El problema catalán

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Un análisis personal de la cuestión.

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I. Los orígenes del mito

a) Eternamente insatisfechos

Desde la retirada de Jordi Pujol como Presidente de la Generalitat, después de 23años de gobierno, en Cataluña se ha instalado la idea de que el país pierde pesopolítico en el conjunto del estado y ve reducida su capacidad económica y financierapara hacer frente al gasto que origina la autonomía y el mantenimiento de losservicios públicos. Para encarar ambos retos la mayoría de los partidos políticos delarco parlamentario, excepto el PP, plantean como prioridades de su acción políticala reforma del Estatuto y la mejora de la financiación, viendo en una y otrareivindicación la posibilidad de superar los límites del sistema de distribución decompetencias entre el estado y las Comunidades Autónomas que surgió de la

Constitución de 1978.

Más allá de la formulación de la propuesta de reforma no se puede obviar que, en elfondo de la misma, subyace la expresión de un sentimiento de frustración ante laevolución del estado de las autonomías y, muy especialmente, por la carencia detrascendencia práctica que ha tenido el hecho diferencial catalán en el conjunto decomunidades, aspecto éste que durante los primeros años de vigencia de la CartaMagna y del Estatuto parecía llamado a situar Cataluña en una posición políticadiferente a la del resto de Comunidades Autónomas.

Lo cierto es que en el actual momento de desarrollo del estado autonómico lascomunidades creadas con posterioridad a los llamados territorios históricos(Cataluña, Euskadi y Galicia) cada vez son menos diferentes entre ellas. Tienenprácticamente las mismas competencias, disponen de recursos parecidos enrelación a las potestades que han ido asumiendo y sus ciudadanos se van sintiendocada vez más identificados con las instituciones autonómicas que van arraigando enel imaginario colectivo como propias, convirtiéndose en elementos de la identidadregional. Y esto, a algunos catalanes, les duele. No les gusta. Piensan que si lascomunidades autónomas existen es gracias a ellos y que, tanto el hecho de haber sido los impulsores del sistema como la realidad histórica y cultural derivada dehaber tenido unas instituciones, un derecho y una cultura propias, así como una

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lengua diferente a la castellana, les habría de dar derecho a mantener una ciertadiferencia respecto de las autonomías recién llegadas. Es una manera de hacer 

explícita la voluntad de ser reconocidos como promotores del modelo que algunosdenominan hecho diferencial, otros asimetría, pero que en el fondo sólo es laexpresión de la voluntad de seguir siendo diferentes o de no ser iguales que elresto.

Este sentimiento tiene unas raíces profundas y está formado por elementos diversosque habría que buscar en la historia convulsa de las relaciones de Cataluña conEspaña que, sin ir más lejos, se remonta al mito de la pérdida de las institucionesnacionales, abolidas por Felipe V tras la caída de Barcelona el 11 de septiembre de1714. El relato de la defensa heroica de la capital catalana frente a las tropasfelipistas y su sublimación como episodio épico de la defensa de las instituciones y

de los derechos nacionales suprimidos por la fuerza de las armas del absolutismoborbónico, forma parte de la mitología popular que alimenta una cierta nostalgia por el paraíso perdido.

Pero como pasa a menudo con los mitos, la historia sólo se ha explicado en parte,hasta el punto que, en la actualidad, a nadie le interesa conocer la situación social,política y económica de la Cataluña de los últimos años del siglo XVII a pesar de ser un elemento esencial para entender los acontecimientos posteriores.

Lo cierto es que la guerra contra Felipe IV, llamada “de separación”, que abarca elperíodo 1640-1652 durante el cual los catalanes se sometieron a Lluís XIII deFrancia en un intento de crear un estado independiente de España, había tenido sucontinuidad en la guerra de España contra Francia una vez reintegrada Cataluña ala corona española tras la firma de la paz de los Pirineos (1659). Ambos episodiossupusieron veinte años de lucha inútil que dejaron a Cataluña exhausta, humillada ymutilada con la anexión a la corona francesa de las comarcas del Rosellón, elVallespir, el Conflent y parte de la Cerdaña.

A la muerte de Felipe IV, el reinado de su sucesor Carlos II continuó empobreciendola región con la guerra de los Países Bajos y las constantes pugnas entre francesesy austríacos (entonces aliados de España contra Francia) por el control de Cataluña.

Las escaramuzas con Francia fueron constantes y la paz fue rota en múltiplesocasiones, con la ocupación de Roses (1693) o los reiterados asedios de Girona(1675 y 1684) y la caída de esta ciudad, junto con Palamós, Hostalric y Castellfollit(1694), lo que dio lugar, a su vez, a múltiples episodios de paz y tregua (desdeAquisgrán en 1668 a Riswyck en 1697).

A la muerte de Carlos II sin descendencia (1700), los años de penuria y de luchasinterminables que se habían prolongado durante casi 60 años, habían generadoentre los catalanes sentimientos de hostilidad contra Francia, resentimiento haciaCastilla y una fidelidad a la casa de Austria (a pesar de todo) que marcarían eldestino de Cataluña prácticamente hasta la Constitución de 1978.

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 b) La historia que nunca se explica.

A falta de descendientes, los principales aspirantes a suceder a Carlos II eran Felipede Anjou, nieto de Lluís XIV y Maria Teresa de España (en virtud del matrimonioacordado en la paz de los Pirineo de 1659 para perpetuar y asegurar la “paz públicade la Cristiandad”) y el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo yde Mariana (hija de Felipe III).

La candidatura de Felipe contaba con el apoyo incondicional de su abuelo, Lluís XIVde Francia, mientras que la candidatura de Carlos era apoyada por Inglaterra,Holanda y, lógicamente, por Austria que compartían el temor a que la unión deFrancia con España consolidara una hegemonía francesa en Europa que no

deseaban.

A las postrimerías de la vida de Carlos II, las intrigas y maquinaciones de lospartidarios de unos y otros fueron extraordinarias. El caso es que el rey, yamoribundo, a instancia del cardenal Portocarrero, firmó un testamento aceptandocomo heredero a Felipe en detrimento de las aspiraciones de Carlos cuyospartidarios tildaron el testamento de sospechoso desde el primer momento y senegaron a aceptarlo, al extremo de que el archiduque fue proclamado rey deEspaña en Viena por los aliados (Inglaterra, Holanda y Austria) con el nombre deCarlos III y el emperador Leopoldo envió un memorial al Papa reivindicando lacorona española para su hijo.

Muerto Carlos II, Felipe, de acuerdo con la voluntad discutida del difunto, fuecoronado rey de España y por consejo de su abuelo Lluís XIV convocó las CortesCatalanas en Barcelona. Durante las sesiones que tuvieron lugar entre el 12 deoctubre de 1701 y el 14 de enero de 1702, Felipe recibió el juramento de las Cortesy, a su vez, juró las Constituciones y otros privilegios de Cataluña, dando permisopor primera vez a los catalanes para comerciar con América, de forma que lasucesión parecía haber quedado resuelta a plena satisfacción de todo el mundo.Ferran Soldevila, en su Historia de Cataluña (1962), recoge el testimonio del que fuevirrey de Aragón, Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), según el cual “los

catalanes consiguieron todo aquello que deseaban, porque ni a ellos los restó nada  para pedir, ni al rey cosa especial para concederles, y así vinieron a ser másindependientes del rey que no lo está el Parlamento de Inglaterra”.

Aceptado Felipe V como rey de Cataluña, los partidarios del archiduque no seresignaron y durante los primeros años de su reinado urdieron múltiplesconspiraciones. Huelga decir que cada acción conspiratoria iba seguida de lacorrespondiente acción represiva hasta que, entre mayo y junio de 1705, la Plana deVic 1 se levantó. El 20 de junio, Antoni de Peguera y Domènec Perera, apoderados

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ActualmenteestáintegradaenlacomarcadeOsona,concapitalenVic.

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de ocho nobles de Vic, firmaban en Génova con Mitford Crow, plenipotenciario de lareina Ana, un pacto para integrar Cataluña a los reinos aliados. En aquel pacto

Inglaterra se constituía en garante del cumplimiento de las leyes y privilegios deCataluña por parte de Carlos III, y los firmantes catalanes reconocían al archiduquecomo rey. Era el primer paso de la futura alianza de los catalanes contrarios a Felipecon las potencias que se habían propuesto contrarrestar la influencia francesa enEuropa. Una apuesta arriesgada que había de comportar gravísimasconsecuencias.

El 7 de noviembre de 1705 Carlos III desembarcó en Barcelona al frente de laescuadra aliada después de un mes de asedio de la ciudad y, a continuación, sereunieron las que serían las últimas Cortes catalanas para declarar a la casa deFrancia perpetuamente “excluida e inhábil para la sucesión en Cataluña”. Empezaba

así el enfrentamiento con Felipe V y la guerra de Sucesión que se prolongó hasta1714.

El propósito de los insurrectos era hacer caer a Felipe V y su dinastía llevando laguerra a todo el territorio peninsular, pero ya el 25 de abril de 1707 Valencia yAragón caían a manos de las tropas felipistas en la batalla de Almansa y ennoviembre de 1710 el ejército aliado se veía obligado a salir de Madrid, dejando aCataluña dentro de una pinza entre España y Francia, cosa que no hacía presagiar nada bueno. El 25 de enero de 1711, cayó Girona, lo cual reducía todavía más elterritorio en manos de los insurrectos.

Pero el hecho que tenía que decantar definitivamente el resultado de la guerra seprodujo pocos meses después, el 17 de abril de 1711, fecha en la que moría elemperador José I y el archiduque heredaba la corona imperial de Austria. Estacircunstancia modificaba radicalmente la situación y las potencias que hastaentonces habían luchado para evitar la unión de España y Francia resultó quetampoco deseaban la reconstrucción del imperio de Carlos V (Carlos I de España),por lo que iniciaron negociaciones con Lluís XIV para firmar la paz.

Cuando el 13 de julio de 1713 Inglaterra firmó la paz con España por medio deltratado de Utrecht, la suerte de los catalanes quedó sentenciada a pesar de que en

el artículo XIII del documento, Felipe, “en atención a S. M. Británica”, concedía yconfirmaba la amnistía y el respecto a los bienes, honores y privilegios de loscatalanes.

El 6 de marzo de 1714, con la firma de la paz de Rastadt entre Francia y Austria, elimperio abandonaba definitivamente sus pretensiones sobre la corona española ytres meses después, el 26 de junio de 1714, Holanda firmaba la paz con España yse desvanecía la última esperanza. Cataluña quedaba enfrentada, a solas, con losejércitos español y francés sin ninguna posibilidad de recibir refuerzos de ningunade las potencias que habían alimentado su sublevación y la larga guerra que habíadurado 9 años.

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 Era evidente que a partir de aquel momento los catalanes estaban definitivamente

perdidos, pero la noticia, lejos de apaciguar sus ánimos y hacerlos considerar unasolución negociada del conflicto, produjo una reacción de exaltación popular quellevó a la temeridad colectiva de llamar a la resistencia a ultranza. Ya se habíanproducido otras situaciones en las que habría sido razonable buscar una salida alconflicto, al ocurrir la muerte de su principal instigador Jose I de Austria (abril de1711); al firmar Inglaterra la paz con España (julio de 1713) y al hacerlo tambiénHolanda (junio de 1714). En cada uno de este episodios en los que los catalanespodían ver el abandono de sus aliados habrían podido conjurar lo que se apuntabacómo inevitable, pero ni tan siquiera se lo plantearon.

El tema se ha estudiado poco, pero según los testigos de la época parece que el

fervor de los catalanes era una mezcla de sentimientos entre los que jugaba unpapel destacado una peculiar religiosidad patriótica. Los clérigos y frailes másexaltados, con el arzobispo de Tarragona y el obispo de Barcelona al frente, sedecantaron por la insumisión y se esforzaron por infundir al pueblo una fe exaltadaen la protección divina, hasta el punto que durante el asedio de la ciudad deBarcelona sostuvieron la confianza ciega en un milagro que, como es evidente, nose produjo. Los momentos finales de la defensa de la ciudad son un ejemplodramático del fervor patriótico y el fanatismo religioso de los barceloneses cuando el“Conseller en cap”, Rafael de Casanova, a indicación de Villarroel, tomó el pendónde Santa Eulalia y, rodeado de la nobleza y seguido por las compañías de laCoronela, se dirigió a la muralla de Junqueras para enfrentarse a las tropasasaltantes en un esfuerzo desesperado para frenar la acometida que finalizaríapocas horas más tarde con la capitulación de la ciudad. Tampoco en aquellaocasión la patrona de la ciudad hizo el milagro y se produjo el desastre.

Pero de la derrota nació la leyenda que, desde entonces, ha alimentado la idea deuna Cataluña ideal que ha servido de eje vertebrador a la voluntad catalana de ser.Y para lograr este fin supremo de la imaginación colectiva parece que no importenlos sacrificios, si hace falta hasta el holocausto, antes que resignarse a ser iguales alos demás.

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II. El nuevo Estatuto o el despertar del sueño.

Resulta obvio afirmar que desde la caída de Barcelona en 1714 hasta la actualidadla historia de Cataluña ha estado llena de acontecimientos de todo tipo. En generalse puede decir que, con algunos brotes esporádicos de fervor patriótico pocoexitosos, el pragmatismo se ha impuesto a lo largo de los 290 años transcurridos.Pero la leyenda no ha muerto.

La visión interesada de la guerra de sucesión como una confrontación entre elPrincipado y España para someter a Cataluña y privarla de sus instituciones, de sulengua y su cultura, todavía perdura. Y si es cierto que las consecuencias de laderrota tuvieron este efecto, no se puede perder de vista que la confrontaciónarmada se produjo para decidir el heredero a la corona española y no para defender 

los derechos históricos de Cataluña que Felipe había jurado respetar al ser aceptado como rey en 1701.

Sin negar la magnitud del desastre, justo es decir que las consecuencias derivadasdel alzamiento y de la derrota en buena medida se explican por la propia actitud delos catalanes y de sus líderes. Por una parte, visto que las Cortes Catalanasreunidas en 1701 habían aceptado a Felipe como rey y le habían jurado fidelidad,como, a la recíproca, él había jurado las Constituciones y otros derechos deCataluña, la insurrección sólo podía ser interpretada como la rotura unilateral delpacto. Por otra parte, los insurrectos catalanes que defendían la candidatura delarchiduque habían aceptado convertirse en instrumentos de los aliados británicos,austríacos y holandeses que pugnaban para evitar la hegemonía de la dinastíaborbónica en Europa, en una apuesta que ponía el destino de Cataluña en manosde intereses extranjeros. Para colmo, la obstinación en negarse a pactar una salidaal conflicto por defender a un candidato a la corona que ya había renunciado a ella,la resistencia a ultranza, incluso después de que los aliados firmaran la paz conEspaña, y la esperanza absurda en un milagro que no acaeció, llevaban implícito unfinal trágico del episodio.

Parecería lógico pensar que sobre la patética situación derivada de una apuestafallida no resultara nada fácil erigir una mitología. Pero no fue así. Se dirá, y con

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razón, que todos los pueblos tienen derecho a idealizar los hechos que hanconfigurado su historia, a sublimar aquellos acontecimientos cuyo recuerdo les

resultan más amargos y a soñar ver hechas realidad sus utopías. Pero no es menoscierto que las pretensiones políticas y las reivindicaciones colectivas no se puedensustentar en la mentira o en las verdades a medias, sino que deben ser planteadasdesde la asunción de la realidad, o al menos de aquella parte de la verdad queresulta contrastada de forma incontrovertible aunque el gesto suponga echar por tierra algún mito.

Y en el supuesto que nos ocupa, el hecho irrefutable que resulta de la historiaconocida, es que Cataluña, se quiera o no, está ligada a la corona española desdela sentencia de Caspe (1412). Desde aquella fecha lejana, la relación del Principadocon la corona española ha sido azarosa y, si analizáramos la historia de los 600

años transcurridos desde entonces con un poco de distancia y sin apriorismos,probablemente podríamos afirmar que Cataluña ha sido víctima de la pocainteligencia de sus líderes, de su nula capacidad política para articular un proyectode país, de su carencia de una visión estratégica de su relación con España y de suineptitud para la defensa de los intereses reales de los catalanes, más allá degestos aparatosos y de discursos grandilocuentes que no han traído más quesufrimiento y frustración.

En la transición del régimen franquista al sistema constitucional vigente pareció queCataluña entraba en la lógica del conjunto de pueblos que conforman España y queparticipaba de la idea de avanzar en común hacia un sistema de libertades yresponsabilidades compartidas. Pero, sólo 25 años después, parece que el sistemano satisface a los que todavía sueñan en hacer realidad el mito. Y, una vez más, esoportuno preguntarse ¿hasta cuando los catalanes tendrán que esperar paraencontrar su encaje en el mundo y podrán concentrar sus energías en prosperar como individuos y como pueblo? ¿Cuántas nuevas pruebas de exaltación patrióticatendrán que superar para no ser tildados de poco catalanes, de “botiflers”

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simplemente, de traidores? Y ¿cuántos enfrentamientos estériles tendrán quesuperar para que sus líderes les reconozcan el derecho a vivir su catalanidad sincomplejos y en paz?

Ahora mismo, el hecho que se haya producido un resultado electoral que hapropiciado la primera alternancia real desde la aprobación del Estatuto no pareceuna razón suficiente para hacernos retroceder en el tiempo y sumirnos nuevamenteen el eterno problema del “encaje” de Cataluña en la realidad española.

Desde la aprobación de la Constitución, refrendada mayoritariamente por loscatalanes, la cuestión parecía estar resuelta. Las nacionalidades y regiones queconforman España podían constituirse en comunidades autónomas y así lo hicierontodas. Las que ya habían plebiscitado un Estatuto antes de la guerra civil (los

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PartidariosdeFelipeV.

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denominados territorios históricos) podían hacerlo de acuerdo con un procedimiento,y el resto con otro. Al final de los dos procesos el mapa político presenta 17

comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y el marco constitucional ofreceotros tantos Estatutos con diferente techo competencial, pero abocados todos ellosa igualarse en lo que en su día se bautizó como “café para todos”, que no es sino laplasmación práctica del principio general no escrito según el cual “aquello que esbueno para los demás no puede ser malo para mí y por eso también lo quiero”, en laconsagración del cual Cataluña tiene un alto grado de responsabilidad, por no decir que toda.

En el momento de decidir si Cataluña aceptaba las reglas constitucionales y elrégimen limitado de autonomía que ofrecían, los líderes catalanes de entoncesdecidieron elaborar un estatuto y la mayoría de los catalanes lo apoyaron en

referéndum por una mayoría aplastante. Podían no haber seguido el juego y hacer como si Cataluña continuara siendo una nacionalidad histórica para poder mantener el discurso de la reivindicación de un estatus diferenciado. Pero no fue así. Hayincluso quien sostiene que, al tomar la decisión de constituirse en comunidadautónoma, los catalanes se auto determinaron al manifestar en referéndum suvoluntad mayoritaria en este sentido. Es una teoría políticamente discutible, comotodas, pero dialécticamente impecable.

Sea como fuere, las campanas tocan nuevamente a somatén y es precisoarremangarse. ¿Para qué? Quién sabe. Teniendo en cuenta que ni Cataluña niEspaña están en un proceso constituyente, parece que para poca cosa. No obstantey a pesar de que la actual mayoría no ha recibido un mandato electoral expresopara ponerse en el lodazal constitucional, nada le impide aprovechar la oportunidadde verse sentada en la poltrona para incluir en la acción de gobierno aquellaspropuestas que supongan modificar el marco jurídico-político en el que han sidoelegidos. Y no seré yo quien ponga en duda la legitimidad para hacerlo. Pero, apesar de que la política es el arte de lo posible, todo hace pensar que este no es elmejor momento para delirar ni para embarcarse en un nuevo intento de hacer realidad la utopía.

Manuel Ibarz

Girona, septiembre de 2004

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Adenda

“ No me siento llamado a celebrar una cosa(la Constitución)

que va contra los intereses de Catalunya”

 Artur Mas

President de la Generalitat de Catalunya5 de diciembre de 2011

El resultado del proceso de reforma del Estatut ha venido a confirmar, una vez más,que Catalunya, a lo largo de la historia, no ha acertado ni una.

Tras la primera alternancia en el Gobierno de la Generalitat acaecida tras laselecciones celebradas en el año 2003, el tripartito, en tanto que primer gobierno deizquierdas que se alzaba con el poder desde 1939, se sintió llamado a realizar lagesta épica de hacer realidad el sueño.

Su afinidad ideológica con el Gobierno central presidido por José Luis RodríguezZapatero (PSOE), al que los miembros del gobierno catalán no tenían empachoalguno en calificar de “gobierno amigo”, unida a la relativa debilidad de éste alcarecer de una mayoría parlamentaria sólida en las Cortes Generales, fueroninterpretadas por los líderes catalanes en clave de oportunidad histórica que en suplanteamiento estratégico no debían desaprovechar y, a pesar de que ninguno delos partidos que componían el tripartito llevaba en el programa electoral la reformadel Estatut , se convencieron pronto de la oportunidad de impulsar la idea y selanzaron a ponerla en marcha con una diligencia inusitada, al punto que la reformaestatutaria se convirtió en el centro de la acción política del gobierno presidido por Pascual Maragall i Mira y, prácticamente, en el tema que monopolizó la vida políticacatalana en el período 2003-2006.

Con la perspectiva que da el transcurso del tiempo se ha podido ver, además, quelas prisas por culminar el proceso y someter el proyecto a referéndum contaba a su

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favor con la circunstancia de que el recurso de inconstitucionalidad previo, que tanto juego había dado como instrumento de oposición política al Partido Popular durante

los mandatos de Felipe González Márquez (PSOE), había sido suprimido en lareforma de la ley orgánica reguladora del Tribunal Constitucional de 1985, lo quepermitiría celebrar la consulta sin la cortapisa que podría significar la suspensiónderivada de un recurso de tal naturaleza. Y sabiendo que el Partido Popular, sialgún día llegaba al poder, haría lo posible por rescatarlo no era cuestión de andar perdiendo el tiempo puesto que, probablemente, nunca más se daría una situaciónmás propicia.

En este sentido el calendario es sumamente revelador: el Estatut fue aprobado por el Parlament de Catalunya el 30 de setiembre de 2005; fue tomado en consideraciónpor el Congreso de los Diputados el 2 de noviembre siguiente; fue dictaminado por 

la Comisión Mixta Constitucional el 30 de marzo de 2006 y el mismo día fuedebatido y aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados; el Senado loaprobó el 10 de mayo de 2006, y el 18 de junio de 2006 fue sometido a referéndum.¡Todo un record en la historia constitucional española!

Cuando, tras su publicación en el Boletín Oficial, fue impugnado ante el TribunalConstitucional por el Partido Popular, por el Defensor del Pueblo y por variasComunidades Autónomas se desató una campaña de descrédito de la instituciónllamada a revisar su adecuación a la Constitución que no tiene parangón en ningúnpaís democrático del entorno europeo, pretendiendo sus instigadores que el textoaprobado por el poder legislativo (depositario de la voluntad popular) y refrendadopor la ciudadanía (titular de dicha voluntad) no podía ser enmendado por un órganoque, según ellos, carecía de legitimidad para hacerlo.

Sea como fuere, el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las funciones que leotorga la Carta Magna, se pronunció mediante Sentencia de fecha 28 de junio de2010 aceptando la constitucionalidad de buena parte del texto pero declarandoinconstitucionales 14 de sus artículos e interpretando otros 8 y 3 disposicionesadicionales, lo que desactivaba algunas de las cuestiones claves que los impulsoresdel engendro creían haber “arañado” al estado central y sobre las que el Gobiernohabía puesto mayor énfasis, propinando de pasada un auténtico mazazo a las

aspiraciones de conseguir la reforma de la Constitución (de tapadillo y por la puertade atrás) que, en el fondo, era lo que se había intentado.

Y, una vez más, el sueño catalán se vino abajo.

Todo el esfuerzo realizado, todas las artimañas empleadas y todas las expectativaslevantadas se habían ido al garete para alcanzar un marco estatutario que, enalgunos aspectos, es peor del que preveía el primer Estatut de 1979.

Pero lo grave de la situación es que todas las formaciones políticas del arcoparlamentario de la época, excepto el Partido Popular, habían participado en el

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empeño, aprobando el proyecto, maquinando para urgir su aprobación y medrandoen la campaña de deslegitimación del Tribunal Constitucional que finalmente lo

recortó.

A causa de ello el conflicto se ha planteado nuevamente en los términos delrecurrente “encaje” de Catalunya en el conjunto de España según la formulaciónclásica según la cual, si los órganos del Estado no respetan la voluntad popular expresada por los catalanes es que Catalunya no cabe en el Estado que no quiereaceptarla tal como ella desea.

Y vuelta a empezar.

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 Y ahora el pacto fiscal 

Con la agudización de la crisis económica que tuvo su punto de inflexión en laquiebra del banco Lehmann Brothers, acaecida en setiembre de 2008, se puso enevidencia el grave problema financiero que arrastraban las administracionespúblicas españolas a consecuencia de su alto nivel de endeudamiento.

La cuestión se venía fraguando desde antiguo y no era ningún secreto que, por lomenos en lo que a la Generalitat de Catalunya respecta, hacía algunos años que elcolapso se estaba gestando.

Algunas de las operaciones de externalización de servicios así lo hacían prever,

puesto que a nadie se le oculta que la creación de algunas entidades, organismosautónomos o sociedades anónimas de capital público no tenían otro objeto queenmascarar el endeudamiento galopante por medio de artificios contables y deingeniería financiera que permitiera contabilizar lo que era pura deuda pública como“peajes a la sombra”, operaciones de financiación de obras por el “método alemán”y otras filigranas cuya única finalidad era seguir contratando a crédito sin que lospréstamos concertados por los entes que realizaban las inversiones computarancomo deuda pública.

Fue su especial contribución a la ocultación de la deuda real que, con el tiempo,daría lugar a la crisis de la deuda soberana, que se inició en el momento en que losmercados financieros tuvieron la certeza de que el endeudamiento real de lasadministraciones era mucho mayor que la declarada en las cuentas públicas. Acausa de ello los inversores internacionales endurecieron las condiciones deadquisición de las nuevas emisiones, exigieron altos tipos de interés o dejaron deadquirirlas por la vía de dejar las subastas desiertas.

Desde un punto de vista formal e incluso legal (puesto que tanto la Ley 4/1985 delestatuto de la empresa pública catalana, como el Decreto Legislativo 2/2002 que lamodificó), cabe afirmar que las operaciones realizadas por los organismosautónomos y las sociedades con participación mayoritaria (o única) de capital

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público tuvieron la correspondiente cobertura, teniendo en cuenta que las normasreguladoras fueron aprobadas, precisamente, con esta finalidad.

Sea como fuere, lo que tenía que pasar sucedió de forma inexorable. La crisiseconómica afectó a los ciudadanos y a las empresas, pero también a lasadministraciones públicas que, justo cuando su endeudamiento había alcanzadodimensiones críticas, vieron disminuidos drásticamente sus ingresos poniendo enevidencia la gravedad de la situación.

Como consecuencia de ello se hicieron sentir las voces que ponían en duda laviabilidad de la estructura del estado autonómico tal como se había idodesarrollando en los 30 años de vigencia de la Constitución, poniendo de manifiestoel coste económico del solapamiento de competencias y de la duplicidad de

funciones entre los distintos niveles administrativos, llegándose a afirmar que elestado autonómico es insostenible.

Frente a esta idea, que rápidamente fue interpretada desde Catalunya en clave denuevo intento de centralización por parte del estado, se intentó dar respuestamediante la formulación de un nuevo envite del catalanismo planteando lanecesidad de un pacto fiscal, entendiendo por tal un sistema parecido al conciertovasco en el que la comunidad autónoma recaudaría todos los impuestosdevengados en su territorio y contribuiría a las arcas del estado de acuerdo con losservicios prestados por la administración central según un pacto periódico similar alcupo.

Con esta propuesta como eje de la campaña electoral la coalición que conforma elactual gobierno (Convergència i Unió) ganó las elecciones autonómicas de 2010 ycon ella afronta el reto de acomodar la estructura de la Generalitat de Catalunya a lacruda realidad derivada de la crisis. Su particular reto consiste en conjugar unasituación económica agónica con el señuelo de un futuro no muy lejano en el queCatalunya administrará sus propios recursos y podrá hacer frente a todos sussueños, convirtiendo el pacto fiscal en un nuevo “santo grial” en cuya consecuciónestá la clave de la suficiencia financiera y la culminación del derecho a decidir de losciudadanos catalanes sobre las cuestiones económicas de las que pende, poco

menos, que su felicidad colectiva, presente y futura.

No obstante, haciendo gala una vez más de la escasa capacidad catalana paradefinir sus estrategias, en la misma formulación de la propuesta sus autores facilitana sus supuestos adversarios los argumentos para negársela.

Parten de lo que denominan el déficit fiscal que, de ser cierto el concepto y su formade cálculo, ha supuesto un auténtico expolio por parte del Estado puesto quedurante largos años ha invertido menos en Catalunya de lo que ha recaudado.Puestos a mostrar las cartas, los promotores de la idea barajan cifras que rondanlos 17.500 millones de euros anuales lo que, teniendo en cuenta que el presupuesto

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de la Generalitat de Catalunya es del orden de 35.000 millones anuales, esespectacular.

Lo grave de la cuestión es que, si todo ello es cierto, en los actuales momentos decrisis económica y financiera, el Estado no está en condiciones, ni aún queriendo,de renunciar a la bicoca catalana por lo que ni siquiera puede plantearse laposibilidad de renunciar a la cifra pretendida desde Catalunya. Y ello es tanto máscierto cuanto que, si la desviación presupuestaria de las cuentas públicas del año2011 se estima en 20.000 millones, ¿de dónde tendría que salir el dinero paracompensar el déficit fiscal catalán? Aunque fuera en inversiones a largo plazo lacantidad acumulada es tan astronómica que resulta absolutamente inasumible entérminos económicos, pero también lo es en términos políticos puesto que, ¿quégobierno puede plantear a las 16 comunidades autónomas restantes que va a

destinar a Catalunya tal cantidad de recursos sin provocar un cataclismo?

He aquí, pues, que el nuevo capítulo del culebrón está servido. Y el argumento anteel rechazo, de tan simple, hasta parece infantil. Se formula así: puesto que Españano nos devuelve lo que nos ha estado expoliando durante años, la única soluciónque tenemos para salvar nuestro futuro es la independencia (en la que nosotrossolitos nos lo vamos a guisar y nos lo vamos a comer).

Elemental ¿no?.

Girona, enero de 2012