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BOLETÍN DE SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE RECURSOS NATURALES - AÑO IV - Nº 8

ENERO 2010

EL NUEVO EXTRACTIVISMO PROGRESISTA / Tesis sobre un viejoproblema bajo nuevas expresiones / Eduardo Gudynas

El OBSERVADORdel Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas

iez tesis que explican el ejercicio de los gobiernos “progresistas” instalados en la regiónsuramericana, dan cuenta que el extractivismo se impone pese a su limitada contribución

al desarrollo nacional y a los impactos económicos, sociales y ambientales que conlleva.D

El llamado extractivismo, queincluye la explotación minera ypetrolera, tiene una larga historia enAmérica Latina. A partir de esasactividades se han nutrido lascorrientes exportadoras, desempe-ñando papeles claves en las economíasnacionales, paralelamente han estadotambién en el centro de fuertespolémicas; esto debido a sus impactoseconómicos, sociales y ambientales.

Un hecho notable es que a pesarde todos esos debates, y de lacreciente evidencia de su limitadacontribución a un genuino desarrollonacional, el extractivismo goza debuena salud, incluso bajo los gobiernosprogresistas y de izquierda. En efecto,varios de ellos son activos promotoresdel extractivismo, e incluso lo hanacentuado.

A partir de ese hecho, en elpresente artículo se postula que existeun neoextractivismo progresista,donde si bien hay algunas diferencias,que en ciertos casos son sustanciales,con las viejas prácticas, de todosmodos, se mantiene el mismo estilode desarrollo basado en la apropiación

de la naturaleza, que alimenta unentramado productivo escasamentediversificado y muy dependiente deuna inserción internacional comoproveedores de materias primas. Sibien el Estado juega un papel másactivo, de todos modos se repiten losimpactos sociales y ambientalesnegativos.

El nuevo contextopolítico sudamericanoHasta no hace mucho tiempo atrás,

el discurso de la izquierda tradicionalsiempre cuestionó los estilos dedesarrollo convencionales, y con ellosel extractivismo. Se criticaba ladependencia exportadora, el papel delas economías de enclave, lascondiciones laborales, el enormepoder de las empresas extranjeras, lamínima presencia estatal o la débiltributación. Esa prédica apuntaba a lossectores extractivos típicos, como laminería y el petróleo. Se reclamabadesandar las reformas neoliberales yromper con esa dependencia. Por lotanto, desde diversos ámbitos seasumió que una vez que la nueva

LA EXACERBACIÓN DE LA POLÍTICA EXTRACTIVISTADEL MAS / Osvaldo Guachalla

Eduardo GudynasCentro Latino Americano de Ecología Social(CLAES), Montevideo - Uruguay

TESIS SOBRE UN VIEJO PROBLEMA BAJO NUEVAS EXPRESIONESEL NUEVO EXTRACTIVISMO PROGRESISTA

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El Observador

izquierda lograra ocupar los gobiernos,promoverían cambios sustanciales enlos sectores extractivistas.

La nueva izquierda ha logradoconquistar los gobiernos en losúltimos años, y hoy están presentesal menos en siete países: NéstorKirchner y Cristina Fernández deKirchner en Argentina, Evo Moralesen Bolivia, Rafael Correa en Ecuador,Luis Inacio Lula da Silva en Brasil,Tabaré Vázquez en Uruguay, HugoChávez en Venezuela; es corrientesumar a este grupo a Michelle Bacheletde Chile, mientras que Fernando Lugoen Paraguay todavía se encuentra enuna etapa inicial de su administración.Por lo tanto, aproximadamente el 80%de la población y poco más de trescuartos de la superficie sudamericana,se encuentra bajo gobiernosprogresistas.

Si bien estos gobiernos son muydistintos entre sí, comparten unacrítica al reduccionismo de mercado,que prevaleció en las décadas delochenta y noventa, despliegan otroactivismo estatal, y postulan la luchacontra la pobreza como una de sustareas prioritarias.

El extractivismo contemporáneoA pesar del cambio sustancial que

representa la llegada del progresismo,y más allá de las diferencias entreellos, en todos los países se mantienen

las prácticas extractivistas. En efecto,no sólo persisten los clásicosemprendimientos, sino que ademásse ha intentado profundizarlos. El casopionero tuvo lugar en Chile, donde ala salida de la dictadura militar, lossucesivos gobiernos de la Con-certación por la Democracia man-tuvieron la arquitectura básica delsector minero, alentaron su ampliacióna partir de emprendimientos privados,y los intentos de diversificaciónproductiva no han tenido mucho éxito.

Por lo tanto, se presenta comoprimera tesis que, a pesar de losprofundos cambios pol í t icoscontinentales hacia la izquierda, lossectores extractivistas mantienen suimportancia y son uno de los pilaresde las estrategias de desarrolloactuales.

En efecto, desde la Venezuela deHugo Chávez al moderado Lula daSilva en Brasil, persiste la apuesta ensectores tradicionales como la mineríay el petróleo. El porcentaje deproductos primarios sobre lasexportaciones totales supera el 90%en Venezuela, Ecuador y Bolivia, y esmás del 80% en Chile y Perú, mientrasque es de 51% en Brasil; y en casitodos estos países, ese sesgo se debea minería e hidrocarburos (datos deCEPAL, 2009).

Podría sostenerse que esto es partede una “inercia” que proviene de lasanteriores administraciones, y queresulta iluso o descabellado postulardesandar ese camino. Pero estaposición está reñida con la evidenciadisponible, ya que los gobiernosprogresistas no sólo han mantenidoesa tendencia sino que buscanprofundizarla en intensidad y ampliarlaa nuevos sectores.

En efecto, el extractivismo expor­tador avanza en todos estos países.Por ejemplo, las exportaciones prove­nientes de mineras y canteras de lospaíses del Mercosur ampliado (Argen­tina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay yUruguay), pasó del orden de los $us20 mil millones en 2004, a más de $us46 mil millones en 2007 (CEPAL,2009). Argentina es un caso ilustrativode la profundización del modelo: entre2003 y 2006, bajo la presidencia deNéstor Kirchner, el número acumula­do de proyectos mineros creció porencima del 800%, y las inversionesacumuladas aumentaron un 490%,manteniéndose las ventajas en lainversión y las modestas regalías en3% (Gutman, 2007). El gobierno desu esposa, Cristina F. de Kirchner siguela misma tendencia, donde el ejemplodestacado ha sido la aprobación delmegaemprendimiento minero de Pas­cua Lama compartido con Chile,apuntando a ser el segundo productorde oro continental.

Bajo Lula da Silva, Brasil se estáconvirtiendo en una potencia minera:se estima que al año 2013, este paísduplicará la producción de aluminio,y triplicará la de cobre, poniendo enmarcha nuevas minas y procesadoras

A pesar del cambiosustancial que

representa la llegadadel progresismo, y másallá de las diferenciasentre ellos, en todos lospaíses se mantienen lasprácticas extractivistas

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La Paz, enero de 2010

(USGS, 2008). Al inicio de la adminis-tración del Partido de los Trabajadoresy sus aliados, en 2003, la producciónde cobre fue de 264 millones detoneladas, y creció a 370 millones detoneladas en 2008 (IBRAM, 2009); lasexportaciones provenientes de minasy canteras que superaban los $us 6mil millones en 2003, se incrementaron a más de $us 21 mil millones en 2007(CEPAL, 2009).

Entre los ejemplos de expansión anuevos sectores, los más destacadosson la promoción de la minería a cieloabierto bajo la administración Correaen Ecuador, el apoyo de una nuevaminería del hierro y litio en Bolivia yel apoyo de la izquierda uruguaya a laprospección petrolera en la costa.

También se debe señalar que,especialmente en Argentina, Brasil yUruguay, se ha alentado un cambiosustancial en la agricultura, orientán-dola a monocultivos de exportación.Estas nuevas prácticas representan unextractivismo agrícola. Se la observaespecialmente en el cultivo de soya,basado en variedades transgénicas,alto uso de maquinarias, herbicidasquímicos, escaso o nulo procesamien-to, y exportación como commodity.Otro tanto sucede con los mono-cultivos forestales, que cubren ampliassuperficies, y son utilizados para laelaboración de pasta de celulosa.

Un extractivismo diferenteal de gobiernos conservadoresA pesar de la persistencia del estilo

extractivista, no debe asumirse queéste es idéntico al que se observababajo gobiernos conservadores, ya quetuvieron lugar cambios importantesen la tributación, regalías, etc. Por lotanto, la segunda tesis que sedefiende en este análisis es que bajolos gobiernos progresistas se estágenerando un nuevo estilo deextractivismo.

Este neoextractivismo de cuñoprogresista, tiene sus claroscuros, quevan desde una mayor presencia estatala costa de mantener sus impactossociales y ambientales. Se discutenseguidamente sus característicassobresalientes.

El papel del EstadoEl extractivismo convencional, y en

especial aquel de las décadas de losochenta y noventa, se caracterizabapor el acotado papel del Estado, quetransfería al mercado la marcha delos emprendimientos, y desembocabaen una fuerte transnacionalización. Enel neoextractivismo, el Estado esmucho más activo, con reglas másclaras (independientemente si éstassean buenas o no), y no necesa-riamente orientado a servir a “amigos”del poder político. En algunos casos,los nuevos gobiernos renegociaronlos contratos, elevaron las regalías ytributos, y potenciaron el papel de susempresas estatales.

Posiblemente sea en Bolivia dondetuvieron lugar los cambios mássustanciales, ya que la administraciónde Evo Morales en 2006 impuso larenegociación de contratos con lasempresas petroleras, elevó las regalíasy tributaciones e intentó potenciar lapetrolera estatal YPFB. En Venezuela

la administración Chávez impusopropiedad mayoritaria de PDVSA (lapetrolera estatal) en los empren-dimientos con privados, y mayorvinculación con empresas estatales deotros países. En Ecuador se sigue lamisma línea, y en Brasil se discute unanueva reglamentación para el sector.

Por lo tanto, se presenta comotercera tesis un papel más activodel Estado, con intervenciones tantodirectas como indirectas, sobre lossectores extractivos.

Inserción internacional,comercio mundial yflujo de capitalesMientras que el viejo extractivismo

apuntaba a las “exportaciones” o el“mercado mundial”, los gobiernosprogresistas reemplazaron aqueldiscurso por uno que apunta a la“globalización” y la “competitividad”.Al aceptar la dinámica globalcontemporánea, los gobiernos deizquierda también aceptan sus reglassobre el comercio, los flujos de capital,la ampliación del concepto demercadería, o la extensión de losderechos de propiedad. Todo estodesemboca en defender la institu-cionalidad global, tal como la quedescansa en la Organización Mundialde Comercio (OMC).

Esto significa aceptar un papelsubordinado en los mercados globales,donde las naciones sudamericanas sontomadoras de precio, dependenfuertemente de los intermediarios y

La segunda tesis que sedefiende en este análisises que bajo los gobiernos

progresistas se estágenerando un nuevo

estilo de extractivismo

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El Observador

brokers comerciales internacionales,y de los flujos de capital, donde susdecis iones domésticas quedanacotadas a las oportunidades comer-ciales. A su vez, esto desemboca enuna sorda competencia entre lospaíses sudamericanos en atraerinversión extranjera.

Es impactante advertir que en elpasado los gobiernos sudamericanosapoyaban también a otras institucionesinternacionales que buscaban caminosalternativos para el comercio global.En especial deben recordarse losesfuerzos de la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre Comercio yDesarrollo (UNCTAD por sus siglasen inglés), para promover el comerciosur-sur, incluyendo sus experienciassobre un fondo común sobrecommodities, y la creación de losllamados Organismos Internacionalesen Bienes Pr imarios ( ICB -Internacional Commodity Bodies),algunos de los cuales cubrían, porejemplo, cobre, níquel, plomo y zinc.Esto deja en claro que los gobiernosprogresistas contaban con más de unantecedente de prác ti ca s einstitucionalidades alternativas a lascuales apelar.

Estos aspectos permiten presentarcomo cuarta tesis que el neo-

extractivismo es funcional a laglobalización comercial-financiera yque mantiene la inserción internacionalsubordinada de América del Sur.

El flujo de capitales también haaumentado. Por ejemplo, en Chile lasganancias, remesadas al exterior porlas empresas extranjeras, pasaron de$us 4.438 millones al inicio delgobierno de Ricardo Lagos, a más de$us 13 mil millones al finalizar sumandato, y de allí volvieron a crecerbajo Michelle Bachelet a más de$usn25 mil millones (Gráfico1). Enforma análoga, en Brasil, las empresasmineras disfrutan de exoneracionestributarias (no pagan el ImpuestoCirculación de Mercaderías), y losroyalties y valores de la ContribuciónFinanciera por la Exploración Mineraque llegan a los municipios son bajos(1 a 3 por ciento de la facturación

líquida), donde también los cálculoslos hacen las propias empresas (dosReis Pereira, 2009).

Desterritorialización yfragmentación territorialEl avance de la explotación minera,

petrolera o los monocultivos deexportación desencadenan profundosimpactos territoriales. En muchoscasos representan la llegada decontingentes de operarios y técnicos,y sus equipos, a áreas remotas,volviendo a generar economías deenclaves. Esto enmarca y refuerza unproceso de “desterritorialización”,donde el Estado no logra asegurar supresencia de forma adecuada yhomogénea en todo su territorio, conlimitaciones en la cobertura de losderechos ciudadanos o los serviciospúblicos, pero a la vez, activo enpromover y defender esos enclavesextractivos.

Los enclaves de ese tipo generanlas más diversas tensiones territoriales,sociales y ambientales, desde pro-blemas de violencia a los impactosambientales por contaminación. A suvez, esos emprendimientos requierenredes de comunicación (como en laIniciativa para la Integración RegionalSuramericana - IIRSA) y obras deapoyo (por ejemplo, hidroeléctricascomo las del Río Madeira), quedesencadenan otros tantos efectosnegativos.

Por lo tanto, la quinta tesis indicaque bajo el nuevo extractivismopersiste la fragmentación territorialen áreas desterri torializadas,generándose un entramado deenclaves y sus conexiones a losmercados globales, que agravan lastensiones territoriales.

La gestión territorial del neo-extractivismo está adaptada a estosemprendimientos. Un ejemplo de estoes el paulatino abandono de las metasde reforma agraria bajo la admi-nistración de Lula da Silva, sustituidospor la regularización de la propiedadde predios por fuera de los dominiosde la agroindustria, y que avanzaúnicamente donde puede "ayudar" alos agronegocios (de Oliveira, 2009).

30.000

20.000

02004 20062002200019981996

Gráfico 1Ganancias remesadas al exterior desde Chile por empresas extranjeras

(En millones de dólares)

10.000

5.000

15.000

25.000

1997 1999 2001 2003 2005

Nota: Se indican el inicio de la gestión de R.Lagos y M. Bachelet.Fuente: Basado en datos del Banco Central de Chile, reproducido de “Por una opción progresista y ciudadana”,

Santiago de Chile.

El neoextractivismo esfuncional a la

globalización comercial-financiera y que mantienela inserción internacionalsubordinada de América

del Sur

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La Paz, enero de 2010

Propiedad yprocesos productivosAl viejo extractivismo se disputaba

la propiedad de los recursos. Losanteriores gobiernos otorgaban supropiedad, o generaban normas decesión y acceso a recursos como laminería o el petróleo, que en lapráctica resultaban similares a cederla propiedad sobre ellos. Esa tendenciadesembocó en una fuerte transna-cionalización de los sectores extrac-tivos y un papel cada vez menor delas empresas estatales.

En el neoextractivismo, como seanalizó anteriormente, existe un mayorprotagonismo estatal, y, por lo tanto,se redoblan los controles sobre elacceso a los recursos; en casi todoslos casos se insiste en que estos sonpropiedad del Estado. A su vez, se hanresucitado o creado empresas esta-tales (por ejemplo la potenciación enBolivia de YPFB, o la creación de unente estatal para el gas y energía,ENARSA, en Argentina). Esa presenciaes más variada, incluyendo formasestatales, cooperativas, mixtas oprivadas.

Pero a pesar de esta situación, seanlos Estados, como las empresasestatales, se apunta al éxito comercial,y, por lo tanto, se repiten estrategiasempresariales basadas en la compe-titividad, reducción de costos yaumento de la rentabilidad. De estamanera, el desempeño de empresasestatales (como PDVSA de Venezuela),mixtas (como Petrobras de Brasil) oprivadas (como Repsol YPF enArgentina), se asemejan cada vez mása las conocidas prácticas de las viejasempresas transnacionales, comoExxon o British Petroleum.

Por lo tanto, como sexta tesis sepostula que bajo los gobiernosprogresistas cobra una especialimportancia reconocer que, más alláde la propiedad de los recursos, se

repiten reglas y funcionamientos delos procesos productivos orientadosa ganar competitividad, aumentar larentabilidad bajo criterios de eficienciaclásicos, incluyendo la externalizaciónde impactos sociales y ambientales.Incluso, allí donde se refuerza lapresencia estatal, ésta es usada paraotorgar contratos de asociación,sociedades o joint ventures conempresas privadas (CEDLA, 2009). Laperformance social y ambiental de lasempresas petroleras estatales es pobrey muy discutible, y buenos ejemplosde esto son Petrobras en paísesandinos, o la petrolera estatal uruguayaANCAP.

Las implicancias de esta cuestiónson muy importantes. Entre ellas sedestaca que, además del debate sobrela propiedad de los recursos y losmedios de producción, se debepromover una discusión mucho másprofunda sobre la estructura ydinámica de los procesos productivos,tanto en manos del Estado como enmanos de otros actores. Esosprocesos productivos determinan losimpactos sociales y ambientales, y lasrelaciones comerciales y económicas.

Impactos socio-ambientalesy conflictos ciudadanosLos enclaves extractivistas han

estado en el centro de muchaspolémicas por sus severos impactos

sociales y ambientales. Estos van desdeel énfasis en las desigualdades localesa los casos de contaminación opérdida de biodiversidad. La evidenciaempírica que se ha acumulado en losúltimos años es variada y contundente,y deja en claro que la situaciónconvencional es aquella, donde seexternalizan los efectos sociales yambientales.

Una de las cuestiones másllamativas bajo la nueva izquierda esque no se observan mejorassustanciales en lidiar con estosimpactos, y en especial en el terrenoambiental podría sostenerse que hanexistido retrocesos en algunos países.Consecuentemente, se plantea comoséptima tesis que en el neoextrac-tivismo se mantienen, y en algunoscasos, se han acentuado los impactossociales y ambientales, y que lasacciones para enfrentarlos y resol-verlos todavía son inefectivas, y enocasiones se han debilitado.

Por ejemplo, en Argentina, se vetóuna ley de protección de los glacialesandinos para permitir emprendi-mientos mineros, y en especial laexplotación de oro en Pascua Lama;en Brasil se apunta a una “flexibili-zación” de la regulación y permisosambientales y en Uruguay, el gobiernodel Frente Amplio continúa con supráctica de otorgar permisosambientales para atraer inversionesen celulosa y papel.

Bajo los gobiernos progresistas eldebate sobre los efectos sociales,ambientales y territoriales se vuelvemás opaco. En cuanto a la dimensiónambiental, en varias ocasiones se niegasu existencia o se los minimiza, y, enotros casos, se los rechaza, presen-tándolos como peleas por intereseseconómicos, confrontaciones sobreel ordenamiento territorial, oexpresiones de ocultas agendaspolítico partidarias. Incluso en la

Se debe promover unadiscusión mucho más

profunda sobre laestructura y dinámica delos procesos productivos,tanto en manos del Estadocomo en manos de otros

actores

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El Observador

Venezuela de Chávez se ha denunciadoque el Estado de Zulia se haconvertido en una “zona de sacrificiominero petrolero” (García-Gaudilla,2009). Algunos gobiernos inclusoacusan a indígenas y campesinos de“impedir” el desarrollo (Bebbington,2009).

Esto explica que las protestassociales frente al extractivismo serepitan en todos los países bajogobiernos progresistas. Incluso enpaíses que supuestamente disfrutaríande la tranquilidad de carecer de esosconflictos. Un examen atento muestraotro panorama. Por ejemplo, en Brasil,durante el primer mandato de Lulada Silva los conflictos rurales crecieronsustancialmente, y si bien en el segundogobierno han caído, siguen estandoen altos valores (Gráfico 2). Esto sedebe a factores como: i) malascondiciones de trabajo; ii) trabajoesclavo y; iii) violencia contra losindígenas, todos ellos especialmenteen la amazonia, y muchos vinculadosdirectamente al neoextractivismo.

Excedentes ylegitimación políticaEn el extractivismo clásico, las

imposiciones tributarias, regalías olicencias, eran reducidas, y por lo tanto,

la captación de excedentes desde elEstado era limitada, y se confiaba enun efecto de “goteo”. En el neo-extractivismo se observa un cambiosustancial en algunos gobiernos: elEstado es mucho más activo en captarexcedentes. Esto se debe a diversosfactores, tales como la imposición deregalías mucho más altas en algunoscasos, o una mayor tributación, oincluso en forma directa, por mediode una empresa estatal que llevaadelante la explotación.

Este es uno de los aspectosposiblemente más distintivos en elneoextractivismo, especialmente enBolivia, Ecuador y Venezuela, y susconsecuencias van mucho más allá delterreno económico, ya que involucraal menos dos aspectos. Por un lado,

refleja un papel activo del Estado,donde los gobiernos tienen másopciones y herramientas para captarparte de la riqueza que generan lossectores extractivos. Por otro lado,los gobiernos progresistas usan esosingresos de diversas maneras, y entreellos se destaca el financiamiento dedistintos planes sociales, muchos deellos orientados a los sectores máspobres como Bolsa Familia en Brasil,Juancito Pinto en Bolivia o el ProgramaFamiliar de Argentina (Gudynas, 2008).Esto genera una situación muyparticular, ya que se establece unvínculo entre emprendimientos comola minería o hidrocarburos, y elfinanciamiento de los planes asisten-ciales gubernamentales. Esa conexióna veces es directa como con elImpuesto Directo a los Hidrocarburos(IDH) en Bolivia, y en otras estámediado por las agencias estatales deasistencia social.

Se observa entonces una relaciónpeculiar, ya que el Estado busca captarexcedentes provenientes del extrac-tivismo y al usar parte de éstos enesos programas sociales, logra queesa legitimidad social también puedaser usada para defender actividadesextractivas. En otras palabras, si bienesos gobiernos podría decirse que sealejan de la izquierda clásica por suapoyo al extractivismo convencional,regresan a ella y logran justificarsecomo progresistas por esos programassociales. Pero esas acciones socialesa su vez necesitan un crecientefinanciamiento, y, por lo tanto, esosmismos gobiernos se vuelvendependientes del extractivismo paracaptar recursos financieros.

En este sentido se plantea comooctava tesis, que bajo el neo-extractivismo el Estado capta unamayor proporción del excedente, yque una parte de éste es destinado aprogramas sociales que generan unalegitimación, tanto para los gobiernoscomo para los emprendimientosextractivistas, y que esto contribuyea apaciguar las demandas socialeslocales.

Esos programas sociales sirven parapacificar la protesta social. Por ejemplo,

800

02004 2006200220001999

Gráfico 2Ocurrencia de conflictos y asesinatos en el medio rural en Brasil

400

200

600

2001 2003 2005

Nota: Se indican el inicio de la gestión de Lula Da Silva.Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de la Comisión Pastoral de La Tierra de Brasil.

2007 2008

700

500

300

100

Conflictos Asesinatos

Bajo el neoextractivismoel Estado capta una mayorproporción del excedente,y que una parte de éstees destinado a programassociales que generan una

legitimación

La Paz, enero de 2010

en el caso de Brasil, De Oliveira(2009), muestra la paradojal situaciónen la que si bien el gobierno de Lulaabandonó las metas de reforma agrariay no brinda más tierras a coloni-zadores y sin tierra, el número depersonas envueltas en esas luchas estáen caída. Este "reflujo de los movi-mientos de masas y el flujo de losrecursos financieros gubernamentalescanal izados para las pol ít icascompensatorias (paquetes de ayudade todo tipo y estilo, etc.), estánapaciguando a aquellos que lucharonenérgicamente por la reforma agrariaen los últimos 30 años. Todo indicaque los dos procesos se intercambian"(De Oliveira, 2009).

Por lo tanto, una buena parte dela discusión en lugar de centrarsesobre las prácticas extractivistas, pasaa considerar cómo distribuir losbeneficios que provienen de ella. Secae así en reclamos por porcentajesmayores, o por su destino (si se usaránen construir escuelas, puestos de saludo un nuevo edificio para la alcaldía,por ejemplo). En ese debate a vecesinter vienen directamente lasempresas, sean privadas o estatales,desplazando al propio Estado (dondeel ejemplo clásico, son las empresasque aceptan construir escuelas como“compensación” a los grupos locales).De esta manera, las discusiones sobreel extractivismo se distorsionan, y suvalidez no se cuestiona, desplazadospor la consideración de cuestionesinstrumentales.

El papel de la redistribución pormedio de programas sociales decompensación focalizados es muyimportante. Allí donde estos noexisten, las protestas sociales frenteal extractivismo son mucho másintensas, tal como ocurre en Perú.Bajo los gobiernos progresistas dondeesos programas son más efectivos yextendidos, la protesta socialdisminuye, como sucede en Brasil yUruguay. Aunque un caso particularse observa en Argentina, donde lasadministraciones de N. Kirchner y C.F. de Kirchner, aplicaron programassociales son más efectivos en el mediourbano, que en el espacio rural donde

se observan muchas protestas frenteal extractivismo minero y sojero.

De esta manera, las medidas decompensación social que se financiandesde el extractivismo generan unalegitimidad social a los gobiernosprogresistas, y hacen más difícil poderdiscutir esos emprendimientosproductivos. Aquellos que cuestionanel extractivismo estarían “en contra”del progreso nacional, y hasta podríanponer en cuestión el financiamientode los planes de asistencia.

Neoextractivismo,pobreza y desarrolloComencemos por recordar que

bajo los anteriores contextos políticos,las corrientes progresistas y deizquierda, denunciaban que elextractivismo contribuía a generarpobreza, las economías de enclaveeran vistas como algo negativo y, porlo tanto, se buscaban alternativas desalida a esas condiciones. Bajo losgobiernos progresistas poco a pocose está solidificando un nuevo discursopor el cual el extractivismo ahorapasa a ser una condición necesariapara combatir la pobreza. Hay unareversión de aquella vieja relación, ydonde en el pasado había unaoposición, en la actualidad es vistocomo positivo y se convierte en unacondición de necesidad para eldesarrollo.

Se anuncia que el balance final delextractivismo sería positivo; en algunoscasos se llega a admitir que puedetener impactos sociales y ambientalesnegativos, pero enseguida se replicaque éstos son manejables ocompensables, o que al final decuentas, deben ser aceptados a la luzde un beneficio general para toda lanación. A su vez, los yacimientosmineros y petroleros, o la fertilidadde los suelos, son vistos como riquezasque no pueden ser “desperdiciadas”.Aparece un sentido de necesidad yurgencia.

Un buen ejemplo de este tipo dedefensa se observa con el presidenteCorrea en Ecuador. “No daremosmarcha atrás en la Ley de Minería,porque el desarrollo responsable de

la minería es fundamental para elprogreso del país. No podemossentarnos como mendigos en el sacode oro”, afirmó el 15 de enero de2009. De esta manera, los gobiernosprogresistas aceptan el estilo dedesarrollo actual como indispensable,aunque mejorable y ajustable, ya queno se pueden desperdiciar esasriquezas. Y dan un paso más: sepresentan como que sólo ellos soncapaces de llevarlo adelante coneficiencia y de disponer de unaadecuada redistribución de la riquezagenerada.

Se postula entonces como novenatesis que el neoextractivismo esaceptado como uno de los motoresfundamentales del crecimientoeconómico y una contribución clavepara combatir la pobreza a escala

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Bajo los gobiernosprogresistas poco a pocose está solidificando un

nuevo discurso por el cualel extractivismo ahora

pasa a ser una condiciónnecesaria para combatir

la pobreza

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El Observador

nacional. Se asume que parte de esecrecimiento generará beneficios quese derramarán al resto de la sociedad(“goteo” o “chorreo”). Un Estado,ahora más protagónico, es el que debealentar, administrar y guiar esederrame.

Una de las implicaciones de estapostura es que no se cuestiona estavisión reduccionista que iguala creci-miento económico con desarrollo, y,por lo tanto, no han generado, almenos por ahora, una visión alternativade desarrollo. Si bien las discusionesbolivianas y ecuatorianas sobre el“buen vivir” tienen ese potencial, losgobiernos y muchos otros actoressociales, parecen derivarla haciacuestiones instrumentales. En el casoboliviano, la situación es todavía mástensa, debido a que sorpresivamentela nueva Constitución en variosartículos indica que uno de los finesdel Estado es la “industrialización” delos recursos naturales.

Este tipo de factores hace que elextractivismo pase a ser entendidocomo un componente más del estilode desarrollo propiciado por elprogresismo, y que incluso sea vistocomo necesario y urgente. Muchosde los componentes de las viejas tretasde las empresas mineras y petroleras,que años atrás ofrecían “progreso”,“empleo” y “bienestar” para el país ylas comunidades locales, reapareceahora con otros ropajes, otros énfasis,y un mayor papel estatal. Otro ejemploesta vez en Brasil es oportuno: las

empresas mineras aprovechan de la"convivencia y sumisión del Estado,de las precarias condiciones en quevive la mayoría de la población de losmunicipios donde ellas se instalan", yapelan a un discurso sobre la "llegadadel desarrollo y el progreso", quegracias al apoyo de políticos locales yregionales, logran condicionesfavorables para su implantación ydominio, según los investigadores dela Comisión Pastoral de la Tierra (ReisPereira, 2009).

Estos y otros ejemplos indican queeste neoextractivismo reconfigura losdiscursos sobre el desarrollo, dondelas comunidades locales deben aceptarlos sacrificios de los impactos comomedio de lograr supuestas metasnacionales, y a cambio de ofrecerlesun abanico de medidas de com-pensación, que pueden ir desde losclásicos programas focalizados deasistencia social, a convertirlos en“socios” de las empresas.

Estas condiciones son tan amplias,que las críticas contra el extractivismofácilmente pueden ser tildadas de estaren contra del desarrollo nacional o elprogreso, pueden ser calificadas deinfantiles o soñadoras, y hasta depeligrosas. Esas expresiones han estadoen boca de Correa, Morales y Lula daSilva. Baste como ejemplo, lasafirmaciones del pasado julio, delpresidente Evo Morales donde criticaa grupos indígenas y campesinos quese oponen a petroleras y mineras,donde se pregunta: “¿de qué Boliviava a vivir si algunas ONG dicenamazonia sin petróleo?" (EconoticiasBolivia, 14/Jul/2009).

El neoextractivismobajo el mito del progresoLas diferentes líneas argumentales

que provisoriamente se presentan eneste ensayo terminan confluyendo enuna décima tesis: el neoextrac-tivismo es un nuevo ingrediente deuna versión contemporánea ysudamericana del desarrollismo. Estaversión es heredera de las ideasclásicas de la modernidad y, por lotanto, mantiene su fe en el progresomaterial, pero es un híbridocontemporáneo que resulta de lascondiciones culturales y políticaspropias de América del Sur.

En efecto, la idea del progresocontinuado, basado en la técnica, ynutrido de las riquezas de la naturaleza,ha sido una expresión clásica de lamodernidad. La nueva izquierda

Las empresas minerasaprovechan de la

"convivencia y sumisión delEstado, de las precarias

condiciones en que vive lamayoría de la población delos municipios donde ellas

se instalan"

La Paz, enero de 2010

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latinoamericana es heredera de esasideas, pero las ha reconfigurado debidoa variados factores, que van desde losantecedentes de sus propias luchaspolíticas, los efectos de la caída de lossocialismos reales, las demandas desectores populares y pueblosindígenas, y hasta los efectos de lasreformas neoliberales. Es el resultadode una nueva mezcla, donde hay tantoviejos como nuevos ingredientes, ycomponentes que aunque muyantiguos, hasta hace poco estabansubordinados. Esto explica que el viejoy el nuevo extractivismo compartenalgunos aspectos en común, pero losénfasis son distintos, y cada uno poseealgunos atributos propios. Eso a suvez explica algunas coincidencias encuanto al extractivismo entregobiernos tan dispares como los deRafael Correa o Alan García.

La izquierda sudamericana noren iega del clásico apego alcrecimiento económico basado en laapropiación de los recursos naturales.El extractivismo juega un papelimportante en este nuevo programa,ya que no se lo rechaza, sino que selo debería profundizar debido a quees uno de los motores para asegurarel crecimiento económico y el propiomantenimiento financiero del Estado,aunque debe ser manejado. Mientrasque el viejo extractivismo debía lidiarcon los desbalances en los términosde intercambio, el neoextractivismocree que los altos precios son unaoportunidad que no se puededesaprovechar.

Pero a su vez, como este nuevoextractivismo contribuye a financiarlos programas sociales que son clavepara que estos nuevos gobiernos sepuedan definir como progresistas,logran una legitimidad políticainesperada. La crítica al neoextracti-vismo implicaría un cuestionamientoa la vieja idea del progreso, perotambién a uno de los pilares de losprogramas sociales, y, por lo tanto, auna de las justificaciones de llamarseprogresista. Por lo tanto, loscuestionamientos son rechazados oignorados desde estos nuevosgobiernos.

Este progresismo representaría un“nacionalismo sobre los recursos”,siguiendo las palabras de Bebbington(2009), donde no se cuestiona laextracción en sí misma sino su controlprivado y extranjero. Esos gobiernosse dirigen a asumir el control estatalsobre esos recursos, aunque con ellosterminen reproduciendo los mismosprocesos productivos, similaresrelaciones de poder y los mismosimpactos sociales y ambientales.

Conclusiones preliminaresA lo largo del presente ensayo se

ofrecen una serie de ideas y argumen-tos sobre la permanencia del extrac-tivismo en América del Sur. La idea

central es que éste no es igual al quetenía lugar en anteriores décadas, yen el caso de los gobiernos progre-sistas se ha generado un extractivismode nuevo cuño. En su caracterizaciónse observan tanto viejos como nuevoscomponentes, pero además esteconjunto es singular, con sesgospropios, como el papel otorgado alEstado y las nuevas fuentes delegitimación social y política.

El reconocimiento de la identidadpropia de este estilo progresista deextractivismo requiere un abordajecon rigurosidad y mesura. Es impor-tante comprender que el neoextrac-tivismo no puede ser entendido como

1 Persiste la importancia de los sectores extractivistas como un pilarrelevante de los estilos de desarrollo.

2 El progresismo sudamericano genera un extractivismo de nuevo tipo,tanto por algunos de sus componentes como por la combinación deviejos y nuevos atributos.

3 Se observa una mayor presencia y un papel más activo del Estado, conacciones tanto directas como indirectas.

4 El neoextractivismo sirve a una inserción internacional subordinaday funcional a la globalización comercial y financiera.

5 Sigue avanzando una fragmentación territorial, con áreas relegadas yenclaves extractivos asociados a los mercados globales.

6 Más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas yfuncionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad,eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos.

7 Se mantienen, y en algunos casos se han agravado, los impactos socialesy ambientales de los sectores extractivos.

8 El Estado capta (o intenta captar) una mayor proporción del excedentegenerado por los sectores extractivos, y parte de esos recursosfinancian programas sociales, con lo que se ganan nuevas fuentes delegitimación social.

9 Se revierten algunas contradicciones sobre el extractivismo, y se lopasa a concebir como indispensable para combatir la pobreza ypromover el desarrollo.

10 El neoextractivismo es parte de una versión contemporánea deldesarrollismo propio de América del Sur, donde se mantiene el mitodel progreso bajo una nueva hibridación cultural y política.

Resumen de las tesis preliminares que caracterizan elneo-extractivismo de los gobiernos progresistas en América del Sur

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una estrategia neoliberal, similar a lasobservadas en las décadas anteriores,pero tampoco puede ser interpretadocomo una promisoria alternativa, quemecánicamente mejora la calidad devida y la autonomía ciudadana. Esevidente que el actual progresismoofrece en muchos casos mejorassustanciales frente a los regímenesconservadores. Pero como queda claroque persisten limitaciones, resistenciasy contradicciones, y, por lo tanto, nose puede analizar la actual izquierdasudamer icana bajo los viejosparadigmas.

Ignorar los impactos del neo-extractivismo, o callar los análisis porsimpatías partidarias, es un caminodesatinado, y en especial en los

ámbitos académicos o en la militanciasocial. Aprovechar esos claroscurospara rechazar insidiosamente todaslas acciones de la izquierda gobernante,es otro sendero equivocado.

Es cierto que bajo el neoextrac-tivismo permanecen muchos impactos,especialmente en aspectos sociales yambientales. Pero a pesar de ello, nopuede sostenerse que éste representeen realidad un neoliberalismo o un“capitalismo salvaje”, como sostieneGarcía-Guadilla (2009) para elchavismo en Venezuela.

Sin duda, las tesis presentadas a lolargo del texto, son elaboracionespreliminares y requieren de un trabajomás exhaustivo. Es imprescindibleseguir profundizando en la caracte-rización de los nuevos estilos dedesarrollo del progresismo sudame-ricano, ya que desde allí se originanlas actuales tensiones sociales y losimpactos ambientales, y de esta ma-nera una mejor comprensión esimprescindible para ofrecer alterna-tivas. La tarea es también urgente,para comprender las nuevas demandasy posibilidades de la sociedad civilfrente a los desafíos del desarrollo.

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Es evidente que elactual progresismo

ofrece en muchos casosmejoras sustanciales

frente a los regímenesconservadores

La Paz, enero de 2010

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Osvaldo Guachalla, Investigador delCentro de Estudios para el Desarrollo Laboraly Agrario - CEDLA. La Paz, Bolivia.

LA EXACERBACIÓN DE LA POLÍTICAEXTRACTIVISTA DEL M.A.S.

“Socios y no patrones”En Bolivia la extracción de recursos

naturales (hidrocarburos y minería,principalmente) continúa siendo lafuente principal de obtención derecursos para el Estado. Pese a haberseplanteado el “cambio del patrón dedesarrollo primario exportador y laconstitución de un nuevo patrón dedesarrollo diversificado e integral1”,se deja incólume el mismo, al limitarsea propugnar la incorporación de ma-yor valor agregado a las exportacionesy la diversificación de la matriz pro­ductiva a partir de una mayorparticipación del Estado.

En la misma línea, el programaelectoral para la gestión 2010-2015,plantea “emprender un gran plan in­dustrializador en las áreas de hidro­carburos, minerales, alimentos,producción de medicamentos, textilesy, en general, toda aquella actividad queproduzca valor agregado”2. Señala que“el Gran Salto Industrial desarrollaráprocesos de industrialización en dosgrandes ejes: el primero apunta atodos los programas de indus-trialización a gran escala (hidrocarbu­ros, energía, litio, hierro, cemento), atiempo que, el segundo eje está pen­sado para impulsar proyectos depequeña y mediana envergadura in­dustrial. En este segundo plano, seinstalarán decenas de pequeñas y me­dianas plantas (o factorías) para elprocesamiento industrial de laproducción agropecuaria de comu­nidades, cooperativas y unidades pro­ductivas locales. En este ámbito se

industrializarán productos lácteos,verduras, frutales, cítricos, cerealestextiles y otros” (Programa de gobier-no del MAS, 2010-2015). Apuntaademás, que “es posible que se re­quiera el concurso de nuevos y mayo-res capitales en calidad de sociosestratégicos pero bajo el principio delcontrol estatal”.

A partir de la presencia del MASen el gobierno, el año 2006 se iniciaun nuevo ciclo económico con elllamado Modelo Económico NacionalProductivo, basado en la economíaplural (pública, privada, comunitaria ysocial comunitaria), en el cual se de­sarrollarán a plenitud la economíaestatal, privada, comunitaria y coope-rativa. Afirma que “Bolivia se consti­tuirá en un país con un sistema pro­ductivo dinámico y plural, donde seencuentren los productores comuni­tarios, privados y el Estado en mediode relaciones de equidad y comple­mentariedad”y además, que dará fin“a la tendencia histórica que convirtióa Bolivia, desde tiempos de la

l Movimiento al Socialismo (MAS) ha tejido un discurso confuso ycontradictorio mezcla de populista, nacionalista, indigenista, antineoliberal,descolonizador, antiimperialista y ambientalista que no ha modificado enla práctica el modelo primario-exportador. Al contrario, se dispone a

consolidar la política extractivista –que como se ha demostrado históricamente–se somete a los intereses transnacionales, a la obtención de ganancias privadasy de ingresos fiscales mediante su acelerada monetización.

E

“Es posible que serequiera el concurso de

nuevos y mayorescapitales en calidad desocios estratégicos pero

bajo el principio delcontrol estatal”

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fundación de la República, en un paísexportador de materias primas”.

Así, la tarea de industrializar el paísen los próximos años, corresponde alas empresas transnacionales, que seocuparán de la transformación dealgunos minerales en insumos metáli­cos (hierro y cobre) y de la trans-formación del gas natural en fertili­zantes, destinándolos mayoritaria­mente a la exportación. Contraria­mente, la responsabilidad de desa-rrollar la industria de bienes para elmercado interno, como alimentos yotros, le corresponderá al Estado. Nohace falta explicar quienes se benefi­ciarán con las mayores ganancias pro­venientes de la renta de los recursosnaturales, según este plan.

En la lógica del gobierno, lasuperación de la denominada“maldición de los recursos naturales”,será posible a través de la “redis-tribución equitativa de los excedenteseconómicos”. En este sentido, se es­tablecieron varios subsidios dirigidosa los grupos sociales más vulnerables,como el Bono Juancito Pinto, la RentaDignidad y el Bono Juana Azurduy”.En consideración a las condiciones dela demanda internacional por materiasprimas mineras e hidrocarburíferas–que en el pasado reciente se tradujo

en elevadas cotizaciones– así comoal esperado virtuo-sismo de sus políti­cas extractivas, el MAS, en el programamencionado anteriormente, considera“permanente la factibilidad financierade la ampliación, mejoramiento yextensión de estos y otros beneficiossociales”. Con la misma orientación,se mantiene la distribución de lostributos hidrocarburíferos y se mejorala distribución de la renta minera entrelos gobiernos subnacionales: prefectu­ras departamentales y municipios.

Es evidente que esta lógica, provie-ne de la creencia del MAS en la posibili-dad de que en Bolivia el capitalismose desarrolle plenamente. Empero,debido a la orientación rentista de supolítica, lo más probable es que, dis­minuido ante el poder de las transna­

cionales y estimulado por su urgenciade demostrar que el gobierno garan­tiza la inversión extranjera, acabehaciendo concesiones que consolidennuestro papel de productores de ma­terias primas, abandonando los sueñospara un futuro indeterminado.

El papel del Estado siguesubordinado a las decisionesde las transnacionalesLas empresas transnacionales

siguen teniendo el control de laproducción de los hidrocarburos yminería. Solamente Petrobras, el 2008,representó el 61,5% de la producciónde hidrocarburos; mientras queYacimientos Petrolíferos Fiscales Bo­livianos (YPFB) no produjo nada.Únicamente el Proyecto Minero SanCristóbal, dependiente de la japonesaSumitomo Corporation, llegó a pro­ducir el 79% del plomo, 51% de zincy 49% de la plata del país, representan­do más de la mitad (55%) del creci-miento minero3 del 2008, mientras laestatal Empresa Minera Huanuni ape­nas representó el 7%. A la luz de estosdatos, la afirmación del gobierno deque el Estado es quien conduce laeconomía, cae por su propio peso.

La nueva Constitución Política delEstado (NCPE) da vía libre a laparticipación de la inversión privadaen toda la cadena de hidrocarburosy minería. A pesar de que los recursosnaturales considerados estratégicos(minerales e hidrocarburos) “son depropiedad y dominio directo del Esta­do” (Art. 349) y de que éste asume“el control y la dirección sobre laexploración, explotación, industria-lización, transporte y comercializaciónde los recursos naturales a través deentidades públicas, cooperativas ocomunitarias”, deja a todas esas en­tidades en libertad para “contratar aempresas privadas y constituir empre­sas mixtas” (Art. 351); es decir, laConstitución permite todas las formasde contratos y asociación con empre­sas privadas, nacionales y extranjeras,lo que facilita el ingreso de capitalesextranjeros, bajo la cobertura de laComibol, las cooperativas y las mismascomunidades.

La nueva ConstituciónPolítica del Estado

(NCPE) da vía libre ala participación de lainversión privada entoda la cadena de

hidrocarburos y minería

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Además, las transnacionales hanlogrado que las concesiones minerassean respetadas por la nuevaconstitución (Art. 123) y que lamigración de concesiones a contratossea con reconocimiento de derechosadquirido (CPE, disposiciones transi­torias), permitiendo que los proyectosmineros sigan con la explotación yexportación de materia prima.

La NCPE respeta también los nue­vos contratos petroleros y garantizala estadía de las empresas transnacio-nales que operan en el país. Más aún,en un proceso reservado, las transna­cionales petroleras son los actoresprotagónicos de las discusiones conel gobierno para elaborar la nuevaLey de Hidrocarburos.

Según el ministro de Hidrocarbu­ros, Oscar Coca, “la nueva Ley deHidrocarburos brinda seguridad jurídi­ca a las inversiones privadas, comen­zando por las compañías que ya ope­ran en el país”. La autoridad aseguraque será mantenido el “principio” de“convivencia con el privado”, en elmarco de la lógica gubernamentalestablecida el 2006 y que las normasvigentes consideran a las empresasprivadas como parte de este proceso4.

El modelo extractivista que se apli­ca en el sector hidrocarburífero es através de la constitución de Sociedadesde Economía Mixta, que es una nuevaforma de privatización disfrazada deempresa nacional. De este modo, lastransnacionales ya no toman el nego­cio petrolero a nombre propio, sinoque lo hacen mediante una fachadanacionalista, obligándolo a asumir ma-yor parte del riesgo hidrocarburíferoy facilitarles la entrada5.

Se reservan para YPFB 33 áreas deinterés petrolero (Decretos Supremos29130 y 29226). Para la operación deestas áreas, YPFB creó dos sociedadesanónimas mixtas. La primera empresase creó en sociedad con PDVSA(Petróleos de Venezuela S. A.): Petroan­dina SAM, el año 2006, en la que YPFBtiene 60% de participación. Las leyes3910 y 3911 de 16 de julio de 2008autorizan la operación de PetroandinaSociedad Anónima Mixta (SAM) enlos bloques Aguaragüe Sur A y B,

Centro, y Norte, Tiacia, Iñiguazú, Iñaú,por una parte, y Lliquimuni, Secure,Madidi, Chispani y Chupite. Una segun-da SAM se acordó con Gas to LiquidBolivia (GTLI), subsidiaria de la em­presa de capitales indios Jindal SteelBolivia S.A., concesionaria del yaci-miento de hierro del Mutún. Tambiénen este caso, YPFB tiene el 60% de laparticipación accionaria. Los bloquesen los cuales operaránYPFB/GTLISAM son Río Beni, Almendro, Cupesitoe Itacaray.

Suministrandoal mercado externoDe acuerdo a las previsiones ofi­

ciales, nueve empresas petroleras in­vertirían aproximadamente $us 3.633millones en el quinquenio 2010-2015.

La primera empresa que ejecutaráuna inversión de $us 1.500 millonessería Repsol YPF, en el desarrollo delos campos Margarita y Huacaya, conel objetivo de lograr una producciónde 14 millones de metros cúbicos pordía de gas natural (MMm3/d) paracubrir el mercado argentino. El presi-dente de YPFB aseguró que de estamanera se inicia el plan de inversionesquinquenales, que dará un gran im­pulso a la producción de los diferentescampos que tienen reservas probadas,destacando “el esfuerzo” de Repsol,que se convertiría en la empresa másimportante del sector. Por su parte,el presidente de la transnacional dijo:“Repsol lleva aquí muchos años ysiempre se nos ha tratado muy bien”6.

Estas expresiones de mutuasatisfacción, revelan no sólo el carácterde las relaciones con los capitalesespañoles, sino que marcan el tenorgeneral que dominará en el futuropróximo, las relaciones con las em­presas transnacionales

La prioridad de la política guber­namental es el suministro al mercadoexterno, por lo que las petrolerasdemandaron seguridad para lamonetización de sus reservas y ac­ciones más agresivas para conseguirmás mercados externos por parte del

La NCPE respetatambién los nuevos

contratos petroleros ygarantiza la estadía de

las empresastransnacionales queoperan en el país

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gobierno. Concretamente, se busca laposibilidad de exportar a Uruguay yParaguay a través de Argentina y nose desecha la posibilidad de exportara Chile. A las petroleras no les interesael mercado interno –que enfrentacrecientes dificultades para su abas­tecimiento de este tipo de energéti­cos– al punto que se ha convertidoen dependiente absoluto de dieselimportado y, en el último año, hapasado a ser importador de gasolinay gas licuado de petróleo mientras,irónicamente, se sigue exportando gashúmedo hacia Brasil y Argentina, de­bido a la postergación reiterada delas plantas separadoras de líquidos.Esta situación, se refleja dramática­mente en la subvención a estos pro­ductos, que supera los 400 millonesde dólares.

Mientras tanto, países como Chile,Argentina, Brasil han optado por di­versificar su matriz energética, paraevitar en el futuro consecuenciasgraves para sus economías. Esto lesha llevado a buscar nuevas alternativasde provisión de hidrocarburos, comolo demuestra la incursión del GasNatural Licuado (GNL), y a incremen­tar sus propias reservas mediante larealización de enormes inversiones.Esta situación se ha convertido en unnuevo factor de presión para que elgobierno se incline por otorgar me­jores condiciones a la inversión ex­tranjera, ante el riesgo de que sedificulte la exportación de gas naturaly, con ello, la generación de recursosfiscales.

En minería, el modelo extractivistaopera mediante la firma de contratosde Riesgo Compartido. La otorgación

del derecho de explotación de losyacimientos de hierro del Mutún a laempresa india Jindal Steel & PowerLimited, es el ejemplo más ilustrativo.El mismo entrega el yacimiento po­niendo como condición la generaciónde empleos y de tributos al fisco, asícomo la exigencia de garantizar laindustrialización de un porcentajemenor de las reservas. Por su parte,el Estado se obliga a proveer la infraes-tructura y un considerable volumende gas natural a menores precios quelos que rigen la exportación al Brasily Argentina.

También, la estatal coreana KoreaResources Corporation (Kores) firmócon la Corporación Minera de Bolivia(Comibol) un contrato de riesgo com­partido para la explotación delyacimiento cuprífero de Coro Coropor treinta años, con una inversióntotal de $us 200 millones, la instalaciónde una planta que producirá cobreelectrolítico y en el que la participaciónestatal alcanza al 55% del flujo de cajaneto.

Otros contratos vigentes que sefirmaron antes del gobierno del MASson: el proyecto minero San Cristóbalexplotado por la empresa japonesaSumitomo Corporation, proyecto mi-nero San Vicente con la canadiensePan American Silver, el proyecto SanBartolomé operado por la empresaestadounidense Coeur d' Alene MinesCorporation a través de contratos deriesgo compartido y contratos direc­tos con cooperativas y Comibol, yotros en los que intervienen la em­presa Glencore International AG, laempresa minera Inti Raymi y la em­presa Republic.

Esta difundida participación de em­presas extranjeras en la producciónminera, contrasta con la escasa activi-dad productiva del Estado, situaciónque no cambiará en el futuro inmedia-to, dada la ausencia de planes de for­talecer la actividad independiente dela empresa estatal ni de nacionalizaciónde otras minas o proyectos mineros.Cabe recordar que la nacionalizaciónde la Empresa Minera de Huanuni yla Empresa Minera de Vinto se rea-lizaron por presión de los sindicatos,

Esta difundidaparticipación de empresas

extranjeras en laproducción minera,

contrasta con la escasaactividad productiva del

Estado

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por lo que resultan ser casos excep­cionales y ajenos a la intención inicialdel MAS. En este sentido, lospropósitos del gobierno, a partir deuna nueva Ley de Minería, parecenlimitarse a “la creación de mecanismosde registro, seguimiento y fiscalización,y control del cumplimiento de obliga­ciones de los operadores mineros"(”La nueva Ley Minera otorga másresponsabilidad a Comibol”, La Prensa.10/Nov/09).

Más aún, como producto de lacrisis del capitalismo, en el plano in­ternacional se está apresurando laexpansión de la exploración yexplotación de los recursos naturales.Ese es el caso del litio, consideradouna alternativa al inminente agotamien­to de los hidrocarburos. El gobierno,para consolidar el “proceso de cam­bio”, requiere mostrar resultadosefectivos en el ámbito productivo, asícomo sostener la capacidad de gastofiscal, lo que le llevará, probablemente,a competir con otros gobiernos dela región en la atracción de inversionesextranjeras. Esto explica el hecho deque el gobierno esté desarrollandointensas acciones de lobby con dife-rentes compañías para acelerar suarribo al país, detrás de nuevos pros­pectos mineros, como el del salar deUyuni.

La estrategia difundida por los cír­culos oficialistas, considera que inicial­mente el Estado puede explotar po­tasio y litio sin necesidad deinversionistas, pero que en la etapade explotación masiva y el tránsito ala producción de litio metálico seráimprescindible la asociación con em­presas transnacionales. Hasta el mo­

mento las firmas francesas Bolloré yEramet, las niponas JOGMEC, Mitsub­ishi y Sumitomo, la surcoreana LG yel gobierno de Rusia han manifestadosu interés por participar en laexplotación del salar de Uyuni.

Los conflictos socialescontradicen el discursopro naturaleza y proindígena del gobiernoLos conflictos por la expansión de

la explotación minera e hidrocar­burífera que afecta a la población ruralse multiplican de manera sostenida.La débil presencia del Estado en elárea rural profundiza este problemay, en varias ocasiones, ha llevado aviolentos desenlaces.

Algunas de las razones de esteincremento de la conflictividad socialtienen que ver con el incumplimientode las normas ambientales, que hanquedado como meras referencias for­males, debido a que la prioridad prin­cipal es la explotación y exportaciónde recursos naturales. Ni laconstitucionalización de los derechosde los pueblos indígenas ha paradolos avasallamientos mineros ni losconflictos con las petroleras. Comoha sucedido en muchas experienciasinternacionales, el remedio que se

qu ie re dar s e l im i ta a l areglamentación, evitando la asunciónde verdaderas soluciones al problemade la pobreza extrema en la que vivela población rural, agravada por losimpactos de la explotación minera ehidrocarburífera sobre sus condicionesproductivas.

La Constitución Política del Estadono otorga a los pueblos indígenas elderecho a veto y se limita a establecerel derecho a la consulta. Los pueblosindígenas y originarios sustentan susreivindicaciones en el Convenio 169de la OIT sobre Pueblos Indígenas yTribales en Países Independientes yla Declaración de las Naciones Unidassobre los Derechos de los PueblosIndígenas, que no otorga el derechoa veto a la explotación de los recursosnaturales. Al concluir la gestión degobierno, se puede decir que es muypoco el avance en el tema de laremediación ambiental que ocasionala actividad minera, desde laaprobación de la Ley 133 del MedioAmbiente (1992) y sus reglamentos(1995 a 1997); más aún, resulta con­tradictorio cuando el primero en nocumplir las normas medioambientalessea el gobierno nacional7.

Como el MAS considera laexplotación de los recursos naturales

El Estado puede explotarpotasio y litio sin

necesidad deinversionistas, pero en laetapa de explotación será

imprescindible laasociación con empresas

transnacionales.

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DIRECTOR: JAVIER GÓMEZ AGUILARPRODUCCIÓN EDITORIAL:UNIDAD DE COMUNICACIÓN - CEDLA

TELFS: 591 (02) 2412429 / 2413223FAX: 591 (02) 2414625 / CASILLA 8630AV. JAIMES FREYRE 2940 / LA PAZ - BOLIVIASitio Web: cedla@cedla.orgE-mail: www.cedla.org

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como fuente fiscal de recursos pararedistribuir el ingreso, resulta lógicasu inclinación por el fomento a lainversión extranjera directa, así comosu crítica a los movimientos sociales,activistas y ONG que se oponen “radi-calmente” a la explotación de losrecursos naturales8, olvidando su dis­curso en defensa de la “madre tierra”y de la humanidad.

Un ejemplo de esa contradicciónevidente, es la reacción del presidenteEvo Morales en ocasión de laoposición al ingreso de empresas pe­troleras en un sector de la amazonia–expresada por grupos indígenas yactivistas medioambientales– cuandoles contestó “de qué, entonces, Boliviava a vivir, si algunas ONG dicen ‘amazoníasin petróleo […]están diciendo, en otraspalabras, que el pueblo boliviano no tenga

plata, que no haya IDH, que no hayaregalías, pero también van diciendo queno haya (el bono) Juancito Pinto ni laRenta Dignidad ni el bono JuanaAzurduy”9.

Con un tono aún más revelador,las autoridades priorizan los interesesde las empresas operadoras. El presi-dente de YPFB acusó a los pueblosindígenas y organizaciones campesinasde obstacul i zar la invers ióncomprometida por las empresaspetroleras que suscribieron contratosde operación con la empresa estatal.Señaló que no se opone a susdemandas, sino a lo “sobredimen-sionado” de las mismas: “en muchoscasos esa demanda y compensaciónexcede con creces a la disponibilidad dela empresa; inclusive no guarda proporcióncon lo que piden versus las inversiones

que real izan (las empresas)”10 .Coincidentemente, el presidente dela Cámara Boliviana de Hidrocarburos(CBH) declaró que “las empresaspetroleras, además de recibir demandassobredimensionadas de los indígenas,también son víctimas de chantajesderivados de bloqueos de caminos”11.

Como puede verse, la actualorientación de las acciones del gobier-no del MAS y la probable direcciónque asuman en el futuro, revelan nosólo la continuidad, sino la exacer-bación de la naturaleza extractivistade su política relativa a la explotaciónde los recursos naturales.

Notas1. Plan Nacional de Desarrollo, DS. 29272.2. Subrayado del autor.3. El 2008 el sector más dinámico fue la

minería cuya tasa de crecimientoalcanzó el 56%, llegando a tener unaincidencia de 2, 41% en la subida del6,15% del PIB.

4. “Nueva Ley de Hidrocarburos garantizainversiones privadas”, El Diario,27/Nov/2009, La Paz.

5. Rivera Mazorco, Maya y Arispe Barrien-tos, Sergio. ¿Quién manda en YPFB?Rebelión.

6. “YPFB insiste en anunciar inversionesde las petroleras”, El Deber, 27/Nov/2009, Santa Cruz.

7. El Consejo Nacional de Ayllus y Markasdel Qullasuyo (Conamaq) afirmó quese infringieron los procedimientos ylos plazos para la otorgación de la fichaambiental al proyecto minero de CoroCoro, que en menos de 72 horas ob­tuvo el permiso del Viceministerio deMedio Ambiente para seguir operando.(Erbol, La Paz, 14/nov).

8. Bebbington, Anthony. “Las políticasextractivas y las dinámicas territoriales”.Centro Peruano de Estudios Sociales,Universidad de Manchester, 2008.

9. Ibídem.10.“Las petroleras también son víctimas

de chantajes”. La Razón, 22/Oct/2009.11.Ibídem.

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