Pablo González CasanovaLos zapatistas del siglo XXI

Ana Esther CeceñaLa marcha de la dignidad indígena

Héctor Díaz PolancoLa autonomía indígena y

la reforma constitucional en México

Márgara MillánLas mujeres zapatistas

de fin del milenio

El zapatismo ylos derechos delos pueblosindígenas

/ Junio 2001

Análisis...

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Los pueblos indios de México están librandouna lucha pacífica que encabeza el EjércitoZapatista de Liberación Nacional. En ellaplantean una alternativa al mundo actual y elesbozo de una nueva “civilización”. El mo-

vimiento surgió en el sudeste del país entre los descendien-tes del pueblo maya. En sus contingentes no sólo se encuen-tran los herederos de una lucha de resistencia que dura másde quinientos años, sino quienes vienen de los movimientosmás recientes del pensamiento revolucionario y de la teolo-gía de la liberación. En todos ellos se advierten las experien-cias mexicanas del pensar liberador y democrático que tan-to se enriquecieron con el movimiento estudiantil-popularde 1968 y con las luchas obreras y campesinas de los ‘70.Destaca la imaginación de una democracia coherente.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecholos planteamientos más notables y más originales. Habien-do declarado la guerra al Gobierno Federal el 1° de enero de1994, día en que México pasaba a formar parte de la Nor-teamérica anunciada por el Tratado de Libre Comercio conEstados Unidos y Canadá, el EZLN aceptó a poco las seña-les de paz que dio el gobierno al ordenar un cese al fuego asus tropas y al concretar con los rebeldes el inicio de losDiálogos de la Catedral, que más tarde derivaron en otrosrealizados en el Ejido de San Miguel y en el pueblo de SanAndrés de los Pobres (Sacham’chen).

La transformación del proyecto militar en un proyectode luchas políticas, más que deberse a la iniciativa del go-bierno, obedeció a la enorme movilización de la sociedadcivil en contra de la guerra. Abrió una nueva etapa en quelos dirigentes del EZLN fueron impulsados por las propiasmasas indígenas y su cultura de la resistencia a defender yconstruir un proyecto que se centrara en los derechos de lospueblos indios, con respeto a su autonomía y dignidad, asus tierras y territorios, a su cultura y costumbres y a suparticipación y representación en el Estado nacional. Elproyecto se inscribió en una demanda general de transicióna la democracia que la inmensa mayoría de los mexicanosexige, y que incluye a los pueblos indios como actores po-líticos con plenos derechos. Alo largo de los diálogos para

la paz, el EZLN y las organizaciones de los pueblos indiosreiteraron una y otra vez su oposición tajante a cualquierintento separatista. Es más, en sus actos enarbolaron labandera nacional y cantaron de pie el Himno Nacional. Ensus pensamientos y discursos, a la defensa de los valorespropios añadieron los valores universales. Entre las meta-morfosis del movimiento, sin duda una de las más impor-tantes es la transformación de lo indígena en lo nacional ylo universal.

La sociedad civil pasó de ser un importante apoyo, quedesde el principio se manifestó, a impregnarse de los valo-res zapatistas hasta incluirlos dentro de su propio proyecto.La solidaridad internacional fue creciente e hizo suyos mu-chos de los valores zapatistas, como se pudo observar enSeattle. A las formas tradicionales de comunicación y a lacomposición acostumbrada de los discursos políticos, loszapatistas sumaron las más avanzadas técnicas electrónicas,verbales, musicales, pictóricas, y nuevas formas de genera-lizar y de ejemplificar, de explicar, narrar y convencer. Elhábitat mismo se convirtió en escenario, y los actores no sevivieron sólo como parte de la acción, sino de un espectá-culo que ellos mismos crearon.

Los diálogos de San Andrés tuvieron lugar bajo la pro-tección de una Ley especial de Paz y Conciliación que diogarantías a los rebeldes y a quienes los apoyaron para orga-nizar encuentros políticos nacionales e internacionales, al-gunos en las zonas controladas por los rebeldes.

Los zapatistasdel siglo XXIPor Pablo González Casanova*

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*Ex Rector y Catedrático de Ciencias Sociales de la Universidad NacionalAutónoma de México.

Los Acuerdos de San Andrés fueron firmados por losrepresentantes del Poder Ejecutivo, de una Comisión delPoder Legislativo que contaba entre sus miembros a diputa-dos y senadores de todos los partidos políticos de México,y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los Acuer-dos de San Andrés constituyeron sin duda una de las decla-raciones políticas más importantes a nivel mundial. Segura-mente serán incluidos en cualquier antología de los pactossociales proclamados desde la “Declaración de los Dere-chos del Hombre y del Ciudadano”.

Los Acuerdos de San Andrés no sólo precisan los dere-chos de los pueblos indios a la autonomía de sus gobiernosy a la preservación de sus culturas. Apuntan hacia la cons-trucción de un Estado pluriétnico que fortalezca la unidaden la diversidad y la articulación de las comunidades loca-les, municipales, regionales y nacionales, con inclusión delo particular y lo universal. El nuevo pacto de derechos hu-manos no sólo incluirá elderecho a la igualdad, si-no también los derechos alas diferencias. No sóloincluirá los derechos delas naciones, de los traba-jadores y de los campesi-nos. También constituiráun sistema de democraciacon poder de los pueblos,por los pueblos y con lospueblos, para decidir, enuso de sus autonomías, sobre los programas sociales, eco-nómicos, culturales y políticos dentro de un pluralismo quetambién respete a las distintas culturas, creencias, filoso-fías, razas, y al que guíen, como valores universales, losconceptos de democracia, justicia y libertad. El nuevo pac-to asume como propios, con énfasis en esa democracia, losderechos de la persona humana, de las naciones, de los tra-bajadores, de las etnias, de las mujeres, y de las minorías,incluidas las sexuales.

A poco tiempo de firmados, los Acuerdos de San An-drés fueron desconocidos por el Presidente Ernesto Zedillo.Cada vez se hizo más clara una política de cerco y asedioque, organizada por el gobierno federal y local con el apo-yo de los terratenientes y los ganaderos, organizó fuerzasparamilitares entrenadas por el propio ejército y asignó con-siderables recursos a la cooptación de ciudadanos y de gru-pos, al tiempo que acentuaba la expulsión de los opositoresde sus tierras y de sus pueblos. Esa política falló en el inten-to de liquidar a la dirigencia zapatista, y lejos de dominar laresistencia indígena, hizo que ésta se reorganizara en zonasautónomas. El planteamiento político-militar de una repre-sión generalizada se consideró, de nuevo, como altamentecostoso para el gobierno, no sólo por la inestabilidad incon-trolable a que podía dar inicio, sino por los renovados apo-yos de la sociedad civil a una solución pacífica.

En medio de grandes tropiezos, actos de violencia yacosos militares y paramilitares que culminaron con la ma-tanza de Acteal, y mientras salía a flor un espíritu racista ycolonialista muchas veces ocultado por la retórica oficial deun país que había hecho de la resistencia indígena contra losespañoles y de la mezcla de razas parte de su simbología na-cional y de su cultura dominante, triunfó el espíritu de con-ciliación y de paz o, por lo menos, retomó la iniciativa po-lítica en varias ocasiones.

La Comisión de Concordia y Pacificación del Congre-so de la Unión elaboró un proyecto de ley que recoge variosde los derechos de los pueblos indios consignados en losAcuerdos de San Andrés. El proyecto fue rechazado por elPresidente y suplantado por otro que, sin reconocer derechoalguno a los pueblos indios, se limitaba a declarar senti-mientos humanitarios, populistas y paternalistas que no sig-nificaban el menor compromiso y que dejaban las solucio-

nes tutoriales a merced delos gobernantes. El pro-ceso de paz pareció em-pantanarse.

Con las eleccionesdel año 2000, el Partidodel Estado (PRI), que ha -bía gobernado en Méxicomás de setenta años bajodistintos nombres y es-tructuras, fue derrotado

por el PAN (Partido de Acción Nacional), un viejo partidoliberal-conservador que atrajo el apoyo de amplias masasafectadas por la política neoliberal. Estas votaron con un noal PRI. Vieron en el PAN la posibilidad de una alternanciade partidos que, sin constituir una alternativa de políticas fi-nancieras, económicas y sociales considerable, al menosabriría nuevos caminos al proceso de democratización.

El triunfo del PAN representó un cambio innegable enla nueva política del Jefe del Ejecutivo hacia Chiapas, losrebeldes zapatistas y los pueblos indios. El Presidente hizosuyo el Proyecto de Derechos y Cultura Indígena formula-do por la Comisión del Legislativo en el gobierno anterior,y lo presentó al Congreso de la Unión. Al mismo tiempo diolas garantías necesarias para que el EZLN realizara unamarcha por trece Estados de la República en apoyo del pro-yecto. La marcha logró concentraciones sin precedente a lolargo de su recorrido, y culminó con un acto en el Palaciodel Congreso de la Unión en el que los líderes indígenas–empezando por la Comandante Esther– mostraron su mag-nífico dominio del discurso parlamentario y del idioma cas-tellano enriquecido por ciertos modismos e indigenismosque lo precisan en su expresión estética y en su elaboraciónconceptual. Igualmente mostraron –todo sin quitarse lasmáscaras que cubren sus rostros– una cortesía y amabilidadsólo igualada por la firmeza de su pensamiento y de su con-

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“A poco tiempo de firmados, los Acuerdos de

San Andrés fueron desconocidos por el

Presidente Ernesto Zedillo. Cada vez se hizo

más clara una política de cerco y asedio...”

ducta. El efecto en la opinión pública fue maravilloso. Va-rios canales de televisión pasaron el acto completo, y eraposible ver cómo a la emoción incontenible de los indíge-nas muchas veces se añadió también la de los descendien-tes de los conquistadores, incluso de quienes lo son o dequienes pretenden serlo por “blancos y barbados”, o porcreencias y prejuicios, o por ideologías fantasmales. A to-dos se les veía sorprendidos por la agudeza y contención delas críticas, por la hermosa argumentación de los discursos,por la universalidad de la expresión y su sabor a terruño, asícomo por el atuendo de los trajes de mujeres y hombres queal “color de la tierra” añaden el de las flores, bellamentecantado por Sor Juana Inés de la Cruz.

En el Congreso se notó un gran ausente: el Subcoman-dante Marcos, cuya desestructuración como caudillo es unatarea en la que está empeñado desde los inicios del movi-

miento, y en la que gustoso obedece a sus comandantes, queson quienes presentan la cara enmascarada de sus puebloscuando de negociaciones se trata.

Después de la reunión en el Congreso, la Comitiva re-gresó a los Montes Azules. El éxito de la Marcha fue evi-dente, aunque todos saben que lo alcanzado es apenas elprincipio de las tres señales que, de cumplirse, llevarán areanudar el diálogo entre rebeldes y gobierno. Esas tres se-ñales son: la aprobación del Proyecto de Derechos y Cultu-

ra de los Pueblos Indios, la desocupación de siete bases mi-litares instaladas en el territorio de los pueblos rebeldes, yla liberación de los presos políticos indígenas.

El Presidente ha ordenado ya la desocupación de las ba-ses militares, ha liberado a la mayoría de los indígenas za-patistas presos, y continúa defendiendo, por los más diver-sos medios, el Proyecto elaborado por la Comisión del Con-greso, que él y el EZLN apoyan y que, paradójicamente, en-cuentra la mayor resistencia entre los diputados y senadoresde su propio partido.

La evolución futura del proceso es imprevisible, aun-que por las experiencias anteriores que lograron el consen-so entre el Gobierno, el Congreso y los rebeldes, es posibleque se alcance un nuevo éxito. Al mismo ciertamente seoponen viejos y nuevos intereses de un colonialismo inter-

nacional e interno subsumido en la polis mexicana y en laglobalización neoliberal. Pero incluso considerando la ac-tual exacerbación de la crisis y los nuevos proyectos de ex-pansión del gran capital corporativo, como el macroproyec-to “Puebla-Panamá”, es posible pensar en un acuerdo quealeje el incendio de México al reconocer a un movimientoradical que enarbola coherentemente el proyecto democrá-tico, que se opone a todo acto terrorista y a cualquier víncu-lo con el narcotráfico, y que, lejos de luchar por la toma delpoder, se propone una transformación de las relaciones ju-

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El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas

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rídicas y sociales empezando por una democracia participa-tiva y representativa no excluyente que se dé en el seno dela propia sociedad civil y de los pueblos indios y no indios.

En todo caso, en una perspectiva más amplia, el zapa-tismo aparece como un movimiento postmoderno extraordi-nariamente original y creador. Esta tesis se confirma cuan-do por postmoderno se entiende un movimiento históricoque ocurre y aprovecha las experiencias históricas de losproyectos anteriores socialdemócratas, nacionalista-revolu-cionarios y comunistas, para no cometer los errores queaquéllos cometieron; que hace suya en lo que vale y en loque le es útil la revolución tecnocientífica de nuestro tiem-po, con todas las implicaciones que tiene en los conceptos,

las imágenes y los actos, en la información y la comunica-ción, en la dialéctica y el diálogo; que relee el proyecto uni-versal desde el proyecto local y nacional y que, sin caer enlas generalizaciones del saber único, tampoco se queda enlos particularismos, por hermosos que sean y por útiles queresulten para una acción concreta. El movimiento zapatistadel siglo XXI combina el conjunto en un proyecto univer-sal que incluye lo uno y lo diverso con su forma maya o me-xicana de oír y decir las voces y sonidos que vienen del “co-razón” y del “mundo”, metáforas ambas que enriquecen yrenuevan los discursos y las conductas.

Ciudad Universitaria, 6 de abril de 2001

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Es la hora de la palabra.G u a rda entonces el machete. Sigueafilando la esperanza. Camina, caminay habla. Baja de la montaña y busca elcolor de la tierra que en este mundoanda. Sé pequeño frente al débil y juntocon él hazte grande. Sé grande frente alpoderoso y no consientas en silencio lahumillación para el nosotros que a tupaso se ensancha. Haz lugar para todoslos colores que con el color de la tierraandan. En el séptimo día entonces llega,llega y busca del color de la tierra ladignidad común levantada.

Los principalesSubcomandante Insurgente Marcos

Nurío, 3 de marzo de 2001

Siete años después del inusitado grito de re-beldía emitido desde la Selva Lacandona enChiapas, el Ejército Zapatista de LiberaciónNacional, acompañado por el Congreso Na-cional Indígena y grandes contingentes de la

sociedad civil no indígena, llega a la Plaza Mayor de la Ciu-dad de México simplemente a decir: “Aquí estamos”1.

Los hombres y mujeres de maíz, sin voz y sin rostro, quetuvieron que empuñar las armas para hacerse oír y cubrirse elrostro para ser vistos, entran el 11 de marzo a la Plaza de laConstitución, en medio de un clamor popular, para reclamarsu lugar en la patria, ese lugar que les es propio como mexi-c a n o s2 y como integrantes de los pueblos originarios3.

Lo que pedimos y lo que necesitamos los pueblos in-dígenas no es un lugar grande ni un lugar chico, sinoun lugar digno dentro de nuestra nación; un trato jus-to, un trato de iguales, ser parte fundamental de estagran nación; ser ciudadanos con todos los derechosque merecemos como todos; que nos tomen en cuen-ta y nos traten con respeto...4

La marcha en la estrategia de posicionamiento de la palabra sobre las armas

Nosotros somos guerreros (...) Como guerreros somos seres de espaday de palabra (...) Con ambas debemos re s g u a rdar la memo -ria que nuestros pueblos son y que les per -mite resistir y aspirar a un mejor mañana.Como guerreros fuimos preparados enlas ciencias y en las artes, en el honor yla guerra, en el dolor y la esperanza, enel silencio y la palabra.

Subcomandante Insurgente Marcos

En seis años de guerra soterrada pero constante, dondela masacre de Acteal es el símbolo más elocuente de la ig-nominia que caracterizó al gobierno de Ernesto Zedillo5, loszapatistas sostuvieron, aun en los peores momentos, su de-cisión de luchar con la razón y la verdad, que son las mejo-res armas de un guerrero. El hostigamiento militar y para-militar, el cerco político y mediático, la campaña de desar-ticulación de las comunidades y de deslegitimación delEZLN, a pesar del gran daño que causaron, no destruyeronla fuerza moral del zapatismo, ni su capacidad de convoca-toria en amplios sectores de la sociedad civil nacional e in-ternacional, como se puso de manifiesto en la Marcha de laDignidad Indígena6.

La marcha de ladignidad indígenaPor Ana Esther Ceceña*

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*Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de laUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Integrante delGrupo de Trabajo “Economía Internacional” de CLACSO. Directorade la revista Chiapas.

El EZLN es simultáneamente un ejército y una organi-zación política. Como ejército lucha por derrotar la guerra,por crear las condiciones que hagan prescindibles los ejér-citos, las condiciones que le permitan desaparecer diluyén-dose en la construcción de una ciudadanía posible:

Por eso nos hicimos soldados, para que un día nosean necesarios los soldados7.

Como organización política lucha por desdibujar lasfronteras que hacen de lo político un espacio restringido. Lapolítica, con un profundo sentido ético, es el arma de la pazporque constituye el único espacio posible de acuerdo en unmundo formado por diferentes. La democracia que reconoz-ca la inevitabilidad de la diferencia y encuentre un modo dig-no de convivir con ella, como fue expresado en el Congreso:

Aquí, en este Congreso, hay diferencias marcadas, al-gunas de ellas hasta contradictorias, y hay respeto aesas diferencias.Pero, aún con estas diferencias, el Congreso no se par-te, no se balcaniza, no se fragmenta en muchos con-gresitos, sino que, precisamente por esas diferencias ypor el respeto entre ellas, se construye sus normas.Y, sin perder lo que hace distinto a cada quien, semantiene la unidad y, con ella, la posibilidad de avan-zar de común acuerdo.Ése es el país que queremos los zapatistas.Un país donde se reconozca la diferencia y se respete.Donde el ser y pensar diferente no sea motivo para ira la cárcel, para ser perseguido o para morir8.

Guerra y democracia son las antípodas de una disyun-tiva social en la que la búsqueda de la palabra verdadera, dela democracia en todos los niveles, es el único camino po-sible para derrotar la guerra y para construir el nuevo mun-do. La guerra, que es el arma de los poderosos, conduce ala destrucción de la humanidad como un todo.

El contexto político de la Marcha

La llegada al gobierno de México de Vicente Fox marcaun cambio de escenarios y estilos políticos. Por un lado, esresultado de la creciente organización y participación de lasfuerzas democráticas de la sociedad, que, a pesar de la discre-pancia que mantienen con el proyecto económico y políticode Fox, con su cercanía con el gobierno de Estados Unidos ycon su adhesión a la “libre empresa” como mecanismo de or-denamiento social, no dejan de reconocer que este cambiosignificó una conquista política de la sociedad en contra delrégimen de partido de estado (la dictadura más perfecta a de-cir de Va rgas Llosa) y por el respeto de la voluntad popular.Por el otro lado, este cambio aceleró el proceso de crisis yreacomodo en las cúpulas del poder, del que no son ajenos lospartidos y sus representantes en el Congreso.

La sociedad mexicana, después del 2 de julio, se encuen-tra ante el desafío de convertir su triunfo en una conquista dela democracia. La clase política y los grandes intereses econó-micos, sin embargo, parecen moverse hacia su cancelación.

El 2 de diciembre, sólo un día después de la toma deposesión del nuevo Presidente, el EZLN anuncia su salidade la selva y se apropia de la iniciativa política durante loscuatro meses siguientes. Los primeros cien días del nuevogobierno, ya de suyo complicados, se vieron confrontadoscon la presencia ya no sólo simbólica sino física de los za-patistas en la escena nacional.

Mientras el Presidente adaptaba su discurso y su estra-tegia a este desafío, las fuerzas más conservadoras de laIglesia y el empresariado, ligadas con él por cierto, recha-zaban horrorizadas la irrupción indígena9. Ante la imposibi-lidad de detener la marcha, el presidente Fox intenta capita-lizarla anunciándola como el preludio de la firma de la pazy la consecuente bonanza en México, desconociendo conello la carga hereditaria de un proceso de negociación quefue interrumpido desde finales de 1996, por incumplimien-to del gobierno, recién en la primera de seis mesas pacta-das10. Evidentemente, el manejo mediático insistente en quela paz se lograría al llegar la marcha a la ciudad de Méxicofue parte de una campaña de justificación anticipada de lacontinuación de la guerra por la intransigencia zapatista11.

Sin embargo, desde el anuncio de la marcha el EZLNse cuidó de establecer tres señales para demostrar la volun-tad de paz del nuevo gobierno y que, sólo al cumplirse, sen-tarían las condiciones para reanudar el diálogo. Estas tresseñales se convierten en reclamo colectivo creciente a lolargo de los 6.000 kilómetros recorridos, y en el mejor indi-cador del comportamento y los límites de las institucionespolíticas: el retiro de 7 posiciones militares (de las 259 exis-tentes) constituyó una prueba de fuego sobre la capacidad

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del Poder Ejecutivo para controlar y disciplinar al ejército,uno de los actores más importantes en los cuatro meses demovilización; la aprobación de la ley Cocopa 12 era el mejormecanismo para probar la sensibilidad del Poder Legislati-vo frente a las demandas populares, su margen de maniobrafrente al régimen y su representatividad; la liberación de to-dos los presos zapatistas era el medio para confrontar la eti-cidad del Poder Judicial con respecto a los encarcelamien-tos políticos.

El México de abajo y el México de arriba

Desde su anuncio la marcha desata una serie de reac-ciones contradictorias. La ley Cocopa fue asumida por elEjecutivo y presentada al Congreso para su aprobación el 5de diciembre pero, con respecto al retiro de los 7 cuartelesmilitares, las declaraciones indicaban un cambio de posi-ción permanente13. Adicionalmente, la única instancia quese apresta a tratar el caso de los zapatistas presos es el go-bierno de Chiapas14.

Las cúpulas empresariales, los gobernadores de algu-nos estados, y miembros destacados de los partidos AcciónNacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), semanifiestan abiertamente en contra de que “un grupo de en-capuchados” pueda transitar libremente por el país. En elseno de estos partidos el debate es muy intenso y los acuer-dos sumamente complicados, al grado de que el 24 de ene-ro el PAN tiene que renunciar a tener una posición oficialsobre la marcha y sobre la ley Cocopa para no mostrar sudesacuerdo con la postura presidencial.

Amplios sectores de la sociedad civil, el Congreso Nacio-nal Indígena y el PRD, en cambio, saludan la iniciativa y em-piezan a organizar la recepción y acompañamiento de la mar-cha, contrarrestando con ello los intentos por frenarla. Senado-res del PRD, incluso, proponen invitar al EZLN al Congreso.

Las comunidades de base zapatistas, en ocasión del 7°aniversario del levantamiento, se aproximan al cuartel deJonalchoj, provocando la evacuación del ejército. Esto de-vela las discusiones entre las fuerzas políticas15 y militaresdel régimen y obliga al Presidente a declarar el 13 de eneroque no habría más retiros militares y a presentarse en Chia-pas el 17 del mismo mes para definir, paradójicamente, uncambio de política que buscaría sustituir soldados por em-pleos y oportunidades.

Las declaraciones contradictorias del gobierno no cesa-ron a lo largo de estos cuatro meses. Sin embargo, todo pa-recía indicar que el Presidente, la Cocopa, el Comisionadopara la Paz, el gobierno de Chiapas y el PRD estaban en lalínea de garantizar condiciones para el reinicio del diálogo.

La posibilidad de dar una salida negociada al conflictoen Chiapas parecía la condición para garantizar la goberna-bilidad del nuevo régimen y la estabilidad política requeri-da para impulsar sus proyectos económicos. Las fuerzas po-líticas conservadoras no daban señales de estar entendiendoque la modernidad del régimen político implica el recono-cimiento de la oposición o disidencia16.

Daba la impresión de dos grandes procesos que corríanparalelos pero en sentido muchas veces contrapuesto: las cú-pulas del poder inician una guerra de posiciones para revertirla ley Cocopa y para abrir paso, sin transición ni mediación

social, al proyecto económico de Fox, sintetizado en granmedida en el Plan Puebla Panamá contra el que los zapatistasse han manifestado abiertamente1 7; la sociedad civil, el pue-blo de México, en cambio, se vuelca a las calles y plazas pa-ra organizarse y preparar la acogida de los marchistas.

La marcha puso en evidencia las formas ocultas de or-ganización de la sociedad. Nada que ver con los espaciostradicionales de encuentro: la organización social se ha te-rritorializado, ha trascendido las formas de organización an-teriores y ha replanteado sus contenidos. La cantidad degente involucrada en la preparación de hospedaje, comida,actos públicos, carteles, foros previos, volantes, páginasweb y muchas otras cosas, fue inmensa. La marcha era pre-cedida por reuniones y debates sobre la ley Cocopa, el za-patismo y el Plan Puebla Panamá, pero también por debatesy acuerdos sobre la situación de los colectivos participantes.En ese sentido, fue también un espacio de reencuentro paramovimientos desarticulados que respondían a la convocato-ria del EZLN pero que se confrontaban consigo mismos yponían a prueba su capacidad organizativa.

Durante 37 días de recorrido la delegación zapatista re-cibió 28 bastones de mando, estuvo en 77 actos públicoscon plazas llenas a reventar (donde, entre otros, los pueblosde la Sierra norte de Puebla les dijeron “su camino es nues-

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El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas

tro camino”), las mujeres reivindicaron casi en todas lasplazas su derecho de autodeterminarse, y todos los asisten-tes se comprometieron a lograr el reconocimiento de los de-rechos de los pueblos indios asentado en la ley Cocopa yque es, finalmente, el reconocimiento de que la sociedadmexicana está formada por diferentes y que esos diferentesson iguales en derechos.

El Congreso

Hoy tienen dos caminos: el que ayuda ala paz o el que calla frente a la guerra

Comandante ZebedeoCongreso de la Unión, 28 de marzo de 2001

De las tres señales demandadas por el EZLN, la que re-sultó más difícil corresponde al ámbito del Poder Legislati-vo. El Congreso está compuesto, o debería estarlo, por unamuestra representativa del mosaico social. En esa medida,el debate sobre la ley Cocopa se anunciaba intenso y com-plicado. El Presidente de la República había hecho su parteasumiendo la ley como suya desde el 5 de diciembre; la rea-nudación del diálogo entre el gobierno y el EZLN y, portanto, la posibilidad de lapaz, quedaba así bajo laresponsabilidad de lospresuntos representantesdel pueblo.

Desde el inicio de sulucha, los zapatistas man-tuvieron una posición iné-dita en los movimientospolíticos, y mucho más enlos armados, de diferenciación entre las instancias de go-bierno. Las cámaras de representantes fueron convocadas,en la primera Declaración de la Selva Lacandona, a resta-blecer la constitucionalidad en contra del “usurpador” Car-los Salinas de Gortari18. El Congreso, después del procesoelectoral más legítimo de los últimos tiempos, sería la ins-tancia de reconocimiento de la voluntad popular, expresadapública, masiva y reiteradamente. El Congreso, con todo ysus diferencias internas, tendría que aprobar la ley Cocopa.Su responsabilidad ante la nación se lo demandaba.

La importancia otorgada al Congreso se explica por laconvicción zapatista de que la única manera posible de arri-bar a una sociedad sin exclusiones es mediante la instaura-ción de la democracia, en su sentido más profundo y amplioposible. La insistencia en que ni son ni quieren ser la van-guardia, en que su lucha es por un mundo sin vanguardias yen que para que un mundo nuevo sea posible es necesarioempezar por el reconocimiento de las diferencias y no por

su culpabilización, explica su respeto por la mayor instan-cia de representación nacional.

En realidad, la legitimidad del sistema político mexica-no fue puesta a prueba. El Congreso, al desvirtuar la ley Co-copa y aprobar unas reformas contrarias a lo estipulado enel inédito acuerdo social de San Andrés19, fue deslegitimadono por un grupo armado sino por las prácticas viciadas y su-plantadoras de la clase política, que no mira más horizontesque los de sus intereses particulares. Después de una acalo-rada discusión por permitir la entrada de los representantesde 44 pueblos indios para argumentar sobre el reconoc-miento constitucional de sus derechos y cultura, confronta-dos con la alta responsabilidad de abrir los cauces para for-talecer la democracia y reiniciar el diálogo entre el gobier-no y el EZLN, los legisladores optan por entenderse entreellos desconociendo los reclamos de la sociedad.

Si la formación del Ejército Zapatista de Liberación Na-cional se debe, en gran medida, a la ilegitimidad o insufi-ciencia de las instancias de representación, el desprecio delCongreso a la voluntad expresada como clamor en torno a laaprobación de la ley Cocopa parece estar confirmando queel cambio en la Presidencia es insuficiente para transformar

un sistema político queya no corresponde a losprocesos sociales que su-pone representar.

La legitimidad de lasinstituciones políticasque fueron reconocidas yrespetadas por los insu-rrectos está en entredichopor la incapacidad de los

legisladores de ponerse a la altura del momento histórico. ElEZLN y los pueblos indios de México apostaron todo a lademocracia y a la política; los legisladores optaron por laguerra. Estas son las paradojas emanadas de un sistema po-lítico en franca descomposición.

Las instancias democráticas en contra de la democracia

¿Y si nos vuelven a cerrar todas las puertas? ¿Ysi la palabra no logra saltar los muros de la so -berbia y de la incomprensión? ¿Y si la paz no esdigna y verdadera, quién –preguntamos– nos ne -gará el sagrado derecho de vivir y morir comohombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quiénnos impedirá entonces vestirnos otra vez de gue -rra y muerte para caminar la historia?

CCRI-CG del EZLN, 1994

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“El Congreso, al desvirtuar la ley Cocopa yaprobar unas reformas contrarias a lo

estipulado en el inédito acuerdo social deSan Andrés, fue deslegitimado no por un

grupo armado sino por las prácticas viciadasy suplantadoras de la clase política...”

El 2 de julio de 2000, después de la jornada electoral,la clase política festejaba el triunfo de la transición a la de-mocracia en México. Esa misma clase política inauguró sumandato profundizando la brecha entre sociedad civil y so-ciedad política y sentando un precedente de insensibilidadfrente a los conflictos y reclamos sociales.

Si una movilización de la envergadura de la Marcha dela Dignidad Indígena es desatendida, nada puede esperar lasociedad de las instancias de gobierno. No hay ningún otrogrupo o sector de la sociedad con una capacidad de convo-catoria tan grande como la del EZLN, y fue insuficiente pa-ra ser tomada en cuenta. Esto cancela toda perspectiva delucha por los canales institucionales. La actuación del Con-greso fue, implícitamente, un llamado a la rebelión.

La supuesta transición a la democracia del régimen po-lítico mexicano, en vez de crear las condiciones para la con-secución de la paz digna que demanda la sociedad, cancelóla escasa credibilidad de las instancias de gobierno y losprecarios mecanismos de negociación que parecían teneruna oportunidad con la derrota del PRI.

Por unanimidad el Congreso aprobó una reformaconstitucional contraria a las demandas de amplísimossectores de la población. La reforma aprobada considera alos pueblos indios “entidad de interés público” (como unmonumento o una reserva forestal) en vez de “sujetos dederecho” (como lo establece la ley Cocopa) y con ello ele-va la discriminación étnica a rango constitucional; sancio-na como única la propiedad individual, negando el recono-cimiento a estos pueblos como entidades de derecho; lespermite hacer uso de sus territorios excepto cuando se tra-te de áreas estratégicas pero deja abierta la definición deestas últimas, de manera que sus territorios se encuentranbajo amenaza. Además de todo esto, se aprovechó la oca-sión para introducir un aval constitucional a las inversio-nes públicas y privadas generadoras de empleo2 0. ¿Queríanautonomía? Tendrán la posibilidad de obtener empleo, enla medida que el mercado lo permita. ¿Reclaman digni-dad? Serán un ente de interés, protegido paternalmentepor el estado.

Sorprende que una reforma como ésta haya logrado launanimidad de los senadores, incluidos los del PRD quesostenían públicamente su acuerdo con la ley Cocopa. Loúnico que esto revela es la inconsistencia de la representa-tividad y, por tanto, coloca la lucha por la democracia y pormejores condiciones de vida de la población mexicana fue-ra del ámbito de las instituciones políticas.

Nada más alejado del sueño por el que los hombres ymujeres de maíz, los guerreros de las montañas del sureste,han levantado la espada y la palabra:

Un mundo nuevo con una nueva forma de hacer po-lítica, un nuevo tipo de política de gente del gobier-no, de hombres y mujeres que mandan obedeciendo.Nuestros muertos nos han hablado y hemos escucha -do en la palabra democracia la base de ese mundonuevo21.

Los legisladores de este país tendrán también que escu-char a los muertos.

Los demás, seguiremos en la lucha por un México“donde no sea una vergüenza vivir”.

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El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas

Notas

1 Subcomandante Insurgente Marcos, Zócalo, 11 de marzo de2001.

2 “Somos mexicanos, y por lo tanto la Patria también es nues-tra.” Comandante Tacho.

3 “... que son aquellos que descienden de poblaciones que habita-ban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se esta-blecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos”, 1995“Acuerdos de San Andrés”, en C h i a p a s, (México: ERA) Nº 2.

4 Comandante David, IPN. 16 de marzo.

5A partir de enero, miembro del Consejo de Administraciónde la firma ferrocarrilera estadounidense Union Pacific Cor-poration. 2001, en La Jornada, (México) 1 de febrero.

6 La Marcha de la Dignidad Indígena se inicia el 24 de febre-ro en San Cristóbal de Las Casas, llega el 11 de marzo al Zó-calo de la ciudad de México y emprende el regreso saliendode la ciudad de México el 30 de marzo de 2001. Para un se-guimiento de la Marcha se puede consultar la cronología deAdriana Ornelas, Janik Amarela Varela y Joaquín Giménez(del 1 de diciembre de 2000 al 31 de abril de 2001) enhttp://www.multimania.com/revistachiapas

7 EZLN 1994 Documentos y comunicados (México: ERA) 166.

8 Comandanta Esther, Congreso de la Unión, 28 de marzo de2001.

9 Un prominente representante empresarial, Juan SánchezNavarro, declara: “... le voy a decir a mi familia que no salgade su casa. No sé en qué pueda parar esto. El fenómeno deMarcos y los zapatistas es verdaderamente impresionante, yen su gira puede venir acompañado de un verdadero torrentede gente”. 2001, en La Jornada (México) 5 de marzo.

10 Las negociaciones de San Andrés se iniciaron con la mesade Derechos y Cultura Indígenas de donde emanaron losAcuerdos de San Andrés y la ley Cocopa. Éste era sólo el pri-mer paso. Faltaban los acuerdos sobre Democracia y Justicia(mesa 2), Bienestar y Desarrollo (mesa 3), Conciliación enChiapas (mesa 4), Derechos de la Mujer en Chiapas (mesa 5)y Cese de Hostilidades (mesa 6). EZLN 1995 Documentos ycomunicados (México: ERA) Tomo 2, 445.

11 Esto es lo que el canciller Castañeda ha argumentado rei-teradamente en Europa.

12 Se conoce como ley Cocopa a la transcripción jurídica delos Acuerdos de San Andrés elaborada en 1995 por la Comisiónde Concordia y Pacificación de conformidad con las partes enconflicto. En la Cocopa participaron legisladores de todos lospartidos que, en su momento, fueron avalados por el Congresoy por cada uno de los partidos en particular. El gobierno fede-ral se negó a someter la ley al Congreso para su aprobación yeso motivó la ruptura del diálogo en febrero de 1996.

13 Se pueden revisar las declaraciones del Presidente, de sus vo-ceros y de la Secretaría de la Defensa, que a veces en un mismodía fijaban posiciones contradictorias, en Adriana Ornelas, op. cit.

14 Había presos en Tabasco y Querétaro y algunos de fuerofederal. El gobierno de Chiapas fue ganado en agosto de 2000por una coalición opositora al PRI y el actual gobernador fuemiembro de la primera Cocopa.

15 Dentro de las fuerzas del régimen claramente se distinguela actuación de políticos como Jorge Castañeda, Ministro deRelaciones Exteriores, que tiene a su cargo las provocacionesal EZLN y la campaña de deslegitimación de su lucha, y cu-ya cercanía con las posiciones más intransigentes es induda-ble. El 29 de enero el EZLN denunció un mensaje del Canci-ller diciendo “quieren una guerra de mentiras, tendrán unapaz de mentiras” y el 21-22 de febrero su intervención paraevitar que la Cruz Roja Internacional acompañara la marcha.

16 “Si quieren una izquierda moderna, aprendan a ser una de-recha moderna”, Subcomandante Insurgente Marcos, Toluca.5 de marzo.

17 El Plan Puebla Panamá es el nombre asignado al proyectode desarrollo de la zona sureste que desplaza la frontera ma-quiladora hacia México y abre amplias posibilidades de apro-piación de los recursos naturales de la región tropical de Mé-xico y de todo el corredor centroamericano. Además de labiodiversidad, en esta zona se concentran los recursos energé-ticos de México (petróleo, gas, uranio y agua). Ver mi artícu-lo: 2000 “Revuelta y territorialidad”, en Actuel Marx (BuenosAries) N° 3.

18 “Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a losotros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidady la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador”, EZLN1994 Documentos y comunicados, (México: ERA) 34.

19 En los diálogos de San Andrés participaron, además de losrepresentantes del gobierno y del EZLN, muchos otros miem-bros de la sociedad mexicana. En el caso de la mesa sobre de-rechos y cultura indígena se encontraban delegados de la ma-yoría de los pueblos indios del país, además de miembros deotros movimientos sociales e intelectuales. Ninguna otra leyse había construido de manera tan colectiva y representativadesde la Convención Revolucionaria de 1914.

20 Para mayor detalle sobre las reformas constitucionalesaprobadas y su comparación con la ley Cocopa ver mi artícu-lo El Dictamen del Senado, a favor del Plan Puebla Panamáy no de los derechos indígenas, en la página:

http://www.ezln.orgy los cuadros comparativos que aparecen en esa misma páginay en las revistas 1995 Chiapas Nº 2 y 2001 C h i a p a s Nº 11 (Mé-xico: ERA). Pueden ser también consultadas por internet en:

http://www.multimania.com/revistachiapas

21 EZLN 1994 Documentos y comunicados (México: ERA) 237.

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En los últimos años, en México se ha busca-do convertir el debate sobre la autonomíade los pueblos indígenas en un galimatías.El escenario de la discusión ha sido sobre-c a rgado de confusiones o enredos cada vez

más oscuros y de posiciones marcadas por los tópicos ideo-lógicos. Deliberadamente, muchos participantes en la con-troversia –cuyo común denominador parece ser su deseo deque no cambie nada en materia de derechos indígenas– pro-curan exhibir a la autonomía como a una especie de bestianegra; esto es, como una gran amenaza para la unidad de lanación, para la convivencia entre los mexicanos, para la vi-gencia de las garantías individuales y los derechos humanos,e incluso como un estorbo para el progreso general del país.

Se desliza la idea, como quien no quiere la cosa, de quelos pueblos indígenas de México están reclamando un dere-cho desmesurado, fuera de lugar. ¿Es exacta esta aprecia-ción? Lo primero que habría que establecer claramente, porsi hiciera falta, es que regímenes de autonomía –con gradosy especificidades acordes con el desarrollo histórico, la ma-triz socioeconómica y la tradición política de las respectivassociedades– se han establecido y funcionan con más o me-nos éxito en numerosas naciones del mundo.

Vale la pena recordar que la autonomía (como sistemade descentralización política y fórmula para reconocer de-rechos a grupos étnicos, configuraciones regionales, nacio-nalidades, etcétera) existe desde hace tiempo en países eu-ropeos como Dinamarca, España, Finlandia, Italia y Portu-gal; latinoamericanos como Nicaragua o Colombia, y en lapróspera Canadá (el reciente reconocimiento de la enormeregión autónoma de Nunavut en territorio canadiense es unmagnífico ejemplo). Cada uno de esos sistemas autonómi-cos tiene sus particularidades. Pero lo común es que, en nin-guno de esos países, ni la mayoría de la población ni las au-toridades consideren que la autonomía se haya convertidoen un factor de división social, en un obstáculo para el de-sarrollo o en una fuente de discordias.

En relación con este temor de algunos a las fuerzas cen-trífugas, la información disponible permite concluir que,como regla, la autonomía es el mejor remedio contra las po-sibles tendencias separatistas presentes en el seno de la so-ciedad. Dado que la autonomía –cuando es un buen arreglo,aceptado por las partes– permite a los sujetos colectivos encuestión el ejercicio de anhelados derechos y libertades, ca-si siempre tiene como efecto paulatino el desalentar las ten-taciones separatistas que pudieran existir.

La autonomía indígena y lareforma constitucional en MéxicoPor Héctor Díaz Polanco*

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*Doctor en Sociología. Investigador del Centro de Investigaciones yEstudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México. Directorde la revista Memoria.

El arreglo constructivo

Pero, precisamente, el supuesto es que efectivamente setrata de un buen arreglo, “de un arreglo constructivo”, co-mo lo calificó hace unos años el relator especial designadopor la ONU para analizar los conflictos étnico-nacionales.Un arreglo adecuado garantiza una solución firme y durade-ra, lo que en la práctica significa que el pacto autonómicoalcanzado dejó satisfechas a las partes.

Ahora bien, sintetizando al máximo: según la experien-cia mundial acumulada, ¿qué elemento central se requierepara que los sujetos autonómicos queden complacidos y el

arreglo sea el fundamento de una solución firme y durade-ra? Básicamente, se requiere que la autonomía implique unempoderamiento de los sujetos. Es decir, que las colectivi-dades beneficiadas con el régimen de autonomía asumanplenamente los derechos mínimos que supongan, a su vez,adquirir el poder imprescindible para que sus miembros seconviertan en verdaderos ciudadanos: para que germine loque se ha llamado una “ciudadanía multicultural o étnica”.

Este empoderamiento implica mínimamente que las co-lectividades concernidas (en nuestro caso las indígenas):

1. sean reconocidas como pueblos o grupos con identi-dades propias; 2. tengan autoridades propias, elegidas libremente (queno quiere decir a la buena de Dios) por las mismas co-lectividades; esto es, que puedan constituir su respecti-vo “autogobierno”, cuyas características, instancias ad-ministrativas, etc., estén claramente normadas en elmarco de la juridicidad del Estado;3. se les reconozca un ámbito territorial propio que,desde luego, va más allá de la demarcación de las tie-rras como parcelas o unidades productivas;4. adquieran las facultades y competencias para preser-var, en lo que consideren necesario, y para enriquecer eincluso cambiar o ajustar en lo que acuerden como im-prescindible, sus complejos socioculturales (lenguas,usos y costumbres, etc.);5. puedan participar en las instancias u órganos de de-cisión nacional y local;6. finalmente, que los pueblos que se benefician del ré-gimen autonómico puedan manejar los recursos pro-pios y recibir los recursos nacionales en ejercicio de unfederalismo cooperativo y solidario, todos ellos impres-cindibles para que sus órganos y autoridades realicenlas tareas de gobierno y justicia que el propio orden le-gal les asigna.

En México, el proceso autonómico ha atravesado porvarias etapas. Es imposible hacer aquí un recuento de todasellas, de modo que me concentraré en una crucial: el diálo-go y la negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal en1995/1996. ¿Qué se acordó allí? La impresión que se habuscado crear en la opinión pública, sobre todo en los últi-mos tiempos, es que los Acuerdos de San Andrés firmadospor las partes contienen todos los elementos de la autono-mía mencionados antes, en su expresión cabal, completa, eincluso –algunos así lo creen o hacen creer que eso pien-san– de manera sobrada. Eso les permite alegar a los incon-formes que se debe morigerar tal desmesura reivindicativade los indígenas. La realidad, sin embargo, es muy otra.

Los Acuerdos de San Andrés fueron una transacciónentre, por una parte, las demandas originales de los pueblos

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indios y del propio EZLN, y por la otra, las restriccionesque la delegación gubernamental trató de imponer por todoslos medios a su alcance (y hay que decir que no escatimóninguno, incluyendo en ocasiones algunos moralmentecuestionables). Pero, contodo, fue una negociaciónen estricto sentido. Laspartes realmente negocia-ron, lo que significa quebuscaron una formula-ción que incluyera lo fun-damental, acorde con eltempo y la dinámica delproceso, aunque no seagotaran todas las deman-das que deseaba alcanzar una parte y todas las restriccionesque procuraba marcar la otra. Lo que se pactó fue logradoen buena lid. El EZLN así lo advirtió en su momento, aligual que las organizaciones indígenas involucradas, aúncuando señalaron las reivindicaciones no alcanzadas. Poreso, estos últimos calificaron lo convenido como “acuerdosmínimos”. No obstante, buscando una salida política y mos-trando una flexibilidad que brilló por su ausencia en lasposteriores posiciones gubernamentales, el EZLN primeroaceptó firmar los Acuerdos de San Andrés con la represen-tación del Poder Ejecutivo, y después apoyó la propuestaelaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación(COCOPA), basada en aquellos acuerdos, aunque no deja-ran colmadas todas las demandas de los pueblos indios.

Así, una reforma constitucional basada en la propuestaelaborada por la COCOPA, pese a sus limitaciones, constitui-ría hoy la base de un “arreglo constructivo” en el sentido an-tes indicado. Pero como sabemos, después de comprometer supalabra en el diálogo y la negociación, el gobierno federal sedesdijo, rechazó la propuesta de la COCOPA, y decidió enviaral Congreso su propia iniciativa de decreto. ¿Merecía la ini-ciativa sobre derechos y cultura indígena presentada por elEjecutivo el calificativo de “acuerdo constructivo”? Hay razo-nes de peso para creer que no. Me parece que ella, o cualquierotra variante fundada en los mismos principios y la mismaorientación, dejaría insatisfecha a una de las partes (particular-mente a los pueblos indios), y en esa medida el primer ensa-yo autonomista de México en materia de derechos indígenasresultaría un fracaso.

Democracia y derechos políticos

Todo indica que se acortan rápidamente los tiempos pa-ra que el Congreso de la Unión defina el sentido de las refor-mas sobre Derechos y Cultura Indígena, como se denominóa este primer tema en las negociaciones de San Andrés La-r r á i n z a r. El país entero está pendiente de este desenlace lar-gamente esperado. Se trata de un asunto de enorme importan-

cia, que sin duda marcará nuestro derrotero durante muchotiempo. Allí quedará decidido si México continúa siendo unanación que niega su diversidad o si, por el contrario, se echa-rán las bases de una sociedad plural, tolerante e incluyente,

en la que quepan las auto-nomías de los pueblos in-d í g e n a s .

Las reformas consti-tucionales sobre derechosy cultura indígena que es-tán en puerta son unaoportunidad histórica pa-ra dar un paso firme haciala solución del problema

ya secular que atraviesa la historia de nuestro país: la con-dición de exclusión, subordinación y aguda desigualdadque afecta a los pueblos originarios de México.

Atal efecto, la primera cuestión a tomar en cuenta es queno tendremos en México un régimen plenamente democráticomientras los pueblos indígenas estén prácticamente marg i n a d o sde la participación y la representación política que les corres-ponden como parte de la nación. La democracia no admite ex-cluidos ni minorías permanentes, mucho menos si ello se impo-ne en razón de las características socioculturales de un sector.

Pero en este caso esos derechos deben contemplarse co-mo prerrogativas de los indígenas en tanto pueblos. Los de-rechos individuales y las garantías ciudadanas que consignanuestra constitución son, desde luego, necesarios e irrenun-ciables también para los indígenas, pero no son suficientes.A este reconocimiento debe agregarse –como ya se ha he-cho en muchos países de Europa, Asia y América Latina–un conjunto de derechos específicos que expresen en lapráctica el reconocimiento de que efectivamente la nacióntiene una composición pluricultural. De otro modo, esteprincipio, consignado ya en nuestra Carta Magna desde1992, seguirá siendo una declaración meramente retórica eincluso cínica.

Bajo estos criterios básicos deben evaluarse tanto la pro-puesta de la COCOPAenviada a la Cámara de Senadores encalidad de iniciativa de reformas y adiciones a la constitu-ción por el actual titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, el5 de diciembre de 2000, como las iniciativas presentadas almismo Congreso de la Unión por el Partido Acción Nacio-nal (PAN), el anterior presidente de la República Ernesto Ze-dillo, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), losdías 12, 15 y 24 de marzo de 1998, respectivamente.

Para dicha evaluación, el elemento crucial que debeconsiderarse es ante todo el relativo a la misma legitimidadpolítica de cada una de las iniciativas mencionadas. A este

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“...no tendremos en México un régimen ple -namente democrático mientras los pueblos in -dígenas estén prácticamente marginados de laparticipación y la representación política queles corresponden como parte de la nación.”

El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas

respecto, se debe tener presente que sólo la iniciativa querecoge la propuesta de la COCOPA cuenta ya con un am -plio y sólido consenso político. Por si hiciera falta, recorde-mos que dicha propuesta incluye los principales acuerdosfirmados por el EZLN y la representación gubernamentalen febrero de 1996; que fue elaborada por los miembros dela primera comisión legislativa, la cual incluía a diputadosy senadores de todos los partidos políticos entonces repre-sentados en el Congreso de la Unión; que, como formula-ción autonómica mínima, recibió el apoyo de prácticamen-te todas las organizaciones indígenas del país, así como dela inmensa mayoría de las agrupaciones civiles y políticasinteresadas en la problemática étnica. Este amplio consensopolítico no debe ser ignorado por los legisladores a la horade cumplir con su responsabilidad constitucional.

Dado que la aprobación legislativa de la fórmula alcan-zada por la COCOPA es además una de las tres condicioneso “señales” (junto con el retiro del ejército de siete puntos yla liberación de los presos zapatistas) establecidas por elEZLN para reanudar el diálogo y la negociación con el ac-tual gobierno, se entiende que convertirla en letra constitu-cional es un factor inmediato y efectivo para impulsar lapaz en el país mediante la razón y la vía política. Nada seganaría con realizar reformas que dejasen insatisfechos alos principales interesados (específicamente a los pueblosindígenas), y que por ende no promoverían la paz y en elcorto plazo podrían incluso agravar la situación de conflic-to que llevó, hace un lustro, a buscar un difícil arreglo víalas negociaciones de San Andrés Larráinzar.

Pueblos y comunidades:diferencias de fondo

Examinemos ahora comparativamente algunos aspec-tos centrales de las diversas iniciativas. Destaca en primertérmino la presentada por el PVEM, dada su ostensible dis-tancia respecto de los acuerdos autonómicos mínimos.

La iniciativa del PVEM adolece de muchos de los defec-tos que se advierten en las otras, según mostraré más adelan-te. Pero además, la propuesta de la organización “ecologista”se aparta notablemente de delicados consensos básicos. To-marla como base de un arreglo crearía una situación compli-cada, pues incluye reformas y adiciones a diversos artículosconstitucionales que no están contemplados en los A c u e r d o sde San Andrés, en la formulación de la COCOPA, ni tampo-co en ninguna de las demás iniciativas sobre la materia. Esevidente que en el diálogo de San Andrés las partes conside-raron que las eventuales reformas a dichos artículos deberíanser materia de negociaciones y acuerdos posteriores.

Independientemente de los méritos que puedan conte-ner las propuestas del PVEM sobre los temas mencionados,que no juzgo en este momento, resulta claro que sería ina-ceptable para las partes negociadoras originales (sin dudapara el EZLN, pero seguramente también para el gobierno)que en las reformas se incluyesen cambios a artículos cons-titucionales sobre temas aún no discutidos.

En adelante, me referiré a las propuestas de las demásiniciativas en relación conel estratégico Artículo 4constitucional. En lo rela-tivo a éste, entre las res-pectivas formulacionesenviadas al Congreso (lade COCOPA, la presenta-da en su momento por elentonces presidente Zedi-llo y la del PAN) se ad-vierten diferencias de fon-do con respecto a la defi-nición del derecho básicode los pueblos indígenas:el binomio l i b re determi -n a c i ó n / a u t o n o m í a.

En la propuesta de laC O C O PA son los p u e b l o sindígenas los s u j e t o s d eambos derechos: el de li-bre determinación es el de-recho general, y el de auto-

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nomía el derecho específico en que se concreta el primero(“Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determi-nación y, como expresión de ésta, a la autonomía como partedel Estado mexicano”). Enla iniciativa de Zedillo, encambio, se disocia el suje-to de uno y otro derecho:los pueblos son los sujetosde la libre determinación,mientras que la autonomíaes derecho de las c o m u n i -d a d e s. El texto de Zedilloexpresa que “los pueblosindígenas tienen derecho ala libre determinación; la expresión concreta de ésta es la au-tonomía de las comunidades indígenas”.

Conviene subrayar que una vez hecha pública, esta re-ducción de la autonomía sólo al ámbito de la comunidad(correlativa a la negación zedillista de la autonomía como underecho de los pueblos indios) fue rechazada explícita y ta-jantemente por la comandancia zapatista. Al respecto, y enclara alusión a la iniciativa zedillista, en la Quinta Declara -ción de la Selva Lacandona el EZLN expresó: “Ninguna le-gislación que pretenda encoger a los pueblos indios al limi-tar sus derechos a las comunidades, promoviendo así la frag-mentación y la dispersión que hagan posible su aniquila-miento, podrá asegurar la paz y la inclusión en la Nación delos más primeros de los mexicanos. Cualquier reforma quepretenda romper los lazos de solidaridad históricos y cultu-rales que hay entre los indígenas, está condenada al fracasoy es, simplemente, una injusticia y una negación histórica”.

En suma, en la formulación definitoria que se proponepara el Artículo 4 constitucional, la primera propuesta delgobierno federal realiza una maniobra que en el fondo anu-la el derecho a la libre determinación y la autonomía. No setrata de un cambio menor o sólo de forma. Estamos anteuna modificación totalmente alejada del espíritu y la letrade los Acuerdos de San Andrés, que determinan todo el res-to de la propuesta gubernamental. Ese cambio establece unalógica completamente divergente de los acuerdos de tal im-portancia que permite afirmar, sin exageración, que invali-da la autonomía como “derechos mínimos”.

En este punto, aunque mediante otro procedimiento, lainiciativa presentada por el PAN no es diferente. En la de es-te partido también son las comunidades las que “gozarán” deautonomía. La autonomía se expresará y ejercerá en el ámbi-to del municipio, en los términos que establezcan las respec-tivas constituciones locales. Serán los ayuntamientos los queelaborarán las “c a rtas municipales” (en las que deberán pre-verse “las atribuciones y derechos” de los indígenas), y a suvez las legislaturas de los estados tendrán que darle su apro-

bación. De este modo, la “autonomía” resulta “h e t e ro n o m í a” ,pues los términos de aquélla serán determinados no por lospropios pueblos –de acuerdo con las normas que quedarían

establecidas en la CartaMagna, como lo hace lade la COCOPA, acertada-mente a mi juicio–, sinopor los ayuntamientos, yen última instancia loscongresos locales. Así, lainiciativa del PAN no pro-pone crear municipioscon facultades autonómi-cas de los pueblos indios,

sino poner en manos de los ayuntamientos (con el necesarioaval de los congresos locales) en qué términos se reconoce-rán atribuciones y derechos a las comunidades respectivas.

Es debido a ello, por ejemplo, que en la propuesta de laC O C O PA se habla de que los p u e b l o s podrán “decidir susformas internas de convivencia y organización...” o “elegir asus autoridades y ejercer sus formas de gobierno... en los ám -bitos de su autonomía”; mientras que en la iniciativa del PA Nson las cartas municipales las que indicarán “las normas pa-ra decidir...” o “el procedimiento para elegir...” de que goza-rán las c o m u n i d a d e s, lo que en este caso, además, será deter-minado por los ayuntamientos y los congresos locales.

Esta formulación es congruente con el hecho de que lapropuesta del PAN no incluye el derecho a la libre determi-nación de los pueblos indígenas. Esto es perfectamentecomprensible: sin autodeterminación, la autonomía devieneheteronomía. Por lo mismo, no es casual que esta iniciativaomita en su formulación del Artículo 4 las fracciones IV yVII del segundo párrafo (las cuales aparecen tanto en la pro-puesta de la COCOPA como en la iniciativa de Zedillo, aun-que con diferencias), que se refieren al derecho de los pue-blos a “fortalecer su participación y representación políti-cas” y a “adquirir, operar y administrar sus propios mediosde comunicación”, respectivamente. Un camino como elque ofrece la iniciativa del PAN supondría una disminuciónadicional en el ejercicio de derechos, aún en comparacióncon la iniciativa presidencial de Zedillo.

Otro elemento importante es la cuestión territorial. En rea-lidad, en los Acuerdos de San Andrés no se estableció, en sen-tido estricto, un fundamento territorial para la primera formu-lación mexicana de la autonomía; es decir, territorio con unclaro contenido jurisdiccional. En parte debido a ello, tampocose dispuso la autonomía como un orden de gobierno adicionalen la organización de poderes verticales del sistema federal. Aambas opciones se opuso rotundamente la delegación guberna-mental. Después de un fatigoso jaloneo entre las partes, esasdos severas restricciones resultaron parte de los acuerdos. Pe-

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“Un camino como el que ofrece la ini -ciativa del PAN supondría una disminu -

ción adicional en el ejercicio de dere -chos, aún en comparación con la inicia -

tiva presidencial de Zedillo.”

El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas

ro sí se estableció con todas sus letras, y así lo recogió la CO-C O PA(Artículo 4, párrafo segundo, fracción V), que los pue-blos indígenas podrían acceder de manera colectiva “al uso ydisfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios”,entendidos éstos como lo establece el Convenio 169 de la OIT.Posteriormente, al gobierno esto le pareció inaceptable.

Así, mientras la propuesta de la COCOPA implica unainnovación en el ejercicio de los derechos para los pueblosindígenas en la materia mencionada, la presidencial omitela referencia al territorio, y además sujeta el acceso men-cionado a las formas y modalidades de propiedad previstasen el Artículo 27 consti-tucional. Ello implicaque, en rigor, se recono-ce un derecho que en-contraría grandes obstá-culos para ejercerse ca-balmente, dada la for-mulación actual del Ar-tículo 27, ya que, comose ha visto, tanto la ini-ciativa presidencial co-mo la del PAN limitan elámbito autonómico a lacomunidad, restringien-do drásticamente la es-fera de ejercicio de estederecho.

En el párrafo tercerode las iniciativas, el or-denamiento de que laFederación, los estadosy los municipios pro-muevan el desarrolloequitativo y sustentablede los indígenas, en laversión COCOPA debehacerse con el concursode los pueblos indíge-nas, mientras que en lade Zedillo debe hacersecon las comunidades (ladel PAN omite este pun-to). En lo relativo a losprogramas educativos,los destinatarios son lospueblos, según la ver-sión de la COCOPA, ylas comunidades deacuerdo con las de Zedi-llo y el PAN.

La misma divergencia se repite en los párrafos que tie-nen que ver con el acceso a la “jurisdicción del Estado” y elestablecimiento de las “instituciones políticas necesariaspara garantizar la vigencia de los derechos” de los indíge-nas. En relación con el acceso a la jurisdicción del Estado,se advierte la cuestión adicional de que en la propuesta dela COCOPA se indica que en los juicios y procedimientosse tomarán en cuenta las “prácticas jurídicas y especificida-des culturales” de los pueblos, mientras la presidencial serefiere a las “prácticas y particularidades culturales” y la delPAN a sus “usos, costumbres y especificidades culturales”.No se trata sólo de una diferencia de términos.

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Un sabio dictamen

En suma, una evaluación comparativa de la propuestade la COCOPA, la iniciativa de la presidencia (15 de marzode 1998) y la del PAN, reparando solamente en las reformasy adiciones al Artículo 4, permiten desprender las siguien-tes consideraciones:

a. sólo la propuesta de la COCOPA disfruta ya de unamplio consenso, que nació en los diálogos y las nego-ciaciones de San Andrés Larráinzar, del apoyo práctica-mente unánime de las organizaciones y pueblos indíge-nas, y de la simpatía de amplios sectores de la sociedadcivil no indígena.b. sólo la propuesta de la COCOPAincluye una concep-ción autonómica propiamente dicha (aunque magra), entanto establece como principio y fundamento de la auto-nomía el derecho a la l i b re determinaciónde los pueblosindígenas. La iniciativa del PAN omite totalmente estefundamento, mientrasla enviada por Zedillodurante su mandatovincula la autonomíacon la comunidad ex-clusivamente (y esto,dicho sea de paso, demodo sumamente res-trictivo). En lugar deun régimen de auto-nomía, las “cartasmunicipales” de la iniciativa del PAN configuran, ensentido estricto, una relación de “heteronomía”.c. al igual que los Acuerdos de San Andrés, la propuestade la COCOPA comprende el derecho territorial de lospueblos indígenas (particularmente en lo relativo al usoy disfrute en dichos territorios de los recursos naturales),definido de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT,mientras la presidencial de 1998 lo omite por completo.Tanto en la referencia explícita de la iniciativa del PA N ,cuando hace alusión al “ámbito territorial”, como en laimplícita que contiene la presidencial, el campo de ejer-cicio queda restringido a la comunidad. El convenio 169,los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la COCO-PA, en cambio, entienden el territorio como “la totalidaddel hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan”.

Considerando todo lo anterior, las comisiones corres-pondientes del Congreso de la Unión deberían elaborar undictamen positivo de la propuesta de la COCOPA sobre De-rechos y Cultura Indígena (convertida en iniciativa de de-creto en el mes de diciembre de 2000), desechando las de-más iniciativas. A continuación, por el bien del país, en elpleno de ambas cámaras se debería aprobar la versión de losAcuerdos de San Andrés elaborada por la COCOPA.

Post scriptum

Este texto –escrito antes de la reforma aprobada losdías 25 y 28 de abril pasados por ambas cámaras del Con-greso de la Unión– analizaba las razones por las que los le-gisladores debían aprobar la iniciativa sobre Derechos yCultura Indígena fundada en la formulación de la COCO-PA, y expresaba la esperanza de que la mayoría del poderlegislativo federal haría un sabio dictamen que conduciría,en el pleno del Senado y la Cámara de Diputados, al reco-nocimiento de los mínimos derechos de los pueblos indíge-nas de México.

El desenlace legislativo fue muy distinto. La subcomi-sión dictaminadora del Senado elaboró un documento total-mente apartado del espíritu de los Acuerdos de San Andrés,que prácticamente despedazó la propuesta de reformasconstitucionales de la COCOPA. El dictamen de dicha sub-comisión se fundó en una propuesta de la fracción parla-

mentaria del PRI, con elapoyo entusiasta del ac-tual partido en el poder,el PAN. Una buena partede los cambios que desfi-guraron la propuesta CO-COPA fue tomada de lainiciativa elaborada porel gobierno de Zedillo el15 de marzo de 1998. Pe-ro hay que decir que en

varios aspectos centrales la reforma recién aprobada se co-loca incluso más atrás, en lo que hace al reconocimiento dederechos a los pueblos indígenas, que la iniciativa del señorZedillo.

En suma, la “autonomía” aprobada no sólo se reduce alámbito comunal, sino que niega a las comunidades el carác-ter de entidad de derecho público; restringe la aplicación delos sistemas normativos internos; elimina el acceso colecti-vo al uso y disfrute de los recursos naturales en los territo-rios; y establece poderosos candados que se fundan en lacontrarreforma agraria neoliberal promovida por el ex pre-sidente Salinas en 1992; suprime la capacidad de elegir au-toridades municipales, al tiempo que deja fuera todo el sus-tento (establecido originalmente por la COCOPA en el Ar-tículo 115) para el ejercicio de la libre determinación en“cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer suautonomía” los pueblos. Consecuentemente, desaparece lafacultad de las comunidades y los municipios que “reconoz-can su pertenencia a un pueblo indígena” para “asociarse li-bremente” y ejercer así la autonomía en niveles supracomu-nales. Merece una mención especial la amputación hechapor priistas y panistas de los ordenamientos incluidos en losArtículos 53 y 116, que favorecían la representación de los

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“La subcomisión dictaminadora del Senadoelaboró un documento totalmente apartadodel espíritu de los Acuerdos de San A n d r é s ,

que prácticamente despedazó la propuesta dereformas constitucionales de la COCOPA . ”

indígenas en los congresos locales y el Congreso de laUnión, con lo que los pueblos continuarán prácticamenteexcluidos de estos poderes de decisión. Todo ello constitu-ye un rechazo brutal de las demandas de los pueblos que ha-bían levantado una adhesión tan entusiasta en amplios sec-tores de la sociedad no indígena durante la Marcha de laDignidad zapatista.

No es sorprendente entonces que tanto las organizacio-nes indígenas del país como el propio EZLN rechazaran ta-jantemente la reforma de marras, calificándola de burla ytraición. La comandancia zapatista rompió inmediatamente

todo contacto con el gobierno federal, y con ello se cerró elcamino andado en los últimos meses para restablecer el diá-logo entre el EZLN y las autoridades. La expectativa de pazrecibió un duro golpe. Las fracciones mayoritarias del Con-greso no estuvieron a la altura de su responsabilidad políti-ca y desperdiciaron una espléndida ocasión para abrir laspuertas de la pluralidad. De nuevo, el país se enfrenta al ar-duo reto de detener a las fuerzas conservadoras que se opo-nen a la construcción de una sociedad multicultural y plu-riétnica, y de abrir nuevos cauces que conduzcan a las ne-gociaciones políticas y finalmente a los acuerdos construc-tivos.

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Una de las sorpresas que el levantamiento za-patista causó al mundo fue ver tantas muje-res, la mayoría muy jóvenes, en las imáge-nes de los insurgentes que ese amanecer deaño tomaban San Cristóbal de las Casas.

Conforme se conoció más de cerca al novedoso movimien-to indígena de fin de siglo, se constató la alta participaciónde mujeres en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.Aunque la prensa no dio lugar a la noticia, el 1º de enero seproclamó, junto con otros documentos contenidos en ElDespertador Mexicano, órgano informativo del EZLN, laLey de Mujeres. Muy rápido se dejaron oír sus voces: la Ca-pitana Elisa, la Capitana Laura, la Mayor Ana María, la Co-mandanta Ramona hicieron declaraciones a la prensa. Losreportajes gráficos eran elocuentes acerca de estas mujeres.

En las discusiones sobre el futuro en la agenda puesta ala orden del día por el zapatismo de fin de siglo, la “cues-tión de las mujeres” aparece de dos maneras. Una, a travésde su indiscutible presencia tanto en las filas del zapatismocomo en el entorno: movilizaciones y organizaciones socia-les. Otra, a través de los espacios discursivos generados pory en torno a la situación de las mujeres indígenas. La pre-sencia de sus palabras, que empiezan a alterar el orden deldiscurso, incluso del discurso crítico, que las veía un tantoanquilosadas en su situación tanto de género como de etnia.La efectiva participación indígena mujeril en los procesosorganizativos y de cambio social, y sus demandas frente alEstado, al orden económico, y a su situación dentro de lascomunidades, las colocan en un lugar cada vez más activoy con una incidencia cada vez más clara y corrosiva del ho-rizonte teórico crítico.

La reflexión de y desde las mujeres ha develado la arti-culación de poderes complementarios que actúan y ordenanel mundo moderno: el capitalismo, el sexismo, el racismo,el autoritarismo, el centralismo, la razón instrumental. Hoy,después de la caída del muro y con la certeza del fracaso dela modernidad capitalista, para construir lo que queremosdenominar “el punto de vista de la humanidad en contra del

neoliberalismo”, no se pueden soslayar las preguntas sobrecómo los sujetos, constituidos por las dinámicas globales enseres abstractos, marginales, desposeídos y desiguales, pue-den estructurar estrategias auténticas de representación entodos los órdenes: político, cultural, subjetivo.

Es decir, cómo pueden resistir, a partir de sus necesida-des concretas en tanto sujetos, a las necesidades abstractasdel capital. El capital y su lógica de valorización del valornos igualan en dos sentidos: todos somos fuerza de trabajo ytodos somos prescindibles. El zapatismo (“Todos somosMarcos”) ha puesto en acción el cuestionamiento radical dela forma de la política moderna y de su capacidad para re-presentar al conjunto social plural en tanto sujetos concretos.

El zapatismo se está construyendo como una nueva ma-nera de entender y ejercer la política. Una política que pre-tende superar los límites de la eficacia instrumental, es de-cir, que busca desenajenarse en tanto esfera política para re-gresar la politicidad al ámbito de lo social. El zapatismo, taly como se está definiendo actualmente, se encuentra intere-sado en construir el espacio público como el espacio donde

Las mujeres zapatistasde fin del milenio1

Por Márgara Millán*

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* Socióloga e Investigadora. Coordinadora del Centro de EstudiosLatinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas ySociales de la UNAM.

los diferentes pueden hablar y comunicarse2. Espacio públi-co que es el espacio de lo político, negado por la moderni-dad en la profesionalización de la política parlamentaria,suplantado por el mercado y monopolizado por el capital.Espacio de y para los sujetos sociales, hoy inexistente yobstaculizado por la racionalidad del valor, la ganancia y lateoría de la seguridad nacional que protege el reparto mun-dial de los monopolios.

El lugar del sujeto es el de la resistencia. Scott lo plan-tea en términos del lugar para la agencia, el intento por par-te de los sujetos sociales de construir de manera parcial-mente consciente una identidad, una sociedad3. De Lauretislo formula en términos del espacio de la autorrepresenta-ción, las estrategias que elabora el sujeto para “autorrepre-sentarse” frente a las representaciones de la cultura domi-nante4. Nos acercamos aquí al terreno donde se construyeparte del poder de la insubordinación y la resistencia, el po-der (o el empoderamiento) como capacidad de imponer sen-tido, de re-significar y re-simbolizar las redes significativasque componen el mundo de lo humano.

Son los sujetos “sin voz”, así como su capacidad de re-sistencia incidente en el discurso, y con ello en la significa-ción, lo recuperado de manera central desde el zapatismo ydesde el feminismo, y ello es así porque ambos emanan dela experiencia de ser “lo otro”. Género y etnia, así como laclase, comparten de diferente manera el ser vectores del po-der y la subjetividad.

Quisiera delimitar el alcance de este escrito a las for-mas de autorrepresentación de las mujeres, en dos direccio-nes: como formas autoconstituyentes de una nueva subjeti-vidad femenina, y como procesos que construyen una nue-va política.

En el entorno mujeril del zapatismo, la incorporaciónde la mujer indígena al trabajo social y político estaba ya enmarcha. Es en este contexto donde las indígenas chiapane-cas, paralelamente a suapoyo y movilización entorno a las demandas ge-nerales de la comunidady de la etnia, empiezan aenunciar demandas degénero: la construcciónde relaciones democráti-cas al interior de la fami-lia, de la comunidad y delas organizaciones; laparticipación en tanto mujeres en la toma de decisiones enla estructura comunal y organizacional; el derecho a la he-rencia y propiedad de la tierra; el derecho a decidir cuándoy con quién se casan; el derecho a decidir cuántos hijos tie-nen y en qué momento; a trabajar; a estudiar; a ser respeta-das por los varones cuando ocupen un puesto de mando.

Estas demandas interpelan a las comunidades indíge-nas, planteando la necesidad de cambiar la costumbre y mo-dificar la tradición ahí donde éstas significan también domi-nación, segregación, desigualdad y maltrato. La Ley Revo-lucionaria de Mujeres es el primer espacio normativo deldespertar de una subjetividad específica, la de las mujeresindígenas, en un proceso de rearticulación comunitaria.Muestra un ejercicio de afirmación de la identidad indígena(la permanencia), al tiempo que pone a prueba radicalmen-te la democracia comunitaria (el cambio). Afirma la identi-dad indígena porque reclama mejores condiciones para sureproducción económica, social y cultural, y pone a pruebala capacidad democrática comunitaria al exigir cambiar lacostumbre según nuevos consensos que tomen en cuenta lavoz de las mujeres, y que extiendan el reconocimiento de sutrabajo (doméstico) en las esfera pública, de la gestión y dela toma de decisiones comunitarias.

A través de demandas muy directas y que podrían pare-cer muy sencillas, las mujeres indígenas zapatistas ponen encuestión las bases del ordenamiento patriarcal comunitarioindígena. También elaboran los planos en los cuales la co-munidad se enfrenta con el estado mexicano y la racionali-dad económica y cultural que éste comporta, y ubican su lu-gar específico en tanto mujeres dentro de este enfrenta-miento con el gobierno.

La Ley aparece en El Despertador Mexicano, órganoinformativo del EZLN, el 1º de enero de 1994, al lado de laPrimera Declaración de la Selva Lacandona, “Hoy decimos¡Basta!”, y como parte de un cuerpo más amplio de leyesque rigen a los insurgentes5.

Las mujeres están repensando la tradición, porque enella se estructuran gran parte de los mecanismos que las co-locan en la posición de subordinación del género. La tradi-ción tiene cosas buenas y cosas malas, dicen. No es intoca-ble porque la definición de la identidad cultural indígena noradica en la inmutabilidad de sus tradiciones, sino en el afir-

marse cambiándolas y ac-tualizándolas. Si el zapa-tismo como movimientopolítico y social indígenase coloca de cara al cam-bio, redefiniendo los sen-tidos de la política y lamodernidad en un sentidoinclusivo, son las mujeresindígenas zapatistas lasque con toda agudeza es-

tán problematizando los contenidos últimos de la moderni-dad, la tradición y la democracia.

Esta problematización devela las trampas presentes endos tipos de actitudes teóricas: una, la de cierto discurso crí-tico que había estado atrapado en un pensamiento binario y

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“Las mujeres están repensando la tradi -

ción, porque en ella se estructuran gran

parte de los mecanismos que las colocan en

la posición de subordinación del género.”

dicotomizado, entendiendo ya sea que la democracia y elprogreso debían terminar con la tradición indígena, hastacierto punto conceptualizada como atraso, o por el contrario,que la tradición debía, sagradamente, permanecer intacta, in-tocada por la corrosión occidental; otra, la de la complicidadpresente en el discurso progresista oficial entre “el respeto alas tradiciones” y la pervivencia de la marg i n a c i ó n .

Con relación a los primeros presupuestos, el zapatismoen general, y las demandas de las mujeres en particular,muestran que los grupos indígenas que han sido capaces deresistir al exterminio mantienen vivas sus tradiciones en elcambio, en la actualización de su ser indígena, y no en la pe-trificación de la identidad en el museo. Con relación al se-gundo presupuesto, las zapatistas son muy lúcidas al afirmar:

“Y no es cierto, como piensan algunos mestizos, quenuestra costumbre es solamente comer verdura y po-zol. Queremos tener derecho a comer carne, a tomarleche, a que nuestros hijos no mueran de desnutri-ción, ni que las mujeres mueran de parto”.

Aquí encontramos el verdadero espíritu del zapatismo,que algunos han denominado el espíritu del futuro milenio; loque podríamos llamar su vocación civilizatoria: su confianzaen las palabras, en que las palabras que ejercen un verdaderoacto comunicativo nos pueden acercar al territorio, hasta hoydesconocido, de lo humano. Palabras tanto al interior de lascomunidades, a través de las cuales las mujeres reformulansus costumbres e identidades, como de las/los indígenas alas/los mestizos, que hacen a todos repensar su manera de sermiembros de la comunidad nacional. La confianza en las pa-labras y en la capacidad política de la sociedad para definir-c r e a r-renombrar sus condiciones prácticas y significativas deexistencia participa de una vocación inclusiva.

Con relación a las dos preocupaciones de este artículo,la autoconstitución del sujeto femenino y la construcción deuna nueva política, como elementos presentes en los proce-sos desatados por el zapatismo, encontramos justamente enel espacio para las palabras el motor central de la revoluciónzapatista. El espacio de la enunciación es también el espa-cio de la gestación y creación de los sujetos sociales. Losdiálogos de Chiapas han puesto de relieve el poder de laspalabras, diferente del poder de los discursos instituidos. Elespacio de la enunciación de las palabras de los otros.

El espacio al que me refiero como el de la enunciacióndel sujeto femenino no consiste en la participación cada vezmayor de las mujeres en las organizaciones y movimientossociales, sino en la elaboración de sus palabras con relacióna todos los órdenes de la existencia a partir de su propia yparticular experiencia. Ello constituye parte de la construc-ción de una nueva política, una política que puede ser uni-versal gracias a que particulariza, a que se construye de laexperiencia de los sujetos y sus necesidades concretas. El

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proceso de autoconstitución de las mujeres indígenas, y elde la construcción de una nueva política, van juntos. Unono puede avanzar sin el otro, porque la redefinición del su-jeto es la redefinición de su comunidad.

Todo esto transita por terrenos escabrosos, a pesar y encontra de su entorno inmediato. La participación y transfor-mación de las mujeres ocurre muchas veces en contra de sufamilia-pareja, al tiempo que en contra de la Ley, las autori-dades y el gobierno, y, como ellas mismas lo plantean, inclu-so contra ellas mismas, su educación, su manera de entender-se. Al interior del EZLN el espacio de las mujeres es un es-pacio ganado a pulso: no se los ha regalado nadie, no es un ap r i o r i del programa político. Cuando el Subcomandante In-s u rgente Marcos afirma que los zapatistas no son feministas,que les cuesta renunciar a los privilegios, pero que las zapa-tistas están decididas, no está bromeando. Algunas coman-dantas como Trini, Susana y María A l i c i a6 hablan de las difi-cultades del proceso más o menos en los siguientes términos:

“Cuesta mucho trabajo, muchas mujeres todavía no en-tienden y muchos compañeros tampoco. Pero algunossí. Algunos sí ya entienden. La mujer es explotada porel gobierno, es pobre, pero también en la comunidad,por los hombres. Hoy las mujeres hablan más, aunqueno hablen castilla, en su propia lengua, hablan más”.

Se trata, pues, de hablar.Y de que hablando las palabrasamplíen el horizonte de lo posible.

Una nueva política para el fin del milenio es una seriede prácticas y de espacios donde la presencia de las muje-res y de sus palabras desde su propia experiencia forme par-te de la construcción colectiva del futuro, junto con las pa-labras de todos, tal vez en ese barullo que, dicen, sucede enlos consensos de las asambleas indígenas. Una política máscercana a las necesidades y deseos de todos los sujetos, me-nos excluyente, que no subsume a unos en las demandas deotros, que no jerarquiza necesidades prioritarias, pero sobretodo, que particulariza para ser verdaderamente universal.

Notas

1 Extracto del artículo aparecido en: 1996 Chiapas(México: ERA-IIEc) Nº 3.

2 Tal y como lo define Hannah Arendt, el espacio de lapolis, donde se dirimen y deciden los asuntos que ata-ñen a los ciudadanos, y no el espacio de la representa-ción vuelta espectáculo, de la real politik y los cotos depoder coludidos con el Estado. Arendt, Hannah (s/d)On Revolution. También en Between Past and Future.

3 Scott, Joan 1996 “El género: una categoría útil para elanálisis histórico”, en Marta Lamas, El género: la cons -trucción cultural de la diferencia sexual (México:PUEG-M.A. Porrúa).

4 de Lauretis, Teresa 1987 Technologies of gender. Essayson Theory, Film and Fiction. (Indiana University Press).

5 Texto de la Ley Revolucionaria de Mujeres:

“En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, elEZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionariasin importar su raza, credo, color o filiación política, con elúnico requisito de hacer suyas las demandas del pueblo ex-plotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las le-yes y reglamentos de la revolución. Además, tomando encuenta la situación de la mujer trabajadora en México, seincorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en lasiguiente Ley Revolucionaria de Mujeres:Primero: Las mujeres, sin importar su raza, credo, color ofiliación política, tienen derecho a participar en la lucha re-volucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capaci-dad determinen.Segundo: Las mujeres tienen derecho de trabajar y recibirun salario justo.Tercero: Las mujeres tienen derecho a decidir el número dehijos que pueden tener y cuidar.Cuarto:Las mujeres tienen derecho a participar en los asun-tos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y de-mocráticamente.Quinto: Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atenciónprimaria en su salud y alimentación.Sexto: Las mujeres tienen derecho a la educación.Séptimo: Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y ano ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.Octavo: Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada fí-sicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de in-tento de violación o violación serán castigados severamente.Noveno: Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección enla organización y tener grados militares en las fuerzas ar-madas revolucionarias.Décimo: Las mujeres tendrán todos los derechos y obliga-ciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios.”

6 Entrevista con la comandanta Hortensia, María Ali-cia, Soila, Concepción, Trini, Susana y Florencia, SanCristóbal de las Casas, Foro Especial para la Reformadel Estado, 4 de julio de 1996.

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