIAMIENTO DEPARTIDOS POLTICOS

La plaza mayor de Lima. leo, 1843.


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Elecciones (2004) 4 , 15

Ssifo en los Andes(a propsito de la ley y las vicisitudes de lospartidos y el sistema de partidos en el Per)

Carlos Reyna Izaguirre

PESE A NO HABER SIDO UN AO preelectoral ni electoral, en 2004 los diversospar tidos que ya tienen registro reconocido han estado par ticularmente acti-vos en la realizacin de reuniones de carcter nacional. Casi cada mes hahabido al menos un par tido que h a realizado un congreso o un plenario na-cional, y lo mismo suceder entr e noviembr e y diciembr e. Entre los que lohan hecho figuran todos los que tuvieron un papel significativo antes de ladcada de 1990 y algunos de los que aparecieron en esa dcada o ms re-cientemente. La mayor parte de estas actividades, si no todas, han tenidocomo referente a la ley de par tidos, a cuyas disposiciones tendrn que ter mi-

nar de adecuarse en los prximos meses (ver anexos).

Es decir que, a pesar del bajo puntaje de aprobacin que han estado reci-biendo los par tidos polticos per uanos en las encuestas de opinin, hay visi-bles esfuerzos de una buena par te de ellos tanto de los tradicionales comode las nuevas corrientes por dotarse de una mayor institucionalidad. Demanera que, tres aos despus de abierto un nuevo rgimen democrtico,las mismas fuerzas partidarias que a mediados de la dcada anterior pare-

can haber entrado en su fase terminal se encuentran compitiendo con cier todinamismo con algunas nuevas corrientes que, a su vez, tambin siguen es-forzndose por conver tirse en partidos que perduren.

No han sido slo los par tidos concre tos y reales los que se han reactivado.Ha sido tambin la idea misma de partido. Debemos recordar que esta idea,en el sentido que tuvo durante la mayor parte del siglo XX, haba entrado enun oscur o ocaso a mediados de la dcada anterior. Lleg a parecer anticuada

la nocin de una organizacin per manente de militancia numerosa y direc-cin colectiva, que competa por el poder y por el gobier no propugnando un


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CARLOS REYNA IZAGUIRRE16

programa diferenciado. En cambio pareca mucho ms realista y actual laidea de corrientes abiertas pero enfocadas en lo estrictamente electoral,con liderazgos individuales y propuestas consensuales que slo alcanza-ran pre cisin una vez ganada la competencia por el voto. La imagen delpartido de masas de Duverger retrocedi ante aquella imagen elitista deSchumpeter.

Hoy da, los diversos actos par tidarios ocurridos a lo largo de este aomuestran que la idea clsica de par tido ha tomado un nuevo impulso. Auncuando no siga el sentido exacto del concepto de par tido de masas, es per -ceptible la tendencia a restablecer direcciones colectivas y estructuras per-

manentes que den a las organizaciones polticas alguna forma de representa-cin y vigencia ms all de lo electoral.

As, el partido poltico, la forma ms universal de la repr esentacin pol-tica de los ciudadanos, inicia otra vez en nuestro pas sus esfuerzos porconsolidarse. Lo hizo por pr imera vez con el Par tido Civil de don ManuelPardo, en el ltimo tercio del siglo XIX. Cay desde fines de ese siglo yvolvi a subir la cuesta con los par tidos contestatarios de la dcada de 1930.

Lo bajaron a las catacumbas hasta mediados de la dcada de 1950 en quevolvi aparecer, aquella vez acompaado de los par tidos moder nizantes.Tuvo en las dcadas de 1960 y 1980 opor tunidades demasiado cortas , paravolver a eclipsar se en las dcadas de 1970 y 1990. Cual Ssifo en los Ande s,ahora parece ascende r de nuevo por un ter reno poltico que no ha dejadode ser empinado e inestable.

Esta vez, para ayudar al desar rollo y consolidacin de los par tidos polti-cos, el Congreso e legido en 2001 ha establecido un instr umento pr opio de

los estados constitucionales modernos: una ley de partidos. Algunas de lasdisposiciones de es ta ley van a ser vir para desar rollar y consolidar a los par-tidos y al sistema de partidos en el Per. Otras, no tanto. De hecho, haycier tos vacos y ambigedades y cier tas disposiciones per fectibles en lo quela ley dispone sobre temas tan importantes como el registro de los partidos,su democracia inter na, la transparencia de sus r ecursos y la equidad de lascampaas polticas y electorales. Pero, puesta en perspectiva y en el contex-to que vive el Per, la ley ser una buena h er ramienta para quienes quieran

promover partidos significativamente ms institucionalizados y cercanos alas expectativas ciudadanas.


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SSIFO EN LOS ANDES 17

1. LOS PROBLEMAS DE LARGO PLAZO

Para una idea ms cabal de cunto puede ser vir esta ley a los fines de conse-guir par tidos y un s istema de par tidos ms consolidados en el Per convie-ne, en primer lugar, recordar algunos de los problemas de fondo que compli-caron o fr ustraron el desar rollo de dichos partidos y, en segundo lugar, sea-lar cmo lo dispuesto por la ley ayudara a resolverlos.

A ese tipo de problemas que estn ms all de las coyunturas y del de-sempeo de los partidos en el corto plazo Cavarozzi y Casullo (2002) losllaman problemas de larga data. Se refieren con ello a cuatro reas

deficitarias que h ace tiempo que complican la estr ucturacin de los partidospolticos en Amrica Latina. Aluden a los dficit en ciudadana, en losmarcos institucionales de los partidos (patrones de competencia electoral,representacin, universalidad de la aceptacin de las elecciones, organiza-cin interna) , en la solucin al doble problema de tener que representar ygober nar y, finalmente, a un dficit en la constr uccin de Estado.

Aceptando lo per tinente del sealamiento de estos dficit,1 cabra sealarotros dos ms profundos, de ms largo plazo y que, inclusive, determinan a

los ya referidos. El primero es el de un recur rente dficit en el desar rollo yen la ocupacin de la esfera polticapor parte de los partidos. Lo segundoque ha faltado es un suficiente ar raigo de las garantas polticaspropias de lademocracia representativa en nuestro ter ritorio.

2. LIBERAR LA ESFERA POLTICA

Si se asume que, en una democracia moder na, la esfera poltica es por exce-lencia el espacio de los partidos, entonces un escaso desarrollo de esa esferao su ocupacin por actores distintos a los partidos les quita ter reno paraconstituirse, crecer y consolidarse.

La poltica, como recuer da Giovanni Sartori, es aquella esfera donde de-terminadas personas toman decisiones colectivas soberanas que se aplican

1. Cabe sealar, sin embargo, que los dficit en ciudadana y en Estado tambin significan grandes opor-tunidades para la actuacin de los par tidos, precisamente para qu e apor ten al desar rollo de la ciudadana

y del Estado, tal como lo hicieron los partidos de masas entre las dcadas de 1930 y 1950 en AmricaLatina.


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por fuer za de maner a general. La autonomizacin de es ta esfera y de su pro-pia lgica supuso un largo proceso de diferenciaciones estr ucturales, la difu-sin de ciertas perspectivas de pensamiento y la consolidacin de determi-nadas instituciones. Sobre ellas cabalg la emancipacin de la poltica res-pecto a los mbitos religioso, econmico o social, como resea este autor enuno de sus ensayos (2002).

La historia de gran parte de los pases de Amrica Latina, y dentro deellos del Per, muestra, por el contrario, que varias de estas diferenciacionesy emancipaciones de la poltica no se han llegado a culminar. No es difcil,por ejemplo, hallar expresiones diversas de la presencia religiosa en la pol-

tica latinoamericana y per uana. Aveces se trata de lo religioso que incursionaen la poltica. En este sentido es frecuente en el Per que se apele a espacioso personalidades del catolicismo para que arbitren en situaciones de polari-zacin o canalicen y gestionen deter minadas demandas sociales. Ocur re, enparte, como un mecanismo de compensacin a las limitaciones de los acto-res partidarios para cumplir un papel de generacin de consenso o media-cin de demandas sociales. Y, a la inversa, la incurs in en el terreno polticose convierte en un medio de obtencin de legitimidad social para actoresreligiosos.

Otras veces se trata de lo poltico que incursiona en lo religioso. Lo cualocurre generalmente en un nivel simblico, cuando los discursos o las im-genes polticas apelan a evocaciones religiosas para enaltecer a los lder es oa la misin del partido; para cohesionar o movilizar a la militancia o tambinpara fines menos democrticos como el hacer r etroceder a la crtica de losafiliados detr s de la fe en el partido o en el lder.

Una tercera situacin es aquella en la cual determinadas rdenes religio-sas buscan deliberadamente la ocupacin de espacios y roles en la polticaprctica, lo cual a su vez es seguido por la respuesta de polticos que llevansus disputas a los espacios y posiciones al interior de las iglesias.

El problema es que la apelacin a estos enlaces entre lo religioso y lo polti-co de larga data se ha ido haciendo constante y habitual hasta ser unrasgo bastante obvio de la poltica per uana. Lo que no resulta tan visible paramuch os es que se trata de una de las maneras por las cuales la esfera poltica

no termina de liberarse de lo religioso; uno de los modos en que determina-dos espacios polticos son cedidos por los partidos ante lo religioso. Esto


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ocurre en varios pases latinoamericanos, pero de hecho hay algunos comoMxico o Colombia en los que, por razones histricas, la poltica est msdistante de la re ligin.2

La autonomizacin de la poltica respecto a la economa tambin ha que-dado trunca. Se expresa en la recur rente incursin de los actores econmi-cos en el ter reno poltico, no slo influyendo o condicionando las decisiones,que es lo normal; sino convir tindose en actores que toman decisiones na-cionales vinculantes o que sencillamente vetan las decisiones de los actorespolticos, descalificndolas nada menos que por... polticas.

Una de las versiones de esta subordinacin de la poltica a la economa seaprecia cuando se discute quines habrn de ser los titulares de los ministe-rios asociados a la economa o a la produccin. Es antigua y de mucho arrai-go la idea de que tales ministerios deben ser ocupados necesariamente porempresarios o funcionarios de bancos o de grandes empresas. A veces se hadesignado a dirigentes de gremios empresariales para ocupar tales carteras,lo cual resulta una manera de corporativizar a esos ministerios. Es como si laesfera poltica aceptara, paradjicamente, que la poltica econmica no lecorresponde.

La otra versin de esta subordinacin, que alimenta a la primera, es la quese expresa en la idea de que las decisiones de poltica econmica son denaturaleza tcnica, cuya lgica es y debiera ser apoltica. As, se supone quedichas decisiones deben responder simplemente a las leyes, o a veces slo alas seales, del mercado. El supuesto adicional es que tales decisiones notienen por qu tomar en cuenta el ideal de sociedad expresado en las consti-tuciones o en los programas polticos de los gobernantes.

Esta trunca autonomizacin de la poltica respecto de la economa tieneuna determinacin ms antigua y otra ms reciente. La primera tiene que vercon un asunto estr uctural y alude a la escasa independencia de los mer cadosrespecto al Estado, lo que genera la reproduccin de prcticas mercantilistas adespecho del neoliberalismo que predomina en cier tos crculos. La segundatiene que ver con el repliegue de la poltica impuesto precisamente por elclima ideolgico actual que, a la vez que le expropia la poltica econmica a

2. Vase J. Klaiber, 1988, 1997; e I. Vega Centeno, 1991.


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los polticos, subordina la poltica como un todo incluyendo las polticassociales a un discurso economicista supuestamente liberal.3

El dficit de autonoma de la esfera poltica en nuestro pas, como en otrosde Amr ica Latina, se torna algo ms arduo de superar por la emergencia deotras esferas que incursionan en su campo. Por ejemplo, la llamada socie-dad civil y las representaciones de diversas agencias supranacionales otransnacionales que, a despecho de su buena intencin, terminan disputan-do el espacio de las propuestas y las decisiones a actores polticos como lospartidos.

Las recientes trans iciones a la democracia en Amrica Latina han mostr a-do y muestran muchos casos elocuentes respecto a diversos actores, no pro-piamente polticos, que disputan sus r oles clsicos a los par tidos. Por lo tan-to, se puede concluir que uno de los problemas que enfrentar cualquierpartido o sistema de partidos para asentarse de manera estable es el de laconstitucin y la liberacin de la esfera poltica, todava atada, invadida oasediada por otras esferas.4

3. POLITIZAR LAS LIBERTADES

El dficit en el arraigo de las libertades y garantas polticas propias de la de-mocracia representativa ha derivado, en el pasado, en la recurrencia de lasdictaduras y los autoritarismos en nuestro pas y en Amrica Latina. Entre1930 y el ao 2000 slo hubo 32 aos que pueden considerarse democrticos,de los que slo doce fueron continuados. Con tan poco tiempo para el desem-peo de funciones de r epresentacin y de gobierno, y adems con tanta inte-rrupcin, los par tidos casi no tuvieron opor tunidad para realizar un aprendiza-

je del modo apropiado de actuar en democracia, o de los errores fatales que sedeben evitar para no der r umbarla.

3. Un m inucioso estu dio sobre las relaciones e ntre empr esarios y poltica en el Per es e l de F. Durand(2003). Apr opsito, hace muy poco una empr esaria de finanzas expres de esta m anera m uy reveladorasu per cepcin sobr e la poltica peru ana: Los empr esarios tienen un r ol mucho ms impor tante que lospolticos en la conduccin del Per . Somos nos otros los que tenemos no slo que pone r la agenda, sinorealizarla. Ese es el mensaje del CADE (Conferencia Anual de Empresarios) (entrevista en el diarioCorreo, 25-10-2004).

4. Norbert Lechne r escr ibi hace a os dos s uger entes e nsayos sobr e los desafos que plantea a la polti-

ca latinoamer icana la em erge ncia de actore s con vocacin poltica pero no par tidaria ni es tatal que vie-nen desde el mer cado y de sde la llamada s ociedad civil (1996 y 1997).


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Con este dficit se alude a algo que es ms determinante que los er roresde los partidos o las desmesuras de los dictadores. Tiene que ver con que enel Per, y en la mayor par te de Amrica Latina, la tradicin poltica y/ o par-tidaria no lleg a asumir, formular ni encarar sistemticamente la cuestinde las limitaciones y controles al gobierno que fue uno de los temas aporta-dos por la perspectiva liberal respecto al ejercicio del poder.

Ese tema implica a otros formulados antes del liberalismo per o que sir-vieron para que sustentara su idea de gobierno limitado: la soberana popu-lar, el principio de mayora con sus derivaciones en el pluralismo y la tole-rancia el constitucionalismo y el gobierno representativo. El liberalismo

uni esos temas a los suyos propios: los de las libertades y las garantasindividuales, y los plasm a todos en el Estado liberal constitucional. Porcier to, todas es tas cues tiones no salieron de la pura imaginacin de Locke oMontesquieu. De hecho fuer on respuestas a la traumtica experiencia euro-pea con los gobiernos despticos y las guer ras de r eligin y con el estableci-miento frecuentemente violento de los estados modernos, experiencias queno han tenido ni de lejos la misma intensidad en nuestro continente.

La perspectiva liberal, que domina todo un perodo de las democracias

europeas o anglosajonas, desarrolla el significado poltico garantista de lademocracia. Yese dominio se expres primero en corrientes polticas y lue-go en par tidos y gobier nos. En la historia poltica del Per y de la mayora depases de Amrica Latina no hubo un perodo en el que la perspectiva liberalo el significado garantista de la democracia tuvieran hegemona ni expresio-nes par tidarias permanentes. Las corrientes o par tidos polticos que ms sedesarrollaron fueron aquellos que privilegiaron otros significados de la de-mocracia, tales como la democracia social o la democracia econmica. Pordeterminadas razones, probablemente entendibles en el contexto en que sur-gieron, les pareci que el aspecto poltico de la democracia resultaba menosefectivo que el social o el econmico. Y de h echo, en el Per, recin ahoradespus del trauma del rgimen de la dcada anterior, ha comenzado a seradvertida por los partidos la importancia de este aspecto poltico garantistade la democracia.

Antes de eso no se repar en que el nfasis desproporcionado en los aspec-tos sociales y econmicos no slo ha sido funcional, sino que explica en par te

la existencia de culturas polticas permisivas con la concentracin del poder,poco favorables a los equilibrios institucionales, r efractarias al pluralismo y a


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la tolerancia, y resistentes a la universalizacin de las liber tades y derechospolticos. Razones por las que los regmenes democrticos se tornaron vul-nerables y el pueblo estuvo disponible para apoyar los discursos no demo-crticos. Como ya se dijo, es obvio el efecto de bloqueo que ha tenido paralos partidos peruanos el pobre desarrollo y las frecuentes rupturas de lademocracia poltica. Es altamente probable que si nuestros par tidos, mante-niendo sus lealtades a la cuestin social o nacional, hubieran tenido algo msde liberalismo poltico en el sentido aqu descrito, esas r upturas no hubieransido tantas ni tan largas; y los par tidos hubieran encontrado un terr eno msfrtil y estable para su desarrollo.

4. EL POTENCIAL DE LA LEY DE PARTIDOS

Volviendo a la ley de par tidos, cmo puede ser vir para superar aquellas de-ficiencias de larga data que complican el desar rollo de los par tidos anotadaspor Cavarozzi y Casullo y aquellas otras sealadas en este ensayo? Si bienesta ley puede ayudar en diversos sentidos, en todos los casos depender delos propios actores pues la ley abre probabilidades, pero sern los partidos,los ciudadanos y las autoridades responsables los que determinarn el rum-

bo final que se siga. Para una mejor comprensin del potencial que existe enla ley, reordenemos y veamos sus disposiciones en relacin a cuatro aspec-tos de los partidos: institucionalizacin, democracia inter na, transparencia yregulacin de la competencia electoral en los medios.

1. Disposiciones para mayor institucionalizacin

Comits con cincuenta afiliados en, por lo menos, un tercio de las

provincias del pas ubicadas, al menos, en las dos terceras partesde los departamentos.

Debido proceso para los procedimientos disciplinarios.

rganos de gobier no y de r epresentacin para las alianzas electo-rales.

Facultad de pos tular a la presidencia de la Repblica y al Congr esoreservada a los partidos.

Restricciones a los afiliados a un partido para ser candidatos por

otro, a menos que hayan renunciado con suficiente antelacin.


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Acceso a der echos de los afiliados cuando su afiliacin se h aya he-cho con suficiente antelacin o posterioridad a los procesos electo-rales.

Financiamiento pblico dire cto a par tidos con repre sentacin en elCongreso.

Financiamiento pblico directo orientado a formacin, capacitacin,investigacin y funcionamiento or dinario.

Lmite a las apor taciones privadas.

Registro contable de todas las aportaciones privadas. Prohibicin de aportaciones de entidades del Estado y religiosas.

Imposibilidad de que candidatos reciban donaciones directas sinconocimiento d el par tido.

Competencia exclusiva de la tesorera del partido para recibir ygastar los fondos partidarios.

Acceso exclusivo del tesorero a las cuentas del partido. Facultad exclusiva del tesorero para contratar publicidad electoral. Designacin del tesorero, junto con un suplente, de acuer do al es-

tatuto.

Sistema de control inter no para el par tido. Posibilidad de sanciones por el organismo supervisor en caso de

incumplimiento de nor mas s obre fondos par tidarios.

2. Disposiciones para mayor democracia par tidaria inter na

Derecho de todos los miembr os a elegir y ser elegido para los cargosdel par tido, sin ms limitaciones que las de la Constitucin y la ley.

Asamblea Gener al elegida segn estatuto. Al menos un rgano deliberativo en representacin de todos los

afiliados, elegido segn estatuto. Normas de democracia inter na establecidas mediante el estatuto. Constitucin de un rgano electoral central con comits descentra-

lizados. Asistencia tcnica de la ONPE, a solicitud del partido.

Candidatos a elecciones presidenciales sujetos a eleccin interna. Candidatos a elecciones congresales, regionales y municipales su-

jetos a e leccin inter na por lo men os en sus cuatro quintas par tes,

de acuer do a lo estipulado en e l estatuto.


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Renovacin por eleccin interna de autoridades del partido por lomenos una vez cada cuatro aos, segn estatuto.

Cuota de gnero en las listas de candidatos a autoridades o a car-gos de e leccin popular.

3. Disposiciones para una mayor transparencia

Publicidad de los estatutos y del cuerpo directivo. Inform acin anual sobre padrn de afiliados al Registr o de Or gani-

zaciones Polticas. Verificacin y control externos a cargo de organismo supervisor.

Informe financiero anual al organismo supervisor. Inform e detallado de aportaciones en plazo que indique el organis-

mo super visor.

4. Disposiciones para regular la competencia electoral en los medios

Acceso a franja electoral gratuita y equitativa en medios estatales yprivados a todos los partidos competidores en elecciones generales.

Tarifas equitativas y pblicas de los medios privados para la contra-

tacin de publicidad por los partidos. Limitacin del perodo de contr atacin de publicidad con fines elec-

torales. Limitacin del tiempo mximo de avisaje diario que pued e pasar un

partido en cada estacin de radio y televisin. Franja para par tidos en medios del Estado durante per odo no elec-

toral.

A par tir de este conjunto de disposiciones puede afirmarse que la ley pue-de contribuir, por lo menos en cier to grado, a que los par tidos tengan unmanejo ms institucionalizado de sus recursos, de su representacin y desus decisiones. La ley, en efecto, establece regulaciones que pueden hacerms transparente el origen de sus recursos y ms centralizado el manejo destos. Tambin establece que las autoridades del partido y sus candidatossean deter minados mediante mecanismos de democracia inter na. Con regu-laciones en ambos planos, el de las finanzas partidarias y el de su democra-

cia interna, los partidos podrn desarrollarse como instituciones con unalgica menos expuesta a la discrecionalidad de los lderes individuales y a la


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sobr einfluencia de esferas no polticas. Ycon par tidos ms institucionalizadospuede lograrse una esfera polticams desar rollada y ms autnoma de otrasesferas como la econmica.

Estas mismas regulaciones respecto a la transparencia y al manejo de losrecursos y a los mecanismos electivos para designar a los representantestienen un impacto directo sobre el desar rollo de derechos y garantas dentrode los par tidos tanto para los militantes y afiliados como para los electores.Todos ellos no slo estarn ms informados sino que podrn reclamar msderechos que antes. En tal sentido, se abre al interior de los partidos unnuevo espacio para el desar rollo de la ciudadana. Digamos que se abren laspuertas para que los derechos y garantas propios de la democracia repre-sentativa sean reclamados no slo desde los par tidos hacia el Estado, sinotambin desde los ciudadanos y desde los afiliados hacia los par tidos.

Si se llegan a desar rollar los mecanismos electivos dentr o de los partidos,ello servir a una mejor formacin de militantes y dirigentes en los requisi-tos que debe reunir todo proceso electoral para cumplir los estndares delibertad, limpieza y justicia. Estarn ms familiarizados con las prcticas delconsenso y de la deliberacin colectiva, al mismo tiempo que se formarn en

los requisitos que deben tener las normas electorales para asegurar, por unlado, la par ticipacin y la repr esentacin de los electores y, por el otro, laestabilidad y la eficacia de los elegidos. A mediano plazo, esto podr mejorarla calidad y la estabilidad de las leyes electorales.

Al enfrentar la obligacin de formalizar, hacer tr anspar ente y centralizarel manejo de sus recursos y de democratizar su representacin los par tidospodrn desarrollarse como sistemas administrativos y polticos aunque seade pequea escala.5 Estos sistemas polticos y administrativos intrapar tidarios

podrn ser espacios de formacin y de prueba para que los militantes y diri-gentes vayan ganando experiencia y mostrando capacidad en las funcionesde representar y administrar, y no solamente en las de hablar o propagandizar.

Finalmente, al encargar le al organismo electoral la funcin de super visarlos fondos par tidarios y, eventualmente, a pedido de los par tidos, dar asis-tencia tcnica en sus procesos de democracia interna, la ley contribuye adesarrollar la presencia reguladora del Estado en el mbito de los par tidos.

5. Como afirma Samuel Eldersveld: Elpar tido es tambin un sistema poltico en m iniatura (en Alcntaray Freidenbe rg, 2003).


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Este mbito permaneca hasta ahora prcticamente desregulado y carentede mayores exigencias a pesar de su papel tan decisivo para gober nar o re-presentar a los ciudadanos. Ms all de una gran cantidad de firmas deadherentes, y de alguna que otra exigencia menor, las vallas que en la dca-da de 1990 tenan que pasar los grupos aspirantes a partidos eran muy po-cas. Esto, entre otras cosas, explica la facilidad con la que aparecieron ydesaparecieron muchos de los par tidos de esa dcada. Hoy en da la leyplantea, en es te campo, un tringulo de vigilancias mutuas entre tres vr ti-ces: ciudadanos, partidos y Estado. De ello puede derivarse una presin po-sitiva para que se desarrollen las normas de la interaccin y del reconoci-miento entr e los partidos. Lo que ser un apor te significativo para lograr un

mejor s istema de partidos que los que hasta hace muy poco hemos tenido.

Todas estas son contribuciones potenciales de la ley, que se hagan reali-dad depende de un conjunto de factores que estn ms all de la ley, peroantes de referirnos a ellos veamos algunos problemas y riesgos que se deri-van de lagunas, ambigedades o probables fallas de la propia ley.

5. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA LEY

Un primer pr oblema es la continuacin de la exigencia de un e levado nme-ro de firmas para obtener el registro de los par tidos. El nmero de firmas deadherentes no es un indicador adecuado respecto al respaldo ciudadano.Los promotores de un partido, presionados por el volumen de las firmas,pueden contratar recolectores de firmas y eso abre las puer tas para ir regula-ridades que de hecho afectan la imagen de los partidos. Mejores indicadoresdel respaldo real a un partido pueden ser otros r eferidos a su organizacintales como los comits que la misma ley exige y se podra colocar exigenciasmayores que la sola presentacin de actas de afiliados.

Otra disposicin que podra corregirse es la que per mite que un par tidoconserve su registro aun cuando consiga una sola curul en el Congreso.Esto alienta la fragmentacin de la representacin por lo que la conserva-cin del registro bien podra depender del mnimo del 5%obtenido en laeleccin general que tambin seala la ley.

En cuanto a la r egulacin del financiamiento, puede considerar se unafuente de problemas ulteriores el que la ley, al permitir las donaciones de


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cualesquiera personas jurdicas privadas, haya abierto la posibilidad dedonaciones provenientes de empresas contratistas del Estado, lo cual con-tradice la razn general de la ley que es la de propiciar la independencia delos partidos frente a los grupos econmicos.

Igualmente puede considerarse una fuente de problemas a futuro el que laley permita las aportaciones de fuente extranjera, as las restrinja a rubroscomo formacin, capacitacin e investigacin. Siendo los partidos el principalmedio para la formacin y manifestacin de la voluntad popular, como sostie-ne la misma ley, se entiende que es la voluntad popular nacional. Permitir lasaportaciones extranjeras es abrir la posibilidad de que intereses externos co-

bren injerencia en partidos que deberan ser slo de expresin nacional.6

Finalmente, la ley permite, aunque con algunas regulaciones, la contrata-cin por los partidos de medios privados de televisin y radio para sus campa-as electorales. Este es uno de los principales r ubros del gasto de las campa-as electorales y el que ms evidencia la inequidad y la influencia del dinero enesas campaas. Se trata de un hecho que se ha venido reconociendo en el pasy en la mayor parte de Amrica Latina, pero cabra tomar nota de que uno delos medios ms eficaces para reducir de manera significativa la inequidad y la

influencia del dinero en las campaas es permitir, en televisin y radio, slo lapublicidad que se concede por el Estado mediante las franjas electorales.

Estos vacos o contradicciones de algunas par tes de la ley respecto a suobjetivo general deberan evaluarse y, eventualmente, modificarse per o slodespus de transcur rido un tiempo de vigencia de la ley. En el cor to plazo elreto principal es asegurar su cumplimiento y mostrar que en efecto sirve a lafinalidad de promover la institucionalizacin de los partidos.

6. PARA UNA LEY EFECTIVA

Para ello, lo primero que debe asegurarse es, precisamente, la estabilidad dela norma. Sera contraproducente someterla a cambios antes de o apenas ini-ciada su aplicacin real. Las modificaciones prematuras o constantes atentan

6. En la mayora de pases de Amrica Latina se prohben a los partidos las donaciones que provengan de

empresas contratistas del Estado o de fuente extranjera en general. Vase el ar tculo sobr e AmricaLatina d e Daniel Zovatto (2003).


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contra la eficacia en el cumplimiento de la ley, impiden que se desarrollen lasexperiencias, se extraigan las lecciones y se gener en los consensos y legi-timidades que cualquier norma necesita.

Una segunda condicin necesaria para un adecuado cumplimiento de laley es que se logre un mayor conocimiento de su contenido entre los propiospar tidos, al interior de las organizaciones sociales y entre los ciudadanos. Lainformacin sobre esta ley y la generacin de canales de participacin ciuda-dana en relacin a sus dispositivos aumentar su legitimidad y enriquecerla deliberacin sobre ella.

Es particularmente importante el conocimiento y la prctica de lo quedispone la ley desde dentro de los mismos partidos. Las disposiciones de laley referidas a institucionalizacin, democracia interna, transparencia y re-gulacin de las campaas mediticas suponen, de hecho, una transforma-cin de los par tidos. Yeso requiere, como todo cambio, que haya una ampliaasimilacin de la necesidad de este cambio, que se respalde a las nuevasautoridades partidarias que surgirn a propsito de la ley, tales como el teso-rer o o el comit electoral, y que cada par tido haya definido un programa ouna r uta de adaptacin a la ley.

Finalmente, ser muy impor tante que los organismos electorales respon-sables de garantizar e l cumplimiento de la ley cuenten primero con los re-cursos humanos y materiales necesarios para cumplir su papel. Este siem-pre ser un tema complejo en el marco de un Estado sobredemandado porreclamos sociales y sectoriales, por ello ser necesario, adems de los recur-sos que obtengan el organismo supervisor y el organismo jurisdiccional,contar con la colaboracin de los propios par tidos, de las entidades pblicasy privadas, y de instituciones de la sociedad civil.

Pese a que en la situacin actual de los partidos y del conjunto de la ins-titucionalidad democrtica del pas h ay problemas y dificultades de diversotipo que han dado lugar a ar tculos sobre un supuesto clima de pesimismopredominante, existen determinados activos institucionales que nos permi-tiran, por el contrario, abrigar un moder ado optimismo respecto a las posibi-lidades de que la ley ayude en efecto a tener par tidos ms institucionalizados.

La ley misma es una de las mejores de Amrica Latina. Sus disposicionespueden ser bastante efectivas en cuanto a la regulacin de las aportaciones,


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y existen otras normas legales para asegurar la transparencia de la informa-cin. Por otr o lado, con la colaboracin de los otros actor es involucrados, sepuede dar efectividad a sus disposiciones sobre regulacin del gasto y de lascampaas electorales, aun cuando la letra de la ley sea ms tmida en estosaspectos que en lo relacionado a las aportaciones.

Por otro lado, los organismos electorales a los que se ha encargado lafuncin de super visin o jurisdiccional son instituciones independientes, le-gitimadas y con muy buena per cepcin en el medio local. Existen impor tan-tes organismos de la sociedad civil que han apoyado la dacin de la ley yseguramente apoyarn su cumplimiento. Se puede decir que los principales

medios de comunicacin y formacin de opinin han asimilado su importan-cia. Y, finalmente, tambin podra afirmarse que los propios par tidos podranhaber asimilado las lecciones de la dcada anterior y aceptado que una leycomo sta, si bien no los inmuniza totalmente, s puede elevar sus defensasfrente a eventuales recadas.

Todo esto no nos hace olvidar que el ter reno social y poltico sigue siendoempinado e inestable para la empresa de constr uir partidos en un pas comoel nuestr o. Esta idea, cual Ssifo en nuestras cordilleras, podra sufrir nuevos

retrocesos o cadas, pues la carga de los partidos sigue siendo pesada y dif-cil de llevar. Pero, como todo en poltica, su voluntad ser decisiva para sa-ber, en el mediano plazo, si sus portadores lograron romper el suplicio detener que empezar des de el inicio cada cier to nmero de aos.

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ANEXOS


31/325

AN

EXO1

Relacindeactividadespartidariasdurante2004

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20:Marcha

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deComits

Provinciales.

Fuente

:ONPEypginasdepartidospolticosenInternet.

LPP:LeydePartidosPolticos.


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Organizaciones que h an presentado firmas para su verificacin

PARTIDO POLTICO

TOTAL DEFIRMAS HBILES

(VERIFICACINELECTRNICA)

TOTAL DEFIRMAS VLIDAS

(VERIFICACINVISUAL)

Y se llama Per

Par tido Reformistadel Per

MovimientoIndependienteNueva Gener acin

CoordinadoraNacional deIndependientes

PartidoDemocrticoDescentralista

Partido PolticoProyecto Pas

Par tido Trabajo yDignidad

Partido RepblicaSolidaria

Par tido por laDemocracia Social Compromiso Per

TOTAL DE FIRMASPRESENTADAS

402.331 243.319 128.355

242.064 141.201 35.158

181.344 65.248 13.122

340.086 238.277 110.641

170.183 113.299 56.893

99.962 22.511 6.302

129.062 82.565 44.344

129.231 60.548 8.958

134.783 58.037 16.996

Fuente: ONPE .

* Tena 45.070 firmas vlidas ante el RENIEC.

*

2001 (desde el 10 de julio) 106

2002 67

2003 153Hasta el 31 de octubre 135Desde el 1 de noviembr e (e ntr en vigencia la LPP) 18

2004 108

Total 434

ANEXO 2

Kit vendidos a par tidos polticos ( hasta el 15 de octubre de 2004)

PERODO CANTIDAD


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Elecciones (2004) 4 , 37

CON EL TELN DE FONDO de una de las crisis polticas ms importantes de larecuperada democracia argentina, y cuando el sentir de la sociedad hacia lospolticos se reflejaba fielmente en el lema Qu se vayan todos!, a media-dos de 2002, el Congreso sancion la nueva ley de financiamiento de lospartidos polticos y las campaas electorales (Ley N 25.600).1

Los r eclamos que la sociedad planteaba entonces se centraban en dospuntos: a) la necesidad de hacer transparentes e l origen y el destino de losfondos que reciban partidos y dirigentes; y, b) la exigencia de disminuir el

gasto poltico, en e l marco de una crisis econmica generalizada. Estos r e-clamos se vinculan con la percepcin de que el financiamiento de la polticaencubre actos corruptos: la compra de favores futuros, de decisiones gu-ber namentales o de cargos en las listas; el enr iquecimiento ilcito de los fun-cionarios; el clientelismo; la malversacin o desvo de fondos pblicos; lautilizacin con fines proselitistas de par tidas de gastos reser vados, entr e otrasconductas discutibles, ilegtimas o claramente ilegales.

Como frente a muchos otros problemas, la opinin pblica argentina iden-

tific el establecimiento de reglas estr ictas y sanciones graves como el eje dela solucin. Las normas jurdicas son necesarias, pero no pasan de ser incen-tivos para la conducta de los actores polticos, que no garantizan por s solasni la honestidad ni la transparencia y que, por cier to, tampoco pueden impe-dir que h aya canales ocultos de vinculacin entr e el diner o y la poltica. Enefecto, de poco ser virn las leyes en una sociedad caracterizada por el desco-nocimiento del valor de las nor mas y las instituciones y por el incumplimien-to generalizado de las ms elementales reglas jurdicas.

1. El texto completo de la Ley N 25.600 puede consultarse en el sitio del Ministerio del Interior:www.mininterior.gov.ar.

El control del financiamiento delos partidos en ArgentinaQu cambi con la nueva ley?

Delia Fer reira Rubio


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DELIA FERREIRA RUBIO38

La exagerada confianza en el poder de las normas pierde de vista que lacorr upcin, la deshonestidad y la deslegitimacin de la democracia son pro-blemas culturales que exceden a la dirigencia poltica. Se debe tener presenteque los polticos no son seres extraterrestres, provenientes de un planeta lla-mado Korrupton, que invaden la Tierra causando estragos. Los polticos son,en cada pas, miembros de la sociedad: se han formado en ella; se han educadoy han trabajado en ella; son nuestros compaeros, socios, jefes, empleados ovecinos. Como en todo gr upo humano, los hay buenos y malos; probos y des-honestos; trabajadores y vagos; inteligentes y tontos. La sociedad debe serconsciente de que la corr upcin es un problema de races culturales, cuyasolucin exige la reconstr uccin de consensos ticos bsicos (Fer reira, 2002).

A nuestro juicio, la transparencia es el objetivo central en materia de re-gulacin de la relacin entre dinero y poltica. Aumentar el acceso a la infor-macin por par te de los ciudadanos sobr e el flujo de diner o que alimenta laactividad poltica permite que el voto se transforme en un verdader o consen-timiento informado (Fer re ira, 1998). Conocer el origen y destino de los fon-dos de los par tidos y de los candidatos le brinda al elector elementos de jui-cio para formar su opinin sobr e los candidatos y para valorar la gestin degobierno. La transparencia opera como principio rector e informador de la

tarea de control y super visin del financiamiento de la poltica.Veremos a continuacin cules son las caracter sticas principales del sis-

tema legal vigente en Argentina en materia de financiamiento de partidos ycampaas y formularemos un balance provisorio de la experiencia de aplica-cin de estas nuevas normas con motivo de la eleccin presidencial de 2003.Para terminar formularemos algunas sugerencias sobre reformas a introdu-cir en el sistema de control y supervisin.

1. EL SISTEMA PREVISTO EN LA NUEVA LEY

Argentina contaba con leyes sobre algunos aspectos del financiamiento delos par tidos y de las campaas electorales desde la dcada de 1950. En 2002exista un conjunto de normas, dispersas en leyes, decretos y resoluciones,que regulaban el financiamiento de los partidos, tanto en perodos electora-les como no electorales (Ferreira, 1997).

En cons onancia con el reclamo de la ciudadana, las ONG y la prens a, laestrategia normativa elegida en 2002 fue la de limitar: la duracin de las


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EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS EN ARGENTINA 39

campaas; el monto de las donaciones; los gastos autorizados de los par ti-dos; la utilizacin de los medios televisivos con fines proselitistas, etc. Estaestrategia normativa tiene que ver con la confianza en el poder de las normaspara, por s solas, modificar la realidad. Esta confianza es, a nuestro juicio,excesiva; sobre todo s i, como veremos, estos lmites en muchos casos sonirrazonables y en todos los casos, de muy difcil control por los mecanismosprevistos en la propia ley. Otra razn para la adopcin de la estrategia norma-tiva basada en la imposicin de lmites reside en su atractivo comunicacional:el mensaje puede transmitirse con sencillez y resulta de fcil acceso para laciudadana. Adems, este tipo de regulacin se presenta como una auto-r restr iccin que los polticos se imponen a s mismos lo que era bien reci-

bido en el contexto de crisis que se viva por entonces en Argentina.

A continuacin veremos las caractersticas principales del sistema esta-blecido por la Ley N 25.600.

Sistema mixto: aportes pblicos y privados

La reforma constitucional de 1994 estableci como obligacin del Estadocontribuir al sostenimiento de las actividades de los partidos y a la formacin

de sus dirigentes (ar t. 38 CN). Qued as zanjada la discusin sobr e la posi-bilidad de que los par tidos se financiaran slo con apor tes privados. La LeyN 25.600 mantiene un sistema mixto de financiamiento de partidos y cam-paas en el que se combinan los apor tes y franquicias pblicos y las dona-ciones privadas.

El establecimiento de un sistema mixto no fue sencillo, ya que algunossectores propiciaban que se prohibieran por completo los aportes privados,establecindose un rgimen de financiamiento exclusivamente pblico. Cree-mos que este tipo de prohibiciones legales genera dos fenmenos negativospara la transparencia y legitimidad del sistema. Por una par te, los par tidospolticos se transforman en una suer te de apndices del Estado que depen-den del presupuesto pblico. Por otro lado, las prohibiciones generan incen-tivos para que el dinero privado que siempr e est disponible e inter esado,para bien o para mal, en la poltica se canalice por vas cada vez ms oscu-ras, o se encubra mediante subterfugios legales. En definitiva, esas prohibi-ciones tajantes no consiguen su pretensin de evitar determinadas relacio-

nes e influencias, y hacen imposible, o dificultan notablemente, la transpa-rencia sobre el origen y el destino de los fondos.


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La transparencia en materia de financiamiento de la poltica no se satisfacecon la publicidad de abultados listados de nombres y cifras. La transparencia,como valor democrtico y republicano, no es sinnimo de mera divulgacin decualquier dato sino de la publicidad de los datos relevantes para facilitar elanlisis y la valoracin de las polticas, las decisiones y las conductas de losgobernantes, en tanto representantes. Un ejemplo de lo que sucede cuandoprima el afn limitacionista por sobre el objetivo de la transparencia lo ofrecela norma que rige a los partidos polticos locales en la Capital Federal. Enefecto, la Ley N 268 de la ciudad de Buenos Aires dispone que las personas

jurdicas no pueden hacer apor tes a los par tidos. Los apor tes se canalizan,entonces, a travs de personas fsicas, ms o menos desconocidas. Los regis-

tros informan los nombres de estos donantes. Pero cuando el gobierno de laciudad de Buenos Aires compra insumos, otorga concesiones, realiza lici-taciones, etc., los nombres que aparecen son los de las empresas, y la conexinentre unos nombres y otros no siempre es fcil. Antes bien, si hay algn inte-rs espurio de por medio, la eleccin de los inter mediarios es suficientementecuidadosa para que no se pueda establecer ninguna conexin. Resultado: re-gistro de datos irr elevantes y transparencia cero.

Los aportes pblicos1) Aporte ordinario para el desenvolvimiento institucional

La ley prev que habr un apor te anual, que se otorgar a todos los partidosreconocidos, para el desenvolvimiento institucional y la formacin y capaci-tacin poltica. La ley ha definido el desenvolvimiento institucional como todolo relacionado con la actualizacin, sistematizacin y divulgacin, tanto a ni-vel nacional cuanto inter nacional, de la doctrina y principios bsicos, econ-micos y sociales del par tido y todo lo referido a su funcionamiento poltico

y administrativo. Lo cierto es que la definicin resulta irrelevante ya que,salvo la obligacin de destinar parte de estos fondos a la formacin de diri-gentes, no hay ninguna restriccin en cuanto al uso que debe drseles. Nadaimpide, por ejemplo, que un partido ahor re estos fondos para usarlos en lacampaa e lectoral. En la prctica, estos fondos irn, por lo general, a pagarlos gastos de personal e infraestructura del par tido.

El monto de los fondos disponibles en este r ubro ser establecido en e l

Presupuesto General de la Nacin cor respondiente a cada ao y se distribui-r de la siguiente forma:


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Del monto total del fondo, se asignar 20%al Ministerio del Interiororganismo encargado de la administracin de los fondos pblicosque otorgar franquicias en radio y televisin para cubrir el aporte alos partidos que fueran reconocidos durante el ao y despus de quese haya hecho la distribucin, y para otorgar un aporte de campaa alos partidos que no tengan referencia electoral anterior.

Del monto restante, 20%se reparte en forma igualitaria, y 80%enproporcin a los votos obtenidos en la ltima eleccin de diputadosnacionales. Los par tidos que no hayan par ticipado de la ltima elec-cin slo tendrn der echo a r ecibir lo que les cor responda del 20%de reparto igualitario.

Cada partido debe dedicar a la capacitacin poltica el 20%de lo que reci-ba por este aporte.

Una de las innovaciones de la ley es la vinculacin del otorgamiento delos fondos pblicos al cumplimiento de cier tas obligaciones de r endicin decuentas por parte de los partidos. As, se dispone, por ejemplo, que el pagode este apor te slo se har efectivo si el par tido ha cumplido ante la justiciafederal con competencia electoral, en tiempo y forma, con la presentacin de

la documentacin contable correspondiente al ejercicio anterior.

2) Aporte extraordinario de campaa

El aporte para contribuir a los gastos de campaa se distribuye slo entre lospartidos y alianzas que oficialicen candidaturas y se hace efectivo dentro delos diez das s iguientes a la fecha lmite para dicha oficializacin. El monto adistribuir se fija en el Presupuesto General correspondiente al ao en que de-ban celebrarse elecciones nacionales y se distribuye de la siguiente forma:

Del monto total del fondo, se asigna 10%al Ministerio del Interiorpara el otorgamiento de un aporte para la impresin de las boletas ypara pagar la compensacin a las autoridades de mesa el da delcomicio.

Del monto restante, 30%se distribuye en forma igualitaria, y 70%enproporcin a los votos obtenidos en la ltima eleccin de diputadosnacionales. En este caso, a diferencia del aporte anual, estn inclui-dos en el repar to de este 70%todos los par tidos que oficialicen can-

didaturas, aunque no hayan par ticipado en la ltima eleccin de di-putados nacionales. A estos par tidos se les adelanta un monto, con


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los avales necesarios, a resultas de los votos que obtengan en laeleccin en curso.

Los partidos que compitan en la segunda vuelta de la eleccin presiden-cial recibirn una suma, igual para ambos, equivalente al 30%de lo recibidopor aquel que tuvo ms fondos pblicos para la primera vuelta.

El partido que re tire sus candidatos y no se presente a la eleccin deberdevolver el monto recibido en concepto del aporte pblico para campaadentro del plazo de sesenta das siguientes a la fecha de la eleccin. Si elpartido no devuelve los fondos pierde el derecho a recibir fondos pblicos

por cualquier concepto, por un plazo de hasta cuatro aos y dos elecciones.

3) Franquicias en los medios de comunicacin

La nueva ley mantiene las franquicias en radio y televisin que son espacioscedidos gratuitamente por el Estado a los par tidos. Estos espacios des tina-dos a la difusin de los mensajes de campaa se distribuirn en formaigualitaria entre los par tidos que oficialicen candidaturas.

La Cmara de Diputados h aba incluido en la ley la prohibicin absolutapara los partidos de contratar otros espacios en estos medios. Pero, final-mente, el Senado insisti en el texto original y se elimin esta prohibicin.En gener al, se atribuye a los costos en televisin el imparable aumento delos costos de campaa y, por ello, much os proponen este tipo de prohibicin.Pensamos que la prohibicin de contratacin de espacios pagados para pro-paganda electoral en los medios de comunicacin roza peligrosamente elprincipio constitucional de liber tad de expresin y difusin de las ideas porla prensa. Por otra par te, desde el punto de vista prctico, creemos que este

tipo de prohibicin generar formas encubiertas de compra de espacios porpar te de los par tidos, o de terceros, en los noticiarios o en otro tipo de pro-grama. Finalmente, no parece sensato que la sociedad se prive de la posibili-dad de difusin que permite un medio masivo de comunicacin.

4) Apor te para la impresin de boletas electorales

El sistema electoral argentino es de boleta mltiple, es decir, cada par tido oalianza que oficializa candidatura debe imprimir y proporcionar las boletas

para las mesas electorales. El costo de la impresin es un impor tante compo-nente del presupuesto de campaa, sobre todo para los partidos ms chicos.


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La ley mantiene un aporte para contribuir a solventar el gasto de impresinde las boletas. El monto a distribuir surgir de los fondos asignados al Minis-terio del Interior como vimos al referirnos al aporte para campaa y serepar tir de la misma forma y en la misma proporcin prevista para el apor teextraordinario de campaa.

Los aportes privados

La ley prev un doble mecanismo para los aportes privados: pueden realizar-se directamente a los par tidos o al Fondo Partidario Permanente. Slo gozande beneficios impositivos las donaciones al Fondo Par tidario Per manente

que se distribuyen entre todos los par tidos, conforme a las reglas menciona-das para los aportes pblicos.

La nueva ley establece que quedan prohibidas las donaciones annimas yaclara que no podr imponerse el cargo de no divulgacin de la identidad deldonante . Se elimin tambin la posibilidad de no identificar el origen de lasdonaciones cuando la recoleccin se haya efectuado a travs de colectas p-blicas; lo que representa un impor tante avance de la ley en pos de la transpa-rencia sobre el origen de los fondos.

La Ley N 25.600 establece con claridad, siguiendo los parmetros de laley anterior, quines no pueden hacer aportes. Los partidos o candidatos nopodrn recibir donaciones de:

a) entidades estatales, centralizadas o descentralizadasb) empresas concesionarias del Estadoc) personas o empresas que exploten juegos de azard) personas fsicas o jurdicas extranjeras que no tengan domicilio o

residencia en el pase) gobier nos o entidades pblicas extranjeros 2

f) personas que hubieran sido obligadas a apor tar por sus superioresjerrquicos

g) asociaciones sindicales, patronales y profesionales

Una novedad introducida por la ley es el establecimiento de lmites al mon-to de los aportes privados. Estos lmites se fijan por persona, por partido, por

2. Ver Fe de Erratas de la Ley N 25.600 en Boletn Oficial, 11 de setiembre de 2002.


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ao y por distrito. Cada par tido no puede recibir de una persona fsica, por aoy por distrito, donaciones superiores al 0,5%del total de gastos de campaaautorizados. En el caso de las donaciones de personas jurdicas, el lmite es el1%. Por otra par te, se establece tambin un lmite general a los apor tes priva-dos directos que, por ao, por distrito y por partido, no podrn ser superioresa la diferencia entr e el aporte pblico y el gasto de campaa autorizado.

En este punto surgirn algunos problemas de interpretacin ya que loslmites a los apor tes son anuales per o los lmites a los gastos de campaa seestablecen slo para los aos electorales. Entendemos que, dado que el esp-ritu de la ley es el de restringir los aportes, en los aos no electorales se de-

ber usar como lmite de r eferencia el fijado para los gastos de campaa delao inmediato anter ior. Si se intepretara que el lmite en cuanto al monto serefiere slo a los aportes para la campaa ao en que hay un lmite degastos de referencia se consagrara una forma muy fcil de violar el espri-tu de la ley, evitando la aplicacin de lmites al monto de los apor tes en losaos no electorales.

La ley ha previsto que esos lmites se aplican al total de fondos que pue-den recibir los partidos y sus candidatos en conjunto, los que debern cana-

lizarse a travs de una cuenta bancaria nica.

Los lmites a los gastos de campaa

La idea de imponer lmites tambin se pone de manifiesto en cuanto a losgastos de campaa autorizados. La ley autoriza, en conjunto a cada par tido,sus candidatos y los terceros que h agan campaa en su favor a gastar en lacampaa, para las elecciones legislativas por distrito, un peso por cada elec-tor empadronado. Para la eleccin presidencial, tambin por par tido y pordistrito, se autorizan gastos hasta un tope de un peso por cada elector empa-dronado. Los topes se acumulan en caso de elecciones simultneas para ambascategoras de cargos. Para la segunda vuelta de una eleccin pres idencial, ellmite de gasto, por par tido y por distrito, es de tr einta centavos de peso porelector empadronado. Todas estas cifras, por supuesto, han quedado des-fasadas luego de la devaluacin de ener o de 2002.

Para evitar que en los distritos menos poblados la cifra resultante sea irri-

soria, la ley dispone que, para determinar el lmite de gastos de campaa, seentender que ningn distrito tiene menos de quinientos mil empadronados.


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As, por ejemplo, un par tido podr gas tar en la Capital Federal, para lacampaa legislativa hasta $ 2.572.268 (cerca de US$ 857.000); en la Pro-vincia de Buenos Air es e l lmite s er de $ 9.248.915 (US$ 3.082.000); en laProvincia de Santa Cr uz, con 121.076 empadronados, se podr gastar has ta$ 500.000 (US$ 166.000).

Los mecanismos de control y transparencia

Entre los mecanismos de transparencia, la ley introduce la obligacin decentralizar el movimiento de fondos a travs de una cuenta bancaria nicapor distrito, otra en el orden nacional para el financiamiento ordinario de los

par tidos, y una cuenta especial para el manejo de los fondos de campaa. Enla prctica, no parece que la realidad haya cambiado mucho con la nuevanorma. En efecto, de todos los partidos que par ticiparon en la eleccin presi-dencial slo el 60,46%cumpli con la obligacin de abrir esa cuenta nicapara los gastos de campaa (Corcuera, s. f.).

La ley impone a los partidos la obligacin de presentar un balance anualal final de cada ejercicio. Estos balances anuales, segn la ley anter ior, sepublicaban en el Boletn Oficial de la Nacin. La Ley N 25.600, en el texto

sancionado por el Congreso, es tableca la obligacin de la publicacin eneste boletn y tambin en un diario de circulacin nacional. Lamentablemen-te, el Poder Ejecutivo vet stas como otras normas relacionadas con el con-trol y publicidad de las cuentas de los partidos.

En cuanto al financiamiento de las campaas, la ley dispone que, diez dasantes de la fecha de la eleccin, los partidos y alianzas debern presentar uninforme detallado de los aportes pblicos y privados recibidos, con indica-cin de origen y monto, as como de los gastos incurridos; deber formular-se tambin una previsin de ingresos y gastos hasta el fin de la campaa.Este informe deber publicarse en un diario de circulacin nacional en la se-mana previa a la eleccin. Sesenta das despus de finalizada la eleccin,debern presentarse los balances de campaa definitivos. Las nor mas pre-vistas por el Congreso sobr e la publicacin de estos balances fueron vetadaspor el Poder Ejecutivo.

La ley vigente no innova en cuanto a la ejecucin del contr ol del cumpli-

miento de las reglas de financiamiento que sigue estando a cargo de lajusticia feder al con competencia electoral, integrada por la Cmara Nacional


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Electoral tribunal de segunda instancia y nico rgano de competenciaelectoral especfica y exclusiva, y por veinticuatro jueces federales concompetencia electoral, que corr esponden uno a cada distrito electoral (lasprovincias y la Capital Federal) y que suman la materia electoral al resto desus competencias; en consecuencia, no son rganos especializados y de com-petencia exclusiva.

2. EL ESTRENO DE LA LEY: LA CAMPAA PRESIDENCIAL DE 2003

El objetivo central de la regulacin en materia de financiamiento de la polti-

ca debe ser la bsqueda de la mayor transparencia posible. La transpar enciapermitir que el voto se convier ta en un consentimiento informado ya quelos ciudadanos podrn conocer quin est de trs de cada candidato, lo queles permitir valorar la coherencia de los discursos y entender el porqu dealgunas decisiones. Para que las leyes que regulan el financiamiento de lapoltica contribuyan a aumentar la transparencia es indispensable que seanrazonables, y que la sociedad cuente con los mecanismos adecuados paralograr su aplicacin y eficacia. Sin estas condiciones, las leyes no sern msque letra muer ta.

La labor realizada por el rgano de control a partir de la sancin de lanueva ley en Argentina ha sido determinante para mejorar el grado de trans-parencia y fiscalizacin existente. En par ticular, es de destacar que la Cma-ra Electoral ha constituido un cuerpo de auditores-contadores para r evisarlos informes presentados por los partidos; ha elaborado un Manual y unModelo Uniforme de Rendicin de Cuentas;3 y ha solicitado informes a losmedios de comunicacin sobr e facturacin y tarifas aplicadas a los par tidospolticos.

Qu efectos produjo en mater ia de transpar encia la aplicacin del nuevorgimen legal en ocasin de la eleccin presidencial de 2003?La Ley N 25.600establece una ser ie de recaudos para facilitar el acceso a la informacin porpar te de los ciudadanos. Uno de ellos es la obligacin de los partidos de dara conocer, diez das antes de la celebracin de la eleccin, un balance provi-sorio de campaa que incluya:

3. Ver Cmara Nacional Electoral, en especial, Acordada 2/ 03. Puede consultarse en la pgina de lacmara: www.pjn.gov.aro en aquella del Ministerio del Interior (ver nota 1).


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...un informe detallado de los aportes pblicos y privados recibidos, conindicacin de origen y monto, as como de los gastos incur ridos, con moti-vo de la campaa electoral, con indicacin de los ingresos y egresos queestn pr evistos hasta la finalizacin de la misma.

Por iniciativa de la Cmara Nacional Electoral, que facilit a los partidossu propia pgina para difundir los datos, la informacin estuvo disponible enInter net. De los par tidos que compitieron en la eleccin presidencial de 2003,presentaron el informe previo al comicio slo el 28,76%y, de esos, slo el27,3%lo hizo en el plazo legal (Corcuera, s. f.).

Par ticularmente llamativo fue el informe presentado antes de la eleccinpor la Alianza Frente para la Victoria que llevaba como candidato al actualpresidente; segn ese informe, la campaa de Kirchner, en los primerosochenta das (r ecordemos que el total de campaa son noventa das), habainsumido la suma de un dlar, correspondiente al costo de apertura de lacuenta bancaria nica, y haba recibido un aporte equivalente a US$ 160,proveniente de dos contribuyentes: el responsable econmico y el responsa-ble poltico de la campaa. El informe, que cumpla con las formalidades dela ley, fue una muestra del desprecio hacia las normas jurdicas y hacia el

der echo de los ciudadanos a tener informacin veraz sobre e l manejo de losfondos de campaa. Bastaba haber visto la televisin durante el plazo decampaa para saber que esas cifras no se ajustaban a la realidad. La justiciaintim a las autoridades de la Alianza a presentar un informe adecuado quefinalmente lleg, pero tarde.

El cuadro 1 indica los ingresos y gastos reportados en este informe prelimi-nar por las agr upaciones polticas que ocuparon los cinco primeros lugares enla primera vuelta de la eleccin presidencial celebrada el 27 de abril de 2003.

Frente por la Lealtad (Carlos Menem) 428.500 405.848

Frente para la Victoria (Nstor Kirchner) 500 3

Recrear (Ricardo Lpez Murphy) 693.803 1.131.538

Fr ente M ovim ie nto Popular ( Adolfo Rod rgu ez Saa) 953.884 604.778ARI (Elisa Car ri) 248.131 279.207

CUADRO 1Informe sobre ingresos y gastos de campaa a diez das de la eleccin

(en pesos)

PARTIDO/ALIANZA Y CANDIDATO INGRESOSPERCIBIDOS

GASTOSEFECTUADOS


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En cuanto a los balances finales de campaa, que deben presentarse sesen-ta das despus de la eleccin, slo el 30,07%de los par tidos que compitieroncumpli en tiempo y forma con la rendicin de cuentas (Corcuera, s. f.). En elinforme previo, las agr upaciones polticas deben estimar el total de ingresos ygastos que tendrn hasta el final de la campaa. Resulta interesante la compa-racin entre las cifras estimadas en el informe previo y las reportadas en larendicin de cuentas final lo que, por lo menos, pone en duda la capacidad dealgunos par tidos para efectuar un presupuesto de campaa.

Un ao y medio despus de realizada la eleccin, el proceso de auditorasigue su curso. Recientemente, el Ministerio Pblico solicit al juez inter-viniente que intime a varios par tidos y alianzas a brindar explicaciones sobrelos incumplimientos detectados por los auditores. Recordemos que las nue-vas nor mas imponen lmites a los gastos de campaa autorizados y, segn la

informacin periodstica,4 se han detectado incongr uencias, por ejemplo, enmateria de gastos de publicidad, entre los montos declarados por los parti-dos y las contrataciones efectivamente comprobadas; en otros casos, no coin-ciden el monto de apor tes declarados y el efectivamente acreditado, o falta laidentificacin de los aportantes exigida por la ley.

A pesar del tiempo transcurrido desde la eleccin, es difcil saber cuntocostaron las campaas. Tanto en lo relativo a los fondos pblicos como a los

4. Ver La Nacin, Buenos Aires , 9 de octubr e de 2004.

CUADRO 2Ingresos y gastos totales estimados en el Informe Previoy reportados en la Rendicin de Cuentas final (en pesos)

PARTIDO/ALIANZAY CANDIDATO

TOTAL INGRESOSESTIMADO

Frente por la Lealtad 7.397.500 1.129.333 7.374.848 1.129.333Carlos Menem

Frente para la Victoria 794.833 2.858.737 794.833 2.654.300Nstor Kirchner

Recrear 4.299.803 2.544.170 4.037.538 3.499.529Ricardo Lpez Murph y

Fr ente M ovim ien to Popular 1.701.909 1.629.967 1.701.778 1.629.967Adolfo Rodrguez Saa

ARI 645.131 484.712 414.707 453.244Elisa Carri

TOTAL INGRESOSFINAL

TOTAL GASTOSESTIMADO

TOTAL GASTOSFINAL


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fondos privados existe la percepcin de que hay una realidad oculta. Losfondos de subsidio oficial para la campaa presidencial totalizaron el equiva-lente a US$ 4.200.000. Segn los informes que los par tidos presentaron an-tes de la eleccin, los aportes privados que invertiran sumaran aproxima-damente US$ 5.200.000. Esa cifra sube considerablemente, aunque todavano est consolidada, si se advier te la diferencia que hay entre los reportesprevios a la eleccin y los definitivos que se pr esentan sesenta das despusdel comicio. Para sealar algunos ejemplos: el Frente para la Victoria, quellev a la presidencia a Nstor Kirchner, estim en el primer informeque el costo total de su campaa rondara los $ 800.000. El informe poster iorrefiere un gasto total de $ 2.860.000, de los cuales $ 1.560.000 corresponden

al total de gastos en publicidad.5

Sin embargo, en este rubro, un monitoreoindependiente de Poder Ciudadano detect gastos correspondientes slo apublicidad en televisin, prensa escrita, radio y va pblica por $ 10.780.974.6

La justicia federal con competencia electoral requiri, como par te del pro-ceso de auditora, informes a

Elecciones N° 4

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