El largo camino hacia la ILE - Multimedia PUEG · 2016-02-17 · El largo camino hacia la ILE Mi...

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la

reglamentación en materia de derechos de autor.

Este documento no tiene costo alguno,

por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.

El uso indebido de este documento es

responsabilidad del estudiante.

El largo camino hacia la ILE Mi versión de los hechos

MARTA LAMAS

CIEI 00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO

MÉXICO, 2015

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.

Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial. El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Primera edición: marzo de 2015

D.R. O Universidad Nacional Autónoma de México Programa Universitario de Estudios de Género Torre II de Humanidades, 7° piso, Circuito Interior Ciudad Universitaria 04510, México D.F.

D.R. O Foto de la portada: Rotmi Enciso "Maternidad voluntaria", 1991

ISBN: 978-607-02-6444-3

D.R. Derechos reservados conforme a la ley

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra sin contar previamente con la autorización expresa y por escri-to de la institución editora, en términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Impreso y hecho en México



8. Las usuarias y las delincuentes

La despenalización de 2007 impactó las creencias y actitudes respecto del aborto básicamente en dos grupos: el de las usua-rias del servicio y el del personal de salud. En el protocolo de capacitación para el personal que atendería la ILE se explicitó claramente que debía tratarse a las usuarias sin juicios mora-listas. El discurso de la Secretaría de Salud del GDF fue polí-ticamente correcto: "respetar la decisión de las mujeres y no juzgarlas". Posteriormente la decisión de ofrecer la ILE con medicamento implicó confiar en que las mujeres realizaran ade-cuadamente el procedimiento y regresaran a la revisión pos-terior. Era un giro de considerable importancia que dieron las autoridades de la Secretaría de Salud del GDF y que conducía al personal médico a transformar su actitud paternalista, ya que se pasaba de intervenir el cuerpo de las mujeres a admi-nistrarles unas pastillas que deberían tomar en su casa.

El cambio de creencias y actitudes se visualiza en dos investigaciones que ofrecen indicios clave. En cuanto a las usuarias, Edith Flores Pérez y Ana Amuchástegui Herrera, académicas de la uAm-Xochimilco, llevaron cabo un estudio justo después de la reforma legal y un año más tarde.' Su intención era:

1 La investigación, que se titula "Procesos subjetivos de ciudadanía: sexualidad y derechos humanos", consistió en un trabajo de campo en dos hospitales públicos del GDF durante 2008 y 2009. Las investigadoras realizaron entrevistas cualitativas a usuarias del servicio, algunos acompañantes y personal de las clínicas. En total



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[...] documentar el hecho de que, más allá de las circunstancias particulares de cada embarazo y su interrupción, el carácter legal o ilegal del procedimiento configura contextos sociales y subjetivos radicalmente diferentes para las mujeres, no sólo en lo que atañe a su salud sexual y reproductiva, sino también en la concepción misma que construyen respecto al derecho a decidir sobre su cuerpo (Flores y Amuchástegui, 2012: 22).

Así, Flores y Amuchástegui señalan que "la legalización marcó un cambio formal, no sólo en la práctica del aborto sino en la concepción de sí misma de quien toma esa decisión. Inme-diatamente después de la reforma, las mujeres pasaron de ser delincuentes a usuarias legítimas de un servicio público" (2012: 26). Para estas investigadoras, la legalización promovió "que las mujeres se reconozcan como titulares del derecho" (2012: 28). Y añaden: "la legalización, y especialmente la pres-tación estatal del servicio, fue interpretada por las mujeres como un respaldo y legitimación social de su derecho a deci-dir sobre su reproducción, lo cual puede facilitar las condicio-nes para el ejercicio de su autonomía y autodeterminación como personas sujetos de derechos" (2012: 9). Al pasar del miedo a la seguridad, la intervención fue vivida como "un alivio". Por eso Flores y Amuchástegui concluyen que: "la re-forma al Código Penal y la Ley de Salud del DF ha traído consigo condiciones que transforman radicalmente la expe-riencia del aborto en una posibilidad que refuerza la construc-ción de las mujeres como sujetos autónomos con derecho a decidir plenamente sobre su cuerpo y su vida" (2012: 29).

Lo que encontraron estas investigadoras también lo percib yo, cuando me propuse indagar el impacto de la ILE en el per-

entrevistaron a 24 mujeres de 18 a 36 años, de las cuales dos provenían de otrg entidades federativas.

sonal de salud. Ante la situación de que las "pacientitas" habían pasado a ser vistas como "ciudadanas con derechos" me surgie-ron una serie de preguntas: ¿qué comentan los médicos sobre las usuarias?; ¿qué dicen quienes acompañan el proceso, des-de las enfermeras hasta las recepcionistas, desde las trabajado-ras sociales hasta las administrativas, y las de intendencia y vigilancia? Llevé a cabo entonces, una investigación (Lamas,

2011)2 en la clínica de ILE que está dentro del centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán, precisamente donde —como ya señalé— se realiza el mayor número de abortos.

El personal adscrito a la clínica' estaba integrado entonces, además del director, por dos ginecólogos que cubrían los tur-nos de la mañana y la tarde, un anestesiólogo, y cuatro enfer-meras en la mañana y dos en la tarde. Las trabajadoras sociales provenían del centro de salud y se rotaban para laborar en la clínica. Había además una persona de intendencia y una vigi-lante con turnos de rotación de 12 horas cada 24 horas. Tam-

bién colaboraban ginecólogos de Ipas y residentes de la uNAm.4

2 Mi propuesta consistía en una investigación de tipo cualitativo, con observa-ción en campo y entrevistas, tanto al personal que labora directamente en dicha clínica como a algunos funcionarios de la Secretaría de Salud. El proyecto recibió el visto bueno de las autoridades y al principio mi presencia en la clínica no causó sorpresa, pues el modelo de atención de la ILE ya había convocado a otros visitantes e investigadores. Sin embargo, como estuve cinco meses en trabajo de campo, dedi-cada a recopilar información mediante observación y breves entrevistas, el hecho de que me dedicara a observar durante tanto tiempo sí supuso una cierta inquietud e incomodidad para quienes ahí laboraban.

3 A lo largo de cinco meses (de diciembre 2009 a mayo 2010) realicé el trabajo de campo y entrevisté a veintiocho personas adscritas a la clínica: seis médicos y médicas, diez enfermeras, cuatro trabajadoras sociales, dos recepcionistas, dos admi-nistrativas, dos personas de intendencia y dos de vigilancia. También entrevisté a otras cinco personas, entre las que se encontraban el director de la clínica, el direc-tor del centro de salud y el director de Salud Reproductiva del GDF.

4 Como sucede en el sector salud, altamente jerarquizado, los varones ocupan el nivel más alto, y las demás posiciones, de enfermería a intendencia, están ocupa-das todas por mujeres.



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Con la observación de campo obtuve información direc-ta sobre el proceso de atención a las usuarias de ILE y encon-tré que había un "trato adecuado". El concepto, que se enfo-ca "exclusivamente en los aspectos no médicos de la interacción del usuario con el sistema y no incorpora los aspectos clinicos de esta interacción" (Puentes et al., 2005),

me pareció ser una realidad en la clínica: las recepcionistas eran atentas; las enfermeras, cuidadosas y amables; los médi-cos daban explicaciones y se mostraban respetuosos. El "trato adecuado" tiene ocho componentes: a) autonomía, b) confi-dencialidad, c) comunicación, d) trato digno, e) atención pronta, f) condiciones de comodidad básica, g) acceso a redes' de apoyo social y h) capacidad de elección del proveedor del servicio (Puentes et al., 2005). En la clínica se cumplen am-pliamente los cinco primeros componentes, medianamente el sexto y, por ser un servicio público, no hay posibilidad de cumplir el séptimo ni el octavo. Además, el ambiente que se generaba en la sala de espera se transformaba con el paso de las horas: al principio las mujeres se veían serias y teme-rosas, a la expectativa, pero después de un rato se creaba un ambiente relajado y jovial, incluso se reían.

Aunque la ley plantea la interrupción del embarazo antes de las doce semanas como un derecho de las mujeres, ¿qué piensa el personal encargado de realizar la ILE?; ¿qué repre-sentación se hace de las mujeres que abortan?; ¿qué cambios de actitudes y/o creencias ocurren (entre los médicos, las enfermeras, e incluso en las trabajadoras sociales)? La inte-rrogante sobre qué cambia para el personal con la despena-lización se amplió cuando comprobé que el método más usado para la interrupción legal del embarazo era el aborto con medicamento. Este hecho novedoso de llevar a cabo la interrupción evitando la manipulación del cuerpo de las

mujeres, obliga al médico a confiar en la mujer para efectuar el procedimiento. ¿Transformaría esto la típica actitud pater-nalista hacia la paciente?

Para conocer el discurso' de los distintos grupos' que la-boran en la clínica tuve que hablar con ellos y, sobre todo, escucharlos. Aunque les expliqué claramente que mi inves-tigación versaba sobre aspectos del clima laboral, fui cons-ciente de la suspicacia que despertaba mi presencia (¿era la "espía" del secretario, del director del centro de salud, o de quién?). Puesto que las personas entrevistadas suelen respon-der lo que creen que se espera de ellas, decidí introducir un dispositivo que les permitiera expresar como fantasía algunas ideas de lo que consideraban necesario para mejorar el ser-vicio y para que pudieran criticar indirectamente lo existen-te. Mi pregunta, dirigida a todos, era: "Si llegara un hada madrina y le (te) concediera tres deseos para mejorar o cam-biar ciertas cuestiones aquí en la clínica, ¿cuáles serían éstas?"' Como grabé las entrevistas, para guardar su anonimato les

5 Tomo los dichos del personal como discursos, o sea, como productos histó-ricos, siguiendo la línea interpretativa instaurada por Foucault y puesta al día por Angenot (2010).

6 Dividí al personal en siete grupos, de acuerdo con sus funciones y respon-sabilidades: 1) médicos/as, 2) enfermeras, 3) trabajadoras sociales, 4) recepcionistas, 5) administrativos, 6) intendencia y 7) vigilancia.

7 En sus respuestas a "los tres deseos" aparecieron repetidos ciertos temas. Tam-bién observé que, dada su especialización, cada grupo apreciaba cuestiones que los demás no valoraban. Por ejemplo, trabajadoras sociales y enfermeras plantearon la necesidad de la atención psicológica mientras que ni los médicos ni las trabajadoras administrativas-recepcionistas lo hicieron. Las trabajadoras sociales señalaron el redu-cido espacio de la sala de espera, donde ellas explican el procedimiento del misopros-tol, cuestión que ningún otro grupo mencionó. En cambio, todas las trabajadoras administrativas-recepcionistas hablaron de mejorar el ambiente de trabajo, que con-sideran pesado, tenso o molesto, mientras que ninguna de las trabajadoras sociales, que tienen su base en el centro de salud y que son rotadas semanalmente para asistir a la clínica, por lo que van y vienen entre los dos edificios, lo mencionó.




pedí que eligieran un nombre falso y que, al preguntarles la edad, me dijeran dos años más o dos menos.

Pese a esas previsiones, no todas las personas entrevistadas respondieron con la misma confianza o soltura y, como suele suceder, dijeron mucho más cuando la grabadora estaba apa-gada. Hubo desconfianza, sobre todo del personal de intenden-cia y vigilancia, que respondió parcamente, con dificultad. Los médicos y las trabajadoras sociales se expresaron con mayor amplitud. Entre las enfermeras hubo algunas que se explaya-ron y otras que respondieron escuetamente, y lo mismo ocu-rrió con el personal administrativo y de recepción. Infiero que el temor a que sus palabras pudieran ser utilizadas para un despido o una llamada de atención, estuvo muy presente. Sin embargo, también hubo quienes vivieron la entrevista como la oportunidad de expresar cuestiones que les parecían im-portantes o problemáticas.

Con las entrevistas ya transcritas me di a la tarea de anali-zar el contenido. Para explorar el efecto de la despenaliza-ción en el personal de salud y la posible instauración de una actitud distinta hacia las usuarias, clasifiqué lo dicho en doce columnas de analizadores.8 No es este el lugar para dar cuen-ta completa de la investigación, por lo cual resumiré los ha-llazgos, en especial los relativos a cuatro analizadores: discurso paternalista/maternalista (devaluatorio encubierto); habitus médico y reafirmación del rol tradicional de la profesión;

8 Los doce analizadores son: 1) percepción del cambio en el servicio, 2) afecta-ciones atribuidas al cambio en el servicio, 3) calificación o categorización del cambio en el servicio, 4) pensamiento rutinario (clichés, lugares comunes), 5) percepción del clima laboral, 6) necesidades producidas por el cambio en el servicio, 7) interfe-rencias preexistentes en el servicio, 8) discurso patemalista/matemalista (devalua-torio encubierto), 9) habítus médico y reafirmación del rol tradicional, 10) condi-ciones de trabajo, 11) valoraciones de género y 12) experiencias con abortos y dis-curso sobre aborto.

valoraciones de género, y experiencias con abortos y discur-

so sobre aborto. Inicié las entrevistas preguntando al personal cuál era su

posición respecto al aborto antes de ingresar a la clínica y qué les había significado laborar en ella. Encontré trabajadores que desde antes de su ingreso estaban convencidos de la legi-timidad del aborto, principalmente médicos, enfermeras y trabaj adoras sociales. Algunas enfermeras, trabaj adoras socia-les, recepcionistas y empleadas administrativas dijeron que nunca se habían planteado el problema del aborto; más aún, que nunca habían sabido de algún aborto (lo cual me resultó un tanto inverosímil, al menos en el caso de las enfermeras). Encontré a otras personas, pocas, que no estaban muy conven-cidas, pero que por la necesidad de trabajar aceptaron estar ahí. Me impresionaron dos casos: el de una ginecóloga obje-tora, que inicialmente tuvo conflicto pero que modificó su posición conforme fue tratando a las mujeres, y el de una traba-jadora social evangélica que, pese a sus convicciones religiosas, se adaptó por disciplina laboral.

En el grupo de convencidos se encontraba la mayoría de los médicos. Algunos señalaron explícitamente que su expe-riencia previa con mujeres que habían abortado cuando esto era ilegal los marcó. Habían visto horrores:

Cuando pasa uno por las unidades de urgencia, cuando ve llegar a las mujeres en estado crítico, sépticas, perforadas por un mal diagnóstico, por un mal manejo de la circunstancia, por manejo en condiciones de riesgo... Finalmente las mujeres, varias, mu-rieron en mi servicio y de algunas incluso tuve yo que dar in-formes a los familiares. Y eso es muy incómodo, en particular en obstetricia, donde todo mundo espera que la noticia sea buena. Eso me decidió un poco a tomar esta actividad de interrupción legal del embarazo.



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Y aunque los ginecólogos en su mayoría estaban convencidos de la necesidad de la ILE, uno de ellos expresó su conflicto: "Eh sí, creo que hasta ahorita, en lo personal, pues no estamos del todo bien convencidos, ¿no? Nos falta un porcentaje pa-ra estar al cien por ciento." Al preguntarle a qué se debía ese porcentaje faltante surgió, junto con el tema religioso, el ele-mento básico del discurso hegemónico sobre la función del médico: salvar vidas. Este elemento sería reiterado con fre-cuencia: aquí estamos para salvar vidas.

La ginecóloga que durante la entrevista confesó que era objetora y había aceptado trabajar sólo por tener empleo, repitió el mismo argumento, pero señalando que al escuchar a las usuarias comprendió muchas cosas, y cambió:

Cada paciente, cada mujer que yo vi aquí al principio me fue enseñando que no es tan sencillo decir no al aborto; o sea, decir: "Ve mi situación, ve, si yo no aborto mi situación se agrava te-rriblemente". Entonces, cuando de pronto das un nombre y una cara a cada, a cada expediente, es cuando empiezas a entender un poco mejor a las mujeres y su razón para abortar.

Ante la pregunta de si les había afectado ingresar a una clí-nica de abortos legales, del grupo de las enfermeras solamen-te una reiteró el discurso médico hegemónico. Comentaba la reacción de sorpresa de su familia: "Pues realmente un poco de desconcierto. Porque se supone que estoy en un centro de salud, entonces tenemos que preservar la vida, entonces sí como un desconcierto, pero definitivamente respetaron mi decisión en cuanto al trabajo que pueda realizar". Las demás variaron en sus respuestas, aunque pusieron énfasis en su pro-fesionalismo y en el hecho de que se trataba de un trabajo.

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Fue justamente en el grupo de las enfermeras donde es-tuvo más presente la presión familiar:

Al inicio mi mamá sí, sí me dijo, "... es que yo soy de Pro-Vida, por favor no lo hagas..." Pero digo: "Yo no lo estoy haciendo mami, hay mucha gente que necesita, y por violación, por mu-chas causas". Le empecé a explicar y como que me entendió, dice "...bueno, finalmente tú estás haciendo la función de en-fermería...".

Entre las trabajadoras sociales, la mayoría estaba desde antes a favor de la despenalización: "Mi postura era a favor del derecho a la mujer a que en este momento pues bueno ya se ejerce, y es su libre decisión". Solamente a una, la de religión evangélica, le causó conflicto:

Yo, este, no soy partidaria del aborto, honestamente. Mi familia sí está a favor. Mi familia nuclear. Lo que es mi esposo. Pero mi familia de origen, igual, tampoco está a favor del aborto... Pero finalmente me doy cuenta, pues que es mi trabajo y que tengo que cumplir con él. Y aunque yo mi idea es opuesta a la decisión que se toma aquí, pues yo estoy consciente de que debo cum-plir con mi trabajo, sin embargo pues, sí es algo un poco dificil.

Las recepcionistas, cuya función es recibir a las mujeres y llenar los expedientes, no manifestaron gran conflicto. En cambio, entre las empleadas administrativas, que en teoría nada tienen que ver con las usuarias, sí se manifestó un desa-cuerdo respecto del aborto, aunque se reiteró el interés por tener trabajo: "Al principio no estaba yo muy de acuerdo, pero pues digo bueno en primera es trabajo, y únicamente es brindarle el servicio a la paciente. Entonces también es una muy buena oportunidad entrar a trabajar aquí."



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El discurso generalizado° fue de satisfacción por evitar las complicaciones y muertes producidas por la clandestinidad del aborto ilegal, por el cumplimiento de la tarea, por tener trabajo y desarrollar su profesión pero, sobre todo, por "ayu-dar" a las mujeres. Como expresó un ginecólogo refiriéndose a uno de sus "tres deseos": "Que los médicos que se incorpo-ren a esta actividad estén conscientes de que están ayudando a las mujeres".

Durante las entrevistas encontré que el eje principal de los discursos era el de "ayudar" o "apoyar" a las mujeres. Nadie habló de ellas como usuarias, siempre se las nombró como "pacientes", "pacientitas" o "mujeres", y casi nadie se refirió a la ILE como un derecho. Desde esa perspectiva "humanitaria", algunos médicos y médicas, así como algunas enfermeras, describieron su labor como gratificante por la relación huma-na y por "ayuda" que daban a las mujeres.

Cuando inicié la investigación, el director de la clínica era un ginecólogo. Poco después fue transferido y lo sustituyó la Dra. Gabriela Aranguré, una joven muy sensible y dedicada, cuyo ejemplo ha servido de aliciente al equipo. La Dra. Aran-guré representa a ese sector de ginecólogos que están genui-namente convencidos de la despenalización y de respetar la decisión de las mujeres.

El médico, la enfermera o cualquier otro profesional de la salud, se reproduce culturalmente como tal, como sujeto de su profesión, al mantener un habitus profesional que se mezcla

9 También se reiteraron cuestiones negativas que generan malestar: principal-mente las condiciones laborales (la ausencia de derechos por ser trabajadores "even-tuales"), la ausencia de reconocimiento y de estímulos, la ausencia de comunicación interna (reuniones de equipo), la organización del trabajo (rutinario, deficiencias en el abasto, carga de trabajo excesiva), los conflictos con los objetores de conciencia del centro de salud y las presiones de los grupos pro vida. No abordo tales cuestio-nes en estas páginas, pues mi interés es el discurso del personal sobre las mujeres.

con el habitus de género. El habitus de los médicos es dis-

tinto al de las enfermeras. El habitus de las enfermeras se

caracteriza por lo que Hochschild (1983) conceptualizó como "trabajo emocional". Dicha autora analizó la relación entre el género, el estatus y las emociones, y señaló que: "hombres y mujeres experimentan el trabajo emocional en formas distin-tas" (1983:164). Consignó que el tipo de trabajo emocional que mujeres y hombres tienden a realizar también difiere, y que: "las mujeres se adaptan más a las necesidades de los otros y cooperan más que los hombres" (1983:165). Según ella, la sensibilidad a la comunicación no verbal y al significado mi-cropolítico del sentimiento da a las mujeres algo así como un código que loshombres utilizan menos en la práctica. No es de extrañar, entonces, que quienes hacen el mayor trabajo emocional con las usuarias, el trabajo de "cuidado",'° también sean mujeres: las enfermeras y, en menor medida, las traba-

jadoras sociales.' Hochschild subraya la importancia del trabajo emocional

en ciertos ámbitos laborales y denuncia que su costo es el des-

gaste laboral (burn-out) y la angustia. Olesen y Bone, a su vez, analizan la manera en que la expresión de emociones está significativamente imbricada en el trabajo de enfermería y en la formación profesional de las enfermeras, lo que crea una tensión entre, por un lado, las demandas estructurales que exigen rapidez y eficiencia y, por otro, la expresión de las

emociones (1998: 314).

m Para Schraiber: "la dimensión en que sucede la producción directa de los 'cui-dados' expresa la intervención de carácter técnico, de naturaleza técnica-científica y biomédica que caracteriza a, y se origina en, la profesión de los médicos pero se extiende a todas las profesiones de salud" (2010:16).

11 En menor medida no por falta de disposición, sino porque debido a su función sólo están con las usuarias media hora, mientras que las enfermeras las acompañan todo el tiempo.

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En una clínica de aborto la exigencia continua del trabajo pone al personal en constante tensión. Wolkomir y Powers hablan del desgaste emocional que significa laborar en esas condiciones: "Trabajar en cualquier clínica de abortos puede ser intensamente tensionante y potencialmente estigmatizan-te" (2007: 157). Además de atender a mujeres que enfrentan decisiones difíciles y que experimentan emociones angustio-sas, el personal trabaja rodeado de manifestantes hostiles y amenazantes. Por eso no es extraño que fueran las enfermeras quienes más se refirieran a la tensión y el malestar generados por los grupos pro-vida. Varias reconocieron que hay conflic-tos con parte del personal objetor del centro de salud donde, como ya indiqué, está ubicada la ILE:

Sí hay conflicto, de hecho he oído comentarios que dicen que odian la ILE, que porque todos los recursos vienen para acá. Este, que odian la ILE, que porque somos las "mata...", ¿cómo nos dicen?, "las mata niñitos", que este... y situaciones así de ese tipo. Que sí, al principio a mí me incomodaban en lo personal. Ahora ya, o sea, hacen comentarios lo que quieran, no me inte-resa, y ok, si ellas, también si ellas están en esa postura, respe-table (enfermera).

Además, cuenta la carga emocional del propio procedimien-to y la situación de las mujeres:

Al principio, como que era una situación muy fuerte emocio-nalmente. Yo me cansaba mucho, mucho, salía muy fatigada de aquí, pero conforme vamos teniendo más información, com que eso se vuelve un poco más ligero. Sí, este, no estoy a favor n en contra, pero sí tratamos de que la gente que viene a solicitar

el servicio, pues se vaya lo mejor informada y lo mejor... sin sentimiento de culpa ¿no?, de decir que en esta ocasión su de-cisión fue la más correcta (enfermera).

También expresaron el pesar que les causa rechazar a las mujeres que tienen más de doce semanas de gestación. Fue-ron las trabajadoras sociales las que hablaron de la necesidad de contar con psicólogas para abordar el desgaste emocional, tanto de las pacientes como de ellas mismas, pues al igual que las enfermeras, señalaron que deben realizar el trabajo emo-cional con las usuarias sin preparación adecuada. Sin embar-go, para muchas enfermeras y trabajadoras sociales está claro el horizonte de libertad que la ILE otorga a las mujeres, y a

veces hablar de ello resulta la mejor terapia. El aborto con medicamento despoja de misterio al proce-

dimiento y suprime la necesidad de expertise médica, lo cual

vuelve a la ILE una simple toma de pastillas que puede ser administrada por enfermeras, a quienes se podría entrenar para realizar la revisión posterior. Esta práctica atenta contra la cultura profesional tradicional y puede producir conflictos de jerarquía. Hay que recordar que el orden médico no sólo se basa en argumentos científicos, sino también en una jerar-quía laboral patriarcal que discrimina a las enfermeras y las trabajadoras sociales. ¿Acaso enfermeras capacitadas no po-drían hacerse cargo de todo el procedimiento? Sólo por ra-zón de la jerarquía se prohíbe a las enfermeras hacer la as-piración, aunque muchas están capacitadas para ello (Yarnall

et al., 2009). De hecho, en otros países ya hay experiencias de participación en servicios médicos básicos e interme-dios de proveedores cuyo entrenamiento médico es similar —o incluso inferior— al del personal de enfermería, alenta-das por la escasez de médicos, las limitaciones de recursos y




la dificultad de acceso a servicios médicos en áreas rurales o remotas (Yarnall et al., 2009: 61).

Pese a ello, en la clínica a que nos referimos, tanto las re cepcionistas como las enfermeras tienen la indicación de no hablar con las usuarias sobre el método de interrupción. "No están facultadas" para dar esa información, dicen los mé-dicos. Esto pone en evidencia el habitus jerárquico de los médicos: ¡cómo van a explicar un procedimiento esas perso-nas "no capacitadas"1 Las resistencias de los médicos nos re-miten a sus creencias y convicciones, a sus usos y costumbres (sus habitus) y también a lo que Schraiber denomina la "ex-cusa tecnológica" (2010: 13): la creencia en la incompetencia técnica de los demás para realizar el procedimiento. Incluso los ginecólogos acuden al mismo argumento: los demás mé-dicos carecen de su exclusivo conocimiento:

La mayoría de los médicos que están en la mañana y yo, pue somos ginecólogos, precisamente ése es el objetivo de esto, ¿no? para que no cualquier persona lo pueda hacer. Y yo no esto denigrando en ninguna ocasión a los médicos generales, pero sí se necesita algún entrenamiento, se necesita algún conocimien-to extra para hacer ultrasonido, para hacer los procedimientos

Los médicos y médicas son producto de su cultura y de su formación. Algunos logran desmarcarse de los habitus médi co y de género, que refuerzan las desigualdades no sólo entre médicos y usuarias, entre médicos y enfermeras, sino incluso entre ginecólogos y otro tipo de médicos. Es indudable que la resistencia de los médicos ante la posibilidad de que otros profesionales se hagan cargo del procedimiento obedece a 1 necesidad de mantener su distinción y jerarquía en el campo de la ginecología. Mientras el sistema de organización del trabajo en el campo médico siga fuertemente especializado

y jerarquizado, los ginecólogos seguirán ejerciendo como gate-

keepers y prohibirán a otros la difusión de esa sencilla forma de interrumpir una gestación.

La estrategia del aborto con medicamento es en extremo relevante en el marco de la creciente demanda de las mujeres —no sólo de la Ciudad de México sino de todo el país— de acceso al aborto legal. Entre sus ventajas se encuentran que abate los costos hospitalarios, reduce los riesgos dado el plazo de gestación más temprano y releva al personal de salud de realizar directamente la intervención. Abate, en otras palabras, algunos problemas ocasionados por el exceso de demanda en los servicios de salud y el déficit de atención debido a la obje-ción de conciencia. Pero el manejo de la ILE con pastillas —un desprendimiento embrionario, equivalente a un aborto espon-táneo, sin intervención quirúrgica— por enfermeras capa-citadas implicaría que los médicos renunciaran a la "excusa tecnológica".

Pese a que la Secretaría de Salud del GDF articuló una práctica profesional respetuosa de los derechos reproductivos de las mujeres, los habitus tradicionales persisten. Una mez-

cla de habitus y estigma dificulta que el propio personal de salud manifieste entusiasmo ante el cambio conductual de las mujeres en materia de asistencia temprana al servicio, aunque las autoridades sí lo valoran explícitamente.

En las entrevistas estuvo muy presente el discurso política-mente correcto de "no juzgar a las mujeres", explicable por las condiciones de legalidad, pero también por el entrenamiento derivado de los protocolos de capacitación para el personal, los cuales explicitan que no hay que juzgar a las mujeres, so-lamente atenderlas (Wolkomir y Powers, 2007). La decisión

de no juzgar se manifiesta también en aquellas personas que en lo personal no se practicarían un aborto: "Y... bueno, yo




creo que es muy respetable la opinión o la decisión de cada persona; sin embargo yo, en lo particular, creo que no realiza-ría un caso de interrupción" (trabajadora administrativa).

El tema de "respetar las diferencias" también estuvo muy presente cuando el personal hablaba con miembros de su familia o con amigos de las diferencias de posición respecto al aborto. Expresiones como "cada quien", "es muy respetable" fueron comunes. Es evidente la necesidad de evitar la con-frontación por una cuestión que, finalmente, se experimenta como un trabajo. Ante el alto índice de desempleo existe la necesidad de adaptarse a las condiciones del trabajo que se ha conseguido. Me pareció, por otro lado, que esas actitudes de "respeto", elusivas de la confrontación, están muy integradas al habitus cultural en México: "más vale un mal arreglo que un buen pleito", más vale callarse o "fingir demencia", que pe-learse. Ello sin olvidar la ambivalencia que también se mani-fiesta con el silencio. Por eso la posición de "respeto" facilita la convivencia aunque conlleva el efecto perverso de que, al evitar la confrontación, se elude también debatir con seriedad sobre la cuestión.

Una cosa es lo que se dice y otra lo que se piensa. Si bien en las preguntas directas las respuestas fueron "políticamen-te correctas", a lo largo de las entrevistas y en relación con otras cuestiones surgieron expresiones que no se ajustaban al discurso normativo. Inicialmente pensé que la toma del miso-prostol fortalecería una imagen de la mujer como sujeto res-ponsable. Al indagar entre los médicos cómo habían vivido el hecho de que las mujeres respondieran bien, se responsabili-zaran adecuadamente por la ingesta de las pastillas en su casa, y luego regresaran simplemente a la revisión, no encontré la valoración que esperaba: "En realidad yo siempre creí que, pues, la paciente era capaz de aceptar las indicaciones porque

se lo explicábamos muy claramente y al principio dábamos unos folletos muy explicativos donde se explicaba casi con peras y manzanas cómo hacerlo, y nunca tuvimos ese proble-ma" (médico).

Explicar algo "con peras y manzanas" es hacerlo casi para un niño, con lo que me pareció detectar cierto menosprecio, o por lo menos indiferencia, respecto al hecho de que las mu-jeres siguieran tan bien las instrucciones. Y aunque las auto-ridades reconocían estar gratamente sorprendidas por la res-ponsabilidad que demuestran las usuarias, me extrañó la carencia de comentarios del personal. No es poca cosa que 80% de las usuarias acuda antes de las ocho semanas a soli-citar la ILE. Al escuchar al personal recordé que una de mis dudas al iniciar la investigación era si el método podría mo-tivar una relación distinta con las usuarias de la ILE. Si bien encontré a parte del personal entusiasta y comprometido, en las entrevistas también se manifestaron variadas percepciones sobre la "irresponsabilidad", la "desinhibición" y el "descaro" de las mujeres. Pese a la posición políticamente correcta de reconocer el derecho de las mujeres a la ILE, me impresionó la reiteración, muy agresiva y a veces preocupada, del "abuso" de las usuarias que reinciden:

Mi idea cuando entré aquí es que la paciente tiene el derecho a poder elegir si puede seguir con su embarazo. Sí ha cambiado mi percepción un poco, porque yo pienso que debería de limi-tarse el hecho de cuántas veces se puede interrumpir esto. Por-que hay gente que abusa, gente que, le decimos, por más que le insistimos, se le da información, se somete a un procedimien-to que es feo, duro y que se le insiste de los métodos de plani-ficación y ha venido, en dos, en tres, hasta en cuatro ocasiones. Entonces, yo lo que pienso es de que se les debe dar la oportu-nidad, pero tal vez en una ocasión, máximo en dos ocasiones,




pero más ya no. Y eso es lo que ha cambiado de lo que piens con respecto a la interrupción del embarazo (médico).

Una de las recepcionistas también manifestó su percepción de las mujeres como "abusivas":

Porque aquí a las pacientes se les trata muy bien. Entonces, y siento como que a pesar de que se carece y todo de insumos, la clínica está muy bien. Ahora a mí se me hace como que aquí la clínica, el lugar, la estancia está bien, a las pacientes se les trata bien, y en un privado eso es también lo que uno quiere, la atención al cliente que sea bien, que los trates bien. Entonces siento que al menos en esta clínica, siento como que no, a com-paración del Seguro cuando uno va, así como que parece que le están haciendo el favor a uno, ¿no?, por atenderlo. Y siento que aquí no, que a las chicas se les atiende bien, inclusive luego hay veces que unas llegan medio pesadonas y ni aun así las tratamos mal, no les gritamos.

Cuando le pedí a la entrevistada que me explicara qué quería decir con "pesadonas", contestó: "Mmm... pues como que lle-gan y exigen: 'Y quiero esto, pero rápido', ¿no? Y les hablan, ¿no? Suben así como que la voz, entonces así, como que eso también no, y a pesar de todo eso pues no las tratamos mal, así como que no bueno, aguantas, ¿no?". Probablemente hay usua-rias poco cuidadosas en el trato, incluso muy majaderas o dés-potas. Pero tal vez podríamos traducir "pesadonas" por asertivas o exigentes de su derecho. Hubo también quienes hablaron de "pacientes difíciles", pues al parecer, las más educadas son las más complicadas. ¿Será porque saben exigir su derecho?

La sensación expresada por el personal de la clínica de que la reincidencia es alta, llevó a algunos a plantear abier-tamente la necesidad de limitar la ILE. Incluso al hablar de

las mujeres de escasos recursos o de las que acuden con historias trágicas, de violación o de violencia intrafamiliar, saltaba el tema de una supuesta reincidencia. No todos in-terpretaron la "reincidencia" como irresponsabilidad. Una parte del personal reflexionó en esa conducta desde la pers-pectiva del uso de los anticonceptivos, de la ausencia de educación sexual: "Poder lograr nosotros, como personal, que todas las mujeres se vayan protegidas y convencidas de que esto no es un lugar de visita continua. Hemos hecho has-ta lo imposible por mantener una cobertura de protección anticonceptiva al cien por ciento" (médico). "De las reinci-dentes. Bueno, habría que valorar con ellas si la consejería fue la adecuada, sí no entendieron mmm... el proceso... si no entendieron el método anticonceptivo que iban a llevar a cabo, o si están pasando por alguna situación difícil, familiar, de pareja. ¿Qué fue la causa que las llevó a nuevamente rein-cidir?" (trabajadora social).

Hubo asimismo comentarios "paternalistas" sobre la preocupación por el daño que la repetición del procedi-miento causaría a la salud de las mujeres, pero no encontré la menor alusión a que la repetición, en sí misma, no causa mayor daño. El tema de la gratuidad estuvo vinculado tam-bién a la reincidencia, con propuestas de cobro la segunda vez o incluso de atemorizarlas:

Yo creo que, mmm... no sé... se debería de haber hecho algo, no sé, digo no cobrarles si vienen a segunda vez, pero, pero a la mejor... pues decirles, ¿no?, que ya no se les va a atender una tercera vez o... No sé, como que de cierta manera espantarlas un poquito, porque sí hay pacientes que lo agarran de método anticon... sí, de método anticonceptivo, entonces pues tampo-co se vale (enfermera).




Pues yo digo que está bien el no cobrarles nada a la primera vez, pero la segunda vez, pues yo creo que sí, de alguna mane-ra que se hicieran responsables de algo. Aparte de que se les está dando una atención yo creo buena y los insumos son, en este programa, son muy caros (enfermera).

La propuesta de varios miembros del personal fue limitar el número de ILE que una mujer puede practicarse. Solamente una médica habló de prohibir el acceso a mujeres foráneas. Varias trabajadoras comentaron el tema desde la perspectiva de la responsabilidad que deberían asumir las usuarias:

Pues, este... yo creo que ya muchos saben la existencia de la clínica y todo, porque pues Internet y todo, pero creo que sí se les debería de hacer más hincapié a las personas de no reincidir, no porque no se quiera atender a las pacientes, sino que de al-guna manera siento que no hay una responsabilidad por parte de la usuaria, ¿no? (enfermera).

Encontré una gran carga de subjetividad en esos dichos al contrastarlos con la información cuantitativa referente a la reincidencia. La reincidencia en nuestro país no ha sido nu-méricamente significativa; al contrario, en comparación con otros países donde hay ILE, México tiene un índice bajísimo de reincidencia: de 1%.12 Este índice se calcula a partir de que los expedientes de las usuarias se capturan electrónicamente, y resulta muy sencillo detectar una reincidencia. Con un ín-dice tan bajo, la reiterada molestia que expresaron varios

12 Este porcentaje se obtuvo de una muestra de 20,053 mujeres que solicita-ron una ILE entre el 24 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2010. Fueron 172 muje-res (< 1%) las que habían tenido una segunda ILE. Véase Mondragón y Kalb et al., 2011.

prestadores del servicio hacia las reincidentes aparece como un desplazamiento de la resistencia al aborto. Digo "resisten-cia", pues como se trata de un servicio legal, no se puede expresar el rechazo abiertamente. También considero que el hecho de que muchos enunciados transcritos manifiesten una idea de las mujeres como irresponsables remite a que el es-tigma se encuentra latente.

Además, en la clínica no sólo los médicos hablaron de reincidencia. Las miradas de las enfermeras y trabajadoras sociales convergían en esa crítica, y hablar de "reincidencia" se había vuelto un "lugar común" en el discurso del personal. Esto indica, por un lado, el peso del discurso médico sobre el restante personal de salud, y por el otro, el "contagio social" de ciertas expresiones. Respecto a esto último Lahire señala: "Es posible haber aprendido maneras de decir o de pensar que en apariencia nos permiten hablar de nuestras prácticas aunque sea en forma totalmente inadecuada" (2006:150). Así, al poner en palabras una preocupación o resistencia compar-tida, gran parte del personal la formuló como "reincidencia"; no obstante, los datos demuestran que esa práctica es mínima y, por lo tanto, que es totalmente inadecuado designar así a lo que verdaderamente preocupa, que según yo podría ser el proceso de desdramatización del aborto.

Lo que me interesa subrayar es que las críticas a la rein-cidencia también estarían expresando un cuestionamiento confuso al cambio de las mujeres respecto a la vivencia del aborto. La legalidad ha contribuido indudablemente a una creciente desdramatización del proceso de aborto y proba-blemente cierta actitud "desinhibida" y "descarada" de las usua-rias irrita, en parte por una probable majadería de algunas usuarias (conductas frecuentes en los servicios públicos), pero también por la asertividad inédita que acompaña la exigencia




de un derecho. Y aunque el discurso de la ILE como derecho ya se ha instalado racionalmente, afloran las reticencias in-conscientes.

Creo que la ILE lleva implícita cierta liberación de la culpa y que atenúa el estigma, no sólo entre las mujeres que la solicitan sino también entre las personas cercanas con quienes comparten su experiencia. Mi hipótesis es que mediante el "boca a boca" circula una representación de la ILE que exhibe su potencial emancipador, y que es una ganancia para todas las mujeres. Además, dicha comunicación ocurre a nivel na-cional, ya que 25% de las ILE corresponden a mujeres de otras entidades federativas que viajan al Distrito Federal a recibir el servicio. Esta comunicación introduce el tema del acceso a un derecho y, como dice Martín Hopenhayn, "La circulación simbólica es cada vez más un modo de extensión del ejercicio ciudadano" (2005: 37) .

Uno de los efectos positivos que han generado el cambio normativo y el nuevo servicio de ILE es, al menos, la producción de un discurso distinto por parte del personal de la clínica de ILE. Al efecto liberador de culpa que otorga la legalidad se suma la ausencia de drama que produce la ingesta de pastillas en la propia casa, tan lejana de las imágenes tenebrosas de los consul-torios ilegales con sus riesgos de daños y muerte. Las conduc-tas "descaradas" rompen con la pasividad acostumbrada de las "pacientitas" y muestran el giro hacia la apropiación, tosca si se quiere, de su derecho ciudadano. Por eso insisto en que los comentarios de incomodidad y molestia por parte de al-gunos integrantes del personal me remiten al estigma latente, inserto en el tejido cultural, que expresa un desplazamiento no verbalizado de rechazo.

Pero mientras estos progresos acontecen en el Distrito Federal, ¿qué ocurre en el resto del país? Cientos de miles de

mujeresn desafían año con año la prohibición de abortar y acuden a intervenciones clandestinas e ilegales. Además, aho-ra esto ocurre al mismo tiempo que otras mujeres, que ni siquiera se han propuesto abortar, son detenidas a causa de las reformas derechistas.

Desde su llegada al cargo de nueva directora de GIRE, la

maestra Regina Tamés se propuso hacer un informe cuyo objetivo era divulgar lo que ocurría con los derechos repro-ductivos, para así instar al Estado mexicano a cumplir con su obligación en materia de su protección y defensa. En abril de 2013 GIRE presentó el informe Omisión e indiferencia: derechos

reproductivos en México ,14 en el cual se revisó la aplicación de la ley y se idéntificaron los obstáculos que enfrentan las mu-jeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos.

Omisión e indiferencia es relevante por la información que concentra. No sólo recabó los datos estadísticos oficiales, sino que recogió los datos obtenidos de 600 solicitudes de infor-mación a dependencias oficiales, de las cuales se da cuenta y se indica si la negaron o respondieron que no la tenían. Do-cumenta asimismo los casos de mujeres que GIRE ha defendido legalmente por situaciones de aborto debido a violación y criminalización por abortos inducidos y espontáneos (inclu-so, por amenaza de aborto), y los casos que han registrado los periódicos o de los cuales han dado noticia los familiares. Son casos, en su mayoría, en que las mujeres se han enfrentado

13 La estimación más precisa es de 875,000 abortos inducidos al año. Véase Juárez, 2009.

14 Se trata de un registro de datos y un análisis detallado de la situación relati-va a seis temas: aborto legal y seguro, anticoncepción, mortalidad materna, violencia obstétrica, vida laboral y reproductiva, y reproducción asistida. Con información que cubre el periodo de abril de 2007 a enero de 2013, el informe presenta tanto avances como retrocesos, y analiza el marco normativo de derechos reproductivos vigente en México a nivel federal y local. Véase GIRE, 2013.




a la burla y maltrato de las autoridades. El espíritu que anima el informe queda plasmado en las palabras de Regina Tamés:

Aunque como organización es nuestra responsabilidad hablar en cifras comprobables y términos legales, en GIRE no perdemos de vista que este informe no es una lista de estadísticas y datos sin cara. Cada número, cada estadística y cada resultado repre-senta una mujer que no quiso quedarse callada ante los abusos y que acudió a GIRE porque no se respetaron sus derechos (Ta- més, 2013).

Un primer apartado aborda las dificultades para acceder al aborto legal en las entidades federativas: cuando el embarazo es producto de una violación. No es casualidad que este lo sea, pues la "inocencia" de la mujer que quedó preñada es evidente. El típico señalamiento de "ella se lo buscó, que pague las con-secuencias" no se sostiene cuando la mujer ha sido violentada. Sin embargo, aun las mujeres violadas encuentran obstáculos de toda índole para acceder al aborto legal. GIRE relata seis casos emblemáticos" que ejemplifican las fallas del sistema de justicia, la victimización por pobreza, el descuido de las auto-ridades y la manera individual en que se resuelven los casos.

GIRE, que ha participado en la defensa y apoyo de estas mujeres, considera que es verdaderamente lamentable compro-bar la forma en que las autoridades ministeriales obstaculizan el aborto por violación. Sea porque no existe en el estado un pro-tocolo para el procedimiento, porque la legislación penal lo-cal no señala explícitamente al ministerio público como la autoridad competente, y para autorizar la interrupción del em-barazo se suele remitir la solicitud a un juez, o por otras causas,

como las que se relatan en Omisión e indiferencia, el ejercicio

del derecho se retrasa o anula. También hay ocasiones en que es posible inferir ignorancia o mala fe.

De los seis casos tratados, tal vez el más complejo, y que muestra la espeluznante reacción de la justicia, es el de

Adriana:'6

1. Adriana, de 28 años, de Durango, fue violada sexualmente y secuestrada por su ex pareja, quedando embarazada como con-secuencia de este acto. La Fiscalía la rescató del secuestro y detuvo al agresor, sin embargo, no le proporcionó anticoncep-ción de emergencia. Después Adriana solicitó la interrupción legal, y enfrentó demoras injustificadas en la emisión de diligen-cias ministeriales para que se autorizara la interrupción. Final-mente, después de que se emitió la autorización de ILE por la

Fiscalía, pasaron diez días para la práctica del aborto en servicios públicos de salud, donde no se contaba con personal médico capacitado y disponible.

Meses después, debido a las amenazas de muerte hacia ella y su familia por parte de la familia de la ex pareja, y presionada por el abogado del violador, Adriana se retractó de las acusacio-nes. La Fiscalia de Durango, en lugar de investigar las amenazas y otorgar medidas de protección contra la violencia para Adria-na y su familia, la acusó por el delito de falsedad de declaracio-nes y por el aborto. Adriana estuvo detenida, en un estado de afectación psicológica severa, y enfrentando un proceso legal (GIRE, 2013: 35). Gracias a la presión de una nota en el perió-

dico El País la Fiscalía la liberó.

Los otros cinco casos son de menores, cuatro de ellas violadas por familiares o conocidos. El caso de Mónica ejemplifica las dificultades que viven las mujeres indígenas en nuestro país:

15 Los he resumido por cuestión de espacio, pero se encuentran completos e el informe Omisión e indiferencia del cual los retomé. Véase GIRE, 2013. 16 Todos los nombres son seudónimos.




2. Mónica, de 12 años, es una indígena mazateca de Oaxaca, y no habla español. Quedó embarazada como consecuencia de una violación sexual cometida por un conocido. Al denunciar la violación ante el Ministerio Público, solicitó la interrupción del embarazo de conformidad con la legislación penal local. A pesar de que el Ministerio Público otorgó la autorización, Mó-nica se enfrentó a diversos obstáculos, como falta de recursos necesarios para traslado al hospital público y hospedaje en la ciudad de Oaxaca, así como peritos traductores durante el pro-ceso penal y también durante la práctica médica. Finalmente, el embarazo fue interrumpido (GIRE, 2013: 35 y 36).

El caso de Lourdes muestra cómo, con frecuencia, para quie-nes viven cerca del Distrito Federal resulta más expedito trasladarse a la capital para realizarse la ILE:

3. Lourdes, de 13 años, de Morelos, quedó embarazada como consecuencia de la violación sexual cometida por un familiar. Solicitó la interrupción del embarazo, a pesar de que la autori-dad ministerial nunca le informó que tenía este derecho cuando fue a denunciar la violación. Debido a que el embarazo no so-brepasaba las doce semanas de gestación, fue trasladada con recursos privados al Distrito Federal para interrumpir el emba-razo. (GIRE, 2013: 36).

En ocasiones se presentan casos como el de Esmeralda, y el problema se resuelve sin intervención médica:

4. Esmeralda, de 12 años, de Sonora, quedó embarazada como consecuencia de la violación sexual cometida por su padrastro. Aunque solicitó la interrupción del embarazo, la autoridad minis-terial rechazó la solicitud. Mientras los familiares de la menor busca-ban asesoría jurídica para obtener la autorización ante el Ministerio Público, la menor tuvo un aborto espontáneo (GIRE, 2013: 36).

En cambio, el caso de Claudia muestra que a veces las auto-ridades cumplen con sus mandatos:

5. Claudia, de 17 años, de Veracruz, fue víctima de una violación sexual por parte de su padrastro. Enfrentó la falta de credibilidad y maltrato en la Agencia del Ministerio Público. Después de que detuvieron al padrastro, el asunto pasó a un juzgado. Claudia y su madre fueron en busca de ayuda al Instituto de las Mujeres de Veracruz, donde les informaron que era posible obtener un aborto legal. El juez, reconociendo el derecho a la libertad re-productiva de Claudia, con fundamento en la Constitución y en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, emi-tió la autorización judicial y le practicaron un aborto legal en un hospital público (GIRE, 2013: 37).

Finalmente, el caso de Jimena exhibe cómo la tardanza en advertir que la víctima ha quedado embarazada limita la posibilidad de aborto legal:

6. Jimena, de 13 años de edad, de Hidalgo, quedó embarazada como consecuencia de una violación sexual. A pesar de que denunció la violación ante el ministerio público, debido a que el embarazo tenía más de noventa días de gestación, no fue posible otorgarle la autorización de interrumpir el embarazo, pues la legislación penal local establece este plazo como máxi-mo para que se pueda llevar a cabo el procedimiento. Por esta razón, la menor tuvo que llevar a término el embarazo y dio a luz (GIRE, 2013: 37).

En el informe también se recogen casos de "criminalización de mujeres por el delito de aborto", vinculados a las reformas "para proteger la vida". Para conocer el número de mujeres procesadas y sentenciadas por el delito de aborto, GIRE solicitó información a los poderes judiciales locales de los 31 estados




4.

y del Distrito Federal. Se obtuvo la respuesta de todas las en-tidades federativas, y en seis17 se interpuso un recurso de revi-sión debido a que las respuestas fueron nulas o poco satisfac-torias. En cinco18 la respuesta a la solicitud fue que no existía la clasificación estadística del delito del aborto. Y cuando sí aparecía el dato, la mayoría de las entidades no especificaba qué tipo de sentencia se había dictado, la edad de la mujer inculpada o sentenciada, ni la cantidad de la fianza si es que aplicaba. Tampoco se aclaraba el sexo de la persona. De todas maneras, de los escasos datos obtenidos se desprende que sí hay personas procesadas por aborto.

Considerando a las 22 entidades federativas que respon-dieron con información relativamente precisa, GIRE elaboró un cuadro que registra en total 171 consignaciones, 151 pro-cesos penales y 127 sentencias. La diferencia numérica entre las consignaciones y las sentencias significa que probablemente algunos casos fueron archivados o siguen en proceso. La mayo-ría de las personas salieron libres bajo fianza, aunque algunas cumplieron condenas que van de cuatro meses a seis años de prisión.

GIRE ha documentado y ha registrado varios casos. ¿Cuál es la diferencia? La documentación implica el monitoreo y la intervención de las abogadas de GIRE mediante distintas ac-ciones (litigio, pago de fianza, etc.), mientras que el registro consiste en recabar información incompleta, a partir de notas periodísticas y datos proporcionados por las autoridades, los familiares, las víctimas o las organizaciones sociales que las apoyan. En GIRE se han identificado ciertos patrones y ten-dencias, y uno de los objetivos es visibilizarlos para promover

17 Baja California, Colima, Durango, Estado de México, San Luis Potosí y Ta-basco. Véase GIRE, 2013: 40.

18 Campeche, Coahuila, Nayarit, Quintan Roo y Tlaxcala. Véase GIRE, 2013:40.

la exigibilidad de los derechos y sentar precedentes judiciales en el ámbito federal y estatal. A partir de los datos obtenidos, se sabe que hay ocho casos de mujeres sujetas a procesos penales documentados y dieciocho casos registrados en el periodo junio de 2011-enero de 2013.

Sorprende la inusual eficiencia con la cual se persigue a las "delincuentes", celo justiciero que se acerca más a saña misógina. La mayoría de las mujeres tiene muy pocos recur-sos, tanto de información como económicos. Asimismo, la mayoría fue denunciada al ministerio público por el personal hospitalario, lo cual es una violación de la confidencialidad y del secreto profesional médico. GIRE señala que en materia de secreto profesional, "el marco internacional de derechos hu-manos a través del reconocimiento y garantía de los derechos a la intimidad y a la salud, establece como un mecanismo de protección la obligación de las y los prestadores de servicios de salud de guardar el secreto profesional" (GIRE, 2013: 50).

La Corte Interamericana ya resolvió en un caso19 que la in-formación obtenida por el médico en el ejercicio de su profe-sión está privilegiada por el secreto profesional. Por su parte, el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial dice: "el médico debe guardar absoluto se-creto de todo lo que se le haya confiado, incluso después de la muerte del paciente" (GIRE, 2013: 53).

Las conclusiones que ha extraído GIRE a partir de los datos estadísticos, del análisis de las leyes y de las respuestas (o la falta de ellas) a las solicitudes de acceso a la información públicas, presentadas a nivel federal y local, son las previsibles: "las autoridades mexicanas están lejos de cumplir con sus

19 Se trata del Caso de La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004.




derechos humanos de junio de 2011. El informe es un ejemplo del trabajo riguroso de algunas asociaciones ciudadanas, y es un insumo importantísimo para las políticas públicas. Los ca-sos de víctimas del maltrato y violación de derechos que docu-menta y registra transmite de forma directa y conmovedora la gravedad de lo que ocurre a miles de mujeres en todo el país. Como expresó la directora de GIRE: "la injusticia, el atropello y la violencia son semillas que germinan siempre enterradas en el silencio, la ignorancia y el anonimato" (Tamés, 2013). Coin-cido con Regina Tamés en que el informe "constituye un es-fuerzo sin precedentes para mostrar una radiografía puntual y precisa del estado que guardan los derechos reproductivos en nuestro país" (Tamés, 2013).

Contrastar la experiencia de las usuarias de ILE con quie-

nes todavía son vistas y tratadas como criminales, muestra de manera dramática la dimensión del cambio legislativo que ocurrió en el Distrito Federal y que debe efectuarse en el resto del país. Porque la despenalización y la instauración de

la ILE en el Distrito Federal han impulsado el tránsito hacia una situación mejor de las mujeres dentro del orden médico en México, pero en el resto del país las mujeres siguen en el "largo y sinuoso camino" del que habla Herrera (2010). Y cuando se comparan las experiencias de vida de las usuarias

de ILE y de las mujeres defendidas por GIRE, la brecha de

calidad de vida y acceso a la justicia es brutal.

obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía del derecho a servicios de aborto legal y seguro para las mujeres" (GIRE, 2013) .

La reacción negativa a la despenalización en el Distrito Federal y a la sentencia de la SON que la validó, ha tenido consecuencias en las conductas y actitudes del personal de salud. Algunos cambios pueden deberse a un exceso de celo ("son más papistas que el papa") o al miedo de ser consigna-dos ellos mismos y/o perder el trabajo. Las mujeres declaran que las presionaron para que "confesaran" y en algunos casos esa fue la condición que les pusieron para recibir tratamien-to médico; a otras se les pidió hablar cuando todavía estaban bajo efecto de la anestesia; otras fueron maltratadas, tanto física como verbalmente. Hay que apuntar que en todos los ca-sos no hubo debido proceso, pues no se les informó de los cargos en su contra ni se les explicó que podían guardar si-lencio o tener defensa legal.

Omisión e indiferencia muestra las enormes barreras que se alzan ante las mujeres para acceder a atención reproductiva de calidad, principalmente en comunidades indígenas y zonas po-bres. El informe expresa la necesidad de contar con leyes y ordenamientos jurídicos que garanticen el cumplimiento de los derechos reproductivos, tanto en el caso del aborto como en el de la reproducción asistida, materia aún pendiente de legis-lación en nuestro país y que actualmente (2013) se discute en el Congreso de la Unión. El tema de una normatividad homo-génea en todas las entidades federativas también está presente.

Omisión e indiferencia incluye, además, recomendaciones y propuestas con la finalidad de brindar respuestas o soluciones para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos reproductivos, mismas que cobran especial relevancia a partir de la reforma constitucional en materia dem



El largo camino hacia la ILE - Multimedia PUEG · 2016-02-17 · El largo camino hacia la ILE Mi...

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