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    193POSTData11,Abril / 2006, ISSN 1515-209X, (pgs. 193-220)

    EL IMPACTO DE LA DEMOCRATIZACIN EN LAS CRISISPRESIDENCIALES. UN ANLISIS DE LGICA DIFUSA*

    por Anbal Prez Lin**

    Hasta qu punto el proceso de democratizacin puede alterar el equi-librio de poderes en los casos de conflicto extremo entre el presidente y elcongreso? Este trabajo explora el resultado de 27 crisis constitucionales en

    Amrica Latina entre 1950 y 2000. Estas crisis estuvieron marcadas por undramtico desenlace: o bien el ejecutivo pudo disolver el legislativo, o elcongreso pudo destituir al jefe del ejecutivo. En las pginas siguientes sos-tengo que los presidentes pierden su capacidad para desafiar al congreso enlas democracias ms consolidadas, y de ello eventualmente surge una rela-cin ms balanceada, que incluye la capacidad del congreso de enjuiciar al

    presidente si surge un conflicto serio. Tres mecanismos causales indirectosgeneran este resultado: 1) la democracia reduce la probabilidad de la inter-vencin militar, 2) promueve la eliminacin de herramientas constituciona-les usadas por los presidentes autoritarios para disolver al congreso, y 3) creaestabilidad en el marco constitucional. La evidencia sugiere que las condi-ciones (1) y (2) se han desarrollado en Amrica Latina luego de los aossetenta, pero que la condicin (3) es todava precaria. A raz de esto, las

    * Una versin anterior de este trabajo fue publicada enComparative Political Studies

    , Vol.38, N 1, pgs. 51-74 (publicado aqu con autorizacin de Sage Publications). Lospostulados de este escrito fueron originalmente presentados en las jornadas Represen-tacin y polticas democrticas (Universidad de San Andrs, Argentina, junio de 2001)y Diagnosticando la democracia (organizada por la Universidad de Uppsala en Chile,abril de 2003). Estoy en deuda con Barry Ames, Carlos Acua, David Altman, Jos

    Antonio Cheibub, Alberto Fhrig, Jorge Gordn, Carlos Guevara Mann, GerardoMunck, Vctor Hinososa, Mark Jones, William Keech, Marcelo Leiras, Germn Lodola,

    John Markoff, Andrs Meja, Mitchell Seligson, Jan Torell, Laurence Whitehead, y doslectores de Comparative Political Studiespor sus valiosos comentarios. (Traduccin de

    Juan Cruz Vazquez, revisada por el autor).** Departamento de Ciencia Poltica, Universidad de Pittsburgh. E-mail: [email protected].

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    nuevas democracias en la regin han evolucionado del patrn de una supre-maca moderada del ejecutivo en los aos sesenta y setenta hacia una posible(pero an incierta) primaca del congreso. En aos recientes, la mayor parte

    de los casos de disolucin ha incluido la remocin del presidente de su cargoms que la clausura del congreso, conformando un patrn emergente dederrota presidencial que desafa una honda y enraizada tradicin de domi-nio del ejecutivo en Amrica Latina.

    La primera parte de este trabajo documenta los casos de pugna de po-deres analizados e introduce la variable dependiente: la victoria del congresoen la confrontacin con el ejecutivo. En la segunda seccin exploro tres trans-formaciones histricas fundamentales que tuvieron lugar en las dos ltimasdcadas. Dado que los conflictos constitucionales ocurrieron en un contextocrecientemente democrtico, la intervencin militar defini cada vez menos elresultado de estos enfrentamientos, al tiempo que el marco constitucional queencuadr estas disputas creaba un desequilibrio institucional a favor del con-greso. No obstante, algunos presidentes han desafiado la supervivencia delcongreso a travs de la creacin de asambleas constitucionales leales. En latercera seccin desarrollo un modelo comparativo de lgica difusa (Ragin 2000).La cuarta seccin analiza la relevancia de estos resultados para las nuevas de-mocracias y para las teoras sobre el presidencialismo.

    I. La disolucin de los gobiernos y los parlamentosen los regmenes presidenciales

    Una de las caractersticas esenciales de las constituciones presidencialistas esla virtual ausencia de mecanismos constitucionales que permitan la disolucinmutua de los poderes electos. Por disolucin me refiero al proceso por el cual unpoder el ejecutivo o el legislativo clausura al otro para redefinir su recompo-

    sicin. En los sistemas parlamentarios, la disolucin es un acontecimiento nor-mal: los parlamentos pueden disolver el gobierno a travs de un voto de censuray reformar la coalicin gobernante, mientras que los primeros ministros puedenpromover la disolucin del parlamento y llamar a nuevas elecciones. En las consti-tuciones parlamentarias, la disolucin fue creada como un mecanismo que buscagarantizar la coherencia poltica entre el ejecutivo y el legislativo.

    Por el contrario, los regmenes presidencialistas tienen procedimien-tos muy escasos y restrictivos para permitir la disolucin de poderes. La

    constitucin norteamericana, modelo de la organizacin poltica latinoame-ricana en el siglo XIX, no prev el cierre del congreso en tanto que el juicio

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    poltico el nico procedimiento que permite al congreso remover al presi-dente de su cargo es una situacin extraordinaria que demanda una ma-yora calificada en el senado y evidencias de crmenes y faltas graves contra

    el jefe del ejecutivo. La rigidez del principio por el cual el presidente y loslegisladores son electos independientemente y permanecen en el cargo portrminos fijos, llev a Juan J. Linz (1990, 1994) a advertir sobre los peli-gros del presidencialismo.

    Empero, si bien el principio legal de disolucin es extrao a la tradi-cin constitucional presidencialista, laprctica de disolver el congreso o de-poner presidentes no lo es. En Amrica Latina hubo al menos 45 intentosde disolucin entre 1950 y 2000, de los cuales 27 alcanzaron su cometido.En ocho de esos casos, el presidente o los legisladores emplearon las herra-mientas constitucionales disponibles para recomponer el otro poder de go-bierno. En los 19 casos restantes, la disolucin fue justificada en trminoslegales pero ejecutada a travs de una accin militar.

    A pesar de las limitaciones formales, la disolucin de poderes ha ocu-rrido con cierta regularidad en Amrica Latina durante las cinco ltimasdcadas: a razn de un caso cada dos aos. Ya sea invocando elementoslegales o apoyo militar (o una combinacin de ambos), el ejecutivo ordenla clausura del congreso en Argentina en 1962, en Brasil en 1966 y 1968,

    Colombia en 1991, Ecuador en 1970, Honduras en 1954, Paraguay en1959, Per en 1992, Uruguay en 1973 y Venezuela en 1999. De modosimilar, la accin legislativa legaliz la expulsin (a travs de la intervencinmilitar o de procedimientos constitucionales) de los presidentes de Boliviaen 1979, Brasil en 1955 (dos veces), 1964, y 1992, Ecuador en 1961,1997, y 2000, Guatemala en 1957 y 1993, Panam en 1951, 1955 y 1988,Paraguay en 1954 y 1999, Per en 2000, y Venezuela en 1993.

    El estudio comparativo de estos casos ofrece una visin privilegiadadel funcionamiento de los regmenes presidenciales dbilmente

    institucionalizados. La presencia de estos episodios indica una forma extre-ma de conflicto entre el ejecutivo y el legislativo. En ellos, la probabilidadde un triunfo del congreso sobre el presidente muestra la capacidad real delos legisladores para limitar al poder ejecutivo (por medios constitucionaleso militares) en ese particular contexto histrico.

    I.2. La variable dependiente

    La variable dependiente en este estudio es el predominio del con-greso, definido como la capacidad de este ltimo para remover al presidente

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    de su cargo en el contexto de una crisis de disolucin1. Operativamente, elgrado de predominancia puede ser definido como la probabilidad de diso-lucin del ejecutivo (la salida del presidente y el gabinete), dado un episo-

    dio de disolucin2

    . Me refiero a una situacin de supremaca del congresocuando esta probabilidad se aproxima a 1.0 en una situacin histrica dada3.

    Dado que esta definicin identifica la victoria del congreso con laremocin del presidente, resulta imposible por ahora discriminar entre aque-llos casos en los que los legisladores verdaderamente predominaron en unaconfrontacin y otros casos en los que simplemente legalizaron la resolucinde facto de una crisis poltica mayor. Por ejemplo, los legisladores ecuatoria-nos sancionaron la salida del presidente Jamil Mahuad en enero de 2000despus de que un fallido golpe militar forzara a Mahuad a dejar su cargo(Lascano Palacios 2001: 116-118). Ese mismo ao, el juicio poltico delpresidente peruano Alberto Fujimori no comenz hasta que el primer man-datario dej el pas y envi su renuncia desde el extranjero (Carey 2003). Entales casos, el congreso controla la formalidad del proceso de remocin delpresidente, pero su capacidad real para predominar en el curso de la situa-cin puede ser dbil. Ms adelante, en la tercera seccin, discutir una solu-cin tcnica para este problema de medicin. Por el momento, simplementesupondr que la supremaca del congreso puede ser manifiesta (o estricta)

    cuando los legisladores claramente controlan el proceso de disolucin, odbil (dudosa) cuando ellos responden a presiones externas.

    1 Los casos de disolucin estn codificados de acuerdo al resultado de la confrontacin, nosus etapas intermedias. Si un presidente intenta disolver el congreso, pero es removidofinalmente de su cargo y sometido a juicio poltico (como en Panam en 1951), esteepisodio es codificado como un caso de victoria por parte del congreso.

    2 Dada esta definicin, el universo de este estudio est conformado por todos los episo-dios de disolucin unilateral ms que por todos los episodios de confrontacin entre los

    poderes (crisis presidenciales). Las crisis presidenciales pueden llevar a otros resultadosalternativos: intentos de disolucin que nunca se materializan (por ejemplo, el juiciopoltico a Bill Clinton), situaciones de estancamiento duraderas, y golpes militares en loscuales los dos poderes son disueltos por la intervencin militar. Estos resultados noindican claramente el predominio de uno de los poderes, y por tanto estn excluidos deeste estudio.

    3 Los trminos predominancia y supremaca son empleados aqu en un contexto deextrema confrontacin entre el ejecutivo y el legislativo y no son indicadores del accio-nar del congreso en la elaboracin cotidiana de polticas pblicas. La remocin de lasprerrogativas constitucionales del ejecutivo para disolver el congreso (un tema abordado

    ms abajo) puede, empero, indicar un aumento del poder de los legisladores para definirlas reglas del juego.

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    II. Democratizacin y la supremaca del congreso

    En este trabajo sostengo que, a mayor nivel de democratizacin de un

    sistema presidencial, mayor es la probabilidad de supremaca del congresoen una crisis de disolucin. Existen tres justificaciones que llevan a estahiptesis. Primero, una mayor democratizacin reduce la posibilidad deemplear a las fuerzas armadas para expulsar a los legisladores (o al presiden-te) (Fitch 1998). Segundo, durante la transicin a la democracia, en tanto elcongreso gana visibilidad en la formulacin de polticas pblicas, el derechoconstitucional que permite al presidente disolver el parlamento en algunossistemas autoritarios generalmente es abolido. Esto crea un desequilibriolegal a favor del congreso, ya que este ltimo s preserva su capacidad desometer a juicio poltico al presidente (y en algunos casos incluso decidir laaptitud mental del primer mandatario). Tercero, el entorno constitucionaltiende a ser ms estable, lo que significa que la ventaja legal de la que goza elcongreso es conocida y aceptada tanto por los legisladores como por lospresidentes. Esto implica dos escenarios claros para los regmenes presiden-ciales totalmente democrticos: o no se observarn episodios de disolucinen absoluto (porque los dos poderes evitan confrontaciones extremas), o sevislumbrarn episodios que terminan con la destitucin del presidente.

    La experiencia latinoamericana luego de la tercera ola de democrati-zacin es consistente con esta prediccin. Los episodios de juicio polticopresidencial, virtualmente desconocidos veinte aos atrs, se multiplicarondurante los aos noventa. Los presidentes Fernando Collor en Brasil (1992)(Rosen y Downes 1999), Carlos A. Prez en Venezuela (1993) (Kada 2003),

    Abdal Bucaram en Ecuador (1997) (Prez Lin 2000) y Ral Cubas Grauen Paraguay (1999) (Abente 1999) fueron removidos o forzados a renunciara travs de procedimientos del legislativo. Un caso fallido de destitucin sedio en Colombia con el Presidente Ernesto Samper en 1996 (Dugas 2001).

    De cara a estos eventos, Carey (2002) not que, al fin, la lgica del parla-mentarismo est llegando a Amrica Latina.

    La Tabla 1 enumera el resultado de todos lo episodios de disolucinentre poderes que tuvieron lugar en Amrica Latina (el Caribe no est in-cluido) durante el perodo bajo estudio. Los casos han sido clasificados deacuerdo a la naturaleza del rgimen poltico (Mainwaring, Brinks y PrezLin 2001) y el poder prevaleciente en la confrontacin4.

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    Los regmenes democrticos son definidos como aquellos en los cuales el presidente y elcongreso son electos en elecciones libres y transparentes, el derecho a voto es inclusivo,

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    De la Tabla 1 se desprenden dos conclusiones. Primero, la arena polti-ca para el conflicto entre ejecutivo y legislativo ha cambiado claramente enaos recientes. En 1950, menos del 40 por ciento de los pases de Amrica

    Latina eran democrticos; para 1995, casi el 80 por ciento podan ser conside-rados democracias (Mainwaring, Brinks y Prez Lin 2001: 28). La califica-cin promedio de Politypara casos de disolucin fue -1.9 durante los aoscincuenta y -2.8 durante los sesenta, lo que contrasta con un 7.4 durante losaos noventa5. Diez de los 17 casos de disolucin ocurrieron bajo un gobiernoautoritario entre 1950 y 1989, frente a solo uno de diez en el ltimo perodo(si se considera como autoritario el rgimen peruano a fines de 2000).

    Segundo, aunque la tercera ola de democratizacin no ha reducido laincidencia de crisis de disolucin de poderes en la regin, ha habido una ligeratendencia al incremento de la supremaca del congreso en esas confrontacio-nes. En promedio, un caso de disolucin tuvo lugar cada 23 meses entre 1950y 1978, tasa que ha permanecido constante entre 1979 y 2000. Durante elprimer perodo, el 53 por ciento de las crisis (8/15) llevaron a la remocin delpresidente, pero luego de la tercera ola de democratizacin el 75 por ciento deestos episodios (9/12) confirmaron la supremaca del congreso. Esta transfor-macin histrica parece estar ligada a los crecientes niveles de democratiza-cin: el 78 por ciento de las crisis ocurridas bajo condiciones de democracia

    plena (7/9) entre 1950 y 2000 concluy de alguna forma con el predominiodel congreso, frente al 56 por ciento (10/18) de aquellas que tuvieron lugarbajo una semi-democracia o un rgimen autoritario.

    Dado el dilema del N pequeo (bastante evidente en estos datos) serequiere un procedimiento cuidadoso para el trazado y puesta a prueba de lahiptesis. En las secciones que siguen trazo la evolucin de tres procesoscausales que presumiblemente intervienen en la conexin entre democrati-zacin y poder del congreso: la cada de la intervencin militar, la consolida-cin de la supremaca constitucional del congreso, y la estabilizacin del

    entorno democrtico. Si bien los dos primeros fenmenos se han desarrolla-do de manera significativa tras la tercera ola de democratizacin, el tercerose ha descarrilado en algunos casos.

    las libertades civiles son respetadas, y el gobierno electo es libre de gobernar. Los regme-nes semi-democrticos presentan una violacin parcial en cualquiera de estos cuatroprincipios, mientras que los regmenes autoritarios violan totalmente al menos uno deestos principios (ver Mainwaring, Brinks y Prez-Lin 2001).

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    La calificacin de Politymide los niveles de democratizacin entre -10 (dictadurainstitucionalizada sin componentes democrticos) y 10 (democracia plena) (Polity 2000).

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    II.1. Desmilitarizacin

    En consonancia con los mayores niveles de democratizacin, la inter-

    vencin militar en las crisis entre el ejecutivo y el legislativo ha decado con eltiempo. Entre 1950 y 1989, slo un caso de disolucin (de 17) fue resueltosin intervencin militar. Entre 1990 y 2000, siete de diez casos ocurrieron enforma puramente constitucional. El fenmeno de la desmilitarizacin del con-flicto ejecutivo-legislativo est claramente relacionado con el proceso de de-mocratizacin iniciado en los aos ochenta, pero es analticamente distinto.Por un lado, la democratizacin ocurrida en varios pases a fines de los aoscincuenta fracas en impedir las intervenciones militares en poltica. Por elotro, algunos regmenes no democrticos (por ejemplo, Panam en 1955) hanimplementado procesos de disolucin sin intervencin militar.

    Augusto Varas (1990) ha explicado el retiro de los militares de la pol-tica como resultado de factores ligados a lo social y a lo militar. Entre losprimeros se distingue la unidad creciente de las elites civiles, la declinacindel ideologismo, las movilizaciones masivas en contra de los militares en elpoder, y la defeccin de las principales fuerzas polticas que previamente cons-tituan el soporte de los generales. Los factores militares estriban en la crisisprofesional creada por la confusin de las funciones internacionales (defensa)

    y domsticas (seguridad interna) y por la inhabilidad de los lderes militaresen el manejo de los temas de gobierno. A estos factores se suman importantestransformaciones a nivel internacional el fin de la Guerra Fra, la integra-cin econmica creciente y las nuevas polticas de los Estados Unidos hacia

    Amrica Latina que reforzaron el proceso de desmilitarizacin en los noven-ta (Perelli y Rial 1996, Wiarda 2001: 327).

    Los datos sugieren que los legisladores han sido desproporcionadamenteexitosos en los episodios de disolucin sin involucramiento militar. El nicocaso claro de disolucin civil previo a 1990 el juicio poltico del presiden-

    te panameo Jos R. Guizado en 1955 es tambin un ejemplo de predo-minio estricto del congreso (Ziga Guardia 1957). De los siete casos pos-teriores a 1978 que acaecieron sin intervencin militar, cinco fueron episo-dios de predominancia del congreso (la destitucin o la renuncia de lospresidentes Collor de Mello, Prez, Bucaram, Cubas Grau y Fujimori), yslo dos fueron casos de disolucin del congreso (Colombia en 1991 yVenezuela en 1999). Pareciera que la baja intervencin militar favorece lafortaleza del congreso.

    Estos casos sugieren que, por razones que espero aclarar en las seccio-nes siguientes, la ausencia de intervencin militar es casi suficientepara ase-

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    gurar el predominio del congreso. Pero hasta qu punto la desmilitariza-cin es necesaria para el triunfo de los legisladores? No existe en verdadevidencia histrica que indique que los legisladores deben necesariamente

    operar en un contexto constitucional para poder prevalecer en sus disputascon el presidente o, lo que es lo mismo, que siempre son derrotados en uncontexto de intervencin militar. Los presidentes pueden eventualmente lan-zar una operacin militar contra el congreso, pero no siempre con xito. Eluso de la fuerza militar en contra del congreso, el llamado autogolpe, estpicamente una maniobra riesgosa: en mayo de 1951, cuando el Presidentepanameo Arnulfo Arias intent disolver la Asamblea, la Polica Nacionalentr al palacio presidencial y, tras una confrontacin violenta, arrest alpresidente y lo entreg al congreso para que ste realizara un juicio poltico(Pippin 1964, Pizzurno Gels y Aruz 1996: 369-373). Este episodio tam-bin anticipara la salida del Presidente de Guatemala Jorge Serrano cuaren-ta y dos aos despus (Villagrn 1993, Jonas 1994). Aunque, como se ex-plica ms abajo, la ausencia de intervencin militar genera condiciones (casi)suficientes para el predominio del congreso, la desmilitarizacin no es nece-saria para este desenlace. De diecinueve episodios que involucraron accinmilitar entre 1950 y 2000, slo ocho condujeron a la disolucin del congre-so. Sorprendentemente, en la mayor parte de los casos los militares se alia-

    ron con el congreso para remover al presidente de su cargo.Si los militares no estn histricamente inclinados a respaldar al eje-cutivo, la declinacin de la intervencin militar slo puede crear un mayorpredominio del congreso si los legisladores tienen una ventajadesproporcionada en los procesos constitucionalesde disolucin. Esta ventajaen el contexto constitucional desmilitarizado se produce porque las reglasconstitucionales tpicamente dan a los legisladores las herramientas para laremocin del presidente (por ejemplo, el juicio poltico), al tiempo quedeniegan al presidente poderes equivalentes.

    II.2. Desequilibrios institucionales

    Una caracterstica central de las constituciones presidencialistas es quelos presidentes carecen de recursos legales para disolver el congreso (Shugarty Carey 1992: 126-129), al tiempo que los legisladores pueden invocarclusulas de juicio poltico y algunas veces de declaracin de incapacidadpara remover al presidente de su cargo. Ello significa que las instituciones

    que regulan las confrontaciones extremas tienden a favorecer a los legislado-res antes que al presidente. En esta seccin comparo el marco constitucional

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    de las 27 crisis bajo estudio (que ocurrieron bajo 21 constituciones en 12pases) en lo referente a las reglas del juicio poltico, los procedimientos paradeclarar al presidente incapaz de gobernar, y la ocasional autoridad del pre-

    sidente para disolver el legislativo.

    Juicio poltico

    El modelo clsico de juicio poltico presidencial fue establecido por laconstitucin norteamericana de 1787 y absorbido posteriormente con mo-dificaciones por la mayora de los pases latinoamericanos. La Convencinde Filadelfia estableci que la cmara baja sera la encargada de la acusaciny el senado operara como un jurado en el cual sera necesaria una mayorade dos tercios para remover al presidente de su cargo (Gerhardt 1996). Lamayora de los sistemas bicamerales en Amrica Latina siguieron este esque-ma, aunque el requerimiento de la mayora se ha extendido algunas veces ala cmara baja (Serrafero 1997: 42).

    Algunas constituciones latinoamericanas han establecido lo que NaokoKada (2003) ha denominado el modelo judicial de destitucin, por el cualel congreso autoriza un juicio llevado a cabo por el poder judicial. Este esque-ma le quita al congreso parte de su poder de disolucin, transformando alpoder judicial en un actor con capacidad de veto. Las constituciones de Costa

    Rica (1949), El Salvador (1982), Bolivia (1967 y 1994) y Venezuela (1961 y1999) han adoptado este modelo. Un tercer grupo de constituciones tieneprocedimientos de destitucin muy dbiles. Las constituciones de Guatemala(1956, 1985), Honduras (1936, 1982) y Nicaragua (1995) permiten al con-greso imputar cargos criminales contra el jefe del ejecutivo sin previsionesexplcitas sobre la suspensin o salida del presidente. La constitucin paragua-ya de 1940 no mencionaba siquiera la posibilidad de destitucin.

    Declaracin de incapacidad

    El trmino incapacidad tpicamente se refiere a una disfuncin fsicao mental que impide al presidente cumplir con sus funciones. Las constitu-ciones de Per (1979, 1993) y Ecuador (1979, 1998) permiten al congresodeclarar al presidente inhabilitado para gobernar con una mayora simple,un poder discrecional que los legisladores ecuatorianos utilizaron para laexpulsin del presidente Abdal Bucaram en febrero de 1997 (Prez-Lin2000). Las constituciones de El Salvador (1982, art. 131) y Guatemala(1985, art. 165) permiten declarar la incapacidad fsica o mental del presi-

    dente con dos tercios de los legisladores luego de que un comit de cincomdicos se expidan sobre el caso. La mayora de las otras constituciones no

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    han establecido un procedimiento legislativo explcito para declarar al presi-dente incapacitado. Sin embargo, los legisladores han invocado referenciasconstitucionales atinentes a la incapacidad presidencial para justificar la di-

    solucin de la presidencia en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1955 el Con-greso brasileo invoc una vaga clusula de incapacidad (el artculo 79.1 dela constitucin de 1946) para legalizar la salida de los presidentes CarlosLuz y Joao Caf Filho impuesta por los militares (Dulles 1970: 47, Diariodo Congresso Nacional, Seo I, November 11, 1955, pgs. 8372-8382).

    Disolucin del congreso por parte del titular del ejecutivo

    Slo unas pocas constituciones latinoamericanas han dado poder al eje-cutivo para disolver el poder legislativo. La constitucin paraguaya de 1940autoriz al presidente a disolver la legislatura unicameral y a llamar a eleccio-nes en el trmino de dos meses (art. 53). Un principio similar fue preservadoen la constitucin de 1967 (art. 182) pero fue finalmente eliminado en 1992.La constitucin chilena de 1980 tambin estableci una forma irrestricta dedisolucin del congreso (art. 31, sec. 5), pero esta clusula fue abolida duran-te la transicin a la democracia. Luego de 1964, los militares brasileos impu-sieron su propio derecho constitucional por medio de las llamadas ActasInstitucionales (enmiendas temporarias a las constituciones de 1946 y 1967).

    Las actas primera (1964, art. 10), segunda (1965, art. 31) y quinta (1968,art. 2) dieron fuerza al jefe del ejecutivo para suspender la operacin del con-greso o desaforar legisladores individuales. De modo que los poderes fuertesde disolucin en favor del presidente son caractersticos de regmenes autori-tarios que buscan desalentar la oposicin del congreso.

    En contraste, Per y Uruguay han establecido clusulas de disolucinen algunas de sus constituciones, pero las condiciones fueron tan restrictivasque los presidentes no pudieron hacerlas funcionar en su favor. En Uruguay,la disolucin fue introducida por primera vez en la Constitucin de 1934

    (siguiendo el autogolpe del Presidente Terra en 1933). El artculo 141 esta-bleci que el presidente poda disolver el congreso si este ltimo, intentan-do censurar algn ministro, no consegua una mayora de dos tercios en dosoportunidades. Con modificaciones menores, esta clusula fue preservadaen las constituciones de 1942 y 1966. La Constitucin peruana de 1979habilitaba al presidente a disolver la Cmara de Diputados si esta ltimacensuraba tres o ms gabinetes (arts. 227-229), y la Constitucin de 1993redujo los requerimientos a la censura de dos gabinetes.

    La Tabla 2 compara el marco constitucional en vigencia cuando seprodujo cada uno de los 27 episodios de disolucin. Si bien algunas consti-

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    tuciones dieron poder al presidente para disolver el congreso, la tabla confir-ma un general desequilibrio en favor del legislativo. Este patrn sugiere queel congreso tiene una ventaja natural para imponer la disolucin del ejecuti-

    vo bajo condiciones de estabilidad constitucional6

    .La ltima columna de la Tabla 2 presenta un ndice que mide hasta qu

    punto la constitucin ha sancionado el modelo norteamericano de desequili-brio a favor del congreso. Para calificar el poder de juicio poltico de los legis-ladores, implement una medicin que adopta un valor de 1 (fuertes poderesde destitucin) para aquellas constituciones que siguen el modelo norteameri-cano, 0.5 (poderes de destitucin moderados) para aquellas que requieren unamayora especial en ambas cmaras, una sesin conjunta, o la intervencin delpoder judicial, y 0 (dbiles poderes de destitucin) para aquellas sin procedi-mientos explcitos para la remocin del presidente. Para los casos en que laconstitucin estableca un procedimiento adicional para la declaracin de in-capacidad (usualmente menos restrictiva que aquella relativa al juicio polti-co), tom el promedio de las dos calificaciones. De modo similar, di una pun-tuacin de 1 a los presidentes con fuertes poderes de disolucin, 0.5 a aquelloscon poderes dbiles, y 0 a todos los dems presidentes.

    El ndice que mide el desequilibrio constitucional a favor del congre-so, presentado en la ltima columna, fue definido como I=L(1-P), donde L

    es la calificacin para los poderes legislativos de remocin (atinentes al juiciopoltico o a la incapacidad) y P es la calificacin para la disolucin del con-greso por parte del ejecutivo. Esta variable mide el desequilibrio institucionalal ponderar los poderes del legislativofrentea los poderes del ejecutivo7.

    Un valor de 1.0 en este ndice seala que la constitucin replica elmodelo norteamericano de disolucin asimtrica, una calificacin de 0, queno existe desequilibrio a favor del congreso (el poder de disolucin est igual-mente distribuido entre el presidente y el congreso, o totalmente concen-trado en el ejecutivo)8. Los valores menores a 0.5 sugieren que el congreso

    tiene muy poca ventaja en el juego de disolucin.

    6 Desde ya, los miembros del congreso tambin pueden ser removidos de sus cargos siellos son acusados de delitos menores. Pero es el congreso mismo, no el presidente, quienejerce esta autoridad, haciendo de la destitucin un arma unilateral en favor del legisla-tivo. Estoy en deuda con un lector de Comparative Political Studiespor este punto.

    7 Frente es tcnicamente definido como un complemento del conjunto difusoP.8 Este ndice de desequilibrio institucional es asimtrico, lo que significa que mide el

    grado en que un desequilibrio en favor del congreso est presente. En caso de que este

    desequilibrio no est presente, el ndice adquiere un valor de cero, sin discriminar siexiste un equilibrio entre ambos poderes o un desequilibrio a favor del presidente (lo

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    Anbal Prez Lin

    II.3. Flexibilidad constitucional

    Los episodios de disolucin han tendido a funcionar a favor del congreso,

    en la medida en que las constituciones han creado asimetras de poder a favor delos legisladores y no han sido invalidadas por intervenciones militares. Pero anen la ausencia de una intervencin militar, las reglas constitucionales fueron aveces pasadas por alto o parte de la confrontacin misma entre los poderes. Paraabordar este punto, debemos considerar la distincin entre los casos de disolu-cin que tienen lugar en un contexto de estabilidad constitucional y aquellosque tienen lugar en un contexto de flexibilidad constitucional.

    Por flexibilidad constitucional me refiero a la situacin en la cual unaasamblea constituyente, operando paralelamente al congreso, se sita porencima de las reglas constitucionales que deberan regular el proceso dedisolucin. Que yo sepa, slo dos casos de disolucin han ocurrido en uncontexto de flexibilidad constitucional desde 1950. El primero fue la re-forma constitucional colombiana de 1991. El presidente Csar Gaviria alentla instalacin de una asamblea constituyente que oper como un cuerposeparado del congreso, capitaliz el malestar pblico contra los partidostradicionales y orden la disolucin del congreso elegido slo un ao antes(Bejarano 2001: 56-57). Gaviria no concibi la disolucin del congreso

    para fortalecer su mandato personal, pero la dinmica de la constituyentefinalmente lo llev a la confrontacin con los legisladores.La asamblea colombiana de 1991 inaugur lo que Barros ha denomi-

    nado como el modelo plesbicitario de cambio constitucional no convencio-nal (Barros 2001: 18). Debido a que la asamblea se constituy como lafuente ltima de constitucionalidad, sta pudo ordenar la disolucin delcongreso, accin que le estaba prohibida al ejecutivo. Nadie entendi mejorlas implicancias de este episodio que el Presidente de Venezuela Hugo ChvezFras. Lder de un golpe militar fallido en 1992, Chvez se present en

    1998 como un candidato independiente, prometiendo que convocara auna asamblea constitucional para reformar el sistema poltico. Chvez ganla eleccin presidencial con el 56 por ciento de los votos y las elecciones parala Asamblea Constituyente tuvieron lugar el 25 de julio de 1999. Habiendo

    que es raro). El anlisis de lgica difusaexige este tipo de asimetra operacional por unasimple razn: el grado de membresa en una escala dada no necesariamente es equivalen-te a la no-membresa en una escala conceptualmente diferente (Ragin 2000: 164). Por

    ejemplo, un congreso constitucionalmente dbil no necesariamente significa un presi-dente poderoso.

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    ganado 123 de 131 bancas, las fuerzas de Chvez se movieron rpidamentepara modificar el rgimen de Punto Fijo. La Asamblea quit al congresoopositor la mayora de sus poderes, disolviendo virtualmente el poder legis-

    lativo hasta que se eligi un nuevo congreso unicameral (Decarli 2000: 106-107, Ellner 2001: 11-14).

    Los casos de Colombia y Venezuela en los aos noventa constituyeronextraas instancias de disolucin legal del congreso en un contexto de flexibili-dad constitucional9. Invocando el poder constituyente, los miembros de la asam-blea fueron capaces de traspasar las restricciones legales existentes y clausurar elcongreso. En Colombia, ste fue el resultado de una negociacin muy compleja,mientras que en Venezuela ste era desde un principio el objetivo del presiden-te. Por tanto, la flexibilidad constitucional cre un dbil predominio presiden-cial en Colombia y un fuerte predominio presidencial en Venezuela.

    En contraste, todos los casos constitucionales de disolucin que tu-vieron lugar en ausencia de flexibilidad constitucional llevaron al predomi-nio del congreso. En Panam en 1955, Brasil en 1992, Venezuela en 1993,Ecuador en 1997, Paraguay en 1999, y Per en 2000 el desenlace naturalno fue la clausura del congreso sino la remocin del presidente. Infiero deeste patrn que la flexibilidad constitucional tiende a favorecer al presiden-te, mientras que la estabilidad constitucional tiende a beneficiar al congre-

    so. Ahora estamos en condiciones de revisar la hiptesis sealada al inicio deesta seccin: asumiendo una asimetra en el diseo constitucional en favordel congreso, la ausencia de intervencin militar y de flexibilidad constitu-cional parecen determinar una combinacin de factores suficiente (aunqueno necesaria) para un estricto predominio del congreso.

    III. Anlisis emprico

    En las secciones precedentes abord el rol de tres variables en la con-formacin del predominio del congreso: la resolucin civil o militar de lascrisis, la flexibilidad de los arreglos constitucionales, y el grado de desequi-

    9 Un tercer caso semejante de flexibilidad constitucional tuvo lugar en Guatemala en1957, cuando el congreso constituyente anul la eleccin presidencial y nombr unnuevo presidente provisional. Sin embargo, este caso representa una configuracinhistrica muy diferente a raz de que: a) el congreso constituyente no era una asambleadistinta a la legislatura habitual y b) la disolucin fue respaldada (de hecho, iniciada)

    por una intervencin militar y por ende las reglas constitucionales fueron de pocarelevancia prctica (Ver Ebel 1998: 57-90 y James 1957) .

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    librio en estos arreglos a favor del congreso. La Figura 1 ilustra este argu-mento causal. Si bien el nivel de democratizacin puede no tener un impac-to directo en la resolucin de las confrontaciones ejecutivo-legislativo, pue-

    de tener efectos indirectos a travs deestos factores.El objetivo de esta seccin es evaluar el impacto conjunto de estos fac-

    tores causales en los patrones histricos de disolucin. De la discusin histri-ca previa se desprende que la resolucin civil (o constitucional) de una crisis esuna condicin suficientepara que predomine el congreso, si y solo si la consti-tucin no es flexibleycrea un desequilibrio legal a favor del congreso. Estahiptesis puede resumirse en una simple ecuacin de lgica proposicional:

    [1] D = Cy(no F)yI

    donde D indica la predominancia del congreso (el presidente es removidodel cargo), C indica una resolucin civil, F es la flexibilidad constitucional,e I es el desequilibrio constitucional favoreciendo al congreso.

    La Ecuacin 1 exige una mayor clarificacin. Antes que nada, pone aldescubierto un patrn de causalidad coyuntural (Ragin 1987: 42-44), unproceso causal interactivo ms que meramente aditivo. Es decir, se esperaque la accin conjunta de las tres variables independientes cree una

    predominancia del congreso, aun cuando cada una de las variables operandoaisladamente podra no incrementar la probabilidad de este resultado. Se-gundo, la ecuacin plantea una hiptesis de suficiencia sin necesidad: sibien la predominancia del congreso puede tener lugar en ausencia de estostres factores (v.g., cuando en el pasado los militares apoyaron al congresocontra el presidente), la interaccin de estos factores garantiza que un proce-so de disolucin se operar contra el jefe del ejecutivo.

    Desafortunadamente, existen tres problemas que complican una sli-da comprobacin emprica de esta hiptesis. Primero, el pequeo nmero

    de episodios de disolucin entre 1950 y 2000 (N=27) impide el uso demodelos estadsticos convencionales. Segundo, la mayora de las tcnicasestadsticas introduce potenciales problemas de especificacin debido a questas asumen que las variables independientes son individualmente (no enconjunto) condiciones suficientes. Tercero, como se explic en la seccinintroductoria, las ambigedades en el registro histrico plantean algunasdudas en la codificacin de la variable dependiente (a veces no es claro si elcongreso verdaderamente predomin en un conflicto o si simplemente se

    subi al tren de la historia conducido por los militares u otros grupos alapoyar la cada de un presidente). Las pruebas estadsticas convencionales

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    estn forzadas a tratar este fenmeno como un mero problema de error en lamedicin, pero la fidelidad a los casos histricos sugiere que debemos incor-porar esta incertidumbre en el anlisis.

    El test de un modelo causal de suficiencia coyuntural, como el pre-sentado en la Ecuacin 1, puede ser abordado desde un enfoque determinista uno probabilstico. Una interpretacin determinista o verstica, parausar la terminologa de Charles Ragin (2000) de esta clusula de sufi-ciencia nos llevara a esperar que todo episodio histrico en el cual se presen-ten las condiciones especificadas en la ecuacin debera conducir al predo-minio del congreso. Por el contrario, una interpretacin probabilstica indi-cara que dichas condiciones casi siempredeben crear una predominancia delcongreso, donde el casi siempre debe estar sujeto a una prueba estadstica.Unos pocos ndices hoy en da bastante pasados de moda entre los analistascuantitativos son capaces de medir la cuasi-suficiencia: la Q de Yule(Anderson, Watts y Wilcox 1966: 50) y el coeficiente de reproduccin deGuttman (Smithson 1987: 94-95, Verkuilen 2001).

    La Tabla 3 muestra evidencia que permite poner a prueba la Ecuacin1 desde una perspectiva probabilstica. Como regla operacional, codifiquen esta tabla como casos de desequilibrio constitucional aquellos con unapuntuacin mayor o igual a 0.5 en la Tabla 2. La victoria del congreso (D) y

    la resolucin civil (C) fueron codificados siguiendo la informacin de laTabla 1.La distribucin de los casos pasa una comprobacin determinista de

    suficiencia, ya que todos los casos que corresponden a la Ecuacin 1 presen-tan predominancia del congreso. Pero dado el pequeo nmero de casos,cunto podemos confiar en este hallazgo? La hiptesis nula para una prue-ba estadstica de suficiencia es que el nmero de casos en la cuadrcula supe-rior derecha es mayor que cero (es decir, que pueden haber casos de disolu-cin vinculados a las condiciones de la Ecuacin 1 que no conduzcan al

    predominio del congreso). La evidencia estadstica nos lleva a rechazar lahiptesis nula. La Q de Yule para la Tabla 3 equivale a 1.0, indicando unaperfecta asociacin unilateral. Este resultado es estadsticamente significati-vo al nivel de 5% en un test exacto unilateral de Fisher.

    III.2. Un anlisis de lgica difusa

    La prueba presentada en la Tabla 3 constituye una mejor aproxima-

    cin al argumento causal propuesto por la Ecuacin 1, pero restringe laposibilidad de discriminar entre casos en los cuales el congreso prevaleci

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    claramente en la confrontacin con el ejecutivo (rotulados comopredominancia estricta en la Tabla 1) y casos en los que el congreso legali-z una solucin de facto a la crisis. Esta distincin entre victoria estricta o

    meramente formal del congreso durante la confrontacin, ya esbozada en laprimera seccin de este trabajo, delinea un problema ms complejo de in-certidumbre en la clasificacin de los casos histricos. Los estudiosos pue-den documentar una estricta predominancia del congreso cuando el registrohistrico sugiere que los legisladores fueron capaces de liderar la resolucinde una crisis poltica. En el otro extremo, cuando el congreso fue disuelto setorna claro que los legisladores fallaron en el manejo de la confrontacin y suresolucin. Pero los casos de predominancia dbil son difciles de clasificarporque el registro histrico es ambiguo con respecto a si los legisladoreslegalizaron la disolucin de la administracin existente porque no tenanms opcin porque una gran proporcin de ellos era de hecho parte de unaconspiracin cvico-militar contra el ejecutivo.

    Resulta til pensar este problema de incertidumbre histrica en tr-minos de lgica difusa (Zadeh 1965). Mientras que la lgica aristotlicaconvencional asume siempre que los casos pueden estar dentro fuera de unconjunto o categora dada, la teora de la lgica difusa permite distinguirdistintos grados de pertenencia a una categora en un continuo que va de

    cero (totalmente fuera de una categora) a uno (totalmente dentro del con-junto). Por ejemplo, mientras que el uso de categoras convencionales nospermite clasificar los regmenes polticos como democrticos no-democr-ticos utilizando una lgica binaria que slo admite valores de pertenencia(1) exclusin (0) en la categora democracia un enfoque de lgicadifusa nos permitira conceptualizar situaciones en las que un pas es ms menos democrtico y por ende corresponde asignarle un valor intermedio,como 0.5 (vase Ragin 2000, Smithson 1987, Zadeh 1965)10.

    Este principio es particularmente relevante para el anlisis sistemti-

    co de la ambigedad histrica descrita anteriormente. En la ausencia deevidencia histrica detallada sobre las negociaciones cvico-militares que pre-cedieron los procesos de disolucin, la codificacin de los casos utilizando

    10 Por supuesto que, para continuar con el ejemplo, siempre es posible crear una escala paramedir el grado de democracia (como de hecho hacen los ndices de Freedom HousePolity). Pero la lgica difusa opera todava dentro del marco del anlisis conceptual, node la medicin intervalar (lo que Sartori denomin clasificacin, no cuantificacin). El

    problema en este ejemplo es determinar en qu medida un caso pertenece a la categorademocracia, y no medir cun democrtico es el pas.

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    un esquema de lgica difusa provee una solucin operacional a este proble-ma. As, mientras que los episodios de predominio estricto pertenecen clara-mente a la categora de predominio del congreso (inclusin total), y los

    casos de disolucin del congreso estnfuera de esta categora (cero inclu-sin), los casos de predominancia dbil pertenecen a esta categora con ungrado mayor que cero pero ms pequeo que uno. Para los propsitosoperacionales, podemos pensar que se encuentran en un punto intermedio(D=0.5). Ntese que, al igual que esta variable dependiente, una de lasvariables independientes (el ndice de desequilibrio constitucional presen-tado en la Tabla 2) adopta valores continuos entre cero y uno, mientras quelas otras dos variables (resolucin civil y ausencia de flexibilidad constitucio-nal) han sido definidas como variables dicotmicas [0,1].

    Dado que la codificacin de categoras difusas provee, paradjica-mente, una medicin ms acertada de algunas variables, la hiptesis de su-ficiencia puede someterse ahora a una prueba cualitativa comparativa delgica difusa(Ragin 2000). Esta prueba sigue cuatro principios:

    1) El grado de inclusin de un caso en una configuracin causal multi-variada (como la Ecuacin 1) est establecido por el principio deleslabn ms dbil: la inclusin en el conjunto definido por la cate-

    gora compleja equivale al grado mnimo de inclusin del caso encualquiera de las categoras componentes. Por ejemplo, si los milita-res intervienen para remover al presidente de su cargo, la crisis encuestin tiene un grado de pertenencia 0 en el conjunto determinadopor la Ecuacin 1 porque la resolucin no fue civil, an cuando laconstitucin no haya sido flexible o claramente haya favorecido alcongreso (Zadeh 1965: 341).

    2) Si la hiptesis es correcta, el grado parcial de inclusin de cada casoen la configuracin causal debe corresponderse con su grado parcial

    de inclusin en la categora que opera como variable dependiente (eneste caso, el predominio del congreso) siguiendo los criterios esboza-dos en los dos puntos que siguen.

    3) En una hiptesis de suficiencia, el principio queda establecido si elgrado de inclusin de los casos en el conjunto correspondiente a lavariable dependiente es mayor igualal grado de inclusin en la con-figuracin causal articulada en la hiptesis. Es decir, se espera que loscasos con inclusin plena en la configuracin causal tengan una com-

    pleta inclusin en el resultado. Por el contrario, los casos con ceroinclusin en la configuracin causal pueden tener diferentes grados

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    de inclusin en la categora dependiente, dado que la condicin cau-sal se asume suficiente pero no necesaria para el resultado (Ragin 2000:cap. 9). Una forma alternativa de expresar este principio es que, en

    una hiptesis de suficiencia, el nivel de pertenencia de los casos en laconfiguracin causal debe ser siempre menor igual al grado de per-tenencia en la categora dependiente.

    4) Por otra parte, una hiptesis que afirmase la necesidadde una condicincausal para alcanzar cierto resultado requerira que el grado pertenenciade los casos en la categora dependiente fuese menor igualal grado deinclusin en dicha condicin causal. Por ejemplo, si X es consideradauna condicin necesaria para producir Y, se esperara que todos loscasos de Y=1 (pertenencia plena en el resultado) presenten tambin

    X=1 (pertenencia plena en la condicin necesaria). Sin embargo, uncaso con Y=0.5 (pertenencia parcial en la categora dependiente) po-dra a su vez presentar X=1, dado que la pertenencia a X es necesariapero no suficiente para producir Y. Otra forma de expresar este princi-pio es que, en una hiptesis de necesidad, el nivel de pertenencia en elconjunto correspondiente a un atributo causal debe ser siempre mayor igual al grado de pertenencia en la categora dependiente.

    La Tabla 4 presenta los resultados de un anlisis causal de lgica difu-sautilizando el algoritmo de inclusin en el programa fs/QCA de anlisiscomparativo creado por Charles Ragin11. El panel superior de la tabla indicaque los 27 casos histricos estn incluidos en el anlisis. El panel mediomuestra que por s solo ningn factor causal incluido en el anlisis (o suausencia) puede ser considerado como una condicin necesaria para el pre-dominio del congreso. El ltimo panel presenta la parte ms relevante delanlisis: la configuracin Cy(no F) y Isurge como la nica condicin causalque pasa una prueba verstica de suficiencia sin imponer grandes supuestos

    simplificadores al anlisis12.

    11 El software est disponible en http:www.u.arizona.edu/~cragin/software.htm.12 En QCA, la simplificacin de los supuestos conlleva conclusiones sobre configuraciones

    causales que no podemos observar (porque esta combinacin de factores no existe en lamuestra observada) basadas en aquellas que s podemos observar. El anlisiscomputacional propuso dos configuraciones suficientes adicionales basadas en supues-tos simplificados: C y (no I) y (no F) (ningn caso tuvo una pertenencia por encima de0.5 en este grupo) y(no C) y I y F(mximo valor 0.25). La primera configuracin

    implica que la resolucin civil de la crisis basta para promover la predominancia delcongreso aun si la constitucin no favorece a este ltimo es flexible. Esta hiptesis es

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    La Figura 2 ilustra la operacin de esta prueba. El eje vertical ilustrael grado de inclusin de los diferentes casos en la categora dependiente(victoria del congreso en episodios de disolucin), mientras que el eje hori-

    zontal ilustra el grado de inclusin de esos casos en la configuracin causaldefinida en la Ecuacin 1. Operacionalmente, la suficiencia implica quetodos los casos deben descansar sobre, o por encima de, la diagonal13.

    La Figura 2 proporciona informacin adicional para explicar el limitadopatrn de la predominancia del congreso en el pasado y el marcadoresurgi-miento del congreso en los aos recientes. De los seis casos que denotan inclu-sin parcial en la Ecuacin 1, cinco ocurrieron en los ltimos 15 aos (el restan-te tuvo lugar en 1955). La declinacin de la intervencin militar a partir de losaos ochenta, combinada con la enmienda de las constituciones adoptadas porregmenes autoritarios que permitan la disolucin del congreso, han concentra-do los casos de disolucin en la esquina superior-derecha de la Figura 2.

    IV. Conclusiones

    Los resultados presentados en las pginas precedentes sugieren cuatroconclusiones. Primero, a pesar de que las restricciones constitucionales para

    la disolucin de parlamentos y gobiernos han sido comunes en AmricaLatina en el pasado y continan existiendo en el presente, los episodios dedisolucin todava representan eventos traumticos para los sistemaspresidencialistas dbilmente institucionalizados. Segundo, la incidencia dela intervencin militar en tales episodios ha declinado sustancialmente des-de los aos ochenta. En este contexto, las reglas constitucionales que favore-cen a los legisladores han permitido un mayor accionar del congreso. El

    juicio poltico y la remocin del presidente algo muy inusual en el pasa-do ha definido el desenlace de la mayora de las crisis polticas desde

    1992 y presumiblemente predominar en la resolucin de la mayora de lascrisis que ocurran en ausencia de flexibilidad constitucional.

    interesante, pero no hay suficiente evidencia histrica para sostenerla. La segunda con-figuracin asume que las intervenciones militares refuerzan la predominancia del con-greso cuando la constitucin da una ventaja al congreso y es flexible. Si bien es posibleimaginar situaciones que coincidan con este patrn, los fundamentos tericos para estahiptesis son dbiles.

    13 En una versin anterior de este artculo (Prez Lin 2005: 72) sostuve que las hiptesis

    pasaron una prueba Z al nivel de 0.5 (Agresti 1996: 10). Esto es tcnicamente incorrec-to, porque el N relevante para la prueba de suficiencia es 6, y no 27.

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    Tercero, esta lnea argumentativa sugiere que necesitamos reevaluarlos peligrosdel presidencialismo (Linz 1990, 1994). Aunque los estudio-sos de Amrica Latina han sostenido que los rasgos institucionales del

    presidencialismo varan de pas en pas y que algunos rasgos son ms plausi-bles de crear una configuracin entre poderes que otros, el supuesto subya-cente ha sido que la pugna de poderes es una gran fuente de inestabilidaddel rgimen (Jones 1995, Mainwaring 1993, Mainwaring y Shugart 1997,Shugart y Carey 1992). La evidencia presentada en este trabajo sugiere quela disolucin est ocurriendo ahora en el marco de reglas constitucionales yla inestabilidad del rgimen es menos problemtica que en el pasado.

    Finalmente, estos hallazgos sugieren que las explicaciones insti-tucionalistas estn siempre condicionadas por (y deberan ser modeladas enrelacin a) los diferentes contextos histricos (ver Ames 1999, Peters 1999).Las transformaciones internacionales luego de la tercera ola de democratiza-cin han restringido la posibilidad de intervencin militar y por lo tantohan aumentadoel efecto de las reglas constitucionales en la resolucin de lascrisis polticas. Si bien los arreglos constitucionales han sufrido escasa varia-cin en las ltimas cinco dcadas, el impacto de estas reglas sobre la variabledependiente ha aumentado con el tiempo. Los enfoques neo-institucionalitasrequieren una explicacin ms profunda de las condiciones histricas espe-

    cficas que hacen que las reglas formales den forma al proceso poltico.

    TABLA 1Casos de disolucin en Amrica Latina, 1950-2000

    * Disolucin con intervencin militar

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    TABLA 2Reglas constitucionales para la disolucin en 27 crisis, 1950-2000

    Fuentes: Tabla 1, Carey et al. (1997) y constituciones de los pases.Referencias: Resultado: d.c. Disolucin del congreso, p.d.c. Predominio dbil del congreso,p.e.c. Predominio estricto del congreso. Las fracciones representan la proporcin de los

    votos requeridos para remover al presidente del cargo. A.I.: Acta Institucional (implementadopor la dictadura militar en Brasil). I Desequilibrio Constitucional a favor del congreso(calificacin en el conjunto difuso).Notas: a) Sesin conjunta; b) No se requiere explcitamente mayora especial (se asume mayo-ra simple); c) Sobre los miembros totales (de lo contrario, de miembros presentes); d) Sistemaunicameral; e) Mayora especial establecida por ley; f ) La constitucin requiere una decisintomada por una comisin de cinco especialistas / mdicos; g) El Tribunal Supremo de Justiciadesigna una comisin mdica y la Asamblea Nacional decide seguir la recomendacin de estosltimos; h) El congreso imputa cargos criminales contra el presidente, pero no existen previ-

    siones para la suspensin o salida del primer mandatario; i) Un comit permanente (25% delos miembros) presenta la acusacin, el resto del congreso vota durante el juicio.

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    FIGURA 1Efectos esperados de la democratizacin, la intervencin militar, losdesequilibrios constitucionales y la flexibilidad constitucional en el

    predominio del congreso

    TABLA 3

    Prueba probabilstica de suficiencia para la Ecuacin 1

    Notas: C: Resolucin constitucional, F: Flexibilidad constitucional, I: Desequilibrio a favor

    del congreso. Q: de Yule: Q=1.0; Test exacto de Fisher (.042) significativo al 5% (unilate-ral).

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    TABLA 4Comparacin de necesidad y suficiencia:

    modelo de lgica difusa para la Ecuacin 1

    Nota: Resultados del anlisis enfs/QCA usando el algoritmo de inclusin. Las variables

    presentadas en minscula indican ausencia del atributo (por ejemplo, f indica no-F).

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    FIGURA 2Inclusin difusa en la categora de predominio del congreso,

    segn niveles de inclusin en la Ecuacin 1

    Bibliografa

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    Resumen

    Este trabajo indaga el impacto de la demo-cratizacin en el desenlace de las crisis entre

    el poder ejecutivo y el legislativo en los reg-menes presidenciales latinoamericanos. Ana-lizo aqu 27 episodios en los que el ejecutivoclausur el legislativo o el legislativo remo-

    vi al jefe del ejecutivo, entre 1950 y 2000.

    La hiptesis que se propone es que la demo-cratizacin en Amrica Latina ha limitado la

    capacidad de los presidentes de desafiar allegislativo, alentando la supremaca del con-

    greso (esto es, la capacidad del congreso paraenjuiciar al presidente si surge un conflicto

    serio). Tres mecanismos causales explican esteresultado: 1) una menor probabilidad deintervencin militar, 2) la eliminacin de he-

    rramientas constitucionales usadas por pre-sidentes autoritarios para disolver el congre-so, y 3) una mayor estabilidad en el marco

    constitucional. Verifico esta hiptesis em-pleando un anlisis comparativo de lgica

    difusa.

    Palabras clave

    democratizacin - Amrica Latina - crisis presidenciales - mtodo comparativo -

    conjuntos difusos

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    Anbal Prez Lin

    Abstract

    This paper explores the impact of

    democratization on the resolution ofexecutive-legislative crises in Latin American

    presidential regimes. I study 27 episodes in which the executive branch closed thelegislature or the legislature removed the

    chief executive from office between 1950and 2000. It is hypothesized that thedemocratization of Latin American

    presidential systems has hindered the ability

    of presidents to challenge the legislature and

    encouraged the emergence of congressional

    supremacy (i.e., the capacity of congress toimpeach the president if a serious conflictemerges). Three causal mechanisms account

    for this outcome: 1) a lower likelihood of

    military intervention, 2) the elimination ofconstitutional tools used by authoritarian

    presidents to dissolve congress, and 3)greater stability in the constitutionalenvironment. I assess this hypothesis using

    a fuzzy-set qualitative comparative model.

    Keywords

    democratization - Latin America - presidential crises - comparative method - fuzzy sets