El Patrimonio Cultural Como Factor de Desarrollo en Chile

El patrimonio cultural como factor de

desarrollo en Chile.

Bases teóricas y metodológicas de una gestión con enfoque ecosistémico

El patrimonio cultural como factor de desarrollo en Chile. Bases teóricas y metodológicas de una gestión con enfoque ecosistémico

© Pablo Andueza Guzmán. Editor.© Universidad de Valparaíso- Editorial, 2008

Nº de Incripción: I.S.B.N.:

Diseño Gráfico: Gonzalo Catalán ValenciaSupervisión de textos: Rubén Dalmazzo Peillard

Impreso en Chile/Printed in Chile

El patrimonio cultural como factor de

desarrollo en Chile.

Bases teóricas y metodológicas de una gestión con enfoque ecosistémico

Pablo Andueza Guzmán Editor

El presente libro reúne un conjunto de contribuciones académicas reali-zadas por los investigadores en el marco del Proyecto adjudicado por la Universidad de Valparaíso y Austral de Chile en el XI Concurso FONDEF año 2003, Código Do3i-1163.

El Patrimonio Cultural como factor de desarrollo en Chile

Planes de negocio, gestión de calidad, aplicaciones de tecnologías de informa-ción, participación ciudadana y centro de gestión para la comunas de Valparaí-so, Valdivia y Corral y Provincia de Isla de Pascua. XI Concurso Fondef año 2003 Código D03i-1163

Instituciones Ejecutoras

Universidad de ValparaísoUniversidad Austral de Chile

Contrapartes nacionales

I. Municipalidad de Isla de PascuaI. Municipalidad de ValdiviaClub Alemán de ValparaísoCooperativa de Trabajo para el Desarrollo Territorio Sur Centro de Innovacion y Desarrollo, CINDECentro de Conservación, Restauración y Estudios Artísticos, Crea S.A.

Investigadores

Javier Adán, sociólogo, co-director

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El patrimonio cultural como factor de desarrollo en Chile

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Leonor Adán, arqueólogaPablo Andueza, abogado, co-director Héctor Berroeta, psicólogoSebastián Boye, antropólogo Carolina Cornejo, ingeniera comercialMaría Devesa, economistaMarcelo Godoy, antropólogoHugo Groziglia, arquitectoMirta Harpelt, arquitectaManuel Hernández, arquitectoLuis César Herrero, economistaTeodoro Kausel, economistaAlessandra Olivi, antropólogaJuan Orellana, sociólogoFrancisca Poblete, antropólogaMarcos Rauch, arqueólogoJuan Carlos Skewes, antropólogoMaximiliano Soto, licenciado en historiaIrene Tapia, asistente social, directora alterna Camilo Vargas, economista

Instituciones colaboradoras

Corporación Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso. Departamento de Economía Aplicada, Universidad De Valladolid (España).Fundación Santa María La Real (España).Red Civitas (Chile).

Artículos

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La gestión del patrimonio cultural en Chile: problema, hipótesis centrales y metodología de la investigación

Javier Adán Alfaro

1. El problema abordado por la investigación e hipótesis de desarrollo

El problema central desde el que se construye este proyecto es que, en nuestro país, los bienes patrimoniales son un recurso en un estado subóptimo de de-sarrollo (Universidad de Valparaíso, 2003). El estado de conservación que éstos exhiben y los beneficios económico-sociales que transmiten a la población es-tán muy por debajo de las potencialidades y oportunidades que pueden llegar a ofrecer; en algunos casos, incluso, se encuentran sometidos a condiciones de franco deterioro.

Desde nuestro punto de vista, estos bienes, en la actualidad, son incapa-ces de rendir flujos económicos y generar actividades que redunden en em-pleo para más personas (Universidad de Valparaíso, 2003); escasean las empre-sas cuya oferta de prestaciones y servicios gire en función justamente en estos recursos; y la demanda por estos bienes culturales no está aún mayormente dimensionada. Como era de esperarse, en estas condiciones la economía rela-cionada con el uso y goce de los bienes culturales no posee gran incidencia en el producto interno de cada localidad y provee, por lo mismo, escasos retornos tributarios al Estado1. Por otro lado, los beneficios sociales derivados del uso y

1. El Banco Central, a través de su Departamento de Cuentas Nacionales, estimó que en el año 2000 las Actividades Económicas Características de la Cultura (AECC) contribuyeron con el 1,8% del PIB, incluyendo actividades vinculadas al patrimonio cultural, a las artes (visuales, escénicas, coreográficas y musicales) y a las Industrias culturales (fundamentalmente, activi-dades editoriales, fonográficas y audiovisuales).

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goce de los bienes se hallan contraídos y no ofrecen posibilidades amplias y es-pacios para el desarrollo de las identidades locales y procesos de activación por parte de los ciudadanos. En síntesis, el bienestar social que ofrecen es modesto y las modalidades de manejo o explotación, paradójicamente, no están sumi-nistrando a los habitantes, en la actualidad, mecanismos efectivos de participa-ción, a pesar de que son ellos quienes debieran poseer un derecho preferente de uso y goce (Universidad de Valparaíso, 2003).

Dicho en la terminología de la institucionalidad pública, no hay en Chile una política única, coherente y eficiente hacia el tema; y las iniciativas innova-doras se hallan en estados incipientes de desarrollo y cobertura. A diferencia de otros bienes de naturaleza pública, respecto de los patrimoniales, el Estado no ha generado normas integrales, modeladoras de su uso y resguardo efec-tivo. Esta omisión tiene explicaciones. Posiblemente, ni en la política ni en la economía se han dado señales extremas de competencia o conflictos graves e inmanejables por el acceso a bienes de esta naturaleza, como ha acontecido, en cambio, con los bordes costeros portuarios o en la educación. Tampoco se han diagnosticado necesidades de inversión pública derivadas del crecimiento de la economía, como el caso de carreteras interurbanas y urbanas. En fin, no se han generado grandes expectativas por beneficios económicos y sociales asociados a la gestión de estos bienes2.

Este planteamiento, lejos de constituir una crítica per se, justifica el esfuer-zo de investigación que revela esta publicación y que es fruto del reconoci-miento que ha hecho el propio Gobierno al dar su financiamiento; asimismo, el Estado está consciente de las limitaciones de sus políticas como se corrobora en los avances de la Comisión de Institucionalidad Patrimonial.

Ahora bien, el proyecto postula que esta falta de política, y el consecuen-te desaprovechamiento y deterioro de los bienes patrimoniales, se debe a la carencia de formas de manejo, debidamente planificadas, que integren las di-mensiones de conservación, participación y rentabilización (Universidad de Val-

2 En la literatura, en cambio, se alude al sector cultura como un factor que contribuye al desa-rrollo local y regional, tal como lo demuestra la recurrencia con que las estrategias de desa-rrollo de ciudades y regiones en nuestro país apuestan en este sector. El concepto principal que se desprende de la planificación pública es que al integrar actividades culturales a un territorio se contribuye a revitalizar áreas, ya sea porque se está renovando infraestructura, se están ingresando divisas provenientes del turismo o se está generando empleo a través de servicios limpios (Lim, 1993). Asímismo, como un aspecto más sutil y menos difundido en Chile, es que este dinamismo potencia, en cierta medida, el atractivo de una ciudad con respecto a otra y atrae nuevas poblaciones (Eyzaguirre, 1997).

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paraíso, 2003), categorías que nos permitirán pensar sobre el manejo adecuado de estos bienes culturales, independientemente de las soluciones específicas que puedan darse de manera puntual a cada bien.

Profundicemos, entonces, en estos tres componentes del patrimonio cul-tural, los que se encuentran en la estructura vertebral de nuestra investigación, como esperamos sea confirmado por el lector a lo largo de todo este libro.

a. Conservación

La conservación de los bienes patrimoniales constituye, en nuestro país, un campo disciplinario y un oficio en práctica creciente. Aunque no dis-pongamos de una línea de base, planteamos que su incidencia respecto de las necesidades es aún baja. Además, los proyectos e inversiones en este campo exigen una especialización en la mano de obra y materiales que no están fácilmente disponibles en el mercado. La institucionalidad pública, por su parte, tiene —hasta ahora— una marcada preponderan-cia de acciones orientadas a la afectación jurídica de algunos bienes, lo que muestra el amplio predominio de la idea de preservar y proteger los bienes patrimoniales desde el punto de vista legal por sobre la idea de gestionarlos de manera eficiente. Un buen ejemplo en este último as-pecto es la voluntad política por la rotulación de la categoría de “sitios del patrimonio mundial” para las Iglesias de Chiloé, el denominado Casco Histórico de Valparaíso, el Campamento Minero de Sewell y las Oficinas Salitreras. En la experiencia de todos estos casos, encontramos una mis-ma pauta de comportamiento público: la realización de actos de reco-nocimiento institucional y normativo de alcance internacional, que no se acompañan de una planificación integral y racional del manejo de estos sitios.

A fin de atender los vacíos existentes en nuestra institucionalidad patrimonial, esta investigación se ha planteado —como objetivo central— contribuir a pensar la intervención en ciertos bienes patrimoniales de nues-tro país, utilizando marcos teóricos integradores de las diversas dimensiones que éstos poseen, así como las metodologías para alentar la conservación en el marco de restricciones que esta actividad presenta en Chile.

Es necesario aclarar, desde un comienzo, que el lector no encon-trará en esta investigación enfoques o metodologías de arquitectura o ingeniería en el área de la conservación, temas que podrá encontrar en la literatura especializada del sector. Respecto a la conservación de los bienes patrimoniales, nuestro propósito consiste, en cambio, en generar

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las condiciones políticas, sociales y económicas para que, al momento de proyectar obras, los ingenieros y arquitectos cuenten con un mandato razonable en términos sociopolíticos, y racional en términos financieros y jurídicos3.

b. Participación

Un bien patrimonial, gestionado de manera adecuada, aportará significa-tivamente a la buena calidad de vida de los habitantes de la localidad en que éste se encuentra porque, en tanto espacio social público, comporta simbolismo, estructura e identidad, elementos que promueven la creación de sentido de comunidad y favorecen la interacción social. A pesar de la evidente conectividad entre patrimonio y habitantes, que toda autoridad o gestor cultural pone en el centro de las declaraciones de intenciones, no tenemos en nuestro país el desarrollo de enfoques teóricos ni menos me-todologías para integrar este aspecto a la gestión de proyectos patrimonia-les. Sin mediar procesos intensivos de apropiación social, los habitantes se transforman, paradójicamente, en víctimas de las promesas de desarrollo, con expresiones de identidad enajenada o fracturada, que pueden anular los efectos positivos que se espera que rindan los bienes patrimoniales4. En definitiva, los proyectos se vuelven de esta manera poco sustentables socialmente y, a la larga, poco eficientes.

Nuestro equipo de investigadores sostendrá que existen distintas razones, de orden técnico y político, para que el manejo de los bienes patrimoniales contemple la participación activa de los distintos grupos de interés vinculados al bien y, más ampliamente, en los habitantes, tanto en relación con la gobernabilidad efectiva y la toma de decisiones, como en el usufructo del mismo. La sustentabilidad de los bienes patrimoniales

3 La distinción entre razonable y racional se asienta en la idea que la gestión del patrimonio es al mismo tiempo política, es decir perteneciente a este campo de disputas entre multiplici-dad de actores que portan valores, intereses y proyectos diferenciados, y técnica en el senti-do que requiere que se opte con medios racionales a fin de alcanzar objetivos propuestos.

4 Mucho de esto se observa, por ejemplo, en la vertiginosa transformación comercial del barrio Bellavista en Santiago, o de la Subida Ecuador y el Cerro Concepción en Valparaíso, espacios sociales dejados por los entes reguladores a la entera suerte del mercado, con un alto costo en la calidad de vida de los vecinos. Podemos también consignar, en este mismo sentido, el caso de la etnia rapanui respecto a la escasa incidencia que ésta ejerce en la gestión de las áreas protegidas.

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en el tiempo, independientemente de los valores que éstos puedan pro-mover, está condicionada, en alta medida, por la apropiación, gestión y control de los habitantes5. Esta necesidad de sustentabilidad social es do-blemente importante en bienes cuyo valor está asociado al tejido social y cultural que se construyó en torno a él, que es el atributo que la UNESCO valoró, por ejemplo, en Valparaíso. En cuanto a los requerimientos de ges-tión, la precariedad del estado de los bienes patrimoniales del país y las limitaciones geográficas que restringen objetivamente las posibilidades de insertar nuestros recursos en algunos mercados como el turístico-cul-tural, refuerzan la necesidad de plantear la participación social como un eje central de la gestión de bienes de este tipo.

c. Rentabilización

Finalmente, en este trabajo queremos abrir las posibilidades que los bie-nes patrimoniales alcancen la categoría de factor de desarrollo del país. Hasta ahora, los agentes no han prestado mayor atención a la importan-cia que puede llegar a representar el patrimonio cultural en términos de bienestar. Nuestra actual normativa patrimonial, heredada de los años sesenta cuando dominaba al ethos conservacionista, ignoró esta dimen-sión casi por completo. En otro momento de este libro, Luis César Herrero abordará más ampliamente en la historia de la ciencia económica y cómo los bienes culturales han tenido, hasta hace poco, una preocupación mar-ginal entre los economistas.

Los cambios producidos en Chile avanzados los años noventa han buscado corregir esta omisión, promoviendo el desarrollo de una inci-piente economía del patrimonio cultural. El rol del Estado ha sido impor-tante, sobre todo alentando el posicionamiento en el mercado globaliza-do del turismo cultural ciertos bienes culturales de valor extraordinario, como Isla de Pascua o Valparaíso. En el plano doméstico, ha establecido los primeros subsidios a la gestión del patrimonio cultural, en concreto a la instalación de establecimientos mercantiles (Líneas CORFO) o a la ad-quisición de inmuebles de este carácter cultural (líneas SERVIU) (Universi-dad Católica de Valparaíso, 2002). Sin embargo, debemos estar atentos a

5 Un caso extremo podrá verse en el anexo de este libro en El Almendral (San Felipe, Chile), donde adolescentes internos en un Hogar de Menores incendiaron, en los años noventa, el conven-to franciscano dejándolo por años inutilizable hasta que se hizo cargo de éste la Corporación CIAM.

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que los bienes patrimoniales, por definición, tienen una vocación cultu-ral que imprime restricciones a la mera lógica del mercado; estamos en presencia de bienes públicos o semi-públicos, como se explicará en este libro más adelante.

El retorno económico derivado de la activación de un bien patri-monial forma parte de los cálculos privados y de políticas o regulaciones en la materia. No hay duda. Sin embargo, respecto de la condición de factor de desarrollo de los bienes históricos, adherimos a la idea nuclear que entiende que “el uso económico del patrimonio es una condición de su protección y de su presencia, pero dentro de los límites que impone la naturaleza misma del patrimonio” (Zouain, 2000). La rentabilización del patrimonio, por lo mismo, la entendemos en el doble plano económico y sociocultural. No concebimos sustentable una política que se encuentre centrada en la dimensión privada, y menos cuando vea en el sector del turismo cultural la única oferta viable en relación con estos recursos. A la inversa, deben reconocerse otras líneas de rentabilidad para las que los bienes patrimoniales sean un factor de desarrollo, como las vinculadas a la oferta de creación o divulgación cultural, centros sociales, o al uso de la digitalización, tecnologías de la información y comunicaciones, derechos de uso e imagen, entre otras.

Si los bienes culturales constituyen herencia cultural o cultura acu-mulada, la pregunta respecto de cómo manejamos esa herencia y cómo dicha acumulación de la creación cultural humana se nos puede hacer ac-cesible, es de enorme importancia, máxime porque somos de la opinión que, en nuestro país, no existe una visión compartida respecto a su pa-trimonio cultural y qué podemos esperar de él. Tampoco contamos con un modelo o marco de razonamiento que nos ayude a pensar de manera integral la gestión a fin de racionalizar las prácticas económico- sociales y tomar las decisiones correctas, lo que no es menor si consideramos que los bienes de esta naturaleza se encuentran inmersos en contextos institucio-nales marcados por la superposición de competencias con imprecisión de responsabilidades, administraciones y manejo aleatorios y, muchas veces incluso, con trabas que inhiben un aprovechamiento sostenible.

El proyecto plantea que el patrimonio cultural podrá mejorar su es-tado de precariedad y deterioro (conservación), condición elemental de cualquier modelo de manejo del patrimonio cultural, en la medida que concibamos un uso social y económico que lo inserte adecuadamente en la trama del sistema mayor donde se sitúa, es decir el territorio y sus interac-ciones, cuyo resultado debiera asociarse al nivel de apropiación social por

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habitantes y visitantes (participación). Concebimos a los bienes patrimo-niales, simultáneamente, como espacios de recreación, de generación de sociabilidad, de fomento a la identidad y de disfrute de la belleza, además de fuentes de oportunidades para transacciones, empleo y rentas (renta-bilización). En el plano organizacional, sostendremos la necesidad de que la apropiación social y la gobernabilidad de la gestión, con participación social, conduzca a formas de uso y a las líneas de rentabilidad económica.

2. El marco normativo del proyecto y la orientación investigativa

Por razones de honestidad intelectual, queremos ser explícitos en decir que nuestro enfoque se circunscribe dentro de un determinado marco normativo o valórico. En efecto, nuestro esfuerzo investigativo de pensar la intervención en el complejo patrimonial se organiza sobre la base de una identificación e integración de componentes en forma similar a lo que nos propone el enfoque ecosistémico en ecología, pero extrapolándolo adecuadamente al ámbito de nuestro interés, el medio cultural. Para lograr una mayor claridad conceptual, distinguiremos el enfoque ecosistémico de otros dos enfoques normativos, que llamaremos “conservacionista” y “reactivador”, con los que, por su vigencia y potencia, nuestro enfoque escogido tendrá que ser contrastado. No podemos dudar que en los tres enfoques se busca resguardar la integridad del bien en el tiempo (conservación), sin embargo, las estrategias con las que se pretende lograr ese objetivo, así como los beneficios y costos asociados en el proceso, son distintos.

a. Enfoque “conservacionista”: se propone cautelar y resguardar en el patrimonio una suerte de esencia o mérito objetivo proveniente de al-guna tradición socialmente relevante, por el expediente de establecer un conjunto de prohibiciones para la transformación física del bien y su entorno, así como sobre los usos y significaciones que dinámicamente puedan asignarle las sociedades involucradas. Este enfoque suele estar a la base de la museografía tradicional, aquella que se propone como tarea principal la conservación y exhibición de objetos del pasado que puedan ser representativos de un cierto discurso historiográfico y que deben ser protegidos de su destrucción o profanación de sentido aún al precio de sustraerlos de otras funcionalidades. Quien principalmente se beneficia con esta manera de hacer patrimonio cultural son, evidentemente, los

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grandes creadores de discursos sobre la historia, sea el Estado, los grupos privilegiados o los grupos emergentes.

A condición que sea capaz de dotar al Estado de un eficiente aparato de protección y una buena cantidad de recursos públicos, esta perspectiva conservacionista garantizará la preservación de los bienes, al menos a corto plazo; sin embargo, lleva aparejados ciertos costos impor-tantes como son: no lograr capitalizar el potencial activador de las iden-tidades locales y, por fijarse en un discurso centrado excesivamente en el pasado, segregar a grupos de identidad o económicos que pudieren hipotéticamente dotarlos de nuevos sentidos y usos.

b. Enfoque “reactivador”: se propone cautelar y resguardar los bienes cul-turales mediante la inversión de quienes tengan los recursos económicos para hacerlo, mediante una gestión inteligente que brinde oportunida-des para la prosecución de finalidades económicas. Los beneficios socia-les se obtendrán por la vía de efectos multiplicadores y externalidades pues, se piensa, la inversión constituirá la palanca de la activación del bien y, por añadidura, de la reactivación del entorno6. La receta para atraer la inversión es conocida. El patrimonio cultural se ofrece como dotación de infraestructura que pueda ser objeto de apropiación privada —para comercio, residencia u otro— en inmejorables condiciones gracias la at-mósfera cultural que éste puede ofrecer. La lógica de la oferta y la deman-da puede verdaderamente funcionar. En este orden de cosas, los grandes beneficiarios serán, esta vez, los inversionistas públicos o privados, aqué-llos que por su capacidad económica están en condiciones de participar en las condiciones que impone la lógica de mercado.

Organizando la gestión según este enfoque, es probable que, efectivamente, se invierta en los bienes recursos privados, lo que impli-cará una importante garantía de su conservación de edificios; por cierto,

6 En este mismo sentido, según Devesa (2006), existen a lo menos tres elementos claves desde la perspectiva del desarrollo económico: la cultura es vista —por las autoridades locales— como una respuesta a la necesidad de creación de empleo, especialmente del empleo indi-recto a través del turismo cultural; la cultura contribuye a la atracción de actividad económi-ca, tanto a través de la proyección de una imagen de ciudad dinámica, positiva y atractiva, como por la existencia real de una base económica y empresarial importante. Y la cultura puede atraer ciertos grupos de población a una localidad, nuevas clases de trabajadores, generado por el crecimiento del sector servicios el cual, en parte, es una respuesta a la rees-tructuración de las economías urbanas.

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siempre que las tareas de protección sean cumplidas por la autoridad correspondiente. Este no es un mal escenario si lo comparamos con la precariedad de los bienes abandonados. Sin embargo, no hay que olvidar que los bienes de este tipo no son mera dotación de infraestructura sino tradición de usos, historia y lugar de memoria. La unilateralidad de acoger sólo la demanda privada, que bajo un enfoque privado posee legítimo derecho a exigir a la par con su disposición a pagar, puede comprometer las expectativas de toda una colectividad humana que se identifica con ellos, nos referimos a los habitantes del lugar, quienes, en algún sentido, son los últimos destinatarios del bien.

Cada marco normativo suele acuñar sus propias promesas públi-cas. El enfoque conservacionista promete más bienestar a la población gracias a la seguridad que ofrece la pertenencia a la entidad mayor y más profunda que se representa en los bienes culturales, como es la esencia de una identidad colectiva, sea nacional u otra. Pero esta iden-tidad mayor, ¿es tan absoluta en la sociedad contemporánea? Si se lee atentamente el trabajo sobre simbolismo y acción colectiva de Héctor Berroeta, inserto en este volumen, podrá rápidamente comprenderse, sin embargo, que este ideal identitario no es capaz, en la actualidad, de dar respuesta, por sí solo, a la pluralidad de racionalidades e intereses que irrumpen en las ciudades contemporáneas. Simplemente la ciudad y el patrimonio dejaron de representar esos valores e identidades colec-tivas monolíticas. Por su parte, el enfoque reactivador ofrece promesas de bienestar económico gracias a la libre apropiación de estos recur-sos por quienes puedan activarlos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, todo parece indicar que el bienestar económico de la población “gené-rica” puede terminar sacrificando a la población “concreta”, es decir de quienes habitan un lugar patrimonial, a causa de externalidades negati-vas de la reactivación económica regida por imperativos de mercado.

c. Enfoque “ecosistémico”: se propone cautelar y resguardar los bienes cul-turales insertándolos crítica y dinámicamente en la trama histórico tempo-ral y en el entorno espacial que los contextualiza (condición que hemos denominado ecosistémica). La imagen objetivo que se proyecta sobre los bienes patrimoniales, desde este enfoque, visualiza todos los elementos que éste pueda comprender, en armonía con los otros elementos.

Abriendo la decisión sobre el bien patrimonial a redes de colabo-ración para una responsabilidad compartida entre los diversos agentes sociales y económicos involucrados, se diferenciará de otras modalidades

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de manejo y decisiones regidas por la supremacía y control por parte de segmentos de la sociedad, sea de preferencia del sector privado (enfoque reactivador), sea del sector estatal (enfoque conservacionista). En este or-den de cosas, los grandes beneficiarios serán los distintos grupos de inte-rés que habiten, usufructen o visiten los bienes patrimoniales.

Precisemos ahora algunas argumentaciones adicionales.

Nuestra opción por el enfoque ecosistémico no nos lleva a desconocer que los otros enfoques puedan tener sentido o den lugar a estrategias realizables. De he-cho han sido implementadas en nuestro país. Por ejemplo, la ley de Monumentos Nacionales se inspira en una concepción conservacionista del patrimonio, pues se interesa más en la protección del patrimonio cultural que en la gestión y finan-ciamiento. En la inmensa mayoría de los casos de bienes patrimoniales fiscales, desde los fuertes hispanos de la bahía de Corral hasta los edificios públicos de Valparaíso, la estrategia pública ha consistido en afectarlos con un estatuto de protección. Por su parte, la estrategia de revitalización del casco histórico de Val-paraíso se ha sostenido explícitamente desde la perspectiva reactivadora.

Con todo, aunque promuevan la conservación de bienes por la inversión en restauración, ambos enfoques tienen el inconveniente de descuidar alguno de los otros aspectos que consideramos relevantes en la gestión del patrimonio cultural. El enfoque conservacionista, por una parte, no atiende al uso dinámico del patrimonio (que sí puede estimularse a través de la participación de la socie-dad en su conjunto) y, con ello, se corre el riesgo de reificarlo (Ballart y Juan, 2001). Aquí tenemos conservación sin participación social ni rentabilización económica privada. Por su parte, en el enfoque reactivador se atiende a la rentabilización económico-social y, en algunos casos, a la conservación, pero se sacrifica la parti-cipación y, en muchos casos, a causa de las externalidades negativas incontrola-das, el bienestar de los habitantes. En nuestro enfoque integrador, en cambio, tal como dijimos, se pretende producir una sinergia entre los tres factores de manera que ninguno de ellos inhiba a los otros. La concurrencia de estos componentes es condición del buen manejo y administración de bienes patrimoniales.

Considerando las estrecheces del financiamiento público actual para satisfa-cer las enormes necesidades reales del patrimonio así como los escasos incentivos públicos en la materia7, el enfoque ecosistémico es, en comparación con el con-

7 En Chile, el Estado invierte en patrimonio cultural y natural muy por debajo de los estándares internacionales, veinte o treinta veces menos en el caso del natural (Ministerio de Bienes Nacionales, 2006).

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servacionista y el reactivador, más adaptativo al contexto nacional. Existen bienes patrimoniales que tienen “bajo atractivo” y no logran despertar intereses privados, sea por su aislamiento, por los costos altos de conservación u otra razón. En estos casos, el enfoque reactivador, sin duda, los excluirá de sus actuaciones. Por el contra-rio, nuestro enfoque nos impone una exigencia de creatividad en la generación de oferta y modalidades innovadoras de administración, obligando a los administrado-res a buscar alternativas de uso que consideren sus singularidades.

3. Metodología para construir un modelo de gestión de bienes patrimoniales

La primera hipótesis investigativa señala que, efectivamente, es posible cons-truir un modelo de gestión de bienes culturales en Chile, para lo cual existen metodologías y formas de proceder organizadas.

Llegados a este punto, es imperioso destacar un aspecto metodológico. La cadena de hipótesis nos orientó en un sentido pragmático, esto es, hacia el desarrollo de un modelo para proceder en distintos niveles de intervención y actuación en bienes patrimoniales. Ahora bien, no pudimos sostener durante nuestra investigación un modelo único de gestión para todas las organizacio-nes, considerando la diversidad de realidades en que se encuentran. Reorien-tamos, entonces, la investigación en la búsqueda de un “modelo genérico” de gestión de los bienes patrimoniales, entendiendo por esto una metodología portadora de un enfoque particular sobre el patrimonio cultural que nos per-mita identificar los componentes de un bien y pensar la acción organizada, pero cuyo modelo concreto o específico tendrá que ser construido caso a caso. El desarrollo de este enfoque y la elaboración de esta metodología pasaron a ser las tareas centrales de nuestro trabajo, y cuyos resultados escritos se exponen en este libro.

El itinerario de las actividades que emprendimos a lo largo de esta investi-gación, y que resumimos en los puntos siguientes, no debe ser entendido como un conjunto de etapas dispuestas de manera consecutiva, por ejemplo, desde la elaboración de un marco conceptual hasta una evaluación empírica de casos, a la manera como podría hacerlo un método perfectamente deductivo. Corres-ponde, más bien, a sucesivas aproximaciones, simultáneamente conceptuales y de contrastación empírica, las que provienen tanto de las etapas de investiga-ción teórica (búsquedas paradigmáticas, modelos de bienes públicos), como de los estudios de caso que hacen las veces de “laboratorio”.

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a. Búsquedas paradigmáticas

Para el propósito de construir “modelos” de gestión de bienes patrimoniales, creí-mos conveniente iniciar la investigación haciendo una revisión teórico-conceptual en las ciencias socio-económicas que se ocupan de patrimonio cultural y bienes patrimoniales, principalmente. Esta primera etapa la llamamos de “búsquedas para-digmáticas”, que bien podría corresponder al conocimiento del “estado del arte” en el tema de la gestión del patrimonio.

En esta puesta al día, para entender lo que estaba pasando con la conser-vación de estos bienes, solicitamos al arqueólogo Marcos Rauch (2005) que nos brindara elementos históricos acerca de la conservación y la museografía contem-poránea para poder tomarlos en cuenta a la hora de intervenir lugares de interés histórico. Fue probablemente su trabajo el que nos hizo tomar distancia respecto del enfoque conservacionista clásico, aquél que se propició con tanta fuerza en oc-cidente desde la constitución de los Estados-Nación a lo largo de siglo XIX hasta su crisis provocada con la irrupción de la museología interactiva difundida de la mano con la posmodernidad8.

Desde la perspectiva social, la reconstrucción del estado del arte estuvo a cargo del psicólogo social Héctor Berroeta, quien pudo dar cuenta de lo que la literatura especializada estaba pensando en relación con la participación de los agentes en los proyectos de intervención en espacios patrimoniales. Confir-mando la inclinación general del proyecto por la perspectiva ecosistémica, él destacó la importancia de insertar el patrimonio cultural en el contexto de esa red de monumentos, trayectorias, comunicaciones de grupos humanos que lla-mamos ciudad, la cual alberga a grupos humanos muy diversos, más de la que el ethos colectivo de nuestra época puede integrar. El argumento central de esta aproximación, como queda de manifiesto en el texto de Berroeta incorpo-rado a este libro, radica en que los bienes patrimoniales no deben concebirse simplemente como objetos materiales sino, más bien, como recursos identita-rios y simbólicos que la ciudad dispone para facilitar la interacción de actores y la revitalización del tejido social.

Paralelamente, desde la ciencia económica, Luis César Herrero y luego María Devesa nos pusieron en aviso que los bienes culturales pueden ser en-tendidos como “espacios institucionales” que permiten el ejercicio de tipos par-

8 Los casos relativos al Fuerte de Acapulco (México) y a la Aldea Intercultural de Curarrehue, cuyos estudios están insertos en el anexo al final de este libro, ofrecen buenos ejemplos para comprender la lógica de la museología clásica (el primero) y la contestación de la museogra-fía experimental interactiva (el segundo).

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ticulares de libertad que no son idénticas de las precondiciones que se aceptan como necesarias en relación a los mercados operativos. De hecho, la propiedad de los bienes culturales no se encuentra en manos de ningún individuo que pueda poseer el control exclusivo o absoluto, de allí que se les incorpore con buenos argumentos a la noción de bienes públicos o semi-públicos (Kaul y otros, 1999). Técnicamente hablando, la economía del patrimonio gira en torno a rentas, y no a transacción de bienes, y producen efectos sobre quienes no han participado en ese mercado, es decir, generan efectos sobre terceros que se llaman “externalidades”.

b. Modelos de gestión de bienes públicos

A partir de la etapa de las búsquedas paradigmáticas, era muy evidente que los bienes patrimoniales pertenecían a un género más amplio de bienes disponibles, a saber los bienes públicos o semi-públicos, respecto de algunos de los cuales sabíamos que se habían desarrollado modelos de gestión con un enfoque equi-valente por el propuesto en esta investigación. Sobre la base de variables que consideramos relevantes, se procedió a una selección muestral de bienes públi-cos que se pudieran estudiar. Así se consideraron bienes intangibles (salud, paz, seguridad); bienes tangibles vinculados al medio ambiente (borde costero, minas, aguas de riego). En definitiva, para su desarrollo en profundidad, se seleccionaron las áreas silvestres protegidas y espacios públicos urbanos históricos9. El resultado final podrá encontrarse más adelante en el trabajo del profesor Orellana, pero adelantamos que, en ambas áreas seleccionadas, la perspectiva ecosistémica ha sido ampliamente considerada como aquélla que mejor integraba, a mediano y a largo plazo, las dimensiones de conservación, participación y rentabilización eco-nómica y social. En este plano operativo, una contribución trascendente fue hacer la distinción en los proyectos de este tipo entre clases de agentes, los habitantes y los visitantes, a fin de pensar la oferta que se pueda crear en los bienes, las con-diciones para participar en ella y la forma cómo se distribuyen responsabilidades a la hora de establecer la organización.

9 Se escogieron bienes públicos de naturaleza material que se encontraran relacionados simbió-ticamente con áreas de influencia territorial de los que se desprendieran subtipos (tales como urbanos, arqueológicos, etc.), excluyendo bienes con una marcada condición de singularidad. Además, nos interesaba que en torno a ellos existiera una oferta de productos y servicios de-rivados o asociados y donde ocurrieran acciones sociales y económicas que produjeran exter-nalidades, excluyendo bienes públicos sin formas evidentes de identificación social.

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c. Modelos de gestión de bienes patrimoniales

El sentido adaptativo que el equipo investigativo ha querido darle al modelo de gestión de bienes patrimoniales nos exigió aprender de experiencias de manejo de bienes patrimoniales concretos en nuestro país. De esta manera conoceríamos los problemas que deben resolver los administradores, las varias clases de recursos con los que se cuenta y las formas implícitas de articulación de las dimensiones de con-servación, participación y rentabilización. No se trataba de estudiar forzosamente pro-yectos “exitosos” —error que suelen cometer los estudiosos del tema del patrimonio para justificar posiciones—, sino más bien experiencias representativas de manejo de bienes, similares a aquellos en los cuales nos correspondería intervenir10. El estudio de casos se hizo siguiendo una pauta que consideraba observar algunas dimensiones que corrientemente tienen estudios de caso en este tipo: las características del bien, los agentes participantes, los usos dados al bien, el financiamiento, entre otros.

A fin de extraer conclusiones generales, los investigadores Pablo Andueza y Carolina Cornejo compararon la gestión de los cuatro bienes de la muestra, en primer término confrontando, caso a caso, las variables y elementos de la ges-tión, para enseguida realizar una comparación entre casos o sistemas (tomados en su conjunto), pues se requería algo más que buscar equivalencias directas entre rasgos tomados en estado aislado. El resultado, que está incluido en este libro, consiste en reconocer cómo los modelos implícitos construidos en estos casos abordaban las cuestiones centrales del manejo de bienes patrimoniales.

d. El trabajo con los bienes de “laboratorio”

De acuerdo con nuestra segunda hipótesis investigativa, es posible modelar la gestión de realidades patrimoniales específicas lo que, sin embargo, debe pasar absolutamente por la adecuación del modelo genérico de gestión a las parti-cularidades de un caso y volverse pertinente o adecuado a esa realidad pun-tual. El desafío de adaptabilidad del modelo genérico de gestión —que según

10 El estudio cubrió, básicamente, los siguientes cuatro bienes patrimoniales: el Centro Cultu-ral El Almendral, San Felipe, región de Valparaíso, antiguo convento franciscano reutilizado en centro cultural que guarda conexión con la Ex Cárcel de Valparaíso; el Centro Español de Concepción, región del Bío-Bío, análogo a la experiencia de club de colonia e inserción urbana del Club Alemán porteño; la Aldea Intercultural de Curarrehue, región de Los Lagos, que integra población indígena, con manejo de patrimonio intangible, asemejado a la Aldea Educativa Rapa Nui; y el Fuerte San Diego de Acapulco, México, en este caso por su similitud con los Fuertes Españoles de la Bahía de Corral.

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nuestra hipótesis inicial no sólo es posible sino, además, deseable de acuerdo con nuestro marco normativo— exigía que las hipótesis de trabajo estuvieran permanentemente contrastadas con algunos bienes que hicieran las veces de laboratorio de observación y experimentación. Los cinco bienes patrimoniales seleccionados en el proyecto para cumplir esta tarea se distribuyen geográfi-camente entre las comunas de Valdivia y Corral (Museo Andwanter y Sistema de Fuertes de la Bahía de Corral), Isla de Pascua (Aldea Educativa Rapa Nui) y Valparaíso (Ex Cárcel de Valparaíso y Club Alemán).

El trabajo con los casos de “laboratorio” comenzó con su caracterización, para lo cual no se poseía un marco de razonamiento avanzado para un diag-nóstico enteramente coherente con el enfoque ecosistémico, como el que de-sarrollan en este libro Olivi y Andueza. Sin embargo, disponíamos de muchos elementos conceptuales próximos a los definitivos desarrollados durante la elaboración del proyecto y en la etapa de modelización. Pues bien, ellos nos orientaron a diagnosticar integralmente el bien, considerando las dimensiones económicas, físicas y sociales, lo cual marcaba una diferencia con metodologías de tipo reduccionista sostenidas en estudios de carácter sectorial, que en su estructura fundamental se apresuran en priorizar variables de ámbitos restringi-dos y en desconocer aspectos de otras dimensiones.

El diagnóstico y caracterización de la realidad específica de cada sistema pa-trimonial se desarrolló sobre la base de las siguientes componentes y variables:

a. Identificación e historia de cada bien, considerando tanto lo físico arqui-tectónico como el marco cultural, tiempo y estilo de la obra, además del análisis del estado del bien, como de la adaptabilidad al uso actual del bien.

b. Análisis de la gestión, considerando el estatus jurídico institucional y con-diciones de administración de los bienes, junto a la identificación de usos y análisis de la gestión y formas de administración.

c. Análisis sociológico y cultural para la caracterización sociocultural basado en: la memoria e identidad local, la significación y valorización social y la funcionalidad económica.

d. Análisis económico de los bienes patrimoniales del proyecto, orientado a un acercamiento a la demanda y a un análisis de la oferta de productos y servicios asociados a los bienes11.

11 Los diagnósticos particulares de los bienes no forman parte del presente volumen, el que está dedicado a presentar solamente el marco teórico y metodológico general para elaborar

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4. Alcances de la investigación

Las tareas y resultados correspondientes tanto a las etapas de búsquedas paradigmáti-cas y estudio de casos como a la de caracterización de los bienes, todas ellas realizadas en forma paralela y dialógica, nos han dado la base conceptual y la contrastación em-pírica para arribar a un modelo “genérico” de gestión de bienes patrimoniales, es decir, a un marco de razonamiento adecuado y pertinente a nuestro país para organizar las funciones básicas que ha de cumplir un proyecto patrimonial, desde el desarrollo de un diagnóstico y la evaluación de alternativas de uso hasta el diseño de una manera particular de organizarse para cumplir los objetivos trazados. Sin embargo, como el modelo quiere ser viable, no pudimos sustraernos de los límites de la estructura jurí-dica del país y la realidad de los mercados chilenos en el ámbito que nos interesa, in-cluido su principal cliente actual: el sector público. Ambos factores imponen límites, lo que actúa como segundo marco de adecuación o pertinencia del modelo. Por muy interesantes e innovadoras que nos pudieran parecer las políticas extranjeras sobre el manejo de bosques, o la base participativa que algunas ciudades europeas poseen para el desarrollo y conservación urbana, por ejemplo, éstas deben ser “aterrizadas” en fórmulas organizacionales que puedan ser aplicables a nuestro país, lo que se ofrece en los artículos finales de Andueza y Olivi.

La tarea de contrastación en laboratorio fue cumplida en distintas fases del proceso de intervención de bienes patrimoniales, desde la caracterización y el diag-nóstico de su estado actual hasta la evaluación de opciones y estudio de factibilidad, innovando en métodos aplicados como se señalará12. En este aspecto, no se pretende levantar una nueva visión respecto de los ciclos de vida de los proyectos, como por ejemplo los que utiliza el Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan (1994), considerando tanto la prevalencia de propiedad pública en los bienes patrimoniales, así como la relevancia de la inversión pública en la emergente economía patrimonial.

diagnósticos adecuados de bienes patrimoniales. Una nueva publicación podría estar dedi-cada a la aplicabilidad del modelo a los casos-piloto.

12 Quedará pendiente para el equipo de investigación delinear la elaboración de una meto-dología adecuada para pensar las etapas posteriores de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos patrimoniales, es decir, con las que concluye el ciclo de vida de los proyectos, puesto que la evolución de la intervención en los casos de laboratorio no alcanzaron estas etapas finales. A nuestro juicio, un error en el diseño de nuestra investigación consistió en desestimar el ritmo pausado de los procesos de vida de los proyectos patrimoniales, sobre todo cuando participa, como en nuestros casos, una diversidad de actores públicos y priva-dos.

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a. Fase de diagnóstico

Nuestra investigación se abocó a alcanzar una metodología genérica para generar conocimiento especializado respecto de un bien en particular con pertinencia a la naturaleza patrimonial, poniendo especial énfasis en los ejes de conservación, participación y rentabilización que lo caracterizan. Estos tres ejes, gracias a la aportación de Devesa, Andueza y Olivi, pasaron a constituirse al final de nuestra investigación en tres variables del diagnóstico (valor eco-nómico, valor social y valor cultural) y tres criterios básicos de evaluación de alternativas de acción. Esta fase, en resumen, deberá integrar una definición de variables apropiadas a estos bienes, así como guías operativas y técnicas de levantamiento y procesamiento de la información y está dirigida a tenedo-res de bienes patrimoniales y a equipos de investigación13.

En la actualidad no existe disponible una herramienta equivalente, sobre todo, tal como señalan Andueza y Olivi, porque no incorporan la dimensión propiamente cultural de la gestión de este tipo de proyectos, debiéndose, en cada caso, desarro-llar enfoques y métodos muchas veces influidos por perspectivas sectoriales de las ciencias sociales o económicas. Una herramienta de este tipo permitirá estandarizar procesos, recursos humanos y presupuestarios a la hora de caracterizar bienes patri-moniales y ofrecer rigurosa información para la toma de decisiones.

b. Fase de pre-factibilidad

Alcanzaremos, asimismo, una metodología genérica de evaluación para la selec-ción y priorización de proyectos e ideas de intervención, bajo la forma de meto-dología de análisis de pre-factibilidad sobre usos sociales o cívicos y productivos. Se trata, en definitiva, de una metodología para la evaluación de proyectos e ideas de intervención en bienes patrimoniales, basada en los principios y ejes de gestión que el modelo define. Para estos efectos, se desarrollará una matriz de criterios especiales que nos ayuden a examinar críticamente alternativas de intervención e inversión. Los criterios habituales para fijar aspectos tales como montos de in-versión, costos de operación, análisis de oferta, demanda y proyecciones futuras, análisis de tamaño óptimo, localización de la inversión y medición y valorización de costos y beneficios, se integrarán en dicha matriz bajo una ordenación cohe-rente con la naturaleza patrimonial del bien y el uso que propende el proyecto. La

13 Podrá servir, incluso, a la confección de expedientes patrimoniales en procesos de postula-ción a categorías de protección legal (nacional o internacional) de sitios o bienes.

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metodología está dirigida a personas o instituciones especializadas, tales como tenedores de bienes patrimoniales, instituciones públicas del área (Consejo de la Cultura, Consejo de Monumentos Nacionales y otras) o vinculadas a evaluación de proyectos como MIDEPLAN, como a equipos de investigación.

En la actualidad, para proyectos de inversión pública, existen indicaciones de Mideplan para proceder en esta fase pero que, desde nuestro parecer, no consideran convenientemente las singularidades de los bienes patrimoniales14. A diferencia de intervenciones en otras áreas, la “pre-factibilidad” que pretende la metodología de nuestro proyecto tiene que ver con indicar alternativas de uso y de gestión que reconozcan la naturaleza del bien patrimonial, las prerro-gativas sociales que posee y sus opciones económicas, en el marco del territorio en el que se ejercen mutua influencia.

c. Fase de factibilidad

Llegaremos a una metodología genérica para el desarrollo de la factibilidad técnica de proyectos de intervención en bienes patrimoniales, bajo la forma de lineamien-tos estratégicos como insumo para la generación de oferta, desarrollo de productos y servicios15. Consiste, en resumen, en el desarrollo de una herramienta para la ge-neración de planes de uso y de negocio, oferta, desarrollo de productos, servicios y la intervención en el bien y espacio del bien con el objetivo de permitir el uso social y productivo del patrimonio por parte de la empresa privada, la ciudadanía y los agentes de conservación, incluidas las instituciones públicas. La expresa generación de recomendaciones de esta herramienta la dota del carácter orientador y no un método estructurado, por lo que se instala como un inmejorable insumo para for-mulación de planes de negocio y diseños organizacionales.

14 Normalmente, se aplican metodologías de evaluación de proyectos muy influidas por el en-foque sectorial economicista, que según el mismo organismo de planificación “prioriza los criterios o interacciones de tipo económico, con aquellos que preocupados por la cohesión social del sistema y suele vincular la ordenación territorial y la bonificación casi con exclusi-vidad a la localización espacial de las inversiones destinadas a corregir desequilibrios terri-toriales”. En su desarrollo, intervenciones basadas en este enfoque “privilegian fuertemente el diagnóstico económico social en detrimento de las variables ambientales o limitaciones propias del medio físico, desconociendo los atributos del lugar que lo hace diferente de los adyacentes.” (Mideplan, s/d).

15 De esta forma queremos evitar que la factibilización de proyectos termine siendo una va-lidación técnica de una decisión político-económica que omite importantes y promisorias oportunidades de los bienes patrimoniales.

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La principal innovación en esta fase es generar las condiciones para que los proyectos de infraestructura y usos permitan atender, simultáneamente, la con-servación de los bienes, su rentabilización económica y la participación social. En este sentido, no se registran agentes competidores ya que, hasta este momento, existen sólo lineamientos para usos meramente conservacionistas, netamente empresariales o de altruismo social.

La metodología genérica para la factibilidad abarcará, principalmente, indi-caciones en torno a la plataforma jurídico-institucional desde la cual puede hacer-se viable el desarrollo de procesos de cooperación de agentes u operadores de bienes patrimoniales para la gestión de un bien bajo un modelo de orientación ecosistémica. Consiste en el desarrollo de un modelo de asociatividad público-privada entre agente propietario del bien, agentes realizadores u operadores del proyecto y agentes usuarios. Amparado bajo la legislación vigente, este resultado se orienta a sugerir una estructura organizacional adecuada a las orientaciones del modelo que propone el proyecto.

Ahora bien, la aplicación del modelo derivado del enfoque ecosistémico deberá ser capaz de resolver numerosos problemas técnicos, como el finan-ciamiento de obras de conservación, restauración y rehabilitación. Estaremos obligados a considerar el financiamiento como un elemento para resolver en el mismo modelo de gestión y luego de haber diagnosticado y evaluado diver-sas oportunidades bajo metodologías pertinentes; una vez valorado el capital social y gobernabilidad entre agentes involucrados; y habiendo prospectado opciones diferenciadas de rentabilización16.

Bibliografía

Ballart, J. y Juan, J. 2001 Gestión del patrimonio cultural. Ariel patrimonio, Barcelona.

16 Actualmente, ante la existencia de crecientes recursos públicos en esta área, el financiamien-to se inserta en la gestión de los proyectos, dimensionando los requerimientos presupues-tarios, ya sea como inversión inicial o como el “costo” social de la conservación. A nosotros nos interesará explorar opciones sustentables que apelen a las capacidades de reinversión y autosostenibilidad que los bienes posean, complementando el previsible déficit con respon-sabilidad subsidiaria del Estado o los titulares de los bienes.

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Modelos de gestión ecosistémicos de bienes públicos: bosques de Quebec

y ciudades patrimoniales europeas AVEC

Juan Orellana Peralta

I. Nociones preliminares

1. Concepto de “modelo”

Para los efectos de esta investigación, el concepto de “modelo de gestión” lo hemos definido como una forma o pauta de organización de las funciones bá-sicas que ha de cumplir un proyecto, en este caso para ser aplicada en un bien patrimonial1. Dicha conceptualización efectúa una primera distinción que nos parece central en el contexto de una planificación: un modelo de gestión debe considerar tanto la dimensión operativa y predominantemente técnica del pro-yecto, así como la dimensión directiva que fija los objetivos, las estrategias y los planes que se persigue realizar. Para que el modelo pueda cumplir su función deberá hacer su aporte en cada uno de estos dos niveles, desde luego que con las especificidades del caso. Por otro lado, el “modelo de gestión” no se instaura en un bien a través de un proceso mecánico de copia sino, a la inversa, éste sólo puede instaurarse a lo largo de un proceso complejo de funciones previas des-tinadas al reconocimiento del bien y sus potencialidades, a la alianza de actores y la fijación de ciertos objetivos programáticos.

En efecto, el modelo supone un proceso por el cual los participantes de una organización piensan la acción futura, desde la elaboración y estructuración de

1 ¿Por qué “una” forma o pauta de organización? Porque no hay un modelo sino varios mo-delos posibles de gestión de bienes patrimoniales; en nuestra investigación se desarrolla, puntualmente, un modelo de gestión de enfoque ecosistémico.

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ideas sobre los usos en bienes patrimoniales hasta la puesta en marcha y poste-rior evaluación de las intervenciones, sobre la base de un marco de razonamiento y de una cierta metodología2. En definitiva, el enfoque, la metodología y el mode-lo genérico de gestión proporcionan al observador una visión “externalizada” del objeto de interés, que permite concentrarse en algunos aspectos o dimensiones del problema (por ejemplo, en las relaciones de causalidad o las formas de tratar la búsqueda de información), y que orienta o “modela” en una cierta dirección la planificación de determinados procesos. Un modelo no es un “molde” que deter-mina la forma de un proyecto, ni tampoco un enunciado de recetas que deban seguirse para transformar la realidad por decreto.

Por lo mismo, un modelo, en sentido genérico, se configura como una representación abstracta de la realidad, que en definitiva la simplifica en vista de una utilización precisa, conservando sólo las características pertinentes en rela-ción con el contexto en el cual se encuentra. Es, en realidad, una idea subjetiva —en el sentido que deliberadamente selecciona o parcela la realidad a partir de una cierta cosmovisión—, pero pertinente a la tarea que se ha propuesto, porque permite, entre otras cosas:

i. Prever las consecuencias que la intervención en una dimensión de la rea-lidad puede afectar a las otras dimensiones de la misma.

ii. Simular el funcionamiento del elemento estudiado, proporcionando es-quemas que guíen la investigación, el diseño de un sistema de gestión y el levantamiento de la información. Y,

iii. Disponer de una metodología para revisar y rediseñar modelos de ges-tión, facilitando los trabajos de reingeniería y de planificación estratégica de una organización.

2. Caracterización de los “bienes públicos”

Como se recordará del trabajo introductorio anterior, la hipótesis general sobre la que descansa la metodología empleada en esta investigación consiste en que es

2 En esta conceptualización hemos tenido a la vista el artículo de José Aguilar, Iñaki Aguirre, William Morantes, y Yasmín Espinoza (2002), donde se propone una metodología que con-duce a la obtención de un modelo de gestión para una organización basado en la visión, la misión, los clientes, sus esquemas de interrelación interno/externo. En el diseño de modelos de gestión se establecen las variables prioritarias y los lineamientos que han de guiar a la organización.


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posible construir modelos de gestión de bienes patrimoniales a partir de metodo-logías y formas de proceder organizadas de manera explícita o implícita. A partir de la etapa investigativa de búsquedas paradigmáticas, nos pareció cada vez más evi-dente que los bienes patrimoniales pertenecen a un género más amplio de bienes disponibles, a saber, los bienes públicos3. Por lo mismo, la tarea que nos correspon-dió desarrollar consistió, específicamente, en la exploración y análisis de una diversi-dad de modelos de gestión aplicados a este tipo particular de bienes, con el objeti-vo de desprender, de manera analógica, elementos que permitiesen fundamentar conceptualmente el diseño de modelos de gestión del patrimonio cultural.

Según Benegas-Lynch (1998), profesor de análisis económico en la Univer-sidad de Buenos Aires, la idea de bienes públicos está implícita en la literatura económica desde Knut Wicksell en adelante, siendo Paul Samuelson quien la sistematizó en tanto bienes de consumo colectivos o bienes públicos con las consecuentes externalidades4. Los bienes públicos, en lo sucesivo, se definirían como los “espacios institucionales” que permiten el ejercicio de tipos particulares de libertad diferentes de las precondiciones que se aceptan como necesarias en relación con los mercados operativos, entre las cuales se encuentra la noción de propiedad privada.

Las siguientes corresponden a las características comúnmente aceptadas de este tipo de bienes:

i. La característica primordial que los diferencia de la propiedad es que nin-gún individuo posee el control exclusivo de su uso ni de su abandono (Benkler, 2003).

ii. A partir de esta característica, se señala la accesibilidad como cualidad de los bienes públicos. Sin embargo, si bien es cierto hay bienes públicos que son accesibles a todas las personas (los océanos, el aire, etc.), existen otros que sólo benefician a un grupo determinado de personas (agua de riego, etc.).

iii. Tradicionalmente, se ha asociado el carácter de bien público a la existen-cia de una gratuidad por el uso, como sucede hasta hoy con el acceso y goce de playas, calles o plazas. Sin embargo, el uso de un bien público puede estar gravado con un costo que, con todo, suele estar bajo una regulación.

3. Hipótesis que puede fundamentarse mayormente en los trabajos de Ismail Serageldin (1994), Director de la Biblioteca Alexandrina, Egipto y Presidente de la Comisión Mundial del Agua. En este libro pueden consultarse los textos de Herrero y Devesa.

4 Efectivamente, la formulación sistemática de la teoría de los bienes públicos comenzó con la obra de Paul Samuelson The Pure Theory of Public Expenditure” aparecida en el año 1954.

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iv. Los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual sig-nifica que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un nú-mero mayor de personas. La conclusión de diversos autores es que este principio siempre tiene límites, puesto que después de cierto punto no es correcto afirmar que el bien no se consume, ni que estará disponible para demandantes adicionales.

v. Producen beneficios sobre quienes no han participado en la transacción y gestión del bien, sin contribuir con nada a cambio. En otros términos, hay personas que, sin haber contribuido a su financiamiento, se benefi-cian del bien (free-riders), incluso en ciertos casos produciendo perjuicios o externalidades negativas a otras personas (Benegas-Lynch, 1998)5.

Una definición más precisa de bien público, con todo, definitivamente dependerá de una interpretación acerca de la manera en que se consume el bien: si no puede impedirse a nadie que consuma el bien, éste es, entonces, no excluible. Si puede ser consumido por muchos sin agotarse, entonces el bien no tiene rivalidad en el consumo. Los bienes públicos puros, que son escasos, tienen ambos atributos, mientras que los bienes públicos impuros los poseen en menor grado, o poseen una combinación de uno y otro6.

3. La función pública y privada

La condición de bien público constituye el argumento central del intervencio-nismo estatal sobre el mercado de este tipo particular de bienes7. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresada por Marcan Olson, citado

5 Para Benegas-Lynch (1998), “es importante distinguir una externalidad negativa de una le-sión al derecho. Si una persona planta y cosecha determinado bien que requiere sombra, la cual es proporcionada por un vecino como una externalidad positiva, el día que ese vecino decide talar parte de su bosque y, por tanto, le retira la sombra al referido productor, esto último significará una externalidad negativa pero no una lesión al derecho, puesto que dicho agricultor no tiene un derecho adquirido sobre la sombra que originalmente le proporcio-naba su vecino. Si el mismo agricultor fuese asaltado por su vecino, ocurriría una lesión al derecho”.

6 Puede consultarse el libro de Inge Kaul, Isabelle Grunberg y Marc A. Stern (1999).

7 Sobre el conjunto de intervenciones del Estado que se validan en el ámbito de la economía patrimonial, puede leerse en este volumen el texto de Herrero.

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por Benegas-Lynch (1998), para quien un Estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos.

Benegas-Lynch (1998) sostiene que se ha justificado este intervencionismo a partir de las características de los bienes públicos. Éstos deben ser provistos por el gobierno por cuanto es el único capaz de sacar ventajas económicas de las externalidades positivas del mercado de los bienes públicos, dado que los bene-ficiarios de externalidades positivas financiarían el producto en cuestión vía los impuestos8. Si el gobierno no proveyera ese bien, el mercado no lo produciría o lo haría a niveles sub-óptimos. No lo haría, o no lo haría bien, dice el economista argentino, porque “los productores particulares tenderán a sacar partido de la ex-ternalidad especulando con la posibilidad de constituirse en un free-rider (es decir, a la espera de que otro sea quien lo produzca y, por tanto, cargue con los gastos correspondientes)”. Del mismo modo, en caso de una externalidad negativa, el gobierno debe compensar la acción del responsable.

Sin embargo, el enfoque clásico expresado en los dos párrafos anterio-res ha sido revisado en las últimas décadas por los economistas neo-clásicos9. Según varios autores consultados, éste no ofrecería una argumentación sufi-ciente para la intervención gubernamental en el mercado, porque gran par-te de los bienes y servicios producen externalidades positivas o negativas, en ambos casos con los consiguientes free-riders, y, por tanto, prácticamente todos los bienes serían públicos. Por otra parte, de acuerdo con este enfo-que del tema, la producción óptima es la que ponen de manifiesto las partes contratantes en los procesos de mercado, y, al contrario, la producción sub-óptima ocurre cuando los gobiernos modifican estos procesos. Si los gobier-nos internalizaran las externalidades, no habría precios y, consecuentemente, no habría forma de conocer los resultados de las asignaciones de factores productivos. No habría, entonces, fundamento económico, jurídico ni moral, sostienen los patrocinadores de la “Nueva Gestión Pública”, para imponer co-activamente contribuciones o subsidios a terceros para evitar externalidades.

El profesor J. Chorin (2003) sostiene que desde los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea, en 1957, la visión neoclásica de los bienes

8 Y, por tanto, argumenta Benegas-Lynch, no habrían propiamente free-riders y, por ende, des-aparecería esa “falla del mercado” (la producción de externalidades no internalizables).

9 Especialmente, por quienes sostienen el modelo denominado “Nueva Gestión Pública”, cu-yos aspectos esenciales hemos recogido del trabajo del profesor Benegas-Lynch (1998). Di-cha revisión considera inserto en un proceso global de transformación del Estado, tendiente a la reducción de sus roles tradicionales en las áreas económica, social y cultural.


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públicos ha tenido una gran difusión en Europa, pues en las bases de la econo-mía prácticamente se han dejado de lado los servicios públicos, reduciéndolos a los transportes, y sometiendo a las empresas públicas a las mismas leyes de la competencia de las empresas privadas. Esta progresiva liberalización de los servicios públicos europeos, que se expresa en su desregulación y a la limita-ción relativa del rol estatal en su organización, institucionaliza un principio de competencia que garantizaría la “transparencia”. La construcción normativa co-munitaria entrega un poder decisivo a la Comisión Europea, tanto para elaborar directivas que han de ser utilizadas en la desregulación, como para supervisar las condiciones de apertura y funcionamiento de los mercados. En términos generales, dicha Comisión ha mostrado como pauta en su razonamiento que los servicios públicos no deben apartarse de las reglas del mercado y deben evolucionar lo más rápidamente posible hacia una gestión privatizada.

En una postura que modera el entusiasmo liberal, para el profesor Rémy Prud’homme (2003) el protagonismo público es evidente en el campo de los servicios públicos que abarca servicios tan diversos como agua potable, gas, teléfono, transporte, correo, telecomunicaciones, recolección y tratamiento de basura, calefacción urbana, cable. Pueden agregarse a esta lista, la educación, la cultura, el deporte y la salud. No obstante, muchos de los bienes clasificados como públicos son producidos, en realidad, por el sector privado, y muchos de los clasificados como bienes privados son producidos por el gobierno central o local. Ante esta diversidad en la práctica de los últimos años, la gestión de los servicios públicos constituye una combinación de lo público y lo privado, con una tendencia, a lo menos en Europa y Estados Unidos, a transferir a las comu-nidades locales (municipios) la gestión de algunos de ellos.

Ahora bien, el interés más reciente de la literatura especializada se ha centrado en las implicancias de los bienes públicos en el contexto interna-cional10. En Kaul, Grunberg y Stern (1999) encontramos un buen marco para

10 Como nos informan Kaul, Grunberg y Stern (1999), la aplicación del concepto de bienes pú-blicos a los problemas mundiales comenzó a fines del decenio de 1960, especialmente con la publicación, en 1968, de The Tragedy of the Commons, de Garrett Hardin, seguido de Collective Goods and Internacional Organization, en 1971, de Bruce Russett y John Sullivan. Un decenio más tarde, en 1986, en el libro The World in Depression 1929-1939, Charles Kindleberger anali-zó la crisis económica del decenio de 1930, atribuyendo sus causas a la carencia de bienes públicos mundiales como un sistema abierto de intercambio comercial. Entre las contribu-ciones más recientes, cabe mencionar el libro International Public Finance, de Rubén Méndez, y Global Challenges: An Approach to Environmental, Political, and Economic Problems, de Todd Sandler, publicados en 1992 y 1997, respectivamente.

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reflexionar acerca de por qué la mundialización necesita una teoría de los bienes públicos mundiales para alcanzar metas de importancia crucial. A jui-cio de estos autores, los grandes desafíos políticos contemporáneos, como detectar y distribuir los costos medio ambientales o hacer frente a los efec-tos desestabilizadores de las estructuras financieras endebles, trascienden las fronteras nacionales y no son viables en ausencia de un sistema internacional que se beneficie del acervo de conocimientos mundiales acumulados. Todos los bienes públicos, sean éstos locales, nacionales o mundiales, tienden a pa-decer de insuficiencia en su oferta; al aplicar el concepto de bienes públicos mundiales, procuramos encontrar bienes que trasciendan las fronteras, las ge-neraciones y los grupos de población.

En los últimos veinte años, la preocupación internacional por cuestiones del medio ambiente se ha intensificado espectacularmente, y junto con ello, por la protección del patrimonio cultural porque, evidentemente, plantea muchos de los mismos problemas económicos y de cooperación que la protección del medio ambiente. Ismail Serageldin (1994) ilustra la utilidad de los instrumentos analíticos desarrollados en primer momento con fines de valuación de bienes medioambientales que no se comercializan (como la diversidad biológica o los bosques nativos), para comprender mejor el valor del patrimonio cultural. Com-prueba que, evidentemente, esas técnicas pueden utilizarse para contribuir a orientar a los encargados de formular políticas y a los protagonistas privados a fin de que preserven en todo el mundo los emplazamientos culturales de valor inestimable e irreemplazable.

II. El modelo de gestión de bosques nativos: el caso de los parques nacionales de Quebec

1. Misión e imagen-objetivo

La provincia de Quebec es territorialmente la más grande de Canadá y cuen-ta con una población próxima a los ocho millones de habitantes, francófo-nos en la inmensa mayoría. La capital provincial es la ciudad de Quebec, y Montreal es la ciudad más poblada. Esta provincia está fuertemente indus-trializada, pero, además, en el territorio abundan los recursos naturales, en-tre los que destacan los bosques de coníferas, los lagos, minerales, madera

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y múltiples corrientes de agua dulce que producen energía hidroeléctrica no sólo para consumo interno. El turismo, según información oficial de la provincia, representa el quinto producto de exportación en importancia de esta provincia. En total, 29.000 empresas están relacionadas con este sector, que generan 130.000 empleos directos y 48.000 indirectos. En el año 2006, Quebec recibió nada menos que 28.551.000 turistas, la mayoría provenien-tes de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, México y Japón11. En el período 2000-2001, la concurrencia a los parques de Quebec superó los 2,5 millones de días-visita, especialmente en aquellos que están próxi-mos a la ciudad de Montreal, considerado uno de los centros culturales más importantes de Canadá.

Para la comunidad francófona de Canadá, los bosques nativos forman parte del patrimonio inalienable de la provincia, pero, a la vez, son destinados para el uso y disfrute común de sus habitantes, como fluye de una definición inicial que extraemos y traducimos de la Société de la faune et des parcs du Québec (2000):

“Asegurar, para el beneficio de las generaciones actuales y futuras, la protec-ción permanente y la conservación de los territorios representativos de las regio-nes naturales de Quebec o de los sitios naturales excepcionales y su valorización, para que sean accesibles al público con fines educativos y la práctica de activi-dades al aire libre, con una perspectiva de desarrollo armónico de los sectores económico, cultural, social y medioambiental”.

De la definición de su misión extraemos algunos elementos cruciales de lo que corresponde al modelo de gestión desarrollado en esta provincia:

i. Como ocurre en otros parques nacionales del mundo, esta misión consis-te, por una parte, en asegurar la conservación de los elementos represen-tativos del patrimonio natural.

ii. Por otra parte, se trata de favorecer su valorización por la población en su conjunto.

iii. Ambos elementos anteriores (conservación y valoración) permitirán la ac-cesibilidad al público con fines diversos. Y,

iv. En cualquier caso, la oferta de experiencias de descubrimiento deben ser respetuosas de este patrimonio, así como del patrimonio cultural y social al que está asociado.

11 Información extraída de Internet, enciclopedia Wikipedia. La provincia de Quebec se dis-tingue de otros destinos turísticos por su unicidad proveniente de su herencia francesa. Por su lado europeo, su historia, su cultura y la calidez de sus habitantes, Quebec es un destino turístico de primera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

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En Quebec, como en otros lugares en el mundo, se favorece claramente la protección de su patrimonio natural pero, como se acaba de leer, asocián-dolo sistemáticamente a una gestión adecuada que resuelva equilibradamen-te entre resguardar la integridad de recurso y del entorno social y cultural, al mismo tiempo que desarrollar actividades compatibles, incluyendo las que tienen fines lucrativos. El patrimonio natural, en efecto, puede permitir, por ejemplo, algunos usos relacionados con el turismo con nuevos enfoques, en especial el ecoturismo, el cual propone la visita a una región en que la na-turaleza está relativamente intacta para descubrir sus fenómenos naturales, manifestaciones culturales y paisajes. Motivado por la autenticidad, el eco-turista busca acceder a lugares alejados, salvajes o únicos, desde donde ob-tendrá información de carácter educativo de primera calidad; prefiere viajar en pequeños grupos, buscando la ocasión de contribuir a la conservación de los lugares que visita, compartir las tradiciones de las comunidades locales y colaborar con el desarrollo económico de la región.

2. Actividades propuestas

La recreación al aire libre en Quebec, como oferta turística provincial, ha ve-nido experimentando un crecimiento notable en las últimas décadas gracias a que los servicios y productos ofrecidos se han diversificado cada vez más, al punto, incluso, de hacer reaparecer actividades e industrias que estaban olvidadas o utilizadas en otros contextos sociales, como la bicicleta y otras. La especialización de ciertas técnicas o prácticas y el desarrollo tecnológico han ayudado a la diversificación de numerosos productos recreativos, muchas ve-ces a partir de lo que en el pasado se consideraba como una sola actividad (por ejemplo, el ski). En el curso de los últimos años, se observa el surgimiento extraordinario de empresas privadas que proporcionan servicios en ecoturis-mo y en turismo de aventura, que demandan actividades en los parques de Quebec12.

12 A diferencia de lo que ha sucedido en las últimas décadas con el manejo diversificado de los bosques en la provincia de Quebec, en Chile, durante más de dos siglos, los bosques nativos han sido valorados esencialmente como fuentes de madera y leña, con el único propósito de obtener el máximo beneficio inmediato con el menor costo de inversión (Universidad Aus-tral, 2003). Los bosques nativos son esenciales para la obtención de madera y otros bienes, así como para la producción de una serie de servicios ecosistémicos a la sociedad, tales como producción de agua, la conservación de los suelos, y oportunidades para la recreación y el

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Las nuevas demandas sobre los parques nacionales de la provincia relacio-nadas con el ecoturismo, han exigido un análisis detallado de las actividades a la luz de la misión que los francófonos canadienses proyectan sobre dichos parques y de la idoneidad del producto que se propone para integrarse a la experiencia de descubrimiento ofrecida a los visitantes, lo cual no es fácil de diseñar. Siempre en el caso de estudio, se consideran filtros o criterios principales a la hora de selec-cionar las actividades a desarrollar en los parques los siguientes:

i. Determinar los límites entre las actividades compatibles con la misión de los parques anotada más arriba.

ii. Por otra parte, el contexto particular de cada parque requiere una selec-ción entre las actividades compatibles a fin de retener las actividades per-tinentes, lo que hace más difícil el análisis.

En síntesis, a través de un proceso de selección previo, se busca que las actividades y servicios ofrecidos en los parques nacionales de Quebec propen-dan a la conservación de la diversidad biológica, y, al mismo tiempo, al posi-cionamiento de una gama creciente de actividades al aire libre y a toda una variedad de prácticas o de técnicas compatibles con la misión de los parques. Un proyecto así puede convertirse en un objeto de interés marcado por parte de los promotores del ecoturismo o del turismo de aventura, sin perjuicio que puedan desarrollarse, por interventores públicos y privados, productos comple-mentarios a los ofrecidos.

3. Principios de la gestión

Este nuevo contexto de pluralidad de opciones sociales y económicas demos-tró a la Société de la faune et des parcs du Québec la necesidad de proceder a una revisión del modelo de gestión de acuerdo con los cuales debía encuadrar-se la formulación y el establecimiento, desarrollo y gestión de las actividades y servicios en los parques de Quebec. Tras las sucesivas adaptaciones que exigió el estado de desarrollo de los parques, la gestión se organiza en la actualidad, específicamente, en relación con tres principios modeladores de base que de-bieran ser respetados por la oferta de actividades y servicios, según hemos sa-bido por la Société de la faune et des parcs du Québec (2000):

turismo. El manejo adecuado de los bosques nativos permite compatibilizar la producción maderera con la manutención o incremento de estos servicios ecosistémicos.

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a. Primer principio: sustentabilidad

Las actividades y servicios deben tener un impacto mínimo aceptable sobre el patrimonio.

La determinación de si una actividad o servicio implica o no un impacto acep-table sobre el patrimonio natural se ha de fundamentar en un proceso de verifica-ción mediante indicadores construidos para medir la capacidad para proporcionar un perfil del carácter íntegro del territorio protegido y de sus recursos, como la si-tuación o estado de diversas especies o procesos biológicos, sobre todo los que son vulnerables o están amenazados, o aquellos que son representativos de la región natural a la que pertenece el parque13.

Concentrémonos en algunos elementos relevantes del sistema de evalua-ción de impacto que se utiliza en Quebec:

i. El tiempo El carácter aceptable de un impacto sobre el patrimonio natural es evaluado

a partir de la preservación de la integridad ecológica que se practica a lo largo de toda la vida de la actividad, es decir, tanto en la discusión de la propuesta, la implantación, como durante el desarrollo de una actividad o servicio, lo que marca una diferencia con el sistema de evaluación de impacto ambien-tal, particularmente de nuestro país, que pone énfasis en la primera etapa.

ii. El territorio En un parque de Quebec, el objetivo de mantener la integridad de las dife-

rentes formas del patrimonio es modelada según la zonificación del territorio, establecida en función del grado de fragilidad y de la capacidad de soporte del medio. Este objetivo es adaptado en función de los equipamientos y los usos autorizados, por ejemplo, en las zonas de servicios y de recreación inten-siva. Un impacto sobre un componente del patrimonio cultural se considera aceptable en la medida en que no provoca la degradación o desaparición de un sitio prehistórico, un lugar histórico o un bien cultural.

iii. La población Es muy interesante observar la importancia que el modelo asigna al fac-

tor socio-cultural, el que también tiene que ser considerado a la hora de

13 Según la Comisión de Integridad Ecológica de los Parques Nacionales de Quebec, “Los eco-sistemas son integrados cuando sus componentes indígenas, las plantas, los animales y los otros organismos, como los procesos de crecimiento y reproducción, están intactos”.

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evaluar las actividades de explotación de los recursos naturales. Para la provincia de Quebec, el patrimonio cultural de los parques nacionales consiste en el conjunto de formas de ocupación del territorio, tanto por los autóctonos como por las poblaciones regionales (patrimonio religio-so, marítimo, veraneo, etc.).

iv. El patrimonio intangible Los componentes del patrimonio cultural deben continuar testimonian-

do la historia del parque, las tradiciones de quienes han vivido allí. La sal-vaguarda de la integridad del patrimonio cultural de un parque implica también la conservación de los “saberes” tradicionales que han caracte-rizado las actividades humanas sobre el territorio, y que toman forma a través de las técnicas de fabricación, el lenguaje, la música, las prácticas religiosas, las leyendas, etc. Las actividades y los servicios deben contri-buir a mantener vivas las tradiciones de las comunidades autónomas y colectividades regionales, así como la conservación de los recursos mate-riales necesarios para su expresión.

v. El paisaje Los paisajes constituyen una de las riquezas más importantes de los

parques de Quebec. La aceptabilidad de un impacto es definida por la compatibilidad de las características distintivas del lugar, relacionadas con la organización y la armonía visual de los componentes que suscitan las emociones en los visitantes (maravillarse, recogimiento, impresión de ais-lamiento, etc.). Un impacto será aceptable en la medida que no compro-mete la aptitud de un paisaje para expresar fuerzas de la naturaleza, en el plano geológico o geomorfológico. Además, un impacto aceptable debe igualmente tomar en consideración los elementos característicos de la región natural a la que pertenece el parque, a fin de mantener, al interior de la red, la diversidad de los paisajes de Quebec.

vi. Capacidad de soporte o carga1

El equipamiento que sostiene la oferta de actividades y servicios, y el núme-ro de visitantes, no deberían sobrepasar la capacidad de soporte del medio,

1 La capacidad de soporte se define como la capacidad de un medio natural para soportar la frecuentación de visitantes y la práctica de ciertas actividades, o la tolerancia a un equipa-miento o infraestructura sin que origine un deterioro significativo o irreversible del medio, lo que podría amenazar su integridad ecológica.

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la que depende de múltiples factores, especialmente la naturaleza de los depósitos, las condiciones de drenaje, la pendiente, la superficie vegetal, los habitantes de la flora y fauna, comprendidos el hábitat de especies amena-zadas o vulnerables. Por esta razón, el grado de utilización y la intensidad del equipamiento de zonas vulnerables del parque son en general muy débiles (sitios de camping rústico); por el contrario, la zona de servicios se distingue por su fuerte capacidad de soporte, lo que hace posible un uso más intensivo del territorio y una mayor densidad de equipamiento.

b. Segundo principio: difusión

Las actividades y servicios deben favorecer el descubrimiento del patrimonio.El segundo principio al cual están sujetos las actividades y servicios en

los parques nacionales de Quebec, estipula que cada actividad y servicio cons-tituirá una oportunidad para descubrir el patrimonio protegido del parque. De esta forma, el visitante puede establecer una relación privilegiada con los componentes naturales y culturales del patrimonio, basada principalmente en la observación, comprensión y apreciación. La experiencia del descubrimiento puede ser enriquecida por la educación, la que apunta a revelar la significación de los fenómenos o de los paisajes observados. La integración de la doble di-mensión en la experiencia subjetiva de los visitantes, recreativa y educativa, se denomina enfoque recreo-educativo.

Veamos en este punto algunos del mencionado enfoque:

i. Invitación Este enfoque implica que las actividades recreativas han de apuntar, en pri-

mer lugar, a invitar a los visitantes al descubrimiento de un medio natural, por ejemplo, de una especie vegetal, un fenómeno geológico o un lago. En este contexto, la oferta de actividades recreativas, por ejemplo un circuito en lancha o en bicicleta, se gestiona con el objetivo de favorecer el descu-brimiento, de tal manera que las actividades recreativas no se presentan como fines en sí mismas, sino como medios de desplazamiento que permi-ten recorrer un medio natural para descubrirlo y apreciarlo.

ii. Descubrimiento Por otra parte, cada actividad recreativa ha de integrar, en una determi-

nada proporción, un componente educativo susceptible de enriquecer el descubrimiento. La preocupación educativa no se reduce a las acti-

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vidades de interpretación de los parques, aunque éstas constituyen el marco privilegiado para la transmisión del mensaje educativo, la cual está contenida en: paneles de interpretación, afiches, folletos que contienen informaciones que se entregan a los visitantes después de la acogida. De esta forma, las personas que visitan el parque por primera vez, con el fin de practicar en él una actividad recreativa, son invitadas a descubrir el patrimonio y a vivir “la experiencia parque”.

iii. Valorización el patrimonio Los equipamientos, al ejercer ciertas presiones sobre el medio natural, tie-

nen una gran influencia sobre la forma en que los visitantes descubren el patrimonio. Esto explica que, en el momento de su planificación, después de considerar los costos, los equipamientos deben ser evaluados a fin de asegurar el respeto de los dos principios enunciados anteriormente: un impacto mínimo aceptable y favorecer el descubrimiento del patrimonio. Los potenciales objetos a descubrir en un determinado sector, deben ser localizados, descritos y evaluados.

Son múltiples las condiciones que contribuyen a crear un medio ambien-te favorable para el descubrimiento de un medio natural. En primer lugar, las actividades y servicios deben privilegiar la mantención de un ambiente apro-piado para que el visitante establezca una “relación de intimidad” con el medio natural. La sonoridad de éste, por ejemplo, puede incomodar a los visitantes. Las actividades ruidosas no respetan la necesidad de calma y tranquilidad de los visitantes, cuya satisfacción es necesaria para que éstos logren una experien-cia de calidad.

c. Tercer principio: accesibilidad Las actividades y servicios deben favorecer la accesibilidad.

Para entender la importancia de la protección de los elementos repre-sentativos de los parques, es necesario que los visitantes puedan acceder con-tinuamente a estos territorios, lo que implica, a los menos, cumplir con tres condiciones: a) una ampliación de la oferta de actividades de manera que sean diversificadas y diferenciadas durante todo el año; b) las actividades han de estar diseñadas en tal forma que no requieran necesariamente mayores habilidades técnicas y equipamientos demasiado costosos (lo que no excluye actividades con grados de dificultad y de especialización más elevados); y c) los servicios

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deben favorecer el descubrimiento, entre éstos: el sistema de información, el transporte, la seguridad pública, la restauración, servicios complementarios de bajo costo).

Estos tres principios no deben ser considerados aisladamente y el pri-mero tiene primacía sobre los otros, es decir, la conservación del patrimonio predomina sobre su utilización. De esta forma, una actividad o servicio que no es concordante con el primer principio no sería compatible con la oferta de los parques de Quebec y, normalmente, debería ser prohibido, aun si los otros dos principios fueran respetados. Esta perspectiva que se aplica en la gestión de los bosques de Quebec, denominada ecosistémica, pretende integrar los componentes biológicos (biodiversidad) y los procesos biofísicos (tales como los flujos de nutrientes y las interacciones entre los ecosistemas terrestres, los de agua dulce y los del borde costero marino), así como los aspectos sociales y económicos relevantes. La idea del enfoque es cuidar los servicios que prestan los ecosistemas de bosques en una sociedad, los que van mucho más allá de proveer madera y otros productos tangibles. Los servicios ecosistémicos de los bosques incluyen la protección de las cuencas que regulan la cantidad y calidad de las aguas; la provisión de hábitat para la diversidad biológica, incluyendo el conjunto de especies vegetales y animales que ellos albergan; la protección del suelo contra la erosión; el turismo; la fijación del carbono, entre otros.

4. Opciones de uso y valoración (a propósito de los bosques nativos chilenos)

Para concluir el capítulo que hemos dedicado a la gestión de un tipo de re-curso ambiental, los bosques nativos de la provincia de Quebec declarados parques nacionales, nos parece muy valioso presentar algunas consideraciones socio-económicas que ha arrojado un reciente estudio realizado en el país por la Universidad Austral de Chile (2003), que son complementarias a la breve sis-tematización que hemos hecho de la experiencia canadiense. En resumen, en este estudio un equipo de intelectuales reivindica la experiencia reciente de diversos países —incluido Canadá— como ejemplos que demuestran la cla-ra factibilidad y la absoluta conveniencia del resguardo de la diversidad de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos en Chile, incluso por motivos económicos.

En efecto, estos bosques proveen numerosos beneficios económicos tan-gibles e intangibles, los cuales para su mejor entendimiento pueden ser agru-

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pados en valores de uso directo, de uso indirecto, de opción, y de no-uso. Sólo algunos de estos valores se reflejan en precios de mercado convencional, ma-yoritariamente aquellos asociados al uso, mientras que aquellos servicios para los cuales no existen mercados tienden a ser ignorados, aun cuando en térmi-nos económicos y sociales sean de gran relevancia. Sólo recientemente han surgido modalidades de comparación del valor de los bienes tangibles de los bosques que tienen un precio de mercado, con aquellos que, a pesar de carecer de precios y de mercados, representan distintas opciones de uso y valoración de los servicios ecosistémicos del bosque para la sociedad.

a. Valor de uso directo

Los usos directos del bosque incluyen actividades comerciales y no comercia-les. Los usos comerciales, como por ejemplo la producción de madera y sus derivados, son significativos en nuestra economía nacional, al igual que los usos directos no comerciales que siendo más bien locales, son muy importantes en las economías rurales. Este es el caso de la leña para uso hogareño y la reco-lección de frutos. En Chile y en América Latina existen comunidades indígenas cuya forma de vida aún depende de la existencia de los bosques nativos. La destrucción del bosque nativo, en este ámbito, implica la pérdida de valores culturales de Chile de forma irreversible.

Los productos derivados del uso directo del bosque pueden ser valorados económicamente sin mayor dificultad, ya que existen precios en el mercado na-cional e internacional que permiten su estimación, ya sea para el mismo bien o bienes sustitutos. Así, por ejemplo, en Chile se estima que el valor por hectá-rea de bosque nativo en pie, en términos de su capacidad de producir madera aserrada, puede fluctuar entre US$ 150 y US$ 350 por hectárea al año, depen-diendo del manejo forestal a que el bosque esté sometido. Por su parte, el uso recreacional de los bosques ha sido estudiado en forma sistemática durante los últimos años. Estudios en países latinoamericanos, usando la metodología de costo de viaje, han estimado valores entre 30 y 40 dólares por visita, lo cual mul-tiplicado por el número de visitantes durante un determinado período puede llegar a constituir un valor significativo de ingresos.

b. Valor de uso indirecto

Los usos indirectos del bosque nativo incluyen las funciones ecológicas que los bosques cumplen dentro del ecosistema. Su valor se deriva de la mantención de

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otras actividades económicas que tienen beneficios de mercado directamente medibles. Por ejemplo, el bosque tiene un valor de uso indirecto al mantener la calidad y cantidad de agua de la cual dependen actividades tan importantes como la salmonicultura y la pesca recreativa, además del abastecimiento de agua de ciudades, pueblos, embalses para riego y generación hidroeléctrica. Este tipo de valor resulta muy relevante para medir el impacto de los servi-cios ecosistémicos, pero no solamente vinculados al patrimonio natural sino, además, al patrimonio histórico, respecto de cual han surgido recientemente metodologías adecuadas, como expone en este libro María Devesa.

c. Valor de opción

El valor de opción se refiere al beneficio que confiere a la economía el suspender usos actuales por los potenciales usos directos e indirectos que los bosques na-tivos pueden generar en el futuro, en el entendido que existe un beneficio aso-ciado al cuidado de estos ecosistemas que tiene relación con sus usos futuros. El valor de opción es especialmente importante si se considera que algunos de los beneficios actualmente subestimados pueden adquirir mayor aprecio en el futu-ro (por ejemplo, investigación científica, uso educacional, ecoturismo, maderas finas de alta calidad, propiedades medicinales, y otros usos comerciales).

d. Valores de no-uso

Los valores de no-uso son beneficios intangibles derivados de la sola existencia de estos ecosistemas, adicionales a sus usos directos e indirectos. Los valores de no-uso incluyen el valor de existencia y el valor de legado. Un ejemplo del valor de existen-cia es el valor que la sociedad otorga a la supervivencia permanente de ciertas es-pecies de la flora y fauna silvestres. Estos valores pueden ser más relevantes para las personas que no viven cerca de grandes áreas de bosque nativo y que sólo pueden beneficiarse de sus usos indirectos, pero que valoran la protección y preservación de estos ecosistemas y su biodiversidad.

El valor de legado corresponde a aquel valor que las personas dan a la conservación de estos ecosistemas para las generaciones futuras. El valor de legado puede ser alto, tanto en las comunidades rurales vinculadas estrecha-mente al bosque nativo, como en aquellas personas que aún no beneficiándo-se directamente del recurso desean preservarlo para sus descendientes.

Un país puede aprovechar eficientemente sus bosques nativos para generar más riqueza, mejorar la calidad de vida de campesinos, promover el desarrollo de las comunidades rurales y salvaguardar el capital natural que representan los servicios

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ecosistémicos y la biodiversidad, es decir, para hacer un manejo sustentable de és-tos. Terminan los autores señalando que la sola manera de resguardar el conjunto de beneficios que brinda el bosque nativo es mediante una adecuada planificación terri-torial, que debe hacer compatibilizar los intereses de los diferentes grupos que cohabi-tan en un territorio complejo, facilitar la resolución de conflictos y lograr la satisfacción de múltiples y crecientes demandas económicas, sociales y ambientales2.

III. El Modelo de gestión de ciudades patrimoniales: El caso de la AVEC

1. Conceptos fundamentales

La Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC) es un pacto de desarrollo estratégico acordado, en el año 1997, por varias ciudades y territorios culturales europeos —“emergentes” en el contexto cultural europeo—, entre éstos Pécs (Hungría), Tours (Francia), Toledo (España), Olomouc (República Checa), Cosenza y la Provincia de Torino (Italia), en el cual se comprometen, dentro de los límites de sus competencias, a definir y poner en marcha planes de manejo destinados a la preservación, enriquecimiento y valorización del patrimonio cultural. Y lo han hecho a partir del trabajo que vienen realizando en sus respectivos terri-torios jurisdiccionales y de lo que en la materia están opinando instituciones como la UNESCO, el Consejo de Europa e ICOMOS, por citar las más relevantes. De manera que esta experiencia es importante no tan sólo porque indica una manera de proceder validada por ciudades patrimoniales de importancia de Europa, sino además porque son respaldadas por los organismos internaciona-les concernientes al patrimonio cultural.

El concepto de patrimonio de una ciudad o de un territorio, para la AVEC, se aleja sustancialmente de lo que se ha llamado en la literatura la concepción conservacionista del patrimonio cultural3. El patrimonio es, para las ciudades que

2 Este aspecto de planificación en un contexto de diversidad de racionalidades y valores, pue-de leerse en este libro el trabajo de Héctor Berroeta.

3 Las ciudades que componen la AVEC no tienen como vocación convertirse en museos, y se proponen conservar y desarrollar un conjunto de actividades diversificadas tanto en el

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forman parte de la alianza, más que la simple colección de los bienes muebles e inmuebles, acumulados en algún lugar a lo largo de los siglos. Es también “un testimonio en movimiento por el cual generación tras generación dan sentido a lo que las distingue de otras, así como a lo que las une” (AVEC, 2001). Asimismo, se reivindica la importancia del patrimonio intangible asociado inexorablemen-te a los testimonios físicos: “el patrimonio es además la huella de los mestizajes y aportes sucesivos que han forjado el carácter único de cada ciudad. Es también la suma de las miradas que hacen recaer las personas sobre estos elementos irreemplazables que es su patrimonio común” (AVEC, 2001).

La gestión del patrimonio de la AVEC pone especial acento en el hecho que no es una alianza que esté orientada a atender las demandas de los visitantes, como podría temerse de iniciativas en el orden patrimonial excesivamente contaminadas con una mirada oportunista, lo cual explica que la activación económica no sea más que una de las dimensiones que abarca el modelo de gestión patrimonial4. La prio-ridad de las ciudades de la AVEC es estimular la reapropiación del patrimonio por su población, y para lograr esto cada ciudad o territorio de cultura se compromete a impulsar una política de desarrollo cultural al servicio del conjunto de su población, poniendo una particular atención en aquellos grupos de personas que tienen más dificultades para acceder a la vida cultural. La pretensión es que el habitante no se contente únicamente con utilizar su ciudad, sino que sea un ciudadano activo y responsable de ella; por lo mismo, que esté en condiciones de describir, interpretar, habitar, reinventar los lugares y costumbres de una ciudad.

Con mucha frecuencia el patrimonio es considerado como una simple fuente de recursos a corto plazo. Estas ciudades, en cambio, gestionan el pa-trimonio con el objetivo mancomunado de preservar la calidad del medio am-biente natural y cultural en beneficio de las generaciones futuras, y, simultánea-mente, hacer del patrimonio local un factor del desarrollo económico, cultural y social; un desarrollo viable como dice un lema que se puede leer en sus avisos promocionales. Cada ciudad o territorio de cultura conduce una política de asociación estrecha con los habitantes en torno a esta idea de reapropiación del patrimonio local la que se facilitará logrando el concurso de un equipo ca-lificado de mediadores y asociando a un conjunto de actores —organismos

corazón así como en los alrededores de los centros históricos.

4 Las ciudades de la AVEC tienen en común querer convertirse en centros vivos de encuentro entre habitantes y visitantes, en definitiva de encuentros entre culturas. Se propone dentro de este espíritu convertir la acogida de visitantes no solamente en una actividad económica, sino en una ocasión privilegiada de fomento de relaciones humanas.

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estatales, universidades, asociaciones, empresas, etc.— en una suerte de foro local permanente para la valoración del patrimonio.

¿De dónde proviene esta premisa organizativa de la reapropiación? Para la AVEC, la premisa busca confirmar que lo que se trata de estimular son las características propias de la ciudad por lo que se otorga sumo valor a lo que denominan la autenticidad, hasta el punto que esta cualidad es el objeto pri-mordial, y entonces de constante monitoreo, de las evaluaciones de la marcha de la gestión de las ciudades y territorios participantes (AVEC, 2001). Una ciudad es una realidad viva en el sentido que los habitantes deben estar asociados a este movimiento y a su progreso. La conservación de sus valores culturales no puede jamás dejarse al margen de su desarrollo económico, social y cultural.

2. Habitar el patrimonio

El patrimonio cultural enfrenta un doble desafío que es aparentemente contra-dictorio. Por una parte debe ser conservado, y, por la otra, su transmisión a las nue-vas generaciones depende fundamentalmente de su integración en la sociedad actual (Ballart y Juan, 2001). Jacques Beauchard (2003) plantea, en sus palabras, idéntico desafío cuando señala que vivimos en un determinado territorio que es heredado, pero que también está siempre reinventándose bajo una tensión entre tradición e innovación, entre el valor asignado por los expertos y la apropiación dada por los habitantes. La variedad de los conflictos, según María Gravari-Barbas (2005), explica la intervención del mundo del derecho y la organización de los procedimientos, la formulación de estrategias, políticas y mercados que orienten los procesos de identificación, tutela y gestión patrimonial.

En este sentido, la postura de las ciudades patrimoniales de la AVEC revela que la mejor forma de resolver el dilema conservación-integración consiste en ocuparlo, en asignarle una función, en habitarlo. Beauchard (2003) se inclina también por esta opción cuando sostiene que el patrimonio cultural no es más que una construcción a la que una sociedad le da sentido. Una manifestación cultural, una emoción colectiva, la prosecución de intereses locales, todas estas acciones comunicativas, permiten el establecimiento legítimo de una identi-dad, lo que contribuye claramente a la emergencia de un territorio. Gravari-Barbas (2005) ratifica que el patrimonio habitado implica una representación territorial, una identificación colectiva y movilizada que afecta la construcción de la polis, del “nosotros”, al cual dirigirá inexorablemente la atención el interés de los poderes constituidos para controlarlo de alguna manera.

Como es un hecho que pocos elementos patrimoniales pueden cumplir

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hoy la misma función para la que fueron construidos originalmente, parece ra-zonable atribuir a estos elementos una nueva función, para lo cual habrá que adaptarlos a las condiciones de habitabilidad y de funcionamiento que exigen los requerimientos contemporáneos. Sin embargo, la naturaleza patrimonial de los edificios, sitios o espacios, exige que estas mutaciones o adaptaciones fun-cionales se hagan con respeto, sensibilidad e inteligencia.

El acto de habitar no es social ni políticamente neutro. Habitar en un lu-gar cargado de historia, revestido de significación no sólo para aquellos que allí habitan, sino también para grupos más grandes, implica relaciones múlti-ples, matizadas, incluso contradictorias5. Esta relación posesión/no posesión es un elemento esencial para comprender la manera y el sentido de habitar el patrimonio. Los que habitan un lugar patrimonial, y que tienen conciencia de ello, lo viven a menudo de una forma ambivalente: el peso de las coacciones financieras, técnicas, reglamentarias es difícil de sobrellevar; el protagonismo de quienes están encargados de proteger el patrimonio (técnicos, expertos) no es a menudo fácil de aceptar. Pues el patrimonio es, a la vez, un marco normativo y una estructura social, y la importancia del primero no debe ocultar la fragilidad del segundo. La patrimonialización de los lugares, frecuentemente acompaña-da de aumento de los precios de las viviendas, de visitantes o de impuestos, implica a menudo cambios sociales frente a los cuales la población reacciona.

En conclusión, el patrimonio se encuentra en una permanente tensión entre preservación y creación. Si, por una parte, las personas buscan la preserva-ción del medio reconocido como patrimonio, también buscan imprimir su sello y proyección. El patrimonio, por definición cargado de historia y portador de sentido, siempre interpela la creación contemporánea, entrando en simbiosis con lo existente, dándole un sentido. Un sitio patrimonial es, a la vez, un lugar para vivir, así como de paso, cruce, de movilidades diversas, migratorias, turís-ticas, intercambios, apropiaciones, tensiones y conflictos. Cada espacio público absorbe de alguna forma, la diversidad para producir características comunes y regularidades, mientras que el conjunto de los espacios públicos se distribuye en una variedad, tanto más extensa que la ciudad.

5 Habitar el patrimonio significa de alguna manera “no estar completamente en casa”. Lao-Tsé ex-presaba esta idea así: “la fachada de una casa es de quien la mira” y Víctor Hugo recordaba que “si el uso del patrimonio pertenece a su propietario, su belleza pertenece al mundo entero”.

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3. La evaluación del programa

Los más recientes aportes de la AVEC en el contexto de la gestión del patri-monio cultural guardan relación con la construcción que emprendió de una metodología de evaluación del estado del patrimonio cultural en las ciudades y territorios miembros de la alianza estratégica, la que deberá aplicarse perió-dicamente y en forma comparada con el propósito de velar el cumplimiento de los acuerdos de manejo sustentable y de prevenir situaciones indeseables en el patrimonio cultural (AVEC, 2001). No cabe duda que la AVEC sigue en esta materia una tradición que comienza a gestarse en las últimas décadas como re-acción frente a los negativos efectos ambientales que ha producido el llamado “progreso” y el cuestionamiento al tipo de relación que las sociedades industria-les han establecido con el medio ambiente. Estamos en un caso de trasplante de metodologías de evaluación de impacto ambiental al contexto de la ciudad y el territorio de alto interés patrimonial, que nos parece muy relevante tener presente.

No es el caso en este trabajo ni de este libro describir cuál es la metodo-logía específica de evaluación ni cuáles los indicadores que se escogieron para efectuar las mediciones, tanto cuantitativos (formas estadísticas, mediciones), como cualitativos (observaciones directas, encuestas, análisis sociológico)6. Pero sí es interesante, en cambio, ofrecer al lector en qué consiste, metodológica-mente hablando, el análisis de la problemática patrimonial, tal cual lo postula la alianza de ciudades y territorios europeos, que está inspirada por el análisis multicriterial. Este tipo de análisis se ha utilizado para facilitar la organización de información tanto científica como económica, como base para procesos de toma de decisiones en materia ambiental (Corral y Quintero, 2007), y tiene por particularidad incorporar en el análisis variables tanto económicas como no económicas, lo cual implica una superación de reduccionismos, sean éstos economicistas o de otra naturaleza.

De acuerdo con este metodología, el análisis multicriterial es particular-mente pertinente en el estudio de relaciones “que no se pueden estudiar ni analizar aisladamente unas de otras, ya que no es posible la separación de los problemas del medio ambiente de su gestión, y es algo así como la relación en-tre la sociedad y sus instituciones” (Corral y Quintero, 2007, p. 39). Como se parte de la base que no existe una manera de abordar la contingencia, que de suyo es

6 Los trabajos de Devesa y Andueza y Olivi —incluidos al final de este volumen— definirán las estrategias metodológicas para diagnosticar, evaluar opciones y factibilizar la gestión en el contexto de bienes culturales.

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compleja, el análisis multicriterial permite la incorporación de diferentes puntos de vista e intereses dentro de una estructura analítica, de manera tal que la información y racionalidad científica puede vincularse de manera explícita con las percepciones ciudadanas. Aunque con esta metodología no se resolverán los conflictos, la evaluación multicriterial ayuda a su administración o resolución aportando formas de llegar a compromisos políticos en caso de preferencias di-vergentes o incluso antagónicas en un sistema dado (Corral y Quintero, 2007).

III. Conclusiones

El concepto de modelo de gestión se define como la forma o pauta de orga-nización de las funciones básicas de la gestión del patrimonio cultural a partir de un enfoque, de una misión y unos objetivos que los actores proyectan sobre dichos bienes. Ahora bien, un modelo no es un “molde” que determina la forma de un proyecto, ni tampoco un enunciado de recetas que deban seguirse para transformar la realidad. El modelo corresponde a un marco de razonamiento con el cual los participantes de una organización piensan la acción futura, desde la ela-boración y estructuración de ideas sobre los usos en bienes patrimoniales, hasta la puesta en marcha y posterior evaluación de las intervenciones. En este sentido, un modelo es una representación abstracta de la realidad —porque la simplifica en vista de una utilización precisa—, que selecciona sólo las características perti-nentes en relación con el contexto en el cual se encuentra.

En aras de encontrar insumos para la construcción del que será “nuestro” modelo de gestión de bienes patrimoniales en Chile, el estudio exploró algunos enfoques y conceptualizaciones de bienes y servicios públicos por estimarse que el patrimonio cultural es una especie particular de bien público, respecto a los cuales los agentes pueden ejercer ciertos tipos particulares de libertad, en cualquier caso diversos a los que confiere la propiedad privada. Al igual que en otros bienes públicos, frente a los bienes patrimoniales operan los principios de no-exclusión y no rivalidad, a pesar de que no siempre se verifican en términos mecánicos, así como tampoco lo hace la regla según la cual los bienes públicos son proveídos por el sector público, mientras que los bienes privados lo son por el sector privado. Nos inclinamos mejor a pensar, como Benkler (2003), que la característica primordial de los bienes públicos, que los diferencia de los bienes privados, es que ningún individuo posee el control exclusivo de su uso ni de su abandono.

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Inge Kaul, Isabelle Grunberg y Marc A. Stern (1999) señalan que, en muchas esferas de las políticas públicas, estamos creando bienes públicos que otrora se consideraban circunscritos dentro del ámbito nacional, pero que en nuestros días trascienden las fronteras y tienen efectos mundiales, como las cuestiones del medio ambiente. Serageldin y Taboroff (1994) ilustran la utilidad de los nuevos instrumen-tos analíticos —desarrollados en un primer momento con fines de evaluación de bienes medioambientales que no se comercializan, tales como la diversidad bio-lógica o los bosques milenarios— para comprender mejor el valor del patrimonio cultural. Afirman que, evidentemente, esas técnicas pueden utilizarse para orientar a los encargados de formular políticas y a los protagonistas privados a fin de que preserven los emplazamientos culturales de valor inestimable e irreemplazable.

En este entendido se examinó la experiencia de gestión del patrimonio na-tural en los parques nacionales de la Provincia de Quebec, Canadá, que contiene orientaciones útiles para la modelación de la gestión del patrimonio cultural, aplica-bles en términos analógicos. Junto con alentar la conservación de la diversidad bio-lógica de los bosques nativos, se busca el posicionamiento de una gama creciente de actividades al aire libre, o servicios ecosistémicos, que cumplen ese objetivo, al tiempo que se descarta toda una variedad de prácticas o de técnicas no compati-bles con la misión de los parques, o incluso no pertinentes en relación con el con-texto particular de un parque específico. Este nuevo contexto muestra la necesidad de proceder a la revisión de los principios tradicionales que encuadran el estable-cimiento, el desarrollo y la gestión de las actividades y servicios en los parques de Quebec, proponiéndose aquéllos que tengan un impacto mínimo aceptable sobre el patrimonio y favoreciendo que cada servicio constituya una oportunidad para descubrir el patrimonio protegido del parque. De esta forma, el visitante puede es-tablecer una relación privilegiada con los componentes naturales y culturales del patrimonio, basada principalmente en la observación, comprensión y apreciación. La integración de las dimensiones recreativa y educativa en la experiencia subjetiva de los visitantes se denomina enfoque recreo-educativo.

Con el objetivo de precisar la construcción de indicadores de gestión del pa-trimonio cultural, se examinó la experiencia de las ciudades y territorios que compo-nen la Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC). De su revisión se desprenden otras orientaciones significativas para el diseño de modelos de gestión del patrimonio cultural. Para introducir una diferenciación entre habitante del patrimonio y visitante del patrimonio, a menudo confundidos, se exploraron algunas investigaciones cuyos resultados son también significativos para el proyecto. Probablemente el hallazgo más relevante para nuestra investigación ha sido tener la oportunidad de conocer la metodología de evaluación de impacto ambiental denominada “análisis multicri-terial”, que se ha utilizado para facilitar la organización de información tanto científica

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como económica, como base para procesos de toma de decisiones en materia am-biental, y que algunas ciudades europeas la han utilizado para controlar el estado de manejo del patrimonio cultural. Pues el patrimonio cultural enfrenta un doble desafío aparentemente contradictorio. Por una parte, debe ser conservado y, por la otra, su transmisión a las nuevas generaciones depende fundamentalmente de su integra-ción en la sociedad actual. Sea en un sentido de adaptación o de mutación, “habitar el patrimonio” implica tener en cuenta el contexto patrimonial, la integración de todos los parámetros (arquitecturales, naturales, sociales, artísticos y económicos) y la reinter-pretación del sentido del lugar, sitio o monumento.

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Simbolismo y acción colectiva en la configuración del espacio patrimonial urbano

Héctor Berroeta Torres

1. Introducción: demandas por identidad y consumo en la sociedad contemporánea

Las cuestiones referidas a la herencia cultural han superado los límites académi-cos de la arqueología, la arquitectura, la economía, la historia del arte o la antro-pología social, para convertirse en asuntos de interés ciudadano. El uso, el destino e, incluso, la calificación de lo que es o no patrimonio cultural, son objetos de un debate complejo, puesto que presenciamos la emergencia de nuevas posicio-nes entre agentes sociales que intervienen con propuestas, muchas veces, en-contradas. La noción de patrimonio se ha desplazado desde un planteamiento particularista, centrado en la propiedad privada y el disfrute individual, como lo fue en la Edad Media, hacia una noción contemporánea centrada en la idea de riqueza colectiva dentro del contexto de una democracia cultural, la que exige un compromiso ético y la cooperación de toda la población para garantizar tanto su conservación como su adecuada explotación (Llull, 2005). En este nuevo marco, ya no es posible abordar el patrimonio cultural desde una noción de territorio de exclusiva competencia técnica cuyas decisiones queden exclusivamente en manos de una elite. Hoy es más pertinente conceptualizarlo como un campo, es decir, como un subconjunto de tópicos que forman parte de un mismo interés genérico, y en el que, por lo tanto, confluyen diversos saberes, sensibilidades e intereses específicos.

A diferencia de las sociedades tradicionales, la sociedad moderna no se define sobre la base de la inclusión de todos sus integrantes a un ethos colecti-vo. Lo hace generando una serie de segmentaciones al interior de la sociedad definidas en lógicas de competencia por inclusión y exclusión de beneficios

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sociales, económicos y simbólicos. Asistimos, en la actualidad, a una crisis de muchos valores sobre los cuales se construyeron las sociedades nacionales y locales que dieron origen a la ciudad moderna. En el seno de la ciudad, origi-nariamente motor y catalizador del intercambio humano, es donde se produce una mayor presión sobre el medio ambiente y una pérdida de la calidad de vida de sus habitantes cuyos síntomas son: el deterioro del centro histórico, la falta de espacios verdes, la congestión del tráfico, la contaminación acústica, el aumento en los costos de los servicios básicos, los problemas de integración social y marginación e inseguridad, entre otros. La confianza en el futuro, en la ciencia y en la tecnología, tres pilares del orden inherente de la modernidad, se licúan en una transformación del tiempo y el espacio.

En la sociedad contemporánea “globalizada”, las “comunidades tradicio-nales” de pertenencia han perdido centralidad como ámbitos preferentes de la reproducción cultural en tanto otros medios se configuran como nuevos pro-ductores de información y cultura. Como señala Bauman (2006, p. 19), “aferrarse al suelo no es tan importante si ese suelo puede ser alcanzado y abandonado a voluntad, en poco o en casi ningún tiempo”. En este mismo sentido, Manuel Castells (1988) plantea que la revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del capitalismo han inducido a una nueva forma de sociedad que él llama “la sociedad red”. Ésta está caracterizada, por una parte, por la glo-balización de actividades económicas primordiales para el grupo social desde el punto de vista estratégico (medios de transporte, servicios básicos, etc.) y las condiciones de trabajo definidas por una flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización y, por la otra, por una cultura de la virtualidad construida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconec-tados y diversificados que transforman los cimientos materiales de la vida, del espacio y del tiempo.

En los tiempos actuales no hay grandes relatos donde ampararse frente a estos fenómenos que impactan en la vida de la población (pautas de relación, patrones de consumo, adscripciones colectivas, referencias políticas y dinámi-cas de compromiso). Los conceptos de individuación, reconocimiento y crisis de identidades dan cuenta de la angustia subjetiva que deviene en el individuo cuando busca hacerse cargo de la tarea, siempre incompleta, de constituir su sí mismo. Como reacción a esta transformación de la experiencia humana dentro del sistema urbano, se extienden sentimientos localistas, crece la añoranza por el pasado, y preocupa la volatilidad de la cultura y de los testimonios simbólica-mente más significativos para las comunidades de referencia. En esta desregu-larización e internacionalización de las identidades locales, no es extraño que se busque encontrar referentes identitarios en contextos específicos y determina-

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dos, como son la apropiación de bienes patrimoniales y el desarrollo de activi-dades relacionadas con la cultura que resaltan su valor económico y cultural.

Es posible constatar que, en el marco de la sociedad contemporánea, ha adquirido un elevado interés colectivo el patrimonio cultural, así como la ideo-logía que la sustenta que podríamos denominar patrimonialismo. Es cada día más claro que los bienes culturales se reivindican en tanto íconos de la iden-tidad colectiva. Por ello, no resulta difícil advertir que la determinación de lo que es y de lo que no es patrimonio cultural ya no exprese solamente un juicio erudito o de experto, sino, además y cada vez con más fuerza, la evaluación de expresiones que simbolizan la experiencia de una comunidad.

El análisis de un objeto patrimonial en el contexto urbano, en consecuen-cia, remite a un campo de interés en el que confluye la realidad icónica, como expresión material; la mediación simbólica, que va más allá de la cosificación y la objetualidad; y la acción colectiva como expresión grupal no particular. Es en estas dos últimas dimensiones donde las ciencias sociales pueden aportar cate-gorías de análisis pertinentes y desarrollar propuestas que favorezcan la gestión del patrimonio inmueble en el contexto urbano1. El presente trabajo se ocupará de efectuar un análisis psicosocial de los procesos de mediación simbólica entre los bienes patrimoniales y el entorno en que éstos se emplazan, así como de la acción colectiva que acontece en relación con ellos y que denominaremos el espacio patrimonial urbano. Este proceso opera como síntesis explicativa de los fenómenos sociales de apropiación y de transformación colectiva.

2. La subjetividad social en la construcción del espacio patrimonial urbano

Tanto el patrimonio urbano como el espacio público son elementos centrales de la afirmación cualitativa de las ciudades en la medida que se constituyen en lugares de memoria. Los edificios señoriales, las construcciones industriales y portuarias o el arte callejero, por mencionar algunos bienes patrimoniales, corresponden a un componente cualificador e identitario del espacio público que tiene la capacidad de monumentalizar la ciudad. Pero, además, muchos de los bienes patrimoniales son espacios públicos en sí mismos, como ocurre con algunas calles, puentes o

1 Tal como se señaló en el texto de Javier Adán, incorporado en este volumen, los aspectos constructivos o arquitectónicos del patrimonio cultural escapan al propósito de esta investi-gación, la cual se ocupa de pensar un modelo de gestión que haga viable y pertinente una intervención física sobre un bien patrimonial.


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grandes edificaciones que albergan centros culturales o lugares de esparcimiento. En síntesis, esta dotación de sentido que entrega el patrimonio al espacio urbano tiene lugar a partir de los procesos de apropiación e identificación simbólica que desarrollan los individuos y colectivos de momento que interactúan en el tiempo en estos entornos. En ellos confluyen aspectos de orden material y simbólico, que son instituidos por su doble carácter: físico y social.

En su cualificación monumental, el contexto patrimonial urbano es un espacio eminentemente transfuncional, es decir, un espacio lleno de simbolis-mo que no puede ser reducido a su mera funcionalidad (Lefebvre, 1971)2. Los bordes físicos y simbólicos entre el bien patrimonial y la ciudad están llamados a difuminarse. El simbolismo que porta un objeto reconocido por su valor his-tórico o su particularidad estética trasciende hacia el entorno en que se ubica y a los colectivos que interactúan en él, proceso que también ocurre en dirección contraria, es decir, también el simbolismo del espacio y los grupos sociales se extienden a la valoración e identificación del bien, conformando un complejo socio-espacial que es divisible sólo analíticamente.

La relación entre simbolismo y espacio en la ciudad ha sido abordada por diversos autores y disciplinas de las ciencias sociales. Revisaremos, a continua-ción, algunos referentes que pudieran parecer distópicos. Sin embargo, todos tienen en común que refuerzan la idea que el patrimonio cultural es un media-dor simbólico que cualifica el espacio público como fuente de identificación social y activador de lo que se ha llamado el imaginario urbano (Silva, 2006)3.

Desde el urbanismo, uno de los más influyentes pensadores de la ciudad, K. Lynch (1985), en su clásico texto La imagen de la ciudad, demostró que la ima-gen física de la ciudad cumple una función social de movilidad y organización, emocional y simbólica. La ciudad- imagen provee símbolos con poderosas aso-ciaciones para la gente que participa de un entorno y que pueden facilitar la comunicación en la medida que los lugares se identifiquen en el mapa mental

2 Henri Lefebvre (1971) hace la distinción entre los espacios unifuncionales (o de único uso), multifuncionales (núcleos de vida colectiva como lugares de venta y prestación de servicios) y transfuncionales (llenos de simbolismo irreductibles a la funcionalidad). En este último gru-po se incluyen los espacios patrimoniales de la ciudad.

3 D.Hiernaux (2006) habla específicamente de imaginario patrimonialista para referirse al “con-junto de figuras/formas/imágenes a partir de las cuales la sociedad actual, o por lo menos una parte de ella, concibe la presencia de elementos materiales o culturales del pasado en nuestro tiempo y nuestro espacio de hoy (…) que guía ciertos programas sobre los centros históricos en particular; pero también sobre otras manifestaciones de las espacialidades del pasado todavía presentes en la actualidad” (p 33).

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de la ciudad (Krupat, 1985). Un bien patrimonial aportaría significativamente a la buena calidad de un espacio público en tanto comporta simbolismo y estruc-tura e identidad, elementos que promueven la creación de sentido de comuni-dad y favorecen la interacción social entre sus habitantes.

Desde la sociología urbana marxista, Henri Lefebvre y Manuel Castells abor-dan el tema del simbolismo espacial, aunque de manera diversa. Bajo un supuesto más determinista, Lefebvre (1971) señala que con la ciudad moderna asistimos a una urbanización total del espacio con la consiguiente alienación del individuo a causa del funcionalismo de la arquitectura y del urbanismo. El criterio funcional preponde-rará por sobre la vivencia que experimenta el sujeto en el espacio y las interacciones que en él tienen lugar. Si la ciudad, para Lefebvre, es interpretada como un todo que no puede dividirse en sus partes, en Manuel Castells, en cambio, se entiende la ciu-dad de una manera menos totalizante. El medio urbano, en cuanto producto social, y la ligazón espacio-sociedad “debe quedar establecida más como problemática y como objeto de estudio que como eje explicativo de la diversidad social” (Castells, 1988, p.133). Para Castells, la configuración del espacio se da a partir de la estructura social compuesta de las esferas económica, política e ideológica. Es en esta última esfera donde se sustenta lo simbólico. Para él, en efecto, no existe imagen fuera de la práctica social y ésta fuera de la esfera ideológica. Por lo mismo, el espacio debe analizarse no sólo como producto social sino también como producto cultural lo que explica por qué existiría una jerarquía de la organización espacial: el espacio reproduce prácticas ideológicas generales. Gracias a este planteamiento estamos en condiciones de entender mejor las diferencias culturales que se encuentran pre-sentes en la mediación simbólica del espacio y que se expresan en una pluralidad de formas de uso y apropiación, como igualmente entender las diversas posturas frente a la valorización patrimonial y el espacio publico.

La antropología urbana es quizás la disciplina que mejor ha analizado el tema del simbolismo en el espacio urbano. Para Amos Rapoport (1978, p.285) “los sím-bolos son un medio importante de transmitir y condensar la información” y, en la medida que contienen normas y reglas de conducta, los símbolos son “reforzadores de valores y un medio de conseguir consensos en grupos”. El problema de nues-tras ciudades, según Rapoport, es que cada vez hay menos elementos simbólicos compartidos en el espacio público, pues su diseño responde cada vez más a aso-ciaciones individuales de los diseñadores o planificadores urbanos que a asociacio-nes compartidas de los habitantes. En esta misma dirección, el antropólogo francés Marc Augé (2006) ha advertido la emergencia en la sobremodernidad de lo que él ha denominado los no- lugares. Se refiere a aquellos espacios que no se asocian a una identidad singular y están llamados a facilitar más soledad y homogeneidad que relación social. En los no-lugares, las imágenes esbozan un mundo de consumo

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al alcance de todo individuo, el que es incesantemente interpelado a hacer como los demás para ser uno mismo; en los lugares, por el contrario, es donde se realiza la construcción concreta y simbólica del espacio, que es al mismo tiempo principio de sentido para quienes lo habitan y principio de inteligibilidad para quienes lo obser-van. Éstos son lugares identificatorios, relacionales e históricos, que permiten pensar las relaciones e identidades compartidas en la ocupación de un lugar común y que proponen e imponen puntos de referencia.

La perspectiva antropológica de Augé ha sido corroborada por la geografía, en autores como Y. Tuan (1974; 1979), según el cual los lazos afectivos que los habi-tantes establecen con los espacios pueden fluctuar entre la topofilia y la topofobia. Por su parte, la ecología también asigna al espacio la propiedad de ser símbolo de determinados valores culturales que han quedado asociados a una determinada área espacial. Estos fenómenos los podemos observar claramente en los procesos de gentrificación que tienen lugar en los cascos históricos, donde la recuperación y puesta en valor de ciertos bienes patrimoniales generan dinámicas de atracción simbólica que terminan regenerando los espacios públicos que les circundan.

En el ámbito de la psicología social, finalmente, varios autores, desde dis-tintas perspectivas, han abordado los procesos de mediación simbólica de lu-gar y habitantes, asociando la conformación de la identidad social y categorías espaciales: place-identity (Proshansky, 1976-1978 y Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983), urban identity (Lalli, 1988), identidad social urbana (Pol y Valera, 1994). Desde una perspectiva transaccional, los entornos juegan en la formación de las identi-dades de los sujetos un rol fundamental. Sujeto y entorno se definen dinámica-mente. Desde esta posición se enfatiza el estudio de unidades de análisis holista, con fenómenos definidos en términos de aspectos psicológicos, contextuales y temporales que resultan inseparables (Altman y Rogoff, 1987). La relación que se da entre sujetos y entorno se traduce en un diálogo a nivel simbólico donde el espacio transmite a los individuos unos determinados significados (socialmente elaborados) y las personas, a su vez, interpretan y reelaboran estos significados transformándolos en un proceso de reconstrucción mutua.

3. La activación social del patrimonio urbano

El patrimonio urbano no puede ser definido exclusivamente por su relevancia his-tórica, artística o arquitectónica, sino sobre todo por su valor simbólico, es decir, por el conjunto de significados socialmente elaborados y compartidos alrededor del espacio patrimonial que recoge elementos claves para la determinación de la identidad social de un grupo (Pol y Valera, 1994). El valor histórico del espacio

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patrimonial urbano potencia, más que cualquier otro espacio, procesos de iden-tificación simbólica. La psicología social así como las distintas aproximaciones de las ciencias sociales, enfatizan una dimensión que escapa a la materialidad do-minante en el campo de la definición y conservación patrimonial: la subjetividad social. Esta línea investigativa permite entender la acción colectiva en el espacio patrimonial urbano, la vertebración social y la habitabilidad urbana.

La apropiación social del espacio se lleva a cabo a partir de las acciones de transformación física e identificación simbólica que los sujetos hacen en el lugar. Estos mecanismos de apropiación facilitan el diálogo entre los individuos y su entorno en una relación dinámica. El individuo se apropia del espacio cuan-do lo transforma y lo incorpora en su esfera personal a través de cogniciones, afectos, sentimientos o actitudes relacionadas con él, todos los cuales resultan fundamentales en su definición como sujeto (Proshansky, 1976).

En el caso del espacio patrimonial, la apropiación espacial se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de las dinámicas comunicativas que se construyen en torno al bien y de los procesos de sedimentación histórica que configuran la memoria colectiva, es decir, por lo que las personas o instituciones dicen acerca del bien y por la representación social que de él se ha construido en el tiempo. Por su parte, las acciones de transformación —otro componente del mecanis-mo de apropiación—, se orientan a la conservación y proyección del bien patri-monial en el tiempo. Basta que se trate de actividades colectivas o individuales que tengan como fin la sostenibilidad y cuidado del espacio patrimonial, y no necesariamente una intervención física.

Los conflictos entre colectivos se generan cuando estos procesos psicosocia-les son llevados a cabo por grupos o instituciones cuyas orientaciones temporales son disímiles o que defienden distintos contenidos simbólicos acerca del bien, o cuando sus propuestas de acciones de transformación son incompatibles entre sí (Stokols y Jacobi, 1984). Estos autores identifican cuatro tipos de orientaciones tem-porales, cada una de las cuales determina un tipo de vinculación simbólica específi-ca con los elementos históricos existentes en un espacio determinado:

i Grupos de orientación centrados en el presente, que establecen una rela-ción simbólica con el espacio intrínsecamente asociada a su valor funcio-nal y a planes contingentes.

ii Grupos de orientación temporal futurista, en los que objetos y lugares están principalmente ligados a proyectos e intereses de futuro centrados, fundamentalmente, en planes de desarrollo.

iii Grupos de orientación tradicional, que asocian el espacio a un valor his-tórico, en tanto simboliza aspectos importantes de la historia del grupo.

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La tradición es plasmada en los entornos y lugares, que fortalecen y pre-servan los ligamentos entre las generaciones pasadas y las actuales. La respuesta afectiva de estos grupos puede variar en función del nivel de amenaza externa percibida.

iv Grupos de orientación coordinada, presentan un sentido de vinculación tan-to con las generaciones pasadas como con las futuras, dan valor a su situa-ción actual basándose en experiencias previas y expectativas de desarrollo y sus actividades muestran un equilibrio entre tradición e innovación.

Estas distinciones constituyen un primer paso para identificar a los actores que conforman el sujeto patrimonial de un bien específico. La con-figuración de un espacio patrimonial urbano está asociado, en su forma más duradera, a la acción de grupos con orientación temporal tradicional, puesto que, en el nivel simbólico, el patrimonio es considerado la presencia material de la historia del grupo, presencia que se debe conservar para man-tener la identidad social. Los grupos con orientación coordinada suelen ser un sólido aliado de los grupos tradicionales, pues entienden que el espacio patrimonial hace referencia al pasado y a los elementos característicos de su identidad al tiempo que proyectan los bienes hacia el futuro. Para éstos, el patrimonio es un espacio a preservar y a potenciar para un mejor futuro colectivo. En cambio, los grupos de orientación funcional se encuentran estructuralmente más alejados de los grupos tradicionales, pues a pesar de que poseen la inigualable ventaja de tener recursos para invertir en la recu-peración de los bienes, no aseguran continuidad en los usos y no tienen la estabilidad que reclaman los grupos tradicionales y coordinados4.

4. La participación como acción colectiva organizada

El patrimonio supera las construcciones y edificaciones para conectar a la gente involucrada con su pasado y su espacialidad. A esta comunidad, la institucionalidad política de muchos países le asigna una primacía de derechos, pues se entiende que el patrimonio, en última instancia, radica en la sociedad que se siente su here-dera (Koboldt, 1997). Ahora bien, la comunidad imaginaria requiere de un ente con-

4 A propósito de la discusión en relación con los modelos de gestión expuesta en el trabajo intro-ductorio de Javier Adán, desde el punto de vista psicosocial, el modelo denominado reactiva-dor, que se sustenta, en buena medida, en los grupos de orientación funcional, probablemente generará la resistencia de los grupos de orientación tradicional y de orientación coordinada.

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creto que cristalice la voluntad social ocupándose de su organización. “En un plano abstracto podríamos decir que estos repertorios (los bienes patrimoniales) pueden ser activados por cualquier agente social interesado en proponer una versión de la identidad y recabar adhesiones para el mismo. Ya en el plano de la realidad social, debemos decir que, en todo caso, no activa quien quiere, sino quien puede. Es de-cir, en primer lugar, los poderes constituidos” (Prats, 1997, p. 33).

La definición de sujeto patrimonial implica que lo patrimonial existe en la medida en que uno o varios sujetos lo reconozcan, lo apropien y lo protejan como tal. Este reconocimiento patrimonial fue habitualmente iniciado por las instancias burocráticas de las sociedades locales, pero que en la actualidad se ha diversificado progresivamente a grupos cada vez más amplios y plurales de la población. Fernando Carrión (2003) da cuenta de esta concurrencia de acto-res, frecuentemente en disputa, señalando que el sujeto patrimonial está situa-do históricamente en relación a los bienes patrimoniales. Esta relación social está estructurada en un campo en el cual participan (a) actores sociales específicos situados en un momento dado, (b) con capitales económicos y simbólicos dife-rentes (posición social), y (c) en relación a un objeto que se hereda.

Estos elementos se pueden identificar en cada caso atendiendo a los si-guientes criterios:

• Laescaladelamirada:local,nacionalointernacional.• Elorigendelapertenencia:público,privadoocomunitario.• Lafunciónpropia:comercial,administrativaodeservicios.• Eltipodetitularidadrespectodelbien:lospropietariosdeinmuebleso

sus tenedores materiales.

Carrión (2003) plantea que es posible y deseable realizar un mapeo de los sujetos patrimoniales con el objeto de conocer quiénes son, las posiciones que tienen y las relaciones que mantienen entre ellos. Para lo cual es nece-sario situarse en dos planos complementarios. El primero referido a la identi-ficación de los sujetos patrimoniales que actúan como sujetos patrimoniales históricos; y, el otro, referido a la definición de los sujetos patrimoniales subor-dinados. A partir de lo cual se puede configurar el escenario de conflicto y los medios a través de los cuales viabilizar la gestión.

En este marco de pluralidad de actores involucrados en la activación y cuida-do del patrimonio cultural, la participación social se transforma en una dimensión necesaria e ineludible a la hora de intentar propuestas de gestión que favorezcan la apropiación social. Resulta, entonces, prioritario identificar e involucrar a estos diversos actores en el logro de una adecuada y viable planificación de las accio-

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nes de intervención, las que deberán estar enmarcadas sistémicamente por las relaciones con el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. Ahora bien, la sociedad no ofrece espontáneamente la participación a sus miembros y está habituada, más bien, a un rol pasivo, a lo que se suma que la participación política del país, en especial la de los municipios, no parece ir más allá del ejercicio electoral de las autoridades comunales (Benítez, 1998). En efecto, “las institucio-nes trabajan un concepto estrecho de descentralización y reconocimiento de las diferencias incapaz de producir flujos de visibilidad social, salvo aquella operada por los administradores y concentrada en eventos de sometimiento comunitario, es decir proyectos- constructos que adelgazan al ciudadano y lo envuelven en la lógica de la dependencia institucional” (Ossa,1998, p. 152).

Para conseguir la necesaria intercomunicación y coordinación entre la ini-ciativa pública y la privada dirigida al patrimonio deben producirse conversa-ciones y negociaciones abiertas al estilo de un foro público. Se trata de construir un espacio de discusión y coordinación para trazar programas y repartir cargas en un ambiente de libertad. El encorsetamiento de regulaciones y burocracias limita la eficacia, corta las alas a los mecenas y patrocinadores y consume los recursos económicos en mantenerse a sí mismas (Campillo, 1998).

Es factible la creación de consorcios publico-privados que participen desde una perspectiva de articulación de intereses y capitales para conservar y potenciar el pa-trimonio urbano. Pero, para ello, se debe tener presente que la participación es una situación que surge en el encuentro de dos dinámicas (Palma, 1998). La primera es la capacidad de participar, es decir, que los actores posean las actitudes y las habilidades necesarias para incorporarse en una empresa común y que han de haber desarrollado a través de las prácticas y de la reflexión sobre éstas con anterioridad. Este es el capital que ellos aportan a la realización de esta empresa. La segunda es la oportunidad de participar, esto es, tener el espacio incorporado e inscrito en el diseño de las políticas o en la organización de la red, permitiendo, institucionalmente, el adecuado ejercicio de la capacidad de participación que aporta el grupo concreto que se incorpora en esa acción colectiva. En resumen, podemos hablar de participación cuando se ha provo-cado una adecuación entre las capacidades de participar del grupo incorporado y las oportunidades que se abren con el funcionamiento de la red y la política.

5. Tecnología para el anclaje social del patrimonio

A partir de estudios realizados en la ciudad de Barcelona, Pol y Valera (1998) aportan dos conclusiones relevantes para el diseño de la gestión del espacio patrimonial. En primer lugar, los espacios que más rápidamente forman parte

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del universo simbólico de referencia de una comunidad corresponden a los que permiten su uso para actividades de carácter social, sean formales e informa-les; y, en segundo lugar, que la monumentalidad, por sí sola, no es elemento suficiente para acelerar un proceso de identificación, el cual requiere, cuanto menos, que vaya acompañada de nuevas interacciones, actividades o acciones que se valoren como positivas por la colectividad afectada. Otro estudio patri-monial, esta vez de la Red Ciudad, Identidad y Sostenibilidad (CIS)5, concluye, coincidentemente, que las colectividades que están socialmente vertebradas y cohesionadas, aquéllas que tienen una identidad social y espacial definidas, presentan mayores posibilidades de adoptar valores, hábitos y comportamien-tos funcionales con la sustentabilidad de sus entornos (Pol y Varela, 1998).

Estas conclusiones refuerzan la idea que, en la gestión patrimonial, es necesario dar centralidad a la mediación simbólica y a la acción colectiva como factores que, claramente, mejorarán las acciones colectivas de conservación y proyección de estos espacios. La incorporación de estrategias que favorezcan la identificación grupal o co-munitaria de los habitantes con estos espacios, a la larga, permitirán el anclaje social necesario para que se genere un uso sostenible del espacio patrimonial y el cuidado por la estructura física, la calidad y el valor del bien. En este sentido, la participación y la comunicación son mecanismos que favorecen la apropiación; la primera permite coordinar acciones orientadas a la conservación, mientras que la segunda dota de contenido a la identificación simbólica que se construye sobre el objeto patrimonial. Veremos a continuación cómo el modelo de la planificación estratégica y de la comu-nicación pública pueden llegar a transformarse en dos recursos técnicos que pueden aportar significativamente a que los procesos de gestión patrimonial urbana6.

a. La planificación estratégica

En las organizaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, resalta lo que Martín Hopenhayn (1995) denomina las racionalidades múltiples. En el seno de una organización coexisten diversas maneras de comprender la acción,

5 Nos referimos al proyecto de la Universidad de Barcelona “Ciudad, Identidad y Sostenibili-dad”, dirigido por Enric Pol y Sergi Valera. Para más antecedentes, revisar el número mono-gráfico dedicado a esta investigación en la Revista Environment & Behavior City-Identity-Sustainability, nº 34, 2002.

6 Como la participación no es espontánea ni está bajo ningún respecto asegurada, la tecnolo-gía social tiene que ocupar su rol, el que resulta aún más fundamental en modelos de gestión de enfoques de responsabilidad ecosistémica, como el desarrollado en este libro.

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todas ellas racionales, y que no están siempre espontáneamente orquestadas en pro de un objetivo común (Crozier y Friedberg, 1977). Pues bien, esta mul-tiplicidad de racionalidades puede dividir la aplicación del concepto de plani-ficación. Lo que es válido en cualquier organización, lo es doblemente en el contexto del patrimonio cultural.

Según Hopenhayn, existirían, grosso modo, dos maneras opuestas de pla-nificar en una organización:

i. La planificación racional-comprensiva, la que puede definirse como el conjunto de procedimientos a través de los cuales el planificador clarifica objetivos, realiza un análisis sistemático para generar alternativas, estable-ce criterios para elegir entre esas alternativas y, una vez la elección se ha producido y ejecutado, controla sus resultados. Este enfoque racional-comprensivo termina por legitimar el juicio experto que contiene el plan trazado en virtud que se le considera un observador privilegiado.

ii. La planificación estratégica, la que arranca de una actitud de descon-fianza sobre las posibilidades reales de predecir el futuro o encontrar so-luciones ideales. Le bastará conseguir una situación en la organización que tenga la capacidad de moverse con rapidez frente a determinados acontecimientos. En este contexto, como una manera de reducir la in-certidumbre, se valora la participación y concertación de los actores en pro de objetivos compartidos. La planificación estratégica nunca puede considerarse terminada, siempre tiene un carácter parcial y selectivo. Para este segundo enfoque, el alcance de un plan estratégico puede variar concentrándose, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto clave, o en una función relevante como el marketing o los recursos humanos.

Desde esta forma de hacer las cosas resalta la idea que la vía adecuada para pensar la organización y tomar decisiones apropiadas en una sociedad cre-cientemente compleja debe tener cada vez menos de imposición unilateral por parte de los estamentos técnicos o políticos al resto de los miembros del tejido social y más de reconocimiento de objetivos e intereses múltiples que puedan orquestarse racionalmente por medio de la negociación. Por lo mismo, la plani-ficación consistiría en “un esfuerzo por coordinar y ordenar los comportamien-tos de agentes productivos a fin de que sus resultados sean menos imprevistos, estén mejor integrados y apunten en una direccionalidad de conjunto (…). El ejercicio de la planificación será más consistente con sus objetivos de eficacia económica de promoción de motivaciones sociales en la medida de que sea capaz de captar las múltiples motivaciones de agentes productivos, conciliar

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los comportamientos que derivan de las mismas, y potenciar los resultados que emanen de tales comportamientos” (Hopenhayn, 1995, p. 241).

El plan estratégico se concibe como el cauce en el que aunar la participa-ción de los principales actores económicos, políticos y sociales de la comunidad, para elaborar un diseño compartido sobre las claves de su desarrollo, construir una visión de futuro común y seleccionar los objetivos prioritarios de interven-ción. Los intereses de los actores deben aunarse dentro de un entendimiento común que busque una “forma racional de comunicación entre las partes que permite el reconocimiento de la comunidad en una cierta pragmática del len-guaje, capaz de expresar voluntades racionales y arribar a normas y decisiones igualmente racionales” (Hopenhayn, 1995, p. 250).

b. La comunicación pública

La comunicación a través de la tecnología constituye una modalidad de relación, pues recurre a actos expresivos y genera interacciones en las que los comporta-mientos de los actores producen información relevante para su entorno. En una interacción concreta, el comportamiento expresivo o comunicativo del actor indica un estado, una necesidad o un objeto particular, distinguiéndose así de comporta-mientos meramente ejecutivos o no comunicativos, que no aportan información para otros, dado que no se dirigen sobre entidades o no expresan intenciones.

En el proceso de gestión del patrimonio cultural, la comunicación será siempre pública7 en la medida que está destinada a proveer a los miembros de la comunidad de relatos orales o escritos, de imágenes y objetos, a través de los cuales se propone una interpretación del entorno y de lo que en él acontece. Este conjunto de elementos de la comunicación articulan sucesos que han ocu-rrido, propósitos más o menos conscientes que la comunidad posea y creencias que perseveran en los sujetos patrimoniales. Éstos elaboran y reelaboran re-presentaciones cognitivas que conciernen a la realidad, las cuales proceden en mayor o menor medida de la información que proporcionan otros individuos a través de cauces personales o institucionales de comunicación. Estos relatos participan en el control social de los sujetos patrimoniales, en tanto favorecen o dificultan la conformación de visiones compartidas.

La gestión del patrimonio cultural, entonces, ha de situarse en un sistema

7 La comunicación pública se podría definir como: “forma social de comunicación en la cual la información se produce y distribuye mediante el recurso a un sistema de comunicación especializado en el manejo de aquella información que concierne a la comunidad como un conjunto” (Roselló, 2005).

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de comunicación destinado a la comunicación pública, si no exclusivamente a lo menos preferentemente, de manera de elaborar socialmente relatos que contengan toda clase de información que interesa o afecta a las instituciones sociales. Sin perjuicio de que, además, entre sus usos comunicativos figure el intercambio de información que interesa sólo a determinados grupos o sujetos particulares. Los temas que cabe comunicar y el modo en que debe ser tratado el patrimonio, permitirán que los miembros de la comunidad lo distingan de otros y activen el proceso de apropiación.

Ahora bien, las representaciones sociales hacen referencia a determinados temas, seleccionando algunos datos y sugiriendo preferencias por ciertas eva-luaciones en vez de otras posibles. En el contexto de la comunicación pública patrimonial nos parece importante que ésta provea contenidos claros para for-mar las representaciones adecuadas en los grupos de sujetos en función de dos tipos de tareas impostergables que deben llevar a cabo. En primer lugar, la tarea de resolución de problemas al interior de una estructura jerárquica propia de cualquier organización. En este aspecto, la ciencia jurídica resalta la necesidad que la organización explicite un conjunto de criterios objetivos y compartidos por los diversos grupos dentro de los cuales, inicialmente sólo en ellos, puedan ampararse las argumentaciones a favor de los intereses parciales. En segundo lugar, la tarea de creatividad que se produce al interior de una estructura no je-rárquica que permite diseñar y coordinar acciones nuevas para la conservación y proyección del bien. Dentro de este planteamiento, los sujetos comprenden e interpretan de manera diferente la situación en la que se encuentran y no se comportan de manera similar ante un procedimiento que se mantiene idéntico, por lo tanto los sujetos se organizan según su representación.

Cuando la conexión entre los sucesos que ocurren en un entorno y el cono-cimiento de esos sucesos se efectúa recurriendo a un equipamiento tecnológico, a la división del trabajo y a la elaboración de objetos portadores de información, tal como sucede en la comunicación de masas, se pone en marcha un proceso de producción de información pública. El proceso social de producción de comuni-cación se realiza en última instancia para intercalar un repertorio de datos entre el cambio del entorno en que se hallan ubicados los bienes del patrimonio y la conciencia de cambio de las representaciones de los habitantes que rodean di-cho patrimonio. La comunicación pública que se refiere al patrimonio cultural, es una de las actividades colectivas destinadas a proveer de la información necesaria para la producción de identificación de la comunidad.

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7. Conclusión

El papel de las ciencias sociales, en particular de la psicología social, es aportar elementos para la mejor comprensión de los procesos simbólicos y la mejor gestión de acción colectiva sobre el patrimonio. Sin perder de vista que se trata de un campo complejo en el que confluyen diversas esferas del conocimiento y que, por tanto, requiere de un abordaje transdisciplinar.

La subjetividad social, tal cual se ha entendido en este trabajo, se ha cons-tituido hoy en un elemento central cuando se quiera abordar el complejo campo del patrimonio urbano. En efecto, las dinámicas de interacción entre los sujetos individuales o colectivos y los bienes patrimoniales no terminan en absoluto por explicarse por medio de estudios de mercado o de consumo cultural que nos hablan exclusivamente de la funcionalidad de estos bienes. Requerimos, además, de categorías explicativas propias del campo de la psicología social que nos per-mitan comprender en profundidad la estrecha relación simbólica entre bienes patrimoniales y procesos psicosociales, tales como la identidad, los que se en-cuentran fuera de un marco conceptual econométrico. En definitiva, es dentro de esta dimensión psicosocial, más que en la funcionalidad actual, en la cual adquie-re más y mejor sentido una buena gestión del patrimonio cultural.

Los mecanismos de identificación de los sujetos con los bienes y las ac-ciones de transformación que los grupos emprenden sobre ellos, son aspectos psicosociales que influyen decisivamente en los procesos de activación, lo cual nos obliga a incorporar la participación social en diversos niveles. En esta direc-ción se ha destacado la pertinencia de algunos recursos operativos:

• Elmapeodesujetospatrimonialesparalaidentificacióndeintereses,ca-pitales y capacidades para participar en la conservación y proyección del bien, todo lo cual permite contar con información fundamental para la adecuación de los diseños de participación a las características de los di-versos grupos.

• Laplanificaciónestratégica,envezde“consultasciudadanas”,comotéc-nica idónea para la elaboración de planes de manejo que incorporen objetivos y visiones de futuro consensuados entre actores económicos, políticos y sociales.

• Lacomunicaciónpúblicadelagestiónpatrimonialentantorecursofun-damental para intencionar la identificación simbólica de la comunidad en la medida que aporta contenidos explícitos a la elaboración de represen-taciones sociales en torno al bien.

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La participación social debe entenderse como una estrategia en la ges-tión de los bienes culturales que favorece tanto la conservación de éstos como la activación con fines de rentabilizarlos social y económicamente. Asimismo, la participación es un medio insustituible en el control de los procesos de acti-vación. Desde la categoría de la identidad social urbana se explica el modo en que los significados sociales vinculados al espacio patrimonial se consolidan en el tiempo y como éstos —sumados a la denominada orientación temporal de grupo— aportan a la conciliación de los conflictos de intereses presentes en la activación patrimonial.

En buenas cuentas, gracias a la apropiación y transformación colectiva que da lugar la participación social, podremos construir lo que denomina-mos el espacio patrimonial urbano, vitalmente más habitable, socialmente más integrado y económicamente más atractivo. Como ya afirmamos en otro momento (Berroeta, 2008), las infraestructuras y los espacios públicos son ele-mentos materiales que los procesos de apropiación pueden transformar en espacios simbólicos constitutivos de identidad, capaces de favorecer el senti-do de pertenencia y la vertebración social de quienes habitan estos espacios. La capacidad de activar estos mecanismos es aún mayor tratándose de bie-nes patrimoniales que, en sí mismos, ya portan un valor histórico y simbólico reconocidos por una comunidad. Por lo tanto, no resulta aventurado plantear que es posible aprovechar estos espacios de ciudad para generar lugares que acojan lo diverso, que permitan la alteridad y resistan a la creciente privatiza-ción del espacio público.

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Bases para una economía del patrimonio histórico

Luis César Herrero Prieto

I. Introducción: ámbito analítico de la economía de la cultura y del patrimonio histórico

La protección y conservación del patrimonio cultural, en cualquiera de sus manifestaciones, como son las obras de arte, los conjuntos históricos, los edificios emblemáticos, los sitios arqueológicos o la atención del conjunto de las artes escénicas, constituyen un tema que ha permanecido lejos del interés y del campo científico tradicional de los economistas. Las decisio-nes referentes a la gestión, utilización de recursos, asignación de funciones y caracterización del patrimonio cultural han recaído, generalmente, en el campo de otros expertos que se consideran más relacionados con las be-llas artes, como arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, etc. En este entorno existe, además, una creencia generalizada acerca de si los términos Cultura y Economía constituyen dos ámbitos incompatibles, en el sentido de que los productos culturales agotan su razón de ser al pasar al análisis de la producción y del consumo; o, dicho de otra forma, como si la econo-mía fuese una especie de contaminante que aniquila la emoción estética o la esencia de inteligencia de la cultura y de las artes, que pertenecen, por tanto, a un ámbito espiritual. Preguntarse, entonces, por cuánto vale la belleza, cuál es el costo de oportunidad de una inversión cultural o cómo el patrimonio histórico puede ser rentable, no dejan de ser cuestiones, para muchos, bastante inconvenientes, o que, al menos, degradan el sentido de la creación artística y del disfrute estético.

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Frente a esta acusación de cierto intrusismo, no es menos cierto, como hemos dicho al inicio, que la atención de los economistas sobre el análisis de la cultura ha sido muy reciente, pues ya desde los clásicos como Adam Smith se consideraba que las profesiones dedicadas al arte, la cultura y el esparcimiento no contribuían a la riqueza de las naciones, sino que, por el contrario, consti-tuían el ámbito por excelencia del trabajo no productivo. De esta forma, Adam Smith (1794, p. 99) escribía1:

“(…) En la misma clase (trabajadores no productivos) deben colocarse otras muchas profesiones, tanto de las más importantes y graves, como de las más inútiles y frívolas: los Jurisconsultos, los Médicos, los hombres litera-tos de todas especies, clase muy importante y muy honrada; y los bufones, jugueteros, músicos, operistas, bailarines, figurantes, etc. que son de una ínfima jerarquía. El trabajo del mínimo de ellos (…) nada produce que sea capaz por su valor real y permanente de comprar o adquirir igual cantidad de otro trabajo; porque perece en el momento mismo de su producción, como la declamación de un Actor, la arenga de un Orador, o el tono de un Cantarín” (1794, pp. 171 y 178).

No obstante, Adam Smith también reconoce que estas profesiones po-seen determinadas peculiaridades, como el ingenio, la admiración o la habili-dad, las cuales exigirían una mayor remuneración; y de esta forma señala:

“(…) La enseñanza en las Artes de ingenio y profesiones liberales aun es más prolija y costosa. Por tanto la recompensa de Letrados y Médicos, de Pin-tores, Escultores y Arquitectos debe ser mucho más liberal y ventajosa, como lo es en efecto. (…) Las crecidas remuneraciones de los Cómicos, Operistas, Bailarines, Jugadores de manos y otras gentes de esta clase, van fundadas so-bre estos dos principios en algunas partes; es a saber, la rareza y mérito de una habilidad sobresaliente y el descrédito con que emplean sus talentos”.

Resulta curioso comprobar que, para quien se considera uno de los prime-ros clásicos de la ciencia económica, las ocupaciones relacionadas con la cultura, el arte o el ocio no generan riqueza, es decir, valor añadido, ya que en sí mismas constituyen un servicio final que se acaba en el momento concreto de su produc-ción y consumo. Sin embargo, las remuneraciones son excepcionalmente altas debido a los gastos acumulados en educación (capital humano), que procuran el ingenio y talento de estos profesionales; o bien resultan ser el pago por la ha-bilidad y el descrédito social de algunas ocupaciones, especialmente las que te-

1 Las citas siguientes están tomadas de la primera edición en español de la obra de Adam Smi-th Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones publicado en Valladolid en 1794.

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nían que ver con el entretenimiento y la diversión. Aun entendiendo el contexto de la época en la que se redactan estas aseveraciones y la puridad económica del primer argumento, no deja de ser paradójico encontrarnos con estas frases cuando, en la actualidad, las actividades relacionadas con la cultura, el patrimo-nio histórico, o sus explotaciones como empleos del ocio, constituyen un sector económico de enorme dinamismo2; y el interés por la cultura ha dado un salto cualitativo, de forma que constituye uno de los fenómenos más significativos de la denominada “Civilización del Ocio”3.

En este contexto y, sin pretender asignar el calificativo de “imperial” a la ciencia económica por su ambición de intentar explicar la mayor parte de los ámbitos de la conducta humana, existe un consenso científico cada vez más generalizado en aceptar el poder explicativo de la microeconomía en determinados comportamien-tos, como es, en nuestro caso, el consumo y la producción cultural. De esta forma, la Economía de la Cultura, aparece como una nueva rama disciplinar específica, que se está consolidando en un campo muy fértil para el razonamiento teórico y la veri-ficación empírica, acerca del comportamiento de los hombres y de las instituciones respecto de la cultura, presente y acumulada. Además, esta materia constituye un terreno excelente de aplicación de los “nuevos progresos” de la ciencia económica en ámbitos más heterodoxos que el campo de estudio tradicional, como pueden ser los bienes no comerciales, la revisión del supuesto de racionalidad de los agen-tes económicos, la economía de la información y la incertidumbre, así como el aná-lisis y evaluación del comportamiento de las instituciones públicas4.

2 Para el caso español, pueden verse los trabajos coordinados por García Gracia (1997 y 2000) sobre la dimensión del sector cultural en términos de producción y de empleo; así como el estudio de Alonso Hierro y Sanz Martín (2001) acerca del esfuerzo inversor público y privado en patrimonio histórico.

3 El consumo cultural representa uno de los múltiples empleos del ocio, dentro de una ética absolutamente hedonista de la sociedad contemporánea, que ha cambiado los valores de la-boriosidad y producción típicos de la sociedad industrial del siglo XIX por los del disfrute del ocio y tiempo libre. Además, el individuo moderno trata de sujetarse a elementos de identidad cercanos en el tiempo y en el espacio, frente al desarraigo que impone el fenómeno de la globalización; y esta es la razón del interés inusitado por la historia, el patrimonio cultural y el auge de lo local y lo regional. Para profundizar en la interpretación sociológica y antropológica de estos cambios de valores en la sociedad actual, puede consultarse Bourdieu (1984), Ruiz Olabuenaga (1997), Delgado Ruiz (2000) y, en este mismo libro, el trabajo de Héctor Berroeta.

4 Algunas obras de referencia sobre la delimitación analítica de la Economía de la Cultura como disciplina científica pueden ser Urrutia (1989), Throsby (1994 y 2001), Heilbrun y Gray

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De esta forma, y dentro del ámbito disciplinar de la Economía de la Cultura, podemos distinguir, en términos generales, tres grandes objetos de análisis: las artes escénicas, las industrias culturales y el patrimonio histórico. Todos los elementos componentes de estos tres grupos están cruzados por una característica común, que es su significado como creación artística, esen-cia de inteligencia o signo de identidad de una colectividad; y que contri-buyen a lo que podríamos denominar el valor cultural de dichos elementos. Sin embargo, existen también características diferenciales que obligan a la particularidad del análisis en cada caso: en primer lugar, las artes escénicas constituyen un bien o un servicio que se agota en sí mismo, es decir, perece en el mismo momento en que se ofrece5; en segundo lugar, las industrias culturales consisten básicamente en la mercantilización de objetos reprodu-cibles (industria del libro, del disco, del cine, etc.); y, por último, el patrimonio histórico representa una creación cultural con carácter acumulado, es decir, con una perspectiva histórica o con un sentido de heredad, donde no cabe pensar en la reproducción, porque constituyen objetos únicos, sino a lo sumo en las labores de mantenimiento y conservación de estos elementos6.

Desde esta perspectiva, la Economía del Patrimonio Histórico constituye una parte específica dentro del campo disciplinar general de la Economía de la Cultura, que requiere un análisis singular, tanto en la caracterización de los ele-mentos integrantes, como en las condiciones de consumo y provisión de los mis-mos, del mismo modo que por su papel determinante del bienestar y el desarro-llo económico de los pueblos. A este propósito responde el objeto de estudio fundamental de este capítulo.

(1993), Pommerenhe y Frey (1993), Benhamou (1996), Hutter y Rizzo (1997), Towse (1997 y 2003), Herrero (2001) y Blaug (2001). Un referente sobre el estado de la cuestión en el ámbito científico español puede verse en Herrero (2002).

5 Pensemos, por ejemplo, en la interpretación de una obra de teatro o un concierto de música, cuyo consumo y producción se realiza en un único momento, el de la celebración.

6 Lógicamente, pueden existir interrelaciones entre los tres objetos de análisis; por ejemplo, un festival de música, que constituye un producto cultural perecedero mientras se celebra, pero que puede utilizar elementos del patrimonio histórico para su realización y, asimismo, puede reproducirse en forma de CD como grabaciones de conciertos especiales. De esta forma, arte en vivo, uso del patrimonio histórico y reproducción de obras culturales, se producen simultáneamente en un mismo fenómeno cultural. Respecto a estas interacciones posibles, el lector tiene a la mano los cuatro estudios de caso latinoamericanos incorporados, como anexo, al final de este libro.


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Sin embargo, antes de acometer esta tarea, debemos hacer mención acerca de qué entendemos por patrimonio histórico. En esta cuestión, una de las vías consiste en recurrir a la delimitación oficial que nos proporciona, por ejemplo, la Ley del Patrimonio Histórico Español, donde se señala: “integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artís-tico, histórico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zo-nas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”7.

Resulta evidente que la anterior es una definición por enumeración de los elementos integrantes del patrimonio histórico, pero que no alude, ni a la utilidad de dichos elementos, ni a la significación cualitativa que contienen. Por otra parte, tampoco se refiere a la existencia de determinados valores intangi-bles, como la tradición, el conjunto de creencias heredadas, normas morales y elementos de identidad común, que constituyen también parte integrante del patrimonio cultural de una colectividad. Esta ampliación de las acepciones del patrimonio histórico ha sido recogida ya por distintos tratados y declaraciones de instituciones internacionales relacionadas con el patrimonio cultural8, resal-tando como características comunes de los distintos elementos, su sentido de heredad y su significado cualitativo como valor cultural9.

Sin embargo, en pocas de estas definiciones se resalta la vocación de utili-dad del patrimonio cultural y, por lo tanto, de trascendencia económica de estos objetos; de ahí que —por nuestra parte— retengamos la delimitación de patri-monio histórico que realiza Christian Koboldt (1997, p. 53) como “colección de ob-jetos tangibles y elementos intangibles relacionados con el desarrollo cultural de una sociedad, que provienen de las generaciones pasadas y que son estimados por los individuos contemporáneos, no sólo por sus valores estéticos o por su uti-lidad, sino también como una expresión del desarrollo cultural de una sociedad”.

7 Art. 1.2. de la Ley (española) Nº16 de 1985.

8 Véase, en este sentido, las distintas revisiones de textos y convenciones que se realizan en los trabajos de Moreno de la Barreda (1997) y Campillo Garrigós (1998).

9 El filtro de edad sobre lo que debería ser un legado patrimonial tendría que ser tan flexible como para poder comprender en la definición, tanto las visiones tradicionales del patrimo-nio histórico, por ejemplo, la Catedral de Burgos o la Acrópolis de Atenas; como los casos de inversión en nuevo patrimonio cultural, es decir, los ejemplos del Museo Guggenheim de Bilbao o la Ópera de Sidney, que representan edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea y constituyen elementos de atracción indiscutible en estas ciudades.

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De esta forma, el patrimonio histórico posee un valor cultural, que puede ser jerarquizado mediante funciones de preferencia, al menos en el nivel de las conven-ciones sociales10; y un valor económico, que puede ser mensurable, bien en forma de precios, bien en forma de estimación de la disposición a pagar de los individuos cuando no existen mercados relevantes (Ver Klamer, 1996 y Sanz, 2004). Entonces, sobre la base de estas premisas y de esta definición, acometemos seguidamente la exposición de las bases analíticas de la economía del patrimonio histórico, prime-ro, desde una perspectiva de economía positiva, examinando las características del comportamiento de los individuos y las formas de expresión de la oferta y la de-manda, es decir, el funcionamiento de los mercados. Posteriormente, en la tercera sección se contemplará el patrimonio histórico desde una perspectiva de econo-mía normativa, es decir, la estimación de impactos y flujos, así como su contribución en las estrategias de desarrollo económico.

II. Economía política del patrimonio histórico: aproximación positiva

En estas primeras referencias relativas al análisis económico positivo vamos a abordar el estudio del patrimonio histórico desde una perspectiva tradicional, es decir, mediante el análisis de los comportamientos de demanda y de oferta. En última instancia, el propósito de esta reflexión sería responder a las pregun-tas clásicas que se realiza la economía política para cualquier tipo de mercado: qué bienes existen o se producen, cómo se expresa la demanda, con qué inten-sidad; cuáles son los precios relativos de equilibrio, qué tipos de mercados exis-ten y cómo se organizan, etc. De esta forma, vamos a señalar, a continuación, las principales singularidades analíticas de cada componente del mercado: prime-ro la demanda y luego la oferta y, por último, su confluencia en el mercado.

10 El filtro de edad sobre lo que debería ser un legado patrimonial tendría que ser tan flexible como para poder comprender en la definición, tanto las visiones tradicionales del patrimo-nio histórico, por ejemplo, la Catedral de Burgos o la Acrópolis de Atenas; como los casos de inversión en nuevo patrimonio cultural, es decir, los ejemplos del Museo Guggenheim de Bilbao o la Ópera de Sidney, que representan edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea y constituyen elementos de atracción indiscutible en estas ciudades.

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1. La demanda de patrimonio histórico

Lo distintivo en este campo viene dado por la naturaleza específica de los ob-jetos integrantes del patrimonio histórico y la dificultad de revelar su demanda de consumo en el mercado. De esta forma podemos apuntar las siguientes pro-piedades:

i. Los bienes relacionados con el patrimonio histórico pueden tener un ca-rácter adictivo, es decir, que revelan una utilidad marginal creciente, en contra de lo habitual en la mayor parte de los bienes característicos de la ortodoxia económica. Esto significa que el placer y las ganas de consumir los productos culturales crecen a medida que el nivel de consumo es mayor, y el gusto es, por tanto, insaciable. Esta propiedad se justifica por el hecho de que, en el consumo de este tipo de bienes se valora, no sólo la satisfacción presente, sino también el peso del pasado, en términos de acumulación de conocimiento y experiencia11.

ii. En la demanda de cultura no se requiere un bien en particular, sino los componentes de valor que lleva incorporado o los servicios que puedan derivarse (Greffe, 1990). Esto es especialmente significativo en el caso de los bienes relacionados con el patrimonio histórico, porque, en efecto, cuando se visita un museo, una catedral o un edificio histórico singular, no se demanda el bien en sí mismo, sino el conjunto de valores y servicios que están asociados y que van, desde la emoción estética, hasta el valor cognitivo y de formación, el valor social como seña de identidad; y, obvia-mente, el valor económico de los productos derivados, es decir, la venta de entradas, catálogos, derechos de imagen, etc., así como los servicios de ocio y turismo que puedan relacionarse con la vista12.

11 Pensemos, por ejemplo, en el gusto por la historia y por las bellas artes: el consumidor visita museos, monumentos o exposiciones de arte sin encontrar saciedad a lo largo de los años, y sus gustos son acumulativos en función del tiempo dedicado al conocimiento (capital hu-mano) y las experiencias pasadas. Véase, al respecto, el trabajo de referencia de G. Becker y G. Stigler (1977).

12 El hecho de que la demanda de bienes relacionados con el patrimonio histórico se refiera al conjunto de valores que proporcionan y no al objeto en sí mismo, hace que resulte apropia-do el enfoque analítico de la “demanda de características” de K. Lancaster (1966) para la inter-pretación del comportamiento del consumidor cultural; pero con la complejidad adicional de que muchos bienes culturales ofrecen siempre dos tipos de características: unas ex ante, relacionadas con las expectativas del bien deseado, y otras ex post, que “juzgan” la mercancía

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iii. Los bienes del patrimonio histórico no son una mercancía cualquiera, sino que comportan una experiencia cultural de carácter cualitativo (por ejem-plo, la emoción estética de contemplar un cuadro o el sentimiento íntimo de reconocer las señas del pasado en la visita de un conjunto histórico), en la que influyen no sólo el cúmulo de conocimientos y experiencias, sino también el grado de incertidumbre y las “señales de información”, como lo son, por ejemplo, las opiniones de expertos en el mercado del arte, la publi-cidad de las guías turísticas o la información asimétrica en las estrategias de venta de productos culturales y de ocio. Asimismo, los bienes relacionados con el patrimonio histórico también tienen un valor de prestigio, asociado al interés y a la preocupación por el mantenimiento del patrimonio como seña de identidad de los pueblos y de su historia; aspecto sobre el que los ciudadanos podrían estar dispuestos a pagar una cantidad, aun cuando no consumiesen el bien en sí mismo. Este tipo de demandas, denominadas de opción, de existencia y de legado, constituyen, junto con el punto anterior, un aspecto difícil de cuantificar o de transformarse en el mercado en forma de precios; porque, en realidad, de lo que se trata, es de la economía de un intangible: el patrimonio histórico como proceso de identificación social.

iv. En relación con el aspecto anterior, es decir, las dificultades para revelar la de-manda de los bienes del patrimonio cultural, el problema se agrava aún más porque, generalmente, se trata de demandas colectivas, bienes conjuntos, y los precios que se pagan en muchas ocasiones están incentivados y, por lo tanto, no revelan auténticamente el grado de escasez o de deseabilidad de los bienes culturales. Esta es la razón por la que existen propuestas metodo-lógicas específicas para la valoración económica de este tipo de bienes-no mercado, cuestión sobre la que incidiremos con más detenimiento en la Sec-ción tercera dedicada al análisis normativo de la economía del patrimonio.

2. La oferta de patrimonio histórico

La oferta de patrimonio histórico es tan compleja como diversa es la tipología de posibles productos y servicios relacionados. Vamos a señalar en este aparta-do los principales problemas relacionados con la provisión de patrimonio y la caracterización del tipo de mercado más apropiado a las condiciones de exis-tencia y producción del mismo. Veamos:

una vez realizado el consumo. En las primeras, el “mercado de críticas” cumple una función esencial en la formación de las preferencias..

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i. Uno de los problemas más característicos de la oferta cultural, y que constitu-ye un referente inicial de la economía de la cultura como disciplina científica, es el conocido como “enfermedad de los costos” a partir de la obra de Bau-mol y Bowen (1966). Estos autores plantearon la idea de que las artes escéni-cas (ópera, teatro, conciertos de música, etc.) se hayan sujetas a unos costos continuamente crecientes, debido a que las remuneraciones del factor tra-bajo crecen más o menos al mismo ritmo que crecen los salarios en general, mientras que la productividad de la actuación artística es constante, ya que no se puede alterar básicamente el virtuosismo de los artistas, o el tamaño del espectáculo. A partir de este argumento podríamos entender que, tam-bién determinados elementos del patrimonio histórico, sobre todo los suje-tos a uso turístico, podrían tener el mismo “síndrome de los costos” si el ritmo de las visitas (o sea, de los ingresos pecuniarios) no crece sin cesar; situación que se agravaría en extremo si, además, se llega al nivel de carga turística del monumento, es decir, a la máxima capacidad de admisión de visitantes. Esta es la razón por la que, siguiendo a los autores mencionados, la oferta de cul-tura y, por tanto, también la provisión de patrimonio histórico, sólo pueden mantenerse a largo plazo a cargo de los subsidios públicos que compensen la diferencia inevitable entre ingresos y gastos de la explotación13.

ii. Centrándonos más concretamente en la oferta de patrimonio histórico propiamente dicha, aquí la particularidad reside en que se trata de un re-curso fijo, pues los bienes relacionados, muebles o inmuebles, son únicos, irreproducibles, que no tienen valor en sí mismos, sino por las rentas que procuran los servicios derivados. Ésta es la dislocación básica con la que se encuentra la economía del patrimonio histórico pues, mientras la demanda busca servicios diversos, como hemos visto con anterioridad, la oferta es rígida, correspondiente a la de un recurso fijo que sólo tiene un valor ex post en función de los servicios demandados. En definitiva, el valor económico inducido por el patrimonio histórico no es porque se vende el objeto en sí mismo, sino por las rentas que procura a posteriori y, por lo tanto, se trata de una economía de rentas y no de precios, como sería lo habitual en la mayor

13 Probablemente ésta sea una de las principales justificaciones de la intervención pública en materia cultural, aun cuando cada vez se están demostrando más eficientes otras posibilida-des de rentabilización del patrimonio histórico, a través del impulso de otros usos distintos al habitual (conciertos, convenciones, sedes sociales compartidas, etc.), así como la mercanti-lización de objetos derivados (fotografía, imagen, catálogos, etc.); de forma que constituyen vías complementarias para elevar el rendimiento y estrangular, por tanto, el denominado “síndrome de los costos”.

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parte de los bienes de mercado. De este argumento se deduce una conclu-sión bien clara sobre el tipo de mercado relevante en relación al patrimonio histórico y es que, puesto que se trata de una oferta fija que rinde ganancias en función del flujo de servicios que pueden ser desarrollados, el titular del recurso (o quien lo explota) se apropia de todas las rentas derivadas en régi-men de monopolio espacial, siendo el volumen de dichas rentas de mayor o menor tamaño en función de la fortaleza de la demanda14.

iii. En todo caso cabe decir que, cuando se incrementa en forma desmesu-rada la oferta de elementos culturales de un lugar o consideramos una zona especialmente rica en patrimonio histórico, la situación se aproxima más bien hacia los mercados de competencia monopolística, puesto que los distintos recursos compiten entre sí, haciendo la oferta cultural del conjunto más elástica15. De igual modo, hemos de señalar también que, si bien los elementos singulares del patrimonio histórico son únicos y, por lo tanto, disponen de una oferta fija16, no ocurre así con los servicios deri-vados (usos turísticos, derechos de imagen, catálogos, etc.), que tienen un carácter más sustitutivo y son reproducibles, por lo que pueden dar lugar a una economía de corte más ortodoxa, con competencia entre produc-tos sustitutivos y donde los precios vuelven a jugar un papel importante. Por esta razón, la economía del patrimonio histórico no sólo ha de versar sobre el mantenimiento y la conservación del mismo, sino también sobre su puesta en valor a través de la creación de servicios y productos relacio-nados que puedan demandarse en el futuro.

iv. Por último y en relación con las condiciones de provisión y atención de los elementos integrantes del patrimonio histórico, cabe decir que la mayor parte de éstos tienen el carácter de bienes públicos o semipúblicos, es decir, que manifiestan problemas de apropiabilidad de los resultados de su consumo o su producción y, por lo tanto, en una economía de merca-

14 Esta es una de las razones por las que numerosos legados patrimoniales, que permanecían en situación de olvido o de ruina, se hayan recuperado como explotación de uso turístico o como elementos de atracción de visitantes, en un contexto de creciente interés por el turis-mo cultural, turismo rural, interés por el pasado, etc.

15 Cabe pensar, en este sentido, en los denominados “distritos culturales” o en ciudades carac-terizadas por la congestión cultural, como Venecia, Florencia, Toledo, etc.

16 Esta es la causa por la que la buena parte de las riquezas artísticas hayan sido siempre objeto de coleccionismo privado, ya que se trata de bienes únicos y no sustitutivos.

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do encuentran dificultades para su provisión óptima. Esta es la razón por la que, en una sociedad numerosa y anónima, se suele asignar al Estado la función de suministro y atención adecuada de estos elementos y evitar, así, el fallo de mercado. Sin embargo, ésto no margina la posibilidad de otras fórmulas alternativas de provisión como pueden ser el mecenazgo empresarial, las labores de sponsoring, las formas de usufructos variables en el uso del patrimonio, el matching de fondos en las provisiones, etc17. No obstante, el conjunto de estas cuestiones se refieren ya a las posibili-dades de intervención, pública o privada, en el patrimonio cultural para conseguir determinados fines, por lo que pertenecen al ámbito de la eco-nomía normativa, tal y como se recogerá posteriormente.

3. Tipos de mercado y regulación

En los mercados de productos culturales ha de hacerse una primera distinción básica entre bienes con carácter único y bienes que sean reproducibles, puesto que las condiciones de mercado van a ser diferentes para cada uno de ellos. En cualquier caso y dada la naturaleza de estos objetos, nunca desaparece el componente intrínseco de la originalidad creativa y la especulación que ello puede dar lugar en los mercados, lo cual redunda indirectamente en la forma-ción del valor de las obras. Señalamos a continuación algunas propiedades en este sentido.

i. Buena parte de los bienes culturales, sobre todo los integrantes del patri-monio histórico, tienen un carácter único, no sustitutivo; y esta es la razón por la que casi nunca hayan sido objeto de mercado, sino de coleccionis-mo. Sin embargo, sí que procuran una serie de rentas por los servicios y valores que puedan demandarse en relación al objeto patrimonial. Enton-ces, y puesto que se trata de una oferta fija, el titular del recurso o quien lo explota se apropia de dichas rentas en régimen de monopolio espacial, o al menos de competencia monopolística si estamos en una situación de relativa abundancia patrimonial, en la que los distintos recursos compiten entre sí, haciendo la oferta cultural más elástica.

ii. Existe una particularidad en el caso del mercado de las obras de arte, puesto que a pesar de que se trata de obras únicas, la posibilidad de revenderlas les confiere un estatuto de activo financiero, avalado por

17 Vése in extenso Farchy y Sagot-Duvaroux (1994) y Herrero (1998).

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la comparación frecuente entre la tasa de rendimiento entre diferentes obras y con otros tipos de activos, como los bursátiles. Varios estudios se han centrado en esta comparación, a pesar de las condiciones especiales que reúne el comercio de arte: obras heterogéneas, oferta menos elásti-ca, estrechez del mercado, cotizaciones desconocidas a priori, generación de plusvalías pero no ingresos reales, etc. La diferencia entre la rentabili-dad de un activo artístico y un activo financiero representa, a la postre, el valor del consumo cultural o, simplemente, el precio del placer estético.

iii. Por lo que se refiere a los objetos de las industrias culturales (libros, discos, cine, televisión, etc.), entramos en el análisis del mercado de las obras re-producibles y que, por lo tanto, tienen un carácter más ortodoxo. Como hemos dicho anteriormente, la esencia de la originalidad creativa nunca se elimina y queda reflejado de alguna forma en las tendencias del mer-cado18. Sin embargo, en este apartado cobra más importancia otro tipo de funciones económicas como son la distribución de las obras, las po-líticas de concentración y alianza entre empresas, la globalización de los mercados, el papel de las nuevas tecnologías en el mundo de la repro-ducción audiovisual, etc.; de manera que el estudio de las industrias cul-turales constituye, en la actualidad, un terreno muy fértil para los análisis de la nueva economía industrial.

La cultura constituye uno de los campos por excelencia para la interven-ción pública, reconocido, incluso, en distintos textos legales de ámbito nacional o regional, que tratan de garantizar el derecho de todos los ciudadanos al acce-so generalizado a los bienes culturales. Sin embargo, en la actualidad también hay quienes justifican un mayor protagonismo del sector privado, desde el mo-mento en que el consumo de cultura depende, en última instancia, de prefe-rencias individuales. A continuación se exponen dos argumentos estrictamente económicos para la intervención pública en materia cultural, así como algunas críticas a la política cultural.

i. Como ya se ha dicho, buena parte de los bienes culturales y del patrimo-nio histórico tienen la condición de bienes públicos o semipúblicos, es decir, que manifiestan problemas de apropiabilidad de los resultados de su consumo o su producción y, por lo tanto, en una economía de merca-do encuentran dificultades para su provisión óptima; de manera que esta

18 Pensemos, por ejemplo, en el impacto de los best-seller o de las películas representadas por estrellas de cine reconocidas.

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es la razón por la que se suele asignar al Estado la función de suministro y atención adecuada de estos elementos y evitar, así, el fallo de mercado.

ii. Las inversiones en cultura generan efectos multiplicadores en todo el sistema productivo, tanto por los efectos directos en términos de renta, empleos, ingresos, etc.; como por los efectos inducidos en otros sectores directamente relacionados con las industrias específicamente culturales (turismo, construcción, finanzas, etc.). Además, la cultura y el patrimonio cultural se están convirtiendo en un factor de atracción de actividades eco-nómicas y residentes, así como en acicate para la reestructuración urbana y el cambio de la imagen exterior de las ciudades. Por todos estos motivos, las administraciones públicas están considerando cada vez más el factor cultural dentro de sus estrategias de desarrollo económico local y regional.

iii. Las críticas a las políticas culturales giran fundamentalmente en torno a tres temas (Benhamou, 1996 y Grampp, 1991). En primer lugar, la eficacia de las instituciones culturales en relación con el mercado, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con fallos del gobierno, comportamiento de las organizaciones, delegación de preferencias individuales al Estado, multi-plicidad de las administraciones en materia de cultura, etc. En segundo lugar, la sobrestimación de los efectos externos y la necesaria evaluación del costo de oportunidad de las inversiones culturales; y, por último, los efectos antidistributivos de las subvenciones en cultura, en el sentido de que provocan la aparición de buscadores de renta, por un lado y, además, el producto cultural final puede tener muchas veces un destino reducido (élite cultural) más que generalizado en toda la sociedad.

III. Economía política del patrimonio histórico: aproximación normativa

1. Economía y cultura: dos caras de una misma moneda

Como ya hemos señalado en la introducción, Adam Smith consideraba que las pro-fesiones dedicadas al arte, la cultura y el esparcimiento no contribuían a la riqueza de las naciones, sino que, por el contrario, constituían el ámbito por excelencia del trabajo no productivo. La argumentación económica que hay detrás de tal asevera-ción consiste en que este tipo de actividades no generan valor agregado, sino que constituyen un servicio final que se acaba en el mismo momento de su producción y consumo. Reconoce, no obstante, las remuneraciones excepcionalmente altas de

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estas profesiones, que en realidad resultan ser el pago por el ingenio, la habilidad, la admiración o, incluso, el descrédito social de algunas ocupaciones, especialmente las que tenían que ver con el entretenimiento y la diversión.

Considerando el contexto de la época en la que se escribe la obra de A. Smith y la sensatez de sus argumentos, no deja de ser sorprendente encontrar-nos con estas afirmaciones cuando, en la actualidad, la industria de la cultura y el ocio constituye un sector económico de enorme pujanza; y el interés por la cultura prevalece en la sociedad contemporánea, pues, de constituir un placer escaso, se ha convertido en una exigencia de muchos ciudadanos; de ser acce-soria y un producto para la distracción, en uno de los consumos más habituales; de minoritaria y elitista, al consumo en masa. En definitiva, la cultura y el ocio constituyen, en la actualidad, una fuente de riqueza y, a la vez, uno de los rasgos más significativos del comportamiento del hombre contemporáneo.

En efecto y respecto de la primera aseveración, García y otros (2000) ha es-timado que el conjunto de actividades relacionadas con el ocio, el esparcimien-to y la cultura representan en España un 4,5 % del PIB en 1997, siendo en 1992 un 3,1%19. Además, el valor agregado bruto generado se debe fundamentalmente a la iniciativa privada, en contraposición al sector público que tan sólo aporta el 8 % del valor total; lo cual viene a demostrar el carácter mercantil de este tipo de productos y servicios relacionados con la cultura y el ocio, frente a la creencia generalizada de que todo lo que tiene que ver con la cultura presenta o debería presentar un carácter público e incomerciable.

De igual modo, el nuevo comportamiento de la sociedad actual respecto de la cultura hunde sus raíces en la sociología y tiene que ver con la denominada “Civili-zación del Ocio”, cuyo fundamento no reside en que los ciudadanos estén viviendo en una sociedad plena de abundancia, sin necesidad de trabajar y en perpetuo descanso, sino porque el ocio ha pasado a ocupar un lugar central en la jerarquía de valores de los ciudadanos y el trabajo se considera como una servidumbre, un peaje necesario. En esta contradicción, entre los valores de laboriosidad heredados de la revolución industrial y la ética absolutamente hedonista de la contempora-neidad, se explican multitud de empleos del tiempo de ocio de la sociedad actual, como son el boom del deporte, la extensión del turismo, el consumo de cultura, o,

19 Las comparaciones internacionales en este sentido tampoco ofrecen duda, a pesar de la cautela exigida por la aplicación de diferentes metodologías y fuentes de información no homogéneas. Aun y así, el tamaño del sector cultural en Estados Unidos representa un 2,5 % del PIB (Throsby, 1994), en Francia alcanza el 3,7 % (Benhamou, 1996) y en el Reino Unido se ha estimado que las industrias culturales ocupan el 2,9 % del empleo y representan un 3 % del total de exportaciones (Myerscough, 1988).


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incluso, algunas lacras sociales como el mundo de la drogadicción. Sin embargo, lo verdaderamente importante de estos nuevos comportamientos es que tienen una trascendencia económica, en cuanto que las decisiones sobre el disfrute del tiempo libre responden a preferencias individuales y, por lo tanto, los distintos usos del ocio constituyen un bien comerciable y entran en la órbita del cálculo económico. En definitiva, el ocio y el tiempo se han privatizado y, en su transformación como mer-cancías, participan en el sistema de flujos económicos de una sociedad.

En este sentido, puede decirse que la relación entre Economía y Cultura o Economía y Patrimonio Histórico se está consolidando como campo muy fértil para el razonamiento teórico y empírico en los últimos veinticinco años. De esta forma podemos sintetizar en tres los factores de reconocimiento institucional y académico en esta nueva disciplina como campo de trabajo particular dentro de la Economía; éstos son los siguientes:

i. La cultura y las actividades relacionadas constituyen una fuente impor-tante de generación de flujos económicos, rentas y empleos.

ii. La cultura constituye un ámbito por excelencia para la intervención pública, no sólo justificado por la condición de bienes públicos de muchos de sus pro-ductos; sino también porque, cada vez más, el factor cultural se utiliza como instrumento de identificación o transformación de los “lugares” y, por lo tanto, forma parte de las estrategias de desarrollo económico local y/o regional20.

iii. Por último y en el plano teórico, la cultura constituye un terreno excelente de aplicación de los “nuevos progresos” de la ciencia económica en ámbitos más novedosos que el campo de estudio tradicional, como pueden ser los bienes no comerciales, la revisión del supuesto de racionalidad de los agentes econó-micos, la economía de la información y la incertidumbre, así como el análisis y evaluación del comportamiento de las instituciones públicas (Ver Sección I).

2. Patrimonio histórico y valor económico: la teoría del capital cultural

Algunas de las cuestiones anteriormente reseñadas tienen que ver con el com-portamiento de los agentes económicos respecto del patrimonio cultural y su

20 Véase precisamente, como ejemplos de esta aseveración, el uso que se ha dado a las Capi-talidades Europeas de la Cultura, como ocasión para la transformación urbana, el impulso de la economía local y, sobre todo, el posicionamiento de la imagen internacional de estas ciudades. Véase Richards (2000) y Herrero et al (2004)

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cristalización en forma de decisiones en los mercados, y constituirían los vértices del razonamiento teórico positivo de la Economía de la Cultura y del Patrimo-nio Histórico como disciplina científica vista en la sección anterior. No obstante, también podemos señalar otro campo de investigación no menos importante y que se correspondería más bien con un perfil de economía normativa aplica-da, pues de lo que se trata es de medir los flujos, estimar los resultados de las actividades relacionadas con la cultura y el patrimonio y, en definitiva, calibrar las posibilidades de utilizar el factor cultural como instrumento de desarrollo económico. El propósito de esta línea de trabajo tiene, por tanto, un plantea-miento teleológico y radica en la consideración del patrimonio cultural como un factor determinante del progreso humano y el desarrollo económico, en general, y de una parte de las transacciones económicas, en particular.

Bajo este planteamiento, al menos en el plano teórico, resulta congruen-te considerar al patrimonio histórico como una versión del stock de capital de un sistema económico, es decir, como un factor productivo. De esta forma y siguiendo a David Throsby (1999), el capital cultural, como conjunto de elemen-tos tangibles e intangibles que son expresión del ingenio, la historia o el pro-ceso de identificación de un pueblo, puede entenderse como un recurso fijo, un activo que rinde rentas en forma de flujo de bienes y servicios derivados, y que puede depreciarse si no se cuida o acumularse si se mejora y se invierte21. En consecuencia, el patrimonio histórico constituye un fenómeno económico, pues interviene en la función de producción de una economía, tiene usos al-ternativos y carácter sustitutivo con otras opciones o recursos y, por lo tanto, es susceptible de evaluación y elección colectiva debido a su probable contribu-ción al desarrollo económico de una sociedad.

El problema principal en este punto radica esencialmente en la asigna-ción de valor al patrimonio histórico, puesto que pueden distinguirse dos acep-ciones mensurables: el valor cultural y el valor económico22. El valor cultural es susceptible tan sólo de rango ordinal, pues tiene un carácter cualitativo, ya que se refiere al contenido de creación artística, esencia de inteligencia o significado

21 El concepto de capital cultural tiene concomitancias y diferencias respecto de las versiones tradicionales de capital físico, capital humano y capital natural. Básicamente lo podemos definir como una serie de objetos y elementos hechos por el hombre (no recursos libres de la naturaleza), que poseen un valor intangible como creación artística o expresión de inteligen-cia, pero también se compone de objetos físicos que tienen un carácter único y, por tanto, no renovable. Cf. Herrero (2001).

22 Véase Klamer (1996) y Klamer y Throsby (2001).

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de identidad social de los objetos que integran el patrimonio histórico. Lógi-camente, con esta noción surgen dificultades en la forma de ordenación de las preferencias, sobre todo en el terreno de las elecciones individuales, pues dependen de factores personales como los gustos, el grado de conocimiento técnico, el capital humano acumulado, etc.; mientras que en el campo de las elecciones colectivas el asunto está más o menos resuelto a través del poder normativo de las administraciones públicas que determinan qué bienes y con-juntos son de interés artístico y cómo se protegen23.

Por lo que se refiere al valor económico del patrimonio histórico, éste vie-ne dado por el conjunto de rentas generadas de la propia existencia del mis-mo (valor de los edificios, los terrenos, el trabajo acumulado en las obras de arte, etc.), así como el flujo de bienes y servicios al que puede dar lugar (usos turísticos, objetos mercantilizables, empleo derivado, etc.). Para muchas de es-tas operaciones, la valoración a través de los precios de mercado puede ser un buen punto de partida y, por lo tanto, darían lugar a un rango cardinal. Lo que ocurre es que buena parte de los bienes relacionados con el patrimonio histórico poseen determinadas particularidades relacionadas con su condición de bienes públicos, los requerimientos de preservación y control, el significado social que comportan, etc., de forma que el valor de los elementos puede caer fuera del mercado o, al menos, no expresarse de forma conveniente a través de los precios. Esta es la razón por la que existen en la literatura científica una serie de propuestas metodológicas de valoración indirecta24 que tratan de resolver el problema de la asignación de valor al patrimonio histórico, al menos en forma de jerarquías ordinales, pero con una misma unidad de medida comprensible para todos, como es el dinero. Este tipo de investigación tiene una perspectiva fundamentalmente microeconómica, porque lo que se pretende es encontrar una estimación de la disposición a pagar del público por el patrimonio cultural, tanto por el valor de uso directo del mismo, como por el valor de uso pasivo,

23 En España esto se realiza a través de la declaración de bien de interés cultural o la inclusión en el inventario general de bienes muebles.

24 Nos referimos, fundamentalmente, a los métodos de costo del viaje, precios hedónicos y valoración contingente, cuya fundamentación analítica puede consultarse en Sanz y Herrero (2000) y Azqueta (1996), así como algunas aplicaciones de dichas técnicas en Sanz (2004), Santagata y Signorello (2000), Cuccia y Signorello (2000) y Bedate, Herrero y Sanz (2004 y 2006). Para el caso chileno puede verse una reciente investigación doctoral sobre uso de la valoración contingente y el análisis costo beneficio para la evaluación de un proyecto de recuperación del patrimonio cultural urbano de Valdivia en Baez (2007).

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asociado a los denominados valores de opción, legado y existencia que ema-nan de los elementos pertenecientes al patrimonio cultural.25

Sin embargo, existe también otro tipo de estudios, con una pers-pectiva más bien macroeconómica y normativa, ya que lo que preten-den es estimar el f lujo de rentas, empleos y actividades económicas relacionadas con el patrimonio cultural, tanto a nivel nacional, como en sistemas territoriales regionales o locales. Para la medición precisa de este tipo de efectos nos encontramos con dos obstáculos conside-rables, como son, primero, la ausencia de una definición precisa del sector cultural propiamente dicho, tanto en el orden académico, como en el uso estadístico; y, segundo, la constatación de que constituye un sector enormemente ramificado en otros subsectores productivos más consolidados en términos de contabilidad nacional. Esta es la razón por la que muchos de los análisis de dimensión del sector cultural no son comparables, pues se realizan ad hoc, en función de la fuente estadís-tica consultada o del ámbito territorial y sectorial de la investigación. No obstante, tienen la utilidad de proporcionar resultados sobre una cuestión emergente en los estudios del desarrollo económico regional, como es el papel cada vez más importante del sector cultural en los sistemas económicos territoriales y sus posibilidades de crecimiento económico en el futuro26.

3. Patrimonio cultural y desarrollo económico: factores determinantes

Bajo las anteriores premisas, en este epígrafe vamos a detenernos someramen-te en algunos factores determinantes entre estas dos categorías, Patrimonio

25 Estos valores representan la voluntad de pago por la posibilidad de utilizar el patrimonio en algún otro momento distinto del presente, o bien por su significado cualitativo de prestigio o seña de identidad de una colectividad.

26 Existen cada vez más estudios de dimensión del sector cultural en diferentes ámbitos te-rritoriales, pero no son tantos los trabajos que estiman el impacto económico de distintos eventos culturales. Véase en este sentido los análisis de Herrero et all (2004) sobre el impacto de Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura; y la investigación de Devesa (2006) sobre la trascendencia económica de un festival de cine acreditado, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

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Cultural y Desarrollo Económico, que resultan conveniente considerar siempre para la realización de cualquier estudio de carácter teórico y aplicado sobre la dimensión del sector cultural en una región y/o enclave territorial. Estos son, en nuestra opinión, los siguientes.

i. En primer lugar, la cultura y el patrimonio cultural generan una serie de efectos económicos, tanto directos sobre el propio sector cultural (em-pleo, rentas, producción, etc.), como inducidos en otros sectores rela-cionados (finanzas, construcción, turismo, transporte, etc.). Asimismo, el factor cultural se viene utilizando cada vez más como medio de trans-formación urbana y elemento de atracción de actividades económicas y nuevos residentes. Este conjunto de efectos constituye, sin duda, un determinante tangible sobre las estrategias de desarrollo económico de cualquier espacio27.

ii. La mayor parte de los elementos integrantes del patrimonio histórico cul-tural tienen el carácter de bienes públicos, no tanto en el sentido de que sean propiedad del Estado, que suele ser el estatuto jurídico más habitual, como porque detentan, desde una perspectiva económica, las caracterís-ticas de no rivalidad y no exclusividad, de forma que no tienen bien defini-das las condiciones de apropiabilidad de los resultados de la producción y/o disfrute de los bienes de patrimonio cultural y, entonces, no existen incentivos para su provisión óptima en una economía de mercado. Sin embargo, los usos deducidos del patrimonio (ocio y turismo, derechos de imagen y reproducción, valor de formación, etc.) sí que tienen el carácter de bien privado, pues las decisiones sobre producción y consumo están, en este caso, bien acotadas individualmente. Desde esta perspectiva, po-demos distinguir dos esferas de actuación bien diferenciadas en relación con el patrimonio cultural: por un lado, la de protección, mantenimiento y provisión, que pertenece al ámbito de la elección pública; y, por otro, la de su explotación, que puede seguir perfectamente las pautas de un mercado de propiedad privada.

iii. A partir del planteamiento anterior y desde el momento en que también podemos asignar a los elementos del patrimonio cultural la propiedad de bienes raíces28, éstos representan un conjunto de recursos que se consti-

27 Véase, en este sentido, los ejemplos planteados en Bianchini y Parkinson (1993) y el trabajo de Dziembowska y Funck (2000)

28 El caso de los bienes inmuebles (edificios, sitios arqueológicos y conjuntos históricos) está

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tuyen en forma de dotación espacial independiente, que se posee o no se posee, se pone en valor o se degrada, se explota o se desconoce. Por el contrario, los usos privados de la cultura suelen plantearse en forma de servicios al consumo que dependen, entonces, de variables de interés in-dividual, como los precios, los gustos y la renta, con independencia de la situación local o del entorno donde se localizan los recursos del patrimo-nio cultural29. Desde esta perspectiva, se abren nuevas posibilidades de desarrollo económico para aquellas regiones y enclaves menos favoreci-dos, pero que cuentan con una oferta cultural y patrimonial sobresaliente, ya que la demanda de turismo cultural puede provenir de otras regiones de elevada renta per cápita y fomentar, consecuentemente, el sector tu-rístico como una palanca de desarrollo económico regional o local.

iv. En relación con el punto anterior y dado que los bienes culturales, sobre todo los integrantes del patrimonio histórico, tienen un carácter único y no reprodu-cible, la oferta es la de un recurso fijo, que sólo tiene valor ex post, en función de los servicios demandados en relación con el objeto patrimonial. Por lo tanto, se trata de una economía de rentas más que de precios, donde el titular del recur-so o quien lo explota se apropia de dichas rentas en régimen de monopolio es-pacial, o al menos de competencia monopolística si estamos en una situación de relativa abundancia patrimonial, en la que los distintos recursos compiten entre sí, haciendo la oferta cultural más elástica. No obstante, los servicios deri-vados (usos turísticos, derechos de imagen, catálogos, etc.) tienen un carácter más sustitutivo y son reproducibles, por lo que pueden dar lugar a una econo-mía más ortodoxa, donde los precios vuelven a jugar un papel importante30.

v. Por otra parte, la cultura y el patrimonio cultural se están beneficiando, en la actualidad, de los impulsos propios del turismo cultural, que se está confi-

bien claro, pero también podríamos asignar esta característica al conjunto de bienes mue-bles del patrimonio cultural, si consideramos que muchos de ellos pertenecen a un museo o a una colección, que tiene un carácter inamovible y no se altera, salvo en circunstancias de préstamos para exposiciones.

29 Por establecer un ejemplo extremo, la demanda de turismo de las Pirámides de Egipto de-pende básicamente de la relación de precios, renta y preferencias de los turistas occidenta-les, más que de la demanda interna.

30 Por eso, especialmente en los casos del patrimonio histórico edificado, resulta conveniente sobrepasar la idea de “restaurar por restaurar”, sino convencerse de que se debe restaurar y acompañar de los servicios que puedan demandarse en el futuro. Sobre estos argumentos puede consultarse Herrero (1998) y Greffe (1990).

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gurando como uno de los componentes más dinámicos del sector turístico en general (Cf. Richards, 1996 y Herrero, 2000) y, por lo tanto, se incremen-tan las oportunidades de aprovechamiento para las regiones con una ofer-ta cultural atractiva. Entre las razones de este notable ascenso podemos mencionar, en términos generales, el cambio en los modelos de compor-tamiento turístico, que se concretan en la sustitución del escapismo por el enriquecimiento; es decir, la decadencia de lo que tradicionalmente enten-díamos como turismo de sol y playa, por un turismo más segmentado y exi-gente, en el que se valoran cada vez más los aspectos ligados a la cultura, el patrimonio, el medio ambiente, el descubrimiento de nuevos sitios, etc. Asi-mismo, para muchos autores (Richards, 1996, Harvey, 1989; Herrero, 1997), el fenómeno del turismo cultural constituye también una reafirmación de las propiedades de la denominada era de la postmodernidad, en la que el des-arraigo del hombre contemporáneo por el fenómeno de la globalización y el imperio de lo efímero, está impulsando una búsqueda de autenticidad e identificación en el pasado y en lo cercano. Desde este punto de vista se entienden el rescate de numerosos legados patrimoniales, la moda por la arqueología industrial, la tematización y segmentación de los museos, etc.

vi. Por último, la cultura y el patrimonio histórico han constituido uno de los campos por excelencia para la intervención pública; sin embargo, en la ac-tualidad también hay quienes justifican un mayor protagonismo del sector privado, desde el momento en que el consumo de cultura depende, en úl-tima instancia, de preferencias individuales. Las críticas más frecuentes que se realizan en este sentido a las políticas culturales de rango público giran fundamentalmente en torno a tres temas. En primer lugar, la eficacia de las instituciones culturales en relación con el mercado, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con fallos del gobierno, comportamiento de las organi-zaciones, delegación de preferencias individuales al Estado, multiplicidad de las administraciones en materia de cultura, etc. En segundo lugar, la so-brestimación de los efectos externos y la necesaria evaluación del costo de oportunidad de las inversiones culturales; y, por último, los efectos antidis-tributivos de las subvenciones en cultura, en el sentido de que provocan la aparición de buscadores de renta, por un lado y, además, el producto cultural final puede tener muchas veces un destino reducido (élite cultural) más que generalizado en toda la sociedad.

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4. Intervención pública y regulación en el patrimonio cultural

Llegados a este punto, entonces, de plantear el papel del Gobierno en la provisión y mantenimiento del patrimonio histórico, resulta cada vez más claro, en primer lugar, que son tres los argumentos fundamentales que justifican la intervención pública en esta materia: primero, el carácter de bien preferente para la sociedad; segundo, los efectos multiplicadores que genera; y, tercero, la condición de bien público de la mayor parte de los elementos integrantes del patrimonio histórico, que dificulta la apropiabilidad de los resultados de su explotación o consumo y, por lo tanto, cercena las posibilidades de provisión óptima en una economía de mercado. En consecuencia, el Estado interviene básicamente en el patrimonio histórico para corregir un fallo de mercado, aun cuando existen también justifi-caciones de orden distributivo en la formulación de sus medidas31. En todo caso, este protagonismo tradicional del sector público en la regulación y provisión del patrimonio histórico no excluye la acción de otros agentes, como son las orga-nizaciones no lucrativas e iniciativas de voluntariado, así como la actuación del propio sector privado, que están adquiriendo una importancia cada vez más re-levante en este campo; los primeros, movidos por el altruismo y el aprecio de la cultura, los segundos porque también las inversiones culturales proporcionan riquezas objetivas y rentabilidad intangible para las empresas.

No obstante, es la actuación del Estado la que viene acumulando históri-camente el conjunto más numeroso de instrumentos de intervención y expe-riencias comparadas en las tareas de preservación, mantenimiento y renovación del patrimonio histórico. La regulación del Estado, denostada por muchos eco-nomistas, pero que a la postre resulta ser la intervención más usual y a veces la más eficaz, consiste, básicamente, en requerir o hacer cumplir un determinado comportamiento, tanto a las empresas como a los individuos, en relación con el patrimonio histórico. Desde esta perspectiva podríamos distinguir, entonces, en-tre regulación fuerte y regulación débil, en función de que dichos requerimientos se hagan cumplir a través de la legislación, garantías y sanciones, en el primer caso; o bien a través de pactos, convenciones, marcos de actuación o estímulos

31 Por ejemplo, con el argumento de que el patrimonio cultural debería estar a disposición de todo el mundo y no sólo al alcance de los que pueden permitírselo. Sin embargo, exis-ten opiniones contrarias a esta aseveración, ya que quienes disfrutan del consumo cultural suelen ser un grupo minoritario de la población, con rentas medias o altas, de forma que la supuesta gratuidad de la cultura se convierte finalmente en un objetivo desigualitario. Cf. Grampp (1991).

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económicos, en el segundo. La mayor parte de los Estados contienen una mez-cla de ambas estrategias, de forma que suelen establecer normas más o menos estrictas sobre el uso y protección de edificios, terrenos, condiciones de venta y exportación de obras de arte, etc.; así como la implementación de distintos estí-mulos fiscales (subvenciones o exenciones) a favor del patrimonio cultural. No es nuestra intención, en este momento, proceder a una descripción exhaustiva de estas herramientas32, sino la de señalar, más bien, cuáles son los problemas y críti-cas que se plantean, desde el punto de vista del análisis económico, respecto de la regulación del Estado como modo de provisión óptima del patrimonio histórico.

De esta forma, podemos señalar las tres cuestiones siguientes33.

i. La intervención gubernamental genera sus propios costos, que tienen que ver con los gastos administrativos de la formulación de las normas, la vigi-lancia de su cumplimiento y, en su caso, la sanción por las posibles agre-siones; así como toda la maquinaria de la administración tributaria en la recolección de impuestos o dispensión de subvenciones. A este respecto, pueden producirse los típicos fallos del gobierno, si los gastos en los que se incurre superan a los beneficios esperados de la intervención. Asimismo, la administración pública debería calcular también el costo de oportunidad de sus inversiones culturales, en términos de comparación con la rentabi-lidad esperada en la provisión de otros bienes públicos, como la educa-ción, las infraestructuras, etc. Sobre esta cuestión cabe decir que los gastos culturales nunca han supuesto una partida de gasto desmesurada en el conjunto de las inversiones de la administración pública, pero también es cierto que pocas veces están sometidas a una evaluación rigurosa de sus resultados y su formulación, ya que existe la creencia generalizada de que los gastos en el patrimonio cultural se legitiman por sí mismos y nunca son suficientes. En nuestra opinión ha de insistirse en la necesidad de evalua-ción de las políticas culturales, tanto en sus efectos monetarios, como en el comportamiento de la administración y los agentes culturales.

ii. En relación con el punto anterior, la intervención del Estado puede dar lugar a comportamientos oportunistas tipo “rent-seeking” (buscadores de renta), es decir, que pretenden subvertir el objetivo público de la regula-

32 Puede consultarse Heilbrun y Gray (1993), Farchy y Sagot-Duvaroux (1994) y Fernández López (2000).

33 Cf. Throsby (1997) y Schuster et al (1997).

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ción hacia el beneficio privado de un individuo o un grupo de intereses. En el contexto de la protección del patrimonio histórico, puede resultar relativamente fácil identificar este tipo de comportamientos, por ejem-plo, en la regulación de usos del suelo, la declaración de bienes de in-terés cultural, el aprovechamiento de estímulos fiscales; o, incluso, en el surgimiento de fundaciones y organizaciones no lucrativas en la gestión de aspectos relacionados con el patrimonio cultural. Sin embargo, puede existir también un comportamiento muy sutil en este sentido, no tanto entre los regulados, como en los reguladores, ya que en el caso de la pro-tección del patrimonio histórico, las decisiones más importantes suelen tomarse por parte de un grupo que se considera “experto” o profesional en la materia; de forma que, como señala Peacock (1995), la provisión de patrimonio histórico suele reflejar más bien los gustos y las preferencias del público oficial, más que la de los votantes34.

iii. Por último, otro problema que se plantea en la regulación del Estado res-pecto del patrimonio histórico es el cálculo del grado justo o adecuado de la intervención, que si nos atenemos a la explicación teórica de la provisión de externalidades, debería ser igual a la diferencia entre los beneficios so-ciales y el beneficio marginal privado de disfrutar del patrimonio cultural. Entonces, el problema en esta cuestión radica en que la administración no conoce la valoración exacta de los individuos respecto del consumo de cultura y de patrimonio histórico, porque dicho valor no se construye en las transacciones normales del mercado, tal y como hemos visto en apartados anteriores, y no tiene cauces para que se revele adecuadamente. Esta es la razón por la que la provisión del gobierno puede ser insuficiente o, a veces, excesiva para el grado de valoración social. En consecuencia, a menos que la administración pública tenga un conocimiento suficiente de la función de demanda individual y social de los bienes y servicios derivados del pa-trimonio cultural, sus actuaciones no resultarán completamente eficientes, sino a lo sumo, guiadas por segundos óptimos. De ahí la necesidad de pro-

34 Esto es importante desde el momento en que la financiación de los bienes públicos suele realizarse mediante la recolección forzosa y generalizada de impuestos a todos los ciudada-nos, con independencia de que consuman o no bienes culturales. Sin embargo, en el área del patrimonio cultural, tan peligrosa puede ser la imposición de los “gustos superiores” como la rendición a los “gustos de masa”, de forma que lo ideal sería encontrar el justo equilibrio entre los dos extremos. En todo caso, un acercamiento mayor entre los costos de provisión del patrimonio histórico y su financiación por parte del usuario directo, resolvería muchos problemas en este sentido.

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fundizar en el conocimiento de la demanda de cultura e impulsar los estu-dios de estimación de la disposición a pagar por parte de los consumidores, que pueden constituir un referente, cuando menos, para la jerarquización de las decisiones colectivas respecto del patrimonio histórico.

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Análisis de la gestión de cuatro bienes de carácter patrimonial

Pablo Andueza GuzmánCarolina Cornejo Aravena

Presentación

En el anexo del libro que tiene en las manos, el lector encontrará cuatro trabajos que describen el manejo de bienes inmuebles de valor patrimonial que fueron seleccionados por el equipo de investigadores porque poseen características similares a aquellos casos respecto de los cuales el proyecto tiene la misión de hacer factible una gestión modelada1. Para respetar, entonces, la diversidad muestral del proyecto, fueron seleccionados para este estudio los siguientes bie-nes: el Centro Español de Concepción (Chile), el Centro Cultural “El Almendral” (San Felipe, Chile), el Museo- Centro Cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum” (Curarrehue, Chile) y el Fuerte San Diego (Acapulco, México). Los cuatro textos describen los aspectos clásicos de una gestión: características, usos, manejo administrativo y operacional, demanda, agentes participantes, financiamiento, plan de manejo, etc., y terminan señalando algunos aspectos del manejo que serían inhibidores o dinamizadores de los procesos de gestión.

Ahora bien, como el propósito general de la investigación es modelar la gestión de bienes patrimoniales, resultó imprescindible mirar los casos compara-tivamente con el fin de poner en evidencia algunas regularidades que se obser-

1 Respecto a la selección de la muestra, puede verse al comienzo de este volumen el artículo de Javier Adán: La gestión del patrimonio cultural en Chile: Problema, hipótesis centrales y metodología de la investigación. Destacamos que los cuatro casos incorporados en esta muestra tienen en común que están sometidos a un manejo de acuerdo con una planifica-ción, aunque desde diversas concepciones ideológicas.

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van en el manejo, precisar cómo éstas llegan a afectar positiva o negativamente los bienes y obtener conclusiones válidas para todos ellos. El resultado del estudio comparativo es, justamente, lo que desarrollaremos en este capítulo.

Para efectos de orden metodológico, es importante destacar que el tra-bajo forzó a los investigadores a pensar relacionalmente la gestión de cuatro bienes patrimoniales, comparando aspectos parciales, tal como se hace en el análisis sustancial (I), pero, además, comparando los bienes como sistemas (II). Corresponde que la comparación no deje de realizarse de sistema a sistema, decía Pierre Bourdieu, pues buscando sólo equivalencias directas entre rasgos tomados en estado aislado se corre el riego de considerarse ciertos rasgos como diferentes aunque estructuralmente sean idénticos o, inversamente, ciertas semejanzas que en verdad sean sólo aparentes.

El análisis sustancial que podrán leer inmediatamente a continuación, se ha construido a través de un procedimiento dividido en cuatro etapas con-secutivas. En la primera sintetizamos todos los elementos de la gestión de los dos bienes que estuvieron a cargo de estos investigadores (San Felipe y Concepción), mediante el uso de frases simples y concentradas. En la segunda etapa, para permitirse reconocer visualmente cómo las variables se afectaban unas a otras, cruzamos la información, elemento con elemento2, y vaciamos el resultado del cruce en sendas matrices sinópticas. Posteriormente, circuns-cribiéndonos sólo a las relaciones más significativas y densas, en una tercera fase se aglomeraron y fundieron ambas matrices de manera de contar con un solo cuadro de relaciones significativas en la gestión de los bienes de San Felipe y Concepción. En la cuarta y última etapa se incorporaron los estudios particulares de los dos bienes restantes, Curarrehue y Acapulco, para ajustar las categorías y llegar a conclusiones más amplias y representativas.

El análisis estructural con el cual termina este trabajo, por su parte, que da cuenta de una comparación de bienes en tanto sistemas integrales, se lleva a cabo observando las experiencias desde la cosmovisión con la que se constru-ye esta investigación y que está presentada por Javier Adán al comienzo de este libro. La estructura de una gestión se define por la manera específica cómo en

2 A lo largo de nuestra investigación se fueron levantando algunas preguntas que nos pare-cieron muy ordenadoras para pensar relacionalmente la gestión de los bienes patrimoniales: ¿Cómo condiciona la naturaleza del bien la incorporación de diversas clases de agentes en la gestión del bien? ¿Qué tiene de atractivo el bien patrimonial que hace que agentes invier-tan en ellos sin buscar necesariamente una compensación económica directa? ¿Qué costos/beneficios obtienen las diversas clases de agentes en su manejo? ¿Qué tipo de oferta se ha preferido para estos espacios? ¿Cuál es el rol que tiene la participación?

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cada caso se resuelven, para bien o para mal, los tres problemas centrales que debe enfrentar cualquier gestión en esta área patrimonial: la conservación, la participación y la rentabilización3.

I. Análisis sustancial

1. Los atributos del bien patrimonial

De acuerdo con lo observado, la naturaleza del bien patrimonial que se gestiona, y que corresponde en última instancia al conjunto de “atributos” que lo diferen-cian de otros activos comunes, es un factor de incidencia, tanto a favor como en contra, en las posibilidades de acción por parte de diversas clases de agentes, sean éstos potenciales activadores, inversionistas, usuarios o simples visitantes.

En términos generales, los atributos del bien pueden provocar condicio-namientos físicos, derivados de la ubicación, características constructivas, data de edificación, tipo de arquitectura, etc., así como condicionamientos simbóli-cos que se asocian, en cambio, a sutiles segregaciones provenientes de la tra-dición del lugar4.

En las experiencias estudiadas detectamos a lo menos cuatro atributos del bien inmueble patrimonial que influyen decisivamente en la acción que se emprende y en la participación diferenciada de agentes: ubicación, arquitectu-ra, tradición e ideología.

a. Ubicación

3 De manera, entonces, que dos preguntas centrales que guiaron esta segunda parte del trabajo, han sido las siguientes: ¿Cómo se articulan en nuestros casos las dimensiones de conservación, participación y rentabilización? y ¿Cómo esta articulación afecta positiva o negativamente en el funcionamiento del bien?

4 Esta distinción es importante tenerla en cuenta a la hora de seleccionar la tecnología es-cogida para la prosecución de objetivos en la planificación. Mientras los efectos de los condicionamientos físicos del bien patrimonial pueden contrarrestarse, sea con tecnología constructiva (a través del proceso denominado “rehabilitación”), sea con tecnología digital (acercamiento virtual a mercados), en cambio los condicionamientos simbólicos pueden en-frentarse con tecnología social (marketing, planificación negociada). En esto último se intere-só Héctor Berroeta en texto precedente de su autoría

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El emplazamiento del bien genera un vínculo “natural” con quienes habitan o realizan actividades económicas y sociales en el entorno. En este sentido, la oferta que se plantea para desarrollar en el bien depende, por ejemplo, si acaso está emplazado en una zona urbana o rural, si se encuentra aislado o integrado a una zona patrimonial o turística, o de su mayor o menor distancia de potencia-les agentes participantes. De este atributo, más que de los otros, se desprende la distinción central de los usuarios del patrimonio cultural, entre “habitantes” y “visitantes”, a la que alude el profesor Juan Orellana en este mismo libro5.

En los casos estudiados es muy evidente que los visitantes son un actor central en la gestión cuando el bien forma parte de circuitos turísticos más amplios, sobre todo a la hora de diseñar la oferta o buscar vías de financiamiento. Es la ventaja que aprovecha el Fuerte de Acapulco de una región de atracción turística mundial y epicentro del sistema de interco-nectividad hacia el interior del país azteca. Algo equivalente —aunque en muchísima menor escala—le acontece a Curarrehue por su proximidad con rutas internacionales y con un frecuentado sistema de áreas silvestres protegidas. Por el contrario, los bienes de Concepción y, más marcada-mente todavía, de San Felipe se encuentran alejados de centros urbanos, turísticos o carecen de conexiones de tránsito más amplias, todo lo cual condiciona una menor accesibilidad de visitantes. De hecho, en estos dos casos, la oferta se dirige principalmente a los habitantes del entorno, como sucede con los programas educativos de El Almendral o con los servicios concesionados, el arrendamiento de espacios y los eventos de difusión cultural del Centro Español de Concepción.

b. Arquitectura

Las condiciones constructivas de los edificios patrimoniales, por lo general antiguos y pertinentes a usos de época, provocan limitaciones en su uso contemporáneo, lo que exige de los tenedores imaginación para buscar funcionalidades que sean pertinentes con la estructura. Los requerimientos de rehabilitación tienen ciertos lí-mites —con el avance tecnológico se trata de límites especialmente económicos— que toda planificación de usos tiene que reconocer previamente. Sin embargo, en

5 Es frecuente que, por ejemplo, los habitantes guíen a los visitantes en el descubrimiento de sus lares, o desarrollen emprendimientos en torno a los bienes, o gocen preferentemente de ellos y libres de tarifas.

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contraposición a estos costos, la arquitectura patrimonial tiene el inigualable mérito de agregar valor a las actividades que se desarrollen dentro de ella. El Fuerte de Acapulco ha sido adaptado como albergue de colecciones his-

tóricas o artísticas, función alejada del ajetreo militar de otra época pero com-patible funcionalmente con el espacio físico. Incluso su emplazamiento estra-tégico, pensado originalmente para uso de control militar, es aprovechado como formidable mirador de la bahía. El Centro Español de Concepción y el conjunto de El Almendral han logrado, en cambio, sólo parcialmente ocupar sus espacios, cuya estructura, compuesta por decenas de pequeños espacios apropiados para monasterios y clubes sociales, no es particularmente dócil a usos que puedan estar requiriendo sus tenedores actuales.

c. Tradición

El carácter patrimonial del bien no proviene solamente de los méritos físicos del inmueble o de su arquitectura, sino de los usos que grupos sociales le vengan dando a lo largo de un período significativo de tiempo. Este último aspecto es un elemento central del patrimonio intangible al que la legislación de nuestro país ha comenzado a ocuparse desde hace muy poco tiempo.

Según lo que hemos visto, la tradición que pesa sobre los bienes guarda directa relación con dos aspectos ligados al fenómeno patrimonial. El primero, que asociaremos al sujeto patrimonial, consiste en que algunas clases de agen-tes —por indicárselo su experiencia colectiva— se sienten invitados a un lugar, mientras que otros se sienten marginados. El segundo, que asociaremos a los usos, informa que hay funcionalidades contemporáneos que son perfectamen-te afines con los usos tradicionales mientras otras, en cambio, no lo son. Los ca-sos estudiados demuestran que si se quiere introducir cambios, en cualesquiera de estos dos aspectos de la tradición, se deberá invertir energía y recursos en un necesario proceso de resignificación simbólica pues, de no hacerlo, se estará condenando el bien a su abandono6.

6 Puede darse el caso que la funcionalidad del bien no sufra una gran modificación en el tiem-po, lo que explica por qué, a menudo, sea el mismo propietario quien asuma la gestión, restauración y conservación de un bien (Centro Español de Concepción). En ocasiones, en cambio, los bienes deben cambiar radicalmente su funcionalidad lo que lleva al propietario a renunciar, total o parcialmente, a la gestión del bien (Centro Cultural El Almendral). Finalmen-te, puede suceder que los usos cambien pero el propietario, luciendo de gran versatilidad, lidere la tarea de resignificación (Fuerte de Acapulco).

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Sujeto patrimonial Mientras la población campesina del entorno no se siente “naturalmen-

te” invitada al convento —no así a la feria local que se ubica enfrente a la puerta de ingreso— las comunidades de identidad, en especial en círculos intelectuales, ven en El Almendral un lugar de fácil identificación y acceso; en el Centro Español penquista, pocos “mestizos” se entrome-ten en un espacio que permanece fuertemente vinculado a la clase go-bernante, de forma análoga como en Curarrehue los visitantes criollos se incomodan con el enfoque intercultural del lugar; el Museo de Acapulco, organizado en función de la demanda turística, mantiene a la comunidad local distante de esta experiencia.

Usos Se aprecia en los casos la introducción de usos que, en mayor o menor me-

dida, representan una continuidad con la tradición del inmueble. En Aca-pulco la continuidad está doblemente reforzada porque, por una parte, las colecciones reúnen objetos contemporáneos al fuerte y, por la otra, éstos son distribuidos en espacios correspondientes a uso original (el mobiliario de cocina es exhibido en el espacio que fue la cocina del fuerte, y así res-pectivamente). Igual grado de preocupación por la continuidad de los usos se aprecia en el museo-centro cultural de Curarrehue en donde se exhibe el patrimonio intangible del territorio donde el bien está situado. Por su parte, en Concepción y San Felipe la continuidad en los usos es más frágil. El club social quiere ampliar su giro a un centro cultural, cambio que se atenúa orientando las manifestaciones culturales y académicas hacia temáticas his-pánicas o interculturales. El convento-casa de ejercicios, por su parte, sufrió una transformación hacia centro cultural pero que también supo dosificar gracias a que los nuevos administradores provenían de comunidades ecle-siales y que la orientación ideológica del centro (desarrollo local y autoges-tión) es cercana o compatible con los ideales eclesiásticos.

d. Ideología

El bien patrimonial termina siendo definido por un conjunto de ideas que se articulen en torno a él, como resultado de dinámicas que este trabajo no pre-tende explicar7. En definitiva, conducen a que algunos agentes puedan llegar

7 En su trabajo agregado a este volumen, Héctor Berroeta nos avanza elementos de análisis de la dinámica social en torno al bien patrimonial.

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a invertir dinero, bienes, trabajo o energía en un bien patrimonial, aunque no represente un beneficio económico directo. Un bien cultural de este tipo pue-de, efectivamente, atraer inversionistas que calculan que el lugar conferirá un ambiente adecuado para sustentar sus negocios. Pero puede, asimismo, atraer a agentes financistas, a grupos de voluntarios o visitantes, que pueden llegar incluso a transformarse en soporte de la gestión, a pesar de que no esperan a cambio un beneficio o ganancia económica.

En nuestros casos se pudieron constatar algunas ideas que los sujetos colectivos proyectan en los bienes patrimoniales. a) El bien patrimonial puede representar una identidad colectiva, aquélla que forjó el nacimien-to de un proyecto, como acontece con la arquitectura religiosa en San Felipe, la que gatilló el compromiso de instituciones católicas durante su restauración; o con el Centro Español de Concepción por parte de la co-lonia española y los sectores dirigentes penquistas. b) Podrá cristalizar un proyecto político o social, tal como sucede explícitamente en Curarrehue cuando el museo-centro cultural es concebido como un recurso simbóli-co de reivindicación indígena en un espacio territorial de densa intercul-turalidad. Menos explícitamente, en el caso de Concepción, el club social facilita conexiones entre los actores políticos y empresariales locales, o, en El Almendral, el conjunto arquitectónico sirve de plataforma a una red de asociaciones y profesionales comprometidas con el desarrollo local. c) En fin, el lugar puede también representar ciertos valores o principios, como “la autenticidad” en San Felipe y Curarrehue, o bien de “la nacionalidad” en Acapulco y Concepción.

2. Los beneficios/costos asociados a la funcionalidad del bien patrimonial

Tomando en cuenta los atributos de los bienes patrimoniales, tanto físicos (ubica-ción y arquitectura) como inmateriales (tradición e ideología), estamos en mejores condiciones para comprender por qué ciertos tipos de agentes están dispuestos a invertir ideas, trabajo o dinero en ellos, y otros no lo están. Pues los atributos determinan fuertemente la funcionalidad, tanto en un sentido material como sim-bólico, lo que nos da una clave valiosísima para comprender el interés que el bien despierta en diversas clases de agentes (beneficios) y los inconvenientes y limita-ciones inherentes a la patrimonialidad que deben sortearse en la gestión (costos)

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Beneficios

Entre los beneficios que brindan los bienes patrimoniales examinados, distin-guiremos los que se obtienen de su simple condición de inmueble, por ejemplo en tanto casa-habitación, almacén, bodega, etc., y los beneficios que se derivan de su exclusiva condición de bien cultural. Estos últimos son los beneficios en los cuales concentraremos nuestra atención porque guardan estrecha vincula-ción con el tema de esta investigación.

Hemos visualizado que estos beneficios especiales pueden agruparse se-gún tres funcionalidades predominantes, las que rotulamos así: asiento e ima-gen, escenario y museo. Por razones analíticas las funcionalidades las estudia-remos por separado a pesar de que, en la práctica, ellas suelen presentarse en forma mancomunada.

a. Asiento e imagen corporativos En adecuadas condiciones de conservación, por su mérito simbólico o

escénico de excepción, un bien patrimonial puede perfectamente agre-gar valor a un proyecto político, social o económico o a una entidad o a una empresa con la que se relacione estrechamente. Esta situación, a lo menos, se ha verificado en nuestros casos observados.

Es frecuente que un grupo “colonice” un sitio patrimonial instalándose en él y liderando un proceso de activación (mediando reclutamiento de vo-luntarios, restauración, creación de oferta cultural), para, finalmente, compartir el espacio con nuevos actores8. Y, con el tiempo, el edificio patrimonial puede llegar a transformarse en una potente imagen corporativa de esa agrupación. Esto fue exactamente lo que aconteció con El Almendral y la ONG

CIEM y con los migrantes españoles en el Centro Español. Este úl-timo con una variante: no “colonizaron” un edificio sino que lo le-vantaron para instalar allí el club social. En Acapulco y Curarrehue se siguió una pauta distinta porque el Estado es quien ha tenido un rol protagónico en la activación. En el caso de Curarrehue, se asoció con agrupaciones indígenas, lo que tiene mucho sentido

8 En compensación al esfuerzo revitalizador, a los grupos activadores originarios se les permi-te gozar del bien en condiciones ventajosas, a diferencia de nuevos usuarios que para apro-vechar de un bien activado deben pagar rentas o tarifas, tal como sucede con los turistas que visitan Curarrehue o Acapulco, o con los comerciantes que toman en arriendo los locales de la galería de la planta baja del Centro Español, o quienes usan el convento de El Almendral para eventos académicos.

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por la interculturalidad que se está gestionando; en el caso del Fuerte de Acapulco, no contempló sino muy marginalmente la participación de grupos de interés o de negocios. En ambos, los inmuebles utilizados se transformaron en imágenes representati-vas de ciudad o de territorio más que de entidades específicas.

b. Escenario El edificio patrimonial dota a los eventos políticos, sociales o culturales

de una infraestructura que puede reunir óptimas condiciones físicas al mismo tiempo que de una atmósfera histórica y cultural propia de un entorno escénico.

En los casos estudiados, sin excepción, el bien patrimonial es apro-vechado como escenario para el desarrollo de actividades que se potencian por la atmósfera que envuelve el lugar. En Acapulco, las colecciones se destacan en el escenario de época que brinda el fuer-te. Por su parte, el convento de El Almendral, el centro penquista y el museo-centro cultural aprovechan esta ventaja facilitando el lugar para encuentros culturales, científicos e intelectuales, así como para el desarrollo de eventos sociales.

c. Museo Dada la belleza escénica o la significación simbólica, en forma aislada o in-

tegrados a un conjunto de otros bienes muebles o inmuebles, el comple-jo patrimonial es capaz de acoger y rentar de la visita, cuya funcionalidad no está vinculada a ningún uso en particular más que con el placer de contemplar y admirar lo exhibido. Esta cualidad es particularmente ob-servable en bienes que se encuentran emplazados en un territorio más amplio de atracción turística.

Este aspecto ha sido explotado por el museo-centro cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum”, en cuyo edificio arquitectónicamente representativo de modelo de prácticas interculturales se ofrece gas-tronomía, artesanía, música, entre otras manifestaciones culturales del lugar; y por el Fuerte de Acapulco que ofrece a los visitantes la oportunidad de admirar el edificio, sus colecciones y la espléndida vista panorámica. Este aspecto ha sido desarrollado incipientemente en San Felipe a través de las investigaciones del ecoturismo y las visitas programadas, las cuales aparecen como promisorias.

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Costos

La funcionalidad del patrimonio histórico, como dotación de espacio para el esta-blecimiento de sedes corporativas, el desenvolvimiento de actividades culturales o de visitas turísticas, alcanzará niveles óptimos siempre que se invierta en con-servación. Sin embargo, los costos asociados a la puesta en valor de un bien pa-trimonial son mayores que la generalidad de los activos fijos, por sus particulares características constructivas y su carácter de bien irreproducible9.

a. Conservación El requerimiento particular de preservación de estos bienes impone cargas

especiales y pesadas a los ocupantes, como lo son la demanda por una especialización en materiales y mano de obra, elementos que no están fá-cilmente disponibles en el mercado, así como las dificultades de acceso al crédito financiero y la aseguración.

El Almendral nos parece ilustrativo en este tema. Para la restau-ración del convento, una parte de la mano de obra la proveyó la escuela de artes y oficios que se estaba instalando en el lugar con lo que se enfrentaba con inteligencia un primer desafío. No tuvo la misma suerte para acceder al sistema financiero lo-cal puesto que, dado su carácter de monumento nacional, los edificios de El Almendral son desestimados como garantía hi-potecaria por las instituciones financieras10. Tampoco pueden ser asegurados contra terremotos por tratarse de construccio-nes de adobe.

b. Oportunidad La naturaleza pública de los bienes patrimoniales genera demandas con-

tradictorias, por un lado de accesibilidad y, por el otro, de uso racional a fin de preservarlo a las generaciones futuras. Pues bien, la ética de la accesibilidad impone restricciones al tarifado de ingreso y la racionalidad

9 Sobre esta condición de los bienes patrimoniales y sus efectos sobre las relaciones económi-cas, véase el artículo de Luis César Herrero incorporado en esta obra.

10 Conscientes de las restricciones que impone la calidad de monumento nacional, la directiva del Centro Español de Concepción ha descartado la idea de pedir para su sede social este carácter.

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del uso exige, en determinadas circunstancias, disponer un no uso11. Este último aspecto, el no uso, ha consistido en limitar el acceso de personas hasta un máximo de carga, o en desaconsejar ciertas actividades contra-indicadas a la tradición del lugar.

Se observa el desincentivo de usos o actividades reñidas con el giro patrimonialista, en El Almendral, para con las actividades em-presariales. Así también en algunos casos, como en El Almendral y Concepción, las instalaciones tienen una capacidad ociosa que, a lo menos en parte, puede entenderse como consecuencia de las ne-cesidades de conservación, sea de los edificios, sea de la tradición de usos12. Por último, en El Almendral, Curarrehue y Acapulco se constata la existencia de tarifas promocionales o, derechamente, la gratuidad en el acceso para los habitantes del lugar. El costo asocia-do es asumido por el gestor.

3. La oferta de usos para un bien patrimonial

No cualquier tipo de productos o servicios es compatible con el carácter patrimonial de nuestros bienes. Los atributos patrimoniales —historia, tra-dición, arquitectura, etc.— han exigido de sus gestores un esfuerzo inte-lectual de identificación de servicios pertinentes a la hora de organizar su oferta cultural, a la que se le pide pueda aportar recursos económicos y humanos para la enorme tarea conservativa del bien cultural. En síntesis, la máxima a este respecto es que la oferta sea pertinente a la naturaleza del bien para asumir de manera inteligente los costos inherentes al uso y la conservación.

El análisis de la oferta se hará a partir de cuatro derivadas del axioma ini-cial: valor agregado cultural, economía simbólica, sustentabilidad y conexión con entorno productivo.

11 Para comprender las implicancias del no uso en las esferas económicas y de gestión pueden consultarse las aportaciones de Orellana y Devesa en este libro.

12 En parte esta capacidad ociosa es atribuible a la deficiencia en la gestión.

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a. Valor agregado cultural

Los atributos del bien patrimonial estriban, en una buena proporción, en sus características inmateriales, las cuales han de capitalizarse adecuada-mente al momento de organizar la oferta de usos del lugar. Una manera de capitalizarlas es rentar, no solamente por los beneficios en infraestructura que otorga el bien sino que, además, en los beneficios intangibles asocia-dos a sus atributos patrimoniales, mediante acciones tales como la instala-ción de corporaciones afines, la promoción de usos que se valorizan por el escenario patrimonial y la oferta del bien como imagen.

El CIEM y el Centro Español de Concepción capitalizan bien el con-vento y su edificio en la plaza Independencia, respectivamente, como sede corporativa que termina por fundirse con su imagen; pero cla-ramente subutilizan estos lugares como escenario de eventos o de destino turístico13. Por su parte, los museos de Curarrehue y Acapulco optan por capitalizar mejor los aspectos de museo que los otros as-pectos inmateriales del patrimonio.

b. Economía simbólica

Por el ahorro de recursos económicos, materiales y humanos que pueden liberar-se en la ardua tarea de resignificación de un lugar, en los casos de estudio se favo-rece a aquellos usos que respeten la carga simbólica acumulada por su tradición. En cuanto a la continuidad en la tradición, en Acapulco el cambio desde su

uso como fuerte y oficinas públicas a museo no parece ser traumático en el plano simbólico, máxime porque las colecciones guardan conexión íntima con el uso histórico del lugar. Igualmente, la resignificación en San Felipe de los edificios religiosos a través de actividades culturales, patrimoniales y artísticas fue una decisión inteligente considerando que el sello religioso no los hace dúctiles a usos excesivamente “mundanos”. En este plano de economía simbólica, el Centro Español y el Museo de Curarrehue tienen un enorme desafío, aún pendiente, cual es favorecer la interculturalidad propia del mestizaje cultural reinante sin renunciar a su origen identitario.

13 En el caso de CIEM, el uso de los edificios para albergar actividades académicas y universita-rias rectifica en parte lo aseverado.

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c. Sustentabilidad

La sustentabilidad de un proyecto en un bien patrimonial es un tema relevante porque de ella dependerá la efectiva conservación del inmueble. De una u otra forma los proyectos estudiados atienden a la conservación, a lo menos previnien-do que el uso acelere el deterioro natural del inmueble controlando el acceso y seleccionando las formas de uso. Sin embargo, junto con prevenir el deterioro, la gestión también es capaz, en ciertos casos, de invertir recursos en restauración.

En Concepción, la conservación ha estado asegurada por los excedentes que deja la gestión propiamente inmobiliaria de los edificios corporati-vos14, así como en Acapulco lo está por el sólido aporte del Estado mexi-cano. En Curarrehue y, sobre todo, en San Felipe, la conservación aparece más frágil dada la precariedad de los recursos disponibles y los pobres ni-veles de ingresos económicos por actividades propias. En ambos sitios la oferta no está consolidada, razón por la que la sobrevivencia del proyecto depende de un inestable financiamiento vía proyectos.

d. Conexión con entorno productivo

Si no es del caso salir a la búsqueda de nuevos mercados mediante estrategias volun-taristas, la oferta tiende a adaptarse a la economía existente en el entorno del bien.

Ya hemos visto anteriormente de qué manera los museos aprovechan flujos turísticos del territorio más amplio, como sucede en Acapulco y Curarrehue, lo que deberá ser tomado en cuenta por el CIEM a la hora de evaluar el sentido de la galería de arte o el pequeño museo. Aunque el convento se rodea de una zona típica y entorno natural monumental, la actividad turística en San Felipe es relativamente baja, a lo menos por ahora, al tiempo que desaprovecha el entorno productivo de la provincia que se relaciona más con la agroindustria. Por su parte, las estrategias económicas y revitalizadoras más acertadas del Centro Español de Con-cepción capitalizan, con las actividades de difusión cultural, el carácter universitario de la ciudad, y, por otra parte, con los servicios concesiona-

14 A pesar de que no se ha producido un incremento en el uso del espacio, lo que lleva a algu-nos a llamar al Centro Español como “elefante blanco”. Desde nuestro punto de vista, este caso enseña una lección: es un error restaurar el bien sin previamente contar con un plan de usos y actividades.

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dos de restaurante en su ubicación en pleno centro político, administrati-vo y comercial de la ciudad.

5. El financiamiento de los proyectos patrimoniales

Si bien los bienes patrimoniales ofrecen varios beneficios exclusivos a sus tene-dores o usufructuarios, también imponen un conjunto de restricciones absolu-tamente excepcionales atendidas sus condiciones de bien público (accesibili-dad, no apropiabilidad) y de bien histórico (costos de conservación y de no uso). En este mismo libro, el profesor Luis César Herrero nos hace ver que la economía del patrimonio no gira en torno a precios a los cuales puedan traspasarse estos costos, sino a rentas que provienen, indirectamente, de la gestión del patrimo-nio. Estas condiciones imprimen la necesidad de buscar vías múltiples, diversi-ficadas y pertinentes de financiamiento de los proyectos, complementarias a la propia de la oferta, que deben capturar desde los subsidios estatales hasta la responsabilidad social empresarial y la capitalización del voluntariado.

Veamos qué vías de financiamiento especiales se registran en nuestros casos.

a. Inversión pública o privada

El financiamiento de las obras de restauración y rehabilitación de los bienes de la muestra ha provenido tanto de aportes públicos como de las propias insti-tuciones propietarias.

La restauración, rehabilitación y funcionamiento del Fuerte de Acapulco tuvo como inversionista directo el Estado mexicano, así como la cons-trucción del Museo de Curarrehue lo tuvo del Estado chileno. El financia-miento privado, en la especie del propio propietario del bien, se produjo en Concepción, vía crédito bancario.

b. Mecenazgo

Ciertos grupos de identidad, afines al proyecto que se desea desarrollar o a la ideolo-gía del bien, contribuyen al financiamiento de la restauración, rehabilitación del bien o al funcionamiento del establecimiento que en él se albergue.

En el caso de El Almendral, una estrategia central de financiamiento ha sido la cooperación internacional. Durante la restauración y rehabilitación de los edificios se contó con el apoyo financiero de grupos católicos italianos, en

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tanto durante el funcionamiento se ha contado con el apoyo de organizacio-nes no gubernamentales (ONGs). En Acapulco, el aporte privado es menor y se traduce en la donación de obras de arte por parte de familias acomodadas de Acapulco. El origen de la construcción del Centro Español —hablamos de hace más de ochenta años— proviene básicamente de donativos privados.

c. Cesión de tenencia

Se observa que los tenedores o propietarios del bien pueden incorporar nuevos ocupantes a quienes ofrecen espacios a cambio de una renta, el pago de cuotas sociales o, simplemente, de una compañía que agregue valor social al espacio.

La evolución del público del Centro Español de Concepción es elocuen-te en este aspecto revitalizador. Los migrantes españoles han sido lenta-mente sustituidos por su descendencia o por nuevos clientes mestizos, modificando para ello los estatutos sociales. Aún más significativo en este aspecto es la decisión corporativa de renovar completamente el primer piso del edificio y buscar locatarios exclusivos. En Almendral y Concep-ción se produce el arrendamiento de salones para eventos sociales.

d. Cesión del establecimiento

Puede darse también que el propietario quiera compartir la tenencia del bien con nuevos tenedores, quienes se comprometen con el desarrollo de alguna actividad considerada vital para la organización y de la cual pueden rentar ma-terial o simbólicamente. En el Centro Español de Concepción, la directiva asume directamente

la gestión de casi la totalidad de la oferta del lugar, con excepción de ciertas actividades que no son de su giro pero que agregan valor social —antiguamente el Centro de Estudios Hispánicos y hoy el consulado es-pañol— o servicios —como bar y restaurante— que prefiere delegar en una empresa concesionaria.

e. Emprendimientos

Restaurados y rehabilitados, los bienes patrimoniales del estudio han sido atractivos para acoger actividades lucrativas, sobre todo para pequeñas em-presas que se benefician de las visitas turísticas. Puede tratarse de los acti-

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vadores del bien cuando cumplen o desarrollan actividades comerciales o profesionales. En el esquema de la difusión del patrimonio local intangible, tanto en Cu-

rarrehue, con la acogida a un mercado de artesanía y cocinería mapuche, y en San Felipe, con la feria y la tienda de productos artesanales de la macro-zona del Río Aconcagua, el bien abre espacios para intercambio comercial. Orientado a un público no interesado en el patrimonio propiamente tal, en el Centro Español penquista, la empresa familiar concesionaria ofrece servicios de restaurante y bar.

f. La tarifa de ingreso

La tarifa de ingreso es otra importante fuente de financiamiento de proyectos de usos para desarrollarse en sitios patrimoniales cerrados, pero que se maneja con precaución a fin de no comprometer la participación de agentes sin capa-cidad de pago o la difusión de valores de resguardo del patrimonio.

Es interesante observar que la tarifa de ingreso está presente en los bie-nes situados en lugares de tránsito o visita turística, Curarrehue y Aca-pulco, con la salvedad que tal tarifa no existe o es preferencial para los habitantes del entorno. En cambio, en Concepción esta tarifa no existe y en San Felipe está reducida al cobro por visitas programadas.

g. Voluntariado

Un recurso importante que utiliza la organización para la activación del bien patrimonial es el conjunto de personas, de diversos oficios o profesiones, que contribuyen con energía y compromiso sin esperar retribución económica equivalente a ese esfuerzo.

En el Centro Español una parte del trabajo la desarrollan, ad honorem, socios profesionales del club social. Otro tanto se observa en El Almendral con el mismo estamento social.

6. Niveles de la participación social

A pesar de que una de las características con las cuales se piensa a los objetos patrimoniales es su carácter de ser bien público, es decir, un objeto de uso

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o interés común de una población dada15, nuestros casos demuestran que no todos los agentes hacen uso igualitario de esos espacios ni se interesan de la misma manera en ellos. Los bienes observados funcionan como si sólo ciertas clases de agentes estuvieran invitados a visitarlos, usarlos, gozarlos o transformarlos, mientras que otras clases de agentes encuentran en ellos una frontera difícil de atravesar.

La precariedad del estado de los bienes patrimoniales de país, las restric-ciones de los subsidios y beneficios tributarios y la escasa demanda respecto de estos bienes, obliga a plantearse la participación social como un eje central del análisis de la gestión de bienes de este tipo. Y, a mayor abundamiento, la participación asegura una cierta fidelidad a la tradición y a los demás atributos del bien.

Se ha constatado en nuestro estudio los siguientes niveles de participa-ción:

a. En el dominio

En la mayor parte de los casos estudiados, la propiedad del bien recae en una institución jurídica hegemónica, sea de dominio fiscal o particular. Sin embargo, no debe descartarse que un bien —en este caso patrimonial— pueda ser de propiedad colectiva y, en este sentido, transformarse en un medio de partici-pación abierta. Es el caso del Centro Español de Concepción respecto del cual cada socio se

hace indirectamente dueño del bien mediante el pago por membresía. Se trata de una forma de capitalización equivalente a la adquisición de acciones en las sociedades anónimas. En el convento de El Almendral, en Acapulco y en el mu-seo de Curarrehue, el dominio es de una institución mayor, respectivamente la Iglesia Católica, el Estado mexicano y la Municipalidad local. Sólo en este último caso se ha estudiado la alternativa de traspasar el proyecto a una corporación integrada por un conjunto de organizaciones y/o personas naturales.

b. En la gestión

Un sistema de gestión debe plantearse la manera cómo se fijan las grandes orientaciones relacionadas con el manejo del bien. En algún caso podrá abrirse la participación a usuarios, socios, profesionales y otros agentes participantes,

15 En este mismo volumen puede leerse a este respecto el artículo de Juan Orellana.

incluso con derecho a iniciativa en relación con la colocación de proyectos o acciones en el lugar16. En Curarrehue, la participación en el manejo del bien es una práctica esti-

mulada por el modelo de gestión, en contraste con el modelo jerárquico existente en Acapulco en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o en Concepción en manos del presidente del club y el comité de asesores. Una fórmula intermedia de participación la tenemos en El Almendral, la cual está ampliamente asegurada para los equipos profe-sionales que laboran allí.

c. En el financiamiento

Puede darse que el proceso de restauración o manutención contemple la invi-tación de público que no necesariamente obtendrá del bien un beneficio direc-to en su uso. Podrá obtener prestigio (si busca publicidad) o realizar una obra meritoria. En este párrafo debemos incorporar la denominada responsabilidad social empresarial y el mecenazgo. La contribución del público en el financiamiento de los proyectos del

Centro Español y El Almendral fue decisivo, al punto que éstos fueron levantados por vía de donaciones de sus miembros o simpatizantes del proyecto, excluyendo al Estado. En Curarrehue y Acapulco, a la inversa, el aporte estatal fue y sigue siendo absolutamente gravitante, presentando los donativos particulares una importancia marginal en ambos.

d. En el uso directo

El punto más alto de la participación en el uso, como puede esperarse, se pro-duce a propósito de actividades sin costo para el usuario, organizados para lo-grar fines corporativos o sociales. Las visitas espontáneas a los espacios estudia-dos, simplemente para entretención y goce, son raras. En cambio, cierto público

16 En los casos observados, los habitantes no han participado mayormente en la activación, pero tampoco la han obstruído. En Curarrehue es donde se observa la mayor participación de la comunidad local en la gestación, el diseño y la implementación del proyecto, mientras que en Acapulco y Concepción nos encontramos en la situación opuesta. La comunidad rural del sector El Almendral ha participado en algunas iniciativas, notablemente en el desa-rrollo de la feria “El rastro”.


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con mayor disposición a un pago reclama el uso del bien como escenario para eventos o visita turística, principalmente.

En Concepción tenemos que las actividades de difusión de la cultura hispá-nica han servido de eje para la reactivación del Centro Español; en San Fe-lipe, Curarrehue y Acapulco se han propuesto un conjunto de actividades de extensión tipo talleres que han servido como enganche de uso del es-pacio, especialmente en el primero, en el cual las visitas turísticas son poco frecuentes. Otro tipo de participación es la de las personas o instituciones que ocupan transitoriamente el bien para la realización de eventos, como acontece en Concepción y, en menor medida, en San Felipe.

e. En la valorización

No se observa en los vecinos o visitantes acciones significativas de destrucción del bien, lo que supone un principio de valoración. Incluso en ciertos casos observados, la preocupación por el bien patrimonial se irradia al cuidado y em-bellecimiento del entorno del bien. En San Felipe encontramos un cambio notable en la valoración del bien

por parte de los habitantes. A fines de los ochenta el inmueble estaba muy deteriorado y los niños que ocupaban las dependencias del con-vento provocaron un incendio que lo dejó en pésimas condiciones. En la actualidad, en cambio, se aprecia el edificio restaurado y, además, un em-bellecimiento espontáneo de las construcciones aledañas. En Curarrehue advertimos un claro compromiso de profesionales del programa PAIS y de la Municipalidad, así como de algunos grupos indígenas, aunque otros grupos optaron por sustraerse del proyecto. En Concepción y Acapulco se observa una valoración activa, especialmente de parte de la clase polí-tica y social predominante.

f. En las rentas

Entenderemos aquí los beneficios económicos que se obtienen como resulta-do indirecto de la revitalización del bien patrimonial. Es lo que reciben, en El Almendral, los dueños de los restaurantes que se

instalaron en el vecindario, o los feriantes que se instalan mensualmen-te en el frontis del convento; o, en Curarrehue y Acapulco, las ganancias


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de las empresas de servicios turísticos; o, en El Almendral, Concepción y Curarrehue, los emprendedores (artesanos, cocineros) instalados en el espacio patrimonial.

g. En las externalidades

Se refiere a los beneficios o costos obtenidos por aquéllos que sin participar en el gestión del bien o en las actividades económicas, son impactados positiva o negativamente con la revitalización del bien. En Concepción, se beneficia la comunidad hispana por poseer este icono

urbano, y en San Felipe los vecinos se beneficiaron, pues el barrio fue embellecido a partir de la restauración del convento. Para los proyectos museológicos de Curarrehue y Acapulco, los beneficios económicos in-directos por su existencia son de proporciones. En el primer caso, a lo menos en el discurso, al museo se le atribuye el carácter de “palanca” del desarrollo de la comuna.

III. Análisis estructural

1. El Centro Español de Concepción

A comienzos de los años noventa, gracias al manejo visionario de la directiva del club, la corporación se las ingenió para transformar parte de sus instalaciones (nos referimos a la planta baja) en una galería comercial que ha proveído regu-larmente de excedentes que el club dirige a la manutención y embellecimiento del edificio. Sin embargo, como graficó un miembro de la directiva, este club social posee edificios que representan un “elefante blanco”, queriendo con esto decir, seguramente, que se trata de un “espécimen” excepcional, de cualida-des físicas colosales, pero que lamentablemente se encuentra en vías de extin-ción… dado el escaso público que convoca.

Por nuestra parte, diremos que la forma cómo el centro ha abordado el problema físico de sus instalaciones resulta particularmente ilustrativo de la bre-cha que se produce a veces en los sitios patrimoniales, específicamente entre los

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costosos proyectos de restauración y los vagos planes de uso17. Las cosas suce-den como si la condición de bien meritorio de un inmueble patrimonial pudiera justificar, por sí mismo, cualquier inversión física, independientemente de los usos correspondientes. En favor del Centro Español de Concepción opera, por supuesto, la atenuante que las inversiones se han hecho con fondos privados, circunstancia que le permite darse el lujo de restaurar sin tener que justificar lo invertido en relación con la explotación posterior. Tal privilegio no podríamos concederlo tan fácilmente a proyectos de restauración que cuentan con inver-sión de recursos públicos, en cuya gestión pesa una racionalidad administrativa orientada a fines que puedan justificarse social y económicamente.

De manera que en la tríada conservación-participación-rentabilización, en este club social la dimensión “conservación” resulta absolutamente favorecida. Sin embargo, si bien el futuro de los edificios está por ahora asegurado, el del establecimiento mismo, el del club social de la colonia española, se encuentra aún incierto, justamente por el alicaído funcionamiento que exhibe en la actua-lidad. No nos parece que esta situación que afecta al club se explique porque el rubro de club social esté obsoleto, a pesar de que el sello propiamente hispáni-co pueda estar desperfilándose cada vez más por motivos demográficos18.

Los ejes participación y rentabilización aparecen, entonces, en situación de desventaja sin que encontremos una razón estructural ni una decisión corporativa que la explique. Simplemente, podríamos estar en presencia de un caso de subutili-zación de recursos atribuible, en una inmensa proporción, a la gestión del bien y del establecimiento que éste alberga. Por ejemplo, en cuanto a lo primero, la rentabili-dad económica del centro se concentra excesivamente en la gestión inmobiliaria de los locales comerciales situados en la planta baja del club; y, en cuanto a lo segundo, el club no se beneficia mayormente del movimiento de los servicios concesionados de bar y restaurante, los que se hallan bastante alejados de la vida corporativa.

A nuestro entender, si hacemos caso al éxito de las últimas actividades emprendidas de difusión cultural, el camino de la revitalización de este espacio social penquista pasa por el tercer eje de la gestión del club, la participación social, la cual, según lo que hemos visto a lo largo de la investigación, es la me-nos equilibrada en la tríada, a pesar de su naturaleza de bien semi-público. La apertura de espacios de participación, en primer lugar hacia sus socios, podría

17 Sobre esta brecha se refiere Javier Adán en el primer artículo de este libro.

18 En efecto, si bien el sello de colonia tiene que decaer a la par de la baja de la migración, nadie puede poner en duda la viabilidad de la oferta de club social en nuestro país. Incluso, podría ir in crecendo si consideramos, entre otros aspectos, el crecimiento de grupos de la tercera edad.

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ser la llave que permita redescubrir el sentido de un establecimiento como éste en los tiempos que corren.

2. El Centro Cultural “El Almendral”

El proyecto de El Almendral brinda un caso ejemplar de cómo en la gestión de los recursos patrimoniales puede aprovecharse el capital social y económi-co de las comunidades que, ideológicamente, se identifican con ellos. Desde las ruinas en que quedó el convento tras un incendio intencional sucedido en los años ochenta, gracias a la cooperación internacional y al activismo de un grupo de voluntarios, se levantó un centro cultural que, en lo sucesivo, impulsaría una no muy lucrativa tarea de valoración del olvidado patrimonio ambiental, social y cultural de la macrozona del Río Aconcagua. A diferencia del club penquista, El Almendral es un caso de buen funcionamiento del eje participación, y no sólo desde la perspectiva de las estrategias de financia-miento, sino adicionalmente en cuanto a la oferta de servicios. El giro original del centro, esto es, la escuela de artes y oficios, estuvo dirigida a la capacita-ción de recursos humanos locales; los artistas de la zona han tenido la galería de arte como centro de exposición de sus creaciones, así como los artesanos el pequeño centro de ventas, o los comerciantes la feria que se instala perió-dicamente en las afueras del convento.

Ahora bien, confirmando que se halla en las antípodas de lo que aconte-ce con el Centro Español de Concepción, El Almendral flaquea en el eje de la conservación, la que aunque estuvo positivamente resuelta en la primera fase de reconstrucción no lo ha estado en la fase actual de funcionamiento. Tal como está siendo gestionado, el proyecto no es capaz de generar excedentes que puedan destinarse a la manutención de los edificios, a lo que se suma la imposibilidad de contratación de seguros por su condición de edificio de adobe. Un efecto colateral de esta precariedad detectada en el plano conser-vativo es que las instalaciones no pueden utilizarse plenamente (parte de las mismas están en estado de casi abandono) y el uso y goce de la comunidad se orienta a la exposición ferial y a las externalidades relacionadas con el em-bellecimiento del entorno.

Dado el desequilibrio que se produce a propósito de las restricciones conservativas, así como al mismo modelo de financiamiento excesivamente dependiente de recursos externos no asociados a un mercado de usuarios, la rentabilidad social y económica está, a nuestro entender, por debajo de las ex-pectativas que razonablemente se puede esperar de un proyecto con ideas

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centrales tan bien concebidas, una red de colaboración activa y un capital hu-mano y patrimonial excepcionales.

3. El Museo-Centro Cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum”

En Curarrehue lo que está en juego es la gestión de patrimonio intangible, como lo es la interculturalidad chileno-mapuche vigente en un territorio de alta densidad indígena. Con todo, el análisis estructural de su gestión a partir de los ejes conservación-participación-rentabilización es perfectamente aplicable e, incluso, según lo que nos informan Leonor Adán y Francisca Poblete, en la concepción de este proyecto existe una preocupación evidente por los tres aspectos de la tríada de la gestión de los bienes patrimoniales.

El proyecto pretende, explícitamente, proteger la vida y existencia y el terri-torio de la población indígena mapuche en un contexto de forzado y desequi-librado intercambio intercultural con la sociedad mestiza chilena. Se piensa que este efectivo resguardo no se logra con el inmovilismo sino, por el contrario, con la valoración y el fortalecimiento relativo de la visión indígena en el intercambio intercultural. No es extraño, considerando la filosofía del proyecto, que la manera cómo piensan proteger la identidad cultural no sea reificando las cosmovisiones o la cultura material en un museo clásico de colecciones, sino movilizando las fuerzas sociales organizadas en una oferta peculiar e inédita de museología inte-ractiva. En cualquier caso, al igual que todos los proyectos patrimoniales, el factor conservación es central en la organización de la propuesta; y a diferencia del caso de Concepción y San Felipe, la participación ocupa un lugar primordial.

No es siempre fácil encontrar una correspondencia fluida entre conserva-ción y rentabilización y, en este sentido, la propuesta en Curarrehue logra hábil-mente sostener la protección identitaria mapuche, no solamente en elementos simbólicos, sino también en elementos propiamente económicos, como el de-sarrollo de emprendimiento local (cocinería, artesanía, etc.). Pero el éxito relativo en la relación conservación y rentabilización no está completamente asegurado y tememos un debilitamiento del proyecto con el curso de los años de manera similar como se ha observado en El Almendral. Para ambos proyectos es aplicable lo observado por los investigadores en Curarrehue: “No se visualiza en el contexto inmediato del museo la generación de nuevas inversiones ni servicios asociados a esta actividad. Esta limitación incide negativamente en la cantidad de visitantes, en las redes cooperativas locales más extensas y, por ende, en la menor captación de recursos financieros que aseguren la continuidad y desarrollo del proyecto”.

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Tenemos a la vista una experiencia en la cual el factor participación, en igual grado que los factores rentabilización y conservación, forma parte nuclear del proyecto en comento. Sorprende que el nivel de participación se haya dado en múltiples niveles: gestión, uso directo, rentas, lo que no acon-tece, a lo menos así de diversificado, en los otros tres proyectos estudiados. Pero cuidado. Los investigadores observan una amenaza al proyecto, que por lo demás era algo completamente esperable que sucediera en un proceso de amplia y diversificada convocatoria social como en éste. Nos referimos a los choques tanto entre el museo y los visitantes, como entre las agrupaciones y dirigentes comunitarios vinculados al proyecto. En caso que los conflictos no sean bien abordados por la organización, es presumible esperar que la participación podría ir en descenso y, colateralmente, afectar los propósitos de conservación y de rentabilización.

4. El fuerte San Diego de Acapulco, México

La presencia del Estado mexicano en San Diego es aún más determinante que la que tiene el Estado chileno en Curarrehue. Aquí el Estado es dueño del bien patrimonial, financia casi completamente su funcionamiento y lo dirige unilate-ralmente; este último único aspecto marca una diferencia con Curarrehue don-de las decisiones concernientes al proyecto son compartidas con otros partici-pantes de la sociedad civil. Coincidiendo con el Centro Español de Concepción en la alta centralización de la administración, la que ofrece escasos espacios para la participación social, el museo de San Diego se diferencia del primero en el hecho que la oferta levantada funciona en forma óptima.

San Diego posee un mercado consolidado de visitantes gracias a la oportuna combinación de algunos elementos claves: la ubicación privile-giada y el interés histórico que éste representa para un flujo constante de turistas que llegan sin tregua; la inserción del proyecto en la trama urbana y turística de la ciudad; y una organización de la oferta museológica muy efi-ciente en manos del INAH y unos equipos profesionales altamente capaci-tados. Probablemente, también, el modelo de gestión del Centro penquista funcionaría si estuviera en un territorio de características similares a las del caso azteca.

De manera que si los investigadores observan que la alta centralización de la administración y operatividad en manos de la INAH representa un factor negativo a la hora de evaluar el funcionamiento del fuerte, lo hacen con la convicción que la apertura a la participación de los habitantes podría rentabi-

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lizar más el proyecto desde el punto de vista social, sin producir efectos con-traindicados en las otras dimensiones propias de oferta museológica. En las actuales circunstancias, el modelo logra producir una propuesta equilibrada que no descuida ninguno de los elementos de la tríada: ni la conservación, ni la rentabilización, ni la participación. Empero, el óptimo de la gestión podría lograrse si se fortalece, en el eje de la participación, la incorporación de los habitantes (hoy limitada al mecenazgo de las familias ricas y algunos progra-mas de extensión) y, por ello, en el eje de la rentabilización, lo que llamamos la rentabilización social.

5. Conclusiones

La forma de articulación de las acciones de rentabilización, participación y con-servación de estos recursos patrimoniales se da de modo diferente en cada uno de los casos, dependiendo de factores tales como: la imagen objetivo que pueda la organización plantearse, los modelos de usos y las formas de gestión específicas que se desarrollen en ellos. La imagen objetivo dependerá básica-mente de una decisión que, en estos casos, ya está tomada e implementada por lo que no corresponde entrar a debatir. Por el contrario, el objetivo buscado por la organización podrá alcanzarse con un sistema de usos y de gestión que sea consecuente y que, en cualquier caso, no podrá dejar de enfrentar los factores de nuestra tríada conservación-participación-rentabilización.

En cuanto al prototipo de establecimiento o negocio desarrollado en nues-tros cuatro lugares, abarcamos una gama relativamente amplia que incluye un club social (Concepción), un museo (Acapulco), un centro cultural (El Almendral)19, y un híbrido museo-centro cultural (Curarrehue). En general, ninguno de los usos desarrollados nos parecen contraindicados para el territorio en los cuales están insertos, ni con los edificios patrimoniales que los albergan ni con la demanda que ellos pueden potencialmente capturar para su sostenimiento.

En cambio, en la gestión desarrollada en el bien sí que hemos detectado algunas limitaciones que arroja el análisis estructural y que hemos atribuido a algunos desequilibrios entre los factores que integran la tríada, comenzando con los casos de El Almendral y de Concepción. En el primero, el sistema de gestión no da solución a los requerimientos de conservación del recurso, lo que podría ir progresivamente debilitando su rentabilidad social y económica. En el

19 En realidad, El Almendral se acerca a un híbrido centro cultural-centro académico-museo, de acuerdo con lo explicado en trabajo anexo.

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segundo, no se da respuesta a los requerimientos de participación, situación que incide negativamente en la rentabilización del bien.

Advertimos en su momento que a diferencia de estos dos últimos ca-sos, el proyecto de Curarrehue es relativamente nuevo, por lo que no descarta-mos que pueda, en la etapa de consolidación, ser afectado por desequilibrios equivalentes a los observados en Concepción y San Felipe. En efecto, el éxito relativo de Curarrehue en la relación conservación y rentabilización no está ase-gurada y tememos un debilitamiento del proyecto con el curso de los años. En Curarrehue y San Felipe, en ambos proyectos estamos ante una idea brillante y un modelo de usos innovador, de alto espacio para la participación social, pero en los cuales no se visualiza, en el contexto inmediato a lo menos, nuevas inversiones ni servicios asociados a esta actividad. Esta limitación llegará a inci-dir negativamente en la cantidad de usuarios, en las redes cooperativas locales más extensas y, por ende, en la menor captación de recursos financieros que aseguren la continuidad y desarrollo del proyecto.

En fin, el caso mexicano se visualiza como el más equilibrado en el juego de los factores intervinientes de la gestión: posee un mercado consolidado gra-cias a la combinación de la ubicación privilegiada y el interés histórico que éste representa para un flujo constante de turistas que llegan a visitarlo; se verifica la inserción del proyecto en la trama urbana y turística de la ciudad; y una or-ganización de la oferta museológica muy eficiente en manos del INAH y unos equipos profesionales altamente capacitados. Esto no significa que su opera-ción sea perfecta, como lo demuestra el hecho que los habitantes del lugar no llegan a usufructuar del bien, a pesar de que no hay motivos que lo justifique.

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La evaluación económica del patrimonio cultural

María Devesa Fernández

1. Introducción

La noción de “valor” es fundamental en economía, pues se relaciona con el ori-gen y la motivación de todo comportamiento económico. Al mismo tiempo, el concepto de valor impregna los distintos aspectos de la vida social, incluyendo la esfera de la cultura. Sin embargo, si en el terreno económico el valor está re-lacionado clásicamente con la utilidad, el precio y las preferencias individuales y colectivas, en el caso de la cultura el valor se dirige a ciertas propiedades inma-teriales que indican el mérito o importancia de un objeto, una experiencia o una actividad cultural (Throsby, 2001). El concepto de valor, entendido como expre-sión de la importancia que se le asigna a un bien de manera dinámica y activa, es el punto de arranque común en el proceso de convergencia de dos ámbitos del conocimiento tradicionalmente separados, la economía y la cultura1.

El patrimonio cultural incluye distintas formas de capital cultural, todas indiso-lublemente ligadas al valor que una comunidad le asigna por sus atributos sociales, históricos o culturales (Throsby, 1997). Concretamente, Koboldt (1997, p. 53) define el patrimonio histórico como “una colección de objetos tangibles y elementos in-tangibles relacionados con el desarrollo cultural de una sociedad que provienen de las generaciones pasadas y que son estimados por los individuos contemporáneos, no sólo por sus valores estéticos o su utilidad sino también como expresión del desarrollo cultural de una sociedad”. Pizano y otros (2004, p. 28) señalan que “el pa-trimonio cultural es el conjunto de manifestaciones culturales materiales e inmate-

1 Sobre la emergencia y constitución de este campo disciplinario, podrá leerse en este libro el trabajo de Luis César Herrero.

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riales que una sociedad hereda, interpreta, dota de significado, se apropia, disfruta, transforma y transmite; es referencia para la identidad, fuente de inspiración para la creatividad y sustento para las proyecciones de futuro de los individuos”.

Estas definiciones de patrimonio cultural ponen de manifiesto, por una parte, la variedad de elementos que recoge este concepto, lo que dificulta su delimitación y estudio. Expresan, por otra parte, los diferentes tipos de valores que se reconocen al patrimonio hoy en día: su valor cultural, su valor económi-co y su función social, lo que de nuevo complica su medición. En definitiva, las particularidades del patrimonio histórico como bien cultural, la distinción entre valor cultural y valor económico, su función social, el carácter de bien público del patrimonio, la existencia de externalidades o la falta de mercados en los que revelar las preferencias, hacen que la valoración o evaluación del patrimonio cultural sea complicada, tanto desde un punto de vista teórico como práctico.

Tal como ha señalado Luis César Herrero en otro capítulo de este libro, la eco-nomía de la cultura, en particular la economía del patrimonio histórico o cultural, es la disciplina que ha emprendido el desafío de estudiar el patrimonio en toda su comple-jidad. Dentro de esta rama de la economía se destacan tres grandes áreas de trabajo: los estudios orientados a lograr una conceptualización y regulación del patrimonio cultural; los estudios de flujos generados por el patrimonio y su relación con el turismo cultural; y los trabajos empíricos de valoración del patrimonio (Báez, 2007).

En ese sentido, el objetivo de este artículo es revisar, por una parte, el pro-blema de la asignación de valor en el ámbito de los bienes culturales y del patri-monio histórico, y, por otra, recorrer las principales metodologías de evaluación desde una perspectiva económica. Asimismo, realizaremos algunas reflexiones sobre los diferentes métodos de evaluación analizados y concluiremos el texto con algunas ideas sobre la importancia del valor cultural de los bienes culturales.

2. El problema de la asignación del valor

El patrimonio histórico, entendido como capital cultural, constituye sin duda un fenómeno económico, pues interviene en la función de producción de la economía, tiene usos alternativos y carácter sustitutivo con otras opciones o recursos. Por lo tanto, es susceptible de evaluación y elección colectiva debido a su probable contribución al desarrollo económico (Herrero, 2001). Sin embar-go, el problema fundamental de esa evaluación se centra en la asignación del valor, puesto que, a diferencia de los bienes fungibles, en el patrimonio histórico —así como en los bienes culturales en general— deben observarse dos tipos de valores: el valor cultural y el valor económico.

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Como indicó Herrero en este mismo libro, el valor cultural tiene un carácter cualitativo vinculado al contenido como creación artística, a la belleza o al signi-ficado histórico, lo que dificulta la ordenación de las preferencias individuales y/o colectivas y es susceptible tan sólo de valor de rango ordinal. El valor económico, por su parte, tiene un carácter cuantitativo determinado por el conjunto de rentas que giran en torno al mismo, así como por el flujo de bienes y servicios al que pueda dar lugar, siendo también susceptible de un valor de rango ordinal. En cualquier caso, los precios —cuando existen— corresponden solamente a una aproximación del valor. Un problema adicional que encontramos es que, en mu-chos casos, el patrimonio histórico está compuesto por bienes públicos puros o cuasi-puros para los que no existe un mercado ni, por tanto, un precio, lo que obliga al uso de metodologías de evaluación indirectas para obtener su valor.

A estos dos valores debemos añadir una función fundamental del patri-monio cultural, como es la función social, derivada a su vez de su valor cultural. Como expresión de la inteligencia del hombre y los pueblos y como legado de sus ideas, los bienes culturales suponen un signo de identidad individual y co-lectiva y tienen, por tanto, un papel fundamental en la construcción de la iden-tidad, en la cohesión social y en la conservación de la memoria y la diversidad cultural2. Este valor social también debe ser considerado a la hora de conservar y poner en valor los bienes integrantes del patrimonio histórico.

Para complicar aún más las cosas, a la hora de valorar el patrimonio histórico debemos tener en cuenta todos los componentes del valor económico, partiendo del componente más evidente, como es el que se obtiene del disfrute del bien en sí mismo, de su uso directo, y que nos proporciona lo que denominamos valor de uso. Sin embargo, existe también un valor de no uso o valor de uso pasivo relacionado con el interés que puedan tener los individuos en contribuir al mantenimiento y/o provi-sión de un bien cultural, aun cuando no hagan un consumo directo del mismo.

La duplicidad de valores asignados —cultural y económico— así como la complejidad del valor económico asociado, han sido los argumentos habituales para validar la intervención pública en la cultura y, más concretamente, en la tutela y gestión del patrimonio histórico. A estas justificaciones se suma su carácter de bien público y las externalidades positivas que genera tanto desde el punto de vista de la producción (en la medida que el patrimonio cultural opera como factor generador de rentas, empleos y actividades relacionadas) como del consumo (en la medida que fortalece la identidad nacional y regional, preserva el conocimiento a las gene-raciones venideras y, en general, colabora a la mejora del bienestar colectivo).

2 Este aspecto psicosocial del patrimonio cultural es ampliamente abordado por Héctor Be-rroeta en este mismo libro.

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Dada la importancia que revisten cada uno de estos valores asociados al patrimonio histórico, profundizaremos un poco más en cada uno de ellos.

a. El valor económico de los bienes culturales

La teoría del valor en economía ha transitado desde un enfoque centrado en el valor de los costos de producción, propuesto en el siglo XIX; pasando por la revolución marginalista que sustituyó el enfoque anterior por un modelo basa-do en la cuantificación de las utilidades individuales; y llegando, en la economía contemporánea, a centrarse en los precios, a sabiendas en todo caso que los precios de mercado son sólo un indicador imperfecto del valor de los bienes.

La preocupación constante del análisis económico por el valor económi-co se trasladó al campo cultural, que ha tratado de estimar el valor de los bienes artísticos por varias vías; una tarea que no está exenta de dificultades, tanto desde el punto de vista teórico como analítico.

i. Primera dificultad: la amplia definición El concepto de cultura abarca numerosos campos y actividades y, por lo

mismo, encontramos una variada gama de bienes para evaluar. Así, es muy diferente evaluar los bienes del sector del libro o del disco —donde existe un mercado establecido de bienes estándares y, por tanto, unos precios— que evaluar el patrimonio histórico, puesto que los bienes son únicos y no suelen tener un mercado como tal asociado.

Además, cuando tratamos de medir el valor económico de un bien cultural, no siempre valoramos los mismos elementos: podemos medir el valor de intercambio de los bienes, o tratar de asignar un valor a su capa-cidad educativa, por poner dos ejemplos.

ii. Segunda dificultad: el carácter de bien público Para el caso de los bienes culturales privados —aquellos que se caracteri-

zan porque existe rivalidad en el consumo y porque se da el principio de exclusión— es posible determinar el valor según lo que los individuos están dispuestos a ceder a cambio de su adquisición, es decir, lo que se denomina genéricamente la demanda. La oferta, por su parte, responde en términos generales al grado de costo, y la intersección entre la oferta y la demanda dará lugar a un precio de equilibrio que puede ser un indicador del valor del bien. Sin embargo, la demanda y la oferta en el ámbito de la cultura tienen al-gunas particularidades que harán que productores y consumidores no siem-

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pre revelen sus preferencias de manera correcta; incluso, en ciertos casos, los mercados en que se revelan no tienen por qué ser competitivos3.

En el caso de los bienes culturales públicos —caracterizados por la no ri-validad y la no exclusión en el consumo— la determinación del valor se compli-ca aún más, ya que, al no haber mercado para estos bienes, no existe un precio que ponga de manifiesto las preferencias de los consumidores y productores y que refleje, en definitiva, el valor atribuido al mismo. Para determinar el valor económico en estos casos se debe recurrir a metodologías como la valoración contingente, el método del costo del viaje o el de los precios hedónicos.

iii. Tercera dificultad: el valor de no uso La teoría del valor distingue el valor de uso y el valor de no uso de los bienes

culturales. Como dijimos anteriormente, el primer concepto hace referencia a la utilidad o beneficio derivado del consumo de un bien, y el precio del mercado es un indicador imperfecto de su valor por las razones señaladas, así como por el carácter a menudo subsidiado de estas actividades. El valor de no uso hace referencia al mantenimiento y/o provisión de un bien cultural por quienes no hacen un consumo directo del mismo por varios motivos:

• Losindividuosaprecianlaculturay,apesardequenolaconsumanen el presente, quieren tenerla disponible para posibles consumos futuros (valor de opción).

• Losindividuosvaloranunelementoculturalporelmerohechodesu existencia, a pesar de que no lo vayan a consumir nunca (valor de existencia).

• Losindividuostieneneldeseodegarantizaralasgeneracionesfuturasla posibilidad de disfrutar de los bienes culturales (valor de legado).

• Losindividuosoptanpordestinarlosbienesdeestanaturalezaalatarea de mejora del nivel educativo de la sociedad, contribuyendo de esta manera a favorecer un sentido de identidad (valor educativo).

• Los individuosy las sociedadesvaloranunelementoculturalporla calidad y por la imagen que aporta a una determinada ciudad o región (valor de prestigio).

El problema que tenemos es que los valores de no uso o de uso pasivo normalmente no se registran en las transacciones de mercado, por lo

3 Sobre las particularidades del mercado de bienes culturales, puede leerse en este mismo libro el artículo de Luis César Herrero.

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que tampoco se expresan adecuadamente a través de los precios. Aho-ra bien, esto no significa que estos valores no sean mensurables, pues la economía de la cultura ha desarrollado metodologías de evaluación apropiadas para cuantificarlos o, en ocasiones, ha trasplantado meto-dologías de otras disciplinas, como de la economía ambiental, tal como acontece con la importación del método de valoración contingente.

iv. Cuarta dificultad: las externalidades Los valores de uso y de no uso responden principalmente a lo que sería la

formación del precio implícito de los bienes culturales desde el punto de vista de la microeconomía. Sin embargo, desde el punto de vista macroeco-nómico, también podemos medir el valor de la cultura estimando los flujos generados en el entorno económico o en el ámbito cultural, y que tienen que ver con las externalidades de la producción (Herrero y Sanz, 2002). La evaluación de las externalidades no siempre es fácil, ya que aborda efec-tos socio-culturales a menudo incuantificables. Esos flujos económicos son más perceptibles en el ámbito del turismo cultural, puesto que la cultura y el patrimonio cultural son dos atractivos importantes en los desplazamien-tos turísticos de las personas y, hoy en día, se confía en que sea una fuente de riqueza y empleo. Existen metodologías específicas de evaluación de las externalidades, como lo son los estudios de impacto económico, en los que se calculan los gastos públicos y privados de la institución o actividad cultural y los efectos multiplicadores en la economía local o regional.

b. El valor cultural de los bienes culturales

La teoría del valor cultural ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Haciendo gala de un cierto absolutismo, el modernismo cultural del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX entendía que el valor cultural estaba asociado a las caracterís-ticas trascendentes, objetivas y universales de los bienes culturales. Sin embar-go, a partir de la segunda mitad del siglo XX comienza poco a poco a instalarse un cierto relativismo cultural que da forma al postmodernismo actual, el que ha dado una interpretación más amplia y ambigua del valor de los bienes cultura-les, sin proporcionar tampoco métodos adecuados para describir o evaluar los bienes en toda su diversidad (Throsby, 2001)4.

4 Para un debate más amplio sobre la amplitud del valor patrimonial, véase Grampp (1991) y Klamer (1996).

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El concepto de valor cultural es especialmente complejo como conse-cuencia de la contingencia del contexto social o político y de la volatilidad de la subjetividad individual, lo que hace que su medición o evaluación no siempre sea posible5. La cuantificación del valor cultural de un bien es entonces más complicada que la mediación del valor económico.

Para enfrentar metodológicamente el desafío que presenta el valor cultural, algunos economistas han intentado desagregar de ese concepto sus elementos constituyentes más importantes (Greffe, 1990; Throsby, 2001):

i. Valor estético: placer o emoción que siente una persona al contemplar o consumir un bien cultural.

ii. Valor artístico: aportación del bien a la cultura y al arte en general, y que está relacionado con las propiedades de belleza, armonía, forma y con otras características de la obra.

iii. Valor espiritual: tanto en un sentido religioso —importancia cultural es-pecífica para los miembros de una religión— como en un sentido laico, haciendo referencia a las cualidades interiores compartidas por todos los seres humanos. Está relacionado con valores como la comprensión, la ilustración y el conocimiento.

iv. Valor histórico: importancia de un bien en tanto que revelación de una época, de un modo de vida o de un nexo de unión del presente con el pasado.

v. Valor simbólico: los bienes culturales son depositarios y proveedores de signi-ficado. Si la interpretación que un individuo hace de una obra de arte supone una extracción de significado, entonces el valor simbólico abarca la naturale-za del significado aportado por la obra y su valor para el consumidor.

vi. Valor social: relativo al refuerzo de la identidad social, de conexión con los demás miembros de la sociedad.

vii. Valor cognitivo o educativo: relacionado con la mejora del nivel de cono-cimientos de las personas.

viii. Valor de autenticidad: relativo al hecho de que la obra sea la obra real u original y, por tanto, única que supuestamente es.

5 El valor económico de un bien cultural puede calcularse, al menos en principio, con referen-cia a un patrón como es el dinero, a pesar de las dificultades señaladas anteriormente; sin embargo, el valor cultural de un bien es, por su propia naturaleza, inmaterial y con muchos y variados aspectos, por lo que no existen escalas de valores coherentes o reconocidas con las que medir estas características (Klamer y Throsby, 2001)

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Con todo, a pesar de que hayamos logrado definir los componentes del valor cultural del patrimonio, los problemas de evaluación subsisten, básica-mente por la ausencia de indicadores de medición estándares considerando el pluralismo de elementos, la volatilidad de las preferencias, los cambios políticos, etc. Al final, para no caer en la inmovilidad, los economistas optan a menudo —como solución relativa e intermedia— a aceptar como valor cultural las con-venciones sociales más aceptadas y prestigiosas, como las declaraciones de va-lor de los entes públicos que tutelan el patrimonio, como la UNESCO, e incluso, a otro nivel, las estrellas de las guías turísticas de mayor reputación.

c. El valor social de la cultura

El valor social del patrimonio y el valor cultural son dos aspectos muy cercanos y normalmente difíciles de separar. Sostendremos que el valor social está relaciona-do con cuatro ideas centrales: identidad, cohesión social, diversidad cultural y me-moria. La identidad tiene que ver con el sentido de pertenencia, con aquello que permite reconocernos como parte de una comunidad, grupo étnico, condición de género, etc. La cohesión social, por su lado, se manifiesta en la participación de los ciudadanos en una identidad colectiva de una comunidad más vasta, en ciertas tradiciones. La diversidad cultural está representada por la coexistencia de identidades y comunidades las cuales generan interrelaciones dinámicas que tie-nen valor. La memoria, finalmente, corresponde al aprendizaje que hemos hecho del pasado y que nos permite la comprensión del presente y enfrentar el futuro.

El análisis del valor social del patrimonio cultural deberá tener en cuenta las diferentes dimensiones que hemos señalado (Pizano y otros, 2004) y sólo podrá hacerlo a través de la aplicación de metodologías de tipo sociológico, como estudios de opinión, etnográficos, entrevistas en profundidad o histo-rias de vida, entre otros. Ahora bien, el valor social del patrimonio no dejará jamás de estar relacionado con su valor económico puesto que los miem-bros de la sociedad en la vida cotidiana se relacionan tanto económicamente como simbólicamente con la cultura y los elementos del patrimonio cultural, ya sean tangibles o intangibles (Pizano y otros, 2004). Lo anterior explica, por ejemplo, que algunas variables económicas sean investigadas a través de in-dicadores netamente sociales: número de elementos del patrimonio cultural, características o actividades realizadas en torno a él, etc. O bien, explica que en el análisis económico sean consideradas actividades de uso pasivo del pa-trimonio, en cuanto señal de prestigio o de distinción de las personas y, sobre todo, de los lugares. O bien que en la gestión estratégica de ciudades y regio-

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nes se preste particular atención, como ventaja comparativa, a la identidad cultural. Incluso podemos llegar a una vinculación más sutil: a través del pa-trimonio cultural podemos conocer y comprender la relación de la sociedad con la economía a través de los legados patrimoniales relacionados con los sistemas productivos, las relaciones laborales, las economías domésticas, etc.

3. Metodologías de evaluación económica del patrimonio cultural

De acuerdo con lo que hemos visto, el concepto de valor económico del patrimo-nio cultural es complejo puesto que en él estamos recogiendo al menos dos com-ponentes diferenciados. Por una parte, el valor de uso directo, determinado por el uso y disfrute del mismo y respecto del cual el precio puede ser un indicador de las preferencias de los individuos y del valor del elemento patrimonial. Por otra parte, el valor de uso indirecto, determinado por los valores de existencia, opción y legado, y para cuya evaluación serán necesarias metodologías indirectas que nos aproximen al concepto de excedente del consumidor y al valor de los bienes integrantes del patrimonio. Estas estimaciones económicas responderían a lo que en microeco-nomía sería la formación del precio implícito de los bienes culturales. Sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico, también podemos medir el valor de la cultura a través de la estimación de los flujos derivados en el entorno económico o en el ámbito cultural en un determinado territorio, y que tienen que ver con las externalidades de producción.

Figura 1. Valor económico del patrimonio cultural. Métodos de evaluación. Fuente: Herrero, 2001.

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Como refleja bien la Figura 1, no existe una sino varias metodologías de evaluación del valor económico de los bienes culturales. En el caso del valor de uso, podemos aproximarnos al valor económico utilizando el precio de entrada a un lugar o a un espectáculo, o bien metodologías de evaluación indirectas como el método del costo del viaje, el método de los precios hedónicos o el análisis de valoración contingente. Ahora bien, en el caso del valor de no uso o valor de uso pasivo se utilizará, fundamentalmente, la valoración contingente. Y, en el caso del valor inducido, se podrá utilizar la metodología propia de los es-tudios de impacto económico, así como el análisis de la dimensión del esfuerzo público y privado relacionado con la cultura y el patrimonio.

Pensando sobre todo en quienes se ocupan de la gestión de territorios de valor cultural y deben tomar decisiones de inversión pública, a las metodologías de asignación de valor económico ya expuestas podríamos añadir un méto-do de evaluación de la conveniencia o no de un gasto público en patrimonio, conocido como análisis costo-beneficio. Este análisis no se interesa en el valor de un elemento del patrimonio, sino de varios componentes simultáneamente, utilizando diferentes metodologías de evaluación económica.

A continuación, vamos a analizar brevemente y de manera crítica las me-todologías de evaluación económica más utilizadas en cultura.

a. Método de los precios hedónicos

El método de los precios hedónicos trata de determinar la medida en que las diferentes características de un bien participan en su precio de mercado y dis-criminar, asimismo, su importancia cuantitativa. Consiste en extraer el precio implícito de cada característica y calcular la disposición marginal a pagar de los individuos por una unidad adicional (Sanz, 2004). El método de los precios he-dónicos desglosa, en definitiva, el precio de un bien privado en varias caracte-rísticas que tienen un precio implícito, cuya suma determina, en una proporción estimable, el precio del bien de mercado (Báez).

En un ejemplo habitual de la metodología de los precios hedónicos podríamos señalar que el precio de una vivienda puede variar no sólo en función de sus caracte-rísticas internas, sino en función de la existencia de elementos del patrimonio histórico a su alrededor. Así, el valor más alto de la vivienda o de su alquiler puede ser atribuido a ese entorno patrimonial y podría constituir una medida de valoración monetaria del patrimonio. También la aceptación por parte de un individuo de un salario más bajo por un trabajo equivalente en un entorno patrimonial podría constituir una medida indirecta de la valoración que ese individuo hace del patrimonio.

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En la metodología de los precios hedónicos se estima la función del pre-cio como agregación de los precios implícitos de las características. La deriva-da parcial con respecto a cada uno de los elementos o características indicará la disposición marginal a pagar por el mismo. Bajo determinadas condiciones de la función de precios implícitos, puede identificarse la función de demanda de la característica escogida y, en consecuencia, el excedente del consumidor (Báez, 2007). Así, variaciones en la provisión de tal característica comportan di-ferencias mensurables en dinero en el bienestar de las personas.

La metodología de los precios hedónicos tiene el inconveniente que los datos que requiere son siempre difíciles de obtener. Otro problema es que sólo permite valorar aquellos bienes públicos cuyo consumo depende de un nivel de consumo equivalente a un bien privado con un mercado bien definido, lo cual explica que este método no se haya utilizado mucho. Podemos encontrar algunas aplicaciones prácticas en proyectos de desarrollo urbano y en estu-dios medioambientales, como por ejemplo Gómez (1994), Saz (1997) y Azqueta (1994). En economía de la cultura se han realizado algunas aplicaciones en el ámbito artístico, como los estudios de Hutter y otros (2007), Worthington e Hi-ggs (2006) y Locatelli y Zanola (2005).

b. Método del costo del viaje

El método del costo del viaje trata de estimar el valor del patrimonio cul-tural a través los costos de desplazamiento de un visitante desde el lugar de origen hasta el lugar donde se encuentra el bien que interesa evaluar. Esa cantidad debe considerarse como un valor mínimo de lo que el indivi-duo está dispuesto a pagar por el mismo. Por esta vía se podrá estimar la función de demanda del bien y, por tanto, el excedente del consumidor y la disposición marginal a pagar.

El método del costo del viaje fue introducido por Hotelling, en 1947, en el campo de la economía ambiental y se ha desarrollado por dos vías distintas: la zonal, que se basa en clasificar a los individuos en zonas atendiendo a la distan-cia recorrida; y la individual, que se diferencia de la anterior en que la variable que explica es el número de viajes que realiza el individuo al lugar de estudio6.

Este método, aparentemente sencillo, tiene, sin embargo, algunas difi-cultades a la hora de realizar estimaciones empíricas, entre las que Frey (2000) destaca las siguientes: la estimación del costo de oportunidad del tiempo em-

6 Para un mayor detalle, véase Sanz (2004).

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pleado en el viaje; la consideración de viajes con varios destinos y la existencia de lugares sustitutivos; la existencia de otros costos asociados al viaje, además de los gastos de desplazamiento; o el hecho de que no recoge todos los va-lores del patrimonio, sino sólo una parte. Además, como ya se ha señalado, es siempre un indicador de valor mínimo, puesto que no sabemos si el individuo hubiese estado dispuesto a hacer un viaje más largo o a pagar una entrada más cara por el elemento que vamos a valorar.

Entre las aplicaciones del método del costo del viaje, habitual en los estu-dios de valoración de recursos medioambientales, podemos destacar en el caso español Riera y otros (1994), Riera (2000) y los trabajos recogidos en Azqueta y Pérez (1996). En el caso del patrimonio cultural podemos señalar los estudios de Bedate y otros (2004), Alberini y Longo (2006) y Poor y Smith (2004).

c. Método de valoración contingente

La valoración contingente es un método directo para estimar el valor que los individuos atribuyen a determinados bienes de no mercado y que, por tanto, no disponen de un precio que revele el grado de deseabilidad del producto. El método de valoración contingente consiste en crear un mercado hipotético “contingente” y obtener, mediante una encuesta, la máxima disposición a pagar (DAP), en valor monetario, que el entrevistado otorga al bien que está valorando o a una modificación en la calidad o cantidad del mismo (Sanz, 2004)7. La oferta está representada por la persona que realiza la encuesta y la demanda por la persona entrevistada. La DAP de los individuos puede ser utilizada como medi-da de la demanda individual del bien no comercializado (Cuccia, 2005).

Es una técnica muy utilizada por la economía medioambiental y, más recien-temente, por la economía de la cultura8. Los bienes culturales —especialmente el patrimonio histórico— presentan a menudo las características de los bienes pú-

7 La encuesta en la que la pregunta sobre la DAP es el elemento fundamental de esta meto-dología. Existen diferentes posibilidades en ese sentido, cada una con sus ventajas e incon-venientes. Podría aplicarse una pregunta abierta (¿Cuál es su máxima disposición a pagar por...?), una tarjeta de pago (¿Cuál de las siguientes cantidades se ajusta mejor a su máxima disposición a pagar por...?), o una elección dicotómica de acotación simple o de doble acota-ción (¿Estaría usted dispuesto a pagar X euros por...?).

8 Algunas referencias básicas para analizar esta metodología son Mitchell y Carson (1989), Riera (1994) y Bateman y otros (2002).

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blicos, lo que les hace no rentables para que las empresas los ofrezcan. Estimar y expresar en términos monetarios los beneficios que los consumidores atribuyen al patrimonio cultural podría ser un primer paso para evitar pérdidas irreversibles para las generaciones presentes y futuras, esto es, para justificar en términos económicos las intervenciones y sugerir instrumentos económicos eficientes (Cuccia, 2005: 782).

El número de estudios que han utilizado la metodología de la valoración contingente en el ámbito de la cultura y el patrimonio es bastante elevado, pu-diéndose destacar los de Santagata y Signorello (2000), Navrud y Ready (2002), Rizzo y Towse (2002), así como la monografía del Journal of Cultural Economics (Vol. 27, n° 3-4) dedicada al tema. Otras aplicaciones interesantes son las de Be-date (2007) y Sanz (2004), para el caso de los museos, y la de Báez (2007), para el caso de un conjunto patrimonial en Chile.

Hay tres elementos metodológicos en la valoración contingente que nos parece fundamental tener presente. En primer lugar, es necesario que la selec-ción de la muestra sea representativa por su estrecha relación con el objeto de estudio (visitantes, habitantes locales, población regional, etc.). En segundo lu-gar, el diseño del cuestionario resulta crucial, especialmente en lo que se refiere a la descripción detallada del objeto a evaluar o mercado contingente, el tipo de pregunta de disposición a pagar (abierta, dicotómica simple, dicotómica de doble acotación, etc.) y la elección del vehículo hipotético de pago (impuesto, entrada, contribución voluntaria). Por último, hay que añadir que en la estima-ción de la DAP se pueden aplicar distintos métodos estadísticos en función de la hipótesis inicial que se considere: suponer conocida la distribución de la varia-ble DAP (métodos paramétricos), estimar la distribución pero no los parámetros (métodos no paramétricos) o estimar la distribución junto con sus parámetros (métodos semiparamétricos) (Sanz, 2004).

El método de valoración contingente es el más utilizado en la valoración de bienes de no mercado, a pesar que de él no se obtiene un valor exacto del bien que estamos valorando sino una aproximación. Es de gran utilidad puesto que ayuda en la toma de decisiones por parte de los organismos públicos y es significativo de la intensidad de las preferencias de los consumidores sobre bienes que no se revelan fácilmente por su carácter no comerciable. Con todo, el método de valo-ración contingente ha recibido críticas entre las que destacamos las siguientes: la suposición de una elección racional por parte del entrevistado; la verificación en los entrevistados de respuestas con diferencias marcadas entre los valores declarados y los valores reales; el error de no recordar al entrevistado su restricción presupuestaria o la dificultad para entender correctamente la situación; el requerimiento metodo-lógico de trabajar con respuestas excesivamente largas.

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d. Estudios de impacto económico

Los estudios de impacto económico (EIE), también conocidos como “método de los efectos”, tratan de estimar la importancia económica de las artes analizando los flujos de actividades e ingresos vinculados a la existencia de una determinada ma-nifestación cultural (Martiniello y Minnon, 1990). El objetivo fundamental de estos estudios es medir, en un determinado periodo de tiempo y sobre una determinada área geográfica, los efectos de la existencia de una actividad u organización cultural. Aunque existen algunas diferencias en las aplicaciones en función de los flujos y de los agentes analizados, en general los EIE tienden a adoptar una metodología común. Los EIE se interesan en cuantificar el impacto económico en tres tipos de efectos: los efectos directos, los efectos indirectos y los efectos inducidos9.i. Los efectos directos se corresponden con el conjunto de los gastos reali-

zados por la actividad o institución cultural, siempre en el área geográfica de referencia y en un periodo de tiempo determinado, en términos de sa-larios, compras u otros conceptos, obteniéndose a través del estudio de los presupuestos de los organismos estudiados. Este método trae aparejadas dos dificultades: cómo advertir la doble contabilización de determinadas partidas de gasto que pueden estar incluidas en más de una categoría; y el sobredimensionamiento del impacto por la sobreestimación de la asig-nación de los gastos declarados por la institución en la zona geográfica de referencia.

ii. Los efectos indirectos se corresponden con los gastos que realizan los asistentes a una actividad o institución cultural como consecuencia de ese consumo, es decir, los gastos en entradas, alojamiento o transpor-te, obteniéndose a partir de la aplicación de una encuesta al público asistente. Las dificultades que presenta la evaluación de los efectos in-directos son mayores que la evaluación de los directos (Devesa, 2006). Primero, en estricto rigor económico, sólo se debería tener en cuenta el gasto realizado por los asistentes de fuera de la zona geográfica de referencia, ya que el gasto del público local no puede ser considerado como una entrada neta de dinero, sino como una reasignación de la demanda10. Segundo, hay que determinar la proporción de gasto real-

9 Para un mayor detalle, véase Greffe (1990) y Devesa (2006).

10 Es decir, en caso de no realizarse la actividad cultural sólo desaparecería el gasto de los no loca-les, puesto que la población de la zona gastaría su dinero en otras actividades o productos.

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mente imputable a la actividad, puesto que la actividad cultural no es siempre el único o el principal motivo del desplazamiento. Este elemen-to es importante en el caso del patrimonio puesto que normalmente no se visita un monumento aislado, sino un conjunto de elementos de interés, cuyo impacto individual es difícil de estimar. Tercero, hay que determinar el gasto realizado únicamente en la zona de referencia, lo que no siempre es fácil. Cuarto, existen dificultades técnicas relaciona-das con la propia encuesta, como el diseño del cuestionario, la elección del sistema de encuesta o el método de muestreo. La solución a estas dificultades pasa, lógicamente, por una encuesta depurada así como por un proceso riguroso de encuestación y muestreo.

iii. Finalmente, los efectos inducidos son todos aquellos efectos susceptibles de intervenir de hecho en un proyecto pero que no han sido contabilizados en las categorías anteriores (Greffe, 1990). La definición de esta categoría de im-pacto es menos uniforme que en el caso de los efectos directos e indirectos. Algunos autores prefieren centrarse en los beneficios cualitativos de la acti-vidad —como el aumento del capital humano de la sociedad, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o la cohesión social— que analizan fun-damentalmente desde un punto de vista teórico, mientras que otros analizan las repercusiones de la institución o actividad cultural en el resto de la econo-mía local, regional o nacional a través del concepto de “multiplicador”.11

El desarrollo de los estudios de impacto económico se produce entre finales de los años setenta y principios de los años ochenta, aunque existen algunos estudios anteriores. La fuerte crisis económica por la que pasan todas las economías occidentales en esos años lleva a los defensores de las artes y a los gestores culturales, tanto públicos como privados, a invocar las repercusio-nes económicas de las actividades e instituciones a su cargo para justificar su gasto y financiación. Desde entonces, se ha mejorado la metodología y se han realizado numerosos estudios. Podemos destacar, además de los dos estudios pioneros (National Endowment for the Arts, 1977; y The Port Authority of New York and New Jersey, 1983), algunas aplicaciones interesantes al caso de expo-siciones temporales (Stanley y otros, 1998); eventos culturales (Herrero y otros,

11 Existen diferentes enfoques para analizar el multiplicador de la economía (Dziembowska-Kowal-ska y Funk, 2000), destacando en el caso de los estudios de impacto de la cultura el uso de los multiplicadores input-output, derivados de las Tablas Input-Output desarrolladas por Leontief en los años 30. Para un mayor detalle ver Pulido y Fontela (1993), Uriel (1997) y Muñoz (2000).

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2004); festivales (Devesa, 2006; The City of Edinburgh Council y otros, 2005); o museos (Guggenheim Bilbao, 2008).

Los EIE no están exentos de dificultades y limitaciones, que podemos agrupar en dos tipos. En primer lugar, existe una serie de dificultades técni-cas que han llevado, en algunas ocasiones, a resultados sobredimensionados y poco fiables: la dificultad de acceder a los presupuestos de la institución, el diseño del cuestionario, la modelización de las relaciones interindustriales de la economía, etc. En segundo lugar, la filosofía del método y su uso efectivo son los aspectos que han generado mayores críticas (Seaman, 1997 y 2003). De acuerdo con sus detractores, los EIE han sido utilizados, a menudo, para justificar la intervención pública y la toma de decisiones, lo que ha significado forzar el análisis económico a propósitos inconducentes. En efecto, mal podría justificarse una determinada decisión por su repercusión económica cuando cualquier actividad económica la tiene sobre el tejido local; y, por otra parte, como no estamos comparando entre alternativas posibles, nada nos indica que sea más positivo financiar actividades culturales y artísticas que actividades de otro tipo. En síntesis, los EIE no orientan significativamente en cómo colocar ciertos recursos disponibles —que, por definición, son escasos—, ni si la opción seleccionada es más eficiente que otra (Greffe, 1990; Farchy y Sagot-Duvaroux; 1994; a Van Puffelen, 1987).

Ahora bien, aunque los EIE no permiten por sí solos justificar una determi-nada intervención pública en el área de la cultura, sí permiten demostrar a quie-nes consideran las inversiones en arte como una operación de gasto a fondo perdido que existen retornos económicos derivados de dicha intervención (Col-bert, 1987). Además, el hecho de conocer quién se beneficia de una actividad cultural puede ser importante a la hora de diseñar estrategias de promoción, publicidad y gestión de la actividad cultural o de un territorio (Pizano y otros, 2004). En cualquier caso, no será más que un argumento secundario para justifi-car el apoyo público a la cultura, puesto que se debe buscar siempre la idea de bien colectivo, en la promoción de la democracia, o, simplemente, en nombre de la preservación del arte (Van Puffelen, 1987).

e. Análisis costo-beneficio

El análisis costo-beneficio (ACB) es un método de evaluación económica que permite identificar y evaluar repercusiones socioeconómicas de proyectos y programas públicos con el objeto de determinar su justificación o no justifica-ción desde un punto de vista económico (Pedrosa y Salvador, 2003). Estamos en

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presencia de una técnica que resulta adecuada para la evaluación de políticas de gasto público, ya que ofrece la posibilidad de contrastar todas las posibles ganancias y pérdidas de un proyecto en términos monetarios, permitiendo, de esta manera, la comparación entre distintas alternativas para determinar, final-mente, aquélla que pueda ser más rentable desde un punto de vista social (Ra-mírez y otros, 2007). En consecuencia, el ACB se convierte en una importante herramienta para la toma de decisiones por parte de una organización si se lleva a cabo ex ante (con la utilización de estimaciones) o para evaluar su éxito o fracaso si se realiza ex post (a partir de datos registrados).

El ACB tiene como objetivo fundamental analizar la rentabilidad social de un proyecto, por lo que se han de considerar todos los costos y beneficios rele-vantes que dicho proyecto genera para el conjunto de la sociedad. En el ACB se comparan todos los beneficios sociales con los costos sociales y el resultado de restar ambas categorías es el resultado neto del proyecto (Rus, 2004). En defini-tiva, lo que pretende es saber si el proyecto incrementa o no el bienestar de la sociedad medido en unidades monetarias, lo que determinará su rentabilidad en un sentido más amplio que el puramente financiero. No es, por tanto, una metodología para la asignación de valor, sino para evaluar y analizar la viabilidad de una inversión, política o gasto cultural. El interés reside aquí en que utiliza diferentes metodologías para evaluar esos beneficios y costos sociales, como la valoración contingente o los estudios de impacto económico.

Sin embargo, el ACB exige un tiempo largo para su elaboración y no está exento de dificultades (Báez, 2007). Por ejemplo, es necesario identificar los costos y beneficios que se derivan de la ejecución del proyecto, algo que no es siempre fácil puesto que hay que localizar una multiplicidad de agen-tes que componen la sociedad, independientemente que paguen o no por el producto, y hacerlo respecto de diferentes mercados. Asimismo, hay que cuantificar los beneficios y costos del proyecto aplicando para estos fines dife-rentes metodologías de evaluación. Por su parte, habrá que considerar costos y beneficios que, en la realidad, se producen a lo largo del tiempo, por lo que se deberá utilizar una tasa de descuento mayor que cero en miras a reducir la importancia al flujo neto de beneficios según se aleja en el tiempo. En fin, en el ACB habrá que tener en cuenta los efectos redistributivos de la inversión o proyecto cultural (Rus, 2004). En definitiva, se aprecia fácilmente la compleji-dad de la metodología, que será proporcionalmente mayor de acuerdo con el tamaño de inversiones, del número de agentes y mercados que se ven afec-tados, la variedad de efectos positivos y negativos a estudiar y la ambigüedad del estudio de las externalidades económicas, sociales y culturales que no pueden ser evaluadas a través del mercado.

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Las aplicaciones al caso del patrimonio cultural no son abundantes. Po-demos señalar los casos de Pagiola (1999) para la ciudad de Split; Chafla (2001) para la ciudad de Quito; y Báez (2007) para la ciudad chilena de Valdivia. Otro ejemplo interesante de aplicación al ámbito de la economía de la cultura lo encontramos en Fleischer y Felsenstein (2002).

El ACB es una herramienta de evaluación que será de ayuda para la for-mulación de decisiones del sector público, aunque no debe ser el único ele-mento para tener en consideración dadas sus limitaciones. Ya hemos hecho anteriormente mención a las limitaciones técnicas que posee. Sin embargo, las principales limitaciones son de carácter conceptual. Albi (1989) plantea que lo único que pretende el ACB —dando un cauce a las ideas económicas, sociales y políticas y examinando sistemáticamente todas las facetas de un problema— es que la toma de decisiones sea más racional en el terreno de la asignación de recursos pero sin ofrecer soluciones concretas y directas en el plano de la toma de decisiones públicas. Este método proporciona una mejor información a quien sea consciente de las limitaciones del análisis y no espere una contestación única y clara a un problema; es, en realidad, más útil como método de estudio de determinados problemas que como método para solucionarlos.

4. Valoración contingente frente a estudios de impacto económico: una reflexión

Entre las metodologías de evaluación económica descritas en los párrafos anteriores, las que tienen un uso más extendido en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural son el método de valoración contingente y los EIE. La primera ha sido una metodología particularmente apropiada para valorar bienes que no tienen un mercado ni un precio, en tanto la segunda es más útil para medir las repercusiones inducidas de un producto, evento o institución cultural sobre la economía local, regional o nacional. Estamos en presencia de dos metodologías que parten de planteamientos diferentes y que no son estrictamente comparables entre sí, pero que han dado pie a un cierto enfrentamiento entre los cultivadores del campo de la economía de la cultura.

Así, en consideración a las limitaciones técnicas que presentan y, sobre todo, al uso y abuso que se ha hecho de ellas para justificar la intervención pú-blica en el área de la cultura, los EIE han caído en paulatino abandono por parte de los economistas de la cultura, aunque siguen siendo utilizados con buenos

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resultados en el campo de la gestión cultural12. En cambio, en los últimos años se han difundido ampliamente los métodos de valoración contingente, los que serían menos sesgados y más rigurosos para estos economistas. Ambas meto-dologías, con todo, conservan sus puntos fuertes y sus puntos débiles y no son en absoluto metodologías de trabajo incompatibles entre sí; incluso, podrían ser complementarias, tal como lo demuestra su uso simultáneo en el ACB.

En efecto, más allá de las críticas y dificultades existentes, los EIE son útiles para analizar una determinada inversión o gasto, tanto del sector público o el sector privado. A nivel macroeconómico, puntualmente en el caso del patrimonio cultural, es bueno conocer cómo una cierta actividad impacta en el ámbito local en términos de rentas, empleo e ingresos fiscales, y, en definitiva, cómo ayuda a conocer más y mejor la estructura del sector cultural y de las relaciones intersec-toriales. Este tipo de análisis, sin duda, ha ayudado a aceptar y expandir la idea de la dimensión económica en el ámbito de la cultura, pero es necesario advertir que no permite por sí sola justificar un determinado apoyo público.

Desde una perspectiva micro, los estudios de valoración contingente son extraordinariamente útiles para valorar bienes de no mercado, ya que dan un indicador significativo de las preferencias de los consumidores sobre bienes que, por su carácter no comerciable, no se revelan fácilmente. A pesar de que no proporcionan un valor exacto del bien, sino tan solo una aproxima-ción, suponen un importante insumo para la toma de decisiones por parte de los organismos públicos. En suma, nos darán las mejores pistas para valorar las externalidades de los bienes culturales.

Ambas metodologías comparten, en el fondo, un objetivo común: los estu-dios de impacto económico pretenden movilizar a los que toman decisiones para emprender efectivamente actividades culturales, demostrando que los proyectos culturales generan beneficios económicos; los estudios de valoración contingen-te tratan de justificar la necesidad de apoyo del sector público a la cultura a tra-vés de la medición de las externalidades que genera (Frey, 2004). Sin embargo, la aplicación de ambas aproximaciones se debe acometer con cuidado, pues tienen debilidades que los investigadores conocen, sobre todo que otros proyectos no culturales también pueden generar impactos sobre la economía local y externali-dades de producción y consumo. En comparación con otras metodologías, los EIE superan una de las principales debilidades de los estudios de disposición a pagar, cual es la separación entre la evaluación y la decisión (Frey, 1997).

12 Muchas instituciones, eventos e infraestructuras culturales realizan estudios de impacto eco-nómico de su actividad sobre el tejido local. Son realizados, en general, por empresas de consultoría.

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El ACB no es una metodología de evaluación económica de un proyecto, sino de análisis de su viabilidad, que podrá utilizar, por cierto, los EIE para ana-lizar los efectos inducidos de una inversión, o la valoración contingente para evaluar las externalidades y efectos de no mercado. El uso de ambas técnicas para realizar un análisis de los beneficios y costos sociales de un proyecto ayu-dará significativamente a determinar su rentabilidad social y, por ese medio, a justificar o no su ejecución. Como se trata de una metodología compleja que posee sus propias limitaciones, no debiera ser tomada en cuenta como un úni-co elemento de decisión política, social, cultural y económica, más solo como una ayuda en el conocimiento y en la toma de decisiones.

En definitiva, tanto los EIE como el método de valoración contingente son metodologías valiosas y necesarias, pero que presentan carencias, tanto en la parte técnica como en el uso de los resultados. Es preciso ampliar ambas si se quiere lograr los objetivos que pretenden de una manera más adecuada, yendo más allá de los fallos del mercado en el caso de los estudios de disposición a pagar y activando el proceso político en los estudios de impacto económico (Frey, 2004). Se deben, entonces, incorporar a los procesos de toma de decisio-nes políticas y empresariales y ampliar con la evaluación cultural y social de los bienes de la cultura y del patrimonio cultural.

5. Conclusiones

Los bienes culturales y artísticos tienen un valor cultural y social fundamental en la medida que son expresión de la inteligencia del hombre, legado de sus ideas y signo de identidad individual y colectiva. Sin embargo, es innegable que la cultura y el patrimonio tienen una dimensión económica que habilita a entrar en la esfera del análisis económico. Las actividades culturales están sometidas a la racionalidad de los agentes económicos, generan rentas y empleos y la cultura constituye un capital económico.

El concepto de valor en los bienes culturales es complejo. El patrimonio cultural tiene un valor cultural que está íntimamente relacionado con su fun-ción social, pero tiene también un valor económico que se expresa tanto como un valor de uso directo, derivado de su consumo y disfrute, como un valor de uso indirecto o pasivo, derivado del interés de los ciudadanos de conservar el patrimonio aun cuando no hagan uso de él. Muchos bienes culturales, especial-mente los bienes del patrimonio histórico, son bienes públicos o cuasi-públicos, por lo que no existe un mercado en el que revelar las preferencias ni, por tanto, un precio que nos dé una medida de su valor.

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Partiendo de las particularidades de la economía que se organiza en tor-no a los bienes patrimoniales, la economía de la cultura ha ido dando forma a metodologías de evaluación económica alternativas, en el sentido que nos han de indicar un valor de los bienes del patrimonio, sea a través de la construcción de funciones de demanda y cálculo del excedente del consumidor (métodos de valoración económica), o bien sea a través del cálculo de los efectos del patrimonio sobre el tejido productivo local o regional (métodos de impacto económico).

Entre todas las metodologías económicas utilizadas en el ámbito de la cultura, que hemos visto en forma panorámica en este texto, probablemente las dos más utilizadas se corresponden con la valoración contingente y los EIE. Si bien estamos en presencia de dos metodologías con objetivos y planteamien-tos diferentes —al punto incluso de haber generado cierto enfrentamiento en-tre los economistas de la cultura— ambas pueden ser complementarias, útiles y valiosas siempre que se tomen algunas precauciones técnicas y no se utilicen de manera oportunista en la toma de decisiones. En ese sentido, el ACB com-bina éstas y otras técnicas en un intento de constituirse en un instrumento que ayude en la decisión de poner en marcha una inversión o proyecto cultural.

Sin embargo, a pesar de la utilidad de los métodos de evaluación econó-mica en el ámbito cultural, y teniendo en cuenta que el valor fundamental de los bienes del patrimonio guarda relación con su valor cultural y con su fun-ción social, no podemos olvidar que la economía que el patrimonio genera es complementaria de los beneficios sociales que produce, en cuanto a identidad, diversidad o participación social y cultural. En definitiva, lo social y lo cultural de los bienes del patrimonio no es un “valor añadido”, sino su condición de existencia.

Esta es la razón del porqué, junto con los métodos de evaluación eco-nómica, se hace necesario construir indicadores culturales y sociales que nos permitan lograr una visión amplia de la cultura y el patrimonio, analizar la com-plejidad de la situación y realizar propuestas pertinentes y adecuadas. Los indi-cadores sociales y culturales son tan difíciles de construir como las metodolo-gías de evaluación económica, pero ello no debe hacernos abandonar la misión de avanzar en la definición de variables que permitan evaluar los objetivos del proyecto cultural, que faciliten la formulación de preguntas y que ayuden a la evaluación de la eficacia del bien a través de los resultados obtenidos. De hecho, indicadores tales como el destino del gasto cultural (infraestructuras, programación, educación); sobre el uso de las infraestructuras culturales (ratio entradas-capacidad); sobre las actividades programadas (origen local, regional, nacional, internacional); sobre el nivel de satisfacción de la población local; so-

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bre la participación de las asociaciones locales en la organización de la pro-gramación cultural; o sobre los valores adquiridos por los asistentes, por poner algunos ejemplos, serán necesarios si queremos analizar la rentabilidad —en su sentido más amplio— de la cultura y el patrimonio.

En resumen, cuando se analiza el papel, el valor, el impacto o los logros de la cultura, se debe hacer tanto desde una perspectiva económica como desde un punto de vista cultural y social, y tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Así, a corto plazo podrían pesar más los impactos económicos, sin des-cuidar el resto, pero a mediano y largo plazo deben primar los efectos sociales y culturales. El papel del patrimonio como recurso turístico y como elemento del crecimiento económico no debe hacer olvidar su principal valor como puente para el desarrollo personal y social del individuo a través de la experiencia esté-tica. En definitiva, los indicadores económicos no deberían ser las únicas guías en la puesta en valor del patrimonio cultural, sino que se debe tener en cuenta también a la población y a las instituciones locales, a los valores sociales y cultu-rales de los bienes de la cultura.

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Fundamentos metodológicos de la gestión ecosistémica del patrimonio cultural1

Pablo Andueza GuzmánAlessandra Olivi

I. Presentación

Los últimos dos artículos de este libro no pretenden cerrar con la discusión que se ha abierto a propósito de los conceptos fundamentales de la gestión de los bienes patrimoniales, sino, al contrario, explicitar algunas reflexiones que es-tán presentes a lo largo del libro y que esperamos estimulen nuevas formas de pensar y ordenar las acciones sobre los bienes patrimoniales. Nos haremos car-go, por lo tanto, de un proceso de reconstrucción reflexiva que esperamos nos lleve —a partir de los textos presentados por los diversos autores— a integrar lúcidamente las principales etapas del proceso de investigación realizado. Este esfuerzo de remontar hacia las hipótesis iniciales, al final del camino recorrido y con un bagaje de experiencia y de conocimientos obtenidos en la revisión conceptual y el análisis de casos específicos, nos parece recordar el recorrido que hacían los salmones chilenos, aquéllos que han vivido libres antes de su crianza intensiva en jaulas, que cuando ya son organismos adultos remontan hacia el principio del recorrido cerrando de esta manera un ciclo y comenzan-do uno nuevo. La metáfora nos parece doblemente válida, en cuanto vuelve a efectuar una trayectoria ya realizada pero y, al mismo tiempo, lo hace con re-novadas fuerzas y operando con variaciones que liberan el actuar de dinámicas estereotipadas.

1 Agradecemos muy sinceramente a los profesores Juan Agudo, de la Universidad de Sevilla (España) y a la profesora Lorena Herrera, de la P. Universidad Católica de Valparaíso, por haber revisado acuciosamente un primer borrador de este texto y cuyos aportes han enriquecido varios aspectos de nuestra reflexión.

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Entendemos por gestión del patrimonio al conjunto de actuaciones pro-gramadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de éstos adecuado (Ballart y Juan, 2001). Estas actua-ciones son múltiples, pues la óptima conservación y sustentabilidad exigen emprender tareas encaminadas a cumplir objetivos diferentes: proteger estos bienes, difundir sus valores a la sociedad, y, en relación con el propósito de esta investigación, formular proyectos de usos y de (re)activación patrimonial. A tal fin, identificamos algunos momentos del ciclo de vida de un proyecto que resultan particularmente determinantes para la conservación del bien y la sustentabilidad de la acción sobre él. La evaluación ex ante para otorgar finan-ciamiento al proyecto o participar en ello, el seguimiento ex post del mismo proyecto, la definición de una estructura organizacional operativa, son acciones determinantes del éxito de cualquier proyecto. Cada una de estas actuaciones relevantes deberá estar dotada de instrumentos específicos para un adecuado aterrizaje en objetos patrimoniales concretos. Cuando se complete este trabajo, y recién en ese momento, podremos decir que habremos acabado de elaborar un modelo de gestión de bienes patrimoniales para Chile.

Previo a acometer este objetivo final, que es contar con un modelo eco-sistémico de gestión de bienes patrimoniales en Chile, que indique pautas para organizar los tipos de actuaciones relevantes, estimamos indispensable una fase intermedia de discusión y validación, con actores claves, de los funda-mentos metodológicos de cualquier tipo de actuación en el área. No queremos aventurarnos en esta tarea concreta de manera solitaria, pues correremos el riesgo de caer en una autocomplacencia intelectual, desperdiciando los apor-tes constructivos que surgen de la crítica y de la reflexión conjunta.

En este trabajo nos proponemos realizar la sistematización, por una par-te, del enfoque para pensar la intervención en el complejo patrimonial, sobre la base de la identificación e integración de valores y prioridades y, por la otra, de la metodología bajo la forma de un marco de razonamiento con el cual los agentes involucrados (institucionalidad pública, grupos empresariales y políticos, organizaciones ciudadanas) pueden disponerse a conocer el estado de un bien y pensar las futuras actuaciones patrimoniales. Con respecto a este último punto nos referimos, principalmente, a la elaboración y estructuración de ideas sobre los usos de bienes patrimoniales y la evaluación de opciones, ofreciendo para ello la definición tanto del conjunto de variables prioritarias (culturales, sociales, y eco-nómicas) y de los elementos que lo componen, así como un conjunto de criterios para combinar adecuadamente estos componentes en actuaciones concretas.

Ratificando el sentido pragmático de nuestra investigación, explicitado por Adán al comienzo del libro, el trabajo siguiente nos entregará elementos

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para reflexionar sobre el contexto social, económico y normativo del patrimo-nio en Chile y definir criterios o elementos de juicio (en forma de recomendacio-nes) para enfrentar los nudos críticos de la organización ecosistémica respecto de un bien patrimonial.

II. El enfoque ecosistémico

1. Definición y pertinencia

A nuestro entender, los espacios patrimoniales son tan complejos como lo son los recursos naturales, y en el desafío que supone su manejo puede encontrarse un número apreciable de coincidencias que, como lo ha revelado Juan Orellana en este texto, tanto en unos como en otros podemos funcionar acorde al mis-mo paradigma, en este caso, el paradigma que la Universidad Austral de Chile, en una investigación sobre el manejo sustentable de los bosques nativos del sur de Chile, denominó ecosistémico:

“Chile todavía posee una amplia superficie de bosques nativos de alto potencial productivo, en general superior al de la mayoría de los bosques tem-plados del mundo (…). En virtud de ello y de la necesidad de manejar estos bosques bajo el nuevo paradigma ecosistémico, Chile aún tiene una única oportunidad de aprovechar eficientemente sus bosques nativos para generar más riqueza, para mejorar la calidad de vida de miles de campesinos, promover el desarrollo de comunidades rurales y para salvaguardar el capital natural que representan los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, es decir, hacer un ma-nejo sustentable de éstos” (Universidad Austral de Chile, 2003, p. 29). Desarrollemos más en profundidad estas coincidencias.

• Aligualqueunrecursonatural,comounaespecieounrecurso,elbienpatrimonial no tiene una existencia aislada, sino que es parte integrante de un sistema específico más amplio, lo cual es aún más evidente cuando estamos en presencia de una ciudad o un territorio patrimonial como lo son Valparaíso, Valdivia e Isla de Pascua, para mencionar los lugares en los cuales nuestro proyecto intenta modelar la gestión de alguno de sus componentes.

• Laperspectivaecosistémica impulsa laplanificación territorialparacom-patibilizar los intereses de diferentes grupos sobre un territorio complejo,

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facilitando la resolución de conflictos y la satisfacción de múltiples y cre-cientes demandas económicas, sociales y ambientales (Universidad Austral de Chile, 2003). Precisamente, este mismo desafío exige el manejo de recur-sos patrimoniales urbanos, tal como ha puesto en evidencia en este libro el profesor Héctor Berroeta.

• Unaparteimportantísimadelmanejodelbosquenativo,comotambiénpara los bienes patrimoniales, es la participación de las comunidades cu-yas existencias actualmente están asociadas a los recursos. El manejo de los bienes será más sustentable en el tiempo en la medida que se inte-gren las comunidades que usan tradicionalmente de ellos y se limite o controle la participación de agentes oportunistas que, tan rápido como aprovechan las ventajas de la reactivación de un bien, los abandonan una vez que dejan de obtener ventajas de ellos2. El desarrollo de un territorio debe ser entendido siempre como un proceso que favorece el incremen-to de la calidad de vida de sus habitantes.

• Alcentrodeesteenfoqueencontramoslapreocupaciónporsustraertantolos bienes naturales como culturales al riesgo de la corrupción vinculada a la dimensión del tiempo y a las turbulencias de la historia, afirmando “la correlación existente entre conservación y conciencia del peligro, con el fin explicito de trasmitirlos a las generaciones futuras. El bien patrimonial opera como puente entre el pasado y el futuro, donde la dimensión del presente es garante de esta transición. El bien patrimonial, por lo tanto, se transforma en una herencia. Sin embargo, esta herencia adquiere un carácter peculiar en tanto el bien patrimonial, de acuerdo con lo que se establece con el derecho moderno e independientemente del carácter público-privado o mixto de su titularidad, representa un bien público, cuya transmisión es una responsabilidad compartida por todos” (Adán y Olivi, 2007, p. 5-6).

• Lavisiónecosistémicabuscaaumentarelconocimientoyhacerinteligi-ble la complejidad de relaciones implicadas en las prácticas, en este caso ambientales y patrimoniales, entendiendo que los recursos están insertos en un proceso espacio-temporal y, por lo tanto, sujetos al cambio. Lo an-terior obliga a abordar el problema de su gestión a partir de una visión multisectorial y transdisciplinaria, recurriendo a metodologías innovado-ras a la hora de evaluar un determinado proyecto.3

2 El lector podrá encontrar interesantes observaciones sobre estos oportunistas free-riders, tanto en los trabajos de Orellana como de Luis César Herrero.

3 Véase en detalle este desafío metodológico propio de la evaluación de proyectos cultura-

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• Unúltimoaspectodeconfluenciaentrebienesculturalesyambientalesde acuerdo al paradigma ecosistémico es la relevancia que se le asigna al paisaje. Los bienes culturales no son apreciados a menudo por su en-tramado estético, como se acepta en áreas ambientales protegidas, sino más bien por su funcionalidad en cuanto capacidad de testimoniar he-chos, personas, procesos, etc., ocurridos en el pasado y que mantienen viva la memoria o los rituales socialmente significativos. Sin embargo, la proyección estética de un bien cultural cobra cada vez más importancia en la sociedad contemporánea que se orienta a un intercambio y consu-mo cada vez mayor de imágenes a través del mercado del turismo cultu-ral o de la comunicación digital (Zouain, 2000).4

2. Diferencias con otros enfoques

Sostuvo Javier Adán, al comienzo de este libro, que nuestra propuesta eco-sistémica para la gestión patrimonial se presenta como alternativa a los dos principales enfoques generalmente adoptados en este ámbito. El enfoque eco-sistémico concurre, actualmente, con otros dos importantes enfoques, el con-servacionista y el reactivador, sobre los cuales vale la pena detenerse.

En el enfoque conservacionista, es el Estado quien se propone cautelar y resguardar el bien cultural en tanto portador de una identidad proveniente de alguna tradición socialmente relevante. Lo hace, básicamente, por el expe-diente de establecer un conjunto de prohibiciones para la transformación física

les en el trabajo de María Devesa en este libro. Por lo que nos concierne, la búsqueda de soluciones apropiadas para la gestión del bien patrimonial, entendido como recurso de un determinado territorio y por lo tanto sujeto a regulación, tiene que basarse sobre el análisis e interpretación de las relaciones entre los distintos componentes del sistema en el cual se encuentra inserto, que en nuestro caso pueden esquematizarse como hombre – asenta-miento – patrimonio – medio ambiente. El análisis ecosistémico del patrimonio, así plantea-do, representa un insumo útil para su gestión, proporcionando información relevante que orienta la regulación y la toma de decisiones para la ejecución de acciones concretas sobre el bien, respetando y potenciando las dinámicas explícitas y las potencialidades del territorio que alberga el bien (Adán y Olivi, 2007).

4 Las demandas simbólicas hacia los bienes culturales (no referidas a una funcionalidad), como por ejemplo el reclamo por vista en Valparaíso, son socialmente débiles en Chile aunque, imaginamos, irán en aumento a la velocidad de la modernización o a una mayor por la pre-sión que puedan inyectar actores poderosos, como los inversionistas turísticos.

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del bien y su entorno, así como sobre los usos y significaciones que dinámica-mente puedan asignarle las sociedades involucradas. Quien principalmente se beneficia con esta manera de hacer patrimonio cultural es, evidentemente, el conjunto de creadores de discursos sobre la historia, sea el Estado o los grupos particulares, y cuya representatividad social será directamente proporcional a la legitimidad del orden propuesto. Si bien el Estado puede perfectamente res-guardar los bienes gracias a un eficiente aparato de protección y una buena cantidad de recursos públicos, por otra parte tiene el riesgo de desvincularlos de las identidades locales, de la inversión privada y con los requerimientos con-temporáneos.

Por su parte, con el enfoque reactivador se busca que los bienes cultura-les puedan llegar a estimular el potencial de desarrollo de un territorio alicaído económicamente, que desgrava la riqueza de un país. Se propone cautelar y resguardar los bienes culturales mediante su inserción en la lógica de mercado que al mismo tiempo de conservar, restaurar o rehabilitar, brinde oportunida-des para la prosecución de finalidades económicas. Los beneficios sociales se obtendrán por la vía de efectos multiplicadores y externalidades, pues se piensa que la inversión constituirá la palanca de la activación del bien y, por añadidura, de la reactivación del entorno. Los bienes culturales son percibidos como do-tación de infraestructura que pueda ser objeto de apropiación privada. En este orden de cosas, los grandes beneficiarios serán —esta vez— los inversionistas —sean públicos o privados—, aquéllos que por su solvencia económica pue-den participar en las condiciones que impone la lógica de mercado.

Se observa que ambos enfoques pueden resolver varios aspectos de la gestión del patrimonio, por ejemplo, el financiamiento de la preservación y re-habilitación, lo que reviste una de sus mayores fortalezas, en cuanto responden al objetivo fundamental de conservación implícito en la acepción patrimonial. Sin embargo, si desde una visión más amplia, asumimos que conservar significa, por un lado, evitar y mitigar los riesgos de deterioro y corrupción, y por otro, preservar los valores, los significados y los usos sociales de los sujetos histórica-mente vinculados al bien, reconocemos la necesidad de incorporar las variables del tiempo y del espacio conjuntamente con la dimensión social y cultural de la población que convive con el bien patrimonial. En este sentido, nos parece que ninguno de los dos mencionados modelos resuelve un aspecto crucial del ma-nejo del patrimonio cultural, y que el enfoque esosistémico instala en el centro del debate, a saber la relación entre las personas y el bien patrimonial, y los me-canismos de participación social a través de los cuáles se expresa esta relación. Es así que incorporamos una nueva dimensión que nos habla de rentabilización social y cultural, cuya búsqueda implica una forma distinta de operar sobre los

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bienes, la que requiere para su concreción invertir una energía enorme en la organización de las diversas fuerzas que pueden entrar en tensión. No se trata de introducir nuevas técnicas solamente, sino incorporarlas dentro de una es-trategia social de cambio (Crozier y Friedberg, 1992).

3. El desafío organizacional

Un modelo de gestión patrimonial estructurado desde el enfoque ecosistémico implica, como condición de su funcionamiento, el desarrollo de mayores grados de organización de las fuerzas vinculadas al bien, con el objetivo de maximizar su incorporación, directa e indirecta, en función de su gestión. En este sentido, el enfoque apunta a integrar la visión y los intereses de los actores de visión centrada en el futuro —Estado y mercado— con los de los grupos tradicionales que se encuentran en desventaja por no tener poder económico o legitimación política, alentando su participación directa. Esto implica una revisión del rol ciu-dadano para enfrentar la gestión patrimonial y limitar la participación exclusiva de los agentes oportunistas. El debate sobre el rol de la participación ciudadana se enmarca en un escenario más amplio que nos habla de las promesas in-cumplidas de los sistemas democráticos, de la crisis de representatividad de los partidos políticos, de la distancia que se registra entre el Estado y su base social; en definitiva, de los problemas de gobernabilidad que aquejan prácticamente a la totalidad de los sistemas democráticos vigentes.

En estas condiciones, la búsqueda de soluciones para recuperar la eficacia del ejercicio político democrático, subsanando las fallas internas y acortando la distancia entre el Estado y los ciudadanos, se configura tanto como un impera-tivo político y cívico como un recurso técnico de gran importancia. Se trata de articular dispositivos y mecanismos que sean capaces de crear sinergias entre el nivel político y social para recuperar la gobernabilidad y perfeccionar el sistema democrático. Como se reforzará en el trabajo final de este libro, la sinergia se favorecerá principalmente a través de un intercambio en virtud del cual los gru-pos locales mejoran su entorno y recuperan espacios públicos abandonados a cambio de acoger nuevas actividades ecosistémicas. En tal sentido, entende-mos la gestión patrimonial como uno de los ámbitos de ejercicio democrático internos a un Estado.

Existen a escala mundial, como a nivel nacional, suficientes evidencias que nos indican que los ciudadanos parecen estar lo suficientemente insatisfechos del actual statu quo, informados y motivados para involucrarse activamente en un ejercicio político efectivo y transformador: “(…) en los últimos años estamos

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asistiendo a un significativo rearme del concepto de participación, orientán-dose, unas veces en la búsqueda de fórmulas que permitan una mayor legiti-mación de los poderes políticos, pero más particularmente, orientándose hacía la idea de democracia participativa, construyendo nuevos procedimientos que incorporan a los ciudadanos a las decisiones públicas en estrategias de transfor-mación social”. (Alguacil, 2005, p. 2).

Sin embargo, la participación en sí misma no es garantía de mayor gober-nabilidad y son numerosos los ataques que desde varios ámbitos desalientan y deslegitiman la participación como vía para procurar más eficiencia en el siste-ma democrático.

Feo (2002) y Subirats (2001) señalan que las críticas a modelos participati-vos de gestión se concentran en los siguientes puntos:

• Laparticipaciónsocialgeneramayorlentitudenelprocesodetomadedecisiones porque debe propiciar soluciones consensuadas.

• Porelmismomotivo,laparticipaciónsocialhacemáscostosalagestión.• La calidadde lasdecisiones tomadas luegodedebates ciudadanoses

menor que las que puedan tomar especialistas en el área.• Laparticipaciónimplica la incorporacióndeopinionesdesectoresque

defienden intereses parciales, lo que hace perder la visión de conjunto y a largo plazo de los problemas.

• Nohayculturaparticipativa,ycuandolosciudadanoslohacensonhabi-tualmente inconstantes y los mismos.

Puede apreciarse que la mayoría de las observaciones hacia modelos par-ticipativos descansan en la idea de una cierta incompatibilidad entre participa-ción social y eficiencia (Subitars, 2001). Sin embargo, no parece que estas críticas sean válidas per se (Feo, 2003, Subirats, 2001, Alguacil, 2005), menos aún en el contexto de la gestión del patrimonio cultural. Veamos por qué.

i. La eficiencia en la función pública de la gestión sobre el patrimonio cultural pasa por la aptitud de los bienes de continuar testimoniando la historia y las tradiciones de quienes los habitan. La salvaguarda de la integridad del patrimonio cultural implica también la conservación de los “saberes” tradicionales que han caracterizado las actividades humanas sobre el territorio, y que toman forma a través de las técnicas de fabricación, el lenguaje, la música, las prácticas rituales, las leyen-das, etc. Las actividades y los servicios deben contribuir a mantener vivas las tradiciones de las comunidades y colectividades regionales,

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así como la conservación de los recursos materiales necesarios para su expresión.5

ii. La eficiencia en el resguardo del patrimonio cultural pasa por la apropiación social de los habitantes que conviven con él, constituyéndose en una suer-te de dispositivo colectivo capaz de dotar al bien de determinados valores, significados y funciones para la comunidad que vive en relación con él. La apropiación social es clave para la conservación de un bien, entendiendo la conservación como la búsqueda de un equilibrio entre los vínculos im-puestos por la historia del bien, por su identidad cultural, por el contexto en el cual está inserto y por las exigencias colectivas actuales y futuras6.

iii. La eficiencia en la gestión del patrimonio, desde la perspectiva ecosisté-mica, pasaría por estimular las características propias de la ciudad donde los bienes se insertan, por lo que se otorga sumo valor a lo que se deno-mina como autenticidad. Esto es tan así que parte importante del moni-toreo de las ciudades Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC) pasa por este aspecto, cuyos indicadores, según nos informa Orellana en este libro, están asociados a la satisfacción y bienestar de sus habitantes.

iv. Como advierte Herrero, la mayor parte de los componentes del patrimo-nio cultural tienen el carácter de bienes públicos o semipúblicos, es decir, la apropiabilidad de los resultados de su consumo o su producción es difuso y, por lo tanto, en una economía de mercado no opera como en la generalidad de los bienes de consumo. Esta condición pública explica la fuerte presencia del Estado en el área, la cual, sin embargo, no excluye la posibilidad de otras fórmulas alternativas de participación privada como pueden ser el mecenazgo empresarial, las labores de sponsoring, las for-mas de usufructos variables en el uso del patrimonio, etc.

5 Este aspecto de la gestión del patrimonio es desarrollado en la gestión de los parques nacio-nales de Quebec, tal como puede leerse del artículo de Orellana.

6 En el mismo artículo del profesor Orellana, a propósito del convenio Alliance de Villes Euro-péennes de Culture (AVEC) sobre las ciudades patrimoniales, leemos que la pretensión es que el habitante no se contente únicamente con utilizar su ciudad, sino que sea un ciu-dadano activo y responsable de ella; por lo mismo, que esté en condiciones de describir, interpretar, habitar, reinventar los lugares y costumbres de una ciudad. El patrimonio urbano, dice Héctor Berroeta en este mismo libro, no puede ser definido exclusivamente por su re-levancia histórica, artística o arquitectónica, sino sobre todo por su valor simbólico, es decir, por el conjunto de significados socialmente elaborados y compartidos alrededor del espacio patrimonial que recoge elementos claves para la determinación de la identidad social de un grupo.

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Existe en torno al bien patrimonial una creciente sensibilidad social y plu-ralidad de opiniones e intereses. El bien se configura, en este sentido, como un motivador organizacional espontáneo. Sin embargo, para aprovechar correcta-mente este potencial y prevenir el conflicto por el control sobre el bien o, más ampliamente, sobre un territorio, se requiere de medidas efectivas capaces de transformar las preocupaciones y los intereses de los grupos vinculados a él en un dispositivo organizacional eficaz para su correcto manejo.

Considerando que la sustentabilidad social y económica del bien depen-de ampliamente de las sinergias que los actores involucrados pueden lograr y que la participación de estos actores en la gestión del bien asegura la continui-dad de las iniciativas promovidas, el modelo genérico debe ser capaz de pro-piciar un estilo de liderazgo participativo, adoptando formas organizativas en grado de articular u orquestar los diversos intereses y visiones respecto al bien y su destino. En síntesis, la complejidad del fenómeno patrimonial sólo admite una solución posible: más organización. De allí que en el artículo final de este libro nos concentremos específicamente en este aspecto del enfoque.

III. El diagnóstico de un bien patrimonial

1. Consideraciones previas

En lo que a esta investigación respecta, un diagnóstico podría corresponder a un análisis detallado de la organización que tiene a su cargo la gestión de un bien a fin de evaluar si las acciones o líneas de acciones que está emprendien-do o pretende emprender son o no congruentes con los objetivos propuestos y, eventualmente, sugerir cambios (Aguilar y otros, 2002). Sin embargo, en el caso de los bienes patrimoniales en Chile, nos encontramos con dos inconve-nientes que nos obligan a definir el sentido de un diagnóstico. Primero, que no será siempre posible abocarse a un análisis de la organización porque, muchas veces, ella no existe o carece de objetivos explícitos en el manejo de un bien. Segundo, dada la naturaleza del problema que abordamos, será imprescindible añadir al estudio de la organización, una evaluación de los atributos físicos y simbólicos del bien cultural. Desarrollemos estos dos aspectos.

El diagnóstico suele corresponder a un estudio ex post, es decir, analizar or-ganizaciones y actividades que buscan objetivos ya explicitados y que tienen un funcionamiento respetable por un período de tiempo. En este escenario tiene

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sentido ocuparse de evaluar la estructura organizacional que tiene a su cargo la gestión del bien (tanto directiva como operativa), los procesos que se realizan en torno al bien de manera de verificar su correspondencia con el correcto funcio-namiento y la obtención de los objetivos trazados. Sin embargo, es habitual que lo que necesitan los agentes del campo cultural son los diagnósticos ex ante que ofrezcan un marco de racionalidad para el proceso de selección y toma de deci-siones de proyectos emergentes (Devesa, 2006). Esta observación no es menor en el caso de nuestro país, en el cual los bienes patrimoniales se encuentran en estado subóptimo de desarrollo, cuando no en estado de abandono o en peligro de destrucción. Por tanto, para que pueda ser útil en nuestro contexto actual, el diagnóstico deberá, muchas veces, centrarse en evaluar las potencialidades del bien patrimonial en sí mismo, sus atributos, las trayectorias sociales asociadas y el entorno, y los recursos humanos y materiales disponibles.

Por otra parte, en nuestro país estamos acostumbrados a evaluar un pro-yecto por el impacto que es potencialmente capaz de significar en el ámbito de la economía de un lugar o en el medio ambiente, como acontece con los proyectos que ingresan al sistema preventivo de la Ley de Protección del Medio Ambiente. Sin embargo, estas metodologías no son funcionales a la etapa de creación del proyecto, pues no permiten comparaciones con proyectos alter-nativos (Devesa, 2006). Las metodologías utilizadas en evaluación de proyec-tos —por su enfoque más reactivador que ecosistémico— suelen llevarnos a decisiones sesgadas hacia proyectos económicamente más rentables o hacia grandes proyectos o eventos culturales, ignorando alternativas que sean a largo plazo más sustentables (Devesa, 2006). Para no repetir errores, el diagnóstico deberá evaluar no tan solo las oportunidades o efectos económicos de un bien patrimonial, sino también su valor social (como su naturaleza de bien público, la falta de mercados y el valor de las externalidades) y su valor cultural o los méritos inherentes a un bien que nos lleve a preservarlo. En Chile resulta muy relevante el hecho de poner en evidencia sobre todo este último valor, dado que no existe siempre conciencia de los atributos de la riqueza patrimonial.

Cuando hablamos de actividades culturales no debemos presumir, forzo-samente, que éstas traigan aparejados únicamente efectos benéficos. Tal como afirma en este libro Devesa, los diagnósticos tienen habitualmente en cuenta los efectos positivos de la actividad cultural, seguramente para justificar mejor una inversión pública, omitiendo los posibles efectos negativos o costos asocia-dos a corto plazo o para determinados sectores sociales. Como el propósito del diagnóstico es dotar a los agentes de un marco de razonamiento para la toma de decisiones, propiciaremos que en el diagnóstico se incorporen consideracio-nes relativas a ambos tipos de efectos.

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Corresponde que desarrollemos, a continuación, una descripción fina de qué elementos debieran considerarse a la hora de hacer un diagnóstico de bienes patrimoniales y/o proyectos de activación, los que confluyen —siguiendo la dis-tinción de María Devesa— en tres aspectos del objeto, igualmente importantes: valor económico, valor social y valor cultural.

2. Dimensiones abordadas por un diagnóstico

a. El valor económico

Las prácticas de mercado en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural, nos indica Herrero, generan una serie de efectos económicos, tanto directos sobre el propio sector cultural (empleo, rentas, producción, etc.), como inducidos en otros sectores relacionados (finanzas, construcción, turismo, transporte, etc.). Asimismo, el factor cultural se viene utilizando cada vez más como medio de transformación urbana y elemento de atracción de actividades económicas y nuevos residentes. Los bienes patrimoniales pueden proveer, en consecuencia, numerosos beneficios económicos que eficientemente aprovechados, pueden mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero a condición de salvaguardar su integridad física y simbólica y su entorno social y cultural.

Potencialidades y límites, dos caras de la misma medalla, serán conceptos interdependientes en el marco del manejo sustentable, y nos ayudarán en la ta-rea de realizar la única valoración económica ecosistémica posible de los recur-sos culturales, tal como se hace con el manejo de nuestros recursos naturales, como los bosques nativos. Así también, la valoración económica del patrimonio cultural no puede realizarse adecuadamente si no es comprendiendo, previa-mente, lo que Herrero denominó en este libro “las principales singularidades analíticas” de la economía de estos bienes.

Como se ha podido apreciar de los trabajos de Orellana, Herrero y De-vesa, sólo algunos de los valores económicos se pueden reflejar en precios de mercado convencional, principalmente aquellos usos que tienen asociada una contraprestación en dinero en la forma de precio, mientras que los valores para los cuales no existen mercados tienden a ser ignorados, aun cuando en térmi-nos económicos y sociales puedan ser de gran relevancia. El esfuerzo evaluativo que propiciamos no podrá dejar de estimar el conjunto de beneficios que el pa-trimonio ofrece a la economía para lo cual deberá adoptar las metodologías de valoración directa e indirecta conducentes a valorar todos los beneficios eco-nómicos del bien cultural. Para su mejor entendimiento, pueden ser agrupados

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del modo como lo hizo Orellana, siguiendo en esta materia a la Universidad Austral de Chile (2003), en valores de uso directo, de uso indirecto, de opción, y de no-uso.

i. Valor de uso directo7

El valor de este tipo no guarda relación con las ganancias que se producen con la venta del objeto en sí mismo, pues es habitual que estos bienes perte-nezcan al dominio público no haya intención de enajenarlos —como sería lo habitual en la mayor parte de los bienes de mercado—. El bien patrimonial rinde ganancias en función del flujo de servicios que pueden ser desarrolla-dos por el titular del recurso o su tenedor, el que se apropia, como señala He-rrero, de las rentas derivadas del régimen de monopolio espacial. “Cuando se visita un museo, una catedral o un edificio histórico singular, señala el citado economista, no se demanda el bien en sí mismo, sino el conjunto de valores y servicios que están asociados y que van, desde la emoción estética, hasta el valor cognitivo y de formación, el valor social como seña de identidad; y, obviamente, el valor económico de los productos derivados, es decir, la venta de entradas, catálogos, derechos de imagen, etc., así como los servicios de ocio y turismo que puedan relacionarse con la visita”.

Entre los beneficios que brindan los bienes patrimoniales en nues-tro país, según lo constataron en terreno Andueza y Cornejo, pueden dis-tinguirse los que se obtienen de su simple dotación física, por ejemplo en tanto casa-habitación, almacén, bodega, etc., y los beneficios que se derivan de su exclusiva condición de bien cultural.

Entre las rentas obtenidas por uso de actividades comerciales y no comerciales, por medio de la cesión de tenencia del inmueble o de acti-vidades que allí suceden, Andueza y Cornejo en este libro consignan:• Asientodeunacorporaciónquequieraagregarvaloraunproyecto

político, social o económico.• Imagencorporativaquepermitahacerunarápiday,almismotiempo,

positiva vinculación simbólica del bien con un producto o servicio.

7 En este diagnóstico hablamos de valor de uso directo o indirecto de acuerdo con una pers-pectiva de mercado, es decir, cuáles podrían ser los efectos económicos de la actividad eco-nómica patrimonial. Sin embargo, también podría pensarse en medir el valor económico de la actividad social que convoca el patrimonio cultural (valor de uso social), lo cual sabemos, por Devesa, es una tarea todavía muy poco desarrollada. Preferimos, por ahora, dejar el “uso social” como una dimensión paralela a la económica y cultural, pero de ninguna manera estamos renunciando con ello a medir el valor económico del uso social.

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• Escenariodeeventospolíticos,socialesoculturalesgraciasalaat-mósfera que crea.

• Destinodevisitaporelplacerdecontemplaryadmirarloexhibido.

ii. Valor de uso indirecto Al igual que los usos indirectos del bosque nativo incluyen las funciones

ecológicas que los bosques cumplen dentro del ecosistema, desde don-de se colige el imperativo de conservar y no tan solo explotar, el patrimo-nio cultural puede llegar a mantener múltiples actividades económicas que, con metodologías apropiadas como las indicadas por María Devesa, pueden ser perfectamente valorizables. Este tipo de cálculos de benefi-cios económicos indirectos derivados de la activación de un bien patri-monial, sin embargo, nos dice Adán al comienzo de esta obra, forman parte, en nuestro país, sólo marginalmente de los cálculos privados y de las decisiones de inversión pública.

Los efectos indirectos en la economía de la actividad patrimonial pueden estudiarse, tanto desde el punto de vista macroeconómico esti-mando los flujos generados en el entorno económico (las externalidades), así como desde el punto de vista microeconómico estimando los flujos en empresas culturales, específicamente (turismo, construcción, finanzas, etc.).

Entre los efectos indirectos de la activación de bienes detectados por Andueza y Cornejo, que mencionamos a vía ejemplar, encontramos actividades de emprendimiento como aquellas propias del artesanado, la restauración, la gastronomía, la provisión de alimentos, etc.

iii. Valor de opción El valor de opción se refiere a la proyección a futuro de los beneficios

asociados a un bien patrimonial. Esta actitud se sostiene sobre la con-sideración razonada de que una adecuada conservación del bien en el presente, limitando su consumo, puede generar condiciones que permi-tan beneficiar más adecuadamente del bien en el futuro, aumentando su valor y la posibilidad de aprovechar racionalmente sus beneficios.

Según lo que nos señaló Orellana, aludiendo al manejo de los bos-ques canadienses, el valor de opción es especialmente importante si se considera que algunos de los beneficios actualmente subestimados pue-den adquirir mayor aprecio en el futuro.

La cuantificación del valor de opción es una variable extraordina-riamente importante a tener en cuenta por las autoridades locales, es-


pecialmente en la planificación urbana de localidades económicamente alicaídas. En Valparaíso, por ejemplo, a pesar del reconocimiento explícito del valor económico del patrimonio urbano, la función pública en diver-sas ocasiones ha obrado con una visión cortoplazista que subestima los beneficios asociados al valor de opción, cuando alienta proyectos reñidos con la conservación integral del patrimonio cultural. Estudios que midan los beneficios asociados al valor de opción, frente a los beneficios inme-diatos en favor de la reactivación económica de la ciudad, deberán ser sopesados en los procesos de toma de decisiones sobre los usos de los bienes patrimoniales.

iv. Valores de no-uso8

Los valores de no-uso son beneficios intangibles derivados de la sola exis-tencia de los bienes patrimoniales y que incluyen, como ha señalado Devesa, el valor de existencia y el valor de legado. Si bien la cuantificación de este valor no es evidente ni se calcula normalmente, existen a lo largo de nuestra investigación algunas pistas que podremos tener en cuenta. Así, Herrero, y Andueza y Cornejo advierten que los bienes relacionados con el patrimonio cultural tienen asociado el interés de mucha gente por su mantenimiento en señal de identidad religiosa, social, cultural o política, aspectos por los cuales los ciudadanos están dispuestos a aportar con diversas clases de recursos, aun cuando no consumiesen el bien en sí mismo. En los casos analizados, Andueza y Cornejo identifican muy claramente a lo menos dos aportes:

• Ciertosgruposdeidentidad,porsuconsensoconelproyectoque

se desea desarrollar o por los atributos del bien, contribuyen al fi-nanciamiento de la restauración, rehabilitación del bien o al funcio-namiento del establecimiento que en él se albergue. Hay abundan-te literatura, tanto de su conceptualización como de su medición, sobre estos aportes que se enmarcan en los conceptos de mece-nazgo y patrocinio.

• Unrecursoimportantequeutilizalaorganizaciónparalaactivacióndel bien patrimonial es el conjunto de personas, de diversos oficios o profesiones, que contribuyen con energía y compromiso sin es-perar retribución económica equivalente a ese esfuerzo. La investi-gación científica y la participación de académicos es conocida en el

8 Estamos hablando de valor de no-uso económico de mercado, lo que no significa necesaria-mente poder medir el valor económico de uso social de no mercado.

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ámbito patrimonial. Estos aportes se engloban en el concepto de voluntariado, el que es perfectamente cuantificable.

b. El valor social

El bien cultural tiene la naturaleza de un símbolo, como ha ilustrado en este libro Héctor Berroeta. Es decir, es una imagen-significante que condensa una variada gama de significaciones, proyectadas por las comunidades que le re-conocen valor. Ya sabemos por diversos pasajes de este libro que en la socie-dad contemporánea, sobre todo en territorios certificados por la UNESCO, se yuxtaponen aspectos de funcionalidad, que abarcan desde el uso cotidiano de los habitantes hasta el disfrute estético de los turistas, así como aspectos de identidad social. Cuando hablamos de valor social nos estamos refiriendo con-cretamente a la funcionalidad del patrimonio cultural como componente del entramado de una ciudad o territorio.

Para comprender la relevancia del factor social en el manejo del patrimo-nio cultural, es necesario encuadrar el bien como parte y resultado de la acción social, es decir, partir aceptando que éste no se encuentra fuera del medio hu-mano. “El espacio público es, dice Manuel Delgado en cita de Berroeta, sólo la labor de la sociedad urbana sobre sí misma y no existe —no puede existir— como un proscenio vacío a la espera de que algo o alguien lo llene”. Es en este sentido que en varios lugares de este libro se ha insistido en el hecho que sobre los bienes inmuebles históricos pesa una determinada tradición de usos por la cual los habitantes se configuran en sujetos de derechos respecto al uso y goce de estos recursos. También hemos insistido en la producción social de nuevos usos derivados de un número cada vez mayor de personas que visitan los lu-gares patrimoniales por ocio o mero disfrute estético, lo que corresponde a una expresión emblemática de esta tardía modernidad.

Un diagnóstico pertinente de los complejos patrimoniales no podrá dejar de abordar la realidad social funcional proveniente tanto de demandas locales de uso como de demandas externas de consumo, especialmente para los bienes que ejer-cen una explicita atracción turística. El análisis del valor social del patrimonio cultural deberá tener en cuenta las diferentes dimensiones que podrán apreciarse mediante la aplicación de metodologías por lo general de tipo socio-antropológico, relacio-nando los distintos actores con los usos que ejercen sobre el bien.

El valor social del patrimonio no dejará jamás de estar relacionado con su valor económico puesto que, como asevera Devesa, los miembros de la socie-dad en la vida cotidiana se relacionan tanto económica como simbólicamente con la cultura y los elementos del patrimonio cultural, ya sean tangibles o intan-

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gibles. Asimismo, el valor social no está alejado, tampoco, del valor cultural de los recursos patrimoniales puesto que, como se ha insistido en este libro, sobre todo a través de Andueza y Cornejo, el mérito del bien no proviene únicamente de los atributos físicos del inmueble, sino de los modos de vida y usos culturales instaurados en el lugar a lo largo de un período significativo de tiempo. Olvidar estos aspectos del patrimonio significa amenazar la integridad del bien.

c. El valor cultural

El valor cultural, en efecto, proviene del mérito que asigna un grupo humano a ciertos bienes con una fuerza tal que los lleva a desear su preservación en el tiempo a fin que puedan gozar de ellos las generaciones venideras. “Cuando el ser humano designa a determinados objetos como merecedores de un futuro (valoración patrimonial), está intentando fijar en esos objetos el tiempo que se escurre. Por eso podemos decir que patrimonio son (ciertas) huellas del tiempo que pasa, recogidas en trazas físicas perdurables, o lo que es lo mismo, tiempo encapsulado que se hace presente en la materialidad del testimonio conserva-do, que sirve de puente entre el pasado y el futuro. En este transitar, del pasado al futuro y viceversa, el patrimonio adquiere un valor superior; y se convierte en herencia y memoria, que no podemos permitirnos el lujo de dilapidar, porque debe servir al porvenir” (Rauch 2005, p.1).

¿Será suficiente para estimar el mérito de un bien la circunstancia que haya habido una autoridad política que lo haya reconocido con un estatuto de protec-ción? Por cierto que es un buen indicador de valor cultural, como advierte Devesa. Pero puede suceder perfectamente, como de hecho ocurre cada día más a menu-do en Chile y en muchos otros lugares del mundo, que comunidades de identidad se adelanten a un reconocimiento público y demanden la patrimonialización de un bien. Sin perjuicio de la importancia que pueda tener la denominación jurídica, igualmente importante es para nosotros ponderar en el diagnóstico el tipo o los tipos de mérito específico que las comunidades humanas le asignan al bien estu-diado, lo que podrá o no estar consignado en la declaratoria respectiva, sea oficial o no oficial. No nos estamos refiriendo a la funcionalidad o utilidad que aprecian en él (este aspecto se incluye como valor social), sino al mérito propiamente simbólico que se asigna al bien. El argumento central de esta aproximación radica en que los bienes patrimoniales no deben concebirse simplemente como objetos materiales sino, sobre todo, como recursos identitarios y simbólicos que la ciudad dispone para facilitar la interacción de actores y la revitalización del tejido social.

En este punto cobra gran interés la distinción central aportada por Ore-llana, entre habitantes y visitantes del patrimonio cultural. Los primeros, mucho

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más que los segundos, conocen ordinariamente más y mejor los sitios patrimo-niales porque lo viven y lo sufren cotidianamente. Los méritos que ellos asig-nan a los bienes deberán ser considerados a la hora de desarrollar diagnósticos porque conocen bien los bienes y porque son garantía de gobernabilidad y conservación por vincularse a los bienes en forma permanente. Sin embargo, este estudio no puede limitarse a considerar los actores tradicionales, dejando afuera los nuevos agentes y movimientos patrimoniales. Es así que la incorpora-ción de estos nuevos actores apunta no solamente a una gestión más eficiente del bien patrimonial, sino también a evitar que las reivindicaciones patrimonia-les choquen con la compleja red de intereses que caracteriza el bien, en la que están vinculados representantes políticos, organizaciones sociales y la iniciativa empresarial privada (Gómez, 2004).

En síntesis, en la etapa del diagnóstico se debería poner en evidencia cuá-les son los atributos que los sujetos relacionados con el objeto patrimonial le asignan, que, correctamente evaluados, debieran ponerse al resguardo al mo-mento de pensar la intervención. De acuerdo con nuestra metodología, las ac-tividades y servicios que se piensen añadir a un bien deben tener un impacto mínimo aceptable sobre el patrimonio. El método no debiera ser muy distinto al que se utiliza en la confección de expedientes patrimoniales y que arranca de un trabajo interdisciplinar. En definitiva, bajo el riesgo de dejar otros aspectos culturales de lado, cuando hablemos de valor cultural incluiremos tres concep-tos: memoria, identidad y territorio.

i. Valor de memoria Los bienes patrimoniales suelen tener carácter histórico en el sentido que

permiten a una comunidad traer al presente ciertos procesos, hechos o personas pretéritos que no se desean olvidar. He aquí la razón de ser de cualquier tipo de proteccionismo: salvaguardar este legado. Como ningún objeto, por antiguo que sea, constituye per se un bien patrimonial, y para que adquiera el carácter patrimonial debe existir una comunidad que valo-ra y reivindica para sí el bien, el esfuerzo evaluativo en este tema atenderá a la valoración socialmente duradera que tienen del inmueble los actores. El valor de memoria deberá ser apreciado a través de un registro de aquellos procesos, hechos o personas que otorgan el significado a la conserva-ción mediante método historiográfico. Por otra parte, habrá que señalar cuáles características físicas del bien histórico corresponden mejor a los “atributos” de memoria a fin de velar aún con mayor cuidado por su preservación.

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ii. Valor de identidad El diagnóstico de los recursos patrimoniales no puede desconocer los

mecanismos de apropiación de los grupos sociales que se vinculan psi-cosocialmente con el bien, considerando que un bien posee el carácter patrimonial porque existen comunidades de personas que, efectiva y duraderamente, viven y sufren del patrimonio y mantienen con él una relación simbólica que anima la construcción de procesos de legitima-ción y representatividad recíproca.

La apropiación social es, por tanto, condición de existencia del pa-trimonio y fundamento de su valoración. Ello no significa que tenga que prevalecer la visión de un solo grupo poniendo en riesgo la connotación colectiva del bien patrimonial. El modelo de gestión debe velar por el equi-librio entre los grupos vinculados al bien, garantizando una representación adecuada de todas las preocupaciones e intereses conexos con el mismo.

iii. Valor territorio Como hemos visto en otros momentos de este libro, no hay duda de que

el manejo adecuado de un bien implica la preocupación por sustraerlo al riesgo de la corrupción. Sin embargo, la conservación debe considerar el bien patrimonial como parte integral de una red social y económica de un territorio especifico en un tiempo presente que mira contempo-ráneamente al pasado y al futuro. Se registra, por lo tanto, un cambio de tendencia en la visión del patrimonio, que combina las estrategias tradi-cionalmente conservacionistas con otras más dinámicas que apuntan a la inserción del patrimonio en procesos de desarrollo territorial y puesta en valor, lo que necesariamente impacta a las tareas de diagnóstico.

Los bienes patrimoniales deben ser entendidos como un compo-nente más dentro de la trama urbana de la ciudad, del quehacer de las comunidades y del territorio que lo rodea, de manera que, como la ges-tión de un bien afectará inevitablemente el contexto, debe abordarse la función equilibradora del modelo y, por lo mismo, el factor territorial no puede estar fuera de la construcción y la evaluación de proyectos (Rauch, 2005). La introducción de elementos nuevos no deberá comprometer un equilibrio dentro de los sistemas urbanos ambientales. Será necesario, entonces, dimensionar los riesgos asociados a las acciones que se pre-tenden implementar con el objetivo de no alterar la convivencia del bien con el entorno y con la memoria.

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3. Características del diagnóstico

Hemos señalado más arriba que el diagnóstico, para que pueda ser útil en nues-tro contexto cultural en miras a futuras actuaciones, deberá a menudo centrar-se en evaluar las potencialidades del bien patrimonial e, indudablemente, sus límites inherentes, atendiendo a factores tan diversos como sus condiciones arquitectónicas, las trayectorias sociales asociadas y el entorno. La elaboración de un proyecto debe empezar por la identificación y análisis de todos aquellos aspectos que caracterizan al bien patrimonial en su extensa red de relaciones con el entorno físico, social y simbólico y que el equipo planificador debe co-nocer cabalmente antes de definir la propuesta. El conjunto de estos aspectos constituye lo que definimos como el contexto natural y cultural, cuyo análisis debe alimentar el diagnóstico, como decíamos anteriormente. Será menos fre-cuente que tengamos que evaluar estos aspectos ex post, como se ha hecho, por ejemplo, en los trabajos agregados al anexo de este volumen.

Ambos diagnósticos, independientemente de su ubicación temporal, debe-rán, en cualquier caso, cumplir con ciertas condiciones que agrupamos en cuatro requisitos: el diagnóstico debe ser integral, situacional, participativo y preliminar.

a. El diagnóstico debe ser integral

El diagnóstico no podrá dejar de estimar el conjunto de valores que hemos or-denado en valor económico, social y cultural, pues ningún bien puede despren-derse de estas características inherentes a todo bien cultural por su condición de tal. Por otra parte, el diagnóstico no podrá dejar de estimar el conjunto de valores atribuidos a los bienes patrimoniales dentro de una perspectiva de tiempo am-plia, combinando el análisis de los programas de usos dentro de una perspectiva a corto o mediano plazo (circunstancias coyunturales) y a largo plazo (proyeccio-nes a futuro). En caso que corresponda, el diagnóstico incluirá el análisis interno de la organización que tiene la responsabilidad del manejo del bien. Se indagará, entonces, en el origen de un proyecto, en el conjunto de elementos que lo moti-varon, condicionando su desarrollo, tanto en su pasado como en el presente y en el futuro en el que se va a intervenir (análisis organizacional).

Asimismo, el diagnóstico deberá reconocer, como explicita Berroeta, la integración interdisciplinaria, pues en la gestión del patrimonio confluyen apli-caciones de la psicología social, la economía, la comunicación, el derecho, la administración, las metodologías de investigación social, la antropología y la sociología, entre otras (análisis interdisciplinario).

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b. El diagnóstico debe ser situacional

El diagnóstico deberá analizar los factores inherentes al sector cultural concreto, específicamente patrimonial, dice Berroeta (2006), en que se enmarca el bien o el proyecto de intervención en él y que están o podrán estar influyendo en su definición. Asimismo, podría tener cierta relevancia encuadrar el bien o la acción en el contexto de otras políticas públicas asociadas, como vivienda, eco-nomía, etc. (análisis sectorial).

Por otra parte, el análisis deberá considerar los factores inherentes al te-rritorio en el que se inserta el bien (o proyecto) que influyen en la definición de acciones posibles. Se trata de resaltar cuáles son los elementos distintivos del territorio y su compatibilidad con el proyecto que se pretende llevar a cabo. Se entenderá por territorio aquel espacio cultural, natural y administrativo en que el bien está situado (análisis territorial).

El diagnóstico incorporará el análisis de contexto de la red de trayectorias y comunicaciones de grupos humanos determinados, al interior de las lógicas de conflicto y de colaboración, posturas, intereses, distribución de poder, estra-tegias jurídico-judiciales, entre otros (análisis sociológico). En efecto, la realidad del patrimonio cultural en Chile, como en el extranjero, da cuenta de la con-currencia de una pluralidad de actores portadores de visiones diferentes, de acuerdo con posiciones sociales que arrancan de la configuración del contexto territorial. Citando a Fernando Carrión, Berroeta concluye que el sujeto patrimo-nial hace referencia a una relación social estructurada por (a) actores sociales específicos situados en un momento dado, (b) con capitales económicos y sim-bólicos diferentes (posición social), con relación a (c) un objeto que se hereda. Pues bien, la primera misión de quien diagnostica un bien será identificar empí-ricamente estos elementos en cada caso.

c. El diagnóstico debe ser participativo El diagnóstico deberá recopilar la visión común que los actores tienen sobre el bien patrimonial, con el objeto de incluir, de manera compatible, las distintas apreciaciones para obtener una mayor aceptación de la decisión que se tomará, disminuyendo el coste social y la dificultad de organización e implementación. Para tal fin, el análisis del tipo FODA podría perfilarse como una herramienta que contribuye a vislumbrar las potencialidades y las limitaciones del recurso en cuestión. Como afirma el mismo Berroeta, la tarea en esta etapa será elaborar un análisis situacional mapeando a los actores, desde los funcionarios públicos hasta los ciudadanos, pasando por todas las

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instituciones que componen, en cada caso, el sujeto patrimonial. El análisis deberá proporcionar una caracterización del sujeto patrimonial, identificando quiénes lo componen, qué posiciones ocupan en relación con el bien y las relaciones de poder que se establecen para controlar la suerte del legado. Solamente a partir de esta base de información de tipo sociológica, se podrá conocer el escenario de relaciones y con-flictos y los medios a través de los cuales puede procederse.

d. El diagnóstico debe ser preliminar

Dada la compleja red de variables que interactúan en torno al patrimonio cultu-ral, en esta etapa inicial de la planificación en que nos encontramos no podrán agotarse todos los aspectos involucrados en la vida de un bien. Como aconseja la moderna planificación, en etapas posteriores del proceso podrán abordarse aspectos puntuales de los valores económicos, sociales y culturales involucra-dos (Mideplan, 1994).

¿Cuál debería ser el alcance del diagnóstico en esta etapa?Esperaríamos que el diagnóstico entregue una descripción general del

estado en que se encuentra el bien patrimonial estudiado, de los actuales usos que se están desarrollando en él y de la participación de actores sociales rele-vantes. Deberá señalarse de qué manera, de mantenerse el actual estado de cosas, se pone en peligro la supervivencia del recurso o de los usos actuales, y se afecta la psicología ambiental asociada al bien.

Además, debiéramos estar en condiciones de identificar aquellas caracte-rísticas del bien que lo hacen único e irrepetible y, por lo mismo, digno de ser preservado para las generaciones futuras, en el caso de que no estemos ante un bien declarado monumento nacional.

Finalmente, el diagnóstico debiera conducirnos, de manera segura, a la selección de una buena idea de proyecto de (re)activación del inmueble patri-monial y de programa de usos. La evaluación de alternativas deberá suponer la toma previa de una decisión concertada, participativa e informada, de las metas y objetivos que los participantes hacen pesar sobre el bien. Este momento su-pone un consenso fundamental sobre el cual (ya no a pesar del cual) ocurrirán las futuras conversaciones. El diagnóstico podría llegar a proponer el manteni-miento de los usos actuales o la propuesta de nuevos usos para implementar en el bien inmueble.

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IV. Evaluación de alternativas

1. Consideraciones previas

La evaluación de alternativas de re(activación) de bienes patrimoniales, so-bre la base de algún conjunto de ideas consensuadas en la etapa anterior de diagnóstico, será una actuación habitual de los organismos que participan de la gestión del patrimonio cultural. Ella consistirá en una examen detallado de los proyectos-programas de usos a la luz de ciertos criterios, en los cuales se avanzará en este capítulo, para la identificación de la alternativa que se adecua mejor a la valorización de las funciones y atributos centrales del patri-monio, cuales son la rentabilización económico-social y la valorización socio-cultural. Perfectamente, los criterios de evaluación que da cuenta esta parte del trabajo podrían en algún momento confluir a una matriz de evaluación de impacto que permita a quienes toman decisiones discriminar entre las al-ternativas a partir de los efectos directos e indirectos o beneficios producidos con la aplicación de un proyecto-programa.

Observemos que la evaluación no podrá limitarse a “proyectos” en el sentido como lo entiende Mideplan (1994), los que, por sus mismos dichos, se materializan, por lo general, en una obra física. En esta etapa deberá evaluarse, al mismo tiempo, programas de acciones o usos específicos en el contexto de un determinado prototipo seleccionado en la etapa de diagnóstico. La pre-misa básica de nuestra metodología, como lo había adelantado Javier Adán, sobre todo por resguardo al buen uso de recursos públicos, considera nece-sario que las obras físicas sólo pueden pensarse en función de un programa de usos, lo cual no siempre es así.

La evaluación de alternativas supone conocer el nivel de impacto que los proyectos-programas podrían tener sobre el capital físico y humano. De ma-nera que hablaremos, en primer lugar, de evaluación económica y social del proyecto. En este punto no hay novedad respecto a procesos de evaluación generales de proyectos de inversión pública. Dice Mideplan (1994, p. 5): “La evi-dencia empírica ha demostrado que la rentabilidad de las inversiones en capital humano, en países como el nuestro, puede ser sustancialmente mayor que la que se obtiene con inversiones en bienes físicos”. Sin embargo, tratándose de proyectos-programas de naturaleza patrimonial es imperativo adicionar, como también lo había adelantado Adán, una evaluación cultural en el sentido de evaluar las alternativas en cuanto al mayor o menor impacto en los atributos culturales y del bien.

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2. La evaluación de la rentabilidad económico-social

a. Conceptos fundamentales

De acuerdo con lo que hemos observado en la economía patrimonial, en la justificación de un proyecto de restauración, sobre todo si está financiado por el sector público, tiene tanta incidencia el impacto en términos socioculturales como en términos económicos directos o indirectos. El patrimonio debe pro-tegerse porque representa socialmente un valor en sí mismo, al margen de su contribución en tanto factor de desarrollo. Sin embargo, a lo menos en el actual contexto de evaluación de proyectos de inversión pública (al cual se somete-rán una parte importante de los proyectos-programas relativos al patrimonio), la relevancia social y cultural debe complementarse con los elementos socio-económicos en juego y escoger, en teoría, la más rentable de las opciones tanto económica como socialmente (Mideplan, 1994).

La opciones de valorización económico-social del bien patrimonial su-ponen promover, en diversos grados, nuevas representaciones del bien patri-monial capaces de ofrecer potencialidades económicas duraderas, junto con fortalecer y tutelar la conservación y autenticidad. En este sentido, se optará por aquellas actividades económicas que respeten mejor los vínculos contex-tuales y compromiso satisfactorio entre los diferentes actores involucrados en la red patrimonial (valor social) y que resguarden mejor el valor cultural físico y simbólico de los recursos (valor cultural). El proyecto-programa escogido, en este sentido, será aquél que promueva, regule, establezca y/o resuelva formas y modalidades de valorización y uso del bien patrimonial, traduciendo e inte-grando el sentido histórico del bien en el contexto económico-social contem-poráneo (Adán y Olivi, 2007).

Centrémonos ahora en las actividades económicas susceptibles de ren-tabilizar individual y socialmente el patrimonio cultural. Desde la perspectiva económica, nos ha dicho Herrero, podemos distinguir dos esferas de actuación bien diferenciadas: por un lado, la esfera de protección, mantenimiento y provi-sión, que pertenece al ámbito de la elección pública; y, por otro, la de su explo-tación, que puede seguir pautas de la lógica de mercado. Veamos cómo.

Por un lado, las formas de valorización y uso del patrimonio tienen que resolver los problemas relativos a la propiedad del bien y el financiamiento de las obras físicas y su manutención en el tiempo de vida del proyecto. Sería un error exigirle a los procesos de explotación económica del bien que asuman obligatoriamente estos costos inherentes al patrimonio cultural. La razón es ya conocida para los lectores: los bienes culturales y del patrimonio históri-

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co, como los estudiados en esta investigación, tienen la condición de bienes públicos o semipúblicos, es decir, que manifiestan problemas de apropiabili-dad de los resultados de su consumo o su producción y, por lo tanto, en una economía de mercado encuentran dificultades para su provisión óptima. El rol público, por ejemplo, en los procesos de restauración, es insustituible, lo que puede hacerse extensivo a la entrega de subsidios a actividades de interés social y público.

La participación del sector privado en la explotación, por otro lado, puede operar por las vías tradicionales, tales como el pago por obtener la cesión de un espacio o desarrollar alguna actividad comercial, como no tradicionales, tales como una alianza con grupos de interés que gestionan un proyecto, traspasan-do capitales, a cambio de las expectativas de rentas provenientes sólo indirec-tamente de la gestión del patrimonio. Tampoco hay que dejar de insistir en las fuentes de financiamiento de los proyectos, complementarias a la de la oferta, que deben capturar desde los subsidios estatales hasta la responsabilidad social empresarial (patrocinio y mecenazgo), el uso del capital social vinculado al bien (voluntariado) o la cooperación internacional.

b. Instrumentos asociados

i. Estudio de mercado Sabemos, principalmente por Herrero y Devesa, que los estudios de

mercado en relación con el patrimonio cultural son muy complejos. Para enfrentar el desafío, la economía de la cultura ha ido dando for-ma a metodologías de evaluación económica muy especificas, sea a través de la construcción de funciones de demanda y cálculo del ex-cedente del consumidor (métodos de valoración económica), o bien sea a través del cálculo de los efectos del patrimonio sobre el tejido productivo local o regional (métodos de impacto económico). Entre todas las metodologías económicas utilizadas en el ámbito de la cul-tura, que hemos visto en forma panorámica en este libro, probable-mente la más apropiada para nuestro propósito corresponde a la de la valoración contingente.

A fin de evitar apuestas voluntaristas que no guardan relación con la realidad socio-económica del medio en el cual el bien está inserto, los estudios de mercado deberán valuar las actividades con fines comer-ciales que estén adaptadas a la economía existente en el entorno del bien. Aunque a primera vista puede parecer demasiado elemental, esta

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premisa no es menor en la acción de bienes abandonados en los cuales hay que crear una oferta adecuada.

Será crucial distinguir en este estudio lo que en su momento ad-virtió Orellana, a propósito del componente humano de la gestión de bosques en Canadá: habitantes y visitantes. Respecto a los primeros, la evaluación deberá señalar en qué forma y medida las diversas alternativas abordan las demandas locales de identificación y uso, y si tiene o no sen-tido estudiar disposición a algún tipo de pago considerando la naturaleza de bien público o semi-público del patrimonio cultural; así como las de-mandas externas de consumo, en relación con los segundos.

ii. Análisis costo-beneficio La funcionalidad del patrimonio cultural alcanzará niveles óptimos siempre

que se invierta en conservación y no se sobrecargue de actividades contrain-dicadas. He aquí el límite de la rentabilidad que explica que una decisión de invertir en conservación normalmente estará basada en el mérito del bien en sí mismo o en expectativas de rentas por los servicios y valores que puedan demandarse en relación con el objeto patrimonial. En este último caso, dado que se trata de una oferta fija, sostiene Herrero, el titular del recurso o quien lo explota podrá apropiarse de dichas rentas en régimen de monopolio espa-cial, o al menos de competencia monopolística si estamos en una situación de relativa abundancia patrimonial, en la que los distintos recursos compiten entre sí, haciendo la oferta cultural más elástica.

Los atributos del bien patrimonial reposan en su arquitectura y de-más atributos tangibles, pero también en sus características inmateriales o intangibles, las cuales deben resguardarse así como capitalizarse es-tratégicamente, maximizando no tan sólo los beneficios en términos de infraestructura, sino que, además, en términos de capturar los beneficios intangibles asociados a sus atributos patrimoniales. Este criterio de eva-luación del valor añadido por el carácter cultural fue puesto en evidencia por Andueza y Cornejo.

Interesará dirigir la evaluación a favor del proyecto-programa que se oriente mejor hacia la sostenibilidad económico-financiera de los usos del lugar, pero que al mismo tiempo no descuide la obligación de manu-tención del inmueble. La estimación de la rentabilidad no podrá dejar de considerar la relación entre los costos asociados al proyecto (principal-mente, costos de inversión en restauración y rehabilitación) y al programa de usos (principalmente, costos en capital de trabajo).

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iii. Evaluación de impacto económico Si efectivamente el proyecto-programa vuelve al bien más accesible a la

comunidad, o a un segmento de ella, facilitando el disfrute de numerosas personas, podemos decir que la activación desarrolla su condición de bien público. Esta dimensión de “accesibilidad” ha estado sistemáticamente pre-sente en los discursos oficiales bajo la fórmula de la “difusión” del patrimonio cultural, que significa el imperativo del ordenamiento jurídico consistente en que la comunidad que se vincula con los bienes pueda conocer más de ellos a través de la educación, que pueda disfrutarlos dentro de los límites que impone su naturaleza y se comprometa con su preservación. Por lo que la gestión y manejo de bienes patrimoniales debe ser capaz de identificar e in-dicar los efectos positivos y negativos en quienes no participan directamente en sus prestaciones ni asumen compromisos por gozar de ellos.

Las externalidades podrán tener diversas expresiones, algunas eco-nómicas y otras solamente sociales, en cualquier caso, como dice Devesa, cuantificables de alguna forma desde el punto de vista económico. Indique-mos a continuación algunos tipos de externalidades detectadas a lo largo de nuestra investigación. Entre las positivas, destacamos la red del servicios de transporte que movilizan personas; el uso por alumnos de establecimientos educacionales para el desarrollo de actividades; vecinos para quienes el lugar tiene la dimensión de espacio público del tipo ‘plaza’; el embellecimiento del entorno; el desarrollo de emprendimientos en el lugar, como ferias o artesa-nado, etc. Entre las negativas, el vaciado del tejido social tradicional, la espe-culación, los procesos de gentrificación, la contaminación por ruidos y otros problemas de actividades masivas como eventos en el lugar; la generación de agentes socioeconómicos denominados capturadores de renta o free-riders, que son individuos u organizaciones que internalizan los beneficios de bienes producidos o adquiridos por otros, evitando correr los riesgos e incu-rrir en los costos necesarios para su generación.

iv. Estudios de viabilidad jurídica La gestión del patrimonio cultural es extremadamente compleja, entre

otros motivos, porque se superponen en sus actividades normas de ór-denes diversos, muchas de ellas predominantemente prohibitivas. Por lo mismo, por una parte, la evaluación de alternativas de financiamiento, tanto de proyectos de restauración y rehabilitación como de programas de usos, deberá ser analizada desde el punto de vista de su juridicidad. Por ejemplo, si son aplicables los beneficios tributarios a eventuales do-naciones provenientes del sector privado, o cuáles serían las condiciones

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para que puedan operar determinados subsidios o se pueda postular a ciertos fondos públicos; o si es factible fijar una tarifa de ingreso; o la ju-ridicidad de la participación del Estado u organizaciones con o sin fines lucrativos, sea entregando aportes o desarrollando actividades.

Por otra parte, no serán pocas las ocasiones en que el bien patri-monial pertenecerá al Fisco (bien fiscal) o será un bien nacional de uso público, por lo tanto, no podrá dejarse de evaluar jurídicamente los fines organizacionales (si hay o no expectativas de lucro), la condición jurídica de los grupos participantes (si tienen personalidad jurídica, etc.) y el desarrollo de determinados rubros de actividades (educati-vos, recreativos, gastronómicos, etc.).

3. Evaluación de la valorización socio-cultural

a. Conceptos fundamentales

Las diversas alternativas de proyecto-programa de usos deberán ser ana-lizados no sólo por su rentabilidad económico-social sino, además, por la aptitud de potenciar en el proyecto los atributos sociales (funcionalidad) y culturales (mérito) del bien y que hemos ordenado en las cualidades de memoria, identidad social y armonía con el territorio. Como lo había anun-ciado Adán en los prolegómenos del libro, esta dimensión socio-cultural de la activación patrimonial está prácticamente ausente de la evaluación de proyectos del sector público, lo cual justificaría, desde nuestra perspectiva, su incorporación en la metodología de evaluación de proyectos del ámbito patrimonial. Por ejemplo, en los procesos de determinación de lo que Mi-deplan denomina tamaño del proyecto, a la tecnología que incorpora, a los procesos de producción, a las obras físicas e, incluso, al calendario de inver-siones se estará a una evaluación del impacto en el orden socio-cultural.9

Por su parte, como afirman Adán y Olivi (2007), la reflexión sobre la accesibilidad es imprescindible a la hora de evaluar los proyectos de

9 Como vemos, el sistema de evaluación económico-social de los proyectos de inversión pú-blica contemplado por Mideplan no está al día en cuanto a exigir la medición del impacto socio-cultural de los proyectos de orden patrimonial. En cambio, en el sistema de evaluación ambiental, por señalamiento de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, se estaría ante una tendencia proclive a que los proyectos productivos que sean del caso y que afecten el patrimonio cultural deberán someterse al sistema de impacto ambiental (Poklepovic, 2007).

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activación de bienes patrimoniales. Ella deberá resolver la relación entre las posibilidades de uso del bien en la actualidad y la conservación de usos tradicionales. Esta relación fluctúa entre dos ejes: la continuidad de las formas de uso original y tradicional del bien (pasado y presente) y nuevas formas de uso (presente y futuro). La metodología deberá va-lorar la mantención de los usos tradicionales, sin perjuicio de estimular la aplicabilidad de nuevos usos que la población o grupos de interés demanden del bien.

De lo que se trata, entonces, es de someter las alternativas de ade-cuación física y las propuestas de actividades o servicios a un chequeo de impacto en los atributos valorativos del patrimonio a través de un proceso de verificación mediante indicadores, algunos de los cuales se desarrollan a continuación. Es importante recordar que varios de estos indicadores, propuestos en este libro por Orellana a partir del manejo de bosques nativos en Canadá, se sostienen en la necesidad tanto de armo-nía del bien con su contexto cultural y natural, como en el resguardo de la integridad del bien.

i. La población La evaluación cultural de alternativas no puede dejar de ponderar

el factor socio-cultural y que consiste en el conjunto de formas de ocupación y apropiación del territorio. En efecto, la conservación no se agota en la naturaleza física de los bienes. Se suma el hecho que una accesibilidad reducida o restringida tiene como consecuencia la desaparición del patrimonio cultural, en cuanto el alejamiento de grupos sociales de su historia y prácticas lleva aparejado el fenóme-no de la pérdida de la condición patrimonial, toda vez que el objeto puede dejar de otorgar significaciones o representaciones simbóli-cas (Adán y Olivi, 2007). A la inversa, sería deseable la participación social de las comunidades vinculadas al bien en modalidades como las observadas por Andueza y Cornejo: en el dominio, en la gestión, en el financiamiento, el uso directo y renta.

ii. El territorio La búsqueda de soluciones apropiadas para la gestión del bien patri-

monial, entendido como recurso de un determinado territorio, y por lo tanto sujeto y objeto de relaciones con el entorno, tiene que some-terse a un análisis del impacto de la acción en las relaciones entre los distintos componentes del territorio en el cual se encuentra inserto

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el bien, que, como hemos repetido, pueden esquematizarse en la re-lación hombre – asentamiento – patrimonio – medio ambiente. La toma de decisiones para la ejecución de acciones concretas sobre el bien debe hacerse respetando y potenciando las dinámicas explícitas y las potencialidades del territorio que alberga el bien.

iii. El tiempo Siguiendo a Adán y Olivi (2007), cada comunidad, a través de su me-

moria colectiva y la conciencia de su pasado, es responsable de la identificación y significación de su patrimonio. El patrimonio, por tanto, no puede estar definido de la misma forma para siempre, en cuanto representa una transición desde el pasado hacia el futuro. La misma pluralidad social comporta una gran diversidad en la defini-ción del concepto de patrimonio por parte de los diferentes acto-res sociales. En resumen, los bienes patrimoniales, como elementos singulares del patrimonio, son portadores de valores que pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Esta variabilidad de los valores con los cuales investimos los bienes patrimoniales constituye la es-pecificidad del patrimonio en los diferentes momentos históricos. Es a través de este proceso de cambio que cada comunidad desarrolla la conciencia sobre la necesidad de tutelar y conservar los elementos de su patrimonio tangible, cargado de valores intangibles, en tanto portador de valores colectivos.

El impacto de un proyecto-programa deberá ser estimado a partir de la preservación de la integridad no solamente física, sino también simbólica e identitaria. De manera que el análisis será ca-paz de identificar aquella alternativa que asegure la sustentabilidad del recurso en el presente con proyecciones hacia el futuro.

iv. El patrimonio intangible En los casos de estudio se favorece a aquellos usos que respeten la

carga simbólica acumulada por su tradición. Las actividades y los servicios deben contribuir a mantener vivas las tradiciones de las comunidades autónomas y colectividades regionales, así como la conservación de los recursos materiales necesarios para su expre-sión. Este aspecto es garantía de lo que Orellana denominó la au-tenticidad del patrimonio cultural. En suma, los componentes del patrimonio cultural deben continuar testimoniando la historia y las tradiciones de quienes han vivido allí. Orellana advierte, además,

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que la salvaguarda de la integridad del patrimonio cultural implica también la conservación de los “saberes” tradicionales que han ca-racterizado las actividades humanas sobre el territorio, y que toman forma a través de las técnicas de fabricación, el lenguaje, la música, las prácticas religiosas, las leyendas, etc.

v. La accesibilidad El acceso a la memoria y a la herencia cultural posee una similitud

con el acceso, por ejemplo, a bordes costeros de mar y ríos. La ges-tión será, en todo caso, compleja ya que respecto de los bienes pa-trimoniales deberá regularse o fiscalizarse una accesibilidad físico geográfica, como la accesibilidad, también, a servicios y productos derivados, además de interpretaciones que ayudan a conectar a los individuos con dicha herencia, todo lo anterior en un complejo de intermediación entre el bien y la población (Adán y Olivi, 2007).

vi. El paisaje La aceptabilidad de un proyecto-programa es definida por la com-

patibilidad de las características distintivas del lugar, relacionadas con la organización y la armonía visual de los componentes que suscitan las emociones en los visitantes. Además, un impacto acep-table debe igualmente tomar en consideración los elementos ca-racterísticos del territorio al que pertenece el bien, a fin de mante-ner, al interior de la red, la diversidad de los recursos.

b. Instrumentos asociados

i. Plan de conservación El método y las herramientas para desarrollar una correcta conser-

vación del bien patrimonial deben adecuarse a las diversas situa-ciones históricas y estar por tanto expuestos a un continuo proceso de revisión. El contexto especifico de selección e identificación de los valores patrimoniales necesita de la predisposición de un plan de conservación ad hoc. Las decisiones relativas al plan de conser-vación deben estar codificadas en un proyecto que incorpore las visiones colectivas sobre el bien para transformarlas en apropiadas medidas técnicas y estructurales.

Se evaluará positivamente el proyecto que contemple una gestión orientada a encontrar un punto de equilibrio entre las in-

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novaciones propuestas y la conservación de los atributos del bien. Para llegar a una adecuada definición al respecto, se tendrá a la vista el estudio sociológico acerca de su función y uso actual y/o po-tencial (“habitabilidad” le llama Orellana), como del estudio técnico de las características y condiciones físicas del bien. Se privilegiarán los tipos de intervenciones que garanticen el mantenimiento y la contención de los riesgos asociados al uso del bien y al deterioro temporal. La definición de los tipos de intervención física requiere del conocimiento integral de las condiciones de seguridad, funcio-namiento, confort, estética de los bienes a fin de establecer prio-ridades fundamentadas en la prevención y en la disponibilidad de recursos (Payares, 2003).

ii. Estudio de capacidad de soporte o carga El equipamiento y número de visitantes que sostienen las actividades y

servicios no deberían sobrepasar la capacidad de soporte del recurso y el territorio, lo cual depende de múltiples factores, especialmente la na-turaleza de las obras, las condiciones de accesibilidad, la habitabilidad del entorno, etc. Esta herramienta de la gestión patrimonial permitirá preferir la alternativa que busque establecer el punto de equilibrio que permita garantizar el acceso y uso del bien por parte de la comunidad sin per-judicar su preservación. Al igual que para el plan de conservación, para llegar a una adecuada definición de esta herramienta, se necesita tanto del estudio de la función y uso actual y/o potencial, como del estudio técnico de las características y condiciones físicas del bien.

iii. Estudios sobre viabilidad jurídica Las alternativas deberán demostrar que éstas se enmarcan en los lí-

mites establecidos por los diversos órdenes normativos que afectan al inmueble y/o el territorio que le rodea. La legalidad está dada por normativas de nivel local (en especial, Plano Regulador, ordenanzas e instructivo de zona típica), de nivel nacional (en especial, Ley de Monumentos Nacionales y Ley de Urbanismo y Construcciones) y de nivel Internacional (Convención de París) (Universidad Católica de Valparaíso, 2002).

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Conclusiones y propuestas finales

Pablo Andueza Guzmán

1. El problema de la organización ecosistémica

En el comienzo de este libro se señaló que la hipótesis con la que iniciamos nuestra investigación se sostenía en la idea que era posible construir un mo-delo de gestión de bienes patrimoniales en Chile. Sin embargo, esta hipótesis tuvo que ser repensada por los investigadores porque múltiples condiciones de gestión y tipología de los bienes patrimoniales, volvieron demasiado aza-roso pensar en un modelo de gestión operativo sobre un tema en el que to-davía predomina el ruido y la confusión1. En estas condiciones, el esfuerzo por modelar resultaba todavía estéril, sobre todo considerando la heterogeneidad de las actuaciones, la pluralidad de contextos locales y las distintas formas de incidencia de las dinámicas globales sobre lo local y las condiciones históricas específicas en las cuales se ha producido y gestionado la patrimonialización de los bienes.

Estas consideraciones nos encaminaron hacia la construcción de un mo-delo de gestión entendido, en los términos de Juan Orellana, como una forma o pauta de organización de las funciones básicas que ha de cumplir un proyecto de intervención sobre el bien patrimonial2. En el artículo anterior, Pablo Andue-

1 A idéntica conclusión que la nuestra, llegó un equipo de investigación venezolano que bus-caba un modelo de gestión para instituciones públicas: “Es importante señalar lo difícil que es pensar en un modelo único de gestión para todas las organizaciones, y mejor es pensar en un mecanismo de generación de modelos de gestión” (Aguilar y otros, 2002, p. 1).

2 El modelo de gestión establecerá los contornos de la gestión de bienes patrimoniales, or-denados por funciones específicas, como diagnosticar su estado, evaluar opciones, hacer

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za y Alessandra Olivi ilustraron la propuesta teórico-metodológica que sustenta el enfoque desde el cual emprender acciones de diagnóstico y evaluación de alternativas de usos de bienes patrimoniales, la que esperamos sea prontamen-te sometida a discusión amplia y crítica.

Desde la perspectiva ecosistémica, que orienta la organización de funciones de la gestión evaluando el conjunto de fuerzas que operan en un complejo patri-monial, se realza la centralidad del tema organizacional, puesto que en la sociedades contemporáneas existe una creciente sensibilidad social y pluralidad de opiniones e intereses en torno al bien patrimonial. Podríamos decir, con Berroeta, que el bien se configura como un motivador organizacional espontáneo. Sin embargo, para aprovechar correctamente este potencial y prevenir el conflicto por el control sobre el bien o, más ampliamente, sobre un territorio, se requiere de medidas efectivas capaces de transformar las preocupaciones y los intereses de los grupos vinculados a él en un dispositivo organizacional eficaz para su correcto manejo.

La mediación de intereses distintos representa también una posible fórmula para conservar el bien patrimonial considerando que, en cuanto so-cialmente construido y significado, apela a la capacidad de las generaciones contemporáneas para la preservación de su valor cultural y simbólico. Aquí se manifiesta la tensión entre tradición e innovación, la que puede resolverse a partir del principio ecosistémico de la sustentabilidad. No encontramos a lo lar-go de la investigación otro concepto mejor. De manera que el modelo tiene por imperativo establecer sistemáticamente límites, tanto físicos como simbólicos, a las actividades que se promuevan en el bien para no atentar contra su valor pa-trimonial. El conjunto de nuestro ordenamiento jurídico recoge plenamente la función conservadora del bien patrimonial en su expresión física, sin embargo, se trata de una conservación incompleta o parcial (UCV, 2002). El bien para ser conservado necesita de la comunidad que lo dota de significado y es justamen-te en este ámbito que a la comunidad le cabe un rol insustituible.

Por otra parte, si bien los bienes patrimoniales ofrecen varios beneficios exclusivos a sus tenedores o usufructuarios, también imponen un conjunto de restricciones absolutamente excepcionales, atendiendo sus condiciones de bien público (accesibilidad, no apropiabilidad) y de bien histórico (costos de conservación y de no uso). Los economistas que participaron en nuestro tra-bajo, nos hicieron ver que la economía del patrimonio no opera normalmente traspasando los mencionados costos a tarifas de acceso, por ejemplo. Las ren-tas provienen, en cambio, mayoritariamente, de la gestión del patrimonio y sus

seguimiento, etc., dejando a su interior un amplio margen para experimentar y proponer con creatividad y relevancia local.

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actividades indirectas. Estas condiciones imprimen la necesidad de buscar vías múltiples, diversificadas y pertinentes de financiamiento de los proyectos, com-plementarias a la propia de la oferta, como sostuvieron Andueza y Cornejo.

2. El desafío de la participación social

Desde el punto de vista social, el enfoque ecosistémico aboga por la apropiación social del patrimonio, lo que Juan Orellana en su estudio de la AVEC denominó habitar el patrimonio. Los fundamentos de este principio rector del modelo lo en-contrábamos ya en Héctor Berroeta cuando se refería a los estudios realizados en la ciudad de Barcelona por Pol y Valera, atribuyendo dos ventajas incontrarresta-bles a la apropiación social. En primer lugar, los espacios que más rápidamente forman parte del universo simbólico de referencia de una comunidad correspon-den a los que permiten su uso para actividades de carácter social, sean forma-les e informales; y, en segundo lugar, que la monumentalidad, por sí sola, no es elemento suficiente para acelerar un proceso de identificación, el cual requiere, cuanto menos, que vaya acompañada de nuevas interacciones, actividades o ac-ciones que se valoren como positivas por la colectividad afectada.

La participación que se promueve en este trabajo es mucho más amplia que la que se busca al interior de los otros dos enfoques contrastados en esta investigación por Adán y Andueza y Olivi. Tanto en el enfoque reactivador como en el conservacionista, se contempla una participación restringida, utilitaria y fun-cional con el objetivo de quien activa el patrimonio. Por una parte, en el caso del enfoque reactivador, la participación es relevante a la hora de promover el consumo de los servicios turísticos; por la otra, en el enfoque conservacionista, lo es para efectos de cuidar el patrimonio y aprender de sus méritos y atributos. En cambio, la gestión del patrimonio de acuerdo con el enfoque ecosistémico busca promover un proceso de intercambio a través del cual, por una parte, los habitantes disfrutan y se benefician de los usos de los bienes, y, por el otro, ellos se integran a la gestión de los bienes la que, de acuerdo con una propuesta mini-malista, debiera, a lo menos, colaborar a la función de valorizarlo, desarrollando lo que pueden llamarse las buenas prácticas patrimoniales (De Rementería, 2005).3

3 La idea de intercambio, como fundante de “buenas prácticas”, tiene a la base la conceptua-lización estructuralista de la sociedad, que impactó decisivamente en el enfoque sistémico (Durant, 1979). Una aplicación reciente de la idea de intercambio en la estructura de las socie-dades, incluidas de las contemporáneas, podrá encontrarse en Godelier (1998). La manera más eficiente de alentar buenas prácticas patrimoniales en la población que habita el bien será la

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Hemos desarrollado en este libro varias modalidades de participación:i. A propósito de su carácter de bien público, la sociedad fija altas expectati-

vas de uso y apropiación de los bienes patrimoniales por lo que el modelo favorecerá la accesibilidad a ellos mediante su uso directo, especialmente los usos sociales-urbanos ya instalados. Al contrario, desaconsejará la res-tricción de acceso mediante aplicación de tarifas, las cuales no obstante podrían tener sentido si se busca controlar el deterioro o el financiamiento de eventos puntuales. Entre los usos que pueden promoverse podrán in-cluirse aquellos que tengan fines recreativos, científicos, sociales u otros.

ii. Bajo nuestra visión, no son ni la propiedad sobre los recursos ni la función pública asignada en la ley los factores principales que puedan determinar la asignación de responsabilidad en la gestión ecosistémica. La propie-dad puede permanecer en manos de su titular histórico y los agentes puede que sean o no entes públicos. Lo verdaderamente relevante será que durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diagnóstico hasta la ejecución y puesta en marcha de los programas de (re)activación, exis-ta una alta incidencia de las comunidades humanas asociadas al bien. El proyecto necesita no tan sólo de consumidores ni tan sólo de educandos, sino, además, de grupos humanos que cuiden su patrimonio, que puedan identificar potencialidades y riesgos, que colaboren en la construcción de oferta y, desde luego, que no dejen de habitar el patrimonio.4

iii. Considerando que la sustentabilidad social y económica del bien depen-de ampliamente de las sinergias que los actores involucrados pueden lo-grar y que la participación de estos actores en la gestión del bien asegura la continuidad de las iniciativas promovidas, el modelo de gestión debe ser capaz de propiciar una forma de distribución de poder participativa, adoptando formas organizativas en grado de articular u orquestar los di-versos intereses y visiones respecto al bien y su destino.

iv. Finalmente, la participación no está levantada como un principio absoluto, pues no atribuye tan sólo derechos, de acceso por ejemplo, sino además de-

percepción colectiva de mejoramiento del barrio o de embellecimiento del entorno, gracias a la activación de un bien. En la medida que la activación no compromete a los vecinos ni per-sigue aprovechar el valor del capital social asociado al bien, se obtendrá como resultado que estos grupos ofrezcan una menor garantía de compromiso y cuidado con los recursos.

4 Por este motivo, salvo casos justificados, desde la óptica ecosistémica el fenómeno de la gentrificación corresponde a un efecto indeseado de la gestión que el modelo de gestión debe prevenir o atenuar a través de una actuación de seguimiento.

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beres y compromisos ciudadanos. Por esto, Adán y Olivi (2007) señalan que en la gestión patrimonial debe resguardarse un principio de responsabilidad com-partida. El modelo promueve una organización que sea capaz de incorporar actores provenientes de la sociedad civil (grupos de interés), como de la empre-sa privada y del sector público, lo que nos obligará a cerrar este artículo con una fórmula jurídica que respalde una plataforma organizacional de este tipo.

En el caso del espacio patrimonial, como recomendaba Berroeta, el modelo incentivará que la apropiación espacial se lleve a cabo a través de las dinámicas comunicativas que se construyen en torno al bien, es decir, por lo que las personas o instituciones dicen acerca del bien y por la repre-sentación social que de él se ha construido en el tiempo. En este sentido, la constitución de redes patrimoniales se configura como una práctica busca-da en el modelo de enfoque ecosistémico porque ellas ofrecen oportuni-dades más amplias de distribuir los beneficios de la activación patrimonial o externalidades. Asimismo, la certificación de prácticas ecosistémicas puede permitir ayudar a discriminar entre diversos tipos de prácticas pues, como ha puntualizado muy bien Devesa (2006), en la evaluación de los proyectos culturales de reactivación del patrimonio no deben estimarse únicamente las externalidades positivas, sino también los efectos negativos.

3. Las estrategias de financiamiento

El tema del financiamiento de las inversiones en patrimonio cultural es crucial en la sociedad chilena donde, como lo ha afirmado Javier Adán, el Estado destina todavía recursos modestos, aunque es de esperar que esta participación vaya en aumen-to. En cualquier caso, no cabe duda que el rol que le cabe a la sociedad civil y a la empresa es importantísimo y hay buenos motivos para pensar que este rol puede ser cumplido a la altura que exigen las circunstancias, pues los incentivos existen. El Estado podría recuperar la inversión a través de la mayor tributación que acarrea la activación, tal como afirma Herrero; por su parte, la sociedad civil hará lo propio dis-frutando del uso del bien y aprovechando de las externalidades positivas; y la em-presa incrementando su prestigio o rentando a través de los servicios indirectos.

Dado el tipo de mercado operativo en relación con el patrimonio cultural, no es extraño que las externalidades correspondan a una variable económica de-cisiva, al punto que Adán y Olivi (2007) a la hora de analizar la rentabilidad econó-mica de los proyectos patrimoniales, distingan las internalidades de las externali-dades. Una de las externalidades positivas existentes, en la cual gira buena parte de la economía del patrimonio, consiste en el desarrollo de las rentas indirectas.

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La cuestión decisiva de la organización ecosistémica será saber cómo y en qué proporción el proyecto de reactivación patrimonial debe ser recompensado fi-nancieramente por quienes rentan de ella y no tienen que asumir costos como ocurre con los vecinos de un bien patrimonial explotado comercialmente.

Respecto a este nudo crítico de la actividad cultural en nuestro país como es el financiamiento, en algún momento los agentes culturales del país hablaron del modelo chileno de desarrollo cultural (Navarro, 2006), el que nos puede servir como un punto de referencia para proponer un sistema general de financiamiento espe-cíficamente para la (re)activación del patrimonio cultural. El modelo de desarrollo cultural, aplicado en especial durante la gestión del Presidente Lagos, se sostiene en tres ejes: primero, en inversión pública en dotación de infraestructura cultu-ral; segundo, en subvenciones a programas y proyectos culturales seleccionados por concurso público; y, tercero, en el fomento —con o sin subvenciones— a la creación de audiencias culturales que puedan retroalimentar (entendemos que económicamente) el esfuerzo cultural realizado. Se agrega a estos tres pilares de financiamiento un componente transversal que corresponde a la función pública de gestión cultural a cargo de los organismos gubernamentales (Navarro, 2006).

La dotación de infraestructura con recursos del Estado, primer eje del mode-lo de desarrollo cultural del Presidente Lagos, no debiera ser la regla absoluta en el financiamiento de proyectos patrimoniales, ni siquiera en el caso que la restauración y rehabilitación se emprendan en bienes fiscales. Justificamos esta opinión en la cir-cunstancia que, en ciertos lugares, las empresas rentan de la activación patrimonial y, por ello, tienen incentivos naturales para querer participar —en una debida propor-ción— en proyectos bien definidos y sobre los cuales puedan ejercer cierto grado de control en su direccionalidad. Además, podrían hacerlo aprovechándose de benefi-cios tributarios, como es el caso de las donaciones a favor de bienes fiscales declara-dos monumentos nacionales, o de un uso de los espacios patrimoniales por la vía de la concesión. El patrimonio cultural es un excelente catalizador de la responsabilidad social: la carga simbólica del bien hace que diversas comunidades se interesen en ello y estén dispuestas a aportar recursos vía donaciones o patrocinio, sin pedir a cambio exclusividad y control de espacios físicos. De modo que entre los “atributos” del bien y las disposiciones altruistas existiría un vínculo virtuoso. Una situación análoga sucede con las comunidades humanas las que, por beneficiarse de proyectos de (re)activa-ción, tienen buenos incentivos para hacer un aporte en dinero o en trabajo, tal como ocurre en muchas experiencias observadas a lo largo de esta investigación.5

5 Para conocer casos de aportes diversificados en el financiamiento de proyectos de restau-ración y rehabilitación, pueden leerse los artículos sobre estudios de casos preparados por, Andueza y Cornejo y Adán y Poblete.

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En cuanto al programa de subvenciones a programas y proyectos cultura-les seleccionados por concurso público, éste corresponde a una adecuada vía de financiamiento de actividades a desarrollarse en el espacio patrimonial en la medida que, tal como la creación artística, estas actividades se inserten en áreas de interés público, como lo son la educación, la investigación científica, el desarrollo deportivo, etc. En cambio, aquellas actividades que no corresponden a prioridades públicas, tendría más sentido que fueran financiadas por los pro-pios oferentes o por terceros interesados en acrecentar su prestigio social.

En cuanto al tercer eje, mientras el modelo de desarrollo cultural en el aspecto de creación artística está concebido en función de la reatroalimen-tación, especialmente económica, del esfuerzo creativo a través del impulso gubernamental de “creación de audiencias”, el desarrollo cultural vinculado al patrimonio cultural está orientado más bien al fomento de “buenas prácticas”, de respeto al patrimonio y de apropiación social y, sólo en forma indirecta, en la creación de audiencias. En efecto, el modelo ecosistémico busca el compro-miso de la sociedad civil, el aporte privado y la plena participación estatal, sin control monopólico de ninguno de los tres, pero, a la vez, sin la exclusión de ninguno de ellos. De allí fluye el imperativo de la corresponsabilidad.

Finalmente, mientras el modelo de desarrollo cultural resumido por Na-varro (2006) está anclado, desde el punto de vista organizacional, en la admi-nistración del Estado, el modelo que propugnamos, por razones sociológicas, económicas y políticas, debiera estar situado en la intersección de la tríada Estado, sociedad civil y sector privado, lo que vale la pena tener presente a la hora de evaluar ventajas y desventajas.

A modo de conclusión, enunciaremos algunos elementos que consideramos importantes para comprender el modelo de gestión al que podríamos aspirar:

i. La inversión en restauración o rehabilitación no debiera limitarse de ninguna manera al aporte del Estado pues, como han sostenido Andueza y Cornejo, en la medida que se cumplan condiciones de transparencia, racionalidad y participación social, los atributos del bien invitan a sumar otras vías de finan-ciamiento, especialmente: la colaboración internacional y el mecenazgo por la “ideología” del bien, el aporte de socios capitalistas por las expectativas de rentas indirectas y el voluntariado de las organizaciones civiles.

ii. La subvención pública a programas de usos debieran realizarse en la me-dida que éstos estén planteados en función de atender demandas de interés social, como la educación y la protección de los recursos. De lo contrario, debieran ser absorbidos por los mecanismos formales y no for-males de tarifas.

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iii. El fomento de audiencias debiera entenderse en este modelo como el fomento de la apropiación social, incluso mediando las retribuciones nor-males que todo esfuerzo exige de los beneficiarios.

iv. La organización no debiera estar radicada necesariamente en el Estado, pues esta condición disminuye posibilidades de financiamiento diversifi-cado, aumenta las actitudes estereotipadas en la construcción de progra-mas de usos y en gestión propiamente administrativa y desincentiva la apropiación del capital social que gira en torno a estos bienes.

4. Estructura jurídica del modelo de gestión Hablamos de estructura jurídica para referirnos al conjunto de normas jurídicas a las cuales los activadores del patrimonio cultural pueden echar mano para amparar ju-rídicamente una organización que pueda hacer realidad el modelo de gestión que propiciamos. ¿Por qué puede ser tan relevante la estructura jurídica en la gestión de estos bienes? Por varios motivos, algunos de los cuales pasamos a explicar. Prime-ro, porque estamos hablando a menudo de bienes fiscales (por ejemplo, el parque nacional Rapa Nui, la ex cárcel o el fuerte de la Isla de Mancera) o bienes nacionales de uso público (por ejemplo, una plaza, una calle, la ribera del mar), los cuales están sometidos a marcos jurídicos especialmente definidos para su administración. Segun-do, porque hemos estimado como condición de desarrollo del modelo de gestión la inversión de recursos públicos, los cuales pueden hacerse sobre la base de ciertos re-querimientos normativos específicos. En tercer lugar, en general porque en el modelo que proponemos estamos propiciando un consorcio público-privado para la gestión del bien, en el cual coexistirán, por definición, una pluralidad de intereses y visiones de largo plazo que se manifestarán, a menudo, en conflictos jurídicamente relevantes.

Ahora bien, existen, a nuestro entender, tres nudos temáticos importantes para evaluar las alternativas de plataforma jurídica de una organización patri-monial: propiedad de bien; forma de constitución del consorcio; y título de te-nencia del bien. No creemos que resolviendo, desde el punto de vista jurídico, estos tres nudos temáticos acabaremos con el análisis de la estructura, pero al menos habremos abordado los principales.

a. Propiedad del bien patrimonial Existen muy buenas razones para que la propiedad del bien permanezca en manos del Estado, o bien de otro ente que promueva intereses colectivos,

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como puede ser iglesia o corporaciones sin fines de lucro. El argumento para sustentar esta opción es que la titularidad ha sido un medio por el cual la sociedad en su conjunto puede asegurar la función social del uso de recursos de interés colectivo. Sin embargo, la titularidad por sí sola no asegura la accesibilidad de los bienes públicos, como ha sucedido con la concentración del goce de ciertos recursos públicos como el agua. La con-dición de bien público, en resumidas cuentas, aseguraría sólo parcialmente el resguardo de una suerte de “hipoteca social” que recae sobre los recursos públicos.

A estos argumentos de buen servicio podemos agregar otros de corte legal. Los bienes nacionales de uso público son inalienables porque perte-necen a la “nación toda”; los bienes fiscales de valor patrimonial, son impres-cindibles para el Ministerio de Bienes Nacionales de manera que, al menos por ahora, no está contemplada su enajenación; en fin, los bienes patrimo-niales, cuando están afectos a la condición de monumentalidad pública, tienen limitaciones comerciales en su tráfico.6

b. Forma de constitución del consorcio

El modelo propuesto, por otra parte, favorece absolutamente el desarrollo de asociatividad público-privada entre agentes propietarios del bien, agentes reali-zadores u operadores del proyecto y agentes usuarios. Hablamos de consorcio para expresar la alianza principalmente para gestionar un proyecto patrimonial sobre la base de un contrato solemne que asegure lo que hemos llamado la res-ponsabilidad compartida del bien. ¿Cuáles podrían ser las normas jurídicas que ampararían la formación de un consorcio de naturaleza público-privada capaz de servir a la articulación de intereses y capitales para conservar y potenciar el patrimonio?

Afortunadamente contamos en la actualidad con un marco jurídico adecuado a estos fines7. Nos referimos, básicamente, a la posibilidad que puedan concurrir a la

6 Otro aliciente a la titularidad fiscal guarda relación con la aplicabilidad de donaciones cul-turales a proyectos de restauración y rehabilitación, las que está reservada a monumentos nacionales fiscales.

7 Por la vocación adaptativa del modelo no se considera la creación de una corporación de derecho público susceptible de ser creada por ley de la República, pero tendrá que dejarse en carpeta para futuras investigaciones.

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constitución de una Corporación o Fundación, entidad sin fines de lucro regidas por el título XXXIII, del Libro I del Código Civil, tanto organismos privados (empresas), algunos públicos y agrupaciones ciudadanas. Por una parte, la Ley Orgánica de Municipalida-des autoriza a los municipios a constituir o participar con otras personas jurídicas de derecho privado (empresas u otros entes sin fines de lucro) en corporaciones o funda-ciones “destinadas a la promoción y difusión del arte y de la cultura”. Además, autoriza a los municipios a efectuar aportes y subvenciones, lo cual abriría una importante vía para el financiamiento compartido de proyectos8. Asimismo, la Ley Orgánica sobre Go-bierno y Administración Regional autoriza a los gobiernos regionales a asociarse con otras personas jurídicas para constituir estos entes no lucrativos destinados a propiciar actividades que contribuyan al desarrollo regional en el ámbito social, económico y cultural de la región. Los programas o proyectos que ejecuten estas corporaciones sólo podrán ser financiados hasta un 50% por el gobierno regional.9

Las actividades que desarrollan estas entidades corresponden a funcio-nes públicas vinculadas al accionar de los organismos públicos, lo que explica que las corporaciones o fundaciones en las cuales participen municipios y go-biernos regionales no pueden cumplir actividades empresariales; tampoco les es permitido a estas corporaciones y fundaciones retirar utilidades, lo que cier-tamente es un inhibidor de la participación privada. Sin embargo, sostenemos que a pesar de las restricciones señaladas a la actividad empresarial, de todas maneras los empresarios se comprometerían con proyectos serios de (re)activa-ción de un bien por los motivos señalados anteriormemente.

c. La tenencia del bien

Tenemos entonces un bien patrimonial —el que será no pocas veces fiscal— res-pecto del cual la alianza —ya nacida a la vida jurídica a través de una corporación o fundación— entrará a operar movilizando los recursos obtenidos vía aportes o subsidios. Esta organización sin fines de lucro deberá formalizar la tenencia del bien patrimonial mediante un acto jurídico que asegure una posesión con algún grado importante de estabilidad en el tiempo, y que corresponderá muy

8 Entendemos que los aportes o subvenciones a este tipo de personas jurídicas sin fines lucra-tivos no podrían exceder, en total, al siete por ciento del presupuesto municipal.

9 El aporte total del gobierno regional no podrá ser mayor al 5% del presupuesto de inversión regional. Para el estudio específico de estas normas, estudiar los artículos 100 y siguientes de la Ley Nº19.175.

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probablemente a una concesión, es decir, a un contrato administrativo entre la autoridad correspondiente y una persona natural o jurídica en virtud del cual esta última hace uso preferente y con carácter de cierta permanencia de un inmueble patrimonial a cambio de financiar su conservación y el desarrollo de infraestructu-ra urbana o de algún tipo de servicio de utilidad pública (Jeria y Lazo, 1994).

Ahora bien, para los efectos que nuestro propósito investigativo, identi-ficamos dos modalidades diversas de concesión en el ordenamiento jurídico de nuestro país, a saber, el sistema del Ministerio de Obras Públicas MOP y el sistema del Ministerio de Bienes Nacionales. Demostraremos que, entre ambas, la segunda modalidad sería más adecuada para amparar jurídicamente la te-nencia de un bien patrimonial de parte del consorcio público-privado.

Por una parte, la concesión de acuerdo al sistema del MOP se organiza en fun-ción de la entrega de un bien fiscal a un particular (por regla general, seleccionado sobre la base de un concurso público), quien efectúa inversiones y presta un servicio de utilidad pública a cambio del derecho de rentar con éste —de manera segura y durante un lapso largo de tiempo— capturando el denominado “pago por uso de infraestructura” (Ministerio de Obras Públicas, 2003)10. Pensado de esta forma, el mo-delo de concesiones representa un negocio evidente, tanto para el Gobierno, que ve mejorar la inversión en infraestructura deficitaria y atender otras necesidades, como para el privado, que puede lucrar invirtiendo en obras físicas rentables.

A pesar del éxito del sistema del MOP, aplicado a servicios tan dispares como carre-teras, embalses y aeropuertos, consideramos que no debiera ser utilizado en el ámbito patrimonial, sino solamente en casos muy justificados, porque su lógica no se adecua a la dinámica económico-social propia del patrimonio cultural. En efecto, el reconocimiento de un derecho a favor del concesionario de uso o goce exclusivo de un bien patrimonial por un período determinado atenta contra la condición de accesibilidad pública del pa-trimonio cultural. Además, la participación del Estado en la alianza público-privada que

10 La invitación del gobierno de Chile se dirige a empresas nacionales o extranjeras para que inviertan bajo un sistema de contrato de concesión tipo BOT (Build Operate and Transfer), en que el concesionario construye, opera y, al fin de la concesión, transfiere la obra al Estado, una vez que ha recuperado la inversión y obtenido utilidades gracias a la implementación de tarifa regulada a los usuarios (Ministerio de Obras Públicas, 2003). A nivel de infraestructura urbana, este modelo de concesión se consagra en la Ley Nº19.865, sobre Financiamiento Urbano Compartido, sistema mediante el Servicio de Vivienda y urbanización (SERVIU) o las Municipalidades, previa licitación pública, pueden celebrar contratos de participación, en este caso para la restauración o mantención de obras patrimoniales urbanas, a cambio de una contraprestación, que podrá consistir hipotéticamente en otorgar a aquéllos derechos sobre bienes inmuebles patrimoniales para su explotación económica.

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propiciamos puede no agotarse en la gestación del proyecto y en la regulación de las tarifas, sino complementariamente en el desarrollo de programas de usos, muchos de los cuales, como en cultura y educación, seguirán siendo total o parcialmente subven-cionados por el Estado. En fin, la selección del socio inversionista mediante una licitación pública, en principio inobjetable desde el punto de vista de la transparencia, se transfor-ma en una limitación a la cooperación pública-privada, la cual, como hemos tratado de demostrar a lo largo de todo este libro, es de una alta complejidad.

Por su parte, la modalidad de concesión del Ministerio de Bienes Nacio-nales, reglada en el Decreto Ley Nº1.939, está concebida como una forma de incorporar a terceros en la gestión de bienes fiscales a través del desarrollo de proyectos específicamente ligados al turismo, la ciencia y educación ambiental y la protección del patrimonio cultural (Ministerio de Bienes Nacionales, 2006). Al igual que la concesión del MOP, la clave del desarrollo de estos proyectos reside en la cooperación público-privada, donde los concesionarios podrán ser, por expresa voluntad del MBN, tanto empresas privadas interesadas en de-sarrollar proyectos de conservación asociados a su giro, como corporaciones, fundaciones, universidades interesadas en articular actores; gobiernos regiona-les, municipalidades y/o comunidades locales organizadas (Ministerio de Bienes Nacionales, 2006). Sin embargo, no existe el imperativo de realizar inversiones predeterminadas ni hay expectativas de ganancias ligadas a un tarifado. Incluso, las concesiones podrán ser gratuitas y en trato directo cuando los fines busca-dos no sean comerciales sino la conservación, la ciencia, educación, desarrollo social, monitoreo ambiental, etc. (Ministerio de Bienes Nacionales, 2006).

Figura Nº1 Comparación entre sistema de concesión de MOP y MBN

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5. Palabras finales

Termina la larga travesía de este viaje intelectual que comenzó con la formulación del proyecto, continuó con la revisión de literatura especializada en el tema del patrimonio cultural, el estudio de casos de gestión y la experiencia de aplicación de los avances en los seis bienes patrimoniales que nos comprometimos a modelar su gestión. Este po-dríamos decir que fue el viaje de ida, porque también hicimos el viaje de regreso. Paso a paso, con un nuevo bagaje en nuestros cuerpos y mentes, nos remontamos a las primeras hipótesis de trabajo y a las preguntas con las que comenzamos la travesía.

Efectivamente es posible construir un modelo de gestión de bienes cultura-les en Chile con tal que aceptemos que se trata de pautas, siempre ordenadas por funciones o actuaciones claramente definibles, que señalan un marco general en el cual deben maniobrar los actores participantes de la animación. En el artículo anterior de este libro, se ofrecen las bases teóricas y metodológicas para pensar y emprender la realización de la gestión ecosistémica del patrimonio, aunque hi-cimos la salvedad que la gestión debe pasar absolutamente por su adecuación a las particularidades de un caso. Fueron dos actuaciones a las cuales los investiga-dores dedicaron mayores esfuerzos: la realización del diagnóstico del estado de un bien y la evaluación de alternativas de modelamiento de la oferta.

Las intuiciones iniciales de la formulación del proyecto estaban notablemente bien orientadas, pues hemos confirmado que, al menos desde la óptica ecosistémica, la conservación, la rentabilidad social y económica y la participación social corresponden a tres aspectos que cualquier modelo de gestión debiera promover desde la elaboración de las primeras ideas de proyecto hasta las etapas finales del ciclo de vida. Sin embargo, el enfoque ecosistémico debe estar muy consciente de sus limitaciones, de sus nudos críticos, que hemos concentrado en la participación social y el financiamiento.

Ambos aspectos críticos no nos deben llevar a desanimarnos pues, como he-mos tratado de demostrar en este artículo, existiendo la voluntad de hacerlo, pue-den buscarse los dispositivos adecuados para resolver o superar los obstáculos. He-mos tratado de ampliar la mente para hallar dentro del abanico de posibilidades que ofrece la sociedad chilena contemporánea varias vías de co-financiamiento realistas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado; y, por el otro, hemos tratado de argumentar a favor de una organización ideal que pueda acoger una pluralidad de visiones e intereses en torno al patrimonio. Aún más, creemos sinceramente haber podido ofrecer, dentro de la actual institucionalidad jurídica del país, un procedimien-to posible para proyectos sobre bienes fiscales, pero perfectamente en sus premisas centrales extrapolable a bienes particulares, que sirva al esfuerzo de re(activación) patrimonial, como es el sistema de concesiones del Ministerio de Bienes Nacionales.

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Anexos

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El Centro Cultural El Almendral


1. Descripción básica del conjunto arquitectónico de El Almendral

a. La localidad El Almendral

A mediados del siglo XVIII, casi contemporáneamente a las fundaciones de Los Andes y San Felipe, nace con el nombre de Montecinos el pueblo de El Almen-dral. En la época de su fundación, la macrozona donde se sitúa esta localidad experimentaba una importante actividad económica gracias a la producción agrícola y ganadera. Según los documentos oficiales revisados, la actividad hu-mana en esta localidad ya existía desde los tiempos precolombinos, pero el carácter de villorio lo obtiene a mediados del siglo XVIII cuando una capilla le-vantada por la “Familia de Vicente Silva” (establecida en el Almendral) comienza a ser visitada para la veneración a la Virgen del Rosario. Al poco andar, El Almen-dral se organizó, políticamente, como un distrito comunal de San Felipe.

En la actualidad, El Almendral es un barrio del área oriente de la ciudad de San Felipe, a cien kilómetros, aproximadamente, de Valparaíso en dirección a la Cordillera de Los Andes. La macrozona se emplaza en torno al Río Acon-cagua, que corresponde al elemento articulador de la vida de este territorio desde tiempos precolombinos. El río da lugar a fértiles valles que recorrían co-munidades humanas cazadoras recolectoras, posteriormente influidas por los visitantes imperiales inca y, con la conquista de América, por los colonizadores y sus descendencias que organizaron la vida urbana-campesina. Hasta hoy, la provincia tiene como actividad económica principal la agricultura y en especial la explotación de viñas. La actual provincia de San Felipe cuenta con una pobla-ción a nivel provincial de cerca de 150 mil personas.

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La localidad de Almendral está marcada por su arteria principal que co-rresponde a la vía que une San Felipe y la localidad de Santa María y el centro Turístico “Termas de Jahuel”. Rodeada de bella vegetación, casitas de adobe, callejuelas de tierra y una vista privilegiada a la cordillera, El Almendral tiene méritos para poseer el carácter de zona típica, tanto como la localidad vecina de Curimón. La Iglesia y su torre, que se levanta entre el callejón del Convento y Los Claustros, rompen con la horizontalidad de las bajas casas rurales de adobe y tejas del pueblo convirtiéndose en su hito más característico.

b. Arquitectura religiosa

El origen de la arquitectura religiosa de El Almendral se remonta al año 1860, cuando el padre Antonio Gavilucci, franciscano de la provincia italiana, fundó en la localidad de El Almendral un convento, un noviciado y una casa de estudios y nombró al religioso italiano Juan Pompei como presidente del nuevo convento y director de obras. La idea era construir un espacio que pudiera albergar un centro de formación para los franciscanos venidos de Italia para desempeñar su labor misionera en el sur de Chile.

La orden franciscana se había instalado en El Almendral un año antes (1859) cuando la familia Silva ofreció una capilla —muy deteriorada según testimo-nios de la época— dedicada a “Nuestra Señora del Rosario”, con el objeto de fundar allí un convento. La primera tarea que se ejecutó fue comprar terrenos vecinos para alcanzar una superficie adecuada para los planes franciscanos. Las obras no pudie-ron iniciarse de inmediato por falta de fondos y complicaciones eclesiales.

Bajo la dirección del Padre Pompei y del también sacerdote italiano Seti-mio Begambi se inició, en 1865, la construcción del convento y, a principios de 1872, de la Iglesia, la cual se inauguró en octubre de 1876, antes de su termina-ción. No contento con los planos de la torre y del frontis de la Iglesia, el nuevo superior del convento, Isaías Nardocci, encargó un nuevo proyecto al arquitecto italiano Eduardo Provasoli1. Las obras del frontis y de la torre se iniciaron en 1887 y fueron concluidas en 1888 con la instalación de las campanas y del reloj, implementos traídos de Alemania.

En los apuntes de Isaías Nardocci (2002 p. 4) se hace un reiterado reco-nocimiento al religioso Setimio Begambi, italiano que colaboró también en la construcción del Convento de El Barón de Valparaíso. Sus habilidades eran ta-

1 Este arquitecto italiano es el autor de la construcción de la fachada actual de la Iglesia de San Francisco del Cerro Barón de Valparaíso.

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les que “no necesitaba de arquitectos para trazar heridos, dirigir cimientos, las murallas y bases de las columnas; él solo gobernó la obra”. Después de muerto, la ciudad de Valparaíso lo distinguió dando su nombre a una calle en el Cerro Barón, vecina del convento.

Repasemos de la ficha técnica del conjunto patrimonial que publica en In-ternet el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. En ella se trasluce ele-mentos de la concepción estructural y de su aspecto tecnológico:

“Pilares de madera configuran el frontispicio y generan tres arcos de me-dio punto, siendo el arco central más alto y ancho que el resto. La torre cons-truida en madera, mide 24 metros de altura y se eleva sobre el pórtico a eje del templo; aunque es relativamente alta para las dimensiones de la iglesia, guarda bien las proporciones. Sobre su base cuadrada descansa un cuerpo octogonal rodeado de ocho columnas de capitel corintio, las que soportan un breve tam-bor que recibe la cúpula, rematada en una pequeña linterna.

El plano de la Iglesia se acerca a una planta basilical. Se compone de tres naves complementadas con dos pequeñas capillas laterales salientes. La nave central, más ancha, se prolonga en un ábside rectangular donde se ubica el altar mayor —neoclásico—, construido en madera y coronado por una cúpula. De-trás del altar se halla el coro, que destaca por sus sillones de madera finamente tallados. Las naves están divididas por arquerías de medio punto construidas en madera. En el interior destacan, además de la sillería del coro y del altar mayor, las pinturas cenitales sobre la bóveda de cañón de la nave central, los confesionarios, la mampara de madera tallada —obra del milanés Sereno Matta— y el púlpito.

Contiguo a la Iglesia se extiende el convento, que cuenta con un sólo ac-ceso central. El plano de este conjunto es el propio de los claustros: cuerpos de un piso con corredores de circulación que se ordenan, en El Almendral, en torno a tres patios comunicados entre sí por zaguanes. Un espacio ancho, arbolado y cercado, separa al convento y a la iglesia de la calle” (Consejo de Monumentos Nacionales, s/d).

En síntesis, la arquitectura de El Almendral ofrece la solución característica de los claustros que en una disposición simétrica, la iglesia se ubica al centro de la composición, flanqueada por la Casa de Ejercicios y el primer claustro del convento. En el plano tecnológico, de acuerdo con las normas coloniales en uso todavía, los muros son de adobe, de gran espesor; los envigados de techumbre, cielos y columnas de madera; y la cubierta de tejas españolas.

El lenguaje arquitectónico se inscribe dentro del marco de las referencias neobarrocas, propias del movimiento historicista del siglo XIX. Es el mismo len-guaje de la Iglesia San Francisco del Cerro Barón por ejemplo y, más atrás, de la mayor parte de la arquitectura colonial de América Latina. ¿Cómo pudo perdu-

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rar este estilo colonial a pesar que la República ya estaba instalada hacía más de medio siglo? Para Myriam Waisberg (2002, p. 115) esto no debe extrañar a na-die. “La observación respecto a una cierta persistencia en el cultivo del barroco, no alude a la existencia de soluciones repetitivas generalizadas, aunque se dan obras de la suficiente envergadura como para encabezar series arquitectónica-mente estructuradas. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que, aunque en tono menor, dicha reminiscencia continúa reapareciendo desde fines de la época colonial a lo largo de todo el siglo XIX, ya decididamente anacrónica”.

En 1929 se constituyó en este espacio religioso la Parroquia San Antonio de Padua. El templo y el convento fueron declarados Monumento Histórico Nacio-nal en noviembre de 19722. El conjunto religioso es de propiedad del Obispado de San Felipe desde 1970, que, de hecho, administra directamente hasta hoy la iglesia y parroquia “San Antonio de Padua”. El convento fue utilizado por muchos años como hogar de niños, administrado por unas religiosas temibles, según re-latos recogidos en el lugar; los primeros, en venganza de los malos tratos, habrían iniciado un incendio que dejó inhabitables los edificios del convento.

c. El convento, noviciado y casa de estudios

El convento es una obra de la Orden Francisca que designó al padre Juan Pompei, ex Ministro de la Provincia de la SS. Trinidad de Chile, como presidente del nuevo convento. Dada la vinculación del convento con la obra misionera del sur de Chile, se hizo depender el convento del Colegio Apostólico de Jesús de Castro (Chiloé). En 1905, tras una reforma canónica, junto con sus similares de Recoleta, Barón y Mosta-zal, el convento pasa a formar parte de la jurisdicción de la Provincia de Santiago. En 1950, el convento de El Almendral y la iglesia fueron transferidos al Obispado de San Felipe; en 1990, el inmueble del convento sufre un impactante incendio. En 1993 es entregado en comodato a la ONG CIEM Aconcagua, para impulsar su restauración y posterior funcionamiento como Centro Cultural a partir de 1995.

Según nos narran los apuntes del padre Nardocci, el 10 de octubre de 1865 se colocó la primera piedra de los edificios del nuevo convento, y en diciembre de 1867, quedó concluida la mayor parte del primer patio con su refectorio, cocina, bodega y granero. El 5 de enero de 1868 se instalan en el lugar los primeros frailes (en total seis).

La aprobación canónica del convento fue decretada en junio de 1875: “Que el anunciado convento debe tenerse por erigido canónicamente, bajo la precisa condición de que se reintegre el número de religiosos hasta enterar el

2 D.S. Nº17.813, de 17 de Noviembre de 1972, Ministerio de Educación.

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suficiente (...); todo los que deberán conservarse siempre en perfecta vida en común (...); sin que se entienda que es nuestra intención aprobar como opuesto a la pobreza el que haya celdas para los religiosos con huertillos particulares, como resultó de la Visita que allá existen algunas”.

En 1878 —año de traspaso de la superioridad del convento del P. Be-gambi al P. Nardocci— estaban concluidos el primer patio y se dio inicio a los otros dos, los edificios inmediatos a la puerta falsa, el huerto en el cual se plantaron toda clase de árboles frutales y varias cepas de parra de uvas, la pesebrera de animales, el traslado de la acequia fuera del convento. En total, el conjunto alcanzaba 4.200 m2 incluyendo construcciones y patios. La dotación de religiosos era la siguiente: siete sacerdotes, seis coristas profesos de votos solemnes, y cuatro hermanos legos.

Tras el término de las funciones originales de convento, en el lugar se rea-lizó la creación del Hogar Pablo VI, que operó desde 1970 hasta 1990 en sus dependencias y que actualmente funciona en nuevas estructuras aledañas. El incendio de 1990 destruyó tres cuartas partes del inmueble, el cual quedó en abandono por tres años.

En 1993, mediante gestiones personales del Obispo Manuel Camilo Vial en la Iglesia Católica Italiana y con fondos propios de la Organización No Gubernamental CIEM- Aconcagua, comenzó la restauración de la iglesia, de la casa parroquial y del convento para habilitarlos, por etapas, como un Centro de Artes y Oficios. En orden cronológico, las primeras obras fueron: la galería de arte, la cafetería, la tienda de artesanías, las salas para talleres laborales, las oficinas administrativas y los baños. Más tarde, se habilitó una pequeña sala de cine, que sirve tanto para exhibiciones como para la realización de seminarios y cursos. Cerca del año 2002, en una tercera etapa, se rehabilitó el primer patio cuyas salas albergarían el Centro de Artes y Ofi-cios. De acuerdo con estimaciones de Neest (2002), la rehabilitación tuvo un costo de US$60.000, lo que se financió principalmente con donaciones en dinero (53%), fondos propios de CIEM (40%) y donación en especies (7%). Siempre según Neest, la rehabilitación efectuada en el lugar fue de primera calidad y su valor de mercado fácilmente pudo triplicar o cuadruplicar los costos. Este ahorro se debió a la buena gestión de CIEM y su capacidad para movilizar recursos del tipo “voluntariado”.

2. Identificación de usos, productos y/o servicios

De acuerdo con una tipología general que puede recogerse del ámbito de la gestión cultural y que atiende, sobre todo, a la naturaleza de la oferta que se desarrolla en el lugar, el uso primordial del convento de El Almendral se asocia,

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actualmente, a las actividades propias de un centro cultural. Entendemos que centro cultural es una noción eminentemente dotacional, un “contenedor” para la realización de actividades culturales versátiles, que pueden ir desde las sa-las de exposiciones, hasta la realización de conciertos, artes escénicas e incluso congresos, jornadas, eventos y acciones formativas. El centro cultural dispone de salas multiuso, generalmente con un anfiteatro, y pueden combinar los es-pacios para tiendas y/o cafeterías. Suelen tener también una biblioteca y, obvia-mente, espacios de administración3.

Ahora bien. En el inicio de este estudio de caso, por la lectura de la misión que el Centro Cultural El Almendral difunde de su organización, aventuramos que podría tratarse de una versión a escala local de un tecnopolo cultural4. De hecho, la misión explícita del centro es interrelacionar en un espacio social, económico y político que corresponde al valle del Aconcagua, contribuyendo a estimular la actividad artística y cultural pero aprovechando este giro como fuente de riqueza de la comunidad perteneciente al área circundante a partir de una red comunicativa de relaciones sociales e iniciativas productivas inno-vadoras. Además, estas actividades son retroalimentadas con líneas de investi-gación y desarrollo. Sin embargo, si bien en el caso de El Almendral existe una multiplicidad de usos del tipo “cultural” y una estrategia de reconversión de infraestructura patrimonial vinculada a su entorno, no se trata propiamente del asentamiento de empresas productivas culturales, apoyadas con servicios co-munes y administración compartida; con existencia de estrategias de marketing de exhibición (muestras y festivales) para la atracción de demanda. No existe —al menos todavía— una oferta de relevancia económico-local que transfor-

3 Según esta tipología general, encontramos en la gestión cultural, cercana al centro cultural, el Parque Cultural que está asociado a la idea del ocio, del entretenimiento pasivo (atractivo de turismo cultura) o de interacción creativa (turismo familiar, educativo, etc.). Es lo más parecido a un parque temático. Esta idea de los parques culturales se usa mucho en yacimientos arqueo-lógicos, rutas arqueológicas, etc., asociados a centros de interpretación más aulas museísticas.

4 Los tecnopolos culturales están asociados a una idea eminentemente productiva, es decir, se trata de suelo industrial para el asentamiento de industrias culturales específicas, gene-ralmente asociadas a un subsector con trayectoria de consolidación en el campo de objetos culturales reproducibles, por ejemplo, de la industria editorial, industria audiovisual, la crea-tividad, etc. Tienen, por tanto, una voluntad de intervención, es decir, podrían asemejarse a diseños de instrumentos de política regional o políticas de desarrollo, pero asociados a una industria emergente, como la cultura, que lógicamente parte de una sinergia previa de eco-nomías de aglomeración, entorno de creatividad adecuado y capital humano acumulado. Hay experiencias en este sentido en Suiza, Alemania (Karlsruhe), Francia (Poitiers).

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me la iniciativa en una respuesta para una correcta economía de escala para las unidades usuarias ni en una estrategia de desarrollo local.

Estamos en presencia, entonces, de un centro cultural dedicado a la acción cultural como la capacitación de jóvenes en artes y oficios e industria cultural, pero con un giro hacia el rubro de centro de estudios alrededor de ciertas temáticas preferentes que identifican su labor actual orientada a la microempresa, la conser-vación y promoción de la cultura y del patrimonio local. Hasta ahora, el centro ha seguido un camino autónomo en el sentido que no ha aspirado a transformarse en un Centro de Formación Técnica y ha permanecido organizado informalmente en la lógica de talleres. Más recientemente, ha venido implementando con fuerza programas de investigación sobre el medio ambiente y emprendimiento social que lo hace acercarse a un perfil universitario al estilo de centros académicos es-pecializados, como el Centro de Física Aplicada de Claudio Bunster en Valdivia. El desarrollo de eventos académicos y científicos es frecuente5.

A lo largo de su existencia, el Centro Almendral ha introducido variaciones en su oferta de servicios y productos. En el año que comenzó el presente estu-dio (2005), el proyecto concentraba su accionar en tres líneas de desarrollo, des-de las cuales se desprende su correspondiente oferta de servicios y productos:

i. La extensión socio-cultural, área que engloba el conjunto de actividades orientadas a la oferta de servicios culturales, en particular las que guardan relación con la misión principal del centro, cual es “Escuela de Artes y Ofi-cios” (cursos y talleres), así como con la nominación del lugar como “cen-tro cultural”: galería de arte, museo y el cine, editorial, servicios accesorios de la tienda de artesanía, la imprenta y la cafetería.

ii. La capacitación comunitaria en temáticas tales como el medio ambien-te, la historia local y ecoturismo. Siempre en esta línea estratégica, aun-que en temáticas más lejanas con los objetivos corporativos, se desa-rrollan programas de capacitación laboral a requerimiento de empresas del entorno productivo del valle. En fin, los espacios del centro se ponen a disposición de instituciones públicas o privadas para la realización de seminarios, charlas, talleres, etc.

iii. La investigación científica, la cual, interesada principalmente en el área ambiental, cultural y paleo-antropológico, es asumida por el Instituto de Estudios de Montaña. Esta área se potencia cultivando relaciones con organismos nacionales e internacionales afines con estas temáticas ambientales. El Instituto gestiona proyectos de in-

5 Por ejemplo, aquí se realizó el Quinto Congreso Chileno de Antropología.

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vestigación orientados a la acción comunitaria, la articulación de ac-tores y la formación de líderes locales.

Veamos cada una de estos ejes de desarrollo, actividad por actividad, ordenados según la mayor o menor proximidad de éstas a la misión del centro y al destino acor-dado al bien patrimonial (oferta de uso directo u oferta de uso para rentabilización).

a. Oferta de uso directo

i. La oferta en formación comunitaria y capacitación laboral está cons-tituida por un conjunto de talleres abiertos a la comunidad en las es-pecialidades artísticas y técnicas siguientes: teatro, narrativa, trabajo en madera, fierro y joyería. Por otra parte, en coordinación con micro em-presarios de la zona, se ofrecen talleres de capacitación laboral en áreas tales como medio ambiente, liderazgo, etc.

ii. La oferta de resultados en investigación transferibles al entorno me-diante publicaciones, exhibiciones, asesoría y capacitación en áreas específicas: turismo ecológico, medio ambiente y paleo-antropología. Se cuenta con una mini editorial que ha dado vida a una colección de cuadernos patrimoniales6 y otra de historias locales7.

iii. La oferta de servicios culturales propios de un centro cultural: exhibicio-nes y eventos artístico-culturales, tanto esporádicos como permanentes, que captan un flujo moderado de público:

• LainstalaciónenlosaccesosydependenciasdelCentroAlmendraldelaFeria “El Rastro”, que funciona dos veces al mes, y a la que llegan produc-tos desde diversas localidades de Aconcagua. Impulsada por el centro, esta actividad es gestionada autónomamente por cerca de cuarenta ar-tesanos y pequeños productores organizados que aprovechan los flujos turísticos y religiosos de El Almendral. Si bien no deja beneficios econó-micos para la gestión del Centro, aporta un significativo flujo de personas y bienes que validan y promueven la iniciativa en su conjunto.

6 Patrimonio Natural de Aconcagua, Prehistoria de Aconcagua, Guía de Turismo Patrimonial de Aconcagua. Precio a la venta de cada ejemplar US$ 7 a 12.

7 Jahuelito, Río Blanco, Coquimbito, Santa Filomena, Campos de Ahumada, San Regis, Santa Ma-ría, Bellavista y El Asiento, Rinconada de Silva. Precio a la venta de cada ejemplar US$ 7 a 12.

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• Imprenta: adquiridaenelaño2000, conellael centrohapodidovender servicios de impresión (con ingresos nada despreciables), así como mejorar la promoción de la organización.

• Galeríadearte:habilitadagraciasalaadjudicacióndefondospúblicosconcursables, ha adquirido un importante renombre en la provincia, en la cual exponen destacados artistas locales. El ingreso es abierto al público con entrada liberada, salvo las visitas programadas. El aporte de empresas privadas ha permitido a la galería autofinanciarse y, ade-más, reunir una colección de cuadros de los artistas expositores.

• Museo de paleo-historia del valle de Aconcagua, el que estáabierto a público espontáneo, como también a visitas progra-madas, destacándose colegios y grupos de tercera edad que retribuyen con el pago de una entrada general.

• Cine:implementadoconfondosdecooperaciónprivada,esteserviciole permite ofrecer ciclos de este arte en una sala de cine habilitada en su sede o bien trasladar los equipos para ofrecer espectáculos en terreno.

• Tiendadeartesanía,queofreceenventaproductosartesanaleslo-cales. Aunque no genera beneficios económicos significativos, ayu-da a la promoción de la artesanía y el arte locales.

b. Oferta asociada a las rentas del bien

El centro ofrece en arrendamiento, a instituciones públicas y privadas, las salas y el equipamiento del centro para la realización de actividades de formación, eventos académicos o eventos sociales, tales como casamientos, licenciaturas, etc.

3. Manejo administrativo y operacional existente

a. Organización

El Centro Almendral de San Felipe es administrado por la ONG CIEM- Acon-cagua, que es una institución de vocación comunitaria que apoya diversas iniciativas de desarrollo local, en el área de la microempresa, conservación, promoción de la cultura y capacitación en artes y oficios tradicionales. A tra-vés de un convenio con el Obispado de San Felipe, obtuvo el uso gratuito del convento católico, el que se restauró y rehabilitó originalmente para escuela de artes y oficios.

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El centro no posee una estructura organizacional fija: el equipo de trabajo cuenta con un número de profesionales variable, que depende de los proyectos en ejecución, lo que la hace ser flexible y dinámica, aunque también precaria. La organización, en el año 2005, estaba compuesta por un total de trece personas contratadas (nueve con jornada completa y tres con jornada parcial) y un grupo variable de personas contratadas a honorarios, en su mayoría profesores o en-cargados de las actividades de formación y capacitación.

La marcha general de la institución recae en un directorio compuesto por doce miembros, quienes se reúnen tres veces al año, oportunidad en la cual se in-forman los avances del centro y visualizan situaciones conflictivas; cabe mencionar que el directorio no toma decisiones concernientes a la administración del centro. Por otra parte, se cuenta con la dirección ejecutiva, a cargo del director del centro (el antropólogo Jorge Razeto), que se encarga de crear contactos, buscar nuevos proyectos e imaginar nuevas líneas de acción. A pesar de que esta persona es clave en la marcha de la institución no recaen sobre él todas las decisiones relativas al centro. Se tiene un grupo de coordinación compuesto por las personas que tienen a su cargo algún proyecto o programa (encargado de extensión, de turismo comu-nitario, de niños, de alta montaña, imprenta, administración y director ejecutivo). La coordinación se produce formalmente una vez al mes y en ella se distribuyen las funciones y se realiza la planificación estratégica de la institución.

Por último, se encuentra la unidad de administración, por la que pasan todos los recursos que administra el centro, tanto los ingresados vía proyectos como de los servicios permanentes (oferta cultural, capacitación y arriendos). La persona a cargo de esta unidad (que ha estado desde el nacimiento del proyec-to) participa activamente en las decisiones del centro.

b. Financiamiento

El centro obtiene recursos por la vía de la adjudicación de proyectos que con-cursan a fondos nacionales o internacionales y, en mucho menor proporción, por la venta de los servicios. En la lógica de economía de autogestión del cen-tro, las actividades que se desarrollan deben ser económicamente auto susten-tables, incluso aquellas que el centro considera como vitales, como son todas las del área cultural y de formación y capacitación. Los servicios que se ofrecen en la formación y capacitación no dejan ingresos para la manutención del cen-tro ni para solventar los gastos de administración, ya que sólo les permite pagar a profesores y materiales que se ocupan en cada actividad. Los servicios que pertenecen a la oferta de espacios y arriendo de equipos, como también la

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imprenta, son los que generan ingresos que permiten cubrir gastos generales de administración (el 30% de los gastos del centro).

Para el año 2004, el 76,6% de los ingresos provino de proyectos adjudicados; le sigue, con un 10,57%, la venta de servicio y, más atrás, con el 6,22%, los ingre-sos generados por eventos. Para el año 2003, el ingreso por proyectos significó un 65,2%; le siguen otros ingresos con un 22,5% y la venta de servicio con un 6,62%. Estas cifras confirman que la administración del centro se debe acomodar a los in-gresos que se obtienen cada año.

4. Modelo de negocio, agentes participantes, usuarios y mercados involucrados

a. Modelo de negocio

Como hemos visto anteriormente, el uso primordial del convento de El Almen-dral se asocia, en la actualidad, a las actividades propias de un centro cultural. El modelo de negocio que se desarrolla busca satisfacer, de alguna manera, la mi-sión que se ha puesto la ONG CIEM, es decir, el desarrollo comunitario. La misma organización se ha autoimpuesto que las actividades que se desarrollen ligadas con el uso directo o indirecto del bien deben ser coherentes con la misión ins-titucional. Por ejemplo, se prefiere no arrendar el espacio o los equipos para actividades meramente comerciales desvinculadas del desarrollo comunitario.

b. Agentes participantes

Encontramos, en primer lugar, a la iglesia, propietaria del convento y quien ce-dió el uso de manera gratuita con el compromiso de mantener activo el lugar; participan, asimismo, un grupo de profesionales —algunos voluntarios— que sirven de soporte técnico de la oferta cultural; finalmente encontrarnos a los usuarios del centro. En el último grupo destacamos a los visitantes interesados en disfrutar la historia y la arquitectura del lugar y, adicionalmente, conocer las exhibiciones que ofrecen el museo y la galería, los cuales a menudo son insti-tuciones escolares que organizan en visitas programadas; a los estudiantes que asisten a las actividades de formación y capacitación; a las universidades u otras instituciones académicas o empresariales que toman en arriendo sus depen-dencias; a los niños con quienes recientemente se trabaja con especial atención; y los habitantes del barrio, quienes ven en esta iniciativa una oportunidad para

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el desarrollo del entorno, con la localización de negocios (restaurante y hospe-daje), así como también el embellecimiento del barrio en su conjunto.

c. Mercados

Este proyecto ha logrado traer un mercado compuesto por personas a las que les atrae los servicios que éste brinda (capacitación, formación, centro cultural), su orientación valórica (ambientalismo, desarrollo local), así como los méritos patrimoniales y paisajísticos del espacio.

i. Los habitantes de El Almendral, que demanda, en el caso de jóvenes y adultos, talleres culturales o de oficios, pagando aranceles que fluctúan entre treinta y cincuenta mil pesos mensuales. O, en el caso de un público más amplio, que les interesa la visita. El mercado potencial está represen-tado por los niños a los que el Centro pretende orientar ofertas resultan-tes de nuevos proyectos que se han adjudicado.

ii. Los turistas, quienes visitan el centro, su galería y museo, como también demandan algunos productos artesanales o las publicaciones de cultura local. Es un mercado pasivo y poco explotado.

iii. Las instituciones públicas y privadas que demandan el uso del espacio o de equipos para seminarios, eventos, almuerzos, etc. También las escuelas y grupos de tercera edad, son lo que demandan visitas guiadas, a la gale-ría, museo y cine. Para convenios con empresas turísticas, el valor básico es de ochocientos pesos por persona.

iv. Los artistas, artesanos y las organizaciones productivas locales de carácter tradicional que aprovechan la galería de arte y la Feria “El Rastro”, que se instala en los accesos y dependencias del centro.

5. El plan de manejo

La estrategia de financiamiento que posee el centro desde su fundación consiste en la generación de actividades auto sustentables, es decir, iniciativas que no ge-neren un alto gasto para la institución y que, a la inversa, le dejen ingresos margi-nales para cubrir algunos gastos de administración de proyecto. Ahora bien, exis-te el deseo de depender menos de los recursos concursables, especialmente del Estado, el que es visto como una amenaza adicional a la misión institucional. Con este propósito, precisamente, se ha implementado un programa de actividades anuales que, a la larga, podrían ofrecer mayor seguridad en el financiamiento.

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Dentro del modelo de negocio no existe ninguna actividad que permita ge-nerar recursos suficientes para invertir en la conservación del convento más que no sea su manutención como espacio útil. Esta situación hace a sus directivos vivir la incertidumbre de no poder contar con recursos para enfrentar el futuro. Por ejem-plo, no hay compañía ni póliza en el mercado de los seguros que asuma el riesgo por siniestros telúricos respecto de construcciones tradicionales de adobe.

La estrategia general del centro está férreamente anclada a la misión ins-titucional relativa al desarrollo comunitario. Esta misión —desarrollo comunita-rio— es interpretada a partir de un cierto enfoque que se organiza en algunas oposiciones que, a la larga, pueden inhibir su desarrollo. Para el CIEM, el desa-rrollo comunitario debe ser básicamente endógeno, es decir, debe resultar del movimiento de energía de la propia comunidad. Por lo mismo, el apoyo externo —como aquél que podría provenir del Estado o de la empresa privada— no es enteramente compatible con la autenticidad del proceso de desarrollo. En contrapeso, encontramos una estrategia consistente para la incorporación de la comunidad en actividades productivas a través de la creación de la Red Comu-nitaria de Turismo Patrimonial, así como para la iniciativa comercial denominada Rastro de Almendral, como espacios de generación de ingresos para las organi-zaciones y agentes locales que lo gestionan.

Con todo, el manejo se organiza principalmente en función de los propios usua-rios de los servicios, lo que no asegura el financiamiento del proyecto en su conjunto, especialmente los costos asociados al mantenimiento de un bien patrimonial.

Veamos un poco más en detalle el rol que le cabe a cada uno de los acto-res vinculados a El Almendral.

a. Empresa privada

Las empresas participantes, principalmente bancarias, frutícolas y vitivi-nícolas, pertenecen a la zona de Aconcagua o allí tienen asiento, las que demandan servicios de arriendo de espacios y capacitación laboral. Ofre-cen, por su parte, auspicios o patrocinios para actividades o eventos del centro, en especial la galería, la cual, después de seis años, ha logrado autofinanciarse.

b. Grupos identitarios

El Centro Almendral acepta la colaboración de instituciones que tienen afinidad con el proyecto corporativo, sean nacionales o extranjeras: la Iglesia, ONGs vinculadas a la autogestión y al desarrollo territorial y am-

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biental, y, en general, profesionales comprometidos con el desarrollo so-cial y comunitario. Estos grupos se transforman, a menudo, en entidades asociadas en la ejecución de proyectos, financistas de proyectos, o bien, proveedores de profesionales. A juicio de la institución gestora del centro, los profesionales que mejor resultado exhiben son aquéllos con los cua-les ha existido una identidad valórica.

c. Profesionales

La base de una identidad de valores ha permitido al centro contar con un grupo valiosísimo de voluntarios que, desde sus orígenes, han contribui-do con las tareas y actividades institucionales.

d. Estado

En sus inicios, el Centro Almendral requirió del apoyo externo para la inversión física y el equipamiento. No se tuvieron dudas en recurrir, en-tonces, a fondos estatales y de cooperación internacional que hicieron las veces de “capital semilla”. A medida que pasaron los años, el centro ha venido prescindiendo del apoyo del Estado por fidelidad al proyecto institucional y también por las dificultades que presentaba la burocracia. De ahí que se fue fortaleciendo la idea de la auto sustentabilidad del pro-yecto.

Esta estrategia trae consigo un mayor esfuerzo a nivel de gestión pues exige mejorar su misión e implementar nuevos productos y servi-cios. Por otra parte, implica desaprovechar recursos públicos, sobre todo aquellos orientados a objetivos compatibles con la misión institucional.

e. Medios de comunicación

La relación que tiene el centro con los medios de comunicación es es-casa. Sin embargo, a causa de la fidelidad a sus valores y a la capacidad técnica de sus profesionales, el centro tiene un prestigio legítimamente logrado.

Esta falta de interés en la comunicación masiva (internet, radio, TV o diarios de la zona) no tiene que ver con ausencia de un mensaje. Al con-trario, el contenido de sus actividades y sus productos bien podría servir de materia prima a un marketing social de primer nivel.

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f. Mecanismos de toma de decisiones y resolución de controversias

La organización ha desarrollado mecanismos de toma de decisiones del tipo participativo; aquellos que involucran la ejecución y coordinación de todos los que están encargados de proyectos y los responsables de algu-na línea de acción.

g. Financiamiento y distribución de beneficios

Su financiamiento proviene, en su mayoría, de proyectos. Por lo tanto, la organización depende, año a año, de la adjudicación de recursos incier-tos. De esos fondos se solventará buena parte de sus gastos. Esta moda-lidad de financiamiento lleva aparejada una enorme dificultad para pro-yectarse a largo plazo. Funcionando en una “economía de autogestión”, la gestión está dedicada, en gran medida, a resolver problemas cotidianos, lo que dificulta una planificación de largo plazo. Al no existir la posibilidad de generar mecanismos de ahorro por los escasos márgenes que gene-ran los proyectos, la manutención y la conservación del inmueble puede verse comprometida.

6. Análisis final

a. Dinamizadores

El Centro Cultural “El Almendral” ha tenido la capacidad humana extraor-dinaria para generar los recursos necesarios y los equipos profesionales adecuados para desarrollar un proyecto de valorización de un inmueble patrimonial que, en el contexto de nuestro país, probablemente de otra manera estaría abandonado y en peligro de desaparición. Se trata de un proyecto de centro cultural localizado al margen de los grandes centros urbanos del país, lo que ya condiciona, en buena medida, la dificultad de vincularlo con mercados para una mayor rentabilización mediante su uso con iniciativas productivas del tipo “industria cultural”. De manera enton-ces que esta experiencia de animación de un escenario patrimonial como el conjunto religioso de El Almendral, sustentada por personas con alto compromiso social y político, debe evaluarse en función de los objetivos institucionales que se ha propuesto.

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En este contexto, entonces, la estrategia de financiamiento seguida hasta ahora por el centro de la autogestión puede ser considerada, tal como lo señaló NEEST (2002), como exitosa, en especial, si consideramos que se están cumpliendo varias funciones públicas como son: preservar el patrimonio cultural, fomentar la educación técnica, fomentar las artes y oficios, etc., liberando al Estado de la mayor parte de su financiamiento. Debe valorarse muy positivamente la alianza en este proyecto de la ins-titución religiosa —propietaria del convento—, profesionales y otros vo-luntarios que dieron viabilidad técnica y visibilidad pública al proyecto y los habitantes del barrio que han podido aprovechar el embellecimiento del lugar y sus actividades (por ejemplo, la feria).

En este mismo sentido, el proyecto ha logrado atraer un mercado que valora los servicios que éste brinda (capacitación, formación, centro cultural), su orientación ideológica (ambientalismo, desarrollo local), así como los méritos patrimoniales y paisajísticos del espacio.

b. Inhibidores

La relativa multiplicidad de funciones que está cumpliendo el Centro Cul-tural, algunas de las cuales, como hemos visto, o son propias de un cen-tro cultural, o de un centro de estudios o, unas pocas, de un tecnopolo, pueden hacer disminuir sus posibilidades de sostenibilidad en el tiempo. Existe un colectivo que ha asumido el peso económico y humano que implica la conservación del patrimonio, la difusión cultural y la educación técnica, lo que debe destacarse. Sin embargo, ¿quién asegura que los actuales cuadros dirigentes estarán siempre disponibles para sobrellevar con imaginación, sacrificio personal o buenos contactos esta pesada car-ga de naturaleza pública?

Sin tener que renunciar a sus fines institucionales, por el bienes-tar futuro del proyecto, el centro podría concentrar la especialización en áreas más acotadas y por esta vía conseguir ingresos estables mediante el pago de servicios, la captación de subsidios públicos o la derivación de aportes privados bajo el concepto de responsabilidad social. En efec-to, como hemos hecho ver en párrafos anteriores, los servicios públicos que se ofrecen, por su naturaleza y según la constatación que hemos hecho en terreno, no dejan ingresos para la ejecución de obras para la conservación y manutención del centro ni para solventar los gastos de administración. Alrededor de tres cuartas partes de su presupuesto (2004)

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provino de financiamiento vía proyectos adjudicados, lo que indica que la administración del centro se debe acomodar a los ingresos que se obtie-nen cada año.

El Centro El Almendral no está dispuesto a que la empresa privada asuma un rol más protagónico que el que tiene por el temor a desvirtuar su misión. Sin embargo, sería conveniente distinguir cuáles empresas (por su giro, sus propósitos, sus componentes, etc.) amenazan más y cuáles (por las mismas razones) amenazan menos los propósitos corporativos.

c. Evaluación económica y social

El bien que alberga al Centro El Almendral, en tanto inmueble declarado monumento nacional y no prescindible para su propietario, por ahora a lo menos, genera rentas por medio de los servicios asociados al uso del bien; el bien en sí mismo, simplemente, no se vende al público. En este caso, puntualmente, la gestión realizada por la ONG gestora ha logrado dar sus-tento a un proyecto cultural de difícil inserción en el mercado, generando una consistente oferta de servicios.

La estrategia que confiere al proyecto la mayor estabilidad financie-ra consiste en la postulación de proyectos de desarrollo local —elabora-dos por sus competentes profesionales—, lo cual no se aparta de la senda tomada por la mayoría de los gestores culturales. Las limitaciones de esta estrategia, por su parte, ya han sido analizadas más atrás.

Ahora bien. Uno de los aspectos de mayor relevancia de este pro-yecto radica en la positiva repercusión que ha provocado en el entorno paisajístico del bien, así como en la vida y economía de sus habitantes. Si bien este tipo de beneficios, por su carácter inmaterial, no son fácilmen-te cuantificables, la visibilidad pública de la localidad rural, el embelleci-miento general y la instalación de iniciativas económicas, como la feria u otros negocios establecidos, pueden dar perfectamente cuenta de la alta importancia de este proyecto.

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Bibliografia

Nardocci, I 2002 El convento de El Almendral de San Felipe, transcripción y presentación

de Fr. Rigoberto Iturriaga. Archivo Franciscano Nº 75.Consejo Nacional de Monumentos Nacionales www.monumentos.cl/monumento php?monumento_id=10060Waisberg, M

1992 La arquitectura religiosa de Valparaíso. Siglo XVI-Siglo XIX. 2ª Edición, Universidad de Valparaíso, Investigación Fondecyt

Neest 2002 Corporación CIEM ACONCAGUA. Procurando la misión institucional con

el autofinanciamiento. Serie de casos NEEST Nº5.

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El Centro Español de Concepción


1. Descripción básica del Centro Español de Concepción

a. Concepción antes de la migración

La historia de la ciudad de Concepción (Chile) —fundada en 1550 por el con-quistador Pedro de Valdivia— está marcada por su carácter militar. Concepción fue durante la colonia la capital militar de la Capitanía y ciudad fronteriza de los territorios incorporados a la Corona española y luego a la joven república. La frontera geográfica la constituía el río Bío- Bío. Hacia el sur se encontraban los territorios controlados por las poblaciones mapuches. El avance colonizador —estratégicamente dispuesto con la fundación de ciudades y la implemen-tación del sistema político y cultural colonial— se detuvo en el Bío- Bío por la resistencia militar de las poblaciones indígenas y sólo se retomaba, si pensamos de norte a sur, en las pequeñas poblaciones de Valdivia y Chiloé. La sublevación indígena comenzó con la sorpresa de Curalaba en 1598 y concluyó con la des-trucción de todas las ciudades al sur del Bío-Bío. Este acontecimiento marcó el comienzo de lo que se llamará la Guerra de Arauco, la que por prácticamente tres siglos impidió que la capitanía de Chile se extendiera más allá de Concep-ción, con las excepciones señaladas de Valdivia y Chiloé. Sergio Villalobos (1974, p. 143) explica la infranqueable frontera por la impotencia de las armas espa-ñolas: “la dispersión de las escasas fuerzas españolas en ciudades y fuertes de vida precaria, rodeados de densa población india, había sido un pésimo plan estratégico. Mientras no hubiese recursos de milicia y colonización suficientes, era necesario conformarse con reducir la dominación hasta los márgenes del Bío-Bío”.

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Como ha rescatado la historiografía, el marcado acento militar de la fron-tera fue progresivamente conviviendo con la actividad civil y comercial, la que parecía conformarse con la convivencia forzada. En los territorios mapuches no había administración de la Corona, sino solamente una burocracia fronteriza que vivía en reparticiones indígenas y vigilaba su comportamiento. A la época, los mapuches realizaron una importante actividad productiva, principalmente del rubro ganadero, que se daba forma a través de una cadena productiva que se iniciaba en el arreo de animales desde la Argentina, que luego pasaba por el intercambio en la frontera e, incluso, llegaba hasta la fabricación de charqui que enfardaban y enviaban por Concepción, Tomé y otros puertos con direc-ción al norte del país o que vendían para apertrechar los buques que iban en la conquista de los mares del Pacífico Sur. Como señala José Bengoa (1999, p. 39), “los araucanos de esos años se encontraban integrados al mercado mundial de producción de alimentos. Tenían sistemas productivos, sus mercados, comer-ciaban, y entendían perfectamente de precios, pesos y medidas”, en definitiva, concluye Bengoa, los mapuches “contribuyeron a la apertura de las rutas del Pacífico que no existiendo aún el Canal de Panamá, se realizó por el Cabo de Hornos”.

Las localidades de Concepción y Chillán eran, en 1860 y 1870, dos pueblos pequeños. Había haciendas y fundos en los alrededores que capturaban mano de obra campesina mestiza bajo el control de agricultores de origen criollo. Concepción fue considerado el segundo más importante asentamiento colo-nial, después de Santiago, que hacía las veces de centro de la capitanía.

La vida fronteriza de Concepción comenzaba a llegar a su fin a partir de mediados del siglo XIX, cuando Cornelio Saavedra diseñó e implementó el plan de apropiación de las tierras mapuches a partir de 1866. En la hipótesis de José Bengoa (1999), la suerte del pueblo mapuche estaba echada cuando sufre un “estrangulamiento” entre la economía agraria del norte de Chile —que a la época se consolidaba y buscaba nuevas tierras para su expansión— y la colonización alemana del sur, concretamente de la Provincia de Valdivia, desde donde comenzaban a irradiarse los signos del “progreso” y la modernización. Al ejército chileno victorioso de la guerra del Pacífico le correspondió la tarea de terminar anexando la Araucanía al estado chileno.

b. La migración española en la Provincia de Concepción

La inestabilidad política de la región del Bío-Bío hizo que esta zona fuera parti-cularmente poco propicia para la expansión de la economía capitalista indus-

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trial que caracterizará a la ciudad durante el siglo XX. Sólo hacia la década de 1840 comenzaron tímidamente a aparecer las primeras actividades de este tipo: primero, la molinería de trigo en el área costera norte, con centro en el puerto de Tomé; y luego la minería del carbón, que dio origen a los poblados mineros de Lota y Coronel. Leonardo Mazzei (1994) sostiene que en estas iniciativas mo-linera y minera estuvieron a la base de la posterior pujanza económica de Con-cepción a lo largo del siglo XX, con sus industrias de procesado de alimentos, la producción de hierro y acero, las refinerías de petróleo, los aserraderos y las fábricas de productos químicos, papel, vidrio, además de producir, en la época actual, energía hidroeléctrica en el río Bío-Bío.

A la par de la implementación de la economía industrial, Concepción fue recibiendo progresivamente una cada vez mayor afluencia de extranjeros dedicados a las actividades industriales y mercantiles. La población migrante de origen español fue relativamente más tardía que las restantes migraciones europeas, no solamente en Concepción sino que en todo Chile, como conse-cuencia del bombardeo de Valparaíso ocurrido en 1865 y el clima antihispano que éste provocó en la población local (Estrada 1994; Mazzei,1994). Solamente desde 1895 los españoles pasaron a constituirse en el grupo europeo más nu-meroso de la provincia penquista.

Concepción no siguió una pauta migratoria muy diversa a la del resto del país. Baldomero Estrada (1994) caracteriza la migración europea y, en especial, la española en un breve artículo que resumimos a continuación:

i. La inmigración de europeos en Chile no tuvo las dimensiones masivas que presentó el fenómeno en otros países del continente americano. Según una publicación especializada citada por Estrada, para el período 1851-1924, la distribución de europeos en América Latina llegó a repre-sentar en Argentina el 46% de la población del país; el 33% en Brasil; el 14% en Cuba; el 4% en Uruguay; el 3% en México; mientras que en Chile sólo alcanzó un 0,5 %. En el mejor de los casos, los extranjeros llegaron a representar el 4,1 % del total de la población del país hacia 1907. Desde 1930 comenzó un proceso de estancamiento de la inmigración foránea y luego de paulatina declinación.

ii. La mayor parte de los migrantes europeos (a pesar de provenir, en el caso español, de zonas rurales) se concentró en las ciudades, incorporándose especialmente a las actividades comerciales e industriales. Según el autor, se trató de una migración selectiva en el sentido que fue conformada por individuos que buscaban desarrollarse en forma independiente ocupan-do espacios nuevos que el proceso de urbanización chileno iba creando

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y que no resultaban atractivos o posibles para los nativos. iii. Dentro del fenómeno migratorio es también importante tener en cuenta

el proceso de regreso a la patria que puede estimarse como moderado. Los índices más optimistas bordean el 50%.

iv. Los migrantes en Chile se instalaron muy rápidamente en los sectores pri-vilegiados de la estructura social en función de lo cual prefieren instalarse más en las ciudades que en las zonas rurales; desarrollaron actividades in-dependientes y bien retribuidas económicamente; y optaron por uniones matrimoniales ya sea endogámicas (étnicamente hablando)1, o bien, con cónyuges nativas pertenecientes a la burguesía local.

v. El incremento de la población migrante se relaciona directamente con el mayor impulso dado al fenómeno social por el estado chileno. Hasta 1880 el Estado había estimulado poco la inmigración, la cual se desarrolló de manera espontánea; en cambio, entre 1882 y 1910, la inmigración fue organizada oficialmente llevando aparejado un importante incremento; el ingreso de inmigrantes posteriores a 1910 se produjo a través de las “cadenas migratorias”; alrededor de 1920 encontramos el mayor número de inmigrantes año, a partir del cual comienza un estancamiento y poste-riormente declinación de la inmigración de origen europeo.

Las poblaciones europeas más numerosas del país se distribuían en el período 1865-1982 de acuerdo al siguiente cuadro (expresados en miles de personas)2:

Fuente: Baldomero Estrada, (1994).

En el siguiente cuadro veremos la evaluación del número de la población migrante española en la provincia de Concepción entre 1864 y 1970:

1 Respecto a los matrimonios de migrantes españoles celebrados en Concepción entre 1887-1960, el 27,9% eran de parejas en que ambos compartían el mismo origen hispano; y en Talcahuano, en idéntico período, el 20,5%.

2 Véase también detalle hasta 1920, en Baldomero Estada. (1994).

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Fuente: Leonardo Mazzei, (1994).

c. La asociatividad española en Concepción

La asociatividad de la colonia española residente en Concepción comenzó a operar como una suerte de sociedad de socorros mutuos que proporciona-ba una plataforma para la ayuda a socios enfermos que no podían costear los gastos de su curación o, en caso de desenlace fatal, los gastos de última enfer-medad, de entierro y de sobrevivencia de los parientes del difunto3. Con estas funciones nació, en 1886, la Sociedad Española de Beneficencia de Concep-ción. Leonardo Mazzei nos comenta que desde sus orígenes los españoles eran reticentes a participar en este tipo de organizaciones que subsistían gracias al empuje y compromiso de algunos pocos socios y dirigentes.

En 1891, se fundó una segunda institución asociativa de migrantes españo-les en Concepción, conocida como el Orfeón Español, que canalizó las inquietu-des artísticas de la colectividad y dio realce a las actividades de conmemoración del IV Centenario del descubrimiento europeo de América. La participación en los eventos conmemorativos de acontecimientos “hispánicos” en América, como lo hizo el Orfeón, se transformó desde esos años en una actividad central de las instituciones españolas en Concepción. El Centro Español organizó, por ejemplo, las ceremonias de conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Concepción, ocasión en la cual la colectividad hispana donó la estatua de Pedro de Valdivia que se colocó en el eje de la calle Barros Arana y Arturo Prat, frente a la estación de Ferrocarriles, y que luego se trasladó a la misma Plaza Independencia. El orfeón es considerado por estudiosos y por el propio Centro Español de Concepción como el hito fundacional de la corporación, la que pasó a llamarse como tal en 1896 (Mazzei, 1994; Bordegaray, 1992).

Sin embargo, la principal motivación de los fundadores del Centro Español por crear este centro social guardaba relación con una necesidad de compensar, de algu-

3 Igual fenómeno se observa en Antofagasta (Panadés y Ovalle, 1994) y Santiago (Norambue-na, 1994).

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na forma, la lejanía con el país de origen. En palabras del actual presidente del Centro Español, la institución fue obra “de un grupo de españoles visionarios, amantes de España y de sus tradiciones, deseosos de recrear un trozo de la patria lejana y del gusto de la patria lejana y del gusto por el arte y el canto” (Bordegaray, 1992, p. 9).

En suma, este centro de colonia —como otros del país— pretendieron en sus inicios reproducir en el país de acogida el ambiente cultural de la sociedad de origen: juegos, eventos artísticos, cocina, competencias deportivas, etc. Para este propósito, los españoles organizaron un centro social con espacios físicos significativos por sus construcciones y cómodos para su acceso, que siguió una pauta general del país, pues se reprodujo en los centros sociales hispánicos de Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción y Magallanes.

El desarrollo posterior del centro penquista también está dentro de la pauta general de evolución de este tipo de entidades en el país. El número de españoles originarios fue disminuyendo con el tiempo en la medida que éstos fueron enve-jeciendo, enfermando o muriendo. Este dato demográfico obligó a los centros de colonia a flexibilizar constantemente los requisitos de ingreso, especialmente relati-vos a la nacionalidad. Por lo mismo, la reproducción de la cultura del país de origen se hizo cada vez más dificultosa y menos consistente con la cultura contemporánea de España4. Muchas actividades típicas fueron desapareciendo por ausencia de cul-tores y, progresivamente, se fortalecieron los servicios más funcionales a los requeri-mientos de los nuevos socios. En fin, con los años operó un cambio de giro del Cen-tro Español en el sentido que las actividades de difusión del país de origen —que sigue siendo una referencia identitaria para las nuevas generaciones— comenzaron a tomar el lugar de las actividades originales de socialización de los migrantes.

d. El bien que alberga al Centro Español de Concepción

La sede del club se encuentra ubicada en plena Plaza Independencia de la ciudad de Concepción, denominada de esta forma luego que en ella se suscribiera la declaración de independencia de Chile frente a la Corona española. En nomen-clatura colonial, corresponde a su Plaza de Armas. El emplazamiento de esta plaza data de la segunda mitad del siglo XVIII y venía acompañado de un proceso de desplazamiento completo de la ciudad de Concepción, tras un violento terremo-to, desde el lugar de su fundación en Penco actual, a la ribera del río Bío-Bío.

La ubicación del Centro Español es privilegiada; corresponde a la calle

4 Esto explica, en nuestra opinión, el escaso interés detectado en los migrantes españoles lle-gados últimamente a Concepción por integrarse al centro social.

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Barros Arana, considerada la más activa de la ciudad en comercio, entre las ca-lles Castellón y Caupolicán. Es algo así como el corazón social y comercial del Concepción. El lugar sigue con una notable actividad comercial que no se ha afectado de manera importante —como ha sucedido en otras ciudades chile-nas— por la construcción del Mall Comercial en “Las Lomas de San Andrés”.

Se trata de una edificación de cuatro pisos más un sótano, éste último de una superficie de 516 metros cuadrados. Ha sido remodelado a lo largo del último tiempo, tanto la decoración de sus salones como también la construcción de más pisos. El primer piso tiene una superficie de 1.699 metros cuadrados, de los cuales una parte corresponde a los edificios originales de comienzos del siglo veinte que sobrevivió al gran terremoto de 1939. En este piso se encuentra una galería comer-cial donde se ubican tres locales que son arrendados a negocios refinados, como jo-yería. Los tres pisos superiores tienen una menor extensión, totalizando el conjunto de las construcciones un poco más de tres mil metros edificados. El segundo nivel es ocupado por los comedores y bares cuya gestión está a cargo de una empresa concesionaria. En el segundo y el tercer nivel se encuentran los salones destinados a la realización de diversos eventos y las actividades sociales internas de club social. El último nivel es utilizado para labores administrativas del centro y el consulado.

La época de construcción del edificio, con la excepción de parte del pri-mer piso, es justo posterior al terremoto de 1945. No podemos decir que se trate de una construcción de un valor histórico equivalente a la arquitectura colonial de La Serena o Santiago, o a la arquitectura decimonónica del puerto de Valpa-raíso. Pero en el contexto de la ciudad de Concepción, cuyos desastres naturales y la confrontación fronteriza la dejaron sin vestigios urbanos pretéritos, este edi-ficio tiene méritos para procurar su conservación en el tiempo.

El diseño de la fachada del edificio simula el de un fuerte militar español, lo que es significativo en la ciudad fronteriza de Concepción. El acceso al lugar se hace a través de una galería compuesta por varios locales comerciales, todos de propiedad del Centro Español. A veinte metros de la entrada a la galería se encuentra la escalera o el ascensor que conduce a los pisos superiores del edifi-cio donde se ubica el Centro Español.


El bien objeto de nuestro estudio ha sido utilizado como club social por la colonia mi-grante española residente en la provincia de Concepción. En este espacio se ha desa-rrollado un conjunto de actividades sociales y culturales relacionadas con la cultura de origen de sus socios. Con el tiempo, como hemos visto, el centro se ha abierto a perso-

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nas menos afectadas con una identidad hispánica (en especial descendientes de los mi-grantes españoles de la provincia), por lo cual las actividades hispánicas originarias han cedido el lugar en favor de actividades sociales progresivamente más “chilenizadas”.

En el año del presente estudio (2005), el Centro Español concentraba su accionar en tres ejes de desarrollo, desde los cuales se desprenden sus corres-pondientes ofertas de servicios y productos:

i. La beneficencia social, que consiste en prestar apoyo solidario a los so-cios en situación económica difícil, producto de enfermedad o viudez u otras circunstancias de la vida. Dado que los socios en necesidad fueron disminuyendo con el pasar de los años, esta actividad se ha reorientado, para apoyar económicamente a terceras instituciones que desarrollan ac-tividades de beneficencia con grupos desfavorecidos de la provincia.

ii. La sociabilidad, por la que se prestan servicios orientados a brindar espa-cios a los socios para la práctica de juegos de salón, deportes como ping-pong, biblioteca y hemeroteca, servicios de bar y, de manera destacada, la gastronomía que está abierta a todo público.

iii. La difusión cultural, potenciada durante los últimos años mediante la realiza-ción de actividades culturales y artísticas, en especial, vinculadas a las tradicio-nes culturales hispánicas, además de eventos, cursos, talleres, exposiciones o seminarios.

Veamos cada una de estas áreas de desarrollo, deteniéndonos en cada ac-tividad, las que ordenaremos según la mayor o menor proximidad de éstas a la misión del club social (oferta de uso directo u oferta de uso para rentabilización, respectivamente). Las primeras corresponden a servicios que el centro desarro-lla como parte de su misión y, por lo mismo, tanto la infraestructura y equipa-miento como un presupuesto están a su disposición. Las segundas se alejan de su misión fundamental, pero contribuyen al financiamiento del centro.

a. Oferta de uso directo del bien

i. Actividades que se realizan exclusivamente para los socios brindando espacios para práctica de juegos de salón y deportes, así como condicionando la biblio-teca y hemeroteca. A cambio de estos servicios exclusivos, cada socio paga una mensualidad por membresía5 (al 2005, de aproximadamente $30.000).

5 Es decir, pago por una recompensa simbólica de pertenecer a un club social exclusivo y no tan sólo por la retribución asociada directamente a los servicios que el centro presta.

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ii. Eventos sociales, tales como bingos, comidas bailables, actividades para niños, etc. El socio paga por estas actividades extraordinarias, aunque ob-tiene descuento por su membresía por el uso del restaurante y bar o los servicios del Club Español de Campo.

iii. Difusión de expresiones académicas, culturales y artísticas, especialmente de la cultura hispana abiertas para la comunidad penquista. Estas se reali-zan a lo largo de todo el año, muchas veces en colaboración con las uni-versidades de la zona. Estos eventos tienen un buen público, compuesto, sobre todo, por jóvenes, lo que en parte puede ser explicado porque están liberados de pago de entrada.

iv. Sede del Consulado Honorario de España en Concepción.

b. Oferta asociada a las rentas del bien

i. La oferta gastronómica de restaurante y bar, servicio cuyo manejo está externalizado en una empresa familiar, la que gestiona el servicio sin otra contraprestación que otorgar a los socios precios preferentes. Este servi-cio, en un comienzo, se caracterizaba por ofrecer comida típica española, pero, con el andar del tiempo, se ha flexibilizado la oferta gastronómica. La empresa familiar amplía los servicios gastronómicos atendiendo los eventos sociales, culturales y académicos que se desarrollan en el centro.

ii. La oferta de arrendamiento de la infraestructura y equipamiento para even-tos sociales, tales como cumpleaños, matrimonios, licenciaturas, fiestas de graduación, etc. Para los socios existen tarifas preferentes sumamente venta-josas. Ellas cubren, a lo más, los gastos operacionales.

iii. La oferta de arrendamiento de tres locales comerciales ubicados en la planta baja del edificio corporativo. En los años noventa, el centro contra-jo créditos para poder habilitar estos locales comerciales de lujo que se dan en arrendamiento a precios de mercado. Esta oferta es la clave para entender la bonanza económica del club y las excelentes inversiones en el mantenimiento del edificio.

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3. Manejo administrativo y operacional

a. Organización

El funcionamiento del centro se caracteriza por su estructura jerárquica: el dina-mismo y la mayor parte de las decisiones corporativas recaen en su presiden-te. El directorio —compuesto por nueve miembros que se reúnen una vez al mes— se ocupa de la orientación y marcha de la organización, y le corresponde aprobar una serie de decisiones en función de las propuestas del presidente y de su equipo técnico-administrativo. Este último grupo está compuesto por los profesionales que tienen a su cargo tareas directas en la gestión (el contador y la relacionadora pública) y por los miembros del directorio que presiden los departamentos (cultura, social, damas, arriendos, entre otros). Presupuestaria-mente hablando, los departamentos dependen de la dirección del club.

Por último, se encuentran los socios, los que, en el año 2006, se componían de dieciocho socios “honorarios”, veintiocho socios “privilegiados”, trescientos catorce socios “activos” y diez socios “cooperadores”, todos los cuales participan contribuyendo con sus cuotas sociales al financiamiento de la organización, uti-lizando la infraestructura corporativa, asistiendo a las actividades sociales y, cada dos años, eligiendo a sus directivos.

La organización descansa en cuatro tipos de operadores: un grupo de volun-tariado (directores y de los encargados de departamentos o áreas); un grupo de pro-fesionales y administrativos del área técnica- administrativa remunerados; un grupo de trabajadores a honorarios; y en otro grupo de trabajadores que se encuentran vinculados al centro por contrato de trabajo (los operarios no profesionales).

b. Financiamiento

El Centro Español de Concepción no tiene problemas de financiamiento. El 90% de sus ingresos proviene del arriendo de los tres locales comerciales ubicados en la galería de acceso al centro (131 millones de pesos el año 2003). El 10% restante, proviene de las cuotas sociales (Centro Español de Concepción, 2006). Estos ingresos le han permitido al centro contar con una organización estable y un plan de inversiones en el inmueble verdaderamente destacable.

Las restantes fuentes de ingresos no representan flujos significativos de dinero: el “borderó” que paga la empresa concesionaria por el arriendo de sus salones o comedores para eventos particulares que atiende el servicio gastro-nómico. Los valores por concepto de uso de las instalaciones del centro no son fijados sobre la base de un tarifado estándar.

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4. Modelo de negocio, agentes participantes, usuarios y mercados involucrados a. Modelo de negocio

El modelo de negocio guarda estrecha relación con la misión institucional del Centro Español de Concepción, cual es crear y mantener un club de colonia que difunda la cultura hispánica en la provincia, brinde apoyo benéfico a sus socios (y por extensión a las personas necesitadas de la provincia) y que organi-ce ciertos servicios relacionados con la sociabilidad de los socios. Sin embargo, estas últimas actividades pierden terreno respecto a actividades de difusión de la cultura hispánica que se vienen realizando en el último tiempo a lo largo de todo el año. Bajo la condición que las actividades desarrolladas sean gratuitas, el Centro Español de Concepción cede sin costo a otros agentes el uso de su infraestructura de salones y equipamiento.

Para reforzar su carácter de colonia, el centro se relaciona en estrecha co-municación con la representación diplomática española en Chile y en especial en Concepción. De hecho, el Consulado Honorario de España en Concepción funciona dentro de sus instalaciones en virtud de un comodato. Por otra par-te, el centro está conectado con la red de instituciones hispánicas de Chile y con otras instituciones de colonia penquistas, como es el Estadio Español de Chiguayante, el Deportivo Español, la Sociedad de Beneficencia Española y el Círculo de profesionales hispanos. Los intercambios de recursos, directivos y es-pacios entre estas instituciones demuestran que existen entre ellas relaciones estrechas.

Como no posee problemas de financiamiento, gracias a las rentas men-suales provenientes del arriendo de locales comerciales, el centro cuenta con un programa de actividades permanentes y una planificación presupuestaria que la hacen destacarse respecto a otras instituciones de su misma naturaleza. Sin embargo, las actividades permanentes y reconocidas por la comunidad pen-quista son reducidas, destacándose entre ellas la celebración del 12 de octubre. En la práctica, la mayoría de las actividades culturales y sociales se programan en forma puntual.


La responsabilidad de hacer funcionar el centro recae, finalmente, en un grupo pequeño de socios bajo el liderazgo del presidente y un equipo integrado por un contador, una relacionadora pública y un grupo de alrededor de una dece-

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na de auxiliares. El directorio se limita a aprobar decisiones relacionadas con el manejo institucional y los socios tienen un rol menor en la gestión. Se cuenta con una empresa familiar que se encarga del servicio gastronómico de restau-rante y la atención de eventos sociales y culturales, los que son previamente autorizados por el presidente. Más lejana a la gestión del centro, se encuentra el consulado español que ocupa la infraestructura y recursos del centro sin costo, lo que, ciertamente, favorece el fortalecimiento de las relaciones corporativas y España, así como también del centro y la comunidad hispana penquista.

Entre los usuarios del centro mencionaremos, en primer lugar, a los socios, quienes participan en eventos emblemáticos y acceden a los servicios ofrecidos por éste. Advertimos, sin embargo, que las visitas de los socios son esporádicas, lo que explica por qué las instalaciones del club rara vez se ocupan plenamen-te. Por su parte, los personeros públicos participan en forma activa en eventos corporativos, como las fiestas conmemorativas de la colonización española. In-tendente, alcaldesa, diputados o senadores, así como otros jefes de servicio, uti-lizan sin costo los espacios corporativos para desarrollar sus actividades6. Otros importantes usuarios del Centro Español corresponden a las universidades de la zona con las que se ha podido desarrollar actividades culturales conjuntas. Por último se encuentra la comunidad penquista que asiste a manifestaciones culturales o expresiones artísticas de sello hispánico.

c. Mercados

En primer término, nos encontramos con el mercado de los socios, cuyas nece-sidades han ido variando en el tiempo. En sus orígenes existió un uso masivo de este inmueble como lugar de sociabilidad, de donde proviene su prestigio en la ciudad; pero la participación regular ha ido decayendo en favor de la realización de eventos sociales, culturales o académicos que no favorecen una fidelización entre los usuarios, especialmente de mujeres y jóvenes.

La comunidad penquista, en este caso compuesta predominantemente por jóvenes de ambos sexos, manifiesta buen interés por las actividades cultu-rales y artísticas programadas en el centro social7. Según los informantes con-sultados, a estas actividades asisten, en promedio, trescientas personas, entre

6 Como dato ilustrativo de las relaciones estrechas del centro con las autoridades políticas, se cuenta el hecho que durante el régimen militar el centro toleró que sus autoridades fueran designadas por los militares.

7 No se cuenta con datos estadísticos acerca de los asistentes a las actividades culturales.

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las que se encuentran algunos adultos y sólo una pequeña parte corresponde a los socios.

Finalmente, un público general constante es atendido en el restauran-te del club durante los días de semana, en especial en horario de almuerzo. Este grupo está compuesto, en su mayoría, por profesionales y empleados que trabajan en oficinas del centro de la ciudad. Asimismo, entes públicos y privados realizan eventos sociales tales como matrimonio, seminarios, charlas, reuniones, etc. Destacamos que este mercado no es buscado por la concesio-naria: acceden por el prestigio de la infraestructura del centro y su ubicación privilegiada.


La restauración y habilitación del edificio corporativo llevado a cabo en los úl-timos lustros, ha sido, seguramente, el proyecto más importante del centro y el de mayor impacto en la ciudad. Con todo, las inversiones no han significado un mayor uso de las instalaciones, lo que nos hace pensar que este proyecto fue un objetivo en sí mismo, el que no estuvo asociado a una deliberación y acuerdo previos respecto a cómo maximizar su uso.

El plan de manejo del centro se enfoca, principalmente, en dos líneas estratégicas; la primera, que es acercar a los socios —desde hace varios años esquivos a concurrir al lugar—, ajustando los servicios a sus intereses. La partici-pación se alienta a través de la aplicación de instrumentos como la encuesta, sin que se haya sistemáticamente explorado otras vías dinamizadoras; la segunda, que está relacionada con el conjunto de actividades de difusión cultural, en especial de la cultura hispánica, que realiza directamente o en conjunto con dis-tintas instituciones. La prevalencia de esta última línea de actividades se acen-tuó durante los años noventa con el término de las actividades del Instituto de Cultura Hispánica que funcionaba al alero del mismo centro. La desaparición de este instituto corresponde a un síntoma de la fragilidad de la demanda por organizaciones de colonia.

Estas dos áreas de manejo no poseen una planificación estratégica que impon-ga una cierta racionalidad a la hora de definir metas y dar cuenta de avances. Se opera, más bien, en un horizonte de tiempo acotado y alrededor de la ocurrencia de eventos. Por lo mismo, los departamentos —que en teoría corresponden a la instancia de la participación de los socios— funcionan sin objetivos ni metas precisas. Claramente, un factor que potencia esta forma de trabajo es la holgada situación financiera, la que les brinda un aliciente a la hora de evaluar los resultados corporativos.

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Ayudado seguramente por el reforzamiento inconsciente del hispanismo en esta zona fronteriza con el mundo mapuche, el Centro Español se ha posesio-nado de un lugar emblemático de sociabilidad de los emprendedores penquistas desde tiempos de su fundación con un éxito8 comparable con el vecino Club Concepción. Sin embargo, por motivos que ya se han analizado en este mismo texto, el centro no logra capturar una mayor participación de sus socios.

Durante los últimos años, en algo se ha mitigado la baja participación gra-cias a la práctica de abrir la infraestructura a todos las agentes de Concepción. No han cesado las buenas relaciones con las entidades públicas de Concepción que ocupan el centro en eventos, a lo que se suma la incorporación dentro de sus instalaciones del Consulado de España, ratificando la idea y estrategia del directorio en poder posicionarse en niveles institucionales.

a. Empresa privada

El centro no recibe ningún aporte monetario de la empresa privada, por con-cepto de auspicio, patrocinio u otro. La relación que existe entre estos dos agen-tes no pasa más allá de la utilización de los espacios del centro para algunas ac-tividades como seminarios, charlas, o comedores. Las universidades, en cambio, tienen una relación más estrecha con el centro, lo que ha beneficiado a este último en el sentido que le ha acercado a la comunidad penquista en general y a los segmentos más distantes como lo son los jóvenes.


El principal grupo identitario corresponde al de los migrantes españoles que fueron los socios fundadores. Por motivos demográficos, este segmento pierde importancia a lo largo el tiempo y es progresivamente reemplazado por sus descendientes, a quienes el centro desea incentivar su participación a partir de sus motivaciones actuales. Existe un grupo de profesionales de origen hispano que trabajan en el centro como núcleo profesional, quienes, además, proveen integrantes de la directiva y encargados de departamentos.

8 Desde aquí se han liderado las celebridades hispánicas de gran impacto en la ciudad, y a pro-pósito de los 500 años de la Conquista realizaron un concurso, apoyado por la Universidad de Concepción, para idear un nuevo logo para el Centro Español que pusiera en evidencia el encuentro araucano-español; en fin, los eventos de difusión de la cultura hispánica animan su vocación cultural.

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c. Comunidad penquista

El servicio gastronómico y las actividades culturales y académicas del centro logran atraer un número relevante de miembros de la comunidad penquista. La fidelidad de este público retroalimenta unos de sus objetivos centrales de la ins-titución, cual es difundir la cultura hispana de la cual se sienten sus portadores.

Además, la presencia del centro en la ciudad se expresa en la organización de eventos conmemorativos de la presencia española en la región, que captan la atención de la prensa y las autoridades. Además, el centro brinda apoyo a di-versas instituciones de beneficencia a través de aportes monetarios o en espe-cies (hogares de niños y ancianos), la mayoría de nominación católica, así como otros grupos carenciados, como por ejemplo, a un grupo de jóvenes mapuches que estudian en Temuco.

d. Estado

En otros momentos hemos insistido en las excelentes relaciones que la corpo-ración tiene con el poder político de la zona. El Estado, a través de sus institu-ciones regionales, mantiene relaciones de cooperación y participación en las actividades del centro, a cambio de beneficiarse por el uso gratuito de espacios para realizar ciertas actividades.


Potenciado gracias a la contratación de una profesional del área de las comuni-caciones, el centro aprovecha satisfactoriamente los medios de comunicación como la radio y la prensa escrita, en especial con el fin de difundir a la comuni-dad las actividades culturales.

Por otra parte, la revista Hispano al día es la encargada de comunicar a los socios las actividades sociales, culturales y académicas. Se les informa, además, por medio de atriles informativos colocados en la planta baja del edificio institu-cional, que también informan al público que transita por las galerías.

f. Mecanismos de toma de decisiones y resolución de controversias

Los mecanismos de toma de decisión están centralizados en el presidente y su equipo asesor. En temas estratégicos, el directorio del centro delibera y decide.

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g. Financiamiento y distribución de beneficios

Al ser el centro una organización sin fines de lucro, no existe distribución de uti-lidades, lo que lleva a que los recursos se reinviertan en el mismo centro social o en otras instituciones hispánicas.

6. Análisis final

a. Dinamizadores

La ubicación del Centro Español es excelente, pues se encuentra en el cora-zón social y comercial de Concepción. Por sus grandes dimensiones, su buen estado de conservación y su significado social para la zona penquista, el club reviste las características de un ícono de la ciudad de enorme reconocimiento en los estratos sociales acomodados. La galería comercial guarda una continui-dad simbólica con el club y asegura una base económica muy estimulante para organizar su futuro. La presencia social y política se refuerza por su impronta hispánica que está doblemente reforzada con la representación diplomática española en Concepción y la extraordinaria conexión del centro con la red de instituciones hispánicas de Chile y de la provincia, como es el Estadio Español de Chiguayante, el Deportivo Español, la Sociedad de Beneficencia Española y el Círculo de profesionales hispanos.

El modelo de negocio en tanto club social es un factor positivo, en la medida que ofrece un servicio que, además de ser fiel a una tradición inmigrante de origen hispánico, brindando servicios tendientes a facilitar la sociabilidad de los socios, lo-gra atraer a nuevos públicos gracias a la introducción de manifestaciones culturales gratuitas a lo largo de todo el año y la continuidad del servicio de bar y restaurante, en especial en horario de almuerzo. No existe ningún motivo para pensar en una de-clinación de los centros sociales, considerando que la vida moderna sigue valorando el disfrute del tiempo libre, más aún tratándose de adultos mayores. Dada la realidad demográfica de la migración hacia Chile y la provincia de Concepción, es preciso que los clubes de colonia no limiten su accionar a la comunidad de pertenencia.

b. Inhibidores

Si bien es cierto el Centro Español de Concepción no tiene problemas de fi-nanciamiento, es importante tomar con cuidado el hecho de que su bonanza proviene del arriendo de los tres locales comerciales ubicados en la galería de

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acceso al centro. Efectivamente, han podido iniciar un colosal trabajo de res-tauración y habilitación del edificio corporativo; sin embargo, las inversiones no han significado un mayor uso de los espacios y, por lo mismo, su rentabilidad económica y social está bajo sus potencialidades.

Por otra parte, la discreta participación de los socios en la gestión del centro contribuye a la subutilización del club social. Como la responsabilidad de hacer funcionar el centro recae, finalmente, en un eficiente pero reducido grupo de per-sonas, los socios pueden descansar en ellos y, consecuencialmente, comprome-terse menos con su suerte. Desde nuestro punto de vista, la dirección monolítica puede, en definitiva, disminuir o anular las posibilidades de innovación a nivel es-tratégico que tienen negocios de este tipo. Por ejemplo, llama la atención que no se hayan explorado alternativas de colaboración con empresas controladas por consorcios de capitales españoles, como Endesa o la Compañía de Teléfonos, tal como en otras épocas se hizo con empresas familiares de migrantes españoles.

c. Evaluación socio-económica

El Centro Español de Concepción representa un hito urbano dado su inmejorable emplazamiento en la ciudad. Por lo mismo, la actividad en su interior podría poten-cialmente ser mucho mayor. Estimamos que el giro “club social” no está condenado a desaparecer, por razones que hemos señalado en otro momento de este artículo; más bien, los centros sociales se transforman para acentuar la promoción de la cul-tura y todas las actividades que este rubro puede llegar a involucrar. Esto es lo que puede continuar pasando en Concepción. Si bien el fin con que fue creado este centro de colonia fue reunir a una comunidad española en torno a la celebración y mantenimiento de sus tradiciones y su cultura, con el paso del tiempo y los cambios demográficos del país, el centro tuvo que adoptar servicios abiertos a la comunidad, mayoritariamente enfocados a divulgación cultural y al servicio gastronómico.

El centro ha logrado financiarse durante los últimos años gracias al ingre-so de arrendamiento de la planta baja del edificio, lo que no guarda conexión directa con la misión institucional. Sin embargo, estos ingresos han permitido a la organización mantenerse en el tiempo y realizar destacadas inversiones en su inmueble. Posee una infraestructura y equipamiento que les ha permitido rea-lizar actividades hacia el exterior que se ven promisorias. A pesar de sus esfuer-zos por darse a conocer, existe, sin embargo, poca participación tanto de sus socios como de las personas por las cuales el centro se ha creado, sobre todo de las generaciones más jóvenes que no se sienten identificadas con el lugar. El mayor capital de este centro es su vinculación con la comunidad penquista, últimamente utilizado como espacio abierto al intercambio de cultura.

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El fuerte San Diego de Acapulco (México)

Leonor Adán Alfaro Francisca Poblete

1. Descripción básica del bien

a. Antecedentes históricos

El fuerte San Diego de Acapulco responde, en sus orígenes, a la necesidad de la Corona española de consolidar su control sobre el Océano Pacífico, amenazado por diversas incursiones extranjeras1. Alertados los virreinatos del Perú y México de estas amenazas, se desarrolla en sus colonias una planificación constructiva de fortificaciones defensivas. Entre las primeras iniciativas, se consignan: el plan general para la defensa de la costa del virreinato del Perú, hasta el sur de Chile, en la época del virrey Francisco de Toledo (1569-1581) (Capel, 2005); y, en el virreinato de México, por petición del virrey Conde de la Coruña al rey en 1582, la edificación de una fortaleza en el puerto de Acapulco, en reemplazo de la defensa provisio-nal existente, cuyos trabajos de construcción se inician, con dos baterías, en 1615 (Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH-, 2006).

La elección de estos puntos defensivos obedece, por lo general, a crite-rios tales como la mayor riqueza de la región o a ciertas ventajas estratégicas en relación con otros puntos, como sucede con el resguardo de puertos. Una decisión de este tipo, así como la planificación y destinación de recursos, era tomada e implementada desde Madrid o Lima, lugares que, en esta época, cen-tralizaban los asuntos concernientes a la defensa del territorio. La primera etapa

1 La incursión de Drake, en 1578, puso en evidencia la necesidad de una planificación general y un refuerzo de las fortificaciones existentes (Capel, 2005). Las posteriores expediciones in-glesas y holandesas pusieron en evidencia la precariedad defensiva de los virreinatos (INAH, 2006).

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de construcciones masivas de tipo defensivo se produce a lo largo del siglo XVI, para consolidarse en toda América entre los siglos XVII y XVIII (Guarda, 2001).

La importancia de estas construcciones defensivas reside, por una par-te, en su condición militar y en su rol como garantes del territorio español en el escenario político europeo contemporáneo; y, por otra parte, en su condición de articulador de asentamientos al interior de los virreinatos, incluyendo el so-porte de estrategias de desplazamiento de poblaciones (Capel, 2005). En rela-ción con el primer aspecto, Haufe (2001 p. 14) ha destacado la fuerte compe-tencia existente en el período colonial entre las diversas potencias europeas por el control del Pacífico: “La confrontación con la topografía del agua se convirtió en la experiencia central del Nuevo Mundo (...). Las nuevas ciudades se volvieron el más importante instrumento operativo del dominio sobre los amplios terri-torios. Una red de puertos fortificados debía asegurar las vías marítimas del Im-perio...” En cuanto a la configuración de asentamientos, el mismo autor destaca que el surgimiento de una parte significativa de las ciudades americanas estuvo estrechamente ligado a las fortificaciones de este tipo. De acuerdo con el citado autor, durante el siglo XVI, la mayor concentración poblacional se distribuye en cuatro tipos de asentamientos, a saber: los puertos-fuertes, las ciudades del interior, las poblaciones mineras en zonas montañosas y los poblados indíge-nas. En el caso de los puertos-fuertes, gracias a la seguridad que brindaban sus construcciones y equipamiento, éstos fueron cada vez más utilizados como zo-nas de descanso para la armada española, y, luego, como albergue de grupos estables y numerosos, fortaleciéndose en torno a ellos un rico intercambio co-mercial entre distintos grupos culturales.

Los trabajos de construcción del Fuerte San Diego de Acapulco comien-zan, como hemos señalado, en 1615, escogiéndose para ello una de las eleva-ciones de los cerros que rodean la bahía de Acapulco. La elección de esta zona sigue la pauta de otras fortificaciones españolas en América: el resguardo y con-trol de un punto de llegada para el comercio marítimo, en este caso, principal-mente intercambio entre Nueva España y las islas de Filipinas (INAH, 2006). Hay que destacar algunos factores que refuerzan la importancia de Acapulco: el alto valor de los productos transportados desde Asia a América por las naos chinas2, la conectividad entre Acapulco y otras regiones de México, que la convertían en

2 Grandes buques construidos por carpinteros chinos en Filipinas. Desde Acapulco, por estos navíos, se enviaban productos valiosos hacia Veracruz (plata, tabaco, chocolate, entre otros); la mercancía proveniente de Asia consistía en gran parte en manufacturas orientales de uso exclusivo de las elites locales, poseyendo un alto valor comercial y simbólico (artículos de seda y algodón, porcelana, objetos de marfil, arcones, cajoneras, entre otros) (Rueda, 1998).

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el primer centro de comercialización3 (Rueda, 1998), y la existencia en el lugar de una población estable desde 1550.

La construcción del fuerte militar estuvo a cargo del ingeniero holandés Adrián Boot4 y fue llamado San Diego en referencia al patrón católico del virrey. En sus inicios, se proyectó con cinco baluartes de variadas dimensiones y for-mas a fin de adaptarlas a la irregularidad del sitio escogido, para contener en su conjunto una guarnición de sesenta hombres, contando cada uno de cinco bastiones de sus parapetos, cortinas y terraplenes (INAH, 2006). La obra, que incluía dos plataformas para resguardo de las naos, fue finalmente terminada el 15 de abril de 1617.

Esta fue la estructura original del fuerte San Diego de Acapulco, poseedor de un carácter protagónico como hito geopolítico en la ruta comercial Asia-España-América. A las primeras familias llegadas desde Ciudad de México en 1550, fueron paulatinamente incorporándose nuevas masas de población. La influencia oriental en la cultura colonial local se debe a la capacidad que tuvo Acapulco para articular las rutas comerciales al interior del territorio, pasando su feria a constituirse, junto a la Plaza Mayor de ciudad de México, en un pun-to primordial de intercambio con destinos que iban desde Veracruz-España a centros mineros y ciudades de Oaxaca. La circulación de productos asiáticos de lujo se ve con el tiempo extendida a sectores más amplios de la población, a través del surgimiento, durante el siglo XVIII, de talleres artesanales coloniales que imitaban los nuevos diseños, incorporándolos a objetos de uso cotidiano (Rueda, 1998).

La construcción original, sin embargo, sufrió modificaciones físicas, ade-más de variaciones en sus funciones. Podemos hablar de dos grandes hitos en este sentido.

El primero se produce en respuesta tanto a la destrucción del fuerte lue-go del terremoto de abril de 1776 como al cambio de las reglas del juego del intercambio comercial. A causa de los daños dejados por el terremoto, el edifi-cio completo tuvo que reconstruirse a partir de 1778. Si bien la reconstrucción se realiza en el mismo lugar, se introducen importantes alteraciones en la es-

3 Para el transporte de mercancías, Cortés conecta Acapulco con Ciudad de México, en 1531, estableciéndose en el inicio del siglo XVIII el mercado de la plaza mayor en esta ciudad (INAH, 2006).

4 Boot había llegado a Nueva España, en 1614, para hacerse cargo de las obras del desagüe del valle de México, elaborando propuestas centradas en la conservación de los lagos (INAH, 2006).

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tructura, la que pasa a adquirir una forma pentagonal regular, de cinco bastio-nes idénticos más salientes. Las obras finalizan en 1784, momento en el cual el asentamiento vinculado al fuerte tenía una consolidación evidente, lo que condujo, en 1799, a que Acapulco, gracias al gran auge de la actividad comer-cial, alcanzara el rango de ciudad. Paralelamente al proceso de reconstrucción, como consecuencia del establecimiento de libertad de comercio por parte de la Constitución de la Real Compañía de Filipinas, perdió importancia el papel defensivo y comercial que cumplía el fuerte dentro del virreinato de México (UNAM, 2006).

El segundo gran hito, esta vez solamente centrado en la alteración de las funciones del fuerte, se dio dentro del marco de la guerra por la Independencia. Para 1813, sitiada la ciudad y controlada la plaza por el grupo rebelde, el fuerte es utilizado por los españoles como refugio hasta la firma del tratado de rendición por José María Morelos y Pedro Antonio Vélez en agosto del mismo año (UNAM, 2006). Lograda la rendición de las fuerzas realistas, se entrega el fuerte, cuya relevancia económica y geopolítica se encontraba irreversiblemente perdida, reconvirtiéndose por muchos años en cárcel para presos políticos, y, luego, en oficinas para las dependencias de la Secretaría de Marina (INAH, 2006).

b. Descripción arquitectónica

La fortificación de Acapulco, tal como se aprecia en la actualidad, es resultado de las alteraciones en su conformación producidas a través del tiempo. La recons-trucción del fuerte después del terremoto de 1776 significa la introducción, bajo la dirección de Ramón Panón, de conceptos arquitectónicos de última generación para la época de acuerdo con un estilo común y a particularidades técnico-milita-res de las fortificaciones del Pacífico (Capel, 2005). En el siglo XVIII, el conjunto de edificaciones militares dan cuenta de la existencia de sistemas extensos de pro-tección del continente. Esta red de fortificaciones coloniales conectaba el golfo, el Atlántico y el Caribe con el Mediterráneo, y a América con Asia, África, y Europa5.

La estructura del fuerte está basada en un aparejo formado por grandes bloques de piedra labrados regularmente, unidos por un mortero de cal y cu-biertos con gruesos aplanados. Las reseñas consultadas dimensionan la edifi-cación en nueve mil metros cuadrados (Elorduy, 2005). La planta se construye

5 Las fortificaciones presentan influencias de la arquitectura militar italiana de los siglos XIV al XVI (Noriega, Muñoz, 2005), poseyendo el fuerte de San Diego la particularidad de un diseño con traza pentagonal (Elorduy, 2005).

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siguiendo un diseño pentagonal regular, con cinco baluartes iguales, también pentagonales, situados en sus ángulos, unidos por muros o cortinas inclinados y rodeados por un foso que siguió el contorno del edificio. Para acceder al fuer-te, se edifica un puente levadizo de madera (actualmente fijo y de mamposte-ría) desde el cual se llega al único ingreso, ornamentado por una portada de argamasa, con dos pilastras planas sin elementos decorativos, situadas sobre al-mohadillas rectangulares con un frontón triangular arriba (INAH, 2005). Las salas, cubiertas con bóvedas de cañón, se distribuyen en torno a un patio pentagonal, donde se ubican los accesos a cada una, exceptuando las correspondientes a la rampa de acceso a la parte alta, que forman un corredor con un grueso pilar, arcos y bóvedas asimétricas. La parte alta se rodeó con un parapeto o muro de protección, con troneras, cuatro en cada baluarte y dos en cada cortina (INAH, 2006). Esta estructura general, que se mantiene actualmente, está rodeada de áreas verdes y alberga en su interior las dependencias del Museo Histórico de Acapulco, gracias a obras de remodelación y restauración, sobre todo en el pe-ríodo 1999- 2001 (Elorduy, 2005). El fuerte se encuentra emplazado en su lugar de origen, dentro de casco antiguo de la ciudad, específicamente en la costane-ra Miguel Alemán del actual barrio de Petaquillas.

c. Eventos de restauración y conservación

En el año 1949, el fuerte es entregado en custodia a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa con el fin de incorporarlo a la lista de bienes patrimoniales del INAH, con el destino de museo militar, para pasar a vincularse, quince años después, a la Secretaría de Educación Pública bajo la ad-ministración del Instituto Nacional de Bellas Artes y, posteriormente, en 1970, a la Junta de Mejora de Materiales del puerto de Acapulco. El Fuerte de Acapulco regresa al INAH, en 1980, y seis años después se inicia la etapa de museo histó-rico; entre 1999-2001 se llevan a cabo iniciativas tendientes a poner en valor el conjunto histórico; y a partir del año 2001, se ha completado el equipamiento museológico y el rescate del paisaje natural del entorno (INAH, 2006).

Los últimos trabajos revisten gran relevancia para recuperar el inmueble del deterioro que implicó su uso carcelario y, luego, de oficinas de la Secretaría de Marina. De hecho, las obras de rehabilitación del espacio fueron precedidas de urgentes obras de restauración que contaron con un aporte financiero man-comunado del INAH, del gobierno del estado de Guerrero y del programa na-cional “Adopte una Obra de Arte”. La restauración se inicia en 1999, por etapas: la primera, desarrollada a mediados de 1999, se centra en la rehabilitación de

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dos salas y los espacios exteriores; y, la segunda, desarrollada en el año 2000, se aboca a la instalación de aire acondicionado, cerramiento perimetral, señaliza-ción y vitrinas (Gibrán, 2006). En relación con los espacios exteriores, se realizan trabajos de recuperación del entorno urbano, natural y paisajístico a través del acondicionado de áreas verdes con especies típicas del bosque tropical de la región (Elorduy, 2005).

El diseño contemplaba, inicialmente, veintidós salas de exposición, de las cuales finalmente se implementan trece, con colecciones que se obtuvieron a través de donaciones del INAH, de coleccionistas particulares y de otros museos (INAH, 2006). Además, considera la adecuación de espacios para una cafetería, un taller de carpintería asociada al mantenimiento del inmueble y una sala de auditorio. Asimismo, el año 2002, para facilitar el acceso al museo, se construye un puente entre el Fuerte San Diego y el muelle fiscal. Por último, financiando por la Asociación de Amigos del museo y el programa “Adopte una Obra de Arte”, se implementa la iluminación y sonido de las colecciones (Elorduy, 2005).

d. Titularidad, estatuto legal y medidas de protección

El Fuerte San Diego se encuentra protegido por el marco jurídico mexicano en calidad de monumento histórico. El Museo Histórico de Acapulco, como tal, de-pende administrativamente del Centro INAH del Estado de Guerrero, en tanto su mantenimiento y seguridad están a cargo del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales del mismo organismo. Estos aspectos son supervisados por personal y sistema de seguridad que son evaluados periódicamente a tra-vés de trabajos de diagnóstico, conservación y restauración (INAH, 2005).

Actualmente, el fuerte San Diego de Acapulco está siendo postulado a la UNESCO, junto a los conjuntos defensivos de la bahía de Valdivia y del puerto del Callao, a la categoría de “Patrimonio de la humanidad”. Se trata de una postula-ción seriada, en la que participan Chile, México y Perú, sostenida por la idea cen-tral de la existencia de rutas o itinerarios transnacionales con relevancia histórica y cultural tanto a nivel tangible como intangible6. En esta postulación, en síntesis, se

6 La propuesta, que tiene antecedentes en la UNESCO e ICOMOS, se basa en la aprobación del uso del concepto “ruta cultural” en 1994. Desde entonces se han llevado a cabo diversos seminarios para abordar rutas concretas. En 1999, puntualmente, se abordaron las fortalezas hispano- portuguesas, resultando que el conjunto de fortificaciones de Ibiza haya sido de-clarado patrimonio de la humanidad (Capel, 2005). Este reconocimiento abre posibilidades para otras propuestas, como las fortificaciones del Pacífico.

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sostiene que las fortificaciones americanas del Pacífico tienen valor como unida-des que propiciaron y articularon movimientos de población y objetos centrales para la configuración de gran parte de las dinámicas culturales de la zona.

En caso de declararse patrimonio de la humanidad, el fuerte San Diego de Aca-pulco quedará sujeto a las medidas de protección estipuladas por la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (de la que México es parte), siendo obligatorio, por parte de los Estados, la protección jurídica y la implementación de un sistema de gestión local, regional y nacional idóneo para su conservación (Huitz, 2005).


El destino del fuerte de Acapulco es albergar un museo de sitio, denominado “Museo Histórico de Acapulco”, el cual se articula como una organización estatal sin fines de lucro, encargada de administrar colecciones historiográficas así como el bien patrimonial mismo, entendido éste, para efectos de su contextualización, como un objeto inserto en un territorio más vasto. Tenemos que considerar que la gestión del fuerte, por lo tanto, abarca un bien tangible central (el fuerte) y un conjunto de bienes tangibles muebles (las colecciones), a lo que es necesario aña-dir un conjunto de productos museológicos, básicamente reproducciones y co-nocimiento obtenido con las investigaciones científicas que se han emprendido.

El carácter de la gestión museológica es de tipo tradicional, en el sentido que opera en función de la preservación de un patrimonio dado, sin integrar de manera relevante la construcción del mismo por parte de distintos actores, lo cual explica que la comunicación con el exterior se realice mediante fenómenos educativos de carácter pasivo. Debido a la mirada apriorística sobre los recur-sos administrados, la oferta de usos se centra en la visita y los ingresos propios dependen de la captación de público. Las actividades propias de un centro cul-tural (talleres en este caso), que se inician sólo en el año 2002, se mantienen, a nivel de temáticas y participación local, distanciadas del museo histórico.


i. En primer lugar, destaca la exposición de las colecciones en las salas: “Los primeros pobladores”, “El Galeón de Manila”, “Piratería del Pacífico”, “Comercio con Oriente”, “Capilla del Fuerte” (ubicada en el sitio original, y dedicada ahora a exponer una colección de objetos religiosos tallados en madera), “La evangelización en el Oriente”, “La Cocina del Fuerte” (ubica-

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da en el sitio original también; se recrea el ambiente de la sala), “De la Con-quista”, “De la Independencia”, “De la Fortaleza”. Aunque no se encuentra siempre una correspondencia entre las colecciones y el uso histórico de una sala, se mantienen, por regla general, las temáticas y usos de espacios estrechamente ligados a la historia del mismo.

ii. El museo ofrece una serie de talleres artísticos y culturales pagados: dibujo y pintura, fotografía, repujado y fotografía digital, considerando rebajas por dis-capacidad y tercera edad. A manera de extensión, el museo desarrolla algunos talleres gratuitos, resaltando el taller coral impartido desde mayo del 2003.

iii. Se mantiene una tienda “Educal”, donde se comercializan libros, revistas, música y videos, artesanías, reproducciones, y recuerdos.

b. Oferta de uso indirecto

i. El arriendo de una sala auditorio, con capacidad para 108 personas, equi-po de sonido y aire acondicionado, para la realización de conferencias, seminarios y eventos.

ii. La mantención de las características arquitectónicas del inmueble y las áreas verdes sostienen una oferta de recreación paisajística con vista al puerto y a la bahía, que incluye la realización de eventos al aire libre.

3. Manejo administrativo y operacional existente

a. Estructura organizativa

La organización de funciones presenta una alta verticalidad, la que se dirige desde la Coordinación Nacional de Centros INAH al equipo de museo, pasando por el centro regional del INAH en Guerrero. El museo depende directamente del Centro INAH Guerrero, a quien informa de su gestión y solicita la aprobación de sus iniciativas. A través de este centro, se produce la conectividad con los de-partamentos especializados del INAH federal (servicios administrativos, depar-tamento de resguardo de bienes culturales, dirección de seguridad de museos y sistema de Bibliotecas). El equipo museo (o “centro de trabajo”) funciona, prin-cipalmente, en un nivel operativo en el sentido que ejecuta los lineamientos y gestiona los recursos dispuestos a nivel central.

La participación de las comunidades locales se limita a la integración en talleres artísticos, eventos o a la donación de recursos. También se considera la

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ejecución de investigaciones en terreno para la recopilación de datos primarios que permitan diagnosticar las necesidades locales y las falencias del plan técnico anual, sobre todo a nivel de atención de público y comunicación educativa. Se puede agregar, por último, la recepción de quejas por parte del Órgano Interno de Control, y del sitio Web del INAH “Transparencia y Acceso a la Información”.

A la época del desarrollo del presente trabajo (2005), el museo posee una planta de treinta y dos personas, sin contar a los investigadores7.

b. Herramientas y estrategias de administración

El equipo museo actúa como facilitador del programa operativo del INAH, im-plementando las directrices —en ámbitos técnicos y administrativos— conte-nidos en un plan anual técnico. En el ámbito de sus competencias, el equipo museo colabora en la gestión local de recursos (financieros y humanos), en la recopilación de datos primarios para la elaboración de estrategias comunica-cionales, en la elaboración de productos específicos asociados al plan anual (material didáctico, talleres, folletería, etc.) y en la regulación del funcionamiento de las actividades cotidianas del museo.

Los instrumentos de gestión que dispone el equipo museo son los si-guientes: • ProgramaoperativoanualINAH.• Programatécnicoanualdelequipomuseo.• Estructuraorganizacionalpre-definida,altamentecentralizada,queinclu-

ye los niveles local, regional y nacional. • Reportes, informes,evaluacionesyreunionesperiódicasconnivelesre-

gional y central.• Controldelagestiónatravésdeauditoríasinternas.• Asistencia técnicayprofesionaldesde laSecretaríaTécnicaNacional, la

Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Con-servación, Restauración y Museografía.

7 Se compone de esta manera: una directora y un administrador (este último con un asistente), un jefe de seguridad, una encargada de relaciones públicas, un coordinador de secretaría ad-ministrativa y una auxiliar de secretaria; además, forma parte del equipo museo un grupo de cuatro técnicos en montaje y mantención, más un encargado de apoyo a servicios, dos asis-tentes en educación e historia cultural, dos encargados de difusión de patrimonio e historia cultural, un asistente para la promoción y comunicación cultural, una persona encargada del corte de boletos, un operador de transportes, dos encargados de la tienda Educal y diez guardias, tres de ellos especializados en museos (INAH, 2006).

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• RecursosparadifusióntraspasadosdesdelaSecretaríaTécnicaylaDirec-ción de Medios de Comunicación.

• Losórganoscoadyuvantes,paralainclusióndediversasasociacionescivi-les en la gestión.

c. Funcionamiento presupuestario

En este aspecto también se hace palpable la verticalidad organizacional. Se proporciona desde nivel central al Museo Histórico San Diego de Acapulco los recursos necesarios para financiar los gastos básicos de funcionamien-to: operación, vigilancia, control de plagas, limpieza y aire acondicionado. Y si los recursos destinados en el presupuesto anual no son suficientes, se solicita una ampliación presupuestaria. Adicionalmente, se lleva a cabo el financiamiento de proyectos específicos con recursos extraordinarios, en ámbitos como el mantenimiento integral del inmueble, los servicios educa-tivos y las exposiciones temporales.

La administración presupuestaria y financiera es controlada por las ofici-nas centrales del INAH. El Centro INAH Guerrero controla los planes de trabajo, de intervención y de investigación, además de las contrataciones de personal y las actividades de conservación y resguardo. Todos los ingresos que recibe el museo, por conceptos de acceso, permisos de videos y uso de suelo para even-tos culturales, se depositan en una cuenta corriente del INAH.

Se considera una gestión conjunta museo-INAH para desarrollar estrategias de financiamiento externo, compartiéndose a menudo la dirección de los proyectos técnicos. El centro de trabajo recibe donaciones particulares, tanto de otros museos como de “padres adoptivos”, las que se utilizan en proyectos específicos. Por último, se cuenta con aportes especiales de otras instituciones estatales, entre las cuales se destaca el Ayuntamiento de Acapulco, que cubre el pago del consumo de energía eléctrica y agua potable en virtud de un convenio firmado entre las partes.

4. Modelo de negocio, agentes participantes y mercados


El Museo Histórico de Acapulco se proyecta con énfasis en la generación de competencias asociadas a la conservación y difusión de bienes patrimoniales tangibles (inmueble y colecciones), vinculándose estrechamente a un mercado

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turístico de alcance local-nacional-internacional. Esta generación de competen-cias se desarrolla dentro de los límites organizacionales establecidos por el Esta-do, los que ponen en especial significación los beneficios indirectos inherentes a esta clase de bienes culturales.


i. Como forman parte estable en la gestión, destacaremos, en primer lugar, el equipo museo, cuyo rol es destacado en toda la gestión, observándose mayor protagonismo a propósito de las colecciones temporales que ges-tiona.

ii. Los lineamientos estratégicos y el financiamiento de la gestión de las co-lecciones e investigación se mantienen centralizados en el Instituto Na-cional de Antropología e Historia.

iii. A nivel de las colecciones permanentes, destacan los aportes de piezas prestadas desde otras instituciones, como el Museo Nacional del Virreina-to, y de coleccionistas particulares.

iv. En la reconstrucción y mantención del inmueble y las colecciones es fun-damental el aporte de asociaciones y personas naturales a través de pro-gramas como “Adopte una Obra de Arte”.

v. Por último, varias instituciones públicas ofrecen aportes financieros para la manutención del inmueble. Ya mencionamos el Ayuntamiento de Aca-pulco.

c. Mercados

El fuerte de Acapulco apunta a capturar un mercado turístico nacional e interna-cional que, en promedio, alcanza en la actualidad a ocho mil visitas al mes, con gratuidad para estudiantes, profesores y menores de trece años. Para alcanzar este número se beneficia tanto de la conexión de la ciudad con Ciudad de México a través de la carretera del Sol, como de la infraestructura local que le brinda el puerto y el aeropuerto internacional. De acuerdo con datos duros, Acapulco cuenta anual-mente con 9.380 vuelos nacionales y 2.060 vuelos internacionales, además de un arribo de 96 cruceros (Gobierno de Acapulco, 2006). La ubicación privilegiada del fuerte, frente al puerto, facilita todavía más la captación de visitas extranjeras.

A nivel local, la mayoría de los usuarios corresponde a grupos escolares de distintos niveles. En menor grado, diversas instituciones (entre ellas el mu-nicipio), toman en arriendo la infraestructura para la realización de eventos es-pecíficos.

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La misión institucional del INAH es indispensable para comprender una de sus expresiones concretas que es, en este caso, el Museo Histórico de Acapulco. Ella se describe a sí misma como una institución reguladora y difusora en materia de protección y conservación del patrimonio cultural mexicano, que posee una alta preponderancia en investigación antropológica, arqueológica e histórica, en restauración, en museología y en paleontología, así como en la formación de profesionales en estos ámbitos. Además, releva el carácter social de su gestión, gracias a la coparticipación en el gobierno y sociedad en general en planes de desarrollo y de estrategias de conservación8.

En el plan estratégico adoptado desde el INAH, se define como misión del Museo Histórico de Acapulco el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad mexicana a través de la investigación, conservación y difusión de su pa-trimonio histórico, arqueológico, paleontológico y antropológico. A pesar de que la gestión del museo se encuentra centralizada en el INAH, puede hablarse de plan de manejo en el sentido que los programas operativos anuales se contextualizan dentro de un territorio amplio. Ello incide, a lo menos, en los contenidos y temáticas de las exposiciones.

Ahora bien, en cuanto a la normativa museológica, es claro que ella se adapta a las normas de protección y resguardo asociadas a la condición de monumento histórico. Las propuestas técnicas anuales están sujetas a evalua-ciones periódicas y sanciones correspondientes, en el caso de que se infrinja alguna normativa.

a. Empresa privada

La empresa privada ha mantenido una participación marginal en el museo, so-bre todo si la comparamos con la fuerte presencia estatal, que aporta recursos financieros bajo la forma de donaciones contra proyectos específicos. Ha cum-plido, ocasionalmente, un rol de auspiciador, en etapas puntuales y respecto a

8 De manera coherente con la misión institucional, el INAH se plantea los siguientes objetivos estratégicos:

•ElFomentode la investigacióncientíficaenáreas talescomoantropología,arqueología,historia, restauración, museología, paleontología.

•Laformacióndeprofesionalesdealtacalidadenestasmismasáreas. •Elfortalecimientodelaprotecciónyconservacióndelpatrimoniocultural. •LadifusióndelpatrimonioculturalylosresultadosdelasaccionesdelINAH.

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proyectos específicos, entiendiéndose en estas oportunidades, en forma direc-ta, con el museo. La regularidad, sin embargo, es baja, con la honrosa excepción del vínculo con la “Asociación de hoteles y empresas turísticas de Acapulco”, específicamente a través del programa “Adopte una obra de arte”. Se puede destacar, igualmente, la inserción promocional del museo en la gestión de em-presas locales de turismo internacional, con quienes la relación es estable. Aquí la empresa privada asume la difusión del museo, incluyéndolo en recorridos turísticos y entregando folletería y material promocional. En cualquier caso, su participación se limita a aspectos tangenciales del plan técnico anual o del pro-grama operativo anual.


Tal como acontece con la empresa privada, estos grupos poseen un bajo per-fil. La participación activa y regular de colectivos en las instituciones ligadas al INAH está aceptada con la existencia de los denominados Órganos Coadyuvan-tes, pero que, en la práctica, están lejos de cubrir la diversidad de comunidades locales existentes. De acuerdo con las fuentes consultadas, no se observan me-canismos descentralizados y regulares de participación en la toma de decisio-nes por parte de grupos identitarios locales.

Quizá pueda consignarse la participación de personas naturales y asocia-ciones cívicas en el financiamiento del museo a través de donaciones, al modo en que la empresa privada lo hace. En ese sentido, destacamos la relación esta-ble de familias de la ciudad con el museo a través del programa estatal “Adopte una Obra de arte”, pensando en alguna coincidencia de origen que releve algún aspecto identitario local.

c. Profesionales

Se trata de un segmento de alta relevancia dado su rol activo y permanente en la toma de decisiones del museo, ya sea a través del Centro INAH Guerrero y las secre-tarías nacionales, como del equipo museo. No hay que olvidar que el INAH ocupa un lugar central en la formación de los profesionales a través de la Escuela nacional de an-tropología e historia y la Escuela nacional de conservación, restauración y museogra-fía. Tanto el programa operativo como el plan técnico anual propuesto por el museo son elaborados por profesionales formados, en su mayoría, por el mismo INAH. El bien es abordado exhaustivamente en la investigación científica, lo que ha redundado en una socialización en el escenario académico nacional e internacional.

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d. Estado

Como salta a la vista, el rol del Estado es protagónico. Desde la independencia, en 1813, exceptuando el período que va entre 1970 y 1980, el inmueble ha sido administrado directamente por el Estado. Él tiene un rol fundante de un museo histórico con altas capacidades técnicas de conservación, difusión e investiga-ción, y al mismo tiempo no ha dejado de cumplir un rol activo en la toma de decisiones a través del cuerpo de profesionales y la estructura organizacional que participa en el manejo del bien.


El museo asigna mucha importancia a los medios de comunicación social, tal como lo demuestra la estrategia de promoción permanente que se exhibe en medios de prensa (locales y nacionales) y en redes turísticas internacionales. Esta tarea es apoyada por la dirección de medios de comunicación del INAH, además de un trabajo de difusión de parte del equipo museo que incluye la gestión de espacios en medios de prensa, la elaboración de boletines, trípticos, programas de mano, sitio en la Web, etc.

A nivel de comunicación educativa, siempre alineados con los planes na-cionales y nutridos por la investigación, el museo se proyecta a través de los siguientes medios:• Distribucióndematerialdidáctico.• Mantencióndecentrosdeconsultaybibliotecadelmuseo.• ConectividadconreddebibliotecasdelINAH.• Socializacióndelosresultadosdelagestióndelbienenmediosdecircula-

ción académica (publicaciones, congresos, etc.).

f. Financiamiento y distribución de beneficios

El museo funciona sobre la base de un presupuesto anual estatal que cubre la totali-dad de los gastos de operación y administración. Como ya mencionamos, la Secreta-ría Administrativa asigna los recursos anuales a cada Centro INAH regional, admitiendo la autorización de modificaciones a petición de los equipos de trabajo locales.

Existen, por otro lado, recursos financieros extraordinarios que se captan, en primer lugar, a través de actividades al interior del museo (tienda “Educal”, por ejemplo) y, en segundo lugar, por donaciones particulares. Estos recursos se utilizan en los mismos proyectos específicos de la administración del equipo museo (San Vicente, 2006).

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Por último, el Estado aporta recursos a través de donaciones desde diversos organismos, destacando el ayuntamiento de Acapulco.

Los ingresos derivados del corte de entradas implican un ingreso impor-tante al Fisco, considerando los ocho mil visitantes mensuales que llegan al mu-seo. Otro ítem de ingresos, es el arriendo de infraestructura para la realización de eventos. Ambos tipos de ingresos se depositan en una cuenta corriente del INAH que reporta a la Tesorería Federal.

6. Análisis final

a. Dinamizadores

Destaca, en primer lugar, el rol protagónico del Estado como agente impulsor del museo histórico, gran financista y principal responsable del control adminis-trativo y operativo. La mayoría de los equipos profesionales que trabajan en el museo, además, han sido formados en instituciones vinculadas al Estado mexi-cano, cuyas capacidades técnicas y profesionales son de alta relevancia para la puesta en marcha de estas actividades.

La ubicación geográfica y la especialización de la zona en oferta turísti-ca y servicios asociados es también un dinamizador relevante. La función de Acapulco, tanto como punto de entrada de tráfico aéreo y marítimo, como de conexión con otros centros urbanos del interior del país, confiere al espacio un sostenido flujo de turistas. El emplazamiento del fuerte, frente al puerto y unido por un puente peatonal de acceso que pasa sobre la carretera, lo vuelve paso obligado de pasajeros de cruceros y otros visitantes.

Por otro lado, Acapulco es una zona especializada en oferta de servicios, sien-do el sector terciario el más relevante y la rama turística su eje impulsor. Olivar (2006) destaca tres áreas diferenciadas en Acapulco. La primera que se extiende desde el Hotel Plaza las Glorias Paraíso Radisson hasta la Base Naval, donde se ubicaron, entre las décadas de los cincuenta a setenta un conjunto de hoteles turísticos que acaparan la mayor parte de las visitas internacionales. La segunda, ubicada desde la carretera y terminal por el área de Barra Vieja, concentra nuevos proyectos turís-ticos: hoteles, condominios, villas privadas y residencias de lujo. La tercera y última, localizada entre la Caleta y el Parque Papagayo, corresponde al área en la cual co-menzó Acapulco a ser explotada turísticamente en las décadas de los años treinta y cuarenta, construyéndose allí los primeros hoteles y casas de hospedaje. En síntesis, la diversidad y la gran especialización de la oferta de servicios asociados a redes

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internacionales de turismo, asegura al lugar la movilización de un enorme flujo de turistas, facilitando la captación de visitas y la difusión del bien a nivel internacional

b. Inhibidores

La alta centralización de la administración y operatividad en manos del INAH se presenta como un factor negativo a la hora de evaluar el funcionamiento del Fuerte. Si bien hemos consignado que el Estado es un fuerte dinamizador en el manejo del bien, la concentración de las funciones administrativas se transfor-ma en un obstáculo que dificulta una gestión abierta del bien a nivel local. ¿Por qué no permitir un manejo más flexible en relación con la planificación de acti-vidades extraordinarias, incluyendo a actores locales en la toma de decisiones? No se trata de que la presencia del INAH o la centralización de funciones sea un obstáculo en sí mismo. Quizás, como plantea Sepúlveda (2006), la presencia de un actor institucional centralizador sea un soporte necesario para la estabilidad operativa y política de ciertos bienes. Sin embargo, este tipo de administración no debiera dificultar una contextualización local más profunda del plan de ma-nejo, apoyando y fortaleciéndose en el conjunto de redes locales.

La participación comunitaria, circunscrita a los aportes en donaciones o a la recolección de datos primarios mediante la aplicación de encuestas, no es en absoluto suficiente para el diseño eficiente de estrategias de comunica-ción y detección de falencias en la gestión. Las consecuencias están a la vista. Existe una escasa oferta de actividades de extensión del tipo centro cultural, limitándose hasta ahora a actividades académicas o a talleres desvinculados de la temática abordada en el museo (INAH, 2006). Asimismo, la captación de un público relativamente pasivo y orientado por una noción de beneficio comu-nitario unidireccional (desde el museo a los habitantes de Acapulco), implica desaprovechar un capital educativo relevante en la gestión patrimonial.

Para hacer efectiva la incorporación de grupos sociales organizados y di-versos en el proceso de toma de decisiones, se requiere de una flexibilización del modelo organizacional del INAH, agilizando la coordinación y formación de redes que incorporen actores sociales en la planificación técnica anual. Con un cambio de esta naturaleza se permitiría captar recursos humanos adicionales, capacidades de gestión y competencias sociales.

c. Impacto y resultados económico sociales

El museo histórico Fuerte San Diego de Acapulco se inserta en un escenario tu-rístico local-internacional con alto grado de desarrollo y especialización, por lo

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que su impacto económico se evalúa en razón del conjunto de bienes y servicios asociados. Por ejemplo, sabemos por Olivar (2006) que durante el año 2000 los establecimientos turísticos de Acapulco generaron 129.325 empleos (36.950 fue-ron directos y 92.375 indirectos), aportando a la región un ingreso económico de 1.694,5 millones de dólares. El museo funciona, dentro de este escenario, absor-biendo parte de la demanda, al mismo tiempo que ha estado beneficiando, indi-rectamente, a la comunidad y a las empresas asociadas mediante la atracción de visitas (en conjunto con el resto de las ofertas turísticas de la zona). Los beneficios directos son absorbidos por los gastos operativos y administrativos del bien, con fuerte centralización estatal, siendo necesarios los aportes financieros del ayunta-miento de Acapulco, asociaciones locales, y personas naturales.

A nivel de impacto social, el manejo del bien se limita a la conexión con establecimientos educacionales y público visitante, produciéndose beneficios indirectos derivados de la conservación y acceso a un bien patrimonial históri-co, así como a la experiencia educativa que supone su visita guiada, a los even-tos/ talleres y a la biblioteca.

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El Museo-Centro Cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum”

Leonor Adán Alfaro Francisca Poblete

1. Descripción básica del bien

a. Antecedentes

El poblamiento de la comuna de Curarrehue, Región de la Araucanía (Chile), posee una data de aproximadamente 10.000 años, según estudios realizados en el asen-tamiento más antiguo registrado en el área Alero Marifilo, comuna de Panguipulli (Sepúlveda, 2006). Desde entonces, la zona ha sido espacio de habitación, tránsito e intercambio de diferentes grupos humanos. Curarrehue es fundada como ciu-dad en 1912, aunque ya desde fines del siglo XIX existía como poblado (Gobierno regional de la Araucanía, 2003). La localidad, formada por colonos provenientes de la zona central del país y por un grupo de familias mapuche expulsadas de sus asentamientos originales por la colonización del sur de Chile y Argentina, se arti-cula en torno al tráfico ganadero y a la actividad campesina y forestal. De acuerdo con el último censo, la población comunal asciende a 6.784 habitantes, de los cuales un 43,1% vive en situación de pobreza (Sepúlveda, 2006). La movilidad de personas y productos se ve favorecida por la existencia de rutas que conectan el lugar con otros poblados, así como lugares de interés turístico y económico.

En la actualidad, la mayor parte de las comunidades indígenas se encuentran ubicadas a orillas del río Maichín, lo cual hace que se mantengan en un relativo aislamiento geográfico, propicio al desarrollo de prácticas vinculadas al territorio y a modelos culturales propios, a pesar de la posición subordinada que estas comuni-dades ocupan en la estructura territorial general (Sepúlveda, 2006). Una prueba de la vitalidad de prácticas y percepciones identitarias particulares es la existencia de alrededor de treinta organizaciones mapuches inscritas en la normativa estatal.

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El proyecto de museo-centro cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum” se origina de un diagnóstico participativo realizado, en 1999, por el gobierno de Chile, a través de un equipo de profesionales del Servicio País1. Enmarcándo-se en los lineamientos generales discutidos en equipo, el proyecto se plantea, como objetivos centrales, mejorar la educación, fortalecer la cultura y promover el desarrollo turístico en la zona, incluyendo el rescate del patrimonio local (Se-púlveda y Prieto, 2004). Ahora bien, introduce nociones propias de un museo pensado dentro de un contexto de alto contacto cultural2, dado que la zona posee una población rural importante (72,55 %), de alta densidad indígena (el 50,27% de la población se declara mapuche), y que cuenta, desde la década del treinta, con colonos nacionales asentados (Sepúlveda, 2006).

Los territorios tienen, hasta el día de hoy, un enorme valor étnico aunque la organización histórica del contacto mantenga una relación jerárquica, correspon-diendo a las comunidades mapuche-pehuenche una posición subordinada. En este escenario, el museo-centro cultural pretende constituirse en un eje articula-dor del contacto intercultural de múltiples grupos, con énfasis en la expresión de las culturas indígenas locales. Por todo lo anterior, se estimó que Curarrehue era un escenario propicio para desarrollar un museo dedicado al fenómeno antropo-lógico que, adicionalmente, lograría visibilizar en todo el país esta realidad y po-tenciar nuevas articulaciones identitarias, tanto dentro como fuera del inmueble.

Como antecedentes inmediatos del museo-centro cultural, deben consig-narse las iniciativas desarrolladas en favor de la revalorización de la cultura ma-puche local por el equipo “Servicio País”, a partir de 1998, en especial la capacita-ción en elaboración de proyectos y derecho indígena y la realización de eventos artístico-culturales (Sepúlveda y Prieto, 2004). A partir de estas iniciativas, María Paz Miranda —encargada de cultura dentro del equipo— y Tomás Sepúlveda (antropólogo) realizan un diagnóstico sobre las necesidades culturales de la co-muna, cuyos resultados sirvieron de base al proyecto que denominaron “Aldea Intercultural Trawupeyüm”. El equipo Servicio País (ciclo 1999), a quien se le sumó

1 Programa estatal creado, en 1995, bajo el alero del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza (actualmente Fundación), orientado a servir como estrategia de intervención local en las comunas rurales más pobres del país, a través de la convocatoria de profesionales jóvenes.

2 Siguiendo, en este sentido, los resultados del diagnóstico. En él se ha destacado la relación asimétrica entre cultura mapuche y la de los colonos, la falta de reconocimiento para la pri-mera, y la necesidad de contar con un lugar físico en donde exponer artesanías producidas por los sectores rurales más excluidos.

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el departamento de educación municipal y profesionales externos, alentaron una constante retroalimentación de la comunidad afectada, no solamente en la fase del diagnóstico, sino también en las fases posteriores mediante la generación de grupos-talleres y mesas sectoriales (Sepúlveda, 2006).

Con la experiencia adquirida por tres iniciativas fallidas3, que ayudó a pro-fundizar conceptos y afinar el diseño arquitectónico, y conservando el carácter participativo de la iniciativa, se presenta un nuevo proyecto en el año 2000, el que logra el financiamiento, en marzo del 2001, por parte de siete instituciones: la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural, la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, la Sociedad San Sebastián de Manco II, la Fundación Andes, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Curarrehue (Sepúlveda, 2006). En febrero del año 2002, el museo se abre definitivamente a la comunidad y a los visitantes.

b. Descripción arquitectónica del inmueble

El museo-centro cultural se instala en una elevación de terreno frente a la plaza prin-cipal de Curarrehue, luego de descartar una primera propuesta en terrenos que se inundaban fácilmente. La selección de su emplazamiento se destaca como hito im-portante del proyecto, porque puso en evidencia el contexto comunitario en que éste se enmarcaba y su peso específico a nivel territorial. El lugar definitivo, anuncia-do por el alcalde de Curarrehue en el año 2001, implicaba el desplazamiento de un monumento a los héroes de la Concepción —que representaba simbólicamente la identidad nacional de carácter hegemónico en la comuna— y su reemplazo por el museo, el cual sería asociado, en lo sucesivo, a “lo mapuche”, es decir, a los grupos indígenas locales. La discusión, hecha pública a través de una radio comunitaria, colocaba en el centro de la discusión las relaciones interétnicas imponiéndoles, en definitiva, la idea alcaldicia a pesar de la resistencia de grupos de presión.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto responde a la orienta-ción general del proyecto de generar un espacio físico adecuado para la articu-lación del contacto entre identidades múltiples, de forma tal de colaborar en la resolución o mejor gestión del conflicto. Así, el diseño del inmueble, pensado como una mediación a nivel simbólico del fenómeno interétnico, contiene, si-multáneamente, elementos de la cultura mapuche pehuenche y colonial, aunque con énfasis en la primera. El uso de techumbres de tejuela y forros de madera,

3 Un proyecto FONDART no concretado, la asignación por parte del municipio para el proyec-to de terrenos que se inundaban, y un proyecto rechazado por FONDART.

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propios de la arquitectura colonial, se incorpora a una orientación de espacios e implementación de elementos de la cultura mapuche (Sepúlveda, 2006). La configuración espacial se resuelve en tres zonas generales, a saber, museo-centro cultural, mercado tradicional e instalaciones exteriores, las que, a su vez, se cons-truyen de acuerdo a tres principios estéticos mapuche-pehuenche: Wampo Ruka (muros construidos con troncos partidos y dispuestos verticalmente), Nguillatuwe (orientación estructural en media luna orientada hacia el Este) y Fucha Metawe (la tradición contenedora y conservadora de los grandes cántaros se asocia a la función del museo) (Sepúlveda, 2003).

El diseño general guarda relación con los principios estructurales de la cosmogonía mapuche, o Meli Witran Mapu (Sepúlveda, 2006). El semicírculo y la orientación al sol se reproducen en el inmueble, dejando despejado el sector este, asociado al carácter inmaterial del espacio y al encuentro con el mundo espiritual; los cuatro puestos artesanales y una cocinería mapuche se ubican en el sector sur asociado a la abundancia; mientras que la sala de exposiciones patrimoniales lo hace en el oeste, asociado a la memoria de los antepasados; y la biblioteca, el salón- fogón multiuso y la sala audiovisual son instaladas en el lado norte, asociado al encuentro entre entidades.

Respecto a la disposición de objetos y elementos específicos, el Kütra-lwe se reproduce en el salón-fogón multiuso y los muros y el tejado principal utilizan wampos en su construcción. Las instalaciones exteriores incluyen dos hectáreas de renovales de coihue, hualle, pehuén y notro, donde se han em-plazado ocho esculturas de madera, que en el futuro bien podría convertirse en un parque escultórico-botánico (Sepúlveda, 2006). Estas áreas verdes son entendidas como espacios incorporados al inmueble y activos de educación, revelando en la relación edificio-entorno el carácter territorial del museo. En las dos terrazas centrales se realizan actividades sociales diversas y la manutención de las mismas se lleva a cabo en forma participativa.

El museo comprende un área museográfica de noventa y dos metros cua-drados, consistente en una sala de exposiciones destinada a la presentación de muestras temporales relacionadas con temáticas definidas en el ámbito de la interculturalidad; un salón-fogón multiuso de ciento veinticinco metros cua-drados, destinado a la realización de eventos, talleres y seminarios de temática abierta; un centro de documentación (sala audiovisual y biblioteca), centrado a nivel de temáticas en diversidad cultural; un mercado artesanal “Llalliñ Kushe”; y una cocinería mapuche “Epu Naña”; además de una oficina de dirección y las áreas verdes ya mencionadas (Sepúlveda, 2003).

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c. Eventos de diseño y construcción

La iniciativa cultural de Curarrehue se inscribe dentro del marco de los principios de participación comunitaria y refuerzo identitario surgidos en el marco de la UNESCO/ ICOM, sobre lo cual nos ha informado De Carli (2003). Destacaremos, específicamente, dos fuentes de información que marcan en forma definitiva el diseño del proyecto.

En primer lugar, se contó con una investigación sobre elementos estéticos de las comunidades mapuche-pehuenche y criolla de Curarrehue, cuyo principal referente es la ruka, a la que se sumó un estudio de los usos sociales de espacios domésticos y públicos. En base a este primer antecedente, María Paz Miranda y Tomás Sepúlveda elaboran el documento “Principios Estéticos y Arquitectónicos de la Aldea Intercultural Trawupeyüm”, que desarrollaría, luego, el arquitecto de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la región de la Araucanía, Eliseo Huencho, a fines del año 2000. De esta manera, se da forma definitiva al diseño arquitectónico.

En segundo lugar, durante el año 2000, aparece una propuesta conceptual, proveniente de la antropología, específicamente desde las llamadas “nuevas mu-seologías”. En la nueva propuesta museológica fue relevante la incorporación del antropólogo Rafael Prieto, invitado por el equipo Servicio País, quien introduce la noción de museos comunitarios abocados a la exposición de heterogeneidad cultural desde una posición mucho más activa en relación con el contexto en que se insertan. Estas concepciones, que son reproducidas en el diseño del espacio físico que se va a configurar, alentaron un discurso participativo y orientaron, cla-ramente, el modelo de gestión que el museo debía reproducir.

La asignación de recursos y la ejecución de obras comienzan a principios del año 2001. En marzo se aprueba, por parte de la Comisión presidencial de infraes-tructura cultural, el presupuesto de la primera etapa, con el cual se levanta la sala de exposiciones, la sala de recursos técnicos y conservación, la oficina de dirección, el centro de documentación y los servicios. En agosto del mismo año, el FOSIS ad-judica fondos a la empresa que se haría cargo del equipamiento del museo, de las actividades de exposición y culturales y de la construcción del mercado artesanal. En enero del año siguiente, se aprueba la segunda etapa de proyecto que incluye el salón de eventos y la oficina de asuntos indígenas, a cargo de recursos de la Comi-sión presidencial de infraestructura cultural (Sepúlveda, 2006).

d. Titularidad, estatuto legal y medidas de protección

El museo y su área de influencia no se encuentran protegidos por el Estado, a excepción de los parques y reservas naturales de la zona, a pesar de la importan-

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cia del territorio como zona de contacto intercultural. El proyecto se define en función de un “patrimonio vivo”, patrimonio de carácter inmaterial, el cual, como se sabe, no se encuentra protegido por la legislación chilena (Consejo de Monu-mentos Nacionales, 2006), lo que probablemente deberá cambiar dado el estado actual de la discusión, cada vez más presente a nivel de discursos académicos y políticos (De Carli, 2003).

El museo-centro cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum” depende di-rectamente de la Municipalidad de Curarrehue, sin haber alcanzado —al me-nos hasta la fecha de esta investigación (2005)— la condición de corporación cultural autónoma. Desde el punto de vista político, el proyecto en cuestión es considerado en el plan de desarrollo comunal, específicamente en el área de educación y cultura. De allí que le sean asignados, para su funcionamiento, re-cursos del presupuesto municipal y que su vinculación institucional sea a través de la unidad de administración y finanzas. La administración general se hace radicar en manos del alcalde y del concejo municipal.

Si bien estamos en presencia de un bien municipal, regido por la ley orgá-nica de municipalidades, sin embargo, mantiene una relativa autonomía, pues su organización interna contempla profesionales externos al municipio, además de dirigentes y miembros de comunidades locales (Sepúlveda, 2006). Como la ley de municipalidades no contempla medidas de protección explícitas para un inmueble de la naturaleza del museo-centro cultural, la integridad del inmueble se resguarda sólo indirectamente a través de la aplicación, por parte de la dirección de obras, de la normativa relativa al urbanismo y construcción. En fin, el departamento de aseo y ornato se ocupa de la manutención y aseo de las áreas verdes del museo.

2. Identificación del uso, producto o servicio del bien

La “Aldea Intercultural Trawupeyum” se inserta en un territorio amplio (la comuna de Curarrehue), con el propósito de situar, representar y mediar el conflicto inhe-rente a los procesos de contacto intercultural, enfatizando la reivindicación de elementos de los grupos locales mapuche-pehuenche. Por lo tanto, el principal patrimonio asociado a este museo es de carácter intangible: las experiencias de interculturalidad en la comuna. Además de la legitimación discursiva y la comer-cialización a pequeña escala, la puesta en valor del proyecto potencia el desarro-llo de nuevos procesos de contacto a través de la realización de actividades en el bien inmueble y en el territorio más amplio a través de trabajo de campo.

La propuesta es coherente con el enfoque teórico de las “nuevas museo-logías”. Los formatos de representación y circulación del patrimonio intangible

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privilegian el uso de imágenes y audio (muchas veces captadas in situ), sin per-juicio, además, de integrar elementos tangibles, incluso algunos susceptibles de reproducción para su comercialización. En ningún momento los productos específicos asociados a la oferta museológica (información, testimonios, obje-tos, etc.) se muestran como una colección, sino, por el contrario, lo hacen como fenómenos interculturales que no admiten cristalización definitiva. Los usos de-sarrollados, por lo tanto, son compatibles con la diversidad de actividades que puedan realizarse en torno a este bien, sin otra limitación que las capacidades técnicas de la infraestructura del museo.

Las actividades del centro, tales como talleres, eventos y cursos de ca-pacitación, se definen por una concepción de eco-museo, es decir, ellas están orientadas a la inserción en el territorio local y son entendidas como herramien-tas idóneas para la inclusión de los habitantes de la comuna. Al poner el acento en el carácter territorial de la iniciativa, en un microsistema de investigación-producción-circulación de bienes patrimoniales, el proyecto supone un apor-te al desarrollo de la comuna. El esfuerzo se ha centrado, hasta ahora, en la captación de público desde otras regiones, abriéndose espacios fijos para la comercialización de productos locales en el inmueble. Se calcula un aumento de un 40% en el flujo turístico a la zona, directamente asociado a la existencia del museo-centro cultural lo que, para Sepúlveda (2006), tensiona el necesario equilibrio que debe existir entre turismo cultural y eco-museo.

Teniendo en cuenta estas características, se puede afirmar que el museo-centro cultural se proyecta como un potencial tecnopolo cultural, en el sentido que cuando produce, exhibe y facilita el consumo de bienes patrimoniales, su especificidad está dada más por la densidad de las relaciones que requiere para la transferencia que por los recursos que puede ofrecer a priori (Azpillaga y Troy 1995). En efecto, los productos que el museo exhibe y hace circular no están predeterminados, sino que, a la inversa, son fruto de un trabajo etnográfico y educativo entre los actores locales, en este caso, el equipo museo-municipali-dad y comunidades locales. Se trata de producir información relevante sobre el fenómeno abordado mediante la articulación de sujetos para, posteriormente, permitir su circulación. Si a futuro se consolida la conexión con una industria cultural y turística y se logran alianzas con centros de investigación afines, la condición de tecnopolo cultural podrá perfilarse aún más claramente.


i. Mercado de artesanía compuesto por cuatro puestos en los que se exhi-ben técnicas tradicionales mapuche, principalmente artesanía en pita y

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junquillo, textilería, tejidos y escultura. Estos locales exhiben y comerciali-zan otros productos provenientes de una red comunal de artesanos.

ii. Cocinería mapuche donde se elaboran productos gastronómicos de base mapuche-pehuenche y se comercializan en servicios de almuerzos, cenas, refrigerios y coctelería.

iii. Muestra de exposiciones temporales y exposición comunitaria en el sa-lón fogón multiuso y área museográfica, respectivamente. Para el ingreso de visitantes mayores de diez años existe cobro por el corte de entrada; en cambio para los habitantes de Curarrehue el ingreso es liberado.

iv. Características arquitectónicas del inmueble y el entorno natural que im-plican una oferta de goce estético y recreativo al mismo tiempo que una reivindicación intercultural.

v. Talleres y eventos abiertos al público en general. Los primeros se han cen-trado en actividades de educación patrimonial que ponen en valor los elementos culturales locales y transfieren información técnica y concep-tual sobre gestión patrimonial. En cuanto a los segundos, se destaca la realización de actividades, comúnmente de carácter artístico y recreativo, alusivas al contacto identitario.

b. Oferta de uso indirecto

i. Biblioteca pública, de acceso gratuito, que cuenta con una colección bi-bliográfica y audiovisual producto de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Curarrehue y la Coordinación de bibliotecas públicas, de la DIBAM. La capacitación está adscrita al programa Biblioredes, que pro-mueve competencias en la comunidad local para la apropiación de tecno-logías de información y comunicación.

ii. Arriendo de infraestructura y equipos a personas o instituciones externas a la comuna, específicamente la sala fogón multiuso, incluyendo el servi-cio de baños, cocina y calefacción, además de un proyector multimedia.

3. Manejo administrativo y operacional

a. Estructura organizativa

El proyecto se inscribe dentro de la estructura organizativa municipal a través del departamento de educación y cultura, lo que venía ocurriendo desde sus inicios, cuando se incorporaron los profesionales de “Servicio País”. En lo relativo a los recur-

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sos, éstos son asumidos por la municipalidad y, en última instancia, por el alcalde en tanto responsable administrativo de los bienes municipales, sujeto al control del departamento de administración y finanzas. Ahora bien, el alcalde asume, además, la responsabilidad pública del proyecto, en diálogo con el concejo municipal y el consejo económico y social. La toma de decisiones concerniente a la administración y resolución de conflictos reside, en última instancia, en el alcalde y el concejo muni-cipal, aunque la gestión propiamente tal es siempre asumida por el equipo museo4. No ha sido posible recopilar gran información sobre resolución de conflictos, pero se ha detectado en el proceso dos momentos delicados: uno entre organizaciones comunitarias locales y otro entre directivos, que llevó a la renuncia, en el año 2005, de los profesionales a cargo de la dirección del proyecto.

Ahora bien, ha sido voluntad de los actores mencionados que en la gestión del proyecto se asuma el conjunto de acuerdos que, a nivel de la región, han sido propi-ciados por la “Mesa Comunal de Curarrehue”5. Se ha admitido, también, la fiscalización ocasional en materias de administración por parte del consejo económico y social6.

b. Herramientas y estrategias de operación y administración

El programa de administración y operación del museo se lleva a cabo siguiendo un plan anual de gestión, elaborado por el equipo directivo en conjunto con representantes de las comunidades locales y en coordinación con la Munici-palidad de Curarrehue. Éste se divide en tres ámbitos de aplicación: desarrollo

4 Este equipo es dirigido por un secretario ejecutivo y está conformado, además, por los guías capacitados, por los concesionarios de los puestos artesanales y cocinería y por los represen-tantes de agrupaciones comunitarias locales.

5 Nos referimos a la instancia de participación local, inscrita en el “Programa de Recuperación Ambiental y Desarrollo Socio Productivo en Áreas Campesinas e Indígenas de la IX Región de La Araucanía” e impulsada por el gobierno de Chile y la Comunidad Económica Europea, desde el 2003, que busca apoyar el desarrollo sustentable en áreas de familias campesinas e indígenas. Las mesas comunales locales incluyen, actualmente, trece comunas y dos provin-cias; provincia de Malleco (Angol, Purén, Los Sauces, Lumaco y Ercilla) y provincia de Cautín (Galvarino, Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén, Melipeuco y Cura-rrehue y Chol Chol) (Auracanía Tierra Viva, 2007).

6 Se trata de consejo de carácter consultivo, contemplado en la ley orgánica de municipalida-des, compuesto por miembros de la municipalidad (presidido por alcalde) y representantes de la comunidad, con el fin de asegurar la participación de organizaciones locales en la ges-tión municipal (SUBDERE, 2004)

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institucional, desarrollo cultural y desarrollo económico local. En torno a ellos se organizan estrategias de evaluación, administración y formación de redes cooperativas.

Específicamente, la administración cuenta con los siguientes elementos de gestión: • Planestratégicodelproyectoyplanesanualesconsusrespectivosinfor-

mes anuales y memoria sexenal. • Estructuraorganizacionalclara(directivaincluida).• Presupuestoanualderecursosbásicos,asignadoporlaMunicipalidadde

Curarrehue, a lo que se suman algunas fuentes externas.• Redescooperativasqueincluyenasesoríasexternasycolaboracionestéc-

nicas con otras entidades.• Modelo participativo de gestión que contempla: instancias de partici-

pación, incorporación estable de actores locales a la gestión del museo, distribución equitativa de recursos de acuerdo con la demanda local, apertura de espacios físicos a la comunidad y generación de redes pro-ductivas locales.

• Reglamentodefuncionamiento,incluyendocontratosdeconcesiónyre-glamento interno.

• Participacióneninstanciasdedefinicióndeperfilyplanificaciónturísticade la zona y en redes de turismo cultural.

c. Funcionamiento presupuestario

Los gastos operativos y de mantención son aportados por la Municipalidad de Cura-rrehue, cuyo monto anual bordea los veinticinco millones de pesos. La recaudación por corte de entradas y el precio de concesión de los puestos artesanales ingresan directamente al fondo general del municipio, alcanzando a cubrir cerca de un 5% de lo invertido en el presupuesto anual.

El centro, sin embargo, mantiene una captación permanente de recursos propios por la vía de la adjudicación de fondos para proyectos gestionados du-rante el año, o, en algunos pocos casos, vía donaciones. Estos últimos recursos son destinados de modo exclusivo, a la ejecución de actividades específicas, sin aportar significativamente al presupuesto básico para el funcionamiento del museo-centro cultural.

No se ha logrado la formación de un sistema de socios donantes, moda-lidad de financiamiento que podría propiciarse a la mano de una nueva figura de administración del proyecto, como una corporación de derecho privado in-dependiente del municipio.

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4. Modelo de negocio, agentes participantes y mercados


El museo-centro cultural se dedica a la gestión del patrimonio intangible dentro de un territorio de alta actividad intercultural, brindando a las asociaciones locales de un núcleo organizativo que desarrolla competencias en áreas de asociatividad, inserción territorial y valoración de los recursos culturales, entre otras. Por esta vía, de manera indirecta, el proyecto está estimulando, por una parte, la creación de un cierto tipo de oferta cultural: exposición de obras de arte y productos artesa-nales, comercialización de productos reproducibles; y, por otra parte, la demanda por estos servicios de momento que se localiza esta creación dentro de un espa-cio reconocible e inserto en redes turísticas locales, nacionales e internacionales.

b. Agentes participantes Los socios principales del proyecto son, en la actualidad, la municipalidad, las asociaciones mapuche-pehuenche y los equipos técnicos de apoyo, incluyen-do el equipo interdisciplinario, conformado en 2003, para asesorar y capacitar a actores locales. Sin embargo, éstos no podrían operar sin el concurso de otros grupos que se señalan a continuación:

• Losprofesionalesde “ServicioPaís” involucrados tantoen lagestacióndelproyecto (período 1999-2001), así como en sus primeros años de desarrollo7.

• Lacomunidadlocal,queparticipaenlaplanificacióndelcentropordiversosmedios -diagnósticos participativos, talleres grupales, mesas sectoriales.

• Variasinstitucionespúblicasseinvolucraronactivamenteenlaconstruccióndelinmueble: la Comisión presidencial de infraestructura cultural, el FOSIS, el MOP; así como en la gestión y equipamiento: FOSIS, GORE, SERCOTEC, DIBAM.

• Además, seha recibidoelpatrociniodeempresasyotras institucionesprivadas para la realización de actividades específicas8.

7 El equipo “Servicio País” participa en el proyecto hasta el año 2003, cuando se desvincula de la ejecución directa para dar paso a la municipalidad y a la comunidad local (Sepúlveda, 2006).

8 Entre las cuales mencionamos: la Dirección museológica de la Universidad Austral de Chile, la Sociedad Chilena de Arqueología, la Sociedad San Sebastián de Manco 2, la Fundación para la Superación de la Pobreza, la Fundación Andes, la Universidad Católica de Temuco, la

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c. Mercados

Si bien el énfasis del proyecto está puesto en un usuario local, en pos de su desa-rrollo y legitimación a nivel identitario, también se contempla la participación de usuarios externos a la comuna. La “Aldea Intercultural Trawupeyum” se proyecta como un actor relevante en términos de desarrollo económico en la comuna de Curarrehue gracias a la explotación del turismo cultural proveniente de impor-tantes centros de actividad turística del área, incluyendo las situadas en territorio argentino. Según la Corporación patrimonio cultural de Chile (2005), ha habido un aumento en un 40 % del flujo de visitantes, directamente asociado al museo-centro cultural. Durante el primer año de funcionamiento recibió ocho mil visitan-tes externos a la comuna, lo que es bastante si consideramos que el museo posee, en verano, una capacidad de carga estimada en dos mil personas por mes y de un mil el resto del año (Sepúlveda y Prieto, 2004). En definitiva, la demanda por eventos, talleres y otras instancias de expresión identitaria incluye la presencia de usuarios locales y foráneos, admitiendo la participación pasiva de turistas.


En esta experiencia museológica no se cuenta con un plan de manejo explícito, pero los elementos correspondientes se pueden inducir desde el proyecto y de los planes estratégicos y presupuestos anuales. Por de pronto, el objetivo general consiste en la consolidación de un espacio facilitador de procesos de valoración de la diversidad cultural, que incorpore activamente a los habitantes de Curarrehue en pos de una mejor calidad de vida.

Los objetivos específicos pueden abordarse desde los tres ejes estratégi-cos del plan estratégico, a saber:

• Elrescate,creaciónydifusióndeelementosculturaleslocalesatravésdeldesarrollo de actividades asociadas.

• Lacontinuidaddelproyectomuseológicoatravésdeconstantesactivi-dades de gestión, planificación, dirección y autoevaluación institucional.

• Elfomentoydiversificacióndelaactividadeconómicalocal,atravésdelacaptación de visitas y el desarrollo de artesanías y turismo cultural.

Universidad Católica de Chile, el Museo chileno de Arte Precolombino, la Editorial Schwem-ber y Asociados y Alvimpress Impresos.

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Al adherir a la línea de eco-museo, el proyecto funciona sobre la base de un plan de manejo que abarca procesos de contacto interétnicos dentro de una extensión de territorio que supera el inmueble para alcanzar los asentamientos y recursos naturales aledaños. Para abordar un espacio de estas características, se vuelve central contar con recursos metodológicos apropiados: una información descriptiva y ordenamiento de la comuna9; una planificación que se debe dosificar en esfuerzos a corto, mediano y largo plazo; tener a las comunidades como protagonistas, tanto en la gestación como en el desarrollo del proyecto; y abrirse a readaptaciones constantes en el tiempo, pues la inestabilidad del fenómeno abordado exige un esfuerzo, a la vez conceptual y orga-nizacional, destinado a incorporar movilidad al interior del espacio creado.

a. La empresa privada

La empresa privada ha manteniendo un vínculo irregular con el museo- cen-tro cultural, y, por lo mismo, una incidencia menor en su desarrollo. Cuando ha participado, lo ha hecho en la medida que se le ha requerido su aporte en algún proyecto específico, actuando como patrocinadora o auspiciadora. La es-trecha colaboración con operadores turísticos de Pucón, quienes han incluido al museo-centro cultural en los circuitos turísticos, ha sido relevante en el área de financiamiento, por lo que representa una excepción a la regla.

b. Los grupos identitarios

La participación de las comunidades mapuche-pehuenche de la zona ha sido constante, sobre todo la que se articula a través de los dirigentes de agrupa-ciones indígenas, en especial en la actual Mesa comunal de Curarrehue. Estas agrupaciones —tales como Fuxa Winkul y, tras su disolución, Punowemanke— participan en la toma de decisiones del museocentro cultural y, más amplia-mente, en el funcionamiento del mismo.

9 La recopilación de información sobre el territorio ha sido abordada mediante la realización de diagnósticos y consultas a la comunidad, lo que ha permitido, por ejemplo, la elaboración de las exposiciones comunitarias. De esta manera, el proyecto se ha circunscrito, en térmi-nos referenciales, al contexto histórico y geográfico, desde donde se extraen los elementos identitarios de los grupos locales. Además, una información y coordinación muy valiosa se ha obtenido de la Mesa comunal de Curarrehue y, a través de ella, de la Mesa comunal de Araucanía Tierra Viva.

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c. Los profesionales

Destacamos al equipo “Servicio País” en tanto grupo impulsor de la propuesta de museo-centro cultural, a quienes debemos sumar los profesionales incorpora-dos a la municipalidad, así como el grupo de profesionales externos. Este equipo técnico ha sido decisivo, a lo menos en cuatro aspectos: la definición de los linea-mientos conceptuales del proyecto, la construcción del soporte organizacional con el que se potencia el conjunto de actividades de extensión e investigación, las definiciones estéticos de las intervenciones y el desarrollo de vínculos para socialización y puesta en valor del proyecto en el ámbito académico.

d. El Estado

El Estado ejerce un rol protagónico en el proyecto, partiendo del origen de la provisión de la mayor parte de sus recursos y del marco normativo que regula su actividad: el museo-centro cultural tiene carácter municipal. Por otra par-te, repitiendo algo que hemos destacado en varias oportunidades, el equipo “Servicio País” —destinado a la comuna de Curarrehue— ha tenido una parti-cipación directa en la generación y ejecución del proyecto. En seguida, el pro-yecto de infraestructura física fue diseñado, financiado y ejecutado con equipos humanos y recursos económicos del gobierno central. Por último, una parte importante de los proyectos gestionados para la captación de recursos extraor-dinarios provienen de un origen estatal.


El uso de los medios de comunicación para socializar y promover el proyecto tanto en redes de turismo nacionales como en el escenario académico internacional, es un recurso considerado en la planificación estratégica del museo-centro cultural. Este as-pecto es abordado, en la práctica, mediante actividades de extensión, la asistencia a congresos, la realización de publicaciones, la creación de un sitio web, la distribución de material promocional y el trabajo de contacto con operadores turísticos locales, entre otros. Incluso, el proyecto propone la creación de una “cultura de trabajo” en redes de cooperación, es decir, en contacto directo y permanente entre instituciones, agrupaciones y profesionales, y uno de sus resultados esperados es la implementa-ción de medios de tecnología digital (Sepúlveda y Prieto, 2004). En este último as-pecto, se destaca la creación de una Bibliored de uso comunitario, una página Web y videos institucionales actualizados, cuyos beneficiarios directos son las escuelas de Curarrehue, los operadores turísticos locales y medios de prensa locales.

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f. Financiamiento y distribución de beneficios

El museo-centro cultural funciona con un presupuesto municipal que cubre casi la totalidad de los costos operativos. Así, la municipalidad cubre los gastos de mantención del inmueble y levantamiento de las exposiciones, los recursos de extensión, como biblioteca y bibliored, y el pago de remuneraciones de la planta de profesionales y técnicos. Los ingresos por corte de entradas y conce-sión de puestos se reconducen al fondo municipal. Como ya mencionamos, el financiamiento para actividades extraordinarias es gestionado por el equipo museo a través de adjudicación de proyectos vía concurso o donaciones.

6. Análisis final

a. Dinamizadores

El compromiso público, sin lugar a dudas, ha incidido muy positivamente en el éxito del proyecto. Si bien la dependencia de la estructura municipal implica grados de rigidez en materias de planificación, por otra parte ella asegura a la gestión un flujo constante de recursos económicos y un grado de estabilidad organizacional necesaria, sobre todo si se consideran los conflictos suscitados a propósito del acceso y control del museo-centro cultural. En este sentido, la centralización de la gestión sigue siendo relevante en la continuidad del pro-yecto y no se visualiza, por ahora, un equilibrio que permita avanzar más rápi-damente en dirección a la prometida autonomía.

La gestión participativa, inspirada en “nuevas museologías” que estimulan una dinámica de recreación permanente de la oferta del museo-centro cultural de cara al entorno cultural y natural, ha sido vital para dar sustento y viabilidad a un pro-yecto que está centrado en el patrimonio intangible y la comunicación intercultural. Ha sido facilitada, entre otros factores, por la presencia de profesionales idóneos que han aportado elementos articuladores a nivel conceptual, técnico, arquitectónico y organizacional.

La ubicación geográfica, elemento estructural del proyecto, potencia la visita turís-tica de Curarrehue, la que es capturada, principalmente, entre quienes usan el paso cor-dillerano “Mamül Malal”, corredor turístico internacional que une Pucón-Villarrica, Barilo-che y San Martín de Los Andes, distante a 35 kilómetros. Así también el área circundante de Curarrehue, que cuenta con un sistema de áreas silvestres protegidas que abarca un sesenta por ciento de su territorio, incluyendo termas, volcanes, bosque nativo y abun-dantes recursos hídricos, aporta significativamente a la captación de visitas.

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b. Inhibidores

Una limitación del proyecto es la escasa disponibilidad de recursos financieros y hu-manos en la comuna, en la cual la ganadería y la agricultura a pequeña escala son las actividades más extendidas entre sus habitantes. El turismo es, todavía, incipiente y enteramente residual de los grandes centros urbanos aledaños (Villarrica, Pucón, San Martín de los Andes, Bariloche). No obstante las actividades de capacitación desarro-lladas por el museo-centro cultural, el desarrollo de capacidades técnicas y profesiona-les no logra satisfacer la demanda turística existente. No se visualiza, a lo menos en el contexto inmediato, la generación de nuevas inversiones ni servicios asociados a esta actividad, lo cual incidirá, negativamente, en el flujo de visitantes, en la extensión de las redes cooperativas locales y en la captación de recursos financieros.

Los conflictos étnicos también han supuesto un factor inhibidor importante, que explicaría, por lo menos en parte, una menor apropiación del espacio por parte de la comunidad local (Sepúlveda, 2006). Este tipo de disputas no son nuevas en la historia de los conflictos interétnicos; hablamos del control de suelo o territorio (Montero, 1984), en este caso de la apropiación del inmueble como espacio que acoge, representa y difunde discursos y elementos de la cultura local. El aumento significativo de turistas, gracias al proyecto, es percibido, por una parte de las co-munidades mapuche-pehuenche, como una amenaza al control territorial pues, se argumenta, el desarrollo de la industria turística podría traducirse en especulación y pérdida de tierras. Otra parte de las comunidades percibe el proyecto como una iniciativa que permitiría asegurar el control territorial. En fin, la mayoría se muestra escéptica respecto del fenómeno (Sepúlveda, 2003).

Los visitantes, según lo que nos explica T. Sepúlveda (2006), en su mayoría ajenos al universo indígena, pueden sentirse en algún momento intimidados por un espacio diseñado de acuerdo con parámetros locales y utilizado como plata-forma de difusión de elementos identitarios propios.

c. Impacto y resultados económico-sociales

No se cuenta con estudios que midan los beneficios del proyecto más allá del producto de la actividad económica de los puestos artesanales y la cocinería. El ingreso de recur-sos por concepto de alojamiento de turistas en casas particulares, mercado incipiente y de carácter informal, no alcanza todavía a perfilarse como una actividad económica relevante en la zona. Ahora bien, la creación de una red de turismo rural a través de la ruta Curarrehue-Yanqui traerá importantes externalidades positivas. A escala nacional e internacional, no se observa un impacto económico relevante. Frente a este frágil es-cenario socio-económico, Sepúlveda (2003) ha señalado la necesidad de implementar

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estrategias para alentar aún más la participación de los habitantes locales como colabo-radores directos en proyectos específicos o asistentes de actividades.

A nivel social, el impacto local ha sido relevante, considerando los as-pectos simbólicos involucrados en esta iniciativa. En efecto, se ha propiciado la agrupación y coordinación de comunidades mapuche-pehuenche en torno a proyectos y actividades específicos; se ha accedido a recursos externos a la comuna; y se ha conquistado una infraestructura para la realización de eventos comunitarios y la difusión de discursos y elementos identitarios propios. Los eventos acontecidos en el lugar han traído un intercambio entre distintos gru-pos y el desarrollo de actividades tradicionales locales. En el plano educacional, se han llevado a cabo programas de capacitación, además de la creación de una bibliored abierta al público y vinculada a las escuelas de Curarrehue.

Si bien no existe un diagnóstico que aborde los conflictos que se han gatillado a propósito del proyecto, la ocurrencia de estas problemáticas, incorporadas en los discursos de los actores, sirve, paradójicamente, como indicador del alto impacto social que el proyecto tiene. Teniendo en cuenta los lineamientos conceptuales del proyecto, sobre todo la noción de un museo como punto articulador del contacto, reflejando fenómenos en estado de desarrollo, la conflictividad puede ser conside-rada un capítulo inherente al proceso de interculturalidad abordado por el proyec-to. La experiencia, en vez de dejar escépticos a sus realizadores, aporta información de primera mano sobre el fenómeno y permite un aprendizaje de modalidades de trabajo que permitan, en lo sucesivo, anticipar o abordar mejor nuevos conflictos.

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Breve reseña de los autores

Javier Adán Alfaro Licenciado en sociología por la Universidad de Chile. Especialización

en planificación de políticas públicas municipales y de fomento pro-ductivo. Se desempeñó como Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Isla de Pascua y como Coordinador en etapas de formulación y diseño de Programas Territoriales Integrados de CORFO sobre turismo cultural en las ciudades de Valparaíso e Isla de Pascua. Co-director de Proyecto Fondef Conicyt “El patrimonio cultural como factor de desarrollo en Chile”.

Pablo Andueza Guzmán Abogado, licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Católica de

Valparaíso, y magíster en antropología social y cultural por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Profesor de Sociología del Derecho, investi-gador del Centro de Investigaciones Sociológicas y miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso. Consultor del Centro de Estu-dios y Asistencia Legislativa, CEAL-UCV. Co-director de Proyecto Fondef Conicyt “El patrimonio cultural como factor de desarrollo en Chile”.

Héctor Berroeta Torres Psicólogo por la Universidad de Valparaíso, magíster en políticas sociales

y gestión local por la Universidad ARCIS y doctorante en Espacio Público y Regeneración Urbana en la Universidad de Barcelona, España. Profesor e Investigador de la Escuela de Psicología Universidad de Valparaíso. Co-editor del libro “Trayectoría de la Psicología Comunitaria en Chile: prácti-cas y conceptos”.

Carolina Cornejo Aravena Ingeniero Comercial por la Universidad de Valparaíso, magíster en Admi-

nistración en Industrias Culturales de la Universidad de Valladolid (España) y alumna de Doctorado de Economía en la misma Universidad. Profesora de Economía de la carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso.

María Devesa Fernández Doctora en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de

Valladolid y profesora del Departamento de Economía Aplicada de la

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Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de dicha Universidad. Premio Nacional de Investigación de la Sociedad General de Autores y Editores de España en 2005.

Luis César Herrero Prieto Doctor en ciencias económicas y empresariales y profesor titular de eco-

nomía aplicada de la Universidad de Valladolid (España). Ha realizado es-tancias de investigación en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (Francia), y ha sido coordinador de la Red Tordesillas de Cooperación Interuniversitaria entre Universidades europeas y latinoamericanas. Director del Grupo de Inves-tigación Reconocido en Economía de la Cultura y del Máster en Adminis-tración en Industrias Culturales de la Universidad de Valladolid.

Alessandra Olivi Licenciada en historia contemporánea por la Universidad de Bologna (Ita-

lia), con postítulo en ciencias etno-antropológicas de la Universidad de Roma “La Sapienza” y postgrado en Estudios de Desarrollo de la Escuela Europea de Estudios Avanzados, de la Universidad de Pavia. Actualmente doctorante de Antropología Social de la Universidad de Sevilla e investi-gadora del Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Valparaíso.

Juan Orellana Peralta. Director de la Carrera de Sociología, Universidad de Valparaíso. Sociólogo,

Université Catholique de Louvain, Bélgica. Profesor del Programa de Ma-gíster en Trabajo Social y Políticas Sociales, Universidad de Concepción. Director Fundador de Asuntos Nacionales (1970-1971), Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Director de la Ca-rrera de Ingeniería Comercial (1990-1999), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor de la Escuela de Alta Dirección de la Fundación Empresarial del Tucumán (1993-2002), Argentina.

Francisca Poblete Licenciada en antropología social por la Universidad Austral de Chile. Pro-

fesora adjunta de esa universidad.

Indice

El Patrimonio Cultural como factor de desarrollo en Chile 9

ARTICULOS

La gestión del patrimonio cultural en Chile: problema, hipótesis centrales y metodología de la investigación 13Javier Adán Alfaro

Modelos de gestión ecosistémicos de bienes públicos: bosques de Quebec y ciudades patrimoniales europeas AVEC 33Juan Orellana Peralta

Simbolismo y acción colectiva en la configuración del espacio patrimonial urbano 59Héctor Berroeta Torres

Bases para una economía del patrimonio histórico 78Luis César Herrero Prieto

Análisis de la gestión de cuatro bienes de carácter patrimonial 107Pablo Andueza Guzmán y Carolina Cornejo Aravena

La evaluación económica del patrimonio cultural 133María Devesa Fernández

Fundamentos metodológicos de la gestión ecosistémica del patrimonio cultural 160Pablo Andueza Guzmán y Alessandra Olivi

Conclusiones y propuestas finales 194Pablo Andueza Guzmán

ANExOS

El Centro Cultural El Almendral 211Pablo Andueza Guzmán y Carolina Cornejo Aravena

El Centro Español de Concepción 229Pablo Andueza Guzmán y Carolina Cornejo Araven

El fuerte San Diego de Acapulco (México) 247Leonor Adán Alfaro y Francisca Poblete

El Museo-Centro Cultural “Aldea Intercultural Trawupeyum” 266Leonor Adán Alfaro y Francisca Poblete

Breve reseña de los autores 284

Este libro se terminó de imprimir en el mes de diciembre

de 2008 en la ciudad de Valparaíso

El Patrimonio Cultural Como Factor de Desarrollo en Chile

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