EL SME Y EL TURNO DEL PRI

José Antonio Almazán González 27 abril de 2011

Año y medio atrás el Congreso de la Unión pudo detener el golpe

fascista en contra del SME. Pero abdicó de su facultad legislativa

constitucional plasmada en el artículo 73 fracción X, permitiendo que un

Decreto extinguiera a Luz y Fuerza del Centro y despidiendo a más de 44 mil

trabajadores, hombres y mujeres electricistas. Por elemental decoro

legislativo debieron haber citado a los secretarios de estado involucrados en

el ilegal e inconstitucional decreto para conocer de las supuestas razones “de

que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente

desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”. Eran

los tiempos de la alianza PRI-PAN, hoy rota por la coyuntura electoral, y salvo

el rechazo del PRD, PT y Convergencia, la mayoría de diputados y senadores

avalaron vergonzosamente el golpe al SME y a una empresa productiva y

eficiente, pese a la deliberada política de descapitalización que los gobiernos

neoliberales le impusieron para justificar la privatización de la industria

eléctrica en la zona centro del país.

La campaña mediática en contra del SME y la saña de quienes la

organizaron fue descomunal y nubló durante varios meses la comprensión de

las verdaderas razones atrás de la extinción de LyFC. Pero el tiempo y la

histórica resistencia del SME han terminado por exhibir las mentiras oficiales:

1.- No fueron los salarios y prestaciones “monstruosas” plasmadas en el

Contrato Colectivo, según Calderón y Lozano, las que descapitalizaron y

provocaron la crisis financiera de LyFC. Con un salario promedio de 6,500

pesos mensuales, el costo laboral apenas representaba un 6% frente a los

ingresos totales de LyFC en 2008. 2.- Las supuestas ineficiencias productivas y

operativas de LyFC derivaron de una deliberada política presupuestal

impuesta por el gobierno federal para impedir la modernización de la

infraestructura eléctrica en el centro del país. 3.- Como lo ha demostrado la

Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de

diputados, la causa fundamental que explica las crecientes pérdidas

económicas de LyFC y de CFE es el enorme peso que han alcanzado las

empresas trasnacionales, mismas que venden energía muy cara a CFE y

controlan el 50 por ciento de la generación eléctrica en México, violando el

artículo 27 Constitucional.

La CFE en los hechos, aunque lo niegue, opera como patrón sustituto

de LyFC y está convirtiendo la zona centro de México (D.F., Edo de México,

Hidalgo, Puebla, Morelos) en un territorio sembrado de “bombas eléctricas

de tiempo” por la impericia y falta de capacidad técnica y profesional de sus

empresas contratistas. Los apagones, fallas, disturbios, caídas de voltaje, han

sido una constante en el pésimo desempeño de sus empresas “patito”.

Desastre eléctrico, corrupción y tarifas eléctricas caras es el saldo de CFE en

la zona de LyFC y el resto del país.

Año y medio después está muy claro que el gobierno de Calderón no

quiere ni desea una salida al conflicto electricistas. Su único objetivo es

aplastar al SME para garantizar el reparto del botín eléctrico y la fibra óptica

de LyFC. Es inaceptable que 18 meses después el gobierno siga insistiendo en

su indignante oferta de “primero liquídate y después veo si te recontrato”;

que CFE utilizando los centros de trabajo, los vehículos, el equipo y la

infraestructura eléctrica de LyFC siga negando su responsabilidad como

patrón sustituto; y que la JFCA y los tribunales laborales sigan dando largas,

mediante artimañas legales, a la solución del conflicto, con el único objetivo

de rendir por hambre y necesidad económica a 16,599 trabajadores que

demandaron por despido injustificado y patrón sustituto.

El turno del Congreso, comenzando por la Cámara de Diputados,

particularmente del PRI es inexcusable. En sus manos está sentar las bases

legales y constitucionales para resolver el largo y doloroso conflicto

electricista, pero también para normalizar el servicio público de energía

eléctrica. El SME tocó con todo derecho las puertas del Congreso de la Unión

presentando una Iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía

Eléctrica en la zona de LyFC. El diputado José Narro la formalizó el 11 de

noviembre de 2009. A sugerencia de la propia Cámara el SME regresó a la

mesa con Gobernación, con la participación directa de una comisión de

diputados. En la última reunión del 16 de marzo se acordó presentar

propuestas distintas para avanzar en una solución negociada. El SME cumplió

y Gobernación volvió a dar largas, buscando agotar el tiempo legislativo que

concluye el próximo 30 de abril.

El país no puede continuar sujeto a los caprichos de un mal gobierno,

de oídos sordos y negado a resolver conflictos sociales, mientras prepara la

salida represiva criminalizando la resistencia de los electricistas bajo

absurdos cargos de pandillerismo y sabotaje. El turno es del Congreso, de la

Cámara de Diputados, específicamente del PRI, aprobando la Iniciativa de Ley

para crear el nuevo organismo público descentralizado en la zona centro del

país, contratando inmediatamente a los miles de trabajadores electricistas

que no se han liquidado bajo los términos del Contrato Colectivo de Trabajo

del SME. ¡Patrón Sustituto Ya!

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!